Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

ASISTENCIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 282 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (a las 11:31 horas): En consecuencia se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 7 de abril de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo.

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambios de comisiones ordinarias y de organismos internacionales.

Reincorporación

Del diputado Jorge Salgado Parra.

De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

Por el que informa la fórmula de Propietario y Suplente del Partido Revolucionario Institucional que sigue en el orden de la lista regional correspondiente a la Quinta Circunscripción.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite comunicación del Presidente de la República, mediante la cual presenta el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Con el que remite su informe de actividades al año 2014.

De la Universidad de Occidente

Con el que remite el informe de resultados de la Auditoría Externa a la Matrícula correspondiente al ciclo escolar 2013-2014.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2014.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1. Con el que remite:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016;

b) Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2016: Crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

2. Con el que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de 2015, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2014, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2015.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para que se realice modificación a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales en materia del Sistema Penal Acusatorio, remitida el 9 de diciembre de 2014.

Con el que devuelve expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.

Con el que devuelve expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.

Con el que devuelve expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal Federal, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.

Del Despacho Ernst & Young

Con el que remite el dictamen a los estados financieros del Banco de México, correspondientes al ejercicio 2014.

Solicitudes de licencia

De los diputados María del Rocío Corona Nakamura, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Rafael González Reséndiz e Israel Moreno Rivero.

Toma de protesta de cc. diputados

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto por el que se declara el día 2 de abril de cada año, “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.

Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa de ciudadano senador

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que presenta el senador Octavio Pedroza Gaytán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del Artículo 420 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que revise la política para la devolución de frecuencias de radio AM, en razón de la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a promover, implementar y supervisar diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos locales para que tipifiquen en sus códigos penales, los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la educación sexual para hombres y mujeres.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de Educación Superior, un mayor interés en la especialidad de hematología.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que se establezcan los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de cáncer pulmonar

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de tomar las medidas necesarias para detener el avance del virus de Chikungunya y dar el tratamiento necesario a los enfermos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche, para que mejore la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y clínicas de la entidad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para realizar acciones que prevengan la anemia femenil.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo relativo a la implementación de acciones a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en el estado de Tabasco.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Conaculta y del INBA, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y del INAH, a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 98 y 156 Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para colocar una placa conmemorativa con la leyenda “En el primer centenario de la defensa del puerto de Veracruz, a la Heroica Escuela Naval Militar y al pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la patria”.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII y recorre las subsecuentes al Artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 306 y adiciona un artículo 308 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Educación y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 268 y 275 de la Ley Federal de Derechos, y 6o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 119, 120, 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que expide la Ley que crea la Universidad Marítima de México, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 980 y 1057 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58 y 141 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 36 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social, y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 173, 177 y 211 Bis del Código Penal Federal y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada María Fernanda Romero Lozano, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.

Que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada María Fernanda Romero Lozano, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 212 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para el rescate de los restos mortales de 63 mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos, en la explosión del 19 de febrero de 2006, a cargo del diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado de Sonora, en el que participaría el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para convocar a reuniones de trabajo con el titular de la Profepa y con el responsable del Fideicomiso de Río Sonora, para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos que han acontecido en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, para que en coordinación con el gobierno del estado de Baja California, se investiguen las causas de la muerte de diversos ejemplares de fauna marina de esa entidad, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que promueva, instrumente y vigile que se realicen, en los establecimientos públicos de salud, las actividades de atención médica para la prevención y atención de las mujeres con mayor riesgo de contraer Cáncer Cervicouterino, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SRE y de la PGR, con la finalidad de sumarse e implementar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la lucha contra el abuso sexual infantil y las imágenes ilegales en internet, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de establecer mecanismos para concientizar a la sociedad y al sector productivo de alimentos, sobre la importancia de garantizar la inocuidad de alimentos, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a promover las propuestas formuladas en el Informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales de la CNDH, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a fin de realizar una auditoría a los proyectos de infraestructura y contratos de servicios de los que se ha beneficiado el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y suscrito por diputados integrantes de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, a fin de que las estancias infantiles que operan al amparo del programa social denominado “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, queden exentas de sus obligaciones fiscales, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de promover la importancia del buen dormir haciendo énfasis en los beneficios que trae a las niñas, niños y jóvenes y se fortalezcan las acciones en el combate a los diversos trastornos del sueño, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que solicite formalmente ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la autorización para cultivar opio de manera lícita, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a impulsar los sistemas integrados de transporte en destinos turísticos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a fin de investigar los ataques denunciados por el C. Manuel Alberto Merlo Martínez, así como a garantizar su seguridad y la de su equipo de trabajo, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la CNDH, a los titulares de la PGR, de la SFP y al Gobernador del estado de Michoacán, respecto a la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República, para que se proceda a ratificar los convenios 81, 148, 174, 176 y 187 de la OIT, a cargo del diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad, suscrito por los diputados José Luis Esquivel Zalpa y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente.

Efemérides

Con motivo del 7 de abril, conmemoración del Día Mundial de la Salud, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiséis de marzo de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta diputadas y diputados, a las once horas con treinta y siete minutos del jueves veintiséis de marzo de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retiren de los registros de a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, las iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma el artículo treinta y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

• Que reforma y adiciona los artículos sesenta y cuatro, y sesenta y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el treinta de octubre de dos mil catorce.

Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para agilizar la creación de la Agencia Reguladora del transporte ferroviario. Se turna a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de permitir en el marco de las leyes electorales, la labor de afiliación de los partidos políticos con registro nacional. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

d) Del Gobierno del Estado de México, con las que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Para fomentar la gestión integral de los residuos de manejo especial. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emprendan acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

e) De la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

f) Del Congreso del estado de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de adopción plena. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

g) De la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de dos mil trece. Se remite al Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de las y los diputados.

h) De las diputadas y los diputados: José Everardo Nava Gómez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara, Óscar Bautista Villegas, del Partido Revolucionario Institucional; y José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, por las que solicitan licencia para separarse de sus actividades legislativas. En votación económica, se aprueban. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones el ciudadano Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, diputado federal electo en el Quinto Distrito Electoral del estado de Nuevo León. El Presidente designa una comisión que lo acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las y los diputados: Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional; Minerva Castillo Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática; Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, en dos oportunidades, y Gerardo Peña Avilés, ambos del Partido Acción Nacional; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Leopoldo Sánchez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática; Yatziri Mendoza Jiménez, del Partido Acción Nacional; y José Enrique Doger Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Transportes, por el que se reforma el artículo quinto de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

b) Asuntos Indígenas:

• Por el que se reforman el artículo cuarto y el numeral seis del artículo dieciséis de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

• Por el que se reforman los artículos primero, tercero, once y la fracción primera del artículo trece de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

c) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que adiciona dos numerales al artículo veinticuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El Presidente da la bienvenida e informa a la Asamblea de la presencia en el Salón de Sesiones de una delegación del Congreso de la República de Guatemala, encabezada por el diputado Luis Armando Rabbé Tejada, Presidente de la Junta Directiva del Congreso de ese país, así como el diputado Carlos Humberto Herrera Quezada, Cuarto Secretario de esa Junta Directiva, quienes realizan una visita de trabajo.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Cambio Climático. La Presidencia informa a la Asamblea que se discutirán en conjunto los dos dictámenes siguientes:

• Por el que se reforma el inciso A) de la fracción sexta del artículo séptimo de la Ley General de Cambio Climático.

• Por el que se reforman los artículos cuarenta y siete, ochenta y seis y ciento siete de la Ley General de Cambio Climático.

Se concede el uso de la palabra para fundamentar ambos dictámenes, en nombre de la Comisión, al diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz.

Presidencia del diputadoMartín Alonso Heredia Lizárraga

Por lo que se refiere al primer dictamen interviene para fijar postura de su agrupación el diputado Rodrigo Chávez Contreras; de Movimiento Regeneración Nacional.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios para ambos dictámenes, intervienen las diputadas y los diputados: María de Jesús Hernández Martínez, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano;

A las doce horas con cincuenta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos sesenta y dos diputadas y diputados.

Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Por lo que se refiere al primer dictamen interviene para fijar postura de su grupo parlamentario el diputado Mario César Gaona García, del Partido de la Revolución Democrática.

Para fijar postura para ambos dictámenes intervienen las diputadas Martha Guadalupe Villarreal Rangel, del Partido Acción Nacional; y Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Revolucionario Institucional.

• Sin más oradores registrados se somete a votación el primer dictamen. En votación nominal por unanimidad de trescientos treinta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la fracción sexta del artículo séptimo de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• En cuanto al segundo dictamen, intervienen para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios las diputadas y los diputados: Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Regeneración Nacional; René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; y Ulises Julián Iván Valencia Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos veintisiete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuarenta y siete, ochenta y seis, y ciento siete de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al correcto suministro de gasolinas y diésel a los consumidores en el territorio nacional. Para fijar postura de la agrupación y de sus grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional; Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Federico José González Luna Bueno, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional; y José Luis Márquez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba, comuníquese.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios en Juntas Directivas e integrantes de diversas Comisiones Ordinarias, Especiales, de Investigación, y de Grupos de Trabajo. En votación económica se aprueban, comuníquense.

El Presidente da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política por medio de la cual informa a la Asamblea de lo dispuesto en el último párrafo del acuerdo de ese órgano, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince relativo a la extinción de las Comisiones de Investigación. De enterado. Comuníquese.

Presidencia del diputadoMartín Alonso Heredia Lizárraga

Se continúa con el capítulo de dictámenes a discusión. La Presidencia informa a la Asamblea que integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables notificaron que harán uso de la palabra, para referirse a los dos dictámenes a discusión con proyectos de decreto, considerados en el orden del día en una sola intervención:

a) Por el que se reforma la fracción tercera del artículo diecisiete de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

b) Por el que se adiciona la fracción vigésima primera al artículo décimo y la fracción tercera al artículo catorce de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se concede el uso de la palabra para fundamentar ambos dictámenes, en nombre de la Comisión, a la diputada Elvia María Pérez Escalante. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Loretta Ortíz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional; Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; y José Adán Abellaneda, del Partido de la Revolución Democrática.

Desde su curul realiza comentarios en relación a diversos temas legislativos la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional Vargas. El presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que la discusión en lo general y en lo particular de los dos dictámenes de la Comisión de Grupo Vulnerables se reanudará la próxima sesión ordinaria.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ricardo Anaya Cortés y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley General de Deuda Pública. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Isabel Ortiz Mantilla, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento cincuenta y tres-F y ciento cincuenta y tres-K de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Julio César Lorenzini Rangel, del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintiocho de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y doscientos veintitrés de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, para que garantice que en el diseño y evaluación del modelo de atención de los refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, se integre la atención necesaria y especializada para las hijas y/o hijos de éstas, que les permita su plena recuperación física y psicológica. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, gestione la regularización de la propiedad de casas habitación y terrenos en posesión legítima de jubilados, pensionados y/o ex trabajadores ferrocarrileros. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realice una campaña publicitaria a favor de la protección, defensa y promoción de los derechos laborales y sociales de las mujeres empleadas domésticas. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncie respecto a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, que expiden, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia energética. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía así como a sus homólogas de las entidades federativas, para que implementen políticas públicas que incentiven la producción artesanal de pueblos y comunidades indígenas. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que atienda en tiempo y forma las denuncias llevadas a cabo por la conducta discriminatoria del gobernador del estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que realice lo conducente para instituir y celebrar el veinticinco de marzo como el Día del Niño por Nacer. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas estatales y municipales de las policías. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a sustituir la expresión "derechos sexuales y reproductivos" por "derecho a la salud sexual y reproductiva" en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, el programa de acción específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes dos mil trece-dos mil dieciocho u otro instrumento jurídico emanado de la administración pública federal. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de los gobiernos de los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, para que realicen programas y acciones tendientes a la protección y conservación de la vaquita marina. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los organismos correspondientes, a fin de proteger y resguardar los derechos de los pensionados y jubilados ferrocarrileros. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a los tribunales correspondientes, a fin de erradicar las prácticas de criminalización de usuarios deudores y los cortes masivos del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal y organismos correspondientes a eliminar el cambio de horario en México. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, se implementen las medidas necesarias para concluir el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Archivo General de la Nación, a fin de garantizar la consulta de los documentos relativos a la guerra sucia para todas y todos los investigadores. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Puebla, para que atiendan el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes siete de abril de dos mil quince, a las once horas y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y tres minutos.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Sistemas de Riego

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Salud, a vigilar el cumplimiento de la NOM-056-fito-1996, en lo concerniente a los productos transgénicos e informen a la población mexicana sobre los efectos nocivos por consumirlos.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a crear un mecanismo financiero que permita la reactivación del Ingenio Azucarero Nuevo San Francisco, SA de CV.

Cultura y Cinematografía

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades organicen y realicen todas las gestiones necesarias para presentar una exposición de lo más importantes proyectos y publicaciones del seminario satírico francés “Charlie Hebdo”, en memoria a los lamentables hechos ocurridos el pasado siete de enero del año dos mil quince.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2015.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Salud, a vigilar el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996, en lo concerniente a los productos transgénicos e informen a la población mexicana sobre los efectos nocivos por consumirlos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen, dictamen con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaria de Salud, a vigilar el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996, en lo concerniente a los productos transgénicos e informen a la población mexicana sobre los efectos nocivos por consumirlos, mismo que fue presentado por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 19 de febrero del año en curso.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 19 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaria de Salud, a vigilar el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996, en lo concerniente a los productos transgénicos e informen a la población mexicana sobre los efectos nocivos por consumirlos

El 19 de febrero de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-6-2005 y número de expediente 6097 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición antes citada.

Consideraciones

Las Normas Oficiales Mexicanas son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que dicta :

Artículo 40.Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

I.Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;

II....

...

XII.La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;

Que la Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995, Por la que se establecían los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética; que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1996

Que con fecha de publicación del 7 de mayo del 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, publicada el 11 de julio de 1996.

Que en virtud de que el 18 de marzo de 2005, fue publicada la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en el Diario Oficial de la Federación, este ordenamiento es evidencia de la supremacía de la Ley sobre la Norma Oficial Mexicana en comento; y que por otro lado el Reglamento de dicha Ley prevé la elaboración de normas oficiales mexicanas mismas que se elaborarán de conformidad con lo previsto en la legislación en la materia;

Que el Programa Nacional de Normalización 2008 fue aprobado por los integrantes de la Comisión Nacional de Normalización con fecha 14 de febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril del presente, mismo en el que se contempla la Cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética.

Por los argumentos antes expuestos, esta comisión dictaminadora somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen en sentido negativo:

Acuerdo

Primero: Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaria de Salud, a vigilar el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996, en lo concerniente a los productos transgénicos e informen a la población mexicana sobre los efectos nocivos por consumirlos.

Segundo: Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez, secretarios; Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica en abstención), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga, Andrés de la Rosa Anaya, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a crear un mecanismo financiero que permita la reactivación del Ingenio Azucarero Nuevo San Francisco, SA de CV

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a propiciar las acciones necesarias para la reactivación del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, situado en el municipio de Lerdo de Tejada en el estado, presentada por el diputado Uriel Flores Aguayo del  Grupo Parlamentario del PRD, en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 19 de febrero del año 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición a partir de los siguientes

Antecedentes

El 19 de febrero de 2015, el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz a propiciar las acciones necesarias para acelerar la reactivación del Ingenio Azucarero de Nuevo San Francisco, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada en el Estado.

El 20 de febrero de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-4-2170 y número de expediente 6102 para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

Consideraciones

Que la producción de la caña de azúcar es uno de los cultivos en México, que por su organización productiva y social es una rama agrícola con mayor proyección a nivel nacional, aunque los mercados internacionales vienen afectando los precios a la producción nacional.

Que México ocupa el sexto lugar mundial en producción de azúcar con un promedio de 5 millones de toneladas por año; siendo este el octavo país en cuanto a consumo con 47.8 kilogramos per cápita y el valor de la producción de azúcar supera los 30 mil millones de pesos anuales; y repercute en 227 municipios de 15 estados, donde habitan más de 12 millones de mexicanos.

El problema central por el que atraviesa la industria azucarera, al lograr una producción histórica, es decir, una oferta del producto sin precedentes, es el impacto negativo y la caída en los precios, generando pérdidas a los productores.

Que a pesar de que el azúcar es un producto que cotiza en los mercados internacionales y que ocupamos el quinto lugar en producción, cobra relevante importancia en el sector ya que en la actualidad el desplome de los precios ha provocado un impacto negativo en los mercados locales, ya que el precio se encuentra a la baja, provocando un menor ingreso a los productores de la caña.

La agroindustria ha tenido un comportamiento errático: crisis de sobreproducción contra déficit; problemas de financiamiento y de endeudamiento excesivo que han llevado a la agroindustria a la quiebra técnica; problemas de obsolescencia y de competitividad; la demanda nacional se ha satisfecho con producción nacional y con importación; los intereses de los productores y de los industriales no han podido conciliarse; las políticas públicas han sido ineficaces.

El Estado ha rescatado, por causas de utilidad pública, los ingenios, los ha vuelto a privatizar y los ha vuelto a rescatar, en un círculo vicioso que parece no tener solución; ha creado instituciones con objeto de ordenar la industria, las ha liquidado por su falta de efectividad y las ha vuelto a crear, para insistir en nuevas formas de operación que tampoco han sido efectivas; ha controlado los precios y los ha liberado.

Esta comisión dictaminadora coincide con el promovente en que se deben de buscar alternativas de solución ante la crisis por la que atraviesa el ingenio Nuevo San Francisco, sin embargo el exhortar al Gobierno Estatal o Federal para que implemente mecanismos de financiamiento que resuelva la problemática de liquidez del citado Ingenio no estaría en este momento dentro de las atribuciones del gobierno, toda vez que dicho ingenio actualmente está en posesión de particulares, por lo que sería violatorio de cualquier legislación exhortar en estos momentos para destinar recursos públicos a un particular.

Asimismo, no existe jurídicamente ni en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, ni tampoco en el presupuesto del estado de Veracruz una partida presupuestal autorizada para dicho fin por lo que estaríamos exhortando a una obligación que jurídicamente no procede.

Por lo antes expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero: Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se pretende exhortar al gobierno del estado de Veracruz a crear un mecanismo financiero que permita la reactivación del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, SA de CV.

Segundo: Archívese como total y definitivamente concluido el presente asunto.

Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez, secretarios; Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades organicen y realicen todas las gestiones necesarias para presentar una exposición de lo más importantes proyectos y publicaciones del seminario satírico francés “Charlie Hebdo”, en memoria a los lamentables hechos ocurridos el pasado siete de enero del año dos mil quince

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 24 de febrero de 2015, la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades organicen y realicen todas las gestiones necesarias para presentar una exposición de los más importantes proyectos y publicaciones del semanario satírico francés Charlie Hebdo, en memoria a los lamentables hechos ocurridos el pasado siete de enero del año dos mil quince.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 62- II- 3- 2310, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/4109 de fecha 2 de marzo la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 25 de marzo de dos mil quince, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades organicen y realicen todas las gestiones necesarias para presentar una exposición de los más importantes proyectos y publicaciones del semanario satírico francés Charlie Hebdo, en memoria a los lamentables hechos ocurridos el pasado siete de enero del año dos mil quince.

Segundo. Que aunque en el rubro de consideraciones la diputada promovente fundamenta su petitorio en las facultades que tienen tanto la Secretaría de Educación Pública como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para organizar exposiciones artísticas y eventos de interés cultural, y menciona que ambas dependencias en coordinación pueda (sic) gestionar una breve exposición donde se muestren diversos elementos característicos de nuestra caricatura mexicana y por supuesto, de varios caricaturistas a nivel internacional, especialmente del estado francés, donde pueda (sic) representarse las más grandes publicaciones del semanario “Charlie Hebdo” y que el pueblo mexicano pueda observar, tener acceso a su apreciación y conocimiento con el fin de demostrar el apoyo y solidaridad de nuestro país con la sociedad francesa; en el rubro de su petitorio omite la participación en la exposición que sugiere, de los elementos característicos de nuestra caricatura mexicana como lo afirma en las consideraciones que fundamentan el punto de acuerdo que se dictamina.

Tercero. Como antecedentes, la promovente del punto de acuerdo menciona que la caricatura en la historia de México ha jugado grandes papeles protagónicos en la construcción de un país más libre, democrático y sobre todo, en la defensa del derecho a la libertad de expresión reconocido en nuestra Constitución. La caricatura no es sinónimo de entretenimiento únicamente sino también de una forma libre de expresar los pesares, problemas y carencias que vive el país. Es el retrato satírico o la crítica constructiva hecha por grandes personajes que ayudan a la sociedad a voltear a ver las necesidades básicas del mexicano, la ideología política, social o religiosa que atraviesa en el momento y expresar su opinión ya sea positiva o negativa frente a las acciones y omisiones de los acontecimientos nacionales.

Afirma que la importancia de la caricatura radica desde tiempos históricos en nuestro país, especialmente en el tema de la política, data desde los movimientos post- independencia, de la misma revolución y todo el presidencialismo hasta nuestros días. La gran lucha que ha enfrentado la caricatura mexicana ha sido la censura y la poca tolerancia pero que hasta hoy en día sigue defendiéndose por ser un medio idóneo para expresar el sentir de una sociedad con humor y sarcasmo.

Menciona además, que la caricatura mexicana tiene gran influencia europea, especialmente de la cultura francesa durante el siglo XIX. Por ejemplo, el caricaturista y también pintor realista francés Honoré Daumier, fue trascendental para grandes litógrafos mexicanos. Sin embargo, cuando el italiano Claudio Linati introduce la litografía a México y se imprime el periódico “El Iris”, surge la primera caricatura política titulada “Tiranía”, momento que provoca el desencadenamiento de miles de publicaciones, hasta la época del porfiriato, momento histórico que se destacó por la represión y dura censura del expresidente Porfirio Díaz.

Que grandes publicaciones mexicanas fueron de prestigio como el Tío Nonilla, la Pata de Cabra o El Ahuizote, publicaciones que satirizaban la política mexicana de aquellos tiempos. Posterior al porfiriato y con el fin de su dictadura, prosiguió una flexibilización del periodismo y la libertad de expresión. Se fortaleció la circulación de la prensa mexicana con publicaciones como La Prensa, El Universal y Excélsior y en ellas, el nacimiento de grandes caricaturistas dando por iniciado oficialmente el Cartón Editorial.

Menciona la promovente que recientemente, el pasado siete de enero del presente año, el semanario satírico francés “Charlie Hebdo” sufrió una de las más grandes tragedias a manos de grupos terroristas. La publicación francesa con sede en París, fue víctima de hechos intolerables donde murieron doce personas, entre ellas dos policías por el radicalismo que existe en las religiones y el respeto a las creencias.

A pesar de las diversas investigaciones y manifestaciones realizadas por un pueblo francés indignado por estos ataques absurdos, e intolerable que acciones destructivas gobiernen el temor a una sociedad.

Cuarto. Que en la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el Patrimonio Cultural celebrada en México en 1982, definió que “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”.

En correlación con este postulado, México ha incluido en su legislación disposiciones constitucionales que consagran el derecho de acceso a la cultura, así como la obligación del Estado de promover los medios para su difusión y desarrollo, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Por eso ha ido elaborando programas y abriendo espacios para acercar a la sociedad, sobre todo a jóvenes, niñas y niños, a diferentes expresiones culturales.

Atendiendo también a la realidad del mundo moderno globalizado, en el que el intercambio de relaciones lleva implícita una influencia cultural recíproca, ha suscrito compromisos contraídos en instrumentos internacionales, en los que se reconoce a la cultura como base del desarrollo de los pueblos del mundo.

Es cierto, que el diálogo entre comunidades ha ido en aumento, sin embargo también lo es, la intolerancia entre diferentes culturas, por lo que se corre un grave riesgo de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural y natural. Por ello se requiere del apoyo en su mayoría de los tres órdenes de gobierno y de la participación activa de la sociedad civil, en especial de las comunidades en que se encuentre o sea originario el patrimonio cultural o natural.

Sensibilizar e involucrar a la sociedad civil, no sólo permitirá la protección del patrimonio, también se tendrá mayor entendimiento, acercamiento e intercambio entre las comunidades de un mismo Estado parte o incluso entre partes.

En resumen, una nación en la que se tiene mayor contacto y cercanía a la cultura y en la que se tiene conciencia de la importancia de la preservación del patrimonio, incluyendo las tradiciones, en la que además existe libertad de manifestación y expresión cultural, es una nación que crece económica y socialmente y que permite un estado de paz, tolerancia y respeto entre su población y hacía la de otras naciones, “cuando se entiende la cultura como base del desarrollo, se ha ampliar (sic) considerablemente la noción misma de política cultural”.

Décadas después, la UNESCO impulsó la acción de los países en el mundo, para sostener la convicción de que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz. Y se eleva la diversidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la humanidad, tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los seres vivos. Su salvaguardia se erige en imperativo ético, indisociable del respeto por la dignidad de la persona”.

Con esa declaración los países aspiran a preservarla como tesoro vivo y renovable, no estático. Que cada individuo debe reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas, sino el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales, de esa manera, se reconoce y preserva la diversidad cultural entre los pueblos, como proceso evolutivo y fuente de expresión, creación e innovación.

Quinto. Esta dictaminadora coincide con los argumentos esgrimidos por la promovente en el sentido de que la caricatura o sátira en nuestro país es signo de tolerancia y afirmamos que los tiempos de gobernabilidad democrática obligan a defender y salvaguardar las libertades que a lo largo de los años han sido establecidas para goce de las y los mexicanos; en este sentido, vale la pena retomar parte de la historia de la caricatura Mexicana ya que hasta hace un cuarto de siglo parecía que a nadie importaba el estudio de la misma, luego de que a mediados del siglo XX se dio un movimiento con la publicación de una serie de libros hoy convertidos en clásicos y prácticamente imposibles de conseguir, tenemos los ejemplos de autores como Rafael Carrasco Puente denominado La caricatura en México (1953), el de Manuel González Ramírez, La caricatura política (1955), y el de Salvador Pruneda, La caricatura como arma política (1958) que reimprimió en 2002 el Inehrm, así como los libros de José Guadalupe Zuno (entre 1959 y 1960). Después de ello, sólo Rius retomó ese tema.

Es durante los últimos veinte años, que la caricatura ha comenzado a tener una mayor presencia en los estudios, tanto académicos –en centros de investigación de todo el país– como periodísticos.

Las investigaciones se han plasmado en obras importantes. Un caso que lamentablemente parece haberse truncado es la colección del círculo de arte, del CNCA, que llegó a publicar cinco títulos dedicados a grandes personajes de la caricatura: Posada. Un artista en blanco y negro; José María Villasana, Constantino Escalante, Manuel Manilla; y, además, La caricatura en el siglo XIX.

Otro trabajo sobre el tema fue la publicación, en 1987, de los dos tomos 70 años de caricatura en El Universal, que este diario regaló a sus suscriptores. Y aunque en sentido estricto no sea sobre la caricatura, en 1998 comenzaron a publicarse los tres tomos de Puros cuentos, de Armando Bartra y Juan Manuel Aurrecoechea, dedicados a los cómics, género hermano de la caricatura y en donde han participado varios caricaturistas. (En la revista Artes de México, en 1972, hubo un primer acercamiento.)

En cuanto a la investigación, en 1997 se publicó el Diccionario biográfico ilustrado de la caricatura en México, del que urge una reedición que corrija innumerables errores y algunas ausencias notables, como la de Marius de Zayas.

La lista de publicaciones es extensa; va desde los trabajos de Emma Helia Bonilla, en los Anales de investigaciones estéticas, o de Esther Acevedo sobre las obras sobre Manilla y Posada, y el de Mercurio López, pasando por los excelentes facsimilares de varios periódicos del siglo XIX, como Gil Blas, La Carabina de Ambrosio, Tío Nonilla o El Padre Cobos, que publicó el Senado de la República en 2000; o el de El Coyote, de la Sucesión Cortina del Valle, en 1999. También en este rubro la lista es muy larga, con autores como Thelma Camacho, Sylvia Navarrete, Antonio Saborit, o los libros de Abel Quezada, que prologó Alfonso Morales, etcétera.

Los más importantes museos mexicanos han cedido muros a la caricatura, como el Museo Tamayo con la muestra Abel Quezada. Dibujante; el Munal con La litografía mexicana del siglo XIX, Posada y la prensa ilustrada: signos de modernización y resistencia; el Museo Carrillo Gil con sendos homenajes a Orozco y a Miguel Covarrubias, y el Museo Mural Diego Rivera ha presentado la obra de Posada y de Manilla. En 2005 el Museo de Historia Mexicana, de Monterrey, realizó una exposición-homenaje a David Carrillo, que a los ochenta y cinco años de su edad sigue haciendo caricatura, y este año dedicará otro a Abel Quezada. La lista no es completa pues el espacio no lo permite, pero ello nos muestra el nivel de excelencia que ha ido alcanzado la caricatura, asimismo el uso del ciberespacio comienza a ser utilizado por los caricaturistas. Un sitio como cartonista.com, contiene buena información tomada en su mayoría del Diccionario biográfico ilustrado de la caricatura en México. Existen también varios blogs con información de moneros, lo que permite un acercamiento a su obra. Finalmente, hay que señalar los libros multimedia, como el de José Guadalupe Posada.

Sexto. Que aunque la dictaminadora coincide con los propósitos de la autora de la proposición que se analiza, es preciso señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4 establece lo siguiente:

Artículo 4.

...

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su Artículo 38 fracción XX lo siguiente:

Artículo 38.-

...

XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;

En este sentido, es preciso señalar que desde el año 1987, fue remozado el Colegio de Cristo y entregado a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, es así como surge el llamado “Museo de la Caricatura” con la firme premisa de “hacer un museo que muestre a todo el público la historia de nuestro país a través de la visión de sus grandes caricaturistas que a lo largo de la historia han plasmado su punto de vista por medio de su plumilla, haciendo de esto un repaso desde la primer caricatura publicada en nuestro territorio, hasta los más recientes trazos hechos por los caricaturistas de la actualidad”.

Asimismo, este museo muestra que a lo largo de su historia ha desarrollado sus actividades de manera institucional, contando con el apoyo y la participación de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y por ende, cuenta con el soporte legal para desarrollar su labor de difusión de la caricatura en México.

Es preciso destacar que desde entonces y a lo largo de casi tres décadas de existencia, el Museo de la Caricatura es el espacio idóneo para exponer la obra y rendir homenajes a los más importantes momentos de la caricatura nacional e internacional.

Séptimo. Que el día 28 de enero fue inaugurada en el recinto antes mencionado, una exposición temporal denominada “Humor y Tolerancia, Homenaje a Charlie Hebdo”, exposición de caricaturas organizada por la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y por el Museo de la Caricatura, para honrar a los humoristas gráficos franceses, víctimas de la intolerancia religiosa.

Dicha exposición tendrá una vigencia de mes y medio en la Sala de exposiciones temporales del Colegio de Cristo, sede del Museo de la Caricatura, ubicado en Donceles 99, Centro Histórico.

En la inauguración, estuvieron presentes destacados caricaturistas de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas como Jesús Castruita Marín, “Castrux”, Rafael Ruiz Tejada Barrio “Rruizte” creador de La Familia Pulgón, Ramón Garduño Hernández, “Ramón”, autor del cartel conmemorativo de la expo, Juan Terrazas, “Terrazas”, Director del Museo de la Caricatura, Román Rivas, “Román”, Paco Baca, Héctor Garduño Bahena, “Héctor”, “Gabriel”, Lucero Balcazar, entre otros.

Cabe señalar que en dicha muestra no sólo hay trabajos de caricaturistas nacionales y extranjeros, sino además de los mismos homenajeados: Georges Wolinski, Jean Cabut (Cabú), Stéphane Charbonnier (Charb), Bernard Verlhac, “Tignous” y Philippe Honoré.

Octavo. Que en virtud de que los objetivos así como la necesidad de llevar a cabo una actividad como la que la diputada propone en su punto de acuerdo, ya se lleva a cabo desde el día 28 de enero del presente en el Museo de la Caricatura, esta Comisión Dictaminadora considera improcedente el petitorio de la presente Proposición por encontrarse colmada la solicitud.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, considera que es de resolverse y se

Resuelve

Artículo Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades organicen y realicen todas las gestiones necesarias para presentar una exposición de los más importantes proyectos y publicaciones del semanario satírico francés “Charlie Hebdo”, en memoria a los lamentables hechos ocurridos el pasado siete de enero del año dos mil quince.

Notas:

1 Punto 2 de la Introducción de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo. Estocolmo 1998.

2 Documento preparado para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 26 de agosto-4de septiembre de 2002. Serie sobre la División Cultural No. 1. Pág. 4.

3 http://museodelacaricatura.org/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 25 de marzo del 2015.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Nadya de Jesús Cruz Serrano (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Ofelia Limón Robles (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), María de los Ángeles Sánchez Lira.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento  en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Erick Marte Rivera Villanueva cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña cause baja como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 26 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Glafiro Salinas Mendiola cause baja como integrante del Organismo Internacional de la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa).

• Que el diputado Víctor Serralde Martínez cause alta como integrante en el Organismo Internacional de la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa).

• Que la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos cause baja como integrante del Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar cause alta como integrante en el Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 26 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquense.

REINCORPORACION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle atentamente tenga a bien someter a consideración del pleno de esta soberanía mi reincorporación al ejercicio de mi cargo como diputado federal propietario, del distrito VII del estado de Guerrero; a partir del martes 7 de abril del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 30 de marzo 2015.— Diputado Jorge Salgado Parra (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquese.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Instituto Nacional Electoral.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del doctor Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General de este instituto, y con fundamento en el artículo 51, párrafo 1, inciso w), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su oficio D.G.P.L. 62-II-8-5599, de veinticuatro de marzo de este año, mediante el cual solicita que se le informe los nombres de los diputados federales propietario y suplente integrantes de la fórmula que sigue en el orden de la lista regional de la quinta circunscripción, registrada por el Partido Revolucionario Institucional para la conformación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, en virtud de que los ciudadanos Murillo Karam Jesús y Rodríguez Calderón José Alberto, han solicitado licencia para dejar de ejercer el cargo de Diputado Federal, por lo cual se considera vacante dicha fórmula, de conformidad con el acuerdo de la Mesa Directiva, de veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Al respecto, con fundamento en el artículo 23, párrafo 3 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, informo a esa Soberanía que la fórmula del Partido Revolucionario Institucional que sigue en el orden de la lista regional, correspondiente a la quinta circunscripción, se encuentra integrada por los ciudadanos Mondragón Orozco María Angélica y Flores Ortega Rodríguez Liliam Mara, propietaria y suplente, respectivamente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 26 de marzo de 2015.— Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del presidente de la República y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del comunicado suscrito por el titular del Ejecutivo federal mediante el cual se presenta el segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, adjunto me permito presentar a ese órgano legislativo el segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.(1) El informe indicado da cuenta de las acciones y los resultados alcanzados durante 2014 en el marco de cada una de las metas nacionales del plan: i) México en Paz; ii) México Incluyente; iii) México con Educación de Calidad; iv) México Próspero; y v) México con Responsabilidad Global, así como en el ámbito de las tres estrategias transversales: i) Democratizar la Productividad; ii) Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de Género.

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 2015.— Enrique Peña Nieto (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo.— Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado Moreno Rivera:

El artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá presentar en marzo de cada año, al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe de actividades que contenga: los resultados de la ejecución del programa anual de información estadística y geográfica correspondiente al año inmediato anterior; un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información, y el informe anual de actividades y el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el auditor externo.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, anexo al presente me permito remitir el informe de actividades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al año 2014. (2)

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.

Aguascalientes, Aguascalientes, a 24 de marzo de 2015.— Eduardo Sojo Garza Aldape (rúbrica), Presidente de la Junta de Gobierno del Inegi.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo.— Universidad de Occidente.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio me permito saludarle y aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento del estado que guarda nuestra matrícula total, de acuerdo al informe de resultados de la última auditoría externa a la matrícula aplicada a nuestra Universidad de Occidente, por organismos externos, en cumplimiento a los preceptos de transparencia y rendición de cuentas.

Se anexa dictamen de auditoría aplicada a la matrícula de Universidad de Occidente.

Esperando sea de su consideración, reciba un afectuoso saludo

Atentamente

“Por la cultura a la libertad.”

Culiacán, Sinaloa, a 19 de marzo de 2015.— Maestro en Ciencias Guillermo Aarón Sánchez (rúbrica), rector de la Universidad de Occidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo.— Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al cuarto trimestre de 2014.

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su sesión ordinaria número 617 celebrada el 11 de marzo de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2015.— José Antonio González Anaya (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el 4o. y 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remito el documento(3) que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013;

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2016: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit, y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 1o. de abril de 2015.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia informa que dicha documentación se recibió el 31 de marzo del año en curso, se publicó en la Gaceta Parlamentaria y se remitió oportunamente a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el consto total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de febrero de 2015.(4)

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2014.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administrativos Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 marzo de 2015.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en reunión celebrada en esta fecha, la Mesa Directiva dio cuenta con la comunicación de los senadores Roberto Gil Zuarth y Graciela Ortiz González, presidentes de las Comisiones de Justicia, y de Estudios Legislativos, respectivamente, por la cual solicitan que “se realice la siguiente modificación a la minuta del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito; aprobado por el pleno del Senado el 9 de diciembre de 2014”.

La Mesa Directiva acordó remitir dicha comunicación a la Cámara de Diputados con la solicitud de que se haga llegar a las comisiones dictaminadoras del proyecto referido.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Respetuosamente, nos permitimos solicitar que se realice la siguiente modificación a la minuta del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobado por el pleno del Senado el 9 de diciembre de 2014.

Lo anterior, para los efectos conducentes, de acuerdo con la siguiente tabla:

Sin otro particular, y agradeciendo su atención a la presente, reciba un saludo cordial.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2015.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente de la Comisión de Justicia; senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a la Comisión de Justicia, para su conocimiento y atención.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2014.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2014.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal Federal.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2014.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Despacho Ernst & Young.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara copia del dictamen a los estados financieros del Banco de México correspondientes al ejercicio 2014, mismos que ya fueron presentados ante la Junta de Gobierno de ese banco central.(5)

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 2015.— Contador Público Certificado Gabriel Alejandro Baroccio Pompa (rúbrica), socio de Auditoría Mancera, SC, Ernst & Young.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LICENCIAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados; presento a usted mi solicitud de licencia para separarme del encargo que he venido desempeñando como diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del 5 de abril al 17 de junio de 2015.

Lo anterior, con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a la presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sea el medio propicio para enviarle un cordial saludo, asimismo en su condición de presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados y en cumplimiento de lo señalado en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se incluya en el orden del día de la subsecuente sesión de esta Honorable Cámara de Diputados, mi formal solicitud de licencia para separarme del cargo que ocupo como diputado federal en la Honorable LXII legislatura a partir del martes 7 de abril al 7 mayo del año en curso.

Para que en ejercicio de mi derecho establecido en el artículo 6o., fracción XVI, del Reglamento de ésta, sea sometida a consideración de la honorable asamblea.

México, DF, a 6 de abril de 2015.— Diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Rafael González Reséndiz, en mi carácter de diputado federal integrante de esta LXII Legislatura y perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la presente me permito exponer:

Que con base en lo establecido en los artículos 6o. fracción XVI, 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted licencia para separarme del ejercicio de mi cargo, a partir de la presentación de este escrito y por tiempo indefinido.

Lo anterior por estar en el supuesto legales del reglamento aludido, tal como lo establece la fracción III del artículo 12 que a la letra dice:

Artículo 12. Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia, en el ejercicio del cargo por las siguientes causas:

III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes;...

Por lo expuesto, solicito se dé el curso legal que corresponda a mi solicitud. Sin más por el momento agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración a este respecto.

Atentamente

San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 4 de abril de 2015.— Diputado Rafael González Reséndiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal, por tiempo indefinido.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del Pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento agradezco de antemano su intervención y le reitero la seguridad de mi colaboración.

Atentamente

Palacio Legislativo, 6 de abril de 2015.— Diputado federal Israel Moreno Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobadas. Comuníquense.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Adriana Soto Martínez, Claudia Rocío Villa Oñate, Brenda Alvany Franco de la Torre, Rocío Santos de la Cruz y María Esther Gutiérrez Olivares, diputadas federales electas.

Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: al diputado Eligio Cuitláhuac González Farías, al diputado Abel Octavio Salgado Peña, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos y la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda, secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciudadanas Adriana Soto Martínez, Claudia Rocío Villa Oñate, Brenda Alvany Franco de la Torre, Rocío Santos de la Cruz y María Esther Gutiérrez Olivares, ¿ Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

Las ciudadanas Adriana Soto Martínez, Claudia Rocío Villa Oñate, Brenda Alvany Franco de la Torre, Rocío Santos de la Cruz y María Esther Gutiérrez Olivares: Sí, protesto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Si así no lo hicieran que la nación se los demande.Muchas felicidades, enhorabuena.

Proceda la Secretaría.

MINUTAS

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes, expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112. ...

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud física, psicológica y social;

II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que les permitan tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 185....

I. La prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la rehabilitación;

II. y III....

Artículo 186....

I. y II. ...

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población;

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo;

V. Hábitos y patrones de consumo en poblaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes; y

VI. Identificación y catalogación de las mejores prácticas para el comercio minorista responsable de bebidas alcohólicas.

Artículo 308....

I....

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar, salud o que producen efectos energizantes o estimulantes, o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III.a VIII....

...

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día al siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

México, DF, a 25 de marzo de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 2 DE ABRIL DE CADA AÑO, “DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el día 2 abril de cada año como Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se declara el día 2 abril de cada año como Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo.

Único.El Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año como Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 26 de marzo de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Grupos Vulnerables para su dictamen.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadano Presidente de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1238-LX-15, en el que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, marzo 5 de 2015.— Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), Secretario General del Honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 64, 69, fracciones II y IV, 148, 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de esta soberanía, el presente acuerdo legislativo, que aprueba la iniciativa por la que se propone elevar a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la reforma de los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

Parte expositiva

I. Presentación de la iniciativa. En sesión ordinaria de Pleno de la LX Legislatura, celebrada el día 28 de octubre de 2014, fue presentada por los diputados Héctor Pizano Ramos y Avelina Martínez Juárez la iniciativa de decreto señalada en el proemio de este documento.

II. Recepción y turno. En la sesión antes señalada, por acuerdo de la asamblea, la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos para su correspondiente dictaminación.

III. Elaboración del dictamen. La iniciativa en comento fue analizada y valorada por el diputado Julio Nelson García Sánchez, quien procedió al estudio de la misma para su dictaminación, al ser integrante de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, competente para este efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

IV. Contenido de la iniciativa. La iniciativa de decreto en comento tiene por objeto proponer la reforma de los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con la finalidad de que se incluya la revocación de mandato entre los derechos de los ciudadanos; para ello se sustenta en los razonamientos expresados en la exposición de motivos que a continuación se transcribe:

Exposición de Motivos

La Real Academia de la Legua Española define a la participación como acción y “efecto de participar, proveniente del latín participare, que a su vez lo define como tomar parte en algo” (Real Academia Española, 2012); asimismo la palabra ciudadanía proviene del latín civita . “Es la cualidad jurídica que tiene toda la persona física -hombre y mujer- estatal o ‘nacional’ de una comunidad soberana, que le permite participar en los asuntos políticos de su Estado”. (Carbonell, 2009, p. 115). Bajo estas connotaciones podríamos definir a la participación ciudadana como un derecho subjetivo a participar en la toma de decisiones colectivizadas soberanas. Sartori dice que “el ciudadano participante es el ciudadano que ejerce en nombre propio, por la cuota que le corresponde, del poder que es titular.” (Sartori G. 2007, p. 30)

La participación del ciudadano se pude encontrar en diferentes ámbitos, no solo en decisiones políticas, sino en la vida activa de un país, pero siempre debe de fijar su interés en la voluntad colectiva.

“El objeto de la participación ciudadana busca vincular al ciudadano con la política de nuestro Estado y se alude constantemente a la participación de la sociedad desde planos muy diversos y para propósitos muy diferentes, pero siempre como una buena forma de incluir nuevas opiniones y perspectiva de los ciudadanos, agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida. Es una invocación poderosa de la democracia, con principios muy transparentes y casi siempre en busca de propósitos colectivos.” (Merino, 2001, p. 9)

La participación ciudadana, dentro de la vida activa de nuestro Estado mexicano resulta limitada, ya que las herramientas que permiten el acceso al ciudadano participar en la vida política del país son limitadas.

En nuestra forma de gobierno se establece, que el pueblo es titular de la soberanía (artículo 39), y es en él de donde emana todo poder público, estableciendo así el principio democrático dentro de nuestro sistema constitucional, con relación con lo establecido en el artículo 3, 27, 35, 39,40 y 41.

En el artículo 39 constitucional se señala:

Artículo 39.La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Esto implica que, el pueblo tiene la facultad de decidir a quiénes les otorgará atribuciones para la organización, administración y funcionamiento de nuestra sociedad, es decir, el pueblo será quien elija aquellos que dirijan la nación en su representación. Tales atribuciones deberán ser ejercidas a través de mecanismos instituidos por la propia Constitución.

La participación ciudadana, dentro de la esfera política de nuestro país, se ejerce principalmente mediante la elección de nuestros representantes, por medio del sufragio en periodos determinados, dando pie una democracia representativa (artículo 40 y 41).

Con las reformas constitucionales en materia electoral del 09 de agosto del 2012 y del 10 de febrero del 2014, en un intento de incorporar a la vida política del país a sus ciudadanos, se incorporaron mecanismos que permiten al pueblo mexicano hacer uso de sus derechos políticos mediante la incorporación de figuras de participación ciudadana dentro del artículo 35, consagrando así, como derecho de los ciudadanos mexicanos a participar mediante “la iniciativa popular (fracción VII)” y “la consulta popular (fracción VIII)”.

Las reformas antes invocadas dan pie a la posibilidad de una participación ciudadana más activa dentro de la esfera política del país, sin embargo, deja algunas deudas pendientes.

Dentro de la democracia representativa encontramos diversos problemas y sobre todo la pregunta ¿qué características debe que tener un representante? El representante tiene que ver por la voluntad general, tener una corriente, una ideología y una serie políticas y estrategias que sean atractivas para el votante. El representante debe tener una agenda de gobierno que lleve a cabo acciones encaminadas a satisfacer las necesidades del pueblo que lo elige. El representante tiene que ser virtuoso, tener episteme y capacidad de gobernar. Pero sobre todo tutelar el interés general.

Le Duc dice: “ni las elecciones han sido el mejor mecanismo para resolver las políticas contenciosas o han emprendido un programa fundamental para un cambio político. Por estas y otras razones, ha surgido el interés en muchos países, en alternativas a la institución electoral con la promesa de darle ese toque encantador a la democracia. En particular, el referéndum, una institución establecida desde antes pero con un método brillante para decidir cosas importantes o contenciosas, ha encontrado un nuevo sentido en algunas partes del mundo.” (Le Duc, 2003, p. 70)

Bobbio menciona que “todo grupo tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo con el objeto de mirar por la propia sobrevivencia, tanto interior como exterior. Así pues, una decisión tomada por individuos puede ser aceptada como una decisión colectiva necesario que sea tomada con base en reglas que establecen quiénes son los individuos autorizados para tomar las decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo, y con qué procedimientos. Ahora bien por lo que respecta a los sujetos llamados a tomar decisiones colectivas un régimen democrático se caracteriza por la atribución de este poder a un número muy elevado de miembros del grupo”. (Bobbio, 2012, p.24)

Países como Francia, Italia, España, Suiza entre otros, han optado por implementar dentro de sus sistemas democráticos la democracia directa, en armonía con la democracia representativa, y así atemperar los excesos de los representantes.

Tal es caso de Italia, que contempla un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos pueden revocar a su gobernante conocido como revocación de mandato.

La revocación de mandato, es un instrumento por el cual el ciudadano participa en ratificar o destituir a sus funcionarios, elegidos por el modelo de la democracia representativa y que no cumplan con las obligaciones en el desempeño de sus funciones. Esto porque en muchas ocasiones, las acciones de los funcionarios van en contra del mismo servicio público, que independientemente de que puedan ser sujetos de procedimientos jurídicos, se tenga el derecho ciudadano para determinar si los objetivos alcanzados en funciones han sido competentes a su naturaleza de existencia, conforme a lo que rigen las disposiciones de las leyes orgánicas que regulen sus actividades, a efecto de no lamentar situaciones, en donde no existe posibilidad alguna para restituir en los órganos del Estado daños que pueden ocasionarse en los recursos económicos, materiales o en ciertos casos hasta humanos.(Reyna, 2010, p.27)

De acuerdo con el diccionario de la Lengua Española, el término revocar, viene del latín revocare, y significa:

Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Mandato son las funciones delegadas por el pueblo o por una clase de ciudadanos para ejercer el mando.

Como ya se mencionó líneas atrás, las recientes reformas en materia electoral amplían las formas de participación ciudadana para la sociedad mexicana, sin embargo hay un reconocimiento respecto la necesidad de incorporar plenamente la posibilidad a que los mismos ciudadanos estén en condiciones no sólo evaluar a los servidores públicos que son electos por votación directa, sino que se les provea de mecanismos para poder sancionar la gestión y permanencia en los encargos que les fueron conferidos.

Al respecto cabe destacar algunas consideraciones mínimas que centran la pertinencia de este debate. Como sociedad, hemos transitado a un esquema en el que es reconocida la reelección, quedando atrás el natural temor que existió hace más de un siglo y que fuera piedra angular para la gesta de la Revolución Mexicana. Reconocemos en dicha figura un mecanismo mediante el cual la sociedad puede sancionar (al no conceder la reelección del funcionario en cuestión) o premiar el desempeño de sus elegidos (reeligiéndoles precisamente); sin embargo, esperar al término de los plazos constitucionales establecidos para la renovación de poderes, significa al final de cuentas, una condicionante adicional para los ciudadanos respecto de tales valorizaciones.

Han surgido ideas que proponen la ratificación a los mandatos de los funcionarios electos popularmente, sin embargo consideramos a tales mecanismos como imperfectos, pues la impresión que genera en la sociedad es la de estar participando en una actividad que tendrá efectos vinculantes, cuando en realidad no trascienden de ser una mera evaluación, lo que implica que toda la promoción y concienciación que se haga en el electorado, respecto de las bondades que propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones, podría verse mermada y no solo eso, sino desalentar futuras participaciones.

En síntesis, nos encontramos ante una paradoja; por una parte tenemos la participación ciudadana mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo para la elección de quienes gobernarán y en quienes se deposita la representación del pueblo, concediéndoles la oportunidad de aspirar al ejercicio de un periodo consecutivo para la consumación lo más integralmente posible de su plan de gobierno, esto es, la reelección teniendo un sustento en la premisa que nos indica que ésta, es la forma en la que la ciudadanía premia el buen desempeño de sus gobernantes. Pero ¿qué acontece cuando en un lapso breve de tiempo la sociedad en su conjunto evidencia el pobre desempeño de esos servidores públicos? En la actualidad, poco puede hacerse.

No escapa a nuestro entendimiento que existen mecanismos para la sanción del mal actuar de los servidores públicos, precisamente como lo evidencia nuestra Carta Magna a partir de su artículo 108 que nos habla de las responsabilidades de los mismos.

Asimismo, reconocemos que los instrumentos para sancionar por la vía penal, civil, administrativa e incluso la política con un juicio sui géneris, son mecanismos idóneos mediante los cuales puede sancionarse el actuar de los servidores públicos, sin embargo, todos los anteriores recaen en el ejercicio de atribuciones especialmente conferidas a una autoridad. Todos son pertinentes e igualmente válidos, son la materialización a modo de advertencia, que nadie está exento del cumplimiento de la ley. Esa premisa la hemos hecho nuestra en Jalisco, tan es así que existe una propuesta que versa sobre la eliminación de la figura conocida como fuero, partiendo del supuesto en que, al ser todos iguales ante la ley, no tienen por qué existir distingos.

Hemos analizado la existencia de mecanismos sancionadores, que necesitan para su ejecución de autoridad competente. Sin embargo, estamos convencidos que nuestra sociedad ha evolucionado de tal forma, que bien amerita contar dentro de la batería de opciones de participación, con un mecanismo que le permitan también sancionar y complementar el binomio elección-revocación.

Estamos conscientes de que, en nuestro marco jurídico existente es imposible considerar dicha figura en las diversas entidades federativas, tal y como pretendiera hacerlo Chihuahua, pues la misma no está contemplada en nuestra Constitución federal. Además, de la lectura de la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice al rubro “Revocación del mandato popular. Los artículos del 386 al 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prevén esa figura para la remoción de cualquier funcionario público electo mediante el voto popular, violan la Constitución Federal (legislación vigente hasta el 2 de diciembre de 2009); se desprende que la consideración es respecto de un nuevo sistema de responsabilidad de los servidores públicos, mismo que efectivamente no tiene soporte constitucional.

Sin embargo, nuestro propósito se centra en ampliar los mecanismos de participación ciudadana, para lo cual hacemos la siguiente consideración: el ciudadano tiene el mismo derecho de elegir y revocar a quienes le gobiernan.

Pueden tener el mismo peso específico, el hecho de emitir un sufragio a favor de un candidato, quien se ha presentado ante la sociedad, le ha expuesto una serie de consideraciones que presumen hacerle el mejor en lo que toca a su persona y su programa de trabajo, y consecuentemente obtener una mayoría que le permita acceder al cargo de elección popular al que se ha postulado; así como también el tener la oportunidad de revocarle el mandato por el incumplimiento de algunas de las propuestas hechas, sin que ello implique necesariamente el incurrir en una responsabilidad tipificada en la legislación.

Nuestro máximo tribunal fue categórico al enunciar la imposibilidad en tanto no esté contemplado así en la Carta Magna. He ahí donde radica nuestra propuesta, considerar de plano su inclusión en la misma.

Para tal efecto, consideramos que esta opción debe ser incluida como un derecho y una obligación de los ciudadanos, tal y como se estipula para la elección de servidores públicos.

Las repercusiones sociales se estiman benéficas, pues a la gente se le da certeza respecto a la efectividad de sus Instituciones como entidades capaces de operar vigilantes y respetuosas del Estado de derecho. En lo económico, eventualmente tendrán que hacerse las asignaciones presupuestales para materializar la voluntad popular tal y como ocurre actualmente con los procesos electivos. Los beneficios se pueden traducir en la participación de servidores públicos probos, capaces de realizar con efectividad y eficacia sus obligaciones pues tendrán la motivación para realizar su trabajo conforme lo contemple su nombramiento y sabedores que en caso de omisiones en el cumplimiento de su encargo, su permanencia en los cargos podría verse alterada, la disposición eventualmente puede traducirse en mejoras continuas a la prestación de servicios públicos de calidad. En cuanto a sus consecuencias políticas no debe ser un obstáculo para concretar esta reforma, el riesgo que pudiera darse al momento de contemplar una figura revocatoria y que ésta devenga en un vehículo de hostigamiento político-partidario, por el contrario, es una motivación para que sólo los más preparados lleguen a conducir los destinos de nuestra nación, reafirmando que estarán las condiciones dadas formidablemente para demostrar la madurez política y cívica de México como sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto

Que reforma diversos artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforman los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VI. ...

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

e) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución;

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción, y

IX. Votar en los procesos sobre revocación de mandato, mismos que se desarrollarán de conformidad a lo estipulado en la legislación electoral.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I y II...

III. Votar en las elecciones, procesos de revocación de mandato y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

IV...; y

V...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa realización del procedimiento estipulado en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar la legislación secundaria en un término máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.

Atendiendo a la exposición de motivos contenida en la iniciativa, para efecto de sustentar el dictamen que se propone, la Comisión dictaminadora se abocó al estudio de la misma y del marco jurídico vigente, para valorar la pertinencia de la misma y plasmar los argumentos de convicción en la siguiente:

Parte considerativa

I. Inicio del proceso legislativo: En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento de la iniciativa de ley que nos ocupa, por ser materia respecto de las que el Congreso del estado de Jalisco está facultado para conocer y legislar, en tanto que se acreditó que la comisión dictaminadora es competente para conocer del tema y hacer la propuesta de dictamen.

III. Facultades legislativas: De conformidad con la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 153 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es facultad del Congreso del Estado presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, así como plantearle la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. De las formalidades: La iniciativa de Ley fue admitida y turnada en virtud de que cubre las formalidades que establece el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y que en esencia contiene la exposición de motivos, la iniciativa de ley correspondiente, las disposiciones sustantivas y transitorias.

V. Análisis de la iniciativa:

a. De la lectura de la exposición de motivos, se desprende que la intención del legislador es dotar a los ciudadanos de mecanismos efectivos de participación en los asuntos políticos del Estado.

b. A pesar de que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la soberanía reside en el pueblo y que éste tiene en todo momento el derecho de alterar su forma de gobierno, los instrumentos que permitan hacer realidad esta premisa no se han reflejado en la propia Carta Magna.

c. En la reforma electoral de 2014 se instrumentaron mecanismos que permiten la participación ciudadana como la iniciativa y consulta popular, pero se dejaron fuera algunas otras como la revocación de mandato.

d. Toda vez que entre los instrumentos de participación ciudadana no se ha instrumentado la revocación de mandato, el ciudadano aunque puede elegir a los gobernantes mediante el sufragio universal y directo, cuando éste ya no cumple con sus funciones no tiene mecanismos para un cambio de gobernante.

Coincidimos con los autores de la iniciativa, toda vez que es un derecho de los ciudadanos no solamente elegir a sus gobernantes sino también poder destituirlos cuando estos incumplan con los compromisos y obligaciones adquiridas mediante la ocupación de un cargo de elección popular.

Toda vez que el proceso es incompleto ya que si bien es cierto el sufragio es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos, también debía de ser una facultad de los electores destituir a todos o a alguno de los funcionarios públicos de su cargo antes de finalizar el periodo y no tener que sufrir a un mal gobernante.

Día a día vemos cómo los ciudadanos exigen que se instrumenten este tipo de mecanismos, a través de los cuales se pueda ejercer la democracia directa, que permita a los ciudadanos mexicanos involucrarse en el ejercicio de la función pública.

Este instrumento puede incluso funcionar como una herramienta que permita que las inquietudes sociales desemboquen en un ejercicio electoral y democrático y no en la desestabilización del país.

Es por esto que el Congreso del estado de Jalisco remite la presente iniciativa al Honorable Congreso de la Unión para que siendo éste el competente de formular un análisis y emitir una resolución en la materia, elabore el dictamen respectivo.

Parte resolutiva

Derivado de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, en los términos de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 64, 69, fracciones II y IV, 148, 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a consideración de la asamblea de este Honorable Congreso del estado de Jalisco el siguiente

Acuerdo legislativo

Que eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I a VI...

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución;

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción; y

IX. Votar en los procesos sobre revocación de mandato, mismos que se desarrollarán de conformidad a lo estipulado en la legislación electoral.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I y II...

III. Votar en las elecciones, procesos de revocación de mandato y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

IV...; y

V...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar la legislación secundaria en un término máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Se instruye a la Secretaría General de este Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo al Honorable Congreso de la Unión.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 11 de febrero de 2015.— Sala de comisiones del Honorable Congreso del estado de Jalisco.

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados:José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Felipe de Jesús Rivera Gallegos (rúbrica), José Luis Munguía Cardona (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Juan Carlos Márquez Rosas (rúbrica), Norma Angélica Cordero Prado (rúbrica), Roberto Mendoza Cárdenas (rúbrica), Miguel Castro Reynoso, Julio Nelson García Sánchez (rúbrica), Edgar Enrique Velázquez González, Jesús Palos Vaca, vocales.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar la contratación laboral de madres solteras.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción I del artículo 8, el numeral 1, del artículo 164 y por el artículo 169, todos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar la contratación laboral de madres solteras.

Exposición de Motivos

Para focalizar el trabajo legislativo a los sectores más desprotegidos, y en impulso al desarrollo de la población y solución a las problemáticas de los habitantes con mayores necesidades, el suscrito senador a través de la presente iniciativa, orienta sus esfuerzos hacia los sectores más vulnerables de la población, en específico, al de las madres solteras.

En este sentido, la realidad actual de nuestro país refleja que las madres solteras enfrentan diversos prejuicios, sobre todo en el ámbito laboral y social, traduciéndose lo anterior en problemáticas de pobreza, marginación y discriminación para las madres y estigma para sus hijos.

En consecuencia, la crianza en un hogar encabezado por una madre soltera se asocia con un mayor número de probabilidades de embarazo de la hija durante la adolescencia y abandono de los estudios, considerándose esto como un círculo de recreación de la pobreza, es decir, puede existir una tendencia por las condiciones de vida de la hija a repetir el patrón de la madre y no tener las oportunidades que se requiere para mejorar sus condiciones de vida y no romper con el circulo mencionado y con la pobreza intergeneracional.

Entre las problemáticas que este sector poblacional enfrenta se encuentra la necesidad de tener ingresos propios por medio de un empleo, satisfaciendo sus necesidades básicas y las de sus hijos.

En este sentido, la madre soltera está obligada a trabajar, debiendo obtener ingresos que cubran el precio de su propia manutención, la de su hijo, y además el costo de la atención del niño durante su trabajo.

Sin embargo, cuando las madres solteras intentan acceder al mundo laboral se encuentran con limitantes y desigualdades sociales que les impiden una adecuada competencia de mercado laboral y como consecuencia, una atención deficiente a sus hijos y al cuidado de sus hogares.

La consecuencia de esta doble actividad, es la menor experiencia femenina en el campo laboral, menor disposición de horarios y de ocupaciones (una madre de familia difícilmente acepta un empleo que requiera viajar) que se traduce en menores salarios, prestaciones y calidad de vida, aunado a las transformaciones en la esfera familiar que conducen a serios problemas sociales como la adicción a las drogas, desintegración familiar y aumento de la criminalidad en los peores casos.

Además el circulo de la pobreza se recrea en su hijos ya que factores como una mayor dificultad para acceder a trabajos bien remunerados, a servicios de salud de calidad, educación para ella y para sus hijos, impactan en la calidad de vida para ella y su familia e incluso, como ya se mencionó, las hijas de madres solteras tienen mayor posibilidad de repetir el patrón de la madre con lo cual el circulo de la pobreza se recrea en esta realidad.

Las problemáticas anteriores resultan contrarias a la preservación de los derechos de la familia como lo establecen los numerales 17 y 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como el artículo 4 de nuestra Carta Magna, de los cuales se realiza su transcripción literal:

Convención Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el estado.

...

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Artículo 19. Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En este sentido la problemática de las madres solteras se deriva de diversas dificultades, considerándose como uno de los principales, la discriminación hacia la mujer y los perjuicios sociales hacia las madres solteras y a sus hijos.

La pobreza es sin duda uno de los problemas más graves al que se enfrentan las madres solteras, caracterizada por la falta de oportunidades de trabajo digno, vivienda adecuada, carencia de alimentos nutritivos, sistema de salud limitado, ineficiente acceso al agua potable y saneamiento, alto costo de la manutención de los hijos y la inestabilidad de ingresos económicos.

El género femenino encabeza 84 por ciento de los hogares monoparentales, esto implica que sólo 16 por ciento de estos hogares son guiados por hombres. Es decir que existen

en México 8.2 millones de mujeres con por lo menos un hijo y con una situación conyugal de no unión; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se estima que de estas mujeres, 3 millones 763 mil 800 se encuentra en situación de pobreza multidimensional y de éstas 752 mil 760 presentan pobreza extrema.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2012, la tasa de participación económica de las madres solteras es de 3 millones 616 mil 200 de las cuales, 97.9 por ciento combina sus actividades laborales con los quehaceres domésticos. Es importante señalar que esta encuesta toma a aquellas mujeres que trabajan desde una hora hasta 48 horas a la semana, lo que entonces implica que la gran mayoría no logra un ingreso constante y considerable.

La tasa de participación económica más alta se da entre las madres solteras, del total de éstas 71.8 por ciento trabaja, es decir, siete de cada diez labora, sin embargo, estos datos no garantizan que los ingresos derivados de estos trabajos satisfagan sus necesidades y las de sus hijos, ni que tengan el tiempo necesario para una adecuada convivencia familiar y buena educación para sus hijos. Aunado a esto, del total de las madres solteras 15 por ciento no cuenta con ingreso monetario alguno, manteniéndose sólo con transferencias de gobierno o apoyos familiares.

Con respecto a la Seguridad Social y prestaciones de ley, hay 2 millones 870 mil madres solteras que trabaja en el sector informal, por lo que no cuentan con ninguna de estas prestaciones. Por otro lado, las mujeres que no tienen hijos cuentan con un perfil ocupacional muy distinto, la mayoría trabaja en empresas (48.1 por ciento) y en instituciones (20.4 por ciento), sólo una de cada cinco (20.9 por ciento) labora en el sector informal.

Así también, 40 por ciento de las madres solteras tiene estudios más allá de la educación básica y aunque existen programas enfocados en disminuir esta problemática, la necesidad de trabajar y el cuidado de sus hijos mantienen alejadas a las madres solteras del acceso a dichos programas.

Además, en cuanto a los servicios a sus viviendas, en algunos casos persisten carencias como pisos de tierra, ausencia de servicio luz y falta de agua entubada. Estas condiciones de marginalidad incrementan el factor de riesgo para contracción de enfermedades tanto de las madres solteras como de sus hijos, siendo esto aún más grave por la falta de acceso a seguridad social.

En cuanto al equipamiento de sus viviendas, la mitad no tiene ni lavadora ni teléfono y 16 por ciento no cuenta con refrigeradores. Esto es importante porque carecer de ellos les implica utilizar más tiempo en el trabajo no remunerado del hogar, dejando poco tiempo para involucrarse en el mercado laboral y con ello limitan sus posibilidades de mejorar su situación económica.

En este contexto, adquiere especial relevancia incentivar trabajos con turnos de medio tiempo que permitan a las madres solteras atender las necesidades del hogar en general, fortaleciendo el núcleo familiar, contribuyendo en la economía de la casa.

En este sentido, la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, incorpora un mecanismo de auxilio a sectores de la población desprotegidos como es el caso de personas que enfrentan algún tipo de discapacidad y personas de la tercera edad; en este contexto, consideramos que sería pertinente y urgente incluir a las madres solteras en el mismo numeral; por lo anterior se transcribe el

“Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente a cien por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores, retenido y enterado conforme al capítulo I del título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.”

La reforma que se propone es incluir en el incentivo fiscal un estímulo que auxilie a las madres solteras, a acceder a verdaderas oportunidades de trabajo, sin desatender a sus hijos, ya que se propone que estos trabajos sean realizados en jornadas de medio tiempo, resolviendo así la grave problemática de la pobreza y de oportunidades para ellas y sus familias, como una medida de retribución social garantizando el acceso de las madres solteras a una vida digna, así como también a los intereses de las empresas, de su producción y de nuestro país.

En este sentido, el parlamento europeo señala lo siguiente:

“El desempleo, el empleo a tiempo parcial, los bajos salarios, las cargas fiscales y la falta de apoyo para el cuidado de los niños pueden llevar fácilmente a las madres solteras a una situación de pobreza. Para evitar que se convierta en un círculo vicioso, los participantes en la audiencia subrayaron que no se trata sólo de ayudar económicamente a las familias monoparentales. También hay que darles facilidades para cuidar a los niños, evitar la pobreza intergeneracional y resolver asuntos como la pobreza energética o de la vivienda

Aunado a esto, el documento Las mujeres, el trabajo y la economía: beneficios macroeconómicos de la equidad de género del Fondo Monetario Internacional, sustenta la presente iniciativa de la siguiente manera:

“...Hay amplias evidencias de que, cuando las mujeres pueden desarrollar plenamente su potencial en el mercado de trabajo, los beneficios macroeconómicos son significativos (Loko y Diouf, 2009; Dollar y Gatti, 1999). Se ha estimado que en determinadas regiones las pérdidas de producto interno bruto (PIB) per cápita atribuible a disparidades de género en el mercado laboral llegan hasta 27 por ciento (Cuberes y Teignier, 2012). Aguirre y otros (2012) señalan que elevando la tasa de participación femenina en la fuerza laboral (TPFFL) a los niveles de participación masculina específicos del país, el PIB se elevaría, por ejemplo, 5 por ciento en Estados Unidos, 9 por ciento en Japón, 12 por ciento en los Emiratos Árabes Unidos y 34 por ciento en Egipto. Basándose en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Aguirre y otros (2012) estiman que de las 865 millones de mujeres de todo el mundo que podrían contribuir en mayor medida a sus respectivas economías, 812 millones viven en países de economías emergentes y en desarrollo.

...El empleo de las mujeres en condiciones de igualdad permitiría a las empresas aprovechar mejor la reserva de talento disponible, lo cual redundaría en un mayor crecimiento potencial (Barsh y Yee, 2012; CAHRS 2011). ... hay evidencias de que la presencia de mujeres en las juntas directivas y en los altos cargos de gestión redunda en mejores resultados empresariales. Las empresas que contratan personal gerencial femenino podrían estar en mejores condiciones para atender los mercados de consumo dominados por mujeres (CED 2012; CAHRS 2011) y una mayor diversidad de género en las juntas directivas podría redundar en un mejor gobierno corporativo, dado que permitiría tener en cuenta una gama más amplia de perspectivas (OCDE, 2012; Lord Davies, 2013). Asimismo, una mayor proporción de mujeres en cargos decisorios podría reducir la proporción de transacciones financieras de alto riesgo que normalmente realizan los operadores masculinos (Coatesy Herbert, 2008)...”

En apoyo a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas identifica a la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos como los principales componentes de la calidad de vida, y aunque las normas mexicanas mencionan que todos los mexicanos tienen acceso a estos derechos, declaraciones de la Comisión Nacional para prevenir la Discriminación, apuntan a que muchas madres solteras no tienen a su alcance estos derechos.

Aunado a esto, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su parte conducente lo siguiente:

Artículo 1....

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civilo cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De la cita anterior se desprende que el artículo primero de la Constitución federal resguarda el derecho de igualdad y prohíbe toda forma de discriminación que violente los derechos de las personas, estimándose que en la realidad este derecho no se ejercita con las madres solteras en el ámbito laboral.

Por lo tanto, como solución a dichas problemáticas y en apoyo al cumplimento de lo dictado por el numeral primero de la Constitución federal y los acuerdos internacionales firmados por México, garantizando el acceso de las madres solteras a una vida digna, se propone un estímulo fiscal a fin de incentivar la contratación de madres solteras. Se estima que un incentivo fiscal de 50 por ciento sobre los salarios efectivamente pagados a las madres solteras, en los casos que se contraten con jornadas laborales de medio tiempo ayudará a revertir el problema social que se acentúa en el país.

Con este incentivo se puede regularizar el gran número de madres solteras que se encuentran en la informalidad y proveerlas de seguridad social, así como reducir el gasto del estado en aquellas madres solteras que sin tener ocupación, acuden de manera más frecuente a los servicios de salud, producto de las enfermedades psicológicas psicosomáticas y reales que pueden desarrollar.

Consideramos que con la implementación de un beneficio fiscal de 50 por ciento de los salarios efectivamente pagados a este sector de la población, podremos proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo son las madres solteras, resguardando además el principio del derecho de protección de la familia y sin poner en riesgo la economía de las empresas y con esto romper el círculo de la pobreza que trasciende de estas mujeres hacia sus hijos.

Por otro lado, es importante señalar que la razón de existencia de las deducciones fiscales permitidas por el estado es la de consentir que un sector o sectores privados de la población desarrolle cierta actividad que era obligación del estado, en este sentido, en un estado liberal, el mundo de los tributos no se constriñe a la captación de ingresos, necesarios para hacer frente a los gastos públicos, sus fines se extienden más allá de una simple política recaudatoria. Así, nos topamos con las actividades de naturaleza extra fiscal. Éstas hacen del impuesto un instrumento de política económica, social y cultural.

Es necesario afrontar que en México la carencia de recursos es el principal obstáculo para cumplir con los complejos objetivos que plantea la Constitución, tales objetivos, entre muchos otros buscan incentivar la economía, promocionar el empleo mejorar los índices de desarrollo, impulsar el deporte, consolidar la unión familiar, generar una valida distribución de la renta, mejorar los índices culturales o eliminar la discriminación.

Los resultados así obtenidos contribuyen a mejorar el entorno social en el que vivimos, por tanto se convierten en parte de una política de interés público, de ello deriva su importancia. El derecho tributario, a través de diversos institutos, lleva a cabo una política de protección de las facetas necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, incentivando su realización a través de apoyos económicos, de subvenciones o perpetrando una política de desgravación.

Evidencia de esto último es el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en concordancia con la iniciativa planteada, señala en su parte conducente lo siguiente:

“ Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexoo problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda.

b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados.

c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas.

d) La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes.

e) La ayuda para servicios funerarios.

f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.

g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

h) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad.

i) Fomento de acciones para mejorar la economía popular.

Por todo lo anterior se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar la contratación laboral de madres solteras

Artículo Único. Se modifica la redacción del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 186. ...

Se otorgará un estímulo fiscal de 50 por ciento del salario efectivamente pagado a quien contrate madres solteras. Las contrataciones a este sector de la población podrán ser de medios turnos, pudiendo una madre soltera, ser contratada por dos medios turnos consecutivos para cumplir un turno completo en caso de que su situación se lo permita.

Para efectos del párrafo anterior, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta de la trabajadora madre soltera, de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.

Para efecto de este artículo se acreditará la calidad de madre soltera con la presentación del acta de nacimiento de su hijo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La apuesta obligada de las madres solteras en México.

2. Los hogares monoparentales son aquellos que se encuentran conformados por el jefe(a) e hijos(as) y no cuentan con un cónyuge, en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares monoparentales representan 18.5 por ciento del total de los hogares familiares.

3. Instituto Nacional de las Mujeres. Más de cinco millones de madres viven solas con sus hijos/as.

4. Parlamento Europeo / En portada. Objetivo: mejorar la situación de las madres solteras.

5. García Bueno, Marco Cesar. Los beneficios fiscales: instrumentos para el fomento de la investigación para el desarrollo. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México.

Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2015.— Senadores: Octavio Pedroza Gaitán, María Elena Barrera Tapia, Luz María Beristain Navarrete, Sonia Rocha Acosta, Luis Fernando Salazar Fernández, Ismael Hernández Deras, Juana Leticia Herrera Ale, Ángel Salvador Ceseña Burgoin, Martín Orozco Sandoval, Lorena Cuéllar Cisneros, René Juárez Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, María Hilaria Domínguez Arvizu.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Compañeras y compañeros diputados, han solicitado a esta Presidencia, para hacer uso de la palabra desde su curul, los siguientes diputados, a los cuales les pediría que fuesen breves para poder seguir con el orden del día.

Le voy a dar el uso de la palabra a la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Quiero manifestar a este honorable pleno de la Cámara de Diputados que en días pasados falleció la maestra Rocío García Gaytán, ex diputada federal en la en la LVIII Legislatura. Una mujer de larga trayectoria política, ex diputada local también de su natal estado, Jalisco.

También dirigió el Instituto Nacional de las Mujeres, el Inmujeres, por seis años. Tuvo una larga trayectoria en su partido, el Partido Acción Nacional, siendo miembro en más de una ocasión de su Comité Ejecutivo Nacional, varias veces consejera nacional.

Y sobre todo lo que hay que resaltar del trabajo político y de la dedicación política de Rocío García Gaytán, es que ella fue muy clara y escogió un tema entre las desigualdades que vivimos en nuestro país y en otras sociedades del mundo, el tema de lograr la igualdad de oportunidades para la mujer, lo desarrolló, luchó por este tema y consiguió muchos avances en la materia en posiciones que hoy ocupamos las mujeres.

Ella tiene un gran reconocimiento de mujeres que han estado en la misma causa, en la misma lucha; de hecho ya se han manifestado públicamente varias organizaciones, entre ellas Mujeres en Plural, a la cual pertenecemos varias diputadas hoy de esta Cámara de Diputados, ex legisladoras también de distintos partidos políticos o sin partido político, académicas y mujeres que están a favor y que nos une una causa común que llevó adelante y que siempre lo hizo con una gran convicción, Rocío García Gaytán.

Queremos pedir un minuto de silencio para ella, y si me permite, presidente, la diputada Blanca Jiménez, quiere comentar un aspecto particular del trabajo de Rocío García Gaytán, a favor de las mujeres.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Blanca Jiménez Castillo(desde la curul): Gracias, diputado presidente. No dejar de reconocer un tema tan importante como fue ella, luchadora de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia hacia nosotras las mujeres, pero en forma fundamental es reconocer el gran trabajo que hizo como directora nacional del Instituto Nacional de las Mujeres. Me tocó compartir con ella experiencias en mi estado y seguir trabajando para lograr cerrar estas brechas de desigualdad que hoy siguen viviendo las mujeres.

Por ello mi reconocimiento, porque sin distingo de partido siempre luchó por poner en alto a las mujeres y sobre todo que lográramos un empoderamiento claro a todas las mujeres de nuestro país. Y uno de los temas que ella nos compartía muchísimo como mujer, nos decía: Para ser mujeres de 10, atrévanse a hacer lo que quieren. Comprendan, conozcan y cuiden su cuerpo, estudien, prepárense y lean. Busquen su libertad, valoren su tiempo, perseveren todos los días y eviten guardar rencores. No dejen de ser curiosas y alimenten su mente. No piensen que ya lo saben todo. Este legado se nos queda muy grabado en la mente a todas las mujeres del país que convivimos con ella como directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Le doy mi pleno reconocimiento y pido a todos los que se encuentran en este pleno de la Cámara se pongan de pie y pidamos este minuto de silencio por ella. Que en paz descanse su alma.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias diputada Blanca Jiménez. Antes la diputada Lourdes Quiñones solicitó la palabra desde su curul. ¿Es para los mismos efectos, diputada?

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales(desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, tiene el uso de la palabra.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Gracias, presidente. Las mujeres del PRI nos solidarizamos con nuestras compañeras del Partido Acción Nacional por el sensible fallecimiento de nuestra amiga y compañera de lucha Rocío García Gaytán. Una mujer combativa, una mujer de primera, una mujer –como dirigente de las mujeres del Partido Revolucionario Institucional que estuve– que tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos temas importantes para el desarrollo y el avance de las mujeres. Sea pues un minuto de silencio por nuestra compañera y amiga Rocío García Gaytán.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Quiñones. En consecuencia expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares. Se invita a los presentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria. Descanse en paz.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz. Pueden tomar asiento.

De igual forma la Mesa Directiva expresa su solidaridad para nuestro compañero el diputado Vicepresidente Martín Alonso Heredia Lizárraga, por la sensible pérdida de su señor padre don Armando Heredia Ríos. Descanse en paz.

Le voy a conceder el uso de la palabra –desde su curul– a la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.

La diputada Julisa Mejía Guardado(desde la curul): Gracias, presidente. Y le agradezco que haya dicho usted que soy del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así es. Mi curul es la 411, que le pertenece al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Hoy al salir de mi casa me llevé una gran sorpresa; me llegó una carta de felicitación por ser afiliada al Partido Verde Ecologista de México. Una tarjeta nuevamente, una tarjeta de descuento, ahora a mi nombre, Julisa Mejía, con mi dirección, con todos los datos necesarios para que esta misiva llegara a mi domicilio.

Evidentemente voy a hacer la denuncia penal ante quien resulte responsable de haber otorgado mis datos al Partido Verde Ecologista de México, y dejar muy claro al Partido Verde Ecologista de México, que yo siempre mi militancia desde hace muchos años, ha sido en la izquierda; siempre ha sido en partidos de izquierda, y nunca voy a estar afiliada a un partido como ese, nunca.

Además también quiero dejar muy claro que si pretenden mandarme los tres boletos que regalan para entrar a Cinemex, ni se les ocurra.

Yo no soy del Partido Verde Ecologista de México, soy del Partido de la Revolución Democrática, que quede muy claro. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Queda asentada en el Diario de los Debates su intervención.

Le doy el uso de la palabra –desde su curul– al diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.

El diputado Uriel Flores Aguayo(desde la curul): Agradezco, diputado presidente. Solamente para hacer un llamado a los gobiernos estatales de Puebla y de Veracruz, para que en coordinación o por separado tomen, implementen acciones en la zona de los límites entre ambos estados en esta área de Cantona y Tepeyahualco, donde en las últimas semanas se han venido dando una ola de asaltos a mano armada a altas horas de la noche en la autopista, sin que sepamos de medidas de estas autoridades y dejando a la ciudadanía, a todas las personas que transitan por esa carretera, prácticamente la indefensión. Ése es el llamado a los gobernadores de Puebla y de Veracruz, y agradezco, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Queda asentado en el Diario de los Debates su intervención.

Le concedo el uso de la palabra desde su curul, al diputado Fernando Belaunzarán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Gracias, presidente. Antes que nada me solidarizo, por supuesto, con la familia y con el recordatorio y con el minuto de silencio de Rocío García Gaytán, por el sensible fallecimiento. Le pido la palabra por dos cosas muy rápidas:

Uno, para hacer notar un punto de acuerdo que hoy se publica, en donde estamos pidiendo que el Estado mexicano inicie las gestiones para que México pueda producir y cultivar amapola legal. Como se sabe, de ahí de la amapola sale la morfina y otros opiáceos que son muy importantes para la salud, pero están muy encarecidos.

La morfina prácticamente es una medicina para gente muy rica, el 90 por ciento de la morfina se concentra solamente en Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, donde vive sólo el 17 por ciento de la gente; el 90 por ciento de la morfina, donde el 17 por ciento de la población y, en México tenemos mucha gente que agoniza con dolor.

Y como lo han dicho muchos editorialistas, etcétera, ha crecido la producción de amapola en México, sobre todo para el mercado ilegal de heroína en Estados Unidos, un gran problema, pero la mejor manera de enfrentarlo no es con tanques, no es con balas, no es con la represión que eso ha fracasado, tenemos la posibilidad porque la morfina está perfectamente aceptada y otros opiáceos para que México pueda cultivar legalmente amapola y no reproducir la guerra contra las drogas que no ha funcionado. Ojalá lo hagan, el gobierno de Guatemala ya lo está haciendo, el estado guatemalteco, es decir, el país de Guatemala ya está haciendo estas gestiones en Viena, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, para que ellos puedan producir amapola legal.

Creo que en México es más importante muchos de los asuntos que están pasando en varios estados de la república, tienen que ver con este bum –digamos– de la heroína en Estados Unidos y una alternativa es que podamos producirlo legalmente. Insisto, en México no hay tratamiento eficaz contra el dolor.

Y lo segundo que quería tratar, que es muy rápido, es si usted, presidente –o la Mesa Directiva– tiene constancia. La organización Católicas por el Derecho a Decidir me hicieron notar una propaganda que está en YouTube de la iglesia Vida Nueva para el Mundo, que dice que el señor Armando Alducín, doctor, vendrá el próximo jueves –dice– a tocar nuestros corazones en una plática que se llama La Biblia y el Poder o La Biblia y la Política, perdón, y que viene y que llama, y que dice que nos va a traer la palabra de Dios y que nos va a tocar los corazones y pide que oren por nosotros.

Soy respetuoso de todas las iglesias, de todos los credos, de todas las religiones, pero también soy respetuoso de mi Constitución, del artículo 24, el artículo 40, del artículo 130, y –perdón– esta Cámara de Diputados no es un lugar para un culto religioso, para eso están otros espacios, se tiene que cumplir la ley.

Y, por lo tanto, quisiera ver si usted sabía esto, pero hay este anuncio en YouTube de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo, que dicen que el jueves tendrán con el doctor Armando Alducín este acto religioso, que me parece que viola flagrantemente el Estado laico. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Y al día de hoy la Mesa no tiene conocimiento al respecto, sobre la pregunta que hace en su intervención.

Le voy a conceder el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada. ¿Sí se encuentra la diputada?

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Gracias, presidente. Queremos tocar dos temas. De manera particular creo que ya todos estamos enterados del caso de Korenfeld y el uso de un helicóptero para transportarlo junto con su familia de Huixquilucan al Aeropuerto de la Ciudad de México.

El año pasado también a este señor se le señaló el que estuviera usando un reloj de más de medio millón de pesos. Claro, bueno, él tiene ya bastantes años en el servicio público. Y creo que la situación de abuso de poder en México no es un tema nuevo, y con el caso de Korenfeld pues lo estamos comprobando.

Es indignante que en el país vivan, más bien sobrevivan, más de 60 millones de pobres, pero que tengamos que soportar a un personaje como el director de Conagua.

El cinismo, la prepotencia y el abuso que tienen todos los servidores públicos en contra de la miseria que vive hoy nuestro país y nuestros mexicanos. El señor se justifica primero con una enfermedad, luego con no saber directamente de qué se trataba el tema. Luego con negar quiénes iban o de quién se acompañaba.

El gobierno federal debe tomar cartas en el asunto y tiene la obligación de poner una sanción ejemplar a todos los funcionarios que realicen este tipo de prácticas tan nocivas para el país.

De igual forma, el tema relacionado con la transparencia que no ha sido otorgada por parte de Conagua con este señor a su cargo. Nadie debe estar por encima de la ley, no deben de abusar del dinero de los mexicanos y las mexicanas.

Todos los funcionarios que abusen de su cargo deben recibir una sanción ejemplar. No debemos consentir que permanezcan abusando. El Ejecutivo no puede seguir siendo cómplice de estos funcionarios, hoy estamos exigiendo la renuncia del señor Korenfeld a Conagua. Eso es por una parte.

Por la otra, hacemos un llamado directamente a las empresas, a la empresa que estuvo a cargo o que tenía a cargo la pipa, el Grupo Salma, la cual perdió el control en Tabasco en un poblado, en un ejido de Huimanguillo, en el que ya son 18 los fallecidos. Hoy estamos haciendo el llamado directamente al Ejecutivo federal, al gobierno del estado y sobre todo a la empresa, para que se pueda analizar y sobre todo apoyar directamente a los familiares, a los niños, a las esposas que quedan hoy en el desamparo total.

Queremos que sea también señalado y que se le dé seguimiento a la investigación de esa empresa porque ya son muchos casos en Tabasco y en el sur-sureste, de que se siguen teniendo accidentes por falta de precaución y algunas veces hasta por falta de interés y de valor a los ciudadanos y a las ciudadanas. Muchísimas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Sus expresiones quedan asentadas en el Diario de los Debates.

Le doy el uso de la palabra al diputado Rosendo Medina Filigrana y concluimos con la diputada María del Rosario Pariente Gavito. Diputado Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, desde su curul.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para hacer patente nuestra preocupación del diputado Gerardo Gaudiano y de su servidor, diputado Marcos Rosendo, por la situación que se ha presentado en los últimos días en el estado de Tabasco, específicamente con relación a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos.

Hemos tenido dos sucesos que han impactado a familias tabasqueñas: una, la explosión de una pipa que hasta el momento ha cobrado 18 vidas y que tiene en un estado muy grave a otros ciudadanos que están internados en nosocomios de la ciudad de Villahermosa y a tres menores que fueron trasladados para su atención al vecino país de los Estados Unidos de América. Y por el otro lado, la explosión de una plataforma petrolera, también en el litoral tabasqueño.

Nosotros hacemos un llamado, aun cuando sabemos que este tema lo va a tratar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el transcurso de esta sesión, hacemos un llamado enérgico a las autoridades de Pemex para que redoblen la seguridad, tanto en sus plataformas como en el transporte de hidrocarburos, porque se pone en riesgo no solamente a los trabajadores de la empresa petrolera, que ya es de por sí grave, sino también a familias tabasqueñas, que de pronto están en sus hogares o están transitando sin temor alguno y se encuentran ante una situación que les cuesta la vida.

Es algo lamentable que nosotros rechazamos, que manifestamos nuestra profunda preocupación, que exigimos que se aclare. Pero sobre todo exigimos que se haga todo lo posible para que no vuelva a suceder. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Rosendo. Queda inscrito en el Diario de los Debates su intervención. Vamos a terminar esta lista de oradores. Le doy el uso de la palabra, desde su curul, a la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. De lo que acaba de comentar la diputada acerca de los helicópteros. No más de 10 personajes del PRD, entre ellos el presidente de su partido, los dos gobernadores fueron a Michoacán a acompañar al candidato a tomar posesión.

Y en un estado tan pobre, como es Morelos, a la hora que quieren entrevistar al gobernador, dice que no va a hablar de ese tema, porque es un tema menor.

Entonces, para tener que hablar hay que tener la cola muy corta, para tener la boca grande. Entonces, si están hablando de los helicópteros, pues también. Y además ya pasaron la factura de cuánto costó la renta. Por si no lo sabe, le costó por dos horas cerca de 45 mil pesos. Eso fue lo que comentó. Muchísimas gracias, señor presidente.

A la otra diputada, pues no es del PRI. Perdón, no es del Verde, que no le ha llegado su tarjeta. Pues no, no creo que le llegue. No creo que le llegue una cartita para que pertenezca al Verde. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Vamos a proceder con el orden...

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: ¿Para qué efectos, diputada?

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Para rectificación.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: No hay alusiones en ese tema, diputada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Para aclarar.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tampoco procede, según el Reglamento, diputada. En un momento le puedo dar el uso de la palabra en la tribuna.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Para rectificaciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: No procede, diputada, toda vez que el Reglamento me lo impide. Vamos a continuar...

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Para plantear otras situaciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Le pueden abrir el micrófono a la diputada, por favor. Sonido a la curul de la diputada, por favor.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para aclarar. Efectivamente, cualquier persona, sea de cualquier partido, de cualquier dirigencia o a donde corresponda, si renta el helicóptero o el transporte en donde va a hacer cualquier recorrido es válido, porque además lo paga como tal el partido o la empresa a donde pertenezca.

Sin embargo, el que usa el señor Korenfeld es de servicio público y está asignado a una dependencia federal. Es una pequeña diferencia quizá, pero hoy no pueden seguir abusando los famosos personajes del gobierno Ejecutivo federal lo que le corresponde a todos los mexicanos y que sí se le cargue, como siempre, a los mexicanos el pago de esos servicios y además de todos esos beneficios que ellos reciben. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES Y DECRETOS

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la Iniciativa con proyecto de decreto para su dictamen.

2. En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza la propuesta.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta Comisión y enseguida, la emisión del dictamen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 10 de febrero de 2015, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, firmaron su adhesión a dicha iniciativa, 110 diputadas y diputados como sigue: Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 1. Aceves y del Olmo Carlos Humberto, 2. Quiñones Canales Lourdes Eulalia, 3. Funes Velázquez Érika Yolanda, 4. Cruz Morales Maricruz, 5. Ugalde Alegría Aurora Denisse, 6. Sámano Peralta Miguel, 7. Maldonado Hernández Fernando Alfredo, 8. Barrera Fortoul Laura, 9. Valencia González Gloria María del Carmen, 10. Barrera Barrera Petra, 11. Rangel Segovia Alejandro, 12. Salazar Trejo Jessica, 13. Vitela Rodríguez Alma Marina, 14. Mercado Gallegos Sonia Catalina, 15. Cano Ayala María Elena, 16. López Segura María Carmen, 17. Navarrete Vital María Concepción, 18. Luis Olvera Correa, 19. Carreño Mijares Angelina, 20. Ruiz Sandoval Cristina, 21. Flores Gómez José Luis Cruz, 22. Fernández Clamont Francisco Javier, 23. Ponce Orozco Norma, 24. Zamora Morales Fernando, 25. González Cruz Cristina, 26. Garza Moreno María Esther, 27. Villaseñor Gudiño Blanca María, 28. Berzunza Novelo Landy Margarita, 29. Salomón Juan Marcos Issa, 30. Flores Treviño María de Lourdes, 31. Bonilla Gómez Adolfo, 32. Flemate Ramírez Julio César, 33. Gauna Ruiz de León Celia Isabel, 34. Retamoza Vega Patricia Elena, 35. Huerta Rea María de Jesús, 36. Delgadillo González Claudia, 37. Corona Nakamura María del Rocío, 38.Niaves López Ossiel Omar, 39. García de la Cadena Romero María del Carmen, 40. Guevara González Javier Filiberto, 41. Cárdenas Cantú Miriam, 42. Ochoa Willy, 43. Cabañas Aparicio María Elia, 44. Márquez Velasco Silvia, 45. Gómez Carmona Blanca Estela, 46. Araujo de la Torre Elsa Patricia, 47. Garay Cabada Marina, 48. Carreón Cervantes Verónica, Alcalá Padilla Leobardo, 49. García Olmedo María del Rocío, 50. Schroeder Verdugo María Fernanda 51. Gómez Tueme Amira Gricelda, 52. Gómez Olguín Roy Argel, 53. Sánchez Romero Carlos, 54. Morales Flores Jesús, 55. Peña Recio Patricia Guadalupe, 56.Velázquez López Mirna, 57. Fuentes Téllez Adriana, 58. Guerrero López Judit Magdalena, 59. Aguayo López Miguel Ángel, 60. Gómez Gómez Luis, 61. Gómez Gómez Pedro, 62. Barrera Estrada Rodimiro, 63. Villaseñor Vargas Paloma, 64. Galván Villanueva Raúl Santos, 65. Díaz Athié Antonio de Jesús, 66. Pazzi Maza Zita Beatriz, 67. Ayala Robles Linares Flor, 68. Mejía García Leticia, 69. Rellstab Carreto Tanya, 70. Calderón Ramírez Leticia, 71. Barrueta Barón Noé, 72. Vargas Vargas Laura Guadalupe, 73. Barcenas Nieves Delvim Fabiola, 74. Córdova Morán Frine Soraya, 75. Pariente Gavito Rosario, 76. Ortega Pacheco Guadalupe del Socorro, 77. Ordaz Martínez María del Carmen, 78. Escamilla Cerón Alberto Leónides, 79. Sosa Altamira William Renan, 80. Velázquez Díaz María Guadalupe, 81. Hernández Morales Mirna Esmeralda, 82. Padilla Fierro Román Alfredo, 83. Magaña Zepeda María Angélica, 84. Mendoza Curiel María Leticia, 85. Padilla Navarro Cesario, 86. Gamboa Song Lizbeth Loy, 87. Quian Alcocer Eduardo Román, 88. Gutiérrez Álvarez Harvey, 89. Gutiérrez Manrique Martha. 90. Velasco Orozco Víctor Hugo, 91. Athie Flores Kamel, 92. Miranda Munive Emilse. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 1. González Carrillo Adriana, 2. Licea González Margarita, 3. Sosa Govea Martha Leticia, 4. Jiménez Cerrillo Raquel, 5. Quintana Salinas Esther. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1. Salinas Pérez Josefina, 2. Navarrete Contreras Joaquina, 3. Bautista Bravo Alliet Mariana, 4. García Medina Amalia Dolores, 5. Guzmán Díaz Delfina Elizabeth, 6. Bautista Cuevas Gloria. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 1. Vital Vera Martha Edith, 2. Romo Fonseca Bárbara Gabriela, 3. Zavaleta Salgado Ruth, 4. Padilla Ramos Carla Alicia, 5. Villafuerte Trujillo Amílcar Augusto.

3. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fecha 10 de febrero de 2015, para la elaboración del dictamen correspondiente.

4. Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4211-V, de la Cámara de Diputados con fecha 10 de febrero de 2015.

5. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto reformar la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores como se indica en el presente dictamen.

En su exposición de motivos, la diputada Elvia María Pérez Escalante explica el planteamiento del problema en la forma siguiente:

Que uno de los principales temas del pensamiento universal contemporáneo es sin duda el de los derechos humanos.

Que en nuestro país, los derechos humanos se encuentran tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de todas las personas, incluyendo desde luego, a grupos vulnerables como el de las personas adultas mayores.

Que sin embargo, considera la diputada iniciante que es necesario inducir en los educandos y en general en la actual y en las nuevas generaciones, una cultura de respeto a los derechos humanos y en especial a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

Argumenta la autora de la iniciativa que desde el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de derechos humanos, citando textualmente el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que puede observarse, que el tema de los derechos humanos se encuentra ampliamente tutelado y que incluso impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Enseguida señala que en ese orden de ideas y considerando que cualquiera de las manifestaciones de falta de respeto hacia los adultos mayores o a otros grupos vulnerables de la población, constituye un maltrato sin justificación alguna que vulnera sus derechos humanos fundamentales, es por lo que considera que esa problemática debe ser objeto de la prevención que el Estado debe llevar a cabo.

Afirma que la falta de respeto hacia los adultos mayores y otros sectores de la población como las personas con discapacidad sigue presente en la convivencia social y que por ello considera que es muy importante inducir una cultura de respeto hacia esos sectores de la población.

Manifiesta la diputada iniciante que las personas adultas mayores en muchas ocasiones son objeto de conductas y hechos que impactan a su persona y que generan consecuencias emocionales que les impiden disfrutar de su derecho humano fundamental a disfrutar de una vida digna, en paz y en armonía y precisa que no obstante, los esfuerzos por reconocer en el ámbito internacional y en nuestro país los derechos de las personas adultas mayores, siguen siendo receptores de esas conductas negativas en el seno de la familia y como sujetos pasivos de esas conductas antisociales provenientes del entorno que los rodea.

Enseguida, argumenta que en México las normas que protegen los derechos de las personas adultas mayores están vigentes en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y que constituyen un avance muy significativo y alentador, pero que es necesario ir más allá, porque la falta de respeto a sus personas es una forma de maltrato y discriminación que continúa presente en su vida cotidiana.

Así, considera que es necesaria la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.

Propone la institucionalización de una enseñanza que busque evitar incluso la utilización de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes hacia las personas adultas mayores, entre otros, los adjetivos calificativos de viejo, veterano, anciano, antiguo, abuelo, senecto y otros más que muchas veces se utilizan para inferir un maltrato a las personas adultas mayores como formas irónicas de denigración y discriminación, lo que sin duda constituye una falta de respeto hacia todas aquellas personas que dieron lo mejor de sus capacidades para beneficio de las generaciones subsiguientes.

Luego, afirma que se trata de personas adultas mayores y que así deben ser consideradas con todo el respeto que les asiste por su contribución al México de hoy que todos disfrutamos y desde luego, por su propia condición humana.

Argumenta también que la principal causa del maltrato hacia ese sector de población parte de que en el núcleo familiar y en la sociedad en general, se concibe erróneamente que las personas adultas mayores han llegado a una etapa caracterizada por la improductividad y la pérdida de capacidades físicas o intelectuales e inclusive a la pérdida de su capacidad mental como consecuencia de enfermedades como la denominada Alzheimer.

Y además, expresa que es por ello que considera necesario impulsar la adopción de políticas públicas en materia de educación, que logren permear en la cultura social, a fin de erradicar esas conductas de maltrato, violencia, abandono, discriminación y de falta de respeto, incorporando en la asignatura de Formación Cívica y Ética, la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

Exponiendo enseguida la diputada Elvia María Pérez Escalante su convicción en el sentido de que el ejercicio pleno y cotidiano de los derechos de las personas es garantía para preservar la convivencia social pacífica y armónica, basada en el respeto al derecho ajeno; es decir, el respeto que a cada quien corresponde y merece.

Consideraciones

1. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto sujeta a dictamen y determinó que lo procedente es proponer al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presente dictamen.

2. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración lo siguiente:

Que existe coincidencia de los integrantes de la comisión en cuanto al propósito esencial planteado consistente en inducir en los educandos y en general en la actual y en las nuevas generaciones, una cultura de respeto a los derechos humanos y en especial a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

Que es muy importante y necesario impulsar la adopción de políticas públicas en materia de educación, que realmente logren permear en la cultura social de nuestra población, para lograr la erradicación del maltrato a las personas adultas mayores.

Que las políticas públicas en materia de educación son sin duda el instrumento idóneo para concientizar a la población en el respeto de los derechos humanos, la erradicación de la discriminación, la violencia y el maltrato a las personas adultas mayores; así como, el abandono a quienes, contrario a lo que acontece, deben ser objeto de nuestro cuidado, nuestro aprecio, nuestro respeto e incluso nuestro reconocimiento a su contribución al México de nuestros días.

Que la reforma no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que la implantación de dicha reforma, no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

En suma, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se han pronunciado a favor de la propuesta de reforma a la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que contemple también la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores, para ser sometida a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a las personas adultas mayores:

I. y II. ...

III. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

IV. a VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que la discusión en lo general y en lo particular de este asunto no se concluyó en la sesión pasada, quedaron pendientes de fijar posición los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, por este dictamen y el siguiente.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Hago uso de esta tribuna, para fijar el posicionamiento a favor de dos dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como el dictamen que corresponde a la modificación a las fracción XXI del artículo 10 y III del artículo 14 de la mencionada ley. Posicionamiento que hago en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, según el Consejo Nacional de Población en 2014 la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor.

Por lo que se observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7 por ciento. Y se espera que en el año 20150 este porcentaje se incremente a 21.5 por ciento de la población total de nuestro país.

Este proceso de envejecimiento de la población trae consigo diversas implicaciones, principalmente el reto del gobierno y de las familias de velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación alguna. Que no padezcan violencia y que sus redes familiares provean las satisfacciones necesarias para mejorar su calidad de vida.

Un elemento importante que coadyuvaría a que se cumpla con éste y otros retos, es lograr insertar en la población en general y en las niñas, niños y jóvenes en particular, la cultura de respeto y el reconocimiento de la dignidad, principalmente de estos adultos mayores, eliminando todas las formas de abandono, abuso y violencia que les afecten.

En este sentido, resulta pues relevante la reforma al artículo 17 que se discute, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Esta reforma tiene por objeto que la Secretaría de Educación Pública incorpore en los planes y programas de estudios, contenidos sobre la inducción de una cultura del respeto a los derechos humanos, fundamentalmente de los adultos mayores.

Consideramos que esta cultura de respeto hacia las personas adultas mayores es un acierto que sea fomentada desde las aulas para que nuestros niños se inculquen en esta cultura y se encarguen de divulgarla entre la sociedad.

Al mismo tiempo se estaría incidiendo en las familias, toda vez que es en el seno de éstas en donde debe darse la mejor protección y el debido respeto hacia sus miembros que se encuentran en esta etapa de su vida.

De ahí la importancia también, compañeros diputados, de incorporar en el marco legal, mecanismos legales que permitan promover e impulsar acciones encaminadas a atender directamente también la salud de este sector de la población con el objeto de lograr mejores condiciones de vida.

Por ello, los diputados y las diputadas de Acción Nacional sabemos que es necesario atender, además de la salud, los aspectos físicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales de nuestros adultos mayores.

Así apoyamos que se incorpore en la ley en comento como uno de los objetivos de la política nacional sobre adultos mayores, el fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica y que sean las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas e incluso los municipios quienes concurran para promover la atención de este tipo de centros para nuestros adultos mayores.

De esta manera se estaría ayudando a esta población reduciendo la brecha de desigualdad que existe en el acceso a los beneficios y tratamientos requeridos para las personas y sus enfermedades de adultos mayores.

Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional estamos convencidos que las personas adultas mayores tienen intereses que deben expresar necesidades y perspectivas acerca de cómo disfrutar una vida digna y de respeto.

Por eso votaremos a favor de estos dictámenes que hoy nos ocupan, porque sabemos que es posible emprender acciones que contribuyan a una mejor sociedad, más inclusiva, solidaria y sin discriminación, en donde se tomen en cuenta las opiniones y necesidades de este importante grupo vulnerable. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Gloria María del Carmen Valencia González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.

La diputada Gloria María del Carmen Valencia González:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Gloria María del Carmen Valencia González: Compañeras y compañeros legisladores. Con frecuencia las personas adultas mayores son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad que en su conjunto conducen a estereotipos equivocados de decadencia. Dicha situación desencadena que este sector de la sociedad sufra en muchas ocasiones de conductas y hechos que impactan a su persona, las cuales generan consecuencias emocionales que les impiden disfrutar de su derecho fundamental a disfrutar de una vida digna, en paz y en armonía.

Lo anterior debe considerarse grave si tomamos en cuenta que en nuestro país el 27 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados a consecuencia de su edad.

Asimismo, si tomamos en cuenta que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en nuestro país se ha presentado una tendencia constante de crecimiento del segmento de población de 60 años o más, que en la actualidad asciende a 10.7 millones, cifra que se tiene considerada que aumentará a 36.4 millones en 2050, reflejándose un acrecentamiento considerable en el número de personas adultas mayores en el país.

Por tal motivo si observamos las cifras antes mencionadas, resulta importante abordar un tema que involucra tanto la dignidad y el bienestar primordialmente del sector poblacional de las personas de 60 años o más, por lo que el dictamen que hoy tenemos a nuestra discusión impulsará la adopción de políticas públicas en materia de educación, mismas que lograrán fomentar una cultura social de respeto, así como de erradicar las conductas de maltrato, violencia, abandono, discriminación y de falta de respeto.

La incorporación de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores a la asignatura de formación cívica y ética, representará un avance muy significativo y alentador en el respeto a los derechos de este sector, impulsando en las nuevas generaciones valores que permitirán combatir estos aspectos que ocasionan un grave impacto en la calidad de vida e independencia funcional de hombres y mujeres pertenecientes a este sector de la población.

Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez de que en el interior del grupo parlamentario, así como de la presente administración, consideramos de vital importancia se lleve a cabo la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los sectores de la sociedad, más aún si hablamos de la población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad.

Permítaseme compartir –por considerarlo adecuado para este momento– el tema utilizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, que me parece acertado para el tema que hoy nos encontramos discutiendo, el cual cito: “todas las personas tenemos el mismo origen con tonos y matices, así como las hojas del mismo árbol”.

Culmino mi participación no sin antes reconocer a mi compañera Elvia María Pérez Escalante, la formulación de la iniciativa que dio origen al presente dictamen, la cual refleja su constante preocupación por un sector de la población a quienes muchos por prejuicios o ignorancia, prefieren no ver. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Para hablar en pro, le voy a conceder el uso de la palabra –hasta por tres minutos– a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada. ¿Sí está la diputada? No se encuentra la diputada.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea –en votación económica– si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En consecuencia se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Consuelo Argüelles Loya (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La diputada María Esther Gutiérrez Olivares (desde la curul): A favor.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (desde la curul): A favor.

La diputada Josefina García Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se emitieron 362 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Está a discusión en lo general.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXI al artículo 10 y III al 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la iniciativa con proyecto de decreto para su dictamen.

2. En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza la propuesta.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta comisión y enseguida, la emisión del dictamen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2014, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández y del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Al efecto cabe señalar que dicha iniciativa fue suscrita también por el diputado José Luis Flores Méndez del mismo grupo parlamentario.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4153-VII, de la Cámara de Diputados con fecha 11 de noviembre de 2014.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores como se indica en el presente dictamen.

En su exposición de motivos, los iniciantes explican el planteamiento del problema en la forma siguiente:

Que la sociedad de todo el mundo se encuentra en un creciente proceso de envejecimiento y que otros factores como el aumento en la esperanza de vida y el control de la natalidad han influido en este proceso.

Enseguida refieren que desde hace varias décadas, se han hecho esfuerzos para lograr la integración de un sistema jurídico fortalecido en materia de derechos y protección de las personas mayores en muchos países del mundo.

Afirman que por ello, es posible encontrar en el ámbito internacional diversas declaraciones, pactos y tratados internacionales sobre este tema, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad de 1991, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica en 1969, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador” de 1988, además de las diferentes Recomendaciones, Observaciones, Asambleas y Conferencias desarrolladas a nivel internacional, donde de la mejor manera han quedado consagrados los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida.

Señalan que en el caso particular de México, la protección de los derechos de las personas adultas también ha cobrado gran relevancia, dando muestra de ello, los avances normativos e institucionales que actualmente se encuentran vigentes en el país. Que contamos ya con una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores encargada de otorgar y garantizar a favor de este sector de población el ejercicio de sus derechos a una vida con calidad, libre de violencia, a un trato justo y digno, a una seguridad social, física y psico-emocional, al acceso a los servicios de salud, educación, trabajo, alimentación, así como su protección ante cualquier acto de explotación y maltrato.

Enseguida aseveran que la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 que dio rango constitucional los derechos humanos, establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,· salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por otra parte, afirman que un estudio jurídico realizado por el Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, se aprecia que 29 entidades federativas de nuestro país, cuentan con legislación de protección de derechos para las personas adultas mayores, careciendo de una regulación en la materia solamente los estados de Nayarit, Oaxaca y Sinaloa.

Indicaron que a la par de estos avances legislativos, se reconoce la evolución institucional impulsada por el gobierno mexicano en apoyo a este sector vulnerable, primero en 1979 con la fundación del Instituto Nacional de la Senectud, convertido en 2002 en Instituto Nacional del Adultos en Plenitud, que luego se trasformó en el actual Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con el carácter de institución rectora de la política nacional a favor de las personas adultas mayores.

Y destacaron diversas acciones como la creación de unidades gerontológicas, albergues, residencias de día, centros de atención integral, centros culturales y clubes con servicio de atención a las personas adultos mayores y la creación del Instituto Nacional de Geriatría.

Enseguida hacen alusión a las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo federal establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y las acciones encaminadas al bienestar de las personas adultas mayores y su desarrollo previendo promover el envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de su calidad de vida.

Sin embargo, señalan que no obstante que ya se cuenta con políticas públicas y un sistema normativo específico en la materia, es necesario seguir avanzando en la conformación de una legislación más sólida y fortalecida que permita hacer frente a este desafío demográfico que en las próximas décadas generará grandes cambios en la vida de nuestras sociedades.

Precisan los iniciantes que los datos publicados por Naciones Unidas sitúan en casi 700 millones las personas mayores de 60 años, cifra que para el 2030 se extenderá a los mil 400 millones y que en 2050 la cifra será de 2 mil millones de personas ubicadas en este gran sector de población, representando un 20 por ciento de la población mundial.

Luego precisan que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, estima que en México existen 11.7 millones de personas adultas mayores que representan el 9.7 por ciento de la población total; y, que esta cifra se ha duplicado en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014.

En 2014, el Inegi clasificó a esta población con un 31.5 por ciento en etapa de prevejez de 60 a 64 años de edad; con un 41.1 por ciento en etapa vejez funcional de 65 a 74 años; con un 12.3 por ciento en etapa de vejez plena de 75 a 79 años; y, con un 15.1 por ciento en etapa de vejez avanzada de 80 años y más.

Afirman los iniciantes que la población que rebasa los 60 años, ha constituido uno de los sectores de la sociedad mexicana con mayor vulneración o vulnerabilidad a sus derechos humanos. Que en el año 2012 según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 43.2 % de los adultos mayores se encontraban en situación de pobreza multidimensional, el abandono familiar, el maltrato, la discriminación, la exclusión al trabajo, al acceso a la educación y a la vivienda, lo que impacta negativamente la dignidad de los adultos mayores.

Afirman que una de las preocupaciones con mayor relevancia y urgencia de atender por el fenómeno del envejecimiento, lo constituye el aumento en los padecimientos crónicos degenerativos que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía enfermedades como diabetes mellitus, las isquémicas del corazón, cerebrovasculares, crónicas de las vías respiratorias, del hígado y las enfermedades hipertensivas, son los padecimientos que más afectan a este grupo poblacional del país, y que tan sólo en el 2012 representaron 55.1 por ciento de las causas de su fallecimiento.

Estiman que el 58 por ciento del total de los adultos mayores en México, carece de afiliación a instituciones de seguridad social para acceder a los servicios médicos y que es necesario unir esfuerzos legislativos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de seguridad social y de salud que se necesita para mejorar su calidad de vida particularmente en materia de atención geriátrica, rubro en el que dicen que se carece de infraestructura especializada suficiente para brindar un cuidado integral.

Finalmente, los iniciantes concluyen que el objetivo de la presente iniciativa es modificar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el propósito fundamental de fortalecer las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a fin de promover e impulsar la creación de centros de atención geriátrica en los Estados y municipios del país para garantizar la cobertura de los servicios que demanda este sector de población.

Consideraciones

1. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto sujeta a dictamen y determinó que lo procedente era proponer al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presente dictamen.

2. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración lo siguiente:

Que existe coincidencia de los integrantes de la comisión en cuanto al propósito esencial consistente en fomentar y promover la creación de centros de atención geriátrica.

Que es evidente la necesidad de promover e impulsar la creación de centros de atención geriátrica en el país; pero, que se considera también necesario hacer modificaciones a la iniciativa a efecto de evitar reiteraciones que no resultan útiles ni necesarias por una parte y por la otra, complementar el espectro de atención de los centros especializados que propone la iniciante, incluyendo lo concerniente a la gerontología.

Es importante señalar y precisar que la gerontología es la disciplina que estudia los diversos aspectos de la vejez, tales como los físicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales; así como el envejecimiento a nivel poblacional. En otras palabras, la Gerontología comprende un conjunto de necesidades de las personas adultas mayores, incluyendo no sólo aquellas en materia de salud, sino también las sociales y culturales, en tanto que la geriatría, al ser una rama de la medicina, únicamente se especializa en la atención de las enfermedades prevalentes en la vejez.

Por no considerarse útiles ni necesarias las reformas contenidas en la iniciativa respecto de las fracciones III y X inciso a) del artículo 18; las fracciones XI, XII, XIII y XXX del artículo 28; y del artículo 48, se desechan; pero, se somete la aprobación con modificaciones lo propuesto respecto de las adiciones a los artículos 10 y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, quedando en la forma como se observa en el cuadro comparativo siguiente:

Texto original

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

Artículo 14. Las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. y II. ...

Propuesta de adición

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. y II. ...

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica para garantizar la cobertura de los servicios de salud a las personas adultas mayores.

Propuesta con modificaciones

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. y II. ...

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

En suma, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se han pronunciado a favor de la propuesta con modificaciones, para ser sometida a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXI al artículo 10 y una fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores, y

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley;

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores, y

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerán los criterios y mecanismos para el cumplimiento del presente decreto.

Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Para fundamentar se le da el uso de la palabra a la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.

La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que nos ocupan, constituyen sin duda un avance importante en el perfeccionamiento del marco jurídico en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores.

El asunto que nos ocupa retoma importancia, porque se trata de la atención de un sector de la población al que, en el mejor de los casos, todos nosotros aspiramos y habremos de llegar.

En primer término, los proyectos de la reforma del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores propone la incorporación del contenido sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores, dentro de los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.

Por otro lado, la adición del artículo 10 y 14 propone establecer como objetivo de la política nacional sobre personas adultas mayores al fomentar, impulsar la creación de los centros de atención geriátrica y gerontológica, asimismo, de las autoridades de los tres niveles de gobierno concurran para promover la creación de dichos centros de atención.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de dictámenes puestos a su consideración. Es cuanto, señor presidente, gracias, con permiso.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos a la diputada Marisol Morales Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Marisol Morales Fernández:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Marisol Morales Fernández: Compañeros y compañeras legisladoras, la población de las personas de 60 años o más ha crecido constantemente conforme pasa el tiempo, lo cual implica un reto importante en diversas materias, pero sobre todo, en el ámbito de la salud, debido a que es en esta edad donde se exteriorizan múltiples padecimientos crónico-degenerativos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía mencionó que la cardiopatía isquémica y la diabetes representan aproximadamente el 24 por ciento de la carga de enfermedad de la población adulta mayor.

Asimismo, destaca que otras afecciones que padecen son los denominados síndromes geriátricos, que son cuadros clínicos habitualmente originados por enfermedades con alta prevalencia. Se presentan de forma atípica generando incapacidad funcional y social como el déficit visual o auditivo y afecta aproximadamente al 90 por ciento de los adultos mayores.

Aunado a ello, se encuentra el maltrato, que es consecuencia de la condición de salud, dependencia y vulnerabilidad. El Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud establece que entre el 8 por ciento y el 18.6 por ciento de los 11 millones 669 mil 431 personas mayores de 60 años es víctima de acciones que agreden, intimidan o ponen en riesgo su salud. Acciones que son ejercidas, principalmente, por sus familiares.

En esta tribuna hemos trabajado por generar acciones que impulsen la protección y el respeto de los derechos de las personas adultas mayores.

Una muestra de ella fue la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el año 2002. Sin embargo, no debemos detener nuestro quehacer legislativo, ya que tenemos que adecuar la ley de acuerdo a los problemas que aquejan a la población adulta mayor. Así como generar oportunidades para que alcancen un nivel digno y sustentable, por lo cual es menester unirnos mediante reformas concretas para aumentar la protección y la asistencia a las personas de edad mayor.

Por ello, los legisladores integrantes del Grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del dictamen por el que se adiciona la fracción XXI, artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para incluir, dentro de los objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores el fomento e impulso de la creación del Centro de Atención Geriátrica y Gerontológica. Ya que es indudable combatir los múltiples retos que conlleva la atención en su salud y los requerimientos específicos en esta etapa de la vida.

Asimismo, apoyaremos la adición de la fracción III al artículo 14 de la ley en comento para adicionar que las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas y los municipios concurrirán para promover dichos centros, ya que es un trabajo en conjunto con miras en beneficio de las personas adultas mayores.

De esta forma cumplimos con nuestro compromiso de crear acciones que tiendan a la promoción de los derechos de las personas adultas mayores. En este caso, del derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputada. Permítame, estamos en votación, ahorita le doy el uso de la palabra.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz

La diputada Rocío Santos de la Cruz (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): A favor.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo(desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 366 votos a favor, 0 abstenciones, y 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 de la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Antes de proceder con el orden del día, le voy a dar el uso de la palabra, desde la curul, a la diputad Malú Mícher. Adelante, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor presidente. Queremos sumarnos las diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRD, a la pena que embarga a la familia, a sus amigos y amigas de la ex presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, quien falleció la madrugada del fin de semana, del sábado pasado. Sabemos que se ha dedicado un minuto de silencio pero no queremos dejar de solidarizarnos con esta mujer guerrera, plural, valiente, que luchó hasta el final por la vida y por la vida digna de las mujeres.

Desde esta curul las mujeres y hombres del Partido de la Revolución Democrática expresamos nuestro lamentable pésame a la familia y estamos pendientes, por supuesto, de que su familia recobre lo más pronto posible la paz, así como su pareja y todas las personas que estuvieron a su lado. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Queda registrada su expresión de solidaridad y de duelo por parte de las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Me solicitó el uso de la palabra también la diputada Gloria Bautista, desde su curul. Adelante, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer una atenta y respetuosa excitativa a los coordinadores de los grupos parlamentarios para que consideren el dictamen que está pendiente, de la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, es un tema que debe abordarse en este período ordinario para su aprobación, más aún cuando el día de hoy 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud: inocuidad de los alimentos.

Consideren, compañeros, que para que haya salud, primero debe garantizarse la alimentación. Para poder garantizar la educación, antes deberá garantizarse la alimentación. No habrá salud, educación ni nada en este país si no logramos garantizar la alimentación.

A todos los coordinadores de los grupos parlamentarios les solicito, por favor, tomen en cuenta esto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Queda registrada en el Diario de los Debates su intervención.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo por lo que concierne a las iniciativas para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal:

I. Antecedentes

1. El día 21 de Marzo de 2013, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, presentó a la Mesa Directiva la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó en dicha sesión, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

3. El día 21 de Marzo de 2013, los diputados Alfonso Inzunza Montoya, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentaron a la Mesa Directiva la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

4. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó en dicha sesión, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

5. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó mediante el oficio No. DGPL 62-II-5-583, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

6. El día 11 de diciembre de 2013, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la Mesa Directiva la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

7. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó en dicha sesión, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

8. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó mediante el oficio número DGPL 62-II-1-1470, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

9. En virtud de que las iniciativas se refieren a la propuesta de reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, por cuestiones prácticas y metodológicas se analizan y deliberan en un solo dictamen.

10. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el día 15 de octubre de 2014, se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentes, el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Contenido

En la iniciativa de mérito que propone la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo se menciona en síntesis que en la actualidad muchas especies marinas se encuentran amenazadas a grado tal que pueden ser objeto de extinción como es el caso del “pepino de mar”, respecto del cual se ha dispuesto por la autoridad competente, el necesario e indispensable respeto a las épocas y zonas de veda establecidas para diferentes especies de la fauna acuática, en aguas mexicanas de jurisdicción federal.

Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de marzo de 1994, se estableció un periodo de veda en las aguas marinas colindantes con la Península de Yucatán; pero contrario a lo esperado, las épocas y zonas de veda no han sido respetadas. Desgraciadamente este tipo de prohibiciones han incrementado la pesca ilegal que amenaza la extinción de las especies.

En consecuencia y con objeto de evitar la extinción de las especies amenazadas e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, es por lo que considera que resulta indispensable, que el Código Penal Federal contemple sanciones a la pesca ilegal del “pepino de mar”, de la misma manera en que se tipifica para las especies acuáticas denominadas “Abulón” y “Langosta”.

Por otra parte, en las iniciativas presentadas por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, así como los diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, se menciona en síntesis que gracias al valor económico que representa en su conjunto, la pesquería de camarón sigue siendo hoy día la de mayor importancia para el sector pesquero organizado del país, en sus vertientes social y privado, debido además a los rendimientos que arroja la captura directa y el cultivo de este recurso.

Dichas iniciativas recogen una sentida inquietud de pescadores organizados, tanto del sector social como privado, quienes lamentan el nivel que han alcanzado los casos de robo de camarón, que siguen ocurriendo a pesar de los operativos de prevención y vigilancia con patrullajes marinos y terrestres y que por ello, se propone una adición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, de manera tal que se establezcan sanciones económicas y hasta prisión a quien de manera dolosa incurra en la captura, transformación, acopio, transportación, destrucción y comercialización del camarón.

Se busca con la medida legal no únicamente combatir las irregulares situaciones que se mencionan en las presentes iniciativas y que afectan gravemente a la pesca legal del camarón, sino en lo fundamental aportar una medida necesaria que contribuya a poner orden en las pesquerías de este recurso.

Por lo anterior se propone en las iniciativas que el artículo 420 del Código Penal Federal se modifique para que quede de la siguiente manera:

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. y II...

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de las iniciativas mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictaminación e información remitida por las autoridades vinculadas a este tema.

IV. Consideraciones

En los mares del territorio nacional existe una gran riqueza biológica, que se traduce en una gran riqueza pesquera y generadora de empleos conforme al principio de sustentabilidad y respeto al medio ambiente que en conjunto son prioritarias para el desarrollo de México.

En la actualidad esa riqueza se encuentra afectada debido a la práctica de la pesca furtiva, de la cual se ocupa en múltiples estudios la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación (FAO) a la que denomina pesca ilegal, no declarada y no reglamentada también conocida por sus siglas (INDNR).

La pesca furtiva es una actividad que por no tener el control la autoridad, daña las medidas de ordenación y conservación de la pesca, conduce al agotamiento de los recursos, debilitando con ello la capacidad del sector pesquero de alcanzar los objetos económicos y sociales, así como la amenaza dirigida a todas aquellas personas que dependen de la pesca.

En ese sentido, en las iniciativas de mérito se propone la protección de cuatro especies marinas que son: El Pepino de mar, Camarón, Almeja Generosa y el Erizo de mar.

Por “pepino de mar” se conoce a las holoturias, cohombros o carajos de mar, que son animales marinos de cuerpo vermiforme, alargado y blando, que viven en los fondos marinos.

Al “pepino de mar”, se le localiza en las zonas de coral, rocas y enterrados en el suelo marino. Son animales marinos inofensivos, se alimentan de sedimento y limpian el fondo de los mares, cuyo principal depredador es el ser humano, porque se aprovecha principalmente para consumo y también como medicina contra el dolor y los malestares musculares, estomacales y respiratorios.

Los principales centros de consumo se localizan en Asia y Europa. En Asia, muy especialmente China, Japón y Corea del Sur, porque el pepino de mar es un producto muy apreciado por los consumidores de esos países.

En México, la captura del pepino de mar comenzó a finales de los años ochenta y se ha incrementado con el paso de los años hasta constituir ya una problemática tan grave que amenaza la extinción de aquellas especies de pepino de mar de mayor demanda, con lo que se pone en riesgo el equilibrio en los ecosistemas marinos.

El precio por tonelada supera los tres mil dólares; es decir, más de 36 mil pesos mexicanos en promedio, lo que hace muy atractiva su captura y también, desafortunadamente, la pesca ilegal.

Para el año próximo pasado, la estimación más aproximada en captura e ingreso económico para la pesquería legalmente autorizada de las zonas colindantes a la península de Yucatán, se ubicó en unas 580 toneladas con una derrama aproximada de un millón setecientos cuarenta mil dólares; es decir, más de 20 millones 880 mil pesos.

En este orden de ideas y debido a la mezcla de factores como el alto valor comercial de este animal marino, el incremento en su captura y consumo y la pesca ilegal que no respeta épocas ni zonas de veda, es por lo que en la actualidad la especie se encuentra en peligro de extinción.

En lo que atañe al Camarón es de notarse que existen épocas de veda decretadas por las autoridades competentes por la escaza población de esta especie marina en determinados meses del año y en ese sentido, es frecuente encontrarse en los medios de comunicación que en las diferentes zonas costeras mexicanas, las autoridades respectivas detienen a pescadores furtivos que no respetan la veda, decomisando el producto de esa pesca ilegal y que llegan a sumar varias toneladas, principalmente de camarón pero ello no llega a tipificarse como delito pues esta especie marina no se encuentra contemplada en la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

Por su parte, la Almeja generosa y el erizo de mar son un recurso que forma parte de una de las pesquerías ribereñas más importantes del país de las costas californianas, debido a su alto valor comercial y elevada demanda en países asiáticos, logrando a su vez un resultado muy atractivo para los productores locales, lo que representa una fuente de empleo adicional de gran importancia para la región.

A partir del año 2006 se presentaron en la dependencia competente más de 50 solicitudes de permisos de pesca comercial para la captura de almeja generosa, algunas para la reexpedición de permisos previendo su vencimiento cercano, modificación de zonas permisionadas o incremento de cuota de captura.

La gran mayoría eran permisionarios de otras pesquerías que motivados por el alto valor económico de este recurso, deseaban tener acceso a este beneficio, independientemente de que existe una planta de empaque de almeja generosa en El Rosario, Baja California y cuatro en Ensenada, Baja California. Por su parte, existen 25 plantas procesadoras de gónada de erizo de mar en Baja California.

La almeja generosa en su totalidad se dirige al mercado de exportación, ya que es altamente apreciada en la gastronomía asiática. Su sifón largo y carnoso es muy apreciado por su delicioso sabor y textura crujiente, además de ser un platillo muy popular en Japón, China y Hong Kong. El erizo de mar es consumido principalmente en Japón y ha adquirido un alto valor comercial y por ende, la pesca de esta especie marina se ha expandido notablemente en los últimos años, lo que ha hecho evidente la sobreexplotación de las poblaciones naturales en nuestro país.

A consecuencia de esta demanda comercial, se ha detectado en varias zonas del litoral bajacaliforniano su pesca furtiva.

Conviene advertir que la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, regula la captura de las especies marinas y establece las infracciones y sanciones administrativas al efecto, pero esto no ha sido suficiente para inhibir la captura ilegal.

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 2013 se contiene un nuevo Acuerdo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sobre el Pepino de Mar con el que se modifica la fracción IX del numeral Primero del aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994, que dispone lo siguiente:

En ese sentido, se considera que es indispensable que la pesca ilegal del pepino de mar, sea tipificada como delito, de manera expresa por el Código Penal Federal, a fin de inhibir estas conductas depredadoras, que deben ser evitadas haciendo uso de todos las acciones, instrumentos, normas y herramientas al alcance de las autoridades competentes.

En la especie, es muy significativo el avance que se obtiene con ambas iniciativas que se traduce en incluir en el catálogo de las conductas consideradas como delitos en la legislación penal federal a quien ilícitamente de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas Camarón, pepino de mar, almeja generosa y erizo de mar, lo que sin duda restringirá la pesca furtiva.

Por ende esta Comisión considera que posteriormente, cuando se pueda determinar si disminuyó o no la pesca furtiva actual, se pueda analizar si debe incrementarse la pena respectiva.

Por lo que los integrantes de la Comisión de Justicia ponemos a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I.y II. ...

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III.a V. ....

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Carlos Octavio Castellanos Minjares, Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputada.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy en primer lugar quiero agradecer a la Comisión de Justicia, a sus integrantes, secretarios y, en especial, al presidente de esta comisión, al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Muchas gracias, Ricardo, por el interés y la oportunidad de permitirme fundamentar este dictamen. Valoro mucho esta oportunidad.

El dictamen puesto a consideración de esta honorable asamblea tiene por objetivo evitar la extinción de especies marítimas amenazadas, como son: el camarón, el erizo de mar, la almeja generosa y el pepino de mar, que éste es una especie que nos afecta muchísimo más a los estados costeros –y, en este caso, a mi estado Campeche–, además de impulsar con esto el aprovechamiento sustentable de estos recursos marinos.

Las especies marítimas y recursos marinos presentan una gran riqueza en los mares del territorio nacional, riqueza pesquera y generadora de empleos y actividades económicas que resultan prioritarias para la población de las regiones en donde se realizan, riqueza también vulnerable que en los últimos años se ha visto severamente afectada debido a la pesca ilegal y furtiva, que daña las medidas de ordenación y preservación de las especies, y que amenaza a la población que vive de esta pesca.

Con este dictamen se propone la protección del pepino de mar, el camarón, la almeja generosa y el erizo de mar. En el caso del pepino de mar es un organismo que vive en los fondos marítimos, en las zonas de coral y en las rocas, que son inofensivos, se alimentan de sedimento y limpian el fondo de los mares. Esto es, funcionan como un limpiador propio de esta agua, de las aguas, del mar, lo que contribuye obviamente al equilibrio ecológico.

En México la captura del pepino se ha incrementado en forma tan grave y alarmante, que ya amenaza seriamente con la extinción de esta especie. El precio por tonelada es insultante, supera los 3 mil dólares, es decir, más de 36 mil pesos mexicanos en promedio, lo que hace por supuesto muy atractiva su captura y la pesca ilegal.

En el caso de la almeja generosa y el erizo de mar son también recursos que forman parte de las pesquerías ribereñas más importantes, en Baja California, especies también que por su alta demanda y valor comercial por supuesto resultan un producto atractivo para los productores locales legales y principalmente para los ilegales, a través por supuesto de la pesca furtiva.

Si bien atender la vulnerabilidad de estas especies no es un tema nuevo, pues ya se cuenta con un compendio legal que establece sanciones e infracciones administrativas, como es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es indispensable que en el Código Penal Federal deba disponerse e incrementarse la aplicación de penalidades y multas económica para quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con estos recursos.

Los periodos de veda que se establecen por parte de la Sagarpa para la pesca de estos recursos, en especial por supuesto del pepino de mar, tienen como finalidad inducir a la permanencia en las áreas de pesca y mantener la biomasa capturable, para que de esta manera se regenera y también se sustente lo que produzca beneficios a los trabajadores de Campeche y Yucatán principalmente, que son la zona costera en donde se da principalmente esta especie del pepino de mar que es tan importante para estos estados.

Por la atención es de suma importancia para el ecosistema marino en su conjunto la labor de esta especie, ya que realiza una función depurativa y de limpieza en los océanos, significativa y muy importante. Es por esto que la función del pepino de mar tiene una repercusión positiva y desencadenante en el medio ambiente, su extinción es muy importante por esto, compañeros, porque produciría un efecto devastador en el medio marino, por lo que su preservación es de imperativa y vital importancia.

Los responsables de la pesca furtiva de estas especies, tanto del pepino como las ya señaladas en este dictamen deben sancionarse por las repercusiones que producen a través de la pesca ilegal y los constantes asaltos a pescadores organizados, como a transportistas e industriales de estos recursos de alto valor económico.

Las reformas al artículo 420 del Código Penal Federal para imponer de uno a nueve años de cárcel y multa equivalente de 300 a 3 mil días de salario mínimo a quien de manera ilícita y dolosa capture, transforme, acopie, transporte y comercialice con las especies acuáticas, son sólo algunas de las medidas que deben implementarse para la protección de estos recursos y riqueza natural de nuestro país.

Por lo anterior expuesto, compañeras y compañeros, les pido su consideración y voto a favor de la presente propuesta. Invito a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios de esta legislatura a que aprobemos este dictamen tan importante, tanto de manera ambientalista como para la situación económica de los estados costeros. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján, de agrupación Morena, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Desde hace más de dos años, una extraña fiebre azota las costas de Campeche y Yucatán, la fiebre del pepino de mar.

Por extraño e inesperado que parezca este animal marino se ha convertido en una fuente inagotable de conflictos y enfrentamientos violentos entre pescadores, piratas y contrabandistas y ha llevado a la Marina a desplegar parte de su flota en esta región para evitar la pesca clandestina y mantener la paz en esta población.

No es para menos, esta especie que no se consume en México puede venderse en los mercados asiáticos hasta en mil dólares por kilo como un exótico manjar.

De acuerdo con la Marina y la PGR, el contrabando de pepino de mar se ha vuelto la principal industria ilegal en Campeche y Yucatán y ha generado más detenciones que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión juntos.

Hace cinco años la extracción de pepino en aguas yucatecas rondaban las 18 mil toneladas. Hoy su pesca no llega a más de dos mil.

La sobreexplotación de pepino de mar ha generado dos consecuencias alarmantes; primero, que varias especies se encuentren hoy en peligro de extinción y, segundo, que a menor disponibilidad suba el precio y haga su pesca ilegal mucho más redituable y atractiva.

El enfoque que han tomado las autoridades para prevenir la desaparición de esta especie marina y de muchas otras, como la langosta, el camarón, el abulón, el erizo y la almeja ha sido prácticamente inútil y ha provocado un planteamiento distinto, en principio porque actualmente existen más de 750 permisos para la extracción de 150 toneladas de pepino por embarcación, pero las autoridades pesqueras y ambientales no cuentan con mecanismos efectivos de verificación para que las empresas se ajusten a los límites, a los tiempos de veda y a las zonas permitidas por la ley.

En segundo lugar, las autoridades han enfocado todas sus baterías en la persecución de los pescadores, cuando los intereses empresariales, tanto nacionales como internacionales, que desde la obscuridad patrocinan el comercio ilegal de pepinos, permanecen intactos.

Y por último, porque se sigue creyendo en la tesis de que aumentando penas en los códigos penales se inhibirán las conductas, como si lo que se tomara en cuenta, por parte del pescador de pepino de mar, fuera el número de años de cárcel que dice el Código Penal, y no más bien las posibilidades que existan de que lo agarren o lo que detentan. Es decir, la eficiencia en la vigilancia y en la detención de las autoridades encargadas.

Cuando las autoridades son eficientes en la prevención y persecución del delito, se crea un efecto psicológico colectivo que inhibe el crimen gracias a la certeza de que éste será sancionado.

Lejos de resumir el problema a una simple modificación legislativa, es necesario implementar programas de veda y cultivo permanente en regiones específicas, reforzar los requisitos para el otorgamiento de licencias de pesca, aumentar la vigilancia marítima en las zonas afectadas, crear mecanismos de monitoreo científico y estadístico de dichas especies y, sobre todo, desarticular las mafias empresariales que cuentan con el capital y la infraestructura necesaria para su trasiego ilegal.

Votaremos a favor, pero ojalá y sea el primer paso de toda la serie de acciones que se necesitan por parte del gobierno federal para acabar con esta actitud ilegal. Gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Vamos a conceder el uso de la tribuna al diputado Rubén Benjamín Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Adelante, diputado.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Compañeras y compañeros legisladores, sin duda la pesca constituye una actividad fundamental para el desarrollo económico del país.

Los litorales mexicanos son de una formidable riqueza y variedad en especies marinas, muchas de las cuales tienen un gran valor en el mercado. Desgraciadamente, la explotación de algunas de estas especies no se lleva a cabo de manera racional, responsable ni apegada a los principios de respeto al medio ambiente, a este tipo de actividad se le conoce internacionalmente como pesca ilegal, aunque en nuestro país estamos más familiarizados con el término de pesca furtiva.

Dicha práctica consiste en el incumplimiento de diversas disposiciones legales, ya sea porque se carece del permiso o la concesión requerida. De igual forma se considera pesca prohibida la que utiliza dinamita, la denominada pesca de arrastre o la que se realiza en periodos de veda y zonas prohibidas.

Cuando no se respetan las temporadas de veda es cuando la sustentabilidad de los recursos marinos es más vulnerable. Por tal motivo, consideramos incluir en la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal a las especies acuáticas como el camarón, el erizo de mar, la almeja generosa y el pepino de mar, a fin de que se imponga una pena de 1 a 9 años de prisión y 300 a 3 mil días de multa a quien incumpla las disposiciones legales para la captura de estas especies.

Ante el alarmante incremento de la pesca ilegal resulta imperativo incluir a estas especies, ya que de no protegerse correrán grave peligro ante la sobreexplotación a la que están sometidas. En Nueva Alianza estamos comprometidos con la sustentabilidad y con el respeto a nuestro medio ambiente.

Es urgente tomar medidas más drásticas para detener la pesca ilegal en nuestro país. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Imco, en 2013 la pesca ilegal en México corresponde al 60 por ciento de la producción reportada. Es decir que si en 2010 la producción reportada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fue de 1.4 millones de toneladas hubo 840 mil toneladas más de pesca ilegal.

Compañeras y compañeros legisladores, ampliar el alcance normativo para castigar la pesca prohibida es, en principio, un aspecto que fortalece la legalidad de una actividad económica importante en varios estados de nuestra República.

Asimismo, protege las fuentes de empleo de aquellos pescadores, ya sea de forma individual o como personas morales que en el marco de la legalidad explotan los recursos marítimos de una forma racional y sustentable, pero lo más importante es que al incorporar las especies mencionadas a la tutela de la ley, la actividad ilegal no generará desequilibrios en los ecosistemas marinos y protegerá los recursos para las futuras generaciones.

Como sinaloense apoyo este dictamen y estoy seguro que muchos de mis paisanos lo harán también, porque la actividad pesquera es una palanca del desarrollo económico en mi estado. Hasta el año 2013 aportábamos el 24 por ciento de la producción total a nivel nacional ubicándonos en el primer lugar de todo el país.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la necesidad de aplicar medidas que contrarresten la actividad ilegal en la pesca es insoslayable por razones económicas y sustentables, por ello votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Zuleyma Huidobro González: La iniciativa que valoramos el día de hoy aparenta en cierta simplicidad, por su claridad y determinación jurídica. No obstante, los contenidos que la sustentan son complejos y relevantes, aunado a que la pesca ilegal impacta al país al incrementar la tasa de mortalidad de las especies y de generar conflictos entre pescadores. Esta afirmación lejos de demeritar el documento lo dimensiona en su justo diseño jurídico y su valor social.

Es necesario resaltar que en México existen especies marítimas de alta demanda o que representan un alto valor económico en su comercialización, al extremo de convertirse en objeto de actividades ilícitas como la pesca ilegal no declarada, la pesca y capturas realizadas fuera de las temporadas permitidas, exceso en los límites de los montos permitidos para la pesca o la veda de especies como el camarón, la almeja, el erizo y el pepino de mar.

La especie denominada pepino de mar, hoy en día significa uno de los problemas más serios del comercio ilegal pesquero en el país, predominante en las aguas –como ya se dijo aquí– en los estados de Campeche y Yucatán en donde ambos estados, al estilo de un combate naval, se han enfrentado en sus límites marítimos en por lo menos seis ocasiones en los últimos tres años, todo para saberse ganadores de la posesión de una especie marítima que representa en su comercio un valor de 10 mil pesos el kilogramo.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de la urgente necesidad por preservar nuestras especies marinas y especialmente aquéllas que se encuentran en peligro de extinción.

Por esta razón votaremos a favor del presente dictamen y de la subsistencia económica de quienes practican la pesca familiar y del abasto de alimentos del mar. Sin embargo, también consideramos que una actividad lícita como es la pesca, no podemos convertirla con suma facilidad en un acto de persecución penal articulándole nuevos delitos o engrosando su sanción.

Estamos seguros que estas conductas pueden ser abatidas eficazmente con esquemas diferentes como la oferta laboral y el impulso de programas de acuacultura de especies en peligro de extinción. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Los derechos administrativo y penal por la naturaleza de sus funciones han estado vinculados estrechamente. Por un lado, el administrativo se dedica a la aplicación de la norma por la vía ejecutiva asegurando los derechos de terceros, llevando a cabo registros públicos, otorgando autorizaciones consideradas como licencias, permisos, concesiones, entre otras.

En cambio la materia penal es la expresión punitiva del derecho con la justificación dada en la norma, llevando a cabo la operación mental que se fundamenta en el llamado principio de racionalidad.

En este sentido el derecho administrativo provee la remoción de los obstáculos legales impuestos para la permisión de la pesa de ciertas especies, entre las que se hallan actualmente el abulón y la langosta.

En la actualidad el presente dictamen tiene como objetivo imponer penalidad aplicando sanciones a quienes desarrollen conductas ilícitas de no atender las disposiciones administrativas.

Asimismo la finalidad de la norma es contribuir al cuidado y procuración de cuatro especies más del mundo acuático marino, el camarón, el erizo de mar, la almeja generosa y el pepino de mar.

Es natural que el Partido Verde Ecologista se preocupe por la vida marina, pero en general es de nuestro interés todo ser vivo de cualquier ecosistema, sobre todo en el caso de las especies que no tienen ningún tipo de capacidad para su defensa, y por eso mismo son devastadas en la mayoría de los casos –lamentablemente– por nosotros los seres humanos.

Muestra de la preocupación que aludimos, se demuestra con la ocupación que en diversos instantes hemos tenido en estos temas ambientales.

En esta misma LXII Legislatura, específicamente en el 2013, nuestro coordinador –el diputado Arturo Escobar- llevó a cabo un punto de acuerdo con la propuesta de realizar acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal de las mismas especies que hoy se pide sean protegidas por la ley penal en el presente dictamen.

En este contexto reconocemos la modificación propuesta que debe tener como resultado un favor disuasivo para evitar que existan pescadores de especies marinas en peligro.

Es importante señalar que el tipo penal que se propone especifica que serán sancionables las conductas dolosas que impliquen capturar, transformar, acopiar, transportar, destruir o comerciar las especies marinas de abulón, langosta, camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino de mar, dentro o fuera los periodos de veda, sin contar –claro está- con la autorización que corresponda o bien cuando la cantidad excede 10 kilogramos de peso.

Por las razones expuestas mi grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en esta Cámara de Diputados, votará favorablemente el dictamen en esta discusión, esperando que se continúe proveyendo –cuando así se amerite– la mayor protección a las especies que se encuentran en riesgo o en peligro de extinción.

Y quiero también reconocer en este caso a todos los grupos parlamentarios que están apoyando este dictamen, porque es una muestra de que en la defensa de los temas ambientales, en la defensa de los temas verdes, todos hemos sido parte del problema; es parte de nuestra responsabilidad ahora que todos seamos parte de la solución. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias diputada. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Mario César Gaona García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario César Gaona García:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Mario César Gaona García: Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para manifestar la posición y el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en torno al presente dictamen.

Durante los últimos 15 años, es decir, durante los gobiernos federales el PAN y lo que va del regreso del PRI, se ha presentado una progresiva disminución de los recursos pesqueros con los que cuenta el país. Esta disminución ya es alarmante en la región del Pacífico noroeste y el Golfo de California.

La explotación de especies marítimas no se aplicaría sin complicidad por omisión o corrupción de las autoridades administrativas en tierra y de los encargados de custodiar la zona federal marítimo-terrestre en altamar.

En general, los beneficiarios de estos actos omisos siempre son las grandes compañías pesqueras, particularmente las de origen asiático. Hay quien sostiene que lo que se necesita es establecer nuevas penalidades o endurecer las ya existentes, en eso estamos los diputados, eso es lo que nos corresponde hacer.

El presente dictamen atiende a esa necesidad, se trata de inhibir la pesca en temporada de veda a imponer sanciones físicas y pecuniarias a quien de forma ilegal y dolosa, capture, transforme, acopie, transforme, destruya, transporte o comercie con las especies acuáticas denominadas: camarón, almeja generosa, pepino de mar y erizo de mar.

Al respecto se debe considerar que el establecimiento de vedas corresponde a la necesidad de reponer la población de especies que son objeto de pesca comercial. Es tal el ritmo de la explotación comercial que muchas de las veces los tiempos establecidos en los secretos de veda son insuficientes para reponer la población de especies y, bajo esta tendencia, en un futuro muy cercano la flota pesquera mexicana deberá enfrentar una crisis de disponibilidad.

Eso es justo lo que ha pasado en otras zonas del planeta y por eso es que las embarcaciones comerciales de China y Japón se adentran en territorios marítimos de jurisdicción mexicana, a efecto de sustraer este tipo de especies extintas hoy en sus mares y riberas.

En el caso específico de la especie comúnmente conocida y nombrada como pepino de mar, debe considerarse como una especie con tendencia a la extinción y de desaparecer provocaría severas afectaciones a las especies coralinas de la península de Yucatán y contribuiría a la disminución de otras poblaciones que sí son objeto de pesca comercial para las pesquerías mexicanas.

No deja de ser paradójico que el pepino de mar observe una tendencia a la extinción en nuestra zona marítima, a pesar de no ser parte de nuestra dieta y no se comercialice en el mercado mexicano. Estamos dejando de ejercer un control soberano sobre nuestros recursos pesqueros.

Es menester ejercer acciones que puedan garantizar la continuidad de las actividades pesqueras con una visión de mediano y largo plazo, por ejemplo el caso de la pesca de camarón, esa modalidad de pesca que mayores recursos puede generar por su comercialización en los mercados internacionales y sin embargo no podemos exponernos a una drástica disminución de los volúmenes de pesca si no permitimos que esta especie pueda reproducirse conforme lo marcan los decretos de veda.

Es de mayor importancia emprender acciones de sustentabilidad para garantizar un adecuada reproducción de las especies de mayor comercialización pesquera, ni siquiera por una consideración ecológica, sino por una consideración de orden estrictamente económica-social, ya que resulta que las mayores afectaciones las padecen las embarcaciones pesqueras de menor escala, mismas que no pueden adentrarse en territorios de ultramar, a que sus tecnologías impidan reconocer los bancos de camarón cuando estos son escasos.

Con la imposición de sanciones económicas y penas de prisión se intenta coaccionar y forzar el respeto a los tiempos de veda, que –insistimos– son insuficientes para reponer la población. Concluyo, presidente.

Se trata de inhibir conductas delictivas que ya están tipificadas como tal en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pero que carecen de la correspondiente sanción en el Código Penal. Debiera quedar claro que de forma alguna se intenta afectar a las pequeñas pesquerías y a la pesca de subsistencia.

La redacción de la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal es suficientemente clara al respecto, se trata de penalizar actos de carácter doloso, lo que excluye por lo tanto a la pesca incidental. Debemos entender que la falta de capitalización de los pequeños pescadores impide la tecnificación de sus artes e instrumentos de pesca, por lo que ocasionalmente incurren en la pesca incidental de especies de veda.

La redacción también es clara respecto al volumen considerado como objeto de penalización, el cual debe exceder los 10 kilogramos, por lo que de ningún modo se estaría penalizando a la pesca considerada de subsistencia.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y convencido de las acciones enfocadas hacia la sustentabilidad beneficiarán a la flota pesquera mexicana, es que el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias a todos, con permiso. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Mario César. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:Con su permiso, presidente. Es indudable que en nuestro país existe una gran riqueza que se encuentra en los mares de nuestro territorio nacional. La fauna que ahí habita es un recurso sumamente valioso tanto por su gran valor alimenticio como por la derrama económica que genera. No obstante y a pesar de contar con esta gran riqueza, no está exenta de verse amenazada por diversos factores y uno de ellos, quizás el de mayor afectación es la proliferación de la pesca furtiva. Es decir, la pesca ilegal de especies marinas que trastoca invariablemente la actividad pesquera.

El dictamen que hoy nos ocupa tiene como pretensión legislativa reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, a efecto de incluir las especies marinas denominadas camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino de mar, y castigar con mayor rigor a quien, sin contar con la autorización correspondiente y exceda las cantidades previstas en la norma, de manera dolosa capture, trasforme, acopie, transporte, destruya o comercie dichas especies.

Con esta inclusión se busca la protección de las cuatro especies marinas referidas y evitar que la furtividad dañe las medidas de ordenación y conservación de la pesca, así como el agotamiento de los recursos.

Es importante mencionar que en el caso de Baja California hay otras especies marinas que también son objeto de la pesca furtiva y que han venido ocasionando un daño a la fauna que existe particularmente el en golfo de California, donde se ubica el puerto de San Felipe del municipio de Mexicali, como lo es el pez totoaba en peligro de extinción y que también se habrá de requerir fortalecer la normatividad para proteger a esta especie que en el mercado negro ha dejado ganancias inmensas para quienes se dedican a este tipo de actividades pesqueras ilegales. Se dice que su valor en México es de mil 800 dólares y en Estados Unidos de América de hasta cinco mil dólares.

Cabe aquí hacer un llamado a las dependencias, a las autoridades federales, a Sagarpa, a Conapesca y las demás dependencias federales involucradas, a efecto de que vigilen, supervisen y presenten las denuncias que correspondan por hechos relacionados a este tipo de pesca y evitar que se dé la pesca furtiva de esta especie, porque tal pareciera que no les interesa poner orden en esta actividad y en donde el propio delegado de Sagarpa en Baja California, Guillermo Aldrete, ha expresado públicamente que existe corrupción y que hay inspectores involucrados en este lucrativo negocio, como se hace constar aquí en esta nota periodística, en donde públicamente el delegado de Sagarpa en Baja California ha declarado que existe corrupción y que, por lo tanto, hay inspectores involucrados en esta actividad pesquera ilegal.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del PAN, convencido de fortalecer el marco jurídico relacionado con la actividad de la pesca y de la protección de nuestra riqueza marina votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Andrés de la Rosa. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Cuando uno camina en los campos pesqueros, cuando se entrevista con los armadores que van a altamar a sacar el camarón, se encuentra una pena porque van sufriendo a altamar o en las riberas a sacar camarón, pepino de mar, erizo y también la almeja generosa. Esto es en el trabajo que permanentemente ellos realizan y en esa medida también cuando llegan a robarles su producto después de haber arriesgado su vida en este trabajo, ahí es donde siente uno que tiene que modificar a alguno de los aspectos de las leyes.

El presente dictamen que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presento a la atenta consideración de esta asamblea, recoge un conjunto de iniciativas diversas que procuran garantizar una mayor protección jurídica a especies pesqueras de alto valor económico e importancia para el desarrollo de las pesquerías del país.

Con la medida legislativa que hoy buscamos aprobar al determinar reformas a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa a quien ilícitamente de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruye o comercialice con las especies acuáticas denominadas camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino.

El mar, en los estados, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México tenemos estas cuatro especies que están, sin contar con la autorización que corresponda, la están extrayendo.

Las iniciativas correspondientes recogen una sentida inquietud de pescadores organizados, tanto del sector social como privado, quienes lamentan el nivel que han alcanzado los constantes robos y saqueos ilegales de estos productos que siguen ocurriendo muy a pesar de operativos de prevención y vigilancia.

La pesca furtiva se ha convertido en un lastre de graves consecuencias para las pesquerías de estas especies, toda vez que se ve afectado el sustento de miles de familias. Así, se han acumulado quejas y denuncias que exigen un ya basta y la aplicación de sanciones efectivas contra los responsables de la pesca ilegal y de acciones violentas contra los pescadores.

Es así que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoyamos el presente dictamen, en razón de que representa una medida legal que habrá de contribuir a poner orden en las pesquerías de un mayor número de especies.

Aquí quiero hacer un reconocimiento a los compañeros diputados de Campeche, de Baja California y de Sinaloa, que nos apoyaron en la presentación de estas consideraciones para ustedes.

Consideramos también que la normatividad en la materia se verá fortalecida con un mecanismo legal en apoyo a las acciones, a cargo de las autoridades, a ser disuasivo de las irregularidades y lucrativas prácticas en que la delincuencia incurre. Es válido recordar que la pesca ilegal ha pasado a ser una práctica que afecta, y mucho, a las medidas de ordenamiento y conservación de las pesquerías, porque por un lado es causa del agotamiento de los recursos, y consecuentemente, de la productividad en prejuicio de aquellos que tienen en ello su único sustento.

Con la aprobación del presente dictamen, planes y programas oficiales encaminados a ordenar y proteger las pesquerías de las especies señaladas estarán viéndose respaldados por una acción de peso jurídico.

Por ello, todos los que apoyamos al sector pesquero estamos solicitándoles, compañeros y compañeras diputadas, el voto a favor de este dictamen. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores, y toda vez que no se han inscrito para su discusión a favor y en contra, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se emitieron 321 votos a favor, 6 abstenciones y 48 votos en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 321 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal. Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta Comisión Dictaminadora.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre de 2014, el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa por la que se reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

El autor de la iniciativa expone que derivado del proceso evolutivo de los derechos humanos, las naciones han ido creando y adecuando su legislación para su salvaguarda, derivado principalmente de los compromisos asumidos a nivel internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración de los Derechos de los Impedidos, entre otros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos publicada el 10 de diciembre de 1948, estableció los principios universales para la protección de los derechos humanos “considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966 y entrada en vigor el 3 de enero de 1976, retoma los avances en materia de protección y seguridad hacia los derechos humanos de las personas estableciendo que las naciones tienen la obligación con sus pobladores de procurar y cuidar su integridad, por lo que en su articulado se definen entre otros:

Artículo 2. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

Artículo 5. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Así la Declaración de los Derechos de los Impedidos proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975, contempla conceptos y términos con la finalidad de que las personas con discapacidad gocen de protección y un trato igualitario ante la sociedad, por lo que establece definiciones aceptadas universalmente y pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración sirva de base y referencia comunes en la protección de sus derechos, siendo algunos de ellos:

1. El término “impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.

4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para los impedidos mentales.

7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales.

9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. Ningún impedido podrá ser obligado, en materia de residencia, a un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le podría aportar. Si fuese indispensable la permanencia del impedido en un establecimiento especializado, el medio y las condiciones de vida en él deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las personas de su edad.

10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales.

12. Las organizaciones de impedidos podrán ser consultadas con provecho respecto de todos los asuntos que se relacionen con los derechos humanos y otros derechos de los impedidos.

13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la presente declaración.

De lo anterior se desprende que una persona discapacitada debe de gozar de los mismos derechos como cualquier otro integrante de la sociedad.

Así, la obligación de proteger a los discapacitados requiere que las sociedades y los Estados les reconozcan y respeten, además de coadyuvar a su bienestar y dignidad bajo principios básicos y universales como son: la libertad, la justicia y la paz bajo condiciones de igualdad y equidad.

Por su parte la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. establece que:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó “que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional” y por ende su obligatoriedad.

En nuestro país aún persisten ciertos tipos de discriminación hacia la población discapacitada, ya que algunos servicios no cuentan con los elementos y facilidades que disfrutan otros segmentos poblacionales, siendo una de estas el transporte.

El diputado iniciante comenta que aunado a lo anterior y considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instruyó a los países para que identifiquen y eliminen los obstáculos, barreras y aseguren que las personas con discapacidad puedan tener libre acceso a su entorno, al transporte, instalaciones, servicios públicos, tecnologías de la información, así como a las comunicaciones.

El proponente expone que la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en su artículo III.1.a. dispone que los Estados deberán de tomar las medidas para eliminar de manera progresiva la discriminación y promover la integración tanto por los sectores público y privado en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, las actividades políticas y de administración.

Dado lo anterior, la Ley de Aviación contempla en su artículo 33, párrafo tres lo siguiente:

“Los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.”

Por su parte la Organización de Aviación Civil Internacional, a través de su resolución A20-21 “Manual para el transporte aéreo de personas con discapacidad”, en su capítulo 1.3.1., emitió el listado que contiene los artículos que las personas con algún tipo de discapacidad, pueden pasar a través de los puestos de control de seguridad instalados en los aeropuertos, los cuales son:

Andadores, animales de servicio, aparatos de apoyo, aparatos ortopédicos, audífonos, bastones, concentradores de oxígeno portátiles de CO2, cualquier otro equipo y suministro relacionado con la discapacidad, dispositivos de aumento, dispositivos de presión positiva continúa en las vías respiratorias (CPAP) y respiradores, dispositivos médicos exteriores, dispositivos para tomar notas en braille, equipos de asistencia o adaptación, escúteres, herramientas para armar y desarmar sillas de ruedas, herramientas para prótesis, implantes cocleares, medicamentos y suministros relacionados, monitores de apnea para bebés, muletas, oxígeno complementario personal, pizarra y estilógrafo, prótesis, sillas de ruedas, suministros de ostomía, todos los medicamentos, equipos y suministros relacionados con la diabetes, yesos y zapatos ortopédicos.

Sin embargo, estos artículos no garantizan su excepción de pago, por lo que los prestadores de los servicios aeroportuarios, no solo deben circunscribirse a facilitar el acceso a las instalaciones de los aeropuertos, sino que debe incluirse en las propias aeronaves para que las personas con discapacidad puedan utilizarlas de manera gratuita, segura, cómoda, con calidad y funcionalidad acorde a sus necesidades.

Lo anterior cobra especial relevancia al considerar que las personas con discapacidad en la mayoría de las ocasiones requieren de accesorios (sillas de ruedas, andaderas, prótesis, etcétera), para desenvolverse o movilizarse, por lo que su uso les es indispensable y por tanto éstos deben considerarse como una extensión física de su cuerpo que suple algún miembro o atenúa su discapacidad, por lo que el suponer que son parte de su equipaje, equivale a discriminarlos, lo que limita su movilidad, integración y uso durante su estadía en aeropuertos y aeronaves.

Sin embargo, dentro de las políticas generales de los aeropuertos para el acceso a ellos, se considera permitido el ingreso con sillas de ruedas, muletas, bastones, etcétera, y para el uso de sillas de ruedas eléctricas, se debe coordinar su ingreso con la aerolínea respectiva.

No obstante dichas políticas no definen con precisión, cuando los accesorios son indispensables para las persona con discapacidad para su movilidad o desenvolvimiento sean una aditamento que les otorga independencia y/o movilidad y que sin ellos no podrían obtenerlas debido a que las aerolíneas las consideran en la mayoría de los casos como equipaje, lo que implica un pago extra por su transportación.

Por todo lo anterior se propuso la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 33 y un sexto párrafo al artículo 42 de la Ley de Aviación Civil para que no se consideren como equipaje los accesorios de las personas con discapacidad

Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 33 de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 33. ...

...

...

La Secretaría establecerá las medidas reglamentarias y las disposiciones aplicables que atiendan a las personas con discapacidad.

Segundo. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 42 de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 42. ...

...

...

...

...

No se considerara como equipaje y por lo tanto no se cobrará tarifa por este concepto a las sillas de ruedas, andaderas, prótesis, muletas, bastones, accesorios y todo instrumento indispensable de las personas con discapacidad, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de éstas de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta.

Artículo Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con el espíritu de esta iniciativa y considera pertinente hacer las siguientes observaciones:

El Congreso de la Unión ha trabajado tanto en esta legislatura como en anteriores en busca del bienestar de las personas con discapacidad, desde la reforma realizada al artículo 1° Constitucional en donde queda prohibida la discriminación por alguna discapacidad, hasta la expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que: “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

Esta misma convención en su artículo 3° en su inciso f) establece que uno de los principios de la convención es la accesibilidad.

El artículo 4° numeral 1 inciso a de la Convención establece que:

1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

El Congreso de la Unión consciente de su obligación al ser México integrante  de la Convención los Derechos de las Personas con Discapacidad, expidió la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y en la que se establece:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo;

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y

V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

Asimismo, el Ejecutivo Federal público en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de noviembre del 2013, la circular CO SA-09.2/13 “Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo”.

La circular es obligatoria para todos los concesionarios y permisionarios del servicio de transportación aérea y operadores aeroportuarios que conforman el Sistema Aeroportuario Mexicano, así como a los permisionarios de aeródromos civiles de servicio general y a los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que no tengan carácter de concesionarios o permisionarios, así mismo se menciona lo siguiente:

3.1. Las personas con discapacidad visual, tienen derecho de viajar con un perro guía o un animal de servicio en cabina de pasajeros, sin cargo extra...

3.2. Se debe de permitir que las personas usuarias con discapacidad o movilidad reducida aborden con ayudas técnicas de su propiedad que sean indispensables durante el viaje, considerándolo equipaje de mano.

3.6. Las sillas de ruedas se documentarán como equipaje, sin costo adicional al pasajero...

Es importante destacar que la Circular CO SA-09.2/13, determina actos concretos de carácter administrativo y que ésta establece en su punto 15.1 que “...estará vigente en tanto no sea cancelada”, lo que genera incertidumbre al desconocer cuándo perderá su vigencia.

Esta comisión dictaminadora en base a lo antes expuesto considera:

Que la propuesta de reforma al artículo 33 ya se encuentra plasmada en el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y para evitar una sobre regulación considera improcedente dicha reforma.

Con respecto a la reforma del artículo 42 esta comisión considera que la intención del legislador por obtener mayores beneficios para las personas con discapacidad es loable; sin embargo, es preciso aclarar que los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, tienen la potestad de fijar libremente las tarifas que establezcan, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que en su parte conducente establece: “Los concesionarios o permisionarios fijaran libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia”.

En ese sentido, se desprende que son los concesionarios y permisionarios quienes fijan libremente las tarifas por los servicios de transporte aéreo que prestan, las cuales se deben de registrar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El artículo 42 de dicho ordenamiento habla de tarifas, sin embargo las prótesis, sillas de ruedas etc. se consideran una extensión de la persona con discapacidad por lo tanto no tendría que estar en el artículo de tarifas si no en el artículo 50 donde se establece los derechos que tienen los pasajeros de transportar sus objetos personales.

De lo anterior esta comisión dictaminadora considera pertinente modificar la redacción para armonizarla con las disposiciones antes mencionadas,

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil

Artículo Único. Se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje . Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dichos límites serán los fijados de conformidad con los tratados.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Norma González Vera (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González, Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), Petra Barrera Barrera, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Humberto Armando Prieto Herrera, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez:Gracias, señor presidente. Antes que nada quiero hacer patente que en la Comisión de Transportes siempre nos ha preocupado la integridad de las personas, que nosotros como legisladores lo primero que ponemos es la seguridad de la gente, el bienestar de los mexicanos y que cada uno de ellos tenga lo mejor que México le pueda dar.

Es por esto que quiero dejar claro que el diputado Rodolfo Dorador vino a proponer una iniciativa en la cual yo creo que todos los partidos estuvimos de acuerdo; una iniciativa que permite que todos los pasajeros que se suban a alguna aerolínea, que utilicen los servicios públicos, tengan el derecho de viajar –cuando exista alguna discapacidad– con sus herramientas necesarias, que a la vez se vuelven una extensión de la persona.

Se volvió una práctica negativa que las personas que llegaba en su silla de ruedas, que llegaban al aeropuerto, después de que abordaban el avión, tenían que pagar equipaje extra por sus herramientas de movilidad.

Esta iniciativa permite que estas personas que tienen todos los derechos y se los debemos de garantizar, puedan abordar los aviones y que su silla de ruedas, sus muletas o cualquier otra herramienta que requieran para hacer uso de su propia movilidad, se convierta en una extensión de la persona y no se le haga un cobro adicional.

Esta iniciativa del diputado Dorador, fue perfectamente apoyada por cada uno de los miembros de todos los partidos, y es por eso que quiero dejar patente: Acción Nacional y todos los partidos que conformamos la Comisión de Transporte, seguiremos viendo por las personas, por la calidad de vida de los mexicanos, pero principalmente para que México siga siendo un muy buen país para todos aquellos que tienen algún problema de discapacidad.

Quiero agradecer a todos los compañeros de la comisión, cada uno de ellos que estuvo presente, que participaron, que abonaron, hicieron propia esta iniciativa y lograron que pasara por unanimidad. Gracias a todos ellos por hacer esto posible y por pensar principalmente en cada uno de los mexicanos.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de Agrupación Morena. Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia del presidente. Compañeros, compañeras legisladores.

El dictamen que se nos presenta para modificar la Ley de Aviación en su artículo 33, párrafo tercero, es acorde con los instrumentos internacionales que ha celebrado México y con las disposiciones constitucionales también en materia de derechos humanos, pretende precisamente hacer efectivo los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad y que puedan, en su momento, poder viajar con todos los instrumentos que requieren para tener movilidad.

Hace la puntualización, por lo que se refiere a los vuelos nacionales y los vuelos internacionales, los ajusta a lo establecido por los tratados internacionales en materia de aviación.

Llama la atención, y como en otras ocasiones lo he puntualizado, que se hacen la reformas legislativas para ajustarnos a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para tratar de hacer efectiva la reforma del 2011, sin que a la fecha o hasta el momento se logren modificaciones sustantivas, y hago este señalamiento por la grave situación que se ha planteado con relación a un relator especial de Naciones Unidas en el caso de tortura Juan Méndez, el que el secretario de Relaciones Exteriores, Meade, lo mismo que el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, lo han descalificado a nivel personal como habiendo cometido problemas de carácter ético por puntualizar que en México se comete la tortura de manera generalizada; subrayo, de manera generalizada.

La mayoría, si no es que todas las organizaciones civiles, lo mismo que académicos, están de acuerdo con este informa presentado por el relator de Naciones Unidas. Si a este informe sumamos el de desapariciones forzadas, lo mismo que el de ejecuciones extrajudiciales, que señalan que México comete estos comportamientos de manera sistemática, México está en una situación donde en los estados se cometen crímenes de lesa humanidad y los más graves crimines en materia de derechos humanos.

El tratar de encubrir, más que encubrir, difamar a un funcionario internacional no resuelve el problema, más allá, precisamente trata de encubrirlo y con ello también encubrir o continuar con una impunidad que no permite a los mexicanos la resolución de los problemas más graves que estamos sufriendo: la impunidad, por un lado, y el respeto a nuestros derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a no ser precisamente ejecutados de manera extrajudicial, el no ser desaparecidos, y con ello la violación a todos nuestros derechos fundamentales, y a no ser torturados.

Morena votará a favor del presente dictamen y enérgicamente –enérgicamente– nos oponemos a las voces que han emitido el secretario de Relaciones Exteriores; el secretario Meade; lo mismo que el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, que es un funcionario internacional que está haciendo su trabajo y que está precisamente velando por la protección efectiva de los derechos humanos. Una enérgica oposición de Morena y de su servidora. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su autorización, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza un eje toral en nuestra agenda legislativa ha sido la defensa y salvaguarda de los derechos humanos de las personas. Bajo esta tesitura hemos apoyado diversos dictámenes como el que hoy nos ocupa, a fin de garantizar la inclusión de las personas en el marco normativo nacional, eliminando cualquier resquicio de discriminación hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

La reforma al artículo 50 de la Ley de Aviación Civil que hoy se discute tiene el propósito de evitar la discriminación hacia los usuarios con discapacidad de las líneas aéreas. Dicha reforma propone que no se considere como equipaje las sillas de ruedas, andaderas, prótesis, muletas, bastones, accesorios y todo instrumento indispensable de las personas con discapacidad. Con ello se evitará el pago de la tarifa por dicho concepto, por lo que sin duda apoyaremos este dictamen, pues consideramos que con ello se contribuye a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad que hacen uso de las líneas aéreas.

No obstante lo anterior, es necesario llamar la atención sobre otros temas que también son importantes para los usuarios de las aerolíneas, incluidas las personas con discapacidad, asuntos que exigen la pronta atención de las autoridades responsables tanto del orden de la aeronáutica como de las encargadas de la defensa de sus derechos como consumidores.

Los servicios ligados a la aviación se han convertido en los de mayor número de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, principalmente por negativas en la entrega del servicio, pérdida de equipaje o la falta de exhibición de precios, tarifas y garantías; las demoras tanto en despegue como en arribo a destinos nacionales.

Hasta el mes de diciembre del año 2014 estas incidencias afectaron a más de 10 millones de pasajeros, por lo que sólo el 68 por ciento de las operaciones realizadas por las líneas aéreas mexicanas se realizaron dentro del horario establecido. Si lo anterior no amerita la intervención oportuna de las autoridades aeroportuarias, qué podemos esperar en cuanto a la supervisión y cumplimiento del ordenamiento que hoy aprobaremos.

Compañeras y compañeros legisladores, por supuesto que nuestro Grupo Parlamentario impulsamos y defendemos la vigencia de los derechos humanos como el de la movilidad de las personas con discapacidad. No obstante, resulta de suma importancia que se salvaguarden los derechos de todas y todos los usuarios de dichos servicios conforme a las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la protección a los consumidores. Las autoridades regulatorias deben garantizar que el servicio ofrecido por las aerolíneas sea eficiente y en los casos en que no lo sean se sancione conforme a la ley a dichas empresas, ya que es responsabilidad de las autoridades aplicar las leyes que hemos aprobado y garantizar los derechos de los usuarios de las líneas aéreas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Javier Gutiérrez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes:Muchas gracias, presidente. Compañeros legisladores, la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados ha hecho llegar a su pleno un dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 a la Ley de Aviación Civil, relativo al derecho que los pasajeros con alguna discapacidad en uso del transporte aéreo nacional tienen para transportar artículos de su uso personal directamente asociados con la discapacidad que presenten.

El compañero legislador promovente remitió un documento en el que se presentaba la posibilidad de modificar el artículo 33 y se adicionara un sexto párrafo al artículo 42 de la Aviación Civil. Al efecto se hizo un acucio estudio de las normas citadas y la implicación que diversos ordenamientos han atendido para resolver una situación que se presenta en la vida cotidiana.

El tema en cuestión es el que corresponde a personas que padecen de alguna discapacidad y que, por lo tanto, requieren del auxilio de diversos instrumentos para su desplazamiento, nos referimos a sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones, o cualquier otro artículo, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ellos de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta.

La Comisión de Transportes, luego de revisar exhaustivamente la propuesta del compañero legislador llegó a la conclusión de que la iniciativa tiene sentido, con la salvedad de que la modificación al texto legal debiera ser al artículo 50 a la ley en comento.

En efecto, el cambio propuesto al artículo 33 ya se encuentra plasmado en el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, por lo que para evitar una sobrerregulación dicha Comisión consideró improcedente modificar esa norma.

En cuanto a la adición a un párrafo sexto del artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, la Comisión estimó procedente el planteamiento. Sin embargo, consideró pertinente aclarar que los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo tienen la facultad de fijar libremente las tarifas que establezcan, con apego a la parte contundente del propio artículo 42.

En ese orden de ideas, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resulta atinada la enmienda que la comisión realizó para que el concepto sujeto a incorporar a la ley en comento, se efectúe en el artículo 50 del mismo ordenamiento. Resultaría idóneo que sea en ese último artículo donde se incorpore la propuesta de nuestro compañero legislador.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del PT votará a favor del dictamen sometido al escrutinio de esta soberanía. Asimismo, nosotros hacemos nuestra la intervención de la diputada Loretta en cuanto a la desaparición forzada, y en apoyo al dictamen del relator especial de la ONU, Juan Méndez. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 15 por ciento de la población total padece de alguna forma discapacidad.

En México, el Inegi informó que en el año 2010 existían 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, es decir el 5.1 por ciento de la población total del país. De esta cifra, el 58.8 por ciento padece una discapacidad motriz y el 8.5 por ciento a una discapacidad mental.

Por muchos años se ha pugnado para que las personas con discapacidad gocen de protección y un trato igualitario ante la sociedad. Mundialmente se han tomado medidas para salvaguardar sus derechos y para que se respete la dignidad humana de estos ciudadanos.

Es así como el reconocimiento de los derechos humanos ha evolucionado, con ello las legislaciones se han adecuado acorde a las necesidades de grupos vulnerables. Sin embargo, aún persisten actos de discriminación hacia los ciudadanos que padecen alguna discapacidad, ya que actualmente encontramos servicios que no cuentan con los elementos o la infraestructura necesaria para la movilidad óptima y adecuada para este sector de la población.

Tener un acceso fácil y adecuado al transporte y a las comunicaciones es de vital importancia, por lo que la Ley de Aviación ha establecido las medidas necesarias para atender, de manera adecuada, a las personas con discapacidad. Sin embargo, hay algunos artículos sumamente necesarios para la movilidad de estas personas, que en muchas ocasiones, casi en todas, no están exentas de pago.

Los concesionarios de estos servicios de transporte aéreo tienen libertad de fijar las tarifas y los cobros que ellos consideren por el servicio que prestan. Sin embargo, resulta necesario legislar este tema, con el fin de regular estos precios, y sobre todo, evitar los abusos de los que son objeto las personas con discapacidad.

Estos aparatos u objetos, sus sillas de ruedas, andadoras, prótesis, muletas o bastones que les son indispensables para tener movilidad con independencia. Estos artículos, para estos concesionarios de aviación son como parte del equipaje, y por tal razón abusan cobrándoles la demasía por dichos instrumentos.

El presente dictamen propone que los artículos y aditamentos ya mencionados, que correspondan a la necesidad de estas personas que viajan en este tipo de transporte, o bien, que hagan uso de ellos de manera personal y se encuentren directamente asociados a la discapacidad que presentan, estén incluidos dentro del artículo 50, que establece los derechos que tienen los pasajeros de transportar objetos personales y no dentro del artículo de tarifas, como se encuentra actualmente.

Aprovecho la tribuna, compañeros legisladores, compañeras legisladoras, para hacer un atento llamado al titular de la Profeco, para que esté pendiente del trato, principalmente del trato y precio de los servicios de estas aerolíneas. Es cuanto, señor presidente, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, a la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Actualmente las personas con discapacidad representan el 15 por ciento de la población mundial, es decir 650 millones de personas que debido a su condición enfrentan numerosos obstáculos para su pleno desarrollo y a menudo son también estigmatizadas.

En México el Censo de Población y Vivienda 2010 registró aproximadamente 6 millones de personas con alguna discapacidad física o mental, cifra que constituye el 5 por ciento de quienes vivimos en el territorio nacional.

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011 de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, el número de personas discapacitadas en todo el mundo aumentará de manera significativa en los años futuros debido a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores y entre quienes padecen alguna enfermedad crónica como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otros trastornos.

Debido a lo anterior, se requiere conformar una política de Estado encaminada a proteger de modo adecuado los derechos de las personas con discapacidad teniendo como ejes la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la lucha en contra de la discriminación, la autonomía y la construcción de un entorno que en general sea más amigable y accesible para ellos.

La experiencia puesta en práctica en otros países, nos muestra que las personas con discapacidad a las que se les brinda espacios adecuados para su desenvolvimiento viven más felices y contribuyen mayormente al desarrollo económico y social de la nación.

La implementación de espacios adecuados para lograr la accesibilidad universal en los inmuebles y espacios públicos constituye una medida de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad al eliminarse las barreras físicas y sociales y facilitar el acceso, la comunicación, el libre desplazamiento y un mejor aprovechamiento de los espacios públicos en este grupo de población especialmente vulnerable.

Bajo esta lógica y con la intención de extender esta política al sector servicios, el proponente de la presente reforma plantea que en servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros con alguna discapacidad tengan derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, bastones, prótesis, muletas o cualquier otro instrumento sin tener que pagar un costo extra para ello.

Lo anterior está orientado a eliminar las barreras que existen en los aeropuertos del país y en los servicios de transporte aéreo nacionales y que constituyen un obstáculo para la movilidad de las personas que sufren alguna discapacidad, afectando sus posibilidades de vivir de manera independiente.

Además, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que es obligación del Estado proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los usuarios de servicios aéreos en nuestro país que generalmente son la parte más débil en las relaciones económicas, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses.

Por lo anterior votaremos a favor del presente proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Roberto Cabrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos.

El diputado Roberto Cabrera Solís:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Roberto Cabrera Solís: Compañeras y compañeros legisladores. El avance y la conquista de los derechos humanos de las personas con discapacidad es una realidad con muchos pendientes por cubrir.

De acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo viven más de mil millones de personas con alguna forma de discapacidad, lo que implica que todos los gobiernos deberían ampliar sus esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios generales, así como a realizar inversiones en programas especializados que hagan posible que las personas con discapacidad desplieguen plenamente sus posibilidades y vivan con dignidad y seguridad.

En este sentido por lo expuesto, el grupo parlamentario del PRD acompañará favorablemente el dictamen en discusión, puesto que busca beneficiar y amparar a pasajeros con alguna discapacidad, al brindarles el derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta.

Las legisladoras y legisladores del Partido de la Revolución Democrática, comparten y coinciden en el compromiso y la sensatez –como representantes populares– de armonizar el marco normativo nacional con los más altos estándares en materia de derechos humanos que se han desarrollado.

Sin embargo reconocemos que este esfuerzo es mínimo y beneficia solamente a un pequeño sector de la población, por lo que nuestro trabajo para garantizar el derecho de cualquier persona a una vida digna, debe redoblarse para que dé resultados tangibles en la cotidianeidad de todas y todos pueda verse, y los esfuerzos no se queden sólo en el papel.

De esta manera la importancia de esta discusión y el trabajo legislativo, se centra en una dolorosa realidad.

En todos los países y en todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad son marginadas y privadas del acceso a algunas de las experiencias y derechos más esenciales de la vida, por condiciones de clase, género, raza y edad.

Las personas con discapacidad representan la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, que ha presentado datos alarmantes al respecto, de acuerdo a éstos, el 20 por ciento de las personas más pobres, tienen alguna discapacidad.

El 98 por ciento de los niños con discapacidad de los países en desarrollo, no asisten a la escuela; cerca de un tercio de los niños desamparados, tienen alguna forma de discapacidad y el índice de analfabetismo de los adultos con discapacidad es tan solo del 3 por ciento, y del 1 por ciento en el caso de las mujeres con discapacidad en algunos países.

México no es la excepción de esta realidad generalizada, en el país existen más de 5 millones de personas con alguna discapacidad; es decir, el 5.1 por ciento de la población, y de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituyen uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en importante medida a la visión históricamente médica o asistencial asumida por nuestros gobiernos hacia este grupo de población. Las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios y académicos, una menos participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad.

Como consecuencia de los obstáculos que entorpecen su acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo, transporte e información, esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.

Al respecto, nuestra Carta Magna en el artículo 1o garantiza y tutela los derechos humanos y preceptúa las discapacidades como una de las casuales de discriminación proscritas.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales, tiene rango constitucional y por ende su obligatoriedad.

Sobre la base de lo anterior referido, los diputados y las diputadas, integrantes de la Comisión de Transportes proponen reformar el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil para garantizar el derecho de cualquier persona pasajera con alguna discapacidad.

Como representantes tenemos la obligación de eliminar los obstáculos, entorpecen el desarrollo integral de las personas con discapacidades, de invertir recursos suficientes, así como de generar marcos normativos nacionales que garanticen el servicio pleno de los derechos humanos de cualquier persona.

Todo esto nos va a permitir darles servicios de asistencia a los discapacitados, no importa, aunque sea a cuentagotas...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado.

El diputado Roberto Cabrera Solís: Y para terminar, quiero mencionar que el maestro Claudio Castillo Peña, quien fuera asesinado por la policía en Acapulco, era un discapacitado, andaba con muletas, por eso no puedo correr, por eso lo asesinaron. Y, hoy, el día de ayer apareció en el sur de Acapulco.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado.

El diputado Roberto Cabrera Solís: Concluyo, diputado presidente. Aparece un informe donde se quiere culpar al dirigente de la CETEG y al delegado de Educación en La Montaña de Guerrero de ser miembros de la guerrilla. Cuidado con este tipo de situaciones, porque nos regresan a los años 70. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Hasta por cinco minutos.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Quisiera iniciar agradeciendo a todos los miembros de la Comisión de Transportes, que preside la comisión mi compañero Juan Carlos Muñoz, y a cada uno de ellos por haber votado por unanimidad en la comisión este dictamen que hoy presentamos. Muchas gracias.

Los derechos humanos han ocupado un lugar cada vez más relevante a nivel nacional e internacional. Es así que las naciones deben crear y, en su caso, adecuar su legislación para garantizar su salvaguarda. Lo anterior obedece a los compromisos asumidos a nivel internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, entre otros.

Por su parte, y en congruencia con la protección de los derechos humanos, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo quinto de su artículo 1o. que: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Refiriéndonos al tema de la discapacidad, el 11 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ordenamiento jurídico que a través de su artículo 13, fracción VI establece que los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia, deberán, entre otros, procurar la accesibilidad en los medios de transporte público general a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Por su parte, la Ley de Aviación Civil contempla en su artículo 33, párrafo tercero, lo siguiente. Los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.

La Organización de Aviación Civil Internacional, a través de su resolución denominada Manual para el Transporte Aéreo de Personas con Discapacidad, emitió el listado que contiene los artículos que las personas con algún tipo de discapacidad pueden pasar a través de los puestos de control de seguridad instalados en los aeropuertos.

No obstante los artículos incluidos en el listado no garantizan su excepción de pago por concepto de ese mismo traslado, y en muchos de los casos generan costos adicionales por ser considerados como parte del equipaje. Dicha situación limita a las personas que presentan alguna discapacidad para viajar y hacer turismo utilizando el transporte aéreo, siendo un factor decisivo al momento de planear un viaje de placer o bien de quienes tienen que hacerlo por alguna necesidad de atención propia.

Por lo anterior, y con el objetivo de garantizar un servicio en igualdad de condiciones y fácil acceso, consideramos que los prestadores de servicios aeroportuarios no sólo deben circunscribirse a facilitar el acceso a las instalaciones de los aeropuertos, sino también facilitar dicho acceso y traslado de instrumentos en las propias aeronaves de manera gratuita, segura, cómoda, con calidad y funcionalidad acorde a sus necesidades.

Por todo lo anterior y agradeciendo de antemano cada intervención de cada grupo parlamentario en favor de este dictamen, es por lo cual solicitamos su voto para la aprobación de este dictamen que hoy se presenta. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Álvaro Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.

El diputado Álvaro Martínez García:Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, las personas con discapacidad han sido un grupo seriamente vulnerable, ello en razón de los altos índices de discriminación que han sufrido por parte de la población en general, por lo que se han llevado a cabo programas y acciones tendientes a combatir este problema. Ejemplo de ello es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud señala como recomendaciones para la inclusión de las personas con discapacidad el proporcionarles acceso a todos los servicios generales, invertir en programas y servicios específicos y adoptar planes de acción y estrategias nacionales sobre la discapacidad.

Respuesta de ello es el Programa Nacional de la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, el cual tiene como principales objetivos el impulsar la realización de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la población con discapacidad, generar una cultura de la discapacidad en todos los órdenes de la vida nacional, transformar el entorno público, social y privado, promover el cambio cultural y de actitud en el gobierno y la sociedad respecto de las personas con discapacidad, con lo cual se beneficiará a las más de siete millones de personas que tienen alguna dificultad para caminar, ver, escuchar o hablar, o de naturaleza mental.

El avance de los derechos de las personas con discapacidad ha fomentado cambios en la infraestructura física y accesibilidad en diversos espacios públicos y privados, como edificios, plazas, parques, estaciones de autobús y aeropuertos.

Ejemplo de este es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que contempla diversas medidas a fin de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, como son los elevadores, bandas peatonales, escaleras y rampas eléctricas, sanitarios exclusivos, rampas de acceso a edificios terminales, transporte en mini vehículos y lugares preferentes en el estacionamiento o en el aerotren.

Si bien este tipo de acciones han coadyuvado a la protección de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad en lugares tan importantes y de gran afluencia, como son los aeropuertos, es importante fortalecer dichas medidas otorgándoles el rango de ley.

En este sentido, la reforma que ahora se encuentra a discusión establece que los pasajeros con alguna discapacidad del transporte aéreo nacional tendrán el derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, maletas, bastones o cualquier otro instrumento.

Esta reforma fortalece los derechos humanos de las personas con dificultades físicas y mentales, permitiéndoles un uso accesible y confortable de los servicios aéreos como pasajeros, toda vez que no se considerará como equipaje y, por lo tanto, no se cobrará tarifa por este concepto a todo instrumento indispensable de las personas con discapacidad, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de éstas de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta.

Por lo anteriormente expuestos, compañeras y compañeros, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

Concluida la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo particular y en lo general.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: A la derecha, diputada. De viva voz, por favor, diputados.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:De viva voz, el sentido de su voto, diputados.

El diputado Rosendo Serrano Toledo(desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas(desde la curul): A favor.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz(desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño(desde la curul): A favor.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se emitieron 366 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTAMENES A DISCUSION DE PUNTOS DE ACUERDO

REVISE LA POLITICA PARA LA DEVOLUCION DE FRECUENCIAS DE RADIO AM, EN RAZON DE LA FALTA DE COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE AFECTARA A LA POBLACION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la política para la devolución de frecuencias de radio AM, debido a la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Radio y Televisión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política para la devolución de frecuencias de radio AM, en razón de la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población, a cargo de los diputados Adolfo Bonilla Gómez y Federico José González Luna Bueno, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aboca al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo antes descrita y somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha diez de marzo de dos mil quince, se dio cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política para la devolución de frecuencias de Radio AM, a cargo de los diputados Adolfo Bonilla Gómez y Federico José González Luna Bueno, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente.

2. Mediante oficio D.G.P.L.62-II-3-2354 de fecha diez de marzo de dos mil quince, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Radio y Televisión la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. Mediante oficio CRT/036/2015 de fecha once de marzo de dos mil quince, la Secretaría Técnica de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, hizo del conocimiento de los integrantes de la citada Comisión el asunto materia de este dictamen, para efectos de su estudio, y la emisión de los comentarios correspondientes.

4. En la multicitada proposición con punto de acuerdo se solicita lo siguiente:

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política pública para la devolución de las frecuencias de radio AM por los efectos adversos que se pudiesen generar con motivo de dicha política pública.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise y, en su caso, modifique el Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a efecto de que se suspenda la devolución de las frecuencias de radio AM, hasta en tanto se implementen las acciones necesarias que garanticen la cobertura, continuidad, pluralidad de la información para la población, así como la no afectación a la industria de la radiodifusión sonora.

Como se aprecia el objeto del exhorto es requerir al órgano constitucional autónomo encargado de regular el desarrollo eficiente de la radiodifusión, a fin de que revise puntualmente que la devolución de frecuencias de AM, establecida en el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008, no se vaya a generar afectaciones a la población, ya sea porque se interrumpe el servicio de radio AM, o bien porque se disminuya su cobertura.

A partir de estos antecedentes, los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora resulta legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1 fracción VI, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La competencia por materia del asunto corresponde a un tema de radiodifusión, ya que particularmente aborda una situación específica sobre las estaciones de radio AM, mismo que es atinente a la competencia material de esta Comisión ordinaria, y para ello, partimos de la definición que proporciona la fracción III del apartado B del artículo 6o. Constitucional: La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional.

En tal tesitura, dicho servicio público de interés general se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello, precisando que lo anterior se prevé expresamente en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ahora bien, hay que señalar que derivado de un fenómeno de avance tecnológico denominado “convergencia tecnológica” tanto los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones tienden a fusionarse o converger, tan es así, que mediante el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, publicado el once de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se imprime en el artículo cuarto transitorio el concepto de convergencia, de acuerdo lo siguiente:

Cuarto. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Énfasis añadido

Por lo tanto, se ordenó la emisión de una nueva ley convergente que regule tanto la prestación de los servicios de radiodifusión como de telecomunicaciones, pero es necesario precisar que el servicio público de radio y televisión tiene una importancia capital, ya que el mismo se recibe por las audiencias sin ningún costo, siempre que se tenga o adquiera el aparato idóneo para recibir las señales abiertas, por lo que las personas únicamente pagan por la adquisición del citado equipo; al contrario de lo que sucede en los servicios de telecomunicaciones, en los que se tiene que pagar una suscripción y una tarifa periódica por el consumo del servicio, además de la adquisición o renta del equipo terminal de telecomunicaciones.

De acuerdo a lo anterior, es trascendental distinguir cuando se trate de un tema específico de radiodifusión, frente a cuando sea un tópico de telecomunicaciones, ya que en el primer caso será competencia directa y natural de esta Comisión de Radio y Televisión, como ocurre en el caso en particular.

Segunda.Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden en que las finalidades que persigue el Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política para la devolución de frecuencias de Radio AM, en razón de la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población,tiene un alto sentido social que salvaguarda la pluralidad informativa, la libertad de expresión y el desarrollo de la radiodifusión, ya que se busca asegurar que las audiencias sigan teniendo un servicio público de interés general, y además se apoya a las estaciones de radio de amplitud modulada (AM), que sin lugar a dudas, prestan un servicio invaluable para la población.

En razón de lo cual, se considera pertinente la presentación y aprobación de la proposición con puntos de acuerdos materia del presente dictamen.

Tercera. La Comisión de Radio y Televisión coincide con los argumentos expuestos en el asunto materia de este dictamen que sustancialmente se resumen en los siguientes puntos:

1. Se afecta la pluralidad informativa y el derecho de acceso a la información al reducirse el número de estaciones de radio.

2. Se pierde la continuidad y permanencia de un servicio público de interés general, como lo es el servicio de radiodifusión, por lo que atañe a las estaciones de radio de AM.

3. La población que se viese afectada por el apagón de las estaciones de AM no tendría acceso a campañas informativas relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia o desastres.

4. Las frecuencias de AM que se dejen libres, serán ocupadas por señales de estaciones extranjeras, particularmente, en las fronteras del país.

5. El cierre de estaciones de AM representa un desequilibrio económico para los diversos inversionistas y empresarios del sector, así como una disminución de fuentes formales de empleo.

6. Hasta el momento, las frecuencias del espectro radioeléctrico que queden disponibles por el cierre de las estaciones de AM, no tienen un nuevo uso específico, que amerite su devolución inmediata, y tampoco existe un fenómeno de interferencia perjudicial que amerite su restricción.

7. Se podría provocar una disminución de las fuentes de información en materia político-electoral, donde a diversas poblaciones, que representa un gran número de ciudadanos, se les privaría de contenidos informativos y noticiosos relativos a los procesos electorales.

Como se aprecia, son múltiples y fundadas las razones que aducen los proponentes del punto de acuerdo, y todas ellas, están dirigidas o enfocadas a la protección de los derechos de las audiencias en nuestro país, así como al desarrollo de una industria o sector productivo, como lo es la radio de AM.

A continuación, glosaremos las afirmaciones de los proponentes para verificar su pertinencia.

Evidentemente, se afecta la pluralidad informativa y el derecho de acceso a la información al reducirse el número de estaciones de radio, actualmente en el país, las estaciones de radio AM y FM suman un total casi 1400 medios, y un 30% son estaciones de radio AM, por lo que de facto se estaría reduciendo, casi en un tercio, las fuentes de información y entretenimiento que tienen las personas, afectando la diversidad o variedad de contenidos que se ofrecen, por lo que consideramos que el desarrollo eficiente de la radiodifusión no debe encaminarse en ese vía, por lo que esta posición política que se dictamina favorablemente persigue que se mantenga la continuidad y permanencia de un servicio público de interés general de las estaciones de radio de AM.

Otra posición de los sustentantes del punto de acuerdo afirma que la población que se viese afectada por el apagón de las estaciones de AM no tendría acceso a campañas informativas relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia o desastres, a efecto de acreditar tal aseveración, de acuerdo al Informe sobre la utilización de los tiempos de radio, televisión y cinematografía correspondiente al sexto bimestre del año 2014presentado por la Secretaría de Gobernación, los tiempos de Estado en Radio acumularon poco más de 40 mil horas, donde se difundieron campañas de información pública, veamos el siguiente cuadro:

Y por lo que corresponde al llamado “ Tiempo Fiscal” se destinaron 35,782 horas, a continuación la tabla correspondiente:

De conformidad con los datos mostrados, observamos que la radio a través de los Tiempos de Estado y Fiscal, se utilizaron casi 76 mil horas, tan solo en noviembre y diciembre de 2014, para difundir campañas de salud, educación, desarrollo social, de protección al consumidor, inclusive son de los contenidos que mayor porcentaje de difusión tiene, de ahí que esta Comisión Dictaminadora estima que resulta fundada la posición de los iniciantes en lo relativo a una reducción de la información pública de interés social.

Un argumento más que esbozaron los iniciantes del punto de acuerdo materia de este dictamen va en el sentido de que las frecuencias de AM que se dejen libres, serán ocupadas por señales de estaciones extranjeras, particularmente, en las fronteras del país,al respecto podemos acreditar que es una problemática añeja, que inclusive se ha reconocido por las propias autoridades de nuestro país, al efecto sirva de prueba, la parte expositiva de los Lineamientos para la transición a la radio digital terrestre (RDT), de las estaciones de radiodifusión sonora ubicadas dentro de la zona de 320 kilómetros de la frontera norte de México, publicados el catorce de mayo de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, donde se afirma lo siguiente:

Debido al proceso de transición de la radiodifusión sonora analógica a la digital, que se viene llevando a cabo en los Estados Unidos, utilizando el sistema In Band On Channel (IBOC) en operaciones diurnas, se han presentado en la zona de la frontera norte de nuestro país, algunos casos en los que se han reportado problemas en la calidad de la recepción de las señales emitidas por estaciones de radiodifusión mexicanas, lo que se ha hecho del conocimiento de la Federal Communications Commission de los Estados Unidos (FCC), a fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar dichos problemas.

La zona de la frontera norte, tanto para las estaciones de radio que utilizan la banda de frecuencias de 535 a 1605 kHz con modulación en amplitud (AM) como para las estaciones de radio que utilizan la banda de frecuencias de 88 a 108 MHz con modulación en frecuencia (FM), se encuentra definida, para el caso de AM en el Convenio suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América en el año de 1986, y para el caso de FM en el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América en el año de 1992. Para efectos de los presentes Lineamientos, la zona de la frontera norte, corresponde a los 320 kilómetros dentro del territorio nacional, a partir de la frontera norte de México.

Dado el continuo incremento en el número de estaciones de radiodifusión sonora estadounidenses que utilizaran el sistema IBOC, como parte del proceso de transición a la radiodifusión digital, se podría ir incrementando el número de problemas en la recepción de las señales emitidas por estaciones de radiodifusión mexicanas, por lo que de no adoptarse acciones por parte de México, los Estados Unidos estarían partiendo del supuesto consentimiento ante situaciones de hecho, respecto de futuros reclamos que se les pudiera plantear, lo cual, por sí mismo, constituiría una invasión espectral en la zona de coordinación prevista en los Acuerdos Bilaterales antes mencionados.

Énfasis añadido

Luego entonces, es necesario que el nuevo órgano regulador reconozca el tema planteado, y realice las acciones correspondientes que eviten una invasión espectral, tal y como se refiere en el instrumento normativo citado.

Por otra parte, en lo que concierne a que el cierre de estaciones de AM representa un desequilibrio económico para los diversos inversionistas y empresarios del sector, así como una disminución de fuentes formales de empleo;en lo particular consideramos que dadas las condiciones económicas por las que atraviesa el país, que incluso orillaron a implementar una serie de medidas de ajuste, por consecuencia, esta Comisión de Radio y Televisión concuerda con los proponentes en el sentido de que las acciones públicas deben orientarse a la conservación de inversiones y de fuentes de empleo.

En lo que corresponde a la causa de pedir consistente en que se podría provocar una disminución de las fuentes de información en materia político-electoral, es indudable el papel de la radiodifusión en el modelo de comunicación político-electoral, en efecto, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha trece de noviembre de dos mil siete se publicó el Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se establecieron nuevas normas en materia electoral, que entre otros temas, se prohíbe a los partidos políticos contratar propaganda en radio y televisión y hace extensiva dicha prohibición a cualquier persona, y al efecto se establece un modelo de reparto de tiempos con fines electorales.

Bajo la misma ruta de acreditar lo expuesto por los iniciantes, a manera de guisa, se exponen a continuación algunos mapas de cobertura de algunas estaciones de AM de acuerdo a información oficial del Instituto Nacional Electoral, con ello se acredita la amplitud de la cobertura e importancia que tienen en la transmisión de los mensajes político-electoral en estaciones de radio AM, enseguida los ejemplos anunciados:

Como se observa en las gráficas, se prueba fehacientemente la amplia cobertura geográfica que tienen las estaciones de radio AM, donde algunas sirven a más de una población, incluso a más de una entidad federativa, de ahí que la información expuesta apoye el sentido positivo de este dictamen.

Cuarta. Se debe considerar el tema en toda su extensión e impacto para la población, ya que se trata de poco más de cuatrocientas estaciones de radio AM, conforme a los datos estadísticos de la infraestructura que refiere el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que disminuir o afectar el servicio, significa aquejar el mismo número o más de poblaciones que actualmente se sirven de la radio de AM.

Inclusive, este fenómeno adverso para la cobertura del servicio, también obedece a un aspecto técnico, que el propio Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, en su último considerando, refiere que al dejar de transmitir en AM y sólo en señal de FM, se puede reducir el área de cobertura, párrafo que se cita a continuación:

Que dadas las características de propagación de las señales de FM en la banda de 88-108 MHz, es posible que en algunos casos la cobertura de las estaciones se vea reducida en relación con la cobertura actual de las estaciones de AM en la banda de 535-1705 kHz,...

Otros datos adicionales que podrían ilustrar la importancia de la radio para las personas, los podemos encontrar en el de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México que presenta los siguientes datos relevantes:

• Al día, la radio se escucha fuera del hogar durante 3.8 horas en promedio. En el auto particular el tiempo promedio de escucha es de 2 horas diariamente.

• El porcentaje de las personas que escuchan la radio fuera del hogar llega al 30% a partir de las 6 de la mañana y se mantiene con ligeras variaciones hasta las 6 de la tarde. Se alcanzan máximos de audiencia entre las 6 y las 11 de la mañana y de las 2 a las 6 de la tarde.

• El 51% de las personas escuchan la radio en su trabajo. Este segmento está conformado principalmente por hombres de 25 a 34 años, empleados de nivel medio.

• El 64% considera que la frecuencia con la que escucha la radio ha aumentado, la principal razón es porque se percibe mayor variedad de música y porque hacen más tiempo en trasladarse de un lado a otro.

Por otra parte la radio representa poco más de 5.5 miles de millones de pesos al año en el rubro de la inversión en publicidad, de acuerdo al estudio de la Confederación de la Industria Mercadotécnica de 2011; en seguimiento de la citada investigación, la radio tiene los más altos márgenes en cuanto al consumo de medios masivos con un 80%, vea-mos la siguiente gráfica:

Igualmente el Inegi, en la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información de los Hogares 2010, arroja que al menos 8 de cada 10 personas cuentan con un radio en su hogar, por lo que es de las tecnologías que mayor penetración y arraigo tiene en la población, veamos:

Por las anteriores consideraciones, esta Comisión de Radio y Televisión resuelve proponer el siguiente exhorto respetuoso bajo el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política pública para la devolución de las frecuencias de radio AM por los efectos adversos que se pudiesen generar con motivo de dicha política pública.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise y, en su caso, modifique el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a efecto de que se suspenda la devolución de las frecuencias de radio AM, hasta en tanto se implementen las acciones necesarias que garanticen la cobertura, continuidad, pluralidad de la información para la población, así como la no afectación a la industria de la radiodifusión sonora.

Notas:

1 Convergencia, significa concurrir al mismo fin, es decir unirse por un interés común para la integración de soluciones de comunicación con bases tecnológicas universales... con el fin de crear un estándar universal para el flujo, intercambio y transferencia de información entre dispositivos de toda índoles, en suma la convergencia tecnológica se da cuando diversos servicios (televisión, radio, telefonía , internet) convergen en un mismo equipó, en otras palabras, un mismo aparato tecnológico es capaz de recibir cualquier servicio. Al respecto se puede consultar: RAMOS MATEOS, José Leonardo. La convergencia tecnológica, en la Regulación de las Telecomunicaciones, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, págs. 23-34.

2 La infraestructura de estaciones de radio se puede consultar en el sitio web del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en: http://www. ift.org.mx/iftweb/industria-intermedia/unidad-de-sistemas-de-radio-y-television /tramites-y-servicios/infraestructura-de-estaciones/

3 Un resumen de las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 30 de enero de 2015, se pueden encontrar en: http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_ vocero/2015/vocero_05_2015.pdf

4 La consulta se puede realizar en el siguiente vínculo de internet: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_Mapa_ de_Coberturas_de_Radio_Television-id-5234afe38 e332210VgnVCM1000000c68000aRCRD/

5 La infraestructura de estaciones de radio AM está disponible en: http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2015/01/Infraestructura _AM_20-01-15.pdf

6 Disponible en el siguiente vínculo de internet: http://www.amap. com.mx/download/Estudio%20de%20H%C3%A1bitos%20de%20los%20Radioescuchas%20Fuera% 20del%20Hogar%202006.pdf

7 Disponible en: http://cicomweb.org/respaldo/index.php/news-feeds/la-cumbre-de-la-comunicacion

8 Se puede consultar en: http://www.inegi.org.mx//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuest as/especiales/endutih/2010/ENDUTIH2010.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Radio y Televisión, diputados:Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), secretarios; María del Carmen Guzmán Urbán (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Erika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES MEXICANOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a promover, implantar y supervisar acciones para mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover, implementar y supervisar, diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos a la luz de la nueva Legislación Estadounidenses en la materia; a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentado en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 3 de febrero del año en curso.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 3 de febrero de 2015 la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover, implementar y supervisar, diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos a la luz de la nueva Legislación Estadounidenses en la materia

El 4 de febrero de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-6-1950 y número de expediente 5975 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente

Consideraciones

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señala que el Estado es el rector y promotor para fortalecer la soberanía nacional, formando condiciones para el desarrollo rural integral, entendiéndose, como desarrollo en la nueva concepción de la ruralidad a todas las actividades económicas licitas que generan sustentabilidad y sostenibilidad, de la población del medio rural, además de fomentar las actividades agropecuarias y forestal, con el fin de la utilización de las tierras, además de dotar de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Que el objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es la de promover el desarrollo rural sustentable del país, con la salvedad de propiciar un medio ambiente sustentable, incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, considerando una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos que fomenten la competencia y mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo;

Que el mismo Plan Nacional de Desarrollo establece “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, disponiendo al mismo tiempo que para efectos de lograr su consecución se implementarán las estrategias de política pública nacional:

1. “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”;

2. “Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario”;

3. “Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos”;

4. “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, y

5. “Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo”.

Asimismo, en el marco de la Meta Nacional “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”;

Que en este mismo contexto de políticas públicas para el desarrollo, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establecen los siguientes objetivos estratégicos:

a) Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria;

b) Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario;

c) Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; d. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; y

e) Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural;

Que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, establece por su parte como objetivo de atención de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: “Fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes”;

Que se reconoce la intención de la promovente que los recursos gubernamentales destinados al sector agroalimentario deberán de ser utilizados de una manera más eficiente para atender la problemática en la que está inmerso el sector, en virtud de que los productores enfrentan limitantes por baja productividad e insuficiente producción de las unidades de producción agrícolas, debido a la fragmentación de las unidades de producción, falta de organización de los productores y desarticulación de las cadenas productivas; uso reducido de tecnología, el deterioro de los recursos naturales, y la baja mecanización y agregación de valor;

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción I; 29, fracciones I y II; y 30 fracciones I, II, III y IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; así como en sus Anexos 11 y 11.1, se establecen los criterios generales para la aportación y aplicación a que deberán sujetarse las reglas de operación de los programas federales y en el anexo 25 del propio Decreto se enlistan los programas federales sujetos a reglas de operación.

Que las reglas de operación privilegian el gasto en bienes públicos, por su mayor impacto en productividad y eficiencia de los productores del sector agropecuario, pesquero y acuícola, sin dejar de apoyar la inversión privada;

Que en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se apunta que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades aplicaran el principio de gasto racional, equilibrado y sostenido.

Que en el marco jurídico que rige las políticas públicas para el medio rural, a pesar de la emergencia económica por la que está pasando el país, el presupuesto destinado a las actividades agropecuarias y del medio rural no impactaron, por lo que los diferentes programas y proyectos de inversión a este siguen vigentes.

Que las secretarías de Estado siguen destinando recursos para financiar la constitución de microempresas rurales, por lo que se sigue fortaleciendo las organizaciones de productores y sus microempresas.

Que el establecimiento de programas de educación y capacitación a productores agrícolas a fin de lograr la transferencia tecnológica para dotarlos de conocimientos que requieren las nuevas formas de producción, comunicación, consumo y comercialización relacionadas con su actividad.

Que el financiamiento y fomento de microempresarios rurales en sus diversas fases de producción, almacenamiento y comercialización agrícola, facilitan los instrumentos necesarios para comercializar hacia los consumidores evitando intermediarios.

Por los argumentos antes expuestos, esta Comisión Dictaminadora, somete a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero:La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a seguir promoviendo, implementar y supervisar, diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos a la luz de la nueva Legislación Estadounidenses en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez, secretarios; Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica).»

LLEVE A CABO UNA CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS BENEFICIOS Y APROVECHAMIENTOS DEL DENOMINADO ARBOL DE MORINGA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Sagarpa a llevar a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del “árbol de moringa”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por lo que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa; a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada en la sesión del día 10 de marzo de 2015.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir Dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 69, 80, 81, 82, 84, 102, 157 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a esta comisión dictaminar la proposición con punto de acuerdo en comento, a partir de los siguientes

Antecedentes

El día 10 de marzo del año en curso, la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa.

El 11 de marzo de 2015 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio: D.G.P.L. 62-II-6-2058 y número de expediente 6232 la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a partir de las siguientes:

Consideraciones

Que la moringa es un árbol perenne caducifolio. Presenta rápido crecimiento, unos 3 m en su primer año pudiendo llegar a 5 m en condiciones ideales; adulto llega a los 10 y 12 m de altura máxima. Tiene ramas colgantes quebradizas, con corteza de corcho, hojas color verde claro, compuestas, tripinadas, de 30 a 60 cm de largo, con muchas hojas pequeñas de 1, 3 a 2 cm de largo por 0,6 a 0,3 cm de ancho. Florece a los 7 meses de su plantación. Las flores son fragantes, de color blanco o blanco crema, de 2,5 cm de diámetro. Produce vainas colgantes color marrón, triangulares, de 30 a 120 cm de largo por 1, 8 cm de ancho, divididas longitudinalmente en 3 partes cuando se secan; cada una contiene aproximadamente 20 semillas incrustadas en la médula. Semillas de color marrón oscuro, con 3 alas.

El árbol de “moringa oleífera”, mejor conocido como moringa, es originario del sub continente de India, también es conocido como el árbol de la vida o la planta milagro. Derivado de que crece casi en cualquier tipo de suelo, se ha propagado por todo el mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Moringa es un cultivo importante en India, Filipinas, Etiopia y Sudán y se está cultivando en Asía Oriental, occidental y austral, Asia tropical, América Latina, el Caribe, Florida y las Islas del Pacífico.

En general, este árbol cuenta con propiedades nutritivas, curativas, entre las que destaca su poder anti inflamatorio, analgésico, anti asmático, anti anemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, anti hipertensión, productor de hormonas, hidratante, desintoxicante, diurético, fortalece músculos y huesos, mejora la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje.

Se cree que el árbol de moringa llegó a México a través de los viajes de la Nao de China, o que los misioneros que viajaban de África a Latinoamérica en el siglo XX la trajeron al continente. Se cultiva “en los pueblos de toda la costa del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta Chiapas, incluyendo el sur de la península de Baja California (al sur de la Paz y de Todos Santos). Los ejemplares de moringa son especialmente abundantes y frondosos en las llanuras calientes del sur del istmo de Tehuantepec. La planta también se cultiva en los poblados de las depresiones tropicales secas del país, como la del Balsas y la depresión central de Chiapas. La planta se encuentra en los pueblos de la zona del Infiernillo y en las cercanías de Apatzingán, Mezcala, Iguala y Tequesquitengo”.

En nuestro país la moringa ha sido utilizada más por su uso medicinal que por el nutritivo. Asimismo, se han llevado a cabo estudios científicos sobre las propiedades de este árbol, como los del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), entre los que destacan: hidrogeles de quitosano como soporte del péptido extraído de la semilla moringa oleífera en el tratamiento de aguas; desarrollo y validación de un método analítico HPLC para la cuantificación de esteroles en moringa; caracterización de proteínas de semilla de moringa por electrofóresis y HPLC. Cabe destacar que el ITSON tiene convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición de la India, para validar la información científica.

La moringa ya ha sido registrada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la categoría de alimento, así como producto forestal ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Ambientales (Semarnat).

Por su parte la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través del Centro de Agricultura Protegida de la Facultad de Agronomía, puso en marcha el Proyecto moringa agrovitae que busca extender el cultivo de la planta, comenzando por escuelas y comunidades de alta marginación. El coordinador del proyecto, el experto en nutrición vegetal, Emilio Olivares Sáenz, manifestó “que mediante la Cruzada contra el Hambre, el gobierno federal podría impulsar el cultivo de la moringa, y en cinco años habría avances, pues no sólo puede usarse como alimento para el ganado y los humanos, y con efectos medicinales, sino que el aceite de la semilla puede emplearse en gastronomía como si fuera el de oliva, y es útil para producir biocombustible”.

Se prevé que el mercado de moringa en México crezca en los próximos años. En estados como Sonora, Jalisco, Michoacán y Campeche se le ha dado gran impulso. En Sonora la Fundación de Apoyo Infantil lanzó un programa en el cual aplican 3 gramos de harina moringa a la tortilla en zonas vulnerables del Estado. En Campeche el Gobierno del Estado y el Centro para la Competitividad e Innovación está considerando el lanzamiento de un programa de árboles traspatio masivo y la distribución de harina para la población vulnerable.

Que de acuerdo con información del Informe de Pobreza Extrema en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, la carencia por acceso a la alimentación se ubicó como la segunda privación social que más afectó a la población mexicana, con 27.4 millones de personas, lo que representa un 23.2 por ciento, casi una cuarta parte del país. En la mitad de los estados más de una cuarta parte de sus habitantes tuvieron problemas para acceder a la alimentación.

Que el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. El cual en su Artículo Primero establece que “La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo Segundo del presente decreto”.

Que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento al Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. “Durante el 2013, en todo el país, la Conafor otorgó apoyos económicos por el monto de 731 millones 869 mil pesos a 246 de los 405 municipios prioritarios para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para trabajar 6 mil 729 proyectos que beneficiaron a 6 mil 891 familias mexicanas”.

Que el gobierno federal a través del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) apoya a los dueños y poseedores de bosques, selvas, manglares, humedales y zonas áridas, para cuidar, mejorar y aprovechar sustentablemente los recursos forestales presentes en estos ecosistemas. Cuyo objetivo es “Apoyar la realización de diagnósticos, estudios (técnicos y sociales) y proyectos integrales de desarrollo forestal, con el propósito de fundamentar, justificar, articular, orientar y secuenciar de forma eficiente y eficaz, las acciones de los beneficiarios respecto de las actividades de conservación y restauración, producción y productividad, cadenas productivas, servicios ambientales y demás procesos ligados al desarrollo forestal sustentable del país”.

De la misma forma, las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR incluye seis Componentes que son: I. Componente Estudios y Proyectos, II. Componente Desarrollo de Capacidades, III. Componente Restauración Forestal y Reconversión Productiva, IV. Componente Producción y Productividad, V. Componente Servicios Ambientales y VI. Componente Cadenas Productivas, cada uno de ellos cuenta con un objetivo y población objetivo diferentes, que pueden incluir a propietarios, poseedores o usuarios de terrenos forestales o preferentemente forestales, definidos como elegibles para su incorporaciónal manejo técnico sustentable a través de la elaboración de estudios para el aprovechamiento maderable y no maderable; ejidos y comunidades con recursos forestales y/o las asociaciones legamente constituidas que entre ellos formen para llevar acciones de desarrollo forestal comunitario; empresas forestales y/o cadenas productivas forestales en proceso de integración o las constituidas bajo la metodología de integración, considerando aquellas empresas que ya están incorporadas a las cadenas y que trabajan de manera regular.

Asimismo, el artículo 14 de las Reglas de Operación 2014 manifiesta que “serán elegibles de manera preferente para recibir apoyos, las solicitudes provenientes de los municipios señalados en el Anexo “A” del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando las solicitudes reúnan los requisitos técnicos solicitados en estas Reglas y se ubiquen en las áreas elegibles determinadas por la Conafor” . Y que “Únicamente se apoyarán proyectos ubicados en las áreas elegibles determinadas por la Conafor para cada concepto o modalidad de apoyo, mismas que serán publicadas en la página de Internet de la Conafor”.

Por lo anteriormente expuesto esta comisión dictaminadora somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ejercicio de sus facultades lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa dirigido a agricultores y productores a fin de incentivar su cultivo y aprovechamiento en beneficio de las familias mexicanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de la Comisión Nacional Forestal para que, en el ejercicio de sus facultades, incluyan como área elegible determinada por la Conafor, a todas aquellas zonas en donde se cultive el árbol de moringa, y puedan ser beneficiarias del Programa Nacional Forestal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado, Ofelia Limón Robles (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez, secretarios; Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica).»

TIPIFIQUEN EN SUS CODIGOS PENALES, LOS DELITOS DE ROBO, FRAUDE Y FALSIFICACION DE VALES Y TARJETAS ELECTRONICAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos locales a tipificar en los códigos penales respectivos los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversos congresos locales para que tipifiquen en sus códigos penales los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas, suscrito por los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de enero de 2015.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno del Congreso de la Unión el presente dictamen, con arreglo a los apartados siguientes:

Metodología

La Comisión de Justicia del Honorable Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes generales. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. Contenido de la proposición.Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen.Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. Resolutivo.Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Cámara de Diputados.

I. Antecedentes generales

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 28 de enero del 2014, los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversos congresos locales para que tipifiquen en sus códigos penales, los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Justicia  de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio No. DGPL 62-II-5-2424.

II. Contenido de la proposición

La proposición pretende:

“Único. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, emita un atento y respetuoso exhorto a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia, reformen sus correspondientes Códigos Penales entorno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas. Como una forma más de contribuir a combatir la inseguridad e impunidad que se vive con mayor intensidad en algunas zonas del país.”

Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“La creciente ola de violencia e inseguridad que aqueja al país, encuentra como uno de sus elementos generadores, el alto grado de impunidad de los delitos cometidos. Mientras no exista una sanción efectiva a estas conductas antisociales, los criminales seguirán cometiéndolas libremente; con las amplias ganancias y negativas consecuencias sociales por todos conocidas.

Otro elemento que facilita la comisión de delitos, es la falta de un marco normativo que permita a las autoridades perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes; lo que a la larga se traduce en una falta de certeza para las inversiones y pérdida de competitividad de los estados para atraer y mantener dichas inversiones (Situación que más adelante se desarrollará con detalle).

En este contexto se encuentran los delitos que se cometen con los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, en donde las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel; y recientemente a través de los dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica.

Como un elemento que refuerza lo anterior, es la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del año 20101 (ANEXO A) que con datos estadísticos revela, el alarmante crecimiento de la actividad delictiva en el país.

Dicha encuesta señala al robo como el delito de carácter patrimonial con mayor prevalencia, seguido por el de fraude; a lo que debemos agregar la falta de denuncia (que representa una importante cifra negra) derivado de la falta de confianza en las instituciones para cumplir el objeto para el que fueron creadas.

El vale y ahora estos nuevos dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica, constituyen el medio más adecuado y utilizado para otorgar a los trabajadores la ayuda de despensa; la cuál es una de las más importantes prestaciones de previsión social y que representan un ingreso exento para los mismos, en los términos del artículo 25 fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los tipos de delitos que se cometen con los vales son:

a) Robo. Que ocurre en dos momentos:

• Los que sufren los clientes cuando acuden a recoger sus vales a las empresas emisoras.

• Los que se comenten directamente a las empresas emisoras en sus instalaciones o vehículos de mensajería.

Las empresas emisoras tienen documentados 250 casos en los últimos 2 años por un importe de 15 millones de pesos. Sin embargo, no ha sido posible cuantificar los siniestros ocurridos a los clientes por parte de bandas organizadas que los esperan en los alrededores de sus centros de trabajo y los siguen hasta despojarlos de sus vales, ya que no presentan la denuncia correspondiente por temor a represalias o por desconfianza en el papel de la autoridad.

b) Falsificaciones.- Éste delito se realiza con mayor intensidad, ya que se pueden obtener grandes beneficios por parte de las bandas organizadas. Lo cual, ha originado que las personas morales autorizadas para ello inviertan una gran cantidad de recursos en el desarrollo e implementación de medidas de seguridad como son: tintas especiales, papel seguridad, grabados, troquelados, entre otros.

No obstante lo anterior, como se dijo, en años anteriores, 5 empresas sufrieron algún tipo de falsificación superando los 1.5 millones de pesos en pérdidas por estos ilícitos.

e) Fraude. No sólo las empresas se han visto afectadas por este tipo de ilícito. Adicionalmente, los falsificadores distribuyen y en algunos casos comercializan los vales en los alrededores de tiendas comerciales aprovechándose de la buena fe de las personas al venderles un vate a un precio menor al de su valor nominal. Una vez adquirido y al llegar a la caja con sus productos, les informan que los vales son falsos y por ello no se los pueden aceptar.

Problemática.

Con las acciones mencionadas, se ha defraudado frecuentemente a amas de casa o trabajadores que se quedan sin dinero y sin su despensa, muchas veces, la de todo un mes; ya que impunemente son engañados al pagar por algo que no tiene valor.

Otros afectados por las falsificaciones y fraudes, son los establecimientos afiliados al sistema que realizan el canje de bienes y servicios, pero al final, son las empresas emisoras las que tienen que responder al 100% por la recepción de estos vales falsificados o utilización de dispositivos electrónicos, so pena de que los establecimientos -como las grandes cadenas comerciales y tiendas departamentales- ya no los reciban.

Ante el crecimiento de este tipo de conductas antisociales, las grandes cadenas o tiendas de autoservicio -sobre todo en entidades como Tabasco, Quintana Roo en el sur del país; Tlaxcala y San Luis Potosí en el centro y bajío respectivamente- han expresado su intención de No recibir más los vales y tarjetas como medio de canje de bienes y servicios.

De concretarse lo anterior, sería en perjuicio no sólo de las empresas emisoras, sino también de miles de trabajadores que por medio de esta prestación social-como son los vales y ahora las tarjetas electrónicas- complementan su canasta básica y  hacen su despensa en este tipo de establecimientos; lo cual sería en agravio de miles de familias.

Si bien, los códigos penales de las entidades antes señaladas contemplan los delitos de robo, fraude y falsificación, no existe una definición clara de la naturaleza jurídica de lo que es un “vale”, por lo cual, considera sería un gran avance el hecho de que en la legislación quedara plasmado y sirviera como un referente obligado para la interpretación o cualquier efecto jurídico “erga omnes”; por tener una naturaleza jurídica distinta a la de los títulos de crédito como son el pagaré o cheque, ya que los vales –por ejemplo– no son endosables o autónomos como aquellos; por lo que no se ajusta o “encuadra” en el tipo penal preexistente.

Ante la ausencia de una tipificación concreta de las conductas que tienen que ver con la producción, impresión, enajenación, distribución, alteración, y falsificación, robo y fraude de vales de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios, resulta necesario establecer como medida de política criminal, el calificar las conductas; lo que permitirá darle una mayor punibilidad. Recordemos la máxima de derecho que sine pena sine lex (No hay pena sin ley) ya que el derecho penal debe ser en estricto sensu.

Por ello, es necesario que el legislador local -por tratarse de delitos del fuero común- realice una modificación a la normatividad sustantiva penal que atienda un problema que impacta y pude impactar aún más, a empresas mexicanas y a las familias de trabajadores que reciben esta prestación.

Antecedentes y derecho comparado

Es prudente comentar que esta misma Comisión Permanente del Honorable Congreso de (a Unión emitió el 29 de junio de 2011 (anexo B) un atento exhorto en el mismo sentido de la propuesta que se presenta; sólo que a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. De estos, sólo el estado de San Luis Potosí no atendió el exhorto para reformar su código.

Efectivamente, con el fin de proporcionar a los señores legisladores de ésta Cámara de Diputados mayores elementos para la toma de decisiones, se consultó la Gaceta Parlamentaria en cuestión que contiene el dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión” (anexo C) del cual recogemos dos párrafos que son de particular interés y que fue considerado también en la presente propuesta:

“Asimismo el agente del Ministerio Público, al integrar los elementos necesarios para la averiguación previa por la comisión de un delito, ya sea de acción u omisión, necesita cuadrar exactamente la conducta realizada por quien delinque al tipo penal, es decir a la Ley: no obstante que éste también puede allegarse de elementos de valoración cultural, de no encontrarse una valoración jurídica adecuada.

Igualmente es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas, allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas.”

Cabe señalar que las prestaciones de previsión social tienen como finalidad proporcionar a los trabajadores y a sus familias la satisfacción de sus necesidades esenciales y la posibilidad de superación del nivel de vida.

Las ayudas de despensa constituyen, como bien sabernos, una conquista laboral y representa hoy en día, la prestación más apreciada por los trabajadores ya que los beneficios que de ella obtienen son inmediatos.

Surgida en los años 60’s otorgaba en un principio solamente despensas físicas. Posteriormente, y dado que el número de trabajadores fue creciendo, el manejo de despensas físicas complicaba su distribución, lo cual dio origen a la introducción de los Vales de Despensa como el medio más adecuado para dar esta prestación; ya que permite a los trabajadores decidir donde canjearlos y por los artículos que más le convengan o necesite.

Esta prestación de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, elaborada por el Inegi (anexo D) mejora el poder adquisitivo familiar, pues los trabajadores dedican a la compra de alimentos el 34% de su gasto total; por lo que es una de las más apreciadas por los trabajadores, ya que la recibe periódicamente y está destinada a la familia.

Es un hecho, que las prestaciones de previsión social complementan el sueldo que reciben los trabajadores, y que tan sólo el recibir vales de despensa hace que una persona física o moral cuenta con mayores recursos económicos al estar exenta como lo estable la Ley del Impuesto sobre la Renta y contribuyen a paliar los efectos inflacionarios en los bienes de consumo de primera necesidad como de la canasta básica.

Cabe señalar que los vales o tarjetas son en su mayoría utilizados en establecimientos como tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías, farmacias, mercados, cadenas de autoservicios, tiendas gubernamentales y sindicales, e incluso para el pago de gasolina.

Concretamente, se habla de aproximadamente 305 mil 526 familias las que estarían en riesgo de perder esta prestación; este dato sacado con información del IMSS al 31 de diciembre de 2013 (Fecha en que se dio la última publicación oficial) en donde se estima que la tercera parte de los trabajadores dados de alta ante el Instituto reciben vales o similares; conformándose de la siguiente manera:

Si a esto, se agregan las estimaciones del INEGI de que una familia está compuesta en promedio por 4 integrantes, estaríamos hablando de un universo de un millón, 222 mil, 109 personas susceptibles de ser afectadas.

7. El sector dedicado a la emisión de vales y medios electrónicos en forma de tarjetas para el intercambio de bienes y servicios se ha visto gravemente afectado en su actividad, debido a la proliferación de conductas ilicititas como son el robo, fraude, falsificación y alteración que les implican pérdidas económicas considerables, poniendo en riesgo fuentes de empleo; demanda acciones en contra de esta situación.

Un elemento que sustenta éste hecho, es la primera Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi (anexo E) reveló que en 2014, un millón 310 mil empresas que representan 33.6 por ciento del total nacional fueron víctimas de 2 millones 524 mil 229 delitos.

Lo cual les causaron pérdidas económicas por 115 mil 200 millones de pesos equivalentes al 0.75% del Producto Interno Bruto.”

8. Otro elemento que debe orientar el criterio de esta Soberanía para aprobar el punto de acuerdo puesto a consideración, es el relativo a la “Pérdida de Competitividad”. “El índice de Competitividad Mundial 2014-2015” (anexo F), elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en el que se observa que México cavó seis lugares en su nivel de competitividad derivado de la creciente inseguridad y violencia que se registra en el país; pasando del lugar 55 el año pasado al 61 en éste.

9. No escapa tampoco, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: noviembre de 2014, publicada apenas el 2 de diciembre del mismo año por el Banco de México, aplicada a 30 grupos de análisis y consultoría económica y que se glosa al presente dictamen como (anexo G).

En la Encuesta figura un cuadro con la distribución de las respuestas de los analistas consultados por el Banco de México, en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses.

En dicho cuadro, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: La debilidad del mercado externo y la economía mundial; la inestabilidad financiera internacional; la ausencia de cambio estructural en México; y, los problemas de inseguridad pública.

Asimismo, los resultados sobre la percepción que tienen los analistas respecto al entorno económico actual” se aprecia que

• En relación a la encuesta anterior, disminuyó la proporción de analistas que considera que el clima de negocios en los próximos seis meses mejorará, al tiempo que aumentó el porcentaje de analistas que considera que empeorará.

• El porcentaje de analistas que afirma que la economía no está mejor que hace un año es el preponderante y se mantuvo sin cambio en relación a la encuesta anterior.

• La proporción de analistas que considera que la coyuntura actual es un buen momento para realizar inversiones disminuyó en la encuesta de junio, en tanto que el porcentaje de analistas que considera que es un mal momento aumentó.

Como se puede observar, entre los principales factores mencionados por los analistas que limitan el ritmo de la actividad económica y que se aplican a la presente proposición, están la inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales.

Entre las medidas que los consultores identificaron como necesarias para alcanzar mayores niveles de inversión se encuentran: reforma fiscal; reforma laboral; reforma del sector energético; mejorar el marco regulatorio, mayor desregulación y facilitar la competencia, mejorar la seguridad pública y abatir las lagunas jurídicas existentes en diversos rubros.

Sobre éste último punto y que es del ámbito legislativo, consideran los analistas que es imperativo cubrir dichas lagunas, pues con ello la actividad económica tendría mayor certeza en su realización y se incentivaría su crecimiento; algo que los congresos de los estadios a quienes está dirigido esta propuesta debieran tomar en cuenta.

Por lo tanto, es menester que el legislador local reflexione no sólo en razón de los daños que en materia económica se ocasionan a las empresas, a la economía familiar de miles de trabajadores y a la pérdida de competitividad en sus estados. Esto último, por la inseguridad e incertidumbre para invertir que genera a la comunidad empresarial, la falta de un marco normativo adecuado.

Por lo que una de las formas en las que el poder legislativo estatal puede contribuir para alcanzar un mayor desarrollo económico y mejorar las inversiones en sus entidades, es con el abatimiento de las lagunas legales que se presentan sus códigos punitivos.

Por otra parte, si los Congresos locales tienen a bien realizar las adecuaciones a sus marcos normativos, se estaría también contribuyendo a la adecuada instrumentación de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011 (ANEXO H), pues al garantizarse y protegerse el libre acceso a la canasta básica por medio de los vales se da pauta al cumplimiento del objeto primordial de esta ley ya su efectiva realización en el ámbito estatal, que es el de:

“... promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.”

Sobre este aspecto se hace un respetuoso llamado a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán para que conscientes de la realidad y de los datos estadísticos que se proporcionan, otorguen elementos claros que posibiliten el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los trabajadores; con lo que en buena medida, va en sintonía con la reforma constitucional” en la materia y que plasma la obligación del Estado de garantizarla.

12 Como otro elemento que permita normar el criterio de los legisladores federales para la aprobación de la presente proposición es la revisión de la legislación penal en las diferentes entidades federativas del país; dando como resultado que 18 entidades han modificado sus correspondientes Códigos Penales en el sentido que nos ocupa y que a continuación se señalan:

Algo que sin duda debe llamar la atención a los integrantes de esta Comisión Permanente, es que en la revisión de los dictámenes o diarios de los debate de los Congresos que han reformado sus Códigos Penales coincidentes con la materia que nos ocupa; dichas modificaciones han sido aprobadas por “unanimidad” -corno recientemente se puede observar en el caso de Veracruz- sin importar el predominio de signo partidista que en algunos congresos impera o imperó.

Lo anterior, nos demuestra que es un tema en el que se pueden generar consensos y acuerdos por el fin que se persigue, alejado de cualquier consideración política.

14. En síntesis el punto de acuerdo que se pone a consideración propone tiene como objeto que las legisladores locales doten a sus autoridades de mejores y mayores herramientas que permitan la persecución, sanción y disminución de las conductas antisociales, ampliamente referidas; y que como lo señaló en su momento la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el año 2011 “...es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas, allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas”.

De prosperar en el ámbito local las reformas planteadas, estas coadyuvarán a:

• Evitar pérdidas patrimoniales a empresas emisoras.

• Salvaguardar la prestación de más de 305 mil 526 familias.

• Preservar la ayuda complementaria para la canasta básica de las familias trabajadoras.

• Fortalecer el comercio formal.

• Es una forma de combatir a la delincuencia.

• Dar certeza a las inversiones.

• Evitar pérdida de competitividad de la entidad.

• Defender el poder adquisitivo de los trabajadores que impacta directamente su nutrición.

• Armonizar el marco normativo local con la recientemente publicada reforma constitucional en materia de alimentación así como con una ley de carácter federal como es la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.”

III. Consideraciones

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 78 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Comisión de Justicia es competente para conocer y proponer una resolución, de conformidad con lo que establece el artículo 39 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

D. Esta representación comparte la preocupación de los proponentes y se manifiesta comprometida a velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general.

E. La creciente ola de violencia, inseguridad e inobservancia del estado de Derecho que aqueja al país, encuentra como uno de sus elementos generadores el alto grado de impunidad existente en los delitos que se cometen. Es decir, mientras que no exista una sanción efectiva a las conductas antisociales que disuadan a estas, los delincuentes seguirán cometiéndolas libremente con las amplias ganancias que les arrojan y las nefastas consecuencias sociales que todos conocemos.

Aunado a lo anterior, otro elemento que facilita la comisión de delitos, es la falta de un marco normativo que permita a la autoridad perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes.

Este es el caso de los delitos que se realizan, teniendo como medio comisivo los vales utilizados para el canje de bienes y servicios. Las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel, y recientemente también a través de los dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica.

En efecto, las conductas que se reprochan son las que se cometen utilizando los multicitados vales para el canje de bienes y servicios, en donde las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel y, recientemente, también a través de los dispositivos electrónicos, en forma de tarjeta plástica, situación que se convierte en una oportunidad para delincuentes que aprovechan la falta de un tipo específico para obtener lucro a costa de las víctimas que, como se indicó, son principalmente personas morales y el trabajador.

Ello ante la falta de un marco normativo específico que permita a la autoridad perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes, facilita la comisión de delitos.

F. Coincidimos con el autor de la iniciativa en que es necesario establecer de manera urgente, la normativa que evite la comisión de ilícitos cometidos con los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, en virtud de los perjuicios que generan tanto a los usuarios de los mismos ya que afectan su patrimonio, como las empresas que se dedican a actividades comerciales licitas.

Advertimos que ese tipo de conductas delictivas se han ido incrementando, a través de falsificaciones, robos y fraudes, afectando a las empresas que los emiten, así como a los usuarios que adquieren vales que son falsos y se ven afectados en su patrimonio.

G. En atención a lo anterior, esta Comisión considera procedente la proposición en análisis, por lo que hacemos nuestros los argumentos bajo los cuales se sustenta el planteamiento de exhortar respetuosamente a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia realicen la modificación legal a sus correspondientes Códigos Penales entorno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, someten a esa honorable soberanía el siguiente:

IV. Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia, reformen sus correspondientes Códigos Penales en torno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas. Como una forma más de contribuir a combatir la inseguridad e impunidad que se vive con mayor intensidad en algunas zonas del país.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Minjares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irene Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

IMPULSAR LA EDUCACION SEXUAL PARA HOMBRES Y MUJERES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a impulsar la educación sexual para mujeres y hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Proposición con Punto de Acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 28 de enero de 2015 la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la educación sexual para hombres y mujeres.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente Proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen como receptores de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se indica que en los países en desarrollo unas 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan algún método anticonceptivo.

Así bien, la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo de tiempo entre los embarazos. Por otro lado, al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar también disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos. Además, la planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda además la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública y laboral.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) emite en el 2010 la justificación individual y social de la educación en sexualidad en donde afirman:

“En un contexto dentro del cual la ignorancia y la  información errónea pueden representar una amenaza  para la vida, la educación en sexualidad es parte de  la responsabilidad que deben asumir las autoridades  y establecimientos de salud y educación. Interpretada  en su forma más simple, los maestros y maestras de  aulas deben trabajar en colaboración con los padres,  madres y comunidades con el de garantizar la  protección y bienestar de niños, niñas y jóvenes (UNESCO, 2010:3)”.

De esta manera se considera a la educación sexual como factor primordial para el establecimiento de actividades en la agenda pública.

Tercera.La población mexicana llegó en 2014 a 119 millones 713 mil 203 habitantes, de los cuales 18.2% son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, estimó el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Para el caso de México, las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) determinan con representatividad estatal, los principales indicadores de salud sexual y reproductiva de adolescentes, en donde a nivel nacional, la edad promedio para el inicio de la vida sexual activa es a los 15.9 años, de los cuales, el 37.6% utilizaron algún método anticonceptivo, siendo el condón el método más utilizado con un 89.3%.

De esa población joven se desagrega la información dada por la Conapo en donde indica un porcentaje del 96.9% de la población adolescente con vida sexual activa que conoce al menos un método anticonceptivo.

En ese sentido, el acceso a la información que tienen los jóvenes es considerablemente alto, sin embargo, la diferencia entre aquellos jóvenes informados y los que no utilizan al menos un método anticonceptivo, puede ocasionar que se dispare el número de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

Datos de la Enadid 2009 (los más recientes) indican que el 27.4% de los embarazos entre los jóvenes no fueron planeados y 12.9 no deseado.

Cuarta. La Ley General de Salud indica en su artículo 3 fracción V lo referente a planificación familiar y XV prevención y control de enfermedades trasmisibles como materia de salubridad general.

Por otro lado, en el Capítulo VI de los Servicios de Planificación Familiar, de la Ley General de Salud señala las principales bases jurídicas para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, con énfasis en los principales grupos más vulnerables.

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

De esta manera, se especifica que la población en edad adolescente y joven, reciba la información y educación  necesaria y adecuada, para evitar los embarazos a temprana edad, no planeados y no deseados, así como las enfermedades de transmisión sexual.

En el mismo capítulo sobre planificación familiar de la Ley General de Salud artículo 71, la Secretaría de Salud presentará el asesoramiento adecuado al Conapo para la emisión de los programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual.

1. Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes.

En donde los objetivos generales son:

– Promover en los adolescentes la adquisición del conocimiento y capacidades necesarias, la información sobre derechos sexuales y reproductivos y los beneficios de su ejercicio en la salud sexual y reproductiva.

– Contribuir a que la población adolescente tenga acceso y reciba servicios en salud sexual y reproductiva de calidad, acordes a sus necesidades en todas las entidades federativas del país.

– Contribuir al desarrollo y bienestar de las y los adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva y disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población, en el Artículo 16 refiere:

La información y los servicios de salud, educación y demás similares, que estén relacionados con programas de planificación familiar, serán gratuitos cuando sean prestados por dependencias y organismos del sector público...

Quinta.De esta manera, el proponente sugiere que la Secretaría de Salud revise el objetivo del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, presentando el siguiente exhorto:

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, tiene su fundamento jurídico en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Salud, la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual su objetivo principal es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana, exige transformar a profundidad, estructuralmente, las diversas formas de relaciones de género imperantes que generan desigualdades entre mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene los mismos derechos que los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue, excluya o violente. Expresando el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida, la Secretaría de Salud tendrá las siguientes facultades:

Se denota claramente que en las líneas de acción 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.6 recae todo el cuidado de la salud en materia de salud reproductiva, esto se debe a que son el grupos más vulnerables, mismo lo especifica la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los datos presentados por el Conapo. Sin embargo, la atención debe estar orientada indistintamente a ambos géneros, puesto que es una participación mutua en el proceso de planificación, en este sentido, no existe ningún inconveniente en que la Secretaría de Salud revise la pertinencia de las líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, para asegurar que en materia de salud reproductiva, sea de responsabilidad compartida. Sin embargo, se realiza la modificación correspondiente en los acuerdos, para establecer que sea la Honorable Cámara de Diputados y no la Comisión permanente la que realice el exhorto.

Por otro lado, el proponente también sugiere que se exhorte a autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a que se garantice la difusión de la información sobre métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual. Cuestión que no representa ningún inconveniente, puesto que según las estimaciones del Conapo, aun cuando la población conozca en su mayoría, algún método anticonceptivo, siguen existiendo problemas de embarazo no deseado y contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Los integrantes de la comisión de salud ven factible la aprobación de este punto de acuerdo, ya que actualmente, aún y cuando las dependencias gubernamentales tengan en operación programas y la ley es explícita al respecto, los datos muestran que es necesario seguir trabajando sobre el tema.

Punto de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen como receptores de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual.

Nota:

1 Revisar la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, con datos del 2009, fecha de la última actualización.

Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

EMITAN UN PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA ADICCION Y EL ABUSO DEL ALCOHOL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Ssa y a la Conadic a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por lo planteado, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha el 28 de enero de 2015, el Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Comisión de Salud para dictamen.

III. Consideraciones

Primera. El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones de nuestro país.

Cuando una persona no puede dejar de tomar una droga voluntariamente, aun cuando quiere, se llama adicción. Cuando la gente empieza a consumir drogas, no planea convertirse en adicto. Les gusta como la droga los hace sentir. Piensan que pueden controlar cuánto y qué a menudo toman la droga. Sin embargo, las drogas cambian el funcionamiento cerebral. Los consumidores de drogas empiezan a necesitar la droga simplemente para sentirse normal. Esto es la adicción, y rápidamente puede controlar la vida de una persona.

La adicción puede hacer que la necesidad por la droga sea más importante que la necesidad de comer o dormir. La necesidad de obtener y consumir la droga puede llenar cada momento de la vida de una persona. La adicción reemplaza todas las cosas que la persona solía disfrutar. Una persona que es adicta es capaz de hacer cualquier cosa como mentir, robar o lastimar a la gente para seguir tomando la droga.

En términos de salud, la adicción es una enfermedad mental. Las drogas cambian el funcionamiento del cerebro, estos cambios pueden permanecer por mucho tiempo y causar problemas como cambios de humor, pérdidas de memoria, incluso problemas para pensar y tomar decisiones. La adicción es considerada como una enfermedad, como la diabetes y el cáncer, no es simplemente una debilidad del carácter. Personas de todos los orígenes, ricos o pobres, pueden volverse adictos. Puede ocurrir a cualquier edad, pero generalmente comienza cuando la persona es joven.

Segunda. Las consecuencias del abuso de sustancias son enormes. Se pueden clasificar según el tiempo de presentación: a corto plazo y largo plazo; y según el ámbito de repercusión: salud, emocional, social, cognitiva, económica, escolar, laboral, familiar y de pareja y legal. En la siguiente tabla se enlistan las posibles consecuencias del uso y abuso de sustancias.

En atención a lo anterior, se deduce que las consecuencias son altamente complejas, a la vez que serias, que incluso pueden ocasionar la muerte.

Es por ello, que el tema de las adicciones es de carácter prioritario. Tal es el caso que el Título Décimo Primero de la Ley General trata de los Programas Contra las Adicciones, el cual contempla de los artículos 185 Bis al 193 Bis, e incluyen los programas de adicción al alcohol, tabaco y farmacodependencia.

Tercera.Con el fin de brindar una mejor atención a la prevención y tratamiento a las adicciones en el 2011, se crearon la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), entidad que tiene a su cargo la elaboración y vigilancia de las políticas públicas, la coordinación intersectorial y la observancia de los compromisos internacionales; y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic), cuyo propósito es propiciar la calidad de los servicios de atención y tratamiento de las Adicciones.

La Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Conadic y el Cenadic llevó a cabo la Sexta Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011. Este estudio se realizó en 17,500 viviendas seleccionadas en forma aleatoria. Para tal efecto el país se dividió en 8 regiones. Se aplicó una entrevista directa con adultos entre los 18 y 65 años y adolescentes entre 12 y 17 años.

Los resultados de la mencionada encuesta arrojan los siguientes datos: El alcohol fue la droga de inicio más reportada (49.1%), seguida de tabaco (18.4%) y la mariguana (17.8%). La droga de impacto más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, mencionada por 29,417 personas; mientras que 10,450 personas mencionaron la cocaína, 8,235 a la mariguana y 6,950 a las metanfetaminas. La mayoría de los entrevistados tenía 35 años de edad o más (39%) seguido del grupo de 15 a 19 años (16.8%). El porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años fue mayor entre los usuarios que mencionaron como droga de impacto los inhalables (40.5%), seguido por la mariguana (35.1%). Por otro lado, entre los que tuvieron como droga de impacto a la cocaína y las metanfetaminas, más del 40% eran adultos jóvenes (20 a 29 años). Asimismo, el mayor porcentaje de adultos de 35 años o más reportaron como droga de impacto al alcohol (55.3%).

Cuarta. La rehabilitación, se refiere al restablecimiento de la persona enferma o herida a la capacidad para cuidar de sí mismos. Así pues, la función de rehabilitación de drogas es ayudar a una persona cuya adicción a las drogas ha interferido con su vida para convertirse en un miembro pleno funcional para la sociedad. La rehabilitación de Drogas se centra en la persona en su totalidad y hacen que él o ella se sanen de nuevo, como si se tratara de persona que tuviera una enfermedad como el cáncer. Algunos programas se ven a sí mismos como éxito sólo si la persona deja de utilizar en el tratamiento las sustancias adictivas. Otros afirman éxito si la persona es capaz de moderar su uso a fin de que ya no esté interfiriendo con su vida.

En este sentido, datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, indican que: de los usuarios de drogas en el último año, el 9.4% ha recibido tratamiento en ese mismo periodo (10.3% hombres y 6.1% mujeres). Si se considera a las personas que tienen dependencia a drogas en el último año, es el 18.4% de esta población que ha asistido a tratamiento (19.8% hombres y 8.9% de las mujeres).

De igual manera, se observa que el número de gente que asiste a tratamiento se ha incrementado. Cerca de 830 mil personas de los consumidores de alcohol, han ido a tratamiento, esto es casi cien mil personas más que las reportadas en el año 2008; en tanto, al considerar sólo a quienes cumplen el criterio de posible dependencia al alcohol, el incremento ha sido de casi cuarenta mil personas. El número de mujeres que ha ido a tratamiento es muy bajo en comparación con los hombres.

En general, los datos indican que quienes asisten a tratamiento, lo hacen principalmente con especialistas o en grupos de autoayuda o ayuda mutua. Especialmente, se observa que el tratamiento completo con algún profesional de la salud o en un grupo de autoayuda o ayuda mutua, se ha incrementado significativamente en los últimos 3 años, mientras que el tratamiento incompleto o parcial ha disminuido.

Los datos muestran que casi una de cada 5 personas con dependencia a drogas en el último año, ha asistido a tratamiento. El rezago es mayor para las mujeres, con 2.2 hombres con dependencia que ha recibido ayuda por cada mujer. Una tercera parte ha recibido tratamiento completo y un 22% ha recibido tratamiento parcial. En términos absolutos, más personas recibieron tratamiento en 2011 que en 2008, sin embargo en términos relativos éste índice se mantuvo estable, es decir, el aumento de personas en tratamiento, corresponde al aumento del tamaño de la población, sin ganancias proporcionales de cobertura.

La dependencia al alcohol es el trastorno con mayor rezago, solamente 6.8% de los enfermos recibieron tratamiento. El rezago es mayor en las mujeres, hay 2.2 hombres con dependencia en tratamiento, por cada mujer con esta misma condición.

Sin embargo, hay un cambio importante hacia un mejor tratamiento, con una reducción de la proporción que reportó desintoxicación, que es solo un primer paso y no se puede considerar como tratamiento en sí, una pequeña disminución de quienes estuvieron en un anexo o en tratamiento residencial y un aumento importante en la proporción que reportó tratamiento ambulatorio que pasó de 9.8% en 2008 a 32.6% en 2011. También hay un aumento importante en la proporción de la población con dependencia que recibió un tratamiento completo con un profesional que pasó de 6.3% en 2008 a 22.8% en 2011. Sin embargo esta ganancia parece sólo observarse en los hombres. También aumentó la proporción de hombres y mujeres que recurrieron a ayuda mutua; sin embargo, en las mujeres el crecimiento en la proporción que utilizó este recurso fue mayor (de 15% en 2008 a 31.2% en 2011) que el que se observó en los hombres (de 35.4% a 44.7% respectivamente).

Quinta.El pasado28 de enero de 2015, el Gobierno de la Repúblicaanuncio el Programa de Prevención y Atención Integral de las Adicciones, elaborado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que se refuercen las acciones del Programa de Prevención y Atención Integral de las Adicciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

VOLUMEN II

FOMENTEN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, UN MAYOR INTERES EN LA ESPECIALIDAD DE HEMATOLOGIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y la Ssa a fomentar entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 17 de febrero de 2015, los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a efecto de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Consiste en exhortar a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a efecto de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología.

IV. Consideraciones

Primera. La hematología es la subespecialidad médica que se dedica al tratamiento de los pacientes con enfermedades hematológicas, para ello se encarga del estudio e investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos (médula ósea, ganglios linfáticos, bazo, etcétera) tanto sanos como enfermos.

La hematología es una ciencia que comprende el estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de las enfermedades de la sangre y órganos hemolinfoproductores.

Recordemos que la hematología se encarga del estudio y tratamiento de la hemofilia, enfermedad de origen genético referida a los grupos de trastornos hemorrágicos en los cuales la sangre tarda mucho tiempo en coagularse, causando sangrados leves o graves internos y externos. Cabe señalar que la hemofilia ataca principalmente a los varones debido a que está relacionada con el cromosoma X, del que la mujer tiene 2 copias a diferencia de los hombres.

Segunda.Las especialidades médicas son elegidas por los doctores en razón de su interés por las mismas y la demanda laboral, entre las que más demanda tienen son cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, médico de urgencia, traumatología y ortopedia, medicina familiar, otorrinolaringología y oftalmología. Este mismo estudio revela las especialidades con menor demanda como son, patología clínica, medicina legal, genética, radio oncología, geriatría, epidemiología y hematología.

Lamentablemente, la baja demanda en las especialidades repercute en el análisis científico de las enfermedades, el combate a las mismas y principalmente en la atención de las personas que las padecen, ya que si bien se reducen los especialistas, en número de pacientes no disminuye a la par.

Cabe citar que actualmente una de las especialidades que está teniendo una baja considerable de doctores interesados en la misma es la hematología, quien hace poco afirmó que en todo el país existen tan solo 600 hematólogos, habiendo estados de la República como el de Quintana Roo, donde no existe uno solo, lo cual obliga a los pacientes a trasladarse a otros hospitales como los de Yucatán.

Tercera. Los hematólogos se encargan de estudiar y tratar todos aquellos trastornos que afectan la producción de sangre y sus componentes como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), etcétera. Al ser la sangre el punto principal de la hemofilia, es esencial que más doctores se dediquen a analizar aquel componente fundamental de nuestro cuerpo, mismo que pasa por todos nuestros órganos.

La falta de hematólogos en el país agrava la ya difícil situación de los pacientes con hemofilia, ya que de los 6,100 que se encuentran en el país tan solo el 30 % (alrededor de 1,400) reciben un tratamiento médico adecuado, ello en razón de los altos costos de los medicamentos, los cuales oscilan entre los 5,00 y los 7,000 pesos.

Existen diversas instituciones y organizaciones que apoyan a los pacientes con hemofilia, tal es el caso del Instituto de Hematopatología o la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, AC, esta última tiene como propósito el impulsar y promover la toma de conciencia de organismos e instituciones relacionadas con las necesidades de las personas con deficiencias congénitas de la coagulación, así como promover la afiliación a la Federación de las asociaciones constituidas legalmente en la República Mexicana.

La hemofilia es padecida por 1 de cada 5000 varones, de los cuales el 70% la heredaron y el resto la desarrolló por mutación. Actualmente existen en el mundo alrededor de 400 mil personas que viven con Hemofilia.

En nuestro país se tiene un sub-registro de la enfermedad a través de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, en virtud de que se han logrado contabilizar alrededor de 5 mil pacientes, de dicho grupo viven el 94%, que tienen diagnóstico 3,793 con Hemofilia A y 563 con Hemofilia B, y 335 sin diagnóstico de precisión, de un potencial de 7,500 pacientes. Se estima que por cada dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no sabe que tiene esta enfermedad. Además, se estima que actualmente en México existen alrededor de 1,000 pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social.

Es importante que existan diversas asociaciones, pero es necesario que existan médicos especialistas en la enfermedad, que no solo sepan tratar el padecimiento, sino al paciente. Asimismo, la capacitación de los enfermos y la colaboración de los especialistas reduce complicaciones en los pacientes, permitiéndoles que lleven una vida normal, con actividad física, con una esperanza de vida de alrededor de 70 años.

La Comisión de Salud de esta Honorable Cámara de Diputados, hace un llamado a los estudiantes de medicina ya que es necesario mirar hacia aquellas ramas de la ciencia médica que requieren de más doctores, ello con el fin de investigar las enfermedades, analizarlas y poder otorgar una mejor calidad de vida a toda aquellas personas que sufren serios padecimientos como la hemofilia. Consideramos que de aumentar de forma importante el número de hematólogos en el país, se combatirá de manera directa la hemofilia, reduciendo el número de personas que la padecen y se podría llegar a encontrar mejores tratamientos.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único:La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a efecto de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

ESTABLEZCAN LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS, MEDIDAS SANITARIAS Y SANCIONES PARA REGULAR LA REPRODUCCION Y LA VENTA DE ANIMALES DOMESTICOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer los requisitos, los procedimientos, las medidas sanitarias y las sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 19 de febrero de 2015, en la LXII Legislatura, los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales;

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente Proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales.

Asimismo, para que dicha secretaría en el marco de sus facultades, realice campañas a nivel nacional que promuevan una cultura de tenencia responsable de animales domésticos y de denuncia de su reproducción y venta clandestina y carente de los permisos y certificaciones correspondientes.

IV. Consideraciones

Primera: Un animal de compañía o mascota es un animal doméstico conservado con el propósito de brindar compañía o para el disfrute del poseedor. A diferencia de los animales de laboratorio, animales para la crianza o ganado, animales de tiro, animales para el transporte o animales para el deporte; los animales de compañía no son conservados para traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio personal.

Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento y adaptabilidad, y por su interacción con los humanos, en la que posiblemente se utilicen como herramientas de caza o seguridad. Poseer un animal de compañía puede traer a la salud consecuencias positivas ya que el cuidado diario hace olvidar a muchas personas otro tipo de preocupaciones, evita la depresión y nos hace sentir útiles. Los animales de compañía más populares son el perro y el gato.

El origen de la domesticación de animales es inexacto, pero se cree que comenzó cuando el ser humano se dio cuenta de que necesitaba establecer lazos entre él y la naturaleza para su supervivencia y desarrollo. Se estima que los perros, una de las primeras especies animales domesticadas, han sido criados como animales de compañía por alrededor de 10.000 años.

Segunda:En México tanto en las ciudades, zonas metropolitanas y en menor medida en el resto del país, de manera desafortunada, se ha venido desarrollando, al amparo de la clandestinidad y del desinterés, un problema tanto social como de salud pública, y de cuidado y protección a los animales.

La posesión irresponsable de animales, tanto domésticos como silvestres en los hogares, ha derivado en problemas de extinción de aquellas en peligro o bien en sobrepoblación de algunas especies como perros o gatos, lo que conlleva el deterioro de sus condiciones y expectativa de vida, a la par de graves afectaciones a la salud de la población en general.

Es una realidad que en México no existe la cultura de esterilizar a las mascotas, se les deja libre e incluso hasta se les alimenta en la calle, de manera insensible se les abandona completamente en la vía pública. A dichos animales los tienen con el objetivo de reproducirlos para vender clandestinamente a las crías y obtener un beneficio económico, son las situaciones que han permitido que en las ciudades de nuestro país, así como sus zonas metropolitanas incluso ya en regiones rurales.

En esta Comisión dictaminadora coincidíos en que lamentablemente los animales domésticos en su gran mayoría sufran de condiciones de vidas deplorables y no dignas para su sano desarrollo, lo cual también representa un grave problema de salud pública grave que nos atañe a todos, ya que como también sabemos la reproducción en criaderos improvisados con ambientes terribles y espantosos, así como la posterior compra y venta de mascotas de manera clandestina principalmente en la vía pública, sin control, sin regulación por parte de las autoridades correspondientes, en condiciones deplorables e insalubres.

A nivel mundial el problema se encuentra en las mismas magnitudes, es así que desde la década de los noventas los focos rojos al respecto se encendieron e incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cambio el nombre de “pero callejero” por “perro de dueño irresponsable”.

Tercera: En nuestro país es tan grande el problema que resulta imposible ponderar con exactitud de manera estadística el número de estos animales que se encuentran en esta situación; las cifras exactas al respecto no existen.

En México se estima que hay ya más de 23 millones de perros y gatos y se considera que tan solo alrededor de un 30 por ciento de ellos se encuentran atendidos en un hogar, el desafortunado 70 por ciento restante son animales en situación de calle, con todo lo que ello conlleva.

Más de 10 millones de perros y gatos callejeros que además, no son esterilizados y por ende continúan reproduciéndose; haciendo de este problema un círculo interminable de más y más animales en esta situación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre 2008 y 2010 se sacrificaron en los centros oficiales correspondientes, en promedio entre 600 mil y 800 mil perros al año, cifra que además se sigue incrementando. En la Ciudad de México se tiene registros de que existen alrededor de 3 millones de perros callejerosy cada mes alrededor de 10 mil de éstos son sacrificados.

En Latinoamérica, tristemente somos el país con el mayor número de perros y gatos en el territorio y de igual manera el primer país con el mayor número de éstos, en situación callejera, lo cual lleva consigo no solo las repercusiones en el trato digno para estos animales, sino también ha desatado un problema grave de salud para la sociedad en su conjunto.

Terriblemente el origen de este problema radica en propietarios irresponsables, pero también, y en personas sin escrúpulos, carentes de moral y además de la preparación requerida, que en los patios, azoteas o cualquier espacio de sus hogares, se dedican a la cría y posterior venta clandestina de perros “de raza”, que simulan su interés meramente económico-lucrativo con un supuesto amor hacia estos animales.

En nuestra sociedad creemos criar, vender y adquirir especies de raza cuando en realidad, estamos reproduciendo excesivamente animales sin calidad genética, con enfermedades, que no cubren los estándares mínimos de la especie deseada; pero sobre todo, con seres vivos a los que se les condena a una vida deplorable y carente del cariño necesario, de los cuidados y atención merecida y peor aún; del respeto que les corresponde.

Es importante señalar que como sociedad tenemos una deuda pendiente con los seres vivos en este caso animales callejeros, no podemos perder la sensibilidad ante estos animales y sus actuales condiciones de vida. Regulemos la reproducción de los animales domésticos como perros y gatos, así como también su venta.

De tales consideraciones se desprende la importancia de que los verdaderos amantes de esta especie y de cualquier otra, que se dedican de manera válida a este negocio, lo realizan de manera legítima, legal, certificada, profesional, en criaderos perfectamente establecidos, con apego total a los estándares de reproducción de la especie y, sobre todo, en condiciones que privilegian el profundo respeto hacia sus animales.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades, realice campañas a nivel nacional que promuevan una cultura de tenencia responsable de animales domésticos y de denuncia de su reproducción y venta de clandestina y carente de los permisos y certificaciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

FORTALECER LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y ATENCION DE CANCER PULMONAR

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de cáncer pulmonar

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2015, los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos presentaron un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de cáncer pulmonar.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas y las acciones encaminados a investigar y combatir el cáncer pulmonar.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a emprender una campaña que tenga como objetivo la prevención del cáncer pulmonar y su temprana detección.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Se comprende también lo siguiente en materia de salubridad general que se estima en la Ley General de Salud.

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

...

XX. El programa contra el tabaquismo;

...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

...

También se considera lo siguiente en la Ley General para el Control del Tabaco.

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco.

II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios cien por ciento libres de humo de tabaco.

III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco.

...

V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores.

VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco.

VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo.

VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus emisiones, y

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Considerando que la adicción al tabaco representa 80 por ciento del total de las EPOC’s el proponente indica que es necesario hacer conciencia con respecto al consumo del tabaco, puesto que es un problema creciente que tiene consecuencias sociales y económicas.

En este sentido se muestra lo siguiente de la misma ley:

Artículo 7. La aplicación de esta ley estará a cargo de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República y otras autoridades competentes.

Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de productos del tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos vulnerables.

Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá los lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa contra el Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud.

II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los padecimientos originados por él.

III. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar al interior de los espacios libres de humo de tabaco que establezca esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

IV. La elaboración periódica de un programa de seguimiento y evaluación de metas y logros del Programa contra el Tabaquismo que incluya al menos las conductas relacionadas al tabaco y su impacto en la salud.

V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones terapéuticas que ayuden a dejar de fumar combinadas con consejería y otras intervenciones, y

VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del tabaco.

De esta manera se establecerán las políticas necesarias de acción y promoción contra la adicción al tabaco para evitar que la población, en este caso la más vulnerable o propensa, padezca de enfermedades relacionadas con el tabaquismo como lo es la EPOC.

Tercera.En términos de reglamentación y operatividad para contener las enfermedades pulmonares (EPOC) se encuentra la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, en la cual, tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Cuarta.La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por un bloqueo persistente del flujo de aire. Se trata de una enfermedad subdiagnosticada y potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es totalmente reversible. Los términos bronquitis crónica y enfisema están obsoletos, quedando englobados en el diagnóstico de EPOC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la principal causa de la EPOC es el humo del tabaco (fumadores activos y pasivos).

En la actualidad, afecta casi por igual a ambos sexos, en parte debido al aumento del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de ingresos elevados.

La EPOC no es curable, pero el tratamiento puede retrasar su progresión. Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos, y en particular la exposición al humo del tabaco, las muertes por EPOC aumenten en más de 30 por ciento en los próximos 10 años.

Quinta. En México y países como Nepal, Nueva Guinea y Colombia, la exposición al humo de leña es también causa de EPOC. La inhalación en el ambiente laboral de polvos, gases, humos y sustancias químicas constituye otros factores de riesgo.

En Estados Unidos de América 19 por ciento de los pacientes con EPOC tenían una exposición laboral. Las industrias más frecuentes son las manufactureras como la del caucho, plástico, piel, de la construcción, fábricas textiles, fuerzas armadas y la elaboración de productos alimenticios.

Sexta.El tabaquismo y su adicción son considerados como un problema de salud pública, mismo que ocasiona la proliferación de EPOC’s. Los grupos vulnerables son los más jóvenes, ya que el consumo se ha extendido en los últimos años a este sector de la población sin distinción de género. Por tal motivo es fundamental implementar estrategias que sirvan para concientizar a la población sobre el consumo de tabaco así como su exposición al mismo, de igual manera, es indispensable que las autoridades correspondientes establezcan de manera oportuna las estrategias necesarias para mitigar el creciente problema de las EPOC’s. En este sentido, el punto de acuerdo del proponente se dictamina en sentido positivo.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas y las acciones encaminados a investigar y combatir el cáncer pulmonar.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a emprender una campaña que tenga como objetivo la prevención del cáncer pulmonar y su temprana detección.

Nota:

1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Nota descriptiva N°315 Octubre de 2014

Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

DETENER EL AVANCE DEL VIRUS DE CHIKUNGUNYA Y DAR EL TRATAMIENTO NECESARIO A LOS ENFERMOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a tomar medidas para detener el avance del virus de chikungunya y dar a los enfermos el tratamiento necesario

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 3 de febrero de 2015, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier presento punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a tomar medidas para detener el avance del virus de chikungunya y dar a los enfermos el tratamiento necesario.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente Proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y organismos relacionados a implantar las medidas necesarias y adecuadas para retener la diseminación del virus chikungunya. Asimismo, se exhorta a los mandos de salubridad de los estados afectados por el virus de chikungunya a dar prioridad a las comunidades afectadas e implantar tratamientos para todos los enfermos del virus.

IV. Consideraciones

Primera. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardiacas, y también con molestias gastrointestinales.

Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. A menudo, los pacientes sólo tienen síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde este es frecuente.

Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos.

El virus se transmite de una persona a otras por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente los mosquitos implicados son Aedes aegyptiy Aedes albopictus dos especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el del dengue. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas especies pican al aire libre, pero Aedes aegypti también puede hacerlo en ambientes interiores.

La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días.

Segunda. La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente indio. En los últimos decenios los vectores de la enfermedad se han propagado a Europa y las Américas. En 2007 se notificó por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el nordeste de Italia.

Pero lamentablemente en el país la amenaza esencialmente ya se encuentra en los estados que integran la región del sur-sureste, como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán, afecta a la salud pública de manera preocupante.

Desgraciadamente, el virus chikungunya ya está presente en la parte sur de México, el primer caso fue registrado el 25 de junio de este año, aunque existen declaraciones de personas que tuvieron los síntomas antes pero no se han reportado de manera oficial.

En México se han detectado al menos 131 casos de esta enfermedad hasta el 20 de diciembre de 2014. Ya se dio a conocer el primer caso reportado en Sonora, lo cual nos indica que se debe de reevaluar la estrategia de defensa contra el avance de esta enfermedad.

Desde el 20 de junio de 2014, el Instituto Nacional de Salud Pública alertó a las autoridades de Chiapas para intensificar las acciones contra el vector del dengue, dado que se estimaba que el virus chikungunya entrará por el sureste del país, como consecuencia del tránsito migratorio y la movilidad de las personas

Las medidas no han sido acertadas, y la nueva estrategia para atacar y evitar una epidemia deben de ser analizadas de manera urgente, tanto por parte de la Secretaría de Salud, organismos relacionados y los Estados afectados en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la prevención de los Estados que no han sido afectados aún, toda vez que se trata de una situación de emergencia nacional.

Tercera. La principal medida de prevención es la eliminación de los criaderos de los mosquitos vectores: Aedes aegypti y Aedes albopictus. De esta manera se previenen además las otras enfermedades transmitidas por estas especies. Es decir, se impone eliminar todo estancamiento de aguas, tanto natural como artificial. La responsabilidad obviamente compete a las comunidades, pero también a particulares.

En casos de brotes, se precisa incrementar la prevención, evitándose la picadura de los mosquitos transmisores mediante puesta en práctica de controles ambientales PEMDS. Los repelentes son de utilidad, respetando las instrucciones de uso, sobre todo los que contengan NNDB , DEET o permetrina .

Se recomienda que en las zonas con climas templados o cálidos se vistan prendas que cubran la mayor parte de las superficies expuestas a picaduras, e instalar los toldillos u otra clase de protectores que tengan cómo prevenir el acceso de los mosquitos desde ventanas y puertas, además del uso de mosquiteros tratados o no con insecticidas. En todo caso, se impone la eliminación de charcos y aguas estancadas, ya que son caldo de cultivo para la reproducción de los mosquitos.

Cuarta. Para luchar contra el virus chikungunya, la OMS formula planes basados en evidencias para gestionar los brotes, proporciona apoyo y orientación técnica a los países para que gestiones eficazmente los casos y los brotes, presta apoyo a los países para que mejoren sus sistemas de notificación, junto con algunos de sus centros colaboradores, proporciona formación a nivel regional sobre el tratamiento, el diagnóstico y el control de los vectores y publica directrices y manuales para los Estados miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores.

La OMS anima a los países a crear y mantener capacidades que les permitan detectar y confirmar casos, atender a los pacientes y poner en práctica estrategias de comunicación social para reducir la presencia de los mosquitos vectores.

La comisión dictaminadora considera importante que en México se exhorte a las autoridades de salubridad en los tres niveles de gobierno para implementar las medidas necesarias, así como programas de prevención para erradicar el virus chikungunya, mejor conocido como “virus del dolor”. Ya que el avance del mismo continúa y las medidas tomadas no han sido suficientes.

Asimismo, se considera que el presente punto de acuerdo está muy bien, sólo que pedir el combate contra el virus no se va a poder dar, el virus está en el mosquito que se transmite al humano. Lo que hay que combatir es el mosquito. Por ello se determina que el presente punto de acuerdo se aprueba con modificaciones.

Se deberán llevar a cabo acciones similares a las que se hacen contra el dengue, por lo que se pide que debería ser orientado hacia detener el vector que sería el mosquito en este caso.

Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes la Comisión de Salud dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y organismos relacionados a implantar las medidas necesarias y adecuadas para retener la diseminación del virus chikungunya, así como a llevar acciones orientadas a detener el vector.

Segundo.Se exhorta a los mandos de salubridad de los estados afectados por el virus de chikungunya a dar prioridad a las comunidades afectadas, e implantar tratamientos para todos los enfermos del virus.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

MEJORE LA CALIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA RED HOSPITALARIA Y CLINICAS DE LA ENTIDAD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Campeche a mejorar la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y clínicas de la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 3 de febrero de 2015, el diputado José Angelino Caamal Mena del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche, para que mejore la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y clínicas de la entidad.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Primero. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la atención primaria en la red hospitalaria local.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud en el ejercicio de 2014.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.La Ley General de Salud es explícita en relación a la protección social en salud que garantiza el derecho de los mexicanos a recibir este beneficio sin importar su condición social.

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

 ...

Así bien, para incrementar y mejorar la calidad en la prestación de servicios del sector salud se estipula lo siguiente:

Artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este título.

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

La acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar, al menos, los aspectos siguientes:

I. Prestaciones orientadas a la prevención y el fomento del autocuidado de la salud;

II. Aplicación de exámenes preventivos;

III. Programación de citas para consultas;

IV. Atención personalizada;

V. Integración de expedientes clínicos;

VI. Continuidad de cuidados mediante mecanismos de referencia y contrarreferencia;

VII. Prescripción y surtimiento de medicamentos, y

VIII. Información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico, así como del otorgamiento de orientación terapéutica.

Tercera. En el Programa Sectorial de Salud (Prosesa) se establece como uno de los objetivos fundamentales asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, a través de la creación y fortalecimiento de redes de servicios integrales, sustentadas en un modelo de atención primaria más homologado y resolutivo, para mejorar el acceso efectivo con calidad.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado a todos los países a la mejora de la calidad de la atención como la principal vía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entendiendo esta mejora como todo proceso o herramienta dirigida a reducir la brecha a nivel sistémico y organizacional bajo los principios básicos de la calidad, que incluyen la atención centrada en la persona, la mejora continua de los procesos y la seguridad del paciente como prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de salud.

Cuarta.Al indicar que el acceso a los servicios de salud de carácter prioritario, el proponente sugiere que se intensifique la atención primaria en la red hospitalaria local del estado de Campeche, para lo cual la Ley de Salud para el estado de Campeche señala lo siguiente:

Artículo 5. El Sistema Estatal de Salud, tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población del estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daño a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del estado;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a los menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados y personas con capacidades diferentes, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionadas con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de prevención de riesgos que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud.

Además el artículo 6 de la misma ley sugiere que la coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, asegurando todos los requerimientos necesarios para ofrecer indistintamente la prestación de los servicios de salud.

En la justificación del proponente se indica un desabasto generalizado de insumos para la prestación de los servicios de salud, por lo cual, la Ley de Salud del estado indica lo siguiente:

Artículo 7. La Secretaría estatal promoverá la participación en el Sistema Estatal de Salud de los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan. Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos.

Así bien, garantizar el derecho a la salud en el estado estará a cargo de la misma secretaría, por lo tanto, no existe ningún inconveniente para la aprobación del primer acuerdo sugerido por el proponente.

Quinta. Lo respectivo al segundo acuerdo, el proponente sugiere lo siguiente:

Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud en el ejercicio de 2014.

En el fundamento legal de la Cuenta Pública y la rendición de cuentas del gasto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 73, 74, 79, 117 y 122, indica básicamente todo lo respectivo a los informes del gasto.

Por lo tanto, la Cuenta Pública se define como el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados, sobre su gestión financiera. La Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Poder Ejecutivo presenta la Cuenta Pública del ejercicio fiscal inmediato anterior a la Cámara de Diputados el 30 de abril del año siguiente. A partir de ese día inicia la fiscalización superior que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con base en su Programa Anual de Auditorías.

En la Constitución Política del estado de Campeche señala lo siguiente en materia de regulación del gasto:

Artículo 54. Son facultades del Congreso:

Del I al XXI

XXII. Revisar, fiscalizar y calificar la Cuenta Pública del estado y las cuentas públicas de los municipios. La revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del año anterior, tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas las realizará el Congreso a través de la Auditoría Superior del estado. La ley determinará la organización de dicho órgano de fiscalización superior.

...

Las cuentas públicas municipales deberán ser presentadas al Congreso del estado a más tardar el 31 de enero del año siguiente al ejercicio fiscal que correspondan. La Cuenta Pública del estado deberá ser presentada al Congreso del estado a más tardar el 10 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponda. El Congreso concluirá la revisión y fiscalización de las cuentas públicas a más tardar en el periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente a la presentación del informe del resultado, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la Auditoría Superior del estado, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del estado, seguirá su curso en términos de lo señalado en esta Constitución y las leyes aplicables.

Sólo se podrán ampliar los plazos de presentación de las cuentas públicas cuando medie solicitud del Ejecutivo del estado o de los ayuntamientos, en su caso, suficientemente justificadas a juicio del Congreso del estado o de la diputación permanente. La prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior del estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente.

Por lo tanto, lo que sugiere el proponente no es viable en este momento puesto que aún no se entregan los reportes del ejercicio del gasto de 2014.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura consideramos que el punto de acuerdo es viable con modificaciones, sometiendo a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la atención primaria en la red hospitalaria local.

Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

REALIZAR ACCIONES QUE PREVENGAN LA ANEMIA FEMENIL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a realizar acciones para prevenir la anemia femenil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 28 de enero de 2015, la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para prevenir la anemia femenil.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnase a la Comisión de Salud, para el estudio y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Se considera anemia cuando disminuye la concentración de hemoglobina en sangre, aunque la de eritrocitos sea normal o incluso elevada. Los límites de referencia de la concentración de hemoglobina en sangre pueden variar según la población analizada, ya que depende de factores diversos como la edad, el sexo, las condiciones ambientales y los hábitos alimentarios. La anemia constituye una de las causas más frecuentes de consulta por tres motivos principales:

* Elevada incidencia en niños, mujeres, jóvenes o sujetos adultos con carencias en su alimentación (déficit de hierro y ácido fólico, especialmente).

* Suele estar asociada a muchas otras patologías, en las que constituye un síntoma del trastorno subyacente.

* Elevada frecuencia en ciertos grupos étnicos (relacionada con la malnutrición y muy extendida, por lo tanto, en aquellos países en vías de desarrollo, cuya población carece de recursos para mantener una alimentación adecuada).

Tercera. La anemia puede ser debida a diferentes causas y estas se relacionan muy bien con las variaciones de forma y tamaño de los glóbulos rojos (GR). Este tamaño es diferente según la causa productora de la anemia. El tamaño de los GR viene determinado por el parámetro analítico volumen corpuscular medio (VCM) y que permite clasificar las anemias como sigue:

a) Anemia microcítica (VCM < 80 fl)

• Anemia ferropénica. Por falta de hierro

• Hemoglobinopatías: Talasemia minor.

• Anemia secundaria a enfermedad crónica.

• Anemia sideroblástica.

b) Anemia normocítica (VCM 80 - 100 fl)

• Anemias hemolíticas.

• Aplasia medular.

• Invasión medular.

• Anemia secundaria a enfermedad crónica.

• Sangrado agudo.

c) Anemia macrocítica (VCM > 100 fl)

1. Hematológicas

• Anemias megaloblásticas.

• Anemias aplásicas.

• Anemias hemolíticas (crisis reticulocitaria).

• Síndromes mielodisplásicos.

2. No hematológicas

• Abuso en el consumo de alcohol.

• Hepatopatía crónica.

• Hipotiroidismo.

• Hipoxia.

Cuarta.El síndrome anémico lo forman un conjunto de signos y síntomas que ponen de manifiesto la disminución de la hemoglobina y el desarrollo del mecanismo de compensación. Los principales síntomas de la anemia son éstos:

Palidez. Es uno de los signos más característicos de la anemia y una consecuencia directa de la vasoconstricción generalizada (cierre de los vasos sanguíneos) y del descenso de la concentración de la hemoglobina en sangre.

Astenia. Constituye un síntoma general muy ligado a la anemia (el individuo anémico se siente “cansado”).

Disnea. Sensación subjetiva de falta de aire

Fatiga muscular: incluso con pequeños esfuerzos.

Manifestaciones cardiocirculatorias. Taquicardia y palpitaciones que son constantes en caso de anemia moderada o intensa, especialmente cuando se instaura bruscamente. En una anemia crónica de aparición lenta, el único signo apreciable de la anemia es un soplo sistólico funcional (ruido que hace la sangre al salir del corazón). Si la anemia es muy intensa se sobreañade una taquipnea (respiración muy rápida) o pérdida del conocimiento.

Trastornos neurológicos. Alteraciones de la visión. Cefaleas (dolor de cabeza). Cuando la hemoglobina desciende por debajo de 30 gramos por litro (anemia grave) pueden aparecer signos de hipoxia cerebral, cefaleas, vértigos e, incluso, un estado de coma.

Manifestaciones neuromusculares. Consisten principalmente en cambio de la conducta, cefaleas, vértigos, trastornos visuales, insomnio, incapacidad para concentrarse y, ocasionalmente, desorientación.

Alteraciones del ritmo menstrual. La existencia de reglas abundantes (hipermenorrea) es la causa más frecuente de anemia en las mujeres jóvenes, aunque suele ser una anemia moderada (Hb: 90-110 g/L). Sin embargo, cuando la anemia es más intensa, suele apreciarse una disminución del ritmo menstrual, con tendencia a la amenorrea. Lo que sucede es que, frente al descenso de la hemoglobina, el organismo reacciona disminuyendo, o incluso anulando, la pérdida hemática.

Alteraciones renales. Se produce una retención acuosa que puede dar lugar a la aparición de edemas o hinchazón en las piernas.

Trastornos digestivos.Consisten en anorexia, náuseas y, ocasionalmente, estreñimiento.

Quinta. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afecta en todo el mundo a mil 620 millones de personas (IC 95 por ciento: mil 500 a mil 740 millones), lo que corresponde a 24.8 por ciento de la población (IC 95 por ciento: 22.9 a 26.7 por ciento). La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar (47.4 por ciento, IC 95 por ciento: 45.7 a 49.1 por ciento), y la mínima en los varones (12.7 por ciento, IC95 por ciento: 8.6 a 16.9 por ciento). No obstante, el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de las mujeres no embarazadas (468.4 millones, IC 95 por ciento: 446.2 a 490.6 millones).

Fuente:De Benoist, B., y otros (editores). Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005.Base de datos mundial sobre la anemia de la OMS, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008.

Quinta.El grupo de población en el que se tiene mayor prevalencia de anemia es el de los niños en edad preescolar; sin embargo, la población que se encuentra más afectada es el grupo comprendido por las mujeres no embarazadas, representando 468 millones de mujeres en el mundo, con base de datos sobre la anemia de la Organización Mundial de la Salud.

Sexta. En 2002, la anemia por deficiencia de hierro fue considerada a escala mundial como el principal tipo que se presentó en las mujeres, debido a que durante la adolescencia, los requerimientos de este elemento son mayores como consecuencia del inicio de la menstruación.

Séptima.El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2014 señaló que 18 por ciento de las embarazadas y 11.6 de las no embarazadas de 12 a 49 años fueron clasificados como anémicos.

Por lo anterior, a fin de que la Secretaría de Salud realice acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil, en virtud de que representa un problema de salud a las mexicanas que cobra auge en el número de pacientes en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en las embarazadas, originando que se produzca una disminución en su calidad de vida y para sus hijos, lo que representa un desgaste físico, económico y emocional para ellas y para sus familias.

Los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a realizar acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo relativo a la implantación de acciones para garantizar la seguridad de las mujeres en Tabasco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 5 de febrero de 2015, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la Honorable Cámara de Diputados exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar, de manera urgente, acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en Tabasco, a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado; asimismo exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con el Gobierno del Estado de Tabasco se declare de manera inmediata la Alerta de Género para prevenir y erradicar violaciones y hostigamientos sexuales hacia las mujeres y niñas tabasqueñas.

En la misma fecha, mediante el oficio número D.G.P.L.62-II-7-2033, la proposición con punto de acuerdo fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente bajo el expediente 6004, a la Comisión de Igualdad de Género, la cual fue recibida en fecha 6 de febrero de 2015.

En su proposición con punto de acuerdo, la promovente externa su preocupación por la inseguridad que asecha al estado de Tabasco, cuyo incremento se ha reflejado no sólo en el ámbito de asaltos y robos sino también en el creciente número de violaciones sexuales y brutales asesinatos que se han presentado desde el inicio de año en contra de niñas y mujeres tabasqueñas. Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco ha dado inicio a diversas denuncias por el delito de violación en agravio de mujeres y niñas, los cuales tuvieron lugar en la ciudad de Villahermosa.

Puntualiza que el 30 de enero de 2015 consternó el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 15 años de edad con indicios de haber sido ultrajada, en la colonia Las Gaviotas. Refiere que lo anterior da cuenta de la necesidad de emprender acciones contra la descomposición social del municipio de Centro, “...e instalar de manera urgente... la Alerta de Género en todo el Estado de Tabasco.”

Para apoyar sus señalamientos la proponente indicó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2014 hubo 332 denuncias por casos de violación sexual en el Estado. Los datos que se tiene por parte del Tribunal Superior de Justicia —TSJ— ascienden a 420 demandas por el mencionado delito. Agregó que en lo que va del año, y al presentar su proposición, se tienen registrados 7 casos de violación, en los cuales existe el temor de la sociedad y de los padres de familia, ante el caso de un violador serial vinculado con al menos cuatro de las últimas violaciones.

Advirtió, ante este panorama, la necesidad de aplicar medidas de atención urgente que garanticen la seguridad de las mujeres en el Estado, pues ante la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades, el problema se ha extendido hacia Centla, Comalcalco y Huimanguillo, municipios que presentan la mayor incidencia delictiva en cuanto a violaciones y hostigamiento sexual de acuerdo a datos del TSJ.

Consideraciones

La Comisión de Igualdad de Género coincide con la apreciación de la diputada proponente en torno a lo preocupante que resulta las cifras que presenta, las cuales muestran un panorama grave de violación a derechos humanos y la evidente necesidad de que las autoridades estatales asuman su responsabilidad de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres a través de políticas públicas eficaces de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia extrema que conlleva el delito de feminicidio

De igual manera, para esta dictaminadora, los hechos de violencia de género expuestos por la proponente, dan cuenta de que las acciones del Gobierno del Estado de Tabasco, hasta hoy, han sido insuficientes, pues es evidente que va en aumento la inseguridad y la violencia en contra de las mujeres, así como la violaciones y feminicidios lo que demuestra que la estrategia y medidas implementadas no están funcionando.

Para esta dictaminadora las estadísticas también son un buen indicador del nivel que ha alcanzado la situación de violencia contra las mujeres en el Estado de Tabasco, para muestra la ENDIREH 2011 señala que 41.25% (303 654) de las mujeres de quince años y más sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja, ya sea violencia emocional, económica, física o sexual, ubicándose muy cerca de la media nacional que es de 46.10%.

La ENDIREH también revela que 26.3 % de las mujeres en Tabasco son violentadas en el ámbito comunitario, las cuales sufrieron algún tipo de agresión como intimidaciones, abuso sexual y agresiones físicas, lo que ubica al Estado por debajo de la media nacional en este tipo de violencia.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 y 2013 se cometieron 930 violaciones sexuales en el estado de Tabasco y 264 homicidios dolosos.

Además, como lo refiere la proponente, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que durante 2014, se cometieron en el Estado de Tabasco, 332 violaciones, pero además hubo 61 estupros y 149 hechos delictivos clasificados como “otros delitos sexuales”. Por lo que se refiere a la cifra de homicidios dolosos, durante 2014 en dicha entidad federativa se cometieron 168, sin que se hayan desagregado los datos antes referidos por el sexo de las víctimas.

Por su parte, en sus estadísticas de mortalidad, el INEGI informa que en 2012 se registraron 20 defunciones femeninas por homicidio. Mientras que la Procuraduría del Estado de manera pública reconoce que en 2013 se cometieron 16 asesinatos de mujeres.

Al respecto, es oportuno señalar que el 24 de marzo de 2014, se incorporó el artículo 115 Bis al Código Penal del Estado de Tabasco, el cual tipifica el feminicidio como delito autónomo.

Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha señalado que si bien, el tipo penal de esta entidad cumple de manera general con las características y elementos normativos que configuran el feminicidio, no cuenta con un protocolo de actuación e investigación en la materia, ni existe un marco normativo que obligue a su elaboración y aplicación.

Aún más, en su investigación el Observatorio Ciudadano puntualizó que desde 2014 la Procuraduría del Estado de Tabasco, no proporcionó ningún dato referente a la violencia contra las mujeres, específicamente con relación a homicidios y feminicidios, lo que sumado a la falta de un protocolo de investigación, lleva a suponer que no se está investigando y mucho menos acreditando el delito de feminicidio. Lo que para dicha Organización implica que se niega a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia existe una obligación del Estado Mexicano en sus tres niveles de gobierno, para llevar cabo acciones para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

En esta misma sintonía, en el ámbito internacional, el Estado Mexicano ha suscrito diversos tratados y convenciones internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que son vinculantes y obligan a todas las autoridades a salvaguardar los derechos humanos de mujeres y niñas, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la no discriminación.

En este contexto, el Estado mexicano y el propio estado de Tabasco, a través de las dependencias y entidades que lo conforman, están obligados y son responsables de condenar todas las formas de violencia contra la mujer y de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Esta dictaminadora coincide con la proponente en la pertinencia del primer objetivo del punto de acuerdo que se analiza, pues sin duda se requieren acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en Tabasco, a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado, lo que abonará a dar cumplimiento a los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, que siguen vigentes y que obligan al Estado mexicano a definir estrategias clave para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Por su parte, en lo que respecta al delito de feminicidio, esta dictaminadora coincide con lo puntualizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el sentido de que aun y cuando la entidad cuenta con un tipo penal autónomo de feminicidio, resulta necesario el diseño de un protocolo de actuación e investigación en la materia, así como un marco normativo que obligue a su elaboración y aplicación.

Por otro lado, con relación al segundo objetivo del punto de acuerdo que se analiza, en materia del mecanismo de alerta de violencia de género, efectivamente el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especifica que la solicitud de la declaratoria de alerta de violencia género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. La solicitud se presentará por escrito directamente, o bien a través de correo ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional.

De ahí que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuentan con atribuciones legales para presentar la solicitud de la declaratoria de alerta de género, cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, que señala:

Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:

I. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan o, en su caso, nombre de su representante legal;

II. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad con la que promueve, así como la legal existencia del organismo o asociación que promueva;

IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe un agravio comparado en términos del artículo 31 de este Reglamento, y

V. Tratándose de agravio comparado, señalar las leyes, reglamentos, políticas o disposiciones jurídicas que considera, agravian los Derechos Humanos de las Mujeres.

A mayor abundamiento, en torno a la emisión de la declaratoria de Alerta, el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia señala:

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Por tal motivo, la propuesta de exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con el gobierno del estado de Tabasco, se instaure de manera inmediata la Alerta de Género para prevenir y erradicar violaciones y hostigamientos sexuales hacia las mujeres y niñas tabasqueñas, resulta improcedente jurídicamente, pues para instaurar la alerta de violencia de género de manera inmediata, como lo solicita la proponente, se requiere previamente que los organismos públicos de derechos humanos estatales o el nacional, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales promuevan la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, y se determine su procedencia en los términos a los que previamente esta Comisión ha hecho referencia.

En ese tenor de ideas, se sugirió modificar el segundo punto de la proposición, para que en todo caso se exhortara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien, de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es la autoridad competente para solicitar la alerta de violencia de género ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia.

Durante el análisis y discusión del proyecto de dictamen en la 18ª sesión del Pleno de esta dictaminadora, la diputada María del Rocío García Olmedo expresó su desacuerdo con el segundo punto, por no considerar pertinente exhortar a un organismo autónomo como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin que antes se agoten las intervenciones de las autoridades estatales, de tal manera que se ponderó desechar el segundo punto y sólo aprobar el exhorto a los tres órdenes de Gobierno del Estado de Tabasco, a fin de implementar, de manera urgente, acciones institucionales coordinadas para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres que se encuentran en riesgo latente, a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado. En particular, se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para que desarrolle un protocolo de actuación e investigación del feminicidio y al Congreso estatal para que desarrolle un marco normativo que genere las bases para una regulación efectiva en torno a las investigaciones en materia de feminicidio.

La propuesta de dictamen fue sometida a votación una vez excluido el segundo punto, logrando el voto unánime en sentido positivo en todos sus términos.

Finalmente, podemos concluir que esta Dictaminadora coincide plenamente con la diputada proponente en su preocupación por los altos índices de violencia que prevalece con las niñas y mujeres en el Estado de Tabasco, cuyas cifras que presentan reflejan la necesidad de acciones urgentes para garantizar un alto a estas cifras.

Por lo antes expuesto la Comisión de Igualdad de Género emite el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones y somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a los tres órdenes de gobierno del estado de Tabasco a implementar, de manera urgente, acciones institucionales coordinadas a fin de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en esa entidad que a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado y se encuentran en alto riesgo. En particular se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para que desarrolle un protocolo de actuación e investigación del feminicidio y al Congreso estatal para que desarrolle un marco normativo que genere las bases para una regulación efectiva en torno a las investigaciones en materia de feminicidio.

Notas:

1 Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Causas y consecuencias 2012-2013. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México, Pág. 152.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Encuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultable en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-f uero-comun.php

5 Activa gobierno medidas para castigar feminicidios y erradicar la violencia, Boletín gobierno de Tabasco, emitido el 1 de agosto de 2013, disponible en [http://www.tabasco.gob.mx/content/activa-gobiernomedidas-para-castigar-feminic idios-y-erradicar-la-violencia [consultado 8 de noviembre de 2014]

6 Artículo 32. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

La solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos en el artículo siguiente y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2015

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García, Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito.»

RINDA UN HOMENAJE NACIONAL A RAQUEL TIBOL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Conaculta y del INBA a rendir un homenaje nacional a Raquel Tibol

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha tres de marzo de dos mil quince, el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-6-2033, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/4133 de fecha 6 de marzo la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 24 de marzo de dos mil quince, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol, presentada por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Tercero. Como antecedentes, el diputado proponente refiere que el 22 de febrero murió en la Ciudad de México Raquel Tibol, escritora, periodista, curadora y promotora cultural, a quien se consideraba como la decana de la crítica de arte en nuestro país.

Menciona que era argentina de nacimiento y mexicana por decisión, Raquel Tibol, cuyo verdadero apellido era Rabinovich, vivió una vida intensa y envidiable, toda vez que se codeó con los grandes genios de la plástica mexicana, a quienes no estimó admiración ni su crítica.

Que fue autora de más de cuarenta libros y distinguida con la amistad de Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes la introdujeron al mundo de la plástica. “El contacto con Frida y Diego me conmocionó, era tan diferente a todo lo que yo había vivido que nunca terminaré de agradecerle a Diego esa invitación”.

Que de ella, se agradece lo mordaz de su crítica, su independencia y honestidad intelectual, pues antes que complacer personajes o camarillas, prefirió siempre anteponer su visión sobre el arte, gustara ésta o no.

Que mientras era galardonada con la medalla Bellas Artes, señaló: “La crítica de arte que se hace hoy día debería ser más aguda, menos mafiosa. Muchos de los críticos escriben de sus amigos o de las corrientes que privilegian. Un verdadero crítico, hoy por hoy, en un panorama tan plural como el que estamos viviendo, debe girar 180 grados su mirada y abarcarlo todo, cosa que no está ocurriendo”.

Menciona el diputado, que la ausencia de Tibol deja un espacio en la plástica mexicana que será difícil de llenar. Por ello, se hace necesario un reconocimiento a su trayectoria, la cual es sinónimo de libertad y compromiso con las ideas, antes que con las personas o sus intereses.

Cuarto.Para el estudio de esta proposición, se debe considerar que por decreto presidencial de fecha 6 de diciembre de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del mismo año, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Que en términos del Decreto que lo creó, el mencionado órgano administrativo desconcentrado debe proveer a la promoción y difusión de la cultura y las artes dentro del marco de atribuciones que corresponden a esta Secretaría.

Asimismo, el 31 de diciembre de 1946 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación Pública, teniendo entre sus finalidades el cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.

Quinto. Esta comisión considera que desde su llegada a México en el año de 1953 y posteriormente su naturalización en 1961, Raquel Tibol se destacó como una controversial crítica e historiadora del arte mexicano.

Asimismo, su profundo interés por el arte la llevó a escribir sobre personajes como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, con este último, como lo refiere el diputado en el documento que se analiza, mantuvo una relación de amistad que significó su introducción al tema de las artes plásticas de nuestro país.

Su primera entrevista fue con Luis Buñuel para el suplemento “México en la Cultura de Novedades” y también colaboró en diversas publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, publicó más de 30 títulos en los que se destacan “Diversidades del arte del siglo XX para recordar lo recordado”; “Pasos en la danza mexicana”; “Frida Kahlo, una vida abierta”; “Los murales de Diego Rivera”, entre otros.

Asimismo, participó en la conducción de los programas “La Plática y la Crítica” y “Aproximaciones”, transmitidos por el canal 11.

Varias son las anécdotas en la vida de Raquel Tibol, entre ellas la ocurrida en el Congreso Nacional de Artistas Plásticos, llevada a cabo en el año de 1972, donde abofeteó a David Alfaro Siqueiros, como respuesta a las declaraciones xenofóbicas que el muralista había hecho en su contra en una de las sesiones del Congreso.

Así también, cuando llegó a afirmar que: “Si leen a José Luis Cuevas, en su Cuevario, encontrarán los mejores insultos que me han dedicado, y somos muy buenos amigos. Le di una cachetada a Siqueiros y no volví a su casa porque yo no quise, porque él me invitó a que regresara, de modo que he tenido una vida con picos agudos, por eso se les ha ocurrido decir que soy una leyenda.”

Por otra parte, su labor como crítica y promotora cultural, la hizo acreedora a diversos reconocimientos entre los que destacan el Premio Nacional Antonio García Cubas, por su trabajo sobre Frida Kahlo, el Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez, la Medalla de Oro de Bellas Artes y un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Sexto. La Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos y extranjeros que han contribuido de manera significativa a fortalecer y enaltecer la imagen de nuestra nación. Y con su aportación cultural y testimonio de vida, Raquel Tibol merece ser reconocida con un homenaje a nivel nacional.

Que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Nota:

1 Instituto Nacional de Bellas Artes. http://www.inba.gob.mx /index.php/2015-01-08-16-20-29/febrero/9609-200-el-inba-lamenta-el-fallecimient o-de-la-critica-de-arte-raquel-tibol

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de marzo de 2015.— Signan el presente dictamen los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Nadya de Jesús Cruz Serrano (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Ofelia Limón Robles (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), María de los Ángeles Sánchez Lira.»

INVESTIGAR, PROTEGER Y CONSERVAR LOS VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS QUE SE ENCUENTREN EN EL TERRENO QUE OCUPARA EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y el INAH a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 3 de marzo de 2015, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL-62-II-3-2333, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/4134 de fecha 6 de marzo la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 24 de marzo de 2015, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Segundo. Que de acuerdo con los antecedentes y la motivación de la diputada proponente. Los mexicas, en un largo peregrinar de más de 200 años desde su lugar de origen, que data se encontraba ubicado al norte de Mesoamérica, llegaron a esta región que estaba ocupada por diversos grupos humanos con desarrollos culturales complejos y florecientes.

Que hacía el año 1325 de nuestra era, se establecieron en un islote ubicado en la parte occidental del lago de Texcoco a cambio de pagar tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, quienes eran dueños de esa parte del lago.

Que el grupo errante estableció su ciudad en el lugar donde vieron dicha señal, la cual consistía en un águila parada sobre un nopal, y la llamo México-Tenochtitlan.

Que de acuerdo con su historia, el lugar de la fundación les fue indicado mediante una señal por su dios tribal, Huitzilopochtli, quien se comunicaba con ellos a través de su sacerdote.

Asimismo, la proponente señala que actualmente es una zona ocupada en gran parte por la Ciudad de México y su área conurbada, y muy poco queda ya de los grandes cuerpos de agua que proporcionaron todo un modo de vida a los grupos humanos que desde hace cerca de treinta mil años comenzaron a poblar esta región, que ahora conocemos como Cuenca de México y que los mexicas llamaban Anáhuac.

Que con el pasar de los años, la constante devastación, despojo, saqueo, que ha sufrido México en su patrimonio cultural autóctono e indígena, sumado a la falta de aprecio y respeto de tales bienes, trae como consecuencia su destrucción y la no divulgación del acervo de nuestro país, a generaciones futuras.

De acuerdo con la diputada proponente, una serie de factores como la densidad poblacional, la necesidad de mejoras de servicios, la modernidad y la voracidad de las empresas coludidas con las autoridades mexicanas, pueden vulnerar el acervo arqueológico y paleontológico de la zona del ex lago de Texcoco.

Señala también que nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles y nuestras calles y plazas exponen las impresionantes edificaciones que ha heredado de las épocas de la conquista y la colonización.

Que para el arqueólogo Luis Morett Alatorre, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pondría en peligro, dicho acervo.

Quien afirma que se realizaron investigaciones en mayo y junio de 2003, con especialistas de Estados Unidos e India, localizando más de 280 puntos con restos de asentamientos o campamentos temporales y permanentes, fragmentos de piezas prehispánicas, materiales de cerámica, lítica, restos constructivos de palafitos de carácter ritual y ofrendario, así como evidencias de yacimientos paleontológicos, información que el Gobierno Federal tiene en su poder, señala:

La zona donde quieren construir el nuevo aeropuerto es una vasta zona arqueológica y paleontológica, El lecho del lago de Texcoco, que es donde se proyecta el aeropuerto, es un área no suficientemente explorada, solo una pequeña fracción al sur del caracol fue trabajada hace 15 años”...

En palabras de la proponente, la destrucción de los restos de nuestros antepasados, nos imposibilitan a transmitir a las generaciones venideras el legado del acervo cultural de nuestro país.

Por lo que resulta imprescindible proteger y adoptar medidas eficaces tendientes a la protección, defensa y recuperación de los bienes culturales de las mexicanas y de los mexicanos.

Según señala la diputada autora de la proposición, el gobierno federal es responsable de la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de nuestro país, en términos del artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que en su parte conducente dice:

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas monumentos...

Que en su artículo 3o. señala:

Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde a:

I. El presidente de la República;

II. El secretario de Educación Pública;

III. El secretario del Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.”

Que en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señala en su artículo 2o., lo siguiente:

Artículo 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto...

Por lo anterior, la proponente considera que es procedente exhortar al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto para que proteja y actué en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Así como, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como a hacer públicos los avances que se den al respecto.

Finalmente, la diputada proponente señala el compromiso que México tiene con sus antepasados y con su historia, por lo tanto, es deber y obligación de los Diputados representar los intereses de los ciudadanos anteponiendo el interés público, sobre los intereses particulares.

Tercero. Esta dictaminadora advierte que se trata de dos peticiones las que contiene esta proposición: la primera consiste en exhortar al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto para que proteja y actué en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así como, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La segunda consiste en el exhorto a las correspondientes autoridades a hacer públicos los avances que se den al respecto.

La comisión dictaminadora coincide en los propósitos enmarcados en la proposición que se analiza, ya que se trata de proteger, conservar y recuperar el valioso legado cultural vinculado a los valores que la sociedad reconoce en cada momento de su historia, que dejan una profunda huella a las generaciones futuras.

En concordancia con estas ideas, la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, en la Conferencia Mundial sobre el tema, el 26 de agosto de 1982, determina “ Así, al expresar su esperanza en la convergencia última de los objetivos culturales y espirituales de la humanidad, la Conferencia conviene en que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias”.

Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron derechos y obligaciones, entre los primeros,  el de generar cultura, de participar del patrimonio cultural, contenidos en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la que el Estado mexicano es signatario. Así también la obligación de generar cultura y participar en ella para engrandecerla:

“Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”

Otro catálogo importante de derechos, se contiene en el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

1. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados parte en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

Décadas después, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) impulsa la acción de los países en el mundo, para sostener la convicción de que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz. Y se eleva la diversidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la humanidad, tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los seres vivos. Su salvaguardia se erige en imperativo ético, indisociable del respeto por la dignidad de la persona”.

Con esa declaración los países aspiran a preservarla como tesoro vivo y renovable, no estático. Que cada individuo debe reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas, sino el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales, de esa manera, se preserva esa diversidad cultural, como proceso evolutivo y como fuente de expresión, creación e innovación.

Quienes suscriben estos conceptos, manifiestan que con la anterior conceptualización, queda superada la posición entre los países que quieren defender los bienes y servicios culturales, que por ser portadores de identidad, valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás y los que esperan fomentar los derechos culturales, porque hay un nexo causal que une las dos posiciones, no puede existir una sin la otra.

Es así, que dicha conceptualización amplía la posibilidad de acceso de todos los sectores de una sociedad a la cultura.

Por eso la UNESCO a través de diversos convenios emitidos, señala a la cultura como una pieza clave para el desarrollo sostenible de los países, comunidades y pueblos. Además resalta la importancia de la preservación tanto del patrimonio natural, como del patrimonio cultural en sus dos aspectos, el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial, así como de la diversidad de expresión cultural.

En dichos convenios, la UNESCO plantea la creación de fondos que permitan a los Estados Parte contar con recursos principalmente para la protección y salvaguardia de los patrimonios culturales y naturales materiales e inmateriales con los que cada uno de ellos cuenta.

Dichos fondos provendrán de diferentes fuentes, desde recursos que la Conferencia General de la UNESCO destinará, hasta contribuciones voluntarias de los Estados Parte, así como de donaciones de entidades públicas, privadas y particulares, entre otros.

Para dicho organismo, uno de los principios rectores para la conservación y difusión de la cultura y sus diversas formas de expresión, es garantizando los derechos humanos y sus libertades fundamentales como son libertad de expresión, información y comunicación.

Es importante mencionar que en dichos documentos se indica que cuando un Estado Parte requiera aplicar medidas y políticas de protección, éstas deberán ser coherentes con lo establecido por la UNESCO.

Teniendo como consideraciones que el deterioro del patrimonio cultural y natural se puede dar tanto por causas tradicionales como por cambios en la vida social; que la protección del patrimonio cultural y natural no ha sido suficiente en muchos países debido a los escasos recursos económicos, científicos y técnicos; que la Constitución de la UNESCO señala que este organismo “ayudará a la conservación, progreso y difusión del saber” del patrimonio cultural y natural; de la importancia del patrimonio natural y cultural como bienes únicos e irremplazables independientemente del país al que pertenezcan y que incluso algunos por su significado histórico requieran ser considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad, el 16 de noviembre de 1972, se aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

El mencionado documento define patrimonio cultural y patrimonio natural como:

Patrimonio Cultural:

- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Patrimonio Natural:

- los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Es necesario fomentar la interacción e intercambio cultural entre poblaciones, comunidades y naciones, lo que permite el crecimiento cultural y a su vez el desarrollo de una sociedad.

Asimismo, se hace indispensable la creación de programas de formación y educación cultural, a través de los cuales se pueda acercar a jóvenes y niños, principalmente, a las diferentes expresiones culturales, y es que como lo expresa la UNESCO en la Declaración Universal UNESCO, sobre Diversidad Cultural “...la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos”.

Ahora bien, como lo refiere la diputada proponente, debido a la globalización y transformación social, el diálogo entre comunidades ha ido en aumento, sin embargo la intolerancia entre diferentes culturas también, por lo que se corre un grave riesgo de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural. Es por ello que la dictaminadora comparte, que se requiere del apoyo en su mayoría de los tres órdenes de gobierno, pero también de la participación activa de la sociedad civil, en especial de las comunidades en que se encuentre o sea originario el patrimonio cultural, como en el caso de la zona en la que se anuncia la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Cuarto. Conforme a los fundamentos y contenidos de la cultura, la preservación del patrimonio cultural, es un asunto de interés social y nacional y que deposita en el orden federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que en representación del interés público sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación.

Por ello, la legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o que fueron destinados al culto religioso; y aquellos que por sus cualidades revisten valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

Y el marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, le otorga una condición jurídica que a los bienes arqueológicos, por disposición de la Ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles; y en el caso de los bienes artísticos e históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio, con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, independientemente de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular.

Con fundamento en este dispositivo constitucional, se expidió la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, la que en el artículo 2o. establece que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.

En su artículo 5o. que son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

En el artículo 18 de la referida ley, que el gobierno federal, los organismos descentralizados y el gobierno del Distrito Federal, cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes a este instituto.

Por ello es que con base en los anteriores fundamentos legales aplicables, esta Dictaminadora estima procedente exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia proteja y actúe en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Quinto. En marzo de 2015, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia prepara la autorización para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre una de las regiones clave de Mesoamérica: el antiguo Lago de Texcoco.

Que aun cuando reporta sólo “hallazgos menores” sobre 50 kilómetros cuadrados, por otro lado también hay información de que ha descubierto al menos 28 sitios arqueológicos y 270 puntos con vestigios prehispánicos. Esta información ha generado especulaciones por parte de arqueólogos e investigadores, quienes opinan que los trabajos de salvamento que se realizan desde 2012, tienen el único propósito de ocultar y minimizar el valor histórico, cultural y arqueológico de la zona.

Por lo que también esta comisión dictaminadora estima procedente que aunado a las labores de protección  y actuación  en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno correspondiente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia haga públicos los avances que se den al respecto.

Sexto. En la vigésima sexta reunión ordinaria del día 24 de marzo del presente, presentaron los diputados Roberto Ruiz Moronatti y Javier Filiberto Guevara González ante el pleno, una solicitud para anexar al dictamen el exhorto a los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para rendir un informe detallado referente a las exploraciones que se han realizado en los terrenos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y las acciones que sean realizado para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos si es que se hubiese encontrado.

Por los argumentos y fundamentos que plantea esta comisión dictaminadora en cada uno de los considerandos, determina procedente la presente proposición.

Con base en lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, considera que es de resolverse y se:

Resuelve

Primero. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe detallado referente a las exploraciones que se han realizado en los terrenos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y las acciones que sean realizado para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos si es que se hubiesen encontrado.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto, para que proteja y actúe en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como a hacer públicos los avances que se den al respecto.

Notas:

1 http://www.jornada.unam.mx/2014/09/11/politica/018n1pol

2 Portal UNESCO: http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_F6738ABFE74967624B9752C079285FA 381780000/filename/mexico_sp.pdf

3 Declaración Universal de derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, Paris

4 El Pacto fue aprobado mediante la resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es obligatorio para los Estados que han manifestado su consentimiento de quedar vinculados a él, como el Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año.

5 Documento preparado para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 26 de agosto-4de septiembre de 2002. Serie sobre la División Cultural No. 1. Pág. 4.

6 Documento preparado para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 26 de agosto-4de septiembre de 2002. Serie sobre la División Cultural número 1, página 4.

7 Declaración Universal UNESCO, sobre Diversidad Cultural (adoptada por la 31 sesión de la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre 2001).

8 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/08/nuevo-aeropuerto-a rrasara-zona-arqueologica/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a abril de 2015.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Nadya de Jesús Cruz Serrano (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Ofelia Limón Robles (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), María de los Ángeles Sánchez Lira.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si son de aprobarse.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se consulta a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día, ahora son dictámenes en sentido negativo

DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado “Análisis de la iniciativa” se examinan el contenido sustancial de la propuesta legislativa y los argumentos en que se sustenta, y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 15 de Diciembre de dos mil catorce de la Comisión Permanente, se presentó la iniciativa a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga para reformar el artículo 155 del Código Penal Federal.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para análisis y dictamen.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona que la fuga o evasión es el acto mediante el cual el detenido, procesado o condenado, recupera su libertad al margen de los medios legales, ya ocurriendo al engaño o a la dádiva para obtener la cooperación de sus vigilantes, o bien empleando los medios adecuados e idóneos para vencer los obstáculos físicos, como ejercer violencia física o moral sobre las personas o fracturando puertas, usando llaves falsas, horadando muros, etcétera.

Se señala que la evasión puede tener lugar en cualquier sitio en donde el agente se halle, ya en la cárcel preventiva, en un vehículo en el que se traslade, en una oficina pública en la que se hallare o en el establecimiento penitenciario en que cumpla su condena.

Se refiere que en algunos países, la fuga de presos se encuentra sancionada bajo el nombre de “quebrantamiento de condena”.

Se menciona que en los últimos años, la fuga de presos, ha constituido un fenómeno que se ha tornado normal en nuestro país. El Código Penal Federal considera el delito de “evasión de presos”, en el artículo 150, del capítulo “Delitos contra la seguridad”. Éste es un delito en que incurren las personas que favorezcan la fuga de una persona que se encuentra en un centro penitenciario, inclusive si son funcionarios públicos.

Se precisa que sin embargo, el Código Penal Federal no contempla una sanción para el sujeto que en su calidad de imputado, procesado o sentenciado, se fugue por su propia voluntad, empleando todos los mecanismos que tenga a su alcance.

Indica que esto ha sido confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha señalado:

Del texto del artículo 150 del Código Penal se infiere que la esencia delictiva del ilícito de evasión de presos es la acción de favorecer la evasión de algún detenido, procesado o condenado, mas no contempla la hipótesis de que el mismo detenido, procesado o condenado sea el agente del delito

Amparo directo 5947/77

Evasión de presos. Sujeto activo del delito

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, volúmenes 109-114, segunda parte página 21 (IUS:235035).

Expresa que la presente iniciativa tiene por objeto tipificar el quebrantamiento de una pena, impuesta por un Juez de lo Penal, a través de la fuga del centro penitenciario en el que se encuentre purgando una pena o en prisión preventiva.

Concluye que resulta de vital importancia que se castigue la fuga de un procesado o sentenciado de un centro penitenciario.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 155 del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo II

Quebrantamiento de Sanción

Artículo 155. Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva, se le sancionará de 3 a 5 años de prisión y no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga.

Si el reo utiliza violencia física en su fuga se le sancionará de cinco a siete años de prisión.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

Primera. La Comisión de Justicia, analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso, y la jurisprudencia relacionada con la aplicación e interpretación del Código Penal Federal.

En la iniciativa propuesta se pretende reforma el artículo 155 de dicha ley, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Artículo vigente Artículo propuesto  Artículo 155.- Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva, no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga. Artículo 155. Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva, se le sancionará de tres a cinco años de prisión y no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga.

Si el reo utiliza violencia física en su fuga, se le sancionará de 5 a 7 años de prisión.

La Comisión de Justicia realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

La evasión, fuga carcelaria o fuga de presos es la acción mediante el cual un detenido se libra de la vigilancia a la que está sometido. Es decir, consiste en sustraerse completamente, por acción propia y voluntaria, a la esfera de custodia en la cual la persona se encontraba legítimamente, aunque fuere en forma momentánea.

La evasión de presos se encuentra tipificada en los artículos 150 al 154 del Código Penal Federal y se establece como sanción penas de seis meses a nueve años a quienes favorecieren la evasión de detenidos y procesados; y hasta veinte años de prisión a quienes favorecieren la evasión de condenados.

El objeto del delito lo constituye la seguridad general encomendada a la administración pública.

El sujeto activo del delito puede serlo cualquiera, excepcionalmente, sólo cuando lo es el que por razón de su cargo o empleo, es custodio o conductor del reo (elemento subjetivo del injusto) la pena es agravada.

El sujeto pasivo lo es la propia colectividad.

Son configurables, además del dolo, la imprudencia generalmente en su especie negligencia, así como la tentativa, la complicidad y el encubrimiento cuando el delito es doloso, más no cuando es imprudencial.

Los elementos del delito son los siguientes:

a) favorecer, en cualquier forma, por actos u omisiones, dolosos o culposos, la evasión de algún detenido, procesado o condenado;

b) Que dicha evasión se consume; o esté en curso de consumarse;

c) Subsidiariamente, en cuanto al sujeto activo, que éste sea, por razón de su cargo, comisión o empleo, el custodio o conductor del reo en la ocasión a que se contrae el apartado b).

Ahora bien, el proponente pretende la reforma del artículo 155 del Código Penal Federal mediante la aplicación de una pena privativa de la libertad al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva, sin embargo, ello no es posible dado que el artículo 154 de la citada codificación establece que al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión.

Lo anterior obedece a la existencia de la ley natural y comprensible que el preso procure recobrar el preciado bien de la libertad.

Al extraño que favorezca la evasión castiga la ley con pena relativamente alta: seis meses a nueve años de prisión, que se incrementa (hasta una tercera parte) y acumula con la destitución e inhabilitación de ocho a doce años, si el delincuente resulta ser un servidor público.

Esto, sin perjuicio de severa agravación si el evadido es un inculpado o condenado por un delito contra la salud.

El prófugo, según la ley, ha de ser un detenido, un procesado o un condenado, por hallarse latente, en este delito que la ley clasifica como un atentado en contra de la seguridad pública, el bien jurídico de la autoridad de las decisiones judiciales.

Ahora bien, el proponente pretende la reforma del artículo 155 del Código Penal Federal mediante el siguiente supuesto: “Si el reo utiliza violencia física en su fuga, se le sancionará de cinco a siete años de prisión”.

Sin embargo, tampoco es viable dicha propuesta, dado que la misma ya se encuentra regulada en el artículo 154 referido, el cual establece:

Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión.

La comisión dictaminadora considera improcedente la propuesta que se analiza.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la propuesta para reformar el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irene Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 98 y 156 Código Civil Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 81 numeral 2, 85, 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I.En el apartado de “ Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “ Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “ Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1.En sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil catorce de la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez para reformar los artículos 98 y 156 del Código Civil Federal.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminen.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona que el matrimonio es un convenio porque es un acuerdo de voluntades. Los convenios se subclasifican en sentido estricto y contratos. Los primeros tienen por objeto modificar o extinguir derechos y obligaciones, y los contratos, crear o transmitir consecuencias jurídicas. En este orden de ideas el matrimonio es forzosamente un contrato porque crea entre los cónyuges derechos y obligaciones reciprocas. Por lo anterior Sara Montero Duhalt, destacada tratadista del derecho, considera al matrimonio como “un contrato solemne de derecho de familia y de interés público que hace surgir entre los que lo contraen en estado civil de casados con todos los derechos y obligaciones determinados por el orden jurídico a través de la institución del mismo hombre”.

Se señala que “régimen” viene del latín régimen:“modo de regirse o gobernarse en una cosa”. “Conjunto de reglas que se imponen o se siguen”. Cuando se decide unir en matrimonio se lleva un principal propósito hacer vida en común, originando el cumplimiento de los fines de ayuda mutua y, en su caso, de procreación, se puede observar que la familia requiere de medios de subsistencia que deben de ser sufragados por los consortes; por ello se considera justa la exigencia de que ambos de acuerdo con sus posibilidades económicas, contribuyan al sostenimiento del hogar y los bienes que tengan o adquieran en individual deben servir para afrontar el destino común a la pareja. Así se puede apreciar que los regímenes patrimoniales nos llevan a decidir qué bienes pertenecen a cada cónyuge y cuáles son comunes.

Se refiere que también por régimen matrimonial se entiende la “forma en que quedará distribuida la propiedad de los bienes de los cónyuges dentro del matrimonio, y su administración, en virtud del convenio que éstos hayan celebrado”. También por régimen patrimonial del matrimonio debemos entender “el conjunto de normas que regulan todos los asuntos pecuniarios, de propiedad, administración y disposición de los bienes de los cónyuges, así como de los derechos y las obligaciones que al respecto se generan entre ellos y los cónyuges y terceros en el momento de celebrarse el matrimonio, mientras dura y cuando llega a su disolución”.

Se precisa que los principios establecidos en la Ley de Relaciones Familiares (LRF) de 1917 fueron los siguientes: a) “El marido y la mujer tendrán plena capacidad, siendo mayores de edad para administrar sus bienes propios, disponer de ellos y ejercer todas las acciones que les competan, sin que al efecto necesite el esposo del consentimiento de la esposa ni ésta de la autorización o licencia de aquél” (artículo 45 LRF). b) “La mujer siendo mayor de edad, podrá, sin licencia del marido, comparecer en juicio para ejercitar todas las acciones que le correspondan, o para defenderse de las que se intenten en contra de ella” (artículo 46 LRF). c) “La mujer puede, igualmente, sin necesidad de la licencia marital, celebrar toda clase de contratos con relación a sus bienes” (artículo 47 LRF). d) El artículo 4o. transitorio de la Ley de Relaciones Familiares estableció: “La sociedad legal en los casos en que el matrimonio se haya celebrado bajo ese régimen, se liquidará en términos legales, si alguno de los consortes lo solicitare; de lo contrario, continuará dicha sociedad como simple comunidad regida por las disposiciones de esta ley”.

Indica que el Código de 1928, restableció la sociedad conyugal como régimen patrimonial que junto con los de separación de bienes o de un sistema mixto, combinación de ambos, desaparece del Código Civil vigente el sistema supletorio de sociedad legal, así los contrayentes al celebrar el matrimonio deben elegir su régimen matrimonial, la elección es libre y necesaria, los consortes habrán de optar algún sistema de acuerdo a sus intereses a través de un contrato denominado capitulaciones matrimoniales. Por lo anterior los contrayentes deben pactar las capitulaciones matrimoniales al celebrar el matrimonio y reglamentar la administración de sus bienes en uno y en otro caso no debiendo dejar de presentar el convenio sobre sus bienes con el pretexto de que los pretendientes carezcan de bienes, pues en tal caso versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. En el acta matrimonial se hará constar la manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes (artículo103, fracción VII, CCF).

Expresa que el Código Civil Federal en su título quinto Del Matrimonio, capítulo II. De los requisitos para contraer matrimonio, establece los numerales 146 a 155.

Indica que con el fin de complementar adecuadamente los requisitos para contraer matrimonio, que establece el Código Civil Federal toda vez que el ordenamiento vigente no los menciona, deberían agregarse los siguientes: Exhibir un certificado expedido por médico titulado en donde se acredite que los interesados no padecen enfermedad considerada un impedimento para contraer matrimonio, y haber asistido a una plática organizada e implementada por la dirección del Registro Civil, sobre los regímenes matrimoniales y alcances con el fin de que sean informados con relación a estos antes de contraer matrimonio, y así elegir el régimen que les convenga. Dicha plática deberá ser sustentada por un profesional de derecho.

Precisa que el artículo 156, establece que son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio los siguientes: I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos; III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre; VII. La fuerza o miedo grave. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; VIII. La impotencia incurable para la cópula; y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias. IX. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 450. X. El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

Concluye que deben integrarse al artículo anteriormente citado la falta de constancia médica expedida por médico titulado en donde se acredite que los interesados no padecen enfermedad considerada como un impedimento para contraer matrimonio, así como la no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 98 y 156 del Código Civil Federal

Artículo Único. Se reforma el Código Civil Federal, adicionándole la fracción V al artículo 98, recorriendo el orden de las subsecuentes y las fracciones XI y XII al artículo 156, para quedar como sigue:

Artículo 98.Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

I. a la IV. ...

V. La no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances.

VI.El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.

VII.Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente;

VIII.Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.

Capítulo II

De los requisitos para contraer matrimonio

Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. La falta de constancia médica expedida por médico titulado en donde se acredite que los interesados no padecen enfermedad considerada como un impedimento para contraer matrimonio.

XII. La no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances.

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. Así como las fracciones XI cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

Primera. Esta Comisión de Justicia, analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso, y la jurisprudencia relacionada con la aplicación e interpretación del Código Civil Federal.

En la iniciativa propuesta se pretende reformar los artículos 98 y 156 de dicha ley, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Artículo vigente

Artículo 98.Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce;

II.La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 149, 150 y 151;

III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos;

IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria.

Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial;

V.El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.

VI.Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente;

VII.Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.

Artículo 156.Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I.La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada;

II.La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos;

III.El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa;

IV.El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna;

V.El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado;

VI.El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre;

VII.La fuerza o miedo grave. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad;

VIII.La impotencia incurable para la cópula; y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias.

IX.Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 450.

X.El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer.

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

Artículo propuesto

Artículo 98.Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

I. a la IV...

V. La no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances.

VI.El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.

VII.Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente;

VIII.Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 

Artículo 156.Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

X...

XI. La falta de constancia médica expedida por médico titulado en donde se acredite que los interesados no padecen enfermedad considerada como un impedimento para contraer matrimonio.

XII. La no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances.

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. Así como las fracciones XI cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio.

La Comisión de Justicia realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

Debe precisarse que en la legislación civil se establecen ciertos requisitos para la celebración del matrimonio.

Los aludidos requisitos pueden ser de existencia o de validez, Son elementos de existencia en el derecho civil: a) la diferencia de sexo entre los contrayentes, b) el consentimiento de los mismos, c) la celebración ante la autoridad competente.

Dice Rojina Villegas:

“Podemos definir los elementos esenciales indicando que son aquellos sin los cuales el acto jurídico (matrimonio) no puede existir, pues faltaría al mismo un elemento de definición; en cambio, son elementos de validez aquellos que no son necesarios para la existencia del acto jurídico, pero cuya inobservancia trae consigo la nulidad absoluta o relativa, según lo disponga la ley.”

Es de aclararse, como indica el mismo autor, que “Los actos inexistentes no son susceptibles de confirmación ni de ratificación”.

Lo indicado por este autor se sostiene unánimemente, luego, el matrimonio carente de un elemento no será susceptible de validación.

Ahora bien, conforme al Código Civil Federal, en sus artículos 97 y 98, las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al juez del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese:

I.Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio, tanto de los pretendientes como de sus padres, si éstos fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados, se expresará también el nombre de la persona con quien celebró el anterior matrimonio, la causa de su disolución y la fecha de ésta;

II.Que no tienen impedimento legal para casarse, y

III.Que es su voluntad unirse en matrimonio.

Dicho escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno no pudiere o no supiere escribir, lo hará otra persona conocida, mayor de edad y vecina del lugar.

Al referido escrito, se acompañará:

I.El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce;

II.La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 149, 150 y 151;

III.La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos;

IV.Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria.

Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial;

V.El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.

VI.Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente;

VII.Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.

En ese sentido, la proponente sugiere que también se acompañe al escrito de solicitud de matrimonio “La no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances” y para lo cual propone la adición de una fracción al numeral 98 ya referido, lo cual es inviable, dado dicho precepto refiere aquellos documentos que deben acompañarse al escrito de solicitud de matrimonio, y la redacción que se propone no establece ninguna documentación, ya que refiere un hecho negativo como lo es “La no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances”, y por ende, no encaja con el resto de las fracciones por referirse a cosa distinta y por ende no es de aprobarse por esta dictaminadora.

Ahora bien, debe decirse que la circunstancia que anula o impide el matrimonio recibe el nombre de impedimento.

Como es sabido, los impedimentos hacen incapaz de desempeñar cargos de variada índole, o de ejercer funciones; en la materia que estamos estudiando, colocan a los interesados en contraer matrimonio civil en la imposibilidad definitiva o transitoria de lograrlo.

Conforme al Código Civil Federal, en su artículo 156, son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio los siguientes:

I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada;

II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos;

III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa;

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna;

V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado;

VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre;

VII. La fuerza o miedo grave. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad;

VIII. La impotencia incurable para la cópula; y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias.

IX. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 450.

X. El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer.

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

En ese sentido, la proponente sugiere que se adicionen dos nuevas hipótesis de impedimentos para contraer matrimonio que son las siguientes: a) La falta de constancia médica expedida por médico titulado en donde se acredite que los interesados no padecen enfermedad considerada como un impedimento para contraer matrimonio; y b) la no acreditación de haber asistido a la plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances.

Para lo cual propone la adición de dos fracciones al numeral 156 ya referido, lo cual es inviable dado que el padecimiento mismo de enfermedad considerada como un impedimento para contraer matrimonio, ya se encuentra como impedimento en la fracción VIII.

No escapa decir que dentro de la propuesta se refiere a la existencia de una plática correspondiente a la información sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances así como su respectiva constancia de acreditación, sin embargo, ello debiera ser un requisito y no un impedimento.

Además, no menciona en qué legislación existe la obligación de asistir a una plática para brindar información a los futuros contrayentes sobre los regímenes matrimoniales y sus alcances.

En ese sentido, esta comisión dictaminadora considera inviable la propuesta que se analiza.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la propuesta para reformar los artículos 98 y 156 del Código Civil Federal a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 18 de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81 numeral 2, 85, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes:

1. En sesión celebrada el día diez de febrero de dos mil quince de la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa a cargo del Congreso de Jalisco para reformar el artículo 234 del Código Penal Federal.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona que el objetivo principal de la iniciativa propuesta, es imponer la pena de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa, a la persona que se le demuestre que tenía el conocimiento de portar un billete o moneda falsos y haber hecho uso de éste, con lo que se analizará mejor el caso en el que se presenten estas situaciones debido a que en ocasiones la persona no tiene el conocimiento de la autenticidad o falsedad del billete o moneda, por lo que se les acusa injustamente de dicho delito quedando presos durante un largo tiempo, sin antes haber comprobado si realmente contaba con el conocimiento del acto que realizaba al utilizar un billete o moneda apócrifas.

Con esta modificación se evitarían situaciones en las cuales se culpe injustamente a quien por casualidad porte un billete o moneda falsos, sin tener conocimiento de ello.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 234 del Código Penal Federal

Artículo Primero.Se reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 234. ...

...

...

La pena señalada en el párrafo anterior de este artículo, también se impondrá a la persona que se le demuestre plenamente que tenía conocimiento de la falsificación e hiciera uso de la moneda.

Transitorio

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones:

Primero. Esta Comisión de Justicia, analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso, y la jurisprudencia relacionada con la aplicación e interpretación del Código Penal Federal.

En la iniciativa propuesta se pretende reformar el artículo 234 del Código Penal Federal, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Artículo Vigente

Artículo 234. Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor.

Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

La pena señalada en el primer párrafo de este artículo, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

Artículo Propuesto

Artículo 234. ...

...

...

La pena señalada en el párrafo anterior de este artículo, también se impondrá a la persona que se le demuestre plenamente que tenía conocimiento de la falsificación e hiciera uso de la moneda.

Gramaticalmente, falsificar significa falsear, adulterar, contrahacer. Falsedad equivale a falta, alteración de la verdad. La alteración de la verdad puede provenir de error (cuando de buena fe se cree y afirma como cierto lo que no es) o de mentira, afirmando como cierto lo que se sabe contrario a la verdad.

El penalista Eduardo López Betancourt en su obra Delitos en Particular, Tomo V, refiere que “esta afirmación maliciosa es el alma de la falsedad, pero el contenido mendaz de un hecho no es bastante para que sea punible, es menester que además se halle revestido de un aspecto de verdad capaz de engañar a los demás, que se preste como verdadero. Mas para que los hechos falsos entren en el campo del derecho no basta que se hallen revestidos con un ropaje de verdad, es también condición precisa que lesionen bienes jurídicos, protegidos por la ley”.

El vocablo falsificación encuadra dentro del género falsedad, que es la falta de verdad o de autenticidad cuando no hay conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, es decir, es cualquier ocultamiento de la verdad.

Entre sus derivantes encontramos falsear, falseamiento, falsificar y falsificación. Por tanto, la falsedad se presenta como una circunstancia con diferentes formas de manifestación, como las falsificaciones monetarias, de billetes, alteraciones de medidas y pesos comercialmente hablando, falsedad en declaraciones, en documentos, etcétera.

Por otra parte, según el diccionario de lengua española, la moneda es el signo representativo del precio de las cosas para hacer efectivos los contratos los cambios; una pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con el busto del soberano o el sello del gobierno, que tiene la prerrogativa de fabricarla, y que bien por su valor efectivo, o bien por el que se le atribuye, sirve de medida común para precio de las cosas y facilitar los cambios.

Según la definición legal establecida en el código penal federal, artículo 234 párrafo segundo, Se entiende por moneda... los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor.

Los delitos de falsedad, alteración o destrucción de moneda, tipificados en los artículos 234 a 238 del Código Penal federal, constituyen delitos contra la fe pública, en la configuración especial de ofensa relativa a la legitimidad de las monedas y de los papeles del crédito público, es decir se ocasiona un daño directo a la fe pública en la certeza jurídica y el valor económico de la moneda.

En esencia se trata de una conducta sumamente lesiva a los intereses de la colectividad y del Estado, aceptante de la economía interna de éste, así como la credibilidad y confianza que debe existir en el mercado con este instrumento de pago, por lo cual el daño no es sólo financiero, si no, también, es un daño que afecta a la política crediticia, la solidez y liquidez del propio Estado, así como la fe pública en esta forma de pago.

Ahora bien, el delito de falsificación de moneda previsto en el artículo 234 del Código Penal federal consiste en producir, almacenar, distribuir o introducir al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente; o a sabiendas hacer uso de moneda falsificada.

Se trata de un delito doloso en virtud de que debe existir la plena y absoluta intención del agente para cometerlo. En efecto, “a sabiendas” es un elemento subjetivo integrante de un dolo específico. Consiste éste en la voluntad y conciencia del agente, ha de hacer el uso de la moneda que sabe es falsa o que sabe que está alterada.

Debe decirse que, conforme a la estructura legislativa del artículo 234 del Código Penal Federal, permite concluir la autonomía entre los delitos de falsificación de moneda y uso de moneda falsa, pues en el párrafo segundo indica las diversas conductas que alternativamente integran el primer delito y, en el último párrafo, la conducta típica del de uso de moneda falsa. Es decir, son delitos independientes.

Se afirma lo anterior, dado que si el delito de uso de moneda falsa fuera una hipótesis más delitos de falsificación de moneda, el supuesto normativo habría incluido la conducta de usar, dentro de la enumeración alternativa de producir, almacenar, distribuir o introducir, acciones constitutivas de falsificar moneda.

Por otra parte, se configuran varias circunstancias que establecen presuntamente ese dolo específico, presunción legal que es juris tantum, por lo que puede ser destruida por prueba en contrario suficiente. Esas circunstancias, pueden ser: a) la experiencia derivada del conocimiento de la calidad de las monedas, por razón de la profesión, actividad u ocupación del agente; b) la portación de dos monedas falsas o alteradas, como indicio de que el agente se dispone a hacerlas circular; c) el poner en circulación una y en esa misma ocasión ser portador de otras dos o más, como indicio también de que se tiene la maliciosa intención de ponerlas en circulación todas; y d, el haber cometido con anterioridad el mismo delito, aunque el agente no hubiera obrado de acuerdo con el falsario, es decir que hubiere obrado por propia cuenta y resolución. Las presunciones juris tantum se destruirán al probarse plenamente que, no obstante ser ciertos los hechos que las constituyen, no se prueba el dolo específico requerido por la ley con el elemento “a sabiendas”.

Además, las conductas típicas de este delito, consisten en producir, almacenar, distribuir, usar o introducir al territorio nacional los documentos o piezas utilizables en las monedas circulantes en las condiciones que señalan los párrafos tercero y cuarto del numeral en cuestión. En lo que nos interesa, usar sería gastar, utilizarlo, expandir la moneda falsa pagando con ella en el mercado como si fuera real o verdadera.

Debe decirse que conforme a lo previsto en el artículo 234, último párrafo, del Código Penal Federal, se advierte que el delito de uso de moneda falsa se actualiza cuando el inculpado emplea una moneda o billete apócrifos para realizar un acto de comercio. El vocablo “uso” según el Diccionario de la Lengua Española Larousse, entre otras acepciones, significa “acción y efecto de usar. Capacidad para usar algo”.

Sirve de apoyo lo sustentado en la siguiente tesis que se transcribe literalmente:

Época: Novena Época

Registro: 204988

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo I, Junio de 1995

Materia(s): Penal

Tesis: III.2o.P.2 P

Página: 451

Falsificación de billetes de banco, delito de interpretación del último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal.

El artículo 234 de la Ley Sustantiva Penal Federal, en vigor, señala: La pena señalada en el primer párrafo de este artículo, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

Lo anterior pone de manifiesto, en una correcta hermenéutica, que el legislador al emplear el concepto hacer uso a sabiendas, implícitamente incluyó lo que con anterioridad se denominaba hacer circular esa moneda en la república, pues el hecho de que una persona pase a otra dólares falsos, propiamente los está usando y al traspasarlos, lógicamente, los pone en circulación.

Amparo directo 67/95. Enrique Guillermo Longoria Araujo. 11 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez. Secretario: Francisco Javier Villaseñor Casillas.

Ahora bien, se menciona que el objetivo principal de la iniciativa propuesta, es imponer la pena de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa, a la persona que se le demuestre plenamente que tenía el conocimiento de portar un billete o moneda falsos y haber hecho uso de éste, esto es, que el sujeto activo del delito, tenga conocimiento de la falsificación y además hiciera uso de la moneda, lo cual debe quedar plenamente demostrado.

En ese sentido, debe decirse en primer término, que el delito de uso de moneda falsificada vigente, referida en el tercer párrafo del artículo 234 bis al referirse “la pena señalada en el primer párrafo del artículo anterior también se impondrá al que, a sabiendas, hiciere uso de moneda falsificada”, ya contiene el aspecto subjetivo del tipo delictivo que se propone, por lo cual resulta innecesaria la reforma planteada.

En efecto, la expresión “a sabiendas” es un elemento subjetivo integrante de un dolo específico. Consiste éste en la voluntad y conciencia del agente, ha de hacer el uso de la moneda que sabe es falsa o que sabe que está alterada, lo cual implica concluir que se trata de una expresión con el mismo significado de aquel que se propone “que tenga conocimiento de la falsificación”.

Por otra parte, vale decir también que el principio de presunción de inocencia se encuentra plasmado como derecho y garantía procesal en nuestra Constitución, encontrándose entre los derechos que conforman la esfera del debido proceso y su aplicación determina el funcionamiento justo o injusto del sistema penal.

De esa manera el Código Nacional de Procedimientos Penales recientemente aprobado, en el artículo 130, señala que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Esto es, que en el caso que nos ocupa, la carga de la prueba de que el indiciado obró con dolo al realizar un pago con moneda falsa, sería de la parte acusadora, lo cual necesariamente debe quedar probado plenamente, que es la otra parte de la reforma planteada, lo cual también resulta innecesario.

Por lo tanto, si bien es cierto que el elemento normativo del delito se encuentra sujeto solo a la valoración o interpretación de la autoridad que aplica la norma, es decir el juez respectivo, que es el que deberá valorar si el acusado efectivamente tenía conocimiento de que estaba usando moneda falsa, para llegar a esta conclusión y atentos al principio de inocencia que se comenta, deberá ser plenamente probada tal situación por la parte acusadora, esto es el inculpado será inocente hasta que no se pruebe lo contrario.

Por su parte debe recordarse que el Ministerio Público es poseedor de amplias facultades para el desempeño de sus tareas de averiguación previa, esta tarea puede desembocar en el ejercicio de la acción penal, o en el no ejercicio de la misma; ello siempre y cuando quién este al cargo del desempeño de las tareas ministeriales haga su labor con apego a la ley y con conocimiento de la misma (por supuesto).

En ese sentido, esta comisión dictaminadora considera innecesaria la reforma propuesta que se analiza.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa a cargo del Congreso de Jalisco para reformar el artículo 234 del Código Penal Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 18 de marzo dos mil quince.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irene Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

REGLAMENTO DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa de Decreto que reforma los artículos 43 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b), y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En la sesión del 15 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la Iniciativa que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

II. Planteamiento de la iniciativa

La iniciativa enlistada en los antecedentes, señala que las condiciones históricas imperantes en nuestro país tras el triunfo de la Revolución Mexicana propiciaron la conformación de un régimen político en el cual, durante un largo periodo, la política nacional estuvo bajo el dominio casi único de un solo partido. Si bien en la Constitución Política de 1917 se estableció la división de Poderes, en realidad la independencia del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo fue una mera formalidad. En la práctica, el papel del Congreso se limitaba a revisar y aprobar las propuestas presentadas por el presidente de la República.

Sin embargo, un conjunto de cambios políticos, económicos y sociales acontecidos a lo largo del siglo XX dieron pie a la transformación del régimen posrevolucionario con lo cual la democracia encontró un escenario más favorable para su desarrollo y consolidación. A partir del 1997, ningún partido político ha sido capaz de obtener la mayoría en el Congreso de la Unión. Como resultado de esta pluralidad, el Poder Legislativo ha recuperado gran parte del terreno cedido frente al Ejecutivo y, luego de décadas de subordinación, éste se ha convertido en un centro autónomo de toma de decisiones y en un auténtico contrapeso al poder presidencial.

Derivado de lo anterior, en el proceso legislativo que da lugar a la modificación o creación de una ley, ha estado presente un intenso debate entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, lo cual da cuenta de una nueva dinámica tanto en el funcionamiento interno de cada una de las asambleas, como en la relación existente entre éstas y con los demás Poderes de la Unión. Este nuevo contexto ha puesto de manifiesto en más de una ocasión que el marco jurídico procesal legislativo, requiere ser reformado para asegurar que los conflictos surgidos de la pluralidad de ideas no obstaculicen el adecuado cumplimiento de la más esencial de las funciones tanto de los diputados como de los senadores, es decir, la de legislar.

En el artículo 50 de la Constitución Política de 1917, se señala que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General conformado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La Cámara de Diputados representa fundamentalmente a los ciudadanos de la nación en la deliberación de los asuntos públicos, mientras que el Senado tiene como principal función la representación territorial, pues los senadores fungen como representantes de las entidades federativas.

Uno de los aspectos distintivos de este bicameralismo es que ninguna cámara tiene el poder de prevalecer sobre la otra.

Sin embargo, durante el largo periodo durante el cual un solo partido mantuvo el control de modo casi exclusivo de la vida política en nuestro país, los conflictos y disensos entre las cámaras del Congreso de la Unión fueron más bien una excepción, pues en la práctica el Poder Legislativo operaba como si fuera una única asamblea subordinada a los designios del presidente de la República, siendo el bicameralismo una mera formalidad.

Actualmente, la relación institucional entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República se mantiene hasta ahora en términos cordiales a pesar de las diferencias. En esta propuesta, se considera el hecho de que es conveniente realizar algunas modificaciones a los ordenamientos que reglamentan el funcionamiento del Poder Legislativo a efecto de que el ánimo de cooperación y la buena disposición para trabajar de manera conjunta sigan prevaleciendo en ambas asambleas.

Una de esas situaciones que, como dijimos, podrían entorpecer el cabal cumplimiento de la función legislativa tanto de diputados como de senadores se presentó durante los periodos extraordinarios de sesiones celebrados durante el receso del segundo año de ejercicio de esta LXII Legislatura. Durante el ciclo en cuestión el Congreso de la Unión llevó a cabo cuatro periodos extraordinarios de sesiones en cuyas convocatorias figuraban asuntos que debieron ser tratados por ambas asambleas antes de convertirse en ley, empero, en más de una ocasión el Senado de la República dio por terminados sus trabajos antes de que la Cámara de Diputados, la cual fungía como cámara revisora en muchos de los dictámenes tratados, hubiera discutido y votado las minutas provenientes de la colegisladora.

Se aprecia un vacío jurídico, pues en estricto sentido el Senado de la República no incumplió ninguna disposición legal en virtud que ni en la Constitución Política, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se establece de modo explícito alguna restricción que impida a las mesas directivas de las cámaras, clausurar los trabajos correspondientes a un periodo extraordinario de sesiones cuando coincidan el objeto u objetos motivo de la convocatoria antes de que éstos hayan sido desahogados por la colegisladora.

Cabe destacar que la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, requiere de la voluntad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, y lograr su confluencia no siempre resulta sencillo. Para la coyuntura en cuestión coincidieron tanto la premura por concretar las reformas que el país requería de manera urgente como la disposición de los principales partidos para sacarlas adelante, no obstante, como ya se mencionó, los consensos en el mismo sentido no se alcanzan fácilmente, por lo cual tener reunidas a ambas cámaras para tratar asuntos comunes puede ser una oportunidad única que resulta conveniente no desaprovechar.

Por ello, consideramos necesario reformar la ley para que en los casos en los cuales coincidan el objeto u objetos motivo de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones ninguna de las Cámaras pueda clausurar los trabajos correspondientes hasta que éstos hayan sido desahogados de manera definitiva tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, todo ello con la finalidad de aprovechar que ambas asambleas se encuentran reunidas, lo cual por cierto, supone un gran despliegue de recursos tanto humanos como materiales.

La modificación propuesta, es contribuir a que la ley sea una herramienta que facilite la cohesión del Congreso de la Unión, generando con ello un clima de respeto, armonía y confianza recíproca, su objetivo es proponer que, se adicione un párrafo segundo al artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 40.

Cuando el Congreso General se reúna en sesiones extraordinarias, se ocupará exclusivamente del objeto u objetos designados en la convocatoria y si no los hubiere llenado el día en que deban abrirse las sesiones ordinarias, cerrará aquéllas dejando los puntos pendientes para ser tratados en éstas.

Cuando coincidan el objeto u objetos motivo de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones ninguna de las Cámaras podrá clausurar los trabajos correspondientes hasta en tanto esos objetos hayan sido desahogados de manera definitiva por la colegisladora.

III. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias corresponde el conocer, analizar y dictaminar la iniciativa turnada, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b) y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ahora bien, esta dictaminadora después del análisis de la propuesta considera pertinente señalar lo siguiente:

a) Técnica legislativa

Esta dictaminadora observa en la propuesta en estudio, que cuenta en su estructura un apartado relativo a exponer cuál es el problema que se pretende con la iniciativa acorde al artículo 78, numeral 1, fracción II, pero en tal apartado únicamente se exponen reminiscencias históricas referentes al Congreso de la Unión para finalmente señalar que: “el marco jurídico procesal legislativo, requiere ser reformado para asegurar que los conflictos surgidos de la pluralidad de ideas no obstaculicen el adecuado cumplimiento de la más esencial de las funciones tanto de los diputados como de los senadores”.

Ante ello, se puede percibir que no se determina en forma concreta cuál es la problemática que aborda el proponente y de la cual su proyecto de decreto debe ser la solución, esto es, si bien la propuesta es acorde a las disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, técnicamente no se encuentra bien estructurada al no exponer en forma clara en dicho apartado cuál es el problema que busca resolver, situación que es de suma importancia, ya que al cumplir con éste, ayuda a determinar la necesidad del proyecto, ya que esto supone identificar las causas y naturaleza del problema en cuestión, con objeto de ir descartando o determinando vías o medios alternativos de solución.

Por lo tanto, si la propuesta cuenta con una clara exposición del problema contribuirá muy probablemente a eliminar la indeseable tendencia a dar solución a todo con la expedición de nuevas leyes o reglamentos, cuando diversas situaciones pueden ser resuelta a través de medidas administrativas, sean operativas, ejecutivas, o de promoción y concientización política que se adecuen a los vigentes textos normativos.

En tales condiciones, al no tener la presente propuesta la estructura mínima, observamos dificultad para determinar cuál es el problema que pretende resolver con su iniciativa. No debemos pasar por alto que tratándose de una cuestión metodológica, conlleva una pregunta inicial y una serie de preguntas tópicas relacionadas con dicho fenómeno tales como el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?, entre otras.

Se insiste en la gran importancia que representa tener claro este tópico, ya que es indispensable comprobar si dicho proyecto está relacionado con un problema jurídico, político, social, cultural, científico o técnico y con ello se puedan precisar las causas y efectos de un problema, para que a través de un acto legislativo se aporte su solución.

Por tanto, al no contar la propuesta con tal estructura, no se puede determinar en concreto cuál será precisamente la solución que aportaría en su caso la señalada modificación al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la Cámara de Diputados.

b) Sesiones extraordinarias

Nuestra norma fundamental precisa que el Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.

Es dable mencionar que se parte de la lógica que dichas sesiones se llevan a cabo fuera de los periodos que se han fijado para las sesiones ordinarias. Ahora bien, lo concerniente a las sesiones extraordinarias se regula en lo particular en los respectivos reglamentos de la Cámara de Senadores y Diputados y en casos relativos a la Comisión Permanente del Congreso, será el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas las sesiones extraordinarias, serán para atender en específico un asunto sometido a conocimiento de alguna de las Cámaras y versará su procedimiento de acuerdo al reglamento respectivo de cada una de ellas y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos será aplicable únicamente para los casos de reunión de la sesión permanente, es decir, la comisión del legislativo que se instala cuando el Congreso General se encuentra en receso.

Expuesto lo anterior, es dable mencionar que las disposiciones vigentes en los reglamentos aludidos que se refieren a las sesiones extraordinarias son acordes al trabajo parlamentario, ya que una correcta interpretación y aplicación de ellas permite considerar que el procedimiento vigente es adecuado para el desahogo de los trabajos, con independencia del tema o naturaleza de los trabajos a desarrollar en tal periodo.

Por tanto, no es viable considerar la existencia de una problemática en el quehacer legislativo el hecho de que no se cuente con una disposición que establezca que al abrir una sesión extraordinaria para abordar un asunto en alguna de las Cámaras y al finalizar los trabajos no se clausure dicho período extraordinario para que resuelva en forma subsecuente la colegisladora, en virtud de lo siguiente:

1. La legislación aludida es clara en mencionar que en alguna Cámara se establece el periodo extraordinario para el conocimiento de un asunto en específico, por tanto es correcto que al terminar dicho asunto que pueda ser en la aprobación o no de leyes o reformas se clausure dicho período, ya que de lo contrario podría excederse en sus funciones o facultades, si bien es claro que dictaminado un asunto sea necesario que la colegisladora realice su procedimiento respectivo, reglamentariamente se ha cumplido el objeto por el cual se abrió el mencionado periodo extraordinario y por tanto debe clausurarse, ya que el estudio del asunto quedará ahora bajo la responsabilidad de la otra Cámara, sumado a que difícilmente se podría precisar que dicho asunto se desahogará antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones, de ahí que lo correcto sea clausurar el periodo.

2. En todo caso y partiendo del caso mencionado en la exposición de motivos de la propuesta, si el asunto se devuelve a la cámara que emitió el dictamen y aún no comience el siguiente periodo ordinario y si el caso lo ameritara, la problemática que posiblemente esté planteando el diputado proponente tiene solución en la reglamentación vigente, ya que bastará con que la Comisión Permanente convoque nuevamente a un periodo extraordinario bajo el procedimiento establecido en el marco legal que ya se ha referido en el cuerpo del presente dictamen.

3. El hecho de mantener una Cámara en funciones en espera del resultado de los trabajos de la colegisladora; eso sí implicaría, como lo menciona la propuesta un despliegue de recursos humanos y materiales con la incertidumbre de que efectivamente vaya a ser necesaria su actividad dentro del periodo extraordinario de sesiones, dada la dificultad de determinar que la colegisladora dictaminará o no el asunto, no es posible saber determinar cuánto tiempo le llevará a cada una de las Cámaras dictaminar tal o cual asunto.

Derivado de lo anterior, incluso podría considerarse que con la reforma propuesta por el diputado iniciante, en lugar de solucionar una problemática, la cual no quedó debidamente asentada, complicara más el procedimiento ya regulado e incluso las prácticas y acuerdos parlamentarios al respecto.

c) Marco legal

Sumado a las consideraciones anteriores, es necesario hacer el señalamiento que las pautas que rigen el desarrollo de las sesiones extraordinarias las establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son reguladas por los Reglamentos de la Cámara de Diputados, Senadores y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello la propuesta resultaría inviable, ya que la disposición constitucional que nos ocupa (sesiones extraordinarias) son debidamente abordadas y reguladas por los reglamentos. En caso de aprobarse la presente propuesta podría crearse una norma inconstitucional, pues se estaría regulando una hipótesis que la propia Constitución no contempla.

En ese mismo orden de ideas, aun cuando el Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es aplicable en determinados casos a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, no debe omitirse que para el debido desahogo del procedimiento sería necesario, además de considerarse en el ámbito constitucional, el que estas disposiciones estén vigentes en los reglamentos de las Cámaras, de lo contrario, no estarían delimitadas las facultadas en específico para cada una.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Notas:

1 Muro Ruiz, Eliseo, “Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, pág. 61.

2 Artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el jueves 26 de marzo de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Roberto López Suárez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Víctor Efigenio Marroquín (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica).»

PLACA CONMEMORATIVA CON LA LEYENDA “EN EL PRIMER CENTENARIO DE LA DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ, A LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y AL PUEBLO VERACRUZANO, QUE EL 21 DE ABRIL DE 1914 SE CUBRIERON DE GLORIA DEFENDIENDO LA PATRIA”

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto para colocar una placa conmemorativa con la leyenda “En el primer centenario de la defensa del puerto de Veracruz, a la Heroica Escuela Naval Militar y al pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la patria”

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la LXI Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, párrafo 2, inciso b), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados exponemos a la consideración de esta asamblea el presente dictamen de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el lunes 28 de abril de 2014, el diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, para colocar una placa conmemorativa con la leyenda “En el primer centenario de la defensa del puerto de Veracruz, a la Heroica Escuela Naval Militar y al pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la patria”, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI. Asimismo, determinó que fuera turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4010-VII, el lunes 28 de abril de 2014.

3. La comisión, de acuerdo al artículo 177, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados invitó a su decimocuarta reunión ordinaria del miércoles 28 de mayo de 2014 al iniciante, a fin de que ampliara argumentos respecto de su iniciativa ante los integrantes de la comisión. El diputado Santos Galván acudió a la reunión a exponer su propuesta.

4. La comisión elaboró un predictamen que no fue puesto a consideración con oportunidad a los integrantes, por lo que el plazo para resolver la iniciativa venció.

5. Con fecha 15 de diciembre de 2014, el presidente de la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa con Proyecto de decreto para otorgar un reconocimiento a los defensores del puerto de Veracruz en el centenario de la gesta heroica de 1914, mediante la colocación de una placa conmemorativa al citado hecho histórico. Asimismo, determinó que se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

6. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XVIII, número 4167-XII, el martes 2 de diciembre de 2014.

7. En la decimoséptima reunión ordinaria de la comisión, de acuerdo al artículo 177, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados se invitó al diputado iniciante, a fin de que ampliar argumentos respecto de su iniciativa ante los integrantes de la Comisión. La invitación fue atendida por el diputado Santos Galván quien acudió a exponer su propuesta.

II. Contenido

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, a continuación se destaca lo más relevante de su contenido:

El diputado Raúl Santos Galván manifiesta como razones para su propuesta, que la Armada de México tiene como fundamentos el honor, el patriotismo y la lealtad, como lo ha demostrado desde su nacimiento en 1821, velando por la defensa y soberanía del Estado mexicano, sus instituciones y población.

Menciona que “el servicio desinteresado ha sido y sigue siendo la razón de ser de la Armada de México, como lo muestran sus acciones en el mantenimiento del estado de derecho en la mar, la protección del tráfico marítimo, la seguridad a instalaciones estratégicas, el auxilio a la población en situación de emergencia; la protección de los recursos marítimos; y, especialmente, en el mantenimiento de la independencia, la soberanía y de la integridad del territorio nacional.”

Destaca específicamente la labor de la Armada de México en los sucesos de la mañana del 21 de abril de 1914 en Veracruz, durante la segunda invasión estadounidense a México.

Durante la batalla “hicieron frente al enemigo con bastante efectividad, causando el repliegue de los norteamericanos y obligándolos a emplear los cañones de los buques contra la Escuela Naval. En esa lucha contra el invasor se hizo gala de patriotismo y valor en la defensa de la soberanía nacional, quedando patentizada la entrega y unidad de los cadetes de la Escuela Naval y de los veracruzanos, héroes civiles anónimos que ofrendaron su vida por México”.

La iniciativa menciona que debido a esa valiente defensa, el Congreso de la Unión dispuso que la ciudad de Veracruz recibiera el nombramiento “Veracruz, cuatro veces heroica”, y que al nombre del plantel se le antepusiera el calificativo de “heroica”; a partir de entonces, a la formadora de cuadros oficiales de la Armada de México se denomina “Heroica Escuela Naval Militar”. Además, ello le valió que su nombre quedara inscrito con letras de oro en el Muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, el iniciante considera que al conmemorarse el primer centenario de la defensa del puerto de Veracruz, ocurrida el 21 de abril de 1914, “es justo y oportuno recordar y rendir honor al sacrificio ofrendado a esta Patria por los defensores civiles y militares pertenecientes a la Armada de México”, a través de una inscripción de honor que se someta a consideración del pleno de esta soberanía para otorgar un reconocimiento a los defensores del puerto de Veracruz, en el centenario de la gesta heroica de 1914, mediante la colocación en un espacio del recinto de la Cámara de Diputados de una placa conmemorativa del citado hecho histórico, que contenga la leyenda “En el primer centenario de la defensa del puerto de Veracruz, a la Heroica Escuela Naval Militar y al pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la patria”.

III. Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En términos generales la iniciativa motivo del presente dictamen, cumple con los elementos indispensables que señala el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para su presentación.

3. Con las primeras inscripciones en el Muro de Honor –julio de 1823– se inició la tradición de plasmar con letras de oro los nombres de personajes distinguidos de nuestro país, sin reglas bajo las cuales se aprobaran dichos reconocimientos, pues la intención de aquellos legisladores fue rendir un especial homenaje a quienes con su obra y vida habían contribuido al nacimiento de nuestro país, como un Estado soberano e independiente.

4. A partir de entonces se implantó la práctica parlamentaria de inscribir nombres, leyendas y apotegmas en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en sus distintas sedes, como una forma de reconocer la trayectoria de algún personaje o la trascendencia de un hecho relevante en la historia política y social de nuestro país. Así, a lo largo de 185 años, se realizaron 56 inscripciones con tal fin.

5. Años más tarde, ante el cúmulo de reconocimientos de este tipo plasmados en el recinto de la Cámara y la variedad de los personajes, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias estimó la conveniencia de emitir una regulación en la materia, a través del Reglamento de la Cámara de Diputados que se expidió en enero de 2011.

6. El artículo 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que:

1. La Cámara podrá realizar inscripciones dentro del Recinto, en los espacios adecuados para tal fin, conforme a los criterios para las inscripciones de honor en el recinto de la Cámara de diputados que emita la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Para ello, deberá presentarse iniciativa en los términos de este Reglamento.

7. El lunes 3 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados.

8. Una innovación que se aprecia en los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados es que señalan expresamente la posibilidad para que los reconocimientos u homenajes inscritos, se realicen no sólo en el salón de sesiones, en el lugar que hasta ahora se ha considerado como único para este tipo de tributos, sino también en otros espacios del recinto, como el patio central o en los salones donde habitualmente se reúnen las comisiones.

9. Otro elemento a considerar por esta dictaminadora es el contenido de los artículos 3 y 5 de los criterios, que a la letra señalan:

Artículo 3. Las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado.

Artículo 5. La comisión resolverá sobre las propuestas de Inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal”.

10. Las disposiciones antes referidas constituyen la columna vertebral de la regulación citada, porque en ellas se incorporan requisitos elementales para dictaminar las propuestas presentadas en esta materia, sea en sentido positivo o negativo, como son: una votación de dos tercios en el Pleno, es decir, 333 diputados y diputadas de un universo de 500; así como los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que ahora deben caracterizar este tipo de decisiones, por parte de la Cámara de Diputados, a fin de evitar cualquier duda o controversia, respecto a las resoluciones que emita.

11. Respecto a la iniciativa atendida en el presente dictamen, ésta comisión reconoce en su contenido una propuesta loable que busca mantener viva la memoria de acontecimientos trascendentes para la vida y consolidación de nuestro país como una nación independiente. Sin embargo, las actuales reglas establecen claramente los requisitos ineludibles para que alguna propuesta pueda ser considerada a tal reconocimiento y en éstos se apoya la decisión de esta dictaminadora.

12. A lo largo de los 30 años de existencia de este recinto legislativo de San Lázaro, se han realizado diversos eventos para reconocer a próceres mexicanos, así como conmemoraciones respecto del suceso histórico que propone la iniciativa.

13. En particular, señalamos los que con motivo del Centenario de la Defensa del Puerto de Veracruz se han llevado a cabo en el Poder Legislativo:

• La Cámara de Diputados realizó el martes 22 de abril de 2014 una sesión solemne para conmemorar el Centenario de la Defensa del Puerto de Veracruz. Al evento asistieron el vicepresidente del Senado de la República, José Rosas Aispuro; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; el presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, y la presidenta del Congreso de ese estado, Ana Guadalupe Ingram Vallines. Asimismo, en dicha sesión hicieron uso de la palabra para destacar la labor y trascendencia histórica del hecho ocurrido en 1914, el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el presidente de la Mesa Directiva, diputado José González Morfín.

• La Cámara de Senadores realizó una sesión solemne el miércoles 23 de abril de 2014, para conmemorar el centenario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz como un justo reconocimiento a todos los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México por su valor y lealtad a nuestra patria. A dicha sesión fueron invitados el almirante secretario de Marina, el general secretario de la Defensa Nacional, así como el presidente de la Cámara de Diputados, en representación de esta soberanía. Adicionalmente a la sesión solemne, se autorizó una ceremonia de develación de una placa en reconocimiento alusivo al centenario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz, así como la realización de una ceremonia cívica.

14. Otro más de los tributos que esta Cámara de Diputados ha rendido al hecho heroico de la Defensa del Puerto de Veracruz se refleja en uno de los muros de honor del Salón de Sesiones, cuyas letras de oro fueron inscritas el 21 de abril del 1949, producto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de enero de 1949. La leyenda alusiva dice de manera textual: A los defensores de Veracruz en 1914.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, para colocar una placa conmemorativa con la leyenda “En el primer centenario de la defensa del puerto de Veracruz, a la Heroica Escuela Naval Militar y al pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la patria”, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI, el 15 de diciembre de 2014.

Segundo. Archívense el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Decreto del Congreso Mexicano aprobado bajo el título: “Declaración de honor de los primeros héroes libertadores de la nación y los que los siguieron”. Consultado en http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/ dublanylozano/. Fecha de consulta: 22 de octubre de 2014.

2 Versión estenográfica de la sesión solemne, celebrada el 22 de abril de 2014. Publicada en: http://www.diputados.gob.mx/servicios/datorele/LXII_LEG/2_POS_IIANO/22_abril_14 /Resumen_solemne.pdf

3 Acuerdo de la Mesa Directiva, para la realización solemne para conmemorar el Centenario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz. Publicado en:

http://sil.gobernacion.gob.mx/ Archivos/Documentos/2014/04/ asun_3101308_20140421_1398175954.pdf

4 Muro de Honor. Salón de plenos de la Honorable Cámara de Diputados. Letras de Oro. “A los defensores de Veracruz en 1914. CEDIA. Colección Muro de Honor. Cámara de Diputados. LX Legislatura. 2007, página 3.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria del jueves 26 de marzo de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Roberto López Suárez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Víctor Efigenio Marroquín (rúbrica en abstención), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica).»

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII, y recorre las subsecuentes, al artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 152, 157 numeral 1 fracción I, 167, numeral 4, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada por la Honorable Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 15 de diciembre de 2014, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que adiciona una fracción XIII y recorre las subsecuentes al Artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa mediante oficio número 5784, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la H. Cámara de Diputados, para su dictamen.

III. Con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, turnó la iniciativa en cita a la Sub Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para su pre dictamen.

Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis de la iniciativa que adiciona una fracción XIII y recorre las subsecuentes al artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y elaboró el presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

Propone adicionar una fracción XIII y recorre las subsecuentes al Artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La proponente, Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, explica que el “la presente propuesta está dirigida para formar una herramienta estadística, para formular un correcto registro de datos sobre la población con alguna discapacidad. La aplicación y el conocimiento de un registro fidedigno permitirán contar con datos que respalden la toma de decisiones en temas como la seguridad social, atención médica, incluidos programas, y estudios comparados en los ámbitos nacional e internacional.”

Igualmente expone que “la finalidad de la presente iniciativa es priorizar atención médica, la prevención, la promoción de la salud y la participación, excluyendo obstáculos mediante la promoción del desarrollo social incluyente.”.

Texto vigente

Artículo 6. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. a XIII. ...

Propuesta

Artículo 6. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Establecer un Registro Nacional de Población con Discapacidad, y;

XIV. Las demás que otros ordenamientos le confieran.

Consideraciones

No se considera procedente la adición.

I. El artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad determina las facultades que tiene el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en materia de esa misma ley. La fracción IV fija la obligación de:

IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.

Igualmente, la fracción XI de la ley instruye a:

XI. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural.

En cumplimiento a lo dispuesto en estas fracciones del artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Poder Ejecutivo Federal, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ha implementado un programa de credencialización de Personas con Discapacidad.

II. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que está regulado por su Estatuto Orgánico, tiene, según el artículo 17 la obligación de promover y dirigir los estudios, investigaciones y el desarrollo de programas y acciones en materia de atención a personas con discapacidad.

Artículo 17. Corresponden al Jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social las siguientes facultades:

IX. Promover y dirigir los estudios, investigaciones y el desarrollo de programas y acciones en materia de atención a personas con discapacidad;

Con este mandato, se encuentran satisfechas las necesidades identificadas por la proponente.

III. En la legislación vigente y en las políticas públicas implementadas a nivel federal y replicadas por los gobiernos estatales, ya se encuentra satisfecha la necesidad identificada por el legislador en su iniciativa de adicionar una fracción XIII y recorre las subsecuentes al Artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de la honorable asamblea

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII y recorre las subsecuentes al Artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), presidenta; Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Nadia de Jesús Cruz (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Mariana Dunyaska García Rojas, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Maricruz Reyes Galicia (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 306 y adiciona el 308 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, el diputado federal Francisco Javier Fernández Clamont presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 306 y adiciona un artículo 308 Bis a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Establecer que la publicidad a que se hace referencia la Ley, se sujetará a que la información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable, tanto del producto final como de sus insumos y el mensaje deberá tener contenido orientador y educativo, que no induzca al error y que el consumidor pueda inferir que el consumo del producto de referencia sea saludable o, en su caso, no sea nocivo para la salud. Asentar que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, a través de cualquier medio de comunicación, dirigida directa o indirectamente a los menores de edad, se abstendrá del uso de personajes animados o celebridades atractivas a los mismos.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En nuestro país el sobrepeso y la obesidad es un tema sumamente prioritario que se ha traducido en un problema de salud pública. Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, la cual reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue que se colocó entre los problemas de salud pública más importantes.

Asimismo la ENSANUT 2012, reportó para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4 por ciento (19.8 por ciento de sobrepeso y 14.6 por ciento de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5 millones 664 mil 870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, 36.9 por ciento niños y 32 por ciento niñas. El 35 por ciento de los adolescentes con sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6 millones 325 mil 131 personas que van desde los 12 a los 19 años, 35.8 por ciento son mujeres y 34.1 por ciento son hombres. Y los adultos, donde el 69.4 por ciento son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73 por ciento que son hombres con el mismo problema. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 40 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres.

Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 a 35.3 por ciento y la obesidad de 9.5 a 35.2 por ciento.

Lo anterior, es preocupante por los efectos que van a tener a corto o mediano plazo, que tiene que ver en los niños con su crecimiento, su desarrollo, su rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades y en los adultos con rendimiento en el trabajo, el ingreso laboral, y la repercusión que todo esto implica en el ámbito social y económico de nuestro país.

Entre las enfermedades que provocan la obesidad y sobrepeso, padecimientos alarmantes por sus efectos secundarios a mediano y largo plazo, son la diabetes mellitus, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, afectando a mediano y largo plazo la salud y la integración a la vida social y productiva.

Tercera. Con la justificación del problema el cual recae en los altos índices de padecimientos causados por la obesidad, el proponente sugiere la existencia de correlación positiva entre la obesidad y la poca regulación de la publicidad, la cual menciona como un detonante para generar distintos padecimientos por consumo de alimentos con alto contenido calórico. Bajo esta aseveración se sugiere reformar las disposiciones de la Ley General de Salud en materia de publicidad, mencionando lo siguiente:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 306. ...

I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable;

II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo,

Sin existencia...

Texto propuesto

Artículo 306. ...

I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable, tanto del producto final como de sus insumos;

II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo, que no induzca al error y que el consumidor pueda inferir que el consumo del producto de referencia sea saludable o, en su caso, no sea nocivo para la salud;

Artículo 308 Bis. La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, a través de cualquier medio de comunicación, dirigida directa o indirectamente a los menores de edad, se abstendrá del uso de personajes animados o celebridades atractivas a los mismos.

Comentarios

1. El proponente se justifica por el parámetro que establece la Organización Mundial de la Salud en donde indica que los niños de todo el mundo son objeto de la publicidad y otras técnicas de promoción de alimentos y bebidas, que influyen en sus preferencias alimentarias, sus peticiones de compra y sus pautas de consumo. De esta manera, sugiere que la regulación de la publicidad induciría a una disminución de los problemas causados por la obesidad a través de la restricción de ciertos mecanismos publicitarios que son utilizados para vender los productos. Con tal afirmación, la modificación a la fracción I del artículo 306 sugiere que toda aquella información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable, agregando que ésta debe garantizarse desde el producto final, así como de los propios insumos, cuestión que genera inconveniente puesto que ya está de facto que se debe demostrar con plena certeza al consumidor de que la información contenida en los mensajes con las características ya mencionadas debe especificarse en el producto final, así como en los insumos.

2. Por otro lado, la modificación de la fracción II del mismo artículo genera conflicto con la fracción IV, puesto que es reiterativo.

3. Ahora bien, se agrega un 308 Bis en donde se especifica que la publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas deben disociarse de personajes animados o celebridades atractivas a los mismos, los cuales vayan dirigidos directa o indirectamente a menores de edad. Esta consideración no es abordada en ningún momento por la justificación del proponente, por lo tanto se cuestionaría el grado de correlación entre la utilización de personajes animados o celebridades atractivas con el aumento de la obesidad en menores. En este sentido, al no encontrar relación alguna, no se considera viable la agregación de éste artículo. Por otro lado, se considera como materia de reglamentación, lo cual viene establecido en el artículo 9 fracciones IV y Artículo 22 fracción V del reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad.

En función de lo mencionado en los comentarios hechos para cada artículo, los integrantes de ésta comisión consideramos que la iniciativa en estudio es inviable, puesto que ya se encuentra regulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad. Por otro lado, con fecha 14 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, mediante el cual se establecieron las medidas para evitar que la población infantil esté expuesta a la difusión de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas en televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición cinematográfica, que en razón de su contenido calórico favorezcan la presencia del sobrepeso y la obesidad.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este Honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 306 y adiciona un artículo 308 Bis a la Ley General de Salud, presentada por el diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 19 de noviembre de 2015, el Diputado Fernando Bribiesca Sahagún, Diputado Federal de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 212 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud a fin de establecer que las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán mostrar un semáforo que incluya las palabras “alta”, “media” y “baja”, para indicar a los consumidores información porcentual que alerte sobre el contenido de carbohidratos, azúcares, grasas y sal.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Iniciativa

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional y mostrar un semáforo que incluya las palabras “alta”, “media” y “baja”, para indicar a los consumidores información porcentual que alerte sobre el contenido de carbohidratos, azúcares, grasas y sal, además de tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

IV. Consideraciones

Primera. La presente iniciativa tiene por objeto establecer que las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá mostrar un semáforo que incluya las palabras alta, media y baja para indicar a los consumidores información porcentual que alerte sobre el contenido de carbohidratos, azúcares, grasas y sal, pero actualmente no existe evidencia contundente respecto de los resultados del semáforo nutricional, como medida de prevención para el sobrepeso y la obesidad.

Segunda. De acuerdo a la opinión de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emiten que las disposiciones aplicables para considerar inviable la presente iniciativa consisten en determinar que el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en su artículo 25, párrafo tercero, fracciones I y II, establece que el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, deberá señalar en el área frontal de exhibición del producto, el contenido energético y el contenido de grasas saturadas, dentro de las cuales señala que, tratándose de botanas, bebidas saborizantes, chocolates, productos similares al chocolate y productos de confitería, en su presentación de envase familiar, se deberán incluir el número de porciones y el contenido energético por porción. Así mismo, para el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados en envases familiares se podrán incluir el contenido de grasas saturadas y la declaración de sodio, respecto de porciones menores al total del contenido del envase, debiendo expresar el contenido energético por envase y porción y número total de porciones.

Asimismo, la norma oficial mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria, define en el numeral 3.27., a la leyenda precautoria, como cualquier texto o representación que prevenga del consumidor sobre la presencia de un ingrediente especifico o sobre los daños a la salud que pueda originar el abuso en el consumo de este.

Asimismo, en los numerales 4.2.1.1. y 4.2.1.1. se regula.

4.2.1.1. El nombre o la denominación del producto preenvasado debe corresponder con la establecida en los ordenamientos jurídicos específicos; en ausencia de éstos, puede indicarse el nombre de uso común, o bien, emplearse una descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y naturaleza del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, que no induzca a error o engaño al consumidor. En el caso de que haya sido objeto de algún tipo de tratamiento, se puede indicar el nombre de éste, con excepción de aquellos que de acuerdo con los ordenamientos correspondientes sean de carácter obligatorio.

4.2.1.2. La presentación de información o representación gráfica adicional en la etiqueta a la señalada en esta Norma Oficial Mexicana, que puede estar presente en otro idioma, es facultativa y, en su caso, no debe sustituir, sino añadirse a los requisitos de etiquetado de la presente Norma, siempre y cuando dicha información resulte necesaria para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor.

4.4.1. Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, evitando ser equívocas o engañosas en forma alguna para el consumidor.

Cabe mencionarse que la Cofepris, emitió el acuerdo por el que se emiten lineamientos a que se refiere el artículo 25, del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis, del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el cual tiene como objetivo establecer los criterios y especificaciones que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para cumplir con los requerimientos de información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición del producto, establecer las cantidades de referencia que las presentaciones de dichos productos deberán observar para ser considerados como individuales o familiares.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este H. Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 212 de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 25 de noviembre de 2014, la diputada Consuelo Argüelles Loya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.

Con misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Adicionar el concepto de “vaporizador electrónico”, entendido como el dispositivo portátil para extraer una mezcla de aire y vapor, proporcionando una experiencia sensorial similar a la obtenida con un cigarro. Exceptuar a los vaporizadores electrónicos, de la prohibición de comercializar a éstos, como productos del tabaco. Homologar disposiciones relativas al empaquetado y etiquetado de productos del tabaco, con los vaporizadores electrónicos.

Ley General para el Control del Tabaco

Texto vigente

Artículo 6. Para efectos de esta ley, se entiende por:

I. Cigarrillo: Cigarro pequeño de picadura envuelta en un papel de fumar;

II. Cigarro o puro: Rollo de hojas de tabaco, que enciende por un extremo y se chupa o fuma por el opuesto;

III. Contenido: A la lista compuesta de ingredientes, así como los componentes diferentes del tabaco, como papel boquilla, tinta para impresión de marca, papel cigarro, filtro, envoltura de filtro y adhesivo de papel cigarro;

IV. Control sanitario de los productos del tabaco: Conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, con base en lo que establecen esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. Comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población reduciendo el consumo de productos del tabaco y la exposición al humo de tabaco de segunda mano;

V. Denuncia Ciudadana: Notificación hecha a la autoridad competente por cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

VI. Distribución: La acción de vender, ofrecer o exponer para la venta, dar, donar, regalar, intercambiar, transmitir, consignar, entregar, proveer o transferir la posesión de productos del tabaco para fines comerciales, u ofrecer hacerlo, ya sea a título oneroso o gratuito;

VII. Elemento de la marca: El uso de razones sociales, nombres comerciales, marcas, emblemas, rúbricas o cualquier tipo de señalización visual o auditiva, que identifique a los productos del tabaco;

VIII. Emisión: Es la sustancia producida y liberada cuando un producto del tabaco esté encendido o calentado, comprende nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, así como la composición química que forman parte del humo de tabaco. En el caso de productos del tabaco para uso oral sin humo, se entiende como todas las sustancias liberadas durante el proceso de mascado o chupado y en el caso de productos del tabaco para uso nasal, son todas las sustancias liberadas durante el proceso de inhalación o aspiración;

IX. Empaquetado y etiquetado externos: Expresión que se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor del producto de tabaco;

X. Espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco: Aquélla área física cerrada con acceso al público o todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco;

XI. Humo de tabaco: Se refiere a las emisiones de los productos de tabaco originadas por encender o consumir cualquier producto del tabaco y que afectan al no fumador;

XII. Industria tabacalera: Es la conformada por los fabricantes, distribuidores, comercializadores e importadores;

XIII. Legislación y política basada en evidencias científicas: La utilización concienzuda, explícita y crítica de la mejor información y conocimiento disponible para fundamentar acciones en política pública y legislativa;

XIV. Ley: Ley General para el Control del Tabaco;

XV. Leyenda de advertencia: Aquella frase o mensaje escrito, impreso y visible en el empaquetado, en el etiquetado, el paquete, la publicidad, la promoción de productos del tabaco y otros anuncios que establezca la Secretaría de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

XVI. Paquete: Es el envase o la envoltura en que se vende o muestra un producto de tabaco en las tiendas al por menor, incluida la caja o cartón que contiene cajetillas más pequeñas;

XVII. Patrocinio del tabaco: Toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, o el efecto de promover los productos del tabaco o el consumo de los mismos;

XVIII. Pictograma: Advertencia sanitaria basada en fotografías, dibujos, signos, gráficos, figuras o símbolos impresos, representando un objeto o una idea, sin que la pronunciación de tal objeto o idea, sea tenida en cuenta;

XIX. Producto del tabaco: Es cualquier sustancia o bien manufacturado preparado total o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinado a ser fumado, chupado, mascado o utilizado como rapé;

XX. Producir: Acción y efecto de elaborar productos del tabaco;

XXI. Promoción de la salud: Las acciones tendientes a desarrollar actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad;

XXII. Promoción y publicidad de los productos del tabaco: Toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, o el efecto de promover productos del tabaco, marca o fabricante, para venderlo o alentar su consumo, mediante cualquier medio, incluidos el anuncio directo, los descuentos, los incentivos, los reembolsos, la distribución gratuita, la promoción de elementos de la marca mediante eventos y productos relacionados, a través de cualquier medio de comunicación o difusión;

XXIII. Secretaría: La Secretaría de Salud;

XXIV. Suministrar: Acto de comercio que consiste en proveer al mercado de los bienes que los comerciantes necesitan, regido por las leyes mercantiles aplicables;

XXV. Tabaco: La planta “Nicotina Tabacum” y sus sucedáneos, en su forma natural o modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilicen para ser fumado, chupado, mascado o utilizado como rapé;

No existe.

XXVI.Verificador: Persona facultada por la autoridad competente para realizar funciones de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. Se prohíbe:

I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que contengan menos de catorce o más de veinticinco unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos;

II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor tomarlos directamente;

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras;

IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro medio de comunicación;

V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público en general y/o con fines de promoción, y

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

Artículo 22. Las leyendas de advertencia y la información textual establecidas en este capítulo, deberán figurar en español en todos los paquetes y productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos.

Este requisito será aplicable para la comercialización dentro del territorio nacional.

No existe.

...

Ley General para el Control del Tabaco

Propuesta de la iniciativa

Artículo 6. Para efectos de esta ley, se entiende por:

I. a XXV. ...

XXVI. Vaporizador electrónico: dispositivo portátil a través del cual se inhala con objeto de extraer una mezcla de aire y vapores. Su uso proporciona experiencias sensoriales similares a las obtenidas con el cigarro;

XXVII. Verificador: Persona facultada por la autoridad competente para realizar funciones de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. Se prohíbe:

I. a V. ...

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, a excepción de los vaporizadores electrónicos, siempre y cuando cumplan con las normas sanitarias que al efecto emita la autoridad competente.

Artículo 22 Bis. Los paquetes de los vaporizadores electrónicos, sus recargas y en todo etiquetado y empaquetado externo de los mismos se deberá cumplir con lo previsto del artículo 20 al 22 de esta ley.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios emitirá las normas sanitarias correspondientes a más tardar 30 días después de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Todos los empaques de vaporizadores electrónicos fabricados en o importados hacia México deberán exhibir las advertencias de salud y el contenido de su producto en un plazo de 9 meses contados a partir de la fecha en que se publiquen las normas sanitarias a que hace referencia el artículo segundo transitorio de la presente, en el Diario Oficial de la Federación.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En México, el número total de muertes anuales atribuibles al tabaquismo por enfermedades asociadas, es de más de 53 mil, lo que equivale a que 147 mexicanos mueren diariamente por enfermedades causadas por el tabaco; no obstante, está de más comentar lo que resulta evidente, existe una cantidad muy alta si no es que la totalidad de los mexicanos que alguna vez han estado expuestos al humo del tabaco que consume un tercero y que puede llegar a causar los mismos daños que al que lo consume.

Para 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que el tabaco causará más muertes alrededor del mundo que el VIH, la tuberculosis, la mortalidad materna, los accidentes vehiculares, el suicidio y el homicidio.

La gran mayoría de los consumidores de tabaco que hay el mundo adquirieron el hábito en su adolescencia. Se estima en unos 150 millones los jóvenes que consumen tabaco actualmente, y esa cifra está aumentando a nivel mundial, especialmente entre las mujeres jóvenes. La mitad de esos consumidores morirán prematuramente como consecuencia de ello. La prohibición de la publicidad del tabaco, el aumento de los precios de los productos de tabaco y la adopción de leyes que prohíben fumar en lugares públicos reducen el número de personas que empiezan a consumir productos de tabaco. Además reducen la cantidad de tabaco consumida por los fumadores y aumentan el número de jóvenes que dejan de fuma.

Tercera. La Ley General de Salud establece como una de las finalidades del derecho a la protección de la salud la prevención del consumo de sustancias adictivas, así como orientación y capacitación a la población referente a este tema.; La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales.

Cuarta. La promovente en su exposición de motivos define al vaporizador electrónico, conocido comúnmente como cigarrillo o cigarro electrónico, como un dispositivo portátil que no contiene tabaco y al no existir combustión, el usuario inhala vapor, no humo. Para emitir el vapor, contiene un líquido compuesto principalmente con agua, propilenglicol (utilizado también como saborizante en bebidas), y glicerina vegetal (utilizada también para preparar extractos de té), con la opción de incluir nicotina en diferentes dosis, pudiendo además contener sabores y aromas opcionales.

Quinta. En 2012 el “Paso del Norte Health Foundation” emitió un artículo en el cual señala que las investigaciones sobre los cigarrillos electrónicos son limitadas, por lo que los consumidores no conocen: los riesgos del uso de los cigarrillos electrónicos, la cantidad de nicotina u otras sustancias químicas que se inhalan al vapear, o los posibles beneficios asociados con estos productos. La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha evaluado la seguridad ni la eficacia de los cigarrillos electrónicos.

No obstante, algunas señales indican que se debe tener precaución con estos productos:

• La FDA ha encontrado que las diversas marcas de cigarrillos electrónicos tienen diferentes procesos de control de calidad. Por ejemplo, tres cartuchos para cigarrillos electrónicos de la misma marca, pueden contener cantidades muy diferentes de nicotina.

• Algunos cartuchos para los cigarrillos electrónicos tienen sabor a fruta o dulce. Existe cierta preocupación de que se estén comercializando estos sabores entre los jóvenes. CDC reporta que el 10 por ciento de los estudiantes de preparatoria han probado los cigarrillos electrónicos.

• La FDA analizó el contenido de dos de las principales marcas y encontró que ambas contenían nitrosaminas específicas del tabaco, un tipo de compuestos químicos que tienen propiedades cancerígenas.

Las grandes tabacaleras están a punto de convertirse ahora en las grandes vapeadoras. Las grandes compañías productoras de tabaco, como Altria Group y R.J. Raynolds, continúan avanzando en el mercado de los cigarrillos electrónicos. Altria Group, el fabricante de Marlboro, está trabajando para expandir su marca de cigarrillos electrónicos MarkTen, mientras que R.J. Raynolds tiene su propia filial, R.J. Vapor, que este verano lanzará su marca Vuse.

Las tiendas de vaporizadores, incluyendo los comerciantes locales y muchos fumadores, dicen que los cigarrillos electrónicos son más seguros que los tradicionales. Para poder tomar decisiones acertadas sobre nuestra salud, tenemos que fijarnos bien en lo que indican las investigaciones y la evidencia. Aunque puede parecer lógico que los cigarrillos electrónicos sean relativamente seguros, no se han realizado aún los estudios necesarios para poder afirmar esto. Por lo pronto, se desconoce el impacto a largo plazo que tiene el consumo de cigarrillos electrónicos sobre la salud.

Sexta. En este mismo sentido, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha advertido que los cigarrillos electrónicos contienen “algunas sustancias idénticas” a las que llevan los cigarrillos convencionales y han hecho hincapié en que pueden causar cambios en los pulmones a corto plazo muy parecidos a los que se producen al fumar los cigarros normales. Esta es una advertencia ante el uso cada vez mayor de los cigarros electrónicos como método para el abandono o sustitutorio del tabaco.

Por lo que en marzo de 2014, el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña diagnosticó el primer caso en España de neumonía lipoidea que fue asociada al cigarrillo electrónico y relacionada a la presencia de glicerina vegetal entre los componentes de las cargas.

Séptima. Un análisis científico de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluidos los cigarros electrónicos, su contenido, sus emisiones, y los efectos en la salud, establecido en el informe de la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, menciona que en la República de Corea, se realizaron estudios de cromatografía líquida/espectrometría de masas y cromatografía de masas para identificar y cuantificar los contaminantes y aditivos presentes en los cigarrillos electrónicos. Los resultados preliminares indican que se pueden identificar y cuantificar 10 productos tóxicos, y que pueden haber discrepancias entre el etiquetado sobre el contenido de nicotina y los valores reales de nicotina.

Por otra parte menciona que en Brasil, donde los cigarrillos electrónicos están prohibidos desde 2009, un estudio de laboratorio mostró que, según se deduce de su composición química, el líquido que hay en los cartuchos de los cigarrillos electrónicos contiene extractos de tabaco.

En ese informe, el grupo de estudio llegó a la conclusión de que no se habían demostrado ni la inocuidad ni la magnitud de la captación de nicotina; los productos se comercializaban como una ayuda para dejar de fumar, aun sin datos científicos suficientes que justificaran esa afirmación; y la administración directa a los pulmones podía ser peligrosa, de modo que, con independencia de los efectos de la nicotina, era muy importante abordar el tema de la penetración en el tejido pulmonar, mediante estudios científicos. Por otra parte, actualmente la evidencia disponible es insuficiente para determinar si estos sistemas pueden usarse para ayudar a dejar de fumar, si crean adicción o la prolongan, y si introducen a los fumadores otros ingredientes además de la nicotina.

El grupo de estudio recomendó realizar ensayos clínicos y estudios comportamentales y psicológicos y de farmacovigilancia a nivel individual y poblacional para resolver esos interrogantes. Mientras no se demuestre científicamente, deben prohibirse las declaraciones de que esos productos son beneficiosos para la salud, reducen los daños o pueden usarse como ayuda para dejar de fumar.

Octava. En este mismo sentido es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud, no avala que los dispositivos sean considerados un tratamiento legítimo para quienes estén tratando de dejar de fumar. Ya que no dispone de estudios científicos y estadísticos que determinen la eficacia del producto así como los daños que este genera.

Por lo que la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos e instituciones dedicadas a la salud, no congenian con el estudio que hoy presenta como argumento la iniciativa, toda vez que carece de los argumentos y fuentes sustentables que permitan avalar el producto como algo no nocivo para la salud.

Novena. A su vez, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alerta a la población de que no hay evidencia científica de que exista algún dispositivo que sea una efectiva alternativa médica para dejar de fumar, puesto que no existen pruebas de la eficacia y seguridad del producto, por lo que se recomienda no comprarlo.

Décima. En resumen, los cigarrillos electrónicos son un nuevo tipo de producto que está saliendo al mercado con o sin regulación por las Partes. Los aspectos más complejos que se desprenden del análisis aquí realizado pueden resumirse del siguiente modo:

a) Hay muchos tipos de productos (con o sin nicotina, con cartucho o monouso, a pilas o recargables);

b) El mercado de los cigarrillos electrónicos ha aumentado de forma significativa;

c) Las partes los regulan de distinta manera, lo que se traduce en complejidad jurídica, riesgo de incertidumbre y lagunas normativas en algunos países;

d) Hay aspectos preocupantes en materia de salud y seguridad que no han sido resueltos;

e) Estos objetos pueden ser objeto de una mercadotecnia agresiva, incluida su promoción entre jóvenes y el uso de aromatizantes;

f) No se ha establecido con claridad la función de los cigarrillos electrónicos, en algunos entornos son percibidos como una ayuda para dejar de fumar, mientras que en otros se consideran un producto de inicio o de doble uso (prolongación de la adicción a la nicotina).

Por lo anterior, los integrantes de esta comisión, consideran que la iniciativa en estudio es inviable, en virtud de que a la fecha no se cuenta con evidencia científica concreta que corrobore que el cigarro electrónico no resulta nocivo para la salud y ayuda a los fumadores a dejar de fumar. Por otra parte, resulta necesario señalar que la Organización Mundial de la Salud no considera que el cigarro electrónico constituya una terapia legítima para fumadores que están tratando de abandonar el consumo del tabaco, además de que dicha organización no conoce evidencia científica alguna que compruebe la seguridad y eficacia de dicho producto, y aunque existe la posibilidad de que así sea, requiere comprobarse.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción g), del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este Honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por la diputada Consuelo Argüelles Loya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 25 de noviembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Dirección General de Servicios Médicos UNAM, fecha de consulta 27 de febrero de 2013 http://www.pve.unam.mx/eventos/capsulasInf/ capsulasInf18.pdf

2 Inegi, Estadísticas a propósito del día mundial sin tabaco, fecha de consulta 27 de febrero de 2013 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas /2005/tabaco05.pdf

3 Centro de prensa, Riesgos para la Salud de los jóvenes, Organización Mundial de la Salud, fecha de consulta 27 de febrero de 2013, http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs345/es/index.html

4 En 2009, la agencia estadounidense del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) analizó varias marcas de estos e-cigarrillos y alertó de la presencia de sustancias cancerígenas (nitrosaminas, por ejemplo) y tóxicas (como el dietilenglicol, que es un anticongelante).Todo ello, sin olvidar la nicotina que, según afirma Juan Antonio Riesco Miranda, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), no siempre aparece reflejada en la composición de las recargas.

Precisamente, hace poco más de una semana, la FDA dio un paso más allá y alertó a cinco compañías fabricantes de estos dispositivos, a las que acusa de incumplir la ley: “Realizan afirmaciones no probadas y recurren a prácticas de fabricación inadecuadas”

5 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/30/actualidad/ 1380550530_529250. Los cigarros electrónicos llevan algunas sustancias iguales que los de tabaco. El País.

6 http://www.abc.es/local-galicia/20140313/abci-neumonia-galicia-cigarrillo-elect ronico-201403131706.html.

7 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_13-en.pdf.

8 Organización Mundial de la Salud, fecha de consulta 27 de febrero de 2013

http://www.who.int/ mediacentre/news/releases/2008/pr34/es/index.html

9 Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, fecha de consulta 27 de febrero de 2013 http://www.salud.gob.mx/unidades/cofepris/notas_principal/cigar_electr.html

Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada el pasado 23 de octubre de 2014, los diputados Francisco Javier Fernández Clamont, Rosalba Gualito Castañeda, Mario Alberto Dávila Delgado, Isaías Cortés Berumen, Eva Diego Cruz, Rubén Acosta Montoya y Carla Alicia Padilla Ramos de la LXII Legislatura, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

Asimismo, la Mesa Directiva, mediante oficio de fecha 12 de enero de 2015, autorizó a esta comisión prórroga hasta el 30 de abril de 2015, para el dictamen del asunto en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa en estudio pretende establecer que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo los criterios nutricionales que debe satisfacer el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Academia Nacional de Medicina, y de expertos en la materia, así como establecer los requisitos que deberá cumplir el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Para ello, la Iniciativa propone adicionar una fracción IX al artículo 115 y se adiciona el artículo 210 Bis a la Ley General de salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Capítulo III

Nutrición

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población.

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

IX. (No existe)

Control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación

Artículo 210 Bis. (No existe)

Iniciativa

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Establecer los criterios nutricionales que debe de satisfacer el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas; haciendo referencia a las más reciente evidencia científica, tomando en cuenta las recomendaciones de las Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina y expertos nacionales en la materia.

Artículo 210 Bis. El etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas además de cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes o disposiciones aplicables se sujetará a los siguientes requisitos a que se refiere el presente capítulo:

I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable;

II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo;

III. La información en el etiquetado de referencia no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad o integridad física o dignidad de las personas, en particular de la mujer;

IV. La información contenida en el etiquetado no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, disposiciones y ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o rehabilitación, establezca la Secretaría de Salud, y

V. La información contenida tiene categóricamente prohibido contener frases que induzcan al error respecto de las calidades nutricionales, del producto o sus ingredientes.

VI. Ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas;

VII. La información no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos;

VIII. Se abstendrá de atribuir a los alimentos industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad.

IX. Deberá incluir mensajes promotores de una alimentación equilibrada.

X. Será de uso obligatorio, prohibiendo el uso de cualquier etiquetado frontal similar o equivalente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 90 días para emitir los criterios nutricionales aplicables al etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, con base en las recomendaciones de las Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, de la Academia Nacional de Medicina, y de expertos nacionales o internacionales en la materia.

Tercero. La Secretaría de Salud contará con 180 días para modificar las disposiciones administrativas, que no cumplan o contravengan el presente decreto.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Con fecha 31 de octubre de 2013, la Presidencia de la República anunció la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que contempla tres pilares, siendo estos en materia de salud pública, atención médica, regulación sanitaria y política fiscal, comprendiendo este último al etiquetado, la publicidad y las medidas fiscales, señalando que su objetivo principal es establecer respuestas efectivas ante el panorama de las enfermedades no transmisibles, a través de la regulación del etiquetado y la publicidad de alimentos y bebidas, de manera particular la dirigida al público infantil, y para lo cual estableció como uno de los ejes estratégicos la reforma en materia de publicidad de alimentos y bebidas.

Tercera. La Ley General de Salud en su artículo 115, establece que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

De lo anterior se desprende que la Secretaría de Salud tiene a su cargo normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas, por lo que dicha dependencia, ya se encuentra legalmente facultada para establecer criterios nutricionales que deba satisfacer el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Cuarta. El artículo 210 de la Ley General de Salud, señala que los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Quinta. En este mismo sentido el artículo 212 de la misma Ley General de Salud, establece que la naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115. Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población. En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Por lo que esta comisión dictaminadora estima innecesarias las propuestas de adición de la fracción IX al artículo 115, y 210 Bis de la Ley General de Salud, toda vez que a la fecha ya se encuentra previsto en los artículos antes señalados.

Sexta. Con 14 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios”, reforma propuesta e impulsada por la Secretaría de Salud, a través de esta Comisión Federal y mediante la cual se realizaron cambios importantes en nuestra regulación en materia de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Séptima. Asimismo, con fecha 15 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “acuerdo por el que se emiten los lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios” (el acuerdo), con el objeto de delimitar y establecer los criterios y especificaciones que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para cumplir con los requerimientos de información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición del producto, establecer las cantidades de referencia que las presentaciones de dichos productos deberán observar para ser considerados como individuales o familiares de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, así como establecer los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Octava. En este tenor, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en sus artículos 20 a 24 prevé disposiciones relativas al contenido de la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas, similares a los requisitos que proponen los legisladores en el artículo 210 Bis que se pretende adicionar. Aunado a lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preeenvasados – Información comercial y sanitaria, cuyo objeto es establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preeenvasados, así como determinar las características de dicha información.

Del análisis realizado de la Iniciativa en comento, esta comisión Dictaminadora estima que la presente reforma es innecesaria, ya que duplica preceptos que actualmente se encuentran contemplados en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el “Acuerdo” y la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preeenvasados – Información comercial y sanitaria.

Para los efectos de la fracción G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta Comisión, someten a consideración de este H. Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont, Rosalba Gualito Castañeda, Mario Alberto Dávila Delgado, Isaías Cortés Berumen, Eva Diego Cruz, Rubén Acosta Montoya y Carla Alicia Padilla Ramos de la LXII Legislatura, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México, con fecha 23 de octubre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 28 de enero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnase a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para el estudio y dictamen correspondientes.

II. Contenido

Adicionar como acciones del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, la de desarrollar estrategias preventivas sobre las ventajas de no consumir bebidas alcohólicas a temprana edad; diseñar campañas de información con enfoque médico-psicológico de la enfermedad del alcoholismo y la de apoyar a ONG y asociaciones civiles a fin de que realicen campañas para reducir el consumo de alcohol.

Ley General de Salud 

Texto vigente

Artículo 185.La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva; y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Texto propuesto

Artículo 185.La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones básicas:

I. La prevención y el tratamiento de la enfermedad delalcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II.La educación con enfoque de género sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a los sectores vulnerables comoniños, adolescentes, indígenas, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III.El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra la enfermedad del alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. Desarrollar e implementar estrategias y programas preventivos sobre las ventajas de abstenerse a consumir bebidas alcohólicas a temprana edad;

V. Diseñar y llevar a cabo campañas de información y sensibilización en medios de comunicación con enfoque médico-psicológico de la enfermedad del alcoholismo; y

VI. Apoyar a organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que promuevan campañas permanentes para reducir el consumo de alcohol, así como las que brinden algún modelo de atención o tratamiento para la rehabilitación de las personas que lo requieran.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcoholismo se define como “un trastorno crónico de la conducta que se manifiesta por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y por abarcar interfiriendo en la salud o en las funciones económicas y sociales del bebedor”. Además, considera que el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, utilizándose ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades, puesto que es un producto que genera dependencia, por lo tanto, hay consumidores cautivos. Esto incluye los costos relacionados con la salud, el impacto de los delitos relacionados con el alcohol, y la pérdida de productividad como resultado de enfermedades relacionadas con el alcohol y la muerte prematura.

Los costos relacionados con la salud incluyen aquellos para tratar el alcoholismo y la dependencia del alcohol, así como los costos médicos para tratar enfermedades relacionadas con el alcohol, como la cirrosis del hígado. El tratamiento de la dependencia del alcohol y las enfermedades que derivan de su abuso, impone miles de millones en costos a los sistemas de salud y las compañías de seguros. Estos costos se trasladan a los individuos y los empleadores en forma de mayores costos médicos y primas de seguro de salud. Por lo tanto, se considera una relación positiva entre abuso del alcohol y aumento de los costos sociales y económicos, es decir, mientras más consumidores existan, los problemas se vuelven crecientes.

Asimismo, la OMS presenta los siguientes datos recientes en donde cada año mueren en el mundo 3.3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, el uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, en general, 5.1 por ciento de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol.

El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, 25 por ciento de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. En este sentido, al considerarse que el alcoholismo golpea los grupos de edad de mayor productividad y genera un aumento en los costos sociales y económicos, se exacerbaría el problema.

Tercera.Para el caso de México, existe la Encuesta Nacional de Adicciones, la cual nos muestra en términos generales las principales causas y efectos del problema del alcoholismo, así como los grupos de edad más vulnerables. Se observó que un crecimiento significativo en el consumo del alcohol en términos generales de 2002 a 2011, esto sin distinción de género, de hecho, el consumo de alcohol en mujeres ha sido relativamente mayor en este grupo. Así también, se midió el consumo en adolescentes, en donde se encontró que el consumo de alcohol aumentó significativamente.

Por tipo de producto, la cerveza sigue siendo la bebida de preferencia de la población total e incrementó significativamente de 2002 a 2008 y mantuvo su lugar en 2011. La consume más de la mitad de la población masculina (53.6 por ciento) y una tercera parte de la población femenina (29.3).

El segundo lugar lo ocupan los destilados, este grupo de bebidas ha incrementado su mercado significativamente entre 2008 y 2011. Son proporcionalmente más consumidas por las mujeres entre quienes hay 1.4 bebedoras de cerveza por cada una de destilados, mientras que en los hombres la diferencia es mayor con 1.9 por cada uno. Casi una tercera parte de la población consume destilados (23.6 por ciento) y también en los adolescentes han ganado mercado con un aumento significativo de consumidores tanto hombres como mujeres de 2002 a la fecha.

En términos de la generación de consumidores cautivos se encontró que 6 por ciento de la población desarrolló dependencia, lo que equivale a 4.9 millones de personas. Aqueja a 10.8 de los hombres de entre 12 y 17 años y a 1.8 de las mujeres. Afecta a 4.1 de los adolescentes y 6.6 de los adultos. Este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011, nuevamente con menos distancia entre hombres y mujeres adolescentes (3 hombres por cada mujer) que lo que se observa en la población adulta (7 hombres por cada mujer). La proporción de mujeres adultas con dependencia (1.7) es similar a la observada en mujeres adolescentes (2 por ciento), indicando un fenómeno más reciente; entre los hombres hay dos adultos con la condición por cada adolescente.

Cuarta. El abuso del alcohol genera diversos problemas que afecta la calidad de vida de las personas, así como problemas públicos y económicos derivados de la baja productividad del factor trabajo y el creciente gasto en atención en salud y seguridad social. En este sentido, el proponente afirma que la modificación realizada al artículo 185 de la Ley General de Salud ayudará a promover un mejor sistema de prevención a través de acciones y estrategias básicas, tales como campañas de sensibilización , sobre los efectos del alcoholismo y las ventajas de abstenerse al consumirlo. Así bien, presenta las siguientes modificaciones que se someten a consideración y comentarios.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Texto propuesto

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones básicas:

I.La prevención y el tratamiento de l a enfermedad del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II.La educación con enfoque de género sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a los sectores vulnerables comoniños, adolescentes, indígenas, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III.El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra la enfermedaddel alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. Desarrollar e implementar estrategias y programas preventivos sobre las ventajas de abstenerse a consumir bebidas alcohólicas a temprana edad;

V. Diseñar y llevar a cabo campañas de información y sensibilización en medios de comunicación con enfoque médico-psicológico de la enfermedad del alcoholismo; y

VI. Apoyar a organizaciones no gubernamentales y/o asociaciones civiles que promuevan campañas permanentes para reducir el consumo de alcohol, así como aquellas que brinden algún modelo de atención o tratamiento para la rehabilitación de las personas que lo requieran.

Observaciones

1. La modificación del artículo 185 de la Ley General de Salud plantea que la Secretaría de Salud, las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo, así mismo el proponente agrega la palabra básicasa todas las acciones que se realizarán para la ejecución del programa, cuestión que no le añade valor al significado y orientación del artículo, por tanto, resulta innecesario.

2. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y mortal, así lo indica el proponente citando a la Asociación de Médicos de Estados Unidos, por otro lado, la OMS también lo sugiere como una enfermedad. Así bien, la modificación realizada a la fracción I ya se considera de manera implícita, puesto que el alcoholismo es una enfermedad.

3. La modificación a la fracción II del artículo 185, especifica que la educación sobre los efectos del abuso del alcohol debe realizase con distinción de género,lo cual no es abordado en ningún momento por la justificación del proponente, sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones (2011) nos demuestra el rápido incremento de consumidores en mujeres. En términos relativos la proporción es similar, mas no en valores absolutos, puesto que los hombres son los que más padecen éste tipo de problemas. La NOM 028, en el apartado 6, señala lo referente en materia de prevención definiéndolo como “el conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el consumo de sustancias psicoactivas, a disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de dichas sustancias”, en el cual en ningún momento se realiza la distinción de género o pertenecer a un grupo étnico para recibir educación sobre los efectos nocivos del alcohol, por tanto, resulta la modificación innecesaria.

4. La modificación a la fracción III sugiere establecer la palabra Enfermedadal alcoholismo, sin embargo, resultando innecesario por lo expuesto en el apartado 1.

5. En cuanto a la integración de las fracciones IV, V y VI, establece fundamentalmente implementar programas preventivos sobre las ventajas de no consumir alcohol, así como campañas de información y sensibilización con enfoque médico-psicológico de la enfermedad del alcoholismo. Lo anterior ya se encuentra establecido en el apartado 5 y 6 de la NOM 028 en materia de prevención, tratamiento y control de las adicciones, por lo tanto, no es pertinente establecerlo de manera particular en la Ley General de Salud. Así bien, la última fracción agregada sugiere brindar apoyo a las ONG que promueven campañas sobre abuso del alcohol. No se establece la estimación sobre cuál sería el apoyo que se les brinde, sin embargo, tal y como establece la Ley General de Salud en los artículos 2 y 3, le compete al estado a través de la Secretaría de Salud y las entidades federativas la protección de la salud de aquellos que padecen algún problema y estén en situación de vulnerabilidad, por tanto resulta improcedente la modificación.

Quinta. La modificación hecha al artículo 185 resulta improcedente, pues ya se tiene considerado en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso g) del artículo 72 constitucional los integrantes de esta comisión someten a consideración del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa en comento, esta comisión somete a consideración de los integrantes de la asamblea el presente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 7 de enero de 2015, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para el estudio y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

Designar al sistema nacional de salud para fijar los recursos humanos mínimos y suficientes con los que deberán de contar los establecimientos para la atención médica tanto pública como privada, respondiendo a los criterios que establezcan los marcos normativos en la materia.

Ley General de Salud

Texto vigente

  No existe.

Iniciativa

Artículo 26 Bis. En lo que se refiere a los recursos humanos para la provisión de los servicios de atención médica, el sistema nacional de salud, a través del reglamento y las normas oficiales mexicanas; fijarán los recursos humanos mínimos y suficientes con los que deberán de contar los establecimientos para la atención médica tanto pública como privada, en referencia a los servicios que prestan, respondiendo a criterios de desarrollo regional, geográfico, de infraestructura física, demanda, contexto epidemiológico y demás criterios que establezcan los marcos normativos en esta materia.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El marco jurídico vigente establece en el artículo 6, fracción I, que uno de los principales objetivos del sistema nacional de salud es proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de éstos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

La fracción VI establece que el sistema nacional de salud impulsará un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud.

Tercera. El artículo 7, fracciones XI y XII, considera que la coordinación del sistema nacional de salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud; así como también coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente con las prioridades del sistema nacional de salud.

Cuarta. El artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Medica establece que en los establecimientos donde se proporcionen servicios de atención médica, deberá contarse, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas correspondientes, con personal suficiente e idóneo.

Quinta. La comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el promovente, ya que de acuerdo con lo establecido por la OMS, el mínimo necesario para la atención de servicios en materia de salud es de 23 profesionales de la salud (entre médicos, enfermeras y parteras) por cada 10 mil habitantes y 2.5 por cada mil habitantes; por lo cual los países que no superan dicho umbral tienen problemas para la atención médica en este rubro, y están obligados a crear políticas públicas centradas en la planificación de la distribución y asignación de los profesionales de la salud. En el país, respecto a los recursos humanos en materia de atención de la salud (que incluyen a los médicos generales y especialistas), las cifras para 2009 lo colocaron en la relación de 1.96 médicos o especialistas por cada mil habitantes, lo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud considera como insuficientes.

Sexta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, por lo que con fecha 20 de mayo de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por el cual se estableció el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, por el que define los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de salud en un marco guiado por el ordenamiento jurídico aplicable en materia de salud, estableciendo en el numeral 5 asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, donde se abordan los retos que hoy enfrenta el sector público en materia de recursos financieros, materiales y humanos para la salud que deberán ser atendidos elevando la eficiencia y la calidad del gasto en salud. Esto significa que las instituciones públicas de salud deben mejorar sus márgenes de eficiencia para liberar recursos que le permitan consolidar sus logros y avanzar hacia la construcción de un sistema nacional de salud universal. Asimismo, dado el bajo nivel de financiamiento público en salud, la situación actual del perfil demográfico y epidemiológico plantea retos adicionales que requieren mayores recursos públicos, de haber espacio fiscal.

Una de sus principales estrategias es fortalecer la formulación y gestión de recursos humanos en salud, a través de las siguientes líneas de acción:

* Establecer los criterios para el crecimiento responsable y ordenado de los recursos humanos.

* Impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural.

* Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud.

* Promover la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, gerenciales y de apoyo administrativo.

* Participar en la elaboración de criterios y lineamientos de acreditación de las instituciones educativas conjuntamente con las instituciones correspondientes.

* Contribuir a la integración de contenidos básicos de género, derechos humanos e interculturalidad en la formación de profesionales.

* Impulsar la capacitación en salud pública, salud ocupacional, gestión y calidad de servicios del personal de salud.

* Consolidar los mecanismos interinstitucionales de colaboración para la formación de recursos humanos.

* Evaluar la aplicación de las políticas nacionales de formación y capacitación de recursos humanos.

* Promover la contratación de recursos humanos alineados con un modelo enfocado en la atención primaria.

De lo anterior se desprende que la finalidad del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 a través de sus líneas de acción, de manera gradual, el gobierno federal mediante la planeación de su presupuesto y acciones en infraestructura, impulsara progresivamente el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos a lo que se refiere a recursos humanos para la provisión de los servicios de atención médica.

Séptima. Del análisis realizado a la iniciativa en comento, la comisión dictaminadora estima que la presente reforma es innecesaria, pues duplica preceptos que actualmente se encuentran previstos en la Ley General de Salud y en Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Medica. Dicho proyecto no prevé la observancia del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el cual se establece que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta del financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción g) del artículo 72 constitucional los integrantes de esta comisión someten a consideración del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Salud, presentada por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fecha 7 de enero de 2015.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Fernando Salgado Delgado, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2014, el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

Establecer que los envases de bebidas alcohólicas deberán llevar pictogramas o imágenes de advertencia sanitaria e impresa en la cara posterior que muestren los efectos nocivos del consumo de alcohol.

Ley General de Salud 

Texto vigente

Artículo 218.Toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”, escrita con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federaciónel acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.

Iniciativa

Artículo 218. Toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”, escrita con letra fácilmente legible, en colores contrastantes, así como pictogramas o imágenes de advertencia sanitaria e impresa en la cara posterior; que muestren los efectos nocivos del consumo del alcohol y, sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, los pictogramas y las imágenes de advertencia, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El uso nocivo del alcohol viene asociado a gran número de fenómenos sociales. El abuso en el consumo de este producto es uno de los principales factores evitables de riesgo de trastornos neuropsiquiátricos y otras enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la cirrosis hepática entre otros tipos de enfermedades, una proporción importante de la carga de morbilidad y la mortalidad atribuibles al uso nocivo del alcohol corresponde a los traumatismos, sean o no intencionados, en particular los resultantes de colisiones en las vías de tránsito, los actos de violencia y los suicidios.

Tercera. Actualmente, en la Ley general de Salud se establece en el artículo 218 lo siguiente:

Artículo 218. Toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda “ el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”, escrita con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.

Dicha leyenda se retoma con base al concepto que representa la Organización Mundial de la Salud.

La Organización Mundial de la Salud señala que el concepto de uso nocivo del alcoholabarca diversos aspectos del fenómeno de la bebida. Uno es el volumen ingerido a lo largo del tiempo, de todos los factores pronóstico de muchas enfermedades crónicas que guardan relación con la bebida, el más directo es la cantidad total de alcohol consumida a lo largo de varios años. Entre otros factores del mismo tipo están las características del consumo, en particular el hecho de beber, ocasional o regularmente, hasta la intoxicación; el contexto en el que se bebe, que puede elevar el riesgo de traumatismos intencionados o no intencionados y de transmisión de ciertas enfermedades infecciosas; y la calidad de la bebida alcohólica o su contaminación con sustancias tóxicas como el metanol.

Cuarta. El etiquetado que se refiere a “leyendas precautorias” tiene implicaciones sanitarias, pues se busca que su aplicación se traduzca en disminución de riesgos sanitarios. (Se entiende por etiqueta el marbete, rótulo, inscripción, marca, imagen gráfica u otra forma descriptiva que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco, grabado, adherido, precintado o anexado al empaque o envase del producto y por riesgo, a la probabilidad de que se desarrolle cualquier propiedad biológica, química o física que cause daño a la salud del consumidor.)

Quinta. Con relación a lo anterior, los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos que la iniciativa en estudio se presenta con objeto de regular el consumo nocivo de alcohol, ya regulado en el artículo 218 de la Ley General de Salud; en la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, “Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”; y en el anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-142-SSA1/SCFI-2012, “Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”.

Sexta. El título decimotercero, “Publicidad”, de la Ley General de Salud establece en el artículo 301 que será objeto de autorización por la Secretaría de Salud la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

Séptima.Conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalajes, y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor.

El proyecto de NOM-142-SSA/SCFI-2014, “Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”, regula información detallada sobre las leyendas precautorias, que incluyen pictogramas o imágenes y donde se determinan las características como el tamaño, color, lugar de colocación y otro tipo de aspectos técnicos.

Octava. En la doctrina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Nuevo diccionario jurídico mexicano, editado por Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001, página 3264, encontramos:

Las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste, tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico sea clara y efectiva.

Dado lo anterior, se desprende que la Ley General de Salud no es el instrumento adecuado en el cual deban establecerse características de etiquetado, pues dicha particularidad corresponde a disposiciones de mayor adaptabilidad y especificidad.

Novena. El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios tiene por objeto la regulación, control y fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, relacionados con el etiquetado de bebidas alcohólicas.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción g) del artículo 72 constitucional los integrantes de esta comisión someten a consideración del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 15 de diciembre de 2014.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud. El consumo nocivo de alcohol. Nota descriptiva número 349 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/

2 Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana PROY- NOM-142-SSA1/SCFI-2012, “Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Fernando Salgado Delgado, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y ATENDER EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir y atender el Sobrepeso y la Obesidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral, 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 20 de noviembre, Mario Alberto Dávila Delgado, diputado de la LXII Legislatura del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General para prevenir y atender el Sobrepeso y la Obesidad.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

Crear un ordenamiento con objeto de establecer los criterios legales para la acción gubernamental y del Sistema Nacional de Salud en materia de prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso de la población mexicana, en concordancia con las finalidades del derecho a la protección de la salud. La aplicación de la ley se basará en los principios de la dignidad, equidad, igualdad, perspectiva de género, no discriminación, la rendición de cuentas y transparencia, la sostenibilidad, la proporcionalidad y la vigilancia del conflicto de interés. Crear un programa nacional de prevención y atención integral del sobrepeso y la obesidad, el cual deberá contener por lo menos, las acciones para fomentar la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales, con especial atención en las niñas, niños y adolescentes; así como la atención integral de los problemas del sobrepeso y la obesidad por las autoridades federales, estatales y municipales.

Para quedar como sigue:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y atender el Sobrepeso y la Obesidad

Artículo Único.Se crea la Ley General para prevenir y atender el Sobrepeso y la Obesidad.

Ley General para prevenir y atender el Sobrepeso y la Obesidad

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1.La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, la cual tiene por objeto establecer los criterios legales para la acción gubernamental y del Sistema Nacional de Salud en materia de prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso de la población mexicana, en concordancia con las finalidades del derecho a la protección de la salud.

La aplicación de esta ley se basará en los principios de la dignidad, equidad, igualdad, perspectiva de género, no discriminación, la rendición de cuentas y transparencia, la sostenibilidad, la proporcionalidad y la vigilancia del conflicto de interés.

Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se entiende por

I. Consejo: El Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional;

II. Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

III. Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m² y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m²;

IV. Obesidad mórbida: Obesidad caracterizada por un índice de masa corporal, IMC, de 40.0, o mayor o de un IMC de 35.0, cuando la persona padezca al menos una enfermedad significativa o discapacidad severa y minusvalía a causa del exceso de peso;

V. Promoción: Conjunto de acciones para crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva;

VI. Programa Nacional: Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Sobrepeso y la Obesidad

VII. Prevención: Conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el sobrepeso y la obesidad, así como las situaciones de riesgo y limitar los daños asociados;

VIII Bis. Publicidad: se entenderá por publicidad a la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios o actividades tendientes a posicionar o incrementar la presencia de la marca, producto o servicio, por cualquier medio, con el fin de promover su venta o consumo.

IX. Sobrepeso: Estado caracterizado por la existencia de un IMC igual o mayor a 25 kg/m² y menor a 29.9 kg/m² y en las personas adultas de estatura baja, igual o mayor a 23 kg/m² y menor a 25 kg/m². En menores de 19 años, el sobrepeso se determina cuando el IMC se encuentra desde el percentil 85 y por debajo de la 95, de las tablas de edad y sexo de la OMS;

X. Tratamiento integral: Conjunto de acciones que se realizan a partir del estudio completo e individualizado del paciente con sobrepeso u obesidad, incluye el tratamiento médico, nutricio, psicológico, régimen de actividad física y ejercicio; en su caso, quirúrgico, orientado a lograr un cambio en el estilo de vida y a disminuir o erradicar los riesgos para la salud, corregir las comorbilidades y mejorar la calidad de vida del paciente;

XI. Alimentos obesógenos: Compuestos químicos que pueden alterar la función normal del cuerpo y provocar la ganancia de peso en grasa.

Artículo 3. Corresponde a las autoridades sanitarias en coordinación con las autoridades educativas y laborales en los tres niveles de gobierno, la promoción de una alimentación sana basada en la lactancia materno infantil, la educación nutricional, garantizando el acceso a los alimentos y las bebidas más saludables y adecuados en el hogar, los centros escolares y de trabajo a fin de reducir los riesgos de que la población padezca sobrepeso u obesidad.

Título Segundo

De la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad

Capítulo Único

Educación Nutricional en la Casa, la Escuela y el Trabajo

Sección Primera

De la Actividad Física y Estilos de Vida Saludable

Artículo 4. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán promover y fomentar la educación nutricional con un enfoque adecuado para lograr el bienestar de la familia y su integración en torno a los hábitos de vida saludable.

Artículo 5.Corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades educativas del país, la instrumentación de intervenciones en salud pública, tendentes a generar evidencias para el diseño de acciones de política pública de carácter preventivo en los centros educativos, enfocadas a la transformación del entorno de la población escolar de educación básica, media y media superior.

Corresponde adicionalmente a la Secretaría de Salud

I. Dictar las normas oficiales mexicanas en las materias reguladas en este Ley y verificar su cumplimiento;

II. Diseñar e implantar las acciones encaminadas a hacer frente al sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas.

III. Orientar, fomentar y supervisar las acciones en materia de atención y prevención del sobrepeso y la obesidad que lleven a cabo los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia;

IV. Diseñar, desarrollar, coordinar y supervisar las acciones incluidas en esta ley;

V. Evaluar las acciones encaminadas a hacer frente al sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas;

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitaria, a través de la Cofepris, de los productos alimenticios, de la publicidad y el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, y demás atribuciones aplicables;

VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 6.Las autoridades federales, estatales y municipales de la salud, en coordinación con las del trabajo, promoverán en los centros laborales acciones en materia de educación nutricional y para una vida saludable de acuerdo con las actividades de cada rama productiva.

Artículo 7.Corresponde al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a favor de la población en general y ajustándose al ámbito territorial de su competencia:

I. Fomentar la actividad física con base en el diseño de rutinas realizables en el entorno físico de desarrollo de las actividades privadas inherentes al ser humano;

II. Establecer requerimientos diarios de una persona diarios ajustados a las costumbres alimenticias y cultura gastronómica de cada población;

IV. Establecer programas de prevención y control del sobrepeso y la obesidad, de conformidad con el programa nacional;

V. Recopilar y elaborar informes estadísticos sobre la situación y avances en materia de prevención y control del sobrepeso y la obesidad;

VI. Vigilar, dentro de la esfera de sus atribuciones, el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables;

Artículo 8.Será obligación de la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y los sindicatos la implementación de intervenciones en materia de salud laboral, para revertir los elementos constitutivos del ambiente obesogénico en los centros de trabajo.

Artículo 9.Los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal impulsarán la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada para la construcción y mantenimiento de espacios públicos para la actividad física de todos los grupos de edad.

El objetivo de lo descrito en el párrafo anterior será que el mayor número posible de mexicanos, independientemente de su edad y de su posición socioeconómica, practique de manera regular algún deporte o actividad física diariamente, así como la correcta hidratación por medio de instalaciones y el mantenimiento apropiado que ofrezcan el acceso gratuito para el consumo de agua potable para beber.

Sección Segunda

Acción Gubernamental para la Erradicación de Alimentos Obesogénicos de los Hábitos Alimenticios de la Población

Artículo 10.Corresponde al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, realizar las acciones gubernamentales necesarias para revertir el desequilibrio en la oferta de productos cuyo consumo excesivo predispone a la obesidad y aquellos que propician la alimentación saludable de la población y que contribuyen a prevenir la obesidad.

Se prohíbe la venta de alimentos con alto aporte calórico, de grasas, grasas saturadas, grasas trans, azúcares o sodio, así como de bebidas azucaradas, dentro de los planteles escolares, buscando mejorar la alimentación de los menores. Asimismo, se conferirá prioridad al consumo de agua para beber, mediante la instalación de bebederos de agua en todas las escuelas. En las comunidades que no haya infraestructura de agua potable, se debe asegurar el acceso gratuito a garrafones de agua potable.

Artículo 11.Corresponde al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, garantizar el consumo de agua potable y adecuada para el consumo humano y el acceso a la misma garantizando por lo menos la instalación y mantenimiento de bebederos públicos en plazas, parques, centros comerciales, aeropuertos y establecimientos de afluencia pública, garantizando la inocuidad y potabilidad de ésta.

Artículo 12.Con el fin de proteger la salud pública, con relación a los riesgos inherentes al sobrepeso y a la obesidad, la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, será competente para otorgar la autorización acerca de los componentes de los alimentos procesados y sus aditivos; a fin de garantizar que no se utilicen aquellos que contribuyan a la obesidad o incrementen el riesgo de enfermedades crónicas en los seres humanos.

Artículo 13.La Secretaría de Salud será competente para aprobar y realizar actos de verificación de la publicidad relacionada con las propiedades de los productos alimenticios empaquetados y envasados, que se ofertan al público en general y en particular la que se dirija a los menores de edad.

La información que se proporcione al público, a través de la publicidad, sobre los productos alimenticios empaquetados y envasados, así como de las marcas asociadas a ellos, deberá promover hábitos de vida saludables, con base en decisiones de consumo informadas. La publicidad de los productos alimenticios empaquetados y envasados no deberá inducir al error o la confusión, a causa de inexactitud, falsedad, exageración o parcialidad.

Se prohíbe la publicidad de alimentos con alto aporte calórico, de grasas, grasas saturadas, grasas trans, azúcares o sodio, así como de bebidas azucaradas dirigida al público infantil, considerándose éste aquel menor de 16 años de edad.

Se prohíbe el uso de celebridades, caricaturas, y el uso de menores de 16 años para la promoción de alimentos y bebidas que no cumplan con el perfil nutrimental.

Se prohíbe el uso de regalos, sorteos, entradas al cine o parques de diversiones, así como cualquier promoción que incite al consumo de productos descritos que no cumplen el perfil nutrimental.

La prohibición de lo contenido en el presente artículo se realizará en un horario de 6:00 horas a las 21:00 horas, de lunes a domingo, en televisión en toda la programación durante dicho horario.

Para reducir la exposición a la publicidad de productos de alto aporte calórico, grasas saturadas, grasas trans, azúcares y sodio se deben de considerar otros canales de comunicación además de la televisión. Se deben incluir espectaculares, páginas de internet, medios impresos, al interior y alrededor de las escuelas, dentro y alrededor de los supermercados, en el transporte público, así como en lugares de recreación y con gran afluencia de niños como parques, parques de diversiones, eventos familiares, etcétera.

Queda prohibida la publicidad y promoción de los sucedáneos de la leche materna y alimentos para lactantes de 0 a 2 años de edad.

Artículo 14. La Secretaría de Salud será competente de elaborar e instrumentar un etiquetado frontal claro e informativo, de los productos alimenticios empaquetados y envasados.

La información que se proporcione al público, a través del etiquetado frontal, sobre los productos alimenticios empaquetados y envasados, así como de las marcas asociadas a ellos, deberá promover hábitos de vida saludables, con base en decisiones de consumo informadas. El etiquetado de los productos alimenticios empaquetados y envasados no deberá inducir al error o la confusión, a causa de inexactitud, falsedad, exageración o parcialidad.

Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos empaquetados y envasados, deberán informar en sus envases, empaques o etiquetas los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos expresados en orden decreciente de proporciones, y su información nutricional, expresada en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indique la reglamentación vigente. Asimismo, deberán declarar el tipo de azúcares naturales y añadidos, y demás ingredientes que se agregan y su porcentaje.

El etiquetado de los sucedáneos de la leche materna no deberá desincentivar la lactancia materna. El etiquetado deberá alertar sobre los riesgos sanitarios de dichos productos.

La Secretaría de Salud diseñará e implantará un sistema oficial de etiquetado frontal, de uso obligatorio, que identifique los contenidos nutrimentales de los productos alimenticios empaquetados y envasados, cumpliendo con los siguientes objetivos y características:

I. Estará basado en la evidencia científica;

II. Presentará de manera suficiente la información nutrimental de los productos para que los consumidores puedan tomar elecciones más saludables;

III. Identificará cuando la cantidad de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y sodio, rebasen los límites establecidos por la Secretaría de Salud, con base en las recomendaciones internacionales;

Queda prohibido el uso de sistemas de etiquetado frontal distintos o similares al diseñado e implantado por la Secretaría de Salud.

Artículo 15. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas, las disposiciones reglamentarias y los lineamientos en materia de publicidad de los alimentos y bebidas cuyo consumo pueda considerarse factor predisponente de la obesidad y el sobrepeso; asimismo, respecto a su etiquetado frontal.

La facultad descrita en el párrafo anterior, se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Economía, y de Comunicaciones y Transportes, y otras dependencias del Ejecutivo federal.

Artículo 16.Corresponde al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y el Distrito Federal incentivar y promover la producción, el consumo y distribución de frutas, verduras y vegetales en cantidades recomendadas para evitar la obesidad y el sobrepeso.

Título Tercero

Atención de la Obesidad y del Sobrepeso

Capítulo Primero

Del Tratamiento Integral de la Obesidad y del Sobrepeso y de la Vigilancia Epidemiológica

Artículo 17.En todo el Sistema Nacional de Salud, se proporcionará el tratamiento integral del sobrepeso y de la obesidad a quienes los padezcan, con base en el diagnóstico individualizado del paciente con sobrepeso u obesidad, la atención médica, nutricia, psicológica, el establecimiento de un régimen de actividad física y ejercicio; en su caso, la intervención quirúrgica. La Secretaría de Salud se encargará de la vigilancia en el cumplimiento del tratamiento integral, con base en las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que al efecto emita.

Artículo 18.El Ejecutivo federal, y los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal realizarán las acciones necesarias, en el ámbito de sus competencias, para garantizar a la población en general el acceso a básculas gratuitas que les permitan conocer su peso.

Artículo 19.Las autoridades sanitarias difundirán entre la población la información acerca de los mecanismos para conocer y controlar su peso y alcanzar el índice de masa corporal ideal. Asimismo, para proporcionar a los padres de familia la información necesaria para conocer el estado ideal de peso y talla que deben poseer sus hijos y para diseñar estrategias para asegurarse que lo posean.

Artículo 20.A la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal corresponde realizar las acciones administrativas necesarias, en el ámbito de su competencia para que en el sector público se garantice el acceso al tratamiento nutricio, farmacológico y quirúrgico contra el sobrepeso y la obesidad.

Artículo 21. La Secretaría de Salud se encargará de incorporar al sistema nacional de vigilancia epidemiológica, los indicadores relativos al registro de la información necesaria para conocer la situación y los efectos de la obesidad y del sobrepeso, lo cual debe incluir su asociación con otras enfermedades, principalmente las crónico-degenerativas.

Capítulo Segundo

Del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Sobrepeso y la Obesidad

Artículo 22.La Secretaría de Salud deberá emitir un Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Sobrepeso y la Obesidad, en el cual deberá contener por lo menos, las acciones para fomentar la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales, con especial atención en las niñas, niños y adolescentes; así como la atención integral de los problemas del sobrepeso y la obesidad por las autoridades federales, estatales y municipales, en los términos que establece la presente ley. El programa nacional deberá contar con una estimación presupuestal para la implementación de sus objetivos, el cual se realizará de manera anual, para ser incluido dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El programa nacional establecerá sus objetivos, las estrategias, las líneas de acción, las metas y los indicadores. Fijará las obligaciones específicas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como propuestas de acuerdos de coordinación de la federación con los gobiernos de las entidades federativas, en relación con la atención y la prevención del sobrepeso y la obesidad.

En la elaboración del Programa Nacional se fomentará la participación y consulta del sector social y privado con el objetivo de incluir sus opiniones en los términos previstos por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables.

Se realizará una evaluación anual de los avances y resultados obtenidos con la implementación de las acciones y estrategias incluidas dentro del Programa Nacional. Esta evaluación estará a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Capítulo Tercero

Del Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional

Artículo 23. El consejo sesionará por lo menos cada tres meses y estará integrado de la siguiente manera:

a) El secretario de Salud federal, quien lo presidirá;

b) El secretario de Educación Pública federal, como miembro;

c) Titulares de los servicios de salud estatales, como miembro;

d) El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, como vocal;

e) El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, como vocal;

f) El director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, como vocal;

g) El director del Instituto Nacional de Salud Pública, como vocal;

h) Tres presidentes nacionales de las principales empresas productoras de alimentos, como consejeros;

i) Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, como consejeros; y

j) Tres representantes del sector académico, como consejeros.

Todos los miembros del consejo tendrán voz y voto.

Artículo 24.Corresponde al consejo el diseño y coordinación de acciones sociales para la promoción y la prevención contra el sobrepeso y la obesidad en todo el país, las que deberá instrumentar y evaluar con el apoyo de las secretarías de estado federales y de los gobiernos estatales y del Distrito Federal.

Artículo 25.El consejo, en coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, promoverá que las acciones contra el sobrepeso y la obesidad no generen discriminación ni estigmatización de las personas afectadas por la obesidad o sobrepeso.

Artículo 26.El consejo se encargará de monitorear los conocimientos, actitudes y prácticas de riesgo de las personas que padecen sobrepeso u obesidad a fin de crear estrategias de reversión de dichas prácticas y actitudes para toda la población.

Artículo 27.El consejo coordinará y normará las acciones de los consejos estatales para la coordinación de la acción social para la promoción y prevención contra el sobrepeso y la obesidad poblacional.

Artículo 28.El Consejo apoyará en las acciones de promoción, en caso que el Ejecutivo federal declare la acción extraordinaria en materia de obesidad.

Artículo 29.El Consejo promoverá y apoyará las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención de los problemas de sobrepeso y obesidad; para tal efecto estará facultado para firmar acuerdos en este sentido.

Artículo 30.Para la creación de una estrategia de intervención socio-sanitaria, el consejo estará facultado para gestionar recursos en forma de donaciones para el impulso de intervenciones comunitarias en materia de promoción, apoyo y desarrollo de programas de nutrición, educación física y deportes para la población que padece de sobrepeso u obesidad, así como, para el tratamiento quirúrgico y rehabilitación de las personas con obesidad mórbida.

Artículo 31.El consejo se encargará de organizar la entrega del premio nacional a la empresa líder en la transformación de la industria de la alimentación a favor del combate a la obesidad y el sobrepeso y al premio nacional a la sociedad civil en materia de investigación nutricional contra la obesidad. Asimismo, se encargará de establecer un sistema de estímulos a la sociedad civil en materia de combate a la obesidad y el sobrepeso.

Artículo 32.El monto de los premios y estímulos, así como las reglas de operación, y los elementos de la convocatoria deberán ser definidos por el consejo.

Título Cuarto

Capítulo Único

Medidas de Seguridad y Sanciones

Artículo 33.La Ley General de Salud será de aplicación supletoria al presente ordenamiento, por lo tanto se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población.

Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren.

Artículo 34.Se sancionará, con base en un fundamento razonable y proporcional a los bienes que se busque proteger, la instrumentación de acciones sociales que tiendan a desvirtuar o generar el incumplimiento doloso de los acuerdos generados a través del Consejo con base en la presente ley.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Salud contará con 90 días para convocar a sesión ordinaria al Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional, y con 180 días para emitir el reglamento interior del mismo, ambos plazos se contarán a partir del día siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal emitirá el reglamento de la ley a los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto.El monto de los premios y estímulos contemplados en la presente ley deberán considerarse por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía anualmente a la Cámara de Diputados.

IV. Consideraciones

Primera. Se considera que será pertinente valorar la coyuntura de que el Consejo Nacional de Prevención y Atención Integral de la Obesidad y el Sobrepeso cuente con la facultad de gestionar recursos en forma de donaciones para el impulso de intervenciones comunitarias en materia de promoción, apoyo y desarrollo de programas de nutrición, educación física y deportes para la población que padece de sobrepeso y obesidad, así como para el tratamiento quirúrgico y la rehabilitación de las personas con obesidad mórbida. Asimismo, los premios y estímulos que se pretenden entregar a la empresa líder de la transformación de la industria de la alimentación a favor el combate a la obesidad y el sobrepeso y a la sociedad civil en materia de investigación nutricional contra la obesidad , tendría un impacto presupuestario, por lo que se deberá realizar la valoración a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, así como la opinión que corresponda a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Segunda.Tomando en cuenta las opiniones formuladas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, como áreas técnicas competentes en la materia de la iniciativa de mérito, así como del Consejo de Salubridad General, órgano colegiado dependiente del presidente de la República, se considera lo siguiente:

Que la expedición de una ley general para prevenir y atender el sobrepeso y la obesidad se estima inviable en virtud de que hay actualmente un marco jurídico suficientemente amplio que prevé lo que se pretende con la presente iniciativa en los siguientes ordenamientos:

Ley General de Salud (artículos 3o., 27, 64 11 y 112, y título decimotercero, “Publicidad”).

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, “Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”.

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”.

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Acuerdo mediante el cual se establecen lis lineamientos generales para el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes e alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos de televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, conforme a los dispuesto en los artículos 22 Bis, 79, fracción X, y 86, fracción VI, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad.

Tercera. Asimismo, en términos de técnica legislativa, crear una ley que regule la prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso resultaría discriminatorio respecto de otros padecimientos de igual importancia, lo que generaría la tendencia de proponer leyes específicas para distintos padecimientos, aumentando la legislación en salud, sin lograr una integración legislativa con un eje común para armonizar las acciones propuestas.

La comisión dictaminadora considera que de aprobarse la presente iniciativa se estaría generando una sobrerregulación.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción g) del artículo 72 constitucional los integrantes de esta comisión someten a consideración del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto por el que se por la que se expide la Ley General para prevenir y atender el Sobrepeso y la Obesidad, suscrita por el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 19 de enero de 2015, el diputado Rafael Micalco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

Establecer que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia emitirá lineamientos generales en materia de supervisión de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios asistenciales, el cual deberá ser revisado periódicamente por la Secretaría de Salud y deberá observar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia. Señalar que la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán los lineamientos en sus marcos normativos correspondientes a fin de garantizar y proteger la integridad física y mental de las personas que reciben atención en las instituciones de asistencia social. Asentar que serán coadyuvantes a petición del organismo en la supervisión de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios asistenciales, el Instituto Nacional de Migración cuando se trate de instituciones que alberguen a migrantes; así como el Sistema Nacional de Protección Civil para verificar el cumplimiento de la normatividad de protección civil.

Para quedar como sigue:

Ley de Asistencia Social

Texto vigente

Artículo 65.La supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, corresponde a la Secretaría de Salud a través del organismo y a las autoridades locales.

Artículo 66. Serán coadyuvantes del organismo en la supervisión, los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las juntas de asistencia privada u órganos similares.

Iniciativa 

Artículo 65. La supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas corresponde a la Secretaría de Salud a través del organismo y a las autoridades locales.

El Organismo emitirá lineamientos generales en materia de supervisión de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios asistenciales, el cual deberá ser revisado periódicamente por la Secretaría de Salud y deberá observar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia.

La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán los lineamientos en sus marcos normativos correspondientes a fin de garantizar y proteger la integridad física y mental de las personas que reciben atención en las instituciones de asistencia social.

Artículo 66. Serán coadyuvantes del organismo en la supervisión, los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las juntas de asistencia privada u órganos similares.

Asimismo, serán coadyuvantes a petición del organismo en la supervisión de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios asistenciales, el Instituto Nacional de Migración cuando se trate de instituciones que alberguen a migrantes; así como el Sistema Nacional de Protección Civil para verificar el cumplimiento de la normatividad de protección civil.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.Así también, la Ley General de Salud señala lo siguiente respecto a la protección de la salud:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

...

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

...

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

...

XVIII. La asistencia social;

...

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

...

Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Como se expresa en la Ley General de Salud, las condiciones socioeconómicas generadas por la falta de ingreso deben ser consideradas en la prestación de los servicios de salud.

Por consiguiente, la misma ley considera la definición de asistencia social, de la cual serán beneficiados todos los previstos ahí:

Artículo 167. Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Artículo 168.Son actividades básicas de asistencia social

I. La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

...

Hay entonces certeza jurídica para garantizar la protección social en salud referente a la asistencia social, considerando fundamentalmente los factores personales y sociales, en el cual la condición económica está prevista en la fracción señalada.

Tercera.De tal consideración correspondiente a la implantación de la asistencia social como materia de salubridad general y protección social en salud para a aquellos con alguna necesidad, se desprende la Ley de Asistencia Social para determinar los mecanismos y las acciones para la promoción de un sistema nacional de asistencia social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia.

Asimismo, se expresan las personas que son sujetas de asistencia social:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Cuarta.El proponente de la iniciativa sugiere se realice una modificación a la Ley de Asistencia Social en materia de supervisión a las instituciones que ofrecen los servicios de asistencia social, considerando en su argumentación, la necesidad de protección a la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, los cuales son asistidos a través de las instituciones correspondientes, violentándose sus derechos por la falta de supervisión en la actuación de dichas instituciones. De esta manera presenta la siguiente modificación:

Ley de Asistencia Social

Texto vigente

Artículo 65.La supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, corresponde a la Secretaría de Salud, a través del organismo, y a las autoridades locales.

Artículo 66. Serán coadyuvantes del organismo en la supervisión, los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las juntas de asistencia privada u órganos similares.

Iniciativa

Artículo 65. La supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas corresponde a la Secretaría de Salud, a través del organismo y a las autoridades locales.

El organismo emitirá lineamientos generales en materia de supervisión de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios asistenciales, el cual deberá ser revisado periódicamente por la Secretaría de Salud y deberá observar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia.

La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán los lineamientos en sus marcos normativos correspondientes a fin de garantizar y proteger la integridad física y mental de las personas que reciben atención en las instituciones de asistencia social.

Artículo 66. Serán coadyuvantes del organismo en la supervisión, los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las juntas de asistencia privada u órganos similares.

Asimismo, serán coadyuvantes a petición del organismo en la supervisión de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios asistenciales, el Instituto Nacional de Migración cuando se trate de instituciones que alberguen a migrantes; así como el Sistema Nacional de Protección Civil para verificar el cumplimiento de la normatividad de protección civil.

Comentarios

El proponente sugiere en esta iniciativa realizar las modificaciones correspondientes a los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, donde indica fundamentalmente que deberá supervisarse a las instituciones públicas o privadas que ofrecen los servicios de asistencia social para mejorar su desempeño, salvaguardando el interés superior de aquellos que tienen vulnerabilidad de la cual hace referencia el artículo 4 de esta ley.

1. Se sugiere se agreguen 2 párrafos al artículo 65 que habla sobre la supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, la cual corresponde a la Secretaría de Salud a través del Organismo y a las autoridades locales. En tales agregaciones se pretende dotar al Organismo, para emitir lineamientos en materia de supervisión de las instituciones públicas que presten los servicios asistenciales. Tal consideración ya se encuentra especificado en la Ley de Asistencia Social, artículo 63:

Artículo 63. Las instituciones de asistencia social deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas, que al efecto se expidan por la Secretaría de Salud, y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, para normar los servicios de salud y asistenciales.

2. El segundo párrafo sugiere que la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán los lineamientos en sus marcos normativos correspondientes a fin de garantizar y proteger la integridad física y mental de las personas que reciben atención en las instituciones de asistencia social.

Tal agregación está considerada de facto en los artículos 5, 6, 7 y 9 de la Ley General de Salud, que habla de las competencias del Sistema Nacional de Salud y la participación transversal de las instituciones públicas de cualquier ámbito de gobierno.

3. Asimismo, la agregación del segundo párrafo al artículo 66 considera a dependencias públicas federales de manera particular, para participar de manera coadyuvada con el organismo, los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las juntas de asistencia privada u órganos similares en la supervisión de la aplicación de los servicios de asistencia social. Tal modificación ya se encuentra establecida de manera general en los artículos 5, 6, 7 y 9 de la Ley General de Salud, que habla de las competencias del Sistema Nacional de Salud.

De igual manera ya se encuentra previsto en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-031-SSA3-2012 y NOM-033-SSA3-2012 para los servicios de Asistencia Social.

Y para el caso particular, lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el artículo 15.

Por tales motivos, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados consideramos que lo planteado por el proponente ya se regula de manera general en las Leyes General de Salud, y de Asistencia Social, así como en los respectivos reglamentos de las dependencias que componen el sistema nacional de salud y las normas oficiales mexicanas que expide la Secretaría de Salud como principal rectora de la protección social en salud.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción g) del artículo 72 constitucional los integrantes de esta comisión someten a consideración del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Rafael Micalco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Continúe ahora con declaratoria de publicidad de dictámenes.

DICTAMENES CON DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY GENERAL DE SALUD, PARA EL CONTROL DE SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento que hemos invocado de esta Cámara de Diputados, se cumple para todos los efectos legales con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento que hemos invocado de esta Cámara de Diputados, se cumple para todos los efectos legales con la declaratoria de publicidad.

Continúe la Secretaría con la lectura de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al incendio en plataforma petrolera Abkatún, situada en la Sonda Campeche, el 1o. de abril de 2015.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión extiende las condolencias más profundas a los familiares y compañeros de trabajo de los cuatro trabajadores petroleros fallecidos el 1° de abril del 2015, en cumplimiento de su actividad laboral en la plataforma petrolera Abkatún Permanente.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector Hidrocarburos, y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, se investiguen las causas del incendio ocurrido en la plataforma petrolera Abkatún Permanente, situada en la Sonda de Campeche; asimismo, se apliquen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo en las plataformas petroleras, procediéndose en su caso, al deslinde de responsabilidades que en derecho procedan, incluidas las de carácter penal.

Tercero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el marco de sus respectivas competencias, velen por la tutela de los derechos humanos de los trabajadores afectados y sus familias, entre otros, en materia de atención médica y psicológica, subsidios, pensiones y jubilaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario. Tengo registrado para hablar en pro, al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en pro, de la propuesta de acuerdo que ha presentado la Junta de Coordinación Política y cuyo texto se le ha dado lectura. Adelante, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por tres minutos, de la agrupación Morena.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Dudó el diputado presidente si voy a hablar en pro, y en efecto.

Evidentemente oponerse a que se extiendan condolencias profundas a familiares y compañeros de trabajo de los cuatro trabajadores hasta ahora reconocidos como fallecidos en una actividad laboral; oponerse a que se investigue de manera imparcial las causas del incendio ocurrido y se apliquen las sanciones necesarias; oponerse a que en el marco de sus respectivas competencias se vele la tutela de los derechos humanos de los trabajadores afectados y sus familias, pues es obvio que no se puede uno oponer. Pero esto no es lo que la Cámara de Diputados debería estar haciendo en este tema. Hemos estado alegando que quieren adormilar a los ciudadanos, a los diputados, pues ya es la costumbre que se vengan a echar su siesta aquí, no están vivos, no están representando al pueblo.

Miren esta catástrofe es una plataforma que procesa y separa el gas, y el petróleo que recibe desde otra plataforma extractiva antes de enviarlo a tierra firme. Y aquí, hasta ahorita hablamos de cuatro muertos, tres desaparecidos, 16 heridos en las versiones más conservadores, y ya obviamente todos los datos de la empresa de Pemex hablan de que ya llegó la PGR, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, Protección al Medio Ambiente, el Sector de Hidrocarburos, que ya llegó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que ya no hay problema.

Pero no se habla del tema de fondo. Los que propusieron este punto de acuerdo propusieron otro que lo depuraron en la Junta de Coordinación donde exhortaban a Pemex a valorar la recisión de los contratos que están con la empresa Cotemar S.A. de C.V., que es la que está atrás de eso, pero ni siquiera ese era el problema de fondo.

El problema de fondo es que una vez pasada la ronda cero e iniciada la ronda uno de Pemex, ya Pemex se lanza a realizar las primeras licitaciones de nuevos contratos para exploración y extracción de hidrocarburos previstos en la reforma que ustedes aprobaron de entregar el petróleo de México a los inversionistas privados de México y, sobre todo, los del extranjero que están zopiloteando ya el petróleo en México.

Y producto de esto, ya está la primera licitación de aguas someras, la CNH-R01-LO01 del 2014, que ya imagínense nada más cómo andan los zopilotes, a ver si el petróleo no era negocio, 49 empresas mostraron interés, 41 solicitaron acceso al cuarto de bases; 39 empresas fueron autorizadas a acceder al cuarto de bases, y 33 empresas han iniciado el proceso de precalificación.

¿Por qué ahí y por qué en esta plataforma ocurre el accidente? Voy a culminar, presidente, ésta es la principal plataforma en producción de aceite y gas, es la que lidera la producción y obviamente está en una cuenca petrolera rica en aguas someras de este bien que es de la nación y que ustedes le están entregando a los inversionistas privados.

Si fuéramos consecuentes este punto de acuerdo hoy debería estar exigiendo, ante los hechos catastróficos en la plataforma Abkatún Alfa, se exhortara a la Secretaría de Energía para que se cancele la licitación y apertura de la Ronda Uno, ya que se pretende entregar las aguas someras en el litoral de Tabasco, de Veracruz, del propio Campeche.

Ustedes en el fondo lo que están haciendo es acelerar estos procesos de despojo de nuestros recursos naturales a costa de la vida de los trabajadores mexicanos, de la desaparición de los trabajadores mexicanos, de los accidentados trabajadores mexicanos, porque obviamente las medidas de seguridad son ínfimas, son menores, y eso es lo que ustedes aquí no van a subirse a probar, porque nada más hacen pura retórica legislativa en esta Cámara de Diputados.

Ojalá tuvieran valor y se subieran los partidos que proponen este punto de acuerdo a pedir la cancelación de la Ronda Uno, a ver si es cierto que se preocupan realmente por el pueblo de México. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Diputada Sonia Rincón Chanona, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Hasta por tres minutos, diputada.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza queremos manifestar nuestras condolencias a las familias de las cuatro personas que lamentablemente perdieron la vida tras la explosión en la plataforma petrolera de Abkatún, en Campeche. Expresamos nuestra solidaridad con los heridos y las familias de las personas que aún están en calidad de desaparecidas.

Para el del Grupo Parlamentario Nueva Alianza la seguridad de los trabajadores debe ser la norma y el principal motivo de este punto de acuerdo. El pasado 1o. de abril se dio a conocer que se había iniciado un incendio en el área de deshidratación y bombeo de la plataforma petrolífera Abkatún A-Permanente en las aguas del Golfo de México, lo que culminó en una explosión con los trágicos resultados que todos conocemos.

Si bien aún se desconocen las causas que originaron el siniestro, es imperativo que se llegue a la verdad de los hechos para evitar daños posteriores. Por este motivo se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se investiguen las causas del incendio ocurrido y que se apliquen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de seguridad, higiene y prevención de los riesgos de trabajo en las plataformas petroleras.

Es necesario que de ser el caso se deslinden las responsabilidades que en derecho procedan, incluidas las de carácter penal. En este sentido se debe garantizar que de haber responsables éstos enfrenten las consecuencias jurídicas que se deriven a sus acciones u omisiones, a tan lamentables acontecimientos.

Por otro lado y no menos importante, es el hecho de que se debe velar en este momento por los derechos humanos de los trabajadores afectados y sus familias en materia de atención médica, psicológica, subsidios, pensiones y jubilaciones, entre otros. Por este motivo, nos unimos al exhorto a las dependencias antes mencionada.

En Nueva Alianza queremos ser enfáticos respecto a este tipo de accidentes, es urgente reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores de las plataformas petroleras, ya que resulta inaceptable que se recurra a excusas de que es un trabajo de alto riesgo como una causa que justifique estos accidentes. La responsabilidad de la empresa es reducir ese alto riesgo a su mínima expresión y salvaguardar ante todo la integridad y la salud de los trabajadores.

Este llamado es para que no se vuelvan a presentar accidentes de este tipo, que no haya impunidad en casos de responsabilidad y que se fortalezcan las medidas de seguridad para prevenir tragedias no sólo humanas, sino ambientales. Reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas y estaremos vigilantes de que se cumpla con las acciones legales ha lugar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias a mis compañeras y compañeros por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Rincón Chanona. Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para fijar la postura de Movimiento Ciudadano, por un lapso similar, hasta por tres minutos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. México tiene más de 100 plataformas marítimas en las que viven en permanente rotación alrededor de cinco mil personas. Con frecuencia las instalaciones son verdaderos conjuntos modulares de varias plataformas, una principal y otras satélites. En algunos pozos predomina el petróleo, pero siempre con algún porcentaje de gas, entre otros.

La composición es al revés. Esta característica geológica obliga a separar en las instalaciones oceánicas ambos tipos de hidrocarburos, para luego bombearlos hacia tierra firme.

Tienen dos destinos perfectamente diferenciados. El gas se concentra en la planta de rebombeo de Atasta, Campeche, y el crudo en el puerto tabasqueño de Dos Bocas, construido exprofeso.

Los accidentes en las plataformas petroleras y los derrames de petróleo muestran la necesidad de que el mundo se dirija firmemente hacia energías más limpias y seguras, en un mundo que busca más y más petróleo y gas en aguas más profundas y ubicaciones cada vez más difíciles y delicadas. También es necesario considerar que estamos ingresando a territorios en lo que los accidentes son más probables, difíciles de responder y con mayores consecuencias.

La coexistencia y convivencia con Pemex es una situación que mantiene a la población en un constante peligro debido a las instalaciones y a los riesgos que estas representan. Por lo que es necesario de parte de la empresa de Petróleos Mexicanos mayores y mejores condiciones de seguridad.

El estado de Veracruz es uno de los más afectados en consecuencia de los derrames de hidrocarburos e incluso por los accidentes industriales que han dejado pasivos ambientales y de salud, así como económicos en la zona de Papantla, Coatzacoalcos y Poza Rica.

En Tabasco, las comunidades asentadas en zonas petroleras del municipio de Huimanguillo, así como en poblados chiapanecos colindantes con Tabasco se han detectado casos de leucemia, ceguera y afecciones pulmonares atribuibles a la actividad petrolera.

La industria petrolera no ha adoptado el enfoque de esperar lo mejor para prepararse para lo peor, el petróleo es altamente tóxico para el ambiente marino y costero y sus impactos en la vida silvestre pueden persistir por décadas.

El último percance fatal se originó en la madrugada del miércoles 1 de abril, en el área de deshidratación y bombeo de la plataforma petrolífera Abkatún Permanente en aguas del Golfo de México, donde fallecieron 4 personas.

Como toda actividad relacionada con los materiales inflamables y productos químicos, la industria petrolera es de las de mayores riesgos potenciales. Es por esa razón, que las mayores inversiones se deben destinar a aminorar los peligros.

Los accidentes no se pueden reducir a cero, pero sí es posible disminuir los factores de riesgo y también los daños. La clave para el progreso conjunto está en poder coexistir de una manera responsable, justa y, por consecuencia, pacífica.

Pemex debe de incentivar e incluir a las comunidades en su operación y ser sobre todo responsable de las consecuencias negativas en cuanto a las afectaciones directas hacia la población y su ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se une a las condolencias para los familiares y compañeros acaecidos en la plataforma petrolera de Abkatún Permanente. Y se pronuncia a favor del punto de acuerdo para que se investiguen las causas del incendio y se deslinden responsabilidades.

Además, para que se les brinde de inmediato atención médica, psicológica y se otorguen sus derechos laborales correspondientes a los trabajadores de las plataformas e indemnizaciones de sus familiares. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Vargas Pérez. Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, tiene usted el uso de la palabra, para fijar la postura en nombre de su grupo parlamentario el PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática, su grupo parlamentario, agradece la solidaridad de los otros grupos parlamentarios para impulsar este resolutivo, que su origen fue una propuesta de nuestro grupo parlamentario y que va encaminado en primer lugar, como es un gesto humanitario, a dar nuestras condolencias a los familiares, a los compañeros de trabajo de quienes perdieron la vida en esta lamentable explosión de una plataforma petrolera en los litorales del Golfo de México. Pero que también ven el sentido de exigir una amplia investigación de los hechos.

Tenemos que conocer no solamente cuáles fueron las causas que generaron esta explosión. Tenemos que saber, también, en qué condiciones se dan estos contratos entre la empresa productiva del Estado, llamada Petróleos Mexicanos y compañías privadas.

Tenemos que conocer también cuál es el régimen laboral en el cual se encuentran estos trabajadores de empresas privadas que le sirven a Petróleos Mexicanos.

Porque es un hecho público y notorio, en el Golfo de México, que estos trabajadores de empresas particulares, en su gran mayoría tienen emolumentos muy inferiores a lo que se paga en Pemex y condiciones de trabajo que no son las mejores para el desarrollo de su actividad laboral.

Y nosotros, los diputados del PRD y en particular los diputados tabasqueños por el PRD, queremos que Petróleos Mexicanos tenga una mayor responsabilidad en la seguridad, no solamente, de sus instalaciones sino también en el transporte de los productos derivados del petróleo. Nos llama la atención que se den este tipo de sucesos cuando se supone que al interior de la industria petrolera hay todo un sistema de prevención de accidentes laborales.

Y queremos ser muy puntuales, no basta con garantizar la seguridad en las plataformas petroleras. Ya basta de que estén explotando los ductos que transportan los derivados del petróleo.

Ya basta de que se estén suscitando en nuestras carreteras accidentes por explosión de pipas que transportan hidrocarburos. Y donde gente que ni siquiera está vinculada al trabajo de la industria petrolera pierde la vida o se encuentra en condiciones en las que su integridad física es lacerada de forma irreversible.

Por eso, nosotros vamos a favor de esta resolución pero queremos que se vaya a fondo, que se investigue y que se determine cuáles son las condiciones en las que se dan estos convenios entre particulares y la empresa petrolera, porque no es posible que al interior de nuestra industria petrolera haya trabajadores de primera, de segunda y a veces hasta de tercera. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Medina Filigrana. Para argumentar y fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Diana del Carmen Vera Ávila, hasta por tres minutos estimada diputada, con la tolerancia que la equidad obliga.

La diputada Diana del Carmen Vera Ávila:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Diana del Carmen Vera Ávila: El pasado primero de abril se suscitó una explosión y posterior incendio en la plataforma Abkatún Alfa, ubicada en la Sonda de Campeche, lo que provocó el desalojo de 301 trabajadores con el apoyo de 10 embarcaciones y 28 helicópteros, con un saldo hasta el momento de cuatro trabajadores muertos y tres desaparecidos.

Por otro lado, este siniestro ha generado para Pemex una caída en la producción diaria de crudo de 220 mil barriles. Para reestablecer la producción a 600 millones de barriles diarios de crudo y cumplir con la meta anual, Pemex puso el sábado en operación las plataformas Abkatún D y Abkatún Perforación para que incorporen la producción de los campos Ixtal, Manik y Onel afectados.

La PGR, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estarán encargadas de realizar los peritajes para determinar las causas de este accidente.

Es necesario, indispensable y urgente exigir cuentas al titular de Pemex, el señor Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, para que informe a esta soberanía sobre el estado que guardaba dicha plataforma en cuanto a su mantenimiento mayor y menor, así también sobre las medidas de seguridad laboral, protección civil y de protección ambiental

Es preocupante que se niegue acceso a organizaciones internacionales no gubernamentales como Greenpeace para verificar el impacto al medio ambiente.

¿Cómo estarán el resto de las plataformas petroleras ubicadas en el Golfo de México y otras instalaciones de Pemex? ¿Con qué seguridad y en qué condiciones trabajan obreros, técnicos, ingenieros y el resto del personal de Pemex?

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias de los desaparecidos y los trabajadores fallecidos y desaparecidos en esta tragedia, y exigimos una investigación expedita apegada a la ley y a la verdad de los hechos y el deslinde de responsabilidades en su caso. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señora diputada. Finalmente la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, señora diputada.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La madrugada del primero de abril pasado se presentó un sensible y desafortunado suceso para los campechanos. Se incendió el área de deshidratación y bombeo de la plataforma Abkatún permanente, ubicada en la Sonda de Campeche. De inmediato Petróleos Mexicanos aplicó el plan de respuesta a emergencias y procedió al desalojo de aproximadamente 300 trabajadores que fueron trasladados a otras plataformas de la zona, atendiendo la emergencia con ocho barcos contra incendio y auxiliado por la Secretaría de Marina.

Lamentablemente el mismo día y en los subsecuentes, se confirmaron cuatro fallecimientos tanto de trabajadores de Pemex como de la empresa Cotemar, registrándose además varios trabajadores lesionados también de Pemex y de la empresa referida, así como tres trabajadores aún desaparecidos.

Situación que como mexicanos y como campechanos nos duele sensiblemente el sufrimiento de las familias afectadas, por lo que en el Grupo Parlamentario del PRI externamos nuestras sinceras condolencias a las familias de estos trabajadores.

Durante la respuesta a este siniestro, tenemos que reconocer que el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, encabezó una reunión en el Centro Regional de Atención a Emergencias, en Paraíso, Tabasco, para supervisar las tareas de atención a esta contingencia y posteriormente efectuó un sobrevuelo por la plataforma a fin de verificar las tareas de control del incendio que se estaban llevando a cabo.

El incendio ocasionó un derrame en el mar, ya que sólo se registró un escurrimiento del hidrocarburo el cual se contuvo por embarcaciones especializadas, lo que conlleva obviamente también la preocupación por la situación ambiental.

Así Pemex aseveró que la afectación a la producción tendrá un impacto mínimo debido a que al tratarse de una plataforma de proceso y no de producción, –esto es importante– el hidrocarburo que recibía de los pozos aledaños, fue direccionado a otros centros de procesos.

Según la empresa productiva del Estado, los protocolos internos de seguridad funcionaron adecuadamente, lo que permitió que la evaluación de la plataforma se llevara a cabo de manera oportuna y eficiente una vez sofocado el incendio.

Personal de Pemex realizó diversos recorridos para garantizar el ingreso de las autoridades de la PGR, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la Secretaría del Trabajo que llevaran a cabo los peritajes y los análisis para determinar la causa del accidente.

En el grupo parlamentario del PRI estamos ciertos de que Petróleos Mexicanos se ha conducido con transparencia y rigor en cuanto a las medidas de seguridad llevadas a cabo a partir del siniestro. Que quede muy claro que se actuó con responsabilidad.

Sin embargo también estamos a favor de que se realicen las investigaciones pertinentes y se esclarezca el motivo del incendio sin lugar a que quede ninguna duda.

En razón por la cual suscribimos el punto de acuerdo que se discute, como campechana, por supuesto apoyo a las familias de los afectados y exijo el total esclarecimiento de este lamentable desastre. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Consulte la secretaría –en votación económica– si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

Presidencia del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobado, comuníquese.

Continúe la Secretaría con una proposición de acuerdo de la propia Junta de Coordinación Política.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, señor secretario. ¿Con qué objeto, diputado Orihuela?

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Con el objeto de manifestar mi punto de vista con ese punto ya adoptado, aunque ya se votó, quisiera expresar mi punto de vista. Creo que ya...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Orihuela –permítame usted– no sólo es evidente que la proposición con punto de acuerdo ha sido votada, pero por otra parte la modalidad de la discusión a la que se somete esta Presidencia en funciones es la acordada por los grupos parlamentarios, y evidentemente también el PRD ha fijado su postura. Por ahora lo lamento, se lo digo con sinceridad, diputado Orihuela.

Le pido, señor secretario, proceda a la lectura de la siguiente proposición.

———————— o ————————

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se formula un atento y respetuoso llamado a legislaturas estatales en relación con la aprobación del proyecto de decreto de Reformas Constitucionales en materia de Disciplina Financiera de Estados y Municipios en el marco de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución.

La Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 41 primer párrafo, 72 primer párrafo y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 33 numeral 1 y 34 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta representación nacional la siguiente propuesta a la luz de los siguientes

Antecedentes

I. En la sesión pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 22 de diciembre de 2014, el diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó a nombre propio y de diversas y diversos diputados federales y senadores integrantes de los grupos parlamentarios de su propio partido y de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios;

II. En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 inciso H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha iniciativa fue remitida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía para su dictamen correspondiente;

III. El 5 de febrero de 2015 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto correspondiente remitiéndolo para sus efectos constitucionales al Senado de la República quien lo aprobó el 17 de febrero siguiente remitiéndolo a las legislaturas estatales en el marco del mecanismo conocido como Constituyente Permanente en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución;

IV. Que al 7 de abril del presente año, se han recibido catorce votos aprobatorios, quedando pendientes de pronunciarse al respecto diecisiete legislaturas estatales con lo que no ha sido posible aún declarar la validez de esta reforma;

V. Que es del mayor interés de los coordinadores de los grupos parlamentarios representados ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratificar su decidido apoyo al espíritu y la letra de tan trascendental reforma constitucional para procurar un mayor fortalecimiento de la finanzas públicas de los órdenes estatal y municipal que redunde en un mayor equilibrio de las finanzas públicas federales;

Y con fundamento en las disposiciones normativas invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de pleno respeto a la libertad y la soberanía de los estados que integran nuestra Federación, formula un atento y respetuoso llamado a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a que discutan y en su caso, aprueben, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de estados y municipios, aprobado por el Congreso de la Unión el pasado 17 de febrero de 2015 y que fue remitido al Constituyente Permanente en términos de lo dispuesto por el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez,  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. Para fijar la postura y aparece registrado en pro, el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Tiene, en efecto, la palabra señor diputado González Roldán, hasta por tres minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, en el seno de la Cámara de Senadores ha sido analizada y discutida y aprobada la reforma constitucional para la estabilidad financiera del país, resultado de una mayor trascendencia y pertinencia en el fin que persigue.

El nivel de endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios es un asunto que de pronto debe atenderse, si consideramos las restricciones presupuestales que se avecinan en los próximos años.

Es una realidad constatable que, cuando se contratan empréstitos y deuda pública en las entidades federativas, no se hace con base en un análisis y planeación que garantice plenamente la viabilidad de las finanzas públicas, lo que eventualmente pone en riesgo la estabilidad financiera nacional.

Recordemos que el objetivo primordial de la reforma constitucional es que todas las obligaciones de pago queden perfectamente armonizadas, homologadas y, sobre todo, sean transparentes.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se suma al exhorto para que en los Congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas sometan a discusión y, en su caso, aprueben la reforma constitucional en materia de deuda de los estados y municipios.

Estamos convencidos que con estas medidas estaremos contribuyendo a evitar que el futuro inmediato se siga poniendo en riesgo las finanzas estatales, las cuales se han incrementado en su nivel de endeudamiento en los últimos años.

En Nueva Alianza consideramos que las reformas planteadas son pertinentes y necesarias, más aún cuando estamos viviendo tiempos de inestabilidad en los mercados, disminución del precio del petróleo, depreciación del peso y recientemente un ajuste presupuestal, circunstancias que hacen urgente que se pongan límites a la contratación de deuda para evitar afectar las finanzas de la nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado González Roldán. Tiene el uso de la palabra Danner González Rodríguez, diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Adelante, señor diputado.

El diputado Danner González Rodríguez:Con el permiso de la Presidencia. Dice un dicho popular, honorable asamblea, que el nada debe nada teme. Año con año, y 2013 no fue la excepción, en el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública las constantes para los estados y los municipios son las recomendaciones, las solicitudes de aclaración, las promociones de responsabilidad administrativa y hasta penal, y esto tiene mucho que ver con el excesivo endeudamiento.

Hay irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales, discrecionalidad, opacidad, fallas en los resultados de los programas, así como ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control.

Durante el ejercicio fiscal 2013 las entidades federativas y los municipios del país recibieron transferencias de recursos federales por un billón, 473 mil 137.4 millones de pesos, cifra superior en 7.4 por ciento en términos reales a la registrada en el ejercicio fiscal 2012. Pero hay que decirlo con todas sus letras, esta cantidad de dinero es inversamente proporcional a la calidad de vida de los habitantes.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que la deuda interna de los estados y los municipios se incrementó 75 mil millones de pesos en lo que va de la presente administración federal. La elevada dependencia de los gobiernos locales respecto de las transferencias federales y el recelo por trasparentar el manejo de dichos recursos, es porque muchos gobernadores y alcaldes hacen de éstos la caja chica, ya sea para financiar intereses personales, políticos y electorales.

No debe extrañarnos que muchos recursos que deberían destinarse a educación, salud, vivienda, generación de empleo o bienestar social en estados y municipios, terminen despilfarrándose en campañas electorales. Por eso en Movimiento Ciudadano votaremos hoy a favor de este exhorto, porque las reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios no son producto de ocurrencias, sino de un reclamo social para combatir y erradicar la opacidad de los gobernadores y de los alcaldes en el manejo de los recursos públicos.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos pilares de cualquier gobierno democrático. Mediante la primera se obliga al gobierno a explicar a la sociedad sus acciones y aceptar la responsabilidad de las mismas. A través de la segunda se pone al alcance de la opinión pública la información para ser analizada.

En este tema no pueden ni deben escatimarse recursos ni andar con medias tintas, máximo cuando la corrupción y el endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios constituyen una bomba de tiempo, que si no se atiende hoy el día de mañana puede ser el detonante, no solamente de una crisis económica que tenemos latente, sino social y de gobernabilidad. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado González Rodríguez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Felipe Arturo Camarena García, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. Esta reforma constitucional en materia de disciplina financiera para nuestras entidades federativas y nuestros municipios es muy importante, en virtud de que en muchas ocasiones aquí en este pleno se ha elevado la voz y se ha señalado del gran endeudamiento que muchos estados, pero también municipios han dejado para las siguientes administraciones y día a día con la mayor tranquilidad se tiene este endeudamiento.

Creo que la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores han asumido una responsabilidad, que es por ello parte de este acuerdo que hace la Comisión a través del pleno de la misma para que los estados en este momento que ya han sido señalados, que todavía no han aprobado en su legislación este endeudamiento, ojalá –con todo respeto a la soberanía de las entidades federativas y a los Congresos locales– se haga a la brevedad posible.

Hay muchos casos que podríamos señalar aquí de los estados y de los municipios. Pero me voy a enfocar a uno, que es al distrito que yo represento de Guanajuato, el distrito 12, con cabecera en Celaya. Hace poco la actual administración estaba aprobando, el ayuntamiento, un endeudamiento por más de 600 millones de pesos, de los cuales sobre de ellos 40 aproximadamente, un poquito más de 40 millones, era pagar, de deuda pública de la anterior administración de quien había asumido la responsabilidad en el municipio, la presidenta municipal de Celaya Rubí Laura López Silva, de pagar más de esos 40 millones de pesos en relación a un tema de gestoría, que debían haber hecho sus diputados en la anterior legislatura, de apoyo, y no contratar los servicios de un despacho, en donde le dejaba esa deuda a la actual administración para pagar ese beneficio de haber supuestamente hecho proyectos para bajar recursos importantes para nuestro municipio.

Es así, por lo que tenemos que invitar y llamar a todos estos Congresos locales que no han emitido esta aprobación, para que eviten en lo sucesivo y no sea a través de la Cámara donde tenga que señalarse que no es permitido el endeudamiento de nuestros estados y los municipios.

Ojalá estas legislaturas asuman la responsabilidad que ha tomado la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, desde el mes de febrero del presente año. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Camarena García. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, adelante, diputado.

El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, preocupados por el bienestar de nuestro país, ya que aquí hemos aprobado y sobre todo realizado un trabajo arduo, traducido no sólo en la presentación, discusión y aprobación de diversas medidas legislativas, sino tendientes sobre todo a resolver problemas con miras en un presente, pero sobre todo en un futuro fructífero en los ámbitos económicos, políticos y sociales de nuestro país.

Un claro ejemplo de ello fue la aprobación de una reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios, iniciativa que fue presentada en esta tribuna y aprobada por la gran mayoría de todos nosotros el 5 de febrero, que por su parte la Colegisladora hizo lo propio, preocupada y sobre todo generalizando los términos que esta Cámara emitió el día 17 de febrero aprobando esta reforma constitucional en comento, para su posterior remisión a todos los Congresos estatales.

Destacamos que la reforma constitucional trae aparejados múltiples beneficios que permiten establecer principios, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal y disposiciones que promueven un uso ordenado y sostenible del financiamiento de los estados y los municipios.

Disposiciones jurídicas que es vital que entren en vigor, toda vez que deben proyectarse hacia una legislación secundaria, pues de lo contrario la enmienda en comento sería una norma imperfecta.

La gran mayoría de los congresos están pendientes de aprobar, 17 de ellos. Solo 14 de los congresos estatales lo han podido realizar. Es por ello la relevancia que permite que esta adquisición de empréstitos, en ningún momento se traduzca en crisis económica sino en una herramienta destinada a generar inversiones productivas para el bienestar de toda la población.

Queremos destacar que la adquisición de empréstitos es un tema cuya resolución no puede esperar. Estamos convencidos que es necesario evitar que el pago de los montos de endeudamiento se herede a las siguientes generaciones o a las administraciones venideras.

Nuestra idea pues, que compartimos con el resto de las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados es actuar con responsabilidad y visión de Estado, para evitar cualquier fenómeno que ponga en riesgo la estabilidad financiera de nuestro país.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI nos unimos a este punto de acuerdo que presenta la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, con el objeto de exhortar a los congresos estatales, que todavía no lo han hecho, a efecto de que agilicen la discusión y aprobación de la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Valdés Palazuelos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.

———————— o ————————

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo  Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Mauricio Sahuí Rivero cause baja como integrante del Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que el diputado Carlos Sánchez Romero, cause alta como integrante en el Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que el diputado Rafael González Resédiz, cause baja como integrante del Organismo Internacional ParlAméricas.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause alta como integrante en el Organismo Internacional ParlAméricas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.) Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo  Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Luis Armando Córdova Díaz, cause baja como integrante del Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que el diputado Roberto Ruiz Moronatti, cause alta como integrante en el Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, cause baja como integrante del Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, cause alta como integrante en el Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada Flor Ayala Robles Linares, cause baja como integrante del Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada Micaela Rodríguez Zamora, cause alta como integrante en el Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo  Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Mario César Gaona García, cause baja como secretario de la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada Lucía Rosales Villegas, cause baja como secretaria de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Mario César Gaona García, cause alta como secretario en la Comisión de Competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo  Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Roberto López González, cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Roberto López González, cause alta como Presidente en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo  Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Luis Angel Xariel Espinosa Cházaro, cause baja como integrante del Organismo Internacional  ParlAméricas.

• Que el diputado Juan Manuel Fócil Pérez, cause alta como integrante en el Organismo Internacional ParlAméricas.

• Que el diputado Víctor Manuel Bautista López, cause baja como integrante del Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada María de los Ángeles Sánchez Lira, cause alta como integrante en el Organismo Internacional del Parlamento Latinoamericano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo  Parlamentario de Nueva Alianza.

• Que el diputado Luis Antonio González Roldán, cause baja como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Sonia Rincón Chanona, cause alta como secretaria en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Luis Antonio González Roldán, cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Luis Antonio González Roldán, cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada María Sanjuana Cerda Franco, cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada María Sanjuana Cerda Franco, cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Sonia Rincón Chanona, cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobadas. Comuníquense.

———————— o ————————

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se realiza el cambio de representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral

La Junta de Coordinación Política de conformidad en los artículos 33 y 34, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano Colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. De conformidad con los artículos 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle los cambios de los legisladores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Por lo anterior, se someten a consideración del Pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Que el diputado Danner González Rodríguez sustituya al diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, como consejero propietario del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Segundo. Que la diputada Zuleyma Huidobro Gonzélez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, cause baja como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva y Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos, estimables diputadas, diputados, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan y dicho turno se publicará en la Gaceta Parlamentaria.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado(a las 15:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, el día de mañana miércoles 8 de abril, a las 11 horas, y se les informa que como se estila el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————