Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

ASISTENCIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de señoras diputadas y señores diputados.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 257 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado(a las 11:26 horas): Gracias, secretaria. Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de abril de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De las diputadas Rosa Elba Pérez Hernández y Margarita Elena Tapia Fonllem

Con los que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto.

Reincorporación de ciudadano diputado

Del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto de 2015, en los Estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

Del Grupo de Trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014

Con el que remite el informe final de actividades.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que informa que en el mes de marzo de 2015, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el primer informe trimestral relativo a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2015”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el que remite el Primer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2015, de los programas sujetos a Reglas de Operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de la Secretaría de Economía.

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año.

De la Dirección Jurídica del Conaculta

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las obras murales de Roberto Montenegro.

Del Registro Agrario Nacional

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Programa “Modernización del Catastro Rural Nacional”.

Solicitudes de licencia

Del diputado Jaime Bonilla Valdez

Protesta de ciudadanos diputados

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con proyecto de decreto por el que se declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI; y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 ter y 29 quáter, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud.

Iniciativa de ciudadano senador

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de fertilizantes y abonos orgánicos, que presenta el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que otorgue un reconocimiento al Policía que resultó herido intentado frustrar un robo en el centro comercial Santa Fe.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para que difunda la información precisa y detallada de las personas fallecidas y heridas en los sucesos del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de los Servicios de Transporte Eléctricos del Distrito Federal, para que se acelere el mantenimiento de los trolebuses retirados del corredor Cero Emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se solicita a distintas autoridades realicen labores de recuperación, mantenimiento y conservación en diversos lagos y humedales de las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco en el Distrito Federal.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la reubicación de las personas desalojadas en la Calle Roma de la Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la problemática social a causa de irregularidades en diversos inmuebles ubicados en la Colonia Juárez, de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal.

De la Comisión de Infraestructura, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Capufe, se intensifiquen las obras de reparación y mantenimiento de la carretera Durango Mazatlán.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conapesca a fortalecer las campañas encauzadas a fomentar mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Iniciativas

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por los diputados Juan Pablo Adame Alemán y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar y regular la eutanasia, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 119, 120, 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que crea la Universidad Marítima de México, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58 y 141 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 36 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 173, 177 y 211 Bis del Código Penal Federal y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto, para el rescate de los restos mortales de 63 mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos, en la explosión del 19 de febrero de 2006, a cargo del diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 52 y 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 92 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Deporte.

Que reforma los artículos 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o., 23 y 34 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por los Servidores Públicos encargados de hacer cumplir la Ley del Estado Mexicano, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 224 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 162 Bis y 191 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 126 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por los diputados Celia Isabel Gauna Ruiz de León y María Esther Gutiérrez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 y 23 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado de Sonora, en el que participaría el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para convocar a reuniones de trabajo con el titular de la Profepa y con el responsable del Fideicomiso de Río Sonora, para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos que han acontecido en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la SEP, de la Sectur y de la Sedesol, así como de la Conabio y del INAH, para que generen acciones que fortalezcan los estudios y proyectos relativos a la importancia de los manglares, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco y a la SHCP, para que difundan los criterios de selección de los municipios beneficiarios del orden estatal y municipal del Fondo de Contingencias Económicas 2014, a cargo de la diputada Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la expedición de un nuevo Reglamento interior para la prestación del servicio del Centro de Desarrollo Infantil en esta Soberanía, que considere lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos y sus Garantías, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca y dirija políticas públicas específicas en materia de enfermedades raras, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Campeche, a fin de dar continuidad al proceso de gestión de la Norma Oficial Mexicana de la miel y se solicite la denominación de origen de la miel de Campeche, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo para que la ASF realice una auditoría a los proyectos de infraestructura otorgados por diversas dependencias federales a las empresas Construcciones Sky Universal, SA de CV, MNM MKDO Inmobiliario, SA de CV, Grupo Constructor Tulancingo, SA de CV, y GloGlo Construcciones, SA de CV, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, del Conacyt, del Inifap y de la Universidad Autónoma de Chapingo, para que realicen las acciones necesarias para impulsar la producción y comercialización de la pitahaya, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, ordene el cierre definitivo de las garitas fronterizas denominadas San Emeterio, en el Municipio de Sonoyta, y Almejas, en el Municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Ana María Gutiérrez Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas eficientes en materia de educación ambiental, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo para condenar los hechos acaecidos el miércoles 8 de abril de 2015, en las instalaciones del CCH, Plantel Naucalpan, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y diversas autoridades del Estado de Yucatán, a ceñirse y vigilar el estricto cumplimiento de los acuerdos aprobados por el INE, a fin de evitar el uso electoral de los programas sociales y garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo de la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de SHCP, a fin de supervisar que los establecimientos mercantiles obligados a expedir comprobantes fiscales cumplan con la remisión correspondiente a sus clientes, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a diseñar y difundir a través de los medios de comunicación, una campaña para explicar que los beneficios de los programas sociales gubernamentales son un derecho de los mexicanos que no se entregan a cambio de votos, a fin de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INEGI, para que con los datos que obtenga de la Encuesta Intercensal 2015, elabore un documento estadístico actualizado con la información relevante de personas con discapacidad en México, a cargo de la diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, para que investigue las bitácoras de las aeronaves empleadas en la Administración Pública Federal, a fin de determinar si los titulares de las dependencias, o sus funcionarios, han hecho uso de las aeronaves para beneficio personal, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yánez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las actividades encomendadas a la administración del patrimonio de la beneficencia pública, a cargo de la diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Huerta que nos coloquemos. Dígame usted entonces desde su curul.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Gracias presidente. Es que antes de votar del orden del día, nuestro grupo parlamentario está preocupado al leer rápidamente, y por los informes que nos dio la diputada Loretta, sobre el informe de Tlatlaya, que hoy se va a remitir la comunicación.

Insistimos ayer en la Junta de Coordinación Política, porque aunado al asunto de Apatzingán que dieron a conocer los medios de comunicación, estamos hablando sin duda de crímenes de lesa humanidad y, obviamente esta Cámara no puede ser frívola en estos asuntos.

Reconozco que el informe de la comisión es muy profesional, es muy fuerte, por lo tanto no puede dejarse discutir hoy en el orden del día ése informe. Le estoy solicitando que se abra en el orden del día la posibilidad de que los grupos parlamentarios fijen una opinión en torno a esto que por desgracia ocurre en el país.

Culmino diciendo que aunque en el último resolutivo del informe se propone a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva la integración de libros blancos para la ruta de elaboración de lo que pueden ser propuestas, análisis y demás, no podemos dejar en la sesión del día de hoy de tocar este tema. El Morena concretamente está proponiendo una fiscalía para juzgar a los criminales de lesa humanidad y evidentemente una comisión de la verdad que se haga cargo de investigar lo que realmente ha pasado tanto en Tlatlaya como en Apatzingán. No nos pueden negar hoy que debatamos ese tema, presidente, es nuestra solicitud.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, señor diputado. En principio debo señalarle a usted que todavía no hemos abordado este informa que está incluido en el orden del día, que reglamentariamente lo que corresponde es de enterada la asamblea y ése sería el despacho que esta Presidencia en funciones ordene.

Y, por otra parte, diputado Huerta, es como corresponde al derecho de quienes forman parte de la Junta de Coordinación Política plantearlo para eventualmente traerlo a la discusión a este pleno, así que estaremos atentos a ello.

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Graciela Saldaña, dígame con qué objeto.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Gracias, señor presidente. Seré breve. Es con respecto a una petición de una movilización que se hizo en Cancún, Quintana Roo, en donde hubo una marcha de cientos de familias, en donde están reclamando un asunto delicado y que precisamente en el marco de los 45 años de fundada esta ciudad también ya se está dando en esta ciudad del estado un feminicidio con respecto a una niña, María Fernanda, una adolescente de 13 años, que fue abusada sexualmente y después asesinada por este agresor, donde le dio varias puñaladas.

Me voy a la petición, en donde hace toda esta comunidad un enérgico reclamo a toda esta política, que urge, y que es en cuanto se exige que todos los Hospitales Generales del estado de Quintana Roo tengan unidad de atención a la violencia de las mujeres, que la PGJ mejore las Unidades de Atención a las Mujeres Víctimas de Violación Sexual, que se edifique el Centro Integral de Atención de Violencia contra las Mujeres, que el Tribunal de Justicia garantice la impartición de justicia con enfoque de género y que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo capacite a su personal en derechos humanos a las mujeres. Son las peticiones.

Pero quisiera hacer énfasis a que se llegue al esclarecimiento de este asesinato y además donde pedimos que haya una política urgente nacional en materia de equidad o de igualdad de género, pero sobre todo en el tema de feminicidios, señor presidente, dado que también en esta Cámara se ha pedido por parte de mis compañeras de partido y de otros partidos, principalmente en el estado de México, Quintana Roo ya coloca el número 13 y el estado de México el primero.

En otro tema, rápidamente. El jaguar es otra especie que se encuentra en peligro y en riesgo, por lo que hago manifiesto que en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra un punto de acuerdo pendiente de dictaminar desde el 12 de febrero de este año, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal que a través de la Profepa, de la Semarnat y de la PGR realice diversas acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción y vista la importancia de coadyuvar y exigir a las autoridades acciones efectivas, es que hago un atento exhorto a efecto de que se dictamine a la brevedad.

Por último, señor presidente. El pasado 15 de diciembre de 2014 presentamos varios diputados de izquierda, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Luisa María Alcalde Luján, Martha Beatriz Córdova Bernal, iniciativa por la que se expide la Ley para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, misma que fue turnada para su dictaminación a las Comisiones de Energía, y Presupuesto y Cuenta Pública.

Al día de hoy –concluyo, compañeras y compañeros–...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, por favor, compañera secretaria Graciela Saldaña.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Sí, concluyo, señor presidente. Al día de hoy estas Comisiones no han emitido dictamen, precluyendo la facultad que tiene para hacerlo.

Le voy a entregar formalmente la petición por escrito, para que con fundamento en el numeral 1 del artículo 89, del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, emita declaratoria de publicidad y sea discutido en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Graciela Saldaña, se incorpora lo que usted ha expresado al Diario de los Debates. Por lo que se refiere al último planteamiento, a la última petición para la dictaminación, le sugiero a usted de la manera más respetuosa la gestión correspondiente ante la Junta de Coordinación Política, a través de la representación de su grupo parlamentario, sin perjuicio de recibir y dar trámite a la petición por escrito. Diputada Loretta Ortiz, ¿Con qué objeto?

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Presidente, es con relación al asunto del informe de la Comisión de Tlatlaya. Su servidora es integrante de dicha Comisión, además de secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Ese informe fue adoptado por consenso y me llama la atención, o me llamaría la atención que no pudiéramos en su momento hacer uso de la tribuna para precisar algunas cuestiones de este informe fundamental. Fundamental porque está de por medio la comisión de un crimen de lesa humanidad.

Si en el caso del metro se les dio la participación y utilizaron la tribuna y que no son comparables los hechos que se realizaron en esta situación, me llamaría muchísimo la atención que para un crimen de lesa humanidad, donde hubo 22 ejecutados no tuviéramos uso de la tribuna. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Permítanme, por favor, señores diputados, diputadas. En principio, ha sido una práctica sensible de la Mesa Directiva escuchar y atender asuntos aún de manera informal, pero esta Presidencia en funciones no dará cabida a un debate no considerado así en el orden del día.

Adicionalmente, por lo que toca a este asunto relativo al informe del caso Tlatlaya, está contenido en el orden del día y en su momento se dará cuenta con él. No obliguen a esta Presidencia a que anticipemos el trámite, como está considerado. Por lo demás, les ruego su comprensión, a fin –ustedes mismos lo han planteado– de atender el orden del día con la prioridad que la propia asamblea reclama. Diputada Luisa María Alcalde Luján, por favor.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Gracias, presidente. Sobre el tema Apatzingán, la masacre... No puedo creer que griten así después de un tema tan terrorífico, como es el caso Apatzingán.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame. Permítanme que concluya, por favor, la diputada Luisa María Alcalde, inmediatamente les daré el uso de la voz.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Hoy surge una versión nueva donde testigos, personas que estuvieron presentes en los hechos, aseguran que fue la Policía Federal la que disparó, la que masacró a niños, a mujeres, a jóvenes ese día en Apatzingán. Es, me parece, evidente y muy importante que todo esto se aclare, tiene que salir el gobierno federal a decirnos exactamente qué pasó, porque si no es un caso más, como el caso Tlatlaya, como el caso Ayotzinapa, y verdaderamente la violencia que estamos viviendo todos los días y que se respira diariamente es impresionante.

No es un caso más, necesitamos considerarlo aquí, por eso les pedimos que abran un espacio en esta Cámara de Diputados, que muchas veces estamos discutiendo puras cosas superficiales, para que el entremos de fondo a los temas que le importan a la ciudadanía, que le preocupan, que le aterran a la ciudadanía.

Por eso les exigimos, por parte de Morena, que estos temas sean aclarados aquí y que le demos seguimiento a lo que tenga que decir el gobierno federal...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputada Luisa María Alcalde.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Se trata de una masacre, hay muertos, hay heridos, y eso se tiene que aclarar.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Manuel Añorve Baños, dígame, ¿Con qué objeto?

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Señor presidente, le queremos pedir, de manera muy atenta, que podamos continuar con el orden del día. O sea, no es posible que teniendo enlistados temas muy importantes, cada quien quiera poner sus temas de su agenda personal. Con todo respeto, quiero pedirle, a nombre de mi grupo parlamentario, continúe con el orden del día.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta, no le voy a otorgar el uso de la palabra, en virtud a que se le ha otorgado al inicio. Permítame usted, vamos a continuar con el orden del día.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciséis de abril de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con veinticuatro minutos del jueves dieciséis de abril de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234 "Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Acuacultura y Pesca". Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

• Para fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

b) De la Consejería Jurídica del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

c) Del Gobierno del estado de Aguascalientes, con las que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• A fin de incorporar tecnologías tendientes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de vivienda. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• A fin de que suscriban convenios con empresas de la iniciativa privada, para que sus alumnos mantengan prácticas profesionales que les permitan acceder al mercado laboral al término de sus estudios. Se remite a la Comisión de Juventud, para su conocimiento.

• Relativo a emprender acciones para reforzar el control y supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de adicciones. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Relativo a la instalación de estacionamiento para bicicletas en inmuebles públicos y en centros de Transferencia Modal, así como en las principales plaza públicas, mercados y vía pública. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores, con la que envía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado remitida por el Congreso del estado de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

e) Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite los avances financieros de diversos programas de protección a migrantes correspondientes al primer trimestre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, con la que remite el Informe de Auditoría Interna de su matrícula, correspondiente al Primer Trimestre de dos mil quince, en cumplimiento con el artículo cuarenta y dos, fracción quinta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de marzo de dos mil quince, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De los diputados Gerardo Gaudiano Rovirosa, y José Luis Muñoz Soria, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y María Guadalupe Velázquez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por las que solicitan licencia para separarse de sus actividades legislativas. En votación económica, se aprueban. Comuníquense.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre el aniversario de nacimiento del doctor Jaime Torres Bodet la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos: Roberto Jiménez del Ángel; Juan Carlos Velasco Pérez; María Ruiz Fraga; y Alfonso Godínez Mendiola, diputada y diputados federales electos. El Presidente designa una comisión que los acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se declara el primer viernes de marzo de cada año como el "Día Nacional de la Oratoria". Se turna la Comisión de Gobernación, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con dicho requisito, en votación económica se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Abel Octavio Salgado Peña. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional; María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo;

La Presidencia informa que se encuentra en el Salón de Sesiones la excelentísimo señor Akira Yamada, Embajador de Japón en México, acompañado por el licenciado Miguel Ángel Franyutti, Cónsul Honorario de Japón en Guanajuato, quienes participaron en una reunión de trabajo con el grupo de amistad México-Japón, que preside la diputada Beatriz Yamamoto Cázares, del Partido Acción Nacional.

Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional;

La Presidencia informa que se encuentra en el Salón de Sesiones la excelentísimo señor Altangerel Bulgaa, Embajador de la República de Mongolia en los Estados Unidos de América, concurrente ante México, quien asistió a una reunión de trabajo con el grupo de amistad México-Mongolia que Preside la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, del Partido Revolucionario Institucional.

y Adolfo Jaime Bonilla Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general el proyecto de decreto e intervienen los diputados: en contra Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; en pro Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México;

A las trece horas con diez minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veinticuatro diputadas y diputados.

en contra Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Regeneración Nacional;

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

en pro Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; en contra Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; en pro José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; en contra Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional; en pro Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Fernando Zárate Salgado; en pro Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; y en contra Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: primero; segundo; tercero; cuarto; quinto; sexto; séptimo; octavo; trece; dieciséis; diecisiete; diecinueve; veinte; veintitrés; veinticuatro; treinta y ocho; cuarenta y uno; cuarenta y dos; cuarenta y tres; cincuenta; cincuenta y siete; sesenta y cinco; setenta; setenta y uno; setenta y dos; setenta y nueve; ochenta y tres; cien; ciento cuatro; ciento trece; ciento quince; ciento cincuenta y uno; ciento noventa y dos; doscientos nueve; así como los artículos: Quinto; y Decimotercero Transitorios, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

En votación nominal por trecientos ochenta y cinco votos a favor; veinticuatro en contra; y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

En su oportunidad de Movimiento Regeneración Nacional y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas y los diputados: Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados a las y los siguientes diputadas y diputados:

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos primero, párrafo segundo; sexto; trece, párrafo segundo; veintitrés, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional, al artículo primero, párrafo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Regeneración Nacional, al artículo segundo, fracción octava, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos tercero, fracción décima segunda, ciento trece, adición de dos fracciones, y Décimo Tercero Transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cuarto, párrafo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, al artículo cuarto, párrafo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional, al artículo cuarto, párrafo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Daniela Díaz Magaña, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos quinto, párrafo primero y adición de un párrafo, y setenta, fracción décima segunda, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos séptimo, adición de un párrafo tercero, y ochenta y tres, párrafo segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, al artículo octavo, fracción cuarta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo octavo, fracción sexta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Regeneración Nacional, a los artículos trece, párrafo segundo; diecinueve, párrafo segundo; veinte; cuarenta y tres; cincuenta, párrafo primero; cincuenta y siete; sesenta y cinco, párrafo primero; setenta; cien, párrafo segundo; ciento trece; y ciento cincuenta y uno, párrafo segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, al artículo trece, párrafo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, al artículo dieciséis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, al artículo diecisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoMartín Alonso Heredia Lizárraga

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos veintitrés, y Décimo Tercero Transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional, a los artículos: veintitrés; y cuarenta y tres, párrafo quinto y sexto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, a los artículos veintitrés, y veinticuatro, fracción segunda, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional, a los artículos cuarenta y uno, fracciones sexta y séptima; y cuarenta y dos, fracción quinta, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo setenta y uno, párrafo primero, fracción primera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, al artículo setenta y nueve, párrafo primero y fracción cuarta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Edgar Emilio Pereyra Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ochenta y tres, párrafo primero, y doscientos nueve, párrafo segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Adriana Soto Martínez, Movimiento Ciudadano, al artículo ciento quince, fracción segunda, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, al artículo Décimo Tercero Transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional, a los artículos ochenta y tres, párrafo segundo; ciento trece, fracción octava; ciento noventa y dos; Quinto y Décimo Tercero Transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, al artículo ciento cuatro, fracción primera y segunda, y Décimo Tercero Transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos sesenta y cuatro votos a favor; sesenta y ocho en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular los artículos reservados: primero; segundo; tercero; cuarto; quinto; sexto; séptimo; octavo; trece; dieciséis; diecisiete; diecinueve; veinte; veintitrés; veinticuatro; treinta y ocho; cuarenta y uno; cuarenta y dos; cuarenta y tres; cincuenta; cincuenta y siete; sesenta y cinco; setenta; setenta y uno; setenta y dos; setenta y nueve; ochenta y tres; cien; ciento cuatro; ciento trece; ciento quince; ciento cincuenta y uno; ciento noventa y dos; doscientos nueve; así como los artículos: Quinto; y Décimo Tercero Transitorios, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con oficio de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que comunica la designación de la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, como titular de la Dirección General de dicho Canal. De enterado.

Se da cuenta con oficio del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Octavo Distrito, en el estado de Chiapas, a partir del dieciséis de abril de dos mil quince. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se realizan cambios de representantes del Poder Legislativo ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• En relación de cambios de Juntas Directivas, y de integrantes de diversas Comisiones. En votación económica se aprueban. comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar y Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarenta y ocho y setenta y uno de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos tercero y veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, para declarar dos mil dieciséis como año del general Emiliano Zapata Salazar. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley del Sistema Nacional para la Universalización de la Educación en México. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Desarrollo Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo diez de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rubén Benjamín Félix Hays, y suscrita por diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código de Comercio. Se turna a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Economía, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintinueve de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos doce del Código Penal Federal y ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Margarita Saldaña Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Margarita Saldaña Hernández, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo doscientos trece Bis y reforma el artículo doscientos quince de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Margarita Saldaña Hernández, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley General de Cultura. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, para que realice un homenaje nacional en conmemoración del Centenario de la pintora, escultora y escritora Leonora Carrington. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que incluyan la atención de la insuficiencia renal crónica, en el catálogo de cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, o en su caso, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Gobernador el Estado de México y a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de atender el caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que intensifique los actos de inspección y verificación a los establecimientos que prestan servicios de cirugía y tratamiento estético en todo el país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Contraloría General del Estado de Guerrero, para que realice una investigación relacionada con las acciones u omisiones violatorios de la ley electoral, cometidos por el Gobernador interino de esa entidad. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que se potencialice la ejecución y transversalidad integral de programas de salud preventivos. Se turna a las Comisiones de Salud, para dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Regeneración Nacional, relativo a la prevención y sanción de las malas prácticas médicas en los servicios públicos de salud del país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Zita Beatriz Pazzi Maza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, realice un estudio que promueva una política arancelaria de mayor impacto a la importación de granos y semillas oleaginosas. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para que difundan y fortalezcan sus acciones de investigación, información y educación, sobre el impacto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, elaboren e implementen acciones y programas tendientes a identificar y erradicar el trabajo infantil en las calles y avenidas del país. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en el próximo ciclo escolar, las materias de inglés y computación se impartan al menos tres veces por semana en todas las escuelas públicas de nivel básico y medio superior del país. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, en relación al desalojo de paristas pertenecientes al Poder Judicial de esa entidad. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, a fin de fincar responsabilidades administrativas contra quienes resulten responsables del uso indebido de los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Educación Básica. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer las estrategias y políticas que garanticen a los menores de edad una vida libre de violencia y de integridad personal. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Mexicanos, a fin de implementar un programa especial para la entrega del combustible decomisado. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que renueve los convenios U006 y U0023 con la ANUIES. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir los presuntos actos discriminatorios cometidos por el candidato del Partido Encuentro Social, a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realicen una investigación, inspección y verificación de los ríos, arroyos, lagos y lagunas del país, a fin de prevenir y controlar los efectos nocivos ambientales en la salud del hombre. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, declaré el mecanismo de alerta de violencia de género en los estados de Guanajuato y de México. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobernador y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a realizar una campaña de prevención y profundizar las investigaciones para el rescate de niñas y adolescentes desparecidas de esa entidad. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se abstenga de utilizar el Programa de Empleo Temporal con fines electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Roberto Cabrera Solís, Víctor Reymundo Nájera Medina y Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a las autoridades federales y del estado de Guerrero, para que difundan la información respecto del cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes veintiuno de abril de dos mil quince, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta, tenga usted consideración, no solamente en el ejercicio de su derecho legítimo hacer uso de la palabra, sino el superior derecho de la asamblea a atender el orden del día y a las prioridades marcadas en el propio orden del día. Le ruego me disculpe para que podamos continuar. Es su derecho, cuando la Presidencia lo determine reglamentariamente.

Continúe, por favor, la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Asentamientos Humanos, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Protección Civil, publicada en Gaceta Parlamentaria el 12 de febrero de 2015 y que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el dictamen correspondiente.

Agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en Gaceta Parlamentaria el 12 de marzo de 2015 y que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el dictamen correspondiente.

Agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito amablemente a usted el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por una servidora y que fue turnada para su dictamen a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Le agradezco la atención que sirva dar al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de abril de 2015.— Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

REINCORPORACION DE DIPUTADO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito, Eduardo Ramírez Aguilar, en mi carácter de diputado federal propietario a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el Distrito VIII de Chiapas, con cabecera en Comitán de Domínguez, por su digno conducto solicito que se informe a esta soberanía de mi reincorporación al cargo y a mis actividades legislativas, a partir de esta fecha; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Me despido agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva otorgar a la presente solicitud. Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.— Diputado Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.Permítame, ciudadana secretaria.

Diputado Huerta Ladrón de Guevara, esta Presidencia, como lo hemos señalado, esta Presidencia en funciones y la Mesa Directiva ha sido más que sensible en permitir la apertura a la participación de manera informal.

Podemos reconocer no solo el derecho de usted para hablar sino de todas y de todos los legisladores. Le voy a dar el uso de la palabra, ponderando, permítame usted, ponderando la participación de los grupos parlamentarios. Diputada Aleida Alavez, dígame usted. Sonido en la curul de la diputada Aleida Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo que usted adelantó un trámite, que por eso nos alertó en el sentido de dar conocimiento de este informe que concluye los trabajos del grupo de trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, usted solo mencionó el trámite de conocimiento al pleno y enterado, eso es algo que no entra en la dinámica en la que han hecho del informe de las diferentes comisiones de trabajo o de investigación o especiales, que al concluir no solamente se da cuenta al pleno sino también se comunica a todos los Poderes. Más aún cuando en este caso estamos encontrando de la negativa del Ejecutivo federal y del Ejército a brindar la información necesaria para aclarar un crimen de lesa humanidad.

Por eso creo conveniente que se rectifique el trámite y que en su momento cuando en el orden del día se aborde se especifique que se va a comunicar al Ejecutivo, es muy delicado el tema y lamentablemente a pesar de que la mayoría lo quiera negar, a esto se suman hechos como el de Apatzingán, efectivamente. Y no podemos omitir que estamos nosotros requiriendo...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Aleida Alavez...

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Permítame terminar, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya entonces. Concluya.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Sí, pues es que les estoy diciendo que es un trámite que están abordando en la Mesa Directiva de manera incorrecta, ya que cuando se trata de un informe conclusivo se comunica a todos los Poderes, no solamente se queda en el seno del pleno de la Cámara de Diputados, por eso le exijo corrija este informe de un crimen de lesa humanidad.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Usted lo ha señalado, el asunto no ha sido abordado en el orden del día y en todo caso lo publicado en la Gaceta Parlamentaria que es del conocimiento de la asamblea, de no satisfacer su pretensión le sugiero también de manera comedida, haga el planteamiento correspondiente ante la Mesa Directiva.

El diputado Gaudencio Hernández Burgos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Gaudencio Hernández Burgos.

El diputado Gaudencio Hernández Burgos (desde la curul): Solo para pedir, presidente, que se continúe con el orden del día por respeto a todos los diputados, por favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo registramos, diputado.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Cárdenas Guízar, por favor, adelante.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar (desde la curul): Gracias, presidente. Yo quiero ser muy breve, presidente, y quisiera a nombre de mi grupo parlamentario, pero lo más importante de los ciudadanos de Veracruz, solicitarle muy respetuosamente a la PGR que actúe de manera imparcial, que actúe de manera inmediata sobre las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación sobre el supuesto desfalco millonario, 2 mil 500 millones de pesos que desvió el gobierno del estado de Veracruz en materia de salud y de educación.

En otro tema de igual relevancia, hace algunas sesiones tratamos aquí el tema de la delincuencia en nuestro estado. Hace dos días al candidato a diputado federal por mi partido y por mi distrito, Luis Granvalet Mujica, lo amenazaron de Muerte, un convoy, una camioneta cuyos integrantes tenían armas largas lo detuvieron en la carretera y le dijeron que le bajara o se atuviera a las consecuencias. Eso no se puede admitir en un régimen que se precia de ser democrático cuando a todas luces no lo es. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Quedan incorporadas sus manifestaciones al Diario de los Debates, diputado Cárdenas Guízar.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Fernando Belaunzarán, dígame con qué propósito.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, presidente. El viernes pasado la periodista Katia D’ Artigues dio a conocer en su blog, en el blog de El Universal, un asunto que verdaderamente nos tiene que avergonzar a todos los diputados. Si bien es cierto que es un error de la pasada Legislatura de agosto de 2010, está en nuestras manos arreglarlo.

Lo que da a conocer Katia D’ Artigues es precisamente cómo ese Reglamento del Cendi de la Cámara de Diputados –que depende de la Cámara de Diputados– que fue aprobado en 2010 es absolutamente discriminador. No puede ser que nosotros que hemos apoyado e impulsado leyes contra la discriminación tengamos un Cendi que –les doy algunos datos– impide el ingreso de los niños.

Cito: Se negará el acceso a los infantes que padezcan alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida y que requieran atención especializada o personalizada y que a saber son cardiopatías congénitas y adquiridas, ceguera, epilepsia, secuelas severas de fiebre reumática, nefropatías que requieran diálisis, hemofilia, hipotiroidismo congénito, diabetes insípida, labio y paladar hendidos, neoplasia que produzca incapacidad, sordera o hipoacusia, alteraciones del sistema osteomuscular invalidante, retraso mental grave, autismo infantil y atípico, parálisis cerebral severa, síndromes genéticos, enfermedades de reflujo gastroesofágico, etcétera. Es decir, están discriminando a los niños con capacidades distintas.

Esto me parece inaceptable y hay que preguntar cuál es el autismo típico, ya que hablan de atípico. Pero no sólo eso, además de otras negaciones absurdas también se discrimina hacia los hombres trabajadores y de familias diversas. Doy ejemplos.

Artículo 1o. Tienen derecho al servicio Cendi las madres trabajadoras y los padres trabajadores que acrediten ser viudos, divorciados que comprueben tener la custodia legal de los hijos en tanto no contraigan matrimonio o entren en concubinato. Qué vergüenza. ¿De veras apoyan la discriminación en la Cámara de Diputados?

Artículo 4o. No se dará servicio a los hijos de los beneficiarios acreditados que por su edad se encuentren en las áreas de lactantes y maternales, cuando los beneficiarios acreditados gocen de vacaciones, incapacidades médicas, licencias, etcétera.

Es decir, hay discriminación tanto a los niños con capacidades distintas como discriminación a los trabajadores hombres. Obviamente ese fue un error de la legislatura anterior, pero queda, está en el Reglamento que es esta Legislatura la que lo puede remediar porque es la que hace en Reglamento.

Hay un punto de acuerdo hoy en la Gaceta precisamente exhortando a que se haga un nuevo reglamento que no viole los derechos humanos y no viole el artículo 1o. constitucional porque es una vergüenza que en el Cendi de la Cámara se viole esto. Y termino...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Concluyo nada más llamando la atención hacia una iniciativa que hoy se publica, que despenaliza y regula la eutanasia activa en México; un problema de derechos humanos que en un Estado laico debiera ser natural porque tenemos derecho –como dice el artículo 24– a la libertad de convicciones éticas. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Fernando Zárate; desde la curul de donde se ubica el diputado Zárate.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Le agradezco, presidente. Le propongo que le empecemos a dar ritmo a la sesión y cumplimiento estricto al orden del día, so pena de empezar a discutir otros temas relevantes en este momento, como los rufianes de Leonel Luna y su esposa, que hoy tiene candidatura en Cuajimalpa, y el desvío de recurso del Fondo de Capitalidad.

O nos ajustamos a los temas que se han discutido ya previamente en la Mesa Directiva, o con todo respeto empezamos a plantear la agenda electoral en otro momento.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia en funciones, atendiendo las reiteradas peticiones de continuar con el orden del día, le pido a la Secretaría continúe con el apartado de declaratorias.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Senadores dio cuenta con un oficio suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por la Procuradora General de la República, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

El Senado de la República realizó la declaratoria correspondiente y la presidencia dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, emite la siguiente

Declaratoria

El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Judicial de la Federación.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, solicitamos, por su conducto, ante el honorable Congreso de la Unión, la emisión de la declaratoria de entrada en vigor de dicho ordenamiento legal a nivel federal, a partir del 01 de agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

Respecto de la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en las demás entidades federativas, el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, mediante acuerdos conjuntos, solicitaremos a ese honorable Congreso de la Unión que se proceda a la emisión de las declaratorias correspondientes.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle la seguridad de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 10 de abril de 2015.— Ministro Luis María Aguilar Morales (rúbrica), Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Secretario de Gobernación; Maestra Arely Gómez González (rúbrica), Procuradora General de la República.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:

“El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí”.

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, el grupo de trabajo le remite a usted el informe final de actividades del grupo de trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, aprobado en reunión de trabajo sostenida el día de hoy, con la petición de que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Adicionalmente, le solicitamos respetuosamente considere remitir el citado informe para el conocimiento del titular del Poder Ejecutivo federal, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al gobernador del Estado de México, a la representación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, solicitarle tenga a bien proponer a la Mesa Directiva, en conjunto con la Junta de Coordinación Política, que se integre en sus Libros Blancos, una ruta para la elaboración, presentación, análisis, dictaminación y aprobación de las iniciativas y proposiciones a que dé lugar este informe, con el objeto de que sean considerados en los trabajos de la LXII Legislatura, con apego a la normatividad que rige los trabajos legislativos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.— El Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.— Diputados: Elena Tapia Fonllem, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Víctor Sánchez Guerrero, Loretta Ortiz Ahlf y René Fujiwara Montelongo (rúbricas).»

«Informe final de actividades del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014

Introducción

El Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 concluye sus actividades en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXII Legislatura, las cuales se detallan en el presente informe, adoptado por consenso de sus integrantes.

El Grupo de Trabajo advierte que, a fin de garantizar el respeto a los datos confidenciales, la seguridad, la integridad y la presunción de inocencia de las víctimas y personas sujetas a proceso penal, adopta las claves utilizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso en aquellos casos en que se ha difundido en medios de comunicación o por parte de autoridades la identidad de las mismas.

Nada de lo asentado en el presente informe deberá interpretarse en el sentido de afirmar o negar la responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra índole de las personas sujetas o no a proceso penal, víctimas directas o indirectas, servidores públicos o cualesquiera otras. Su contenido corresponde exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del Grupo y al ejercicio de las atribuciones de sus integrantes en tanto integrantes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo I. Fundamento

De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 153, numeral 1, los grupos de trabajo tendrán como objetivo que:

“los integrantes de la comisión o comisiones se aboquen al estudio de un asunto en particular, no legislativo, o bien, a realizar estudios, investigaciones, opiniones o trabajo de campo que la comisión requiera realizar”.

El Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 153, numeral 1, fracción II, dispone que los coordinadores de los grupos de trabajo serán designados por mayoría simple; y su artículo 154, que los grupos de trabajo podrán establecer sus propias reglas de funcionamiento.

El 30 de septiembre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con fecha 24 de septiembre de 2014, que en su resolutivo Primero establece:

“Se exhorta a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta Soberanía, a crear un Grupo de Trabajo plural de diputadas y diputados que coadyuven con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de este año”.

El mismo fue publicado en el Anexo VI la Gaceta Parlamentaria, Año XVII, Número 4122- VI 30.

Capítulo II. Integración y plan de trabajo

El 14 de octubre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados, determinó la integración del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, quedando de la siguiente manera:

1) Dip. Miriam Cárdenas Cantú del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2) Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

3) Dip. Alberto Díaz Trujillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

4) Dip. Margarita Elena Tapia Fonllem del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

5) Dip. Zuleyma Huidobro González del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

6) Dip. Loretta Ortiz Ahlf del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

7) Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

8) Dip. Ernesto Núñez Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Asimismo, se acordó que la Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem asumiera el cargo de coordinadora del Grupo de Trabajo y que el Grupo de Trabajo tuviera por objetivo general coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el paraje Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México (en lo sucesivo, Caso Tlatlaya) y en la actuación de las autoridades al respecto, así como ejercer las facultades de control e información sobre éstas últimas, con una perspectiva independiente, profesional, incluyente, transparente, con apego a los más altos estándares de derechos humanos en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las y los integrantes acordaron que los objetivos específicos del Grupo de Trabajo serían:

1) Coadyuvar en la investigación de las responsabilidades de las instituciones públicas involucradas en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Procuraduría General de la República.

2) Coadyuvar en la investigación de actos posiblemente constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos

3) Coadyuvar en las acciones del Estado mexicano en pos del esclarecimiento de los hechos, la justicia y la reparación sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México

En reunión plenaria del 22 de octubre de 2014 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Grupo de Trabajo discutió y aprobó su Plan de trabajo, en el que se incluyeron las siguientes actividades:

1) Solicitar a la Procuraduría General de la República la información más amplia relativa al caso en los términos que permita la ley, así como toda información complementaria, incluyendo aquella información que permita la protección de las víctimas.

2) Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la información más amplia relativa al caso en los términos que permita la ley en cuanto a la pertinencia y los objetivos de la presencia militar en la zona de los hechos.

3) Solicitar a la Secretaría de Gobernación la información más amplia relativa al caso en los términos que permita la ley así como toda información complementaria.

4) Solicitar al Gobierno del Estado de México y a su Procuraduría General de Justicia la información relativa al caso.

5) Solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información relativa a toda queja e/o investigación de oficio, relacionadas con el caso.

6) Solicitar a las instancias mencionadas en los anteriores párrafos que remitan las actualizaciones necesarias de la documentación en su caso. Convocar públicamente a los órganos internacionales y multinacionales y a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los temas de justicia y derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a remitir informes y/o documentos de apoyo acerca de los acontecimientos del Caso Tlatlaya.

Debemos señalar que la integración del Grupo de Trabajo fue modificada de acuerdo a lo que a continuación se detalla:

1) El 12 de febrero de 2015, la Dip. Miriam Cárdenas Cantú del PRI solicitó licencia como diputada federal por tiempo indefinido. Hasta la fecha, la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI no ha respondido la solicitud de información acerca de quien habría de sustituir a la Dip. Cárdenas en este Grupo de Trabajo.

2) El 6 de marzo de 2015, el pleno autorizó la solicitud de licencia al Dip. Ernesto Núñez Aguilar del PVEM, por tiempo indefinido. Hasta la fecha, la coordinación del Grupo Parlamentario del PVEM no ha respondido a la solicitud de información respecto a la sustitución de su representante ante el Grupo de Trabajo.

3) El 11 de marzo de 2015, la diputada Zuleyma Huidobro notificó a la coordinadora que se separaría del Grupo de Trabajo. Hasta la fecha, la coordinación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no ha respondido a la solicitud de información respecto a la sustitución de su representante ante el Grupo de Trabajo.

4) El 12 de marzo de 2015, el Dip. Víctor Sánchez Guerrero notificó a la coordinadora que asumiría la representación del Grupo Parlamentario del PAN en el Grupo de Trabajo, como diputado en funciones a partir de la licencia por tiempo indefinido del Dip. Alberto Díaz Trujillo, de quien era suplente.

Capítulo III. Cronología de reuniones de trabajo

1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

El 5 de noviembre de 2014, con la asistencia de la Dip. Elena Tapia Fonllem, el Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, el Dip. Ernesto Núñez Aguilar y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf,así como un representante del Dip. René Fujiwara, el Grupo de Trabajo se reunió en el Palacio Legislativo de San Lázaro con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

2. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

El 12 de noviembre de 2014, con la presencia de la Dip. Elena Tapia Fonllem, el Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, el Dip. Alberto Díaz Trujillo y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, así como un representante del Dip. René Fujiwara,,el Grupo de Trabajo se reunió con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en las instalaciones de dicha dependencia en Lomas de Sotelo, Distrito Federal. Asistieron el Gral. Brig. de Justicia Militar Jesús Gabriel López Benítez, Procurador General Justicia Militar; el Gral. Brig. de Justicia Militar Alejandro Ramos, Jefe de Asesoría Jurídica del Estado Mayor, y el Gral. Brig. DEM José Luis Chiñas Silva, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor, entre otros, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

3. Reunión preliminar Procuraduría General de la República (PGR)

El 13 de noviembre de 2014, se sostuvo una reunión preliminar con la funcionaria de la Procuraduría General de la República, Eliana García Laguna, encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a la que asistieron la Dip. Elena Tapia Fonllem, la Dip. Loretta Ortiz Ahlf y el Dip. Alberto Díaz Trujillo,así como un representante del Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y un representante del Dip. René Fujiwara.

4. Procuraduría General de la República (PGR)

El 26 de noviembre de 2014, tuvo lugar la reunión con el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, en instalaciones de dicha dependencia. Asistieron la Dip. Elena Tapia Fonllem, Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Dip. Loretta Ortiz Ahlf y Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, así como un representante del Dip. René Fujiwara.

5. Secretaría de Gobernación (SEGOB)

El 1º de diciembre de 2014, el Grupo se reunió con la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García. Por parte del grupo legislativo participaron la Dip. Elena Tapia Fonllem, la Dip. Miriam Cárdenas Cantú, el Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, el Dip. Alberto Díaz Trujillo y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf,así como un representante del Dip. René Fujiwara.

6. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

El día 16 de diciembre de 2014, el Grupo visitó en sus oficinas al Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión, quien contó con el equipo de visitadores y asesores responsables del asunto en la reunión de trabajo, con la asistencia de la Dip. Elena Tapia Fonllem, la Dip. Miriam Cárdenas Cantú y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, así como un representante del Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y un representante del Dip. René Fujiwara,.

7. Gobierno del Estado de México

El viernes 13 de febrero, el Grupo acudió a la ciudad de Toluca para reunirse con las autoridades del Gobierno del Estado de México. Por parte del Grupo de Trabajo, asistieron su coordinadora Elena Tapia Fonllem, la diputada Loretta Ortiz Ahlf y el diputado Ricardo Fidel Pacheco, así como un representante del Dip. René Fujiwara. Asimismo, las autoridades del Estado que estuvieron presentes fueron el Secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga; el Procurador General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Baruch Delgado Carbajal.

8. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

El 12 de marzo de 2015, integrantes del Grupo se reunieron con el Mtro. Jaime Rochín del Rincón, Presidente, y Mtro. Adrián Franco Zevada, Comisionado responsable de coordinar las acciones en el Caso Tlatlaya, ambos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De parte de los diputados, asistieron la coordinadora Elena Tapia Fonllem, la diputada Loretta Ortiz Ahlf y el diputado Ricardo Fidel Pacheco, así como un representante del Dip. René Fujiwara.

9. Audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil

Se convocó a una veintena de activistas y especialistas. Acudieron a la audiencia a presentar sus respectivas ponencias: Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD); Perseo Quiroz Rendón, de Amnistía Internacional México; Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSyDE); Dr. Carlos Silva Forne, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y José Antonio Guevara, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Por parte del Grupo, acudieron la diputada Elena Tapia, la diputada Loretta Ortiz y el diputado Víctor Sánchez Guerrero, así como un representante del Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y un representante del Dip. René Fujiwara; además, asistieron por cuenta propia la diputada Julisa Mejía Guardado, el diputado Miguel Alonso Raya y la diputada María Esther Garza.

Capítulo IV. Consideraciones sobre la información recabada

El principal impedimento para las labores de este Grupo de Trabajo se encuentra en la escasa información documental proporcionada por las instituciones a las que se ha solicitado formalmente. Solamente la CNDH aportó la documentación relativa a la Recomendación 51/2014; la CEAV presentó un “Informe ejecutivo sobre las acciones realizadas por la CEAV para la atención de las personas víctimas de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México”, y la SEDENA remitió un oficio de 8 cuartillas el pasado 2 de abril de 2015 por parte del Subjefe Operativo del E.M.D.N., Gral. Bgda. DEM. Luis Cresencio Sandoval González.

En ausencia de documentación suficiente para reconstruir, analizar e interpretar los hechos como correspondería a una instancia de coadyuvancia en la investigación, este Grupo de Trabajo se basa en los documentos citados en el párrafo anterior además de: 1) los elementos ofrecidos verbalmente por las distintas autoridades, 2) los reportajes periodísticos, 3) el marco jurídico nacional e internacional, 4) las aportaciones del Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 5) los elementos aportados por las organizaciones de la sociedad civil que asistieron a la Audiencia pública.

De acuerdo a lo anterior las consideraciones que a continuación se despliegan. Las claves para identificar a las víctimas y agentes responsables son las mismas que utiliza la Recomendación 51/2014 de la CNDH.

A. Sobre la actuación de elementos de las Fuerzas Armadas

1. Análisis de la información generada por la SEDENA

Este grupo de trabajo solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 12 de noviembre de 2014, diversos documentos, de los que se obtuvieron las siguientes respuestas mediante oficio 31677 del Estado Mayor, Sección Primera (R.H.), Mesa Quejas, con fecha 2 de abril de 2015, suscrito por el mencionado Gral. Sandoval González:

1) Sobre un informe sintético de las actividades de la 22/a. Zona Militar de 2006 a la fecha, se detallaron las operaciones, el servicio militar nacional, el Registro Federal de Armas de Fuego, el Plan DN-III-E, labor social, eventos cívicos, apoyo al Estado Mayor Presidencial y viveros forestales. Al respecto, este Grupo considera loable el esfuerzo para ejercer estas atribuciones y deberes constitucionales, legales y reglamentarios; sin embargo, expresa su extrañeza acerca de la respuesta sobre las “operaciones de alto impacto para reducir la violencia” donde se expresa que sólo hubo 1 operación por cada año de 2012 a 2015, sin reportar las acciones específicas y medidas de control y objetivos de dichas operaciones, rubro en el que, se presume, debió circunscribirse el patrullaje en la carretera federal número 2, en el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.

2) Respecto a la información sobre el operativo del día 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, y el orden general de operaciones, la SEDENA respondió que la información se encuentra radicada ante órganos judiciales militar y federal, además de que está imposibilitada pues la ley la obliga a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de los elementos procesados. Por otro lado, manifiesta que “desde el punto de vista eminentemente militar, dichos acontecimientos no devienen de un Operativo Militar, sino de una cuestión de carácter circunstancial, cuando el personal militar realizaba actividades de vigilancia y seguridad en la comunidad (sic) de Tlatlaya, Estado de México”.

Lo anterior es divergente de lo asentado por la CNDH, ya que la versión obtenida de SEDENA sobre el motivo de la presencia de los militares era que: “AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, pertenecientes al 102/o. Batallón de Infantería, efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial, en el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, México, sobre la carretera Federal Número 2”, de acuerdo al oficio DH-III-10983, suscrito por el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que anexa correo electrónico de imágenes S-1/M-1/23011 de 23 de septiembre de 2014, por parte de la Comandancia de la 22/A. Zona Militar.

En el expediente de la CNDH, la SEDENA respondió que “carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente” y el operativo “estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, ‘reducir los niveles de violencia en el país’”, según reporta la Unidad de Investigaciones Especiales del portal Aristegui Noticias en el artículo “Generales del Ejército, involucrados en el caso Tlatlaya”, con fecha 26 de enero de 2015. Queda pendiente conocer exactamente los objetivos y las actividades del mencionado agrupamiento militar.

Por lo anterior, se considera que la SEDENA reconoce explícitamente que hubo un incumplimiento del Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar, pues a la 22/a Zona corresponde “diversas acciones de mando y administración militar”, es “responsable del cumplimiento de las órdenes emanadas del Comandante de la Región y de la disciplina militar”, así como de “mantener y supervisar el despliegue operativo acorde a la situación que prevalece en la jurisdicción”.

Complementariamente, podría no haberse atendido el artículo 2 de los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, aprobados por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1989/65, de mayo de 1989:

“Con el fin de evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego”.

3) Sobre la información detallada de las funciones y la cadena de mando del 102 Batallón de Infantería de la 22/a Zona Militar, la SEDENA respondió que “el escalón de mando estuvo compuesto conforme a la jerarquía del personal participante en los hechos investigados: un oficial (teniente), un sargento (tropa), un cabo (tropa) y cinco soldados.

Además, alega que sobre las funciones, la SEDENA se encuentra imposibilitada para proporcionar la información por el principio de presunción de inocencia y defensa adecuada y que

“la verdad histórica de la misma, está siendo investigada en los tribunales competentes, para que una vez agotado el Procedimiento Penal, así como todas y cada una de las instancias contempladas por la Ley, los Órganos Jurisdiccionales esté en condiciones de emitir una sentencia”.

Es motivo de alarma que la SEDENA niegue información sobre las funciones de aquellas personas que satisfacen la definición de servidores públicos del artículo 108 de la Constitución Política. Además, las funciones de los elementos militares no guardan relación con los supuestos del artículo 6º de la Constitución para la información confidencial y reservada, pues les son asignadas por la ley y ellos las aceptan en tanto servidores públicos, junto con las obligaciones que ello implica. Entre tantas, de éstas, es preeminente la obligación de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos” de acuerdo al artículo 1º constitucional entraña el conocimiento y esclarecimiento de la estructura orgánica y de la toma de decisiones del pelotón que incurrió en violaciones a derechos humanos.

Por ello, este Grupo declara no contar con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22/a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el oficial responsable directo del operativo. Se reitera que queda pendiente a las autoridades competentes deslindar la responsabilidad de, en su caso, otros mandos militares más allá de los que han sido consignados.

4) Acerca de los reportes a los superiores respecto a los acontecimientos del Caso Tlatlaya, la SEDENA arguye que ya “aportó a las investigaciones de las autoridades competentes la documentación que fue requerida y se tuvo disponible, por lo que se estima que la información requerida debe obrar en los expedientes correlativos a las causas penales”. En este caso, se reitera el mismo criterio de negar la información so pretexto de ya haberla entregado a las autoridades competentes.

Es convicción de este Grupo de Trabajo que el objetivo es la coadyuvancia en la investigación, no la investigación penal en sí, que es competencia de otras autoridades. Sin embargo, la solicitud de información deriva del párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”.

5) Acerca de la documentación sobre todas las comunicaciones con PGJEM y PGR relacionadas al caso, la SEDENA manifiesta que

“no localizó comunicaciones con las citadas dependencias; en el concepto, que se considera que de existir las mismas, debe obrar en las causas penales que se instruyen en el Juzgado Sexto Militar y el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, conforme a su competencia”.

Además de las razones sostenidas en el precedente inciso 2, se considera de suma gravedad la declarada inexistencia de comunicaciones, toda vez que los reportes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que intervinieran en el levantamiento de los cadáveres, las pruebas y los peritajes deberían dejar constancia; lo mismo respecto a la PGR, a fin de detallar información sobre los elementos militares bajo arresto en el ámbito disciplinario y posterior detención y formal prisión, todo ello en atención al párrafo segundo del artículo 37 del Código de Justicia Militar:

“Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, en términos del artículo 57 de este Código, inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad del Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos hechos”.

6) Sobre la carpeta de las averiguaciones previas de los acontecimientos, la SEDENA argumenta que “carece del expediente de averiguación previa” y quien cuenta con el expediente es el Juzgado Sexto Militar; se argumenta la independencia de la autoridad judicial para fundamentar la ausencia. Sin embargo, el artículo 7o. del Código de Justicia Militar establece que es la Secretaría de la Defensa Nacional quien nombra al presidente y magistrados del Supremo Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República, y a los secretarios y personal subalterno del mismo, son nombrados por la propia Secretaría. Asimismo, la fracción X del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a la SEDENA “administrar la Justicia Militar”. Por lo cual no se verifica dicha independencia, y el funcionario designado por el Secretario de la Defensa Nacional para este tema podía haber indagado en dicha instancia para coadyuvar con este Grupo de Trabajo.

7) Sobre la solicitud de entregar versiones públicas de la información clasificada o reservada sobre los procesos por delitos contra la disciplina militar, la SEDENA reitera el principio de independencia de las autoridades jurisdiccionales del artículo 21 y 116 de la Constitución, lo cual, como se ha dicho anteriormente, no se verifica para los Tribunales Militares, dependientes orgánicamente de la SEDENA. Y de nuevo, insiste en que no es conveniente para la presunción de inocencia y el debido proceso el “generar información que pueda prejuzgar sobre los sucesos y en su caso atentar contra las garantías de seguridad jurídica que contempla la Ley Suprema”.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 57 del Código de Justicia Militar considera delitos contra la disciplina militar aquellos que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo con excepción de aquello en que el sujeto pasivo sea civil. Por ello, los actos que no estén relacionados con la investigación penal que conduce la PGR son de suma importancia para reconstruir los actos irregulares e ilegales desde el punto de vista de la disciplina militar, y de esta forma esclarecer la secuencia de los hechos por parte de elementos militares que condujo a tan lamentables acontecimientos.

Adicionalmente, debemos señalar que el artículo 14 último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala explícitamente que: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”, lo cual contrasta con los argumentos de la SEDENA para negar la información a este Grupo de Trabajo, debido a la propia naturaleza de los hechos investigados, la cual deriva de la aceptación de la Institución militar para sustanciar el cumplimiento de la Recomendación de la CNDH relativa a violaciones graves a los derechos humanos, lo que comprende la aceptación explícita de la SEDENA de la naturaleza de los hechos investigados.

En tal virtud, el procedimiento para el esclarecimiento de estas violaciones necesariamente rebasa el ámbito de investigación meramente penal, pues no se circunscribe a la satisfacción por parte de la institución castrense de lo señalado por el órgano protector de los derechos humanos. Las atribuciones de la CNDH tales como ejecutar programas preventivos, supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social o la observancia de los derechos humanos en el país, por ejemplo, presentes en el artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indican que este organismo no se circunscribe a simplemente desahogar los trámites que van desde la queja hasta la emisión de una Recomendación.

Este Grupo de Trabajo resalta que las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en manifestar que la reciente reforma a la jurisdicción militar, derivada de diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía por objeto dar más transparencia y control a los procesos al remitirlos inequívocamente al ámbito civil cuando la víctima fuera civil, y de ninguna manera se puede considerar aceptable que se utilice la separación de jurisdicciones como un obstáculo para el esclarecimiento público de los hechos.

2. Análisis de información de fuentes diversas

1) Sobre el patrullaje. Argumentos similares a los que se presentaron en párrafos anteriores se repiten en la respuesta a la Resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos relativa al Recurso de revisión RDA 4761/14 que fue interpuesto por el Semanario Proceso ante la negativa de la SEDENA a su solicitud para que “entregue en versión pública la fatiga dirigida a los elementos de la 22/a Zona Militar que participaron en los hechos del 30 de junio en el Municipio de Tlatlaya, en el Estado de México”. La respuesta de SEDENA es que la fatiga “se encuentra agregada a la causa penal número 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, cuyo procedimiento se encuentra en etapa de Instrucción, por delitos exclusivamente del orden militar”.

De esta manera, queda pendiente a las autoridades competentes determinar si la SEDENA podría haber incumplido con el párrafo décimo quinto de la fracción VIII del artículo 6º constitucional: “Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones” y podría también incurrir en incumplimiento como sujeto obligado a atender la Resolución del IFAI, pues de acuerdo al párrafo séptimo de la citada fracción VIII del artículo 6º, “Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”.

Es así que, a partir de la información pública y la información remitida a este Grupo, no se cuenta con elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con 8 elementos, cuando lo reglamentario y común es que un pelotón de infantería lo integren al menos 11 elementos. El Grupo destaca que la extrañeza ante esta anomalía en la integración del pelotón fue compartida tanto por SEDENA como por la PGR, durante el desarrollo de las reuniones de trabajo.

2) Sobre el registro en video o audio de las acciones. Por otro lado, la SEDENA y la PGR manifestaron en las reuniones públicas su aceptación de que fue irregular que los elementos militares del pelotón no utilizaraninstrumentos de video grabación o registro de audio, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas. Las razones y motivos de la inexistencia del video también fueron consideradas necesarias por el IFAI en la Resolución sobre el expediente del recurso de revisión RDA 4760/14, interpuesto también por la Revista Proceso, a fin de que, en un caso de violaciones graves a derechos humanos, se brinde certeza jurídica sobre el incumplimiento de la obligación por parte de los elementos castrenses presuntos responsables del Caso Tlatlaya.

Al respecto, la SEDENA informa que el personal “se encontraba realizando patrullamientos (sic) cuando fue sorpresivamente agredido, quedando expuestos al fuego de las armas de las personas que les disparaban, por lo que no estaba en posibilidad, bajo esas circunstancias, de llevar a cabo la videograbación fotográfica y/o instrumentos de grabación de sonidos”. Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que se llevara a cabo la videograbación una vez rendidos los civiles presuntamente armados, lo que sucedió, de acuerdo a la CNDH, transcurridos diez minutos del primer encuentro entre el grupo de civiles y el pelotón de infantería.

3) Sobre los hechos de violencia y presuntas violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, este Grupo tuvo información diversa, no coincidente respecto, a los siguientes puntos:

a) No hay coincidencia en el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y la entrada de elementos militares a la bodega. Tampoco si quienes entraron en ese momento, tras la rendición, fueron 2 o 5 elementos militares. Este Grupo acoge la versión de la CNDH, de que el enfrentamiento con las personas armadas tuvo una duración muy corta, de un máximo de 10 minutos. El intercambio de fuego fue interrumpido por las heridas recibidas por un soldado y por la retirada de la línea de fuego de dos soldados que se quedaron en el camino para auxiliarlo.

b) No contamos con una cifra precisa por parte de SEDENA, PGR y Estado de México acerca de las personas que fueron objeto de un uso excesivo y arbitrario de la fuerza y de “privación ilegal de la vida”, según la CNDH, o de “homicidio calificado”, según la PGR. La PGR aseveró que sólo 8 de las personas fallecidas pudieron haber sido privadas de la vida arbitrariamente; sin embargo, ante la negativa de la PGR a entregar documentación, no hay manera de que corroborar esta versión.

Por ello, este Grupo de Trabajo, a fin de no repetir el análisis de la Recomendación 51/2014, considera que ésta, en su párrafo 226 da una conclusión preliminar útil al esclarecimiento público de las personas que fueron privadas de la vida:

“En efecto, este Organismo Nacional ha logrado evidenciar que después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a las personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas, siendo éstas V1, V2, V3, V4, V5, V10, V14, V15, V16, V17, V18 y V22”.

Además, el párrafo 229 asienta que

“...respecto de las víctimas V11, V12 y V13 no es establecer si sus heridas responden a un intercambio de proyectiles disparados por arma de fuego o a una situación de privación ilegal de la vida, debido a que fueron movidos del lugar donde fueron heridos. Para este organismo nacional, el hecho de que hayan sido manipulados genera una presunción de que fueron privados ilegalmente de su vida”.

En este sentido, la CNDH reportó que elementos militares incurrieron la alteración de la escena al mover los cuerpos del lugar en que se encontraban originalmente, colocarles armas, cargadores o cartuchos, y sustraer y mover otros elementos físicos que estaban en las paredes y dentro de las camionetas, lo que tuvo consecuencia directa sobre la dificultad para contar con elementos concluyentes de investigación sobre las causas y circunstancias de la muerte de al menos 3 personas.

La afirmación de que 15 personas fueron objeto de una acción directa por parte de elementos de la SEDENA que las privó de la vida, según los indicios, fue asentada en la reunión de trabajo con el Presidente de la CNDH, y corroborada por los funcionarios de la CEAV, como la base para las labores actuales de acceso a la justicia, derecho a la verdad y derecho a la reparación integral.

c) La SEDENA manifestó que se decidió dar de baja a los elementos del patrullaje del 102 Batallón de Infantería para trasladarlos a instalaciones centrales; se ejerció acción penal sin detenido contra los presuntos responsables y pidió se negara libertad bajo caución al conocerse que existía averiguación previa por parte de la PGR. Los procesos por faltas contra la disciplina militar continúan sin menoscabo de los que desarrolla la jurisdicción civil.

Entre el 1 y 2 de noviembre de 2014, el Consejo de la Judicatura Federal informó públicamente de la consignación ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, de 7 elementos militares; el 7 de noviembre, la Judicatura ratificó, por la misma vía, el auto de formal prisión contra los mismos. Cabe destacar que en los comunicados se detalló el nombre de los inculpados y los delitos de los que se les considera probables responsables.

Así, se ha consignado y dictado formal prisión en el ámbito penal federal a 7 elementos militares implicados en los hechos por las probables responsabilidades sobre los siguientes cargos: ejercicio indebido del servicio público, 7; abuso de autoridad, 4; homicidio calificado agravado, 3; alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, 3; encubrimiento, 1. Por su parte, el soldado herido (AR8) en el primer momento del enfrentamiento está en libertad, pues de acuerdo con lo afirmado por la SEDENA en la reunión de trabajo, las heridas recibidas por las esquirlas le causaron daños importantes en pecho y brazo que le impedían participar en las acciones.

Sin embargo, no se tiene conocimiento de que existan procesos abiertos y por qué cargos en contra elementos militares que acudieron posteriormente al enfrentamiento y aseguramiento de la bodega, y que, de acuerdo a testimonios asentados por la CNDH, habrían podido conocer, encubrir o incluso autorizar las ejecuciones que se dieron entre las 5 y las 6 horas, de acuerdo a la reconstrucción de la CNDH.

Tal es el caso de AR40, comandante del 102/o Batallón, que manifestó vía telefónica a personal de la Secretaría de Marina a las 5:20 horas que ya tenía conocimiento de los hechos, como asienta el párrafo 217 de la Recomendación de la CNDH, y que fue instruido por SP6, comandante de la 22/a. Zona Militar, a dirigirse al lugar de los hechos, para lo cual hizo acompañarse de 13 elementos de tropa y un oficial.

Igualmente, según la CNDH, la comandancia de la 35/a Zona Militar (Chilpancingo, Guerrero)señala que a las 5:45, AR41 ya se había enterado de los hechos, por SP10, del 34/o Batallón de Infantería. El mando territorial de la 22/a Zona Militar informó que el personal que llegó como refuerzo al lugar de los hechos fue AR41, capitán primero de infantería, al mando de la fuerza de reacción del 41/o. Batallón de Infantería, aproximadamente a las 6:30 horas.

Del expediente de la CNDH se desprende que hasta 55 elementos de la SEDENA estuvieron presentes en el lugar de los hechos, además de 21 integrantes de la Secretaría de Marina, de quienes se desconoce su participación en los hechos, más allá de lo asentado por la CNDH, en el sentido de que acompañaron durante dos horas a una víctima sobreviviente, para ubicar las casas donde presuntamente había más personas secuestradas, sin éxito.

Por lo anterior, estos elementos habrían podido estar presentes durante el asesinato posterior, el último, de dos jóvenes (V12 y otro sin identificar) presuntamente secuestrados, que el testimonio de V23 refiere, ocurrió ya con luz del día (a partir de las 6:40 horas). Asimismo, V23 refiere que:

“llegó una persona que describe ‘alta, de bigote, con uniforme diferenteal de los demás militares’, se acercó a los dos jóvenes y les preguntó en qué trabajaban y su edad, y les dijo que ‘los acompañara, que les iban a tomar una foto’, y los sacó de dicho cuarto. En ese momento escuchó disparos provenientes del fondo del cuarto, y entra de nuevo la persona uniformada pero ya sin los dos muchachos”.

Es de resaltar que de acuerdo a los testimonios recabados por la CNDH, a las 7:00 horas ya “se permite el paso de personas y transeúntes por el lugar” y a las 6:00 horas ya había refuerzos militares para asegurar el traslado de las autoridades ministeriales. Sin embargo, no es sino hasta las 9:00 horas que AR35, cabo de infantería del 102/o Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapa, comunica a la Fiscalía Regional de Tejupilco que ya hay condiciones seguras para transitar. De ser así, debe esclarecerse la tardanza en reportar esas condiciones, que prolongó injustificadamente el resguardo del lugar, lo que podría derivar en la violación, por diversos actos u omisiones, de diversas fracciones del artículo 49 Bis del Código de Justicia Militar por parte de elementos militares diversos a los 8 integrantes del pelotón.

3. Conclusión

Por todo lo anterior, que muestra las complejidades para esclarecer los hechos, este Grupo considera esencial manifestar que las Fuerzas Armadas no pueden limitarse a rendir cuentas al Ejecutivo y sus dependencias, sino que, como parte sustantiva de la subordinación debida al Poder Civil, debe sujetarse también al escrutinio de los demás Poderes del Estado y a la ciudadanía. La indudable honorabilidad de las Fuerzas armadas y la transparencia no son conceptos excluyentes, menos aun cuando las acciones de sus integrantes son contrarias a Derecho y debilitan la institucionalidad de su actuación.

Entre las aclaraciones que debe hacer la SEDENA, se encuentra la de establecer si el pelotón de 8 efectivos “realizaba actividades de vigilancia y seguridad en la comunidad (sic) de Tlatlaya”, “efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial”, se encontraban “realizando patrullamientos”, o participaban en un operativo “para reducir los niveles de violencia en el país” como ha manifestado en las diversas versiones oficiales citadas anteriormente, y si esta falta de supervisión y control de las actividades de los subordinados ocurre en otros momentos y en otros lugares.

La falta de material de audio y video así como la existencia de un pelotón con un menor número de miembros que los reglamentariamente establecidos ,evidencian que la operación no fue eficiente ni regular, por lo cual las instituciones de procuración y administración de Justicia Federal, en primer término y Militar, en el ámbito de su competencia, deberían establecer claramente si el uso ilegal de la fuerza que derivó en las ejecuciones fue 1) por iniciativa propia de los elementos directamente involucrados o 2) por instrucciones o con la autorización de los superiores. Igualmente, debe investigarse cada una de las violaciones a los derechos de las víctimas señaladas, incluyendo no sólo la afectación al derecho a la vida, sino a la integridad y seguridad personal, lo que ocurrió también en agravio de V23 (quien presenció la muerte de su hija, V7) así como de V24 y V25.

En cualquier caso, debe indagarse las acciones u omisiones en que incurrieron los superiores del 102/o. batallón y en su caso de la 22/a Zona, así como otros elementos militares que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, todo lo cual debe ocurrir en la jurisdicción civil y de cara a la ciudadanía.

B. Sobre la actuación del Gobierno del Estado de México

Mediante oficio del 29 de enero de 2014 dirigido al Mtro. Héctor Jiménez Baca, Subsecretario General de Gobierno del Estado de México, quien a instancias del Lic. José Manzur Quiroga, Secretario General de Gobierno, fungiría como enlace, el Grupo solicitó:

“Copia simple de toda la información que obre en las diversas dependencias del Gobierno del Estado de México relativa a los hechos sucedidos entre un pelotón del 102 batallón de Infantería del Ejército Mexicano y un grupo de personas civiles el 30 de junio de 2014 en el perímetro de una bodega en el sitio de Cuadrilla Nueva, Comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, incluidas las periciales de balística y forenses, así como toda información complementaria sobre procedimientos iniciados en el ámbito administrativo o penal acerca de actos u omisiones de servidores públicos que hubieren tenido participación directa o indirecta en los hechos, en su investigación o en su atención; la información acerca del cumplimiento de la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como acerca de las medidas de reparación integral en favor de las víctimas directas, indirectas o potenciales contenidas en la citada Recomendación 51/2014”.

Se especificó que:

 “A fin de cumplir con las disposiciones constitucionales, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables, aquellos datos o información que la ley considere de carácter reservado o confidencial, podrán sustituirse con claves que permitan una comprensión adecuada de la información o eliminar las partes o secciones clasificadas, de tal forma que la documentación puede ser entregada en versiones públicas”.

El Mtro. Jiménez respondió, el 3 de febrero de 2015, que el gobierno se encontraba “integrando los documentos requeridos” y se celebraría una reunión de trabajo para “atender el asunto en referencia”. Dicho encuentro tuvo lugar el viernes 13 de febrero, con la presencia del Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros funcionarios. En dicha oportunidad, los funcionarios manifestaron su plena disposición para remitir en las semanas subsiguientes un informeejecutivo, y para enviar la documentación complementaria más adelante.

Al momento del cierre del presente informe del Grupo de Trabajo, 60 días después de dicho encuentro, no se recibió de parte de ninguna de las autoridades del Estado de México ninguna documentación o informe, tampoco comunicación alguna que justificara el retraso o que argumentara la negativa.

A falta de una respuesta, este Grupo de Trabajo considera que la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH por parte del Gobierno del Estado de México, significa que se reconoce la existencia de actos violatorios de los derechos a la integridad y seguridad personal y a la libertad sexual de las víctimas (reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y al menos una docena de tratados internacionales de los que México es parte), así como “irregularidades al procedimiento de investigación por actuaciones negligentes por parte de la autoridad ministerial, mismas que pudieran obstaculizar, y con ello vulnerar los derechos humanos de las víctimas indirectas, relativos a la verdad, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia”, según el párrafo 366 de la Recomendación 51/2014, actos y omisiones cometidos por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que encuentran bajo investigación penal y administrativa en la jurisdicción del Estado de México.

Los presuntos actos y omisiones que este Grupo considera deberá aclarar públicamente el gobierno del Estado de México:

1) Las razones por las cuales los agentes y peritos de la PGJEM llegaron a la bodega del municipio de Tlatlaya más de seis horas después de que concluyeron los hechos. Como asienta la CNDH:

“En su informe la PGJ-Estado de México señala que esta demora obedeció a que no fue sino hasta las 9:00 horas que personal militar informó que las condiciones eran seguras. Que no fue sino hasta las 9.30 horas que el personal del Ministerio Público que acudiría al lugar se reunió, y se inició el traslado hasta el lugar, arribando poco antes de las 12:30 horas, iniciando diligencias ministeriales”.

Dada la gravedad de los hechos delictivos reportados, en dónde se contaban cuantiosas víctimas, muchas de ellas mortales, el Ministerio Público del Estado de México no puede aducir la inseguridad como una razón para no haber acudido de inmediato al lugar al considerarse, él mismo, como una institución de seguridad pública, ya que esto constituiría la negación misma de su naturaleza constitucional.

2) Las razones por las que en las indagatorias de la PGJEM no se investigó acerca de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni se estudió la posibilidad de que pudieron haberse cometido actos de homicidio en agravio de los civiles. En su informe público, la PGJEM concluyó que “El lugar sí fue preservado en su estadío original previo a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército Mexicano”. Ello a pesar de la falta de una supervisión civil del resguardo del sitio en el que ocurrieron los hechos por largo tiempo, ya que la mera presencia militar no es, por sí misma, motivo para suponer que el lugar fue preservado adecuadamente, lo cual tuvo por consecuencia que, hasta el 23 de septiembre que se declinó competencia, no se investigara la hipótesis del uso ilegal de la fuerza y homicidio en agravio de 22 civiles, por parte de los propios elementos militares.

3) El estatus de las investigaciones en los ámbitos penal y administrativo sobre sus servidores públicos, preservando el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos que asisten a las personas. A ese respecto, el Procurador General de Justicia del Estado de México aseguró públicamente el 14 de enero de 2015, que se encontrabanbajoinvestigación 20 funcionarios de la PGJEM por el caso. El 5 de marzo de 2015, el Procurador estatal anunció que estaban recabando las declaraciones de 28 funcionarios, sin que ninguno haya sido separado de su cargo. Más adelante, el 10 de abril de 2015, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, anunció en los medios de comunicación que “10 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense fueron suspendidos e investigados”.

En el mismo sentido, en la Recomendación 51/2014 se asienta que en las diversas violaciones a derechos humanos, tanto por el involucramiento en la tortura, la intimidación y la violencia sexual, como en la falta de preservación del lugar de los hechos, irregularidades en los peritajes y en la investigación, estarían implicados cuando menos 28 servidores públicos, entre peritos, agentes ministeriales, agentes de la policía ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca y a otras instancias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Dichos servidores públicos son identificados como AR9, AR10, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20, AR21, AR22, AR23, AR24, AR25, AR26, AR27, AR28, AR29, AR30, AR32, AR33, AR34, AR36, AR 37, AR38, AR39. Por lo tanto, el número de personas servidoras públicasque actualmente están suspendidas e investigadas es mucho menor al contemplado por la Recomendación de la CNDH por parte del Gobierno del Estado de México.

Sin embargo, a falta de información remitida por el gobierno de dicha entidad, nos resulta imposible saber por qué faltas o delitos se les suspendió de sus funciones y de cuáles se les acusa, así como si guardan relación con las personas mencionadas cuya investigación y sanción es objeto de la recomendaciones Sexta y Séptima dirigidas al gobernador del Estado de México en la Recomendación 51/2014 de la CNDH.

Si bien este Grupo de Trabajo no podría ni debería pronunciarse sobre el número de personas que sería posible imputarles la responsabilidad, consideramos importante que el Gobierno del Estado de México haga públicas, con respeto a los derechos de presunción de inocencia y la protección de datos asentada en la ley, los avances en dichos procesos y si es posible reconstruir los hechos que constituyeron actos violatorios.

4) Sobre el deber de la reparación. En su recomendación Primera al Gobernador del Estado de México, la CNDH solicitó

“Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a V23, V24, V25, con motivo de la intimidación que fueron víctimas, que incluya una indemnización respectiva, la atención médica y psicológica necesaria, debiéndose remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

Respecto al resto de las víctimas, la recomendación Octava determina

“se colabore ampliamente con este organismo constitucional autónomo, en el seguimiento e inscripción que se solicite al Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento”.

Este Grupo de Trabajo no cuenta con información directa por parte del Gobierno Estado de México del cumplimiento de la reparación y registro victimal. Sin embargo, la CEAV, en su informe rendido a este Grupo de Trabajo, desglosó de acuerdo al siguiente cuadro:

Además, la CEAV informó en el citado documento que

“el 25 de noviembre del año 2014, la Directora General del Instituto de Atención a las Víctimas del Delito dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México, informó a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del oficio que dirigió a la Titular del Centro Federal Femenil Noreste de Tepic, Nayarit, solicitando su apoyo para requisitar el Formato Único de Declaración de las víctimas V24 y V25 y así poder realizar los trámites correspondientes a la inscripción de dichas personas en el Registro Federal de Víctimas”.

Asimismo, “el 4 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de México, requirió a la CEAV asistencia técnica en materia de Reparaciones, la cual fue respondida el 26 de diciembre del mismo año, con una opinión técnica elaborada por el Comité Interdisciplinario Evaluador”.

Por ello, es motivo de desconcierto para este Grupo de Trabajo lo manifestado por el Secretario General de Gobierno, de acuerdo al reportaje “Edomex aún no paga a víctimas de Tlatlaya”, firmado por Ma. Teresa Montaño para el diario El Universal el pasado sábado 11 de abril de 2015, en el que atribuyen al funcionario la siguiente declaración a propósito de la pregunta acerca de la instancia que debe definir el monto de lo que deberá entregarse a las tres sobrevivientes: “Es alguna institución... a lo mejor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia CNDH del país, nosotros estaríamos atentos a que nos dijeran”.

Es así que se considera que el Gobierno del Estado de México cuenta con una base de información y el apoyo tanto de la CNDH como de la CEAV para reparar a las víctimas detalladas anteriormente por violaciones a diversos derechos, y confía en que en la reparación integral (no sólo en su dimensión económica, sino en todos los aspectos señalados por la Ley General de Víctimas) aplique los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Es de destacar que los expedientes sobre el caso que recabó la CNDH fueron presentados, por instrucciones de su Presidente, como parte de denuncias penales y administrativas ante PGJEM, a fin de aportar elementos que pudieran tener valor probatorio en los procesos en curso ante los juzgados locales. Este Grupo alberga la expectativa de que la PGJEM valore, en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, dichos elementos aportados, que podrían abonar en el cumplimiento a las recomendaciones Sexta y Séptima de la Recomendación 51/2014.

C. Sobre la actuación de la Procuraduría General de la República

El 19 de noviembre de 2014, el Grupo de Trabajo envío oficio al entonces Procurador General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, para solicitarle información en el siguiente tenor:

“1. Las averiguaciones previas relativas a los acontecimientos de Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, incluyendo peritajes de cualquier tipo.

2. Las comunicaciones con la PGJEM y SEDENA relacionadas al caso.

3. Información acerca de las medidas de protección brindadas a víctimas directas e indirectas, y testigos, en su caso.

4. Las averiguaciones previas acerca de acciones u omisiones de cualquier servidor público, civil o militar, relacionado con los hechos y actuaciones posteriores de las autoridades al respecto.

5. La postura o la propuesta de cumplimiento detalladas acerca de cada uno de los puntos resolutivos de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidos a la PGR.

Respecto a lo anterior, no omito mencionar que, a fin de cumplir con las disposiciones constitucionales, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables, aquellos datos o información que la ley considere de carácter reservado o confidencial, podrán sustituirse con claves que permitan una comprensión adecuada de la información o eliminar las partes o secciones clasificadas”.

Los días 13 y 26 de noviembre de 2014, el Grupo sostuvo, respectivamente, reuniones con la encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y con el Procurador General de la República en que se intercambiaron de manera verbal diversas apreciaciones e información sobre el caso. Lamentablemente, hasta la fecha el Grupo de Trabajo no obtuvo ninguna documentación de parte de ninguna autoridad de la PGR.

Sin embargo, se cuenta con la información derivada del “Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre la investigación de lo ocurrido el 30 de junio pasado en Tlatlaya, México, para deslindar las responsabilidades correspondientes”, remitido a la Mesa Directiva de la Cámara y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 11 de febrero de 2015 y que incluye el oficio DGPPVCI/DV/0111/2015, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo en cuestión.

1. Los procesos contra las sobrevivientes v24 y V25

De acuerdo con el Oficio recibido en la Cámara de Diputados, la PGR manifestó que: “El 3 de julio de 2014, se dio inicio a una indagatoria por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, derivado de una incompetencia planteada por razón de especialidad respecto de la carpeta de investigación, iniciada por el agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”.

Dicha indagatoria tuvo por consecuencia la consignación por acopio de armas y posesión ilegal de cartuchos de dos sobrevivientes, V24 y V25, en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, ello a pesar de que existían indicios (párrafo 379 de la Recomendación 51/2014) de que habían permanecido ajenas a los hechos y que habían sido sometidas a torturas e intimidación al rendir su declaración.

Ello fue objeto de la recomendación Cuarta a la PGR de la Recomendación 51/2014:

“En atención a las violaciones a derechos humanos detectadas en agravio de V23 y V24 por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, lo cual ha trascendido a su situación jurídica actual, se giren instrucciones a efecto de que se haga valer dicha circunstancia en la causa penal y pueda ser tomado en cuenta por el juez de Distrito”.

Tras la presentación de conclusiones no acusatorias por parte de la PGR ante el Juzgado Federal contra V24 y V25, que tuvo por consecuencia el sobreseimiento de la causa y la liberación de las dos mujeres el 15 de diciembre de 2014, este Grupo considera que se atiende plenamente la recomendación Cuarta dirigida a la PGR en la Recomendación 51/2014 de la CNDH.

2. El estado en la jurisdicción civil de los delitos presuntamente cometidos por elementos militares

En conferencia de prensa el 17 de julio de 2014, el titular de la PGJEM declaró

“Respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya, el Ministerio Público del fuero común inició la investigación correspondiente, practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República. En las diligencias practicadas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación”.

En la reunión de trabajo con este Grupo, el titular de la PGJEM manifestó que sólo tuvieron “durante 3 días” la indagatoria, por lo que a la fecha de la reunión manifestó inclusive no contar con la totalidad de la documentación que obra en la carpeta de investigación que se entregó a la PGR.

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado en reunión con la PGR, las diligencias sobre los 22 asesinatos las realizó la PGJEM, quienes hasta el 23 de septiembre declinaron la competencia hacia la PGR. Hasta antes de esa fecha, la PGR sólo había fincado los cargos federales antes mencionados contra V24 y 25 por acopio de armas y posesión ilegal de cartuchos.

Se repite dicha afirmación en el Oficio dirigido a la Cámara de Diputados:

“El 23 de septiembre de 2014, en virtud de la declinación de competencia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de la investigación de los hechos del 30 de junio de 2013, se inició una averiguación previa por la posible comisión de los delitos de homicidio, abuso de autoridad y lo que resulte en contra las personas que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva en el municipio de Tlatlaya, estado de México”.

Igualmente, la PGR manifiesta que fue

“Debido a algunas inconsistencias en el parte informativo del personal militar en el cual narraron la forma como se desarrolló el enfrentamiento, aunado a la publicación de notas periodísticas (...), donde hace referencia a la ejecución de los civiles, se inició una averiguación previa, en contra del personal militar que participó en dichos hechos, para la investigación de la forma en que se suscitaron éstos, y su probable responsabilidad en el delito de homicidio y otros”.

Por otro lado, el Grupo considera conveniente transcribir el párrafo 379 de la Recomendación de la CNDH, en donde se asienta que:

 “Por parte de la Procuraduría General de la República, este Organismo Nacional observa que la investigación por los delitos cometidos por personal militar en contra de las víctimas que fallecieron fue iniciada hasta el 23 de septiembre de 2014 a través de la averiguación previa 3, por la posible comisión de los delitos de homicidio, abuso de autoridad y lo que resulte, encontrándose a la fecha en integración. Ello a pesar de que desde el 3 de julio del presente año la Procuraduría estatal le remitió la carpeta de investigación 1, que se inició con motivo del fallecimiento de las 22 personas, por lo cual la Procuraduría inició la investigación de la averiguación previa 1, en donde se investigaron los hechos relacionados con la posible comisión de delitos de V24 y V25, sin que la autoridad ministerial Federal iniciara la investigación por el homicidio de las 22 personas, como le correspondía, al tratarse de un delito que involucraba a autoridades militares. Además, de las constancias que integran la averiguación previa 1, las cuales pudieron ser consultadas en su integridad en la causa penal 1, se advierte que antes de la fecha de inicio de la averiguación previa 3, la Procuraduría General de la República ya contaba con indicios que permitían presumir que la muerte de los civiles no se había dado en un contexto de enfrentamiento, como la Prueba de Griess. Asimismo, que no fue sino hasta el mes de octubre que se recabaron las declaraciones en calidad de testigo de V23, V24 y V25”.

De esta manera, la CNDH encuentra razones suficientes para que la PGR comenzara antes su indagatoria por los asesinatos. Considera que

“La dilación injustificada de iniciar la investigación por los delitos cometidos en contra de los civiles que fallecieron al interior de la bodega, constituye una violación al derecho humano al acceso a la justicia, lo cual no ha permitido que se consigne a los responsables, impidiendo que los familiares de las víctimas puedan ver justicia por la muerte de sus familiares”.

Las presuntas irregularidades que hasta el momento de la emisión de la Recomendación no se había consignado a los militares responsables fueron adjudicadas por la CNDH a “AR44, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciones de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, quien recibió la carpeta de investigación 1”. Aduce que con ello, “dicha servidora pública vulneró el derecho de los familiares las 22 víctimas, relativos a la verdad, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia”.

Este Grupo de Trabajo desconoce si la Procuraduría General de la República, a partir de la aceptación de la recomendación 51/2014 el 6 de noviembre de 2014, ha iniciado las denuncias, las investigaciones penales o los procedimientos o recursos administrativos respecto a la dilación de 11 semanas para comenzar las averiguaciones previas relativas a la presunta responsabilidad de elementos militares sobre los hechos que privaron de la vida a 22 personas que la CNDH consideró injustificadas.

No pasa por alto a este Grupo de Trabajo que en los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, Resolución 60/147 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005 establece, en su numeral 3 para los Estados:

“3. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:

a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;

b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional”

De acuerdo a las comunicaciones verbales recabas por este Grupo, en la recopilación de información, las gestiones y las solicitudes de la Representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tuvieron un papel fundamental para que las autoridades federales reconocieran la posibilidad de actos delictivos por parte de elementos militares en los hechos. Se reconoce a dicha Representación por su intervención para gestionar diversas comunicaciones y solicitudes en beneficio de las víctimas y de llamados a efectuar una investigación adecuada, así como la disposición de la PGR durante los meses de julio y agosto para mantener canales de comunicación y cooperación.

3. La investigación y la acción penal

Por otro lado, tras la declinación de competencia a su favor el 23 de septiembre de 2014, la PGR cumplimentó la orden de aprehensión contra los 7 elementos militares, el 31 de octubre de 2014, todos presentes en el lugar y tiempo de los hechos por las probables responsabilidades sobre los siguientes cargos: ejercicio indebido del servicio público, 7; abuso de autoridad, 4; homicidio calificado agravado, 3; alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, 3; encubrimiento, 1.

A este Grupo de Trabajo no ha sido entregada la información necesaria para conocer los avances o los alcances de las investigaciones a los elementos militares bajo proceso, ni tampoco de otras personas con probable responsabilidad, como las que hayan podido colaborar, presenciar, autorizar, ordenar u obligar a otros respecto a las ejecuciones. Sin embargo, con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH el 6 de noviembre de 2014, la PGR asumió también la tarea de que “se continúe indagando la responsabilidad de los militares que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento” de acuerdo al Segunda recomendación.

Por otro lado, existe una línea de investigación diversa, manifestada por el entonces titular de la PGR, que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios. Sin embargo, no se cuenta con documentación que permita corroborar el avance en la investigación de esa hipótesis.

Para que la continuación de esas indagatorias derive en una experiencia que permita al Estado en su conjunto prevenir tales actos, de especial relevancia son los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” adoptados por el Consejo Económico y Social de la ONU en su Resolución 1989/65, el 24 de mayo de 1989, así como el “Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” publicado por la ONU a recomendación del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia.

4. Las víctimas

De acuerdo a las diferentes versiones, el número de víctimas de ejecución extrajudicial va desde 8 para la PGR, hasta 15, para la CNDH; por tanto, las víctimas de la breve etapa de un enfrentamiento armado durante los primeros minutos podrían variar desde 7 hasta 14 decesos. La falta de una conclusión definitiva es consecuencia directa de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres, fuera de su posición original.

Este Grupo de Trabajo confía en que la aceptación de la Recomendación implica que la PGR presumirá en sus indagatorias que existen elementos para seguir la hipótesis de que 15 personas fueron privadas de la vida en contextos que no corresponden al enfrentamiento, y que se actuará en consecuencia durante las investigaciones y ante los juzgados.

5. Rendición de cuentas y acceso a la información

El Grupo de Trabajo no tiene una explicación por parte de la PGR para no entregar la documentación solicitada. Sin embargo, a partir del Oficio en respuesta al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados y de información pública disponible, se realizan las siguientes consideraciones.

La PGR argumentó en el Oficio en cuestión que

“en lo que respecta al contenido de las indagatorias, no es posible abundar en virtud de que la información pertinente es de carácter, no sólo confidencial sino reservado. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 40, fracción XXI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal; 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 14, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (sic), y 5, 6 y 63, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”.

El Oficio enviado por el Subsecretario de Enlace Legislativo de SEGOB incluye lo anteriormente citado como parte en la comunicación del Mtro. Jorge Nader Kuri con fecha 11 de febrero de 2015. Siendo que la reclasificación de la Recomendación 51/2014 por parte de la CNDH como “violaciones graves a derechos humanos” ocurrió desde el 13 de enero de 2015, y se ordenó que la PGR fuera notificada de esta decisión, este Grupo de Trabajo considera que no hay justificación alguna para que la PGR argumentara a la Cámara de Diputados que le resultaba imposible entregar la información por su carácter reservado, pues de acuerdo al párrafo tercero del artículo 14 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental impide considerar reservada la información relativa a violaciones graves a derechos humanos.

En cuanto al desarrollo de las solicitudes de acceso a la información del caso por parte de ciudadanos, este Grupo de Trabajo tiene conocimiento de la secuencia de razones que dio la PGR para no entregar la información a partir de información periodística. En el reportaje de Arturo Ángel en el portal Animal Político “PGR (otra vez) se niega a entregar el expediente de Tlatlaya, ahora por falta de copias”, del 18 de marzo de 2015 se señala que respecto a los peritajes del caso solicitados por un ciudadano, la PGR negó la información ya que el expediente estaba reservado por doce años.

Los recursos de revisión condujeron a que el 14 de enero de 2015 el IFAI señalara que la PGR debería dar a conocer una versión pública del expediente, ello a partir de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos clasificó el caso como de “violaciones graves a los derechos humanos” el día anterior. En la resolución del recurso de revisión RDA4821/2014, el Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Procuraduría General de la República y le instruyó a entregar, en versiones públicas, los 22 peritajes que obran en el expediente.

Las nuevas solicitudes sobre el expediente giradas en febrero por el periodista fueron rechazadas debido a que el mismo “ya se había consignado” ante el juzgado. Y a insistencia del periodista Ángel, el 9 de marzo de 2015 la PGR rechazó entregar los datos solicitados debido a que:”El 29 de octubre del 2014 el Agente del Ministerio Público (...) ejerció acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, estado de México, remitiendo la averiguación previa con su respectivo pliego de consignación en original y duplicado, sin que haya dejado copia en sus archivos” señaló la Procuraduría en el oficio sin firma.

Es así que para este Grupo de Trabajo es motivo de preocupación que la PGR no cuente con las partes integrantes de la averiguación previa que podrían aportar elementos para el esclarecimiento público de los presuntos actos u omisiones violatorios de derechos humanos.

Finalmente, cabe mencionar que el Presidente de la CNDH expresó al Grupo que todos los expedientes recabados por el organismo nacional, antes y después de emitida la Recomendación, fueron presentados como parte de denuncias penales y administrativas ante PGR, a fin de aportar elementos que pudieran tener valor probatorio en los procesos en curso ante los juzgados federales. Al igual que en el caso de la PGJEM, este Grupo alberga la expectativa de que la PGR valore, en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, dichos elementos aportados, que podrían abonar en el cumplimiento a las recomendaciones Sexta y Séptima de la Recomendación 51/2014.

D. Sobre la protección y la reparación integral a las víctimas

1. Las medidas cautelares en beneficio de V23

Cabe destacar que la víctima sobreviviente V23, junto con un número de organizaciones de las sociedad civil defensoras de los derechos humanos, presentó el 7 de octubre de 2014 solicitud de medidas cautelaresante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En consecuencia, el 10 de octubre de 2014, la CIDH en su Resolución 30/2014, MC 423/14solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de V23ante la situación de riesgo inminente que enfrenta “por haber sido testigo y sobreviviente de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya”. Pidió al Estado mexicano adoptar medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de V23 y de su núcleo familiar, así como acordar las medidas con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y así evitar su repetición.

De acuerdo a lo que afirmó la Subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB en reunión de trabajo con este Grupo, dichas medidas se acataron, y el 5 de noviembre de 2014 tuvo una reunión conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR, la CEAV, la beneficiaria y sus representantes a fin de concertar las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta para la implementación de acciones distintas que involucra a diversas autoridades.

La SEGOB expresó oficialmente que “En este contexto, el Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral”, lo que este Grupo considera sumamente valioso este reconocimiento en el ejercicio de las obligaciones para una reparación integral, y en especial, derecho a la verdad, al acceso a la justicia, honra y a la buena reputación.

Debe mencionarse que el 18 de noviembre de 2014 la CEAV reconoció a V23 como víctima directa de actos u omisiones violatorios a derechos humanos tanto por parte de las autoridades federales como por parte aquellas del Estado de México.

En virtud de que la implementación de las medidas continúa, este Grupo de Trabajo expresa su deseo de que dichas medidas conjuntas concluyan con la completa satisfacción de las necesidades y requerimientos de la beneficiaria, con el cumplimiento cabal a la Resolución de la CIDH y que puedan contribuir al esclarecimiento, investigación y eventual sanción de los hechos en beneficio de las demás víctimas directas e indirectas.

2. La atención integral a víctimas por parte de la CEAV

Con respecto a las víctimas, diversas a V23, en el encuentro del 1º de diciembre de 2014, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB expresó que las autoridades federales enfrentaban dificultades debido a la “falta de precisión en la Recomendación de la CNDH que no permite saber específicamente quién fue privado de la vida de manera arbitraria”.

De acuerdo a la información facilitada por la CEAV, se conoce que el 4 de noviembre de 2014, el entonces Presidente de la CNDH comunicó oficialmente a dicha instancia el contenido de la Recomendación 51/2014 y solicitó se otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas a 22 personas (incluyendo 3 occisos que no pudieron ser identificados) al haberse acreditado que se trata de víctimas por violaciones a sus derechos humanos. Solicitó también “que se otorgue a los familiares de las víctimas mortales el reconocimiento de la calidad de víctimas indirectas” a fin de que “puedan tener acceso a las derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos incluyendo las medidas de asistencia y atención victimológica, así como a los recursos del fondo y a la reparación integral”.

Días más tarde, el 12 de noviembre del 2014, la CEAV envió oficio a la CNDH a efecto de que realizaran precisiones y aclaraciones del contenido de la solicitud de otorgamiento de calidad de víctimas a diversas personas, realizado por ese organismo autónomo, particularmente sobre los conceptos de violación acreditados en la Recomendación referida. En su respuesta, la CNDH desglosó e identificó las violaciones a Derechos Humanos respecto de cada víctima de la manera siguiente:

A mayor abundamiento, la CEAV informó lo siguiente:

1) Sobre el Registro Nacional de Víctimas, al 10 de marzo de 2015 se tenían 53 víctimas inscritas: 22 víctimas directas y 31 víctimas indirectas. Está pendiente la inscripción al registro de una persona presuntamente víctima del delito de lesiones, perteneciente a las fuerzas armadas, respecto de la cual se solicitó información a funcionarios de PGR y SEDENA.

2) Sobre la atención victimológica, se ha prestado:

a. Asistencia médica, a través de las Delegaciones de la CEAV en los estados de Guerrero y Morelos, a 10 víctimas indirectas, específicamente en el levantamiento de su historial clínico, atención de primera vez y la vinculación de 9 casos: 2 víctimas a la Unidad del Desarrollo Integral para la Familia en un municipio de Morelos y 7 víctimas al DIF de un municipio de Guerrero.

b. Asistencia psicológica, a través de las delegaciones de la CEAV en Guerrero y Morelos, a 12 víctimas indirectas, 8 víctimas en Guerrero y 4 en Morelos,

c. Trabajo Social a 4 víctimas indirectas en la Delegación en Morelos, a través fundamentalmente de su canalización al Servicio Nacional de Empleo y otras ayudas

d. Asesoría Jurídica a V24 y V25 víctimas sobrevivientes en el Centro Federal de Readaptación Social 4 “Noreste” en Tepic, Nayarit, mediante las cuales la Asesoría Jurídica Federal obtuvo la representación legal de las mismas dentro de su proceso y, una vez que se obtuvo su libertad, se les asistió brindándoles atención médica y psicológica, todo ello hasta el momento de la intervención del Instituto de Atención a las Víctimas de Delitos, de la PGJEM, quien se hizo cargo de su atención. Sobre la sobreviviente V23, “no ha requerido los servicios de la Asesoría Jurídica Federal por contar con representantes legales”. Asimismo, se designaron asesores jurídicos en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales respecto a la causa penal 81/2014-II así como en el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito respecto a la Toca Penal 47/2015.

3) Colaboración con autoridades responsables

Como se detalló en el apartado anterior, la CEAV informa que realizó acciones conjuntas con otras autoridades para emprender el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Con la Secretaría de la Defensa Nacional, se informó que se colaboró en la inscripción de las víctimas en el Registro a fin de sentar las bases para el cumplimiento de la Recomendación 51/2014.

Con el Gobierno del Estado de México, se reporta que el 4 de diciembre de 2014, “requirió a la CEAV asistencia técnica en materia de Reparaciones, la cual fue respondida el 26 de diciembre del mismo año, con una opinión técnica elaborada por el Comité Interdisciplinario Evaluador”, además de la notificación de que fueron requisitados los formularios para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.

Con la Procuraduría General de la República, el 8 de enero de 2015 se acordó que la Asesoría Jurídica Federal facilitara la atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo Social a las víctimas de la Recomendación 51/2014,

3. Consideraciones adicionales

De acuerdo a lo que informa la Recomendación de la CNDH, los familiares de las personas fallecidas declaran que 8 de ellos habían sido objeto de amenazas, de coacción o de privación ilegal de la libertad antes de comenzar la comisión de presuntos actos delictivos o simplemente mantenerse dentro de dicho círculo, por lo que se conjetura que existe la probabilidad de que algunos de ellos habrían podido formar parte de una organización criminal en condiciones de explotación y coacción.

En ese sentido, este Grupo de Trabajo considera de suma importancia que las autoridades competentes consideren investigar, en el ámbito de sus atribuciones respectivas, si las víctimas sufrieron de delitos que los llevaron a estar presentes en el grupo de personas que lamentablemente fueron asesinadas, ello a fin de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas indirectas y de las tres víctimas sobrevivientes.

Por otro lado, la CNDH, el Gobierno del Estado de México y la CEAV manifestaron a este Grupo que entre las 22 personas que fueron privadas de la vida, 3 de ellas permanecen sin identificar, por lo que sus restos mortales permanecen en la fosa común. El reconocimiento de estas personas, en condiciones y formas seguras y confidenciales, se considera fundamental para que se atienda a los deudos de quienes podrían haber sido vulnerados en sus derechos a la integridad, a la justicia, a la verdad y en la reparación.

La CEAV expresó que ninguna de las víctimas indirectas ha solicitado de manera formal la indemnización, y muchas no han solicitado los mecanismos de reparación integral del daño a que tienen derecho, por lo que este Grupo considera necesario que se redoblen esfuerzos para poner al alcance de las víctimas, los mecanismos para que puedan reclamar legal y legítimamente sus derechos a la reparación integral que les corresponden en términos de la legislación penal, fiscal, victimal y demás aplicables.

E) Sobre los hechos y su relación con la situación general de los derechos humanos en México

De acuerdo al orden jurídico, no es atribución de este Grupo de diputadas y diputados calificar los presuntos actos delictivos y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, como parte integrante del Estado, es responsable de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, según el artículo 1º Constitucional, y en virtud de la información que conoció y analizó durante sus actividades, se encuentra obligado a efectuar algunas consideraciones de carácter general acerca de los hechos.

Ello debido a la presunta violación a derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes secundarias, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos del Niño, además de instrumentos específicos sobre tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, los derechos de las mujeres o el derecho a la justicia, en agravio de 25 víctimas directas y un número aún indeterminado de víctimas indirectas.

Cabe destacar que recientemente la CIDH, en la conclusión de su 154º Período de Sesiones el 27 de marzo de 2015, manifestó preocupación por la situación de la región, ya que “en algunos países continúan siendo generalizadas las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y en la región sigue siendo extendida la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles y centros de detención”.

El Grupo de Trabajo considera que los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el paraje Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México y en la actuación de las autoridades al respecto constituyen un caso paradigmático que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su solución y erradicación.

1. Sobre las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas

La atención del Derecho Internacional de los derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tiene su fundamento en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen el derecho de cada persona a la protección del derecho a la vida sin distinción o discriminación, y a todas las personas se garantizará un acceso igual y efectivo a los recursos previstos en caso de violación a este derecho.

En particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 4, párrafo 2, establece que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar la suspensión del derecho a la vida y la seguridad de la persona”.

Por ello, se aprobaron los”Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” adoptados por el Consejo Económico y Social de la ONU en su Resolución 1989/65, el 24 de mayo de 1989, así como el “Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” publicado por la ONU.

Además, de la necesidad de que los Estados atiendan las violaciones manifiestas a los derechos humanos derivaron los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, adoptados mediante Resolución 60/147 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005.

No es posible rastrear en el tiempo las prácticas que hoy se definen como tales en el Derecho Internacional, pero se presume que nunca existieron medidas suficientes para evitar que agentes del Estado pudieran privar de la vida a las personas de forma arbitraria e injustificada. Uno de los casos que ha dejado una honda huella en tiempos recientes lo constituyen los hechos del 28 de junio de 1995 en el paraje “El Vado” de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero, en que se violó el derecho a la vida de 17 personas por parte de la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada del Estado, que quedó registrado en diversos videos y fotografías.

Otro caso de singular relevancia fue la llamada “Masacre de El Charco”, en una escuela primaria en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998, y que fue objeto de la Recomendación 20/2000 por parte de la CNDH. En esos acontecimientos, las fuerzas armadas privaron de la vida a 11 personas, aprehendieron a casi una treintena y perpetraron diversos delitos para alterar la escena y retirar diversos objetos que constituían evidencia del lugar donde ocurrieron los hechos, lo que entorpeció las investigaciones posteriores. La justificación de los mandos del Ejército fue que los elementos actuaron en legítima defensa ante la presencia de un grupo subversivo armado que comenzó la agresión.

Tanto la narrativa de las autoridades responsables, que argumentan conductas violentas o pertenencia a grupos subversivos o criminales, según sea el caso, para privar de la vida a las personas, constituyen un modus operandi que se ha reiterado en los casos acreditados en que personas civiles han sido asesinadas, presuntamente o con certeza, por elementos de las fuerzas armadas. Este Grupo ha encontrado similitudes en las posturas de las autoridades civiles adoptadas en lo inmediato para acoger explicaciones de “enfrentamientos” o de “legítima defensa”, a fin de justificar los asesinatos. Al menos durante las primeras 11 semanas posteriores a los acontecimientos de Tlatlaya, una revisión exhaustiva de las posturas públicas de las autoridades federales y estatales, nos revela que, en ninguna de ellas, tomó por válida, probable o posible la hipótesis de que una parte de los fallecidos haya sido presunta víctima de uso excesivo de la fuerza, de “ejecución extrajudicial” o simplemente de “homicidio calificado” o “privación ilegal de la vida”.

El párrafo 375 de la Recomendación 51/2014 de la CNDH es ilustrativo a este respecto:

“...para este Organismo Nacional existe una presunción en contra de los elementos del ejército de la base de operaciones antes referida, que ingresaron a la bodega y privaron de la vida a varias personas al interior,al buscar alterar la escena para así ocultar la verdad de lo ocurrido, y sustentar su versión de hechos respecto a que las muertes ocurrieron en un enfrentamiento. No obstante, también es cierto que la Procuraduría General de Justicia no realizó la fijación fotográfica antes de comenzar las diligencias ministeriales, por lo cual no es posible determinar las condiciones en las que se encontraba la bodega al momento de que las autoridades de esta dependencia arribaron al lugar” (el subrayado es nuestro).

Es de relevancia que la concatenación de acciones u omisiones contrarias a Derecho tengan por consecuencia interponer obstáculos a las acciones que el Estado podrían efectuar para satisfacer las demandas de justicia, verdad y reparación que reclaman las víctimas y la sociedad en general.

El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en su último Informe de visita a México, llevada a cabo del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, afirma que desde la visita anterior, 14 años antes, “la situación se deterioró considerablemente desde el punto de vista del derecho a la vida, y la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas del país”. Tras aquel ejercicio, en el año de 1999, la Relatora Especial recomendó que no era conveniente militarizar la seguridad interna (Informe E/CN.4/2000/3/Add.3).

El informe del Relator sobre México de 2013(A_HRC_26_ 36_Add.1_SPA) vuelve a destacar el peligro del involucramiento de fuerzas armadas en labores de seguridad pública:

“21. El Relator Especial observa además que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. El Relator Especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos. Además, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, el cual carece de independencia y transparencia y ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados acusados de haber cometido abusos graves. Estos problemas son particularmente acuciantes en México y deben ser objeto de medidas inmediatas”.

De acuerdo a información compartida a este Grupo por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), la privación del derecho a la vida es objeto de 49 recomendaciones de 2007 a la fecha, 29 de ellas dirigidas a la SEDENA, que consideran un total 153 víctimas. Sin menoscabo de todas ellas, las observaciones del Relator se reflejan palmariamente en las Recomendaciones de la CNDH, en particular las 45/2010, 80/2010, 8/2011, 10/2011, 14/2011, 66/2011, 67/2011, 22/2011, y 28/2012. Este Grupo de Trabajo destaca por su gravedad particularmente la primera de las mencionadas, sobre los hechos ocurridos el19 de marzo de 2010 en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en los cuales fallecieron los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso a manos de integrantes del Ejército, en cuyo caso se violó el derecho a la legalidad, la seguridad, la integridad personal, el trato digno, la información y el acceso a la justicia.

En tal Recomendación, la CNDH planteó a la SEDENA

“Instruya a quien corresponda, para que los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional se abstengan de manipular u ordenar que se alteren las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos; sean capacitados respecto de la preservación de los indicios del delito y, una vez realizado lo anterior, se remitan a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.

El patrón de intervención con el objetivo de modificar el conocimiento de los hechos, a simple vista, es el mismo del Caso Tlatlaya.

No escapa de la vista de este Grupo de Trabajo que en ningún momento se reportó un control civil de las actividades de los elementos de 102 Batallón de Infantería en el patrullaje en la carretera federal número 2 en la madrugada de los hechos. Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis jurisprudencial P. XXVII/96, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. III, marzo, 1996, p. 436):

“Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo “por sí y ante sí”, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas”.

Ello quedó refrendado en la Tesis Jurisprudencial del Pleno P./J. 38/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Abril de 2000, p. 549, donde se asienta que “La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen”.

Es sabido que, al menos desde 2006, diversos grupos del crimen organizado controlaron de forma violenta e ilegal amplias zonas de la región de Tierra Caliente entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y que no hay forma de dimensionar las consecuencias, en particular el incremento en la incidencia de los delitos de alto impacto, como los secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos. N no hay claridad de que los Operativos diseñados lograran reducir la comisión de delitos, pues una gran cantidad de ellos no se denuncian, y si se atendieron a los principios democráticos y de un Estado de Derecho.

No obstante lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación indicó, en la evaluación de la Política de Seguridad Pública 2007-2013, incluida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, que

“Los principales hallazgos de la evaluación señalaron que ... los esfuerzos realizados en el período no fueron suficientes para alcanzar los objetivos de mediano y corto plazos, ya que contrario a lo esperado, la incidencia delictiva se incrementó, la percepción ciudadana de la inseguridad aumentó; la confianza en las instituciones de seguridad pública disminuyó; se incrementó la contratación de sistemas e instrumentos de seguridad privada por parte de la ciudadanía, así como las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de los operativos de combate de la delincuencia, así como por la inclusión de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública”.

Debería despejarse, por parte del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Estado de México, si la actividad de los elementos castrenses en el municipio de Tlatlaya tuvo en algún momento la conducción civil necesaria en su diseño, implementación, operación y supervisión.

Por todo lo anterior, este Grupo de Trabajo considera que la ejecución de 22 personas en Tlatlaya a manos de miembros del Ejército no es un caso individual, aislado o particular. Por el contrario, comparando con casos en los últimos 6 años que abarcan las recomendaciones de la CNDH mencionadas –aunado al informe de Relator Christof Heyns-, podemos afirmar que el caso de Tlatlaya muestra signos de que las ejecuciones extrajudiciales son una práctica recurrente y con patrones comunes, que ameritan una política preventiva de Estado.

2. Sobre la tortura

El reconocimiento de las autoridades federales y estatales de la comisión de actos de tortura e intimidación en agravio de las tres mujeres víctimas que sobrevivieron a los hechos de Tlatlaya, que entraña la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, conduce a este Grupo de Trabajo a realizar algunas breves reflexiones sobre este fenómeno.

De especial relevancia es el Informe de la visita a México por parte del Relator Especial Juan Méndez en el sentido de que la tortura es una práctica “generalizada” en nuestro país que se practica en circunstancias similares: ocurren durante las primeras horas de la detención y generalmente concluyen con la consignación; métodos como amenazas, insultos, destrucción de propiedad, golpes, golpes con objetos, ahogamiento y violencia sexual, entre otros.

En efecto, diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han acreditado en decenas de casos que la tortura subsiste en una medida importante debido a la baja capacidad para efectuar investigaciones efectivas, apegadas a derechos humanos, y que generalmente afecta a personas en condiciones más vulnerables a los abusos, como son las mujeres, las personas indígenas, las y los jóvenes y los sectores de menores ingresos.

Actualmente no hay estadísticas ni registros debido al alto número de casos sin denunciarse. La aplicación del marco jurídico para la erradicación y sanción es escasa: según las organizaciones sociales que asistieron a la Audiencia Pública, hay menos de diez sentencias por este delito en, por lo menos una década, pues cuando llega a sancionarse, las autoridades plantean las responsabilidad por otros tipos penales, como lesiones o abuso de autoridad. De 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibe, en promedio, 3.8 denuncias cada día por tortura y malos tratos, de acuerdo a los cálculos aportados por las organizaciones de la sociedad civil, lo que corroboró este Grupo en el informe del Relator Especial, donde se apunta que el CNDH reportó 11,608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014; ello sin tomar en cuenta las quejas que conocen los organismos estatales.

La tortura, de acuerdo el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, es

“todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

Los tres elementos (intencionalidad, sufrimiento, con una finalidad específica), de acuerdo a las indagaciones de la CNDH, estuvieron presentes en el Caso Tlatlaya en agravio de las dos mujeres, además de amenazas de violencia sexual. Por ello, el fin que perseguían los actos de tortura debe esclarecerse plenamente por parte de las autoridades competentes, pues de acuerdo con los relatos de las víctimas asentados en la Recomendación, si el propósito era obligarlas a emitir una declaración, o la firma de una declaración preconcebida o prefabricada, para encubrir actos u omisiones de elementos de la PGJEM y de la SEDENA, o alguna otra hipótesis que corresponde explorar definitivamente a las autoridades federales y estatales, así como proponer vías para la erradicación, prevención y sanción de esta práctica.

3. Conclusión

Por todo lo anterior, este Grupo escucha y atiende de los diagnósticos y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, en la audiencia pública, acerca de los impactos negativos sobre los derechos humanos atribuibles a las políticas de seguridad pública adoptadas por las autoridades federales. El Grupo de Trabajo considera que es tiempo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo comiencen un análisis profundo acerca de la vinculación entre violaciones a derechos humanos y la presencia de los militares en tareas de seguridad pública así como la implementación de una política de seguridad efectiva que no sólo disminuya los índices delictivos sino que atienda sus factores de riesgo, sin criminalizar la pobreza y con pleno respeto a los derechos humanos

De esta forma, se podría dar continuidad al pronunciamiento del actual titular del Ejecutivo al respecto desde el inicio de su periodo, plasmado en un comunicado oficial de la Presidencia de la República el 4 de diciembre de 2012, acerca de las Fuerzas Armadas, que “en tanto se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia, que permita su gradual regreso a los cuarteles, continuarán en labores de seguridad para los mexicanos”.

Capítulo V. Conclusiones finales

De acuerdo a la información recabada por los medios a su alcance y al análisis realizado sobre la misma, el Grupo de Trabajo:

Considera que el esclarecimiento de los hechos debe tener, como consecuencia necesaria, acciones y proyectos por parte del Estado en su conjunto para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos, lo que incluye políticas públicas y reformas legislativas sobre diversos temas en lo particular, así como la adopción de medidas para que se apliquen las normas ya existentes y que fueron presuntamente transgredidas en el Caso Tlatlaya.

Considera que, según la CNDH, los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos se encuentra en: la alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la SEDENA; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes presuntamente por funcionarios del Gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos del Gobierno del Estado de México.

Considera notoriamente insuficiente la información aportada a este Grupo de Trabajo por parte de la SEDENA, la PGR y el Gobierno del Estado de México, por lo que considera necesario hacer un respetuoso llamado a dichas instituciones para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía, en especial, a partir de la consideración de que en el Caso Tlatlaya se configura un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

Considera que la falta absoluta de entrega de documentación por parte de PGR y el Gobierno del Estado de México, así como la insuficiente entrega de documentación por parte de SEDENA, impiden a este Grupo ponderar plenamente las versiones de los hechos y los argumentos que estas instituciones han expresado verbalmente en reuniones de trabajo y que han difundido en medios de comunicación.

Considera que ni la independencia del ámbito jurisdiccional civil y militar, ni la separación de Poderes ni la diferencia entre las facultades de las distintas instituciones públicas pueden constituirse en obstáculo para el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Considera esencial que la CNDH, en uso de las atribuciones legales, dé puntual seguimiento al cumplimiento de su Recomendación 51/2014 por parte de todas las autoridades señaladas, e informe públicamente acerca del estado de su cumplimiento, en la medida que la ley lo permite.

Saluda la decisión de la CNDH de reclasificar la Recomendación 51/2014 como un caso de violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, considera de especial relevancia que la CNDH haga uso de todas sus atribuciones constitucionales y legales para asegurar que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones con los instrumentos aplicables del Derecho Internacional de los derechos humanos.

Considera que la Recomendación 51/2014 de la CNDH, aceptada plenamente por la SEDENA, SEGOB y el Gobierno del Estado de México, se encuentra aún en proceso de ser solventada.

Alberga la expectativa de que la PGR y la PGJEM valoren, en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, los elementos aportados por la CNDH derivados de sus propios expedientes, que podrían abonar en el cumplimiento de la Recomendación 51/2014.

Considera que las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron atendidas de inicio por diversas instituciones del Estado mexicano en beneficio de V23, y se encuentran en proceso de implementación por parte de la SEGOB y la CEAV en acuerdo con otras instituciones federales y estatales.

Considera que en el Caso Tlatlaya se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la SEDENA involucrados, que tuvo por consecuencia que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales.

Considera que la secuencia de casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo el caso paradigmático de Tlatlaya, según la información proporcionada por la CNDH, son recurrentes y presentan patrones comunes por lo cual, en tanto comportan violaciones graves a los derechos –según dicho organismo-, ameritan una acción decidida por parte del Estado en su conjunto, con apego a los establecido en los tratados internacionales de los que México es parte.

Reconoce que, con la aceptación de la Recomendación 51/2014, es necesario e ingente que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que las 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento; asimismo, considera necesario que el Estado en su conjunto profundice en la investigación de los antecedentes a los acontecimientos del 30 de junio de 2014, a fin de conocer las circunstancias en las que se involucraron los hoy occisos y las tres sobrevivientes, a fin de que se respeten los derechos a la integridad personal y a la honra y buena reputación de víctimas directas e indirectos.

Considera urgente que el Congreso de la Unión discuta y apruebe a la brevedad la expedición de una legislación sobre el uso legítimo de la fuerza común para todas las autoridades: reformas en materia de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias con los elementos máximos de la perspectiva de derechos humanos.

Expresa su convicción de que, en el marco de la reforma sobre seguridad y justicia, sería conveniente convocar a un diálogo del más alto nivel entre los tres Poderes del Estado mexicano, así como los órganos autónomos respectivos, que devenga en un acuerdo amplio en que se planteen medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para el retiro racional, paulatino, ordenado, de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, para ser sustituidas por distintos cuerpos civiles, de acuerdo a metas y objetivos claramente definidos, y a la definición de una política integral de seguridad, acorde con un marco democrático y con la perspectiva de derechos humanos.

Considera que, con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, la SEDENA reconoce que, en el Caso Tlatlaya, se violaron los siguientes derechos: a la vida, en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia, en agravio de 25 personas y del número de personas que señala el informe, y a la integridad, en agravio de tres personas.

Declara que en un Estado democrático y de Derecho, el mantenimiento de la honorabilidad de las Fuerzas Armadas tiene como regla fundamental la subordinación a las instituciones civiles además de la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía y hacia otros Poderes y órganos del Estado, en los términos que establecen las leyes.

Resulta imprescindible que, de acuerdo a la Constitución Política, los tratados internacionales aplicables, la legislación federal y la normatividad del Ejército, la SEDENA ofrezca soluciones a las posibles fallas en la actuación de sus elementos relativas: al respeto, protección y garantía de los derechos humanos; al control estricto de sus actos por parte de superiores; al cumplimiento a los protocolos sobre la interacción con civiles, incluyendo el registro en video y audio de las acciones; al cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de los elementos, de la escena de los hechos y de los cuerpos, y a la definición clara de una jerarquía de mando interna y en relación con las autoridades civiles, durante los acontecimientos del Caso Tlatlaya. Asimismo, que ofrezca a la ciudadanía una ruta con metas y objetivos comprobables, para evitar que ocurran casos similares.

Considera necesario que se esclarezcan, con estricto apego a lo establecido en la ley, las responsabilidades correspondientes en el ámbito penal, administrativo y de la disciplina militar, de los elementos que integraron la cadena de mando de la SEDENA más allá de aquellos que se encuentran bajo proceso en la jurisdicción civil, extendiéndose a aquellos mandos jerárquicos y elementos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos del Caso Tlatlaya o que, sin haber estado físicamente presentes, tenían responsabilidad respecto a la supervisión de la actuación de estos elementos.

Considera que, con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, la PGR reconoce que en el Caso Tlatlaya, se violaron los derechos al acceso a la impartición de justicia y al acceso a los derechos que corresponden a las víctimas y ofendidos del delito en agravio de 25 personas y un número indeterminado de víctimas indirectas.

Considera necesario que la PGR redoble esfuerzos para que, en la investigación y las actuaciones, se conduzca con apego al artículo 19 de los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, aprobados por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1989/65, de mayo de 1989, en el sentido de que: “Los funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos”.

Considera de suma importancia que la PGR dé a conocer públicamente, con apego a lo establecido en ley, los avances o los alcances de las investigaciones acerca de los elementos militares bajo custodia o de otras personas con probable responsabilidad, como las que hayan podido colaborar, presenciar, autorizar, ordenar u obligar a otros respecto a las ejecuciones extrajudiciales, siempre y cuando se proteja debidamente el derecho de presunción de inocencia y la seguridad de sus datos personales.

Considera ingente que la PGR aclare públicamente, en términos de ley, si ha iniciado las denuncias, las investigaciones penales o los procedimientos o recursos administrativos contra quienes resulten responsables por la afectación a los derechos humanos derivada de la dilación de 11 semanas para comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas.

Expresa su preocupación respecto a que la PGR no cuente con copia de las actuaciones desarrolladas para la integración de la averiguación previa que podrían dar elementos para el esclarecimiento público de los presuntos actos u omisiones violatorios de derechos humanos.

Considera que la PGR atendió plenamente la recomendación Cuarta contenida en la Recomendación 51/2014 de la CNDH tras la presentación de conclusiones no acusatorias por parte de la PGR ante el Juzgado Federal contra V24 y V25, que tuvo por consecuencia el sobreseimiento de la causa y la liberación de las dos mujeres el 15 de diciembre de 2014.

Considera esencial que la Secretaría de Gobernación continúe coordinando las acciones de implementación de las medidas cautelares de la CIDH, en colaboración con otras autoridades, hasta que se logre la completa satisfacción de las necesidades y requerimientos de la beneficiaria, el cumplimiento cabal a la Resolución de la CIDH y de esta forma puedan contribuir al esclarecimiento, investigación y eventual sanción de los hechos en beneficio de las demás víctimas directas e indirectas.

Expresa su confianza en que la SEGOB, en el ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento a la atención de la Recomendación 51/2014 dirigida a la SEDENA, PGR y Gobierno del Estado de México, y dicte las medidas administrativas necesarias para tal efecto; en particular, las relativas a la prevención y la no repetición de los hechos.

Considera esencial que la CEAV continúe con los trabajos para la atención integral de las víctimas directas e indirectas del Caso Tlatlaya, y que prosiga con el esfuerzo por tenercontacto con las víctimas indirectas para que puedan ejercer los derechos que les corresponde.

Considera de particular importancia, exhortar atentamente a las autoridades federales, la CNDH, la CEAV y los gobiernos de los Estados de México, Guerrero y Morelos para que emprendan en conjunto una campaña de difusión y comunicación para convocar a las víctimas indirectas del caso a contactar a las instancias de procuración de justicia y de atención a víctimas a fin de ejercer los derechos que les corresponde.

Considera necesario que la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley, investigue las presuntas conductas de servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades administrativas; que aplique las sanciones correspondientes y, en su caso, presente las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y brinde la colaboración debida.

Considera importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantenga el diálogo sobre el Caso Tlatlaya con las instancias de la ONU y de la OEA en materia de derechos humanos, y que en su caso considere, con apego a las normas nacionales e internacionales, las posibles acciones de colaboración y cooperación.

Considera que, con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, el Gobierno del Estado de México reconoce que en el Caso Tlatlaya, se violaron los siguientes derechos: a la integridad seguridad personal y a la libertad sexual en agravio de 3 personas; a la verdad, acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas.

Considera fundamental que el Gobierno del Estado de México atienda con una perspectiva de género los presuntos actos de tortura y contra la libertad sexual de las víctimas.

Considera necesario que el Gobierno del Estado de México aclare las razones por las que la PGJEM no investigó acerca de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni se estudió la posibilidad de que pudieron haberse cometido actos de homicidio en agravio de los civiles mientras el caso continuaba siendo de su competencia.

Considera importante que el Gobierno del Estado de México esclarezca públicamente las razones por las cuales los agentes y peritos de la PGJEM llegaron a la bodega del municipio de Tlatlaya más de seis horas después de que concluyeron los hechos, y las consecuencias de dicha dilación, en la medida que la ley lo permita.

Considera conveniente que el Gobierno del Estado de México haga públicas, con respeto a los derechos de presunción de inocencia y la protección de datos asentada en la ley, los avances en los procesos penales y administrativos seguidos en contra de servidores públicos, que presuntamente hayan incurrido en conductas ilícitas en torno al Caso Tlatlaya, y la relación que guardan con aquéllos identificados por la Recomendación 51/2014; asimismo, que coadyuve con la CNDH en la reconstrucción de los hechos en los que se cometieron presuntos actos violatorios de derechos humanos, a fin de esclarecer los acontecimientos.

Considera que el Gobierno del Estado de México cuenta con una base de información y de apoyo tanto de la CNDH como de la CEAV para reparar a las víctimas de violaciones a diversos derechos, y confía en que en la reparación integral aplique los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y haga público el estado del cumplimiento en los términos que la ley lo permita.

Expresa su reconocimiento público al papel desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar la comisión de violaciones a los Derechos Humanos en el Caso Tlatlaya y en sucesos posteriores.

Expresa su reconocimiento público a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la información entregada formalmente a este Grupo de Trabajo, y a las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia, por su participación en la audiencia pública y las aportaciones realizadas.

Capítulo VI. Resoluciones

Este Grupo de Trabajo resuelve:

1. Remitir el presente a la Mesa Directiva de esta H. Cámara, con el objeto de que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.

2. Solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva tenga a bien remitir el presente Informe al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Gobernador del Estado de México, a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. Proponer a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva integren en sus Libros Blancos, una ruta para la elaboración, presentación, análisis, dictaminación y aprobación de las iniciativas y proposiciones a que dé lugar este informe, con el objeto de que sean considerados en los trabajos de la LXII Legislatura, con apego a la normatividad que rige los trabajos legislativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 días del mes de abril del año de 2015.— Diputada Elena Tapia Fonllem (rúbrica), coordinadora; diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), diputado René Fujiwara Montelongo (rúbrica).»

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, ciudadana secretaria. El trámite con relación al informe del grupo de trabajo que usted le ha dado lectura, esta Presidencia en funciones declara: de enterado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputado Huerta. Sonido en la curul del diputado Huerta. Dígame, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias presidente por cumplir su palabra. Mire, yo no pido trato especial, yo lo que solicité al inicio de la reunión es que se incorporara al orden de día el debate sobre este tema. No se votó el orden del día. Posteriormente solicité en el acta anterior la palabra, no se me dio. Se remite a que la Junta de Coordinación lo plantee, Morena lo planteó ayer, no lo quieren discutir, pero es derecho de la Mesa Directiva –como quedó claro ayer en la Junta de Coordinación– proponer el orden del día, era lo que yo apelaba. Obviamente lo entiendo, presidente, que el PRI no quiere que se discuta aquí lo que ocurre en el país. Represión sistemática, desaparición forzada...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): ...tortura –culmino, presidente– ejecuciones sumarias. Todo eso que el PRI hace por órdenes de Peña Nieto son crímenes de lesa humanidad y aquí o a nivel internacional, el Morena va a ser valer el derecho de los ciudadanos. No podemos vivir en un país, es vergonzoso que la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones sumarias sean las prácticas del gobierno de Peña Nieto. México no se merece eso, y eso es lo que queremos discutir los diputados. Le agradezco que me dé la palabra y ojalá enmiende usted y se discuta esto que le estamos proponiendo. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En obvio de repetición, esta Presidencia en función le reitera a usted lo expresado con relación al tema. Continúe la Secretaría, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputada Aleida Alavez, ¿Con qué objeto?

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente, un poco más de respeto a quienes integramos este pleno. Estamos pidiendo la palabra exactamente cuando se aborda el punto correspondiente al orden del día para pedirle que rectifique el trámite de este informe conclusivo de una comisión de trabajo.

No le veo caso que, como Cámara de Diputados, habilitemos grupos de trabajo que se den a la tarea de revisar un hecho tan lacerante como esta masacre en Tlatlaya, para que solamente nos quedemos enterados todos de lo que concluye el grupo de trabajo.

Le solicito, de acuerdo al artículo 143 del Reglamento, que ponga a consideración del pleno ese trámite que acaba de dar al punto, porque finalmente el pleno es soberano y tiene que decidir si vamos a encubrir a un más estos crimines de lesa humanidad que se documentan en el informe conclusivo de la comisión de trabajo o vamos a dar pauta a que esto lo conozcan y de una vez por todas abran la información, qué papel tuvo que hacer ahí el Ejército y por qué nos están negando esa información.

Acabamos de aprobar una Ley de Transparencia y, en este caso, en el que requerimos de saber qué papel está jugando el Ejército en estas masacres, se oculta la información. Creo que el pleno tiene que votar, y así entonces que haga de una vez por todas valer los grupos parlamentarios si verdaderamente estamos a favor de la transparencia o queremos seguir ocultando el papel que está realizando el Ejército en estas masacres.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada García Rojas, ¿Con qué objeto?

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Del conocimiento del pleno, que este acto contra los candidatos del PAN deben ser denunciado. Luis Grandvallet, candidato de Cosamaloapan, fue emboscado, amenazado y realmente son hechos que no tenemos otra oportunidad de denunciar.

No más violencia en Veracruz. Un alto. Necesitamos seguridad para todos los ciudadanos de Veracruz. Lauro Becerra fue baleado en su casa. Ex diputados federales; Marisol Mora Cuevas, muerta sin investigación todavía. Gregorio Barradas Miravete, asesinado y todavía al día de hoy no hay respuesta. El ex diputado Eduardo de la Torre, agredido en Veracruz.

Solamente hacer del conocimiento del pleno que queremos seguridad para los veracruzanos, para los ciudadanos y obviamente en el periodo electoral seguridad para todos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. En consideración al respeto de la asamblea. En consideración al respeto y para el debido desarrollo de esta sesión y para todos los efectos legales, expresarles a ustedes que por lo que hace al informe del grupo de trabajo de Tlatlaya, cuyo trámite ha mandatado esta Presidencia en funciones y para cualquiera planteamiento sobre ese particular, expresarles que no hay prevención normativa alguna en la ley y en el Reglamento, respecto a los informes de grupo de trabajo.

Tampoco lo prevé el acuerdo de creación del propio grupo trabajo en el que concurrieron la representación de todos los grupos parlamentarios incluyendo quien se queja con relación al trámite que se ha decretado. Por eso le pido a la Secretaría continúe con informes y comunicaciones.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Oficio de la ...

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Hay una petición.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, ciudadana secretaria. Hay una petición y con lo que he expresado se le ha dado respuesta y en todo caso le pido a usted, diputada Aleida Alavez, con el conocimiento y la práctica parlamentaria que es suya, de que en todo caso haga su planteamiento a la Junta de Coordinación Política para que sea incluido en esos términos en el orden del día. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante marzo de 2015 destinó únicamente mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Entre los bienes destinados por el SAT por conducto de las aduanas se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; y productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en marzo de 2015 fue de 50 mil 690 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida como pieza, litro y kilogramo. Se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de abril de 2015.— Maestro Juan Carlos Garduño Gamboa (rúbrica), administrador central de Destinos de Bienes.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/ 1017, signado por el doctor Héctor Pérez Galindo, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las “contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2015”, del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondiente al primer trimestre de 2015.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto: Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el sector medio ambiente y recursos naturales con datos al primer trimestre del ejercicio fiscal 2115.

Fundamento: Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Oficio 312.A.-001229 de fecha 9 de abril de 2015 de la Dirección General de Protección y Presupuesto “B” de la SHCP.

Información: en atención al oficio 312.A.-001229 de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP, mediante el cual recuerda el envío que se tiene que hacer al Congreso de la Unión respecto a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2015, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir con dicha obligación.

Para lo anterior, le envío en impresión y disco compacto, el formato “contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2015” del sector medio ambiente y recursos naturales con datos al primer trimestre de 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de abril de 2015.— Doctor Héctor Pérez Galindo (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 113.2015.DGVP.135, el licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2015 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de abril de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, 181; 285 de su Reglamento, y 28, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el primer informe trimestral 2015 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, operados por esta secretaría y el sector coordinado,(1) los cuales se enuncian a continuación:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.

• S017 Programa de Fomento a la Economía Social.

• S020 Fondo Nacional Emprendedor.

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

• S220 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología.

• U003 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras.

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción extranjera (Fondo ProMéxico).

Sin otro particular, el envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de abril del año de 2015.— Licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-4883 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.-051 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a revisar y, en su caso, actualizar, las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002 y 003 que versan sobre las descargas en cuerpos de agua; así como las Normas Oficiales Mexicanas 120, 141 y 157, relativas a la actividad minera y el impacto ambiental, asimismo transparentar en sus portales de internet los derechos de agua, concesiones y permisos otorgados a Grupo México, así como el estado que guarda el pago de sus derechos; asimismo la información relacionada con el monitoreo de la calidad del agua de los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, del arroyo La Cruz, en el estado de Durango y del río Papaloateno, en Tetela de Ocampo, Puebla, hasta que se restituya el estado base de estos cuerpos de agua; así como desarrollar políticas públicas encaminadas a la implementación de tecnologías verdes, procesos y desarrollo de capacidades para la minería sustentable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio SELAP/UEL/311/1874/14, respecto del punto de acuerdo en el que se exhorta al secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a revisar y, en su caso, actualizar las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002, 003 que versan sobre las descargas en cuerpos de agua, así como las Normas Oficiales Mexicanas 120, 141, y 157, relativas a la actividad minera y el impacto ambiental, a fin de mitigar la afectación de cuerpos de agua, asimismo se les exhorta a transparentar en sus portales de internet los derechos de agua, concesiones y permisos otorgados a Grupo México, así como el estado que guarda el pago de sus derechos, como también la información relacionada con el monitoreo de la calidad del agua de los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, del arroyo La Cruz, en el estado de Durango, y del río Papaloateno, en Teteta de Ocampo, Puebla, hasta que se restituya el estado base de estos cuerpos de agua.

Al respecto y, en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, me permito adjuntar la respuesta por parte de esta institución.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2015.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-6018, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UDDH/911/1432/2015, suscrito por el maestro Agustín Herrera Fragoso, director general adjunto de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de esta secretaría, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a atender las medidas cautelares emitidas en el asunto de la ciudadana Nestora Salgado García, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de abril de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado subsecretario,

En atención a su oficio número SELAP/300/306/15, por medio del cual hace del conocimiento de esta subsecretaría, el acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, a atender las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de la ciudadana Nestora Salgado García.

Al respecto, me permito informarle que personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se ha mantenido en contacto permanente con los representantes de la beneficiaria y se han realizado dos reuniones de seguimiento de las medidas cautelares, con la presencia de autoridades federales y del estado de Guerrero.

Asimismo, con el fin de coordinar las acciones para el cumplimiento de la resolución de la CIDH, la citada unidad convocó a las distintas autoridades locales y federales involucradas, a una reunión de trabajo el pasado diez de febrero del presente año. En dicha reunión se acordó, entre otros puntos, continuar con las medidas de atención médica que recibe la beneficiaria en el Centro Federal Femenil Noroeste en Tepic, Nayarit, así como facilitar el acceso a especialistas externos, tanto del sistema de salud del estado de Nayarit, como del ámbito federal, en caso de ser necesario.

Finalmente, le comento que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se encuentra en espera de los resultados de diversos estudios médicos que se realizan a la beneficiaria de las medidas, toda vez que a partir de ésta información se evaluará la posibilidad de que la beneficiaria pueda ser trasladada, tal y como lo solicitan sus representantes. En este sentido, con fundamento en el artículo 13, fracción IV, 15 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información referente a la salud de la beneficiaria se encuentra reservada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2015.— Maestro Agustín Herrera Fragoso (rúbrica), director general adjunto de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.— Consejo Nacional para Cultura y las Artes.— Dirección General Jurídica.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En atención a su oficio número D.G.P.L.62-II-4-2219, por medio del cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 10 de marzo del presente año, y que señala:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a planear y coordinar las estrategias y acciones tendentes .a proteger, conservar y restaurar las obras murales de Roberto Montenegro, localizadas en el Foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, que integran el patrimonio cultural del país.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar las acciones tendentes a asegurar y garantizar la protección de las obras murales de Roberto Montenegro, localizadas en el Foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que a través de mi oficio número DGJ/0995/2015, de fecha 31 de marzo del presente año, se informó al licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión, Unidad de Coordinación Ejecutiva, Secretaría de Educación Pública, las acciones realizadas, tendentes a asegurar y garantizar la protección de las obras murales de Roberto Montenegro. Adjunto copia del mismo para mayor referencia.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de abril de 2015.— Licenciado Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general Jurídico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.— Consejo Nacional para Cultura y las Artes. Dirección General Jurídica.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

Me refiero a su oficio número UR 120UCE/CECU/0382/15, con número de referencia 0043-P, a través del cual envió copia del oficio número SELAP/UEL/311/ 488/15 mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputaos en la sesión celebrada el 10 de marzo del presente año; con la solicitud de darle los elementos necesarios para dar respuesta al mismo. El punto de acuerdo señala:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a planear y coordinar las estrategias y acciones tendentes a proteger, conservar y restaurar las obras murales de Roberto Montenegro, localizadas en el Foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, que integran el patrimonio cultural del país.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar las acciones tendentes a asegurar y garantizar la protección de las obras murales de Roberto Montenegro, localizadas en el Foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Sobre el particular, hago de su conocimiento la información que al respecto remitió la Dirección del Centro de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), a través de la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes.

“...Roberto Montenegro no es un artista declarado monumento artístico, por lo cual la delegación Cuauhtémoc como depositaria del recinto y responsables de su conservación pudo determinar libremente la contratación de empresas particulares para la realización del proyecto de restauración y su ejecución, y solicitó la opinión de viabilidad y autorizaciones pertinentes a las áreas competentes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). Asimismo, el INBA a través de la Dirección de Arquitectura y conservación del Patrimonio Artístico Mueble Inmueble (DACPAI) y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), se hizo presente en el sitio desde diciembre del 2014 con el fin de supervisar la realización de los trabajos, solicitar las pruebas necesarias y remitir las observaciones e indicaciones que se consideraron adecuadas según la técnica de manufactura de la obra artística y las condiciones del lugr en que se encuentra.

En enero de 2015 personal del Cencropam realizó la consulta del expediente en su archivo histórico de restauración, y también consultó el archivo del Centro Nacional de Investigación, Documentación de Artes Plásticas (Cenidiap) con el apoyo de la maestra Esperanza Balderas Sánchez, investigadora del INBA especialista en dicho autor; a partir de lo cual se obtuvieron fotografías tomadas en los años 1966 y 1979. Esa información fue complementada con la revisión de los resultados de estudios de laboratorio presentados por la empresa Alarife y Asociados, contratada por la delegación para la realización del proyecto ejecutivo; y otros presentados por Sackbé como empresa contratada por la delegación para la ejecución de las obras, a los que se sumaron los resultados obtenidos por el Cencropam mediante pruebas y observaciones hechas por los restauradores de mural y especialistas en química y biología.

Durante el proceso de restauración de los murales, llevado a cabo entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, el Cencropam comisionó de manera permanente en el sitio a personal especializado en restauración de murales; y se celebraron mesas ,.de trabajo cada semana con la participación de la DACPAI, Seduvi, la delegación Cuauhtémoc y representantes de las empresas particulares involucradas (A larife y Asociados y Sackbé), a partir de lo cual se discutieron ampliamente los criterios de intervención aplicables y se tomaron los acuerdos pertinentes respecto a la protección y conservación de los murales, tal como fue anotado en las minutas de cada reunión.

A partir de todo lo anterior, se puede concluir que los murales no presentaron agresión o daño alguno durante el proceso de restauración, lo cual ha sido plasmado en oportunidades anteriores mediante diferentes oficios enviados por el Cencropam a las siguientes instituciones: OF.D/SUB/ CENCROPAM/230/2015 dirigido a la Delegación Cuauhtémoc, OF.D/SUB/CENCROPAM/344/20 15 dirigido a la Procuraduría General de Justicia, OF.D/SUB/CENCROPAM/428/2015, dirigido al director de la empresa Alarife y Asociados, y

OF.D/SUB/CENCROPAM/44/2015, dirigido a Xavier Guzmán para dar respuesta a una solicitud de información ingresada a través del IFAI, donde se da cuenta de los resultados obtenidos con los procesos realizados.

Cabe aclarar que actualmente los trabajos de restauración y conservación en la obras murales autoría de Roberto Montelongo en el Foro Lindbergh, se encuentra en la fase final y que se están ejecutando de acuerdo a los criterios teóricos, metodológicos y técnicos indicados por el personal especializados del Cencropam, que sumados a las observaciones realizadas por la empresa Alarife y Asociados, han procurado la conservación de la obra original a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las condiciones ambientales a las que está expuesto actualmente dicho bien.”

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2015.— Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Mesa Directiva de la LXVII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Se hace referencia al oficio D.G.P.L 62II-2056, suscrito por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, dirigido al director en jefe del Registro Agrario Nacional, por medio del cual hace de su conocimiento el acuerdo tomado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión “ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director en jefe del Registro Agrario Nacional, a efecto de que difunda los resultados y avances a la fecha respecto al programa denominado Modernización del Catastro Rural Nacional, para la homologación y unificación de criterios y lineamientos técnicos con las delegaciones estatales, lo anterior para transparentar sus acciones y fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la certeza jurídica de la propiedad social y tenencia de la tierra en el país.”.

Al respecto me permito infórmale que en la página del Registro Agrario Nacional, en la liga http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ ptpsed/datosPrograma.do? ciclo=2014&r=15&ip=P&p=003&msd=3.044 06666666667, en el rubro que corresponde a transparencia, que concierne a los indicadores y programas presupuestarios, se puede consultar en la modalidad, P-Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, con identificación del programa 003, Modernización del Catastro Rural Nacional, los resultados y avances reportados a través de los indicadores de fin, propósito, componentes y actividad que conforman la matriz de marco lógico correspondiente al año fiscal 2014.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de abril de 2015.— Ingeniero David Rivera Olivar (rúbrica), director general de Catastro y Asistencia Técnica.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se remite a la Comisión de Reforma Agraria, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-2406 signado por el senador Javier Lozano Alarcón, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.-055 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los autos del juicio de amparo directo 282/2012, en el sentido de la consulta a la comunidad y pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, relativa a la modificación del decreto de veda de 1967.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de abril de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio SELAP/UEL311/180/15, respecto del punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Unión, en el que se exhorta al director general de esta comisión, a dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los autos de juicio de amparo directo 282/2012, en el sentido de la consulta a la comunidad y pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, relativa a la modificación del decreto de veda de 1967.

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, me permito adjuntar la respuesta por parte de esta institución.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2015.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase al promovente, para su conocimiento.

SOLICITUDES DE LICENCIA

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Estimado diputado presidente:

Por medio de la presente y en mi carácter de diputado federal propietario de la LXII Legislatura, perteneciente a la agrupación de diputadas y diputados afiliados al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional; que con base en lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 3, numeral 1, fracción XI, y el artículo 6, numeral 1, fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar, muy atentamente, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido, para separarme del cargo como diputado federal con efectos a partir de esta fecha y en consecuencia, sea llamado a tomar protesta a mi suplente ciudadano Héctor Ireneo Mares Cossío, para asumir el puesto en la misma agrupación política.

Por lo anterior, solicito se dé el curso legal que corresponda a mi petición para que surta efectos de manera inmediata.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 21 de abril de 2015.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Héctor Ireneo Mares Cossío, Christian Manuel Narváez Romero, Erwin Francisco Arreola Doroteo y Edith Avilés Cano, diputados federales electos.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley, a los siguientes diputados y diputadas. Mirna Esmeralda Hernández Morales, diputada; diputada Martha Gutiérrez Manrique, diputado Enrique Domínguez Maganda, diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina, diputada María del Rosario Pariente Gavito, diputado Alfonso Durazo Montaño, diputada Luisa María Alcalde Luján y el diputado Roberto Jiménez del Ángel.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadanos: Héctor Ireneo Mares Cossío, Christian Manuel Narváez Romero, Erwin Francisco Arreola Doroteo y Edith Avilés Cano, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Ciudadanos Edith Avilés Cano, Héctor Ireneo Mares Cossío, Christian Manuel Narváez Romero y Erwin Francisco Arreola Doroteo: Sí, protesto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades. Bienvenidos.

Si me permiten, el diputado Kamel Athie Flores ha invitado a este recinto a alumnas y alumnos del segundo y el sexto grados, y maestros de la escuela primaria Félix María de Samaniego. Los saludamos y les damos la bienvenida a nombre del diputado Kamel, aquí presente, y del nuestro. Gracias, por su visita.

De la misma manera, saludamos a invitados especiales líderes del municipio de Mazatlán, Sinaloa, invitados por el señor diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. Gracias por su visita, gracias por el interés y la atención prestada a los trabajos de este cuerpo colegiado. Continúe, ciudadano secretario.

MINUTAS

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Atentamente

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

..

..

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;  senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

DECLARA EL DIA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DIA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FISICA”

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 6 de abril de cada año como Día del Deporte, la Actividad y Salud Física.

Atentamente

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se declara el 6 de abril de cada año como Día del Deporte, la Actividad y Salud Física

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.

Artículo Segundo.La Secretaría de educación Pública, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá en los sistemas de educación primeria, secundaria, media superior, las bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines.

Artículo Tercero. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Gobernación para el dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI, y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Atentamente

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 29, fracción VI, y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Único. Se reforman los artículos 29, fracción VI, y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

I. a V. ...

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el Instituto ponga a su alcance, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior le será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;

VII. a IX....

...

...

Artículo 29 Ter. Los patrones podrán presentar solicitudes o promociones al Instituto, por escrito o a través de cualquier medio electrónico. El Reglamento de inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecerá los requisitos para efectuar las promociones por medios electrónicos.

En materia de promociones y notificaciones a través de medios electrónicos, serán aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en lo que no se opongan a la presente Ley.

Artículo 29 Quáter. El Instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto y podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de lo dispuesto por la Ley de Firma Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de aplicar el uso de firma electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo.

Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de medios electrónicos serán aplicables a las contribuciones administradas por el Instituto como organismo fiscal autónomo, mismo que actuará como autoridad certificadora y proporcionará los servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas en tal contexto.

El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras autoridades certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta ley, surtiendo los mismos efectos jurídicos.

El Consejo de Administración del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, o en su caso, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, aprobará la normatividad en materia de uso de medios electrónicos, mensajes de datos, firma electrónica avanzada, así como esquemas de almacenamiento electrónico, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 35. El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, será por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto.

...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente decreto, expedirá las reformas y adiciones y correspondientes relativas a las disposiciones materia de este decreto.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 389. ...

I. a III. ...

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley;

V. De reconocimiento y calificación de la discapacidad, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Salud, de igual manera, para dictamen. Continúe.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 68. ...

I. ...

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar, así como la prescripción del método anticonceptivo adecuado, con base en su historial clínico;

III. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Salud, de igual manera, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DE PRODUCTOS ORGANICOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de fertilizantes y abonos orgánicos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 16 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.

David Monreal Ávila, senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de fertilizantes y abonos orgánicos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La agricultura es la actividad en la cual el hombre, en un ambiente dado, maneja los recursos naturales, la calidad y cantidad de energía disponible y los medios de información, para producir y reproducir los vegetales que satisfacen sus necesidades. Para México esta actividad aportó en el año 2013, 2.6% del producto interno bruto, y en el año 2014, 679,896 millones de pesos corrientes, lo que representó el 4% del producto interno bruto nominal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo en el año 2011, México tuvo un total de 22,136,742 de hectáreas sembradas, según el mismo Instituto. Mientras que en los últimos 20 años, hasta el 2012, en el país la superficie cultivada ha sido aproximadamente de 20 millones de hectáreas.

A pesar de la falta de apoyo al campo, que por décadas lo ha mantenido en el olvido, estos datos demuestran que la superficie cultivable en el país es extensa y de suma importancia.

Ahora bien, el modelo de agricultura convencional adoptado a nivel internacional desde la década de los cincuentas, se fundamenta en un sistema de producción de alta eficiencia, dependiente de un alto uso de insumos sintéticos, donde el manejo monocultivista se justifica como herramienta fundamental para lograr la mayor eficiencia del proceso productivo. Sin embargo este sistema de producción ha mostrado serios problemas de sostenibilidad en veinte o treinta años de uso intensivo en zonas algodoneras en Centro América, bananeras al sur de Costa Rica, como ejemplos, y de haber ocasionado no sólo la destrucción de los recursos naturales y del paisaje, sino también la desaparición de pequeños productores en algunas regiones.

En medio de la crisis ambiental que vive el mundo, de la destrucción de ecosistemas debido al crecimiento de la economía mundial, la erosión y falta de productividad de la tierra por el abuso de fertilizantes químicos, es necesario repensar el modelo de agricultura mundial, y pensar en impulsar mecanismos alternativos de cultivo, a fin de proteger la tierra, cuidar el medio ambiente, y garantizar un mejor futuro a las generaciones venideras.

En este sentido, el Codex Alimentarius, o código alimentario, organismo internacional de referencia para consumidores, productores y elaboradores de alimentos, (quien ha elaborado estándares, códigos de prácticas y otras recomendaciones relativas a los alimentos con reconocimiento internacional), define a la agricultura orgánica como un sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, tomando en cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones locales.

Dicho organismo ha señalado que un sistema de producción orgánico debe entre otras cosas: mejorar la diversidad biológico del sistema; aumentar la actividad biológica del suelo; mantener la fertilidad del suelo a largo plazo y reciclar desechos de origen animal o vegetal para devolver los nutrientes al sistema, minimizando el uso de fuentes no renovables; promover el uso saludable del agua, el suelo, y el aire, así como minimizar todas las formas de contaminación que pueden resultar de la producción agrícola.

El uso de productos orgánicos como abono, por ejemplo, se ha usado desde tiempos remotos y la influencia que estos han tenido sobre la fertilidad de los suelos se ha demostrado. Sin embargo, durante la denominada revolución verde en México a principios de la década de los cuarenta, comenzó la proliferación de la práctica general sobre la fertilización al suelo a través de aplicar fertilizantes químicos de nitrógeno y fósforo, marginando a los abonos químicos, a pesar de que fue la base de la agricultura por siglos.

Este cambio en la actualidad, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), está propiciando que el suelo sufra de un agotamiento acelerado de materia orgánica y de un desbalance nutrimental, y que al transcurrir el tiempo pierda su fertilidad y capacidad productiva. Todo esto ha conducido al surgimiento de problemas medio ambientales y al deterioro de los recursos naturales.

Asimismo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha señalado que la agricultura orgánica, o el uso de fertilizantes y abonos orgánicos, están abocados y comprometidos a la conservación y al aumento de la biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas. De esta manera, se puede asegurar que debido a los efectos positivos que los abonos y fertilizantes orgánicos causan sobre el suelo, estos deberían ser imprescindibles en el uso y manejo de este recurso para mejorar y mantener su componente orgánico, sus características de una entidad viviente, su fertilidad física, química y biológica y en consecuencia su productividad.

El 7 de febrero de 2006, se publicó en el  Diario Oficial de la Federación, la Ley de Productos Orgánicos, la cual de acuerdo a su artículo 1º tiene entre otros objetivos el de “promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos orgánicamente;”. Con la publicación de esta Ley, se reconoce la importancia de la producción y uso de productos orgánicos y los beneficios que estos generan.

La regulación que busca establecer este ordenamiento, implica un gran avance para el cuidado de la biodiversidad y el suelo, y en consecuencia la generación de productos de mayor calidad, lo que representa un beneficio para la alimentación de las familias mexicanas. Sin embargo, dentro de las atribuciones que esta Ley establece en su artículo 6 para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no se encuentran las de buscar que los pequeños y grandes productores agrícolas utilicen fertilizantes y abonos orgánicos con el objeto de mitigar el impacto ambiental en el suelo de los productos químicos, y con ello impulsar la agricultura sustentable en beneficio del medio ambiente.

En este sentido, es necesario detenerse y reflexionar acerca de la importancia de comenzar a impulsar el uso de abonos y fertilizantes orgánicos, tanto para la investigación y desarrollo de mejores productos que tengan un menor impacto sobre el medio ambiente, como acercar a los productores agrícolas información sobre el uso e implementación de dicho productos, así como sus virtudes y consecuencias sobre las tierras de cultivo y la producción.

Los efectos sobre el uso el suelo por el uso de abonos y fertilizantes orgánicos, además de los ya descritos, se encuentran:

• Aumento en la porosidad

• Aumento de la capacidad del suelo para retener agua

• Incremento en la velocidad de infiltración de la misma agua en el suelo

• Estabilidad de agregados

• Conductividad hidráulica

Los estudios respecto de las ventajas del uso de fertilizantes y abonos orgánicos, no dejan lugar a dudas que estos deben ser considerados como la opción más viable y más encaminada a la sustentabilidad y sostenibilidad del suelo, ya que se ha demostrado que con su uso hay un aumento en la producción y se obtienen productos agrícolas de mayor calidad nutritiva.

En algunas entidades se han llevado a cabo esfuerzos para dar impulso a uso de fertilizantes y abonos orgánicos, por mencionar algunos ejemplos, en Michoacán en el año 2012 se entregaron alrededor de mil litros de biofertilizantes, beneficiando a poco más de 400 productores agrícolas; en este mismo año en Puebla, el gobierno del estado hizo entrega de más de 43 toneladas de fertilizantes orgánicos a productores de aguacate; en 2013 el gobierno del Morelos dio apoyo a productores de Huecahuaxco, Jumiltepec y Ocuituco, haciendo entrega de 2 mil 770 bultos de fertilizante orgánico;  mientras que en el 2014 el municipio de Parácuaro y la Sagarpa hicieron entrega de fertilizantes orgánicos a cerca de 100 productores.

Debido a ello, resulta indispensable que la Secretaría de Agricultura tenga como una de sus atribuciones fomentar entre los pequeños y grandes agricultores del uso de fertilizantes y abonos orgánicos. El objeto de esta modificación no es pretender expandir el cultivo de productos con características orgánicas, sino que en la producción de cualquier producto agrícola se utilicen fertilizantes y abonos que ocasionen un menor impacto ambiental, esto a través de la disminución de daños al suelo, al agua y al aire, quienes reciben las sustancias dañinas que contienen los fertilizantes y abonos tradicionales.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que la agricultura sostenible es aquella que debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica, y como una medida para llegar a la agricultura sostenible, recomienda mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, y además señala que se necesitan políticas e instituciones que ofrezcan incentivos para la adopción de prácticas sostenibles, para imponer regulaciones y costes para aquellas acciones que agoten o degraden los recursos naturales, y para facilitar el acceso a los conocimientos y recursos necesarios.

Es decir, los Estados deben emplear políticas públicas encaminadas no solamente a satisfacer la demanda de alimentos de la población, sino que en el proceso de producción se aseguren la rentabilidad y cuidado ambiental, pensando no solamente en la satisfacción de las necesidades presentes, sino en los costos que esto puede ocasionar para las generaciones futuras, considerando los riesgos que puedan causar y el significado sobre la seguridad alimentaria. En este sentido promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos es una forma de encaminar al campo mexicano a ser sostenible y sustentable, así como cumplir con los objetivos que organismos internacionales han establecido como una obligación para los Estados.

Ahora bien, para que las políticas de promoción de uso de fertilizantes y abonos orgánicos tenga una mayor eficacia, es necesario acompañarlos de incentivos y estímulos fiscales para que los fabricantes de estos productos, así como los pequeños y grandes productores agrícolas se vean incentivados a generarlos y utilizarlos respectivamente, para lo cual es necesario brindar algún tipo de ventaja que estimule estas actividades. En este sentido, se propone una modificación al artículo 2o.-A de la Ley del impuesto al Valor Agregado, el cual señala que se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores, cuando se realicen los actos o actividades, dentro de las cuales se encuentran los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

Sin embargo, y de acuerdo a lo señalado en la Ley de Productos Orgánicos los productos orgánicos de fertilizantes y abonos materia de esta iniciativa, son una gama diferente de productos, por lo cual resulta indispensable señalar con toda precisión que estos pueden estar exentos de aranceles, y en consecuencia sean tazados con 0% de IVA. En este sentido, se propone una modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de establecer que dicho beneficio deberá ser aplicado para los fertilizantes y abonos tradicionales, así como para aquellos con características orgánicas. El objeto de esta reforma, por un lado es incentivar la fabricación de estos productos, y por otro lado promover su uso entre pequeños y grandes agricultores, esto a través de disminuir sus costos, y reduciendo con ello el impacto al medio ambiente por el uso de dichas sustancias.

El problema del daño al medio ambiente debe ser una prioridad para el Estado mexicano, preservar los recursos naturales y disminuir el impacto generado sobre ellos a consecuencia de solventar las necesidades de las personas, como lo es la alimentación, es una obligación que debe recibir respuestas urgentes y eficaces. Con estas modificaciones propuestas se estaría dando un paso más hacia la sustentabilidad del campo.

La crisis ambiental requiere de acciones urgentes encaminadas a reducir los efectos de dicho fenómeno, es necesario que dichas acciones sean en los diferentes ámbitos, desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, hasta la disminución de sustancias que tienen un fuerte impacto en los ecosistemas, con el objeto de protegerlos y preservarlos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, lo siguiente:

Primero: Se modifica la fracción I del artículo 1; se modifican las fracciones XII y XIII, y se adiciona una fracción XIV al artículo 6 todos de la Ley de Productos Orgánicos, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:

• Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación, uso y certificación de productos producidos orgánicamente;

Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría:

I a XI...

XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las exportaciones e importaciones de las mercancías ;

XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos , y

XIV. Celebrar convenios con las entidades federativas y municipios para promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos dentro de las actividades agrícolas y ganaderas, así como difundir información de los beneficios del uso de estos productos.

Texto vigente

Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:

I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, condicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos orgánicamente;

Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría.

I a XI...

XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las exportaciones e importaciones de las mercancías, y

XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos.

Texto propuesto 

Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:

I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, condicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación, uso y certificación de productos producidos orgánicamente;

Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría.

I a XI...

XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las exportaciones e importaciones de las mercancías;

XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos, y

XIV.- Celebrar convenios con las entidades federativas y municipios para promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos dentro de las actividades agrícolas y ganaderas, así como difundir información de los beneficios del uso de estos productos.

Segundo. Se modifica la fracción f) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a e)...

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas , así como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas y abonos, orgánicos, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

Texto vigente

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a e) ...

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

Texto propuesto

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a e) ...

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, así como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas y abonos, orgánicos,siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

Notas:

1 Hernández, Xolocotzi, Efraín, “La agricultura tradicional en México”, revista Comercio Exterior, Vol. 38, núm. 8, México, 1998, p. 673.

2. García, Gutiérrez, Cipriano, et. al. “Problemática y riesgo ambiental por el uso de plaguicidas en Sinaloa”, Revista de Sociedad, Cultura, y Desarrollo Sustentable Ra Ximhai, Vol. 8, número 3, México, 2012.

3 “Agricultura orgánica: una herramienta para el desarrollo rural sostenible y reducción de la pobreza”, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Costa Rica 2003, disponible en internet:

http://www.fao.org/ docs/eims/upload/230027/30476_es_RUTAtaller.pdf

4 Ídem.

5 López, Martínez, José Dimas, et. al., “Abonos orgánicos y su efecto en propiedades físicas y químicas del suelo y rendimiento en maíz”, revista Terra, Vol. 4, Núm. 4, 2001, disponible en internet: http://www.chapingo.mx/terra/contenido/19/4/art293-299.pdf

6 “6 Abonos orgánicos”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, disponible en internet en: http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/Abonos%20organ icos.pdf

7 Ídem.

8 Véase “La Agenda de Desarrollo Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, disponible en internet: http://www.fao.org/ post-2015-mdg/14-themes/sustainable-agriculture/es/

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de abril de 2015.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Continúe, ciudadana secretaria.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN

EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.(*)

(*) El dictamen mencionado se encuentra en el Anexo I y II de esta sesión.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de lo que dispone el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Honorable asamblea, en virtud de que el jueves 16 de abril en curso, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en materia de justicia para adolescentes, se cumple con la Declaratoria de Publicidad, de conformidad con lo que establece el invocado artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES Y DECRETOS

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de nuestro país en materia de justicia para adolescentes.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

1. El 14 de octubre del 2014, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 18 y 73 fracción XXI, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes, presentadas por: el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; los Senadores Angélica de la Peña Gómez del Partido de la Revolución Democrática; Arely Gómez González e Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2.El 23 de julio del 2014, el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, una iniciativa que propone reformas a los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y que si bien no se dictamina en este momento, por tratarse de una Minuta del Senado, si ha sido tomada en cuenta, por su relación con el tema.

II.  MATERIA DE LA MINUTA.

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, se señalan las siguientes consideraciones:

“Estas Comisiones Unidas valoraron con especial interés el planteamiento contenido en la iniciativa del Sen. Gracia Guzmán, en el sentido de prever medidas de tratamiento específico para los adolescentes que incurran en la comisión de un ilícito penal y sean dependientes del consumo de algún enervante o psicotrópico.  ... Consideramos que en los textos de los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 Constitucional, los cuales contienen las normas fundamentales para el establecimiento de un sistema integral de justicia para adolescentes acorde a la doctrina de los derechos humanos y la dignidad de las personas como fuente y razón del orden jurídico nacional, se atiende a cabalidad el sustento de la gama de medidas de tratamiento que puede establecer el legislador, donde cabe la posibilidad de las medidas sin internamiento para adolescentes con alguna adicción, a quienes se les ha comprobado la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. En efecto, con el señalamiento vigente de que en la impartición de justicia para adolescentes en conflicto con la legislación penal habrá, entre otras, medidas de tratamiento, sin restringir o especificar algunas, y que las mismas se establecerán con base en el principio del interés superior del adolescente, en razón de su condición específica de persona con características propias de los procesos de formación del ser humano, puede el legislador ordinario establecer ese tipo de medidas para quienes –como se dijo- se les ha comprobado la comisión o participación en un delito. ...

También mereció un análisis profundo, a la luz de sus alcances integrales, la iniciativa presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez en el sentido de establecer un Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. No pasa inadvertido a los miembros de estas Comisiones Unidas el planteamiento de establecer las tareas del Estado Mexicano en materia de procuración e impartición de justicia para adolescentes y de ejecución de las medidas de tratamiento correspondientes, sobre la base de un servicio nacional a partir de la normatividad que expida el Congreso General y, sobre todo, la concepción de una función nacional. En otras palabras, que la aspiración de unidad legislativa para la homologación de las premisas de acceso a la justicia con pleno respeto a los derechos humanos del presunto infractor y de las víctimas, de normas procesales para la presentación de la causa y el enjuiciamiento, de catálogo de medidas de orientación, asistencia y tratamiento y de criterios para la aplicación del internamiento y sus mínimos y máximos, podría transformarse en la disminución de esferas de atribución y de responsabilidades que, acorde a nuestro sistema federal, hoy tienen las entidades federativas. ...

Estas Comisiones Unidas sostienen que el sistema de justicia para adolescentes debe mantener su sentido de integralidad, no sobre la base de hacerlo “nacional”, sino de ceñirlo a los principios del respeto a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a su condición especial de personas en formación; del estricto apego al principio de la separación de poderes y de ejercicio de funciones distintas de aquéllos, para que los frenos y los contrapesos constituyan una garantía orgánica de respeto a los derechos humanos de los adolescentes; y de sujeción a procedimientos de formación de causa, enjuiciamiento y determinación de las medidas de orientación, protección y tratamientos aplicables, en términos homólogos que, a su vez, reconozcan la pluralidad de las competencias legislativas en nuestro país para el establecimiento de conductas típicas penales. ...

Estimamos que hoy está, no sólo presente sino, plenamente enraizado en nuestro sistema jurídico, el principio de aplicar siempre la norma más favorable a la persona sujeta a cualquier procedimiento que implique una responsabilidad frente al orden jurídico penal, por lo que no sería dable traer a la esfera constitucional ... que sólo se le aplicará la norma (al adolescente) cuando no le afecte, en vez de reconocimiento general del principio del mayor beneficio previsto ya por el orden jurídico. ...

Así, el régimen particular de justicia para adolescentes está vinculado a su condición particular de menores de edad, de personas en un proceso de formación, de personas que requieren medidas de tratamiento acordes a su situación y a su plena reintegración familiar y social. ...

Hoy nuestro país se encuentra a menos de 20 meses de la entrada en vigor en toda la República del sistema penal acusatorio y oral para las personas mayores de edad ... y no se cuenta con el mismo grado de avance normativo y de implementación para que tratándose de adolescentes infractores, también como plazo máximo ideal al 18 de junio de 2016, se conozcan y resuelvan los asuntos en que encuentren señalados como posibles responsables, a través del proceso acusatorio y oral. ...

Procedimos a analizar el contenido de la iniciativa planteada por el Dip. Gutiérrez de la Garza, arribando a la consideración de que es procedente reflejar en el texto del artículo 18 Constitucional elementos de sistemática técnica-jurídica propios de la concepción garantista del proceso acusatorio en la investigación y enjuiciamiento de las conductas consideradas como delitos en las leyes, y que se atribuyan a los adolescentes. ... Es decir, que en el caso de una conducta atribuida a un adolescente, ... que estrictamente pueda iniciarse la investigación si a dicha persona se le atribuye la realización de un hecho o la participación en hechos que la legislación penal considere como delito. Esta previsión, desde luego, en nada limita el disfrute y ejercicio del conjunto de derechos humanos del adolescente con relación a una situación en la cual se aduzca un eventual conflicto con la ley penal. ...

Se consideró que en el movimiento actual de las políticas públicas para la atención de dichas personas, se alienta la aplicación de los principios de reinserción social y de normalización social. Al primero se le entiende como una determinación por apreciar a quien se ha señalado como responsable de un ilícito penal, como una persona en lo individual, ante quien se precisa apreciar sus carencias y limitaciones para que la acción del poder público se concentre en la aportación de los servicios que requiere para superar unas y otras; más que resocializar al responsable de un ilícito penal, generar la atención social que permita la superación de las carencias que podrían impedirle una adecuada reinserción en la sociedad.

En cuanto al principio de normalización social, se entiende como el aliento a que la vida durante la privación de la libertad se asemeje en lo máximo posible a la vida con acceso a la sociedad a través de diferentes instancias y patrones de comportamiento dentro del centro de internamiento. ...

En tal virtud, se ha estimado procedente plantear que las medidas de internamiento para los menores de edad en conflicto con la ley penal tengan como fin “la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente”. ...

Del  análisis de la iniciativa del Dip. Gutiérrez de la Garza, se desprende su preocupación por evitar la dispersión de criterios en las legislaciones federal y de las entidades federativas sobre qué ilícitos penales cometidos por personas mayores de 14 años cumplidos y menores de 18 años de edad, pueden llevar a su internamiento, pues la disposición constitucional nos refiere que se trata de una “medida extrema y por el tiempo más breve que proceda”. Esta preocupación estimamos queda atendida y resuelta con el propósito de dotar al H. Congreso de la Unión de la facultad para expedir la legislación nacional en materia de justicia penal para adolescentes que se aplicaría en toda la República, tanto en el fuero federal como en el orden común. ...

Estas comisiones dictaminadoras desean precisar que en el concepto de “asistencia social” al que podrán ser sujetos (los menores de doce años que hayan cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito), implica la gama de acciones necesarias en el ámbito de las responsabilidades del poder público para la debida atención de las personas menores de doce años de edad a quienes se le hubiere atribuido la comisión o participación en un hecho señalado por la ley como delito. ...

Adicionalmente, con relación al párrafo sexto del artículo 18 Constitucional, se propone introducir el señalamiento específico de que “el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral”, así como desvincular a la connotación de que determinado ilícito penal es grave, la premisa de que la medida de internamiento para los adolescentes mayores de catorce años de edad será una medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. ...”

IV. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, concuerda con los argumentos vertidos dentro del análisis de la Minuta de la Colegisladora, por lo que se considera necesario robustecer ese criterio, a fin de puntualizar lo trascendente de esta reforma constitucional.

En primer término, se considera conveniente citar los Tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, relativos a menores, a fin de especificar las normas que nos obligan como Estado parte a respetar sus derechos y constituyen ley vigente.

a) Convención sobre los Derechos de la Niñez.

Esta convención fue firmada por México el 26 de enero de 1990, ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990.

El artículo 37 dispone:

“Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención,  el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda;

c) Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de la libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo  niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.”

El artículo 40 establece:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, de los Estados Partes garantizarán, en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y o sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

b) Siempre que sea apropiado y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.”

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”

Este tratado fue firmado por México el 22 de noviembre de 1969, ratificado por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

De este Convenio es aplicable el artículo 5. Derecho a la Integridad Personal:

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”

c) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de Menores “Reglas de Beijing”:

Fueron adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, mediante la Resolución 40/33, de esas reglas destacan las siguientes:

“... 7. Derechos de los menores

7.1. En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior. ...

13. Prisión Preventiva

13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible.

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa.

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos.

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia –social, educacional, profesional, psicológica, médica y física- que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.”

d) Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

Fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990, respecto a nuestro tema son importantes las siguientes reglas:

“... 38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros competentes, mediante programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que cuando sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La administración de los establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de los menores de origen extranjero o con necesidades culturales o étnicas particulares. Los menores analfabetos o que presenten problemas cognitivos o de aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial. ...

42. Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo. ...

79. Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. A tal fin se deberán establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y cursos especiales. ...”

A continuación, hacemos referencia a las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por fecha de aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las que se da cumplimiento a lo establecido en los Convenios Internacionales y a la vez, se fija el Marco Jurídico Interno.

a) Reformas al artículo 18 Constitucional para establecer un Sistema Integral de justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 2005.

 “ Artículo 18. ...

...

...

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de  instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.  Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

...

... “

b) Reforma que instruye implementar el Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, publicada el 18 de junio del 2008,  en el Diario Oficial de la Federación. De estas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que tienen relevancia para el tema a dictaminar son los artículos 19 y 20, específicamente el apartado A., los cuales a la letra dicen:

“Artículo 19.Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

...

...

...

...

...

...”

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes, sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. ...”

c) Reforma que eleva los Derechos Humanos a Rango Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, siendo la más importante la contenida en el artículo 1º, al tenor siguiente:

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Del anterior marco jurídico, tanto internacional como nacional, claramente se advierte la intención de que el menor de edad en conflicto con la ley penal tenga un proceso en que se respeten todos los derechos que la Ley Suprema otorga a todo adulto que ha cometido un delito, por tanto desde el momento de su detención hasta el momento que, en su caso, el menor cumpla con la sentencia impuesta, deberán ser respetados esos derechos.

Esto es así, en virtud de que con anterioridad a la reforma de 2005 al artículo 18 Constitucional, el proceso que se seguía a los menores de edad en manera alguna cumplía con esos requerimientos.

Es partir de esa trascendente reforma que a las autoridades relacionadas con la procuración e impartición de justicia, así como las relacionadas con el cumplimiento de sentencias, se les exige una especialización para tratar con los mayores de 12 años y menores de 18 años a quienes se atribuya la participación en un conducta prevista como delito en la Ley Penal.

Toda vez que por ser menores de edad no cometen delitos, pero si la conducta que realizan se encuentra prevista como delito, serán sujetos a un procedimiento, en que se deben cumplir todas las reglas establecidas, es decir: derecho a defensa, derecho a ofrecer pruebas, derecho de audiencia, por citar algunos.

La reforma de 2008 en que se establece el proceso oral y acusatorio, hace necesaria la adecuación de los términos establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se habla de “realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales”; por consiguiente, el citado artículo 18 debe armonizarse con el 19 y 20 de la Ley Suprema, para hablar de “ a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito”.

Con la reforma de 2011, que eleva a rango Constitucional los derechos humanos (todos aquellos que son inherentes a la persona), también se precisa adecuar el multimencionado artículo 18, para hablar de “derechos humanos” en lugar de “derechos fundamentales”.

Es decir, las modificaciones que se proponen a los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizan para armonizar dicho precepto a las reformas antes enunciadas así como a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, a los cuales también se ha hecho referencia en este dictamen.

Para reafirmar la conveniencia de esta reforma, es necesario citar diversos criterios sostenidos por la Justicia Federal, en relación a los procesos seguidos a los adolescentes:

El sistema de justicia para adolescentes se encuentra regido por el principio de legalidad, que en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no esté establecida en la ley. Ahora bien, de acuerdo con su diseño constitucional el referido artículo 18 permite que para la integración del sistema normativo que de él derive pueda acudirse a otras disposiciones legales. En ese tenor, la remisión que realicen las leyes de justicia para menores a los tipos legales previstos en los Códigos Penales correspondientes a la entidad federativa de que se trate, opera en cumplimiento de la disposición constitucional que rige el sistema relativo, en la medida en que, conforme a tal precepto, sólo podrá sujetarse a los adolescentes a proceso cuando las conductas realizadas sean tipificadas como delitos en los Códigos Penales, lo que se traduce en que sea la propia Ley Fundamental la que avale la remisión aludida y en que resulte innecesario que se legislen delitos especiales para menores. No resultaría adecuado considerar que el principio de tipicidad llega al extremo de impedir que, en determinado ordenamiento, se comprendan tipos penales aplicables a dos legislaciones distintas, máxime si éstas están encaminadas a definir el contenido de aquellas conductas que, a juicio del legislador, vulneran los mismos bienes jurídicos, de manera que del artículo 18 constitucional no se advierte la obligación de crear tipos penales aplicables únicamente a los menores de edad.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 75/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.

Tratándose de la justicia de menores y en función de los derechos genéricos y específicos que se les reconocen en la reforma y adición al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la garantía de debido proceso, si bien aplica en términos generales como sucede en los procedimientos penales seguidos contra adultos, posee algunas modalidades que es preciso atender por el legislador al regular los procedimientos correspondientes, así como por quienes operen en el sistema. Así, la indicada garantía adquiere alcance y contenido propios, de modo que deben establecerse derechos y condiciones procesales específicos para los adolescentes, contenidos en una regulación adjetiva dedicada a regular los procedimientos seguidos contra ellos frente a la realización de conductas delictuosas, que puede preverse en las leyes de justicia para adolescentes o en los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas, aunque sin llegar al extremo de proscribir de manera absoluta que, en esos cuerpos normativos, se acuda a la supletoriedad, siempre y cuando ésta se circunscriba a regular los aspectos adjetivos que no necesariamente deben ser modalizados. Esto es, para satisfacer la exigencia constitucional, el legislador deberá emitir las normas instrumentales propias de este sistema integral, atendiendo a los requisitos exigidos por la indicada norma constitucional, cuyo propósito es que el proceso sea distinto del de los adultos, en razón de las condiciones concretas propias de los menores de edad, esto es, tomando en cuenta su calidad de personas en desarrollo, destacando como uno de los elementos más importantes, el reconocimiento del derecho a la defensa gratuita y adecuada desde el momento en que son detenidos y hasta que finaliza la medida. Por ello, resulta de gran importancia poner énfasis en que la necesidad de instrumentar un debido proceso legal, en lo relativo a la justicia de menores, es uno de los principales avances que se significan en la reforma constitucional, lo que se debe fundamentalmente a que, en gran medida, los vicios del sistema tutelar anterior se originaban en la carencia de la referida garantía constitucional, debida en parte a la concepción de los menores como sujetos necesitados de una protección tutelar, en virtud de la cual se les excluía del marco jurídico de protección de los derechos de todos los adultos sujetos a un proceso penal.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 76/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.

El indicado principio tiene tres perspectivas: 1) Proporcionalidad en la punibilidad de las conductas, referida a la que el legislador señala para los delitos previstos en la norma general aplicable a los menores, la cual podrá verse satisfecha una vez que se señalen penas distintas para cada conducta tipificada como delito. 2) Proporcionalidad en la determinación de la medida, la cual considera tanto las condiciones internas del sujeto, como las externas de la conducta que despliega, esto es, deberá atender tanto al bien jurídico que quiso proteger como a su consecuencia, sin que implique el sacrificio desproporcionado de los derechos de quienes los vulneran; de manera que el juzgador puede determinar cuál será la pena aplicable, que oscila entre las que el legislador estableció como mínimas y máximas para una conducta determinada. 3) Proporcionalidad en la ejecución, que implica el principio de la necesidad de la medida, lo que se configura no sólo desde que es impuesta, sino a lo largo de su ejecución, de manera que la normatividad que se expida debe permitir la eventual adecuación de la medida impuesta para que continúe siendo proporcional a las nuevas circunstancias del menor.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 77/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.

Aun cuando ese ordenamiento no establece expresamente a qué autoridad corresponde determinar el momento en que debe aplicarse la medida de menor gravedad por la que puede ser sustituida la definitiva impuesta, de una interpretación sistemática del citado ordenamiento se colige que si bien corresponde a la autoridad judicial establecerla, dado el conocimiento directo que tiene del adolescente durante el procedimiento, a la autoridad ejecutora corresponde aplicarla y, en su caso, determinar el momento apropiado para hacerla efectiva, pues con base en los resultados que durante la etapa de ejecución arroje el adolescente respecto del plan individualizado de ejecución, elaborado por las autoridades del centro de internamiento y autorizado por la Dirección de Ejecución de Medidas, tiene también facultad de decidir en un momento dado si resulta o no contraproducente, para la total reinserción de aquél, que siga cumpliendo con la medida principal y, por ende, la conveniencia de que ésta sea sustituida por la de menor gravedad; sobre todo porque la medida de mayor gravedad es aplicada por la autoridad ejecutora en el momento en que considera que el adolescente ha incumplido con la medida principal, de forma tal que es de considerarse que el sustitutivo de menor gravedad debe ser también aplicado por ella, pues tiene como finalidad reintegrar al adolescente a su ámbito social y familiar, así como el desarrollo de su persona y capacidades, sin necesidad de que cumpla la medida definitiva.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 143/2011. 23 de junio de 2011. Mayoría de votos. Disidente: José Mario Machorro Castillo. Ponente: Margarito Medina Villafaña. Secretaria: María del Rocío Moctezuma Camarillo.

Del contenido de estas resoluciones, se desprende la obligación de las autoridades de procuración e impartición de justicia, así como las de cumplimiento de sanciones, de respetar todos los derechos de los adolescentes sujetos a un procedimiento, esos derechos comprenden los humanos, de respeto a la dignidad de las personas, y los relativos al procedimiento, como son el debido proceso, la proporcionalidad en las sanciones y por tratarse de adolescentes, su reintegración a la sociedad y la familia, fomentando el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

En cuanto a facultades concurrentes de la Federación y las entidades Federativas, conviene citar el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

En consecuencia, con la finalidad de establecer lineamientos de aplicación en materia federal y para las entidades federativas, para fijar un marco jurídico único para los procedimientos penales que se siguen a los adolescentes, es por lo que procede modificar el inciso c) de la fracción XII del artículo 73, a fin de que el Congreso de la Unión tenga posibilidades de emitir una legislación procesal penal única en la materia, para el establecimiento, creación y manejo de los sistemas integrales de justicia para los adolescentes por la Federación y por las entidades federativas, sin que esto implique invasión de la soberanía de las entidades.

Respecto a la abrogación de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, si bien es cierto que en los hechos quedó superada con la reforma al artículo 18 constitucional el año 2005,  y que su abrogación se declaró al expedirse la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, cuyo inicio de vigencia se determinó mediante la reforma a esta Ley que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2014, sin embargo, como lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resulta necesaria y correcta la abrogación formal en este Decreto de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común, en virtud de su inaplicabilidad por las autoridades en el territorio nacional, lo anterior de conformidad al nuevo sistema garantista para adolescentes. La resolución en comento, a la letra dice:

Conforme al diseño del sistema integral de justicia para adolescentes, establecido por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por reforma a dicho numeral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, es factible sostener, con ánimo de hacer vigente y eficaz el nuevo derecho constitucional de justiciapara adolescentes en el Estado de México, que en todo lo relativo al procedimiento respectivo, incluyendo la valoración de pruebas, entre otros temas, es aplicable la Ley de Justicia para Adolescentes de la misma entidad, en tanto recoge, instrumenta y desarrolla los principios, los derechos y las garantías modalizadas o específicas emanadas de la reforma constitucional relativa y de lo establecido al respecto por los tratados internacionales, y no así la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, pues aunque la reforma constitucional aludida no establece la abrogación o la derogación expresa de la normativa de dicha legislación en materia federal, su aplicación no puede sostenerse e ignorar dicha reforma constitucional; lo anterior es así, porque a la luz del actual derecho constitucional de los menores, resulta inadmisible aplicar al caso particular la citada ley en materia federal, dado que establece y regula el pasado sistema tutelar, que precisamente fue abandonado con la reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes de que se trata; admitir lo contrario, sería tanto como aplicar una ley que, aunque siga vigente, ha sido superada y, por ende, se contravendría constitucionalmente en perjuicio del infractor el nuevo sistema garantista para adolescentes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.AMPARO DIRECTO 295/2009. 8 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Luis Silva Banda. Secretario: Juan Miguel Ortiz Marmolejo.

Esta dictaminadora coincide con la colegisladora en precisar que  el objetivo del sistema de justicia para adolescentes es lograr que el funcionamiento y la operación del mismo sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país, acordes a los principios establecidos por la Ley Fundamental.

El funcionamiento del sistema integral de justicia para adolescentes tiene como objetivo la efectividad tanto de las autoridades federales como de las locales en el ámbito de su actuación cotidiana, por lo que es necesario contemplar, además de la etapa de implementación, las correspondientes a su funcionamiento y desarrollo, que necesariamente entrañan cuestiones relativas a la formación y capacitación de servidores públicos y a la infraestructura física y material.

Por lo anterior resulta imperante que la legislación nacional de justicia para adolescentes contemple los mecanismos necesarios para la celebración de acuerdos de coordinación y convenios de colaboración entre autoridades federales y locales, tendientes a lograr el funcionamiento y la operación efectiva del sistema. En ese sentido, en esos acuerdos y convenios podrán establecerse los compromisos de actuación para los asuntos en los que exista atención de los órdenes locales a los casos federales en su investigación, enjuiciamiento o ejecución de medidas de orientación, protección y tratamiento, incluidas las de internamiento, por la comisión de delitos previstos en leyes federales. Es por ello que al considerarse los presupuestos de egresos, tanto locales como federal, será necesario contemplar que las partidas para la implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema; en el caso particular del presupuesto federal y con la previa opinión de la entidades federativas, cabe prever las partidas presupuestales y eventuales transferencias de recursos a las autoridades locales del sistema de justicia para adolescentes en los casos donde éstas atiendan funciones administrativas y jurisdiccionales de carácter federal, incluyendo las relativas a la implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema.

Por lo anteriormente expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

ÚNICO.-Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y se reforma el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18....

...

...

La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce laConstitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

...

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.

...

...

...

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) ...

...

b) ...

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias , de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

...

...

XXII. a XXX. ...

TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia para adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación nacional que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto.

Tercero.-Los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras.

Cuarto.-El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los recursos necesarios para la debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de dos mil quince.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Luis Fernando Domínguez Martín del Campo (rúbrica), Danner González Rodríguez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), secretarios; Ricardo Villarreal García (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Lourdes Medina Valdés, Silvia Ortiz Ortega (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica)Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Délvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón, Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (rúbrica), Brisa Esmeralda Céspedes Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por esa virtud y para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, hasta por 10 minutos. Adelante, señor diputado.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: El posicionamiento del dictamen que hoy se presenta deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es muy importante resaltar el reconocimiento por la coordinación, diálogo y trabajo conjunto que se llevó a cabo con los grupos parlamentarios que participaron activamente en la elaboración y aprobación del dictamen en discusión. Pero también es oportuno reconocer a las organizaciones sociales que con su empeño han trabajo para encumbrar el interés superior del menor, han ayudado a la materialización de esta reforma, la cual dentro de sus principales características destacan las siguientes.

Para establecer un sistema integral de justicia para los adolescentes, armonizar los párrafos mencionados de modo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves.

Se sustituyen los términos conductas tipificadas como delito y conductas antisociales, por hecho que la ley señala como delito. En lugar de derechos fundamentales, se dice derechos humanos. En lugar de decir para toda persona, se dice para todo individuo.

De igual forma es importante hacer notar que los individuos menores de 12 años que realicen hechos que se consideren delitos, serán sujetos a una asistencia social en instituciones especializadas y competentes, lo cual permita que a una edad temprana el poder tener una reinserción social sin que se desarrolle aún más su potencial delictivo.

El sistema de justicia a partir de 2005 se caracterizó por su concordancia con los principios y las disposiciones de la Convención Sobre los Derechos del Niño, pero en este año 2015, con este proyecto pretendemos ir más allá y garantizar de forma contundente el respeto a los derechos de los adolescentes en dicha situación, estableciendo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves pues con ello apelamos a las virtudes que este sistema pretende demostrar.

El sistema oral es más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso. Los operadores deberán estar capacitados para el desempeño de sus funciones. La investigación de los delitos se realiza utilizando métodos científicos. Se rige por el principio de presunción de inocencia por el cual una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Se prioriza la reparación del daño a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los jueces estarán presentes durante el desarrollo de todas las audiencias. Todas las audiencias son públicas y orales, transparentando la impartición de justicia.

Esta modificación constitucional refuerza aquél cambio de paradigma efectuado en el 2005, que fortaleció a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y que permitió abandonar de manera definitiva el viejo modelo tutelar basado en la doctrina de la situación irregular, para dar paso a un sistema más justo y proporcional, sustentando en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En el marco de un Estado democrático de derecho, con esta reforma los estados de la república quedarán obligados a adecuar su legislación para dar cuenta de los principios de juicio oral, así como a implementar un nuevo sistema de justicia especializado en el ámbito de sus respectivas competencias.

Pero no sólo se trata de instaurar un proceso con las debidas garantías, sino de desarrollar un sistema especializado, comprensivo y sensible de las situación, capaz de otorgarle a nuestros adolescentes oportunidades reales de asumir sus responsabilidades y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus virtudes y potencialidades útiles para el desarrollo de esta sociedad nuestra.

Se reforma –de igual manera, compañeros legisladores– el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la ley suprema, para señalar que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de justicia para adolescentes, como se hizo con el Código Único de Procedimientos Penales. Es decir, hay una ley general y cada entidad adecuará su legislación.

El segundo párrafo del segundo transitorio, se dice que “la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal, en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la ley nacional”.

Pero esa ley ya fue abrogada al expedirse la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año 2012.

Diputadas y diputados, esta es una reforma que consolida el sistema de justicia penal oral acusatorio. No obstante, podemos afirmar que la tarea nacional es la prevención del delito y brindar oportunidad a este trascendental grupo de la población.

Dejamos en manos, en la reflexión de este honorable Congreso de la Unión de esta Cámara de Diputados este proyecto de dictamen de minuta a su consideración, esperando contar con su aprobación del mismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Está presente en este recinto y los saludamos fraternalmente, lo hacemos con respeto, don Julio Martínez Ramírez, es un profesional de la comunicación social, y ha sido invitado por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sea bienvenido, gracias por su visita.

Para fijar la postura de agrupación Morena, con relación al dictamen que se discute tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío. Adelante, señor diputado, hasta por diez minutos, pero puede ser por el tiempo que usted lo vea pertinente. Adelante.

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es ineludible que la falta de un eje rector de regulación normativa del sistema de justicia penal para los adolescentes infractores, excluye la procuración y respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución. La función que tiene la asistencia social sobre el menor infractor asiste a la reinserción, la reintegración familiar y la reintegración social del adolescente; sin embargo, es necesario la determinación, creación y, en su caso, la ampliación de medidas preventivas y no sólo paliativas para este fenómeno social.

Es imperioso valorar que en todo momento se vele por el respeto de los derechos humanos universales, que se legitimen en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, justificando el acceso a las garantías básicas procesales de los menores juzgados, a quienes se les brindará durante la custodia en la que se encuentren una justa asistencia social, educacional, profesional, médica y psicológica.

Si bien es una iniciativa que tiene como principal objetivo garantizar que los juicios penales a los que se enfrente una persona de entre 12 y 18 años se apeguen al respeto de sus derechos humanos, así como procurar su reinserción social y familiar. Se deja de lado el estudio y análisis de las verdaderas causas de este problema.

Las políticas neoliberales excluyentes, impulsadas por este gobierno, alejado cada vez más de la sociedad, arrastran con los adolescentes a quienes se ven desprotegidos, forzado a encontrar por otros medios la satisfacción de sus necesidades, como: la alimentación y la salud.

Esta falta de inclusión es a todas luces contrario al más elemental respeto de los derechos humanos y en particular de la niñez y la adolescencia. Nuestro país ha ratificado varios tratados internacionales en esta materia, incluso el mismo dictamen lo refiere; pero pareciera como si fuera letra muerta, que puede ser echada al olvido con facilidad por parte de los gobiernos que prefieren atender grandes capitales que grandes potenciales.

No es, para todos, desconocido que los adolescentes en este país se enfrentan a la falta de oportunidades para obtener un empleo o acceso a la educación, lo que limita las posibilidades de un sano crecimiento. Ello ha generado, en no pocos casos, que los grupos de delincuencia organizada aprovechen la precaria situación de los adolescentes para incorporarlos a sus filas, engrosando el número de jóvenes delincuentes.

Así, el sistema que se discute quedaría completo si también se procurara una atención a este fenómeno, sin embargo sería mucho pedir a un gobierno que no se ha preocupado por este sector de la población, basta con ver las limitaciones que se les imponen con recortes presupuestales a la educación o apoyo a emprendedores.

No basta con garantizar juicios justos, no basta como edificar la ley para asegurar que sus derechos estén blindados, apremia que exista un interés real por parte del Estado de prevenir que los adolescentes incurran en delitos, generando más problemas de los que supuestamente intentan solucionar. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Mares Cossío. Saludamos a un grupo de jóvenes, un nutrido grupo de jóvenes de la escuela preparatoria oficial anexa a la Normal de Tejupilco, invitados e invitadas por la diputada María Guadalupe Jaramillo Villa, aquí presente, que nos acompaña Mesa Directiva. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias también por su consideración y por su visita a la Cámara de Diputados.

Diputadas Sonia Rincón Chanona, tiene usted el uso de la palabra para fijar la postura a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por diez minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo hoy dispone las precisiones necesarias en nuestro texto constitucional, a fin de crear una base jurídica para establecer un Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

El nuevo Sistema de Justicia Penal de carácter acusatorio y oral, requiere de un marco jurídico específico para los adolescentes, si esperamos una aplicación eficaz de la norma. En este sentido, la reforma que hoy estaremos aprobando es un avance significativo para proteger los derechos humanos de los adolescentes que hayan cometido o participado en un hecho delictivo.

En primer término, se establece claramente en el precepto constitucional que los menores de 12 años a quienes se atribuya participación o comisión de algún delito, únicamente podrán ser sujetos de asistencia social. La reforma pretende alentar la aplicación de los principios de reinserción y de normalización social, la finalidad es que el poder público pueda aportar elementos para superar las limitaciones y carencias de quien haya sido responsable de la participación o comisión de un hecho delictivo, y que mientras se encuentra privado de la libertad su vida se asemeje a una con acceso a la sociedad.

En congruencia con las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, se establece que las medidas de internamiento para los menores de edad en conflicto con la Ley Penal, sean proporcionales al hecho cometido y tengan como fin la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente.

La reforma especifica la necesidad de crear un cuerpo normativo único en materia de justicia penal para adolescentes. Por lo que se faculta al Congreso de la Unión para tal efecto.

Si bien en Nueva Alianza coincidimos con los argumentos planteados en el dictamen y votaremos a favor del mismo, consideramos que es importante señalar que estas disposiciones atienden las consecuencias y no las causas de la delincuencia entre los adolescentes.

Por esta razón, mi grupo parlamentario quiere ser enfático al subrayar que no debemos ver a los adolescentes como un problema social, sino como actores estratégicos del cambio social en la construcción de una mejor sociedad.

La falta de oportunidades de desarrollo suscitada por la carencia de espacios en la educación media superior y superior, así como la incertidumbre de contar con un trabajo estable, son elementos que contribuyen a que la delincuencia encuentre un caldo de cultivo en nuestros adolescentes.

En Nueva Alianza sabemos que es en la educación y en la creación de oportunidades de desarrollo donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que los adolescentes no sean presa fácil de quienes pretenden arrebatarles el futuro.

Somos enfáticos con las reformas que se plantean. Las consideramos indispensables para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.

Seremos parte activa en la creación de la legislación correspondiente, para que en todo el proceso penal se respeten los derechos humanos de los adolescentes. Sin embargo, en Nueva Alianza buscamos ir más allá y ser partícipes en la construcción de una sociedad más justa con los adolescentes, que hoy vislumbran un panorama sombrío para su desarrollo.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Rincón Chanona. Señor diputado Ricardo Cantú Garza, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman los artículos 18 y 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propósito central es establecer con claridad los derechos de los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18, cuando enfrenten un proceso por haber cometido alguna infracción a la Ley Penal.

Los párrafos cuarto y sexto, de ese artículo 18, ya establecen la base constitucional para que los adolescentes en las edades antes citadas pudieran ser enjuiciados. Sin embargo, el mérito del presente dictamen es establecer a favor de ellos todos los derechos humanos que el Estado mexicano ha suscrito en la materia, considerando que la edad que tienen no los hace comprender cabalmente la ilicitud de las conductas que realizan.

También, considerando la aplicación, en todo el país, de los juicios orales a partir del 2016, en el párrafo sexto de ese artículo 18, se establece que todos los procedimientos en los que los adolescentes sean enjuiciados, tendrán que desarrollarse bajo este nuevo sistema.

En el artículo 73, fracción XXI de la reforma, el inciso c) para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes, cuya aplicación en toda la República en el ámbito federal y local.

Compañeras y compañeros legisladores, si bien es cierto, en el aspecto formal coincidimos con el propósito del dictamen, no podemos pasar por alto las condiciones adversas que enfrentan millones de jóvenes en el país, que de alguna forma los orillan a cometer conductas ilícitas.

La pobreza, la falta de acceso a la educación formal, de espacios deportivos, de cercanía, incluso, con sus padres y el bombardeo constante y sistemático de violencia televisiva los hace reproducir conductas que tal vez no sean las adecuadas.

Es más, los hacen adquirir hábitos de consumo que son nocivos para su salud. Fuman porque eso ven en la televisión. Consumen bebidas alcohólicas porque eso es lo que ven. Y reproducen esquemas de violencia intrafamiliar porque eso es también lo que ven.

También debemos tener claro que las conductas de nuestros jóvenes son expresión de un modelo político, económico que ha pauperizado a la sociedad, porque todos los integrantes de la familia tienen que buscar allegar recursos a sus casas.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de que se amplíen los espacios educativos, culturales y deportivos que impidan que nuestros jóvenes cometan actividades ilícitas.

También que cuenten con elementos reales para acceder a empleos debidamente remunerados que permitan contribuir a la manutención de ellos y sus familias.

También debemos pugnar para que en la hipótesis de que los jóvenes sean sancionados con restricción de su libertad en los espacios donde van a estar, la educación y el trabajo sean el mecanismo que logre su reinserción en la sociedad y que esos espacios dejen de ser, como lo son ahora, escuelas de la delincuencia.

Por las consideraciones anteriores votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Ricardo Cantú. Señor diputado, gracias a usted.

Me doy oportunidad para saludar a niños, a niñas de la escuela primaria Redwood School. Igual a los maestros que les acompañan, gracias, gracias por su visita. Bienvenidos, bienvenidas.

Diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Tiene usted el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Orihuela, estamos en la fijación de postura de los grupos parlamentarios, no es posible interrumpir por ahora a quien está fijando la postura. Le ruego a usted, me dé oportunidad de que continúe el desarrollo de esta parte de esta fase del proceso legislativo de una reforma constitucional. Adelante, diputado Danner González.

El diputado Danner González Rodríguez:Gracias, presidente; con su permiso honorable asamblea. Aportar alternativas y estrategias para la protección y garantías de los derechos de los niños y adolescentes es una obligación ineludible del Estado mexicano, máxime cuando la calidad de vida de los jóvenes se ha ido deteriorando en nuestro país por el estancamiento económico, la precarización del empleo, la marginación de las aulas educativas y por el desencanto con las autoridades y las instituciones públicas.

La justicia para adolescentes es una necesidad que el Estado mexicano tiene que resolver a la brevedad, pues tiene que cumplir con los compromisos derivados de la ratificación en 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre la opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consistente en el respeto a los derechos fundamentales de este sector poblacional.

Estas reformas constitucionales son modificaciones legales de gran trascendencia, debido a sus profundas implicaciones y a los importantes retos que plantea para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes que se aleja de manera definitiva del antiguo modelo tutelar derivado de la doctrina conocida como de la situación irregular para dar paso a un sistema más justo sustentado en la protección integral de los derechos de la infancia.

No obstante, el fenómeno de los adolescentes acusados o declarados responsables de la comisión de una conducta que la ley tipifica como delito, debe ser analizado teniendo presente los problemas sociales a los que se enfrentan.

Este dictamen es también un claro reflejo de lo que se ha dejado de hacer, hoy los adolescentes en nuestro país enfrentan una crisis de expectativas y la falta de políticas públicas que resuelvan sus problemáticas, los han colocado en una situación de riesgo y vulnerabilidad, la exclusión, la pobreza, la desigualdad debilitan los lazos familiares y los valores morales, pero propician además que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas y caigan en el consumo de drogas.

El estudio Adolescentes en Conflicto con la Ley, señala que el año pasado en nuestro país aproximadamente cinco mil menores entre 14 y 18 años estaban presos por haber cometido delitos graves. De este número 32 por ciento consumía droga diariamente, el 44 por ciento alcohol y 28 por ciento dijo no tener futuro.

Vamos a votar en Movimiento Ciudadano a favor del presente dictamen, pero hay un tema de fondo que no podemos dejar a un lado. La dignificación de la juventud mexicana pasa por la recomposición del tejido social por más espacios públicos para su desarrollo y esparcimiento, por aulas educativas que permitan formar jóvenes que destaquen en educación, ciencia y tecnología y por una mayor participación política en la toma de decisiones de la vida pública.

Por ejemplo, la reforma educativa está parada –dice hoy un instituto del Instituto Mexicano para la Competitividad– porque se destinaron siete mil 349 millones para obras en 20 mil escuelas, de las cuales se han entregado apenas 375 mil pesos y solamente 671 planteles han iniciado obras. En el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países, nos dice también la UTLA y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado.

Éste es el debate de fondo. Un modelo de nación fallido, producto de gobiernos irresponsables de partidos tradicionales que por razones obvias se rehúsan a discutir hoy aquí.

¿Pero saben qué es más grave para los jóvenes y para los adolescentes? El clima de terror que vive todo el territorio nacional. Nuestros pueblos están sumidos en la descomposición, en el horror. No quieren tratar estos temas porque dicen que es agenda personal. ¿Entonces qué temas sí podemos tratar aquí?

Justicia para adolescentes, sí. ¿Y qué justicia para los hijos de los masacrados en Tlatlaya, en Apatzingán? ¿Qué les vamos a decir a ellos, a los hijos de las víctimas, a los padres de Ayotzinapa? ¿Qué justicia si están dispuestos a discutir? Es el horror, presidente. El horror. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde. En su lugar le otorgamos el uso de la palabra al diputado Felipe Arturo Camarena, del propio grupo parlamentario del Partido Verde. Adelante, señor diputado, hasta por diez minutos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. Dentro de la triste historia de El Hijo de la Parroquia, Oliver Twist, en personaje enemigo de Oliveiro lo describe así: el niño reveló hermosas disposiciones para todo cuanto fuera hipocresía, ingratitud y perversidad, que cerró su carrera en su país natal intentando asesinar de la manera más cobarde.

Charles Dickens escribió esta novela en 1836 y 1839, llamando la atención a la sociedad inglesa sobre la forma en que los criminales utilizaban o enseñaban a los niños a cometer delitos amparados en la pobreza, y alertando –sobre todo– los males que podía provocar la descomposición de lo que hoy llamamos tejido social.

No dejo de pensar en que cada adolescente que se encuentra en algún proceso penal en nuestro país, exista una gran responsabilidad de la sociedad al haber formado, al haber construido el piso y los cerrojos que lo llevan a fallar el pacto social.

La norma que hoy aprobaremos casi concluye un proceso que se inició el 12 de diciembre del año 2005 cuando fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación al artículo 18 de nuestra Carta Magna, para iniciar la construcción de un sistema integral de justicia para adolescentes menores de 18 años en materia penal.

El sistema de Val debería responder a diversos principios, asistencia social para los menores de 12 años, la sujeción a cuidado, orientación, protección y supervisión para los de edades entre los 12 y los 14, y advertía que solamente se sometería a medidas restrictivas a las adolescentes entre los 14 y los 18 años cuyas conductas se consideraban como graves.

Dichas reformas provocaron la acción de inconstitucionalidad en el expediente 37 2006, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.

La acción de inconstitucionalidad buscaba declarar la invalidez de la Ley de Justicia para Menores del estado, pues atendía a otros principios, entre ellos que la ley preveía sujetos a los mayores de 16 años, mientras que los menores eran puestos a disposición del consejo tutelar.

Esta acción a favor de los derechos humanos detonó una modificación en la construcción del Sistema Especializado en Justicia Penal para Adolescentes.

Entre las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la acción contra la ley de Estado en el estado de San Luis Potosí.

Se observó los nueve principios a favor de los adolescentes que son del interés superior del mismo, el que respete a los derechos fundamentales de toda persona sujeta a proceso penal, el de la reintegración social y familiar del adolescente, el de la intervención mínima del derecho penal, el de la especialización, el de la igualdad y la no discriminación. Y, desde luego, el de la presunción de la inocencia.

Desde entonces la construcción de este sistema está en marcha a la luz de las normas internacionales que protegen a los adolescentes y tras las expectativas vividas.

En menos de nueve meses un nuevo sistema penal estará en marcha en nuestro para fortalecerlo. El decreto que hoy votamos permite que los procesos en materia de justicia penal sean bajo el marco de un sistema acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, cuyos fines serán la reinserción en la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

Las cifras son contundentes de acuerdo con el censo nacional del gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario del 2014 a través de los resultados que nos da el INEGI. Durante 2013 ingresaron 10 mil 963 adolescentes y egresaron 10 mil 407 internados, quedaron 4 mil 691 y en tratamiento externo 6 mil 358.

En cada uno de estos adolescentes se encuentra a la sombra de este Oliveiro, que por culpa de la exclusión social, pobreza y desinterés de la sociedad, delinquió y se encontró con la escuela de delincuencia que hoy son muchas cárceles de nuestro país.

Ahí, cada uno de estos adolescentes está la derrota de la sociedad, de nuestras normas y de nuestras instituciones al que no sabemos revertir dicho proceso. La reforma constitucional que hoy votaremos a favor, amén de promover la necesaria armonización de todos los estados de la República Mexicana, a través de que fortalece la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año 2006, también garantiza los derechos humanos de estos adolescentes que deben ser incorporados o reincorporados a nuestra sociedad.

Al describir el pilluelo Gavroche de su novela Los Miserables, Víctor Hugo escribió: corre espía, pierde el tiempo, frecuenta las tabernas, es amigo de los ladrones. Al votar a favor de dicho dictamen que reforma los artículos 18 y 73 de nuestra Carta Magna, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce que el sistema justicia penal para adolescentes necesita fortalecerse sobre la base del respeto a los derechos humanos de ellos, pero sobre todo, apuesta a que la delincuencia no sea el cerrojo ni la vea trunca para su futuro y que éste sea cada día mejor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias señor diputado Felipe Arturo Camarena. Les damos la bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México, de su plantel en Izcalli. Han sido invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos. Gracias por su visita.

Lo mismo, el señor diputado Salvador Romero Valencia ha invitado y nos acompañan en este recinto estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Venustiano Carranza. Gracias también por su visita. Bienvenidos y bienvenidas.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el señor diputado José Ángel Ávila Pérez. Hasta por 10 minutos, señor diputado Ávila. Tiene usted la palabra señor diputado Ávila Pérez.

El diputado José Ángel Ávila Pérez:Le agradezco mucho, señor presidente. Con su venia. Diputadas y diputados, estamos justamente hoy tratando, discutiendo y seguramente procederemos a aprobar un dictamen sobre la minuta del Senado, relativo a la reforma al artículo 18 constitucional y al 73 de la misma Carta Magna.

La importancia que reviste el tema implícito en el dictamen de que se trata parece no ser correspondido adecuadamente por la importancia que el Estado mexicano en su conjunto le ha restado al tema de la justicia para adolescentes. De ahí que hoy nos complace que por fin se dé un paso fundamental en la construcción del sistema de justicia para adolescentes.

Y digo lo anterior porque ustedes juzgarán. En el 2005 se reformó el 18 constitucional para definir establecer los principios generales de un sistema de justicia para adolescentes tan necesario en nuestro país, pero fue hasta 2012 cuando el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Fueron siete años en los que se sujetó todo el proceso, tratamiento a los jóvenes que por desgracia habían incurrido en faltas a la ley, a una ley que no responde a los principios ya consagrados en la Constitución y desde luego asegurados por los convenios y los pactos internacionales de los que México ha sido parte.

No obstante ello y toda vez que la importancia del tema radica en que aun cuando éstos casi 40 mil jóvenes que hoy en nuestro país están sujetos a medidas por haber incurrido en alguna falta a la ley, no constituyen la realidad de nuestro país, porque afortunadamente tenemos la brillantez y la luminosidad de los jóvenes que diario a diario estudian y buscan la oportunidad de ser mejores y de contribuir a la grandeza de nuestra patria.

Pero aun cuando contamos con esas luces, como los jóvenes estudiantes que hoy aquí nos han visitado; como los que ganan concursos en el extranjero; como los que se dedican a hacer deporte y ponen en alto el nombre de México, no obstante eso tenemos una deuda con estos jóvenes que por una o por otra causa han incurrido en violación a la ley.

Pero no solamente la deuda de darles mejores condiciones para que no se repita. No solamente la deuda de todos nosotros para con ellos de darles oportunidades de estudio, de trabajo, de bienestar, sino también la deuda que tiene el Estado mexicano porque no contamos con un sistema de justicia que permita darles a estos jóvenes que incurrieron en las faltas que la ley castiga, darles pleno respeto a sus derechos, pleno respeto al debido proceso penal; responder a los principios de especialidad, de progresividad que todo sistema de justicia para los jóvenes, para los adolescentes requiere.

En efecto, con esta reforma que hoy se pone a consideración del pleno se logrará incluir entre los principios que regulan este sistema, los principios derivados de las reformas constitucionales recientes, porque por su inclusión en este artículo 18, hoy uno de los principios deberá ser el pleno respeto a los derechos humanos de los jóvenes adolescentes, de que el proceso será acusatorio y oral y de que habrá una legislación única para toda la República en la materia.

No obstante ello, quiero desde esta tribuna llamar la atención al gobierno federal, específicamente al Ejecutivo federal sobre la necesidad de disponer cuanto antes de la creación de un órgano adecuado, un órgano especializado, un órgano que constitucionalmente responda a la integración del sistema de justicia para adolescentes.

La política pública que acompañará necesariamente a una reforma constitucional como la que hoy aquí discutimos impone contar con un órgano adecuado, como digo, un órgano especializado que no podrá ser ninguno de los que hoy se dedican a la implementación del sistema de justicia penal, por obedecer al principio de especialización y, por lo tanto, urge la construcción de este órgano y la consecuente integración del sistema.

Es imprescindible que desde hoy en el gobierno federal se dediquen a la construcción de una iniciativa para esta ley nacional que derivará de la reforma constitucional, una vez que el Constituyente Permanente la acuerde. Y también es imprescindible que desde hoy se prevean los recursos presupuestales necesarios para dotar a este sistema de los mínimos indispensables para su funcionamiento.

Complace a mi grupo parlamentario el contenido del dictamen. Vamos a votar a favor del mismo, pero no podemos dejar de señalar que esta, afortunadamente, minoría de jóvenes que han incurrido en faltas a la ley, deben ser cuanto antes incorporados a la gran mayoría de jóvenes que tienen oportunidades y que van en búsqueda de superación día con día.

Por último, me parece importante agradecer y reconocer el trabajo dado al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales para abordar este tema, tema que tenían guardado ya varios meses en los cajones pero que hoy, por fin, resuelve de manera definitiva el contenido constitucional en la materia y da pie para que pronto se cuente con una Ley de Justicia para adolescentes. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado José Ángel Ávila Pérez. Fijará la postura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el señor diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, en un lapso similar hasta por diez minutos, señor diputado.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar:Con la anuencia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Buenas tardes, compañeras y compañeros. “Educar a los niños hoy y no será necesario castigar mañana a los hombres”, eso decía Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo. Hoy en pleno siglo XXI esta frase sigue teniendo vigencia.

Desgraciadamente en nuestro país existen muchos menores infractores que deben ser juzgados, debido a que el Estado mexicano ha fallado en educarles. El proyecto que hoy discutimos aborda el tema de estos menores, tanto niños como adolescentes.

Cabe resaltar, que esta minuta conjuga documentos, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, lo que refleja la genuina preocupación que tiene este honorable Congreso de la Unión sobre este sensible tema.

Los Estados Unidos Mexicanos han firmado diversos instrumentos internacionales, con el fin de garantizar los derechos de los menores, como son la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, o bien, conocidas como las Reglas de Beijing. En concordancia con dichos instrumentos, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 18, diversas garantías específicas para tratamiento de los menores de edad infractores.

La citada reforma constitucional, que se encuentra en vigor desde diciembre del año 2005 y que instituye el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, fue un gran logro. Hoy contamos con principios y reglas jurídicas de un nuevo modelo de justicia penal para los jóvenes en conflicto con la ley.

Dicha modificación constitucional representó el reconocimiento definitivo del adolescente como sujeto con derechos especiales. La eliminación del juzgamiento discrecional sin garantías de un grupo de personas. El replanteamiento de la relación del Estado con la infancia infractora y el punto de partida de la transformación del sistema penal, consagrado definitivamente en el año 2008.

A consecuencia de esta reforma, los estados de la República y el Distrito Federal se vieron obligados a crear leyes e instituciones especializadas que pudieran llevar a cabo el nuevo sistema de forma local. Sin duda fue un reto que se afrontó con el mayor de los compromisos.

Sin embargo, a siete años de la puesta en marcha de los órganos especializados, es importante reconocer que queda muchísimo por hacer. Admitir lo contrario sería asumir una postura conformista que nuestros adolescentes no merecen.

Las dificultades y retos que plantea la adecuada instrumentación de este nuevo sistema no son menores. No solo se trata de establecer un proceso con las debidas garantías sino de desarrollar de manera comprensiva un sistema especializado, capaz de brindar a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y constructiva para la sociedad.

Es preciso reconocer que la justicia para los adolescentes no ha corrido con la mejor suerte en los últimos años. Dado su escaso tratamiento legislativo y escaso abordaje institucional. Ello nos obliga a crear normas firmas y duraderas que en verdad atiendan a nuestra juventud, sobre todo, la que está en esta situación desafortunada y compleja.

Cuando un menor comete un delito, el deber del Estado es ubicarlo frente a un sistema penal de responsabilidad juvenil en el que goce de todos los derechos y que la respuesta sancionadora sea inminentemente educativa al agresor y reparadora a favor de la víctima, pues el propósito es llevar a cabo un proceso restaurativo donde el castigo no sea la solución sino el acceso a un juicio justo con respeto a sus derechos humanos.

El día de hoy será recordado como el día en que transformamos integralmente la impartición de justicia a los menores infractores. Éste es un día en el que estamos estableciendo un nuevo paradigma en la historia legislativa de nuestro país.

Entre los beneficios que traerá la reforma en discusión se encuentra el de brindar mayor certeza y seguridad jurídica para los menores. La unificación y sistematización de criterios entre las 32 entidades federativas y una mayor coordinación entre los operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal.

Con esta reforma estamos pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio para los adolescentes, incluyéndolos así en el conjunto de reformas que benefician a los implicados en un proceso penal. La aplicación de este nuevo sistema nos permitirá reducir significativamente el número de injusticias, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

Con esta reforma se respetan cabalmente los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Una mayor certidumbre jurídica para todos los adolescentes involucrados en un proceso penal nos servirá como una herramienta para combatir la corrupción y la impunidad, se evitarán las inconsistencias y los vacíos legales entre las legislaciones locales y las federales, y se adecuará el sistema de justicia penal de acuerdo con las tendencias del derecho internacional moderno.

Está plenamente demostrado en la práctica mundial, que los modelos garantistas del sistema de justicia para jóvenes en conflicto con la ley producen resultados positivos para reducir la delincuencia juvenil, así como para evitar su reincidencia. Las y los jóvenes son personas en desarrollo, con derechos y responsabilidades y como tales tienen una dignidad que no disminuye cuando delinquen, por ello más que privarles de su libertad y hacerles objetos de abusos debemos analizar cuál es nuestra corresponsabilidad para con esto comenzar a reorientar su vida.

No omito mencionar mi reconocimiento a la labor de mis compañeros legisladores de ambas Cámaras y a los distintos grupos parlamentarios para la concreción de este noble proyecto.

Finalmente quiero hacer mención, que el sistema que hoy se implementa a todo el país es resultado de una constante lucha del Partido Acción Nacional. Fue el presidente Felipe Calderón quien realizó una intensa labor para concretar la implementación de este sistema. El 18 de junio de 2008 se establecieron reformas en materia de derechos humanos y de un nuevo proceso penal, y se estableció en junio de 2016 como fecha límite para la implementación de juicios orales en todo el país.

En el Partido Acción Nacional nos congratula enormemente la implementación de este nuevo sistema, parteaguas en la vida de nuestro país. En el PAN seguiremos impulsando reformas encaminadas al respeto de los derechos de los niños, los derechos humanos, la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Finalmente solicito que la presente intervención conste íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cárdenas Guízar. Como lo ha solicitado se incorpora de manera íntegra al Diario de los Debates su participación y si ha dejado a la Secretaría algún documento con relación a la misma.

Le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 10 minutos, diputada Bárcenas.

La diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputada.

La diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves: Compañeras y compañeros legisladores. La comisión de hechos delictivos por parte de los adolescentes en nuestro país constituye una realidad de la cual no podemos abstraernos. Su existencia debe ser motivo de un profundo esfuerzo dirigido a proteger a uno de los sectores de la población más expuestos al flagelo de la delincuencia.

Al día de hoy y de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, hasta enero de este año más de cinco mil adolescentes estaban sujetos al cumplimiento de medidas de internamiento por la comisión de conductas tipificadas como delito. Del total de ellos, el 22 por ciento asesinó a una o más personas; el 15 por ciento intervino en algún plagio y el 17 por ciento usó alguna arma prohibida. De este número, ocho de cada 10 tienen edades entre los 16 y 18 años. Muy lamentable.

De igual manera, la PGR dio a conocer que de los casi seis mil adolescentes detenidos durante la administración anterior, cerca de cinco mil estuvieron involucrados en delitos contra la salud.

El ámbito criminal es tan solo una cara del problema a que nos enfrentamos. Desde el ámbito sociológico las conclusiones a las que nos enfrentamos tampoco son alentadoras. Una encuesta que dio a conocerse hace dos años por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos indica que en ocho entidades del país el 26 por ciento de los estudiantes de secundaria entrevistados manifestaron que los personajes a quienes sus amigos o la gente de su edad les gustaría parecerse son los narcos o los sicarios.

La existencia de este problema no es casual. El propio Presidente Enrique Peña Nieto reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo que hay 6 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela.

Esto nos lleva a concluir que no podemos pedir a nuestros muchachos respeto a la ley y vocación por el trabajo si hemos fallado en brindarles un entorno en el cual puedan explotar sus habilidades, mejorar sus condiciones de vida y llevar sus sueños a la realidad.

La indignación que causa entre la población la comisión de conductas antisociales, nos pudo haber llevado a la implementación de medidas excepcionales en perjuicio de nuestros jóvenes.

La adopción de una política de esta naturaleza seguramente habría recibida una acogida favorable entre algunos sectores de la opinión pública. Sin embargo nuestra vocación y la del gobierno de la república, fue la de no incurrir en la tentación del aplauso fácil en detrimento de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Por ello nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, optó por el sentido de obrar con justicia. Lo anterior es así, ya que la presente reforma busca el equilibrio entre la reinserción social, el apoyo a las víctimas y el combate al fenómeno delictivo.

La historia nos avala en este sentido. Nuestro instituto político aprobó con su voto la reforma constitucional del año 2005, a través de la cual se obliga tanto a la Federación como al Estado, a contar con un sistema de justicia especializado para los adolescentes acusados de haber cometido un delito.

Tal enmienda fue reconocida por UNICEF como una garantía en el marco de un Estado democrático de derecho que salvaguarda tanto los derechos de los adolescentes como el interés de la sociedad.

Nuestro partido también apoyó en 2012 la expedición de la actual Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, la cual constituye un verdadero catálogo de normas tendientes al respeto de las garantías procesales de los jóvenes acusados de la comisión de un ilícito.

No podemos ir en contra de nuestro sentir, por eso es que hoy votaremos a favor del presente dictamen. E invitamos a todos nuestros compañeros legisladores que lo hagan en el mismo sentido. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Fabiola Barcenas Nieves.

Para hablar en pro del dictamen le otorgo el uso de la palabra al diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, y hemos dicho, en pro del dictamen, señor diputado. Le va a ir muy bien, señor diputado Domínguez Martín del Campo.

El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo:Gracias, presidente. Si queremos ejercer una real influencia benéfica entre los adolescentes y los jóvenes, es indispensable participar en sus alegrías. Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo: Pocos ordenamientos fundamentales poseen un catálogo de derechos humanos tan amplio como el nuestro, prerrogativas tales como el derecho a la salud, la vivienda y la educación, entre otros muchos, han sido incluidos acertadamente en nuestra ley fundamental, pues el cumplimiento de ellos debe ser una meta constante para el Estado mexicano.

Si la extensión de derechos es tan amplia en nuestra Carta Magna, entonces lo que vale la pena preguntarse es qué tanto hemos hecho para lograr que éstos puedan ser ejercidos a cabalidad por la población.

Sobre esta cuestión debemos aceptar, que en el ámbito de derechos procesales nos encontramos en una etapa de transición, deriva de la entrada en vigor de la reforma procesal del 2008, la cual está aún pendiente de permear en los foros en la academia y en la práctica.

La existencia de un nuevo paradigma de justicia no es casual, sino que su inclusión en el texto constitucional obedece a distorsiones del antiguo modelo inquisitorio. En este sentido, y si actualmente coexisten dos modelos de justicia, uno desprestigiado y otro en inicios, tenemos que el reto al que enfrentamos es mucho más de fondo, pues lo que está en juego no es la implementación de nuevas reglas procesales, sino hacer de la justicia un bien que, intangible, puede estar al alcance de todos.

En efecto, si el siglo XX mexicano significó el reconocimiento de numerosos derechos a favor de la población, entonces la presente centuria debe significarse por hacer que estas prerrogativas sean ahora sí una realidad. Es justo en ese sentido hacia dónde va dirigida la reforma que ahora nos disponemos a aprobar, a hacer que la justicia sea efectiva en los casos de adolescentes, cuyas conductas los han hecho entrar en conflicto con nuestra ley.

El documento que ahora se pone a nuestra consideración es el resultado de un minucioso trabajo parlamentario que busca insertar el nuevo modelo de justicia al que nos hemos referido en el ámbito de la impartición para los adolescentes. Se trata de una enmienda que contempla tiempos y modalidades para expedir una ley nacional en esta materia, cuya entrada en vigor deberá ser acorde con la etapa del proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio.

La expedición del ordenamiento de mérito significa un profundo cambio en la estructura procesal de las entidades federativas y de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en el Distrito Federal, pues en materia de fuero común y para todos en la república en materia federal, así como una legislación vigente en materia de justicia para adolescentes, expedida por las Legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal, dejaran de estar en vigor una vez que inicie el proceso de vigencia de esta nueva legislación nacional que expida el Congreso.

La entrada en vigor del nuevo modelo procesal para adolescentes se dará en un entorno de orden y certeza jurídica, ya que los procedimientos de la ejecución de las medidas sancionadoras indicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de las medidas sancionadoras.

Asimismo, y con gran importancia, representa la viabilidad financiera de las presentes reformas, que tiene que estar garantizada, ya que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán prever los recursos necesarios para su debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes.

Si tal como hemos señalado el acceso a la justicia es uno de los grandes retos nacionales entonces las legisladoras y los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, esto en virtud de que el mismo apunta hacia la consecución de tan noble objetivo. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Luis Fernando Domínguez. Aparece registrada, y le otorgamos el uso de la palabra, la diputada Zuleyma Huidobro González para hablar en contra del dictamen hasta por cinco minutos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Algo que debería en lo particular darme gusto hoy –debo decirlo– es una simulación nuevamente por parte de esta Cámara de Diputados, y me explico.

El 28 de noviembre de 2012, tan sólo 19 diputados votamos en contra de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que se publicó en el Diario Oficial casi un mes después, y hoy ustedes mismos, con el primer artículo transitorio la van a abrogar. La están abrogando con esta reforma constitucional, pero esto no es lo peor, sino que cuando se discutió la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar un Código Nacional de Procedimientos Penales, también se advirtió de esta reforma y ustedes fueron oídos sordos.

En la Ley de Adolescentes se encuentran normas que son más rígidas aún que para los adultos. Por señalar un ejemplo, el catálogo de delitos graves a los que es aplicable la medida de internamiento permanente es aún más extenso que el catálogo previsto en la Constitución para adultos, sin contar la parte de tortura hacia los adolescentes, que inclusive diputados de todos los grupos parlamentarios reconocieron que habría de reformarse posteriormente. Sí, el artículo 26 en su fracción VIII y que nunca, nunca se reformó.

Tampoco fueron consideradas en aquel momento leyes de los estados que se encuentran más avanzadas en este tema, como es el caso de los estados de Veracruz y Tamaulipas. La ley que ustedes aprobaron y que hoy están abrogando es ambigua y en ocasiones omisas en esclarecer cuáles son las premisas o el modelo de reintegración social a seguir, cuáles son los protocolos terapéuticos necesarios o cuáles son las prácticas coercitivas genuinamente especializadas.

En marzo de 2011 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la anterior legislatura de esta Cámara de Diputados informó de los resultados del estudio y análisis que llevaron a cabo del proyecto de decreto que hoy consideramos, el aplicar una ley para adolescentes. En opinión de aquella Comisión, el impacto presupuestario para establecer el Sistema de Justicia para Adolescentes ascendería a la cantidad de 676 millones, 405 mil 820 pesos sólo en el primer año de ejercicio.

La fuerte erogación presupuestal y que por supuesto no está actualizada, era un presupuesto de 2011, que implica la ejecución de la ley que examinamos, resulta a todas luces significativa y abrumadora.

En verdad creen ustedes que con las políticas del gobierno federal, al establecer un Presupuesto base cero, recortes al Presupuesto y la simulación, creen que este Presupuesto, para prevenir en vez de sancionar, en crear más burocracia de la calle en México y que no se va a destinar mejor a la cultura o a la educación en los adolescentes de nuestro país. Es pura demagogia de su parte. Este sistema de justicia para adolescentes va a traer más desgracias para nuestros niños y adolescentes.

Lo que realmente necesita nuestro país, repito, es cultura y educación. En un país como el nuestro, donde las carencias están al orden del día, donde los problemas, la marginación, la inseguridad pública o educación prevalecen de manera alarmante, como consecuencia de las irresponsables políticas económicas del Estado mexicano, resulta incongruente dirigir los escasos recursos presupuestales a un sistema de justicia, que por su propio diseño institucional resultará en la práctica obsoleta, por no decir retrógrada. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro. Nos damos oportunidad, porque nos acompañan en el recinto, de saludar a alumnos y alumnas del Churchill School, del Colegio. Sean ustedes bienvenidos, sean bienvenidas.

De igual manera, saludamos a alumnos y alumnas de la secundaria número 321, Acamapichtli, del Distrito Federal, que han sido invitados, que han sido invitadas por nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez Ruiz.

Y de una vez también y con todo afecto, saludamos a alumnos y alumnas de la escuela primaria Francisco y Madero, del municipio de Chimalhuacán, del estado de México, invitados e invitadas por el diputado Luis Ricardo Aldana Prieto. Sean bienvenidas, sean bienvenidos todos. Muchas gracias por su visita.

En la lógica de la discusión del dictamen de reforma constitucional, ahora le otorgo el uso de la palabra al diputado José Luis Contreras Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar justamente en pro del dictamen y hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Contreras Rojas:Buenas tardes a todos. Con la anuencia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado José Luis Contreras Rojas: Fue apenas a mediados del siglo pasado que los menores comenzaron a consolidarse como un campo específico de estudio. Áreas como la medicina, la psicología y la pedagogía comenzaron a especializarse en menores.

El derecho es una de esas disciplinas que no pudo escapar a dichos cambios modernos, es así como en el año de 1924 la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, la cual establece el reconocimiento por parte de los Estados miembros de dicha Organización, que los menores son personas con derecho a una protección especial, requieren apoyos para desarrollarse de una manera saludable y se establece que deben promulgarse leyes que protejan el interés superior del niño.

En nuestro país se realizaron los primeros esfuerzos por regular a los menores en la década de los sesenta y setenta, en Oaxaca, Morelos y el Distrito Federal. En 1985 la Asamblea General de la ONU ratificó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, también conocidas como Reglas de Beijing.

En este documento se define la necesidad de contar con leyes e instituciones especializadas para la atención de los menores infractores, que al mismo tiempo que satisfagan las necesidades de justicia respeten sus derechos como niños y hagan hincapié en el bienestar de los mismos.

Algunos autores sostienen que el número de menores infractores no sólo se ha incrementado, sino que también existe mayor interacción con la delincuencia organizada.

En los años ochenta, las causas asociadas a este fenómeno eran la marginación, la marginación económica y cultural, así como la deserción escolar, familiar y laboral. Las conductas de estos menores eran fundamentalmente una respuesta agresiva contra el mundo de los adultos, pero a partir de los años noventa los menores infractores interactúan cada vez más en mayor medida con el crimen organizado, planean con mayor amplitud los objetivos de su conducta y asumen un mayor liderazgo.

Lo anterior, no significa que deban ser juzgados como adultos, sino por el contrario, utilizar el derecho penal como ultima ratio y encausar a los jóvenes a una vida que les permita integrarse a la vida en sociedad.

El proyecto que hoy discutimos pretende abonar en el encauce de nuestros niños. Con la presente reforma pretendemos dejar este problema en manos de los representantes en todas las entidades, o sea, los legisladores federales, de modo que podamos abordar este problema desde una perspectiva nacional al transformar la justicia para los adolescentes de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, nos permitirá otorgarles mejores garantías y un proceso judicial más garantista y justo, acorde con los compromisos internacionales.

En el Partido Acción Nacional nos pronunciamos a favor de los derechos de los niños, de los derechos humanos y del respeto y del reconocimiento de las libertades de las personas que les permitan desarrollarse plenamente y convivir en armonía en la sociedad.

Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen.

Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Y así será. Se incorpora al Diario de los Debates de manera íntegra su intervención.

Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Juárez Piña, hasta por cinco minutos, diputada Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los juicios penales para adolescentes en nuestro país se han caracterizado por ser procedimientos predominantemente escritos, secretos y tardados.

En ellos podemos constar una serie de formalismos caducos y obsoletos, como son las grandes montañas de expedientes, la violación sistemática de derechos humanos y garantías, altos índices de impunidad y el aumento indiscriminado de las medias cautelares, entre otros, contrarios a la Convención de los Derechos del Niño.

Estos elementos son factores que hacen necesario transitar de un sistema de justicia penal para adolescentes, de corte tutelar a uno plenamente garantista.

Para nuestro grupo parlamentario uno de los ejes rectores de nuestra agenda legislativa fue el hacer accesible la justicia para todas y todos los adolescentes de este país. Profesionalizar la investigación de los hechos que la ley señala como delito, y otorgarle, además, a las víctimas, un papel preponderante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes.

De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen.

Somos conscientes de que México requiere urgentemente una transformación radical al sistema penal para adolescentes, para otorgarle a la justicia un papel central en la lucha contra las modernas formas que utiliza la delincuencia organizada. Siempre en un marco de respeto a los derechos humanos y al debido proceso penal como se caracteriza en cualquier país democrático.

Congruente con estos principios, no queremos dejar de advertir que al inicio de esta Legislatura nuestro grupo parlamentario pugnó siempre para que se reformara el artículo 18 constitucional, para regular el proceso penal acusatorio y adversarial en el que se observe la garantía del debido proceso legal, se garanticen los derechos humanos que tiene todo ser humano, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas de tratamiento.

Creemos que estos aspectos han sido considerados en el presente dictamen, ya que se trata de un cambio radical del sistema de justicia penal para adolescentes que va a permitir entre otras cosas, disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia y que necesariamente también va a obligar a los operadores del sistema de justicia penal a capacitarse en el sistema acusatorio, pero sobre todo los juicios serán, deberán ser, más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.

Además, impactará enormemente en la administración y la procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de jueces y magistrados, la reestructuración para adecuar salas de audiencia, sistemas de grabación, así como otras medidas que implican la erogación de recursos presupuestales para su implementación. De igual manera, con la capacitación de Ministerios Públicos, policías de investigación y personal de los servicios periciales, así como los defensores públicos, abogados y centros de internamiento especiales para adolescentes en todo el país.

Estos son los objetivos que deben alentar al legislador para garantizar plenamente el sistema de justicia para adolescentes. Estamos conscientes de que aún falta también implementar la nueva ley secundaria, como sería la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, que cuente con un sistema acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Éste sin duda será un gran reto en la agenda de los derechos de las y los adolescentes.

Solo para tener una idea del alcance de esta nueva ley federal, digamos que será una alternativa para disminuir el número de adolescentes que actualmente se encuentran internados en los 56 centros para adolescentes, conocidos también como Centros de Tratamiento Interno, que existen en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, cuya cifra de población asciende a los cuatro mil 734, entre los cuales se encuentran cuatro mil 448 hombres y 286 mujeres.

De este universo, mil 841 se encuentra sujetos a procedimiento y dos mil 893 están cumpliendo una medida de tratamiento. Asimismo, cuatro mil 438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal, según datos que se han presentado en el informe especial por los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales que presentó el día pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También será un reto el lograr que ellas y ellos reciban la atención adecuada para su reintegración a la sociedad, así como la restitución de sus derechos. Por lo anteriormente expresado, compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Juárez Piña.

Concluida la lista de oradores y participado quienes solicitaron hacerlo y de que, conforme al artículo 109 del Reglamento de esta Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor secretario, en lo general y en lo particular en un solo acto, por favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En lo general y en lo particular en un solo acto, presidente, así es.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Cierre el sistema electrónico.

(Votación)

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío(desde la curul): A favor.

La diputada Edith Avilés Cano (desde la curul): A favor.

El diputado Christian Manuel Narváez Romero (desde la curul): A favor.

El diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz. Permítame, señor secretario. Hay pendiente de emitir voto.

El diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Sansores Sastré(desde la curul): A favor.

El diputado José Arturo Salinas Garza (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Isabel Allende Cano (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 398 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes. Pasa a las Legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 del ordenamiento supremo antes invocado.

VOLUMEN II

Presidencia del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante oficio número CP2R1A.574 turnó para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria, el expediente número 2172, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 115, de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de su secretaría técnica, las opiniones de sus diputados integrantes y entra al estudio de la Iniciativa con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

3. Con fecha 20 de noviembre de 2013, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo, misma que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

I. Planteamiento del problema a ser resuelto por la iniciativa: El acaparamiento de tierras fue una de las principales causas por las cuales se gestó la Revolución Mexicana a principios del siglo XX.

Con la mala interpretación y aplicación de la Ley de Baldíos del 20 de julio de 1863, expedida por el Presidente Benito Juárez, se cometieron abusos en contra de las comunidades indígenas y campesinas del país durante el gobierno del Presidente Porfirio Díaz, puesto que se afectó a un gran número de personas, orillando a los campesinos a tomar las armas en el llamado de Francisco I. Madero a la insurgencia.

Posteriormente, con la llamada Ley de Colonización de 1885 y la Ley Federal de Baldíos de 1894, se crearon las llamadas compañías deslindadoras, a las cuales se les confió el encargo de descubrir y deslindar, medir y fraccionar terrenos baldíos, que protegidas por la clase que detentaba el poder, se hicieron de tierras que en algunos casos, contaban con títulos de propiedad y que laboraban y cultivaban los campesinos.

Fue así como pueblos enteros se vieron desposeídos de sus tierras y pasaron a manos de quienes tenían los medios para comprarlas y acapararlas de forma desproporcionada.

La lucha armada iniciada en 1911 y convocada desde el año inmediato anterior produjo una lucha cruenta en la que los campesinos tomaron las armas con la esperanza de que las tierras acaparadas por los hacendados y latifundistas regresaran a sus manos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 y vigente hasta nuestros días fue la primera en consagrar en una Carta Magna los llamados derechos sociales, como el agrario, el laboral y a la educación.

Es a partir de la reforma del 6 de enero de 1992 al artículo 27 de la constitución en el que queda establecida la prohibición de los latifundios en los Estados Unidos Mexicanos, ya que antes se atribuía a las entidades federativas, territorios y al Distrito Federal, el fijar los límites territoriales que podía poseer cada individuo.

Sin embargo, a más de veinte años de promulgada esta reforma y la Ley Agraria que regula este apartado de la disposición constitucional, ninguna otra legislatura ha considerado que dicha prohibición quede plasmada en las leyes secundarias del orden jurídico nacional.

II. Antecedentes, exposición de motivos e iniciativa.Que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria, recibida de la diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2013.

La suscrita, diputada federal María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

Durante el gobierno del dictador Porfirio Díaz, se lograron importantes avances al interior del país tales como, el ferrocarril que, facilitó el transporte de mercancías y personas, el teléfono que permitió comunicarse inmediatamente con gente a distancia, los bancos que ayudaron a mejorar la economía mexicana y, la electricidad que mejoro y ayudo al progreso de los procesos de producción y cambio la forma de vida cotidiana de las personas.

Sin embargo, dejaban un tema fundamental para el crecimiento y expansión a nivel mundial del país, pues estaban haciendo a un lado el campo y la serie de dificultades que en su momento atravesaban.

Con el porfiriano se crearon los llamados latifundios definidos del latín latifundium, una finca rústica de amplias dimensiones. Se trata de una explotación agraria de gran extensión que por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente. Asimismo, se considera latifundista a la persona que dispone de uno o más latifundios, “...Es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad parti­cular por individuos o de alguna sociedad, siempre y cuando excedan los límites establecidos...” (Procuraduría Agraria, 2006, página 91).

Explotaciones agrarias de grandes dimensiones en las que no se aprovechaban los recursos que tenían disponibles. Sin lugar a dudas fue, uno de los problemas más graves que ha sufrido el país a lo largo de su historia.

No existe una cantidad fija de hectáreas que conviertan a un campo en un latifundio, sino que depende de la región y de las prácticas asociadas a la explotación agraria.

La enorme concentración de riqueza territorial en unas cuantas manos, en detrimento de la gran mayoría de la población, iniciada en el periodo colonial con la conquista española, estaban localizados en las llamadas haciendas, en las que los dueños trataban horriblemente a sus empleados que en realidad eran sus esclavos y quienes tenían una paga muy pequeña misma que, no les alcanzaba ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas como comer y vestir, ni siquiera para su persona en sí.

Exposición de Motivos

El reparto de tierras entre los conquistadores para su explotación agropecuaria fue el punto de partida con el paso del tiempo, dio lugar a una acumulación de tierras como símbolo de prestigio y poder dentro de la sociedad colonial, parcialmente dedicada a la agricultura o la ganadería, típica de las sociedades tradicionales donde una clase de terratenientes poseía una gran parte de las tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social y decisivo poder político.

Esto ha originado grandes tensiones y conflictos sociales cuando el crecimiento de la población exige más producción de alimentos y reparto de tierras. Estos problemas han llevado a revueltas campesinas, las cuales han forzado o impulsado la necesidad de reformas agrarias para repartir la tierra y hacerla más productiva.

De estos conflictos, muchas veces generalizados, ha surgido la propuesta de efectuar una Reforma Agraria, capaz de dar tierras a los campesinos o de acelerar el desarrollo capitalista del campo, tal y como se ha venido reformando el propio artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual, hace referencia que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

Es fundamental considerar, aquellas reglas jurídicas que dan lugar al latifundismo y que deben ser derogadas, ya que como es de su conocimiento esta práctica tuvo su límite en la revolución que estalló en 1910, costando la pérdida de muchos mexicanos que lucharon por obtener un pedazo de tierra para trabajarla; sin duda las condiciones en las que actualmente vivimos no son las mismas que las de principio del anterior siglo, sin embargo el acaparamiento excesivo de tierras por una sola persona no es un problema de ayer, es actual y por ello hay que impedir que se vuelva a generar.

No contar con una propiedad, sigue siendo tema actual de muchos mexicanos que aún teniendo empleo formal o bien que se dedican al campo y son explotados continúan sin tener tierra propia. La situación en el campo se complica, aunado a ello, se suma la migración a la Ciudad ya que, de ninguna manera se han elevado sus condiciones de vida y han tenido que enajenar su fuente de vida y de su familia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración

Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria

Primero. Se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria para quedar redactado como sigue:

Artículo 115. Para los efectos del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Nota:

1 Glosario de Términos jurídico-agrario Procuraduría Agraria, México, 2006, 172p.

Dado en Comisión Permanente de Estados Unidos Mexicanos, 3 de junio de 2013.

Diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de de Reforma Agraria. Junio 5 de 2013.)

Considerando

Primero.Del estudio pormenorizado de la iniciativa a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada a esta comisión el día 05 de junio de 2013 se advierte que la iniciativa en comento no contraviene ninguna disposición constitucional y que la prohibición que se pretende crear no ha sido establecida en ninguna otra Ley secundaria, por lo que cumple con los requisitos de fondo que se requiere.

Segundo. Si bien es cierto que los latifundios se encuentran prohibidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen se reconoce dicha prohibición constitucional, también lo es que en la Ley Agraria, que regula lo concerniente a la tenencia de la tierra y define claramente las extensiones máximas de tierra que un solo individuo puede tener en propiedad, no establece esta prohibición en su texto, por lo que, sin menoscabo de la jerarquización de las leyes regulada por el artículo 133 de la misma Carta Magna, se hace necesario establecer dicha prohibición en la ley en comento.

Tercero. Evitar problemas generados por la tenencia de la tierra, a través de la promulgación de las leyes que favorezcan un mejor reparto y una mayor equidad en la tenencia de la tierra, es una de las principales labores que se realizan desde el Congreso de la Unión, por lo que es menester para los legisladores establecer las condiciones para que circunstancias semejantes a las que imperaban en el porfiriato no se repitan.

Cuarto.No obstante lo anterior, en la redacción de la propuesta de modificación al artículo 115 de la Ley Agraria, que figura en el cuerpo de la iniciativa, encontramos un error lingüístico que imposibilita la existencia de un orden lógico-jurídico, acorde con las motivaciones y espíritu de la iniciativa, pues de su simple lectura se desprende que los latifundios quedan prohibidos única y exclusivamente dentro de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que, siendo propiedad de un solo individuo excedan los límites de la pequeña propiedad. Es decir, el supuesto normativo con el cual se prohíben los latifundios, es precisamente dentro de las tierras que actualmente constituyen un latifundio únicamente. La diferencia esencial entre la norma vigente y la propuesta es que en el primero de ellos se define lo que se considera un latifundio, en tanto que en la segunda, por un error en su redacción, incorpora la prohibición de los latifundios, sin que exista un nexo lingüístico entre la definición y la prohibición.

Quinto. Para el estudio de la materia del presente dictamen, se estudiaron distintas obras como la Teoría pura del Derecho de Hans Kelsen (Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho,1993, Ed. Porrúa, México) con la finalidad de establecer que la iniciativa fuera acorde con la jerarquización de las normas jurídicas y que la propuesta planteada no genere una controversia de orden constitucional. Además se consultó la obra de Eliseo Muro Ruiz en relación a la lingüística y la forma en que se presentó la iniciativa (Muro Ruiz, Eliseo. Algunos elementos de técnica legislativa. 1ª reimpresión. pp. 48-58),con lo cual se concluyó que la iniciativa adolece de un error lingüístico.

Sexto. En relación con el considerando cuarto, y con la finalidad de evitar conflictos mayores e inseguridad jurídica, se propone hacer una modificación de forma al texto propuesto como reforma del artículo 115 de la Ley Agraria, sin que de ninguna forma se altere el espíritu, intención y motivaciones de la misma, en el cual se elimina la referencia constitucional, por considerarse innecesaria y se establece un nexo lingüístico entre la prohibición de los latifundios y lo que debe entenderse como tal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Reforma Agraria, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria

Único. Se reforma 115 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 115. En los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los latifundios considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2013.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica en contra), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova, José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Por la comisión para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas, diputados de esta LXII Legislatura. Vengo a esta tribuna a presentar la fundamentación respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria, presentada por la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y turnada a esta Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

El presente dictamen que nos ocupa el día de hoy pretende establecer la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que siendo propiedad de un solo individuo excedan los límites de la pequeña propiedad.

El territorio de nuestro país se conforma en más del 50 por ciento por propiedad social, distribuida en ejidos y comunidades y a partir de la reforma agraria de 1992, la figura del latifundio fue prohibida, pero aunque ya han pasado más de 20 años de la citada reforma, no se ha eliminado del todo esa práctica, pues en muchos lugares de nuestro país la tierra sigue estando en manos de unos cuantos, provocando que no se respete la prohibición que tuviera a bien establecer el Legislativo en 1992.

El artículo 27 constitucional en su fracción XV dice: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios, y se define con mucha claridad lo que se entiende por pequeña propiedad agrícola, pequeña propiedad ganadera, así como los efectos de sus equivalencias.

También define las sociedades mercantiles, elevando considerablemente los límites señalados en la fracción XV, asunto que sería un pendiente de revisar de manera integral su estatus para cumplir el mandato constitucional.

En este sentido, la Comisión de Reforma Agraria que me honro en presidir, con el objeto de fortalecer la prohibición al latifundismo establecido en la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para entender la presente hay que recordar que el latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario. Es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad y cuantas excedan los límites establecidos.

Por lo anterior, la Comisión de Reforma Agraria dictaminó de manera favorable el presente, con obvio que lo anterior, que ha sido discutido en varios foros de tener tierra propia para las y los mexicanos en este país, como un principio fundamental, en eso mismo se fincó los principios de la Revolución Mexicana y ha complicado y sigue complicando la situación actual al campo, pues orilla a campesinos, a campesinas a emigrar a las grandes ciudades y fuera del país para buscar mejorar sus condiciones de vida. Ojalá que eso en poco tiempo pueda cambiar.

La iniciativa presentada por la legisladora no contraviene ninguna disposición constitucional y la prohibición que pretende establecer no ha sido considerada en ninguna otra ley secundaria. Por lo que cumple con requisitos de fondo que se requiere.

Por otra parte, de aprobarse por esta honorable asamblea el dictamen en comento, se evitarán en cierta medida los numerosos problemas generados por la tenencia de la tierra, que en todo momento y más en la situación crítica por la que atraviesa el campo mexicano, se debe favorecer de manera urgente un mejor reparto y una mayor equidad en la tenencia de la tierra, siendo esta una de las labores principales en esta Cámara de Diputados y que mañana, 22 de abril, es Día de la Madre Tierra.

Sólo destacaría que el espíritu de la ley debiera acompañarse de voluntad política, acciones legales y respeto irrestricto a las mismas. Que una parte importante de la población y su servidora, en particular, no estamos de acuerdo en privatizar grandes extensiones de las playas de nuestro país y que millones de hectáreas de tierra en sexenios anteriores hayan pasado al régimen de propiedad privada para varios fines. Pero, principalmente, la actividad minera, sin que los dueños originarios hayan obtenido beneficio alguno. Y mucho menos estamos de acuerdo y descalificamos, descalifico enérgicamente que se desplace a la gente de sus terruños, con hostigamientos, engaños y amenazas y se lucre con su pobreza o ignorancia.

¿Qué pedimos? Congruencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, civiles, agrarios, de arraigo de todas las personas de este hermoso país. Es lo que pedimos y aspiramos muchas y muchos.

Para evitar circunstancias semejantes a las que imperaban en la época del porfiriato y el respeto irrestricto a la prohibición de los latifundios en el país, la Comisión de Reforma Agraria exhorta a esta asamblea a votar en pro del presente dictamen. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, diputada.

Habiéndose fundamentado el dictamen por la Comisión de Reforma Agraria, tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de agrupación Morena, para fijar la postura hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras y compañeros legisladores, nos resulta sorprendente la selectividad de los temas que se tocan con respecto al campo en esta legislatura, mientras hoy discutiremos esta adecuación mínima al marco regulatorio vigente quedan en el aire otros temas importantes, como el efectivo rescate al campo, con una bolsa de protección a los productores y cooperativas que resulte de una política de austeridad en el gobierno.

Ojalá y con el mismo ahínco que se dictaminó esta iniciativa, se reciban a los campesinos que reiteradamente se manifiestan todo el año en el exterior de este recinto en búsqueda de soluciones técnicas, económicas y políticas para la producción, distribución y comercio justo de sus productos.

En Morena estamos en contra del acaparamiento de las tierras, de los latifundios, tanto como nos oponemos al uso de la biotecnología nociva de transgénicos, que se permite con una laxa regulación en materia de bioseguridad.

Hacemos hincapié en que la concentración de la riqueza en unas cuantas manos va en contra de la población, las condiciones de trabajo se asemejan las actuales a las del periodo colonial y a la dictadura de Porfirio Díaz. La esclavitud en el mercado somete al campesinado a una situación de vida por debajo de los niveles mínimos de dignidad.

En el diezmado artículo 27 de nuestra Constitución, se conserva todavía en su espíritu el combate al latifundismo y los principios torales de la reforma agraria, que precisamente se centran en devolver la tierra y los insumos necesarios a quienes la trabajan.

La armonización del artículo 115 de la Reforma Agraria con la prohibición de los latifundios en superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales es algo que apoyamos en congruencia con los ideales que nos motivan como fuerza política.

Nuestro voto al dictamen va a ser favorable. Sin embargo, quedan muchas dudas sobre el porvenir, sobre todo después de los arteros golpes en materia energética, que regularon o dieron vida a la ocupación temporal de tierras ejidales y de pequeños propietarios y que no va a favorecer el impulsar, en absoluto, la actividad agrícola.

Estamos ante un gobierno de fracaso que no resuelve la crisis de seguridad alimentaria y que encuentra un paliativo con la apertura indiscriminada de cupos de importación, cuando la gran revolución que se necesita en el campo es la del financiamiento por la vía del crédito justo y accesible.

¿Cómo podemos hablar de combate al acaparamiento de las tierras y recursos, cuando la quinta parte del país está concesionada, además, a empresas mineras que ponen la ganancia por encima del medio ambiente, los derechos de las poblaciones cercanas y hasta el patrimonio cultural de la nación?

¿Cómo hablar de desarrollo si está sobre la mesa la privatización de los recursos hídricos y con ello el riesgo de crisis humanitaria en corto plazo?

Éstas son las interrogantes que exceden al ánimo selectivo temático que se impone en esta Cámara, que se prohíban los latifundios, sí. Pero también que se resuelvan los temas centrales como los asuntos de Tlatlaya y los de Apatzingán. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para fijar postura sobre el dictamen. Adelante, diputado.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, presidente. Con su permiso y el de mis compañeras y compañeros diputados. La tenencia de la tierra fue un aspecto central de la reforma agraria, cuyo origen histórico se enmarca en la Revolución de 1910.

Recordemos que una exigencia del Plan de Ayala, impulsado por Emiliano Zapata, fue el reparto de las tierras, las cuales estaban concentradas en las manos de los hacendados y latifundistas.

La magnitud de tal exigencia fue tan profunda en la conciencia revolucionario que el reparto agrario se convirtió en una condición para la pacificación y sirvió de base para legitimar la Constitución de 1917, plasmado en el artículo 27 constitucional, el reparto de tierras se convirtió en un mandato constitucional y político del Estado mexicano.

Un elemento que contribuyó al proceso complejo de la reforma agraria fue precisamente la prohibición constitucional del latifundio, prohibición que a partir de la reforma constitucional de 1992, favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierras cuya propiedad social por parte del ejido ha evitado el despojo y la concentración.

Consideramos positivo el dictamen que propone la armonización de la Ley Agraria al texto constitucional, para que de manera expresa se establezca en el artículo 115 de la ley reglamentaria, la prohibición del latifundio, aspecto que había sido abordado y que no había sido abordado cuando se expidió la nueva Ley Agraria en el año de 1992.

Al avanzar en la armonización de las leyes mexicanas buscamos que los postulados legales que rigen nuestro país encuentren su aplicación más clara a fin de que no se vulnere el derecho de los mexicanos y que se reduzca en los resquicios legales en esta materia.

A fin de evitar que el principio de justicia sea vulnerado desde las propias leyes, hoy, compañeras y compañeros, subsanamos esa laguna que no se encontraba en la ley de la materia y cuyo significado histórico fue fundamental para la construcción del Estado mexicano postrevolucionario.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos convencidos en la imperiosa necesidad de impulsar una reforma profunda e integral al campo mexicano. Reconocemos los avances de la reforma agraria y su reforma en la década de los noventa. No podemos entender el reparto de tierras más que como un principio de justicia social, su contribución a la estabilidad, gobernabilidad y al desarrollo de México en el siglo XX es innegable. Tampoco podemos ignorar su aportación para la construcción de un país urbano, industrial y con un sector importante de servicios.

Sin embargo resulta evidente que aún falta mucho por hacer para lograr una verdadera justicia social para el campo, una justicia que no se limite solo a la tenencia de la tierra sino al bienestar de las y los campesinos, quienes viven hasta ahora sumidos en la pobreza extrema.

Estimadas compañeras y compañeros legisladores, sin duda el paso que se establece a la Ley Agraria abona a dar certeza de la propiedad en el agro mexicano; sin embargo, es obligado señalar que actualmente el agro mexicano enfrenta problemas mayores que debemos atender en el menor tiempo posible, como la escasez de créditos, la falta de políticas destinadas al aumento de la productividad, el abandono constante y el envejecimiento del campesinado mexicano. Desafortunadamente ésta ha sido una constante en nuestro país, por lo que es obligación nuestra avanzar en una reglamentación clara que posibilite hacer efectivo el principio de justicia social.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen debido a que permitirá que en la Ley Agraria se establezca la previsión del latifundio. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, diputado. Diputado Javier Gutiérrez Reyes, tiene el uso de la tribuna para fijar la postura de su Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes:Señor presidente, gracias.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes: La Comisión de Reforma Agraria ha presentado a este pleno su dictamen al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Al respecto consideramos que el espíritu que dio a la Revolución mexicana se debe respetar, refrendar y proteger.

Hoy día cabe mencionar que ese precepto se está quitando de la vida diaria del campo. El campo como nunca hoy está desprotegido. Las reformas que se han hecho le han dado a las minas y han quitado miles y miles de hectáreas a los campesinos a cambio de unos solos centavos. Las reformas que se han hecho aquí de los hidrocarburos dejan en completa indefensión a todos los productores del campo.

Al respecto volvemos a considerar que el espíritu que dio inicio a la Revolución Mexicana hoy lo debemos de rescatar. En este sentido la lucha contra el latifundio, la gran propiedad y el acaparamiento de tierras es más vigente principalmente en la frontera de tierra agrícola o urbana en zonas de grandes recursos naturales, minerales y petroleros.

Recordemos que uno de los fundamentos de la gesta revolucionario se encontró en la lucha contra el latifundio y el acaparamiento de tierras por parte de unas cuantas familias terratenientes que hoy vuelve a ser realidad. Otro se encontró en la lucha contra el robo y el despojo de grandes territorios que históricamente habían pertenecido a los pueblos originarios ricos en tierras fértiles, agua y recursos naturales. Hoy eso sigue sucediendo. Hoy los tenemos en un estado de indefensión.

Por ello hay que recordar que el Constituyente del 17, reconociendo la justicia y las demandas y reivindicando las luchas mencionadas, incluyó en aquel momento, en la naciente Constitución, la prohibición de los latifundios que hoy esta soberanía no debe de permitir que regresen.

Sin embargo la ley secundaria en la materia, la Ley Agraria, no incluye una prohibición expresa a los latifundios.

Por eso el proyecto que se nos presenta nos parece pertinente dar certidumbre jurídica y evitar que las condiciones que dieron lugar a la lucha revolucionaria se repitan; es una de las principales tareas que hoy tenemos como legisladores.

¿Cuál es? Es la certidumbre jurídica en torno a la propiedad que permite la obtención de créditos y apoyos al sector agrícola, que de otra forma le son negados. Asimismo la pequeña propiedad fomenta la competencia y la productividad del campo bajo premisas de cooperación y apoyo comunitario.

Reparte –de alguna forma– los beneficios de forma más equitativa y justa en función al trabajo y al esfuerzo individual, siempre en torno a un proyecto comunitario.

Por eso reconocemos la necesidad de una nueva reforma agraria que impulse la producción del campo, la soberanía alimentaria del país y aumente los niveles de vida de todos los mexicanos, así como buscar la organización de los campesinos en cooperativas, unidades colectivas y demás figuras asociativas para que controlen y eleven la calidad de la producción, comercialización, abasto e industrialización; para que incorporen la modernización tecnológica acompañada de educación y capacitación que hoy por hoy está ausente en todo el campo.

Por lo tanto el Partido del Trabajo defiende y defenderá al ejido, la propiedad comunal, ya que representan el beneficio social más amplio e integral; fomenta la solidaridad y cooperación y avanza en torno a un sistema humano y autodeterminado de las comunidades agrarias y campesinas.

Hoy a más de 100 años del inicio de la lucha revolucionaria contra un tirano dictador, las condiciones históricas parecen ser las mismas. Es más, son las mismas; formas de trabajo semiesclavo, movilización de grandes grupos humanos de una zona a otra en busca de trabajo, la entrega de nuestro territorio y recursos naturales al extranjero y a empresas privadas; la creciente dependencia al capital financiero internacional; el crecimiento de la deuda pública –entre otros elementos– nos hace pensar aún en la situación anterior a la independencia y pensar que aún el porfiriato está muy vigente en nuestro país. Nos hace pensar que los motivos y la lucha por lograr el México justo, democrático, equitativo y feliz que inició la Revolución Mexicana aún está vigente.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya esta minuta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para fijar la postura sobre el dictamen. Y aprovecho el momento para saludar, a nombre del diputado Gerardo Hernández Tapia, sus invitados que están el día de hoy aquí con nosotros, con vecinos de Coatepec Harinas, estado de México, conformado por distinguidas mujeres y maestros jubilados. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado, tiene usted la palabra.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Mucha gracias. Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. La tenencia de la tierra en México surge por la necesidad de darle un uso adecuado a los recursos naturales que de ella emanan. Acumular grandes cantidades de tierra fuera de los límites establecidos por las disposiciones agrarias, es una ilegalidad que tiene que terminar, en razón de que se realiza en perjuicio de la productividad del campo mexicano y de la repartición equitativa de la tierra.

Actualmente los ejidatarios se encuentran en una constante lucha social para hacer valer sus derechos agrarios, pues a pesar de que constitucionalmente la calidad de ejidatarios se encuentra claramente reconocida, aún así no se respeta su estatus de grupo vulnerable. Por ello, se requiere una mayor atención a este sector de la sociedad a efecto de mejorar la certeza y la seguridad jurídica de sus tierras.

En el país, el 53 por ciento de la superficie total de la tierra son ejidos y comunidades, siendo el equivalente a 31 mil ejidos y comunidades. Acorde a estas cifras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los ejidatarios pueden poseer extensiones de tierra siempre y cuando su uso y aprovechamiento sean destinados a actividades del campo.

A partir de la repartición que otorga la tenencia de la tierra para fines agrícolas, y se encuentre determinado bajo la figura del ejido, resulta como consecuencia el surgimiento del acaparamiento de tierras, que no es más que la posición de la tierra por parte de un solo individuo y no de todo el núcleo de población ejidal como legalmente se debe establecer, excediendo claramente los límites de la pequeña propiedad agrícola que la legislación señala para tal efecto.

La legislación agraria determina que los máximos territoriales que puede poseer un ejidatario para que se considere pequeña propiedad agrícola será en promedio un total de entre 100 a 300 hectáreas, dependiendo de los productos que se cultiven en dicha área, regulando con ello la cantidad de tierra que pueden poseer los ejidatarios para que sea considerada como pequeña propiedad agrícola.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación agraria, desde su creación, no permiten la aparición de latifundios en el territorio nacional, por lo que este proyecto en comento precisa de forma más clara la innegable aparición de los latifundios en todo México, pues en esencia dicha prohibición revertirá el arrebato de tierras que se hizo a sus propietarios y otorgará la seguridad jurídica que el Estado está obligado a garantizar a sus gobernados con la aplicación de las leyes.

El proyecto de decreto que hoy se vota garantizará la distribución equitativa de la tierra y fortalecerá la eliminación de latifundios en el territorio nacional, obligando con ello a los poseedores de la tierra a repartir de forma equitativa la tierra entre los miembros de los núcleos de población ejidal, generando con ello una mejoría en la economía de los ejidatarios y prevaleciendo el Estado de derecho en nuestro país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del proyecto de dictamen consistente en reformar el artículo 115 de la Ley Agraria, relativa a la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganadera o forestal, que siendo propiedad de un solo individuo exceda los límites de la pequeña propiedad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras, compañeros.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, diputado Hurtado Gallegos. Muchas gracias. Para fijar la postura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la tribuna el diputado Felipe Arturo Camarena García.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. El origen eminentemente popular de nuestra Carta Magna y su trascendencia como garante de la democracia y la justicia social compromete al Estado mexicano a procurar bienestar para la población en lo general, y para nuestros campesinos en lo particular, grupo que desempeñó un papel protagónico en la lucha armada que tuvo lugar en nuestro país en los albores del siglo pasado.

En este sentido, resulta fundamental atender aquella que ha sido una de las principales reivindicaciones de nuestros campesinos del México postrevolucionario. Me refiero a la aspiración de miles de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, de obtener por parte de las instituciones estatales seguridad en la tenencia de la tierra.

Para enfrentar de mejor manera el problema de la pobreza que aqueja a nuestro país y que se recrudece en el ámbito rural, es necesario impulsar políticas destinadas a captar nuevas inversiones, así como fomentar la creación de empleos en el campo y elevar su productividad con la intención de abonar al mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.

Para lograr lo anterior es imprescindible contar con un marco jurídico que dé certeza a todas las formas de propiedad de la tierra, de manera tal que desde el ámbito legislativo se contribuya en la tarea de inyectar dinamismo al agro mexicano y éste sea capaz de ofrecer un futuro más atractivo para las generaciones venideras de campesinos, avanzando con ello en el objetivo de alcanzar en el largo plazo la deseada sustentabilidad alimentaria de nuestra nación.

Se trata pues de reformar la ley para detonar el desarrollo del campo, promoviendo normas que otorguen mejores condiciones para producir y mayores beneficios a los productores rurales, especialmente a quienes tradicionalmente han dependido de una agricultura de subsistencia, hoy tan vulnerable ante lo impredecibles que han sido y vuelto nuestros fenómenos meteorológicos como consecuencia del cambio climático, cuya ocurrencia ha terminado por empobrecer hasta a niveles lacerantes a los campesinos mexicanos, a quienes el Estado no ha sido capaz de brindarles los apoyos suficientes para hacer frente a situaciones de este tipo.

Por otra parte, el fenómeno conocido como latifundismo ha sido desde la época colonial uno de los problemas más grandes con los cuales ha lidiado nuestro país a lo largo de su historia, y que es casi todos los científicos sociales de las más diversas tendencias, coinciden en que la excesiva concentración de riqueza territorial en unas cuantas manos, tiene efectos nocivos que obran en detrimento de la gran mayoría de la población.

El latifundio representa un obstáculo para el óptimo aprovechamiento de la tierra, que se le asocia con un bajo nivel de productividad de la misma.

A pesar de que la Constitución de 1917 estableció en su artículo 72 que en nuestro país están prohibidos los latifundios, el sistema de tenencia de la tierra sigue estando altamente polarizado entre un pequeño grupo de grandes unidades de producción, las cuales generan la mayor parte de producto agrícola y las miles de parcelas cuya explotación en ocasiones no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades más básicas de una familia. Motivo por el cual actualmente sigue siendo necesario impulsar la realización de acciones en contra de la concentración de la propiedad rural.

Si bien la Ley Agraria vigente planteó en su exposición de motivos como uno de los principales objetivos dejar debidamente establecidos y documentados los legítimos derechos de toda forma de tenencia de la tierra en nuestro país para quedar como definitivos, 22 años después de su publicación siguen existiendo rezagos en materia, uno de los cuales pretende subsanarse a través de la presente reforma, la cual responde a la necesidad de dar plenitud y coherencia a los ordenamientos jurídicos relacionados con la materia agraria. De manera tal que la ley que se pretende modificar refleje aquello que establece nuestra Carta Magna respecto a los latifundios. Es decir, la prohibición expresa de los mismos.

Lo anterior, como ya lo expresamos, tiene la finalidad de dar mayor seguridad y certeza al régimen de la propiedad agrícola en nuestro país y promueve con ello mejores condiciones de vida para los campesinos. Por ello, el Partido y el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista votarán a favor del decreto puesto a discusión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchísimas gracias, diputado Camarena. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta Presidencia le otorga el uso de la voz al diputado José Humberto Vega Vázquez.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, incluir en la Ley Agraria la disposición expresa de que en México están prohibidos los latifundios tiene la mayor relevancia para el Partido de la Revolución Democrática.

Como es de todos conocido, el latifundismo en México no significa únicamente grandes extensiones de tierras ociosas o mal aprovechadas. Significa, sobre todo, el despojo violento de las tierras comunales de los pueblos originales y la explotación inhumana de campesinos, comuneros y obreros agrícolas. Ejemplo, Valle de San Quintín, Baja California Sur. Significa uso de la represión y de guardias blancas para perseguir y asesinar. Desgraciadamente no es tampoco un tema que haya quedado en el pasado de nuestro campo mexicano.

Como lo dice bien la exposición de motivos de la iniciativa en discusión, el latifundismo en México arrastra un negro historial de atropellos desde La Colonia, el porfiriato y en la actualidad.

Para que el latifundio fuera ilegal y para que se repartieran las haciendas de miles de hectáreas en los tiempos de Porfirio Díaz, los campesinos tuvieron que hacer una revolución bajo el lema histórico de Tierra y Libertad, que costó un millón de vidas por este anhelo. Y luego, promulgar en la Constitución, en el artículo 27, que en la nación mexicana estaban prohibidos los latifundios agrarios.

Hacer realidad este principio constitucional significó una larga lucha de campesinos y comuneros por el reparto agrario, por recuperar lo que en otros tiempos había pertenecido a sus abuelos y tatarabuelos, tierras comunales, bosques, aguas y selvas.

Con Zapata y Villa, pasando por Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la lucha de cientos de organizaciones campesinas y luchadores sociales, se hizo posible reflejar en nuestras leyes la propiedad social de la tierra y dar vida a 31 mil 426 núcleos agrarios en el país, con una superficie además de 100 millones de hectáreas.

Por desgracia la lucha contra los latifundios y los terratenientes de viejo y de nuevo cuño aún no terminan. Tenemos nuevos procesos de privatización y concentración de la tierra, tan insultantes para los mexicanos, como los latifundios en tiempos de Porfirio Díaz.

En las reformas de la Presidencia de Salinas, en 1992, en la fracción IV, del artículo 27 constitucional se estableció como límite el equivalente hasta 25 veces la pequeña propiedad para sociedades mercantiles por acciones. Esto es, que se considera legal una propiedad de hasta 20 mil hectáreas, mientras que por otra parte, en esa misma reforma se dio por concluido el reparto agrario y se permite que las tierras, aguas y bosques de ejidos y comunidades se puedan rentar, comprar y vender libremente. Además de los muchos núcleos agrarios que siguen reclamando o defendiendo sus tierras ante los tribunales agrarios, tenemos nuevas amenazas sobre la propiedad social con las nuevas leyes y políticas neoliberales, alimentando el voraz apetito por las riquezas del subsuelo.

En los últimos 20 años se han entregado concesiones a compañías mineras, nacionales y extranjeras, por cerca de 100 millones de hectáreas, con lo que prácticamente se restablecen los antiguos latifundios.

También la reforma energética, al señalar que las actividades de exploración y de extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos tienen preferencia por cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, anuncia las nuevas amenazas que se ciernen por el latifundismo moderno contra las tierras de ejidos, comunidades y de la pequeña propiedad.

Los nuevos latifundistas van por las riquezas del subsuelo, por el petróleo, por el gas, el agua y los minerales, pero para llegar a esas riquezas antes deben apropiarse de las tierras por cualquier vía. Los ejidos y comunidades de los pequeños propietarios están en riesgo.

Aquí quiero hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad porque a miles de campesinos y ejidatarios comuneros y pequeños propietarios que fueron despojados por el paso de servidumbre ya no los quieren indemnizar, a pesar de que hayan hecho sus trámites.

Por estas razones, compañeros, el Grupo Parlamentario del PRD considera relevante establecer en la Ley Agraria que en México están prohibidos los latifundios y votará a favor del dictamen de esta comisión. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado Vega Vázquez. Tiene el uso de la voz para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción y además quien es autora de esta iniciativa de la Comisión de Reforma Agraria, a la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez.

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante.

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez: Amigos, diputadas y diputados, el Partido Acción Nacional reconoce la imperiosa necesidad de establecer de manera expresa en la Ley Agraria la prohibición de los latifundios en México.

A pesar de que la reforma del artículo 27 constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1992, tuvo entre sus elementos destacables la prohibición del latifundio y el establecimiento de mecanismos para su fragmentación, no así en la reforma agraria y su artículo 115.

Para evitar irregularidades, el dictamen en comento señala que: el acaparamiento excesivo de tierras por una sola persona no es un problema de ayer, es actual y por ello hay que impedir que no se vuelva a generar, por lo cual es conveniente homologar la ley de la reforma agraria a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 27, con el fin de evitar ambigüedades en su interpretación.

Acción Nacional de manera reiterada y permanente desde hace décadas ha demandado el crecimiento humano del campesino, un régimen justo y seguro de la tenencia de la tierra, el impulso de su productividad económica y la integración complementaria positiva y necesaria del sector agropecuario con el resto de la economía nacional e internacional, preferentemente en los procesos de industrialización como prioridad para resolver el problema del sector agropecuario.

De igual manera, insistiremos en dar soluciones a los problemas agrarios en el acompañamiento de propuestas de terceros al respecto o en la implementación de políticas públicas agrarias pertinentes. Siempre hemos actuado de manera congruente y responsable, desde el ejercicio del poder y como posición.

En esta ocasión impulsamos una política agraria que proporcionará certeza y seguridad en el campo, a través de la ordenación de la propiedad de los núcleos agrarios, otorgándoles los certificados, los títulos a los que por ley tienen derecho regularizando las posiciones de las tierras que constitucionalmente le corresponden a la nación e incorporando al nuevo régimen reglamentario las colonias agrícolas y ganaderas respetando siempre los derechos políticos y sociales de los productores rurales.

Por ello Acción Nacional votará a favor del siguiente dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria que se somete a consideración de este pleno. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que siendo propiedad de un solo individuo exceden los límites de la pequeña propiedad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada Ramírez Diez Gutiérrez. Felicidades por su iniciativa. Tiene el uso de la voz para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el diputado Darío Badillo Ramírez.

El diputado Darío Badillo Ramírez:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado Badillo.

El diputado Darío Badillo Ramírez: Con el gusto de saludarnos, compañeras, compañeros legisladores. El voto del Grupo Parlamentario del PRI desde luego que emitirá un voto a favor del dictamen que aquí nos ocupa, por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria en la idea de dejar claro que para los efectos del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los latifundios en la superficie de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.

Lo anterior refrenda la vocación reformista y revolucionaria que ha sentado las bases bajo el ideal de justicia social que nos ha permitido construir y la República que ahora tenemos.

Coincidimos con los argumentos de la proponente y las consideraciones de la dictaminadora, toda vez que como acertadamente lo señalan, aunque los latifundios se encuentran prohibidos ya por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester en la ley secundaria hacer la correlación respectiva tendiente a evitar problemas generados por la tenencia de la tierra a través de normas que propicien una mayor equidad y establezcan las condiciones que impidan que la nueva realidad –por una u otra razón– provoque una regresión histórica en detrimento de las mayorías y de los valores que nos han unificado.

En suma, hoy se presenta a nuestra consideración una propuesta acorde con la jerarquización de las normas jurídicas que tienen por objeto central, evitar nuevas tensiones y conflictos sociales derivados del crecimiento poblacional, así como de la productividad y competitividad que exige el mundo globalizado.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que el perfeccionamiento y adecuación de las normas jurídicas deben ser la constante de esta Cámara, toda vez que éstas deben ser tan dinámicas como la sociedad misma y responder de manera oportuna a los nuevos fenómenos y necesidades sociales.

La adición propuesta a la ley secundaria es no sólo pertinente desde el punto de vista jurídico, sino también reivindicadora de la historia de nuestro país y de sus próceres, la cual lleva en su espíritu el eco de la máxima que nos motivó hace varias décadas “tierra y libertad”, motivación que sólo podrá cesar cuando la brecha de la pobreza y la desigualdad sea inexistente, cuando el campo mexicano se convierta en motor de desarrollo y en todos los rincones del país cada mexicana y cada mexicano, accedan de manera efectiva a los beneficios del desarrollo. Es todo lo referente a mi lectura, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputado Badillo. Para hablar en pro del dictamen, tiene el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, son bien sabidos los objetivos reivindicatorios de la Revolución de 1910, me refiero a que los campesinos encontraron respuesta a sus demandas en el artículo 27 y los trabajadores en el artículo 123 de la Carta Magna de 1917.

Por esto se ha afirmado que dichos preceptos constituyen la base del constitucionalismo social mexicano, pionero en el mundo en este aspecto. Así, la Constitución de 1917 proscribió los latifundios y ordenó el reparto agrario y la restitución de tierras a las comunidades despojadas de ellas.

En estas condiciones, el objetivo del dictamen que discutimos en precisamente trasladar esa prohibición constitucional a que se refiere el artículo 27 a la ley secundaria reformando el artículo 115 de la Ley Agraria. No hay razón para oponerse, la adecuación es acertada por lo que nuestro voto será a favor.

Sin embargo, quiero manifestarles una situación sumamente preocupante, esta reforma establece que en el país quedan prohibidos los latifundios considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.

De acuerdo con la fracción XV del artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, el pequeño propietario es aquél que tiene en propiedad hasta 100 hectáreas de riego, 200 hectáreas de temporal, 300 hectáreas sembradas de frutales, cacao, café, etcétera, 800 hectáreas de bosque y quien tenga la suficiente de agostadero, necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, según la capacidad forrajera del terreno.

Lo anterior quiere decir que en terrenos de pastizales si el coeficiente de agostadero es de 10 hectáreas, se cataloga como buena calidad. Un individuo ganadero puede tener hasta 5 mil hectáreas o si el coeficiente es de 20 hectáreas, puede tener hasta 20 mil hectáreas. En todos los casos anteriores al productor agrícola se le considera pequeño propietario.

Evidentemente no comparto la idea de que estas personas sean pequeños propietarios agrícolas, por el contrario, son personas que acaparan grandes extensiones de tierras en detrimento de las clases campesinas económicamente débiles.

Los reales pequeños propietarios son la mayoría de los productores particulares del país, dueños únicamente del 10 por ciento o menos la pequeña propiedad, lo que equivaldría a superficies que van de 0 hasta 10 hectáreas de riego, 20 de temporal y así sucesivamente.

Compañeros diputados, este país necesita de una verdadera reforma al campo, una reforma que entre otras cosas proteja a las clases más desfavorecidas del medio rural y que no se les excluya en la asignación de recursos públicos como siempre pasa.

Los 500 diputaos pertenecientes a la LXII Legislatura tenemos la obligación de apoyar al campo para sí poder garantizar la alimentación a todos los mexicanos, evitando la opacidad en la asignación de los recursos aprobados por esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada. Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García.

El diputado Javier Orihuela García:Compañeros y compañeras, espero que nos pongan un poquito de atención. Este tema de la reforma agraria es algo importante y el tema del latifundismo es algo fundamental. Quiero llamar la atención a todos los compañeros diputados del PRI y del PAN, porque efectivamente tenemos que estar en contra del latifundio. Eso es un principio de la Revolución Mexicana, estar en contra del latifundismo, sin embargo es un tema totalmente desfasado de la situación económica por la que atraviesa nuestro país.

Hoy el latifundismo, el latifundismo al que se refiere nuestra compañera Gloria, efectivamente es un latifundismo en el que tenemos que estar en contra, pero más en contra acerca de las formas en como se ha ido instrumentando un latifundismo rapaz que no solamente ha dejado al país... yo le quiero pedir al licenciado Manlio Fabio, porque vamos a... licenciado Manlio Fabio, yo creo que tenemos como mexicanos la responsabilidad de actualizar el concepto del latifundismo y hoy el latifundismo mexicano está representado en ese latifundismo que extrae la riqueza de nuestro país, la riqueza más importante de nuestro país.

Hoy se han creado muchos latifundios a raíz de las concesiones mineras. Yo creo que es necesario que esta Cámara de Diputados tome en cuenta que necesitamos reformar la Ley Minera, necesitamos que se cancelen todas las concesiones mineras que están expoliando a nuestro país.

Hoy que tenemos el riesgo de que el Presupuesto de Egresos de la Federación ya no tenga el mismo ingreso mercede la reforma energética, merced a la baja en el precio del petróleo, hoy tenemos la oportunidad que el país asuma la soberanía en materia minera, en materia de explotación y aprovechamiento de los recursos minerales para que pueda allegarse más recursos económicos para el Presupuesto de Egresos del país, para el desarrollo de nuestra economía nacional.

Compañeros, no cerremos los ojos a esta realidad nacional, el interés de las grandes compañías y de los grandes consorcios que en 1910 tenían el interés por el azúcar, por el café, hoy ya no lo tienen, a ellos ya no les interesa el latifundio, aquel latifundio ganadero, agrícola, porque han impuesto un tratado de libre comercio en nuestro país que nos ha dejado en el desabasto alimentario y hoy las compañías extranjeras son las que nos abastecen.

Las consecuencias nefastas del latifundismo de aquella época siguen prevaleciendo, la falta de alimentos, México sigue importando maíz, sorgo, arroz e increíblemente leche. Vemos a los productores de Jalisco tirando su leche protestando porque tengamos, porque se cancele el Tratado de Libre Comercio. Ése es el verdadero latifundismo que nos ha dejado en la dependencia alimentaria, compañeros. Necesitamos otro acuerdo aquí en esta Cámara de Diputados; cancelar el Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria que ha creado miseria y abandono del campo porque ya no es negocio el campo. Todo lo estamos importando y la política agroalimentaria de nuestro país ha dejado en el desabasto a grandes zonas rurales.

En primer lugar entonces yo reitero a esta Cámara de Diputados, requerimos que tomemos el acuerdo de cancelar el Tratado de Libre Comercio, que lo discutamos.

En segundo lugar, que pudiéramos revisar la Ley Minera para cancelar las concesiones mineras, ¿Por qué? Porque solamente –y corrijo al compañero diputado Vega– en nuestro país hay 36 millones de hectáreas concesionadas a los consorcios mineros y ese es el verdadero latifundismo, que extrae el capital, que extrae la riqueza de nuestro país necesaria para promover el desarrollo. Ahí está una de las vetas que pudiéramos ser soberanos para mejorar las condiciones de ingresos, el Presupuesto de nuestro país.

En 2016 está el riesgo de que el Presupuesto de Egresos baje. Pero compañeros, está en nuestra responsabilidad como diputados buscar otros ingresos. Y ahí están, cancelar las concesiones mineras y que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de explotarlas en beneficio de la nación y, desde luego, de las comunidades agrarias que hoy están siendo despojadas del subsuelo, que debe ser parte también de ellas, compañeros.

Quisiera pedirle a la Comisión de Reforma Agraria que estando de acuerdo en ratificar la...

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Javier Orihuela García: Permítame. Quisiera pedirle a la presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, que estando de acuerdo en ratificar nuestro compromiso como mexicanos de abolir los latifundios, que se revise la Ley Minera, el artículo 6 de la Ley Minera para que se cancelen esas concesiones y pudiéramos ahí tener un gran recurso económico para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, diputado Orihuela.

Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

(Votación)

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprovecho el momento para saludar a estudiantes de la Universidad de las Naciones, de Veracruz, invitados por el diputado Humberto Alonso Moreli. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Cierre el sistema de votación.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío (desde la curul): A favor.

La diputada Edith Avilés Cano (desde la curul): En favor del dictamen.

El diputado Christian Manuel Narváez Romero (desde la curul): A favor.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 389 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señor secretario diputado. Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTESIMO ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CELAYA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Batalla de Celaya.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya en 1915.

La Comisión legislativa que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 173, 174, 182, 187 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de los proyectos de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a las valoraciones que del sentido del proyecto de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión legislativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En la sesión de 10 de marzo de 2015, el diputado Jesús Oviedo Herrera del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya en 1915.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II-5-2589.

3. Los integrantes de esta Comisión Legislativa realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente Dictamen.

Descripción de la iniciativa

Expone el diputado Oviedo Herrera que el 10 de agosto de 1914, los “Acuerdos de Teoloyucan”, establecían la entrada del Ejército Constitucionalista en la capital y las condiciones de rendición y disolución del ejército huertista.

El general Obregón intentó en vano dialogar con Villa para resolver la conflictiva situación, pero el caudillo del norte logró apresarlo y estuvo, incluso, a punto de fusilarlo. Una vez concluida la convención de Aguascalientes, en octubre de 1914, y de que Pancho Villa y Emiliano Zapata entraran en la capital, Álvaro Obregón siguió a Carranza en calidad de jefe del Ejército de Operaciones.

Desaparecido el régimen Huertista, quedaron triunfantes los elementos revolucionarios, pero no hubo entre ellos paz ni armonía pues entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata no hubo entendimiento, como tampoco lo hubo con Francisco Villa, puesto que Carranza le pedía a Zapata que lo reconociera como presidente y cesara la lucha, Zapata aceptaba siempre y cuando Carranza aceptara el Plan de Ayala.

Venustiano Carranza entonces decide enviar a Álvaro Obregón a convencer a Francisco Villa, pero tratando Obregón de atacar a las tropas Villistas por un lado y lograr una alianza por el otro, es descubierto por Villa y este manda fusilarlo, pero Serrano y Raúl Madero evitan que Obregón sea fusilado aceptando las condiciones de Villa y firman un acuerdo, logrando escapar a Chihuahua y a medio camino Villa recibe un telegrama de Venustiano Carranza en donde éste rechaza el acuerdo; Villa persigue a Obregón pero ya no lo alcanza y rompe definitivamente con Carranza.

En esta situación algunos revolucionarios convocaron a una convención, en octubre de 1914, para hallar una fórmula que conciliara los distintos intereses y evitara una ruptura peligrosa entre los triunfadores.

Sus primeras sesiones tuvieron lugar en la Capital y las posteriores fueron las que tuvieron lugar en Aguascalientes, por lo que se conoce como Convención de Aguascalientes.

En la convención se decide invitar a los zapatistas, con voz pero sin voto; ahí se encuentran por fin zapatistas y Villistas que descubrieron sus similitudes.

Los primeros quince días transcurrieron con discursos en donde se exponían los diversos puntos de vista hasta que llegan los zapatistas a la convención, se estudian los diversos postulados y se aprueba el Plan de Ayala.

Pero los convencionistas no sólo obtuvieron el visto bueno de todos los demás pues la unión Villa-Zapata logra mayoría, sino que además convencen a algunos obregonistas y carrancistas, con lo que la división se ahondó al nombrarse por ellos Presidente a Eulalio Gutiérrez, un Villista, quién tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915, en franca oposición a Carranza.

Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la Capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde logró establecerse y aún disponer de tiempo para expedir leyes de particular importancia, como la Ley de Relaciones Familiares, la Reforma del Municipio; la Ley de 6 de enero de 1915, que promovía la reforma agraria; algunas de protección a los obreros y otras.

Gutiérrez dejó la Presidencia en pugna con Villa pues le negó toda ayuda a Emiliano Zapata y se pasó al bando obregonista. Entre tanto, se hizo cargo de ella el general Roque González Garza del 18 de enero de 1915 al 10 de junio del mismo año, quien tuvo el apoyo de Villistas y de zapatistas, pero se vio envuelto en multitud de problemas políticos, militares y de abastecimiento de alimento a la Ciudad de México, que sufrió una temporada de hambre por la carencia de bastimentos.

Las diferencias entre Villa y los carrancistas se agravaron cada vez más. La lucha tomó caracteres muy vivos cuando Carranza envió a la guerra contra Francisco Villa a Álvaro Obregón, que implementó la “Guerra de Trincheras”.

La Batalla de Celaya tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Gto., del 6 al 15 de abril de 1915 entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón.

La primera fase de los enfrentamientos ocurrió los días 6 y 7 de abril de 1915, en los cuales el general Obregón defendió su posición ante las arremetidas de los Villistas, tal como lo planeó y ante la repetitiva táctica Villista que se vio nulificada, por los contrataques obregonistas. La fase decisiva comenzó el 13 de abril, cuando el general Obregón aprovechó las debilidades de la estrategia de Villa y el 15 de abril, la victoria correspondió a las tropas del general Obregón, tras lo cual Villa se vio obligado a replegarse en León, Guanajuato. De este modo, el gobierno carrancista pudo consolidarse en el poder y promulgar dos años más tarde, la Constitución Política que actualmente nos rige.

El diputado Oviedo Herrera argumenta que estas batallas revisten gran importancia para Celaya porque el enfrentamiento que fue ganado el 15 de abril por Álvaro Obregón, logró desmantelar el villismo que fue una facción muy poderosa y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo como presidente de la República y que posteriormente convocara a una reunión en Querétaro que logró aterrizar la Constitución de 1857, reuniendo las demandas sociales y generando con ello la Constitución de 1917, la que con varios cambios sigue siendo la Carta Magna que rige a los mexicanos y da origen a todas sus instituciones.

Por lo anterior, el diputado Oviedo Herrera propone emitir una moneda conmemorativa con valor nominal de cien pesos con un contenido de veinticinco gramos de plata pura.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta Comisión Dictaminadora considera que la acuñación de la moneda que se propone reconoce los 100 años de trascendentes sucesos históricos para la vida institucional de la sociedad mexicana, por lo que la propuesta es una oportunidad para recordar y enaltecer la historia de nuestro país, así como para refrendar el compromiso de fortalecer a este instituto armado.

Segunda. La Comisión que dictamina considera relevante rememorar la Batalla de Celaya, que tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Gto., del 6 al 15 de abril de 1915 entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas Constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón.

El general Álvaro Obregón, encargado de la campaña contra Villa, concentró a su ejército en Querétaro, mientras el general Villa hizo lo propio en Irapuato. Obregón planeó esperar siempre los ataques del impulsivo Villa, mediante posiciones defensivas bien articuladas con una fuerte distribución de ametralladoras combinadas con alambradas, que detendrían las famosas cargas de caballería y después dar su contrataque, apoyado con la artillería.

El general Obregón, inició la concentración de sus fuerzas en la región del Bajío; Francisco Villa, al conocer estos movimientos decidió partir a enfrentarlo, los Villistas sumaban 22 mil hombres, más del doble de las fuerzas del general Obregón; sin embargo, el triunfo se inclinó desde un principio hacia los constitucionalistas.

El 15 de abril, la victoria del general Obregón obligó a Villa a replegarse en León, Guanajuato. Después de esta Batalla, hubo otras entre los mismos bandos en Trinidad, Santa Ana del Conde (donde el general Obregón perdió el brazo derecho), San Juan de los Lagos y Aguascalientes, pero Villa ya no volvería a operar al frente de la División del Norte y sólo fue cuestión de tiempo para que perdiera toda su fuerza militar, limitándose a partir de entonces, a combatir como guerrillero.

El general Obregón tenía una mejor estrategia porque ya había estudiado Celaya desde principios de abril, se había apoderado de la línea del ferrocarril y conocía el terreno. Villa no tuvo esa ventaja.

Cuando el enemigo se acercaba el general Obregón comenzaba a retroceder, pero a la vez se iba extendiendo en el campo; entonces cuando llegaba el momento de atacar, atacaba también por la retaguardia. Los estragos fueron tales, que durante el enfrentamiento se tuvieron que habilitar fosas comunes.

Tercera. La Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoce que las Batallas de Celaya en 1915 marcaron un antes y un después, no sólo para la ciudad y México, sino que su influencia es internacional.

Por una parte marcaron un freno económico para la ciudad y por otro sirvieron de inspiración para la participación ciudadana y política e influyeron en las manifestaciones artísticas y culturales en América Latina.

Antes de las batallas había una ciudad compacta, una región potencialmente agrícola con 17 haciendas; comunicada, con un desarrollo importante, con obras como la torre hidráulica, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el tranvía.

Después de las batallas, Celaya quedó parada pues entre otras cosas, el campo fue destruido, se redujeron los bienes y servicios, mucha gente emigró y sólo después de cinco años, Celaya volvió a repuntar en su actividad agrícola.

Esta comisión coincide en que lo sucedido en Celaya definió el rumbo de la Revolución Mexicana, pero además trajo aspectos muy buenos tras el término de la guerra, como la búsqueda del ejercicio político en manos no militares y la participación ciudadana.

La batalla logró desmantelar el villismo, que fue una facción muy poderosa, y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones, ser electo presidente de la República y que, posteriormente, convocara a una reunión en Querétaro dando como fruto la Constitución de 1917.

Con los años, se logró la fundación de partidos políticos, la modernización del Ejército Mexicano, y de igual manera en Celaya convivieron numerosos personajes que se preocuparon en capitalizar su participación y esta expresión de guerra, como un recurso de apoyo para la participación social.

La Revolución Mexicana fue la primera gran guerra civil en el siglo XX que transformó una realidad, y esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que es un proceso histórico ejemplar para América Latina, que ha propiciado la inspiración de numerosas manifestaciones sociales para hacer valer los derechos.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora tiene en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En ese sentido, bajo el entendido de que el objetivo es que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar los 100 años de la Batalla de Celaya acontecida en 1915, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en la intención de emitir una moneda que conmemore esos hechos. Sin embargo, derivado de que la propuesta del Dip. Oviedo Herrera es acuñar una moneda con valor ominal de cien pesos y contenido de 25 gramos de plata pura, esta Comisión que dictamina considera más conveniente realizar algunas modificaciones para lograr el propósito que se persigue.

En ese sentido, la que dictamina propone que la moneda pueda ser de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, en virtud de su extensa distribución nacional y su buena aceptación por el público. Para ello, se hacen los ajustes necesarios en el proyecto de decreto que se presenta a consideración.

Quinta. La comisión que suscribe, considera acertado que el diseño principal del reverso de la moneda sea propuesto por el Banco de México, y pueda incluir la leyenda “100 Aniversario de la Batalla de Celaya”. Asimismo, el motivo de esta moneda será propuesto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ser éste el organismo encargado de la difusión del patrimonio histórico de México y de preservar nuestro patrimonio cultural con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta.

Sexta. La que dictamina, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, estima conveniente aprobar la iniciativa en análisis con las modificaciones expuestas en los párrafos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre, 6 por ciento (seis por ciento) de aluminio y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o el que, a falta de dicha propuesta, realice el propio banco. Dicho motivo deberá relacionarse con el 100 aniversario de la Batalla de Celaya.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo a quedar contenido en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, la cual deberá incluir la leyenda “100 Aniversario de la Batalla de Celaya”. En caso de que el referido Instituto no presente una propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este artículo, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, que quedará contenido en el reverso de la moneda.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el artículo segundo transitorio.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el diseño del motivo que proponga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en los términos de este decreto, pueda quedar contenido en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente decreto. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados en México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), presidenta; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Fernando Chárleston Hernández (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Marco Antonio González Valdez, Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla, Eduardo Enrique Domínguez Magaña (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), secretarios; Juan Bueno Torio, Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Margarita Licea González, María de Lourdes Medina Valdés (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Javier Filiberto Guevara González, Jaime Chris López Alvarado, Jorge Mendoza Garza, César Agustín Serna Escalera (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Carol Antonio Altamirano, Mario Alejandro Cuevas Mena, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Édgar Emilio Pereyra Ramírez, Karen Quiroga Anguiano, Ana Lilia Garza Cadena, Federico José González Luna Bueno.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estando a discusión en lo general y en lo particular, fijará postura por Agrupación Morena, la diputada Lorretta Ortiz Ahlf, hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Declino mi participación, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En razón de que declina de su participación, le otorgamos el uso de la palabra, a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Compañeras, compañeros legisladores. Estamos a favor del presente dictamen, porque el acto de conmemorar los grandes hechos y los grandes personajes de la historia fortalece la consciencia cívica de la población y tiene efectos pedagógicos en las nuevas generaciones.

La moneda conmemorativa de los 100 años de la Batalla de Celaya es una ocasión para reflexionar sobre el significado de este hecho, que enfrentó a los más grandes genios militares de la historia mexicana.

La Batalla de Celaya registró el momento más violento y decisivo de la Revolución Mexicana, el momento del enfrentamiento entre las facciones revolucionarias que destruyeron el antiguo régimen y que de forma inevitable debían confrontar sus propios proyectos para darle rumbo al país.

En abril de 1915, el Bajío fue el escenario de guerra donde emergió triunfante el Ejército Constitucionalista encabezado por el general Álvaro Obregón. Obregón, representaba el ala institucional de la Revolución Mexicana bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, partidario de la legalidad y la transformación gradual de la realidad política, económica y social.

Los constitucionalistas tenían un proyecto de nación articulado del que carecían las demás facciones revolucionarias. Del otro lado estaba la División del Norte encabezada por Francisco Villa que abanderaba una agenda de profundas transformaciones sociales y contaba con enorme apoyo popular.

Formalmente a las órdenes de Carranza como primer jefe de la revolución, Villa nunca se sometió a las necesidades estratégicas de Carranza, porque ello implicaba quedar relegado de las prioridades del nuevo gobierno surgido de la revolución.

La División del Norte es para muchos historiadores una de las más grandes construcciones populares independientes, diseñada y articulada bajo la hostilidad, primero, del régimen Porfirista encarnado por Victoriano Huerta y después bajo el acoso de Carranza. La destrucción del aparato militar y las bases sociales del antiguo régimen se deben en gran medida a la acción de la División del Norte.

En abril de 1915 Francisco Villa encabezaba las demandas históricas de justicia, tierra y libertad. Ya había ocurrido la Convención de Aguascalientes donde concluyeron las visiones de las masas campesinas y populares del norte y del sur, encabezadas éstas por Emiliano Zapata. El Plan de Ayala zapatista, con su programa de reivindicación histórica de los campesinos se incluyó en la agenda de la convención.

La fortaleza militar, social e ideológica de las fuerzas convencionistas se reflejó en la toma de la Ciudad de México y la salida de Carranza rumbo a Veracruz para reorganizarse.

Finalmente, la Batalla de Celaya mostró que la visión histórica, la habilidad política y el sentido institucional de Carranza, le permitieron generar las condiciones para enfrentar y derrotar a la División del Norte.

La capacidad política y la visión de Estado se impuso a los impulsos revolucionarios de las masas. La ausencia de un proyecto institucional impidió a las fuerzas de Francisco Villa acumular apoyos entre las clases dirigentes y del exterior, concretamente en Estados Unidos donde la inminencia de la primera guerra mundial apremiaba a forzar la pacificación de México.

A 100 años de la Batalla de Celaya podemos derivar muchas lecciones. Una de ellas es que la violencia no siempre es el único camino para conciliar los proyectos encontrados. En todo momento es posible encontrar la forma de solucionar las diferencias sin que ello implique aplastar al adversario.

Las estructuras políticas del antiguo régimen no permitían la conciliación de los proyectos de las acciones revolucionarias triunfantes, sin embargo el Estado surgido de la Revolución Mexicana que hoy tratamos de fortalecer y democratizar, debe ser capaz de procesar nuestras diferencias, de solucionar conflictos y de evitar fracturas, todo por la vía pacífica e institucional.

Con la moneda conmemorativa cuyas características se definen en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se preserva la memoria de este hecho.

De igual forma el dictamen de la Comisión de Gobernación que se discute a continuación y que establece el 15 de abril como aniversario de la Batalla de Celaya, contribuye a reconocer su trascendencia.

En Nueva Alianza –mi grupo parlamentario– creemos firmemente que las nuevas batallas que debamos enfrentar los mexicanos, tienen que ser en el terreno del debate, de la discusión, de la negociación, de los acuerdos, y de los consensos democráticos.

Así demostraremos a las nuevas generaciones que aprendimos cabalmente las lecciones de la historia. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Cerda Franco. Don Ricardo Cantú Garza, tiene la palabra.

El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): Declino, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Declina usted en aras de contribuir a la economía del procedimiento legislativo. Gracias. Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, tiene la palabra.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): También declino, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: También le reconoce la asamblea su contribución. Diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, por favor adelante; guanajuatense.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. Quisiera al igual que mis dos compañeros anteriores también declinar pero no puedo hacerlo –señor presidente– porque es mi distrito, el distrito que represento...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sería una omisión.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:...es el que hoy tratamos en este punto y es muy importante por lo que sucedió para nuestra historia y por esa gran batalla en la ciudad de Celaya.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra y seguramente sería reprochable el que no lo hiciera, por favor.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, presidente. La identidad nacional es la sensibilidad efectivo emocional que produce el apropiarse del pasado, del presente y del futuro de una nación.

En este sentido la celebración de las batallas y gestas militares nos sirven en gran medida para tener una identidad nacional sólida, uniforme.

No cabe duda –pues– que en el periodo comprendido entre la Independencia y la Revolución Mexicana está repleta de hazañas y gestas heroicas en las cuales nuestros antepasados han luchado en contra del enemigo que han amenazado la integridad de nuestra nación.

Una de estas disputadas se dio en la ciudad que me toca representar en mi distrito, en la ciudad de Celaya, del estado de Guanajuato, y pasó a la historia como un evento militar decisivo, el cual acaeció el 15 de abril del año 1915, entre las fuerzas de la División del Norte al mando de Francisco Villa y el Ejército Constitucionalista, el cual era dirigido por el general Álvaro Obregón.

Es importante comentar que Francisco Villa contaba con la ventaja de poseer mayor número de tropas, ya que entablarse las hostilidades, Obregón disponía de 15 hombres y Villa de 25 mil. Pero el general Obregón tenía la ventaja táctica, pues conocía mejor el terreno, esto le permitió establecer ventajosamente sus posiciones y esperar siempre los ataques del impulso de Francisco Villa.

Lo anterior, lo logró mediante posiciones defensivas bien articuladas, contando con una fuerte cantidad de ametralladoras y alambradas, la combinación de todos estos factores contuvo las famosas cargas de caballería de la división de norte para posteriormente contraatacar con la artillería.

Por lo tanto, desde el punto de vista militar, en el escenario bélico de Celaya, se enfrentaron la modernidad obregonista y el atraso villista.

Todo lo anterior contribuyó a la victoria del general Álvaro Obregón en la ciudad de Celaya, que aunque para muchos, el famoso manco había perdido la mano derecha en esa ciudad, no fue ahí, sino fue en una batalla posterior dos meses en la ciudad de León y la comunidad de San Pedro, El Monte, lo cual marcó un parteaguas, pues así definió Obregón que en la ciudad tuvo rumbo la revolución de nuestro país, la Revolución Mexicana, ya que con el tiempo se logró la erradicación del villismo y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo presidente de la República.

Seguidamente Carranza convocó al Congreso Constituyente de 1917, el cual elaboró nuestra Constitución Mexicana y la cual nos rige en la actualidad y da origen y sustento a todas nuestras instituciones democráticas.

Por lo antes mencionado, a 100 años de lo ocurrido, dicho acontecimiento nos permite reforzar nuestra identidad nacional, conocer la historia de lo ahí acontecido, y compartirla con todas nuestras generaciones de jóvenes, y es que debido a la trascendencia de este evento, en el devenir histórico de nuestra nación, se nos pone a consideración el presente proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya.

Con esta acción se busca la difusión de ideas y la dispersión del conocimiento de nuestro legado histórico y cultural, lo cual se logra gracias al amplio uso de las monedas como medio para la compra y venta de bienes y servicios.

De igual manera, también se pone a consideración el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde se reforma la fecha de 15 de abril para quedar como 15 de abril aniversario del fin de la Batalla de Celaya de 1915.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de dichos puntos de acuerdo, en primer lugar por la trascendencia de dicho acontecimiento que propició para la construcción de una nueva etapa en la vida institucional del México que hoy tenemos, en segundo lugar porque esta conmemoración nos permite resaltar la importancia histórica de Celaya y finalmente porque nos sirve para recordar a las personas que murieron, que dieron su vida en este campo de batalla, defendiendo todos sus ideales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Camarena García. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Por supuesto que la Batalla de Celaya tuvo una enorme importancia en lo que sucedió con la Revolución Mexicana, en el desenlace de la Revolución Mexicana por decirlo de alguna manera, fue la derrota de los ejércitos populares, de los ejércitos populares que sostuvieron la Convención de Aguascalientes, fueron derrotados por un general muy bueno tácticamente, le decían el general invicto a Álvaro Obregón, pero él representaba otros intereses.

Representaba otros intereses a pesar de que la Casa del Obrero Mundial tuvo la muy desafortunada idea propuesta de pactar con Obregón y formar sus batallones rojos para combatir a los ejércitos populares de Villa y Zapata, derrotados por Álvaro Obregón, quien había estado en un inicio en la Convención de Aguascalientes, pero como no le gustó el resultado de la Convención de Aguascalientes la verdad es que luego se fue con Carranza, porque le convenía a sus intereses.

Así que me disculpen los insignes sonorenses de esta Cámara de Diputados, pero nosotros, en la izquierda, creo, no podemos celebrar, conmemorar la derrota del general Villa y de los ejércitos de la Convención de Aguascalientes, que cambiaron la historia.

La verdad es que si bien no se trata tampoco de estigmatizar, creo que ése es un momento en la historia que nos divide, lo que nos une es la lucha contra la tiranía que era la lucha contra Victoriano Huerta y el triunfo de los ejércitos revolucionarios sobre ellos, pero no creo que sea de unión la derrota definitiva fundamental que fue la Batalla de Celaya, de los ejércitos populares encabezados por Villa y por Zapata de alguna manera, aunque ellos estaban más en la guerra de guerrillas tratando de evitar, pero allá habían soltado la Ciudad de México y nosotros creo que no me lo perdonaría mi querido amigo y maestro Adolfo Gilly si nosotros avaláramos celebrar la Batalla de Celaya, que insisto fue la derrota de los ejércitos populares de Villa y Zapata y otros que sostuvieron la Convención de Aguascalientes.

Así que si bien puedo guardar y tengo respeto por estos de la, creo que les llama Aguilar Camín la frontera nómada en Sonora, tengo respeto, sé que son el grupo que finalmente quedó al frente de la revolución una vez después de que se deshicieron, que barbas de chivo, así le decía sin mucho cariño Villa a Carranza, después de que quiso poner a su Juanito enfrente de la Presidencia y que por el Plan de Agua Prieta lo evitaron en una gran... eso sucedió posteriormente.

Pero nosotros, el grupo parlamentario consideramos que la derrota de Villa no puede ser o no debería ser conmemorada. Se supone que los tenemos a todos en el Monumento a la Revolución, ahí vemos si justificamos las luchas justas de todos. Buscamos este asunto tal vez un poco contradictorio porque es un panteón entre personas que se confrontaron entre ellas mismas y representaban proyectos de nación distintos, pero hay algunos aquí en esta Cámara que nos sentíamos o nos sentimos identificados con lo que representaba el ejército o la División del Norte, con lo que representaba el ejército de Zapata en el sur, en Morelos y consideramos que no es correcto que nosotros, al menos nosotros no estamos de acuerdo en que se conmemore esta derrota que definió la Revolución Mexicana a favor de una facción sobre otra, sobre la que en nuestro punto de vista representaba las fuerzas más populares, más socialmente comprometidas, etcétera.

Evidentemente es una parte de historia muy estudiada y si bien es cierto la historia ya no se puede cambiar, pero nosotros podemos decidir qué conmemorar y la verdad es que no nos llama la atención conmemorar la Batalla de Celaya, en donde fue derrotado mi general Villa. Es cuanto, presidente.

También porque le dejó de hacer caso al general Ángeles, era un poco intempestivo el general Villa, pero eso no quita que representaba a la parte más popular, más auténtica de la Revolución Mexicana.

Quizás algo que pudiéramos hacer con la historia, por ejemplo, luego como provocación es las tremendas violaciones a los derechos humanos, la discriminación por la comunidad china durante la Revolución Mexicana. Eso fue general de los Ejércitos del norte, también de los sonorenses, etcétera, de muchos otros donde hubo una tremenda discriminación, violaciones y asesinatos a la comunidad china.

Ojalá algún día tengamos la madurez y la conciencia de pedirle disculpas a la comunidad china, que fue masacrada y discriminada en la Revolución. Eso fue parte de un defecto de los Ejércitos Revolucionarios que habría que aceptar. Pero nosotros como grupo parlamentario decidimos y no queremos conmemorar la derrota de mi general Villa. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Gutiérrez Reyes, desde su curul dígame, ¿Con qué objeto?

El diputado Javier Gutiérrez Reyes (desde la curul): Habíamos pedido que no íbamos a hacer uso de la palabra, el licenciado Cantú, porque iba yo y ya llegué; entonces, quiero hacer uso de la palabra, de favor. Hubo una confusión en el nombre.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como ya llegó usted y estamos respetando los registros...

El diputado Javier Gutiérrez Reyes (desde la curul): No, no. Ya estaba, pero cuando dijeron eso no...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo que haremos, señor diputado, respetando el derecho legítimo que corresponde a su grupo parlamentario, vamos a registrar en pro, pero una vez que concluyan la fijación de las posturas de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del PRI.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar la postura que considere pertinente su propio grupo y a su visión.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera:Gracias, presidente. Con su venia. Amigas y amigos legisladores, conmemorar el centenario de las batallas de Celaya, conclusión de la Revolución Mexicana, implica reconocer la trascendencia que dichas batallas han tenido, tanto para la vida constitucional de México, como la conclusión de una etapa histórica militar.

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, se ha celebrado el centenario por medio de una serie de exposiciones artísticas, desfiles militares, una representación escénica de parte del Ejército Mexicano, la cancelación de una estampilla postal, la emisión de un billete de Lotería, etcétera.

En este marco histórico, la acuñación de las monedas conmemorativas de gestas heroicas o deportivas, permiten transmitir a la posteridad el recuerdo del acontecimiento que ha marcado de manera profunda y decisiva nuestra existencia social. Además, permiten recordar nuestro pasado, sentirnos orgullos de él y reavivar nuestros anhelos de construir un México más próspero y más sólido.

Fue en virtud de lo anterior, que se han acuñado diversas monedas conmemorativas de uso corriente, basta recordar la moneda conmemorativa por la gesta heroica de Veracruz durante la invasión norteamericana en 1914 y que fue aprobada por esta soberanía.

El Banco de México ha realizado encuestas para saber el sentir de la población, un dato revelador es saber que la mitad de los encuestados opinó que les gustaría que fueran personajes históricos de México, con un 52 por ciento, grandes batallas de México con un 36 por ciento, flora y fauna autóctona de México y trajes típicos con 19 por ciento cada uno de ellos.

La importancia de las monedas como vehículo de comunicación, es porque estas pequeñas obras de arte, a través de los mensajes e imágenes que incorporan, son capaces de promover valores gracias a su lenguaje universal, comprensible en cualquier parte de la nación.

La Casa de Moneda es una de las instituciones más antiguas e importantes de México, creada el 11 de mayo de 1535. La agraciada manufactura lograda con el paso de los años, además de ser reconocida por su alta calidad, es un vehículo excepcional para llevar a cada parte de nuestro país la historia que hoy nos enorgullece a todos.

Nuestra moneda, con justificado orgullo, enaltece a México y a todos los mexicanos, aprovechemos esta ocasión e identifiquemos todo aquello que hay que conservar y proteger, para sentirnos identificados y satisfechos como pueblo y unidos como mexicanos.

Porque estos símbolos conforman nuestro amor propio, individual o colectivo, nos ennoblecen y encarnan nuestro sentido de lo justo, significa nada más y nada menos acrecentar nuestra nacionalidad.

La tierra del genial arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras se encuentra satisfecha con este centenario de la Batalla de Celaya, conclusión de la Revolución Mexicana por la gran promoción que recibe también, coincidiendo con el denominado auge de la ciudad de Celaya.

A cien años de las batallas de Celaya, hoy nos corresponde librar otras lides, otros frentes.

Y otra batalla importante es la que tenemos que hacer contra la impunidad y la corrupción. Y para ello debemos disponer cuanto antes del sistema nacional anticorrupción e implementarlo lo más pronto posible, porque es una batalla que se librará a lo largo y ancho de nuestra nación, y así esperamos reducir y desterrar con esto, sensiblemente, este flagelo.

Por esta razón, solicito su voto favorable porque al hacerlo hacemos honor no solo a Celaya sino a todos los municipios de México donde se han desarrollado acontecimientos claves para nuestro ser como nación. Muchas gracias, es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Rangel Segovia para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alejandro Rangel Segovia:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, celebro a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el que la Comisión de Hacienda y Crédito Público nos proponga este decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la batalla de Celaya.

Hace un siglo los campos de Celaya fueron regados con la sangre de hermanos que, tras no lograr acuerdos sustanciales que definieran el rumbo de la nación, encontraron en la guerra la única manera de resolver sus diferencias.

Cierto es que de este hecho histórico y doloroso se pueden resaltar las virtudes militares del general Álvaro Obregón. La consistencia ideológica del general Francisco Villa y un momento fundacional para el heroico Ejército nacional mexicano.

Pero también debemos tener la satisfacción de la lectura puntual a la que hoy se privilegia la confrontación de ideas y la necesidad de agotar todos los recursos que nos ofrece la lucha política, aun a pesar de lo graves y profundas que puedan ser nuestras diferencias.

Aun entre pensamientos revolucionarios que en la actualidad tratan de interpretar la ruta del bienestar social que más pronto otorgue las mejores condiciones de vida a todos los mexicanos.

Cierto es, que hoy con la aprobación del presente dictamen estamos rindiendo un homenaje a todos aquellos que participaron en la Batalla de Celaya, tanto vencedores como vencidos, pero esta fecha también debe, en aras de imponer ideas o programas, servir para expresar nuestro deseo de que los exaltos de los ánimos que se dan en la lucha ideológica, nunca más un mexicano vuelva a empuñar un arma en contra de otro de sus hermanos.

Seguros estamos que el diálogo respetuoso y apegado a la ley dará mucho mejores resultados que cualquier acción armada. La vehemencia de la defensa de los ideales debe ser ardua, convincente, documentada y consistente, sin duda, más no faltando al respeto ni ofendiendo las inteligencias de unos sobre los otros.

Muchos temas han desfilado aquí. Muchos pros y muchas contras se han expresado también de muchas maneras: oratoria, pancartas, mímicas, música, entre otras expresiones menos mencionables. Todas con tal de llamar la atención y convencer, lo cual sin duda es más importante que simplemente vencer.

El respeto de las instituciones por la población y el respeto de la población por las instituciones y la convicción que los Poderes instituidos, Ejecutivo, Legislativo y Judicia,l deben tener para respetarse unos a otros, es el reconocimiento a que todos tienen sus responsabilidades, pero también sus alcances y limitaciones, y que cada cual debe reconocer el que las haga valer cada poder instituido. Todo ello hace posible que los mexicanos encontremos rutas de acuerdos posibles ante retos actuales, pero igualmente, enormes como lo fueron en 1915.

Hoy hay nuevas revoluciones, revolución energética, revolución para la movilidad, revolución ecológica, revoluciones tecnológicas que siguen a la espera de su encuentro, el México que hoy tenemos, donde están inscritos ya no los ciudadanos con carrilleras sino los ciudadanos que están al frente de las maquinas, que están en los pasillos de la producción y de los ciudadanos que tienen en su mente las innovaciones y que tienen en su mente las nuevas tecnologías que deben ser trasladadas para su mejor uso, para la mayor productividad y para la mayor competitividad que este México está anhelante de poseer.

Consideramos, pues, de vital importancia difundir entre toda la población mexicana sobre todo en las generaciones de niños y adolescentes el hecho histórico al que nos referimos en este momento. Un episodio que derivó, en conjunción con otros más, en la creación de leyes es instituciones que reflejaran los principios de igualdad, justicia y libertad que dieron origen a la revolución mexicana.

El periodo comprendido del 6 al 15 de abril representa el hecho histórico que aquí mencionamos. Esa fue la aún no cabalmente comprendida lucha de Celaya, la que debemos explicar una y otra vez, puesto que las concepciones de nación que se tenían en ese momento por diversos grupos revolucionarios siguen siendo hoy en día muestra del debate de las diversas concepciones que de nación tenemos aquí y que están representadas por los diversos grupos parlamentarios de partidos políticos que debaten con ahínco en esta Cámara.

Por ello el Grupo Parlamentario del PRI celebra y está contundentemente a favor de que hagamos esta conmemoración mediante la medalla a que se ha hecho mención reiteradamente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Alejandro Rangel. Antes de concederle el uso de la palabra al señor diputado Javier Gutiérrez Reyes para hablar con relación al dictamen, permítaseme saludar –y se encuentran en el recinto– a un grupo de invitados especiales de la diputada, y también de este pleno, de la diputada Mirna Hernández Morales, provenientes del municipio de Pachuca del estado de Hidalgo. Sean bienvenidos.

Ahora sí, señor diputado Gutiérrez Reyes, para hablar desde la tribuna sobre el dictamen materia de esta discusión.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes:Compañeros de la Presidencia, gracias. Señores diputados, señoras diputadas. La intervención que tengo yo a bien hacer, es para hacer un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión que a veces nos cuesta trabajo en esta soberanía.

La batalla de Celaya es una batalla que decide el rumbo interno que tiene que tener la Revolución Mexicana.

Para muchos ciudadanos de nuestro querido México, esa batalla la perdió una de las fuerzas que más carisma tenía en todo el país en ese momento y que incluso ahora en estos momentos, el derrotado tiene más carisma que el vencedor.

La batalla de Celaya que fue a muchos kilómetros de Celaya –por cierto– muestra el triunfo de una corriente que no era la mejor, que mostraba un proyecto económico diferente encabezado por la Convención de Aguascalientes, cuyos principales líderes eran del vox populi, eran los más queridos del país y que por esa razón Venustiano Carranza no asistió, y después se fue.

Ganaron ellos la batalla, efectivamente. En términos generales fue una lucha de dos clases sociales, fue una lucha de dos concepciones de la lucha revolucionaria y del México que queremos.

Los pendientes que quedaron hasta la fecha existen. Hoy nuestro querido país es una fosa clandestina; nuestro querido país por gobiernos de “oposición” dejaron más de 100 mil muertos; nuestro querido país hoy está en venta. Las concesiones que se les han dado a todas las mineras que hoy controlan más del 33 por ciento del territorio nacional; las concesiones que se están dando, una vez que se extrae el petróleo para privatizarlo; las concesiones que se quieren dar para el agua, para que tenga el mismo destino, es la concepción de aquellos que votaron y ganaron, y dicen que ganaron esa batalla.

Sin embargo en esta soberanía de hombres libres, lo que venimos a informarles y a pedirles, es que razonemos el voto. Es una batalla que si bien fue importante, cambió el sentido social de la revolución mexicana y el espíritu por lo que había surgido.

Oradores aquí ya han hablado de esto y no creo que sea bueno estarlo manteniendo así, pero bueno.

Quisiera decirle al diputado que habló de Guanajuato, no quiero decir nombres, para que no se sienta aludido personal; como dicen los mayores o decían los mayores, hay que tratar con respeto a los agentes, a las gentes mayores, y cuando él se refiere con tanto desprecio a Francisco Villa, yo creo que el señor diputado no conoce la historia mexicana y no es Francisco Villa con ese desprecio.

Yo le insto a que cuando se refiera a él, hable de lo que fue, es el general Francisco Villa, y para terminar, hacemos el llamado a que razonemos el voto.

Y en esta ciudad de México le quiero informar a ese diputado, que cuando hablamos así de Francisco Villa es un son de guerra, y decimos Francisco Villa. Viva Francisco Villa... La palabra que sigue se las dejo a su imaginación... ¿La oyeron, verdad? Viva Villa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Gutiérrez Reyes. Para hablar en contra del dictamen...

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame diputado Javier Orihuela, desde su curul, dígame.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Como diputado del estado de Morelos, no podemos aceptar que la batalla de Celaya sea una conmemoración, una fiesta. Fue una lucha entre mexicanos donde se dirimieron dos proyectos de desarrollo, y efectivamente, el grupo de los hacendados, el grupo de los que no querían perder el poder, ganaron, porque a Villa le fue negado el parque; a Villa le fue negado desde Estados Unidos el parque. Y desde ahí tenemos dos grandes proyectos nacionales que mi general Emiliano Zapata, jefe del Ejército libertador del sur, planteaba que todo mexicano tiene derecho a vivir de la tierra, a vivir sanamente de la tierra. No acaparar la tierra, no hacer latifundios que provocan la inestabilidad, provocan el desempleo, provocan el tener tierras ociosas. Hoy no podemos conmemorar una batalla fratricida.

Lo que digo, lo que propongo, coordinador del grupo parlamentario del PRI, lo que propongo es que sirva esta batalla para reflexionar acerca de cómo debemos dirimir...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, permítame diputado Orihuela, permítame, por favor...

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): ... los dos proyectos nacionales que nos permitan tener un verdadero desarrollo, justo y sustentable para todos los mexicanos, y no solamente para un grupo social que dilapida y contamina nuestro medio ambiente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Orihuela. Tiene el uso de la palabra el diputado Rosendo Medina Filigrana, para hablar en contra del dictamen, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Compañeras diputadas y compañeros diputados, mi voto a este dictamen va a ser en contra porque no estamos aprobando la medalla conmemorativa de una batalla cualquiera, es una medalla conmemorativa de la derrota de las fuerzas populares de la Revolución, es una moneda que va a conmemorar la derrota de la Convención nacional y soberana de Aguascalientes, porque –si ustedes no lo recuerdan– unos meses antes de esta Batalla de Celaya todas las fuerzas revolucionarias se reunieron en Aguascalientes en una Convención, donde estuvo el propio Álvaro Obregón, donde estuvo Emiliano Zapata, Francisco Villa y todo un cúmulo de generales que se declararon soberanos y formaron sobre la Bandera un pacto para reencausar al país sobre una nueva senda de progreso.

El único obstáculo que tuvo la Convención nacional de Aguascalientes fue la obsesión por el poder de Venustiano Carranza, que desconoció a la Convención y volvió a inundar de sangre los campos mexicanos con la lucha entre constitucionalistas y convencionistas.

Aquí no es la batalla de la modernidad lo que se está celebrando, aquí es el triunfo del conservadurismo de Carranza frente a la esencia de la Revolución que representaban Zapata y Villa.

Es una pena, compañeras y compañeros, que vengamos a votar un dictamen que conmemora en todo caso la derrota temprana de la Revolución Mexicana y de sus grandes postulados. Por eso, compañeras y compañeros, respetuosamente les pido que reflexionemos nuestro voto.

Ya entregamos las playas a los extranjeros, ya privatizamos el petróleo y la energía eléctrica, no desvirtuemos la historia para las futuras generaciones de mexicanas y de mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rosendo Medina.

Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Está abierto el sistema electrónico. Cierre el sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, preguntamos al diputado Héctor Ireneo Cossío, el sentido de su voto.

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío(desde la curul): A favor.

La diputada Edith Avilés Cano(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): A favor.

El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela(desde la curul): A favor.

El diputado José Ángel González Serna (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Flores Suárez(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se emitieron 288 votos a favor, 67 en contra, 15 abstenciones, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Centésimo Aniversario de la Batalla de Celaya. Pasa al Senado de la República para los correspondientes efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTAMENES A DISCUSION DE PUNTOS DE ACUERDO

OTORGUE UN RECONOCIMIENTO AL POLICIA QUE RESULTO HERIDO INTENTANDO FRUSTRAR UN ROBO EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA FE

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al gobierno local a otorgar un reconocimiento al policía que resultó herido cuando intentaba frustrar un robo en el centro comercial Santa Fe

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal, para que otorgue un reconocimiento al policía que resultó herido intentando frustrar un robo en el Centro Comercial Santa Fe, presentado por el diputado José Luis Flores Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 80, 82, numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen a la proposición con punto de acuerdo señalado, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 28 de enero de 2015, el diputado José Luis Flores Méndez, presentó a la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 3 de febrero de 2015, con oficio número DGPL 62-II-5-2423, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente 5938, para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 26 de marzo de 2015, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala que: “La zona de Santa Fe captó desde hace años el interés de inversionistas y grupos corporativos para el desarrollo de nuevos mercados, centros residenciales de alto poder adquisitivo, corporativos, escuelas, universidades y otros servicios, convirtiéndose en el desarrollo urbano y financiero más importante de la capital.”

2. “Esta situación permitió la edificación del Centro Comercial Santa Fe, en el cuál se reciben mensualmente dos millones 500 mil visitas, ya que alberga en su interior más de 512 establecimientos comerciales, bancos y salas de cine”.

3. Asimismo, comenta que “a pesar de ser uno de los centros comerciales más grandes e importantes de la Ciudad de México, este no se ha encontrado al margen de la delincuencia y muestra de ello es que el pasado viernes 23 de enero la tienda Saks Fifth Avenue fue objeto de un robo en el que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, un grupo armado de al menos 20 hombres que portaban cubre bocas, gorras y sudaderas, así como mazos con los que rompieron los cristales de los exhibidores, participaron en la comisión de este hecho, sustrayendo un botín valuado en cerca de 2.5 millones de dólares, en productos de joyería y relojería.”

4. De tal modo, señala que la actuación del policía auxiliar de nombre Rosario Hugo Olivares, quien resultó herido de una pierna, deja patente el compromiso de Justicia y Responsabilidad Civil, con la que cuenta este policía, ya que por encima de su propia vida, ponderó la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar, pero no sólo eso, también demuestra que existen elementos policiacos prestos a servir a la población cuando ésta más los necesita y que están dispuestos a enfrentar el peligro con el riesgo de su propia vida.

5. Es por ello que el diputado Flores Méndez, propone: “exhortar al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se otorgue un reconocimiento al policía auxiliar por el valor y heroísmo demostrado en cumplimiento de su deber, al intentar frustrar el robo efectuado en el Centro Comercial de Santa Fe, aun cuando se encontraba fuera de servicio”.

6. Señala también que: “Con independencia de lo anterior, resulta importante mencionar que esta es la tercera ocasión en menos de un año, que se presenta un robo en este Centro Comercial, por lo que también proponen que se exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, se lleven a cabo operativos en los diversos Centros Comerciales del Distrito Federal, así como análisis de riesgo en cada una de sus instalaciones y se establezcan protocolos de seguridad, con la finalidad de prevenir se sigan suscitando hechos delictivos que pongan en peligro la integridad de la población”.

Por lo que concretamente plantea que la Cámara de Diputados:

1) Exhorte al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se analice la posibilidad de otorgar un reconocimiento al policía auxiliar que resultó herido al intentar frustrar un robo en el Centro Comercial Santa Fe.

2) Se exhorta al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, se realicen análisis de riesgo en los diversos centros comerciales del Distrito Federal, se establezcan protocolos de seguridad, y se certifique a cada uno de ellos en materia de seguridad.

III. Considerando que:

1. Esta comisión dictaminadora, coincide con el legislador impulsor del punto de acuerdo, en el sentido de que es necesario reconocer a aquellos elementos de los cuerpos de seguridad, que arriesgando su vida salvaguardan las de otras personas y sus bienes, y de ser posible compensarles y gratificarles. Más aún si se considera que en el momento del incidente no estaba en servicio, y enfrentó a delincuentes que contaban con armas de fuego que pudieron haberle causado un daño irreversible.

2. Se considera necesario que el gobierno del Distrito Federal norme y haga obligatorio el acuerdo de acciones de seguridad con centros y plazas comerciales, además de que se establezcan una gama de acciones y trabajos conjuntos con casi la totalidad de estos lugares en el DF, puesto que ofertan bienes y servicios que de alguna manera constituyen objetivos codiciados por la delincuencia.

3. Es por ello, que esta comisión considera la necesidad de que las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal tengan la prioridad de brindar seguridad en todos los aspectos, por lo que se exhorta a llevar a cabo las acciones pertinentes.

4. Los integrantes de ésta comisión dictaminadora, consideran que es más adecuado el uso de la palabra “solicitar” al gobierno del Distrito Federal, considere reconocer y en su caso, otorgar un estímulo al policía que resultó herido intentando frustrar un robo en el Centro Comercial Santa Fe, en vez de la palabra “exhortar”, por lo que en dichos términos esta sería la comunicación que la Cámara envíe a la autoridad capitalina, así como solicitar se realicen análisis de riesgo en los diversos centros comerciales del Distrito Federal, además de que se establezcan protocolos de seguridad, y se certifique a cada uno de ellos en materia de seguridad.

Por lo expuesto, con las consideraciones y cambios planteados, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con fundamento y en base a las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que:

Es de aprobarse con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado José Luis Flores Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal, para que otorgue un reconocimiento al policía que resultó herido intentando frustrar un robo en el Centro Comercial Santa Fe

Primero. Solicitar al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, considere reconocer y, en su caso, otorgar un estímulo al policía auxiliar que resultó herido intentando frustrar un robo en el Centro Comercial Santa Fe.

Segundo. Se solicita al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, se realicen análisis de riesgo en los diversos Centros Comerciales del Distrito Federal, se establezcan protocolos de seguridad, y se certifique a cada uno de ellos en materia de seguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda, Mario Miguel Carillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuellar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Irene Sánchez Balderas (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica).»

DIFUNDA LA INFORMACION PRECISA Y DETALLADA DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y HERIDAS EN LOS SUCESOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAJIMALPA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Salud local que difunda la información precisa y detallada de las personas fallecidas y las heridas en los sucesos del hospital materno-infantil Cuajimalpa

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Distrito Federal a difundir la información precisa y detallada de las personas fallecidas y de las heridas en los sucesos del hospital materno-infantil Cuajimalpa, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalada, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 5 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 6 de febrero de 2015, con el oficio número DGPL 62-II-6-1959, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente 6010, para análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 26 de marzo de 2015, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala: “El pasado 29 de enero, la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del hospital materno-infantil Cuajimalpa dio como resultado 73 personas heridas y 3 fallecidas, 2 de ellas recién nacidas”.

2. De acuerdo con el procurador Rodolfo Ríos Garza, los trabajadores de la empresa Gas Express Nieto llegaron al hospital y subieron al primer nivel para suministrar el gas; sin embargo, advirtieron que había una fuga de gas en la válvula adherida a la pipa. Por ello regresaron al camión para tratar de controlarla y pedir ayuda de los bomberos, pero al parecer no cerraron la válvula.

3. Asimismo, comenta el proponente: “A este hecho, hay que aludir a las recientes declaraciones que ha hecho la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos (Aigett), respecto a que la Secretaría de Salud del Distrito Federal dé a conocer con precisión los nombres de las personas heridas y fallecidas en el mencionado suceso, toda vez que en conferencia de prensa, la Aigett señalo que de acuerdo con el Reglamento Interno del Hospital, a la hora de la explosión, debieron haberse encontrado en el lugar 34 enfermeras o enfermeros, de quienes no se ha informado si están heridos o fallecieron”.

Si bien los cuerpos de rescate trabajaron en la zona desde el primer momento, resulta necesario que la jefatura del gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud, no deje duda de ninguna naturaleza y dé un informe pormenorizado de las personas heridas y de las fallecidas, pues hay preocupación latente por la Aigett para conocer el paradero del total de sus compañeras, apelando a una marcha el 12 del mes en curso.

Por ello plantea concretamente que la Cámara de Diputados

Único. Exhorte a la Secretaría de Salud del Distrito Federal a hacer público un informe preciso y detallado de las personas fallecidas y heridas en los sucesos del hospital materno-infantil Cuajimalpa.

III. Considerando que

1. La comisión dictaminadora coincide con el legislador impulsor del punto de acuerdo en el sentido de que es necesario conocer con precisión cuántas fueron las víctimas del fatal accidente, cuál era la relación de ellas con el hospital y si eran trabajadores o pacientes.

2. De acuerdo con lo citado por el diputado Mejía Berdeja, “integrantes de la Aigett no tienen el debido conocimiento de lo que pasó con todo el personal de enfermería que se encontraba en ese momento laborando; lo anterior, debido al derrumbe y a lo dicho por el jefe del gobierno del Distrito Federal de que serían reubicados en otros hospitales para que no se quedaran sin trabajo”.

3. Por ello, la comisión considera la necesidad de “solicitar” que las autoridades competentes del Distrito Federal lleven a cabo las acciones pertinentes para dar claridad de los hechos acontecidos, en vez de “exhortar”.

Por lo expuesto, con las consideraciones y los cambios planteados, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con base en los argumentos que preceden, resuelven que

Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Por ello se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal que difunda la información precisa y detallada de las personas fallecidas y de las heridas en los sucesos del hospital materno-infantil Cuajimalpa

Único. Se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal que haga público un informe preciso y detallado de las personas fallecidas y de las heridas en los sucesos del hospital materno-infantil Cuajimalpa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), María del Carmen Valencia González (rúbrica).»

ACELERE EL MANTENIMIENTO DE LOS TROLEBUSES RETIRADOS DEL CORREDOR CERO EMISIONES EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el cual se solicita al director general de Servicios de Transportes Eléctricos del DF que se acelere el mantenimiento de los trolebuses retirados del corredor cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Servicios de Transporte Eléctricos del Distrito Federal a acelerar el mantenimiento de los trolebuses retirados del corredor cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas, suscrita por el diputado José Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalada, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de febrero de 2015, el diputado José Antonio Valdés Palazuelos presentó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 25 de febrero de 2015, con el oficio número DGPL 62-II-7-2085, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente 6131, para análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. El 23 de marzo de 2015, con el oficio número CDLXII/ DKQA/ 182/ 2015, la diputada Karen Quiroga Anguiano, secretaria de la junta directiva de esta comisión, remitió un documento con observaciones sobre las proposiciones hechas llegar a todos los integrantes para su conocimiento, las que fueron consideradas en la elaboración del presente dictamen.

4. Con fecha 26 de marzo de 2015, en reunión ordinaria la Comisión del Distrito Federal analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala: “Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE) es el encargado de brindar las opciones de transporte sustentable proporcionando a los usuarios un transporte no contaminante, seguro, oportuno y económico que satisfaga su necesidad de traslado a diversos puntos de la ciudad, y tiene a su cargo, entre otros servicios, el tren ligero y las líneas de trolebuses”.

2. “La red de trolebuses actualmente cuenta con 8 líneas en servicio, con una longitud de operación de 203.64 kilómetros, incluye los corredores cero emisiones (Eje Central, Eje 2-2A Sur y el nuevo corredor cero emisiones Bus-Bici Eje 7-7A Sur), inaugurado el 1 de noviembre de 2012”.

3. Asimismo, comenta: “Según el portal de STE, la flota vehicular programada es de 290 trolebuses, los cuales operan a un intervalo de paso promedio de 4.0 minutos, todos en el Distrito Federal. La ruta más exitosa del trolebús es el corredor cero emisiones Eje Central, que ha crecido en pasaje años tras año, hasta rebasar su capacidad, trasportando 120 mil pasajeros en día laboral”.

4. De tal modo, señala: “El 15 de octubre de 2014, el gobierno de Distrito Federal aprobó el Programa Integral de Movilidad 2013-2018, que incluye políticas públicas para todos los sistemas de transporte a fin de mejorar los desplazamientos diarios, además de contribuir al cuidado del ambiente, provocando como consecuencia una mejora en la calidad de vida de los capitalinos”.

5. Expone además: “Se ha documentado que usuarios del corredor cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas el cual, como se mencionó, es la ruta más utilizada por los usuarios de este servicio, padecen diversos contratiempos debido a que los trolebuses comenzaron a saturarse, pues 50 unidades de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal fueron retirados de circulación al mismo tiempo para su mantenimiento”.

Señala también: “Es ilógico que se hayan retirado 50 unidades a la vez si se sabe que en un principio esa línea transporta a más de 120 mil pasajeros. ¿Dónde se refleja el efecto positivo en la calidad de vida de los capitalinos?”

Continúa: “Por ello es necesario que se atienda esta situación y acelerar el mantenimiento que se da a los trolebuses para que el gobierno del Distrito Federal cumpla así su objetivo principal planteado en el Programa Integral de Movilidad para conseguir una verdadera movilidad”.

Por ello plantea concretamente que la Cámara de Diputados

Único.Exhorte al director general de Servicios de Trasportes Eléctricos del Distrito Federal a dar celeridad al mantenimiento de los trolebuses retirados del corredor cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas.

III. Considerando que

1. La comisión dictaminadora coincide con el legislador promotor del punto de acuerdo en que es necesario que el gobierno del Distrito Federal, mediante el director general de Servicios de Transportes Eléctricos, tenga en cuenta la necesidad básica de los capitalinos de poder trasladarse en la ciudad, por lo cual debe darse mantenimiento alternada a los trolebuses para evitar conflictos por la falta de movilidad.

2. Es necesario que el gobierno del Distrito Federal instruya al director general de Servicios de Transportes Eléctricos para planificar y, de ser necesario, rotar las unidades a los puntos con mayor número de usuarios, a fin de que los vehículos que van a ser enviados a supervisión mecánica no contribuyan al caos vial que es latente en puntos específicos de la ciudad.

3. Se requiere que las autoridades competentes en materia de movilidad consideren como principal acción que los ciudadanos tengan tiempo de realizar sus recorridos sin la premura y los inconvenientes de una ruta con pocas unidades para realizar sus actividades.

4. En la información hecha llegar por la diputada Karen Quiroga se señala: “Si bien, durante el tercer cuatrimestre del ejercicio de 2014, la disponibilidad de trolebuses para la operación se redujo en 62.52 por ciento; para el ejercicio de 2015, el Consejo de Administración del Servicio de Transportes Eléctricos autorizó los recursos presupuestales para llevar a cabo los proyectos adquisición de refaccionamiento sistemático de trolebuses para los corredores cero emisiones” y “refaccionamiento de sistemas enfocados a la seguridad de trolebuses”, lo que permitió elevar la disponibilidad de los trolebuses en toda la red en 80 por ciento”.

5. Con las precisiones expresadas por la diputada Quiroga, la comisión dictaminadora concluye que, efectivamente, es conveniente la planeación detallada y alterna en caso de que sea necesario trasladar los vehículos de transporte a una revisión mecánica o eléctrica, esto pudiera ser manteniendo con regularidad la vigilancia de los mismos sin necesidad de que fallen.

6. Como es una práctica parlamentaria para el buen y correcto uso del lenguaje, se realizaron a la proposición que se dictamina modificaciones menores de corrección y estilo, sin cambiar en ningún momento el sentido de la misma.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con base en las consideraciones y los argumentos que preceden, resuelven que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por ello se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Servicios de Trasportes Eléctricos del Distrito Federal que acelere el mantenimiento de los trolebuses retirados del corredor cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal que dé celeridad al mantenimiento de los trolebuses retirados del corredor cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Mónica Clara Molina, Carlos Augusto Morales López, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), María del Carmen Valencia González (rúbrica).»

RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN DIVERSOS LAGOS Y HUMEDALES DE LAS DELEGACIONES DE TLAHUAC Y XOCHIMILCO EN EL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a distintas autoridades que realicen labores de recuperación, mantenimiento y conservación en lagos y humedales de Tláhuac y Xochimilco, DF

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, para que realice labores de recuperación, mantenimiento y conservación en diversos lagos y humedales de la demarcación, a cargo del diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39; 45, numerales 6, incisos e), y f); y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 82, numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen a la proposición con punto de acuerdo señalado, conforme a los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 26 de febrero de 2015, el diputado J. Pilar Moreno Montoya, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 27 de febrero de 2015, con oficio número D.G.P.L.62-II-4-2193, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente número 6151, para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. El 23 de marzo de 2015, con oficio CDLXII/DKQA/ 182/2015, la diputada Karen Quiroga Anguiano, Secretaria de la Junta Directiva de esta Comisión, remitió un documento con observaciones a las proposiciones hechas llegar a todos los integrantes para su conocimiento; mismas que fueron consideradas en la elaboración del presente dictamen.

3. Con fecha 26 de marzo de 2015, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición que se dictamina, el proponente señala que: “En todo el mundo, desde épocas remotas, la gente ha observado con interés la aparición y desaparición temporal de muchas especies de aves, pero en los últimos dos siglos, la observación y el estudio del fenómeno de la migración de las aves y su ecología se convirtieron en materia preferida de científicos y observadores de aves, gracias a lo cual hoy tenemos una mejor comprensión de sus causas, características e implicaciones biológicas.”

“Miles de aves migratorias, provenientes de Alaska, Canadá y Estados Unidos, llegan a México a partir del 26 de diciembre para establecerse transitoriamente en diversos lagos y humedales del Distrito Federal para descansar, alimentarse y poder seguir su camino hasta las costas de Chiapas o en su caso; llegar hasta América central, el Caribe, Costa Rica, Panamá, Colombia, etcétera”.

2. Asimismo, comenta que: “Primeramente llegan a los lagos de la Ciudad de México, especialmente al lago del Parque Ecológico de Xochimilco y a los humedales de Tláhuac, los cuales a través de los años han actuado como sitios de paso, permitiendo a las aves descansar, alimentarse y en dado caso reproducirse, durante sus ciclos anuales de migración.”

3. De tal modo señala que: “El Parque Ecológico de Xochimilco, el cual es reserva natural de más de 200 hectáreas donde sus tres lagos son receptores importantes de aves migratorias como el pato canadiense, grullas y garzas, entre otras; ha perdido en los últimos años 40% de su área de agua porque se han expandido dos plagas, las plantas de lirio y tule, que a causa de la falta de mantenimiento y descuido de las autoridades, han provocado que el agua se convierta en suelo firme”.

4. Asimismo, el proponente destaca que: “Los humedales de Tláhuac, también presentan síntomas de desgaste, ya que el medio natural que los rodea, presenta una significativa deforestación lo que ha causado la desecación de los mantos acuíferos”.

5. Siendo a consideración del proponente que se lleve a cabo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, “...diversas acciones tendientes a la recuperación, mantenimiento y conservación de estos cuerpos de agua tan importantes para evitar, en un futuro, un desequilibrio ecológico que pudiera ser catastrófico”.

Por lo que concretamente plantea:

Primero: Se exhorte de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para que realice las labores de recuperación, mantenimiento y conservación de los diversos lagos y humedales en la demarcación.

Segundo:Se exhorte de manera respetuosa a la titular de Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para que establezca un política de atención especializada para el monitoreo de las aves migratorias y sus hábitats temporales.

III. Considerando que:

1. Esta Comisión Dictaminadora coincide con el legislador proponente del punto de       acuerdo, en el sentido de que es necesario proteger el patrimonio ecológico y cultural que comprenden estas zonas del Distrito Federal, ya que dicha acción ofrecerá a las aves migratorias sitios para descansar, anidar y alimentarse con plena comodidad, además de motivar entre los visitantes la apreciación, conocimiento y conservación de la naturaleza; manteniendo un equilibrio ecológico y humano.

2. Con información proporcionada por el diputado Moreno Montoya y a decir suyo, el Gobierno Federal ha demostrado su apoyo al Parque Ecológico Xochimilco, en el que se ha realizado trabajo de diversas índoles para el mantenimiento y cuidado de la zona, con un avance general del 92 por ciento de la superficie atendida (200 hectáreas), con una población beneficiada de 8.7 millones de personas y una inversión de 25 millones de pesos, terminando los trabajos el 31 de diciembre de 2014.

3. Sin embargo, el proponente señala que todos estos esfuerzos son aún insuficientes, por lo que se hace un llamado al Gobierno del Distrito Federal para que realice los trabajos necesarios para la recuperación, mantenimiento y conservación de estos lagos y humedales en favor de las aves migratorias que transitan por estos sitios.

4. Es necesario establecer una política de atención especializada consistente en el monitoreo y la supervisión de estas especies migratorias y sus hábitats, así como de los lagos y humedales naturales que existen en estas zonas.

5. De la información remitida por la diputada Karen Quiroga Anguiano y  fundamentada en el Reglamento interior de la Semarnat, la Ley de Aguas del Distrito Federal y el  Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,   señala que: “...en razón que de las facultades y atribuciones que resultan de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas y las jefaturas delegacionales de Xochimilco y Tláhuac, con la suma de esfuerzos coordinados se podría abonar a la consecución que persigue el promovente del punto de acuerdo”.

Por lo que propone la siguiente redacción al primer punto petitorio:

“Primero.-La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,a la Secretaria del  Medio Ambiente del Distrito Federal y a las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realicen las labores de recuperación, mantenimiento y conservación de los diversos lagos y humedales en su demarcación”.

Lo cual resulta atendible y contribuye a perfeccionar la proposición materia del presente dictamen.

6. Como es ya una práctica parlamentaria para el buen y correcto uso del lenguaje, se realizó a la proposición que se dictamina, modificaciones menores de corrección y estilo, sin cambiar en ningún momento el sentido de la misma. En tal virtud, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, consideran que es más adecuado emplear el vocablo solicitar” en lugar de “exhortar”.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base a las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que:

Es de aprobarse, con las modificaciones mencionadas, la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a distintas autoridades, realicen labores de recuperación, mantenimiento y conservación en diversos lagos y humedales de las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco en el Distrito Federal; a cargo del diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva:

“Primero.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,a la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal y a las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realicen las labores de recuperación, mantenimiento y conservación de los diversos lagos y humedales en su demarcación”.

Segundo:Solicita de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para que establezca una política de atención especializada para el monitoreo de las aves migratorias y sus hábitats temporales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda, Mario Miguel Carillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica).»

REUBICACION DE LAS PERSONAS DESALOJADAS EN LA CALLE ROMA DE LA COLONIA JUAREZ, EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la reubicación de las personas desalojadas en la calle Roma, colonia Juárez, en Cuauhtémoc, DF

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a la reubicación de las personas desalojadas en la calle Roma de la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal; presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39; 45 numerales 6, incisos e) y f); y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 82 numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen a la proposición con punto de acuerdo señalado, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 26 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 27 de febrero  de 2015, con oficio No. D.G.P.L.62-II-7-2094, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente 6154, para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 26 de marzo de 2015, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala que: “El derecho a una vivienda digna implica no solamente el derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura, con dignidad, salud física y mental”.

2. Sin embargo, relata el autor de la proposición que desde hace unos días, un numeroso grupo de personas entre ellos niños menores de edad y personas de la tercera edad tomaron “de vivienda” parte de la calle Roma, en la colonia Juárez, perteneciente a la delegación Cuauhtémoc. Asevera que esta situación surgió como protesta por ser desalojados a la fuerza por granaderos de un predio que llevaba muchos años en abandono, siendo en el pasado la sede de la embajada española, del cual no se acredita plenamente la propiedad.

3. Señala también, que este grupo de personas, instaló un tendedero en plena vía de circulación que imposibilita el paso en las calles de Roma y Milán. Aunado a lo anterior, las medidas de higiene son escasas en razón de que no cuentan con baños creando un foco de infección y despido de malos olores que además de afectarlos directamente, también repercute en algunos negocios, locales y establecimientos de comida en los emblemáticos museos de Cera y de Ripley en la capital.

4. Por lo que desde la perspectiva del diputado Monreal “Es necesario que se hagan valer los derechos fundamentales de las personas que se encuentran desalojadas en la calle Roma en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc.”

5. El diputado Monreal Ávila, sustenta primordialmente su proposición en la garantía social consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el derecho irrestricto a favor de todos los ciudadanos a gozar de una vivienda digna, decorosa y segura; estableciendo por parte de la Ley instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Por lo que concretamente plantea que la Cámara de Diputados:

1) Exhorte al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que se hagan valer los derechos fundamentales de las personas que se encuentran desalojadas en la calle Roma en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc.

2) Se solicite al titular de la delegación Cuauhtémoc, a que se les reubique en algún predio a las personas que se encuentran pernoctando en las calles Roma y Milán de la colonia Juárez ubicados en su jurisdicción.

3) Se solicite al titular de la delegación Cuauhtémoc, a que efectúe una campaña de salud en atención a las personas que se encuentran desalojadas en las calles Roma y Milán de la colonia Juárez ubicados en su jurisdicción, debido a la forma precaria en la que se encuentran.

4) Se exhorte al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para investigar por qué la autoridad pertinente no está respaldando a los ciudadanos afectados.

5) Se exhorte al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para promover, coordinar ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados a favor de los habitantes del inmueble ubicado en la calle Roma de la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.

6) Se exhorte al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para que en coordinación con las Instituciones Financieras promuevan y ejecuten los esquemas de otorgamiento de créditos con garantías diversas para la adquisición en propiedad de las viviendas que se construyan de carácter social y popular en el inmueble ubicado en calle Roma, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

III. Considerando que

1. Esta Comisión Dictaminadora considera loable la preocupación del proponente del punto de acuerdo, en el sentido de que es necesario prestar atención a los ciudadanos afectados por desalojos que carecen de una vivienda digna; y más aún si entre ellos se encuentran grupos vulnerables.

2. Sin prejuzgar en ningún sentido lo aseverado por el diputado Monreal Ávila, de los puntos petitorios por él expuestos, se desprende en cuanto al primero: Que la intención de que conozca este asunto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es investigar que sus derechos fundamentales de las personas que menciona no les sean conculcados y se garantice en su caso, el debido proceso que les corresponde; esto es que exista certeza jurídica de los actos realizados registrados. No obstante, esa misma función la puede y debe realizarlas la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal por tratarse además de un tema local del que puede conocer.

Por lo que hace a los puntos 2 y 4 estos se refieren a la protección social a la que toda persona tiene derecho, y que como se relata en la proposición, son sujetos de la misma las personas que se encuentran pernoctando en las calles Roma y Milán de la colonia Juárez; siendo necesaria la intervención del Instituto de Asistencia y Protección Social del Distrito Federal conocido como IAIS dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social capitalina; y de esa manera se considera debe solicitarse.

En cuanto al punto petitorio tres que se formula, se considera procedente por las campañas que en coordinación con otras dependencias suelen realizar las delegaciones; y que bajo ese supuesto se encuentre al multicitado grupo de personas. Y en lo que se refiere al punto 6, éste ya está considerado dentro del punto 5 al ser aquél, una obligación y objetivo de la dependencia a la que se exhorta; siempre y cuando resulte procedente.

3. Como es ya una práctica parlamentaria reconocida para el buen y correcto uso del lenguaje, se realizó a la proposición que se dictamina, modificaciones menores de corrección y estilo; sin cambiar en ningún momento el sentido de la misma.

De igual forma, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, consideran que es más adecuado emplear el vocablo “Solicitar” en vez de “Exhortar”.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base a las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que: Es de aprobarse con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo relativo a la reubicación de las personas desalojadas en la calle Roma de la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

Primero: Se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, revise la situación jurídica en la que se encuentran las personas que pernoctan en las calles Roma y Milán de la Colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal y que se dice fueron desalojadas; para que en caso de que hayan sido conculcados sus derechos fundamentales, se hagan valer.

Segundo: Se solicita a la titular de la Secretaria de Desarrollo Social que a través del Instituto de Asistencia y Protección Social (IAIS) se preste el apoyo a la población vulnerable que bajo ese supuesto se encuentre y a que hace referencia el punto anterior.

Tercero:Se solicita al titular de la delegación Cuauhtémoc, procure una campaña de salud en atención a las personas que se encuentran en las calles Roma y Milán de la colonia Juárez.

Cuarto: Se solicita al titular del Instituto de Vivienda del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias para promover, coordinar ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda que resulten procedentes, enfocados a las personas señaladas en el punto primero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda, Mario Miguel Carillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica).».

IRREGULARIDADES EN DIVERSOS INMUEBLES UBICADOS EN LA COLONIA JUAREZ, DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC EN EL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la problemática social a causa de irregularidades en diversos inmuebles de la colonia Juárez, en Cuauhtémoc, DF

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para análisis y dictamen, la proposición relativo a la problemática social a casusa de irregularidades en diversos inmuebles ubicados en la Colina Juárez, de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal; presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39; 45 numerales 6, incisos e) y f); y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 82 numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo señalado, conforme a los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 26 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 27 de febrero de 2015, con oficio número DGPL 62-II-3-2318, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente 6157, para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 26 de marzo de 2015, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó, discutió y aprobó el dictamen que se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala que: “La colonia Juárez en la Ciudad de México es uno de los espacios territoriales con mayor historia en el Distrito Federal, dado el importante patrimonio inmobiliario que posee, caracterizado por la permanencia de antiguas construcciones afrancesadas que datan de la época del Porfiriato que son admiradas y reconocidas tanto por los habitantes de la zona, como por los visitantes”.

2. “Sin embargo, en diferentes inmuebles se ha dado una gran problemática, debido a las negligencias e irregularidades por parte de supuestos dueños o en su defecto por algunas inmobiliarias; generando una grave crisis social.”.

Comenta el diputado Monreal que ejemplo de esto, es la situación que impera en el edificio de la calle Versalles 84, localizado entre Turín y Barcelona que es de total abandono y negligencia por parte del que ahora se dice dueño del predio y de su edificio (sic). Después de que sus habitantes (Algunos inquilinos y otros posesionarios), disfrutaron de paz y tranquilidad, en el menor de los casos por más de dos décadas y en el mayor por más de cinco.

Tal es el caso que desde hace aproximadamente dieciocho meses irrumpieron dicha calma sigilosamente diversas personas que trataron de apoderarse tanto del edificio como de los departamentos. Por ello, a decir del proponente: “...no es aceptable que a fechas aparezca un supuesto dueño y que lleve a juicio a todos y cada uno de los habitantes, sin respetar la garantía de audiencia o su derecho de defensa, violación que se hace más perversa y descarada cuando este supuesto dueño contrata a una compañía de seguridad y vigilancia para consumar las anomalías efectuadas a dichos vecinos.”

3. Señala también que: “Por otro lado, pero con gran similitud los inquilinos del edificio ubicado en la calle Liverpool número 9, muestra una gran incertidumbre pues de que un grupo de arquitectos y peritos del INBA realizaron diferentes estudios topográficos y levantamientos para modificar y aumentarle 2 pisos extra, se presentó en el inmueble el propietario con la intención de forzarlos a firmar una notificación en la que se imponía la renuncia de su derecho del tanto, la cual se negaron a firmar, posteriormente comenzaron el envío de jurisdicciones voluntarias en la que se les imponía el plazo de treinta días para desocupar o desalojar los departamentos y locales comerciales según correspondiera”.

4. El proponente destaca: “Que en el caso de los vecinos de la calle Abraham González, la arrendadora que es administrada por una inmobiliaria les envía avisos en los cuales se les notifica que al término del contrato no desea seguir arrendando, solicitando de igual manera le sea desocupando el inmueble. En cuanto a los locales comerciales cabe señalar que es el patrimonio de varias familias por el que han trabajado”.

5. Por lo que, desde la perspectiva del diputado Monreal “es evidente que en esta delegación el principal problema es el cambio de reacomodo social, generando un gran desplazo habitacional. Cuestiona qué va a pasar con ellos y las acciones que realiza el gobierno para respaldar a la ciudadanía”.

6. Asimismo, el diputado proponente estima que por estas irregularidades es necesario la intervención del gobierno para que se respete el derecho de defensa, la garantía de audiencia constitucional y se conozcan las acciones de la autoridad para respaldar a la ciudadanía.

7. El diputado Monreal Ávila sustenta su proposición primordialmente en la garantía social consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de gozar de una vivienda digna, decorosa y segura. Y en la facultad conferida al jefe de gobierno del Distrito Federal como la autoridad con amplia potestad para aplicar las modalidades y restricciones al dominio privado y hacer uso de dichos espacios, a fin de salvaguardar la integridad de la colectividad, sin que por esto se lesione el derecho constitucional a la propiedad.

Por lo que concretamente plantea que la Cámara de Diputados:

1) Exhorte al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para implementar un plan de trabajo que permitan la protección a los vecinos afectados.

2) Se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que en el ámbito de su competencia tenga a bien realizar una reunión con los afectados y se efectúen las acciones necesarias para darle solución a tal problemática.

3) Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para investigar por qué la autoridad pertinente no está respaldando a los ciudadanos afectados.

4) Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en ámbito de su competencia realice las acciones para promover, coordinar ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados a favor de los ocupantes de los inmuebles ubicados en calle Versalles 84, calle Liverpool 9, calle Abraham González, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.

5) Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para que en coordinación con las instituciones financieras promuevan y ejecuten los esquemas de otorgamiento de créditos con garantías diversas para la adquisición en propiedad de las viviendas que se construyan de carácter social y popular en los inmuebles ubicados en la calle Versalles 84, calle Liverpool 9, calle Abraham González, Colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

6) Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en ámbito de su competencia genere una mesa de trabajo con los habitantes afectados de los inmuebles ubicados en la calle Versalles 84, calle Liverpool 9, calle Abraham González, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, con el objetivo de darle certidumbre y llegar a un acuerdo mutuo.

III. Considerando que:

1. Esta Comisión Dictaminadora coincide con el legislador impulsor del punto de acuerdo, en el sentido de que es necesario prestar atención a la situación legal que guardan inmuebles de carácter histórico, cuya titularidad presenta dudas.

2. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el carácter de autoridad en materia de desarrollo urbano, tiene entre sus principales objetivos la tutela, conservación, recuperación y acrecentamiento del Patrimonio Cultural Urbano, para lo cual, tiene la atribución de emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4, fracción III, 7, fracción I y 65 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

3. En tal virtud, expidió el acuerdo por el que se emiten los criterios para la aplicación de la norma de ordenación número 26 (norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular). Por ello, esta comisión considera necesario que las autoridades competentes establezcan una revisión de las construcciones en las zonas referidas y de la situación jurídica que guardan las mismas, para verificar la posibilidad de que se generen viviendas dignas y con carácter popular para las diversas familias que se encuentran ahí asentadas.

4. En aras de una mejor redacción, simplificación y entendimiento de las proposiciones presentadas por el hoy diputado con licencia Ricardo Monreal Ávila, y atendiendo a una interpretación teleológica de su texto, esta comisión dictaminadora, reagrupó por materia éstas.

5. Como es ya una práctica parlamentaria para el buen y correcto uso del lenguaje, se realizó a la proposición que se dictamina, modificaciones menores de corrección y estilo; sin cambiar en ningún momento el sentido de la proposición.

En tal virtud, los integrantes de ésta comisión dictaminadora, consideran que es más adecuado emplear el vocablo “solicitar” en vez de “exhortar”.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con fundamento y en base a las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que: Es de aprobarse, la proposición con punto de acuerdo presentado por el Diputado Ricardo Monreal Ávila de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática social a causa de irregularidades en diversos inmuebles ubicados en la colonia Juárez, de la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, atentamente:

Primero. Solicita al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que en el ámbito de su competencia tenga a bien realizar una reunión con los afectados y se efectúen las acciones necesarias para atender su problemática y brindar protección a los vecinos afectados.

Segundo. Solicita al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia realice las acciones para promover, coordinar ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados a favor de  los ocupantes de los inmuebles ubicados en calle Versalles 84, calle Liverpool 9, calle Abraham González, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc; estableciendo con ellos una mesa de trabajo.

Asimismo, para que en coordinación con las instituciones financieras promuevan y ejecuten los esquemas de otorgamiento de créditos con garantías diversas, para la adquisición en propiedad de las viviendas que se construyan de carácter social y popular en dichos inmuebles.

Tercero. Se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal de seguimiento a al tema planteado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda, Mario Miguel Carillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuellar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Mónica Clara Molina, Carlos Augusto Morales López, Israel Moreno Rivera (rúbrica en abstención), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia (rúbrica), Irene Sánchez Balderas (rúbrica).»

INTENSIFIQUEN LAS OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Infraestructura, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intensificar por Capufe las obras de reparación y mantenimiento de la carretera Durango-Mazatlán

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Capufe se intensifiquen las obras de reparación y mantenimiento de la carretera Durango-Mazatlán, presentada por los diputados Alma Marina Vitela Rodríguez, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Sonia Catalina Mercado Gallegos, José Rubén Escajeda Jiménez, Eduardo Solís Nogueira, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En términos previstos por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XXXI, y 3; y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción VI, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 182, numeral 3, y 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura presenta a esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión del martes 24 de febrero de 2015, los diputados Federales Alma Marina Vitela Rodríguez, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Sonia Catalina Mercado Gallegos, José Rubén Escajeda Jiménez, Eduardo Solís Nogueira y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Capufe, se intensifiquen las obras de reparación y mantenimiento de la carretera Durango-Mazatlán.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó su turno a la Comisión de Infraestructura el día 24 de febrero de 2015, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-6-2014, correspondiente al expediente 6144, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios el día 26 de febrero de 2015.

II. Contenido de la proposición

Los proponentes refieren la importancia estratégica de la red carretera troncal e intertroncal que conecta al setenta por ciento de la población del país y rebasando los veinticuatro mil kilómetros. Mencionan que con base a las cifras obtenidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más del cincuenta por ciento de las carreteras existentes tienen una antigüedad de cuarenta años, lo que refleja que las políticas diseñadas para dar mantenimiento a la red carretera son insuficientes y diferentes a los exigidos para el volumen de tránsito que circula actualmente por la red carretera.

Señalan que el estado de Durango cuenta con una extensión de ciento veintitrés mil kilómetros que representan el seis punto tres por ciento del territorio nacional, sobresaliendo el eje troncal Matamoros-Mazatlán como la vía más importante para el estado de Durango, pero también para los estados vecinos como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa, ya que a través de este se disminuyen costos y tiempos en el traslado de personas y mercancías.

De manera particular mencionan la supercarretera Durango-Mazatlán la cual fue inaugurada el 16 de octubre del 2013, con una inversión de veintiocho mil seiscientos millones de pesos; con una distancia de 230 kilómetros, conformada por 61 túneles y 15 puentes, destacando de manera particular el Baluarte. Señalan que dicha supercarretera presenta serios daños en la carpeta asfáltica con una gran cantidad de baches y el resquebrajamiento en la superficie de rodamiento por hundimiento del terraplén.

Precisan que en el trayecto del puente Baluarte a Santa Lucía, dentro del estado de Sinaloa se registra en diversos tramos, un humedecimiento causado por continuos encharcamientos debido a la red de drenaje instalada; asimismo, la ausencia de alumbrado, funcionamiento de ventiladores y anuncios electrónicos en los túneles lo que constituye una gran dificultad para transitar de manera segura.

Puntualizan, que fenómenos climatológicos atípicos, han ocasionado algunos derrumbes y desprendimientos de laderas colindantes en diversos tramos tanto en tramos en el estado de Durango como en el de Sinaloa.

Expresan, que apelando a la seguridad de los transeúntes de tan importante vía de comunicación y ante el detrimento de esta, es impostergable que se amplíen e intensifiquen los trabajos de restauración, reparación y conservación de esta carretera, por lo que, hacen un atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Capufe, se intensifiquen las obras de reparación y mantenimiento de la carretera Durango-Mazatlán.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera:Que con la reciente inauguración de la autopista Durango-Mazatlán en el año 2013 y, con una inversión de 28 mil 600 millones de pesos, está no debiera de presentar en tan corto tiempo daños en la superficie de rodamiento.

Segunda:Que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), es el encargado de dar mantenimiento periódico y rutinario a esta vía que está bajo su operación para ofrecer seguridad vial a los que por ella transitan.

Tercera:Que bajo la cercanía del periodo vacacional y, al ser la vía más corta para los turistas que visitan los Estados de Durango y Mazatlán a través de ella, deben de asegurarse las condiciones necesarias para no arriesgar la vida de quienes transitarán por esta carretera, por lo que es necesario que los trabajos se agilicen para su conclusión.

Cuarta: Que la Dirección General de Capufe anunció que para este 2015, han sido aprobados 200 millones de pesos adicionales a los 500 millones de pesos aprobados en el 2014, por lo que se tendrá una inversión total de 700 millones de pesos para la conservación y rehabilitación de esta carretera, mencionando que la primera etapa de estos trabajos quedará cubierta para el mes de abril.

Quinto: Que con fecha 13 de febrero de 2015, Capufe a través de la Delegación Regional X Zona Norte de Monterrey, Subdelegación Técnica de Nuevo León, publicó en CompraNet la Licitación Pública Nacional para los trabajos de mantenimiento menor y supervisión de las obras, incluyendo estructuras, de la Autopista Durango-Mazatlán tanto en los tramos de Durango como de Sinaloa, siendo la apertura de proposiciones el 27 de febrero de 2015, por lo cual se está en espera del fallo.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. En virtud de que la Dirección General de Capufe autorizó una partida de 200 millones de pesos en su calendario de trabajos del 2015, adicionales a los 500 millones de pesos autorizados en el 2014 y que estos se comenzaron a ejecutar a finales del mes de diciembre, no se considera procedente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, asigne recursos extraordinarios para llevar a cabo los trabajos necesarios para la restauración, reparación y debida conservación de la carretera Durango-Mazatlán.

Segundo. Dado que la rehabilitación y conservación de este tramo carretero es urgente para dar seguridad a quienes la transitan y, la cercanía del periodo vacacional en el cual el aforo de dicha carretera se incrementará, esta comisión considera que a la luz de los argumentos presentados por los diputados y diputadas promoventes, es procedente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Capufe, se intensifiquen las obras de reparación y mantenimiento de la carretera Durango-Mazatlán.

Así lo acordó el pleno de la Comisión de Infraestructura de la Honorable Cámara de Diputados, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince.

La Comisión de Infraestructura, diputados:Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), presidente; Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Nabor Ochoa López, Genaro Carreño Muro (rúbrica), Ana María Gutiérrez Coronado (rúbrica), Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Carlos Sánchez Romero (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, José Adán Abellaneda (rúbrica), secretarios; Vicente Hidalgo Durán (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio, María del Carmen Guzmán Urbán (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Karina Kelly Sánchez (rúbrica), Mario Francisco Guillén, Rafael Acosta Croda, Diego Cruz Eva, Julio César Lorenzini Rangel.»

CAMPAÑAS ENCAUZADAS A FOMENTAR MAYOR CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conapesca a fortalecer las campañas para fomentar mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante oficio número DGPL 62-II-1-2725, el expediente 6519, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, a fortalecer las campañas encauzadas a fomentar mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas, presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya.

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI,  45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158  numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

A) En sesión ordinaria efectuada el martes 14 de abril de 2015, el diputado Alfonso Inzunza Montoya presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Conapesca a fortalecer las campañas encauzadas, a fomentar mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas, presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya.

B) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

Contenido

El diputado proponente expone que en algunas naciones del mundo, como son Islandia, Malasia y Japón, el consumo per cápita anual de pescado es de 90, 58 y 55 kilogramos respectivamente, mientras que en México a pesar de contar con altos volúmenes de productividad, la media por habitante es de apenas 9 kilogramos, frente a un promedio mundial que se ubica en los 18 kilos.

Que estos informes dados a conocer por comerciantes, refieren que con eventualidad nuestro país registra alzas en el consumo de productos pesqueros y acuícolas. Sin embargo esto ocurre más como una costumbre de temporada. Es el caso del periodo de semana mayor y los días viernes de cuaresma. No obstante, cálculos a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, indican que apenas un 36 por ciento de la población sustituye el consumo de carnes rojas por pescados y mariscos durante la temporada de cuaresma.

Expone también que este comportamiento en el patrón de consumo de pescados y mariscos en nuestro país es contrario a la recomendación dictada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que sugiere a las naciones que la población consuma estos productos con una frecuencia de al menos dos y tres veces por semana.

Informa que al término de la semana mayor del presente año, los comerciantes de algunas plazas del país reportaron que en el periodo que concluyó, la oferta de pescados y mariscos fue mayor a la demanda de estos productos. La causa, parece obedecer en parte a la sobreproducción registrada, además de la importación de productos pesqueros.

Cita el proponente que tan sólo en la última década, las importaciones de pescado se incrementaron en un 185 por ciento, al pasar de 169.9 millones de dólares en 2004 a 483.4 millones en 2014.+++1+++ Los comercializadores precisan que estos hechos motivaron la modificación en los precios de especies de mayor demanda y consumo, como son el huachinango, mojarra, tilapia y camarón, en promedios de costos por kilogramo del 10% al 20% menos.

Considerandos

1. Esta comisión dictaminadora, conocedora de la situación que  productores y comerciantes de pescados y mariscos de diversos mercados, lonjas y centros de venta del país viven,  considera adecuado fortalecer las campañas que motiven entre mayores segmentos de población el consumo de estos alimentos, para situar a nuestro país en la media per cápita mundial de 18 kilogramos por año.

2. Esta recomendación se sustenta en el hecho de que los pescados y mariscos son fuente rica de vitaminas y proteínas, además de que constituyen productos de precio competitivo, todavía más en naciones con vocación pesquera y acuícola, como es el caso de la nuestra.

3. Adicionalmente estimamos que por la bondad de objetivos que se persiguen en beneficio de la población en general, las diferentes instancias que realizan campañas de fomento al consumo de pescados y mariscos deben verse beneficiadas con una mayor suficiencia presupuestal.

4. Para cumplir con los objetivos planteados, existe para ello no sólo una oferta garantizada de productos, sino también el compromiso de los agentes que integran la cadena productiva y comercial para procurar el abasto con suficiencia y a precios competitivos de pescados y mariscos.

Con base en las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos y ordenamientos antes citados en el proemio del presente dictamen, las y los Diputados de la Comisión de Pesca, quiénes suscribimos el presente dictamen emitimos el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que fortalezca las campañas encauzadas a fomentar entre la población mexicana un mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de abril de 2015.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Heidy Guadalupe Estrada Martínez, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vázquez, secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Manuel Francisco Tapia Bustos, Salvador), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo.

DICTAMENES A DISCUSION NEGATIVOS DE INICIATIVAS

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo sobre dos iniciativas con proyecto de decreto que adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que adiciona la fracción XVI del artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y recorriendo las subsecuentes.

2. La presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen” mediante el número de expediente 6083.

3. A partir del día 18 de febrero de 2015, con fundamento en el artículo 182 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada en la Comisión de Juventud.

4. En sesión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

5. La presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen” mediante el número de expediente 6116.

6. A partir del día 20 de febrero de 2015, con fundamento en el artículo 182 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que esta segunda iniciativa fuera dictaminada en la Comisión de Juventud.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, con número de expediente 6083, tiene como propósito adicionar la fracción XVI y recorrer las subsecuentes del artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) con la finalidad de fomentar la comunicación, relación e intercambio de experiencias e ideas entre organizaciones de la sociedad civil y/o colectivos juveniles, que tengan como fin lograr una mejor y mayor representación y participación de la juventud.

El diputado promovente expone en su iniciativa que dicha adición “nace derivado de que la sociedad civil ha sido el espacio para el acercamiento, acompañamiento y participación juvenil en diferentes problemáticas de la juventud en nuestro país; es aquí donde las organizaciones toman un papel preponderante ante situaciones donde el Estado ha sido omiso o renuente. Por ello al establecer un puente de comunicación entre cada una de ellas permitirá formar jóvenes con mayor conocimiento, experiencia y liderazgo para la toma de decisiones que enriquecerán y darán una visión panorámica ante los posibles intersticios de las problemáticas a las cuales se enfrenta la población juvenil”.

Asimismo, en la iniciativa presentada por el mismo diputado promovente, Ricardo Mejía Berdeja, con número de expediente 6116, se propone la adición de la fracción VIII del artículo 3° Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuyo fin es que se establezca como uno de los lineamientos a seguir por el Imjuve en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud, la promoción de la cultura de la no violencia y criminalización, así como la adopción de medidas específicas de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes

Con base a la exposición de motivos del promovente, presenta dicha iniciativa debido al “menester de dejar de criminalizar a las juventudes por el sólo hecho de ser jóvenes, y por el otro es indispensable revertir el estado de abandono por parte del Estado mexicano con las personas. La población joven que demanda espacios y oportunidades de desarrollo requiere el uso de recursos materiales, representa un activo, que debe ser aprovechado por su capacidad para producir cambios y generar mayor riqueza, por lo que la inversión en la juventud es una acción a todas luces justificable”.

Es así que en el presente dictamen se abordarán las iniciativas con número de expedientes 6083 y 6116, debido a que ambas pretenden adicionar diversos preceptos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y son presentadas por el mismo diputado promovente.

III. Proceso de análisis

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, en México habitan 38.2 millones de jóvenes entre 21 y 29 años de edad, lo que equivale a casi una tercera parte de la población total en nuestro país. Dicho sector se caracteriza por su rica cultura y diversidad. Siendo los jóvenes una importante parte de la población, es una necesidad constante que se tome en cuenta en la toma de decisiones y en la vida política del país como factor fundamental de cambio.

Es por ello que el diputado promovente destaca la importancia de modificar el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud como se expone en el siguiente cuadro:

Sin embargo, destacamos que el Instituto Mexicano de la Juventud como encargado de la creación y promoción de políticas públicas, programas, servicios y acciones en materia de juventud y de concertar acuerdos con organismos gubernamentales y de cooperación internacional, mediante los cuales fomente la participación de los jóvenes a través de diversos programas y proyectos, entre los cuales destacan Espacios Poder Joven, Impulso Joven, Emprendedores Juveniles, JovenEs Servicio, Ciudadanos Globales, Debate Político y el Premio Nacional de la Juventud; convocatorias y programas en los cuales el Instituto no sólo premia la participación de jóvenes que buscan involucrarse en el entorno político y social de nuestro país, sino que también desarrollan ideas y espacios para otros jóvenes a través de diferentes proyectos.

De igual modo, es indispensable resaltar la obligación que tiene el Instituto Mexicano de la Juventud conforme a su marco normativo para el fomento de la comunicación y relación con Organizaciones de la Sociedad Civil, atribuyéndosele la elaboración del Programa Nacional de Juventud, el cual tendrá como eje rector, orientar la política nacional en materia de Juventud, así mismo éste contempla que para su elaboración deberá tomarse en cuenta la participación de instituciones gubernamentales y académicas así como de la sociedad civil y demás sectores involucrados con la juventud a fin de enriquecer la visión del Programa y homologar esfuerzos entre los diversos sectores.

El Programa Nacional de Juventud 2014-2018 considera de importante relevancia para el desarrollo integral de la juventud la unión de estrategias y acciones por parte del Instituto y la Sociedad Civil Organizada. Actualmente el Imjuve fomenta  la participación de la sociedad civil a través de convocatorias como “Apoyos a proyectos sociales Pro Juventudes” y “Joven, AC”, entre otras, a fin de formar actores jóvenes conscientes y representativos en el desarrollo social, político y económico de nuestro país.

Asimismo el diputado promovente pretende adicionar el artículo 3o. Bis para que quede de la siguiente manera:

De igual manera es importante destacar la facultad del Instituto Mexicano de la Juventud en la elaboración de políticas públicas de incidencia nacional en materia de juventud, las cuales permitan el desarrollo y crecimiento pleno de los jóvenes en beneficio del país, trabajo que realizan a partir de la promoción, protección y defensa de los derechos de los jóvenes a través de mecanismos transversales enfocados en salud, equidad y servicios exclusivos para este sector, en los cuales se contemplan acciones que concluyan en la toma de decisiones responsables y la disminución de conductas de riesgo en los jóvenes, así como la prevención de conductas violentas o la criminalización juvenil.

Aunado a lo anterior, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud prevé la contribución al desarrollo social, erradicación de conductas nocivas y la cultura responsable de la salud física, reproductiva y mental de los jóvenes, siempre tomando en cuenta la perspectiva de género. Dichas políticas públicas son principalmente de carácter preventivo por cuestiones de capacidad del Instituto correspondiente.

Fuentes bibliográficas

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

• Encuesta Nacional de Juventud 2010

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012

• Informe País 2014, Instituto Nacional Electoral

• Encuesta Nacional de la Ciudadanía 2013

• Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2013

• Información Económica de coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, particularmente a la opinión envida por la Secretaría de Desarrollo Social, y al análisis propio de la Comisión de Juventud, este órgano dictaminador considera lo siguiente:

El artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece que el objeto de ese organismo descentralizado es promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación. También promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y sus derechos.

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tiene las atribuciones consignadas en el artículo 4 de su ley, entre otras, diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana (fracción XII).

Los términos de la atribución contenida en la fracción XII del artículo 4 de la ley que se pretende adicionar, hacen apto al Instituto Mexicano de la Juventud para formular cualquier proyecto cuya finalidad consista en aprovechar las capacidades de los jóvenes en su desarrollo social a través de la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana. En efecto, una serie de acciones pueden derivar del enunciado normativo en comento dada la amplitud de su redacción. Luego entonces, de una correcta interpretación de la fracción citada, resulta que el Instituto está facultado actualmente para emprender programas dirigidos a coadyuvar y fortalecer la actividad de las organizaciones de la sociedad civil y colectivos juveniles que tengan como fin lograr una mejor y mayor representación y participación de la juventud. La vigencia de esta atribución se confirma en las fracciones XV y XVI del artículo 17 del Estatuto Orgánico del Instituto, en las cuales se faculta a su Subdirección General de Bienestar y Servicios Juveniles para propiciar la creación de mecanismos de participación ciudadana de los jóvenes y delinear estrategias de coparticipación entre los tres niveles de gobierno y las organizaciones civiles que dirigen su trabajo a los juventud. También en el artículo 18 del mismo Estatuto, en cual se prevé como función de la Subdirección General de Coordinación y Evaluación del Instituto, promover reuniones de trabajo periódicas con las diversas organizaciones civiles y privadas para captar la oferta existente en la materia (fracción II) y la formación de grupos y mesas de trabajo sobre temas específicos de juventud, para determinar programas y proyectos conjuntos (fracción III).

Por lo tanto, esta Comisión considera innecesaria la adición propuesta por el diputado promovente en la sesión ordinaria de esta Cámara celebrada el 17 de febrero del presente año, toda vez que la atribución planteada en su iniciativa ya está regulada en la ley del Instituto y en su Estatuto Orgánico. Sumado a lo anterior, es oportuno destacar que en los objetivos y estrategias del Programa Nacional de Juventud 2014-2018 se contempla el tema de la comunicación, relación e intercambio de experiencias e ideas entre organizaciones de la sociedad civil y colectivos juveniles, incluso los no constituidos formalmente. Además, como se señaló en el proceso de análisis, el Instituto cuenta con programas para promover la participación de jóvenes en organizaciones civiles.

Por lo que refiere a la modificación al artículo 3° Bis de la Ley del Imjuve, se estima innecesaria la adición de la fracción VIII del artículo en mención, de acuerdo a los términos planteados por el promovente, pues el texto en vigor de dicho precepto ya obliga al Instituto a considerar en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud diversos lineamientos, entre ellos, impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de sus derechos en los distintos ámbitos y fomentar los medios para hacerlos exigibles. Esto implica, entre otras cuestiones, promover la cultura de la no violencia y las acciones necesarias para erradicar la criminalización de los jóvenes. El propósito de esos lineamientos se ha concretado en varias acciones a cargo del Instituto, particularmente a través de las diferentes áreas de la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes, dirigidas a contribuir en la disminución de las condiciones generadoras de conductas violentas y de formas de criminalización. Además, la promoción de la cultura de la no violencia también está regulada en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo artículo 2 se refiere al conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a combatir y reducir las causas y factores que propician esas situaciones.

Por lo que hace a la adopción de medidas específicas para proteger la integridad física y mental de los jóvenes y contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, es de resaltar que el Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas previsto en el artículo 93 de la Ley General de Víctimas es el órgano encargado de la implementación y ejecución de medidas de esa naturaleza, de manera que contrario a lo expuesto por el iniciador, la problemática abordada en su iniciativa se está atendiendo actualmente.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Juventud presentamos el siguiente

Acuerdo

Primero. Se deshecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI y se recorren las subsecuentes del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo.Se deshecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Tercero. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Artículo 4, Fracción II

2 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Artículo 4-BIS

3 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Artículo 4, Fracción XIII

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo del año 2015.

La Comisión de Juventud, diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Nadya de Jesús Cruz Serrano (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Delvim Fabiola Barcenas Nieves (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, secretarios; Juan Pablo Adame Alemán, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa, Ricardo Medina Fierro, María Teresa Jiménez Esquivel, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez, Carla Guadalupe Reyes Montiel (licencia), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo (licencia), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Jorge Salgado Parra (licencia) Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Alberto Leónides Escamilla Cerón (rúbrica), Guiliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica).»

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción I; 58, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Metodología

I.En el capítulo de Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para la elaboración del presente dictamen y de la iniciativa anterior en la materia.

II. En el capítulo referido al Contenido de la iniciativa, se expone el objetivo de la propuesta y la exposición de motivos de la misma.

III. En el capítulo de Consideraciones, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión.

I. Antecedentes

Primero.Con fecha 4 de noviembre de 2014, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Segundo.Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: “túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su dictamen” oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2173, expediente 5405.

Tercero.Con fecha 26 de noviembre de 2014, la Comisión de Ciencia y Tecnología recibió el expediente 5406 que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de noviembre de 2014.

Cuarto.Con fecha 5 de enero de 2015, la Comisión de Ciencia y Tecnología solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número LXII/CCyT/001/2015, prórroga para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de noviembre de 2014.

Quinto.Mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2380, expediente 5406, de fecha 12 de enero de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados concedió prórroga para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de noviembre de 2014.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa materia de este dictamen tiene como objetivo reconocer que la ciencia y la tecnología han sido, son y serán elementos fundamentales del desarrollo humano, significa advertir que en el actual proceso de globalización ambos factores toman una extraordinaria importancia para el fortalecimiento del conocimiento y ejercicio del mismo.

De igual manera, el que la globalización y la implementación de la ciencia y la tecnología forman parte de la nueva ideología sobre el desarrollo de una sociedad, es decir, una corriente de convicción generalizada del ciudadano para avanzar en el proceso de la obtención de sociedades eficientes y eficaces, con mejores niveles de calidad de vida e igualdad de oportunidades donde, ante la constante evolución y dinamismo de las herramientas científicas, tecnológicas y de la innovación, sociedad y gobierno se convierten en un solo ente con igual responsabilidad en la toma de decisiones respecto de su avance y desarrollo.

Ejemplo de lo anterior se evidencia con los impactos de la aplicación de la ciencia y la tecnología, por mencionar algunos de ellos los siguientes:

• Empresas e instituciones educativas, así como de investigación interactúan estrechamente para unir el conocimiento y la práctica transformándose en procesos de innovación de los sectores empresarial y de servicio público y privado, de tal manera, que el entorno sea un medio de acceso a la mejora continua, a potenciarla competitividad, a mantener una mayor difusión y proyección internacional de la educación, la economía, las finanzas, la tecnología, la información, la ciencia y la salud, la comunicación, la energía y el medio ambiente, etcétera, así como a concentrar y diversificar actividades económicas para hacerlas más eficientes, de acuerdo a las necesidades locales y, en el caso, regionales.

• Renovación regional o urbana constante que permite atender las demandas de una sociedad en constante evolución y desarrollo, al generar infraestructuras de servicios, comunicación y accesibilidad cada vez más eficientes y asequibles que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

• Mayores oportunidades de acceso a la educación así como a innovadas tecnologías de información comunicación que favorecen la interrelación de profesionistas, académicos, empresarios, políticos, funcionarios públicos, asociaciones y ciudadanos en general para intercambiar información, ideas, impresiones, conocimientos, etcétera, de diferentes disciplinas, profesiones, oficios, servicios, entre otros muchos otros.

Ahora, si bien es cierto que la infraestructura de una sociedad, reconocida como el conjunto de recursos humanos, materiales, de equipamiento, obras inmobiliarias, etcétera, y los servicios que de éstos se desprenden, pone de manifiesto la actividad fundamental del desarrollo y cambio social de la misma, dada su interdependencia e interacción, entonces debemos reconocer que el papel de la infraestructura en materia de ciencia y tecnología es un elemento esencial para convertir datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en la creación de estrategias que impulsen políticas públicas para el progreso de la sociedad.

Generar una infraestructura eficaz e innovadora en materia de ciencia, tecnología e innovación que responda a las necesidades de la sociedad en todos sus entornos, implica contar con la información real y oportuna respecto de sus capacidades, fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad, lo cual garantizará su efectiva administración y desempeño funcional, ya que se capitalizarán recursos, reducirá costos y optimizará tiempos.

Ahora bien, si consideramos que el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 plantea renovar la infraestructura para la investigación científica y tecnológica de las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, como una estrategia para incrementar la inversión en investigación científica y desarrollo experimental, entonces se refuerza el objeto de esta Iniciativa con el hecho de que es preciso observar la amplia y urgente necesidad de contar con un mecanismo de información oportuna y veraz que le permita al Estado realizar un análisis objetivo y real de la infraestructura científica y tecnológica, sus características y capacidades principalmente respecto de su equipamiento tecnológico.

Los planes y estrategias del gobierno federal en materia de información de ciencia y tecnología coadyuvan a canalizar la creación, incremento, mejora y recapitalización de las nuevas tecnologías y desarrollo científico, orientados a nuevas inversiones públicas, privadas e incluso sociales para vincularlas con los sectores gobierno, educación, social, económico, financiero, salud, etcétera, de tal manera que se facilite la transferencia del conocimiento para fomentar el crecimiento de México, asimismo se estimula la igualdad de oportunidades que den origen a una mayor calidad de vida de los ciudadanos y a su vez se acceda a los mercados de dinero y capital activos y se fomente la innovación y/o transferencia de la propia infraestructura.

La evolución científica y tecnológica se llevan a cabo en observancia a la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), que como instrumento rector de las políticas del desarrollo del país, advierte que para lograr que México alcance su máximo potencial y se garantice el respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todo mexicano, es necesario “...potenciar las oportunidades de los mexicanos”, “...ubicar el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la nación entera”, “incrementar el nivel de inversión –pública y privada– en ciencia y tecnología, así como su efectividad.”, todo ello “...para generar productos y servicios con un alto valor agregado” y “...hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable.”.

Siendo congruentes con el sector educativo señalado, el gobierno federal en cumplimiento del artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó el 29 de diciembre de 1970, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, dependencia encargada de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México.

El Conacyt en apego a tales políticas y en acatamiento al artículo 2, fracciones I, II, VI y VII de la Ley de Ciencia y Tecnología, consolida el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para responder a las demandas prioritarias del país, dar solución a problemas y necesidades específicas en la materia y contribuir a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población.

Cabe mencionar que bajo ese Sistema Nacional, el Conacyt, considerando como instrumentos de apoyo “el acopio, procesamiento, sistematización y difusión de información...”, crea el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT), el cual tiene por objeto administrar los datos relativos a los servicios técnicos para la modernización tecnológica, la normalización, la propiedad industrial, el desarrollo tecnológico y la innovación, el cual mantiene actualizado y accesible al público en general.

El SIICYT concebido como un instrumento robusto de información sobre las actividades, capacidades técnicas, servicios, entre otras características y funcionalidades en materia de investigación y desarrollo científicos, tecnológicos y de innovación, comprende lo siguiente:

• El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas  y Tecnológicas (Reniecyt) el cual identifica a las instituciones, centros, organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.

• El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), entendido como una plataforma donde son registrados investigadores, académicos y tecnólogos de diversas disciplinas y donde se promueve y fortalece, mediante la evolución, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación.

• El Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica (Sinecyt), que es una instancia permanente de coordinación del Conacyt dotada de criterios, instrumentos y mecanismos estandarizados, así como con evaluadores de alto nivel que garantizan la transparencia, objetividad, calidad y viabilidad de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y grupos de investigación y de innovación en el sector productivo.

• Los sistemas de información creados por y con apoyo de cualquiera de los fondos de Conacyt.

• El Registro de Personas Acreditadas.

• La información de entidades sociales y privadas de actividad relacionada con investigación científica y tecnológica que, sin haber recibido apoyos del Conacyt, voluntariamente así lo decidan.

• Información respecto de convenios de desempeño, dictámenes de comités técnicos y estados financieros de los centros públicos de investigación que coordina el Conacyt.

• Bases de datos especializadas en diversos temas, así como de información contenida en bibliotecas digitales relacionadas con la ciencia y la tecnología, y

• Toda aquella información que beneficie la integración, operación y actualización del SIICYT y que haya sido aprobada para ingresarse al mismo por parte del consejo directivo.

Como se puede advertir el SIICYT contiene un gran cúmulo de información que hace de su aprovechamiento, interacción e interdependencia una plataforma tecnológica productiva con gran dinamismo y tendencia innovadora. Sin embargo, pese a sus grandes ventajas, avista tener cierto rezago en cuanto a la información sobre la infraestructura en ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional y su actualización, por lo que bajo el programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica, a finales del año 2012, el Conacyt realiza esfuerzos por desarrollar e integrar un subsistema denominado Sistema Nacional de Información de Infraestructura Científica y Tecnológica (SNIICYT).

El SNIICYT tiene la finalidad de integrar la información de los principales laboratorios de investigación, desarrollo e innovación de diversas disciplinas, permitiendo de ellos conocer sus características (áreas de conocimiento y líneas de investigación, actividades, inversión y mantenimiento estimado, servicios) así como capacidades instaladas y requeridas (capital humano, situación tecnológica, etcétera). Con este sistema se da el primer paso para contar con información real y oportuna respecto de las capacidades, fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad que en materia de infraestructura científica y tecnológica se tiene a nivel nacional.

Es importante mencionar que en la medida de que participen activamente en la integración de la información del SNIICYT los sectores público, privado y social, se podrá identificar con mayor precisión y cuantificar la magnitud del rezago en la infraestructura científica, tecnológica y de innovación en México; al mismo tiempo, se podrá determinar la falta de espacios adecuados para el equipamiento científico-tecnológico, su obediencia e inadecuación al adquirido, su distribución y diversificación, así como su aprovechamiento acorde al desarrollo de cada entidad federativa, es decir se tomarán decisiones eficaces que permitan impulsar tanto la inversión y capitalización como la explotación objetiva de dicha infraestructura científica y tecnológica.

Lo anterior se deriva del hecho de que, al consultar la información contenida en el SNIICyT, a diciembre de 2013, se logró identificar la información de 138 instituciones que comprende un total de mil 857 laboratorios:

En éste se destacan con mayor participación en el registro de su información el sector de las instituciones de educación superior con 61.6 por ciento; los centros públicos de investigación con 20.3 por ciento, y; los institutos nacionales de salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social 15.9 por ciento.

Tal situación refleja una escasa colaboración del sector privado, de las universidades privadas y otras instancias, pues como bien se dijo, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable del SIICYT la información de entidades sociales y privadas con actividad relacionada a la investigación científica y tecnológica es voluntarias.

Conforme a lo anterior, el SNIICYT resulta sumamente relevante ya que la información oportuna, efectiva y confiable permite diseñar estrategias efectivas que dan oportunidad a generar políticas públicas que trascienden en beneficio de la sociedad: así como el hecho de que la ciencia y la tecnología para ser realmente pertinentes, provechosas, duraderas y solventen las necesidades y problemas de la sociedad en su dimensión especial e integral, es perentorio que los sectores público, privado y social en su generalidad se hagan activos partícipes tanto en la integración de la información de la infraestructura científica y tecnológica así como en su actualización, y que el SNIICYT, explícitamente, forme parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

II. Consideraciones

Primera. La Comisión de Ciencia y Tecnología expresa la importancia de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) así como de que es necesaria la adecuación de diversas disposiciones en otros rubros, sin embargo, para este caso ya existen diversas disposiciones como las que se expresan a continuación:

1. Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT)

El SIICYT es un instrumento que reforzará la integración y solidez del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y apoyará, a su vez, en el logro de los objetivos mencionados con anterioridad. El SIICYT integrará los esfuerzos de diferentes instituciones educativas, centros de investigación, organismos públicos, empresas y personas físicas y morales del sector público y privado, a fin de promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación tecnológica, así como convertir a la ciencia y la tecnología en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad.

2. Uso del SIICYT

El Conacyt publicó la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y la Ley de Ciencia y Tecnología, el 21 de mayo de 1999 y el 5 de junio de 2002, respectivamente, en las cuales se establece la responsabilidad del Conacyt por conformar, administrar y mantener actualizado al SIICYT. Asimismo, en el PECYT 2001-2006, se establecen las estrategias, líneas de acción e instrumentos para acrecentar y otorgar solidez al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y da a conocer al SIICYT como uno de los instrumentos primordiales para lograr éste propósito.

El gobierno de la República, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentó el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2001-2006, como un instrumento de planeación en materia de ciencia y tecnología, para impulsar de una manera eficiente las actividades científicas y tecnológicas del país. En este programa se definen tres objetivos estratégicos:

• Contar con una política de estado en ciencia y tecnología.

• Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país.

• Elevar la competitividad y la innovación de las empresas.

Por lo anterior, el SIICYT es un instrumento que reforzará la integración y solidez del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y apoyará, a su vez, en el logro de los objetivos mencionados con anterioridad. El SIICYT integrará los esfuerzos de diferentes instituciones educativas, centros de investigación, organismos públicos, empresas y personas físicas y morales del sector público y privado, a fin de promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación tecnológica, así como convertir a la ciencia y la tecnología en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad.

1. Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

2. Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Artículo 1. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante Conacyt, es un organismo descentralizado del estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

3. Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 Estrategia Programática

La actual administración ha plasmado como objetivo principal aumentar el gasto en ciencia y tecnología al uno por ciento del producto interno bruto (PIB), a articular una política pública eficaz en ciencia y tecnología, y a incrementar el número de investigadores y centros de investigación. En este mismos sentido, el objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible” y se conforma de cinco estrategias.

4. Recursos fiscales Ramo 38

Para 2014, los recursos fiscales del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ascienden a 31 mil 86.3 millones de pesos, un aumento de 18.6 por ciento en términos reales. De este monto, 5 mil 973.8 millones de pesos se destinan a los centros públicos de investigación (CPI), lo que representa un aumento de 12.7 por ciento en términos reales. Luego de apoyar el crecimiento de los CPI, el presupuesto asignado al Conacyt es de 25 mil 112.5 millones de pesos, monto que se destinará en 94.8 por ciento a los programas sustantivos (23 mil 816.1 millones de pesos), de acuerdo a las estrategias.

5. Plan Nacional de Desarrollo

Estrategia PND 3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 por ciento del PIB; por lo que se ha establecido como meta a 2018 llegar al 1 por ciento, lo cual implica un gran esfuerzo y coordinación de todos los actores involucrados en ciencia y tecnología, dado que actualmente se encuentra en .46 por ciento del PIB.

Estrategia PND 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores públicos, social y privado. La vinculación y transferencia del conocimiento son fundamentales para articular adecuadamente la “triple hélice”. Gobierno, industria e instituciones académicas para aprovechar el conocimiento y las sinergias que se generan. En este sentido, los CPI juegan un papel sustancial. Por lo que han sido apoyados para que continúen expidiendo sus acciones.

Estrategia PND 3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. La infraestructura científica y tecnológica tiene una importancia estratégica para el desarrollo de las capacidades de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación, así como para elevar los niveles de innovación y competitividad de las empresas instaladas en el país. Por tal motivo, el proyecto 2014 considera para el Programa S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica, un aumento de 178.2 por ciento en términos reales, alcanzando los mil 224.0 millones de pesos de presupuesto. Este monto permitirá ir abatiendo gradualmente el rezago histórico en la construcción, modernización y equipamiento de la infraestructura nacional de ciencia y tecnología necesaria para las actividades de los cuerpos académicos, grupos de investigación de nueva generación y de los centros de investigación coordinados por el Conacyt.

6. Conacyt y la actualización de los sistemas de información del consejo

Para gastos de operación del Conacyt se destinaron 623.3 millones de pesos. Con dicho presupuesto, además de fungir como coordinador sectorial del Ramo 38, el Conacyt realizará una importante tarea de actualización de los sistemas de información del consejo,ya que se encuentran obsoletos y al límite de la capacidad instalada, así como otras acciones de mejora de procesos. Estas acciones surgen del diagnóstico realizado en oportunidad del “Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos”.

Segunda.De acuerdo a la exposición de motivos contenida en la iniciativa consideramos que las consideraciones contenidas en la sección anterior representan los alcances que se buscan con la iniciativa propuesta, toda vez que la revisión de los documentos oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo, los esquemas del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), entre otros, Ya utilizan la información originada por el SIICYT.

Tercera.Por las consideraciones que anteceden, esta comisión establece que se dictamina en sentido negativo en sus términos el contenido de la iniciativa, la decisión se encuentra debidamente fundada y motivada, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción I; 58, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Ciencia y Tecnología somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de noviembre de 2014.

Notas:

1. Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Objetivo 6, Estrategia 6.2 línea de acción 6.2.1

2. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pp. 7 y 10

3. Op. cit. p.17

4. Op. cit, p. 22

5. Op. cit. p. 68

6. http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt

7. Ley de Ciencia y Tecnología. Artículo 13 Fracción I.

8. Op. cit. Articulo 14 párrafos primero y segundo.

9. http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/ index.php/el-siicyt/sobre-el-siicyt, http://wwwconacyt.gob.mx/siicyt/ index.php/el-siicyt?showall=&start=1 y http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/ index.php/el-siicyt?showall=&start=2

10. conacyt.http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/cms/poginos/Infraestructura.jsp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2015.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas, Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Karina Kelly Sánchez (rúbrica), Silvana Ortiz Ortega, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba, Roberto López González (rúbrica).»

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se hace constar el proceso legislativo que la minuta ha tenido, desde la presentación de la iniciativa, el dictamen y el proceso de ésta en la Cámara de Senadores.

Por lo que toca al apartado “Contenido de la minuta”, éste hace una descripción de la temática de la propuesta objeto de dictamen.

Asimismo, en el rubro “Consideraciones de la Cámara de Senadores” se alude a los argumentos que las comisiones dictaminadoras tomaron en consideración para devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

En el capítulo “Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados” se vierten los elementos de valoración de la minuta objeto del presente dictamen.

Finalmente, en el apartado “Conclusiones”, los integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados emiten el proyecto de resolución para ser presentado ante el pleno de ésta.

I. Antecedentes

1. Con fecha 7 de noviembre de 2013, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, en nombre propio y del diputado Gerardo Villa nueva Albarrán, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 2, y se recorren las demás, y un párrafo al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual fue turnada por la Mesa Directiva para análisis y dictamen a la Comisión de Deporte el 21 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura con el expediente número 3248.

2. El 26 de noviembre del mismo año, la Comisión de Deporte, por conducto de la junta directiva, solicitó prórroga para dictaminar la iniciativa citada, de conformidad con el artículo 183, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que fue autorizada por la Mesa Directiva con fecha 16 de diciembre de 2013.

3. El 12 de febrero de 2014, la Comisión de Deporte aprobó el dictamen con modificaciones, el que se discutió en el pleno en sesión de fecha 9 de abril de 2014, con una acotación hecha por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez consistente en adicionar el contenido de la minuta enviada el 12 de febrero del año en curso, y suprimir de la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la letra “y” para sustituirla con un punto y coma y, asimismo, adicionar esa letra al nuevo texto propuesto en la fracción XII del mismo artículo.

4. Con fecha 21 de abril de 2014, la Cámara de Senadores recibió la minuta citada, la cual fue turnada para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos.

5. Con fecha 3 de marzo, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen mediante el cual no se aprueba el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el que fue enviado a la Cámara de Diputados para dar cumplimiento al inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Con fecha 6 de marzo del año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el asunto para análisis y dictamen a la Comisión de Deporte, con el número de expediente 6201.

II. Contenido de la minuta

La minuta motivo del presente dictamen propone incorporar en el texto normativo de la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte la obligación de garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades en los programas de cultura física y deporte que se implanten, sin importar su origen étnico o preferencia sexual.

Asimismo, adiciona un texto en la fracción XII del artículo 2 de la ley en comento a efecto de establecer como finalidad general de la ley fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte en los programas dirigidos a procesados, y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria en los centros del sistema penitenciario mexicano.

De igual forma, adiciona un texto en la fracción V del artículo 13 de la ley objeto del presente dictamen, con la finalidad de que el sistema nacional de cultura física y deporte planee y evalúe con las autoridades del sistema penitenciario mexicano los programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria en los centros del sistema penitenciario mexicano.

III. Consideraciones de la Cámara de Senadores

Las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos consideran conveniente señalar el precedente de otra minuta turnada a ellas con fecha 12 de febrero de 2014, donde el resolutivo propuesto era precisamente el correspondiente a la reforma de la fracción XI del artículo 2, el que se encuentra en el contenido de la presente minuta.

La colegisladora estima inapropiado que se haya decidido remitir la presente minuta en estos términos, y se resaltan de nueva cuenta las razones esgrimidas en la anterior minuta, en las que se señaló que “el objeto y espíritu de la fracción XI correspondiente al artículo 2 de la ley motivo del presente dictamen consisten en garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades en los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implanten; en él se establece que se hará sin distinción de preferencias, por lo que en ese ámbito no consideran pertinente darle la connotación de preferencia sexual, ya que sólo referir la palabra ‘preferencias’ en ella la colegisladora consideró se encuadran las de cualquier índole, como pudiesen ser religión, política y también en el mismo deporte, por ejemplo, de disciplina o modalidad, por lo que al señalar que será sin distinción de preferencias, queda claro que genéricamente abarca todas las que resulte y no limitarlo únicamente a las de tipo sexual.

Asimismo, consideramos que en el texto vigente cuando se refiere a que no se discriminará en razón de condición social, se está abarcando todos los aspectos sociales del ser humano, incluidos los económicos, étnicos y culturales.

Por lo que corresponde a la reforma planteada sobre el artículo 13, la colegisladora considera pertinente señalar que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el segundo párrafo: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

Las comisiones dictaminadoras establecen que, en dicho precepto, el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base de diversos conceptos, entre ellos el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, siendo esta situación centrada en el ámbito dela ejecución de las penas.

Asimismo, invocan el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de hacer notar que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la república en el orden federal y en el fuero común.

Por otra parte, hacen mención del artículo 73, fracción XXIX-J, constitucional a fin de resaltar que el Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de la Carta Magna, estableciendo la concurrencia entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la participación de los sectores social y privado. Es decir, la Ley General de Cultura Física y Deporte es reglamentaria del derecho a la cultura física y al deporte contenido ahí.

Con base en los anteriores preceptos constitucionales, la colegisladora estimó que no se debe incluir entre las finalidades generales de la Ley General de Cultura Física y Deporte acciones en relación con el artículo 18 constitucional, pues la reglamentación de dicho precepto, particularmente por lo que se refiere al sistema penitenciario, corresponde por mandato constitucional a la legislación en materia penal y no está propiamente vinculada al ejercicio del derecho a la cultura física y al deporte.

Aunado a lo anterior, las comisiones dictaminadoras tomaron en cuenta la existencia de la Ley que establece la Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Conforme al artículo 1, dichas normas tienen como finalidad organizar el sistema penitenciario en la república conforme a lo establecido en sus preceptos, los cuales de su lectura desarrollan lo dispuesto en el artículo 18 constitucional en el segundo párrafo; incluso es de observarse el hecho de que el artículo 6 de dicha ley hace referencia al deber de considerar espacios que permitan a los internos practicar el deporte.

La colegisladora afirma también que, consecuentemente, la reforma propuesta no corresponde a la Ley General de Cultura Física y Deporte sino, por el contrario, a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Las dictaminadoras hacen notar que el tema a que se refiere la iniciativa es penal, por lo que él no se vincula directamente con las atribuciones correspondientes a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establecidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Por las consideraciones expresadas en el presente dictamen y toda vez que el objetivo de la reforma propuesta sobre la fracción XI del artículo 2 y la relativa al artículo 13 ya se encuentran previstas, la colegisladora considera además que no son materia propiamente de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se concluyó que no es de aprobarse la minuta con proyecto de decreto motivo del presente dictamen.

Por lo expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se deshecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

IV. Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados

En la reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de fecha 8 de abril de 2015, los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que la colegisladora sostiene con relación a las propuestas de reformas objeto de la presente minuta. Al respecto, los integrantes de la comisión coincidieron con lo siguiente:

Con relación a la propuesta de reformar la fracción XI del artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte, a fin de incluir el concepto de “origen étnico” y darle la connotación de “sexual”, al término de “preferencias” ya incluido en el texto vigente, a efecto de que todas las personas tengan el acceso a los programas de desarrollo en materia de cultura física y deporte en igualdad de oportunidades, es preciso acotar que su análisis y dictamen es objeto de la minuta enviada a la colegisladora en fecha 12 de febrero de 2014.

Por lo que toca al texto propuesto en la fracción XII del artículo 2 y la propuesta establecida en la fracción V del artículo 13, ambos de la ley en comento, los integrantes coinciden totalmente con los argumentos señalados por la Cámara de Senadores, en virtud de que la propuesta pertenece por entero a la materia de readaptación penal de sentenciados.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se deshecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2015.

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, María de los Ángeles Sánchez Lira, Fidel Bazán Tenorio (rúbrica), secretarios; Brasil Alberto Acosta Peña (licencia), José Guadalupe García Ramírez, Rafael González Reséndiz, Alejandra López Noriega, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, Gerardo Villanueva Albarrán, Tomás Brito Lara, Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Ana María Gutiérrez Coronado (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), Ignacio Ramírez Juárez (rúbrica).»

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Comisión de Asuntos Indígenas, con las atribuciones que le confieren el artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45, numerales 6, incisos e), y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 95, numerales 1 y 2, incisos c), d) y e), 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numerales 1, 2 y 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la minuta que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la minuta” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la minuta en estudio.”

III. En las “Consideraciones de la comisión”, se exponen los argumentos lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

Antecedentes

Primero. El 7 de noviembre de 2013, el senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó ante el pleno del Senado de la República, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segundo. En la misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República para su análisis y dictamen correspondiente.

Tercero. El 14 de octubre de 2014, fue aprobado el dictamen de la iniciativa de cuenta, por los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Cuarto. El 4 de diciembre de 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Quinto. El 9 de diciembre de 2014, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio del Senado de la Republica, por el que remiten la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sexto. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite y turno a la Comisión de Asuntos Indígenas para dictamen.

Contenido de la minuta

La colegisladora, señala en sus considerandos lo siguiente:

a) En lo general

Señala que la comisión coincide con el criterio que inspira la iniciativa en estudio, que se funda en lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Apartado B, fracciones I y VII, que impone a la federación, los estados y los municipios la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades; y además, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

Puntualiza que en el marco de convencionalidad que exige el primer párrafo del artículo 1° del texto constitucional, es aplicable lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 7del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establecen:

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

En el mismo contexto de convencionalidad, es orientadora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 20, párrafo 1, y 23 que determinan:

Artículo 20

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure y disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les concierna y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Finalmente, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas puntualiza en su artículo 2o. el objeto del organismo descentralizado que crea con esa denominación y enumera sus funciones, dentro de las que destacan las siguientes:

Artículo 2

...

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

...

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la administración pública federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

...

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;

Además, el artículo 9 de la Ley en consulta enuncia las atribuciones de la junta de gobierno de este organismo descentralizado, de las cuales se transcribe la contenida en su fracción tercera:

Artículo 9

III. Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado;

La colegisladora señala que de la anterior fundamentación se advierte la obligación constitucional impuesta a los tres órdenes de gobierno consistente en impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos; así como apoyar sus actividades productivas y su desarrollo sustentable.

Señala que esta obligación la regula la Ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dentro de sus atribuciones contempla realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado, además, asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten, instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la administración pública federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes, desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas; establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas; y concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas.

b) En lo particular

La colegisladora al entrar al análisis de las fracciones cuya adición se propone, la VI en primer término, considera que el artículo 2o. de la Constitución federal en el último párrafo de su Apartado A, determina que corresponde a las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, en los términos siguientes:

Artículo 2o.

...

A. ...

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. ...

...

La colegisladora señala que en este primer análisis es pertinente distinguir por su naturaleza jurídica y sus efectos, los conceptos entidades de interés público y sujetos de derecho público.

Francisco López Bárcenas en su obra Legislación y derechos indígenas en México comenta del artículo 20 constitucional, el párrafo ya transcrito, que determina que corresponderá a las constituciones y leyes de las entidades federativas establecer las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Al respecto, opina que “...nulifica la posibilidad de los pueblos y comunidades indígenas de formar parte de las estructuras de gobierno ya que en lugar de reconocerlas como sujetos de derecho público las considera como entidades de interés público. Como bien se sabe, el interés público “es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”;mientras las características de las personas jurídicas colectivas de derecho público son “la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, pose una denominación o nombre; con domicilio y un ámbito geográfico actuación; patrimonio propio y régimen jurídico específico”. Cosas bien distintas ambas, como se ve.

Cabe citar también, al autor José Roldán Xopa, quien dentro del estudio del órgano administrativo entra al análisis de los conceptos orden jurídico y persona jurídica, definiendo que:

“Los sujetos de derecho público son personas jurídicas, entidades dotadas de autonomía orgánica propia de su personalidad y con capacidad para ser propietarios. A su vez las personas jurídicas están compuestas por órganos que son fracciones de competencia. Así pues, desde el punto de vista orgánico, la administración pública está compuesta por una pluralidad de sujetos jurídicos: órganos y personas jurídicas (organismos). La identificación de cada uno de ellos es una cuestión que zanja el derecho positivo (por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será un órgano al ser parte de la personalidad del Estado; la Comisión Federal de Electricidad será una persona jurídica al ser constituida como organismo descentralizado.”

Respecto al concepto de interés público, Roldán Xopa, plantea: “ahora bien, como una apreciación inicial encontramos que el interés público designa ciertos contenidos jurídicos (ámbitos personales o materiales, normas, valores, etcétera) que estima valiosos y objeto de una protección especial.”

Valorando las disposiciones normativas invocadas y las anteriores opiniones doctrinarias, las dictaminadoras consideran que el texto constitucional caracteriza a pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público y no como sujetos de derecho público, por lo que la ley que crea a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que deriva de determinados enunciados del 20 constitucional, acatando el principio de jerarquización normativa, debe limitarse al concepto entidades de derecho público que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas.

Por tanto, las dictaminadoras consideran que en tanto no haya una reforma constitucional expresa, debemos ser congruentes con la norma que dispone que a las entidades federativas corresponde reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público, sin referir la calidad de sujetos de derecho público; y que en el mismo precepto, Apartado B, fracciones I y VII, ya transcrito, impone a la federación, los estados y los municipios la obligación de impulsar el desarrollo regional, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, que es lo que en síntesis se propone en esta iniciativa (fracción VI).

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su artículo 2 enumera las funciones de dicho organismo, que incluyen a juicio de la suscrita Comisión, la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva en su economía, como se propone en la fracción VI de la Iniciativa.

La colegisladora señala que en la adición de una fracción VII para recorrer las subsecuentes, se propone facultar a ese organismo para que mediante convenios con la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales coadyuve en el ámbito productivo a resolver necesidades de las comunidades y pueblos indígenas en materia de asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, con el propósito de fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación. Al respecto, cabe advertir que la Junta de Gobierno de la citada comisión, que es su órgano de gobierno, ya tiene como facultad prevista por el artículo 9, fracción III, de su propia ley, definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales, e incluso, con las organizaciones de los sectores social y privado.

Manifiesta la colegisladora que como lo sostiene el proponente, el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público que corresponde a las Constituciones locales y su legislación puede y debe ser impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues dentro de sus principios enunciados en el artículo 3 de su ley, le corresponde observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación, que sin duda se proyecta si la Comisión orienta, promueve, apoya y fomenta dicho reconocimiento legal.

La colegisladora puntualiza que la comisión dictaminadora considera acertada la propuesta que se analiza en el sentido de que al mencionado organismo descentralizado corresponda como una de sus funciones, impulsar ante los estados de la federación el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público; y que esta atribución se inserte como fracción VI, recorriendo en su orden la fracción VI vigente y las subsecuentes.

Proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, recorriéndose las siguientes en su orden para quedar como sigue:

Artículo 2. ..

I. a V. ...

VI. Impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público;

VII. a XXI. ...

Consideraciones de la comisión

Esta comisión dictaminadora después de realizar un análisis exhaustivo a la minuta remitida por la Colegisladora por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, llega a las siguientes conclusiones:

Primero. Esta comisión dictaminadora considera que la minuta remitida por la colegisladora contraviene diversas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico nacional, conforme al siguiente análisis jurídico:

La minuta busca adicionar una fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los términos siguientes:

Artículo 2. ...

I. a V. ...

VI. Impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público;

VII. a XXI. ...”

En esta tesitura, es conveniente precisar que la Carta Magna dispone en su artículo 2o., Apartado A, último párrafo, lo siguiente:

“Artículo 2o. ...

A. ...

I. a VIII. ...

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.”

De igual manera, los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal, disponen lo siguiente:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Así también, el artículo 124 de la Constitución Federal, dispone lo siguiente:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

En los artículos constitucionales que se citan, se precisan las facultades legales que expresamente otorga la Carta Magna a las entidades federativas. Partiendo de estos fundamentos jurídicos que servirán de base para el presente dictamen, es menester puntualizar que conforme a lo dispuesto en el artículo 2o., Apartado A, último párrafo, queda claro que la norma constitucional establece que son las entidades federativas quienes establecerán en sus constituciones y leyes estatales, las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, y en su caso, las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

De lo anterior, se desprende la obligación constitucional a cargo de las entidades federativas para que al igual que se ha hecho en el ámbito federal, reconozcan en el ámbito local los derechos de las comunidades indígenas, en el entendido de que el precepto constitucional federal sienta las bases para qL!e a partir de ahí las entidades federativas realicen el reconocimiento que mejor exprese y garantice la realidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas.

En este orden de ideas, es conveniente precisar que, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce el carácter de sujetos de derecho público ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades que los integran, tampoco prohíbe que las legislaturas de los estados le reconozcan ese carácter. y dado que la Constitución Federal contiene garantías mínimas que pueden ampliar otras leyes, las legislaturas de los estados pueden dar ese reconocimiento.

Segundo. En esta tesitura y para mayor abunda miento, esta Comisión dictaminadora considera necesario hacer un breve análisis sobre el significado y alcance de las denominaciones “sujetos de interés público” y “sujetos de derecho público”.

La expresión “sujetos de derecho público” se usa como sinónimo de “persona de derecho público”, razón por la cual para explicar la primera expresión, es necesario hacer referencia en primer lugar a la segunda.

En términos jurídicos, la persona puede ser conceptualizada como todo ente susceptible de tener derechos y obligaciones, es decir, que puede establecer relaciones jurídicas válidas y por esa vía ejercer derechos o contraer obligaciones.

La expresión “ente” da la idea de que la persona jurídica no necesariamente coincida con la persona humana, ya que puede haber entes que no existan en la realidad como personas pero que el derecho les reconozca capacidad para ejercer derechos y tener obligaciones y en ese caso el derecho los considera personas aunque biológicamente no lo sean.

De ahí que el derecho reconozca al menos dos tipos de personas jurídicas: las personas físicas y las morales. El Código Civil Federal que en términos similares recogen los códigos de las entidades federativas y el Distrito Federal se refieren a ambos tipos de personas.

En cuanto a las personas físicas, el Código Civil Federal hace referencia a estas en los artículos 22, 23, 24, y en cuanto a las personas morales, hace referencia el artículo 25 del citado Código.

El Código Civil Federal no define a las personas sino, en el caso de las personas físicas, establece las maneras en que adquiere capacidad de ejercicio, la forma de ejercerlos y las limitaciones de ellos. Por la forma de adquirir la capacidad de ejercerlos se desprende que la norma se refiere a las personas físicas como personas humanas.

Para el caso de las personas morales el Código Civil enumera algunos tipos de ellas, de donde se pueden derivar que son “entes” o asociaciones de personas humanas a las cuales el derecho les reconoce capacidad para que ejerzan derechos y establezcan obligaciones como si se tratara de una sola persona humana.

Otro aspecto que se desprende de lo dispuesto por el Código Civil Federal en materia de personas morales es que las hay de varios tipos.

a) De carácter público, entre las que quedan incluidas “la nación, los Estados y los municipios” y “las de más corporaciones de carácter público reconocidas por la ley”; entre las que se encuentran los organismos autónomos.

b) De carácter privado, entre las que ubica “las sociedades civiles o mercantiles” y “las personas morales extranjeras de naturaleza privada”.

c) De carácter social, entre las cuales menciona los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución federal.

De lo anterior se deduce que los sujetos de derecho público son “entes” o personas morales, creadas por el derecho y forman parte de los órganos de gobierno o de la administración pública en cualquiera de sus tres niveles (federal, estatal o municipal) y por lo mismo cuentan con facultades determinadas por la propia ley.

En este sentido, vale la pena recordar que donde comienza a usarse la expresión “pueblos indígenas como sujetos de derecho”, relacionándola con los derechos de los pueblos indígenas, es en los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados el 16 de febrero de 1996, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, popularmente más conocidos como Acuerdos de San Andrés, por el nombre de la comunidad chiapaneca donde se firmaron. En el punto 2 de la parte denominada “Nuevo marco jurídico” del documento número 1, denominado Pronunciamiento Conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviaran a las instancias de debate y decisión nacional, se lee:

2. El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno,. gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

De igual manera, en el punto cuatro del documento número 2, titulado: Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondiente al punto 1.4. de las Reglas de Procedimiento, se expresa:

4. Se propone al Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público, el derecho de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.

Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

Con base en los documentos anteriores, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, elaboró una propuesta de reforma constitucional, misma que incluía una fracción IX en el artículo 115 constitucional, donde se proponía que dijera:

IX Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones.

Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

Esta iniciativa finalmente se aprobó, pero modificando sustancialmente su contenido, al caracterizar a las comunidades indígenas como sujetos de interés público y no de derecho público.

En el derecho mexicano se habla de “entidades federativas”, “entidades de la administración pública federal”, o “entidades paraestatales”, entre otros usos, con significados distintos en cada caso. Algunas veces la expresión se utiliza para designar a sujetos jurídicos dotados de personalidad jurídica, como cuando se refiere a las entidades federativas o a ciertas entidades paraestatales; entre otros, designa a órganos públicos sin personalidad jurídica, como cuando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales se refieren a los Fideicomisos o las Secretarias de Estado; y en algunos más para designar a ambos, como sucede con las “entidades paraestatales” en la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Del uso que el derecho mexicano hace del vocablo “entidad”, se puede concluir que reconocer a los pueblos y comunidades indígenas el carácter de “sujetos de derecho público” significará que gozarán de personalidad jurídica, o bien que serán órganos de la administración pública.

La propuesta de reforma constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, que en 2001 el presidente de la República presentó como iniciativa, buscaba reconocer a las comunidades como “entidad de derecho público”. En los dos documentos citados de los acuerdos de San Andrés, se establece que este reconocimiento tenía como finalidad que pudieran “asociarse libremente en municipios con población mayoritaria mente indígena, [...] a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las Legislaturas Estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles”.

Los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, contienen un conjunto de competencias para las comunidades indígenas, lo que permite afirmar que lo que las partes pactaron fue reconocer personalidad jurídica a las comunidades indígenas, con facultades distintas a las de los municipios en los que estuvieran incluidas.

Como se puede observar, la Constitución federal remite a las constituciones de los estados de la república el reconocimiento que pudieran tener, pero no como entidades de derecho público sino de interés público. De acuerdo con la doctrina jurídica, el interés público “es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”, mientras las características de las personas jurídicas colectivas de derecho público son “la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, poseen una denominación o nombre; con domicilio y un ámbito geográfico de actuación; patrimonio propio y régimen jurídico específico”.

Hay que decir que, si bien la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce el carácter de sujetos de derecho público ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades que los integran, tampoco prohíbe que las legislaturas de los estados le reconozcan ese carácter, y dado que la Constitución federal contiene garantías mínimas que pueden ampliar otras leyes, las legislaturas de los estados pueden dar ese reconocimiento.

Esta situación ha permitido a algunas entidades federativas como lo es el caso de Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, entre otras, reconocer en sus respectivas constituciones políticas locales a los pueblos y comunidades indígenas el carácter de sujetos de derecho público.

En este sentido, la Constitución de Oaxaca dispone en el: Artículo 16. ...por tanto, dichos pueblos y comunidades indígenas tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales”.

La Constitución de Chihuahua, establece en el artículo 8. ...La comunidad indígena tiene la calidad de sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonios propios.

La Constitución de San Luis Potosí, establece en su artículo 9, fracción VI, “El estado otorga a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios”;

La expresión “sujetos de derecho público” se refiere a “entes” o “entidades” de derecho público, es decir, organismos, que siendo o .no personas morales, forman parte de la organización gubernamental, en cualquiera de sus tres niveles y por lo tanto tienen reconocidas por ley determinadas competencias.”

En este orden de ideas, se entiende que la personalidad jurídica es la capacidad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, en tanto personas jurídicas colectivas, para ser titular de derechos y obligaciones, cuestión distinta a la personalidad jurídica de sus integrantes, en este caso las personas indígenas, que lo ejercen desde una dimensión individual.

El derecho privado es aquel derecho concerniente a los particulares, y el derecho público aquel que atañe a las cuestiones públicas, para los fines de sistematización, podemos afirmar que la personalidad jurídica reconocida a los pueblos y comunidades indígenas se ubica en el ámbito de derecho público.

Esto es así en virtud de que los pueblos y comunidades indígenas son una persona jurídica colectiva, que de muy diversas formas y a través de sus autoridades comunitarias y municipales, realiza funciones públicas y mantiene relaciones de este tipo con diversas instancias del estado, los municipios y terceras personas, distinto a la naturaleza y los actos que realizan sus integrantes, es decir las personas indígenas, que en tanto personas jurídicas individuales, realizan actos de naturaleza privada.

Debe aclararse que si bien las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas realizan funciones públicas y mantiene relaciones públicas con el Estado y terceras personas, esto no significa que sean una “autoridad estatal” o sean un “orden de gobierno” tal como podría interpretarse.

Por lo que es importante expresar que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica de derecho público, es con la finalidad de garantizar sus formas de organización como un ente colectivo, que realiza funciones públicas a través de sus autoridades comunitarias y tradicionales y que en última instancia busca el bien común de sus integrantes.

La personalidad jurídica de los pueblos indígenas ha sido materia de consenso en el proceso de negociación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, que se cita:

Artículo IX. Personalidad jurídica

Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración. (Consensuado el 7 de diciembre de 2006-Octava Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos)

En la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el carácter de sujetos de derecho público sino de interés público, que es completamente distinto. Pero tampoco prohíbe que lo hagan las constituciones políticas de los estados de la república, como es el caso de Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, entre otras.

En este sentido, y para robustecer jurídicamente el sentido del presente dictamen, se citan dos Tesis Aisladas (Constitucionales) emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

Tesis 2a. CXXIX /2002

Segunda Sala

Seminario judicial dela Federación

Tomo XVI, Noviembre de 2002 Página 446.

Tesis Aislada (Constituciona1)

[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Noviembre de 2002; página 446

Derechos de los indígenas. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden ser ampliados por las legislaturas locales dentro del marco de aquélla.

El artículo 1o. de la Constitución federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos.

Tomo XVI, noviembre de 2002, pagina

Tesis aislada (Constitucional)

[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Noviembre de 2002; página 446.

Derechos de los indígenas. Los establecidos en las legislaciones locales en favor de ellos no fueron limitados por las reformas a la Constitución federal en la materia, vigentes a partir del quince de agosto de dos mil uno.

Las reformas en materia indígena a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, en vigor a partir del día siguiente, conforme a su artículo primero transitorio, dejan a las entidades federativas la regulación jurídica relativa al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que sólo están sujetas a las definiciones y criterios generales que al respecto se establecen, a la estructuración legal de las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas de cada entidad, al postulado básico de unidad e indivisibilidad nacional y a que la autonomía se ejerza dentro del marco constitucional, ello en virtud de que el artículo 40 de la Constitución federal consigna la unión del pueblo mexicano en una Federación establecida de acuerdo con sus principios fundamentales, de manera tal que cualquier norma contraria a los principios de unidad e indivisibilidad de la Nación Mexicana serían contrarios al Pacto Federal, además de que el numeral 133 de la propia Lev Fundamental prevé el principio de supremacía constitucional mediante el cual las Constituciones y leyes locales deben ser acordes con el Ordenamiento Supremo. En ese tenor, los derechos establecidos en favor de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los indígenas en lo individual, deben ser considerados como mínimos a garantizarse por los Estados en la regulación y organización jurídica que al efecto realicen en sus Constituciones y leyes respectivas, razón por la cual los derechos que tales entidades federativas pudieran haber establecido con anterioridad a favor de los indígenas, no pueden considerarse limitados por los derechos consagrados en las normas constitucionales referidas, pues estos últimos sólo son derechos mínimos a satisfacer, a no ser que fueran contrarios a los postulados básicos de unidad e indivisibilidad nacional y de no sujeción al marco constitucional, caso en el cual serían contrarios, desde su origen y no en virtud de las reformas, a la Carta Magna, o. bien, que los derechos que en tales legislaciones se hubieran previsto no sean los que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas de la entidad, lo que no constituye una limitante a tales derechos, sino una exigencia de que se ajusten a la realidad social.

En esta tesitura, como bien lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia.

En consecuencia, los Congresos locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos.

De igual manera, la SCJN enfatizó que los derechos establecidos en favor de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los indígenas en lo individual, deben ser considerados como mínimos a garantizarse por los Estados en la regulación y organización jurídica que al efecto realicen en sus Constituciones y leyes respectivas, razón por la cual los derechos que tales entidades federativas pudieran haber establecido con anterioridad a favor de los indígenas (caso Oaxaca), no pueden considerarse limitados por los derechos consagrados en las normas constitucionales referidas, pues estos últimos sólo son derechos mínimos a satisfacer.

Tercero. En este orden de ideas, es pertinente señalar que la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas vigente, establece facultades para que la Cdi cumpla con el objeto para el que fue creado, entre las que se encuentran coadyuvar, realizar tareas de colaboración y asesorar y apoyar a las entidades federativas, en temas específicos, como las siguientes:

Artículo 2. La comisión tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

...

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las disposiciones constitucionales;

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;

IV. a IX. ...

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios ya las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;

XI. a XIX. ...

Así también, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo 19, fracciones VIII, IX y X, facultades a la Unidad de Planeación para proponer, promover e impulsar en los tres órdenes de gobierno las adecuaciones necesarias para el reconocimiento, vigencia y ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, bajo la premisa de respeto y concordancia con los derechos humanos.

Artículo 19. Compete a la Unidad de Planeación:

I. a VII. ...

VIII. Proponer y promover, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en materia indígena, las adecuaciones jurídicas para el reconocimiento, vigencia y ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en el orden jurídico nacional:

IX. Asesorar en materia de derechos indígenas, a los tres órdenes de gobierno, y en su caso, proponer criterios y promover la observancia de estos derechos en las políticas públicas;

X. Proponer e impulsar estrategias para el reconocimiento, vigencia y ejercicio de los derechos indígenas ante las instancias competentes, así como promover que se ejerzan e implementen en armonía con los derechos humanos en general;

En esta tesitura, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, surge el Programa Especial de los Pueblos Indígenas para el periodo 2014-2018, en cuyo objetivo especial 1, establece el compromiso de impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, el cual dentro de la estrategia 1.1. Asegura el Impulsar la armonización constitucional en materia de derechos indígenas, aterrizando lo anterior a través de la línea de acción 1.1.1., cuyo objetivo es promover la incorporación a nivel local del reconocimiento constitucional de los derechos de la población indígena.

En conclusión, esta comisión dictaminadora considera que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sólo consagra el derecho al reconocimiento de las comunidades indígenas, sino que establece la facultad para hacer efectivo este derecho, lo que se traduce en una obligación a cargo de las entidades federativas. En virtud de lo anterior, los Congresos locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, Apartado A, último párrafo, de la Constitución federal, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas. En consecuencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no puede impulsar mediante una facultad reglamentaria, a que las entidades federativas reconozcan a las comunidades indígenas obligatoriamente como entidades de interés público. Ya que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce el carácter de sujetos de derecho público ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades que los integran, tampoco prohíbe que las legislaturas de los estados le reconozcan ese carácter, como bienio ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, se considera pertinente desechar la minuta remitida por la colegisladora, derivado de que está invade la esfera de competencias de las entidades federativas, consagradas en los artículos 2o., Apartado A, último párrafo, 40, 41, 124 y 133 de la Carta Magna.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, remitida por la Cámara de Senadores el 9 de diciembre de 2014.

Segundo. Devuélvase el expediente a la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:

1. Francisco Cornejo Certucha, “Interés público”, en Diccionario Jurídico Mexicano, tomo 1-0, UNAM-Porrúa, México,

1991, páginas 1779-1780.

2 Miguel Acosta Romero, Teoría general del derecho administrativo, Porrúa, México, 2000, pp. 113-118.

3 Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Colección Legislación y Desarrollo Rural, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México 2009, página 72.

4 José Roldán Xopa, Derecho administrativo, Editorial Oxford, México, 2008, páginas 174 y 175.

5 Ibídem, página 299.

6 Cornejo Certucha, Francisco, “Interés Público”, en: Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, UNAM-Porrúa, México, 1991, páginas 1779-1780.

7 Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, Porrúa, México, 2000, páginas 113-118.

8 Honorable Cámara de Diputados. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, “Los Pueblos Indígenas como Sujetos de Derecho Público”, Palacio de San Lázaro, 7 de agosto de 2007.

9 “Argumentos Jurídicos que sustentan la caracterización de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho con “personalidad jurídica de derecho público”. Licenciado Adelfo Regino Montes, secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 7 de abril de 2015.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Pedro Gómez Gómez, Shantall Zepeda Escobar (rúbrica), Margarita Licea González, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), José Higuera Fuentes (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Juan Luis Martínez Martínez, secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Antolín Etienne Rivera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Emilse Miranda Munive (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Franciasca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Roberto López Rosado, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, le fue turnada la iniciativa que reforma los artículos 13, primer párrafo; 19, segundo párrafo, 20, primer párrafo, 21, primer párrafo, 37, los incisos b) y f) y el quinto párrafo y del artículo 40, el segundo párrafo; y adiciona un artículo 2 Bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 10 de febrero de 2015, por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 85, 157, numeral 1, fracción I; 176 numeral 1; 182, numeral 3,  y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En la sesión del pleno del 10 de febrero de 2015, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de referencia. En la misma fecha la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

La iniciativa propone adicionar un artículo 2 Bis con la finalidad de que para el  cumplimiento de las funciones de capacitación permanente, el Servicio Exterior Mexicano deberá contar con un plan rector de profesionalización, que pueda ser fácilmente verificable y que se encuentre abierto al público usuario, orientado a que toda aquella persona del propio servicio que desee capacitarse cuente con los elementos necesarios para hacerlo.

Asimismo, plantea reformar los artículos 19 y 20 para establecer requisitos adicionales a los previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 89) que el Ejecutivo federal estaría obligado a cumplir para el nombramiento y remoción de embajadores y cónsules generales.

Metodología

La Comisión realiza el análisis de la iniciativa en comento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la evaluación de la pertinencia de la reforma propuesta en el marco jurídico vigente de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la información recibida de las áreas competentes de la administración pública federal y de la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

Respecto de la materia de la iniciativa, la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictaminación realiza a continuación, el análisis de las modificaciones planteadas, observando el orden consecutivo del  articulado de la LSEM:

Primero. El iniciante propone adicionar un artículo 2 Bis para crear un plan rector de profesionalización para la capacitación de los miembros del SEM, con la siguiente redacción:

Artículo 2 Bis. Para cumplir con las funciones de capacitación permanente, el Servicio Exterior mexicano deberá contar un plan rector de profesionalización, que pueda ser fácilmente verificable y que se encuentre abierto al público usuario, orientado a que toda aquella persona del propio servicio que desee capacitarse cuente con los elementos necesarios para hacerlo.

También dispondrá de un Sistema Integral de Información de Personal del Servicio Exterior Mexicano (SIIPSEM) diseñado para funcionar como un elemento básico y fundamental en la gestión de recursos humanos, para que los aspirantes a integrarse al mismo, así como los integrantes del propio servicio, cuenten con información oportuna de cada una de las subcomisiones y procesos internos del servicio.

Al respecto, la comisión puntualiza que el SEM ya cuenta con un esquema de capacitación permanente a cargo del Instituto Matías Romero y diversos programas en materia de recursos humanos a cargo de la cancillería para todos los miembros del SEM, por lo que no necesariamente abonaría en su mejoramiento, que su creación esté contenida en ley.

De igual manera, la creación del denominado de este sistema tendría como finalidad la máxima publicidad de todo lo que suceda al interior del SEM, a fin de que sus aspirantes y miembros pudieran contar con la información oportuna de cada una de sus respectivas subcomisiones y procesos internos.

Sin embargo, no se puede hacer pública dicha información porque es deber de la cancillería proteger los datos personales ahí contenidos y porque los asuntos ventilados en la Comisión de Personal del SEM y las respectivas subcomisiones tienen el carácter de confidenciales, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 15 del Reglamento de la Ley del SEM. Asimismo, los asuntos disciplinarios ventilados en la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios están clasificados como reservados, hasta en tanto no se resuelvan en definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I, V y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 15 del Reglamento de la Ley del SEM.

En concordancia con lo anterior, la comisión estima desechar esta adición.

Segundo.Se propone reformar el artículo 13 con la finalidad de homologar los requisitos de escolaridad, experiencia y exámenes de conocimiento del personal de carrera del SEM a los cónsules honorarios, para quedar como sigue:

Artículo 13. El secretario podrá designar cónsules honorarios, considerando a personas que reúnan al menos perfiles similares al personal de carrera, en aspectos tales como escolaridad y experiencia, acreditados mediante la aplicación de los exámenes necesarios para corroborar que el candidato efectivamente cuenta con las capacidades necesarias para afrontar las responsabilidades.

Quienes resulten seleccionados mediante este sistema, no serán considerados personal del servicio exterior.

En relación con esta reforma la Comisión considera que debido a la naturaleza honorífica y gratuita de los cónsules honorarios (artículo 1-Bis, fracción XXI de la Ley del SEM), no es conveniente exigirles requisitos similares a los del personal de carrera del SEM, toda vez que la cancillería no paga ni provee de prestaciones a los cónsules honorarios.

También existe la posibilidad de que puedan ser extranjeros, lo cual no se prevé para el personal del SEM. Es decir, no es conveniente homologar los requisitos para ser cónsul honorario, cargo sin contraprestación del Estado mexicano, con los del personal de carrera del SEM, a quienes el Estado mexicano está obligado a pagar. Al contrario, al ser de carácter honorífico, lo que se busca es que los cónsules honorarios a elegir sean personas cercanas y reconocidas en la comunidad mexicana en la que radicarán, no que cuenten con los atributos del personal de carrera del SEM quienes, en última instancia, coordinarán y revisarán su actuar.

Por lo anterior, se considera desechar esta reforma.

Tercero.Reformar los artículos 19 y 20 para incluir requisitos (adicionales a los previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) que el Ejecutivo federal estaría obligado a seguir para la designación y remoción de embajadores y cónsules generales, para quedar como siguen:

Artículo 19. Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el presidente de la República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

Independientemente de que un funcionario de carrera sea designado embajador o cónsul general, el presidente de la República podrá removerlo por causas justificadas que tengan que ver con disminuciones reiteradas en los resultados de las evaluaciones aplicadas por la comisión de personal de la secretaría, en los términos de la fracción segunda del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a menos que la separación ocurra en los términos de la fracción II del artículo 57 de esta ley.

Artículo 20. Para ser designado embajador o cónsul general se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de sucargo, tales como , la constancia de no estar inhabilitado para el servicio público, la obligatoriedad de cubrir un periodo de experiencia práctica que no podrá ser menor a seis meses.

Los mexicanos por nacimiento a los que otro estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad.

Sobre el particular, la comisión desea puntualizar que de conformidad con el artículo 89, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República puede nombrar a los embajadores y cónsules generales con el único requisito de contar con la aprobación del Senado de la República, y en materia de remoción está facultado para hacerlo sin limitación constitucional alguna.

Ahora bien, se considera que estas disposiciones que se pretenden incluir podrían limitar la facultad discrecional del Presidente de la República en materia de nombramiento y remoción de dichos servidores públicos, lo que resultaría inconstitucional, toda vez que una norma secundaria no puede limitar o modificar una facultad constitucional exclusiva del Ejecutivo federal.

Con base en lo anterior, la comisión desecha esta reforma.

Cuarta.  Reforma al artículo 21 para incorporar los resultados que sobre los ministros arroje el Sistema de Evaluación del Servicio Exterior Mexicano para que el canciller los proponga al presidente de la República para su eventual designación como embajador o cónsul general en el caso de una vacante, para quedar como sigue:

Artículo 21. En ocasión de una vacante de embajador o cónsul general y de conformidad con el artículo 19 de esta ley, el secretario de Relaciones Exteriores someterá a la consideración del presidente de la República los nombres y antecedentes de los ministros del personal de carrera que a su juicio y de acuerdo con los resultados del Sistema de Evaluación del Servicio Exterior Mexicano, reúnan los méritos y antigüedades necesarios. Quienes así resulten designados no perderán su carácter de miembros de personal de carrera del servicio exterior y sólo podrán ser privados, temporal o definitivamente de sus cargos en los términos de los capítulos X y XI de esta ley.

En este sentido, la comisión toma conocimiento que actualmente al momento de analizar los expedientes de los Ministros para su eventual promoción como embajadores o cónsules generales, ya se toman en cuenta sus evaluaciones (realizadas por la Comisión de Personal) y sus méritos a lo largo de su carrera, por lo que no es necesario prever en ley un sistema que ya es efectuado en la práctica.

En virtud de lo anterior, esta comisión considera desechar la reforma propuesta.

Quinta. Reforma el artículo 37 con la finalidad de agregar elementos para la evaluación del expediente en los concursos de ascenso (existencia de quejas procedentes, grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como calificación del desempeño), con la siguiente redacción:

Artículo 37. Los ascensos del personal de carrera a segundo secretario, primer secretario, consejero y ministro de la rama diplomático consular, así como a agregado administrativo C, y coordinador administrativo en la rama técnico-administrativa, serán acordados por el secretario de Relaciones Exteriores, previa recomendación de la comisión de personal. Al efecto, la comisión de personal organizará concursos de ascenso que comprenderán:

I. La evaluación del expediente de los aspirantes a ascenso en función en función de las siguientes prioridades:

a) Méritos y eficiencia demostrados en el desempeño de sus cargos y comisiones.

b) Grado de cumplimiento de sus objetivos y metas

c) Potencial de desarrollo y capacidad para asumir mayores responsabilidades.

d) La antigüedad en el rango y en el servicio, que será definitoria en igualdad de circunstancias, y

e) Exámenes escritos y orales para determinar la capacidad de los aspirantes a ascenso.

f) Existencia de quejas procedentes

Conforme el reglamento de esta ley podrá entregarse puntuación adicional por obras y trabajos publicados, estudios realizados y títulos académicos obtenidos con posterioridad al último ascenso, siempre que sean relevantes para las relaciones internacionales en México.

...

...

El secretario acordará los demás ascensos del personal de carrera, previa recomendación de la comisión de personal, una vez que reciba la subcomisión de evaluación, las evaluaciones de los expedientes personales u hoja de servicios según sea el caso. En la evaluación también se tomará en cuenta los méritos y calificación de desempeño, la preparación académica, las antigüedades del personal, el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, así como la existencia de quejas procedentes.

La Comisión considera que cabe hacer mención que actualmente en los concursos de ascenso ya se toma en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los miembros del SEM y se califica su desempeño por medio de las evaluaciones y méritos del personal, por lo no es necesario prever estos elementos en ley.

Asimismo, agregar como elemento para la evaluación del expediente en los concursos de ascenso la existencia de quejas procedentes, sin establecer qué tipo de quejas, podría dejar en estado de indefensión al personal del Servicio Exterior Mexicano, toda vez que bajo dicho concepto entrarían todas: las ya resueltas (desestimadas, sancionadas, etcétera) como las pendientes. No obstante, tomar en cuenta la existencia o no de quejas (muchas podrían no tener fundamento y, por ende, haber sido desestimadas por las autoridades sancionatorias) introduciría un elemento subjetivo y no objetivo en la evaluación del personal del SEM, por lo que no se considera viable su incorporación y por lo tanto, se desecha.

Sexta. Plantea reformar el artículo 40 para establecer que la evaluación quinquenal deberá ir acompañada del documento oficial que acredite la certificación de capacidades, para lo que propone la redacción siguiente:

Artículo 40. Como requisito de permanencia en el servicio exterior y a efecto de verificar que los miembros del servicio exterior hayan cumplido cabalmente con las obligaciones que les imponen los artículos 41 y 42 de la presente ley y que continúen satisfaciendo los requisitos contenidos en las fracciones I, III, IV y V del artículo 32, la secretaría, por medio de la Comisión de Personal, hará cada cinco años, una evaluación a todos sus miembros.

La evaluación a que se refiere el párrafo anterior, podrá merecer la calificación satisfactoria o insatisfactoria y deberá ir acompañada del documento oficial que acredite la certificación de capacidades de acuerdo con el estándar de competencias diseñado específicamente para los puestos correspondientes.

Al respecto, se destaca que el requisito que la ley prevé para permanecer en el SEM es aprobar la evaluación quinquenal, la cual certifica las capacidades y conocimientos de los miembros del SEM. Por lo tanto, resulta innecesario exigir, adicionalmente a los resultados de la evaluación,  otro documento oficial que acredite la certificación de capacidades.

En razón de lo anterior, se considera desechar también esta propuesta.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con base en las argumentaciones jurídicas que anteceden, estiman desechar la iniciativa que reforma los artículos 13, primer párrafo; 19, segundo párrafo, 20, primer párrafo, 21 primer párrafo, 37, los incisos b) y f) y el quinto párrafo y del artículo 40 el segundo párrafo; y adiciona un artículo 2 Bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, por lo que someten a la consideración  del Pleno del H. Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 10 de febrero de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de abril de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval, María del Carmen García de la Cadena, Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Agustín Barrios Gómez (rúbrica), María Esther Gutiérrez Olivares (rúbrica), Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Viridiana Lizette Espino Cano (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Linda Marina Dolores Munive Temoltzin (rúbrica), José Ángel González Serna, Silvana Ortiz Ortega (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Roció Santos de la Cruz, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Crystal Tovar Aragón, Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, le fue turnada la iniciativa que deroga la fracción II del artículo 32, recorriéndose la numeración subsiguiente, se reforman los artículos 60 y 61; y se adiciona un capítulo XII, Del Recurso de Revocación, y un capítulo XIII, De las Competencias de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 28 de enero de 2015, por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 85, 157, numeral 1, fracción I; 176 numeral 1; 182, numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados

Antecedentes

En la sesión del pleno del 28 de enero de 2015, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó la iniciativa de referencia. En la misma fecha la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

La iniciativa propone reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano (en adelante LSEM) con la finalidad de derogar la fracción II del artículo 32, para eliminar el requisito de tener menos de 30 años para ingresar al SEM.

Asimismo, disponer expresamente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sea el órgano competente para conocer cualquier controversia derivada de la aplicación de la LSEM y reformar la sustanciación de los procedimientos disciplinarios.

En ambos casos la iniciativa se refiere a temas que han sido ya declarados inválidos por el Poder Judicial y que en consecuencia no están vigentes.

Metodología

La comisión realiza el análisis de la iniciativa en comento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la evaluación de la pertinencia de la reforma propuesta en el marco jurídico vigente de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, así como la información recibida de las áreas competentes de la administración pública federal, del Poder Judicial de la federación y de la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

La Comisión de Relaciones Exteriores, en el dictamen de esta iniciativa, realiza el análisis de las modificaciones propuestas, observando el orden consecutivo del articulado de la LSEM:

Primero. Plantea derogar la fracción II del artículo 32 de la LSEM, relativa a los requisitos para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano (en adelante SEM) toda vez que limita la posibilidad de ingreso a candidatos mayores de 30 años. Esta disposición es inconstitucional en virtud de que el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

A efecto de ilustrar esta propuesta se transcribe el artículo 32 de la ley vigente.

Artículo 32.Los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I.Ser menores de 30 años de edad. En casos excepcionales, la Comisión de Personal podrá dispensar este requisito si a su juicio así lo amerita el perfil académico y profesional del aspirante;

III. a VI. ...

Ahora bien, esta comisión estima, que si bien es cierto, que el requisito de edad ha sido ya declarado inconstitucional, también debería atenderse lo relacionado con la jubilación y los otros procesos formativos relacionados con la incorporación al SEM (como el del Instituto Matías Romero), por lo que se considera necesario que este tema sea abordado de manera integral. Lo que implicaría que se analizarán aspectos de naturaleza administrativa y presupuestal en una propuesta más integral. A la fecha dicha norma no causa perjuicio a nadie al haber sido declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).

En concordancia con las anteriores argumentaciones, se estima desechar la derogación propuesta.

Segundo.Proyecta reformar las fracciones II, III, IV, V y adicionar una fracción VI, al artículo 60 de la LSEM, con la finalidad de reformar la substanciación de los procedimientos disciplinarios, para lo que propone la siguiente redacción:

Artículo 60. Para la substanciación de procedimientos disciplinarios, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios observará el siguiente procedimiento:

I. ...

II. ...

A dicha acta administrativa deberán acompañarse las pruebas con las que se cuente así como el contenido de las investigaciones realizadas que sustentan la presunta responsabilidad. Esta actadeberá estar firmada por quien presida la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios;

III. El afectado o presunto responsable contará con 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado personalmente el acta señalada en la fracción II que antecede, para manifestar lo que a su derecho convenga, pudiendo presentar personalmente o a través de un apoderado legal, escrito con sus argumentos y defensas. Después de la presentación del escrito contará con un plazo adicional de 30 días hábiles para ofrecer pruebas.

IV. Una vez acordada la admisión de pruebas, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios determinará si se señala día y hora para su desahogo o si éstas se desahogan por su propia y especial naturaleza. En los casos que así procedan, ordenará lo conducente para su desahogo . Para tal efecto, el presunto responsable por sí o por conducto de su apoderado legal o persona autorizada para tal efecto, tendrá derecho a consultar y obtener en todo tiempo copias del expediente o documentos alusivos al caso que se ventila.

El auto que, en su caso, tenga por no admitidas o deseche las pruebas ofrecidas, deberá estar debidamente fundado y motivado.

Para el caso en que el presunto responsable tenga argumentos derivados de la negación y respuesta de aceptación de sus pruebas este tendrá 15 días para responder lo que a derecho corresponda.

V. Desahogadas las pruebas, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios cerrará la instrucción y otorgará un plazo de 15 días para formular alegatos.

VI. Concluido el término de alegatos, la subcomisión turnará en los tres días hábiles siguientes el expediente a la comisión de personal para que sea ésta la que, en los 30 días hábiles siguientes, dicte la resolución que estime pertinente, la cual someterá a consideración final del secretario dentro de los tres días hábiles siguientes.

En lo no previsto por esta ley y su reglamento respecto a los procedimientos disciplinarios de los miembros del servicio exterior, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

De acuerdo con la exposición de motivos del iniciante este artículo resulta inconstitucional conforme a la determinación de la Primera Sala de la SCJN, que resolvió el amparo directo en revisión 1928/2012.

En este sentido, la comisión aprecia que cabe mencionar, que si bien, la Primera Sala de la SCJN declaró como inconstitucional el artículo 60 de la Ley del SEM, al considerar que transgrede la garantía de audiencia protegida por el artículo 14 constitucional (tesis aisladas números CCXVI/2012, CCXVII/2012, CCXVIII/2012, CCXIX/ 2012, CCXX/2012 y CCXXI/2012), sólo invalidó algunos aspectos del procedimiento previsto en dicho artículo. Particularmente, la fracción III, en lo relativo a los plazos para defenderse (declaró inconstitucional el plazo de 15 días, con la subsecuente prórroga de otros 15, en virtud de que los miembros del SEM laboran en el exterior, por lo que necesitan de mayores plazos para poder defenderse) y la substanciación del procedimiento mismo, la cual se realiza de forma sumaria, es decir, sin distinguir las etapas procesales correspondientes (contestación, periodo de presentación de pruebas, alegatos, etcétera).

En la fracción II del artículo 60 se establece la obligación de correr traslado con las pruebas y con el contenido de las investigaciones realizadas. No obstante, esta redacción propuesta es insuficiente para subsanar la consideración de la SCJN contenida en la tesis 1a. CCXIX/2012, en el sentido de que el afectado no tiene acceso a toda la información que obra en el expediente, pues para ello es necesario que no sólo se le corra traslado al inicio con todo el material probatorio, sino que se le notifique también todo acuerdo de trámite dictado en el procedimiento relativo.

Además, sigue considerándose que será el presidente de la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios quien deberá suscribir el acta de presunta responsabilidad administrativa, cuando diversas salas regionales metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa han considerado que carece de facultades para suscribir por sí solo el citado documento.

Si bien la ampliación del plazo para que el afectado conteste las imputaciones formuladas a 30 días se considera viable en la fracción III, del artículo 60, de la Ley del SEM, así como la introducción del plazo de 15 días para que el presunto responsable presente sus alegatos en la fracción IV al subsanar la consideración de la tesis 1a. CXXXI/2012, el plazo de 30 días adicional para ofrecer pruebas de la fracción III, no es viable ya que se dilataría en demasía el procedimiento: el presunto responsable contaría con 45 días hábiles para presentar su escrito (considerando la prórroga de 15 días prevista en el Reglamento de la Ley del SEM) más un periodo adicional de 30 días para ofrecer pruebas y 15 más para la etapa de alegatos, más aquellos previstos para la determinación de la Comisión de Personal y del secretario. Por ello y puesto que se trata de un procedimiento administrativo, se sugiere subsumir la etapa de presentación de pruebas con la del escrito inicial de demanda o contestación, homologando el procedimiento con los plazos y etapas de un juicio de nulidad.

De igual manera, la SCJN en la tesis aislada número 1a. CCXVI/2012 (10a.) establece que al interpretar y analizar las normas que rigen al personal del Servicio Exterior Mexicano, se deberá atender tanto a la situación y las necesidades particulares de sus miembros, como a las funciones encomendadas a este servicio y a los intereses que el estado persigue en su política exterior, que a la letra dice:

Servicio Exterior Mexicano. Al interpretar las normas aplicables a sus miembros, debe atenderse a la situación particular de éstos y a las funciones encomendadas a aquél.

Por regla general, la relación entre los miembros de la administración pública federal y el estado es equiparable a las relaciones laborales, considerándose al estado como un patrón sui generis. No obstante, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y los miembros del Servicio Exterior quedan excluidas de este supuesto general; es decir, mantienen su naturaleza administrativa y se regirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Esta regulación particular, especial y distinta de la que rige a los miembros de la Administración Pública Federal, atiende a las funciones específicas que cumple el Servicio Exterior Mexicano, entendido éste como el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado de su representación en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución. Entre sus funciones destacan el promover y salvaguardar los intereses nacionales en los Estados extranjeros; mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional, velar por el prestigio del país en el exterior, intervenir en la celebración de tratados y cuidar su cumplimiento. Por lo tanto, al interpretar y analizar las normas que rigen al personal del Servicio Exterior Mexicano, se deberá atender tanto a la situación y las necesidades particulares de sus miembros, como a las funciones encomendadas a este Servicio y a los intereses que el Estado persigue en su política exterior.

Amparo directo en revisión 1928/2012. Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 29 de agosto de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

La comisión en concordancia con los argumentos planteados en lo párrafos que anteceden considera desechar esta propuesta para no reincidir en errores u omisiones que ya han sido declaradas inconstitucionales.

Tercero. Propone reformar el artículo 61 para disponer que en caso de que el secretario de Relaciones Exteriores no resuelva en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que la Comisión de Personal someta a su consideración la resolución propuesta para determinar la sanción administrativa a imponer, se considerará nulo el procedimiento iniciado y en consecuencia el afectado continuará con sus funciones de manera normal, para lo que proyecta la siguiente redacción:

“Artículo 61.El secretario tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que la Comisión de Personal someta a su consideración la resoluciónpropuesta para determinar , en su caso, lasanción administrativa a imponer . La resolución del secretario se notificará personalmente al presunto responsable en los 15 días naturales siguientes. En caso de sanción, éstaserá aplicada por el director general que tenga bajo su cargo los asuntos correspondientes al personal del servicio exterior, según lo disponga el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores una vez que quede firme, dándose vista a la Contraloría Interna y en el caso de imposición de sanciones económicas, deberá notificar a la Tesorería de la Federación la resolución, a efecto de que proceda a efectuar el cobro correspondiente.

En caso de que el secretario no resuelva en el plazo establecido, se considerará nulo el procedimiento iniciado y en consecuencia el afectado continuará con sus funciones de manera normal.

...

...”

Sobre el particular, la comisión considera que esta reforma pretende regular la caducidad de la instancia, toda vez que la nulidad necesitaría de resolución judicial que la confirme. Asimismo, no se establece en el proyecto que se dictamina el procedimiento respectivo o la autoridad que la declararía y no es un asunto que haya sido considerado en las anulaciones declaradas inconstitucionales por la corte, por lo que considera su desechamiento.

Cuarto. Propone adicionar un capítulo De las Competencias y un artículo 69 para disponer que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será competente para conocer y resolver las controversias derivadas de la aplicación de la LSEM, para quedar como sigue:

Capítulo XIIDe las Competencias

Artículo 69. En el caso de controversias derivadas de la aplicación de esta ley, competerá conocerlas y resolverlas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La comisión considera que si bien le correspondería al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decidir los asuntos relacionados con las controversias y procedimientos disciplinarios de la ley, existen otros aspectos que serían competencia de otras instancias administrativas, incluso de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores u otras dependencias.

En tal virtud, los integrantes de esta comisión no consideran jurídicamente viable que se faculte a dicho tribunal para decidir de todas las controversias derivadas de la aplicación de la LSEM y estiman desechar esta adición.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con base en las argumentaciones que anteceden, estiman la iniciativa que, por lo que someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 28 de enero de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de abril de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval, María del Carmen García de la Cadena, Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zárate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Agustín Barrios Gómez (rúbrica), María Esther Gutiérrez Olivares (rúbrica), Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Viridiana Lizette Espino Cano (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Linda Marina Dolores Munive Temoltzin (rúbrica), José Ángel González Serna, Silvana Ortiz Ortega (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Roció Santos de la Cruz, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por esa virtud, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. Por lo que se refiere al dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan(*) y ello será publicado en la Gaceta Parlamentaria. Nos referimos al turno que se les dé.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (a las 15:46 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana miércoles 22 de abril a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas, como se estila. Muchas gracias.

————— O —————