Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

ASISTENCIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 252 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera(a las 11:39 horas): Gracias, diputada. En consecuencia, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 22 de abril de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambios de juntas directivas e integrantes de diversas comisiones ordinarias.

Del diputado Héctor Ireneo Mares Cossío

Por el que comunica su integración a la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Del coordinador de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional

Por el que comunica la integración a esa agrupación del diputado Héctor Ireneo Mares Cossío.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Dirección Jurídica del Conaculta

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el Primer viernes de marzo de cada año como el “Día Nacional de la Oratoria”.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Iniciativas

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 119, 120, 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que crea la Universidad Marítima de México, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58 y 141 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 36 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 173, 177 y 211 Bis del Código Penal Federal y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto, para el rescate de los restos mortales de 63 mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos, en la explosión del 19 de febrero de 2006, a cargo del diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 52 y 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 92 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Deporte.

Que reforma los artículos 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o., 23 y 34 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por los Servidores Públicos encargados de hacer cumplir la Ley del Estado Mexicano, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 224 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 162 Bis y 191 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 126 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por los diputados Celia Isabel Gauna Ruiz de León y María Esther Gutiérrez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 y 23 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado de Sonora, en el que participaría el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para convocar a reuniones de trabajo con el titular de la PROFEPA y con el responsable del Fideicomiso de Río Sonora, para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos que han acontecido en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiuno de abril de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con veintiséis minutos del martes veintiuno de abril de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el Orden del Día y diversos temas legislativos las diputadas y los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional; Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Loretta Ortiz Ahlf, Luisa María Alcalde Luján, ambas de Movimiento Regeneración Nacional; y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De las diputadas:

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retiren de los registros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, las iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Asentamientos Humanos, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Protección Civil, presentada el doce de febrero de dos mil quince.

• Que reforma los artículos noveno, y cuarenta y nueve de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el doce de marzo de dos mil quince.

• Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada el siete de octubre de dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) Del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, por la que informa la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul realizan comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada y los diputados: Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; Gaudencio Hernández Burgos, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y Fernando Zárate Salgado. El Presidente hace aclaraciones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. De conformidad  con lo previsto en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:

"El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del primero de agosto de dos mil quince, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí." Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

c) Del Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el treinta de junio de dos mil catorce, con la que remite el Informe Final de Actividades. De enterado.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que informa que en el mes de marzo de dos mil quince, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

En su oportunidad y desde su curul realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; y Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

e) De la Secretaría de Gobernación, con las que remite:

• El primer informe trimestral relativo a las "Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal dos mil quince", del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• El Primer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, de los programas sujetos a Reglas de Operación "S" y de otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.

• Dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

– Para que actualicen las normas mexicanas sobre las descargas en cuerpos de agua por la actividad minera. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

– Relativo a atender las medidas cautelares emitidas en el asunto de la ciudadana Nestora Salgado García. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

• Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, relativo a consultar a la comunidad y los pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto a la modificación del decreto de veda de mil novecientos sesenta y siete. Se remite al promovente, para su conocimiento.

f) De la Dirección Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a las obras murales de Roberto Montenegro. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

g) Del Registro Agrario Nacional, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al Programa "Modernización del Catastro Rural Nacional". Se remite a la Comisión de Reforma Agraria, para su conocimiento.

h) Del diputado Jaime Bonilla Valdez, de Movimiento de Regeneración Nacional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas. En votación económica, se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos: Héctor Ireneo Mares Cossío; Christian Manuel Narváez Romero; Erwin Francisco Arreola Doroteo; y Edith Avilés Cano, diputada y diputados federales electos. El Presidente designa una comisión que los acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

i) De la Cámara de Senadores con las que remite:

• Minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se reforma el artículo treinta y nueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

– Por el que declara el día seis de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Por el que se reforman los artículos veintinueve, fracción sexta; y treinta y cinco, primer párrafo; y se adicionan los artículos veintinueve Ter y veintinueve Quáter, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

– Por el que se adiciona una fracción sexta y se reforma la fracción quinta, recorriendo el contenido actual, del artículo trescientos ochenta y nueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Por el que se reforma la fracción segunda del artículo sesenta y ocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de fertilizantes y abonos orgánicos, que presenta el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reforma adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El Presidente informa a la Asamblea que, en virtud de que el jueves dieciséis de abril del año en curso se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo dieciocho y el inciso c) de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes, se cumple con la declaratoria de publicidad, de conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Puntos Constitucionales, por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo dieciocho y el inciso c) de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Alejandro Sánchez Camacho. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Héctor Irineo Mares Cossío, de Movimiento Regeneración Nacional; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza;

A las doce horas con veintiséis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos siete diputadas y diputados.

Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; José Ángel Ávila Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional; y Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general el proyecto de decreto e intervienen las diputadas y los diputados: en pro Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; en pro José Luis Contreras Rojas, del Partido Acción Nacional; y en pro Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos noventa y ocho votos a favor, y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo dieciocho y el inciso c) de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Reforma Agraria, que reforma el artículo ciento quince de la Ley Agraria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputadoMartín Alonso Heredia Lizárraga

Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional; René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo; José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; José Humberto Vega Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Darío Badillo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen para hablar en pro la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática; y en contra el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos ochenta y nueve votos a favor, dos en contra, y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo ciento quince de la Ley Agraria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

c) Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Centésimo Aniversario de la Batalla de Celaya. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática;

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

y J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional; y Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen en pro el diputado Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo, y en contra Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios en relación con el dictamen el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por doscientos ochenta y ocho votos a favor, sesenta y siete en contra, y quince abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones de:

a) Distrito Federal:

• Por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que otorgue un reconocimiento al Policía que resultó herido intentado frustrar un robo en el centro comercial Santa Fe.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para que difunda la información precisa y detallada de las personas fallecidas y heridas en los sucesos del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa.

• Por el que se solicita al titular de los Servicios de Transporte Eléctricos del Distrito Federal, para que se acelere el mantenimiento de los trolebuses retirados del corredor Cero Emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas.

• Por los que se solicita a distintas autoridades realicen labores de recuperación, mantenimiento y conservación en diversos lagos y humedales de las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco en el Distrito Federal.

• Relativos a la reubicación de las personas desalojadas en la Calle Roma de la Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

• Relativos a la problemática social a causa de irregularidades en diversos inmuebles ubicados en la Colonia Juárez, de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal.

b) Infraestructura, por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Caminos y Puente Federales, se intensifiquen las obras de reparación y mantenimiento de la carretera Durango-Mazatlán.

c) Pesca, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer las campañas encauzadas a fomentar mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas.

En votación económica se aprueban en conjunto. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes en sentido negativo de iniciativas y minutas con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Juventud, dos iniciativas que adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

d) Ciencia y Tecnología, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

e) Comisión de Deporte, minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

f) Asuntos Indígenas, minuta que adiciona la fracción sexta al artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

g) Relaciones Exteriores:

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En votación económica se aprueban en conjunto. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma del artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. (Sólo Turno a Comisión de Puntos Constitucionales)

• Juan Pablo Adame Alemán y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. (Sólo Turno a Comisión de Ciencia y Tecnología)

• Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Sólo Turno a Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias)

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Se turna las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos: segundo, quinto, y sexto de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María del Carmen Ordaz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Turismo, y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que generen acciones que fortalezcan los estudios y proyectos relativos a la importancia de los manglares. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Claudia Rocío Villa Oñate, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que difundan los criterios de selección de los municipios beneficiarios del orden estatal y municipal del Fondo de Contingencias Económicas dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la expedición de un nuevo Reglamento interior para la prestación del servicio del Centro de Desarrollo Infantil en esta Soberanía, que considere lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos y sus Garantías. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para dictamen.

• Diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca y dirija políticas públicas específicas en materia de enfermedades raras. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Campeche, a fin de dar continuidad al proceso de gestión de la Norma Oficial Mexicana de la miel y se solicite la denominación de origen de la miel de Campeche. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional, para que la Auditoria Superior de la Federación realice una auditoría a los proyectos de infraestructura otorgados por diversas dependencias federales a las empresas Construcciones Sky Universal, S.A. de C.V.,MNM MKDO Inmobiliario, S.A. de C.V., Grupo Constructor Tulancingo, S.A. de C.V., y GloGlo Construcciones, S.A. de C.V.. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación  para su atención, para dictamen.

• María del Carmen Ordaz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, y de la Universidad Autónoma de Chapingo, para que realicen las acciones necesarias para impulsar la producción y comercialización de la pitahaya. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Ana María Gutiérrez Coronado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordene el cierre definitivo de las garitas fronterizas denominadas San Emeterio, en el Municipio de Sonoyta, y Almejas, en el Municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas eficientes en materia de educación ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Jaime Chris López Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional, para condenar los hechos acaecidos el miércoles ocho de abril de dos mil quince, en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno Federal y diversas autoridades del Estado de Yucatán, a ceñirse y vigilar el estricto cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, a fin de evitar el uso electoral de los programas sociales y garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Dulce María Muñiz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de supervisar que los establecimientos mercantiles obligados a expedir comprobantes fiscales cumplan con la remisión correspondiente a sus clientes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, a diseñar y difundir a través de los medios de comunicación, una campaña para explicar que los beneficios de los programas sociales gubernamentales son un derecho de los mexicanos que no se entregan a cambio de votos, a fin de garantizar la equidad en los procesos electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Martha Loera Arámbula, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que con los datos que obtenga de la Encuesta Intercensal dos mil quince, elabore un documento estadístico actualizado con la información relevante de personas con discapacidad en México. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Elizabeth Oswelia Yánez Robles, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que investigue las bitácoras de las aeronaves empleadas en la Administración Pública Federal, a fin de determinar si los titulares de las dependencias, o sus funcionarios, han hecho uso de las aeronaves para beneficio personal. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Martha Loera Arámbula, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las actividades encomendadas a la administración del patrimonio de la beneficencia pública. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el miércoles veintidós de abril de dos mil quince, a las once horas y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y seis minutos.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada María Merced León Andablo cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 21 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Edith Avilés Cano cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Edith Avilés Cano cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Edith Avilés Cano cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Abel Octavio Salgado Peña cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que el diputado Adolfo Bonilla Gómez cause baja como secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Abel Octavio Salgado Peña cause alta como secretario en Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 21 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Joaquina Navarrete Contreras cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Libia.

• Que la diputada Alejandra Gutu Deskens cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Libia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 21 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Rubén Acosta Montoya cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Rubén Acosta Montoya cause alta como presidente en la Comisión de Desarrollo Municipal.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 21 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobadas. Comuníquese.Proceda.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Licenciado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me permito solicitar de la manera más atenta separarme del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para incorporarme a la agrupación política Movimiento Regeneración Nacional, ya que el día hoy formo parte de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y agradezco la atención a dicha petición, me despido reiterando mis más altas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2015.— Diputado Héctor Mares Cossío (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

En mi carácter de coordinador de la agrupación de diputados afiliados a Morena, me permito informarle que el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío formará parte de la agrupación de diputados de Movimiento Regeneración Nacional a partir de esta fecha, por lo cual solicito que se realicen los trámites administrativos pertinentes.

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 21 de abril de 2015.— Diputado Alfonso Durazo Montaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del oficio número UR 120 UCE/CECU/0503/15, signado por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a incorporar a un legislador de dicho órgano legislativo al Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de abril de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1614, del 23 de septiembre de 2014, a través del cual el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hizo conocimiento, el punto de acuerdo aprobado por Cámara de Diputados, relacionado con el exhorto al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su calidad de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, para que promueva ante dicho comité que se invite a un legislador a participar en sus sesiones.

Sobre el particular, y en alcance al oficio DGJ/0091/2015 del 14 de enero del 2015, me permito remitir a usted copia del oficio número DGJ/0799/2015, del 18 de marzo del presente año, suscrito por el licenciado Luis Norberto Cacho Pérez, director general Jurídico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con los comentarios correspondientes al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2015.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de enlace con el Honorable Congreso de la Unión.— Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

En alcance a mi oficio DGJ/0091/2015, de fecha 14 de enero del presente año, por medio del cual le informé que en la próxima sesión que celebrara el Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, se sometería discusión el punto de acuerdo enviado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, que señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su calidad de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, para que promueva ante el comité, que se invite a un legislador a participar en sus sesiones.

Sobre el particular, le informo que en la nonagésima primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN) celebrada el día 12 del presente mes y año, se acordó lo siguiente:

El Comité Técnico del FUAAN está integrado de la siguiente forma:

a) 5 miembros del gobierno federal.

b) 5 miembros del Gobierno del Distrito Federal.

c) 5 miembros de la iniciativa privada.

En la integración del comité técnico se pactó un número igual de miembros, con el objeto de establecer un equilibrio y representatividad en la toma de decisiones.

Incorporar un nuevo miembro, en este caso del Poder Legislativo, rompería el esquema de división de poderes entre el Poder Legislativo Federal, el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del DF, dificultando la resolución de los asuntos que se someten a su consideración, así como el régimen de rendición de cuentas al que están sujetos el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Distrito Federal.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2015.— Licenciado Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general Jurídico.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente, adjunto oficio OSM-0275-2015, de fecha 19 de marzo del 2015, suscrito por el secretario de Movilidad del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al acuerdo DGPL 62-II-5-2494, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación del mismo en sesión celebrada el 17 de febrero de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de abril de 2015.—Licenciado Santiago Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortes, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Le distraigo de sus distinguidas funciones, para referirme al oficio número SG/CEL/PA/00239/2014, por medio del cual el coordinador general de Enlace Legislativo, dependiente de la Secretaría a su cargo, remite a esta Secretaría para su atención el “punto de acuerdo” aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentado por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para solicitar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal, a que en el marco de sus facultades establezca acciones que inhiban prácticas irregulares en la aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano que llevan a cabo policías de tránsito y operadores de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos estacionados en vía pública; conforme también a los considerandos primero y tercero de éste dictamen.

Segundo.Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que se concluya a la brevedad el proceso de exámenes de confianza a todos los policías de tránsito y vialidad, a fin de disminuir la corrupción y la discrecionalidad en la aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Tercero. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal que informe a esta soberanía la información referente al destino de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito.

Atento a lo anterior y para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría a su cargo brinde atención al oficio número DGPL 62-II-5-2494, expediente 5466, signado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito comunicar a usted lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 fracciones III, XIX y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Movilidad, realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzca a la más eficaz protección de la vida y a la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de personas y de carga; elaborar y actualizar la normatividad del señalamiento horizontal y vertical de la red vial, de los dispositivos de control de tránsito y determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a la materia de ingeniería de tránsito.

Por otra parte, el artículo 12, fracciones II y XXXIII, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de julio de 2014, faculta a esta Secretaría para proponer al jefe de gobierno la reglamentación en materia de transporte, uso de la vialidad y tránsito, de conformidad con los principios establecidos en la misma y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como a instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia entre los distintos usuarios de la vía, en coordinación con otras dependencias.

En este orden de ideas, me permito hacer de su conocimiento que esta Secretaría a fin de dar cumplimiento al artículo transitorio quinto del “decreto por el que se expide la Ley de Movilidad del Distrito Federal”, el cual establece que “los reglamentos que deriven de esta ley deberán expedirse dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley”, llevo a cabo los trabajos para la elaborar la normativa reglamentaria derivada de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, ente la que se encuentra el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, a fin de someterlos a la aprobación del jefe de gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Con la normativa reglamentaría derivada de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se pretende establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes, buscando que sus disposiciones normativas aseguren el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad.

En razón de lo anterior, la administración pública deberá atender a las disposiciones reglamentarias y demás ordenamientos que emanen de la ley, así como a las políticas públicas y programas, los cuales deberán observar la jerarquía de movilidad y los principios rectores establecidos en dichos ordenamientos, por lo que en este sentido la Secretaría de Seguridad Pública, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Movilidad, en el sentido de:

Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad que emita la Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo:

• Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la seguridad;

• Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de obstáculos y elementos que Impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad;

• Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vialidad a fin de manifestar sus ideas y/o demandas ante la autoridad competente;

• Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en la ley y demás disposiciones aplicables en materia de tránsito y vialidad; y

• Aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por violaciones a las normas de tránsito.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones, en el ámbito de sus competencias deben coordinarse con esta Secretaría, para garantizar que en todas las vialidades de la ciudad, exista señalización vial y nomenclatura ajustada a lo establecido en el manual de dispositivos para el control del tránsito del Distrito Federal, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Movilidad.

Con las acciones antes mencionadas, se advierte claramente que el jefe de gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus facultades, se encuentra estableciendo acciones que contribuyen a inhiban prácticas irregulares en la aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano.

No omito comentar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el jefe de gobierno a propuesta de esta secretaría, que será quien coordine con el resto de la administración pública las propuestas, establecerá en el Reglamento de Tránsito, las normas para la circulación de peatones y vehículos en las vialidades de conformidad con la jerarquía de movilidad y los principios establecidos en dicha norma.

Asimismo, en el Reglamento de Tránsito se determinarán los requisitos legales y administrativos que deben cubrir los conductores y las características de seguridad con las que deberán contar los vehículos y conductores para circular en el territorio del Distrito Federal, siendo facultad de seguridad pública vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito y aplicar las sanciones establecidas endicho ordenamiento.

No omito comentar que para la plena atención del punto de acuerdo que nos ocupa, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV, y 15, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el sentido de que es facultad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, aplicar las sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito y vialidad; aunado a que dicha dependencia cuenta con una unidad denominada Centro de Control de Confianza, encargada de dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar los procesos de evaluación del desempeño de los elementos de la policía.

No omito comentar que el artículo 197 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece que todos los usuarios de la infraestructura para la movilidad están obligados a conocer y cumplir las señales de tránsito, las normas de circulación en las vialidades y normas para el uso del servicio de transporte público, así como obedecer las indicaciones que den las autoridades en materia de movilidad y seguridad vial.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2015.— Licenciado Rufino H. León Tovar (rúbrica), Secretario de Movilidad.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; adjunto oficio DIF-DF/DEAJ/41/2015, de fecha, 6 de abril de 2015, suscrito por el director ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al acuerdo DGPL-62-II-5-2210, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de abril de 2015.— Licenciado Santiago Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez, coordinador general de Enlace Legislativo.— Presente.

En relación a su oficio SG/CEL/PA/2066/2014, mediante el cual refirió el documento DGPL 62-II-5-2210, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se hace del conocimiento un punto de acuerdo aprobado en los siguientes términos:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el marco de sus responsabilidades instruya a las autoridades federales competentes a elaborar de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores de dieciocho años que han sido asesinados, así como de aquellos que se encuentran en estado de orfandad a consecuencia de la comisión de actos de violencia relacionados con la lucha contra y entre el crimen organizado. Asimismo, se le exhorta a emprender políticas públicas de alto impacto, en pro de lograr prácticas más amplias de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil a nivel nacional, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades, elaboren de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados, así como para instruir a las secretarías competentes a establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil en cada una de sus entidades, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Me permito precisar que, en cuanto al registro actualizado sobre la cantidad de menores de edad que han sido asesinados, cabe señalar que cuando este Sistema detecta la posible comisión de un delito en agravio de niñas, niños y adolescentes de inmediato lo hace del conocimiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de que dicha autoridad investigue el delito de que se trata y atienda a la víctima. Lo anterior, con fundamento en el Protocolo de Intervención Social para Atender el Maltrato Infantil en la Familia, que en el artículo 13 establece que cuando de los datos proporcionados en el reporte de maltrato se desprendan indicios de probables hechos delictivos, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de inmediato remitirá la información a la Procuraduría citada.

Respecto a la actividad de mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, me permito hacer de su conocimiento que el 10 de marzo de 2015 oficialmente se implementó la Defensoría de los Derechos de la Infancia de la Ciudad de México, como una Dirección Ejecutiva del DIF-DF, como una obligación impuesta por la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el DF, texto normativo hoy vigente, lo que permitirá la protección y defensa de los derechos de la infancia a través del desarrollo de diversas atribuciones, entre las que destacan las siguientes:

• Representación legal de niñas, niños y adolescentes para la protección, defensa y restitución de sus derechos ante las autoridades competentes, mediante la interposición de las acciones legales correspondientes.

• Desarrollo de acciones para fomentar una vida libre de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, con la participación de la comunidad y la familia.

• Atención integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo, ubicados en diversas formas de acogimiento o cuidado alternativo.

• Desarrollo de acciones para la promoción de los derechos de la infancia y de prevención a fin de evitar la vulneración de éstos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de abril de 2015.— Licenciado Omar Gutiérrez Lozano (rúbrica), director ejecutivo de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.— Conaculta.— Dirección General Jurídica.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En alcance a mi oficio DGJ/0414/2015 de fecha 13 de febrero del presente año, respecto a la celebración de la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, en la cual se sometería a discusión el punto de acuerdo que señala:

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, a fin de que destinen dos fechas al año al Congreso de la Unión, para la exhibición gratuita de un evento cinematográfico, artístico o cultural.

Sobre el particular, le informo que la nonagésima primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN), celebrada el día 12 del presente mes y año, se acordó lo siguiente:

El FUAAN tiene por objeto el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional. Todos los recursos con que cuenta son autogenerados por su propia actividad, a efecto de preservar su mandato legal de autosuficiencia financiera.

Por ello, legalmente el Comité Técnico no podría autorizar la realización de eventos gratuitos, toda vez que eso afectaría directamente el patrimonio del fideicomiso, al tener que absorber todos los costos de un evento.

Atentamente

Ciudad de México a 18 de marzo de 2015.— Licenciado Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica), director general Jurídico.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase al promovente para su conocimiento.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia hace del conocimiento de las y los diputados que se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Érica del Carmen Velázquez Vacio, diputada federal electa. Se designan en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados.

A la diputada Judith Magdalena Guerrero López, al diputado Julio César Flemate Ramírez y al diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina, así como a la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciudadana Erica del Carmen Velázquez Vacio ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Erica del Carmen Velázquez Vacio: Sí, protesto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades.

Me han solicitado el uso de la palabra, la cual se les va a conceder desde su curul, para lo cual les solicito que sean muy breves para poder continuar con la sesión. Primeramente le concedo el uso de la palabra –desde su curul– al diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Peña Avilés(desde la curul): Gracias, presidente, buenos días. La situación del campo mexicano se suma a la aglutinada presencia de manifestaciones sociales en todo nuestro país.

Los productores agrícolas de Sinaloa hoy, después de intentos frustrados a través del diálogo, se manifiestan con su gente, sus maquinarias y su gran reclamo a nuestro gobierno por políticas públicas con un enfoque de productividad, eficiencia y desarrollo regional real.

Hoy en día en este momento los productores de Sinaloa están tomando las carreteras en distintos puntos muy importantes del estado.

Año tras año peleando precios de apoyo a la comercialización del maíz que hoy en día no terminan de pagar los del año pasado cuando ya están ahorita en la cosecha de este año. Las empresas agrícolas de este país le garantizan una dinámica económica el 70 por ciento de la gente de las comunidades rurales de todo el país, sin riesgo de cosecha.

De sus pagos de impuestos y derechos laborales, el gobierno tiene retenidas las devoluciones de IVA a los contribuyentes de tasa cero, llevándolos así a una situación desesperante, y los servicios de atención médica, escuela, guardería y entre otros que el gobierno debe de retribuir a los beneficiarios, es prácticamente nulo, siendo así el gran responsable de las condiciones en que los jornaleros y sus familias, trabajen y vivan en esas condiciones.

Los fondos de aseguramiento agrícola afectados por los recortes presupuestales, cuando ya tenían los contratos hechos, están dejando desprotegidos a los productores, y aquí es apremiante radicar los recursos y destrabajar ya la situación tan compleja que están a punto de desaparecer o volver inoperantes estos fondos.

El doctor Óscar Vela Treviño hizo compromisos con las aseguradoras en Sinaloa, hace un mes, y no tenemos avance alguno todavía. Gran impulso para el campo sería hoy en día que los combustibles y algunos insumos tengan su precio real de mercado.

Entonces, ¿dónde está el dinero de las ventas de la gasolina? ¿Qué prioridades tiene el gobierno que no atiende esta situación? ¿Dónde está la visión del secretario de Agricultura que al parecer actúa más como el secretario de Comercio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está esperando el gobierno con todo lo que estamos viendo pasar en México y ponerse a trabajar por el bien de los mexicanos? Gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Queda inscrito en el Diario de los Debates, su intervención. Se le concede el uso de la palabra, desde su curul, a la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. Simplemente quiero resaltar mi preocupación y la preocupación del grupo parlamentario del PRD por lo acontecido en la Comisión de Salud hace un momento, en donde de nueva cuenta se retira un dictamen para evitar la discusión y la aprobación, en su caso, del dictamen referido a las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva.

Esta ley, este dictamen considera que es injusto el procedimiento que se ha hecho y la promesa hecha por el presidente de la Comisión de Salud desde noviembre, por cuarta, por tercera vez en ese momento retiré y retiramos la diputada Nieves, del PRI; la diputada Ruth, del Verde; y la diputada Dora, de Nueva Alianza, para que se llevara a cabo un intercambio de opiniones entre las organizaciones no gubernamentales, quienes colaboraron con esto, y los diputados y las diputadas de la comisión.

De nuevo estamos luchando contra una ideología, y la ideología de un partido no puede anteponerse ante una visión de derechos. Me parece que lo que sucedió, para una vez más retirar esa iniciativa, no da cuenta de un nuevo régimen de Estado que protege la información y la educación sexual y sus responsabilidades para que se prevengan los embarazos adolescentes.

Diputado presidente, externo mi preocupación como mujer, como madre, como mujer de izquierda, pero más externo mi preocupación porque la realidad rebasa a la ley y para eso estábamos presentando esas reformas a la Ley General de Salud.

No puede ser que el PAN, el PRI y el Verde hayan votado en contra de unas propuestas que construimos con la Secretaría de Salud y con el Jurídico de la Secretaría de Salud. Entonces, cuando consultamos al Ejecutivo estamos mal y cuando hacemos reformas a otras leyes, y también consultamos al Ejecutivo, pero se saltan a las autoridades también estamos mal.

No entiendo qué está pasando en este país. No entiendo que el embarazo adolescente, el programa que acaba de presentar el señor Peña Nieto entre en contradicción con esta propuesta de reforma a la Ley General de Salud. Es absurdo que se haya votado de esa manera y que de nuevo, después de 10 años, cuando la descafeinamos, la deslactosamos, le dimos media carga de café y la hicimos descafeinada esa iniciativa y todavía se atrevan a rechazarla.

Muchísimas gracias, señor presidente. Y externo mi respeto por quienes respetan su ideología, pero no voy a estar de acuerdo con que antepongan la ideología partidista a los derechos humanos y a los tratados internacionales, donde se obliga al Estado a salvaguardar los derechos de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. La asamblea ha quedado debidamente enterada de su manifestación, asimismo queda su intervención en el Diario de los Debates.

Se le concede el uso de la palabra desde su curul al diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Gracias, presidente.

Nada más para comentar y que pueda quedar asentado la preocupación que tenemos, lo que está sucediendo en la ciudad de león, en el estado de Guanajuato. En los medios de comunicación, en uno en particular, se están haciendo promoción de gastos de gestoría financiera para créditos y mucha gente ha caído ya en ello. Se les cobra un pago inicial por la gestoría de los mismos y al mismo tiempo no están recibiendo supuestamente el dinero para pagar la deuda que habían contraído y poder solucionarlo a través de esta gestoría con estos pagos.

Quiero hacer esta llamada a todos los estados, a todas nuestras entidades federativas porque puede estar sucediendo. Aquí tengo un contrato de celebración de estos servicios, dizque profesional de una empresa que se llama Creditline GIC, establecida en la ciudad de León.

Lo dejó aquí y le agradezco la oportunidad de señalarlo y que todas nuestras entidades federativas, a todos los ciudadanos, estén muy alerta con este tipo de empresas que están ofreciendo financiamiento y para pagar deudas y que en ningún momento, ni están recibiendo el dinero y les están cobrando cantidades muy superiores a lo que habían acordado iba a ser el pago por la prestación del servicio profesional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Su intervención ha quedado debidamente inscrita en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría con declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE LOS DICTAMENES

PRIMER VIERNES DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL “DIA NACIONAL DE LA ORATORIA”

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el primer viernes de marzo Día Nacional de la Oratoria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondientes, la minuta proyecto de decreto que declara al primer viernes de marzo como “Día Nacional de la Oratoria”.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72, inciso a), y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. El nueve de abril de dos mil quince, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, senadores Emilio Gamboa Patrón, presidente de la junta e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Herrera Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Miguel Romo Medina, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Fernando Yunes Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ignacio Samperio Montaño, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al primer viernes de marzo como “Día Nacional de la Oratoria”.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El Senado de la República, en sesión del catorce de abril de dos mil quince, aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta correspondiente fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del dieciséis de abril de dos mil quince, siendo turnado a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

5. El veintiuno de abril de dos mil quince, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la minuta al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

1. La iniciativa que generó la minuta proyecto de decreto materia de este dictamen considera que la oratoria es el arte que tiene suma importancia para la cultura del debate de las ideas y la exposición articulada y coherente de las mismas como elementos sustanciales de cualquier dinámica democrática. La oratoria es habilidad de hablar con elocuencia, de deleitar, convencer y conmover por medio de la palabra.

2. Los proponentes exponen los tipos de oratoria entre los que destacan la social, pedagógica, política, religiosa, militar, artística y empresarial, todas con una serie de propósitos que anhela alcanzar a través de su práctica efectiva y cuyos fines son los de persuadir, enseñar, conmover y agradar a través de las cualidades del orador que dirige la palabra a determinados auditorios.

3. De esta forma, el orador no sólo debe reunir una serie de cualidades físicas, también intelectuales como la memoria, imaginación, sensibilidad, iniciativa además de las éticas como la honradez, puntualidad, sinceridad, congruencia y lealtad

4. La iniciativa estima que la sociedad democrática se construye por medio del debate abierto y plural de las ideas. Las decisiones más importantes para la República o grandes proyectos de la iniciativa privada surgen a partir del consenso que abona con la persuasión y elocuencia de los impulsores. De esta forma, considera, se debe fomentar la oratoria en la sociedad mexicana particularmente entre los jóvenes.

B) Valoración de la minuta

1. La colegisladora estima que en nuestro tiempo son escasas las personas que tienen la habilidad de hablar con efectividad y firmeza a fin de transmitir sus pensamientos e impresiones sin la manifestación del temor cuando se está frente a un público numeroso y variado. El dictamen de la Cámara de origen afirma que la facultad del orador requiere del hombre culto y de la educación.

2. Los graves rezagos sociales requieren de líderes que sepan persuadir a los auditorios para la realización de máximas empresas y proyectos. En suma, el orador es un líder que impulsa y crea puentes del diálogo concreto para cultivar los valores y fomentar los altos ideales de la cultura. El orador es el ser humano dueño de la palabra capaz de innovar y transformar, de ser cauce para las soluciones y del fomento de la esperanza.

3. Esta comisión hace suyas las consideraciones de la colegisladora que afirma que el Día Nacional de la Oratoria, a establecerse el primer vienes de marzo, brindará reconocimiento y, a la vez, impulsará el consenso que abonará a la persuasión y elocuencia. De manera particular, esta Comisión hace hincapié en que el fomento de la oratoria abundará en beneficio de la juventud por lo que un día dedicado al arte de la palabra deberá promover concursos, jornadas, exposiciones, talleres y actividades de formación para las próximas generaciones que brillen por las cualidades de los grandes oradores de todos los tiempos.

4. En este sentido, esta comisión considera viable que el Congreso de la Unión establezca que el primer viernes de marzo sea considerado como el “Día Nacional de la Oratoria”.

Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el primer viernes de marzo de cada año como el Día Nacional de la Oratoria

Artículo único. El Congreso de la Unión declara el primer viernes de marzo de cada año como el Día Nacional de la Oratoria.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil quince.

La Comisión de Gobernación, diputados:Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), presidente; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), secretarios; Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez, Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Abraham Correa Acevedo, María Sanjuana Cerda Francisco (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Alfonso Godínez Mendiola (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Simón Valanci Buzalí (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de estas comisiones, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la iniciativa de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, 82, 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de las comisiones que suscriben, someten a la consideración del pleno el siguiente dictamen, con base en la siguiente

I. Metodología

Las comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de las comisiones.

En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio.

En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas comisiones expresan argumentos de valoración del proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 26 de febrero de 2015 el diputado Juan Pablo Adame Alemán, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Los miembros de estas comisiones, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

III. Contenido de la iniciativa

Los suscritos integrantes de estas comisiones estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la iniciativa que se dictamina, los cuales a la letra señalan:

“... Decreto por el cual se adiciona una fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Título OctavoDe la Colaboración con la Justicia

Capítulo ÚnicoDe las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia

Artículo 190.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. ...

...

XIII. Transmitir los mensajes solicitados por el Ejecutivo federal, de forma gratuita y de manera expedita, referentes a las siguientes alertas y/o avisos:

a) De eventos que signifiquen un riesgo inminente a la seguridad y la vida de la población;

b) Relativos a la búsqueda o localización de personas; y

c) Mensajes de emergencia nacional.

Dichos mensajes serán enviados a los teléfonos móviles conectados a la red del concesionario o autorizado que se encuentren en el área en la que suceda, haya sucedido o pueda suceder el evento, y se enviarán a través de los medios idóneos para que lleguen de la manera más expedita a la mayor cantidad de usuarios sin que éstos últimos requieran contratar para ello ningún servicio adicional de la telefonía móvil.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los 365 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Federal de Telecomunicaciones, previa consulta con el sector correspondiente, contará con un plazo de 150 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para establecer los lineamientos específicos para la instrumentación del Sistema de Alerta de Emergencia.”

IV. Consideraciones

1. El diputado proponente expresa en su iniciativa que, en las últimas décadas, en México y en todo el mundo, el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se ha hecho cada vez más determinante en la vida de los seres humanos ante la inminente revolución tecnológica que estamos viviendo.

De este modo, las TIC han tomado gran parte para facilitar las tareas de comunicar e informar a la ciudadanía en casos de emergencia. Las situaciones de crisis, catástrofes o emergencias de origen natural o humano, han puesto de manifiesto la necesidad de crear y fortalecer los lazos entre los organismos gubernamentales y la sociedad civil para mejorar la gestión de la crisis y mitigar todos los daños causados en el curso de ella.

Ante estos hechos, y con el fin de garantizar la seguridad pública, han surgido distintos servicios para comunicar a una población de manera rápida y eficaz. Entre ellos, se encuentra el servicio “SMS Cell Broadcast” o “difusión celular”, mismo que funciona a través de medios de comunicación de telefonía móvil.

El SMS Cell Broadcast es una tecnología de telefonía celular móvil diseñada para el envío simultáneo de mensajes a múltiples usuarios en un área específica. Este servicio permite que los mensajes sean comunicados a múltiples clientes de telefonía móvil que estén localizados en una determinada área de cobertura de la red. La tecnología de difusión celular permite crear canales de comunicación con los móviles que se encuentren en un área geográfica específica, lo que la convierte en un potente instrumento para servicios de información locales o asociados a la posición, haciendo posible la selección del tema o canal de interés para el usuario. De esta manera, también se ha vuelto un gran instrumento como sistema de alerta para una determinada región ante una posible emergencia que pueda poner en riesgo la salud de la población en general o de un grupo de individuos.

Otros de los servicios que surgen como útil herramienta ante situaciones de emergencia, son las “alertas inalámbricas de emergencia” (WEA por sus siglas en inglés), que son mensajes de emergencia de 90 caracteres enviados a través de Cell BroadCast por entes gubernamentales de emergencia autorizados, por medio de su operador móvil. Como lo dice su nombre, estos mensajes son transmitidos de manera inalámbrica, pues no es necesario contar con el servicio que provee el operador, sino que sólo se envía a aquellos equipos que sean captados por las antenas de red que se ubican en un área determinada. Es decir, estos cortos mensajes son enviados a toda una gama de teléfonos celulares que estén ubicados en un área geográfica considerada como zona de peligro en un determinado momento, a través de los operadores móviles.

Nuestro país se encuentra en una región del planeta que desde hace tiempo ha sido afectada por sismos y lo seguirá estando. Del mismo modo, México también es una zona de huracanes, ya que debido al efecto del movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación de su eje, hace que la zona intertropical se exponga más a los rayos solares y, en consecuencia, las temperaturas sean más altas en el hemisferio norte, por lo que la ubicación geográfica de nuestro país se ve altamente involucrada en este proceso.

Tomando esto en contexto, y con el alto desarrollo tecnológico de las TIC, en caso de que en un futuro se puedan suscitar emergencias iguales o peores a estas, los servicios de emergencia que en líneas anteriores se mencionaban podrían resultar de gran ayuda como medida de prevención, comunicación e información antes de la crisis y en el transcurso de ella.

2. Estas comisiones comparten la preocupación expresada por el diputado proponente y reconocen el valor de la iniciativa en estudio, puesto que la difusión masiva de una alerta temprana puede ser la diferencia entre una evacuación efectiva y una tragedia.

No es ajeno a estas comisiones que, en el mundo, ya existen diversos sistemas de alarmas tempranas y que la tecnología actual es de gran ayuda para la difusión de los mensajes de alerta y la mitigación de los efectos de algún desastre natural.

Como ejemplos de la implementación de las TIC en la mitigación de los efectos de algún desastre natural tenemos:

I. Sistema de Alertas de Terremotos y Tsunamis (ETWS), en Japón. La prevalencia de terremotos en Japón llevó al desarrollo de un sistema de alerta temprana de terremotos, conocido como “Area Mail”, el sistema entró en funcionamiento en 2007.

Este sistema recibe las alertas enviadas por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y la información sobre evaluación/desastres provista por gobiernos locales u órganos autorizados y la transmite al público general vía Cell Broadcast System (CBS). La ampliación a alertas de tsunami se puso en funcionamiento en 2012 y ahora se reciben alertas de sensores en las 66 zonas costeras que el JMA ha considerado de riesgo. El mensaje automático de alarma de tsunami entregado a los ciudadanos contiene información básica como: “Se ha emitido una alerta de tsunami”. No contiene detalles sobre el tamaño o tiempo de llegada del tsunami; se espera que esta información sea enviada por otros medios de comunicación o vía un mensaje más detallado y que es emitido por órganos públicos nacionales y locales.

II. Sistema Comercial de Alerta Móvil (CMAS), en Estados Unidos. El Sistema Comercial de Alerta Móvil (CMAS) es la implementación norteamericana del CBS en 3GPP. El sistema es tecnológicamente agnóstico y es parte de un proyecto de alerta nacional llamado Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Públicas (IPAWS). Este proyecto fue iniciado después de que la Ley de Red de Advertencia, Alerta y Respuesta (WARN) que fue aprobada el 13 de octubre de 2006. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), subsecuentemente estableció que el CMAS sería un sistema donde un agregador/portal de alertas recibe, valida, autentica y formatea alertas de fuentes federales, y después las envía al portal de mensajes del operador comercial móvil. El portal procesa las alertas y las entrega a los usuarios de móviles. En la etapa actual, los proveedores del CMAS deben ser capaces de transmitir alertas a áreas objetivo no más pequeñas que un país. El primer mensaje CMAS fue transmitido el 27 de junio de 2012 y sólo había funcionado por unas cuantas semanas cuando las alertas CMAS fueron lanzadas por el Servicio Nacional del Clima emitiendo una advertencia del tornado en el área de Elmira de Nueva York. Los mensajes llegaron casi instantáneamente y, a pesar del hecho de que el área generalmente no sufre de tornados, las alertas fueron acatadas con seriedad por los suscriptores. Durante el huracán Sandy el uso del CMAS se extendió por las áreas afectadas, los mensajes de evacuación fueron enviados vía CMAS en las áreas más afectadas de Nueva York.

III. Alerta-UE, en Europa. Los Países Bajos han tomado la iniciativa entre los diversos países europeos que han evaluado el CBS como un servicio efectivo de difusión de alertas tempranas. El sistema NL-Alert está ahora activo con cobertura en todo el país. Los clientes en Holanda parecen haber respondido bien al sistema NLALERT con nueve de cada diez encuestados a favor del sistema.

IV. DEWN, en Sri Lanka. Como consecuencia de la devastación ocasionada por el tsunami de Océano Índico en 2004 (que generó alrededor de 35,000 muertes en Sri Lanka) el Centro de Manejo de Desastres de Sri Lanka lanzó el proyecto de Red de Alertas de Emergencias y Desastres (DEWN). El DEWN fue desarrollado como una iniciativa no comercial por medio de una asociación entre el trabajo de Dialog Telekom PLC, Dialog-Universidad de Moratuwa (U o M), el Laboratorio de Investigación de Comunicaciones Móviles y Microimage. El proyecto comenzó en 2006 y el sistema se puso en operación el 30 de enero de 2009 después de terminar un exitoso periodo piloto. En el sistema DEWN, la información sobre desastres y alertas es brindada a través de múltiples fuentes (como el centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, Met Office, etcétera.) Se envía un mensaje al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Centro de Gestión de Desastres del gobierno. En un posible escenario de desastre, el DEWN es usado primero para alertar al personal de emergencia a sus teléfonos particulares; las alertas públicas son emitidas sólo cuando se ha verificado la amenaza de forma adecuada, reduciendo así, las falsas alarmas. Los mensajes son enviados en tres idiomas locales y pueden ser recibidos en teléfonos y smartphones 2G básicos habilitados para transmisión móvil con una aplicación descargable de Java o enviados a un dispositivo de alarma DEWN especialmente diseñado que contiene una sirena sonora y una lámpara intermitente diseñada para espacios públicos. Aún cuando el servicio utiliza la función de transmisión móvil de la red DIalogs, las alertas también pueden ser enviadas a otros proveedores locales no habilitados con CBS para que puedan a su vez distribuirlos a través de SMS masivos.

Cabe mencionar, que estas comisiones dictaminadoras aclaran que los modelos de comunicaciones de emergencias (de derecho comparado) que se han referido previamente, son meramente ilustrativos, por lo que al momento de implementarse lo dispuesto en la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se deberá de verificar que se use la mejor tecnología disponible para los fines que busca la norma legal, y que constituya una medida económicamente competitiva en el sector de las telecomunicaciones de nuestro país.

3. Si bien se coincide con la idea básica del iniciante, no escapa de estas dictaminadoras que, de aprobarse tal cual fue propuesta la iniciativa, se podría vulnerar la libertad de trabajo y comercio, ya que se establecerían nuevas cargas económicas para los concesionarios al obligarlos a que presten un servicio gratuito, cuando ya existen encadenamientos y mensajes de alerta para la población en los medios de comunicación masiva.

De igual forma, se cree que existiría una antinomia con el artículo 136 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que claramente establece que los servicios de emergencia para los usuarios, deberán de constituir medidas económicamente competitivas, por lo que hacerlo en forma gratuita hace incurrir en costos a los concesionarios lo que puede afectar su posición competitiva.

“ Artículo 136. El instituto establecerá y garantizará, a través de la publicación de normas, las medidas conducentes y económicamente competitivas, para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso a servicios de facturación, información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros.”

Énfasis añadido

4. Aunado a lo anterior, es menester aclarar que en nuestro sistema jurídico vigente, para el caso de emergencia, ya se establece en la Ley General de Protección Civil un mecanismo de concertación entre los medios de comunicación y las autoridades de protección civil, pero no se habla de prestación gratuita de tales servicios, como se ve a continuación:

“Artículo 13. Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte del Sistema Nacional, colaborarán con las autoridades con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión Integral de Riesgos.

Los convenios de concertación contendrán las acciones de la gestión integral de riesgos y su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones, así como en el diseño y transmisión de información pública acerca de la protección civil.

Asimismo, en el ámbito reglamentario, se están previendo acciones particulares semejantes a las que propone la iniciativa, tales como las que se contienen en el anteproyecto de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia propuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como se puede observar aquí:

“Cuadragésimo Quinto. Los concesionarios y autorizados le darán prioridad a las comunicaciones de la autoridad federal designada de acuerdo al protocolo de priorización de las autoridades federales de protección civil. Por dar prioridad a las comunicaciones se entenderá el establecer e implementar los mecanismos y/o capacidades necesarias para que se proporcione acceso prioritario a los recursos de redes de telecomunicaciones y/o su utilización.

Los concesionarios y autorizados deberán indicar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el área responsable a quien se contactará para la solicitud de prioridad en las comunicaciones en situaciones de emergencia o desastre, así como los datos de localización de la misma. Esta área deberá estar disponible las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación proporcionará la información necesaria de las líneas que recibirán esta prioridad.

Cuadragésimo Sexto. Los concesionarios y autorizados deberán dar prioridad a las comunicaciones en relación a situaciones de emergencia o desastre que emitan las autoridades competentes. Dichas comunicaciones serán destinadas a las áreas específicas afectadas por la emergencia o el desastre donde los concesionarios y autorizados cuenten con cobertura.

Cuadragésimo Séptimo. El instituto, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá el protocolo que se utilizará para codificar el Sistema Nacional de Alertas previsto en la Ley General de Protección Civil”

5. Finalmente, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estiman que, si bien la propuesta ya está contenida de alguna forma alguna en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es pertinente y necesario que se incluya en el texto de la ley, expresamente, la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones de reglamentar la difusión de alertas tempranas en caso de emergencia, por lo que se propone adecuar la propuesta original y, en lugar de adicionar una nueva fracción al artículo 190 de la ley, se propone reformar la actual fracción XI de la siguiente manera:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. a X. ...

XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las instituciones y autoridades competentes, transmitir los mensajes ydar prioridad a las comunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y

XII. ...

De esta forma se le otorga la facultad al regulador de definir, reglamentar y consensuar los detalles técnicos y las características del servicio de mensajes de emergencia que los operadores deben poner en marcha, así como la posibilidad de que, conforme avance la tecnología, este servicio evolucione y se adapte.

En mérito de todo lo expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión sometemos, a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se Reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 190.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. a X. ...

XI. En los términos que defina el instituto en coordinación con las instituciones y autoridades competentes, transmitir los mensajes ydar prioridad a lascomunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y

XII. ...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, emitirá los lineamientos específicos para la difusión de las alertas a que se hace referencia.

Notas:

1. Ejemplos obtenidos de  http://www.one2many.eu/assets/files/ 27_whitepaper-disaster-response-program.pdf

2. Una red GSM consiste de miles de celdas (antenas) lo que facilita la conexión inalámbrica  de un dispositivo terminal móvil a la red. El sistema Cell Broadcast permite enviar un mensaje corto a todos los dispositivos conectados a una determinada celda (antena), a un grupo de celdas o a toda la red. Todo dispositivo móvil que cuenta con los canales de Cell Broadcast activos y se encuentra dentro del área de cobertura de las celdas que están difundiendo un mensaje, recibirán dicho mensaje.  El Cell Broadcast puede comprarse a la radio: todos los que estén sintonizando el canal de transmisión, reciben el mensaje. http://www.cellbroadcastforum.org/whatisCB/frmset_faq.html

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 15 de abril de 2015.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), María Gabriela Bardales Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Dunia Eliane de la Vega Preciado (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Nidia Saavedra Pérez (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas, Jesús Antonio Mora González, Jaime Bonilla Valdez, Arturo Escobar y Vega (rúbrica).

La Comisión de Radio y Televisión, diputados:Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez, Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), secretarios; María del Carmen Guzmán Urbán (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica), Claudia Rocío Villa Oñate (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura fueron turnadas para el estudio, análisis y dictamen correspondientes la iniciativa que reforma el artículo 7o. y adiciona la fracción XIII, y recorre las subsecuentes, al artículo 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, suscrita por el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, presentada por el diputado Raudel López López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), ambas presentadas ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Una vez recibidas por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos en el estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen correspondiente y de conformidad con los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego corresponde dictaminar las iniciativas citadas, a partir de la siguiente

Metodología

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 85 de Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión presenta el siguiente dictamen con la siguiente metodología de trabajo:

I. En el apartado “Antecedentes” de las propuestas en estudio se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II. En el apartado “Contenido de la iniciativa” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el apartado “Consideraciones de la comisión” se expresan los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

IV. En el apartado “Articulado” se expresan el intríngulis y desarrollo de los artículos modificados, adicionados y abrogados, así como los transitorios del dictamen de la comisión dictaminadora

Antecedentes

El 21 de enero de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con números de oficio DGPL 61-II-7-1961 y de expediente 5902 para el estudio, análisis y dictamen correspondientes la iniciativa que reforma el artículo 7 y adiciona la fracción XII, y recorre las subsecuentes, al artículo 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, suscrita por el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El 3 de febrero de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con números de oficio DGPL 62-II-7-2023 y de expediente 5983 para el estudio, análisis y dictamen correspondientes la iniciativa que adiciona la fracción XLI del artículo 7o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, suscrita por el diputado Raudel López López, del Grupo Parlamentario del PAN.

Contenido de las iniciativas

La iniciativa del diputado José Luis Flores Méndez establece facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación )Sagarpa), en materia de sanidad vegetal, para la aplicación de ecotecnologías que reduzcan riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, por lo que podrá generar, validar, divulgar y aplicar ecotecnias que disminuyan dichos riesgos y que coadyuven en la inocuidad de la producción agroalimentaria, y que contribuirá en la conservación y preservación del ambiente.

La iniciativa del diputado Raudel López López promueve en la parte expositiva el uso y los beneficios de los abonos orgánicos en materia de Sanidad Vegetal que fomenten los esquemas de capacitación a productores agrícolas y empresas por la Sagarpa.

Consideraciones

Que es una necesidad que la política pública actualice a los tiempos actuales el marco jurídico que responda a las necesidades de la agricultura del país y que al mismo tiempo mejore la calidad de producción de esta actividad económica que tanto contribuye a la economía nacional; el uso de las ecotecnologías y el uso de abonos orgánicos, ayudará a coadyuvar los procesos de la sanidad vegetal, por lo que es una necesidad que la Sagarpa y las demás autoridades en la materia, desarrollen el uso y divulgación de estos métodos funcionales, prácticos y amigables con el medio ambiente, que contribuirán en la sustentabilidad de la producción agrícolas del país.

Que se coincide con los promoventes de que es responsabilidad del Congreso de la Unión vigilar y actualizar la legislación federal a los estándares sociales así como responder las demandas y necesidades que los diversos sectores del país requieren.

Que como señala en la exposición de motivos de las iniciativas, las innovaciones tecnológicas como como es el caso de las ecotecnologías y el uso de abonos orgánicos, así como todas las formas de ingeniería ecológica ayudan a reducir el daño al medio ambiente, ya que se adopta con una orientación precautoria de minimización de impacto en sus procesos productivos y operación, lo que reduce la huella ambiental y como consecuencia se contribuye a reducir el calentamiento global y la consecuente desertificación.

Que es necesario que las ecotecnologías tengan como objetivo satisfacer las necesidades humanas minimizando el impacto ambiental a través del conocimiento de las estructuras y procesos de los ecosistemas y el entorno de la sociedad, ya que lo que se busca es la reducción de los contaminantes causada por los pesticidas.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla la necesidad como principio de la producción sustentable y lo señala en el artículo 32, fracción I: “El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de prácticas sustentables...”

Que la Ley de Sanidad Vegetal tiene como atribuciones generar, validar, divulgar y aplicar en materia de sanidad vegetal y en materia de reducción de riesgos, prácticas que induzcan a la inocuidad agroalimentaria y contribuir con el productor a lograr la sustentabilidad productiva, respetando, conservando y preservando el ambiente.

Por lo señalado se determina:

Primero. Las iniciativas proponen reformar la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que incluye los conceptos de ecotecnologia y abonos orgánicos, que permitan la inclusión de ecotecnias fitosanitarias en materia de sanidad vegetal y disminuir los riesgos de contaminación en la producción primaria de los vegetales.

Segunda. En la exposición de motivos de la iniciativa se manifiesta la importancia que tienen las técnicas aplicables a través de las ecotecnologías, como formas de reducir los impactos ambientales negativos generados por el uso de pesticidas en la producción de los cultivos agrícolas, por lo que se genera la necesidad de que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), promueva y divulgue el uso de procedimientos pertinentes entre los productores agrícolas del país.

Por ello, la ley vigente dice y debe decir:

Que en uso de las facultades que tiene esta comisión dictaminadora para apoyarse técnicamente en los centros de estudio e investigación con que cuenta la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria formuló una opinión técnica a esta comisión que sirve como sustento técnico para elaborar el presente dictamen y de donde se destaca la necesidad de unificar ambas iniciativas para que mediante la técnica legislativa se tenga una sola reforma.

Por ello, coincidiendo con ese centro de estudios y con los promoventes en la necesidad de contribuir a dotar de herramientas a la Sagarpa que le permitan mejorar el entorno ambiental, esta comisión dictaminadora tiene a bien emitir el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7o. y 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Único.Se reforma la fracción XL del artículo 7o. y se adicionan la XLI, y se recorre la subsecuente, al artículo 7o. y una fracción XIII al artículo 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Son atribuciones de la secretaría en materia de sanidad vegetal

I. a XXXIX. ...

XL. Validar, generar, divulgar y, en su caso aplicar tecnologías fitosanitarias en materia de sanidad vegetal, dando preferencia a ecotecnologías que protejan los ecosistemas, así como capacitar al personal oficial y privado;

XLI. Promover y divulgar los beneficios del uso de los abonos orgánicos en materia de sanidad vegetal y capacitar a los productores para aplicar los mismos; y

XLII. Las demás que señalen esta Ley, demás Leyes Federales y Tratados Internacionales en los que sean parte los Estado Unidos Mexicanos.

Artículo 7o.-A. ...

I. a XI. ...

XII. Expedir las disposiciones legales aplicables para regular los sistemas de minimización de riesgos de contaminación en la producción primaria de los vegetales;

XIII. Divulgar y promover ecotecnologías que disminuyan los riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales; y

XIV. Las demás que le correspondan conforme a otros ordenamientos.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez, secretarios; Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, José Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numerales 6, incisos e y f, 7 y demás artículos relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente

Metodología

En el apartado de Antecedentes se hace constar el proceso legislativo que la minuta ha tenido, desde la presentación de la iniciativa, el dictamen y el proceso de la misma en la Cámara de Senadores.

Por lo que toca al apartado del Contenido de la minuta, éste hace una descripción de la temática de la propuesta objeto de dictamen.

Asimismo, en el rubro de Consideraciones de la Cámara de Senadores, se alude a los argumentos que las comisiones dictaminadoras tomaron en consideración para devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

En el capítulo de Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, se vierten los elementos de valoración de la minutas objeto del presente dictamen.

Finalmente en el apartado de Conclusiones, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, emiten el proyecto de resolución para ser presentado ante el pleno.

I. Antecedentes

1. Con fecha 2 de octubre de 2013, el diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con la misma fecha.

3. Con fecha 11 de febrero de 2014, el dictamen fue aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados.

4. El 12 de febrero de 2014, la Cámara de Senadores, recibió la minuta que contiene las citadas reformas aprobadas por la Cámara de Diputados, misma que fue turnada para análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos.

5. El 5 de marzo de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió oficio del Senado de la República, mediante el cual devuelve el expediente con la minuta en términos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue turnado a esta Comisión de Deporte para su estudio, con fecha 6 de marzo del presente año, mediante oficio DGPL62-II-5-2566, con número de expediente 6199.

II. Contenido de la minuta

La minuta motivo del presente dictamen, propone incorporar en el texto normativo de la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la obligación a garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y deporte que se implementen, sin importar su origen étnico o preferencia sexual.

III. Consideraciones de la Cámara de Senadores

Las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, consideran respecto de las reformas propuestas a la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que a través de este ordenamiento el Congreso de la Unión, ha incentivado, apoyado, protegido y fomentado todos los aspectos relacionados al correcto desarrollo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, acorde con la amplia normatividad aplicable en materia de discriminación.

Asimismo manifiesta, que en ese contexto el objeto y espíritu de la fracción XI correspondiente al artículo 2, de la Ley motivo del presente dictamen, consiste en garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen; en el mismo se establece que se hará sin distinción de preferencias, por lo que en ese ámbito no consideran pertinente darle la connotación de preferencia sexual, ya que sólo referir la palabra “preferencias”, en ella la colegisladora consideró se encuadran las de cualquier índole, como pudiesen ser religión, política y también dentro del mismo deporte, por ejemplo, de disciplina, modalidad, etc.; por lo que al señalar que será sin distinción de preferencias, queda claro que genéricamente abarca todas las que resulte y no limitarlo únicamente a las de tipo sexual.

De igual forma, la colegisladora considera que en el texto vigente cuando se refiere a que no se discriminará en razón de condición social, se está abarcando todos los aspectos sociales del ser humano incluidos los económicos, étnicos y culturales, por lo que derivado del análisis a la propuesta contenida en la minuta de referencia, no se observa relevancia en la misma, pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la ley en la materia.

En razón de lo anterior, la colegisladora establece que no es de considerarse necesaria la aprobación de la Minuta remitida por la colegisladora debido a que aunado a lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya existen normas que regulan y atienden los diversos tipos de discriminación que pudiesen suscitarse en el desarrollo del ejercicio constitucional de los derechos humanos en nuestra sociedad.

Atendiendo a estas consideraciones y toda vez que en el capítulo del presente dictamen y en virtud de que el objetivo de la reforma propuesta a la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya se encuentran previstas en sus ordenamientos vigentes en la materia, las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, establecen que no es de aprobarse la presente minuta.

Por lo expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se deshecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

IV. Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados

En la reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de fecha 8 de abril de 2015, las y los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que la colegisladora sostiene en relación a las propuestas de reformas objeto de la presente minuta, al respecto; todas y todos los diputados integrantes de la Comisión, han coincidido con el hecho de que la iniciativa desde su origen, presenta congruencia con el marco normativo vigente.

En relación con la propuesta de reformar la fracción XI del artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de incluir el concepto de “origen étnico” y darle la connotación de “sexual”, al término de “preferencias” ya incluido en el texto vigente, a efecto de que todas las personas tengan el acceso a los programas de desarrollo en materia de cultura física y deporte en igualdad de oportunidades, es preciso acotar, que su intención reside en dotar al ordenamiento jurídico de los elementos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección de los derechos humanos, así como establecer la concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a raíz de sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, es menester dar cumplimiento a las diversas obligaciones que en la materia nuestro país ha contraído en virtud de los diversos instrumentos internacionales que tienen como finalidad, la incorporación de un esquema de derechos humanos más amplio y eficaz en la protección de los mismos.

En tal sentido, es menester que los derechos humanos se encuentren claramente establecidos en todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos que componen el sistema normativo mexicano, puesto que en la Carta Magna se encuentra la base de todas las obligaciones, planes, programas, políticas públicas y acciones que debe implementar el Poder Ejecutivo, en su contenido; también se insertan los criterios reguladores que rigen las actuaciones del Poder Judicial; y mediante sus fundamentos se establecen las directrices a seguir para la expedición de las leyes que expide el Poder Legislativo.

Esto conduce indudablemente, a la obligación de las autoridades para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estricto cumplimiento de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y en consecuencia, es deber del Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En este tenor, la obligación de prevención que asume el Estado a partir del texto constitucional, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, así como la garantía de que una eventual violación a los mismos, sea efectivamente considerada como una conducta ilícita y susceptible de acarrear sanciones para quien la cometa, así como el derecho de la víctima a la reparación del daño a consecuencia de esta violación.

Atendiendo a esta obligación del Estado de garantizar que todas las actuaciones de las autoridades se desarrollen en total sujeción y respeto a los derechos humanos, el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución, establece la prohibición de toda forma de discriminación, y a la letra dice:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En consecuencia, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, consideran pertinente confirmar el sentido positivo del dictamen enviado a la Cámara revisora, en lo que respecta a la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, toda vez que se considera que en materia de discriminación, la ley secundaria no debe mandatar menos que la ley fundamental, en consecuencia, el espectro de la protección a los derechos humanos tiene que alcanzar a todos los ordenamientos jurídicos que componen nuestro sistema normativo, por lo que la inclusión del concepto de “origen étnico” y la palabra “sexuales”, precediendo a las preferencias; debe establecerse, con la finalidad de otorgar a la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la armonía que debe prevalecer con el texto de la Carta Magna.

En virtud de las consideraciones expuestas y con fundamento en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte confirman el sentido positivo del dictamen y someten a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XI. ...

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de abril de dos mil quince.

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, María de los Ángeles Sánchez Lira, Fidel Bazán Tenorio (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Rafael González Reséndiz, Alejandra López Noriega, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, Gerardo Villanueva Albarrán, Tomás Brito Lara (rúbrica), Víctor Efigenio Marroquín Cristobal, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Ana María Gutiérrez Coronado (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), Ignacio Ramírez Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Comisión de Asuntos Indígenas, con las atribuciones que le confieren el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45, numerales 6, incisos e), y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, numeral 1 fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 95, numerales 1 y 2, incisos c), d) y e), 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numerales 1, 2 y 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la minuta que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la minuta” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la minuta en estudio.

III. En las “Consideraciones de la comisión”, se exponen los argumentos lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2013, la Diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segundo. En la misma fecha y mediante Oficio número D.G.P.L. 62-II-3-783, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite sobre dicha Iniciativa, turnándola a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Tercero. El 25 de septiembre de 2013, en el marco de la novena reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Cuarto. El 4 de diciembre de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, enviándose a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Quinto.El 5 de diciembre de 2013, fue recibida en la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sexto. En la misma fecha, la minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, para dictamen.

Séptimo. El 14 de octubre de 2014, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron con modificaciones el dictamen sobre la minuta de referencia.

Octavo. El 10 de diciembre de 2014, en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, devolviéndola a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Noveno. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 3 de febrero de 2015, se dio cuenta del oficio de la honorable Cámara de Senadores, de fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, con el que devuelven para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional, la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Décimo. El 3 de febrero del presente año, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite a la minuta y turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Contenido de la minuta

La colegisladora plantea en sus considerandos, lo siguiente:

a) En lo general

Señala que el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Sin embargo, el Apartado B del artículo 2° del mismo texto constitucional, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, impone a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, que deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Bajo esa disposición general y con la finalidad de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, enumera en nueve fracciones diversas obligaciones a cargo de las referidas autoridades, dentro de aquellas, la siguiente:

“V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.”

En el orden internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 3, primer párrafo, que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicaran sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

De La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres son ilustrativos los siguientes preceptos:

“Artículo 3: Desarrollo y adelanto de la mujer

Los Estados Partes tomaran en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el plena desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”

“Artículo 4: Aceleración de la igualdad entre el hombre y la mujer

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerara discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.”

“Artículo 14: Ayuda especial para las mujeres en el medio rural

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomaran todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le aseguraran el derecho a:

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”

Del sistema jurídico nacional se invoca la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en su primer artículo establece como su objeto: “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.”

El artículo 5 de esta Ley contiene un glosario, del que se destacan los siguientes términos:

“...II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

IV. Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficia de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

V. Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

VI. Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013”

El artículo 6 de la ley en cita, establece los alcances de la igualdad entre hombres y mujeres:

“Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.”

Conforme a este marco normativo debe analizarse el proyecto de decreto de referencia y es indudable en primer término, que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido en México, tanto por la Constitución Federal como por ordenamientos internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres determina los alcances del término igualdad, distinguiendo entre igualdad de género, igualdad sustantiva y lo que la igualdad representa en términos generales.

Si la interpretación de estos preceptos nos lleva a la conclusión de que mujeres y hombres deben tener, literalmente, las mismas obligaciones, los mismos derechos e iguales oportunidades, cabe plantear la ratio legisde la fracción V, Apartado B del artículo 2 constitucional que establece la obligación de las autoridades en sus tres niveles, de propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

b) En lo particular

La colegisladora plantea que bajo una interpretación literal, podría considerarse que propiciar la incorporación al desarrollo de las mujeres indígenas, sin mencionar a los hombres, equivale a un acto de discriminación pues implica una distinción basada en el sexo, evidentemente prohibido por la legislación invocada.

Con tal consideración podríamos coincidir con el dictamen en estudio, en el sentido de que tenemos que ser justos, dar oportunidades y beneficios de igual manera a hombres y mujeres en la cuestión indígena; que los gobiernos solo dan apoyos y programas para mujeres indígenas  y dejan a un lado al hombre que al igual, sufre de discriminación y falta de apoyos para poder progresar; y que hay que eliminar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en nuestro país y respetar y valorar la cultura de todos los mexicanos; y de lo anterior deducir la contradicción que genera el propio artículo 2 constitucional en su Apartado B, fracción V, pues implica una distinción a favor de las mujeres indígenas  consistente en la obligación estatal de propiciar su incorporación al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

Sin embargo, del análisis del término discriminación, según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, articulo 5, fracción V, se aprecia que tiene dos elementos, uno que es efectivamente, la distinción, exclusión o restricción de una persona respecto a otras, en el caso, personas de diferente sexo; el otro, consistente en que el acto de discriminación, exclusión o  restricción impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Partiendo de ese término, las Comisiones que dictaminan consideran necesario examinar ambas normas constitucionales, las previstas en los artículos 4, primer párrafo y 2, apartado B, fracción V, para posteriormente examinar la pertinencia de incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad,equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombresindígenas, como se propone en el dictamen aprobado por la colegisladora.

A criterio de la colegisladora, el derecho que las mujeres tienen reconocido en la fracción V, apartado B del artículo 2o constitucional, no contradice sino complementa el principio de igualdad entre hombres y mujeres que reconoce el artículo 4, pues es un hecho notorio que la discriminación por razón de género en perjuicio de las mujeres ha existido y prevalece. Es una realidad social que en el contexto de la sociedad mexicana prevalece la discriminación a las mujeres traducido en múltiples formas, desde menores oportunidades para recibir educación, menores sueldos para trabajos iguales, hasta conductas estereotipadas sobre los roles que la mujer debe asumir para el solo hecho de serlo que incluso, se fomentan en los medios de comunicación.

Vale la pena reiterar lo dispuesto por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las forma de Discriminación contra la Mujer relativo a la “Aceleración de la igualdad entre el hombre y la mujer”.

Ante esta realidad, sobre el principio de igualdad de género debe prevalecer el principio de equidad. Por el primero hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. Sin duda es lo deseable, pero se ha expuesto que en nuestra realidad esa igualdad no existe, pues las mujeres por nuestro entorno cultural, educativo, político, no tienen las mismas oportunidades. Por el segundo de estos principios, equidad de género, se entiende un trato imparcial entre mujeres y hombres, pero de acuerdo con sus propias necesidades, lo que puede lograrse a través de un trato equitativo o un trato diferenciado por el cual se obtenga una equivalencia en lo que se refiere a obligaciones, derechos y oportunidades, compensando las desventajas sociales que todavía enfrentan.

En el caso que nos ocupa, se trata de incluir el enfoque de género en políticas, programas y acciones de gobierno para garantizar a las mujeres indígenas la promoción de su participación, respeto, equidad y oportunidades plenas; y de esta manera, hacer posible el mandato constitucional que exige su incorporación al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

De otra forma, si se incluye a los hombres indígenas como sujetos de la incorporación al desarrollo social en igual oportunidad que las mujeres indígenas, en estricta observancia al principio de igualdad, se generaría desventaja hacia las mujeres precisamente por su desigual posición frente a los hombres; y se desvirtuaría el enfoque de género que tiene como supuesto la discriminación en razón del género.

Mantener el artículo en su texto vigente teniendo como destinatarias a las mujeres indígenas permitirá incluir el enfoque de generó en actos de gobierno a través de los cuales se promueva la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para ellas.

En relación a la adición del término “igualdad”, las suscritas Comisiones estiman su viabilidad con el término “equidad” que ya se contempla, pues agregarlo a los de participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, permitirá interpretarlos de manera integral, bajo la perspectiva de género que debe permear las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para aplicarse en el caso a favor de las mujeres indígenas.

Por lo anterior, la colegisladora dictaminó la procedencia de reformar la fracción V del artículo 3 de la ley ya referida, únicamente para agregar el termino igualdad a los de participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, con la finalidad de preservar la perspectiva de género como elemento normativo y ante el panorama de desigualdad en razón del género que predomina en el país.

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 3, fracción V, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones de la comisión

Primera. El 3 de febrero de 2015, la honorable Cámara de Senadores devolvió a esta Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Esta comisión dictaminadora antes de iniciar el análisis de la minuta considera pertinente transcribir lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional que a la letra dice:

“Artículo 72. ...

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.”

En relación con lo anterior, la minuta remitida por esta Cámara de Origen a la Cámara Revisora para reformar la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se aprobó con modificaciones, desechándose la inclusión del término “y los hombres” y quedando en sus términos la adición de la palabra “igualdad”. En consecuencia, la adición de la palabra “igualdad” a la fracción V del artículo 3 de la Ley de referencia, queda en sus términos sin poder alterarse de manera alguna, en consecuencia no será objeto de estudio del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional.

En esta tesitura, el presente dictamen se avocará al estudio de la modificación realizada por la colegisladora, referente a desechar la adición del término “y los hombres” de la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Para mayor claridad, se transcribe el proyecto de decreto aprobado por esta Cámara de origen y el oroyecto de decreto modificado por la Cámara revisora.

Proyecto de decreto aprobado por esta Cámara de origen:

Artículo 3. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres indígenas, y

VI. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Proyecto de decreto aprobado por la cámara revisora:

Artículo 3. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segunda.En este orden de ideas, la Comisión de Asuntos Indígenas, después de realizar un análisis exhaustivo a la minuta devuelta por la Colegisladora, llega a las siguientes conclusiones:

Se considera viable y en consecuencia pertinente, la modificación que realiza la Colegisladora a la minuta de referencia, ya que esta comisión dictaminadora comparte el argumento de que el derecho que las mujeres tienen reconocido en la fracción V, apartado B del artículo 2o constitucional, no contradice sino complementa el principio de igualdad entre hombres y mujeres que reconoce el artículo 4 de nuestra Carta Magna, pues es un hecho notorio que la discriminación por razón de género en perjuicio de las mujeres ha existido y prevalece. Es una realidad social que en el contexto de la sociedad mexicana prevalece la discriminación a las mujeres traducido en múltiples formas, desde menores oportunidades para recibir educación, menores sueldos para trabajos iguales, hasta conductas estereotipadas sobre los roles que la mujer debe asumir por el solo hecho de serlo que incluso, se fomentan en los medios de comunicación.

En este sentido, es necesario puntualizar que el artículo 2 Apartado B, fracción V, de la Constitución Federal, mandata lo siguiente:

Artículo 2o. ...

...

A. ...

I. a VIII. ...

B. ...

I. a IV. ...

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. a IX. ...

En relación con el citado mandato constitucional, es que la proponente de la Iniciativa buscó incluir en la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el enfoque de género en políticas, programas y acciones de gobierno para garantizar a las mujeres indígenas la promoción de su participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas; y de esta manera, hacer posible el mandato constitucional que exige su incorporación al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

De esta manera, se coincide con la Colegisladora en que si se incluye a los hombres indígenas como sujetos de la incorporación al desarrollo social en igual oportunidad que las mujeres indígenas, en estricta observancia al principio de igualdad, se generaría desventaja hacia las mujeres precisamente por su desigual posición frente a los hombres; y se desvirtuaría el enfoque de género que tiene como supuesto la discriminación en razón del género.

En conclusión, esta comisión dictaminadora considera pertinente aprobar en sus términos la minuta devuelta por la Colegisladora para eliminar la adición del término “y los hombres” y en consecuencia, mantener el texto vigente del artículo 3 fracción V de la Ley en comento, con la finalidad de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas siga rigiendo sus acciones bajo el principio de - incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas.

Por lo anterior, como lo dispone la fracción E del  artículo 72  constitucional, que se cita: “(...) Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A.

La mencionada fracción A, del artículo 72, dispone que “Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.”

La reforma a la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quedaría de la siguiente manera:

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I. a IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y para los efectos del Apartado A, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único.Se reformala fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 7 de abril de 2015.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Pedro Gómez Gómez, Shantall Zepeda Escobar (rúbrica), Margarita Licea González, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), José Higuera Fuentes (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Petra Barrera Barrera, Antolín Etienne Rivera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Emilse Miranda Munive (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Roberto López Rosado, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Honorable asamblea, en virtud de que para el despacho del primer dictamen inscrito en el orden del día de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se está a la espera de una propuesta de modificación de consenso por los grupos parlamentarios y en tanto se recibe dicho documento, procederemos con la discusión del siguiente dictamen incluido en el orden del día.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES Y DECRETOS

CODIGO DE COMERCIO Y CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en el Código de Comercio y del Código Penal.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos de Comercio, y Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura le fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos de Comercio y Penal Federal, presentada por la diputada Ana Lilia Garza Cadena,  del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82,  84, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; después de analizar el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del día 4 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos de Comercio y Penal Federal que presentó la diputada Ana Lilia Garza Cadena del Grupo Parlamentario del Partido verde Ecologista de México, turnándola a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4148-V  de fecha 4 de noviembre de 2014.

3.La Mesa Directiva, mediante oficio DGPL 62-II-5-2082 envío a la Comisión de Economía la iniciativa de referencia con fecha 6 de noviembre de 2014 siendo recibida por esta el 7 de noviembre del mismo año.

4.Con fecha 15 de diciembre de 2014 la Comisión de Economía solicitó a la Mesa Directiva, la ampliación del plazo para dictaminar dicha iniciativa, recibiendo la autorización mediante el oficio DGPL 62-II-5-2298.

Objeto de la iniciativa

Contribuir a que las sociedades mercantiles agilicen y optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento y conservación de la diversa documentación generada en el desarrollo cotidiano de sus actividades.

Argumentación

1.De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver las iniciativas enunciadas en los antecedentes de este dictamen.

2. Las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia coinciden con la propuesta de la Diputada Ana Lilia Garza Cadena para que los comerciantes tengan la posibilidad de beneficiarse de la introducción en sus negocios de los avances tecnológicos en materia de digitalización y conservación de documentos en formato electrónico, a fin de eficientar sus procesos, ahorrar espacio, costos de impresión y fotocopiado, y bridar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las solicitudes de información que les sean requeridas por las autoridades, tanto administrativas como judiciales cuando corresponda.

3. Estas comisiones unidas, dentro de la colaboración de poderes con las demás entidades públicas, solicitó opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de Comercio y al Código Penal Federal, materia del presente dictamen, a la Secretaría de Economía.

4. De los estudios y análisis de estas Comisiones Unidas de Economía y de Justicia,  así  como de la opinión aportada por la Secretaría de Economía, hay coincidencias en la necesidad de realizar varias modificaciones a la iniciativa a fin de ajustar los textos propuestos con el Código de Comercio, los cuales se refieren principalmente a cuestiones de redacción y estilo y se eliminan o se corrigen repeticiones confusas que se presentan en la iniciativa. Asimismo, se sugiere, en lugar de adicionar un Capítulo II y recorrer los subsecuentes, adicionar un Capítulo I Bis y denominado de la Digitalización,  así también  cambiar la numeración alfabética propuesta por la legisladora para la adición de los artículos 95 A, 95 B, 95 C, 95 D, 95 E y 95 F por la numeración ordinaria,  95 bis, 95 Bis 1, 95 Bis 2, 95 Bis 3, 95 Bis 4 y 95 bis5 a fin de armonizarla con la numeración que presenta actualmente el Código de Comercio. 

5. Por lo que se refiere a las modificaciones al Código Penal, se recibió de la Procuraduría General de la República, una opinión que sugería  eliminar las modificaciones a los artículos 243,244 y 247 de dicho Código, bajo los siguientes criterios:

“Actualmente el Código Federal de Procedimientos Civiles, refiere que un documento público, es aquel cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Por lo tanto, los documentos privados son los que no reúnen las características antes citadas.

Asimismo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, refiere que los documentos privados serán los vales, pagarés, libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las partes y que no estén autorizados por funcionario competente.

Por otra parte, en el Código Fiscal de la Federación se hace mención a los documentos digitales, como todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en los cuales una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa.

La propuesta de la legisladora contempla supuestos específicos en el Código Penal Federal, respecto a la falsificación de documentación electrónica tanto para los prestadores de servicios que realicen sus actividades sin estar debidamente acreditados por la Secretaría de Economía, como para los comerciantes que hagan uso indebido de sus documentos, sin importar que provengan de medios impresos o se encuentren digitalizados y catalogar como grave este delito con la finalidad de prevenir su comisión...

Por digitalización de documentos debemos entender que es el mecanismo más sencillo, eficiente y rentable para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de documentos, en forma de imágenes digitales, las cuales se pueden almacenar en los discos internos de cualquier computadora personal, en arreglos de discos o sistemas de almacenamiento masivo, con respaldos en discos CD-R o DVD que garantizan su conservación en óptimas condiciones.

Por lo antes citado, se considera inviable la propuesta de la legisladora toda vez que una imagen digital es una fotografía, un dibujo, un trabajo artístico, la cual no puede considerarse como un documento; supuestos que no se podrían utilizar para configurar el tipo penal de falsificación de documentos, ya que no pueden modificar la información original del documento, y si en determinado caso se pudieran realizar otras alteraciones entonces ya se estaría frente a otros tipos penales tales como el fraude, el abuso de confianza, la extorsión o el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Asimismo, respecto la propuesta de elevar las penas se considera inviable, ya que los argumentos señalados no justifican dicho incremento, ya que el derecho penal sólo tutela determinados bienes jurídicos, si se atiende al principio de ultima ratio conforme al cual sólo los ataques a los bienes jurídicos que la sociedad tiene en más alta estima merecen la sanción más grave que se conoce en el orden jurídico nacional.

Motivo por el cual, la ley ha de aproximarse al hecho en concreto y específico para que la misma pueda ser interpretada y el hecho delimitado, además de valorarlo, con la finalidad de aproximar ambas realidades para aplicar la ley al caso concreto, ya que si se realiza la descripción del hecho delictivo se correría el riesgo de dejar algunas conductas delictivas, sin sanción.”

Cabe señalar, que como resultado del análisis a la opinión, so convino dejar la modificación sugerida por la legisladora al artículo 246,  por tratar de tipificar una conducta no establecida en dicho Código, ya que pretende sancionar al certificador y no al que utilice un documento apócrifo. Por lo demás, estas Comisiones consideran válidas las observaciones antes expuestas, y las hacen suyas.

6.Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 34 y 38; la definición del concepto prestador de servicios de certificación contenido en el párrafo tercero del artículo 89; el artículo 89 bis; el segundo párrafo del artículo 100; el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones I, II y III del artículo102; la fracción III del artículo 108 y,  el artículo 110; se adiciona un artículo 46 bis;  se incorporan las definiciones digitalización y sello digital de tiempo al párrafo tercero del artículo 89; un Capítulo I Bis denominado “De la Digitalización”, con los artículos 95 bis1, 95 Bis 2, 95 Bis 3, 95 Bis 4 y 95 Bis 5, al Título Segundo; un tercer párrafo al artículo  100 y, las fracciones IV, V, VI al artículo 101,  pasando la fracción IV actual a ser la fracción VII, del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante.

Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. 

Artículo 38. El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus operaciones, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos por un plazo mínimo de diez años.

Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la documentación relacionada con sus negocios, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 89. ..

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Digitalización: Migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

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Prestador de servicios decertificación :La persona o institución pública que preste servicios relacionados con firmas electrónicas , expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

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Sello digital de tiempo: el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado Sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

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...

Artículo 89 Bis. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.

Capítulo I Bis De la Digitalización

Artículo 95 Bis 1.Para el caso de los servicios de digitalización se estará a lo siguiente:

a. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante.

b. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante, y del prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido.

c. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho proceso, salvo prueba en contrario.

d. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares.

e. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial.

Artículo 95 Bis 2.En materia de conservación de mensajes de datos, será responsabilidad estricta del comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda llevarse a cabo en cualquier momento.

Artículo 95 Bis 3.En el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de certificación, se necesitará que éstos cuenten con acreditación para realizar sus actividades a que hace referencia el artículo 102 de este Código.

Artículo 95 Bis 4.En caso que los servicios de digitalización sean contratados a un prestador de servicios de certificación, éste presumirá la buena fe del contratante, así como la legitimidad de los documentos que le son confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que le sean solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de documentos.

Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, el contratante deberá firmar una cláusula de satisfacción del servicio prestado, y proceder a adjuntar su firma electrónica avanzada a la información.

Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información digitalizada, ésta no podrá surtir efecto legal alguno, y será de carácter meramente informativo.

Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnológico necesario, a fin de que, una vez digitalizado y entregado el documento electrónico a satisfacción del cliente, éste no pueda ser modificado, alterado, enmendado o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 95 Bis 4.Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de certificación que ofrezcan el servicio de almacenamiento de mensajes de datos, cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar razonablemente a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente consultada en cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza mayor o que no sean imputables al Prestador de Servicios autorizado.

Artículo 95 Bis 5.Para los efectos de este Título, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. Expedir y revocar las acreditaciones como Prestadores de Servicios de Certificación a que se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de este Código; y

II. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones de los prestadores de servicios de certificación.

Artículo 100. ...

I.a III. ...

Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos.

Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla respecto de uno o más servicios, a su conveniencia.

Artículo 101.Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo anterior, contendrán en su objeto social las actividades siguientes , según corresponda y de acuerdo con el servicio que pretenda ofrecer:

I.a II ...

III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los Firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;

IV. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial;

V. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos;

VI. Prestar servicios de digitalización de documentos; y

VII. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.

Artículo 102.Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a ésta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados,dentro de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad.

A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser Prestadores de Servicios de Certificación, se requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios servicios, a elección del solicitante, yno podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el entendido de que la Secretaría podrá requerir a los Prestadores de Servicios de certificación que comprueben la subsistencia del cumplimento de los mismos:

I.Solicitar a la Secretaría la  acreditación como  Prestador de Servicios de Certificación y, en su caso, de los servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la digitalización de documentos;

II.Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los servicios,a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad;

III.Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios,y medidas que garanticen la seriedad de los Certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso;

IV.a VII. ...

B)  ...

Artículo 108.Los Certificados, para ser considerados válidos, deberán contener:

I.y II. ...

III.La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el Certificado, razón social , su nombre de dominio de Internet ,dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante la Secretaría ;

IV.a VIII. ...

Artículo 110.El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen en este Código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría,previa garantía de audiencia, y mediante resolución debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones .Este procedimiento tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo .

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual VII a ser VIII, al artículo 246 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 246.También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243:

I.a V. ...

VI. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que supongan o falsifiquen un despacho de esa clase;

VII. El prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables, y

VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría expedirá, en un plazo de 360 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los procedimientos que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de las presentes reformas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 18 de marzo, de dos mil quince.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), María del Carmen Guzmán Urbán, Carlos Alberto García González (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Rubén Benjamín Félix Hays, Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica).

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Minjares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Lilia Garza Cadena. Adelante, diputada.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Gracias, diputado presidente. Primeramente buenas tardes a todos y a todas, compañeros diputados, lo primero que quisiera compartirles es que si bien esta iniciativa que origina este dictamen fue presentada a mi nombre, el mérito de este proyecto no es solamente mío. Agradezco el excelente trabajo del presidente de la Comisión, diputado Mario Sánchez Ruiz, así como la del presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, quienes avalaron y dieron confianza a la misma.

La iniciativa fue desarrollándose al interior de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación que presido y firmada por todos los legisladores que la conformamos. Además, fue firmada por compañeros de bancada, como el diputado Tomás Torres Mercado, Rubén Acosta Montoya, Carla Alicia Padilla Ramos.

Este proyecto forma parte de la agenda legislativa del Partido Verde y les agradezco a todos ellos por su confianza, así como a nuestro coordinador, el diputado Arturo Escobar y Vega, por el apoyo incondicional que siempre nos ha brindado.

De la misma forma trabajamos de la mano de la Secretaría de Economía, en concreto con el equipo de la licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad, quienes hicieron y quienes han ayudado en todos los aspectos técnicos de la misma y que la normalización, que va a ser necesaria realice la Secretaría de Economía, haga viable la presente iniciativa.

De misma forma ha estado involucrado el Sistema de Administración Tributaria y también ha trabajado con nosotros, a través de su administrador general de Comunicaciones y Tecnología e Información, el actuario Juan Manuel Galarza Mercado.

Quiero decirles que las modificaciones que proponemos al Código de Comercio van a permitir a los comerciantes que puedan destruir todos los documentos que ya han digitalizado, siempre y cuando la digitalización se haga conforme a las reglas que establece el propio Código, así como la Norma Oficial Mexicana que la Secretaría de Economía estará expidiendo en el plazo de un año.

Es decir, no queremos sacar el hilo negro de la digitalización. La digitalización hoy en día ya existe y la mayoría de las empresas conservan sus documentos digitalizados. Hay que recordar que el Código de Comercio vigente, en el artículo 38, obliga a todos los comerciantes a conservar hasta por diez años todos los documentos referentes al negocio.

Lo que significa, que si bien la tendencia al día es que los documentos nazcan digitalizados, tenemos toneladas y décadas de papel que están todavía en espera de cumplir estos diez años, como lo mandata actualmente el Código de Comercio.

En esta iniciativa también es importante recalcar, que en ningún momento obliga a los comerciantes a ir hacia la digitalización, simplemente les está dando la opción de digitalizar.

¿Cuál sería la diferencia? Que se están haciendo también modificaciones en el Código de Comercio, que van a avalar a los documentos digitalizados de acuerdo a los protocolos y a las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Economía, con validez legal.

¿Qué significa? Seguimos la tendencia global y la tendencia de nuestro sistema de justicia, de que cada vez los procesos judiciales sean más expeditos, sean más ágiles y puedan realizarse en instancias digitalizadas.

Como parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde, también quiero resaltar que éste es un proyecto que se une a las diversas iniciativas verdes, ya que nos preocupa, por ejemplo, que para producir una tonelada de papel virgen, que éste es otro de los grandes beneficios, para producir una tonelada de papel virgen que no contenga material reciclado se consumen alrededor de 2 mil 400 kilogramos de madera, lo que es equivalente a 17 árboles.

Hablando también de mejores prácticas ambientales, tenemos que conocer que para producir una sola tonelada de papel se emplean 150 mil a 200 mil litros de agua y 7 mil kilowatts por hora.

Si bien sabemos que uno de los recursos que hoy más que nunca tenemos que optimizar, es el agua, la no utilización o la reducción gradual del papel nos llevará a optimizar el uso de este preciado líquido.

Además, en la producción de papel se generan resinas ácidas altamente tóxicas, que son muy difíciles de biodegradar. También se producen emisiones de azufre y la producción de papel siempre ha sido asociada al incremento de las lluvias ácidas.

Con estos datos en mente imaginemos cuántas toneladas de madera, cuántos miles de litros de agua, cuánta energía eléctrica y cuántos desechos tóxicos se han generado a través de los años para que los comerciantes puedan mantener impresos y almacenados, hasta por 10 años, todos sus documentos relativos al negocio, como es que lo ordena el Código de Comercio actual.

De tal forma que este dictamen, en primera instancia, a este dictamen en primera instancia le vemos dos grandes beneficios. En primer lugar, evitar el enorme impacto negativo al medio ambiente que el consumo del papel genera, por lo que decidimos proponer una alternativa tecnológica que le permita a los comercios de todos los tamaños, que esto es muy importante recalcarlo, esta iniciativa aplicaría tanto para los pequeños o micro comerciantes como para las grandes empresas o empresas globales, puedan reducir el uso de papel y se conviertan en empresas verdes.

Y al mismo tiempo abatan los costos, porque en la administración de toneladas de papel es un costo de los más altos que conlleva la creación de un negocio.

Muchas veces, cuando se piensa en costos, la administración que conlleva el archivar y la administración que conlleva el administrar y tener correctamente al día toda la documentación de una empresa es un costo muy alto para la generación y las utilidades de las mismas. Además, logramos que nuestras empresas se introduzcan en lo que llamamos la Agenda Digital.

Hay que recordar, en el mundo globalizado y en el mundo de la competitividad: a un país para que sea competitivo también se le mide por el grado de digitalización y de tecnología que maneja.

Es una realidad en que encontramos dos grandes beneficios: uno en el buen uso del medio ambiente y el segundo en la optimización de recursos, el tercero en poner la agenda digital judicial, pero también el mundo, las tendencias globales y las mejores prácticas están obligando a que los países que se consideren competitivos para poder invertir en ellos, un gran diferenciador es el grado de tecnología y de simplicidad en sus procesos.

Concluyo, señor presidente. Es por esto que los invito a que voten a favor de la presente iniciativa. Ésta es una iniciativa que creo nos lleva al mundo de la agenda digital, pero al mismo tiempo también optimiza recursos y genera buenas prácticas en el medio ambiente. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

Se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos para fijar su postura, a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de Agrupación Morena. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras, compañeros legisladores. Llama la atención que ahorita se pretenda adoptar un dictamen en pro del medio ambiente y del ahorro del papel, una iniciativa del Verde, con base a nada más decir que se van a digitalizar documentos a pesar de que se establece en la propia iniciativa en el artículo 34, de que van a poder seguir conservando los documentos en papel en los archivos.

Su servidora en alguna temporada presentó los exámenes y podía haber actuado como corredora pública. En este sentido cabe agregar que todos los documentos de los comerciantes son de especial relevancia.

No son documentos privados que son elegidos al azar y que puedan digitalizarse. Se pueden digitalizar y está la opción, pero no por eso se van a perder todos los documentos que se conservan en papel, que son base no solamente en algunos casos para instrumentos públicos que pasan por la fe pública de los notarios o de los corredores y que también son base para el pago de obligaciones fiscales.

Si se hubiera querido presentar un buen dictamen hubiera recomendado a nuestra compañera legisladora que se acuciara al estudio de las reglas de Uncitral que se tienen para todo lo que es la cuestión de comercio electrónico y también para la digitalización de documentos o, en su caso, si no hubiera entendido estas reglas del Uncitral, a las de Unidroit.

El comercio electrónico, la digitalización de documentos están bastante perfeccionados en otros sistemas jurídicos; pero no, en el caso de México seguimos haciendo productos legislativos no de mala calidad; pésima calidad. Morena votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos al diputado Roberto Jiménez del Ángel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputado.

El diputado Roberto Jiménez del Ángel:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Roberto Jiménez del Ángel: Compañeras y compañeros legisladores. Las reformas y adiciones que estamos por aprobar están dirigidas a contribuir con los comerciantes y pequeños empresarios para que incorporen la digitalización y conservación de documentos en forma electrónica en sus negocios.

Esto, con la finalidad de hacer más eficientes sus procesos, reducir costos de impresión y fotocopiado, así como brindar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las solicitudes de información que les sea requerida por las autoridades tanto administrativas como judiciales cuando corresponda.

Es necesario que los comercios puedan llevar los libros de cuentas de forma más eficiente y uniforme. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos necesario adecuar el Código de Comercio a fin de incorporar las nuevas tecnologías a los procedimientos que de ellos se deriven, en este caso a la contabilidad mercantil.

La opción que se da a los comerciantes para conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso o en medios electrónicos o de cualquier otra tecnología limitándose únicamente a que se observe lo establecido en la norma respectiva.

Ésta es una forma de hacer más eficiente la contabilidad, no sólo para la autoridad, sino –sobre todo– para los mismos comerciantes. Para ser más clara la reforma incluye las definiciones pertinentes y se otorga a los prestadores de servicio de certificación la facultad de prestar servicios como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos.

Otra virtud de esta reforma es que se concede valor aprobatorio a los mensajes de datos, otorgándoles la misma validez jurídica que los documentos impresos, por lo que será más sencillo conservar los libros de contabilidad en orden con la certeza de que si se cumple con lo establecido en las disposiciones del propio código, estos tendrán plena validez.

La modernización y la digitalización son formas de coadyuvar a que se haga más eficiente y rentable almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de documentos. Por ello consideramos conveniente hacer esta reforma y así contribuir a una reducción de costos y procesos para los emprendedores.

La propuesta contiene una reforma al Código Penal Federal en la que se establece una sanción para aquellos prestadores de servicios de certificación que realicen actividades sin contar con la respectiva acreditación.

Con lo que se previene que se lleven a cabo acciones sin contar con el consentimiento del comerciante.

En Nueva Alianza siempre nos hemos manifestado a favor de la modernización y el fomento del uso de nuevas tecnologías, por ello el pasado 16 de abril presentamos una iniciativa que pretende incorporar a la Ley de Procedimiento Administrativo y al Código de Comercio, disposiciones que permitan el uso de correo electrónico certificado. Con esta acción se busca que el correo electrónico pueda ser utilizado como medio de notificación oficial entre los particulares y la Administración Pública Federal.

Tanto el dictamen que estamos discutiendo, como la propuesta que hemos presentados, comparten el mismo propósito, contribuir a la eficacia en la actividad económica, la solución de conflictos y a sustentar mejor los procedimientos para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por tal motivo en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tenemos la certeza de que esta reforma no sólo es pertinente, sino necesaria para fortalecer la seguridad jurídica en materia contable para los comerciantes. En consecuencia, nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Jiménez del Ángel. Diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro país a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que desee siendo lícito, como bien lo establece nuestra Carta Magna como derecho humano fundamental, por lo que el Estado mexicano debe de ser garante de este derecho constitucional y otorgar las facilidades necesarias que hagan accesible a todas y todos los mexicanos este derecho.

En este sentido se deben implementar las políticas públicas favorables, para que en el actuar de las y los ciudadanos durante el desarrollo de sus actividades laborales, les permita cumplir con las obligaciones que previamente las normas no se establecen, garantizando con ello el Estado de derecho que México requiere.

Ahora bien, una de las obligaciones que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, que dedican su vida a la actividad económica del comercio, es también cumplir con las obligaciones administrativas y fiscales, que se encuentran reguladas en la legislación de la materia, por lo que el dictamen que se pone a consideración de esta soberanía facilitará de forma importante a dicho sector de la población, pues facilita el cumplimiento de estas obligaciones con la incorporación y aplicación de las nuevas tecnologías.

Aunado a lo anterior, este proyecto de decreto que hoy se discute otorgará a las y a los comerciantes la opción de digitalizar y conservar sus documentos en forma electrónica, lo cual generará un beneficio no sólo personal y administrativo, sino también permitirá y coadyuvará al cuidado ambiental, pues con ello se reducirá considerablemente el consumo del papel en nuestro país, en razón de que el Instituto Nacional de Recicladores señala que en México el consumo de papel asciende a 100 kilogramos por habitante al año, por lo cual es innegable la trascendencia del proyecto de decreto para contribuir al mejor manejo administrativo de la información en la actividad comercial y también al propiciar y a incentivar el cuidado ambiental.

En este contexto, facilitando el cumplimiento de las obligaciones administrativas y fiscales de los comerciantes, así como propiciar beneficios ambientales, es necesario que se reformen y adicionen estas diversas disposiciones de los Códigos de Comercio.

Asimismo, es importante precisar que los documentos digitalizados tendrán la misma certeza de legalidad que los documentos físicos se les reconocen, por lo tanto podrán ser admitidos como pruebas en los procesos judiciales y administrativos que se requieran.

Por ello, el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano votará a favor de este proyecto de decreto, que generará estas acciones que me he permitido comentar. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, doctor Coronato. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil. Hasta por cinco minutos, diputada Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. La iniciativa que hoy votaremos es un proyecto de decreto que tiene como objetivo contribuir a que las sociedades mercantiles agilicen y optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento y conservación de la diversa documentación generada en el desarrollo cotidiano de sus actividades.

Se reforman los artículos 34 y 38, como se ha comentado, para que se incluya la definición del concepto prestador de servicios de certificación de contenidos, y en el párrafo tercero del artículo 89 se incluyen fracciones distintas y diversas en los artículos 110, 46 Bis y 102, que incorporan la definición de digitalización y sello digital de tiempo.

Se coincide con que los comerciantes tengan la posibilidad de beneficiarse de la introducción de sus negocios a los avances tecnológicos en materia de digitalización y conservación de documentos en formato electrónico.

Actualmente existe una tendencia global hacia la digitalización. La digitalización aumenta la productividad de las empresas al facilitar el acceso a los documentos que además pueden ser visualizados simultáneamente. Con la digitalización de los documentos que las empresas archivan de sus actividades cotidianas, se reducirán costos, menor uso de papel, tinta, recursos humanos para archivar grandes cantidades de documentos, logística de envío de documentos y correo físico.

Se ahorra tiempo en virtud de que posteriormente la búsqueda de la información archivada se puede realizar con mayor facilidad que cuando es en papel. La digitalización de documentos aumenta la eficiencia en la empresa, reduce los gastos, favorece la productividad de los empleados y contribuye con el medio ambiente, al librarse de las ataduras del papel. La información, además, queda asegurada de por vida, adaptada y actualizada.

Las sociedades mercantiles podrán consultar los documentos en cualquier momento a través de distintos medios digitales, como notebook, teléfonos móviles y PC de escritorio. Podemos entonces compartir los documentos de manera rápida, utilizando servicios online como redes sociales y cuentas de correo.

Así pues, esta reforma ayuda a que el acceso de los usuarios, pueda ser controlado pueda ser accesado por cualquier persona y también a la eficiencia de las empresas. Enhorabuena por esta iniciativa enhorabuena por esta aprobación que el día de hoy se dará a la misma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina. Hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina:Gracias, presidente diputado, con su venia. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. En la era actual de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha tenido lugar desde las postrimerías del siglo pasado, y ya entrados en la mitad de la segunda década del siglo XXI, sigue su paso arrolladoramente ascendente.

En el transcurso de este proceso ha permeado a todos los sectores productivos de las comunicaciones, las telecomunicaciones, la enseñanza, el diseño, la investigación, la cultura, los medios de comunicación, el cine, la agricultura y algunas otras que en este momento escapan a mi memoria.

El torno del almacenamiento de la información de los negocios no puede ser la excepción. En este orden de ideas, el dictamen en comento busca establecer que los comerciantes estén en posibilidades de realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la documentación relacionada con sus negocios en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología atendiendo a la normatividad que se deriva de la norma oficial mexicana sobre la digitalización y conservación de mensajes de datos para el efecto emita la Secretaría de Economía.

Esta medida exigirá de nuevas habilidades y conocimientos, por ejemplo para la selección de productos y equipos, programas, software apropiados para el universo de las organizaciones. Abre la puerta para que los actuales prestadores de servicio incrementen su oferta de productos y prestaciones. Es decir, estimula la demanda en el mercado interno.

Por todo ello, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD saluda y da la bienvenida a este planteamiento, pues su aplicación en el recorrido de algunos años redundará en la alineación y modernización de la operación, gestión y administración de los negocios.

Asimismo, al introducir los avances tecnológicos a las diferentes sociedades mercantiles, crea las condiciones para que se combinen conjuntamente los conocimientos, prácticas y experiencias empresariales, así como la infraestructura de tecnología de información de una organización y dotando de más habilidades y conocimientos a las personas que lo lleguen a utilizar, lo que hoy en día mundialmente se denomina, cómo hacer.

Ello sin duda será uno de los elementos que en asociación con muchos otros ingredientes potenciarán el incremento sinérgico de la productividad, ingrediente que tanto hace falta a nuestra estructura económica.

De converger la mayor parte de los factores económicos e institucionales, sociales y políticos, en pos del sendero del crecimiento, podrían redundar en hacer realidad la esperanza de revertir la trayectoria insatisfactoria del crecimiento económico, observado en los últimos 35 años, que apuradamente supera el 2 por ciento, por lo que ha generado tanto pobreza y subdesarrollo en este país.

Finalmente, como corolario diría, que más que medidas punitivas con las reformas al Código Penal Federal, se busca prevenir y desalentar el uso indebido de documentos que no contribuyen a alcanzar el objetivo trazado en este dictamen. Es por eso que los diputados del PRD votarán a favor ante esta iniciativa. Por su atención, gracias, compañeros legisladores. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Mora. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares:Muy buenas tardes. Con la anuencia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputada.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares: Gracias, presidente. La tecnología constituye ese conjunto de conocimientos que utilizados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, tanto esenciales como no esenciales, son sumamente importantes en la vida empresarial y comercial. Ningún sentido tendría el desarrollo de la tecnología si no es para hacer más fáciles nuestras vidas.

La tecnología ha permeado todas las actividades del ser humano. Una de ellas es la actividad comercial. Un oficio tan antiguo como el hombre mismo. Resulta necesario que los comerciantes de nuestro país puedan utilizar la tecnología disponible en su favor, y que a su vez exista un marco jurídico que les permita aprovecharse de ésta y desarrollar, de esta manera, su actividad, siempre para beneficio.

Mediante el proyecto que hoy se discute se pretende contribuir a que las sociedades mercantiles agilicen y optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento y conservación de la documentación generada en el desarrollo cotidiano de las actividades empresariales y comerciales.

Coincidimos con la diputada proponente en la importancia que representa que los comerciantes tengan la posibilidad de beneficiarse de la introducción en sus negocios de los avances tecnológicos en materia de digitalización y conservación de documentos en formato electrónico, sobre todo, a fin de hacer eficientes sus procesos, ahorrar espacios y, por supuesto, ahorrar en costos de impresión y fotocopiado, y sobre todo, brindar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las solicitudes de información que les sean requeridas por las autoridades tanto administrativas como judiciales, porque sabemos muy bien que a la postre suelen venir algún tipo de requerimientos o investigaciones y siempre es importante contar con este tipo de sustentos.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 5, reconoce el derecho a la libertad comercial siempre y cuando sea lícita.

En concordancia con lo anterior, la propuesta que hoy se discute pretende dar la posibilidad de que los comerciantes que así lo deseen puedan digitalizar la documentación y comprobantes que la ley les obliga, a fin de conservar, con motivo de su actividad comercial, facilitando y asegurando así su resguardo y permitiéndoles, sobre todo, ahorrar tiempos y recursos en esta tarea.

Como consecuencia, es menester que las autoridades reconozcan y den validez a los documentos digitales y a los medios electrónicos que contienen la información en posesión de los particulares.

Por otro lado, consideramos acertada la propuesta de sancionar a aquellos sujetos que pretendan engañar a los comerciantes y al público en general, haciéndose pasar por certificadores sin estar facultados por la ley.

En tal virtud, consideramos relevante las reformas que hoy se discuten tanto en el Código de Comercio como al Código Penal Federal. En el Partido Acción Nacional hemos impulsado las reformas que le permiten al ser humano desarrollar todas sus libertades.

Congruentes con lo anterior hemos apoyado las iniciativas que permitan a las personas ejercer la libertad de comercio, así como aquellas que les permitan facilitar sus actividades comerciales tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Es por ello que la bancada de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen que hoy se discute. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Yamamoto Cázares. Para fijar en el apartado de posturas, tiene el uso de la palabra, la diputada Elizabeth Flores Vázquez, precisamente para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.

La diputada Elizabeth Flores Vázquez:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Elizabeth Flores Vázquez: Compañeras y compañeros diputados, no debe menospreciarse el avance de las tecnologías, informáticas y comunicativas en nuestra actualidad, las cuales han adquirido un papel sumamente importante alrededor del mundo y la sociedad mexicana.

Es así, que con el surgimiento de nuevas tecnologías y su uso se ha abierto un abanico de posibilidades y acciones que aterrizan en nuestra realidad, surgiendo de esta forma nuevas oportunidades de desarrollo y formas de contacto. A la par de estos procesos, también se han creado connotaciones, efectos y consecuencias en el mundo jurídico, por lo que el dictamen que nos ocupa en este momento adquiere una gran relevancia.

Es cierto, México debe continuar integrándose a los métodos para hacer más eficiente el comercio y la industria y todos aquellos procesos en que los avances de las tecnologías de la información y la comunicación lo inserten cada vez más en la sociedad del conocimiento.

Estos avances tecnológicos no deben ser frenados, por el contrario, su empleo y aprovechamiento responsable debe ser alentado con miras a la obtención siempre de efectos positivos como lo son, entre otros, el aumento de la productividad, la aceleración en la transmisión de datos y el almacenamiento de grandes cúmulos de información en espacios físicos más pequeños, vislumbrando con ello un camino a la sustentabilidad ambiental.

Además, las nuevas tecnologías se ven caracterizadas por permitir la comunicación bidireccional, simplificar procedimientos al automatizarlo y sistematizarlo lo que manifiesta un elemento de contribución para la optimización de los procesos llevados a cabo por las sociedades mercantiles agilizando con ello el desarrollo cotidiano de sus actividades, dando pauta así a la integración de procesos tecnológicos en otras esferas de nuestra realidad mexicana.

Esta iniciativa adquiere sustento a la par del avance de los sistemas tecnológicos y las consecuencias derivadas de su uso, por lo que pone de manifiesto que las perspectivas de derecho deben ahondar en la regulación de tales usos y procesos con el fin de aprovechar su potencial y evitar arbitrariedades, generando a su vez nuevos canales de protección ante nuevos supuestos surgidos con relación a la implementación de las tecnologías informáticas en todos los ámbitos, y coadyuvar a su vez en la integración de una cultura de sustentabilidad ambiental al permitir a los comerciantes el almacenamiento de la información en elementos electrónicos en sustitución del papel.

Es irrefutable que las comunicaciones y el almacenamiento de datos de forma electrónica son una realidad tal y como lo es el comercio electrónico, y con ello todas las implicaciones que se tienen, incluso los abusos en las transacciones comerciales y la posible configuración de delitos como es el fraude, el abuso de confianza y la falsificación de documentos.

El dictamen que en este momento se nos plantea está íntimamente relacionado con la realidad nacional porque pretende que los comerciantes se vean beneficiados de la introducción en sus negocios de los avances tecnológicos en comento, sobre todo a través de la conservación y digitalización de documentos en formato electrónico. De la misma manera persigue inhibir la falsificación electrónica y las prácticas ilícitas relativas.

Es por esta razón que la aprobación de este dictamen en sus términos colaborará sin duda alguna con la eficiencia en los procesos comerciales, el ahorro de espacio y recursos económicos y el tiempo de respuesta de información solicitada a los comerciantes por parte de las autoridades administrativas o judiciales, disuadiendo además las prácticas ilegales en relación a estos datos. Por tal motivo nuestro voto será a favor de este presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

Se le concede el uso de la tribuna –para pronunciarse a favor del dictamen, hasta por tres minutos– al diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de agrupación Morena. Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Como aquí se ha comentado, la propuesta expositiva ayuda sin resolver las problemáticas de fondo. Sin embargo hay que reconocer que las comisiones han estado trabajando para apoyar a este sector que es el promotor real del empleo y de la economía en nuestro país.

Quiero aprovechar para comentar brevemente acerca de algunos acontecimientos que se han dado en la delegación de Coyoacán, donde se me ha imputado la conducta de participar en manifestaciones en contra de la falta de atención de las autoridades en el tema de la seguridad pública y de un supuesto extravío o robo de niños en Coyoacán.

Primero quiero decir que no hemos participado en ningún momento en una manifestación de estas características, y hemos enviado los desmentidos correspondientes al periódico La Crónica, que agradezco que el día de hoy la haya publicado, aunque nuevamente dolosamente menciona mi participación el periódico La Razón, Milenio.

Hemos pedido derecho de réplica a Joaquín López Dóriga y a Ciro Gómez Leyva, y no se nos ha dado esa oportunidad. Sin embargo, el jefe de gobierno del Distrito Federal, tomó como cierta información no confirmada, y hago ante esta asamblea y ante usted diputado presidente y la Mesa Directiva, responsable a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de esta ciudad y al ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, de cualquier agresión en contra de militantes voluntarios de Morena.

Se ha querido enturbiar el proceso, toda vez que los tinacos...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Sí, diputado. Adelante.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Compañeros diputados, les pediría respeto al orador. Asimismo, diputado le pediría también se apegara al tema, por favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. Como se han dado cuenta que en Coyoacán y en la ciudad no funcionan los tinacos que están regalando, no funcionan las despensas que están regalando, no funcionan las promesas de tarjetas de todo tipo que están prometiendo, pues ahora están inventado esta cortina de humo en contra de Morena.

Y repito, responsabilizo a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, por cualquier agresión. Eso no corresponde a un gobierno de izquierda. Eso no corresponde a un gobierno abierto. Eso no corresponde a una conducta de un demócrata. Miguel Ángel Mancera tiene que confirmar la información antes de emitir una condena en contra de mi persona o en contra de cualquier integrante de Morena.

Es cuanto, diputado presidente y no sabe cómo le agradezco la tolerancia que en el gobierno del Distrito Federal, al parecer, y menos en el PRD, existe. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para pronunciarse en pro, hasta por tres minutos.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: mucho hemos propugnado porque en México se inserte en la modernidad y en todo lo que tiene que ver con la vanguardia tecnológica. Necesitamos hoy de manera impostergable hacer uso de los medios tecnológicos y electrónicos que están a nuestro alcance para el desarrollo de nuestro país. Ya lo estamos haciendo en el Poder Judicial con los juicios en línea, que han desde ya revolucionado la impartición de la justicia en México.

Igualmente los procesos hacendarios están cada vez más enfocados a los avances tecnológicos para facilitar la presentación de las declaraciones a los contribuyentes. Sería negligente si permaneciéramos apacibles y no aprovecháramos los beneficios de los avances tecnológicos.

Es por eso que estamos discutiendo este dictamen y reconocemos de manera indubitable el papel que juegan los procesos innovadores para el desarrollo de este país. Es por eso que desde esta tribuna estamos impulsándolos con su correcta implementación para que coadyuven en los procesos económicos y comerciales, y construyamos juntos el camino para que se abunde en la implementación de la tecnología. Este dictamen moderniza las regulaciones de comercio y permite que los empresarios y los comerciantes, que son el motor económico de este país, se vean beneficiados con este nuevo marco jurídico.

Es por eso, compañeras y compañeros, porque a lo que a todos nos interesa es la reactivación de la economía y el crecimiento de los empleo bien remunerados de este país, que los exhortamos para votar en favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Salvador Romero.

En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciérrese el sistema.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Erica del Carmen Velázquez Vacio (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se emitieron 362 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia hace el siguiente pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra. El 22 de abril se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Madre Tierra desde hace 45 años, cuando en 1970 se promovió dicha iniciativa con el propósito de crear una conciencia común a los problemas ambientales para proteger el planeta.

La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, firmada en 1992, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, estableció que la efeméride debe fomentar la responsabilidad con la armonía de la naturaleza y la tierra.

Es importante mencionar esta fecha para hacer conciencia y compromisos concretos, con el propósito de que las acciones encaminadas a salvar el planeta, puedan hacer concurrente todos los esfuerzos necesarios. Por su atención, muchas gracias. El siguiente...

La diputada Lourdes Adriana López Moreno(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputada Lourdes López, ¿Para qué efecto?

La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Es respecto al día de la tierra, que en efecto es el 45 Aniversario, y quiero comentar que el lema de este año para la conmemoración del día de la tierra es justamente “hoy es nuestro turno para liderar el cambio”.

Y quiero leer textualmente un fragmento del mensaje de Ban Ki-moon, en Naciones Unidas: “Las grandes decisiones que tenemos por delante no corresponden sólo a los legisladores y a los líderes mundiales”.

Hoy, en este Día de la Madre Tierra hago un llamamiento para que todos nosotros seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones sobre el planeta y lo que esto supondrá para las futuras generaciones. Y lo que esto quiere decir, y lo comento a todos mis compañeros, es que depende de todos y cada uno de nosotros tomar acciones a favor del medio ambiente, de conservar nuestros recursos naturales y de contrarrestar los efectos del cambio climático.

No es una tarea de los gobiernos, es una tarea de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Lourdes López Moreno.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Para qué efectos, diputado Orihuela. Sonido a su curul, por favor. Sonido a la curul del diputado Javier Orihuela.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Igualmente, compañeros diputados y diputadas, que no pase desapercibido este día tan importante que es el Día Mundial de la Tierra. Una serie de medidas legislativas que aquí hemos tomado no son aquellas las que nos permitan hacer de la Tierra nuestra casa y poder mejorarla día a día.

Yo hago votos porque la próxima legislatura, la LXIII Legislatura pueda cambiar la Ley de Energía que hemos aprobado, donde solamente le traemos a la Tierra ese recurso tan importante para el desarrollo energético.

Hago votos porque la Ley de Aguas Nacionales se transforme en una verdadera ley que permita integrarle a nuestra madre Tierra el agua necesaria para humedecerla y no estarle extrayendo agua para trasvasarla a otras cuencas.

Hago votos también porque la Ley de Ahorro y Crédito Popular pueda permitir a millones de campesinos, indígenas acceder a los servicios financieros que hoy les ha sido negado por la banca comercial, para seguir trabajando la tierra.

Compañeros diputados y diputadas, el Día Mundial de la Tierra es muy importante y nosotros tenemos la obligación de definir políticas públicas que nos permitan permanentemente cuidar la Tierra, cuidar sus recursos naturales, cuidar el agua, cuidar los bosques. No permitir que con el afán económico se contaminen nuestros ríos y barrancas, nuestros manantiales y que jamás permitamos la extracción rapaz de nuestros principales recursos como es el petróleo. Ojalá hagamos consciencia y podamos transformar al Poder Legislativo en un verdadero Poder Legislativo de la sociedad mexicana para defender a nuestra madre tierra. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

VOLUMEN II

EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.(*)

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Charleston Hernández, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Charleston Hernández:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Charleston Hernández: Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Hacienda de esta Legislatura, vengo el día de hoy a fundamentar el dictamen que se votó por unanimidad hace algunos días y que es el resultado de una serie de reuniones de intenso trabajo por parte de un grupo de diputados y de senadores para poder fortalecer el sistema financiero popular, pero también para crear los mecanismos y los instrumentos legales para ayudar a los miles de ahorradores que fueron defraudados por la sociedad financiera popular conocida como Ficrea.

Esta nueva ley, amigas y amigos, pretende asegurarse de que las entidades del sector de ahorro y crédito popular no se desvíen de su objeto y operen con solidez, limita los saldos de ahorro permitidos en el sector, fortalece el gobierno corporativo de los intermediarios, establece también una regulación prudencial diferenciada en función de riesgo de las instituciones y prohíbe la creación de entidades no autorizadas, fortalece los mecanismos de supervisión para fomentar el sano desarrollo de las entidades del sector, así como elimina la supervisión auxiliar de las sociedades financieras populares (Sofipos) que se hace a través de federaciones formadas por ellas mismas, creando así un conflicto de interés que en nada podía ayudar a los mismos ahorradores que confían sus recursos en estas sociedades.

Se amplían las opciones para atender de forma expedita y eficiente a las entidades en problemas, ya que se va a poder implementar uno o varios de los mecanismos de resolución, fusión, escisión de solución y liquidación.

Establece que el seguro de depósito para ahorradores del sector de ahorro y crédito popular será administrado por un fideicomiso público controlado por el Estado. Se establece además que se trabajará en una eventual transición para que dicho seguro de depósito sea administrado por el IPAB en un futuro.

Este grupo de trabajo, amigas y amigos, donde estuvieron varios diputados que el día de hoy se encuentran con nosotros, como el diputado Fernando Belaunzarán, el diputado Humberto Alonso Morelli, la diputada Sanjuana Cerda, entre otros y el diputado David Pérez Tejada con varios senadores fue un grupo plural que tenía un solo objetivo que era crear precisamente los instrumentos legales para ayudar a estos ahorradores y sobre todo fortalecer la supervisión para que éste tan importante sector siga actuando y siga llegando a quien tiene que llegar.

Es importante mencionar que en las reuniones que se tuvieron de trabajo con los ahorradores con las federaciones y con las autoridades, éstas últimas siempre mostraron la disposición y la apertura para que los representantes populares tuvieran precisamente todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta ley que el día de hoy votaremos, ésta nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular y las demás que se van a reformar.

La Secretaría de Hacienda mostró en todo momento esa sensibilidad con el tema y agradecemos desde esta tribuna ese apoyo que brindó a los legisladores de todos los sectores. Mención aparte hay que hacerle a la presidenta de la Comisión de Hacienda, a la diputada Aurora Aguilar, quien también mostró mucha apertura para poder llevar a cabo el dictamen que el día de voy votaremos.

Amigas y amigos. Los y las diputadas en esta ya de por sí gran Legislatura, histórica Legislatura, seguimos dando cuentas a la gente de que cuando podemos y tenemos un solo objetivo, que es ayudar a las personas que nos dieron la confianza de su voto, podemos llevar a cabo reformas que vayan encaminadas a lograr el fortalecimiento de diferentes ámbitos y, en este sentido, del sistema financiero popular.

Es nuestra labor seguir vigilando que estas sociedades actúen de manera correcta, que las sigamos fortaleciendo, sí, pero que también vayamos con una educación financiera que le permita a la gente poder tomar mejores decisiones en el momento de que confía sus ahorros a este tipo de instituciones.

Amigas y amigos, en este sentido estoy muy contento de que todos los grupos parlamentarios hayamos votado a favor el dictamen que el día de hoy se presenta ante esta soberanía y estoy seguro de que avanzaremos precisamente en este fortalecimiento del sector financiero popular. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. En virtud de que las propuestas de modificación al dictamen por parte de la comisión se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, en consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Para presentar moción suspensiva se le concede el uso de la tribuna –hasta por cinco minutos– a la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputada. Esta Presidencia hace del conocimiento que ha sido retirada la moción suspensiva.

Como ha sido práctica en esta Legislatura esta Presidencia permitirá la presentación de dos mociones suspensivas y en seguida procederá a ponerlas a consideración de la asamblea en un solo acto.

Para tales efectos le conceso el uso de la tribuna –hasta por cinco minutos– al diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Javier Orihuela García:Compañeras y compañeros diputados, su servidor –como diputado federal por el segundo distrito del estado de Morelos– tengo la obligación de subir a esta tribuna a petición de nuestros compañeros de Jiutepec, Zapata y de Temixco, que es el distrito, y que muchos de ellos son integrantes de la Caja Popular de Ahorro y Préstamo, yo también soy un socio de esta caja popular, y hemos estado a lo largo de mucho tiempo promoviendo un proyecto que ya es una realidad para constituir un sistema que les permita a millones de campesinos e indígenas acceder a los servicios bancarios, a los servicios de ahorro, a los servicios de préstamo.

Y quiero informarles que en nuestro país hay un gran proyecto que está abajo, que está en los ejidos, que está en las comunidades alejadas de los servicios financieros, de los servicios informáticos y que se han dado la organización para crear sociedades financieras comunitarias donde la ganancia no es el objetivo.

Donde el objetivo es crear condiciones para el desarrollo de las comunidades, para acceder a estos servicios de los cuales la banca comercial no los atiende, no les interesa. Y hoy que vamos a discutir esta ley, en donde el Estado mexicano se erige como el garante nacional de la protección a los ahorradores, estamos de acuerdo en que se ejerza de manera amplia, pero que se castigue a aquellos que han defraudado a los ahorradores de buena fe, pero que no paguen justos por pecadores.

Lo que nosotros estamos promoviendo que se suspenda la discusión de esta ley para que se consulte a los cientos y miles de cajas populares, a las muchas sociedades de financiamiento comunitario se les consulte cómo podemos llegar a un sistema financiero en donde estén integrados millones de campesinos e indígenas, y que hoy con esta ley, estarían no solamente marginados, sino cercenarían sus esfuerzos de años por ir construyendo este sistema financiero comunitario del cual estoy seguro que la mayoría de nosotros no lo conocemos a fondo.

Por eso estoy solicitando una moción suspensiva, para que se abra un debate con las organizaciones comunitarias financieras que han promovido estos servicios de crédito, de ahorro, para –miles– millones de campesinos, jornaleros, indígenas, que han sido excluidos del desarrollo nacional.

Así es que, presidente, quiero someter a su consideración la necesidad de suspender la discusión de esta ley; y se abra un periodo de discusión nacional con los pequeños ahorradores, con los pequeños sistemas comunitarios de ahorro, para garantizarles sus derechos, de manera que no se utilice el fraude de Ficrea para perjudicar a este gran sistema nacional comunitario de ahorro y préstamo que nos hemos dado millones de mexicanos ante la despectiva, ante la marginación del sistema financiero nacional. Muchas gracias.

«Moción suspensiva que presenta el diputado Javier Orihuela García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Javier Orihuela García, integrante del grupo parlamentario del PRD presenta moción suspensiva sobre el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; al tenor de las siguientes:

Motivación y justificación

1. El paquete de reformas sujetas a discusión, fue motivado por una falla grave en la regulación de un organismo privado de naturaleza financiera.  Cientos fueron defraudados por una mala supervisión de las autoridades encargadas de su vigilancia y ello ha obligado al Congreso a legislar sobre un tema sensible. Sin embargo, no se puede aprovechar el momento para afectar a las sociedades de ahorro y préstamo que dan servicios a los más necesitados.

2. Ha sido una larga intención la de meter a todas las sociedades, incluidas las pequeñas de naturaleza social, a un régimen legal que las colocaría en el riesgo de desaparecer, particularmente a las que brindan sus servicios en las comunidades y en el sector rural. Por ello creemos que la reforma que ahora se discute es precipitada. No nos oponemos a que se solucione el caso de los defraudados de Ficrea, pero no debe ser a costa de los demás organismos de esta naturaleza que mal que bien han cumplido con la ley.

3. Asimismo, no está claro que el fondo que se crea para respaldar a los defraudados sea financiado con la venta de activos de los dueños de Ficrea. Es el mismo esquema que se utilizó para aliviar el daño por el quebranto financiero provocado por el Fobaproa. Por eso creemos que la mayor parte del rescate lo pagarán los contribuyentes.

4. Una razón más para suspender la discusión del dictamen es la velocidad con la que se quiere aprobar. La iniciativa se presentó hace apenas una semana y ya se quiere votar. Se le pretende dar un tratamiento de iniciativa preferente. No hay motivo para ello; el problema debe atenderse con el debido cuidado y escuchando a todos los actores.

Por lo antes expuesto y fundamentado, se somete a consideración del Pleno la siguiente:

Moción suspensiva

Único.Se suspende la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se devuelve a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con objeto de que las violaciones al procedimiento legislativo se subsanen y se elimine el contenido regresivo del proyecto.

Atentamente

México, DF, a 22 de abril de 2015.— Diputado Javier Orihuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Con todo gusto la ponemos a consideración, una vez que concluya la siguiente oradora. Se le concede el uso de la tribuna para los mismos efectos, hasta por tres minutos, a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Me he inscrito para hablar en contra del dictamen que se ha puesto a discusión y votación. Las reformas que se han incluido en este dictamen aniquilarán aproximadamente al 50 por ciento del sector de ahorro y crédito popular, que contempla las figuras de sociedades cooperativas, de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias. La reforma a las leyes que incluye el dictamen fue impulsada por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supuestamente para resolver el asunto de Ficrea, sociedad financiera popular, al grado que hoy es conocida como la Ley Ficrea.

Fue firmada por miembros de la Comisión Bicameral integrada para investigar y atender el caso de Ficrea, y la Secretaría de Hacienda les vendió la idea de que esta reforma era la solución a la problemática de los quebrantos, hecho totalmente falso. Con esta reforma lo único que se está haciendo de ser aprobada, es encubrir las responsabilidades de los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda por no haber actuado como era su responsabilidad en el caso de Ficrea, para frenar el quebranto, fraude o lavado de dinero, porque no se han deslindado las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que incurrieron.

Antes de impulsar una iniciativa como ésta, que afecta a más de 6 millones de socios de las cooperativas y Sofincos, se debieron deslindar las responsabilidades de los funcionarios que tenían la responsabilidad de supervisar a Ficrea, por lo que ve la actividad de ahorro y crédito y a posibles hechos delictuosos de lavado de dinero u otros.

El informe de la Comisión Bicameral no establece de quién fue la responsabilidad en este caso y tampoco si faltó legislación, regulación o supervisión. Yo pregunto a los compañeros diputados aquí presentes, si tienen información sobre esta situación para que estamos conscientes de lo que hoy vamos a aprobar aquí o no.

Compañeros diputados, desde aquí me atrevo a afirmar que no todos los problemas del país se resuelven en automático emitiendo más leyes o implementando reformas a las ya existentes. Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda les vendieron la idea a los compañeros legisladores que firmaron la iniciativa que dio origen a este dictamen, que con esto se podían evitar los fraudes en las entidades del sector del ahorro popular, lo que es falso.

El asunto es más de fondo y tiene que ver con el sistema. ¿Acaso creen ustedes que Grecia o Estados Unidos no tienen leyes apropiadas para evitar los fraudes, y sin embargo siguen ocurriendo? Y no dejarán de existir mientras sigan llegando funcionarios ladrones a esos puestos.

Con esta reforma se va a afectar a más de seis millones de ahorradores cuyo origen es el quebranto, fraude o desvío de recursos, porque las autoridades no nos han aclarado qué pasó en esa sociedad que contaba con aproximadamente seis mil socios. Lo que sí ha quedado claro es que esta sociedad tenía ahorradores que no pueden ser de segunda, como el caso de los socios de las cooperativas.

En este decreto se están aprobando reformas para destinar recursos para los ahorradores de Ficrea hasta por el monto de un millón de pesos, cuando su fondo de protección sólo cubría lo equivalente a 150 mil pesos. Igual que muchos socios de cooperativas que han tenido que cerrar por no poder ser autorizadas. Igual que los ahorradores de Oaxaca de la mayoría de las cooperativas, aun teniendo lo que tuvieron solamente pudieron acceder a 170 mil pesos.

Igualmente se propone eliminar la figura de las Sofinco y los organismos de integración de estas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular que operan en zonas rurales e indígenas del país. Por lo anterior, solicito se suspenda la aprobación y se abra una etapa de consulta a las organizaciones que afectan, ya que no fueron consultados en su elaboración y presentación de la iniciativa. Muchas gracias.

«Moción suspensiva que presenta la diputada Gloria Bautista Cuevas, sobre el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con fundamento en los artículos 114, fracción IX, y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Gloria Bautista Cuevas, integrante del grupo parlamentario del PRD, presenta moción suspensiva sobre el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El dictamen que se somete a consideración de esta soberanía, deviene de un procedimiento viciado, que vulnera el artículo 85, numeral 1, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que, en su contenido, no existió un proceso de análisis, que señalara las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar, por el contrario, ni siquiera se consultó al sector cooperativo de este país.

La reforma a las leyes que incluye el dictamen, fueron impulsadas por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supuestamente, para resolver el asunto de Ficrea, Sociedad Financiera Popular, al grado que hoy es conocida como la Ley Ficrea.

Fue firmada por miembros de la Comisión Bircamaral integrada para investigar y atender el caso de Ficrea, y la Secretaría de Hacienda les vendió la idea de que esta reforma era la solución a la problemática de los quebrantos, hecho totalmente falso.

Con esta reforma lo único que se está haciendo, de ser aprobada, es encubrir las responsabilidades de los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Secretaría de Hacienda, por no haber actuado, como era su responsabilidad en el caso de Ficrea, para frenar el quebranto, fraude o lavado de dinero, porque no se han deslindado las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que incurrieron.

Antes de impulsar una iniciativa como esta, que afecta a más de seis millones de socios de las cooperativas y sofincos; se debieron deslindar las responsabilidades de los funcionarios que tenían las responsabilidades de supervisar a Ficrea, por lo que ve la actividad de ahorro y crédito y a posibles hechos delictuosos de lavado de dinero u otros.

El informe de la Comisión Bicamaral, no establece de quién fue la responsabilidad en este caso y tampoco si falto legislación, regulación o supervisión.

No todos los problemas del país se resuelven en automático emitiendo más leyes o implementando reformas a las ya existentes. Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda les vendieron la idea a los legisladores que firmaron la iniciativa que dio origen a este dictamen que con esto se podrían evitar los fraudes en las entidades del sector del ahorro popular, lo que es falso, el asunto es más de fondo y tiene que ver con el sistema, acaso en Grecia o Estados Unidos no tiene leyes apropiadas para evitar los fraudes, y sin embargo, siguen ocurriendo y no dejarán de existir.

Con esta reforma se va afectar a más de seis millones de ahorradores, cuyo origen es el quebranto, fraude o desvió de recursos porque las autoridades no nos han aclarado qué pasó en esa sociedad que contaba con aproximadamente seis mil socios.

Lo que sí ha quedado claro, es que esta sociedad tenía ahorradores que no pueden ser de segunda, como el caso de los socios de las cooperativas, en este decreto, se están aprobando reformas para destinar recursos para los ahorradores de Ficrea hasta por el monto de un millón de pesos, cuando su Fondo de Protección sólo cubría lo equivalente a ciento cincuenta mil pesos, igual que muchos socios de cooperativas que han tenido que cerrar por no poder ser autorizadas.

Más bien me parece que se quiere cubrir las responsabilidades de los funcionarios que debieron actuar curiosamente las penas y sanciones para los funcionarios responsables, en este dictamen se está atenuando y minimizando, y para los directivos y gerentes de las cooperativas y Sofincos se están incrementando hasta crear un catálogo de delitos graves, porque también contiene reformas al Código Federal de Procedimientos Penales.

Se repite la historia, recordemos la quiebra de Banrural y el quebranto bancario del año 1994 y, el consecuente rescate del año 1998, que se trató de una red de complicidades de funcionarios y directivos de los bancos, que para el grueso de la población jamás quedó claro lo que ocurrió, ni se deslindaron responsabilidades, sin embargo, se sigue pagando de los impuestos que aportamos todos los mexicanos. El partido que gobernaba en ese entonces hoy se encuentra de nuevo en el gobierno, tendrá algo qué ver eso, quisiera pensar que no, que son simples coincidencias.

El dictamen contiene los siguientes aspectos negativos para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo:

a) Se propone eliminar a las cooperativas de nivel básico que en la actualidad suman más de 380 en el país, situación que consideramos inviable, debido a que muchas de ellas se ubican en zonas pobres rurales e indígenas.

b) Cerrar la puerta para que nuevas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que nazcan y puedan operar, se deja la facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autorizar o no la constitución y puesta en marcha de una nueva cooperativa de ahorro y préstamo, es decir las nuevas tendrán que pedir autorización a ésta desde su creación.

c) Se elevan los requerimientos de capital para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas, y por ende a las que están en proceso de autorización o en cualquier otro esquema operando, se solicitarán ahora requerimiento de capital por riesgo operativo y por descalce de plazos entre los activos y pasivos de la cooperativa.

d) El proyecto de ley contiene aspectos discriminatorios ya que se prevé un esquema sólo para resarcir a los ahorradores de Ficrea distinto al de las cooperativas con un monto de hasta un millón de pesos, cuando los ahorradores de las cooperativas que han dejado de operar por no ser autorizadas sÓlo han recibido como monto máximo la cantidad de ciento setenta y cinco mil pesos.

e) Se modifica el esquema del seguro de depósitos de los ahorradores, que transitaría al IPAB, pero no se incrementan los montos que cubrirían en caso de quebranto, en relación con los ahorradores de otras instituciones.

f) Se pretende implementar en los consejos de administración de las cooperativas a la figura de consejeros independientes, lo que puede funcionar en una sociedad anónima, pero en la cooperativa lo consideramos inviable.

g) Se incrementan las sanciones y delitos, situación que consideramos grave porque se pretende criminalizar a los directivos y gerentes de las cooperativas y se establece delitos graves, situación que inhibiría la prestación de esta función en las cooperativas, pues reiteramos en el caso de los consejeros no reciben una remuneración.

h) Se amplía el esquema de regulación y supervisión más allá de la función del ahorro y préstamo, en contra de la filosofía, los valores y principios cooperativos que han inspirado al movimiento cooperativo en el mundo y que ha ayudado a generar aproximadamente mil millones de socios en el mundo que generan cien millones de empleos, un 20 por ciento más que la firmas multinacionales, según cifras al año 2012.

i) Igualmente, se propone eliminar la figura de la Sofinco y los organismos de integración de éstas, en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que operan en zonas rurales e indígenas del país.

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración del Pleno, la siguiente:

Moción suspensiva

Único.Se suspenda la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,  se devuelva a la Comisión de Hacienda, con el objeto de que se reponga el procedimiento y se realice el proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar.

Suscribe

México, DF, a 22 de abril de 2015.— Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, se desecha.

Se le concede el uso de la tribuna para fijar postura, hasta por cinco minutos, a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de agrupación Morena.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venía de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen que hoy se presenta está muy alejado de lo que el Sistema Financiero de Ahorro y Crédito Popular requiere.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obsesionados en imponer en un modelo regulatorio totalmente ajeno a organizaciones con un modelo financiero diferente al bancario.

En lugar de atender el problema de fondo, se empeñan en hacer parches y enmiendas que están muy distantes de dar certeza jurídica. Desde un principio quedó claro, que lo acontecido en la sociedad financiera Ficrea no fue producto de que no existiera regulación y mucho menos que no existiera lineamientos de supervisión. El verdadero problema fue, las omisiones cometidas por los funcionarios supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De tal suerte, que el producto que se buscaba era en tres vertientes. Primero, el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de estas dependencias que participaron al solapar este tipo de prácticas en la citada sociedad financiera.

Y en segundo lugar, hacer adecuaciones al modelo regulatorio, pero para normar la actuación de los funcionarios de aquí en adelante y evitar que se vieran nuevos casos de solapamiento o contubernio. Además, claro que está, de buscar un esquema que resolviera la problemática de quienes confiaron su dinero en Ficrea.

Sin embargo, para sorpresa, lo que hoy se presenta es todo un paquete de ampliación regulatorio para las Sofipos, que pertenecen a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero también para las uniones de crédito y las cooperativas de ahorro y préstamo. A éstas últimas, además, imponiéndoles un cambio sustancial al esquema regulatorio al que se vienen adecuando y por el cual estas organizaciones han invertido ya cantidades millonarias.

Por sí no fuera suficiente, el órgano regulador otorga facultades intromisorias en las cooperativas, que van más allá de regular la actividad de ahorro y préstamo, y por si fuera poco, aumenta la gravedad de los delitos y sanciones, pero para los cooperativistas.

La pregunta que debemos de hacernos es, ¿Cómo se llegó a esta situación? Y la respuesta es muy sencilla, por qué quien participó en todo momento en el proceso con la comisión fue precisamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, los responsables, o debo decir, los cómplices de lo sucedido en Ficrea.

También, del informe de las reuniones de trabajo de esta comisión bicamaral se desprende que para la elaboración de esa iniciativa se consultó a los representantes de las organizaciones sujetas a la Ley de Ahorro y Crédito, pero nunca al sector cooperativo y simplemente se justifican en una burda homologación que no tiene fundamento alguno, puesto que las Sofipo pertenecen al sector privado, pero las cooperativas de ahorro y préstamo son del sector social.

Los cooperativistas, por tanto, no fueron consultados ni tomados en cuenta, como ha ocurrido en las reformas a otros temas relacionados con este sector. Siendo importante señalar que la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo fue reformada sustancialmente, hace un año, por esta legislatura cuya reforma fue publicada el 28 de abril de 2014, y las cuales aún no prueban sus efectos en estas sociedades.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no solamente son los responsables del caso Ficrea, sino que además serán los responsables directos de haber impulsado políticas públicas como la anteriormente señalada y para la cual también cayeron en el incumplimiento al hacer caso omiso de las obligaciones por ley, dejando una enorme cantidad de cooperativas atrapadas en procesos de consolidación sin salida, sin opciones que sí se están dando en el sector privado.

Se dice que este sistema, el pago por parte del rescate de los adeudos generados por Ficrea y el pago a los pequeños ahorradores, por denominarlos de alguna manera, no se está creando un Fobaproa dos. Es falso, sí se está creando un Fobaproa dos.

En el caso del Fobaproa, el fideicomiso que precisamente creó, en ese entonces trabajaba en el Banco de México el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se hacían responsables del pago de los créditos, precisamente el Banco de México vía el fideicomiso, los cuales nunca cobraron.

Es la misma situación que se va a generar en este momento. Hacienda, con cargo a nuestros impuestos va a pagar este adeudo. Y finalmente dicen que no es un Fobaproa, porque luego van a hacer, vía factoraje, van a cobrar los adeudos. Es falso que no sea un Fobaproa dos.

Si a eso se le agrega, que además hay un trato discriminatorio, porque no cabe hacer la distinción entre pequeños y grandes ahorradores, es algo bastante discrecional que tampoco debemos permitir en aras a las garantías individuales contempladas en nuestra Constitución. Por todas las consideraciones antes señaladas, Morena votará en contra de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señora diputada.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Compañeras, compañeros legisladores, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea es el producto de un trabajo coordinado entre ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal y ciudadanos víctimas de un fraude inaceptable.

El caso Ficrea es un fraude por más de 5 mil 800 millones de pesos, que afectó a más de 6 mil 883 ahorradores que depositaron sus recursos y su confianza en esta sociedad financiera popular y que hoy se ven en la precaria situación de seguir un proceso de liquidación complicado.

Pero además, el problema de Ficrea nos planteó la necesidad de revisar a fondo la capacidad regulatoria del Estado mexicano y la legislación en materia de ahorro popular, así como buscar soluciones y respuestas para los miles de ahorradores defraudados.

Como coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y como integrante del Grupo Bicamaral, que elaboró y presentó la iniciativa que expide la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, quiero hacer un reconocimiento a todas y todos los legisladores que asumimos la causa de los ahorradores defraudados. Dentro de nuestra competencia hicimos todo lo posible por dar una solución efectiva, pronta y justa que les permitiera recuperar sus ahorros.

Nuestra propuesta de Nueva Alianza se puso siempre sobre la mesa durante todas las reuniones del grupo de trabajo Bicamaral y consistió en tres ejes fundamentales: primero contar con un sector financiero popular, eficiente y sólido; segundo, fortalecer los mecanismos de supervisión, así como la capacidad de los órganos reguladores; y tercero, mejorar la protección de los ahorradores.

En congruencia con lo anterior, Nueva Alianza impulsó, en coincidencia con las demás fracciones parlamentarias, la eliminación de la supervisión auxiliar a través de las federaciones que hacía poco confiable el sistema de fiscalización de las Sofipos y generaba una situación de conflicto de interés porque dichas federaciones fungían como juez y parte, además de ser un esquema sumamente costoso. También promovimos que se limite el monto de inversiones que pueden captar las Sofipos con la intención de no desnaturalizar el fin de las mismas.

Debo destacar que durante las reuniones del grupo bicamaral impulsamos que se incluyeran en la iniciativa objeto del dictamen diversas disposiciones con el propósito que tanto las Sofipos como las cooperativas, tengan la responsabilidad de promover la educación financiera y establecer que ésta tendrá por objeto propiciar el ahorro y el apoyo crediticio para el desarrollo de las actividades productivas de sus clientes, para lo cual podrán recibir donativos y apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Con esta iniciativa se fortalece el marco normativo en materia de crédito popular y se da respuesta en tiempo y forma a los ahorradores que fueron afectados por el fraude cometido en Ficrea.

De este modo por lo menos 80 por ciento de los ahorradores defraudados recuperarán su inversión a través de la creación de un fondo denominado Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de Sofipos, estableciendo al ahorrador un límite de un millón de pesos incluyendo su seguro. Cabe destacar que este monto de recuperación es ocho veces más grande que el previsto por el seguro de depósito conforme a la ley vigente.

La solución alcanzada por el grupo bicamaral deberá constar de una amplia campaña de difusión por parte del Ejecutivo Federal que sea lo suficientemente clara para permitir a todas y a todos los ahorradores defraudados de Ficrea conocer sus derechos y las formas de acceder al Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de Sofipos.

Con el dictamen que hoy se encuentra a discusión se pretende fortalecer el sistema financiero y se afinan mecanismos para sancionar a los defraudadores y evitar que casos como Ficrea sigan presentándose.

Hoy daremos nuestro voto a favor del dictamen porque representa un avance importante para modernizar y eficientar el sistema financiero mexicano, y reconocer a mis compañeras y compañeros legisladores, sobre todo a los ahorradores que vieron defraudada su confianza y hoy han encontrado un apoyo en sus representantes populares, pero sobre todo conscientes de que el proceso tiene que estar con un programa de seguimiento puntual para que se cumplan los compromisos y se aplique la ley en sus términos. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias a usted, diputada María Sanjuana Cerda Franco. Saludamos –porque nos acompañan y han sido invitados por el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez– a niñas y niños estudiantes del Centro Pedagógico María Montessori, Asociación Civil, de Ecatepec, del estado de México, lo mismo que a sus maestras, a sus maestros que les acompañan. Gracias por su visita, bienvenidos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente, con la venia de la asamblea. El fraude cometido por Ficrea evidenció algo que estaba a flor de piel en el sistema financiero de este país.

La falta de regulación a las instituciones que prestan servicios financieros no bancarios; la regulación de las Sofipo entonces se volvió evidente y la urgencia de legislar al respecto inminente.

Esta reforma que se presenta el día de hoy tiene dos objetivos: primero establecer los instrumentos para mitigar la situación de los ahorradores de Ficrea, buscando minimizar el impacto en el sistema del ahorro del país, y como segundo, y me parece elemento más importante de esta reforma, modificar el marco normativo para disminuir la probabilidad de que vuelvan a darse situaciones como la de Ficrea aprovechando la oportunidad para fortalecer al sector de ahorro y crédito popular, al sector de crédito y ahorro popular que es aquel que utilizan los que más necesitan; aquel que no estaba regulado y que estaba en manos de particulares, en manos de particulares que vorazmente abusaban no solamente dada la falta de regulación, sino también dada la falta de conocimiento de sus usuarios, abusaban de todos los que confiaban en ellos.

La parte de regulación de las Sofipo, es la parte esencialmente más trascendental a largo plazo, más allá de lo que tiene que ver con el rescate de los usuarios de Ficrea. Entonces hoy el Congreso cumple su compromiso con los defraudados por Ficrea, pero además cumple con una responsabilidad de una deuda que tiene hace 15 años.

Nunca –y repito– nunca en lo últimos 15 años se había dado un paso de regulación a las sociedades que prestan servicios financieros no bancarios como ésta. Y lo comentaba el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hacía 15 años no se habían podido trastocar estos intereses que parecen tener muchos tentáculos.

En efecto, en las disposiciones transitorias se crea un Fondo de Apoyo entre mil 500 y mil 700 millones de pesos para los ahorradores de Ficrea, que permiten que los ahorradores puedan, mediante este fideicomiso, vender o entregar su deuda para que el gobierno se responsabilice y sea el único acreedor de Ficrea, que finalmente tendrá que cubrir, a través de una monetización –y hay que ser muy claros– una monetización que está además sustentada con la garantía de cartera de Littmann Trade, de aproximadamente 3 mil 584 millones de pesos, y que generará una garantía real para este fondo que hoy se presenta para solventar el fraude que ha hecho Ficrea a la gente.

Y eso hay que ser muy claros para todos aquellos que dicen que esto es un pequeño Fobaproa. Éste es un rescate para los usuarios de Ficrea, no para bancos, no para los dueños de Ficrea. Es para los usuarios que confiaron en esta Sofipo y que hoy están en esta situación y el gobierno tiene de garantía 3 mil 584 millones y esperemos, como dicen los transitorios, que transparentará el sistema por el cual este fideicomiso se va a monetizar con apoyo del Fondo de Apoyo de Nacional Financiera.

Entonces, hay un avance significativo en este tema. Primero, la Cámara de Diputados está respondiendo a lo que se comprometió hace algunos meses ya, a darle resultados a los usuarios de Ficrea.

Primero, a que ellos puedan recuperar, aquellos que de buena fe llegaron a poner sus recursos en esta Sofipo, y se les responde a cerca del 80 por ciento de los usuarios, pero no a aquellos –y hay que decirlo– no aquellos que hacían depósitos extraordinarios de más de 5 millones de pesos. Esos tendrán que formarse en la fila y hacer su recuperación conforme lo marca la ley y el procedimiento, y estamos hablando entre otros usuarios como el gobierno de Coahuila.

Pero, insisto, el gran avance, aparte de haber respondido a los usuarios de Ficrea, viene en la regulación. No podemos permitir que ésta sea una experiencia que ahora ahogado el niño a tapar el pozo, y nada más cubrir con un fondo a los ahorradores y actuar como si nada pasara.

Hay una gran deficiencia en el tema regulatorio y ése, ése, es el avance de lo que hoy estamos discutiendo: se incluyen penalidades; se aumentan penalidades; se crea una regulación extraordinaria para las Sofipos, para que ahora no sean los negociazos de estos voraces que creen que pueden utilizar la ignorancia de la gente que no puede acceder a un banco; pero, sobre todo, se incluye que el seguro que debe respaldar a los usuarios ya no va a depender de las Sofipos, ahora será regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ése es el valor que tiene esta iniciativa, que fue el esfuerzo de la Comisión Bicamaral, como se decía ya en esta tribuna.

Cierro diciendo que hay un gran debate sobre el tema de las Sofipos, de la Sofipo que existe y que creo que ha hecho una extraordinaria labor comunitaria en el desarrollo de lo que debe ser el comunitarismo en este país.

Los transitorios han dado el camino para que esta sociedad comunitaria pueda ser una Sofipo, que tiene una vocación comunitaria, y el PT presentará una reserva para que permanezca el reconocimiento de estas sociedades comunitarias desde el inicio, desde su artículo 1o.

Sin embargo, creemos que esta ley nos permite en su conjunto votar a favor de este dictamen, más allá de este tema de las sociedades comunitarias, que me parece que aún queda a discusión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la asamblea por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, tiene usted el uso de la palabra para que fije la posición de su Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. La economía en México ha sufrido constantes cambios, por lo que se debe fomentar la productividad y competitividad mediante una nueva política dirigida a los sectores primarios de la sociedad, que son quienes forman la base del crecimiento económico del país, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de todos los mexicanos.

En ese sentido, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado, mediante la competitividad, del fomento al crecimiento económico, al empleo y a una más justa distribución del ingreso y la riqueza del país, permitirán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de la sociedad en general, garantizando una economía estable para el país.

Asimismo, la competitividad se refiere al conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico promoviendo la inversión y la generación de empleo, por lo que se requiere de una nueva política económica sustentable, pero sobre todo que los ciudadanos tengan acceso a los servicios bancarios a través de las sociedades financieras populares.

Por ello, el dictamen del proyecto que hoy nos ocupa facilita el acceso a estos servicios a los pequeños ahorradores, es decir aquellas personas con un perfil de ahorro o crédito básico y por lo tanto los integrará a la economía formal del país.

Es necesario precisar que las sociedades financieras populares tienen como propósito fomentar el ahorro popular y otorgar el acceso a créditos financieros a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de obtener algún préstamo bancario o financiamiento dentro de los sistemas tradicionales de crédito, por lo que este sector de la población es el que merece total respaldo de las políticas públicas en materia de economía.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores refieren que entre junio de 2011 y junio de 2012, el número de préstamos personales otorgados por la banca aumentó un 31 por ciento, por lo cual resulta importante vigilar el correcto actuar de las entidades financieras, en específico de las actividades que realicen las sociedades financieras populares. Por lo anterior, en razón de que serán estas sociedades quienes administran los recursos económicos de los usuarios.

En ese contexto y a fin de evitar cualquier tipo de riesgos financieros para los usuarios, se debe de cumplir con la normatividad que otorgue seguridad a todas aquellas personas que requieran de estos servicios, propiciando así el ahorro y apoyo a créditos a ciudadanos.

En efecto, el cumplimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular será de observancia general, precisando que ante la falta de algunos de los requisitos que se establecen para la conformación de una sociedad financiera popular o el individuo actual en la administración de los recursos de los usuarios, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, en ejercicio de sus funciones, intervenir directamente en el funcionamiento de la financiera, protegiendo así los intereses y el patrimonio de las familias mexicanas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano razonará su voto de la siguiente manera: votará a favor de las mejoras regulatorias que permitan total certeza a los ahorradores. Votará a favor de una respuesta inmediata para todas aquellas familias que han invertido el ahorro de toda una vida. A ellos les asiste el legítimo reclamo de su patrimonio.

A esas señoras y señores que estuvieron el día de ayer afuera de este recinto, quiero decirles que Movimiento Ciudadano está con ustedes. Votaremos a favor de que los responsables del fraude de más de mil 600 millones de pesos sean procesados y sancionados penalmente. Votaremos enérgicamente en contra de los acuerdos que permitan disponer del dinero público para solventar las irregularidades del Ficrea, especialmente porque no conocemos cuál es el monto de los pasivos que servirán para recuperar este financiamiento.

Les mexicanos no tenemos obligación alguna de pagar los fraudes de particulares, nuestra obligación es impulsar el crecimiento económico de México, salvaguardando los recursos financieros de los ciudadanos y manteniendo una economía sustentable para nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Samperio. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el señor diputado David Pérez Tejada Padilla, el uso de la palabra por un lapso similar de cinco minutos, hasta por cinco minutos.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, amigo diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con la venia de la honorable asamblea. Como todos sabemos y tenemos conocimiento del actual sistema financiero mexicano, implica dos severas deficiencias, las cuales afectan significativamente al progreso social del país y a todos los ciudadanos en lo individual.

El primer conflicto consiste en la limitante de las personas para tener acceso al crédito, lo cual se puede decir que ya fue subsanado por nosotros en la presente legislatura, en gran parte con la aprobación de la reforma financiera.

Pero por si no fuera suficiente, la falta de acceso al crédito a los usuarios financieros, que somos todos, tenemos también otra limitantes que es el grave conflicto de no contar con auténticas opciones que estimulen el ahorro formal.

El costo correspondiente es inalcanzable y restrictivo para muchos sectores y principalmente los más vulnerables de la población. Es por esta razón que debe acudir a otras opciones, limitadas formalmente hablando, o métodos alternos a lo legal, como pueden ser algunos prestamistas o usureros.

La legislación vigente presenta deficiencias severas y fue por ello que a través del grupo de trabajo que creamos, al cual quiero felicitar y me congratulo de haber sido parte de él, tanto el senador Gerardo Flores por parte del Grupo Parlamentario del Verde en el Senado de la República y un servidor representamos a nuestro grupo parlamentario, fueron meses de arduo trabajo, meses de foros abiertos al público, en los cuales citamos a los funcionarios de los ramos correspondiente de este sector financiero, invitamos a los representantes de los ahorradores defraudados, a la federación de las Sofipos.

En fin, en el cual nos empapamos nosotros de toda la problemática y poder darle respuesta, que el día de hoy estamos por votar un dictamen no menos importante de los que se han aprobado en esta legislatura, a través del cual le daremos un marco regulatorio, un marco normativo, que garantice una solidez y un sistema financiero robusto en nuestro país.

Era evidente que existía una necesidad urgente para que tuviéramos un nuevo contexto, en el cual no existiera la autorregulación. Las federaciones eran juez y parte, eran los que se encargaban de fiscalizar y supervisar a las mismas Sofipos. Esto ya no sucederá.

En el mismo sentido, tendrán que eliminarse los niveles de operaciones de las sociedades financieras populares y establecer un catálogo de operaciones y servicios, con la adenda que nos tardamos por eso unos días en aprobarlo. Se incrementó el monto de inversión para personas físicas de 1 a 2 millones, para personas morales de 5 a 7.5.

No cambiamos el tema del seguro de depósito, porque ésa puede ser una cuestionante por parte tanto de los medios de comunicación, los ciudadanos, los usuarios de los servicios financieros. Porque aproximadamente, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, el promedio de la gente que utiliza este tipo de servicios financieros es de 14 mil pesos en los ahorros. Cosa que no sucedía en Ficrea, se dieron una serie de anomalías e irregularidades que sabemos en el trágico desenlace que todos conocemos.

En consecuencia, pretendemos ajustar esta ley que implica cuatro diferentes disposiciones legales, y es pertinente, utilizo este espacio porque es pertinente aclararle a la ciudadanía que la creación de este fondo de apoyo que podrá ser cobrado a partir del mes de mayo no es un rescate financiero. Yo sé que ya varios lo han comentado, pero a mí me gustaría recalcarlo, como en su momento lo fue el Fobaproa, esto no lo es.

Es un instrumento mediante el cual se permitirá adelantar los recursos de la liquidación en beneficio de los ahorradores más pequeños.

Era muy lamentable ver viudas, adultos mayores, personas con problemas de salud que pudieran perder su patrimonio de toda una vida de trabajo. Es por ello que le dimos prioridad y estamos aprobando un artículo transitorio en el cual se puedan ceder los derechos a Nacional Financiera para que se realice la monetización de los activos de Ficrea y pueda ser el principal acreedor el gobierno federal para que cobre y se garantice el pago puntual a cada uno de los usuarios.

Ya para terminar, diputado presidente y honorable asamblea, yo me congratulo que este dictamen fue votado en Comisión de Hacienda de manera unánime, cosa que no sucede con muchos de los dictámenes en los cuales no logramos el consenso.

Y por todas las razones anteriormente descritas es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que me honro en representar el día de hoy, votará en sentido favorable del presente dictamen que está en discusión. Convencidos que la gran mayoría de los diputados lo hará en este honorable Congreso porque estamos preocupados por un desarrollo positivo de los ciudadanos en beneficio de un sistema financiero sólido, robusto que otorgue certidumbre a los ahorradores tanto en su patrimonio como en su familia y su futuro. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Pérez Tejada Padilla. Hasta por cinco minutos, señor diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: En un tema como estos no hay soluciones ideales, pero sí hay soluciones satisfactorias y ésta es una solución satisfactoria a un problema complejo.

Se ha dicho que esto es un Fobaproa y un Fobaproa, la verdad es que quien diga eso no entendió, y a lo mejor no entiende que no entiende, como alguien que me estoy acordando. Porque aquí no estamos hablando de bancos primero, me parece muy penoso que haya alguien, algunas gentes que se dicen de izquierda, confundan bancos o empresas carreteras con lo que son ahorradores y con lo que son pequeños ahorradores, eso es un universo totalmente distinto.

Pero además, no estamos hablando de un rescate como fue el Fobaproa, porque el gobierno no está asumiendo, no es el dinero público el que está asumiendo la deuda o el fraude que se dio, el quebranto, no es así.

El gobierno va a cobrar en dos momentos: cobra en el momento de la monetización que ésa es la ayuda para el otro 20 por ciento, ahorita hablamos de eso, cobra en ese momento y cobra también en la liquidación. Es decir, va a recuperar lo que invirtió en este momento para apoyar a estos ahorradores, por lo menos de manera parcial y paulatina irá rescatando y es una garantía además de que el gobierno como va a ser deudor, como se convierte en deudor va a hacer lo máximo y el mayor esfuerzo para recuperar la mayor parte de los activos y recuperar el dinero, es una garantía; no tiene nada que ver con rescate.

Segundo, es verdad que le damos una solución satisfactoria al 80 por ciento. Bueno, primero se le dio al 40 por ciento que cumplía con el seguro, los 130 mil pesos, esto es para otro 40 por ciento. Y yo diría: otro 10 por ciento llegando al 90 van a recuperar más de la mitad de su inversión de una sola vez y de manera inmediata y completa.

Me parece muy satisfactorio para el 90 por ciento, para el otro 10 por ciento es más difícil, es cierto. Se les ayuda con esta monetización con un crédito, no es rescate –insisto–, un crédito de Nacional Financiera teniendo como garantía que la misma cartera que es la que existe y en ese sentido ahí tendrán ese apoyo y luego vendrá la liquidación. Es una ayuda, sí es cierto, menor; no van a recuperar el 100 por ciento y de manera inmediata, pero hasta ahí llegamos para que no fuera efectivamente un rescate, que es lo que no se quiere y que algunos mal informan y desinforman llamándole de esa manera.

Me parece que es ser solidarios con ellos, porque además hay quienes los ha acusado y dicen: Es que son ambiciosos. Por ambiciosos se merecen perder el dinero –cuando era una institución, Ficrea, regulada y aceptada por el Sistema Financiero Mexicano y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– y decir que ellos se lo buscaron por buscar mejores rendimientos, es como decir que la mujer que llevaba minifalda se buscó que la acosaran, que la violaran, etcétera. O aquél que sale de noche y por salir de noche se buscó que lo asaltaran.

Eso de culpar a las víctimas me parece de lo más pernicioso, como pasó con los de Villas de Salvárcar, las víctimas tienen la culpa de lo que hicieron, que ellos se rasquen con sus propias uñas, me parece una actitud lo menos solidaria posible y la verdad que no se puede sostener.

No es rescate y ellos no se lo buscaron. Fueron a una institución regulada y aceptada y es correcto que cualquiera busque el mejor rendimiento para eso. Estamos haciendo medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir.

Aquí quiero hablar de otra decisión difícil, porque insisto, no hay decisiones ideales, pero tenemos que prevenir que ocurran nuevos fraudes y sobre todo a la gente más desprotegida. Es verdad, aquí vinieron las cooperativas y las comunitarias, las cajas de ahorro a plantear sus legítimas demandas y que no fueron atendidos. Gracias a eso se está presentando una adenda y una adenda a la adenda, atendiendo precisamente a eso.

Por supuesto, hay muchas cooperativas que trabajan bien. La única Sofipo que tiene ese reconocimiento trabaja muy bien y otras trabajan muy bien, pero hay un problema. No sólo hay fraude en las zonas urbanas, también en las zonas rurales hay fraudes todos los días con la gente más desprotegida, y esos fraudes a la gente más desprotegida, esos fraudes a las gente más pobre, esos no les merecen una sola línea en los medios nacionales, incluso a veces ni siquiera en los medios locales. Pasan de noche y hay absoluta impunidad con esos fraudes a la gente más indefensa que pierde el poco ahorro que tiene.

Si bien es cierto es injusto de alguna manera ponerle mayor regulación a aquéllas cooperativas que están trabajando bien –esta es una parte que a uno puede parecer injusta–, hay que saber que en ese sector también hay gentes que no trabajan bien, hay gente vividora y gente que engaña a los campesinos, que engaña a la gente más pobre para hacerle fraude y se sale con la suya.

Por eso cuidar a esa gente implica mejorar la regulación, aunque eso implique mayor molestia o mayores cargas de trabajo a quienes sí trabajan bien.

Quiero decir –entre otras cosas– que es muy importante que en la ley –sí– hay la excepción para las zonas rurales; las zonas rurales se van a tratar de manera excepcional y en esta adenda de la adenda hicimos algo, porque hay una desconfianza hacia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el gran poder que le estamos dando en la regulación y en la supervisión para que ellos sean los responsables directos para evitar fraudes como estos.

¿Cuál es el punto ahí? Estamos poniendo en la adenda que para hacer los reglamentos, porque aquí el diablo está en los reglamentos, ahí los detalles están en los reglamentos, ahí estamos poniendo la obligación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de consultar al sector, al sector social, al sector popular que efectivamente han hecho una gran labor en situación muy difícil; es una adición satisfactoria que sí genera algunas molestias, que no da una solución completa al cien por ciento para todos porque no se puede, pero es una ley satisfactoria que esperemos que ayude a prevenir fraudes –y sobre todo– a la gente más desprotegida.

Por eso llamo a votar a favor y a acompañar luego a las organizaciones populares, al sector social, a acompañarlo a luchar porque el Reglamento sea justo y que les dé y ayude al fomento popular exactamente a donde no llega la banca comercial. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán. Hasta por cinco minutos, señor diputado Juan Bueno Torio, para que fije la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Bueno Torio:Muchas gracias, presidente; compañeras y compañeros, el dictamen que hoy discutimos, surge de la demanda de un grupo de ahorradores que acudieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a plantear su problema, y derivado de ello se formó un grupo bicamaral que se abocó a discutir el asunto con dos objetivos: resolver el problema por un lado, y por el otro poner en orden a todas esas organizaciones de ahorro y crédito popular que tenemos en el país.

A todos ellos –sin duda– nuestro agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que hicieron.

Con los instrumentos que nos proponen ahora esta Ley de Ahorro y Crédito Popular y las modificaciones a los otros dos ordenamientos, pretenden acabar con los abusos y los fraudes de la que son víctimas miles y por decir también millones de mexicanos que acuden a llevar sus ahorros a este tipo de instituciones.

Por eso es que el PAN está de acuerdo en esta reforma y la va a votar en favor. Y la va a votar en favor porque estamos seguros que fortalece y consolida al sector financiero de ahorro y crédito popular, porque fortalece los mecanismos para dar una mejor supervisión y le otorga mayor seguridad a todos los ahorradores, porque mejora la protección también del propio sector popular en la medida que genera reservas preventivas y otros elementos, fortalece las facultades de autoridades financieras y hacendarias, y también se definen claramente las sanciones que se impondrán tanto a los empresarios que delinquen en ese sector, como a los funcionarios públicos.

Sí, compañeras y compañeros, tendremos una nueva regulación, una mayor supervisión, menos omisiones y opacidad, más responsabilidad de funcionarios y de autoridades y más sanciones para los responsables, y no estamos también sólo de los responsables del sector privado, sino también del sector público.

Estamos seguros que ésta es una buena reforma. Algunos no la quieren, no la ven bien, pero como dice el dicho, “hay remedios que curan y son buenos, pero también son muy amargos”, y éste es el caso para algunas de estas instituciones financieras.

Sin embargo, compañeras y compañeros, este decreto tiene –como ya se dice– dos elementos, el artículo 1o del decreto que son los ordenamientos legales que estamos discutiendo y, el segundo artículo de decreto que contiene disposiciones transitorias precisamente para resolver el problema del Ficrea.

Nosotros en el Partido Acción Nacional no estamos de acuerdo en resolver el problema de los ahorradores de Ficrea. No porque estemos en contra de ellos, no porque estemos en contra de ellos, sino porque ya la ley hoy les otorga un seguro de 132 mil pesos para cada uno de los ahorradores. Eso es lo que hoy otorga la ley.

Y se ha dicho aquí de que si es o no un rescate con recursos públicos o no, la realidad es que siempre este tipo de acciones terminan con rescates, terminan con utilizar recursos públicos. Y eso es lo que no queremos.

Y no lo queremos, como decía yo, no es porque estemos en contra de los ahorradores de Ficrea, sino porque nos parece injusto destinar un esquema solamente para un grupo de ahorradores defraudados, cuando en el país tenemos un sin número de ahorradores defraudados por cajas básicas, por otras instituciones financieras de ahorro y crédito popular, que no les responden a nadie y que la propia autoridad hace caso omiso de los reclamos.

Entonces, consideramos que si le ponemos dinero de los recursos públicos para resolver este problema del Ficrea tendría que ser para todas las cajas de ahorro y crédito popular que existen en el país, para todas las cajas básicas que simplemente con la firma de un presidente municipal se arma un esquema de corrupción para robarle el dinero impunemente a las personas de los menores recursos en nuestro país. Y por eso es, compañeras y compañeros, que no podemos acompañar este si bien esfuerzo que hicieron los compañeros para resolver el problema.

Y se dijo aquí que para qué se meten en ese asunto. Efectivamente, cobrando tasas del 10 o del 12 por ciento anual, cuando en el sector financiero normal se pagan entre el 2 y el 3 por ciento, pues abre un esquema. Hay personas que le metieron hasta 48 millones de pesos a este fondo de Ficrea.

Sí lamentamos mucho que personas pierdan su ahorro. Está el seguro, ese seguro va a cubrir prácticamente al 40 por ciento de los ahorradores, que –valga decir– el promedio de los inversionistas o de los ahorradores de ahí ronda los 15 mil pesos por ahorrador.

Entonces, se desdibujó, se hizo otro uso de una institución financiera de ahorro y crédito popular cuando se aceptó meter 48 millones de pesos de un ahorrador en este esquema, y cobró 12 por ciento de intereses anuales quién sabe durante cuánto tiempo.

Entonces, aquí los responsables son las autoridades, aquí los responsables son los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aquí los responsables son los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que permitieron este quebranto y que permitieron este robo y abuso a miles de personas, a más de 6 mil 600 usuarios de crédito o ahorradores de esta financiera Ficrea.

Por eso es que el PAN votará y reservará para discusión en lo particular el inciso X del artículo segundo transitorio y, por el contrario, votaremos a favor lo que es la reforma en general de ahorro y crédito popular. Muchas gracias por su atención y por su tolerancia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Bueno Torio. Ahora corresponde exponer la postura del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre, por similar lapso y con la tolerancia en términos de equidad como se ha hecho con quienes la han precedido en el uso de la palabra.

La diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el caso Ficrea ha constituido un verdadero reto para el sistema financiero mexicano, pues ha puesto a prueba la funcionalidad de los órganos reguladores auxiliares que el Estado ha establecido a fin de garantizar los intereses de los ahorradores, el cumplimiento de las normas vigentes en la materia y la estabilidad de la Financiera Nacional.

Si bien el fraude cometido en contra de los clientes de Ficrea no es un escenario que haya sido deseado, podemos afirmar que el reto que ha supuesto este caso ha sido enfrentado con la seriedad que su dimensión reclama.

Los probables defraudadores están siendo perseguidos por la justicia y el patrimonio de miles de ahorradores en vías de ser restituido gracias a la iniciativa que ahora presentamos.

El Grupo Parlamentario del PRI trabajó en forma conjunta con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de generar los instrumentos legales para ayudar a los miles de ahorradores defraudados por Ficrea y poner en orden al sistema financiero popular.

La mejor muestra de ello es que hoy nos encontramos discutiendo esta iniciativa, privilegiando los intereses de los pequeños ahorradores y no la de aquellos burócratas irresponsables que empeñaron los recursos públicos puestos a su disposición sin medir las consecuencias de sus actos.

Más de cinco mil ahorradores recuperarán el 100 por ciento de su dinero hasta la cantidad de un millón de pesos a partir del mes de mayo, vía un fondo de apoyo mandatado por esta Cámara, el cual no representará costo alguno para el erario.

Que quede claro, no es un rescate, es un mecanismo técnicamente sólido para lograr este fin.

La importancia del presente dictamen radica en el hecho de que las instituciones de ahorro popular atienden a gente de escasos recursos, que no tienen acceso a los servicios de banca tradicional.

Gente, como en el caso de Ficrea, que invirtió los ahorros de toda una vida para tener una vejez tranquila. Personas que vieron la oportunidad de acrecentar su patrimonio para poner un negocio. Hombres y mujeres que acudieron a una institución crediticia y que les ofreció seriedad y les entregó malas cuentas. Ellos son los beneficiarios de la aprobación del presente dictamen, por ello es que nos congratula ser parte de este proceso, guiado por un estricto sentido de justicia.

Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, puesto que con él se resarce una grave injusticia, se pone en orden un sector que hasta ahora venía operando deficientemente y se previene hacer nuevos fraudes. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se informa a la asamblea, que en cumplimiento con el artículo 109 del Reglamento con esta intervención concluye el plazo para el registro de reservas.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados, así como le vamos a dar el uso de la palabra para pronunciarse en pro al diputado Ricardo Astudillo Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

Asimismo, hago del conocimiento de ustedes que están registrados para el mismo sentido en pro, el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del PRD; el diputado Javier López Zavala, del PRI; y la diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

En contra, está la diputada Luisa María Alcalde Luján, de agrupación Morena; la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; el diputado Uriel Flores Aguayo, del PRD; la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, de Acción Nacional; la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; y la diputada Loretta Ortíz Ahlf, de agrupación Morena.

Se le concede primeramente para pronunciarse en contra hasta por tres minutos a la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. La república más corrupta es la que tiene más leyes. Es absurdo cómo en México pretendemos tapar los errores de unos cuantos como aquel que quiere tapar el sol con un dedo, afectando siempre a los que menos tienen.

Están olvidando que Ficrea era una empresa privada autorizada para operar para el gobierno federal, que brindaba servicios financieros básicos como productos de inversión, ahorro y créditos desde 2008.

Hoy están creando nuevas regulaciones, pero esto no hubiera pasado si las instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás entes públicos involucrados hicieran su trabajo de supervisión y vigilancia.

Por un error del gobierno federal ahora todos los mexicanos habremos de ser solidarios con los ahorradores, los que por cierto solo recibirán una parte de ese ahorro.

Lo que de verdad debería suceder es que se verificara el cumplimiento de las normas y no porque las cooperativas realicen prácticamente las mismas operaciones que las financieras populares se les tratara igual o se les pretenda criminalizar.

Ustedes, diputados, si quieren hacer algo en realidad sobre el caso Ficrea, exhorten al gobierno federal a que en verdad cumpla la ley. Que no queden impunes los responsables de este fraude.

Pero no destruyan a un sector que es básico para el funcionamiento de nuestro país por la incompetencia de unos cuantos. Pero claro, como siempre, ustedes no se harán responsables.

Increíble que la presidenta de la Comisión de Hacienda, donde se supone se discutió esta iniciativa no se encuentre en el pleno el día de hoy. Dónde está. Anda de viaje. Está de vacaciones ¿Dónde está? ¿Acaso la premiaron por no estar en esta discusión? Y ustedes todo lo quieren resolver en los artículos transitorios, ahí es donde en realidad se encuentra todo lo del caso Ficrea.

Y lo que no se ha dicho es que de aprobarse esta iniciativa, se está afectando inicialmente a más de 400 mil pequeños ahorradores y paulatinamente terminarán afectando a más de seis millones, donde los sistemas financieros tradicionales no tienen acceso.

Un ejemplo que puede ser verificado, es el de la Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco, cooperativa que se encuentra en Querétaro, considerada como una sociedad pequeña con solo mil 261 socios de mediana, alta y muy alta marginalidad, entre ellas la zona indígena otomí y un total de captación de 4 millones 302 mil pesos. Pudiera parecer poco para ustedes que gastan más de mil millones de bonos extraordinarios en tal solo un año, pero quién va a brindarles este servicio financiero confiable, ¿Los bancos?

No nos engañemos, a los bancos no les interesa ese sector, por el contrario, los bancos en su afán de no tener competencia y generar un monopolio bursátil han venido golpeando duramente a las cooperativas, pues les han cerrado sus cuentas, los que les genera costos mayores, pues no en todas las comunidades existe el sistema bancario.

¿Qué va a pasar con aquellas sociedades que desaparezcan y en sus comunidades no hay bancos? ¿Van a guardar su dinero debajo del colchón? Insisto que se deben de dejar de aprobar leyes sin consultar al sector al que se les va aplicar y va resultar afectado, pareciera que por un afán electorero se quieren modificar leyes. ¿Qué nos digan en qué momento para realizar esta iniciativa se consultó a las cooperativas de ahorro y crédito popular? ¿En qué momento las tomaron en cuenta?

Cosa grave es que se afecta a miles de personas por la falta de profesionalismo de servidores públicos, deberían de proponer que se investigue y se castigue a los responsables. No más leyes que no se cumplen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos, para pronunciarse en pro, al diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: El sistema financiero, como ya se ha planteado aquí, es una parte vital de la economía moderna que estamos viviendo en nuestro país y que es la encargada de realizar todas aquellas transferencias de recursos rápidamente entre los sectores y entre regiones, por lo que esta función permite que las inversiones se destinen a usos productivos en vez de estancarse en lugares fijos en donde no se requieran.

Ya lo han explicado aquí, Ficrea era una sociedad financiera popular, por lo que operaba mediante la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Realizaba las funciones de lo que tradicionalmente ubicamos en nuestro pensamiento como un banco. Es decir captaba el dinero, lo generaba en préstamos, los intereses los dividía en ganancias para los ahorradores y el corporativo. Pero a diferencia de las instituciones de la Banca Múltiple sus tasas estaban por encima del mercado, pues era una institución relativamente nueva y eso le brindaba tener este tipo de atribuciones.

La supuesta valía de Ficrea radicó en que estuvo diseñada para llegar a zonas rurales en las que es demasiado costoso instalar un banco, por lo tanto su regulación le proveía ciertas facilidades. Sin embargo, el 60 por ciento de los clientes de Ficrea no eran pequeños ahorradores y muchos de ellos tenían más capital de lo que podía cubrir el seguro de ahorro, demostrando así que en los hechos no operaba para pequeños ahorradores, como es el objetivo de estas sociedades financieras populares.

Lo anterior, ya se ha mencionado, deja un poco o cercanos a los tres mil millones de pesos desviados, en los que se afecta a más de seis mil personas, ahorradores que confiaron plenamente en Ficrea.

En este contexto, se entiende que los defraudados fueron presa del interés de buscar los más altos rendimientos de su capital y esto aunado a la existencia de un sistema financiero laxo y poco regulado.

Para subsanar las carencias en la regulación del sistema financiero y evitar se repita un caso tan embarazoso, se propone el presente dictamen para expedir así la Ley de Ahorro y Crédito Popular, reformas diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional Bancaria y de Valores.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se manifiesta a favor, para que podamos disminuir la probabilidad de que se vuelvan a dar situaciones como las del lamentable caso que estamos viendo el día de hoy y podamos nosotros salvaguardar y poder dar ese resguardo a todos los ahorradores que fueron defraudados en nuestro país por este lamentable fraude. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Ricardo Astudillo. Le concedemos el uso de la tribuna –hasta por tres minutos, para pronunciarse en contra– a la diputada Luisa María Alcalde Luján, de agrupación Morena.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Una cuestión me parece curiosa y es que muchos que hoy apoyan esta Ley Ficrea, no lo hicieron para el caso de Mexicana. Se ve que cuando se trata de los trabajadores no existe esa solidaridad.

Recordemos que muchos de ustedes que hoy están impulsando esta ley, rechazaron que los trabajadores siguieran trabajando, apoyar para que pudieran seguir operando aquella empresa. Dijeron “No, bajo ninguna circunstancia; es ridículo financiar con el dinero de los contribuyentes ese tipo de apoyos”.

Sólo hoy me llama la atención porque son muchos los que hoy se paran en esta tribuna e imparten o predican solidaridad.

Compartimos o por lo menos lo hago –sin duda– la indignación de los ahorradores defraudados que fueron víctimas no sólo del estafador Antonio Olvera Amezcua, sino también de las autoridades que debían supervisar y fiscalizar a esta institución.

Ellas fallaron en prevenir y alertar a los ahorradores ante las absurdas tasas de interés que manejó Ficrea durante años, y por tanto su responsabilidad en este fraude es evidente.

Una cosa me preocupa porque me parece un tema sumamente complejo que tiene que ver con las pequeñas corporativas de ahorro y crédito popular que no valen la pena –me parece– tomar una decisión atrabancada, una decisión rápida sin escucharla, sin atenderla, sin entender su funcionamiento para que no vayamos a cometer un enorme error y acabemos golpeándola.

La propuesta representa un riesgo en la operación de instituciones financieras populares que otorgan créditos a las familias y productores más vulnerables. La propuesta también comete el desatino de desaparecer de un plumazo figuras e instituciones financieras básicas de acceso al crédito como las Sociedades Financieras Comunitarias, Sofinco, y las obliga a migrar al régimen de sociedades financieras populares de manera unilateral.

Esto significa que las 25 Sofinco de las 369 cajas de ahorro que actualmente brindan servicios de ahorro y crédito en poblaciones marginadas, tendrán que satisfacer en el plazo de un año y medio, una enorme cantidad de requisitos burocráticos y solventar gastos de traslado y costos de operación altísimos, lo cual podrá suponer un riesgo en su viabilidad económica y hará peligrar el crédito a más de 72 mil familias mexicanas.

Asimismo la propuesta reduce el tope de ahorro permitido dentro de las sociedades de orientación popular a 400 mil Udi, para personas físicas y un millón 400 mil Udi para personas morales.

Esta medida afectará la capacidad de fondeo en estas instituciones crediticias, y hará peligrar la disponibilidad de créditos, ya que al eliminar el ahorro se incrementará el costo de fondeo, lo cual resultará en el aumento de las tasas de interés del costo de los créditos y, en consecuencia, en menores posibilidades para las familias más vulnerables de acceder a estos créditos.

No es posible que Olvera Amezcua, haya lavado sumas multimillonarias de dinero y operado impunemente durante más de dos años, sin que la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se hubiera percato de la triangulación y los flujos realizados de Ficrea a sus empresas tapaderas en el extranjero.

Se tiene que investigar, tiene que haber funcionarios responsables que den la cara por todos estos fraudes. Pedimos por ello que de manera responsable podamos darnos el tiempo para atender a las cooperativas, no vayamos a cometer un error aquí y acabemos golpeando a los que son más vulnerables.

Yo les pido que este dictamen sea regresado a las comisiones, nos demos el tiempo y, en todo caso, podemos llamar a un periodo extraordinario para estar votando una ley que sea absolutamente responsable. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, para hablar en pro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez: El dictamen que hoy nos ocupa reconoce el papel fundamental de las Sociedades Financieras Populares y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en la inclusión de un sistema financiero mexicano de las personas de poblaciones rurales o sectores sociales menos favorecidos.

Y por ello es que el estándar para el manejo de sus recursos y la gestión del negocio debe efectuarse de manera profesional para acercar a una población que difícilmente podría tener acceso a productos bancarios y a productos formales de ahorro y obtención de crédito por otros medios. En esencia se trata de proteger el patrimonio de quienes hacen uso de los servicios financieros que brindan los entes sujetos de la iniciativa y sus respectivo dictamen, para que en todo momento se fortalezca el régimen de vigilancia y las facultades de las autoridades respecto de la gestión de los negocios y los depósitos que las personas del sector social efectúan en dichas instituciones.

Como ya sabemos, la intervención de Ficrea SA de CV, Sociedad Financiera Popular en liquidación, se derivó a partir de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo, aunado a la falta de transparencia e integridad de la información, así como a la falta de disposición de las sociedades para atender de manera adecuada los requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Si bien es cierto que en México no existe una definición formal del objeto de las sociedades, materia de la iniciativa dictaminada que ahora se busca regular, es necesario destacar que desde el 2001 se han incrementado significativamente el número de estos entes financieros, mismos que no han sido normados adecuadamente, como resultó el caso particular que da origen a la iniciativa en comento y a su respectivo dictamen, sobre todo si se considera una ausencia de un gobierno corporativo robusto, como si existen otros intermediarios financieros crediticios, cuyo riesgo para quienes depositan más que sus ahorros la confianza y la esperanza de una vida mejor a mediano y largo plazo.

Derivado de lo anterior se destaca que desde el presente posicionamiento, sin dejar de lado los demás ejes que sustentan la acción legislativa, se destacan: la creación de un Fondo de Ahorro Popular para la administración del seguro de depósitos, extinguiendo el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a Ahorradores; el incremento de penas pecuniarias y privativas de la libertad en determinados tipos penales y la inclusión de nuevas conductas que se consideran delictivas; la creación de un fondo en beneficio de los depositantes de las sociedades financieras populares; así como transferir las facultades y funciones en materia de supervisión auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de Protección de sus Ahorradores. También se destaca la operación del seguro de depósitos a través del fondo de ahorro popular.

Modificar el enfoque de capitalización de las sociedades financieras populares alineándolos con los estándares nacionales e internacionales, previendo un marco de capitalización basado en los riesgos en los que se puede incurrir una sociedad en sus operaciones con independencia del intermediario financiero de que se trate, determina que en todos los casos existe la misma disposición al riesgo con lo cual se puede desde la ley actuar de forma proactiva y no correctiva, como desafortunadamente no sucedió en el caso de Ficrea.

Se reitera, y como pretende la iniciativa, que el propósito que nos mandata la sociedad respeto al tema tan delicado que nos ocupa, no es detener el fomento del ahorro formal principalmente en aquellos ahorradores, se trata en todo caso de dotar de certidumbre jurídica a quienes hoy se encuentran en estado de indefensión, no solamente por la comisión de delitos sino por bien de todo el sistema financiero mexicano, en virtud de los impactos económicos que pudieran estarse presentando en futuros escenarios, y con ello evitar replicar estas nefastas experiencias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Ernesto Germán. Se le concede la palabra hasta por tres minutos para hablar en contra, al diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Con su permiso, diputado presidente. Este proceso ha sido un proceso irregular. Evidentemente es de coyuntura y es electorero y tiene muchos parches. El adendum y todavía la que se pide, el adendum del adendum da cuenta de eso, de que todo se hace así a la carrera.

Yo no dudo, como lo dijo aquí mi paisano el diputado Charleston, de las buenas intenciones y de las ganas de trabajar de los diputados. Finalmente se está tendiendo un asunto, pero yo parto de un esquema.

Por un lado, el subsecretario Fernando Aportela operando y trabajando con los diputados para pulir este proyecto, instalado aquí en la Cámara, y por otro los manifestantes de ayer reclamando que no fueron atendidos, que no fueron consultados y eso me parece gravísimo.

Ya de por sí el no haberles dado voz, el no haber tenido interlocución con ellos me parece una falla y aquí se ha reconocido, una falla muy grave, porque queda a criterio de Hacienda y al interés o a la buena fe de los grupos parlamentarios.

Esto se hace evidentemente por las elecciones y a mí me da mucho temor, uno no necesariamente está en contra de muchísimos aspectos de la iniciativa, pero me da mucho temor que dentro de cuatro días esto sea un spot, porque en eso estamos.

Es tan pobre la oferta partidaria, tan de ocurrencias, de chistes, de bromas, que volvieron spot detallitos, sistema nacional anticorrupción del lado del PAN, que todavía va en camino, eso se verá. Del lado del PRI el Wi-Fi, una tableta, no sé, una oferta pero paupérrima, una oferta electoral paupérrima, pero eso lo volvieron spot y esto lo van a hacer otro spot de que rescataron a los defraudados de Ficrea.

Es un rescate específico, lleva dedicatoria, viola el espíritu de las leyes que deben ser generales, que deben incluir la planeación y tener objetivos de fondo. Evidentemente es un rescate, porque se van a utilizar recursos públicos y no se van a recuperar más que en un pequeño porcentaje y eso algún día. Pero lo peor, que se exime, se lava la responsabilidad de las autoridades de Hacienda, Condusef y Comisión Nacional. Junto al proyecto debió haber puesto en la mesa su renuncia la autoridad correspondiente, por omisos, por ineptos, por irresponsables, porque ahora aquí se les tiene que enmendar la plana y hacerles el trabajo.

Y lo que es peor, que en este esquema de fraude hasta el Tribunal de Justicia del DF, el de Coahuila y otros, que no sabemos, también habían depositado fondos de manera muy irresponsable en este Ficrea. Esas son las razones que sustentan la posición que he querido fijar en este debate. Es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos para hablar en pro, al diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Javier López Zavala:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Javier López Zavala: Compañeras y compañeros legisladores, en México se mantiene una baja cultura financiera a pesar de los beneficios que trae la contratación de dichos servicios y el buen manejo de los mismos, esto se refleja en diversas estadísticas de la Condusef, la cual señala que solamente el 14 por ciento de la población mantiene un tipo de ahorro o inversión formal.

Desafortunadamente la confianza en las instituciones financieras y bancarias se ha sumado a la ya precaria cultura inversionista o de ahorro a largo plazo en toda la población, ello derivado del fraude por parte de Ficrea, en el que se vieron afectados alrededor de 6 mil 800 ahorradores por un monto aproximado de 2 mil 700 millones de pesos.

Estos hechos derivaron en la necesidad de fortalecer las instituciones financieras y la legislación en materia, con el fin de otorgar solución a los miles de mexicanos defraudados y prevenir fraudes que impacten la economía de las familias enteras, a quienes con mucho esfuerzo invierten y ahorran durante mucho tiempo para mejorar su futuro.

Reconocemos el papel trascendental que han jugado para sectores sociales menos desfavorecidos, cientos de sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, quienes verdaderamente han velado por el beneficio económico de las y los mexicanos, pero no podemos permitir que instituciones como Ficrea puedan seguir defraudando a más personas.

La nueva legislación en materia de ahorro y crédito popular, que tenemos a bien aprobar, tiene como objetivo fortalecer las funciones de vigilancia y sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecer un catálogo amplio y preciso de operaciones y servicios financieros para todas las sociedades financieras, crear un Fondo de Ahorro Popular y un Fondo para el Pago de Ahorradores de Sociedades Financieras Populares en Liquidación, lo cual beneficiará de manera directa y a un corto plazo a más del 70 por ciento de las personas defraudadas por Ficrea. Es decir, a más de 5 mil 300 ahorradores.

Este dictamen resulta especialmente importante, toda vez que pone al corriente a un segmento de nuestro sistema financiero, que hace apenas un cuarto de siglo fue incorporado a nuestro sistema normativo, a fin de atender las necesidades de aquellos pequeños ahorradores de bajos ingresos o que están ubicados en zonas alejadas de nuestros centros urbanos o que no tienen acceso a servicios de la banca tradicional.

En ese sentido, en el PRI estamos a favor de los ahorradores del Ficrea. Creemos en la fortaleza del sector de ahorro y crédito popular, así como acrecentar el crédito del sector rural. Pero también aumentar su supervisión para generar la confianza del ahorrador.

Quiero dejar muy en claro, el fondo de apoyo no es un rescate, no tiene costo al erario público, ya que los ahorradores que acudan a él cederán sus derechos al gobierno federal.

Los Sofincos no desaparecen, las básicas continúan operando y la única que tiene autorización tendrá un tiempo necesario para multar a Sofipo.

Es por lo anterior expuesto que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Para hablar en contra, se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo:Con su permiso, señor presidente. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados.

El dictamen que nos ocupa esta tarde, sin duda es un dictamen muy importante por el tema que contiene.

Me voy a centrar, particularmente, para hablar en contra de este fondo que se está generando, si se aprueba esta ley, para el rescate de algunos miles de ahorradores. Y sí, digo rescate, señor diputado del PRI, llamemos a las cosas por su nombre. Se trata de un rescate y se hace con dinero público. Amigo ciudadano, con tú dinero que ingresa a las arcas de gobierno federal a través de los impuestos.

No tenemos en Acción Nacional nada en contra de estos ahorradores que han sido defraudados, de ninguna manera. Nosotros impulsamos medidas para generar el ahorro, principalmente de aquellos que no tienen las condiciones financieras y mercantiles para poderlo hacer en la banca formal. Y todos estos sistemas financieros populares son un medio para esa población que justamente no tiene otros medios de ahorro, pero no por ello se tiene que solapar los fraudes de vivales.

Y no me quiero centrar en estos cinco mil o seis mil ahorradores, porque hay cifras más importantes en nuestro país. Qué les parece si hablamos de que de los 112.3 millones de mexicanos el 45.4 por ciento viven en pobreza y 9.8 por ciento viven en pobreza extrema. Qué les parece entonces hablar de esos 53.3 millones de personas en pobreza y 11.5 millones de personas en pobreza extrema que están esperando del gobierno federal los recursos que a través de las diversas secretarías deberían de bajar para la obra pública, para los programas de desarrollo social, para la educación, para la cultura, para la salud.

Qué les parece si hablamos del recorte presupuestal que sufrió la Secretaría de Desarrollo Social, ésa que dice que está tan preocupada por estos millones de pobres y que tuvo un recorte presupuestal inadmisible de 3 mil 750 millones de pesos, de los cuales, por cierto, mil 500 millones de pesos fueron reducidos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

¿Qué creen? Estas zonas prioritarias es justamente donde están los pobres más pobres, y se redujo en mil 500 millones de pesos, a propuesta del Ejecutivo federal, el presupuesto en desarrollo social para éstos pobres. Hay una similitud, ¿Verdad? Son mil 500 millones en desarrollo social y hoy sí se tienen mil 600 millones para ir al rescate de los ahorradores.

Éste es un tema de omisión. Un grave tema de omisión por parte del gobierno federal y el gobierno federal y los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria tienen una alta responsabilidad en que estos fraudes se den.

Señoras diputadas, señores diputados. La bancada del Partido Acción Nacional exige que se tomen todas las medidas judiciales y procedimentales para que se atrapen a estas personas que hoy son prófugas de la justicia y que se llevaron esos miles de millones de pesos de los ahorradores que confiaron en ellos.

Que se finquen las responsabilidades a los funcionarios públicos del gobierno federal para que paguen por la irresponsabilidad de no supervisar a esas cajas de ahorro popular. Ellos son responsables tanto como el defraudador que se llevó el dinero.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputada.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Termino, señor presidente. Estamos a favor de mejorar las leyes en México. Estamos en contra de estos disfrazados rescates en apoyo y en impulso a seguir con los fraudes en nuestro país.

Termino, señores diputados. Que la señora Rosario Robles dé cuenta de las auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación y en donde hubo desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social. Ésa que está en México para promover el desarrollo de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Nuestro voto en Acción Nacional es en contra del fondo de ahorro para el rescate de Ficrea.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos para hablar en contra, a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, vengo a razonar mi voto ya que aunque sabemos que se necesita una regulación de las sociedades de crédito, quiero decirles que Movimiento Ciudadano tiene nueve reservas, y la más importante es en la que manifestamos nuestra inconformidad por solapar conductas de este gobierno hacia particulares, y sobre todo de inyectarle dinero público a estas sociedades.

Nuevamente estamos ante la opacidad, la complicidad y actos de corrupción. Si el gobierno respetara e hiciera respetar las leyes, no estuviéramos ocupados en esta discusión que algunos partidos sabemos que ahora van a ocupar electoreramente.

Ya veo los spots de los partidos en el moribundo Pacto por México, diciendo que ellos apoyaron y votaron esta ley a favor de los ahorradores de Ficrea.

Si bien es un rescate a los ahorradores de muchas comunidades y sociedades que no cuenten o no tienen acceso a la banca nacional, cabe hacer la pregunta ¿Qué pasó con los ahorros del Tribunal de Justicia del DF, que fueron invertidos en este Ficrea? ¿Qué va a pasar con estos defraudadores? Eso es lo más importante en este punto.

Para que haya corrupción debe de haber dos partes, eso lo sabemos. Aquí hay personas que tuvieron que dar autorización para hacer este fraude y ¿En dóndes se encuentran ahora? Tal vez andan en las campañas o andan en sus oficinas ocupando –tal vez– cargos públicos.

Me solidarizo con los ahorradores para que se les devuelvan sus ahorros de vida y no que sólo se vaya a ocupar el recurso del seguro para devolver a los amigos o a los cuates de algunos de los que hoy aquí se desgarran las vestiduras por la población más pobre y vulnerable.

El rescate tiene que ser y empezar por los más necesitados y para los más necesitados. En este Ficrea existen manos muy corruptas que tuvieron ganancias cuantiosas.

Ojalá la Procuraduría de Justicia no vaya en esta ocasión a estar cansada. Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y dar con el paradero de los defraudadores porque si a un humilde, a una persona humilde que se roba una gallina se le aplica y se le somete con el peso de la ley a estos que se llevaron una cantidad de dinero importante a base de engaños y que es más, hasta se les acusa de lavado de dinero. Tienen que estar en la cárcel lo antes posible. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

El diputado Gerardo Peña Avilés(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, ¿Para qué efectos? Sonido en la curul del diputado Gerardo Peña.

El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): Gracias presidente. Viendo esta actitud de gobierno queriendo rescatar esta acción, producto de un fraude muy mencionado y muy conocido de todos los mexicanos, yo me pregunto ¿Por qué los fondos de aseguramiento agrícola les recortaron 500 millones de pesos y tienen a los productores de todo el país sumidos en una crisis muy fuerte y no les piensan pagar?

Tiene a los productores de maíz con los pagos vencidos sin que se nos dé desde las cosechas del año pasado. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer, obligadamente en orden, antes con dinero que ya está comprometido en este país, antes de estar buscando cómo rescatar a gente que fraudó o gente que se equivocó al invertir ahí. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para pronunciarse en contra, y terminamos con el diputado Fernando Belaunzarán, en pro. Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Su servidora trabajó como asesora del entonces director general adjunto del Banco de México, el licenciado Francisco Borja Martínez, trabajé en el Banco de México cinco años.

Y, la frase que se me quedó muy grabada es que, las instituciones financieras ya no iban a ser prestamistas de última instancia. Es decir, que el Estado mexicano, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda no iban precisamente a rescatar instituciones, cualquier institución financiera en el mercado financiero, que fueran grupos financieros, bancos, cooperativas, las instituciones, lo que son las cajas de bolsa, etcétera.

A raíz de esto, poco tiempo después de que empecé a trabajar con él, fue cuando vino precisamente la situación de la creación de Fobaproa, de este fideicomiso, y en ese entonces trabajaba, no era presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Y en este caso, igual que el que estamos viendo ahorita, no hay diferencia alguna, salvo que son intermediarios financieros distintos, obviamente en un caso es banca y en el otro son cooperativas, pero manejan exactamente lo mismo, o sea, ahorros de las personas, o de personas físicas o de personas morales, unos pequeños ahorradores y otros con mayor importancia.

Para entonces se creó precisamente el fideicomiso, que fue un rescate. Rescate que obligaba al fideicomiso, al Banco de México, a cobrar los créditos. Y es exactamente lo mismo que se está haciendo ahorita, no hay ninguna diferencia, por eso establezco que es un Fobaproa dos y ya se ha dicho que es un rescate. Sí es un rescate, aquí se va a obligar o se obliga a la Secretaría de Hacienda a cobrar precisamente los créditos.

¿Qué garantía vamos a tener en esta ocasión, que se van a cobrar esos créditos? Ninguna. Como no existió, en su caso, en el caso del Fobaproa por la quiebra de varias instituciones bancarias.

Y sigue, persiste esta idea de que el Estado mexicano –México– no puede ser prestamista de última instancia. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? ¿Por qué se señaló y se puntualizó eso? Vamos a desaparecer esa garantía del Estado mexicano, pero al mismo tiempo a crear instituciones que vigilen, que estén fortalecidas, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Creo que más que tener una nueva ley como la que se está presentando, que es para –ahora sí ya ahogado el niño– ver cómo le damos solución y para efectos electorales como se puntualizó, tendríamos que ver de alguna manera una responsabilidad de los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y fortalecer en la medida de lo posible ahora sí las facultades de vigilancia que tiene esta comisión, que han sido omisas no en una, en muchísimas ocasiones. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Concluimos con el diputado Fernando Belaunzarán, hasta por tres minutos para hablar en pro, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, presidente. ¿A quién queremos apoyar, a quién queremos ayudar, quién tiene que estar en el centro de nuestra preocupación? El ahorrador, el ahorrador es nuestra preocupación, a él le tenemos que dar protección, a él le tenemos que dar garantías. Eso es el punto importante.

Se dice; es que no queremos que de recursos públicos se ayude a los ahorradores. No fueran bancos porque hasta les pedirían perdón. Qué bueno que ahora dicen; es que el dinero público de los contribuyentes no puede ir ahí. Bueno, ojalá hubiera sido esa suposición con el Fobaproa. No los vimos oponiéndose así al Fobaproa.

¿Se acuerdan a Paolo Bolio irse al baño para apoyar el Fobaproa? No, pero ahora sí qué tremendo. Tampoco los vi a los que ahora dicen que qué se hace con los recursos públicos, quejarse de la limosna de 90 millones de pesos de Emilio González al cardenal Sandoval Íñiguez, ¿Para eso sí sirve el dinero de los contribuyentes? ¿Para pagarle tangas a Serrano Limón? ¿Para eso sí?

Entonces, vienen a ayudar a los ahorradores, cómo, que se jodan los ahorradores. Eso es lo que están diciendo, y perdón, los ahorradores son las víctimas, los ahorradores son los endebles. Qué bueno que ayudamos a los ahorradores frente a un problema por supuesto del Estado mexicano, que no funcionó la regulación, de que no funcionó la supervisión y ahora queremos encontrar. Y eso pasa también con el sector social.

Si el ahorrador es nuestra preocupación, si a ése tenemos que cuidar, sí, duele y lástima que cooperativas que están haciendo un extraordinario trabajo tengan que someterse a una regulación más fuerte. Por supuesto que sí, claro, pero estamos pensando en el ahorrador, no sólo en el ahorrador que tuvo la suerte de estar en una cooperativa, una Sofinco responsable, importante, valiosa que ha hecho bien su trabajo, sino también para el ahorrador que por desgracia cae en las manos de organismos que no están cumpliendo su responsabilidad y que los tenemos que cuidar.

Insisto. El fraude en zonas rurales se da todos los días y no nos enteramos y son la gente más vulnerable. Cuidemos al ahorrador. Sí, genera molestias para este sector que ha hecho un trabajo excepcional en situaciones difíciles, pero a los ahorradores en la parte rural los siguen birlando, los siguen defraudando. Cuidemos al ahorrador aunque eso genere un poco más de molestia.

Frente a la expresión de que se jodan los ahorradores, que se rasquen con sus uñas, seamos responsables con ello con una cosa que, insisto, no tiene nada qué ver con eso que sucedió con Fobaproa, aunque los que apoyaron el Fobaproa ahora estén muy indignados. Quiere decir que el gobierno es solidario y en un momento dado va a recuperar buena parte de esto y si se pone las pilas, que queremos que no haya impunidad y va por Olvera y lo encuentra debajo de las piedras, aunque sea abajo del colchón, pero que encuentre Olvera y que se haga responsable, entonces recuperará los activos y en la liquidación recuperarán más dinero para beneficio de aquellos que tienen más de un millón de pesos en el caso de Ficrea.

Es simple responsabilidad social del Estado ante la falla de la regulación y de la supervisión de las instituciones. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión los artículos que a continuación dará cuenta la Secretaría. Adelante.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículo Primero del decreto, por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, artículos 7, 10, 12, 14, 23, 31 y 40.

Del artículo Segundo del decreto, en relación con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular se estará a las siguientes disposiciones transitorias. Transitorios del I al XV.

Artículo Tercero, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, artículo 8o., 13, 14, 15, 15 Bis, 16, 17, 19 y 71.

Del artículo Cuarto del decreto, disposiciones transitorias en relación con las modificaciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, transitorio VI.

Del artículo Octavo del decreto, se adicionan los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se reserva el artículo 19 Bis 1. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, secretario. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Erica del Carmen Velázquez Vacio (desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen López Segura(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo, se emitieron 328 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea, por 328 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Adriana Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, para referirse al artículo 7, párrafo primero. Adelante diputada, con su propuesta de modificación.

La diputada Adriana Soto Martínez:Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Desde 2011 la Condusef venía advirtiendo sobre los riesgos de fraude y quebranto en las cajas de ahorro y entidades de crédito popular que ofrecen altos rendimientos de más del 10 por ciento y que no estaban registradas ante la Comisión Nacional y de Valores, y nadie hizo nada.

De acuerdo con la Condusef solo 99 de las 850 entidades de ahorro y crédito popular en el país son supervisadas por las autoridades, es decir, el resto se encuentras en proceso o carece de registro.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene autorizada solo 132 sociedades cooperativas para operar en el país. La gran mayoría de las cajas populares optaron por constituirse como una cooperativa, debido principalmente a la facilidad jurídica que presenta, ya que no hay prácticamente ninguna regulación, ni supervisión, aprovechando de la deficiente legislación, regulación y supervisión que existe para el sector, algunas personas han utilizado el concepto de caja popular y han creado negocios particulares defraudando a sus ahorradores.

Por lo tanto, ya no se deben autorizar prórrogas para regularizar a estas entidades, pues ello se ha vuelto un modus vivendi, para algunas personas y representan un riesgo para la sociedad abusando de ella y defraudándoles.

Por lo anterior, la propuesta de reserva que presentamos es que se modifique el artículo 7, en su primer párrafo, adicionando que sea en los términos de los artículos 10 al 17 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para no dejar pie a especulaciones ya que en estos artículos se mencionan todo tipo de sociedades financieras para que obtengan su autorización competente, además quitamos la palabra discrecionalmente, porque actuar de esa manera abre la puerta a que se puedan desviar los recursos de todas las entidades.

Derivado de lo anterior es que someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva que hace la diputada referente al artículo 7o, párrafo primero sobre la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Adelante.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos para referirse a una reserva al artículo 7o, párrafo tercero, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano. De igual forma, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Adelante, diputada.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Gracias, presidente. La reserva que presento es al artículo 7o, porque de alguna forma queremos que la Comisión Bancaria cuando resuelva, ya sea en sentido positivo o negativo las solicitudes de autorización presentadas, deberían mandarlas, sobre todo presentarlas y no dar por hecho de que porque no llegó el documento al solicitante, signifique que se lo estén negando. Ésa es la reserva que hacemos hoy de Movimiento Ciudadano.

Pero también quiero aprovechar mi tiempo para un poco entender y explicar –desde mi opinión– lo que significa hoy esta Ley Ficrea.

Primero. Decirle al diputado del PAN que subió, que es una incongruencia lo que hizo, porque cuando se dio la discusión en la Comisión de Hacienda ahí estuvo apoyando a su presidenta de la comisión, quien, por cierto no está aquí, porque está en España en la plaza de toros, matando toros.

Ahí sí estaban diseñando que iban al rescate de los ahorradores. Sin embargo por el tema electoral seguramente se dieron cuenta que si lo aprobaban, obviamente disminuía su aceptación ante el electorado.

Mi razonamiento también es por lo siguiente: el tema de Ficrea se va a iniciar en enero de 2016, se crearía el fondo que sería el Fipago por mil 600 millones de pesos. Okey, este fideicomiso lo va a tener Nafin y viene terminando con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Sin embargo Ficrea tiene 3 mil 584 millones de pesos aproximadamente e invertidos en Lehman Trade, en Estados Unidos.

Cuando ya Ficrea se declare en quiebra, el gobierno de México va a tener que pedirle a Lehman Trade que regrese los 3 mil 584 millones de pesos. ¿Qué significa? Dentro de todo, algo bueno, pero también algo perverso. Significa que sí, el gobierno de México pone mil 600 millones de pesos, pero mi pregunta es ¿Por qué los 3 mil 584 millones que va a recuperar el gobierno, no se usará para eso? ¿Dónde va a quedar el copete? ¿Es un negocio acaso? Porque la presidenta de la Comisión de Hacienda fue quien diseñó esa ruta con Hacienda. Esa es mi gran pregunta, y eso es lo que hoy vengo a preguntarle al Grupo Parlamentario del PAN, sobre todo al diputado que está presente, preguntarle por qué sí impulsó desde el inicio el rescate de los defraudados y por qué hoy está echándose para atrás.

Y qué bueno que se está echando para atrás; es bueno, sin embargo es un tema que a nosotros como diputados, al menos a mí como diputada oaxaqueña, sí me preocupa porque recorta presupuesto para el campo, porque están recortando presupuesto a la gente más vulnerable, a la gente más pobre y porque esta Ley Ficrea, si bien es cierto viene a regular, también viene a darle al traste a las cajas de ahorro comunitarias y que también esto está provocando la violación de los derechos de los pueblos indígenas a organizarse también en su economía. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha. Para referirse a los artículos: 10, 14, 23 y 40 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se le concede el uso de la tribuna hasta por diez minutos al diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes compañeros diputados y compañeras diputadas.

Sin duda que el objetivo central que hoy motiva el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de esta ley es positivo. Sin embargo y lamentablemente en el corazón de la preocupación que nos ocupa hoy, solamente está un pequeño segmento de las personas que ahorran en nuestro país.

Y yo coincido con quienes aquí han sostenido que el objetivo central nuestro como legisladores, es garantizar que todos los ahorradores y consumidores del sistema financiero mexicano tengan protegido su patrimonio, independientemente del volumen de ahorro que tengan en las instituciones bancarias y de crédito del país.

Y me explico: nos debe de preocupar sí los ahorradores defraudados por Ficrea, pero también nos deben de preocupar quienes ahorran en otras instituciones de crédito y financieras en México.

Quizá, sí, quizá a lo mejor no nos hemos preguntado qué puede pasar ante un eventual quebranto de una institución comercial de las importantes en nuestro país. Quienes tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de tener un ahorro nos hemos preguntado: ¿Tendríamos garantizado al 100 por ciento nuestro capital ahorrado? Las letras pequeñas que son parte de la impunidad del sistema financiero en nuestro país, no protegen los intereses de los ahorradores, sino de los dueños de las instituciones bancarias.

O nos hemos preguntado ¿Por qué esas tasas de interés o esos créditos voraces, por ejemplo, en las casas de empeño? O acaso también nos hemos preguntado ¿Por qué esta flexibilidad en esas asociaciones que se ocupan de prestar dinero a tasas diferenciadas? Creo entonces que si verdaderamente nosotros tenemos la preocupación de proteger a los ahorradores de nuestro país, no deberíamos limitarnos única y exclusivamente a los que fueron defraudados por Ficrea.

Y, en conclusión, creo –y en mi opinión– que esta ley que hoy nos ocupa es una ley que es una especie de transición, legislativamente estamos garantizando la transición de las pequeñas asociaciones de ahorro en nuestro país a medianas empresas financieras, pero que finalmente van a terminar a ser devoradas por las instituciones grandes del sistema financiero en nuestro país.

Por esa razón voté en contra y por esa razón he presentado estas reservas, porque creo que nosotros como legisladores debemos garantizar el interés de los mexicanos a través de la legislación.

Pero otro de los grandes problemas en nuestro país es la sobrerregulación. En mi opinión en esta ley que nosotros estamos analizando el día de hoy hay una sobre reglamentación, se le dan enormes facultades a la Comisión Nacional Bancaria y los derechos de las pequeñas asociaciones son avasalladas por estas instituciones; y que está demostrado que la primera no cumple con la chamba que la ley le otorga, porque si efectivamente cumpliera con la ley, con las obligaciones que la ley le otorga, simple y sencillamente hechos como el de Ficrea no hubieran ocurrido.

Porque recodemos un día, exactamente antes de que se declarara en quebranto Ficrea, pues todavía estaban los promocionales en la radio y en la televisión de esta organización de crédito y de ahorro en nuestro país. ¿A dónde estuvieron esos sistemas de alerta temprana, que la ley los obliga para tomar medidas al respecto y evitar situaciones de esta naturaleza?

Entonces, creo, compañeras diputadas y compañeros diputados, que esta ley que estamos discutiendo el día de hoy lejos de beneficiar y de proteger realmente a quienes nosotros estamos diciendo, a la larga se va a revertir en contra de ellos. Y no es que estemos en contra de los pequeños y medianos ahorradores, simple y sencillamente lo que nosotros como legisladores tenemos que buscar es, insisto, garantizar a través de la ley que efectivamente el patrimonio de quienes tienen la necesidad de acudir a estas instituciones sea garantizado.

Concluyo con lo siguiente, compañeros diputados. Me parece innecesaria la inclusión de un transitorio en esta ley, a través del cual se garantiza el rescate. A algunos no les gusta el término y yo lo respeto, a lo mejor les gustaría más que utilizáramos la palabra ayuda. A mí me gusta más el término rescate porque en los hechos lo que estamos haciendo es justamente rescatando a poco más de 6 mil personas que fueron defraudadas, pero me parece innecesario que esta fondo se cree y se introduzca en una ley.

Por qué no, el Ejecutivo federal a través de un decreto, creó la figura del fideicomiso justamente para la ayuda o el rescate de las personas defraudadas por Ficrea. Me parece un exceso y por no decir que es una especie de zanahoria que nos están entregando para recibir el palo más adelante. Por esa razón voté en contra y por esa razón en lo particular también voy a votar en contra. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Domitilo Posadas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el señor diputado.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Se tiene por retirada la propuesta de modificación hecha por la ciudadana diputada Zuleyma Huidobro González, al artículo 12, fracción XI, relativa a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en discusión.

Ahora le otorgo el uso de la palabra a la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar una propuesta de modificación al artículo 14, párrafo cuarto.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Gracias, presidente. Mi reserva es al artículo 14, fracción I y VII. El artículo textualmente dice: En ningún caso podrá ser consejero de las sociedades financieras populares: fracción I, a la VII.

La mayoría de los consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional.

Vengo a proponerle a la asamblea que le quitemos esa posibilidad a los extranjeros, que si bien es cierto no traemos nada en contra de los inversionistas extranjeros, pero respetemos nuevamente a nuestro país. Creo que nuestra soberanía vale más que cualquier interés económico.

Aquí me he pronunciado muy en contra de las privatizaciones. Ya se privatizó Pemex, ya vendemos las playas a extranjeros, ya la Comisión Federal de Electricidad está privatizada, la banca ya se privatizó, ahora resulta que también los consejos de crédito y ahorro van a admitir a extranjeros. Esto es muy grave, por eso presento mi reserva a este artículo.

Insisto, esta Ley de Ficrea es una ley discriminatoria. En Oaxaca tenemos 70 cajas de ahorro y crédito que quebraron. Solamente son 40 millones de pesos lo que le estamos pidiendo a Hacienda y que no ha querido atender, ¿por qué es que ahora sí quieren rescatar a Ficrea con mil 600 millones de pesos? Es una discriminación.

Segundo, vuelvo a lo mismo, no hay por qué rescatar con dinero público, cuando Ficrea tiene tres mil 584 millones de pesos que el gobierno mexicano va a rescatar de Leadman Trade, ¿por qué insistir en dañar el erario público?

Ahora, la Ley Ficrea es también violatoria a los pueblos y comunidades indígenas. Vengo de un pueblo donde para llegar a la primera institución bancaria tengo que recorrer casi tres horas y eso representa dinero, representa gastos de ida y venida y la gente del campo está asistiendo a las pequeñas cajas de ahorro que ellos mismos están organizando, porque no ven atención de parte del gobierno que los representa y porque viven en zonas marginadas. Por eso mi voto es en contra de esta Ley Ficrea y sé que esta propuesta que vengo a hacer de modificación la van a desechar.

Qué lástima por las diputadas y los diputados que sí me están escuchando y que sí me están creyendo. Qué lástima que no puedan tomar la decisión por ustedes mismos, me da una pena, verdaderamente, que tengan que obedecer a unos cuantos.

Es una tristeza que nos digamos representantes populares, por lo menos hagamos conciencia y votemos a lo mejor en abstención, hasta eso les pido, que nos ayuden a quitar de este artículo que sean también extranjeros los que estén dirigiendo las cajas de ahorro en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada y precisada por la diputada Valencia.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Para presentar propuesta de modificación al artículo 31, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está de acuerdo con los principios esenciales del presente decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y se reforma y se adiciona, así como se derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ante la situación económica que actualmente se encuentra el país, es necesario aplicar las medidas necesarias que permitan a los ciudadanos garantizar la sustentabilidad económica que se necesita.

Es por ello que la ley que hoy discutimos debe de tener una redacción coherente y clara, a efecto de que con la simple lectura del texto normativo ésta sea comprensible para todo ciudadano.

En ese orden de ideas, Movimiento Ciudadano se reserva los párrafos quinto y sexto del artículo 31 del proyecto que hoy se analiza. Lo anterior, debido a que no se ajusta a las normas ortográficas y gramaticales, y en consecuencia, no resulta entendible el contenido normativo al establecerse de la siguiente forma:

Artículo 31. Párrafos penúltimo y último. A la letra dice: las sociedades financieras populares deberán entregar a la comisión, durante el primer trimestre de cada año, un estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la celebración de las operaciones señaladas en el párrafo segundo y tercero, párrafos anteriores, llevadas a cabo durante el año calendario inmediato anterior.

La comisión podrá suspender o limitar de manera parcial o total las operaciones a que se refiere este artículo si no fueron pactadas en condiciones de mercado, o bien, ponen en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez de la sociedad financiera popular. Esto así dice.

Nosotros proponemos la siguiente reserva, la siguiente reforma: las sociedades financieras populares deberán entregar a la comisión, durante el primer trimestre de cada año, un estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la celebración de las operaciones señaladas en los párrafos anteriores, llevadas a cabo durante el año calendario inmediato anterior.

La comisión podrá suspender o limitar de manera parcial o total las operaciones a que se refiere este artículo si a su consideración no fueran pactadas en condiciones de mercado, o bien, ponen en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez de la sociedad financiera popular.

De esta forma, quedarían dentro del orden gramatical correspondiente, otorgando continuidad al texto normativo, resultado una redacción genérica aplicable y coherente dentro del artículo que se reserva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana secretaria. Ahora pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal, preciso, de los artículos 7, 10,. 12, 14, 23, 31 y 40, contenidos en el artículo primero de instrucción del decreto, referente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en términos del dictamen modificado por esta asamblea.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 7, 10, 12, 14, 23, 31 y 40 contenidos en el artículo primero de instrucción referente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en términos del dictamen modificado.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva Voz.

La diputada Erica del Carmen Velázquez Vacio(desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Señor presidente, se emitieron 305 votos a favor, 12 abstenciones, 42 en contra.

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobados los artículos reservados del artículo 1o. del decreto en términos del dictamen modificado, por 305 votos a favor.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista, para presentar reserva al artículo transitorio primero, del artículo 2o. del decreto. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, señor presidente. Antes de comenzar quiero solicitarle la posibilidad de presentar la exposición de los artículos que reservé, en un solo acto; son siete reservas.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante; que sea por cinco minutos –por favor– el tiempo para su exposición, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Gracias, presidente. He reservado siete artículos porque me parece verdaderamente preocupante el contenido de algunos preceptos. Quiero hacer énfasis en los aspectos negativos que impactarán en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Primero. Se propone eliminar a las cooperativas de nivel básico que en la actualidad suman más de 380 en el país, situación que considero inviable debido a que muchas de ellas se ubican en zonas pobres, rurales e indígenas.

Segundo. Se cierra la puerta para que las nuevas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, nazcan y puedan operar.

Se deja la facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autorizar o no la constitución y puesta en marcha de una nueva cooperativa de ahorro y préstamo. Es decir, las nuevas tendrán que pedir autorización a ésta desde su creación.

Tercero. Se modifica el esquema del seguro de depósito de los ahorradores que trasitaría al IPAB, pero no se incrementan los montos que cubrirían, en caso de quebranto en relación con los ahorradores de otras instituciones.

Cuarto. Se pretende implementar en los Consejos de Administración de las Cooperativas la figura de consejeros independientes, lo que puede funcionar en una sociedad anónima, pero en la cooperativa lo considero inviable.

Quinto. Se incrementan las sanciones, situación que considero grave, porque se pretende criminalizar a los directivos y gerentes de las cooperativas, y se establecen delitos graves, situación que inhibiría la prestación de esta función en las cooperativas, pues reitero, en el caso de los consejeros, no reciben una remuneración.

Sexto. Se amplía el esquema de regulación y supervisión más allá de la función del ahorro y préstamo en contra de la filosofía, los valores y principios cooperativos que han inspirado al movimiento cooperativo en el mundo, y que ha ayudado a generar aproximadamente mil millones de socios en el mundo que generan 100 millones de empleos, un 20 por ciento más que las firmas multinacionales, según cifras al año 2012.

Séptimo. Igualmente se propone eliminar la figura de la Sofipo y los organismos de integración de éstas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular que operan en zonas rurales e indígenas del país.

Por otro lado, el proyecto de decreto que se somete a consideración, entre otras reformas, propone desaparecer el nivel básico previsto en la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que contempla a cooperativas que tengan menos de dos y medio millones de Udi.

Hoy en día existen en el país un universo de 400 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Este tipo de sociedades se ubican en regiones alejadas donde no existe más opciones de ahorro y préstamo, son sociedades que en su mayoría no cuentan con más de mil 500 ahorradores. Este tipo de sociedades atienden necesidades muy concretas en poblaciones rurales e indígenas, y tienen muchas dificultades para cumplir con la regulación con estándares bancarios que se les pretende imponer por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, con esta reforma se pretende imponerles toda la regulación bancaria distinta a la que tienen ya establecida por ley.

Al pretender regularlas como cualquier otra sociedad las están condenando a la desaparición. Sobre este tema el sector ha venido dialogando con la entidad reguladora y hace un año esta Legislatura aprobó una serie de reformas para regularlas, de conformidad con su precaria administración, sin embargo con esta propuesta se pretende extinguirlas.

Por consiguiente y con el afán de que no sean afectadas y se siga conservando el esquema de cooperativas básicas, como hasta hoy se encuentran en la ley, presento reservas a los artículos 13, 14, 15, 15 Bis, 16 y 17 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, contenida en el dictamen, en la inteligencia de que no sean derogados, por el contrario, que prevalezcan con el texto vigente por las consideraciones ya dichas.

Finalmente, insisto que es lamentable que para la elaboración de un marco jurídico no se consulte a los sectores a los que se afectará. El año pasado estuvimos en reuniones con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, había un recurso para poder salvar las cooperativas en Oaxaca, a nadie le importó, ¿Por qué?

Me pregunto: ¿Por qué? Compañeros, porque hay defraudados millonarios, ¿Ahora sí les importa? Tengan conciencia. Y compañeras y compañeros del PAN, ustedes anduvieron promoviendo para que el voto fuera en contra y tristemente veo en el tablero que votan a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Gloria Bautista, al artículo primero transitorio del artículo segundo del decreto, y a los artículos 13, 14, 15, 15 Bis, 16 Bis, 17 del artículo tercero del decreto.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desechan. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos, a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, de Acción Nacional, para proponer la reserva de la eliminación del I al XV en el transitorio.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Con el permiso, presidente e integrantes de la Mesa Directiva.

Vengo a este pleno para presentar la reserva que propone eliminar en su totalidad el artículo segundo de las disposiciones transitorias, por qué razones. Por supuesto que nunca voy a estar en contra de que se pague a los de Ficrea, en lo que yo no estoy de acuerdo es que por qué no se les hace una comisión también a los defraudados del estado de Oaxaca, a los de Chiapas, a los de Guerrero, a los de Michoacán, ¿Porque no pueden hablar?, ¿porque no son amigos de algunos ministros, de algunos diputados? ¿Porque no pueden expresarse en español?

En Oaxaca existen 55 mil defraudados, que representa 5 mil millones de pesos, 75 cajas declaradas en quiebra, y quién los ha escuchado. Hace 10 años han venido a marchar, han venido a bloquear, nadie los ha escuchado porque la respuesta ha sido siempre; es que es un tema entre particulares. Ficrea también es un tema entre particulares.

¿Por qué tampoco no se hace una comisión especial para ese tipo de tema?, ¿Porque son los más pobres de los pobres en este país?, ¿Porque son los hijos de los migrantes que tienen que huir de este país porque no han encontrado una oportunidad?, ¿Porque tienen que aguantarse de comer, de comprar zapatos en Estados Unidos y mandar un dólar más. Y que de la noche a la mañana resulta que sus ahorros ya no están. Y que resulta que los dueños de estas cajas son los grandes ampones, como Ulises, como Murat.

¿De qué se trata? ¿De que siempre se les va a apoyar a los grandes emporios, a los que evaden el fisco? Porque hasta hoy no tenemos una lista de quiénes son estos defraudados.

¿Por qué no se hace también una comisión especial para analizar el tema de la caja de los defraudados de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero? No pido más, pido solamente justicia. No pido otra cosa más, más que lo que me han expresado allá en Oaxaca, los que no pueden hablar el español, los que hoy sus familias están peleándose. Los que han matado a sus padres, porque los responsabilizan de haber ahorrado en esas cajas. Los que a las mujeres han golpeado, porque las responsabilizan de haber ahorrado en esas cajas.

¿Qué diferencia hay entre Ficrea y esos ahorradores? ¿Cuál es la diferencia entre los ahorradores de Ficrea y los ahorradores de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero? ¿Porque son indígenas, porque son pobres, porque no son amigos de ministros, porque no son amigos de senadores?

Hoy solicito que se dé la discusión seria en ese tema. Hagamos justicia, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación.

Solicito al presidente que este voto se dé por tablero, para que demos cuenta ya en la calle a esa gente que hoy perdió todo, a esa gente que está llorando, a esa gente que nadie los ha escuchado, a esa gente que está aquí afuera del recinto.

Que sean justos, Ficrea también es Oaxaca, Ficrea también es Guerrero, es Chiapas. Por lo tanto, también los mil 600 millones de pesos también tienen que ir ahí. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Así se hará, porque de hecho se tiene contemplada la votación en tablero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se pueden repetir la votación, por favor, para que haya toda claridad. Por favor, compañeros levanten bien su voto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha. Y ábrase el tablero para votarla. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Esther Quintana Salinas, hasta por tres minutos, para referirse a los artículos transitorios décimo y decimocuarto sobre su eliminación.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Esther Quintana Salinas: Y con la venia de todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores. Yo tengo una pregunta que me muerde la lengua y lo que sigue.

Yo me he preguntado, por qué la premura en la aprobación de esta Ley de Ahorro y Crédito Popular, que de ribete le encasquetaron un artículo segundo de disposiciones transitorias en el que, entre otros trabucos, le endilgan a los contribuyentes mexicanos que respondan, que paguen por lo que el sinvergüenza Olvera Amezcua les robó a quienes fueron a entregarle su dinero, porque los intereses que les ofreció eran más altos que los que da la banca. Se lo pregunté ayer al señor subsecretario y no me contestó.

Hablando de estos que fueron a entregarle su dinero, ahora sí que fueron por lana y salieron trasquilados. Entre los trasquilados están, yo vengo de Coahuila. Está el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, porque su presidente, el señor licenciado Gregorio Pérez Mata, nada más por el poder que tiene atrás, igual y toca el de Fulgor Sedano, de su obra Pedro Páramo, decidió invertir dinero público en la Sofipo de este sinvergüenza.

También, brincos dieran en mi estado, muchos de los proveedores del gobierno, en la administración de Humberto Moreira, que se hubiera creado un fondo especial para cubrirles todo lo que no se les pagó.

Y a algunos, y lo tengo que decir aquí con toda claridad, porque me parte el alma, algunos de esos proveedores quedaron con una mano atrás y otra adelante y nadie ha respondido por ellos.

Por eso, precisamente el Grupo Parlamentario del PAN no puede votar a favor semejante artículo segundo, porque no se puede dar trato desigual, no se debe dar trato desigual. Y estamos ciertos de que entre esos ahorradores llegaron personas que los ahorros de su vida se los fueron a entregar. Pero también hay millones de mexicanos que todos los días viven a la quinta pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer?

Y hubo personas físicas también, que decidieron hacer uso de este mecanismo de ahorro con intereses especulativos, generando la sospecha de que detrás de esto existe un interés que no se ha dicho o que no se ha revelado.

Me refiero a aquellos que utilizaron de manera mezquina esta sociedad financiera popular en lugar de acudir a las instituciones bancarias, a las bolsas de valores o a otras que brindan seguridad dentro del sistema financiero.

Es en eso en lo que no estamos de acuerdo, en que se haga un rescate, y pónganle el nombre que se les dé su regalada gana, pero éste es un rescate con dinero público para pagar lo que se robaron, y esto definitivamente no estamos de acuerdo.

Porque la ley tiene que ser pareja, tiene que beneficiar parejo, y si en este momento aprobamos esto a favor, estimados amigos –no es tequila sino les decía salud–, todo el mundo va a querer venir al Congreso, pues para que se proceda exactamente de la misma manera.

Y la ley tiene que ser pareja, señores, por eso aprobamos la ley –ya concluyo, presidente–, también porque no queremos que en el futuro siga ocurriendo lo que ahora está ocurriendo, ésa es la razón. Pero tenemos que distinguir entre lo que es la ley y este trabuco, y le llamo así porque es un trabuco lo que le pusieron, porque quieren que respondan con dinero de los mexicanos lo que se robaron otros. Ahorita me callo, todavía no termino, ya merito.

Es nuestra responsabilidad como legisladores, amigos, cuidar que no existan abusos por parte de quienes sirviéndose del ahorro de quienes confían en estas instituciones defraudan y engañan a cientos de miles de mexicanos. Por eso el Grupo Parlamentario del PAN de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia vamos a favor de este Segundo transitorio, con disposiciones transitorias. Muchísimas gracias, diputado presidente. Y ahora sí, ya se acabó mi tiempo. Gracias y buenas tardes.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha.

Ahora en consecuencia, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto contenidos en el artículo segundo del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en términos del dictamen modificado, hasta por diez minutos por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, contenidos en el artículo 2o. del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en términos del dictamen modificado.

(Votación)

De viva voz el voto de la diputada Erica del Carmen Velázquez.

La diputada Erica del Carmen Velázquez Vacio(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciérrese el sistema.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 233 votos a favor, 129 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobados los artículos reservados del artículo segundo del decreto en términos del dictamen modificado por 233 votos.

Se le concede el uso de la tribuna al diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para referirse al artículo 19, fracción I, eliminar el inciso A) y B), contenidos en el artículo tercero, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

El diputado Danner González Rodríguez:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Danner González Rodríguez: Honorable asamblea, el quebranto de Ficrea pone en evidencia una vez más la miopía y el inmediatismo con que los gobiernos priistas y panistas han estado tratando el sistema financiero mexicano. Tenemos desde inicios de los 90, como Penélope, tejiendo y destejiendo la organización y operación del sistema financiero nacional, enredándolo cada vez más. Bajo un sistema bancario oligopolizado y extranjerizado, al que en su momento el entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, se opuso por su domicialización accionaria extranjera, es decir fuera de la Bolsa Mexicana de Valores, se han creado Sofoles, Sofomes, Sofipos y se ha permitido que proliferen los llamados dispersadores de crédito con los que opera la banca de desarrollo, relevantemente la Financiera Rural.

Todo ese entramado de instituciones financieras no bancarias, incluidas las cooperativas de depósito y ahorro, han operado sin una clara y efectiva regulación llegando al extremo de instituir su autosupervisión, hecho que ha provocado desde el rescate bancario, del que por cierto desde 1998 no se ha pagado un solo peso de su deuda de capital, hasta el sistemático quebranto monetario para los pequeños ahorradores, pasando por disposiciones oficiales y obligatorias de cierre de la instituciones con las que las propias autoridades han terminado por crear daños a los ahorradores y al público en general.

Todo esto ha resultado como jugar póker con dinero ajeno, los resultados financieros y de financiamiento de los pasados 20 años demuestran claramente que la arquitectura y operación del sistema financiero es un caos, que no ha servido al desarrollo del país, que no ha apoyado con servicios a la población en general.

Seguimos bajo el dictum de la economía de pizarrón, del oligopolio bancario y la idea de la changarrización financiera. Han creado una hidra que hoy por más que quieran no pueden controlar. Con la expedición de estos nuevos ordenamientos y las reformas y adiciones que se proponen se pondrá un parche más, una curita a un enfermo cuya fase terminal se avizora y que habrá de generar crisis mayores.

Carteras vencidas crecientes, falta de regulación adecuada, una Comisión Bancaria desligada del Banco Central; una falta de supervisión financiera adecuada en medio de una crisis fiscal y de ingresos públicos que ya han obligado a tomar medidas de austeridad, es decir recortes al gasto y otras que se dicen preventivas, pero que terminarán siendo contingentes.

Un ejemplo de ello es que anteriormente se protegía al usuario hasta por 400 mil UDI, y en este caso específico sin límite alguno. Hoy en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del proyecto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro, se da una garantía por 200 mil UDI a las personas físicas y tratándose de personas morales la protección es hasta de un millón de UDI.

Las leyes, compañeras diputadas y compañeros diputados, son constructos humanos para mejorar las sociedades, no pueden ser regresivas ni retroactivas. Es entonces una contradicción visible con esta disposición que se baje la protección al ahorro, porque no solamente es un mal mensaje a los mercados, sino que es incongruente.

¿No acaso el Banco de México dice que el sistema financiero mexicano es sólido? Entonces, ¿Por qué bajar la protección a los ahorradores? Por eso la propuesta que estoy haciendo es reformar estas fracciones, a fin de eliminar los límites que se establecen hasta por 200 mil UDI tratándose de personas físicas y de un millón de UDI en el caso de las personas morales y dejarlas sin límite alguno como estaba anteriormente tratándose de personas relacionadas a las que alude esta ley.

Con esta reforma –y con esto concluyo, presidente– no se está protegiendo a los ahorradores. Ni los ven ni los oyen, como dijo el innombrable. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para referirse al artículo 71, párrafo primero, contenidos en el artículo Tercero de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Con esta ley que se acaba de aprobar debe servir para que sea un regulador y garante de los ahorradores de este país. No podemos permitir que esta ley sea sesgada.

En esta tribuna he dicho siempre que los actos de corrupción son la etiqueta de este gobierno, le han cambiado el nombre y ahora le llaman conflicto de interés, pero al final de cuentas es lo mismo, sigue siendo corrupción.

Los intermediarios en México son las Sociedades de Inversión, las cuales son empresas cuyo capital se invierte en valores. Es decir, acciones de empresas o títulos de deuda y a su vez emiten acciones representativas de su capital, las cuales colocan entre el público inversionista. Estas sociedades cumplen con un objetivo muy importante, que es el de permitir el acceso a pequeños inversionistas a una cartera diversificada de acciones o de títulos.

Las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, Siefores, son entidades que administran las aportaciones que hacen los trabajadores y las empresas durante la vida laboral de los trabajadores, para establecer un fondo individual para el retiro de los trabajadores.

Las Siefores llevan cuentas de ahorro individuales por cada uno de los trabajadores. Estas cuentas tienen como objetivo el que los trabajadores tengan dinero para cubrir sus gastos una vez que terminan su vida laboral y hayan alcanzado su edad de retiro, llámese pensionados o jubilados.

El dinero o recursos de estas cuentas, son invertidos en una canasta de valores, acciones y títulos de deuda, de acuerdo al criterio de diversificación de riesgos. Son las empresas que administran a las Siefores, invierten los recursos en valores y llevan las cuentas individuales de los trabajadores, pero para que operen adecuadamente esas instituciones financieras requieren de reglas claras, que proporcionen confianza a los inversionistas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la propuesta de la redacción de la presente al artículo 71: Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, en un plazo de 12 meses, escuchando la previa opinión de la comisión, estarán obligadas, en adición, a cumplir con las demás obligaciones que resulten aplicables. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al transitorio sexto, suprimir el transitorio sexto contenido en el artículo cuarto de las disposiciones transitorias, en relación con las modificaciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Adelante, diputada.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué soluciona el caso de Ficrea modificando la Ley de Ahorro y Crédito Popular? En estos podríamos estar de acuerdo, pero que la propuesta del sector social es no modificar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, ley exclusiva para las cooperativas, ¿Por qué? Y voy a comentar precisamente por algunas cooperativas que me hicieron varias precisiones.

Primero. Se daña a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que tienen más de 60 años funcionando y que atienden a los más de 6 millones, 600 socios para beneficiar a los defraudadores del Ficrea.

Segundo. Con las modificaciones, la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo desaparecen primero a las 400 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nivel básico y con esto se corre el riesgo sistemático para todas las demás cooperativas de ahorro y préstamo, pues paulatinamente irán desapareciendo todas, en virtud de las disposiciones administrativas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Tercero. Expropian los más de 800 millones que hay en el Fondo de Protección Cooperativo, de las cuales más de 600 millones son aportaciones de las cooperativas autorizadas, lo que significa que el gobierno solo aporte 200 millones de pesos de sus recursos.

Cuarto. Se atenta contra la autonomía y gestión democrática de las leyes cooperativas previstas en la Ley General de Sociedades Cooperativas al incorporar la figura del consejero independiente, que cabe señalar que las cooperativas tendrán que pagar sus honorarios y viáticos.

Quinto. Se condena la extinción a las cooperativas de ahorro y préstamo más pequeñas, al obligarlas, desde el inicio a autorizarse, pues las mismas no tienen la capacidad económica para hacer frente a los requerimientos para su autorización y la regulación. Pero también se condena a que no pueden hacer de nuevas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Concluyo, señor presidente. Consideramos, que esta ley a quien más afecta es a la población más pobre del país, a las y los mexicanos que no tienen acceso a los bancos, cuando éste no es un problema originado por las sociedades financieras, comunitarias y populares, sino por la corrupción de unos cuantos con el fin de defraudar.

Esta ley es de corte político, para darle imagen de que el caso Ficrea se está resolviendo, cuando en realidad lo que están haciendo es premiar a los corruptos y hacer que los mexicanos y las mexicanas paguemos el dinero de los defraudadores con el argumento de que con los activos de la financiera será cubierta la deuda y después, ¿adónde irá ese dinero si verdaderamente se recupera? ¿Realmente se regresará al Estado? ¿O en realidad quedará como la deuda para los y las mexicanas?

Estamos en contra de las facultades discrecionales que le dan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra de que el dinero de los ahorradores se lo lleven al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Estamos en contra de abonar a la cultura del fraude, esta política, diputadas y diputados, es discriminatoria, trata igual a los desiguales, les quita a los pequeños para darle a los grandes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Nelly Vargas Pérez, para referirse al artículo 19 Bis 1 contenido en el artículo octavo, que adiciona los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: En la década de los 90 se consolidó la globalización como la nueva forma de realizar operaciones económicas en el mundo al borrarse virtualmente las fronteras geográficas con los avances tecnológicos.

Ese fenómeno se suele entender como la integración de las relaciones comerciales de la producción y de las finanzas a escala mundial. Este proceso económico actualmente avanza de manera irreversible en todos los rincones de la tierra con sus efectos positivos y negativos.

Por ello también la delincuencia se ha globalizado y sus actividades se extienden a nivel internacional y sus operaciones pueden equipararse al funcionamiento de empresas transnacionales que cuentan con todos los elementos tecnológicos avanzados necesarios para una alta eficacia en su operatividad criminal, creando a cada omento mecanismos sofisticados para delinquir y difíciles de combatir, lo que obliga a todos los países a realizar cambios fundamentales en la conducción económica de los mismos y establecer políticas criminales acordes a esta nueva realidad.

Las infracciones a las disposiciones por ausencia de informes, ameritan sanciones pecuniarias del 10 por ciento hasta el 100 por ciento del reporte de la operación, pero cuando las afectaciones sean directas a los usuarios por las sanciones resarcitorias, deberán ser indiscutiblemente del 100 por ciento y no del 10 por ciento al 100 por ciento como lo establece el proyecto de dictamen.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea el texto propuesto

Artículo 19 Bis-1. Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo cometidas por las entidades, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la comisión con multas del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no hubiera enviado.

Es decir, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refieren las disposiciones señaladas anteriormente; o, bien, con multas equivalentes en moneda nacional de 10 hasta 100 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación del artículo 19 Bis 1 del artículo 4o. del decreto.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación –por cinco minutos– para proceder a la votación nominal de los artículos 8, 13, 14, 15, 15 Bis, 16, 17, 19, y 71 contenidos en el artículo tercero del proyecto de decreto relativo a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; el artículo transitorio sexto contenido en el artículo 4o. del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias en relación con las modificaciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; y el artículo 19 Bis 1 contenido en el artículo octavo del proyecto de decreto relativo a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; todos ellos en términos del dictamen modificado.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 8, 13, 14, 15, 15 Bis, 16, 17, 19 y 71, contenidos en el artículo 3o. del proyecto de decreto relativo a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; el artículo transitorio sexto contenido en el artículo 4o. del proyecto de decreto relativo a las disposiciones transitorias en relación con las modificaciones a la Ley para Regular las Actividades de las sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; y el artículo 19 Bis 1 contenido en el artículo 8o. del proyecto de decreto relativo a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos ellos en términos del dictamen modificado.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Érica del Carmen Velázquez, el sentido de su voto.

La diputada Erica del Carmen Velázquez Vacio (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:De viva voz.

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Olvera Caballero (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Señor presidente, se emitieron 282 votos a favor, 50 en contra y 9 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia quedan aprobados los artículos reservados de los artículos tercero, cuarto y octavo del decreto en términos del dictamen modificado por 282 votos.

Queda aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y se refirman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por el pleno.

Proceda la Secretaría a la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se turnó para estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el titular del Ejecutivo Federal.

Con fundamento en las facultades establecidas en los Artículos 39, 45 numeral 6 incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la Minuta referida, esta Comisión somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, elaborado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión de Defensa Nacional, encargada del análisis y dictamen de la Minuta de mérito, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno de la Minuta.

En el apartado “ CONTENIDO DE LA MINUTA”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido de este Dictamen.

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 24 de febrero de 2015, el titular del Ejecutivo Federal, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Dicha iniciativa se acompañó de los oficios números 353.A.0054 y 315-A-00460 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en términos de lo establecido por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contienen el Dictamen de Impacto Presupuestario.

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; Gobernación; y Estudios Legislativos, para análisis y dictamen correspondiente.

2. El 9 de abril de 2015 el pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Dicha Minuta, que es materia de este dictamen, fue aprobada por la Colegisladora en lo general y en lo particular por mayoría de 78 votos en pro, 20 en contra y 2 abstenciones.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó remitir la Minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 14 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta a la Comisión de Defensa Nacional, para estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobada el 9 de abril por el Senado de la República pretende facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a otorgar, con base en el principio de reciprocidad internacional, permisos extraordinarios de portación de armas de fuego a: funcionarios aduaneros extranjeros en los puntos de revisión de las aduanas ubicadas en territorio mexicanoy nacionales que participen en el extranjero; Servidores públicos de migración nacionales y extranjeros que participen en la revisión migratoria de tránsito internacional; y, al personal de seguridad que acompañe a funcionarios en visitas de alto nivel provenientes de estados extranjeros u organismos internacionales, que por la naturaleza de sus funciones o su investidura requieren de mecanismos especiales de protección y seguridad.

Lo anterior, con el objeto de fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera de nuestro país con el resto del mundo, para hacer más eficiente el flujo de personas y mercancías, reduciendo costos y tiempos, impulsando un mayor beneficio económico para nuestro país.

Asimismo, se pretende contar con una legislación acorde con las obligaciones internacionales contraídas por México para el resguardo de personas internacionalmente protegidas, con la finalidad de brindar certeza jurídica y una adecuada protección de Jefes de Estado, de gobierno, ministros y altos funcionarios de otros países, en visitas oficiales a México.

Al respecto, la Colegisladora aprobó las reformas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal, al considerar que éstas contraen diversos beneficios en materia de:

• Establecerá un esquema apto para el desarrollo de las funciones por parte de servidores públicos nacionales en territorio extranjero o extranjeros en territorio nacional que realicen actividades de pre-inspección migratoria en los puntos de tránsito internacionales.

• Generará control, ya que los servidores públicos extranjeros de migración deberán encontrarse debidamente acreditados ante el Gobierno Federal. La Secretaría de Gobernación deberá tramitar ante la SEDENA, la autorización de los respectivos permisos extraordinarios de portación temporal de armas.

• Coadyuvará al establecimiento de un sistema de atención migratorio recíproco de viajeros hacia destinos internacionales atendido por agentes extranjeros, que impactará positivamente en el turismo de México.

• Sentará las bases para ofrecer las condiciones idóneas a servidores públicos nacionales en territorio extranjero o extranjeros en territorio nacional que realicen actividades de pre-inspección aduanera en los lugares autorizados y habilitados para tal efecto ya sea en territorio mexicano o extranjero.

• Generará control, ya que los servidores públicos extranjeros de aduanas deberán encontrarse debidamente acreditados ante el Gobierno Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la responsable de tramitar ante la SEDENA, la autorización de los respectivos permisos extraordinarios de portación temporal de armas.

•La implementación de operaciones de preinscripción en cooperación con diversos países permitirá incrementar la eficiencia y disminuir los costos de transacciones de forma recíproca para el tránsito de mercancías, mediante el asentamiento de las bases para el pre-despacho aduanal.

La autorización de ingreso y portación de armas de fuego que en su caso emita la SEDENA a, tendrá las siguientes restricciones:

• El arma autorizada, corresponderá a la que el funcionario extranjero utilice como arma de cargo en las instalaciones de su país de origen. Adicionalmente especifica que solo podrá ser un revólver o pistola de funcionamiento semiautomático con calibre máximo de .40” o equivalente;

• La portación solo podrá realizarse en el local o instalación en que el funcionario extranjero desempeñe sus actividades; es decir, las armas de los agentes extranjeros quedarán resguardadas en su lugar de trabajo;

• Tendrá una vigencia de 6 meses, con la posibilidad de renovación sujeta a los mismos requisitos y restricciones para su autorización;

• Podrá cancelarse, sin perjuicio de aplicar sanciones que procedan, en los casos que ya prevé la Ley vigente para todos los permisos de portación de armas; y,

• Otros límites y restricciones que considere conducentes.

Para el caso de los servidores públicos mexicanos que participen en las actividades migratorias o aduaneras realizadas en instalaciones de países extranjeros, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la salida y retorno de las armas que porten dichos servidores públicos. En este caso, se establece que dicho personal -y armamento- que participará en el extranjero deberá estar previamente incluido en la licencia oficial colectiva respectiva.

En materia de protección y seguridad para las personas internacionalmente protegidas en el marco de las visitas oficiales que realicen a nuestro país:

• Permitirá brindar certeza jurídica, al armonizar la legislación interna con el marco jurídico internacional del que México es parte.

• Regulará el ingreso de armas durante las visitas de alto nivel que se realizan a nuestro país.

• Generará control, ya que los agentes de seguridad deberán encontrarse debidamente acreditados ante el Gobierno Federal. En este caso se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar ante la SEDENA, la autorización de los respectivos permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas.

La autorización de ingreso y portación de armas de fuego que en su caso emita la SEDENA a que acompañe en visitas oficiales a Jefes de Estado o Gobierno, Ministros o equivalentes, tendrá las siguientes restricciones:

• El arma autorizada, solo podrá ser un revólver o pistola de funcionamiento semiautomático con calibre máximo de .40” o equivalente. En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la SEDENA se justifique la necesidad de su uso.

• El permiso tendrá una vigencia equivalente a la duración de la comisión de la visita oficial.

• Otros límites y restricciones que considere conducentes.

En suma, los permisos de ingreso y portación de armas que emita la SEDENA en los supuestos arriba mencionados, serán de carácter extraordinario, temporal, con un marco regulatorio claro, en lugares perfectamente establecidos para tal efecto y tramitados por dependencias federales ante esa Secretaría.

Conforme a lo anterior, la Minuta aprobada por la Colegisladora propone reformar el artículo 11, último párrafo con el objeto de establecer que se podrá autorizar por la Secretaría de la Defensa Nacional la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de la Ley (mismos que se adicionan).

Reforma el artículo 27, con el objeto de facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional a expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley, los cuales podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los casos que prevé el artículo 31 de la presente Ley.

Reforma el artículo 28 y adiciona un artículo 28 Bis, con el propósito de señalar el procedimiento y requisitos para el permiso extraordinario de portación de arma por parte de servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, así como del ingreso y portación temporal de armas de fuego por parte de servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a jefes de estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes. El artículo 28 contiene las condiciones para los agentes nacionales que participen en actividades de preinscripción migratoria o aduanera en territorio extranjero.

Finalmente, es de destacar que en los artículos transitorios, se especifica que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de las reformas a la Ley se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a las dependencias de la Administración Pública Federal que correspondan, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate.

Sirva para ilustrar lo anterior, el siguiente cuadro comparativo:

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objetivo de la Minuta, l a Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados como instancia legislativa competente para atender la presente Minuta, en virtud de quela Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señala en los artículos 2 fracción III, 37 y 40 que corresponde su aplicación a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras autoridades; y que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39 numeral 3, establece que las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación.

En ejercicio de dichas facultades, la Comisión Dictaminadora emite las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La reforma legal planteada por la Minuta se correlaciona con las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, dentro de las Metas Nacionales, se contempla “conseguir un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica mediante la generación de igualdad de oportunidades”.

Para alcanzar dicha Meta, además de las acciones en el ámbito administrativo, se requiere el empleo de todos los mecanismos que permitan su materialización, tales como convenios internacionales y un marco legal armónico y claro.

En ese sentido, la reforma propuesta a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contempla modificaciones que con su instrumentación, permitirán materializar los acuerdos de colaboración en materia aduanera entre México y otros países, y consecuentemente, en la concreción de la Meta nacional, anteriormente referida.

En la propuesta de modificaciones legales a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se planteansupuestos específicos que actuarán como complemento para la consecución de beneficios sociales y económicos para el país, considerando las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo orientadas a facilitar el turismo y el comercio exterior impulsando la modernización de los puntos de tránsito internacionales, las aduanas, la inversión en infraestructura y la actualización e incorporación de mejores prácticas y procesos en materia aduanera, y mediante la simplificación de los trámites migratorios y de aquellos relacionados con el comercio exterior.

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora estima que la Minuta de referencia es de aprobarse, toda vez que los objetivos de las modificaciones legales propuestas concuerdan con los propósitos de su planteamiento y se correlacionan con las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

SEGUNDA.-Esta Comisión que dictamina observa que la propuesta en revisión impactará positivamente para la instrumentación de las bases de operación de la pre-inspección aduanera contempladas como parte de los objetivos de la Minuta de referencia, en total congruencia con las consideraciones emitidas cuando esta Cámara aprobó la reforma a la Ley Aduanera en octubre de 2013, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de ese mismo año.

En esa ocasión, se señaló que la reforma a la Ley Aduanera tuvo por objeto transparentar y simplificar trámites relacionados con el comercio exterior, así como permitir establecer instrumentos para mejorar los procedimientos aduaneros con la finalidad de eficientar el comercio exterior de nuestro país.

En ese sentido, la reforma de referencia tuvo por objeto permitir el despacho aduanero en un lugar distinto al autorizado; precisar disposiciones en materia de tránsito interno de mercancías; fijar el procedimiento para las notificaciones electrónicas; prever más obligaciones para las personas que hayan obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías en depósito ante la aduana; eliminar la figura de apoderado aduanal y de agente aduanal sustituto; así como regular modificaciones al despacho conjunto para ampliar su alcance.

A este respecto, en materia de despacho conjunto se estableció en el artículo 144 de esa Ley la facultad del titular de la Secretaría de Hacienda para autorizar los puntos en los que se podrá desarrollar despacho conjunto con autoridades aduaneras de otros países y que el despacho conjunto podrá llevarse a cabo con autoridades aduaneras de cualquier país y no sólo en las aduanas fronterizas, sino en cualquier aduana del país.

Dicha modificación se justificó considerando la suscripción de 24 acuerdos bilaterales con otros países (entre otros, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Indonesia, Japón, China e India). En dicho contexto, se consideró conveniente fortalecer los esquemas de intercambio de información, dar mayor certidumbre y eficiencia a los intercambios que se producen a través de la cadena logística de comercio internacional y el estrechar lazos de colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que se tienen fuertes lazos económicos. De la misma manera se consideró necesario facilitar la coordinación entre autoridades nacionales extranjeras que permitieran el intercambio de información por medios electrónicos, con el fin de combatir infracciones aduaneras, contrabando, triangulación de origen, subvaluación, la sobre valoración, así como ilícitos aduaneros que dañan la planta productiva nacional.

En ese sentido, durante el proceso de aprobación de dicha reforma, ambas cámaras coincidieron en la necesidad de adecuar la Ley Aduanera con el objeto de prever y a su vez dar sustento a diversas disposiciones para permitir responder con mayor eficacia, a los retos que se presentan en las aduanas de nuestro país.

Considerando lo anterior, y bajo la lógica de que la falta de infraestructura en algunos puertos y aduanas, así como el creciente número de operaciones de comercio exterior en dichos lugares, hace necesario tomar medidas para facilitar y hacer más eficiente el despacho de mercancías, en aquella ocasión se consideró primordial agilizar el despacho aduanero para reducir tiempo, esfuerzo y costos en el manejo de las mercancías.

De la misma manera, se estimó acertado fortalecer los esquemas de intercambio de información y seguridad de la cadena logística de comercio internacional, así como estrechar la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que se tienen fuertes lazos económicos ampliando los mecanismos de cooperación institucional existentes relativos a la aplicación de tecnología y el intercambio de la información al tiempo de establecer facultades para llevar a cabo el despacho anticipado de las mercancías.

En efecto, esta Soberanía consideró que la interacción de distintas autoridades en el ámbito de comercio exterior y el incremento acelerado de las transacciones comerciales internacionales exigen un trabajo coordinado y de colaboración para agilizar y hacer más eficiente el flujo de mercancías; inhibir conductas implícitas como el contrabando, la piratería y la subvaluación de valores y tener mayor control sobre las mercancías que se introducen y extraen del territorio nacional.

De lo anterior, y considerando precisamente que la Minuta planteada por la Colegisladora propone establecer las condiciones necesarias para garantizar la implementación de procesos de pre-inspección aduanera en un marco de cooperación, reciprocidad y responsabilidad compartida,esta Comisión de Defensa Nacional hace suyas y reitera las valoraciones y consideraciones planteadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en el marco del proceso legislativo de aprobación de la reforma a la Ley Aduanera.

En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora estima que la aprobación de la Minuta de referencia permitirá dar continuidad y armonía legislativa a las reformas a la Ley Aduanera aprobadas por esta Soberanía en el mes de octubre de 2013.

TERCERA.-La que dictamina identifica que la Minuta de referencia pretende facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a otorgar, con base en el principio de reciprocidad internacional, permisos extraordinarios de portación de armas de fuego a: funcionarios aduaneros extranjeros en los puntos de revisión de las aduanas ubicadas en territorio mexicanoy nacionales que participen en el extranjero; Servidores públicos de migración nacionales y extranjeros que participen en la revisión migratoria de tránsito internacionales; y, al personal de seguridad que acompañe a funcionarios en visitas de alto nivel provenientes de estados extranjeros u organismos internacionales, que por la naturaleza de sus funciones o su investidura requieren de mecanismos especiales de protección y seguridad.

Lo anterior, con el objeto de fortalecer el marco regulatorio interno para estar en posibilidad de instrumentar los mecanismos de cooperación migratoria y aduanera con otros países; adicionalmente, se pretende homologar la Ley con las obligaciones internacionales de México en materia de personas internacionalmente protegidas; todo lo anterior, bajo el principio de reciprocidad internacional.

En ese sentido, se identifica que con esta reforma se complementan las políticas públicas instrumentadas por el Ejecutivo Federal con el propósito de potenciar dos de las principales fuentes de divisas al país, como lo son el comercio y el turismo, mediante la plena aplicación de los mecanismos establecidos en ley para implementar la pre-inspección que facilite el tránsito de personas y mercancías.

Consideraciones respecto a la pre-inspección migratoria.

La Minuta en estudio, busca establecer el marco jurídico para la expedición y uso de armas por parte de agentes migratorios extranjeros en nuestro país y de agentes nacionales fuera del territorio nacional, para estar en posibilidad de implementar y desarrollar la operación en materia de pre-inspección migratoria bajo un esquema de reciprocidad, la cual permite que las autoridades migratorias de dos Estados verifiquen el cumplimiento de los requisitos de entrada de personas a su territorio, en instalaciones diseñadas para ello en el país de salida, y sin necesidad de volver a ser inspeccionados en el territorio del segundo Estado y sin requerir grandes inversiones en infraestructura. Los beneficios de establecer este esquema impactarán fundamentalmente al sector turístico en México y en la atención de los mexicanos que viajan al exterior.

En ese sentido, la que dictamina identifica claros los beneficios que se pretenden lograr en este esquema de cooperación puesto que los mismos se traducen en calidad de tránsito de los pasajeros internacionales y nacionales, ya que reduce los tiempos totales de viaje, multiplica el potencial de rutas que conectan a México con el mundo, evita congestionamientos en los aeropuertos y/o terminales, y reduce costos asociados con la utilización de terminales internacionales.

A su vez, esta Comisión coincide con la Colegisladora en que la reforma propuesta permitirá implementar mecanismos con los que disminuirán los costos de llegar a México y multiplicar los puntos de entrada y salida a nuestro país, con lo cual se  establecerán nuevas rutas de conexión, el incremento de la conectividad área en aeropuertos de tamaño medio; el aumento de mayores visitantes internacionales; la generación de un mayor flujo migratorio que permite la reducción de tiempos de tránsito internacional y, por lo tanto, la generación de una mayor derrama económica y la consolidación de nuestro país como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Consideraciones respecto a la pre-inspección aduanera.

De igual manera, la Minuta busca generar el marco jurídico para la expedición y uso de armas por parte de agentes aduanales extranjeros en nuestro país y de agentes nacionales fuera del territorio nacional, para estar en posibilidad de implementar el marco de operación en materia de pre-inspección aduanera bajo un esquema de reciprocidad, la cual es un mecanismo por el que las autoridades aduaneras de dos Estados verifican conjuntamente el cumplimiento de los requisitos de admisión de mercancías y vehículos en instalaciones diseñadas para ello en el país exportador, antes de ingresar al país importador y sin necesidad de volver a ser inspeccionados en el territorio de este último.

A este respecto, la que dictamina observa que los beneficios de establecer este esquema impactan directa y positivamente el valor agregado de la economía, la competitividad de las exportaciones nacionales y consecuentemente incrementan la productividad nacional.

En este sentido, esta Comisión coincide con la Colegisladora en que al implementarse éstos mecanismos se permitirá reducir los costos que implican la duplicidad de inspecciones en ambos lados de la frontera; los tiempos de espera y los costos de maniobra y almacenaje, permitiendo reducir, a su vez, las pérdidas derivadas de la variabilidad en los tiempos de transporte en varios sectores enfocados en la exportación de mercancías en nuestro país.

Debe considerarse que las ineficiencias, las duplicidades en inspecciones y los costos asociados con el tránsito de mercancías entre países impactan negativamente la competitividad de las industrias y productos agropecuarios, disminuyendo la productividad agregada de la economía nacional.

Finalmente, es de considerarse el hecho de que las autoridades aduaneras de México con otros países trabajen juntas en programas de esta naturaleza, transmitirá un fuerte mensaje de los niveles de cooperación y de su intención de combatir juntas el contrabando, a la vez de facilitar el comercio internacional.

Consideraciones respecto a la protección de personas internacionalmente protegidas.

La Minuta busca establecer una regulación homologada a las obligaciones internacionales contraídas por México, adecuadas para la correcta protección de personas, que deben ser internacionalmente protegidas en visitas de Jefe de Estado, de Gobierno, Ministros y altos funcionarios de otros países.

En este sentido, la que dictamina coincide con la Colegisladora en que la reforma planteada permitiría armonizar nuestro ordenamiento jurídico interno con las convenciones internacionales a fin de garantizar la seguridad de personas internacionalmente protegidas y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte.

De acuerdo con la Minuta, nuestro país como Estado parte de la Convención sobre la Prevención y el castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, tiene la obligación de prevenir y castigar la comisión, amenaza, tentativa y complicidad de delitos en contra de la integridad física o libertad de una persona internacionalmente protegida, así como de atentados violentos contra sus locales oficiales, residencia particular o medio de transporte que lo ponga en peligro.

En este orden de ideas, respecto de los agentes diplomáticos y consulares, y en general de los representantes del Estado que envía la misión especial, México está obligado a “adoptar todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra la persona, libertad o dignidad”, tal y como lo establecen la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención sobre las Misiones Especiales de las cuales México es parte.

Bajo las consideraciones anteriores, esta Comisión Dictaminadora en coincidencia con la Colegisladora, estima que las modificaciones legales complementan las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, y los mecanismos establecidos para apalancar el crecimiento económico de nuestro país; así como para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de las que México es parte.

CUARTA.- Sobre el esquema para la portación de armas por parte de agentes extranjeros.

La naturaleza de las actividades desempeñadas por los oficiales de aduana, migración y el personal de seguridad que acompañen en visitas oficiales a Jefes de Estado o Gobierno, Ministros o equivalentes son de alto riesgo.

Es de señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido en la resolución denominada “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad

En ese sentido, Amnistía Internacional señala que: “la expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las normas de la ONU incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. Esta definición comprende a las autoridades militares y a las fuerzas de seguridad del Estado que ejercen tales funciones, por lo que la expresión incluye a todos los funcionarios de policía,de aduanas, de inmigración y de prisiones, así como a personal paramilitar y guardias de fronteras”.

Lo anterior, hace evidente la aceptación internacional de proveer a los servidores públicos que realizan dichas actividades, de los medios para repeler posibles situaciones que pongan en riesgo su propia integridad.

Es de señalar que dichos servidores públicos que realizan funciones de aduana y migración, generalmente tienen derecho a portar armas de fuego en sus países de origen para el desempeño de sus funciones. En efecto, las aduanas y los puestos de control migratorio son el punto de acceso de mercancías peligrosas, los tráficos ilegales, el fraude, el terrorismo y la delincuencia organizada, al tiempo que facilitan los intercambios comerciales legítimos.

En los últimos años, han empezado a asumir la seguridad de los productos y de los riesgos para la salud que presentan los productos alimenticios importados, así como del cumplimiento de la normativa medioambiental y veterinaria. Asimismo, la creciente internacionalización de la delincuencia organizada ha añadido una cantidad considerable de tareas a la lista de actividades que realizan las aduanas.

Además, realizan tareas de ámbito nacional, por ejemplo para combatir el tráfico ilegal de drogas o pornografía y apoyar la labor de la policía, en particular contra la delincuencia organizada.

Como puede observarse, la actividad de inspección aduanera conlleva riesgos de seguridad y por ello oficiales del SAT en las aduanas portan armas, al igual que lo hacen los oficiales de aduanas de otras partes del mundo.

Por ello, es importante para las autoridades aduaneras, que sus oficiales puedan portar sus armas en operaciones de despacho conjunto en otros países, al igual que lo hacen en su propio país.

Lo anterior asegurará que el flujo de mercancías sea seguro, ágil, eficiente y, en consecuencia a menor costo, fortaleciendo la cooperación aduanera de México con sus socios comerciales.

Por su parte, los agentes de migración controlan sistemáticamente los desplazamientos de las personas, comprueban los pasaportes, efectúan controles sobre los pasajeros para detectar artículos ilegales o peligrosos, como drogas o armas, y mercancías que puedan suponer un riesgo.

Respecto al personal de seguridad que acompaña en visitas oficiales a Jefes de Estado o Gobierno, Ministros o equivalentes, están obligados a resguardar la integridad física de una persona internacionalmente protegida; ante posibles atentados, deben poseer medios para la defensa o disuasivos, en este caso, las armas de fuego.

En razón de lo anterior, se avala la necesidad de modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los términos propuestos por la Cámara de Senadores en la Minuta que se analiza en el presente Dictamen, debido a que se propone un marco jurídico claro que respeta las restricciones vigentes que la propia ley señala, estableciendo mecanismos de control a la expedición permisos de portación y para el uso de las armas por parte de agentes aduanales y migratorios extranjeros.

Consideraciones respecto a las restricciones a la portación de armas de fuego por agentes extranjeros en México.

México cuenta con una legislación sumamente restrictiva respecto a la posesión y portación de armas de fuego; en este sentido, se observa que la Minuta es congruente con lo anterior al proponer restricciones y diversos mecanismos de control respecto a los permisos de portación de armas por parte de oficiales de aduanas, migración y personal de seguridad que acompañen en visitas oficiales a Jefes de Estado o Gobierno, Ministros o equivalentes.

Como lo ha señalado la Cámara de Senadores, los servidores públicos extranjeros deberán encontrarse debidamente acreditados ante el Gobierno Federal, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá tramitar ante la Secretaría de Defensa Nacional la autorización de los respectivos permisos extraordinarios de portación de armas.

Asimismo, los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional para la portación de armas de fuego serán de carácter extraordinario, temporal, con un marco regulatorio claro, en lugares perfectamente establecidos para tal efecto y tramitados por dependencias federales ante dicha Secretaría, como autoridad encargada de la aplicación de las normas relacionadas con armas de fuego, quien determinará:

1. El arma autorizada a los funcionarios de aduanas o migración, no podrá ser un arma distinta a la que utilicen en las instalaciones de su país de origen, y adicionalmente solo podrá ser un revólver o pistola de funcionamiento semiautomático con calibre máximo de .40” o equivalente. Para el caso del personal de seguridad que acompañen en visitas oficiales a Jefes de Estado o Gobierno, Ministros o equivalentes, excepcionalmente se podrá autorizar la portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso.

2. El local o la instalación en que será válida la portación; es decir, el funcionario extranjero portará el arma precisamente en dicho local o la instalación correspondiente.

3. La vigencia de 6 meses, con la posibilidad de renovación sujeta a los mismos requisitos y restricciones para su autorización; y

4. Otros límites y restricciones que considere conducentes.

De acuerdo a lo anterior, esta Comisión coincide con la Colegisladora en que los permisos de portación de armas se encuentran justificadas por el objeto mismo de la pre-inspección aduanal o migratoria y por el acompañamiento en seguridad durante las visitas de alto nivel que se realicen a nuestro país; y más aún porque dichos permisos gozarán de un marco jurídico claro y delimitado.

Al respecto, esta Comisión encuentra que la reforma a la Ley contempla supuestos específicos y delimitados de portación de armas de fuego, por lo que la efectuada por agentes extranjeros en nuestro país se encontrará circunscrita a un espacio territorial perfectamente establecido, es decir, en recintos oficiales.

De esta manera, los permisos que serán expedidos para tal efecto, serán tramitados por las dependencias federales involucradas en cada uno de los procedimientos de cooperación: ya sea migratoria, aduanera o de seguridad de altos funcionarios.  En este sentido, se tiene presente que la Secretaría de la Defensa Nacional será la dependencia responsable de efectuar las valoraciones correspondientes y expedir con carácter extraordinario y temporal los permisos de portación de armas que tramitarán ante ella la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

Adicionalmente, es de señalar que previamente a la expedición de los permisos extraordinarios relativos a las materias aduanera y migratoria, deberán generarse los acuerdos interinstitucionales en los que se delineará todo el marco operativo y las reglas específicas para su operación en los mecanismos de pre-inspección y de cooperación. Al igual que sucede en el régimen general de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los permisos de portación podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los casos que prevé la Ley para los casos de portación de armas.

Finalmente, no escapa la atención de esta Comisión que el marco de autorización de otorgamiento de permisos de portación de armas de fuego a servidores públicos extranjeros se encuentra inscrito bajo la estricta aplicación del principio de reciprocidad internacional.

QUINTA.- Del principio de reciprocidad como principio fundamental de las relaciones internacionales.

En la práctica de las relaciones internacionales se observa la noción de la reciprocidad, que es un principio importante en el Derecho Internacional y en las relaciones entre los Estados.

La reciprocidad consiste en responder a las acciones de un Estado con acciones cualitativa y cuantitativamente similares. Muchas cosas se resuelven bajo este criterio dado que el orden internacional se sustenta en un sistema de derechos y deberes recíprocos entre Estados jurídicamente iguales. De modo que el criterio de reciprocidad tiene un amplio espacio en las relaciones interestatales.

En el ámbito del derecho diplomático, los privilegios e inmunidades que se reconocen a los miembros del servicio exterior acreditado en un país, en el marco de las convenciones internacionales, están de alguna manera condicionados a la reciprocidad, es decir, al tratamiento que el otro Estado da a sus misiones diplomáticas. Esto significa que un Estado otorga a los diplomáticos extranjeros exactamente el mismo tratamiento que el que sus representantes reciben en los correspondientes Estados.

En este sentido, la reciprocidad como un principio del derecho internacional por medio del cual un Estado adopta una determinada conducta en respuesta simétrica a la adoptada por otro Estado, implicará que en nuestro país únicamente podrán otorgarse permisos de portación de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración, aduanas y de seguridad en visitas de alto nivel, cuando el marco jurídico de otros Estados permita que los servidores públicos mexicanos puedan desempeñar en dichos países las mismas condiciones para los mismos efectos en materia de migración, aduanas y de seguridad en visitas de alto nivel.

Derivado de lo anterior, la Comisión dictaminadora considera positivas las reformas propuestas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

SEXTA. Del impacto presupuestario.

La Minuta prevé en las disposiciones transitorias el momento en que entrarán en vigencia las reformas propuestas, así como lo referente al impacto presupuestario.

Respecto al impacto presupuestario, se hace notar que la Comisión que suscribe, ha tomado nota puntual del dictamen de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en relación con el cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de impacto presupuestario, en el que se asegura, que en el caso de aprobarse las modificaciones propuestas, no se prevé impacto presupuestario adicional.

Finalmente, se hace notar que el Artículo segundo transitorio especifica que las erogaciones que deriven de la aplicación del proyecto de Decreto serán realizadas mediante movimientos compensados y no se requerirán recursos adicionales, por lo que la Secretaría de Defensa Nacional debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso y no incrementar su presupuesto regularizable.

CONCLUSIONES.- Expresado lo anterior, la dictaminadora coincide con los argumentos expuestos en la iniciativa y reiterados por la Cámara de Senadores, respecto a que las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en los términos propuestos, contribuirá al inicio de la implementación plena de los mecanismos,para llevar a cabo operaciones de preinscripción migratoria y aduanera en cooperación con otros países, en un marco de reciprocidad, con lo que se logrará:

• Fortalecer la cooperación aduanera con los principales socios comerciales de México; reducir costos y tiempos de las operaciones aduaneras, mejorando el beneficio económico para nuestro país.

• Incentivar el turismo e incrementar el número de visitantes internacionales a nuestro país, derivado de la disminución de los costos y el establecimiento de nuevas rutas.

• Impulsar la inversión, al contar con un mayor número de aeropuertos que puedan ser destino u origen para los viajes de negocios.

• Otorgar más garantías para la protección de los Jefes de Estado, Ministros y altos funcionarios de otros países.

Se considera también, en que de aprobarse las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se contribuye a fortalecer la seguridad, y ésta a su vez, a generar paz, tranquilidad, equilibrio y armonía en el desarrollo de las actividades inherentes al servicio aduanal, migratorio y de protección de funcionarios de alto nivel.

En ese sentido, la que dictamina coincide con el espíritu de la Iniciativa, así como con los argumentos de la Cámara de origen en las reformas y adiciones propuestas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión de Defensa Nacional someten, a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

ARTÍCULO ÚNICO .-Se reforman los artículos 11, último párrafo; 27 y 28, y se adiciona un artículo 28 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 11.- ...

a) a l).-...

...

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley.

Artículo 27.-A los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, acrediten su calidad de residentes permanentes, salvo en los casos de permisos de licencia temporal para turistas con fines deportivos.

La Secretaría de la Defensa Nacional podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley, los cuales podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los casos que prevé el artículo 31 de la presente Ley.

Artículo 28.-Con base en el principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, debidamente acreditados ante el Gobierno Federal, que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales, respectivamente, conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos interinstitucionales que deberán celebrarse para tal efecto.

La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con 15 días de anticipación al inicio de la comisión, los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego respectivos, proporcionando para tal efecto la siguiente información:

I. Copia del acuerdo interinstitucional a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II. Nombre y fecha de nacimiento del servidor público extranjero;

III. Local o instalación en que se realizará la comisión oficial;

IV. Duración de la comisión oficial;

V. Acciones que pretenda realizar el servidor público extranjero;

VI. Datos de las armas y calibres que pretenda portar el servidor público extranjero, incluyendo la huella balística, y

VII. Opinión de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso.

Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 meses; en caso de que la comisión sea mayor a este período podrán renovarse semestralmente.

Los servidores públicos extranjeros a que se refiere este artículo sólo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen, como parte del equipamiento asignado por la institución a la que pertenecen, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente.

La Secretaría de la Defensa Nacional determinará en los permisos extraordinarios el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la portación y los demás límites o restricciones que sean aplicables.

La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto del cambio de local o instalación, así como la finalización de la comisión, para los efectos correspondientes.

En el caso de servidores públicos mexicanos que, con base en el principio de reciprocidad y los acuerdos interinstitucionales a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, participen en las actividades migratorias o aduaneras realizadas en instalaciones de países extranjeros, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la salida y retorno de las armas que porten dichos servidores públicos.

El personal y armamento considerado para prestar el apoyo en el extranjero deberá estar previamente incluido en la licencia oficial colectiva respectiva.

Artículo 28 Bis.-La Secretaría de la Defensa Nacional podrá otorgar, con base en el principio de reciprocidad, permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a Jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente.

En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores será responsable de tramitar dichos permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con quince días de anticipación al inicio de la visita y a solicitud del Estado o sujeto de derecho internacional correspondiente, proporcionando para tal efecto la siguiente información:

I. Nombres y fechas de nacimiento de los servidores públicos extranjeros que fungirán como agentes de seguridad;

II. Duración y lugar de la visita oficial;

III. Datos de las armas y calibres que pretendan portar dichos servidores públicos extranjeros, y

IV. Opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder el permiso.

Dicho permiso tendrá una vigencia durante el tiempo que dure la comisión de la visita oficial.

TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones a la presente Ley se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a las dependencias de la Administración Pública Federal que correspondan, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate.

Notas:

1 Ver Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en: http://pnd.gob.mx/

2 Dicha reforma tuvo origen en la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, presentada por el Ejecutivo Federal el día 8 de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/sep/20130908-D.pdf

El dictamen correspondiente de la iniciativa fue aprobado por 443 votos en pro y 24 en contra, en la sesión ordinaria del martes 15 de octubre de 2013, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/oct/ 20131015-II.pdf

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5324941&fecha=09/12/2013.

3 Disponible en: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-7.pdf

4 Ver artículo 2, numeral 3 de la Convención sobre la Prevención y el castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas.

5 Disponible en: http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm

6 Disponible en: http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm

7 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.91.IV.2), cap. I, secc. B.2, anexo Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2008.pdf

8 Armas y mantenimiento del orden. Campaña Armas bajo control. Amnistía Internacional. Febrero 2004, Disponible en: https://doc.es. amnesty.org/cgi-bin/ ai/BRSCGI/Armas%20y%20mantenimiento%20del%20orden.%20Normas%20para%20evitar%20e l%20uso%20indebido? CMD=VEROBJ&MLKOB=23963711515

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Jorge Mendoza Garza (rúbrica), presidente; Manuel Añorve Baños (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica en contra), Alfredo Rivadeneyra Hernández  (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica en contra), Ulises Iván Valencia Pérez, Enrique Aubry de Castro Palomino, secretarios; Ana Isabel Allende Cano, Norma Elizabeth Chávez Arias (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), María Esther Gutiérrez Olivares (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica en contra), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica en contra), Víctor Reymundo, Nájera Medina, Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez, José Alfredo Botello Montes (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fue turnada, para su análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto para reformar el numeral 1 del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40, numeral 2 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

I. Antecedentes

1. En reunión ordinaria de fecha 10 de septiembre de 2014, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores acordaron presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las comisiones unidas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 3 de febrero de 2015, fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y estudio, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Contenido de la minuta

La minuta señalada contiene como principal propuesta, que cada senador o senadora pueda integrarse hasta cinco comisiones.

Las Comisiones Unidas de la colegisladora acordaron abordar en su respectivo dictamen, tres iniciativas relacionadas con el mismo tema:

• Iniciativa uno: La presentada por los senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Iniciativa dos: Presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, en nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Iniciativa tres: Presentada por la senadora Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De la misma forma, la minuta fue sustentada por las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Colegisladora, bajo las siguientes consideraciones:

1. Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, coincidimos en estudiar, analizar y dictaminar juntas a éstas tres iniciativas que proponen reformar y adicionar diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dado que tratan temas en relacionas a las comisiones y sus integrantes.

2. Por lo que respecta a las iniciativas uno y dos, si bien, el artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la integración de las comisiones; en su parte última establece que: Ningún senador pertenecerá a más de cuatro comisiones de ellas, los integrantes de estas comisiones unidas compartimos la preocupación de los proponentes de aumentar la participación de los senadores en más comisiones.

3. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 85, numeral 2, inciso a); 86 y 90; así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones ordinarias, son los órganos legislativos de carácter ordinario y permanente, en los que se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, y que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 91; 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 123, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones ordinarias se integrarán por el número de senadores que determine la Junta de Coordinación Política, sin que supere el número de quince ni sea menor al de tres Senadores, contando siempre con una junta directiva que deberá ser conformada por un presidente y dos secretarios.

4. El 27 de septiembre de 2012 y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 82, numeral 1, inciso c); 85; 89; 90; 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las Comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura” siendo 61 comisiones las que forman el acuerdo.

Con esa misma fecha, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, numeral 1, inciso c); 91 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las Comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura”, así como el Anexo Uno del acuerdo de integración.

5. Estas comisiones dictaminadoras consideran, como bien lo expusieron los proponentes, que si bien los acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se constituyen e integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, ambos de fecha 27 de septiembre de 2012, cumplen en tiempo y forma legal, también es cierto que en el Anexo Uno del acuerdo de integración, se observa que diversas comisiones ordinarias no estuvieron completamente conformadas. Estos supuestos, han continuado hasta la fecha de aprobación del presente Dictamen, al grado de haber instalado y seguir funcionando comisiones ordinarias, sin tener completa su Junta Directiva.

6. En consecuencia, las disposiciones legales citadas en la consideración segunda, y prescritas por los ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República, actualmente no se encuentran cabalmente cumplidas, toda vez que en diversas comisiones ordinarias aún podemos observar que faltan integrantes, incluso en sus Juntas Directivas. Así, la incompleta integración que presentan diversas comisiones ordinarias, tiene efectos negativos en el funcionamiento de estos órganos legislativos y en consecuencia, afecta de manera grave el funcionamiento mismo de la Cámara.

7. A la fecha de presentación de las iniciativas en dictamen, es decir, el 4 de diciembre de 2012, en 29 comisiones ordinarias cuya integración fue propuesta por la Junta de Coordinación Política y avalada por el pleno del Senado de la República, se presentaba el supuesto de “composición incompleta”; en algunos casos, la mayoría, los grupos parlamentarios no habían podido presentar al legislador que terminará de conformar a cabalidad la integración de la comisión; en otros casos, la minoría, los grupos parlamentarios no habían podido presentar al Senador que terminará de conformar la junta directiva de la respectiva comisión. Sin embargo, estas dictaminadoras concuerdan con los proponentes, en que este último supuesto, resulta aún más grave, ya que por las facultades que el Reglamento del Senado de la República otorga a los Secretarios de las Comisiones, impacta de manera perjudicial en el adecuado funcionamiento de dicho órganos legislativos.

8. De manera alarmante, esta propia comisión dictaminadora, cuya materia propia tiene relación con el contenido de las iniciativas en dictamen, presenta una incompleta integración en su junta directiva. Existen comisiones en donde hay sólo tres senadores, es decir, por el mínimo que establecen los citados ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República. Así, la mayoría de las comisiones que actualmente están en el supuesto de tener una incompleta integración, funcionan con tan sólo dos senadores.

Existe un caso más grave y alarmante, que primeramente le ocurrió a la Comisión de Asuntos Migratorios y que actualmente se presenta en la Comisión de Federalismo. Y es que con base en el acuerdo de integración de las comisiones ordinarias y su respectivo anexo uno, ésta debiera estar conformada por tres senadores, mismos que formarían su junta directiva; sin embargo, actualmente sólo cuenta con la designación de su presidente, lo que evidentemente es una contradicción al carácter de órgano colegiado que tienen las comisiones ordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

9. Con base en lo anterior, estas comisiones dictaminadoras tenemos tres consideraciones de gran importancia: primera, que no se está cumpliendo con el mínimo de tres Senadores integrantes de una comisión ordinaria; y segunda, que tampoco se está cumpliendo con la debida integración de la junta directiva de las mencionadas comisiones ordinarias, es decir, un presidente y dos secretarios. Derivado de las dos anteriores, la tercera consideración versa sobre la evidencia de que el diseño institucional actual con el que cuenta esta LXII Legislatura, no satisface las necesidades del Senado como se ha venido comentando en los anteriores incisos, la presente distribución de los senadores en las comisiones no es operativa y no permite que exista una verdadera especialización y un buen aprovechamientos de sus conocimientos para enriquecer los trabajos en las comisiones.

10. Derivado de lo anterior, el tema que trata la iniciativa tres, tiene que ver con la creación de una nueva comisión ordinaria de Competencia Económica y Derechos del Consumidor. En la iniciativa se señala como funciones de ésta, las de revisar y actualizar el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita.

Como se ha establecido antes hay una gran problemática ocasionada por el alto número de comisiones, ésta se acentúa con la restricción que tienen los senadores de pertenecer hasta un máximo de cuatro comisiones. Lo anterior incentiva la concentración en unas y la dispersión en otras. Frente a estos inconvenientes es un contrasentido la creación de una más, siendo que las actividades que se proponen para ésta comisión se encuentran contempladas en las comisiones ordinarias de Fomento Económico y de Comercio y Fomento Industrial del Senado.

11. Al respecto la Comisión de Comercio y Fomento Industrial es la encargada de analizar y dictaminar los temas relacionados con los aspectos de la economía del país y los temas de comercio nacional e internacional, sociedades mercantiles, títulos y operaciones de crédito, protección al consumidor, adquisiciones y obras públicas, propiedad industrial, competencia económica, minería, tratados internacionales en materia de libre comercio y fomento de inversiones, entre otros temas importantes.

Dicha comisión, en su programa de trabajo contempla las acciones siguientes:

• Analizar y, en su caso reformar, adicionar, crear o derogar el marco jurídico que permita fortalecer el desarrollo integral de la sociedad.

• Mantener un diálogo permanente con los diversos actores del país para conocer sus demandas, necesidades y propuestas en la materia de competencias de esta comisión.

12. Por su parte la Comisión de Fomento Económico tiene como objetivo el de coadyuvar a impulsar el desarrollo productivo del país, a través de la promoción de disposiciones y/o adecuaciones al Marco Legal que rige el diseño y objetivos de las políticas e instituciones públicas de fomento económico, dando certidumbre a la inversión productiva y al desarrollo de infraestructura con una visión de equilibrio nacional, regional y sustentable, con énfasis en el sector que integra la economía social y solidaria, para lograr que ello se traduzca en mayores y mejores oportunidades de todos los mexicanos.

Como uno de los objetivos específicos de la Comisión de Fomento Económico se encuentra el impulsar reformas a la Legislación Federal para fortalecer el trabajo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; con especial atención a las que constituyen el Sector de la Economía Social y Solidaria.

13. Queda claro que esta LXII Legislatura del Senado de la República, requiere de una reorganización, evaluación y justificación de las comisiones ordinarias que actualmente establece el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la redistribución de senadores. En este momento no hace falta crear más comisiones, sino, de las ya existentes, planear una reasignación de senadores en las mismas y tratar de llenar los espacios faltantes para su integración.

14. Es importante señalar que la solución a ésta situación es establecer que se permita a los senadores ser integrantes de hasta cinco comisiones.

III. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la minuta enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señalan el párrafo primero y el Apartado A del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, esta dictaminadora, una vez analizada la minuta enviada por el Senado, observa que expone una problemática que actualmente acontece en la Colegisladora, la cual consiste en la falta de integrantes, en las comisiones que se encuentran en funciones y explica que tal circunstancia conlleva efectos negativos, en el funcionamiento de tales órganos legislativos, llegando incluso al grado de que las propias mesas directivas de estos órganos no se encuentren completas.

Del mismo modo, es de resaltar el argumento de la minuta en el sentido que dada la problemática expuesta en el párrafo que antecede, no permite una funcionalidad en el Senado y se refleja en la inoperatividad de las comisiones afectando el aprovechamiento de conocimientos especializados; todo ello sumado al incremento de comisiones que tuvo el Senado en la presente legislatura.

Así las cosas, se estima viable considerar como una solución a la problemática planteada en el Senado, permitir a los legisladores de esa Cámara integrarse a más comisiones.

Por otra parte, esta dictaminadora estima que el hecho de autorizar a los legisladores integrarse a mayor número de comisiones, además de dar solución a la problemática del Senado, permite contribuir a la conformación de estos órganos con criterios de pluralismo e inclusión y, por ende, se fortalece el sistema democrático de representación.

Ello, si tomamos en cuenta que el parlamento es el foro nacional para mediar intereses contrapuestos en la sociedad y precisamente en éste es donde los asuntos fundamentales para los ciudadanos pueden atenderse a través de órganos colegiados como las comisiones.

Otro argumento a favor de la presente Minuta, es que al permitir se integren los legisladores a más comisiones, habrá una mayor participación de los grupos parlamentarios y por tanto, a una mayor apertura al diálogo, lo cual irá en beneficio de la sociedad.

No hay que perder de vista que “uno de los criterios de una sociedad democrática es que el parlamento debe reflejar la diversidad social de la población. Un parlamento que no sea representativo en este sentido dejará que algunos grupos sociales y comunidades se sientan en desventaja en el proceso político o incluso completamente excluidos, con consecuencias para la calidad de la vida pública o la estabilidad del sistema político y la sociedad en general”.

Asimismo, si partimos de la base que se crean nuevas comisiones, como ocurrió en el caso de la Cámara de Senadores, es preciso modificar el número de comisiones a las que los legisladores pueden pertenecer.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el numeral 1, del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único: Se reforma el numeral 1 del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 104.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primero periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas.

2. ...

3. ...

4. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Pedroza, de la Llave Susana Thalía. El Congreso de la Unión. Integración y regulación. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1997.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en reunión ordinaria del martes 21 de abril de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Roberto López Suárez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García, Rubén Camarillo Ortega, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la. Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

l. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen log objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 14 de abril de 2015, la diputada María Elia Cabañas Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de esa soberanía, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Se propone que los medicamentos homeopáticos, únicamente puedan ser prescritos por médicos homeópatas que tengan los conocimientos y estudios necesarios para ejercer esta profesión, así como dichos medicamentos homeopáticos solo podrán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

Para quedar como sigue:

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Es importante mencionar que la Ley General de Salud establece que se entiende por medicamento a toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.

Tercera. Actualmente la Ley General de Salud establece en su artículo 224 que los medicamentos se clasifican:

A. Por su forma de preparación en:

I. Magistrales: Cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico,

II. Oficinales: Cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y

III. Especialidades farmacéuticas: Cuando sean preparados con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud, en establecimientos de la industria químico-farmacéutica.

B. Por su naturaleza:

I. Alopáticos: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos,

Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos Mexicanos en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional, y

III. Herbolarios: Los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional.

Cuarta. En México, las instituciones que han formado a los médicos y homeópatas, llevan en su historia, más de un siglo de lucha jurídica, político y social, cuyo objetivo ha sido poner al servicio de la población la homeopatía, a través de profesionales capacitados y con alto sentido de responsabilidad social, forjando una tradición que se puede observar a través de la alta aceptación que tiene entre la sociedad.

Actualmente la Secretaría de Educación Pública, expide a los egresados de instituciones con planes de estudios reconocidos por la secretaría, cédula profesional a licenciado como médico homeópata, reconociendo entonces que los únicos profesionales reconocidos para brindar un servicio óptimo en el ramo de la homeopatía son precisamente los médicos homeópatas, que aparte de tener la formación esencial de médico general, son instruidos en exclusiva, con los conocimientos de la terapéutica homeopática.

Quinta. Es necesario que la Ley General de Salud, deposite la responsabilidad de prescribir las recetas en los profesionales de la homeopatía, que son los médicos homeópatas, ya que con ellos, se garantiza que los usuarios de los servicios de salud, en los ámbitos federal, estatal o municipal, o en la concurrencia de los sectores público, privado y social, estén atendidos por recursos humanos que tiene la formación profesional y que le asegura a la población, la calidad necesaria en el sistema de salud mexicano, toda vez la obligatoriedad constitucional que tiene el Estado mexicano de dar la protección de la salud de la población, requiere de un sistema de salud más apto, capaz y eficiente.

Sexta. Derivado de que en la actualidad existen disciplinas técnicas que sólo alcanzan un reconocimiento o diploma en “homeopatía y herbolaria”, sin embargo, los egresados de estas carreras técnicas adolecen de los conocimientos médico-científicos necesarios para prescribir medicamentos, lo cual representa un alto riego para la salud al tener expresa esta autorización.

Por otra parte las cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación Pública, reconocen como profesionistas en la “licenciatura como médico homeópata” a los egresados de los planes incorporados a dicho sistema, por tanto, son profesionales de la salud los médicos homeópatas, quienes solo deberán estar facultados para la prescripción de medicamentos en la materia de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII, Legislatura, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. ...

1. a 5. ...

...

Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico homeópata.

Artículo 226. ...

I. a VI. ...

...

Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández, María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las Comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (a las 16:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 23 de abril, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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