Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

ASISTENCIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se informa a la Presidencia que existen previamente registrados 270 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera(a las 11:28 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 28 de abril de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo.

En relación a modificación de turno de iniciativa.

Reincorporación de ciudadana diputada

De la diputada Karina Labastida Sotelo.

De la diputada Karen Quiroga Anguiano

En relación a retiro de proposición con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite el Primer Informe Trimestral 2015 de diversos programas sujetos a reglas de operación.

Del Congreso del Estado de Zacatecas

Por el que felicita y reconoce a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por haber aprobado la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año.

Del Congreso del Estado de Quintana Roo

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, relativo a la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables.

De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre.

Con proyecto de decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o, 21 y 27 de la Ley de Planeación.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII, y se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Iniciativas del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de dictamen

De la Comisión de Gobernación que adiciona la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 7o. y 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob y de Capufe, se coordinen y realicen las acciones necesarias para erradicar el ambulantaje que se presenta en el Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del titular de Capufe, realice las acciones necesarias que permitan el restablecimiento de la iluminación en el acceso al Puente Internacional Reynosa-Pharr, en el estado de Tamaulipas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Semarnat, Profepa y Conagua ejecuten acciones preventivas y correctivas o de remediación y de las responsabilidades en las afectaciones del río Tonto, afluente del río Papaloapan.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Profepa, de la Semarnat y de la PGR, realicen diversas acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Semarnat y de la Profepa, realice las acciones necesarias para detener el daño al medio ambiente derivado de las actividades de la empresa “Palma Tica de México, S.A. de C.V.” en los estados de Campeche y Chiapas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto denominado “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno en materia de trabajo, a fin de garantizar la inclusión de las mujeres a la vida laboral con igualdad de oportunidades.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia de feminicidio en base a la Legislación Federal y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de evitar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que, en el marco del ajuste al gasto para 2015 anunciado por dicha dependencia el pasado 30 de enero, garantice que los recursos clasificados en el anexo 13 erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, no sean afectados.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la SENER y de la STPS, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los Estados y los municipios, un programa o acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la SEP y a sus homologas estales y del DF, para implementar un Programa Especial en el ciclo escolar 2015-2016 de protección civil, con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SENER y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que en coordinación con los Gobiernos Estatales, realicen una estricta verificación a todas las empresas transportistas de gas LP, tanto a sus instalaciones, parque vehicular y capacitación de su personal.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para que esclarezca los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, así como para que a la brevedad cumpla con los compromisos de apoyo a las familias de los periodistas asesinados que han quedado en desamparo.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Presidente de la CNDH, a los titulares de la PGR, de la SFP y al Gobernador del estado de Michoacán, respecto a la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del Municipio de Zitácuaro, Michoacán.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conapred, a fin de investigar y fincar las responsabilidades correspondientes al alcalde de Chihuahua, por su conducta discriminatoria.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a distintas autoridades, con motivo de presuntas violaciones a los derechos humanos de los C.c. Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller en el estado de Chihuahua.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a agilizar las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez, en relación con los ataques de que fue víctima, y al Gobierno del estado de Puebla para que garantice su seguridad e integridad, así como la de su equipo de trabajo.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que garantice la salud, integridad y el debido proceso apegado al pleno respeto a los derechos fundamentales de la C. María Aurora Meza Calles.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversos Congresos Locales a emprender medidas legislativas tendientes a armonizar sus normas en materia de no discriminación.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla y a diversas autoridades, para que realicen distintas acciones en torno a las presuntas violaciones de los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares del Estado.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos a que garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al jefe de Gobierno y al Procurador General de Justicia, todos del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades garanticen la impartición de justicia pronta y expedita, respecto al caso de la Paola Geraldine Cervantes Cedeño.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de México, para que investigue los presuntos actos conculcadores de derechos humanos que la policía y personal de la administración municipal de Texcoco pudieran haber realizado durante el desalojo y demolición de viviendas, ocurridos el día 28 de octubre de 2013 en el predio “El Barco” de los Ejidos de San Miguel Tocuila, Municipio de Texcoco, Estado de México.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones, considere ampliar las investigaciones sobre el caso de desaparición forzada de la C. Aurora de la Paz Navarro del Campo durante el periodo de la llamada “guerra sucia”.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos ambas del estado de Puebla, para que dé celeridad a la investigación 698/2014/Zacapoaxtla, e investigue las presuntas violaciones a los derechos fundamentales que pudieran haber sido cometidas en agravio de las victimas durante la sustanciación de dicha averiguación.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, prestar los servicios de seguridad y vigilancia al exterior de los plantes educativos con la finalidad de velar por la integridad de los jóvenes estudiantes.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos al rescate de la Merced, en el Distrito Federal.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación al adiestramiento y habilidades en el manejo y trato de los operadores de los vehículos del Metrobús.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, de la PGR y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo una campaña de prevención, orientación e información a las y los mexicanos contra la conducta atípica denominada grooming.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que lleve a cabo acciones tendientes a la disminución del maltrato infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, a sumarse e implementar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil y las imágenes ilegales en internet.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales de las Entidades Federativas, con excepción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso del estado de Hidalgo, a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos Humanos.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para que difundan y fortalezcan sus acciones de investigación, información y educación, sobre el impacto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y a la Universidad Autónoma Chapingo, a realizar acciones para impulsar la producción y comercialización de la pitahaya.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo al rescate de las obras murales y demás elementos que se encuentran en el inmueble que alberga la Escuela Primaria “Dr. Belisario Domínguez”, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo a la creación de la Universidad de la Energía, en la Ciudad de Villa Hermosa, Tabasco.

Dictámenes a discusión de negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 85 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia de primeros auxilios.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de instalaciones para la práctica del deporte.

De las Comisiones Unidas de Población y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 107 de la Ley General de Población y 324 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de creación de distritos escolares.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 8o. y 65 de la Ley General de Educación, en materia de salud psicofísica.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos.

Iniciativas

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Marcelo de Jesús Torres Cofiño y Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 23 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Iniciativa Ciudadana, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por los diputados Juan Pablo Adame Alemán y Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o., 3o., 30 y 31 de la Ley Federal de Turismo, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 119, 120, 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que crea la Universidad Marítima de México, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58 y 141 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 36 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 173, 177 y 211 Bis del Código Penal Federal y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para el rescate de los restos mortales de 63 mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos, en la explosión del 19 de febrero de 2006, a cargo del diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 52 y 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 92 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Deporte.

Que reforma los artículos 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o., 23 y 34 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por los Servidores Públicos encargados de hacer cumplir la Ley del Estado Mexicano, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 224 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 162 Bis y 191 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 126 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por los diputados Celia Isabel Gauna Ruiz de León y María Esther Gutiérrez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 y 23 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 206 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmen Julieta Torres Lizarraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 425 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 326 de la Ley de Concursos Mercantiles, y 247 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado Álvaro Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Agraria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 55, 58 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley del Expediente Clínico Universal con Firma Electrónica, a cargo del diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Roberto Jiménez del Ángel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que adiciona un artículo 368 Sextus al Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Patricia Elena Retamoza Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Erika del Carmen Ramagnolli Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 96, 97 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Lourdes Medina Valdes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 6º de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 1o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 117 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la PGR y del SAT, para que se investiguen la presunta comisión de delitos por parte del Gobernador del estado de Sonora y diversos funcionarios, así como al candidato del PAN a la gubernatura de ese estado, suscrito por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Elsa Patricia Araujo de la Torre y Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para convocar a reuniones de trabajo con el titular de la Profepa y con el responsable del Fideicomiso de Río Sonora, para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos que han acontecido en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la PGR, a fin de acelerar las investigaciones relacionadas con el secuestro y homicidio del Diputado Federal Gabriel Gómez Micher y su colaborador Heriberto Núñez Ramos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sener y de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de homologar las tarifas de distribución de Gas Natural, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y federales, para que se implementen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios de los bancos en la Ciudad de Cuautla, Morelos, a cargo del diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE, a fin de reformar el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la CNDH, de la SE, de la Sener y de la Semarnat, así como del Gobierno del estado de Coahuila, a fin de atender la demanda de los habitantes de San José Cloete y Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila, respecto al estatus de los títulos de propiedad y de concesiones mineras de las áreas afectadas por la explotación de carbón, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Semar, para que promuevan y refuercen las acciones de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, para que realicen un diagnóstico epidemiológico integral sobre la enfermedad de alergias alimentarias, suscrito por las diputadas Cinthya Noemí Valladares Couoh y María Fernanda Romero Lozano, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, para que difunda el estado de guarda la ejecución de la obra de ampliación de la autopista La Pera–Cuautla, a cargo del diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la CNDH, de la SRE y del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua, para que realicen diversas acciones enfocadas a garantizar el respeto de los derechos humanos y de alimentación en favor de las menores Fernanda e Isabella Baez Korrodi, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado de Sonora, en el que participaría el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la STPS, se establezcan las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en los que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por la explotación infantil, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la PGR, a fin de designar un Fiscal especial para investigar las ejecuciones extrajudiciales o sumarias ocurridas en los municipios de Tlatlaya, Estado de México y Apatzingan, Estado de Michoacán, en contra de la civiles, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de SSP, para que se garantice y homologue la coordinación para la asesoría y la gestión de incorporación del Protocolo de Actuación Policial en la Materia de Violencia de Género en el mando único en las policías municipales, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la PGR, a fin de designar un Fiscal especial para investigar los asesinatos de periodistas en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, para que coordinen acciones tendientes a la inspección, verificación y control de los alimentos que se ofertan en restaurantes de comida china en el país, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conagua, a fin de investigar y supervisar las actividades que realiza Grupo México en la afluencia del Río Sonora, así como del número y el estatus que guardan los pozos concesionados a Buenavista del Cobre, de Grupo México, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ing. Rodolfo Lacy Tamayo, en su carácter de miembro propietario del Fideicomiso no. 80724, mejor conocido como “Río Sonora”, a los demás miembros del Comité Técnico, a las autoridades, así como al Gobernador del estado de Sonora, a fin de realizar las acciones necesarias para agilizar y poner en operación los programas en materia de salud, desarrollo económico e infraestructura hidráulica y carretera, en beneficio de las poblaciones afectadas por el derrame en el “Río Sonora”, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita se proceda al deslinde de responsabilidades y a la reparación del daño que en derecho procedan, en el caso de la adolescente Alondra Luna Núñez, aplicándose las acciones necesarias para evitar a futuro que otras niñas y niños sean sustraídos del país en desconocimiento de sus derechos humanos, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la remoción de la titular de la Sedesol, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ya los anoté, compañeros, permítanme, ahorita les cedo el uso de la palabra.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de abril de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cuatro minutos del jueves veintitrés de abril de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de Juntas Directivas e integrantes de diversas Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) De la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los recursos depositados en FICREA por parte de entidades públicas y para que se finquen responsabilidades a quienes hayan comprometido dichos recursos. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones la ciudadana Norma Elena Rangel Pacheco, diputada federal electa. El Presidente designa una comisión que la acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforman los artículos cincuenta y cinco del Código Civil Federal, doscientos treinta del Código Penal Federal, y trescientos ochenta y nueve Bis de la Ley General de Salud. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Regeneración Nacional, Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional; y Luis Manuel Arias Pallares, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el Primer viernes de marzo de cada año como el "Día Nacional de la Oratoria". Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Abel Octavio Salgado Peña.

La Presidencia saluda la presencia en el Salón de Sesiones del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del periódico "El Universal", Compañía Periodística Nacional.

Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional; María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con treinta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos seis diputadas y diputados.

Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Ana María Gutiérrez Coronado, del Partido Acción Nacional; y Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e interviene en pro la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. Sin más oradores registrados en votación nominal por trecientos setenta y seis votos a favor; y ocho abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara el primer viernes de marzo de cada año como el "Día Nacional de la Oratoria". Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) Defensa Nacional, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento de Regeneración Nacional;

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional; Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; en pro Fernando Zárate Salgado, en contra Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo; Amalia Dolores García Medina, y Gloria Bautista Cuevas, ambas del Partido de la Revolución Democrática.

Sin más oradores registrados, el Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: once; veintisiete; veintiocho; veintiocho Bis; Primero y Segundo Transitorios. En votación nominal por doscientos ochenta y ocho votos a favor; ochenta y dos en contra; y nueve abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados, a las y los siguientes diputadas y diputados:

• Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, a los artículos once; veintiocho, párrafo segundo, fracción primera y quinta, adición de un párrafo al mismo artículo; y adición de un artículo Transitorio. No habiendo claridad en la votación económica, a solicitud del diputado Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, en votación nominal por ciento cincuenta y ocho votos a favor, y ciento noventa y cuatro votos en contra, no se admiten a discusión, se desechan.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos once; veintisiete; veintiocho Bis; y Transitorios Primero y Segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, a los artículos: veintiocho, párrafo primero; y veintiocho, párrafo segundo, y veintiocho Bis, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Daniela Díaz Magaña, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos once, y veintiocho Bis, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos once; veintisiete; y veintiocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos once; veintisiete; veintiocho; y veintiocho Bis, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

Presidencia del diputadoMartín Alonso Heredia Lizárraga

• Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos once; veintisiete; veintiocho; y veintiocho Bis, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Agustín Barrios Gómez Segués, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: once, último párrafo; veintisiete; veintiocho; y veintiocho Bis, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Francisco Tomás Rodríguez Montero, al artículo veintisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

• Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos veintisiete; veintiocho; y veintiocho Bis, párrafo segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desecha.

• Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo veintiocho, adición de tres párrafos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos veintiocho, párrafo primero; y veintiocho Bis, párrafo primero, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

En votación nominal por ciento noventa y ocho votos a favor; ciento veintisiete en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular los artículos: once; veintisiete; veintiocho; veintiocho Bis; y los artículos Primero y Segundo Transitorios, del proyecto de decreto en sus términos. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y cinco, fracción segunda, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos noventa Bis, noventa y uno, y noventa y dos del Código de Comercio. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios en Juntas Directivas e integrantes de diversas Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban, comuníquense.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Protección Civil de Veracruz y a los ayuntamientos de Coatepec, Emiliano Zapata y Jalapa, para que vigilen el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la construcción del gasoducto de esa región. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ángel González Serna, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintiséis, treinta y cinco, y ochenta de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos treinta y dos, y doscientos treinta y cuatro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma un artículo cuarenta y seis Bis a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, que expide una nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, que expide una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, que reforma los artículos treinta y cuatro, y treinta y cinco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, que expide la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las secretarías de Salud del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como a la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a fortalecer la información sobre la desnutrición en menores de cinco años. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Alejandra López Noriega, del Partido Acción Nacional, relativo a la investigación de la posible comisión de actos de corrupción y delitos de tráfico de influencias por parte de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, así como funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Víctor Reymundo Nájera Medina y Roberto Cabrera Solís, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal, a fin de investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales por elementos de la Policía Federal, en Apatzingán, Michoacán. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades en materia de salud, a fin de promover campañas para la concientización sobre los efectos nocivos del ruido. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Educación Pública, a fin de mejorar los planes de estudio y la infraestructura educativa. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, defensor de los principios de la Revolución Mexicana, por su gran labor política, periodística y humanista. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Diana del Carmen Vera Ávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se realicen las acciones necesarias para detener el daño al medio ambiente derivado de la invasión a los manglares en el estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración, intervenga ante el trato que va en contra de los derechos humanos de los migrantes. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de revisar la calidad de sus programas para promover la difusión del libro, fomentar la lectura y la industria editorial. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores del sector energético del país. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la investigación de la posible comisión de diversos ilícitos, por parte del ciudadano Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Ejecutivo del Estado de Morelos, a fin de efectuar el pago de indemnización de las hectáreas pertenecientes a los comuneros de Tetlama y Miacatlán, ocupadas actualmente por dicho Instituto. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de revisar que los consultorios de las farmacias cuenten con las condiciones necesarias para atender a los pacientes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional del Agua y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para que difundan los estudios de impacto ambiental del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al gobernador del Estado de México, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que tutelen los derechos de diversos ejidos y comunidades del norponiente de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de martes veintiocho de abril de dos mil quince, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada.Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Sistemas de Riego

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014; en beneficio de los productores de café en el estado de Veracruz.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que atienda la solicitud del gobierno del estado de Colima, a fin de que se libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad.

Derechos Humanos

• Dictamen por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo en materia de discriminación a personas tatuadas, con perforaciones y con preferencias sexuales diferentes.

• Dictamen por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo en materia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre procuración, defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales en distintas entidades federativas.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del ciudadano Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de la Contraloría de esa entidad, para que se indague el presunto conflicto de interés entre el gobierno y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad para que investigue la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al subsecretario de Gobernación, para que tomen diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al  gobernador del estado de Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Subsecretaría de Gobernación a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas en la entidad.

Población

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de personas sin actas de nacimiento.

Turismo

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2015.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014; en beneficio de los productores de café en el estado de Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014, en beneficio de los productores de café del estado de Veracruz, presentada por el diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 9 de abril del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 9 de abril de 2015, el diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014, en beneficio de los productores de café del estado de Veracruz

El 9 de abril de 2015 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-1-2702 y número de expediente 6469 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que las estadísticas del sector cafetalero señalan que en nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 12 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco, en una superficie de 689 hectáreas.

Que coincidimos, de la preocupación de los productores dedicados a la cafeticultura, de poder contar con capacitación u orientación sobre las medidas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan las plantaciones de café; bajo las circunstancias actuales y como consecuencia del cambio climático, responsable del origen de condiciones meteorológicas especiales propiciatorias de la difusión de la plaga, pues gracias a este se genera una combinación de altas temperaturas y lluvias.

Que esta actividad es generadora de empleos directos e indirectos, en ingresos para las familias que se dedican a esta actividad y, en general, en una importante derrama económica que impacta a otras áreas productivas de la economía estatal y regional; por otro lado es importante hacer mención que es de suma importancia el empeño que los productores deben de tener para revalorar las técnicas tradicionales de cultivo a la sombra, en la cual, las plantas crecen bajo un dosel o bóveda de diversos árboles, que impide una mayor incidencia de este tipo de enfermedades.

Que la roya en este momento viene creando adversidades a la producción de este aromático por lo que es necesario establecer un cerco sanitario que impida una mayor diseminación de este hongo que es altamente patológico y daña seriamente las plantaciones, dado que defolia a los arboles impidiendo que el proceso natural de la fotosíntesis se lleve a cabo limitando la nutrición de la planta.

Que la participación de las dependencias del gobierno federal, estatal en coordinación con los productores, es de suma importancia para establecer una mecánica de cooperación, con la finalidad de establecer un compromiso serio y obligado a establecer los lazos técnicos y económicos que limite la diseminación de la enfermedad a más plantaciones.

Que con el ánimo de establecer una campaña fitosanitaria y en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se considera como:

“Conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, control y erradicación de una plaga en una zona agroecológica, que se ejecuta a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal” La estrategia operativa y normativa de una campaña fitosanitaria se determina por el Senasica.

Que una de las acciones gubernamentales que se puso en marcha para apoyar a los productores de café y así poder hacer frente a la grave contingencia, para atender esta rama productiva tanto para viveros de producción de plantas resistentes a la roya, además de atención de predios establecidos con el aromático y atención fitosanitaria se autorizó 730.6 millones de pesos. (PROCAFE e Impulso Productivo al Café).

Que las reglas de operación, para este componente señalan que “La población objetivo del proponente son todos aquellos productores cafetaleros que preferentemente estén inscritos en el Padrón Nacional Cafetalero (PNC) y que soliciten su apoyo conforme a lo establecido en las presentes reglas de operación de los programas de la Secretaría, en los siguientes 13 estados de la República Mexicana: Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, estado de México y Tabasco.”; establece los apoyos en: infraestructura y producción de planta en viveros tecnificados, adquisición de planta de café arábiga, incentivos económicos (que se establezcan a través del “Fondo de Estímulos Productivos para Pequeños Productores, acompañamiento técnico para el impulso productivo al café, actualización del padrón cafetalero para el impulso productivo al café, infraestructura y equipamiento, paquetes tecnológicos (insumos) y estimación de cosechas.

En la actualidad, se está valorando la mecánica operativa del componente, porque se han detectado retrasos en la entrega de recursos por la validación y dictamen de las solicitantes, evaluando bajo los parámetros aplicables al componente; para la posible entrega de los subsidios a los que se hacen acreedores.

Que se coincide con el promovente que la Sagarpa no puede ser indiferente y ajena a la emergencia económica que vive nuestro país y a la necesidad que tienen los productores cafetaleros.

Que uno de los objetivos del Senasica, es la implementar, programas de apoyo a los productores que garanticen la calidad e inocuidad agroalimentaria, sobre todo para obedecer a estándares de calidad internacional ya que siendo el café un producto de exportación, lo hace susceptible a mejorar su producción ciclo a ciclo.

Sin embargo esta comisión dictaminadora no encuentra sustento técnico ni jurídico sobre el Programa Emergente del Café 2014 al que hace referencia el promovente y que asciende a un total de 238 MDP, lo cual nos imposibilita a solicitar la liberación de un recurso del que no se tiene conocimiento, por lo que no se podría emitir un dictamen positivo.

Que en las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre de 2014 donde se establecen los lineamientos y condiciones, además de los tiempos que se marcan para la entrega y aplicación, que deben de cumplir los beneficiarios para tener acceso a los subsidios, particularmente del componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, no se desprende la aplicación de un programa especial emergente en el rubro.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero: .Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014, en beneficio de los productores de café.

Segundo: Archívese como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de abril de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Adriana Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica en contra), Mónica Clara Molina (rúbrica), Mario César Gaona García (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), José Luis Martínez Meléndez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Rodrigo Rosas Esparza, Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gildardo Sánchez González (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que atienda la solicitud del gobierno del estado de Colima, a fin de que se libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que atienda la solicitud del Gobierno del estado de Colima, a fin de que se liberen los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad, mismo que fue presentado por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 24 de marzo del año en curso.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 24 de marzo de 2015, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que atienda la solicitud del Gobierno del estado de Colima, a fin de que se libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad.

El 24 de marzo de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: D.G.P.L. 62-II-3-2392 y número de expediente 6372 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Proposición antes citada.

Consideraciones

Que el artículo 118, fracción II, del acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015, establece lo relativo a la publicación de la declaratoria de desastre natural para el Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, señaló que con base a la solicitud de declaratoria de desastre natural, la Secretaría publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de desastre natural respectiva en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores a la recepción de la solicitud de la misma y de la información del dictamen técnico de corroboración de la ocurrencia del desastre natural debidamente soportado.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 112, fracción I, de las citadas reglas de operación, con la finalidad de fortalecer y elevar la eficiencia de la operación del Componente; así como agilizar el proceso de gestión de los apoyos, en único medio de atención y ventanilla será el Sistema de Operación y Gestión Electrónica, por lo que no se atenderá ninguna solicitud por otra vía, en ese sentido se ha establecido el Lineamiento para la Solicitud, Autorización y Seguimiento al Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico. Asimismo, de conformidad con lo enseñado en el artículo 118 de las citadas reglas de operación, relativas a la solicitud de recursos a la Secretaría, entrega de apoyo e instalación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento estatal (CES).

Que a consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas durante los días del 13 al 16 de marzo de 2015, existen afectaciones en activos productivos elegibles de productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajo ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, en los municipios de Armería, Coquimatlán, Comala, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez del estado de Colima.

Que el secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado y el delegado de la Sagarpa en el estado de Colima, a través del Sistema de Operación y Gestión Electrónica con fecha 17 de marzo de 2015, formularon la solicitud con número de folio 301285 al titular de esta Secretaría para emitir la declaratoria por desastre natural en virtud a los daños ocasionados al sector agropecuario, acuícola y pesquero por el fenómeno meteorológico señalado en el considerando anterior, así como los recursos del componente, manifestado su acuerdo y conformidad con las fórmulas de coparticipación de recursos establecidas en la normatividad aplicable.

Que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 118 de las reglas de operación, la Dirección General de Atención al Cambio en el Sector Agropecuario, como unidad responsable del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, se cercioró de que la autoridad técnica competente hubiese remitido su dictamen técnico sobre la ocurrencia de este fenómeno, mismo que mediante oficio JAG.COL.1.1/087/2015, con fecha 17 de marzo de 2015, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) corrobora la ocurrencia de lluvias atípicas del 13 al 16 de marzo de 2015 en los municipios de Armería, Coquimatlán, Comala, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez del estado de Colima.

Por los argumentos antes expuestos, la comisión dictaminadora, considera que el presente dictamen en sentido negativo, tiene a bien poner a consideración del pleno los siguientes:

Acuerdos

Primero: Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que atienda la solicitud del Gobierno del estado de Colima, a fin de que se liberen los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad.

Segundo:Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Adriana Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica en abstención), Mónica Clara Molina (rúbrica), Mario César Gaona García (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), José Luis Martínez Meléndez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica en abstención), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Rodrigo Rosas Esparza, Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gildardo Sánchez González (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo en materia de discriminación a personas tatuadas, con perforaciones y con preferencias sexuales diferentes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral II, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 19 de febrero de 2015, la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de dotar de mayor información a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal (tatuajes y perforaciones).

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la proposición con punto de acuerdo referida fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en este órgano legislativo en fecha 20 de febrero de 2015.

B. El 24 de febrero de 2015, la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó dos proposiciones con punto de acuerdo, una por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), para que realice un estudio sobre la discriminación actual de las personas con tatuajes en el país, así como una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia a las personas tatuadas, la otra, por la que se exhorta al mismo Conapred para que realice una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia de las personas con preferencias sexuales diferentes.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que ambas proposiciones con punto de acuerdo fueran remitidas a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibidas en esta Comisión en fecha 25 de febrero de 2015.

II. Finalidad de las proposiciones con punto de acuerdo

A. Proposición relativa a las modificaciones corporales (tatuajes y perforaciones)

La proposición con punto de acuerdo de la diputada García de la Cadena Romero se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de dotar de mayor información y conocimiento a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal (tatuajes y perforaciones), así como para evitar que sean discriminados quienes se someten a estas modificaciones.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Argumenta en torno a la discriminación que este fenómeno se practica diariamente y que se ha buscado combatirlo de diversas maneras. Indica que existen grupos más vulnerables ante la discriminación, entre ellos, [...] las personas que han realizado alguna modificación corporal, en específico, quienes son portadoras de tatuajes y/o perforaciones [...]

Acto seguido, la proponente señala qué se entiende por tatuaje de acuerdo con la Real Academia Española, así como el sentido y alcance que suele dársele a los mismos. La proponente, realiza lo propio con el tema de las perforaciones.

Destaca que hoy día existen multitud de prejuicios en torno a estos elementos donde [...] no es muy bien visto –indicando que– no debemos juzgar a las personas por su apariencia, sabemos que lo diferente causa temor pero no debemos manifestarlo como marginación [...]

Agrega que con el objetivo de prevenir estos hechos fue expedida la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación cuyo artículo 2º. dispone la obligación del Estado de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

En razón de lo anterior, deriva que [...] es de suma importancia que como sociedad trabajemos con más información, nuestra cultura, el hecho de que una persona porte un tatuaje o perforación, no implica que las aptitudes, actitudes y conocimientos sean limitados o no cuenten con los mismos valores y educación que alguien que no se halla sometido a este tipo de modificaciones corporales, es esencial que trabajemos juntos para erradicar este tipo de discriminaciones [...]

B. Proposición relativa a las personas tatuadas

La proposición con punto de acuerdo de la diputada Quiroga Anguiano, relativa a las personas tatuadas se compone de dos exhortos, mismos que se transcriben:

Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realice un estudio detallado, profesional y analítico de las personas discriminadas en México por tener tatuajes.

Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realice una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia de las personas con tatuajes y que la misma sea difundida en los diferentes medios de comunicación masiva, así como dentro de las diversas dependencias de gobierno federal y local.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Indica que la discriminación es un gran problema que existe en nuestro país, el cual por cierto fomenta la división y discordia. Señala que sus causas son variables y nos impide como nación apreciar la gran riqueza que posee nuestro país.

Acto seguido se refiere al papel de los tatuajes a lo largo de la historia, así como también la discriminación que se ha dado desde tiempos de la antigua Grecia y Roma donde se marcaba a los prisioneros de guerra, a los esclavos y a los criminales. Señala que existe un “ estigma” por [...] asociar lo malo o visceral con el tatuaje –lo que se– ha trasladado hasta nuestra actualidad y ha adoptado un fuerte arraigo en la costumbre mexicana [...] Agrega que en nuestra sociedad [...] se prejuzga bajo métodos poco claros, como personas desaseadas, rebeldes, conflictivas y peligrosas. Se les asocia con el consumo de estupefacientes y portadores de enfermedades. E incluso se les atribuye una discapacidad o que no pueden practicar tareas o actividades de forma limpia, sana o justa. Bajo esta premisa, se les niegan oportunidades, se les juzga por el aspecto físico y en consecuencia, se discrimina por su condición [...]

Sin citar fuente, señala que [...] tan sólo en el Distrito Federal, para 2013, 4 por ciento de las denuncias realizadas ante la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, fueron hechas por personas discriminadas por tener tatuajes o perforaciones, que si bien puede resultar un mínimo porcentaje, también es cierto que esas minorías deben ser atendidas con prontitud [...]

Allende lo dicho, la proponente refiere el trato que las personas tatuadas reciben en nuestra sociedad y cómo se desconoce la real dimensión de ese arte. Adicionalmente, indica que es al Conapred a quien le corresponde diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones que prevengan y eliminen tal conducta abusiva, de tal suerte que debe ser el Conapred la institución que establezca campañas que promuevan y fomenten el respeto de los derechos de las personas con tatuajes.

C. Proposición relativa a las personas con preferencias sexuales diferentes

La proposición con punto de acuerdo de la diputada Quiroga Anguiano relativa a las personas con preferencias sexuales diversas se compone de dos exhortos, mismos que se transcriben:

Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar una campaña que fomente el respeto y tolerancia de las personas con preferencias sexuales diferentes.

Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que la campaña publicitaria que realice respecto al tema de la diversidad sexual, sea difundida en los diferentes medios de comunicación masiva así como dentro de las diversas dependencias de gobierno federal y local para mayor difusión.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Señala la diputada proponente que desde el año 1990, la Organización Mundial de la Salud [...] excluyó a la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud, convirtiéndose en uno de los primeros grandes pasos legales para reconocer esta preferencia a nivel mundial [...]

Agrega que a partir de ello han tenido lugar diversas modificaciones a los ordenamientos jurídicos, así como “ cambios de costumbres en la sociedad”. De este modo, señala que el día 29 de abril del año 2003 se aprobó en México la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en noviembre de 2006 fue promulgada la Ley de Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal. Ordenamientos que, pese a no ser completos constituyen un gran avance en el tema de la discriminación.

Así también, destaca diversas modificaciones a los ordenamientos del estado de Coahuila y del Distrito Federal, junto con la adopción nacional del día 17 de mayo de 2010 como “Día por la tolerancia y el respeto a las diferencias.”

Con base en lo anterior, la diputada proponente destaca que si bien se dispone de una normativa en la temática, aún perviven en el país tabúes y mucho desconocimiento del tema dentro de la población, por ello, destaca que su propuesta [...] busca difundir entre los mexicanos la existencia de este sector social vulnerable, fomentando el respeto e igualdad de sus derechos, la tolerancia y la buena convivencia en la sociedad, de tal forma que se permita la incorporación a una sociedad plural en armonía y fuera de toda discriminación [...]

Finalmente, agrega que [...] el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es la autoridad responsable, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones que prevengan y eliminen tal conducta abusiva, de tal suerte que es ella la única en establecer una campaña que promueva y fomente el respeto de los derechos de las personas con preferencias sexuales diversas. En este contexto, resulta necesario que como autoridad encargada de velar por sus derechos, se realice una difusión informada y respetuosa en los diversos espacios públicos y privados de todas las entidades federativas del país, para que sus derechos se hagan del conocimiento público y se fomente la tolerancia a los mexicanos para una mejor cohesión social [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Esta Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en repetidas ocasiones en el sentido de condenar los hechos discriminatorios que se siguen cometiendo en nuestro país y, al mismo tiempo, ha emprendido medidas contundentes desde el ámbito legislativo a fin de que pueda erradicarse esta práctica en nuestro país.

De este modo, el pasado 20 de marzo de 2014 fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” En cuyo proceso legislativo la presente Comisión de Derechos Humanos tuvo un activo y preponderante papel.

La reforma en cuestión redefine la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incluyendo elementos del derecho internacional, recomendaciones y observaciones internacionales formuladas, así como un nuevo diseño al Conapred que le permita hacer efectivas con mayor fortaleza sus atribuciones encomendadas.

Ello da cuenta del compromiso que esta Comisión ha asumido en el tópico de la discriminación. Ahora bien, en el caso particular de las proposiciones con punto de acuerdo sujetas a estudio, se coincide plenamente con los postulados de las proponentes, más sin embargo, tras un minucioso estudio, análisis y reflexión, se ha llegado a la conclusión que deben de ser dictaminadas en sentido negativo. Las razones que nos han llevado a esta conclusión son las siguientes:

Primero. El Conapred realiza ya diversas campañas para evitar la discriminación de la que son objeto las personas con tatuajes, perforaciones y que poseen preferencias sexuales diferentes. Incluso, se ha pronunciado en repetidas ocasiones a fin de condenar estos actos que atentan contra la dignidad de las personas. En este sentido, el Conapred ha emprendido ya acciones en la materia. Por lo que su proceder no ha sido omiso en este tema.

En el caso del exhorto dirigido a las “Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” a efecto de dotar mayor información y conocimiento a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal, debe indicarse que, conforme a la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que la diputada proponente cita, corresponde esta labor de promoción al propio Conapred quien es la institución especializada en el tema de la discriminación. No obstante, al Conapred ya realiza acciones en este sentido por lo que carece de materia el pedimento.

Segundo. En el caso del exhorto relativo a que el Conapred realice un estudio sobre la discriminación actual de las personas con tatuajes en el país, se indica que el Conapred ha previsto ya en diversos estudios realizados la variable de la discriminación por efecto de los tatuajes. Existiendo ya insumos que permiten analizar esta situación.

Tercero. La discriminación por tatuajes (o por perforaciones) resulta ser esencialmente una discriminación por apariencia física, respecto de la cual existen muchos insumos elaborados por el Conapred. Adicionalmente, de quererse hacer un estudio especializado sobre las personas con tatuajes, no se estaría justificando por qué se realiza este estudio frente a otros posibles como: personas con perforaciones o piercing, personas con color de pelo teñido, personas con problemas de calvicie, personas con formas de vestir diversas a las concebidas como “usuales”, entre otras tantas. No se aportan argumentos cualitativos que justifiquen la prelación para realizar un estudio especializado.

Cuarto. En el caso de las campañas publicitarias y de concientización (tatuajes, perforaciones y personas con preferencias sexuales diversas) no se aportan razones cualitativas de parte de las proponentes con las que justifiquen racionalmente su pretensión (en el caso de la diputada Quiroga Anguiano sólo, sin aportar fuentes, se indica que “ Tan sólo en el Distrito Federal, para 2013, 4 por ciento de las denuncias realizadas ante la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, fueron hechas por personas discriminadas por tener tatuajes o perforaciones, que si bien puede resultar un mínimo porcentaje, también es cierto que esas minorías deben ser atendidas con prontitud.”)

Al respecto, esta Comisión no niega en modo alguno que las personas con tatuajes, perforaciones o con preferencias sexuales diferentes, en efecto, muchas veces son víctimas de discriminación en nuestra sociedad, más ello no constituye un argumento suficiente para la procedencia de las medidas planteadas porque, por una parte son realizadas ya por el Conapred (directamente en el ámbito de las preferencias sexuales y mediante la discriminación por apariencia en el caso de tatuajes y perforaciones) y, por la otra, no se aportan razones cualitativas que justifiquen en el sentido del “test de proporcionalidad” su procedencia particularizada.

Lo anterior se justifica en el principio de igualdad sustantiva o material que debe guiar toda política pública, pues no existen elementos en las propuestas que permitan realizar una prelación de estos sectores con respecto a otros tantos en condición de vulnerabilidad y de continua discriminación (véase: migrantes; indígenas; personas de la tercera edad; madres solteras; minorías étnicas, religiosas o incluso políticas; personas en situación de pobreza e incluso calle; afrodescendientes; jóvenes; extranjeros; enfermos; personas con discapacidad; ex reclusos y otros tantos grupos sub representados.)

El argumento que las proponentes indican, en el sentido de que las personas con tatuajes, perforaciones o preferencias sexuales diversas son discriminadas, no puede ser considerado como un argumento que dé prelación sobre otros tantos sectores. Como es sabido, la propia naturaleza de los derechos humanos guarda particulares características, mismas que los hacen (a los derechos humanos) ser especialmente diversos a otros tópicos de la ciencia jurídica.

A diferencia de otros derechos, en el caso de los derechos humanos las decisiones nunca pueden ser tomadas únicamente bajo el criterio del principio de las mayorías, sino más bien bajo el criterio de la razón y la objetividad sustantiva, son precisamente estos los criterios bajo los cuales se erige un Estado constitucional y democrático de derecho que ha colocado a los derechos fundamentales como su eje central de actuación. Luigi Ferrajoli, ha indicado que:

“De aquí la connotación “sustancial” impresa por los derechos fundamentales al Estado de derecho y a la democracia constitucional. En efecto, las normas que adscriben... los derechos fundamentales... son “sustanciales”, precisamente por ser relativas no a la “forma” (al quién y al cómo) sino a la “sustancia” o “contenido” (al qué) de las decisiones(o sea, al qué no es lícito decidir o no decidir). Resulta así desmentida la concepción corriente de la democracia como sistema político fundado en una serie de reglas que aseguran la omnipotencia de la mayoría. Si las reglas sobre la representación y sobre el principio de las mayorías son normas formales en orden a lo que es decidible por la mayoría, los derechos fundamentales circunscriben la que podemos llamar esfera de lo indecidible: de lo no decidible que, y de lo no decidible que no... el principio formal de la democracia política, relativo al quién decide y al cómo se decide –en otras palabras, el principio de la soberanía popular y la regla de la mayoría– se subordinan a los principios sustanciales expresados por los derechos fundamentales y relativos a lo que no es lícito decidir y a lo que no es lícito no decidir”

Atento a lo anterior, se requieren de elementos de orden cualitativo que permitan justificar la prelación que de un determinado sector de la población se hace en materia de derechos humanos y no únicamente la retórica discursiva de su “discriminación.”

En los casos sujetos a análisis, ciertamente las personas con tatuajes, perforaciones o preferencias sexuales diversas, se constituyen en grupos discriminados, sin embargo, en un análisis ponderado, puede advertirse que quizá existan otros sectores que cualitativamente se encuentren en situación de mayor urgencia que demanda atención inmediata como podrían ser los migrantes, los pueblos indígenas, víctimas de trata, personas con discapacidad, etcétera. Ello, resulta también esencial cuando además de la prelación cualitativa tiene que hacerse frente a una situación de costos de oportunidades (qué otro sector con mayor urgencia podría verse beneficiado con esta decisión).

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de dotar de mayor información a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal (tatuajes y perforaciones), presentada por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que realice un estudio sobre la discriminación actual de las personas con tatuajes en el país, así como una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia a las personas tatuadas, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tercero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que realice una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia de las personas con preferencias sexuales diferentes, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Cuarto. Archívese los asuntos indicados en los resolutivos primero, segundo y tercero de este acuerdo y ténganse como total y definitivamente concluidos.

Notas:

1 Véase: nota del diario El Universal “Conapred censura prejuzgar tatuajes” viernes 16 de julio de 2010, consultado online en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179085.html

2 En pláticas con personal del Conapred, a esta presidencia se le comunicó que, entre las campañas que realiza el Conapred en este tópico se encuentran las siguientes: Campaña nacional “#SinTags, la discriminación no nos define”, la cual “es una campaña derivada del Movimiento Discurso Sin Odio, (“No Hate Speech Movement”) iniciado y dirigido por el Consejo de Europa entre 2012 y 2014; la cual a su vez forma parte del proyecto “Jóvenes que Combaten el Discurso de Odio en Línea” implementada a nivel internacional. Entre los ejes temáticos de la campaña nacional “#Sin Tags, la discriminación no nos define”, se encuentra el denominado “Sin Homofobia”, mediante el cual se busca crear conciencia sobre el menoscabo en los derechos y la violencia ocasionada por la intolerancia hacia la diversidad sexual. En ese sentido, este eje tiene como finalidad impulsar el respeto a las preferencias sexuales.” Otra programa es la Campaña Internacional contra el odio No Hate (NOH8), la cual busca reforzar la lucha en contra del odio y con ello combatir la homofobia, el clasismo, el racismo, la misógina y la xenofobia, entre otras problemáticas.

3 Véase el Proyecto Tatuajes, Arte, Identidad y Discriminación que realiza el Conapred.

4 Véanse las Encuestas Nacionales sobre la Discriminación en México que realiza el Conapred en la que se prevé esta variable. Así también, el “Reporte sobre la discriminación en México, 2012” del Conapred en el que se indica: “Los tatuajes tienen una connotación negativa para los empleadores, pues, en muchas ocasiones consideran que quien posee alguno representa un alto riesgo delictivo, con lo que se deja de lado la capacidad que pueden tener para desempeñar un trabajo.” Pág. 74.

5 Dicho test de proporcionalidad, lo ha repetido en diversas ocasiones esta Comisión señalando que el mismo conlleva el que una medida guarde la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que se requiere para alcanzar el objetivo planteado.

6 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés Ibáñez. 7ª ed. Madrid, 2010. Pág. 51.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo en materia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre procuración, defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales en distintas entidades federativas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral II, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A.El 19 de febrero de 2015, el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la proposición con punto de acuerdo referida fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en esta Comisión en fecha 20 de febrero de 2015.

B. El 19 de febrero de 2015, la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Guerrero para que atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que tal proposición con punto de acuerdo fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en esta Comisión en fecha 20 de febrero de 2015.

C. En fecha 19 de febrero de 2015, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Tabasco para que atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que tal proposición con punto de acuerdo fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en esta Comisión en fecha 20 de febrero de 2015.

II. Finalidad de las proposiciones con punto de acuerdo

A. Proposición relativa al exhorto para el Gobierno del estado de Morelos

La proposición con punto de acuerdo del diputado Ramírez Romero se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Morelos a que atienda de manera oportuna y puntual, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

El proponente sustenta su proposición, de manera sintética, con base en las siguientes consideraciones:

Argumenta que [...] nuestro país atraviesa una profunda crisis en materia de promoción, defensa, garantía y salvaguarda de los derechos humanos [...] y señala que el estado de Morelos [...] representa una de las entidades federativas más violentas del país [...]

Acto seguido, el proponente indica qué ilícitos [...] como la detención arbitraria, la “siembra” de droga y tratos crueles, fueron las principales causas de queja ante la Comisión de Derechos Humanos contra elementos policías adheridos al Mando Único, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad [...], agregando que [...] al cierre de 2014, el organismo defensor sumó más de 259 quejas promovidas por ciudadanos y ciudadanas que denunciaron haber sido víctimas de abusos policíacos en los municipios donde opera el Mando Único [...]

Así, en esa tesitura, concluye que tales sucesos [...] obligan al gobierno del estado de Morelos a atender de manera puntual oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [...]

B. Proposición relativa al exhorto para el Gobierno del estado de Guerrero

La proposición con punto de acuerdo de la diputada Mondragón González se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Guerrero a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Señala que en [...] los últimos dos años, México ha sido un foco rojo en materia de derechos humanos –añadiendo que- algunos estados intensifican esta característica por la violencia que se vive en las entidades [...]

Da cuenta que ilícitos como las detenciones arbitrarias, las desapariciones, los hostigamientos, las ejecuciones extrajudiciales y otros acontecimientos acaecidos en el país son muestra de lo anterior.

Explica que [...] Guerrero ha sido uno de los territorios con mayor conflicto en el país en los últimos años [...] y detalla, que desde tiempo atrás, se ha mantenido la impunidad sobre diversos hechos violentos y actos deleznables como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Menciona también que diversas organizaciones en Guerrero han recibido amenazas por parte de autoridades estatales e incluso del gobernador interino de aquella entidad y describe que la CNDH, hoy en día, mantiene abierto el expediente de queja sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por lo anterior, concluye que [...] estos hechos obligan al gobierno de Guerrero a atender de manera puntual oportuna y expedita todas las recomendaciones emitidas por la CNDH y organismos como la CIDH [...]

C. Proposición relativa al exhorto para el Gobierno de Tabasco

La proposición con punto de acuerdo del legislador Cáceres de la Fuente se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Tabasco a que atienda de manera oportuna y puntual las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

El proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Señala que la salvaguarda de los derechos humanos debe inscribirse como una de las prioridades fundamentales del Estado de Derecho. Lamenta que [...] en nuestro país, las violaciones en materia de derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias, desapariciones, hostigamientos, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, se inscriben como una realidad lacerante para la sociedad mexicana [...]

Por lo que hace al estado de Tabasco, menciona que en el mismo han acontecido [...] graves y reprobables hechos en materia de violaciones a los derechos humanos de la sociedad en general, en donde el gobierno, por acción u omisión incumple con su tarea de respetar, proteger y defender los derechos humanos [...]

Precisa que en esa entidad [...] se han presentado acontecimientos de maltrato y sometimiento por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales, particularmente en la localidad de Tenosique, en perjuicio de la comunidad migrante [...] y da cuenta de otros sucesos que han dado origen a la emisión de recomendaciones por parte de la CNDH –sin precisar que recomendaciones–.

Con base en lo anterior, el legislador concluye que [...] estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno de Tabasco atienda de manera oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la CNDH a efecto de subsanar de manera puntual todas aquellas irregularidades que suponen un impedimento para el pleno goce de los derechos humanos a favor de la población [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Esta Comisión de Derechos Humanos en diversas ocasiones ha manifestado su rechazo total hacia cualquier acto que vulnere la dignidad de las personas y que atente contra su integridad. Asimismo desaprueba, enérgicamente, la comisión de delitos como la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, así como la impunidad de que puedan beneficiarse las personas que los cometen.

Cada violación a los derechos humanos lastima a la sociedad entera y, más aún, cuando quienes la cometen tienen el deber moral, ético y profesional de proteger a las personas por ser servidores públicos. De ninguna manera en un Estado que se sustente como democrático y de derecho puede soslayarse el compromiso de garantizar a las personas el ejercicio y disfrute de sus prerrogativas.

Quienes integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, están ciertos que esos delitos no pueden justificarse por ningún motivo, por más se alegue la protección de una sociedad.

Ahora bien, en lo que hace a la materia de las proposiciones sujetas a estudio, esta dictaminadora advierte que las mismas presentan una finalidad común: exhortar a los gobiernos de tres entidades federativas –Morelos, Guerrero y Tabasco- para que cada uno atienda las recomendaciones que la CNDH les ha dirigido en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos.

Para dictaminar sobre tales propuestas, se estima conveniente hacer un análisis que vincule dicha finalidad con las razones que la motivan y, no sólo circunscribirse al texto literal de las propuestas de acuerdo. Lo anterior para reforzar la opinión técnica de esta Comisión de Derechos Humanos.

Así entonces cabe señalar lo siguiente:

1. Los diputados proponentes presentan las proposiciones en términos imprecisos jurídicamente, además de muy generales, al señalar cada uno que las mismas buscan que se [...] atienda de manera oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la CNDH [...], es decir, por una parte, en sus escritos hacen de lado el carácter no vinculante que tienen las recomendaciones que emite el organismo nacional de derechos humanos.

Por otra parte, arroja sobre esta Representación Popular una atribución que no le es propia: exhortar se cumpla una determinación que emitió otra instancia.

Finalmente, omite determinar a qué recomendaciones alude su propuesta, toda vez que en su escrito refieren un universo tan amplio en tiempo, lugar, destinatario, que resulta inasequible para esta Comisión determinar cuáles son las recomendaciones concretas sobre las que proponen se pronuncie el Pleno de la Cámara de Diputados que es, precisamente, el objetivo que reviste esta clase de propuestas en los términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En otras palabras expresado, de aceptarse en esos términos las proposiciones, podrían generarse, según se aprecia, tres situaciones: la primera, tiene que ver con hacer un lado la naturaleza propia de las recomendaciones, ya que conforme a lo señalado por el artículo 102, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 6, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –LCNDH–, las recomendaciones son no vinculatorias, esto es que carecen de obligatoriedad y, por tanto, no crean deberes u obligaciones para quien las recibe.

La segunda atañe a una invasión de atribuciones porque esta Asamblea Legislativa carece de competencia para solicitar que se cumplan esas recomendaciones; incluso precisamente por su naturaleza no vinculante, no corresponde a la autoridad que las emite exigir u obligar su cumplimiento. En todo caso aquélla, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, debe promover la actuación del Senado de la República y, en un momento dado, denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables (artículo 46 de la LCNDH).

Por cuanto a la tercera situación, la misma versa sobre la inefectividad del exhorto, toda vez que las propias autoridades a las que se dirigiera el mismo, no tendrían referencia específica sobre a qué recomendaciones se refiere.

Adicionalmente, no se omite mencionar que anteriores ocasiones esta Comisión ha aprobado exhortar a la Secretaría de Gobernación para que la misma, en uso de las atribución que le confiere el artículo 27 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dé seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos protectores de derechos humanos.Sin embargo, cabe precisar que en tales ocasiones los requerimientos formulados a la Secretaría de Gobernación han versado sobre recomendaciones claramente y en las que se hacen evidentes las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de una o más autoridades y la situación actual de las mismas.

En ese orden de ideas y toda vez que no es de prosperar el planteamiento por los motivos vertidos en el presente dictamen, habrán de desecharse las proposiciones con punto de acuerdo que se analizan.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos a que atienda de manera oportuna y puntual, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa, presentada por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad, presentada por la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del estado de Tabasco a que atienda de manera oportuna y puntual las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa, presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Cuarto. Archívense los asuntos indicados en los resolutivos primero, segundo y tercero de este acuerdo y ténganse como total y definitivamente concluidos.

Nota:

1 Véase el dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del orden federal a que haga uso de sus facultades a efecto de generar las condiciones que permitan el cumplimiento de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Disponible en: http://www3.diputados. gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/016_derechos_human os/04_dictamenes/04_puntos_de_acuerdo/02_en_sentido_positivo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 7 de abril de 2015, los diputados José Luis Esquivel Zalpa y Manuel Rafael Huerta ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente, presentaron proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de un exhorto, mismo que se trascribe:

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se exhorte a la Procuraduría General de la República para que reconozca que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desparecidos estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, son un crimen de lesa humanidad.

Los proponentes sustentan su petición con base en diez consideraciones. En la primera de ellas indican que [...] el pasado 19 de marzo de 2015 el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamo a las autoridades del Estado Mexicano, particularmente al poder Judicial de la Federación, a que considerará la agresión sufrida por estudiantes de la normalista, en Iguala, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 como un caso de “desaparición forzada”. Agregan en la segunda consideración diversas argumentaciones del referido grupo interdisciplinario por las cuales debe ser considerado el hecho como desaparición forzada y no como “homicidio, secuestro o de otro tipo penal [...]

En la tercera condición indican que el día 20 de marzo de 2015 fue dado a conocer por parte de la PGR que en dicho asunto [...] no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados [...]

En la cuarta consideración, los proponentes hacen referencia a la resolución AG/RES-666 (XIII - 0/83) de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, aprobada en sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983, la cual refiere acerca de la desaparición forzada y su tratamiento.

El quinto considerando señala los diversos instrumentos internacionales en los que se tipifica el delito de desaparición forzada y de los que el Estado mexicano es parte: la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

En el sexto considerando, los proponentes señalan que en octubre de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los hechos acontecidos en Ayotzinapa, Guerrero, implican violaciones graves a los derechos humanos consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados contra la integridad de las personas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública. Los diputados proponente consideran, a partir de ello y de datos obtenidos el 21 de febrero de 2013 del CENAPI, que el caso de la desaparición forzada es en México una “ práctica sistemática y recurrente.”

En el séptimo considerando indican que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha reconocido que en los hechos se está ante un caso de desaparición forzada de personas.

En el octavo considerando los proponentes indican que el 2 de febrero de febrero de 2015, durante el primer día de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza, el comisionado Julio Hernández Barros, como representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) e integrante de la delegación mexicana, destaco que “ es importante que se reconozca que en México existe la desaparición forzada para tener un diagnóstico real a partir del cual se pueda analizar y tomar las mejores decisiones para su erradicación”.

En la novena consideración señalan que el 24 de marzo de 2015 la CNDH destacó la importancia del derecho a la verdad, entre otros casos.

En el último considerando derivan los proponentes que [...] si existe consenso en los organismos internacionales especializados, así como en los expertos, que por desaparición forzada de personas debe entenderse “al secuestro llevado a cabo por agentes del Estado o grupos organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia, y donde las víctimas ‘desaparecen’, las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuenta de la víctima” y que el Código Penal Federal establece el tipo penal de desaparición forzada de personas e incluso la propia Procuraduría General de la República ha mencionado que consignó a los detenidos por los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, por el delito de desaparición forzada de personas, pero que el juez de distrito que conoce la causa penal es quien no obsequió el auto de formal prisión por lo que el Ministerio Público federal se inconformó, ahora resulta paradójico que la Procuraduría General de la República pretenda evadir la responsabilidad del Estado mexicano y considere que los hechos ocurridos no constituyen un delito de lesa humanidad [...]

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

En diversas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en temas vinculados con la desaparición forzada de personas. Si bien es cierto, las modificaciones legislativas de este orden han correspondido por regla general a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, en múltiples oportunidades se ha tenido la ocasión de tratar estos temas a lo largo del trabajo legislativo que compete a esta Comisión.

En el caso público y notoriamente conocido de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, esta Comisión no puede menos que reafirmar su enérgica condena y su exigencia para que sean investigados con prontitud y bajo los más altos estándares de exigencia los hechos acaecidos, en un marco de respeto y colaboración recíproca entre todos los poderes.

Hecho lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tras analizar el pedimento de los diputados proponentes, presenta este dictamen en sentido negativo toda vez que el mismo resulta jurídicamente improcedente ante imprecisiones presentes en las propias consideraciones de los proponentes. Esta Comisión, debe dejar claramente asentado que un acontecimiento como el de Iguala no puede quedar en el olvido, constituye un punto de ruptura a partir del cual debe exigirse que acontecimientos como aquel jamás y nunca vuelvan a repetirse. Para ello, y en el ámbito legislativo, se requiere la tipificación adecuada de este delito, así como el establecimiento de altos estándares de exigencia a nuestros servidores públicos. Como hemos indicado, y cómo expondremos, el caso de la propuesta de mérito no es procedente ante diversas ambigüedades que a continuación se señalan:

Primero. Esta Comisión de Derechos Humanos no cuestiona –ni podría hacerlo al no ser su función- el carácter de desaparición forzada de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero. Las instancias con competencia para ello, así como organismos especializados han ya identificado que el caso es de desaparición forzada por lo que sobre este punto no existe disenso.

Segundo. Existe disenso en el carácter de “crimen de lesa humanidad”, toda vez que, en términos del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, tal carácter se deriva siempre que se trate de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El artículo en cuestión indica:

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) a h) ...

i) Desaparición forzada de personas;

j) a k) ...

2. ...

3. ...

A esta Comisión de Derechos Humanos no corresponde en modo alguno ser instancia que catalogue o no la desaparición forzada de los estudiantes como un crimen de lesa humanidad. En todo caso, tal categoría ha sido delineada y se encuentra prevista especialmente en el ámbito internacional. Si bien es cierto México ha ratificado el Estatuto de Roma indicado, también lo es que un reto pendiente aún es el de la adecuada regulación en el ámbito legal de los crímenes constitutivos de lesa humanidad. En este sentido, si bien son parte ya del orden jurídico nacional, por su ratificación, no se cuenta con la estructura jurídica que permita procesar a los crímenes de lesa humanidad.

Sin catalogar el caso particular como un crimen de lesa humanidad, toda vez que no es función de esta instancia legislativa, se han advertido imprecisiones en los argumentos vertidos por los proponentes. En efecto, derivan el carácter de sistemático o generalizado que daría pauta a un crimen de lesa humanidad, a partir de datos erróneos. Indican que:

“ las desapariciones forzadas en México son un asunto transversal, no se tratan de hechos aislados, por el contrario se trata de una realidad diaria, constante, de una práctica sistemática y recurrente, de ello dan cuenta las miles y miles de personas desparecidas en nuestro país. Los datos no mienten, el 21 de febrero de 213 la ex subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (Cenapi) que contiene una lista de más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo. El 19 de enero de 2015 la encargada del despacho de la Subprocuraduría de la Procuraduría General de la República, Eliana García Laguna, afirmo, en esta misma Cámara de Diputados, en un Foro sobre Desaparición Forzada de Personas que “en el país hay un registro de 23 mil 271 personas extraviadas o desaparecidas.”

Como los propios proponentes dan cuenta en los números vertidos, existen registros de más de veinte mil personas desaparecidas en nuestro país (27 mil, 23 mil, las cifras ciertamente son inexactas), más sin embargo, debe recordarse que no toda desaparición es constitutiva de desaparición forzada de personas y, de hecho, los datos vertidos dan cuenta de desapariciones en general, dentro de las cuales pudiera caber el caso de desapariciones forzadas más sin embargo, y, de acuerdo con datos públicamente conocidos existe la certeza de que sólo una porción de tal espectro constituyen posibles casos de desaparición forzada de personas.

En consecuencia, los proponentes derivan una conclusión errónea (la generalización) a partir de un inadecuado tratamiento de datos (considerar las más de 20 mil desapariciones como desapariciones forzadas).

Estos últimos datos provienen de la propia Procuraduría General de la República, por lo que evidentemente contradicen las afirmaciones de que no existen una práctica generaliza o sistemática de Desaparición Forzada en México.

Tercero. Sin presumir sobre el carácter de crimen de lesa humanidad, debe recordarse que la PGR es un órgano especializado a quien compete, entre otras cosas, la investigación y persecución de los delitos federales. A esta Comisión de Derechos Humanos no le compete en modo alguno indicar a la PGR cómo debe de realizar sus investigaciones o bajo que categoría perseguir los delitos.

Cuarto. Como los propios proponentes indican, la PGR consignó originalmente a los inculpados bajo el delito de desaparición forzada más sin embargo, un Juez de Distrito no consideró estos hechos de este modo. En consecuencia, la PGR obró en el sentido que fue indicado tanto por la CNDH, la CEAV y el propio Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quinto. Finalmente, los proponentes solicitan que la PGR reconozca los hechos ocurridos como crímenes de lesa humanidad. El reconocimiento de este tipo de delitos no constituye en modo alguno una facultad que a la PGR le haya sido conferida. En todo caso, tratándose de delitos cuyo carácter rebasa las fronteras estatales, el reconocimiento de la categoría de este tipo de delitos corresponde al Estado mexicano en general, situación que, como adecuadamente indican los proponentes, fue realizada ya por el Estado mexicano en su reciente visita ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad, presentada por los diputados José Luis Esquivel Zalpa y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Segundo. Archívese el asunto indicado y ténganse como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la República

2 “CNDH reporta 27 mil desaparecidos en México, cifra cercana a la de Segob” Nota del portal Aristegui noticias, 5 de junio de 2013. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/0506/mexico/cndh-reporta-27-mil-desaparecidos/ y en el que se señala: “El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, reveló que en el recuento de esa comisión, se tiene el registro de 24 mil 800 personas desaparecidas y de 2 mil 443 casos más, en los que podría haber indicios de desapariciones forzadas”. Asimismo: “Información para el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU” Amnistía Internacional, disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2015/02/ amr410012015es.pdf donde se señala que de los más de 22 mil personas desaparecidas no se tiene certeza de cuántas han sido víctimas de desaparición forzada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del ciudadano Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de la Contraloría de esa entidad, para que se indague el presunto conflicto de interés entre el gobierno y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 9 de abril de 2015, la diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del C. Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de la Contraloría de esa entidad, para que se indague el presunto conflicto de interés entre el gobierno y la empresa Prosfer Corporación, SA, de CV.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos, siendo recibido en esta comisión en fecha 10 de abril de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de tres exhortos, mismos que se trascriben:

La Cámara de Diputados exhorta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla a investigar de acuerdo con sus atribuciones las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón durante el juicio por daño moral que enfrentó.

La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Puebla a detener los ataques contra las personas que ejercen el periodismo y a garantizar los derechos humanos a la información y expresión.

La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Contraloría de Puebla a investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno del estado y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

La proponente refiere que existe una tendencia nacional de la autoridades del país a “ limitar los derechos humanos de expresión e información”. Señala que [...] las represiones, las amenazas, el hostigamiento y los ataques que enfrentan las personas que ejercen el periodismo en México son alarmantes. El país es considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión [...]

Para sustentar sus afirmaciones indica que, [...] de acuerdo con datos presentados en el informe anual Estado de censura, de la organización Artículo 19, tan sólo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores, y 5 reporteros fueron asesinados. Además, en el país 1 periodista es agredido cada 26.7 horas. Estos datos representan un aumento de 80 por ciento del promedio de agresiones a la libertad de expresión en México durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto [...]

Refiere igualmente, el caso del periodista y activista Pedro Canché, para quien la diputada proponente considera víctima de “ persecución política y encarcelamiento injusto”. Caso similar, argumenta, ha sufrido el periodista Alejandro Mondragón.

Sobre el caso de Alejandro Mondragón, indica que por su labor periodística, en la que ha denunciado “ distintos actos de corrupción del gobierno en turno del estado poblano” ha sido injustamente condenado por daño moral.

Sobre el caso particular refiere que en 2014 fue publicada, en el portal del periodista, una nota donde se señaló que la empresa Prosfer Corporación, SA de CV, fue constituida fiscalmente 16 días después de la toma de posesión del gobernador y que desde entonces ha ganado sin licitación los principales contratos de imagen –videoclips, comerciales y audiovisuales– del sexenio de Moreno Valle.

La proponente indica que [...] en las páginas de transparencia de la Secretaría de Turismo ni en la de Puebla Comunicaciones existen rastros de los contratos que le empresa presume en torno a la realización de spots para la feria de Puebla en 2012, y para el Tianguis Turístico que se realizó en la entidad en 2013 [...]

Como consecuencia de lo anterior, la diputada proponente concluye la existencia de [...] un presunto conflicto de interés entre Prosfer, la administración estatal y el ex director del organismo Puebla Comunicaciones, Marcelo García Almaguer [...]

Señala que, [...] ahora, Alejandro Mondragón se ha enfrentado a un juicio por la empresa Prosfer por daño moral, y el Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla ha fallado a favor de la empresa e impuesto una reparación del daño por una suma exorbitante: 2.5 millones de pesos [...]

Además, agrega que [...] Alejandro Mondragón ha asegurado que el Juzgado Segundo de lo Civil nunca le notificó sobre la denuncia ni sobre la sentencia, por lo que no pudo defenderse de la acusación en su contra, siendo violado su derecho al debido proceso. La persecución por parte del estado de Puebla en contra de periodistas y en aras de limitar la libertad de expresión e información es preocupante [...]

Acto seguido, la proponente indica que durante el gobierno de Moreno Valle han tenido lugar diversos actos de persecución e intimidación a la labor periodística en la Entidad. Concluye que [...] Puebla es un foco rojo en materia de derechos humanos. No debe olvidarse que en el estado continúa la resistencia a transparentar información relacionada con publicidad oficial, finanzas e infraestructura, y la defensa a cualquier costo de esta información que pudiese manchar la carrera presidencial de Rafael Moreno Valle [...]

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

En diversas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en temas vinculados con la libertad de expresión y la labor realizada tanto por periodistas como por defensores de derechos humanos. En tal sentido, incluso ha tenido la ocasión de aprobar la reforma legal que faculta a la federación a atraer los casos en los que puedan verse conculcados los derechos a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos.

Esta Comisión de Derechos Humanos aprovecha la ocasión para condenar enérgicamente todos aquellos procederes en los que el derecho fundamental y base de un Estado democrático, pueda verse menoscabado.

Sobre el caso particular, se ha estimado por esta Comisión de Derechos Humanos dictaminar el presente asunto en sentido negativo toda vez que los pedimentos solicitados carecen de materia.

En cuanto al primer pedimento, relativo a exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de “ ...investigar de acuerdo con sus atribuciones las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón durante el juicio por daño moral que enfrentó.”Debe indicarse que, la referida Comisión estatal carece de facultades al respecto, toda vez que el artículo 14 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla indica que “ La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; II. Resoluciones de carácter jurisdiccional...” (el remarcado es nuestro).

En caso de estimarse la existencia de un proceso en el que no hayan sido valoradas debidamente las pruebas o, como indica la proponente, ni siquiera haberse surtido los requisitos esenciales de todo proceso (como la notificación), la persona que se dice vulnerada en sus derechos fundamentales dispone de la garantía de amparo. Garantía que debe ser interpuesta ante los tribunales federales en los tiempos y formas legalmente reguladas.

Asimismo, debe indicarse que esta Comisión de Derechos Humanos ha obtenido información de parte del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y, en la cual, se nos ha indicado que el Mecanismo tiene conocimiento del asunto en cuestión, de tal manera que lo ha monitoreado pero aún no ha sido incluido como uno de sus casos toda vez que no ha superado el ámbito jurisdiccional y frente a tal circunstancia no tiene competencia dicho Mecanismo, más aún, cuando se ha estimado por el propio Mecanismo que el asunto corresponde a una controversia entre particulares (en lo relativo con la empresa Prosfer). Se ha indicado también a esta Comisión que, en caso de que del monitoreo se derive alguna situación que pueda comprometer la integridad del periodista, el Mecanismo implementará las medidas conducentes para garantizar dicha integridad.

Esta Comisión agrega que, del mismo modo, si el periodista considera que puede encontrarse en una situación que ponga en riesgo su integridad y, si considera que ha sido víctima de amenazas o persecuciones por parte del gobierno de la entidad, se dirija ante el órgano especializado en estos temas que resulta ser la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Por ello, se concluye también que el segundo exhorto no resulta adecuado pues, por un lado, esta Comisión de Derechos Humanos no puede (ni le corresponde) concluir la existencia de un clima tal que impida a los periodistas ejercer su labor en el Estado de Puebla y que, como lo presume la proponente, sea orquestado por el propio Gobierno Estatal. En todo caso, se insiste, se dispone de instituciones especializadas en la investigación de estos delitos en contra de la libertad de expresión (la FEADLE).

Finalmente, el tercer exhorto es inviable pues no constituye en modo alguno una materia de conocimiento para esta Comisión de Derechos Humanos. Se trata de un tema en el que se vincula la adecuada legalidad de los procedimientos administrativos, de control y fiscalización, situación que compete a los órganos de control internos a fin de determinar si ha existido un adecuado proceder conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que, en este caso, regulan las licitaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del C. Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de esa entidad para que se indague el presunto conflicto de interés entre el Gobierno y la empresa Prosfer Corporation, SA, de CV, presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el asunto indicado y ténganse como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad para que investigue la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al subsecretario de Gobernación, para que tomen diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 3 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a fin de investigar la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al subsecretario de Gobernación, para que tomen diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se remitiera a la Comisión de Derechos Humanos, siendo recibida en fecha 4 de febrero de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de dos exhortos, mismos que se trascriben:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, a realizar una investigación a fondo que deslinde responsabilidades y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los policías federales que en el uso de sus facultades incurrieran en uso excesivo de la fuerza, misma que resultara en las agresiones físicas en contra de estudiantes normalistas de Guerrero.

Segundo. Exhorta al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a sostener una reunión con los estudiantes normalistas del estado de Guerrero, a fin de atender sus demandas en cuanto a un programa y plazo para la recuperación del semestre escolar que se ha perdido, debido a la situación de gravedad que se ha presentado en dichas escuelas normales, derivado de los hechos ocurridos a estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.

El proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

El diputado proponente relata los hechos ocurridos, indicando que: el 28 de enero de 2015, policías federales retiraron de la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, a un grupo de manifestantes normalistas, deteniendo en el sitio a 12 de ellos, quienes intentaban realizar un boteo. Agrega que, ante estos hechos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó un día después de los hechos, que alrededor de las 14:00 horas, personal de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, asignado a la vigilancia y seguridad de la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, identificó una camioneta tipo pick up de color blanco que no portaba placa de circulación al frente. Señala que a través de un comunicado, la CNS informó que “Los elementos marcaron el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso y aceleró la marcha hacia la capital del estado”, señala el texto, añadiendo que los policías implementaron un dispositivo para alcanzarlo y lograron detenerlo varios kilómetros adelante.

Agrega que, de manera simultánea, se detuvo en la caseta a 12 estudiantes que iban a bordo de otro vehículo, quienes fueron liberados alrededor de las 14:40 horas, denunciando en su liberación que recibieron golpes y amenazas por parte de los elementos de la Policía Federal.

El proponente indica –sin citar adecuadamente– que el diario “El Sur de Acapulco” relata que los estudiantes detenidos tenían planeado reunirse el pasado miércoles 28 con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la Ciudad de México, para discutir opciones para recuperar el semestre en las nueve normales públicas del estado, pero el encuentro se canceló. Como resultado de ello, indica, los estudiantes se organizaron y se trasladaron de Acapulco a Chilpancingo, pero en la caseta de “La Venta” fueron detenidos por la Policía Federal, arribando más tarde sus compañeros y desencadenándose los hechos que motivan la presentación de su proposición.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Los hechos que motivan el pedimento del diputado proponente resultan de conocimiento público y son conocidos por esta Comisión. Asimismo, tras analizar a profundidad sus planteamientos, esta Comisión de Derechos Humanos, siguiendo la línea constante que ha mantenido en su labor de estudio y resolución, estima que la propuesta subyacente resulta inviable. Lo anterior, toda vez que los planteamientos presentados carecen en un caso de materia y, en el otro, rebasan el ámbito de lo posible para esta Comisión. Ello se estima así por lo siguiente:

En un primer exhorto, el diputado proponente plantea que la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de realizar una investigación a fondo que deslinde responsabilidades y que, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los policías federales que pudieran haber incurrido en un uso excesivo de la fuerza. Sobre el particular, la Comisión de Derechos Humanos se ha documentado y tiene elementos suficientes que le permiten advertir que la Comisión Nacional de Seguridad ha realizado ya una investigación y ha determinado que se actuó conforme a los protocolos existentes por lo que el pedimento del proponente ha quedado sin materia.

En lo concerniente al segundo exhorto, por el que se solicita que la Cámara de Diputados exhorte al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a sostener una reunión con los normalistas del estado de Guerrero. Esta Comisión considera que el planteamiento rebasa la esfera de lo que es posible para esta Comisión, toda vez que carece de toda competencia, para dirigir a los servidores públicos pretendidos, el llamado a celebrar reuniones con determinadas personas. Esta “reunión” debe de ser en todo caso producto de la voluntad y el consenso entre ambas partes, no derivado de un “exhorto” que a los servidores públicos indicados realice esta Cámara de Diputados. Indicar a órganos que formalmente pertenecen al Poder Ejecutivo Federal lo que deben o no hacer más allá de lo que normativamente les compete (el celebrar una reunión para atender las demandas de los normalistas) rebasa la función de este poder legislativo.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a fin de investigar la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al Subsecretario de Gobernación, a diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto y ténganse como total y definitivamente concluido.

Nota:

1 “La Policía Federal informa sobre los hechos ocurridos en la caseta de Palo Blanco, en Chilpancingo, Guerrero” Comunicado de Prensa No. 11. Comisión Nacional de Seguridad, 28 de enero de 2015. Consultado en: http://www.ssp.gob.mx/ portalWebApp/appmanager/portal/ desk?_nfpb=true& _windowLabel=portlet_1_1& portlet_1_1_actionOverride=%2Fboletines%2FDetalleBoletin& portlet_1_1id=1364006

“Detención de estudiantes en la Autopista del Sol fue apegada a protocolos: CNS” Nota del diario “Proceso”, 29 de enero de 2015, consultado en: http://www.proceso.com.mx/?p=394503

“PF actuó apegada a protocolos en detención de normalistas” Nota del diario “El Universal” 30 de enero de 2015, consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8220pf-actuo-apegada- a-protocolos-en-detencion-de-normalistas-8221-222692.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al  gobernador del estado de Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Subsecretaría de Gobernación a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas en la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 5 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobernador del estado Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del estado y a la Subsecretaría de Gobernación, a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, ambas periodistas amenazadas en aquella entidad federativa.

B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de tres resolutivos: A través del primero el diputado promovente plantea que: [...] La honorable Cámara de Diputados exhorte al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a tomar las medidas necesarias y girar las instrucciones correspondientes para que desde el gobierno federal y en los gobiernos municipales que correspondan se tomen medidas urgentes de protección a las periodistas Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, así como a sus familiares y colaboradores cercanos [...]

Mediante el segundo resolutivo el legislador promovente solicita que se [...] exhorte al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a que en el marco de sus atribuciones gire instrucciones, a fin de que las denuncias interpuestas por Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales sean atendidas con las debidas diligencias y sin demoras, a fin de sancionar a los responsables de las amenazas que han recibido, brindando en todo momento la debida protección a la vida de las denunciantes, así como la de sus familias [...]

Y finalmente, a través del tercer resolutivo, el diputado Mejía Berdeja propone que se [...] exhorte a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, a que en el marco de sus facultades gire instrucciones a fin de que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas pueda ser activado a favor de las periodistas veracruzanas Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, a fin de garantizar los procedimientos de protección que dicho mecanismo brinda [...]

III. Consideraciones del diputado promovente

El legislador Mejía Berdeja señala que [...] la tarde del pasado 2 de enero, un grupo de hombres armados ingresaron al domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor del diario La Unión de Medellín, de quien se desconociera su paradero desde esa fecha, –y agrega que- fue hasta el 24 de enero que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz informó que el periodista Moisés Sánchez fue asesinado el mismo día en que un grupo armado, vinculado con la presidencia municipal de Medellín, lo secuestró [...]

El diputado proponente indica que [...] desde los primeros días de la desaparición del periodista, familiares y activistas denunciaron que los operativos de búsqueda desplegados por el gobierno del priista Javier Duarte eran una simulación, tal como lo ha sido cada acción anunciada por el gobernador de dicho estado, para proteger a las personas periodistas que ejercen su profesión en Veracruz [...]

En este contexto, el legislador señala que [...] a tan solo un mes de los hechos antes narrados, la periodista veracruzana Verónica Huerta Aburto recibió una amenaza a través de un mensaje de texto que llegó a su celular [...]

Agrega que [...] la periodista de la agencia de noticias AVC Noticias, Radio Fórmula, Oliva Radio y Quadratín, teme por su vida y la de su familia y, en consecuencia, interpuso este lunes 2 de febrero de 2015, una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores [...]Señala además que [...] ya en 2012 y en agosto de 2014 la misma reportera fue intimidada por hombres corpulentos que afuera de su domicilio la amenazaron por motivo de su labor periodística [...]

Señala el diputado proponente también que: [...] éste no es el único caso. Después del asesinato del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, Patricia Morales, del diario Órales! Jarocho, editado por la empresa del Golfo, ha recibido amenazas durante las dos últimas semanas, por lo que también realizó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público a fin de proteger su vida y la de su familia [...]

De igual forma, añade el legislador que [...] a pesar de los diversos llamados que se han hecho por parte de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como por parte de diversas autoridades, el gobierno del estado de Veracruz continúa haciendo caso omiso de la gravedad de la situación que las personas periodistas que viven en la entidad, aun cuando en muchos de los casos se ha logrado acreditar que las amenazas o los asesinatos se encuentran vinculados con el trabajo de los periodistas y las críticas que en dicha labor se realizan hacia el gobierno estatal o a gobiernos municipales [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después de realizar un minucioso análisis de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien emitir dictamen en sentido negativo, con base en lo siguiente:

Como resultado del trabajo realizado en el Congreso y a petición de defensores de derechos humanos y periodistas, se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue publicada el pasado 25 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho ordenamiento tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de estas personas.

Ahora bien, mediante consulta realizada a dicho Mecanismo, esta Comisión fue informada de que ambas periodistas ya están integradas a ese organismo, precisándose que Patricia Morales desde el 28 de enero del año en curso y Verónica Aburto desde el 5 de febrero. Una vez señalado lo anterior y dado que el Mecanismo es la vía idónea para proporcionar protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en situaciones reales o potenciales de riesgo, se considera que la proposición presentada por el diputado Mejía Berdeja ha quedado sin materia.

En cuanto a las solicitudes realizadas en torno al gobernador y al procurador General de Justicia del estado de Veracruz, esta Comisión recuerda que el trabajo realizado por el Mecanismo es un trabajo institucional que involucra a las diversas dependencias del Estado en sus diversos órdenes de gobierno, por lo que una vez integradas las referidas personas en el Mecanismo, es éste quien articula los canales de comunicación y tutela con las referidas dependencias estatales. En consecuencia, estando ya integradas al Mecanismo las personas indicadas, corresponde a ese órgano, en coordinación con el Gobernador del Estado y el Procurador General de Justicia de Veracruz, implementar las medidas pertinentes para la protección de Patricia Morales y Verónica Aburto.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del estado y a la Subsecretaría de Gobernación a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas en la entidad, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Población, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de personas sin actas de nacimiento

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Población fue turnada, el pasado 5 de febrero de 2015, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de las personas sin acta de nacimiento.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Metodología

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes generales. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. Contenido de la proposición. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. Consideraciones. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. Resolutivo. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. Antecedentes

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 5 de febrero del presente año, el diputado Jesús Antonio Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de las personas sin acta de nacimiento.

b) En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Comisión mediante el oficio No. D.G.P.L. 62-II-7-2032.

II. Contenido de la proposición

El proponente plantea que “La persona es aquel ente por el que se ha creado un marco jurídico, mismo que tiene como principal función la protección del ser humano, de tal suerte que el engranaje legal se ha configurado con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, por lo que los diversos ordenamientos establecen la personalidad, entendida ella como la aptitud de poder ser sujeto de derechos y deberes, teniendo la posibilidad de actuar en el mundo jurídico.

La personalidad se integra por elementos de suma importancia, conocidos como atributos de la personalidad, como son el nombre, el domicilio, el estado civil, sino que configuran la identidad como un derecho humano consagrado en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales.

El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual la que nos permite ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, formar parte de un Estado.

A nivel internacional se ha dado pie a que los Estados parte fomenten entre los ciudadanos la responsabilidad de registrar a los recién nacidos, tal es el caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos (artículos 3, 4, 5, 18 y 20), el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (artículo 24) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 7 y 8).

El promovente basado en notas periodísticas, manifiesta que desafortunadamente, en nuestro país el número de personas que no se encuentran registradas es sumamente alto, lo que significa que millones de habitantes no son receptores de derechos, dejándolos en total indefensión.

Estudios realizados por Mauricio Padrón, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revelan que entre el 7 y 13 por ciento de los mexicanos viven sin acta de nacimiento, por lo que no cuentan con nombre ni nacionalidad. Las cifras anteriormente señaladas permiten afirmar que alrededor de 14 millones de habitantes del país no tienen identidad oficial.

El promovente también manifiesta que los estados con el mayor número de personas sin registro son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Michoacán; éste rezago es sumamente preocupante, ya que va desde el 55. 7 hasta el 74.3 por ciento respectivamente.

El no tener documentos que permitan identificarse es un problema para personas de todas las edades y en todo el país que siguen son contar con un registro o identidad, lo cual resulta de extrema gravedad si tomamos en cuenta que el acta de nacimiento se requiere para tramites escolares y laborales pero principalmente, la falta de un documento de identidad no garantiza el pleno goce y ejercicio de los derechos, tal como lo señala Karen Mercado, presidenta de la organización Be Fundation, “repercute en la violación de otros derechos”.

Si bien establecer más oficinas de registro civil en las entidades federativas no eliminaría el problema, si debe formar parte de una política en la cual también se fomente en la población un sentido de responsabilidad para los recién nacidos y para cualquier persona que no cuente con su registro.

El promovente presentó el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación conlas (sic) 32 entidades federativas,se (sic) busque incrementar el número de quioscos y oficinas del registro civil que tengan como propósito principal el registro pronto y oportuno de todas las personas que no tengan acta de nacimiento.

Segundo.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhortaa (sic) la Secretaría de Gobernación, para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal se ejerzan acciones tendientes a fomentar entre toda la población la regularización de su acta de nacimiento y el registro pronto y oportuno de los recién nacidos.”

III. Consideraciones de esta Comisión

Esta Comisión de Población coincide en el interés y preocupación expresada por el proponente, diputado Jesús Antonio Valdés, al mencionar que uno de los derechos fundamentales de toda persona es el derecho a la identidad, sin embargo no considera procedente realizar el exhorto a la Secretaría de Gobernación por el siguiente motivo:

El 5 de enero del año en curso, el presidente Enrique Peña Nieto anunció como parte de las acciones para que todos los mexicanos cuenten con un acta de nacimiento, que todos los registros civiles del país quedarán interconectados para crear la Base Nacional de Registro de Nacimientos. Así mismo informó sobre la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y los consulados de México, quienes podrán expedir actas a los connacionales que residen en el extranjero.

Concatenado con lo anterior, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal aprobó el día 9 de diciembre de 2014 los lineamientos de operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil, instrumento legal que es la materialización de acciones conjuntas entre la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y los Registros Civiles del país, en el que se establecen objetivos y compromisos particulares, entre los que destacan:

a) Captura y digitalización de los actos registrales del archivo histórico del Registro Civil en la entidad federativa;

b) Modernización, equipamiento y automatización de la estructura y funciones operativas del Registro Civil;

c) Interconexión de la Dirección Estatal del Registro Civil, en adelante Unidad Coordinadora Estatal (UCE) y sus Oficialías; así como la Conexión Interestatal con la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal;

d) Homologación del marco normativo relativo a la materia registral;

e) Uso de formatos únicos con altas medidas de seguridad para inscribir y certificar los actos del estado civil de las personas;

f) Asignación de la Clave Única de Registro de Población;

g) Realización de campañas especiales para la prestación de los servicios del Registro Civil en las regiones que carecen de él, así como llevar acciones de registro extemporáneo de nacimientos

Así mismo, como parte de las acciones que se ejecutarán, se impartirán los talleres y cursos que profesionalicen al personal de las oficialías y direcciones de los registros civiles de las entidades federativas, con el objeto de ofrecer con eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan en la institución registral, proporcionando con ello un servicio certificado, especializado y de calidad.

En ese tenor, el Programa de Capacitación Registral tendrá como temas centrales:

I. Registro Civil:

II. Registro Nacional de Población e Identificación Personal:

III. Inscripción de las actas e inconsistencias presentadas:

IV. Situaciones de extranjería:

V. Archivo y conservación de documentos:

VI. Modernización integral del Registro Civil:

VII. La ética y valores, calidad en el servicio y trabajo en equipo:

VIII. Manual para la interpretación de documentos probatorios de la identidad de las personas:

IX. Interconexión de la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

X. Formación de instructores:

XI. Lineamientos de Operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil

Dentro de las acciones a realizar se establecerán campañas especiales de Regularización del Estado Civil de las Personas, enfocadas a implementar acciones para abatir el subregistro y registro extemporáneo de nacimiento, haciendo llegar así el servicio del registro civil a aquellas poblaciones o zonas del territorio nacional que cuentan con población vulnerable, cumpliendo con esto con la obligación del Estado de dotar de identidad y certeza jurídica a la población para el pleno ejercicio de sus derechos. Las principales campañas implementadas por los Registros Civiles, entre otras, son las siguientes:

• Registros extemporáneo de nacimiento,

• Matrimonios colectivos,

• Rectificación y aclaración de actas,

• Reconocimientos de hijos,

• Registro de nacimiento gratuito,

• Expedición de certificaciones gratuitas,

• Registro para comunidades indígenas,

• Registro para grupos en situación de marginación, migrantes y adultos mayores,

• Asistencia a Centros de Readaptación Social (Cereso), y

• Programas de ayuda a jornaleros agrícolas.

En ese sentido, con fecha 22 de abril de 2013, se suscribió un convenio de colaboración entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Gobernación, y las 32 entidades federativas, a través de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y las Direcciones Estatales de los Registros Civiles, con el objeto implementar la Campaña Nacional para el Registro Universal y Oportuno de nacimientos, a fin de contribuir a erradicar el subregistro de nacimientos y establecer acciones que permitan incrementar el registro universal y oportuno de toda persona en el país.

Por último el Sistema Nacional para la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas de las actas del Registro Civil (Actas Foráneas) establece que la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas de las actas del Registro Civil (Actas Foráneas) se brinda a partir de 2015 en cada oficialía o juzgado del Registro Civil que cuente con internet. Por tanto, la presente vertiente surtirá los ajustes correspondientes a medida en que se alcance la cobertura total de oficialías o juzgados del país que cuenten con internet.

Es por lo anterior, que no se estima conveniente que esta Comisión de Población solicite a la Secretaría de Gobernación, lleve a cabo las medidas necesarias para disminuir los índices de las personas sin acta, en virtud de que el gobierno federal y los estados ya emprendieron una acción incluso mayor de lo solicitado por el promovente, por lo que esta comisión considera que el presente exhorto queda satisfecho y sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Población, somete la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión de Población del Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de las personas sin acta de nacimiento.

Segundo. Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la Comisión de Población del Honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Población, diputados: Javier López Zavala (rúbrica), presidente; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), secretarios; María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Carlos Alberto García González, Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica en abstención), Yatziri Mendoza Jiménez (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica en abstención).»

«Dictamen de la Comisión de Turismo, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas

Honorable Asamblea

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas, presentada por el diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Antecedentes

Con fecha 3 de marzo de 2015, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Asimismo, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó: “Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen”.

En esta misma fecha, la Comisión de Turismo recibió el expediente 6178, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Contenido de la Proposición

Como establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los países.

Nuestro país cuenta con diversos municipios turísticos, en diversas entidades federativas que tienen una gran riqueza, tanto natural como cultural, lo que los coloca dentro de los sitios más visitados por nacionales y extranjeros, y que a pesar de esa afluencia turística carecen de la infraestructura necesaria para brindar un adecuado servicio.

Tal es el caso de Palenque, un municipio del estado de Chiapas, que cuenta con diversos lugares a visitar. Por mencionar algunos:

• La zona arqueológica de Palenque, la cual fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

• Bonampak y Yaxchilán, las cuales también son zonas arqueológicas localizadas a 140 y 165 kilómetros de Palenque.

• Centro ecoturístico La Cañada.

• Centro ecoturístico Valle de Bascán.

• Centro ecoturístico Bajlum Pakal.

• Cascadas de Agua Azul.

• Cascada La Asunción

Además, Palenque ha crecido en popularidad entre los turistas, ya que en los últimos años se ha registrado un aumento de visitantes en esta zona llegan; a ser la quinta zona arqueológica más visitada en nuestro país, la cual recibió a 476 mil 946 visitantes durante el 2014

También, se construyó el aeropuerto internacional en Palenque, con la finalidad de promover aún más el turismo hacia esta zona y contribuir con una facilidad de acceso. La importancia de esta obra de infraestructura se centró en la conectividad aérea, el impulso al sector turístico, la generación de empleos y mayores recursos para las familias

A pesar de todos los atractivos turísticos con los que cuenta, de la popularidad de la que es propietario y las mejoras en la infraestructura para su conectividad con el mundo, Palenque no ha crecido en servicios turísticos de una forma proporcional a su concurrencia, ya que carece de una oferta hotelera para alojarse en el lugar, lo que provoca que este municipio sea considerado como un sitio de paso y no se tenga un crecimiento económico favorable por la fuga de recursos ocasionada por esa situación.

Es por ello que urge la inversión de hoteleros que fortalezcan la oferta hotelera en Palenque, ya que debido a que el número de cuartos es insuficiente, los turistas nacionales y extranjeros tienen que pernoctar en Villahermosa, Tabasco

Lo que Palenque necesita es la inversión para la construcción de más centros ecoturísticos, que sean ambientalmente responsables y que traten de conservar, lo mejor posible, la naturaleza y la cultura de la región, para que así se provoque un involucramiento activo y socioeconómico que beneficie a las poblaciones locales.

Para ello, ProMéxico, siendo un organismo del gobierno federal encargado de coordinar acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera, debe colaborar en esta ardua tarea, junto con la Secretaría de Turismo, para hacer de Palenque una región turística con excelente oferta hotelera.

Dentro de los objetivos enmarcados en los lineamientos para la operación de los apoyos y servicios de ProMéxico, se encuentra el de apoyar la atracción inversión extranjera a través de ferias, seminarios, foros y otras formas de difusión y encuentros con inversionistas internacionales, tanto en México como en el exterior, mientras que la Secretaría de Turismo tiene como misión conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno. Es por estas razones que dichas instituciones son las adecuadas para impulsar en Palenque la inversión necesaria para que cuente con una amplia oferta hotelera.

Así, ProMéxico y la Secretaría de Turismo, podrán crear una campaña que incentive a los inversionistas hoteleros, tanto nacionales como extranjeros, para que empleen parte de sus recursos en la construcción de hoteles sustentables en la zona arqueológica de Palenque.

Es por lo anteriormente expuesto, y porque México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada, que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Exhorta al titular de la Secretaría de Turismo y al Director General de ProMéxico para que en colaboración realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera al municipio de Palenque, Chiapas.

Consideraciones de la Comisión dictaminadora

Esta Comisión, de conformidad con los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur) encargado de procesar los datos estadísticos del sector turístico y del Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT), del Consejo de Promoción Turística de México, medio que genera y divulga las variables de información estadística de las características y comportamientos de la utilización de 105 servicios turísticos de hospedaje en nuestro país, ambos dependientes de la Secretaría de Turismo (Sectur), estipulan que en el estado de Chiapas en 2014 se cuenta con una oferta total de 863 hoteles con 18,758 cuartos, dentro de 105 cuales 1,442 establecimientos son de alta calidad, 6,389 de calidad y estilo, 590 de bajo presupuesto y 1,127 con categoría no especificada.

En lo referente a los principales destinos de la actividad hotelera en Chiapas, Palenque ocupó el tercer lugar en los periodos 2012-2013 y 2013-2014 como se puede apreciar en las siguientes tablas:

El SIIMT indicó que la llegada de turistas nacionales a Chiapas en el año 2012 ascendió a 3,258,331 y en el año 2013 de 3,013,480 lo que representó un descenso en el turismo nacional del -7.5 por ciento; en cuanto a llegadas de turistas internacionales fue de 357,558 y para el año 2013 de 347,856 registrando un decremento de -2.7 por ciento.

Al considerar ambos indicadores se detectó una baja tanto en la llegada de turistas nacionales como internacionales y por consiguiente en el número de habitaciones ocupadas en los últimos años. Por lo anterior, debe ser prioridad el incrementar el porcentaje de ocupación hotelera de la oferta que actualmente se tiene.

Cabe mencionar que el construir mayor infraestructura hotelera, no traerá como consecuencia que el destino de ser “de paso”. El turista decide pernoctar en determinados destinos en base al producto turístico que encuentra, a los atractivos y actividades que motivan prolongar su estancia.

Por lo anterior esta Comisión dictaminadora considera inviable el exhorto a la Sectur y ProMéxico, por lo que somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único: Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Notas:

1 Consultado en: http://pnd.gob.mx/ , 19 de enero de 2015.13:40 horas.

2 Consultado en: http:l.www.palenque.gob.mx.lugares-a-visitar. 19 de enero de 2015. 13:45 horas.

3 Consultado en: http://www.unionchiapas.mx/articulo/2014/10/13/ cultura/palenque-quinta-zona-arqueológica-mas-visitada ,19 de enero de 2015. 17:58 horas.

4 Consultado en: http//:www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/02/12/inauguran-aeropuerto-internaciona l-en-palenque-chiapas-8233.html , 19 de enero de 2015. 14:38 horas.

5 Consultado en:

hupv/www.reforma.com/ ap1icaciones1ibre/preacceso/articu1o/ default.aspx?id=430237&po=4& urlredirecr=http:www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?ld=430237&po=4, 19 de enero de 2015. 18:46 horas.

6 Consultado en: http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/LineamientosV 601ene2014.pdf 19 de enero de 2015.13:53 horas.

7 Consultado en: http://www.sectur.gob.mx/conoce-la-sectur/vision-y-mision/ 19 de enero de 2015, 19:18 horas.

8 Consultado en: http://www.promexico.gob.mx/, 19 de enero de 2014. 13:51 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), José Luis Valle Magaña (licencia), Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel (licencia), Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Dunia Eliane de la Vega Preciado (rúbrica), Miroslava Meza Virrueta, Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Jessica Salazar Trejo, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, José Higuera Fuentes, Eduardo Enrique Domínguez Maganda (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates, y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Proceda.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno el 23 de abril a la iniciativa por la que se reforma el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio, presentada por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 16 de abril de 2015.

“Se turnó a la Comisión de Economía, para dictamen.”

Atentamente

México, DF, a 28 de abril de 2015.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios. Proceda.

REINCORPORACION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la  LXII Legislatura.

Estimado diputado presidente:

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para informarle mi reincorporación al cargo de diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por la quinta circunscripción, a partir del 28 abril del presente año.

Por lo anterior, le solicito atentamente hacer del conocimiento del pleno del Congreso de la Unión mi reincorporación, así como instruir a quien corresponda para que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos para los efectos conducentes.

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo a la presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril del 2015.— Diputada Karina Labastida Sotelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquese.

———————— o ————————

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, asimismo me permito distraer su atención para solicitar, muy respetuosamente y de no existir inconveniente, se retire el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a garantizar y homologar la coordinación para la asesoría y la gestión para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas estatales y municipales de las policías con el fin de que sean capacitadas y establecer mecanismos administrativos necesarios para asegurar que la mujer víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento y reparación del daño, que fue ingresado el 26 de marzo, el cual fue integrado al orden del día de la próxima sesión del pleno de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura.

Sin más por el momento, me reitero a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 24 de abril de 2015.— Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite el primer informe trimestral 2015 de diversos programas sujetos a reglas de operación.(1)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibió oficio del Congreso del Estado de Zacatecas, por el que felicita y reconoce a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por haber aprobado la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista.(2)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibieron de diversas autoridades siete oficios con contestaciones a puntos de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.(3)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibieron de diversas autoridades ocho oficios con contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio.(4)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a los promoventes, para su conocimiento.

MINUTAS

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Primero. Se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. ...

II. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:

a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:

- Gobernación;

- Relaciones Exteriores;

- Hacienda y Crédito Público;

- Desarrollo Social;

- Medio Ambiente y Recursos Naturales;

- Economía;

- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

- Educación Pública;

- Función Pública;

- Salud;

- Trabajo y Previsión Social;

- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

- Procuraduría General de la República;

- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el

- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

b) ...

...

III. ...

a) ...

b) ...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 93 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 93. La Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las Entidades Federativas, integrará y hará públicas, mediante una lista, las prácticas y los volúmenes de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre para ceremonias y ritos tradicionales por parte de integrantes de comunidades indígenas y rurales, el cual se podrá realizar dentro de sus predios o con el consentimiento de sus propietarios o legítimos poseedores, siempre que no se afecte la viabilidad de las poblaciones y las técnicas y medios de aprovechamiento sean las utilizadas tradicionalmente, a menos que éstos se modifiquen para mejorar las condiciones de sustentabilidad en el aprovechamiento. En todo caso promoverá que se incorporen acciones de manejo y conservación de hábitat a través de programas de capacitación a dichas comunidades rurales

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

DECLARA EL DIA 18 DE FEBRERO DE CADA AÑO, COMO EL “DIA NACIONAL DEL SINDROME DE ASPERGER”

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. y II. ...

III. ...

Para ello, podrá asesorar y coadyuvar con las autoridades competentes en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento, transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad;

IV. a XVII....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salon de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo Único. Se reforman el inciso c a la fracción I, del artículo 5o.; la fracción III, del artículo 9o., y la fracción VII, del artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

I. ...

a. y b. ...

c. A una vida libre sin violencia y maltrato.

d. a g. ...

II. a IX. ...

Artículo 9o. ...

I. y II. ...

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, maltrato y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Artículo 10. ...

I. a VI. ...

VII. Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación, maltrato y olvido por motivo de su edad, género, estado físico o condición social;

VIII. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vcepresidente;senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Artículo Único. Se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a este decreto,

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY DE PLANEACION

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 21 y 27 de la Ley de Planeación.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 3o., 21 y 27 de la Ley de Planeación.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 3o., el segundo párrafo del artículo 21 y el artículo 27, todos de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales; así como de mitigación y adaptación al cambio climático, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen

...

Artículo 21. ...

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales y de cambio climático que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

...

Artículo 27. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental, de cambio climático y cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 95 y se adiciona el artículo 100 Bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 95. La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables, observando siempre el principio de responsabilidad compartida.

Artículo 100 Bis. Los obligados a formular y ejecutar Planes de Manejo en términos de lo dispuesto por las fracciones II y IV del artículo 28 de esta Ley llevarán a cabo su manejo integral para prevenir, controlar la contaminación y proteger la salud.

Los comerciantes, consumidores y usuarios de subproductos de los residuos que alude el párrafo anterior comparten la responsabilidad en su manejo integral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vcepresidente;senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.

Artículo Único. Se reforman las fracciones XI y XII, y se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

I. a X. ...

XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad;

XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales, y

XIII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

LEY DE VIVIENDA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 4, actual fracción VII; 19, fracción XIV; 71, primer y tercer párrafos; 72, segundo párrafo y 78, segundo párrafo; se adicionan los artículos 4, con las fracciones I, II y VIII, recorriéndose las demás fracciones en su orden; 6, con una fracción X, recorriéndose las demás fracciones en su orden; 19, con una fracción XXIV, pasando la actual XXIV a ser XXV de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos y, en su caso, cumpla con la normatividad vigente en materia de diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad.

Artículo 4. ...

I. Accesibilidad: garantía de acceso a las personas con discapacidad al entorno físico, dentro de la vivienda y en su entorno, cuyo objetivo será que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida;

II. Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar una vivienda sin barreras físicas garantizando con ello la accesibilidad;

III. a VII. ...

VIII. Conadis: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX. ...

X. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, ajustes razonables que garanticen la accesibilidad, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

XI. a XV. ...

Artículo 6. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias, y

X.Promover que los programas de vivienda, incluyan criterios para la rehabilitación, y construcción de vivienda para personas con discapacidad que cumplan las normas en materia de diseño universal y accesibilidad;

XI. a XIII. ...

Artículo 19. ...

I. a XIII. ...

XIV. Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda y su accesibilidad;

XV.a XXII. ...

XXIII.Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Establecer, en coordinación con Conadis, un Programa Nacional de Vivienda accesible y con diseño universal, el cual tendrá como principio garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adquirir una vivienda a través de los programas, que deberán incluir en sus proyectos los lineamientos y especificaciones que garanticen el diseño universal y la accesibilidad, y

XXV.Las demás que le otorguen la presente Ley u otros ordenamientos.

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, accesibles y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

...

Las autoridades del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley en materia de calidad, accesibilidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 72. ...

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la Comisión. Este modelo incluirá requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia y sustentabilidad de la vivienda.

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad, accesibilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda dispondrá de 180 días para hacer las adecuaciones en el modelo normativo donde adicione los elementos que garanticen el diseño universal y la accesibilidad.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo Único. Se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero; se adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. ...

III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación siguiente:

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

...

IV. a XVII. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

INICIATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1313-LX-15, en el que de manera atenta y respetuosa se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, marzo 26 de 2015.— Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), secretario general del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Diputados del Congreso del Estado de Jalisco.— Presentes.

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 64, 69, fracciones II y IV, 148, 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de esta soberanía, el presente acuerdo legislativo, que aprueba la iniciativa por la que se propone elevar a la consideración del Congreso de la Unión, la reforma del artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en la siguiente:

Parte expositiva

I. Que con fecha 25 de noviembre de 2014, el diputado Joaquín Antonio Portilla Wolf, presentó ante la Dirección de Procesos Legislativos, iniciativa de ley mediante a la cual pretende reformar el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

II. Que en sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2015, la Asamblea del Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el turno de la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos para su correspondiente dictamen.

III. Que en la trigésima reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios y Reglamentos, turnó la iniciativa en comento a la diputada Norma Angélica Cordero Prado, quien procedió al estudio de la misma para su dictamen, al ser integrante de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, competente para este efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

IV. La iniciativa de ley en comento tiene por objeto proponer la reforma del artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con la finalidad de que sea dicho instituto quien tenga la facultad de autorizar al deudor, pasados tres años de haber adquirido el crédito, para enajenar, permutar o gravar la vivienda; para ello se sustenta en los razonamientos expresados en la exposición de motivos que a continuación se transcribe:

Exposición de Motivos

“La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda establece en su artículo 29 como una de las obligaciones que tienen los patrones de los trabajadores, realizar una aportación de cinco por ciento del salario de los trabajadores a su servicio para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos que establece dicha ley y sus reglamentos. Es decir, que dicha aportación del patrón se destinará a un fondo para que los trabajadores adquieran una vivienda a través del crédito que les otorgue el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); y que este dinero no se podrá retirar por parte del trabajador mientras se encuentre laborando, únicamente podrá solicitar su devolución una vez que se pensione y no haya utilizado dicho crédito, o bien se encuentra desempleado se le podrá entregar un porcentaje del mismo; o utilizar dicho fondo en la adquisición de su vivienda a través del crédito en mención.

Sin embargo, hace unas semanas, en un medio de comunicación impreso de esta ciudad, aparecieron algunas notas periodísticas con relación a que desde hace algunos meses, empresas y personas físicas se encuentran realizando gestiones con los trabajadores que cuentan con los beneficios de un crédito del Infonavit y que no lo han ejercido con el objeto de convencerlos para que lo realicen y con ello recuperen de manera anticipada el dinero que tienen en la subcuenta de vivienda. Esto lo realizan los gestores persuadiendo a los trabajadores para que ejerzan su crédito y meses después de que les entreguen la vivienda, la ponen en venta o en traspaso y una vez realizada la operación, liquidan el préstamo y se quedan con el dinero que tenían en la subcuenta de vivienda; todo esto, claro está, con un cobro de comisión por parte de los gestores que en muchos de los casos ronda por los 35 a 40 mil pesos.

El delegado del Infonavit en nuestro estado, Mario Macías Robles, declaró al medio de comunicación que ha seguido este tema, que actualmente las reglas no prevén un plazo mínimo para que un trabajador pueda traspasar su casa por lo cual se ven imposibilitados a frenar tales acciones.

Así pues, en nuestro concepto, dichos actos traen problemas para los trabajadores, tales como que si se retira por parte del trabajador o se obtiene el fondo de la subcuenta de vivienda en la forma que hemos referido, cuando un trabajador se pensione no tendrá ese fondo disponible precisamente para los tiempos en que menos fuerzas tendrá para trabajar ni tendrá muchas opciones de ingresos para su manutención, lo que en mucho le beneficiaría el referido fondo de vivienda que no se haya ejercido.

Es por ello que a través de la presente iniciativa de acuerdo legislativo, proponemos elevar a la Cámara de Diputados la iniciativa para que se reforme la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su artículo 49 y se establezca un periodo en el cual los trabajadores no podrán traspasar o vender el inmueble que hayan adquirido con el crédito que se les otorgó por parte del instituto, esto con el objeto de tratar de inhibir a los supuestos gestores y dejen de realizar estas prácticas que perjudican a los trabajadores, ya que al establecerles un periodo de tiempo dentro del cual no se podrá transmitir dicho inmueble, los trabajadores no verán tan atractiva la propuesta que les realicen, ya que tendrían que esperar mucho tiempo para recuperar su dinero y en tanto tendrían que estar pagando las mensualidades al instituto sin poder disponer del inmueble de manera total en razón de que al ser el propósito la venta o traspaso en un periodo posterior, las supuestas ganancias que tendrían ya no serían tales porque habrán pagado muchas mensualidades sin obtener beneficio alguno tan pronto como lo esperan por la adquisición del crédito y de la propiedad.

Así pues, a continuación realizamos un cuadro comparativo para exponer la forma en que se encuentra redactado el artículo que se pretende reformar y la forma en que se pretende quede redactado en caso de ser aprobada la propuesta que se realiza:

En mérito de lo antes expuesto; pongo a la consideración de ustedes compañeros diputados, la siguiente iniciativa de

Acuerdo Legislativo

Artículo Único. Se reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 49. ...

En todo caso, la autorización del instituto al deudor para enajenar, permutar o gravar la vivienda, no podrá concederse sino pasados tres años de haber adquirido el crédito.

Tratándose de créditos otorgados para la adquisición de viviendas financiadas directamente por el instituto, éstos se darán por cancelados y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior, por lo que el deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en un término de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el aviso respectivo.

En el caso del párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la vivienda, se aplicarán a favor del instituto a título de pago por el uso de la propia vivienda.

Disposición transitoria

Única.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Atendiendo a la exposición de motivos contenida en la iniciativa, para efecto de sustentar el dictamen que se propone, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de la misma y del marco jurídico vigente, para valorar la pertinencia de la misma y plasmar los argumentos de convicción en la siguiente:

Parte considerativa

I. En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento de la iniciativa de ley que nos ocupa, por ser materia respecto de las que el Congreso del Estado de Jalisco está facultado para conocer y legislar, en tanto que se acreditó que la comisión dictaminadora es competente para conocer del tema y hacer la propuesta de dictamen.

II. De conformidad con la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 153, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es facultad del Congreso del Estado presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, así como plantearle la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La iniciativa de ley fue admitida y turnada en virtud de que cubre las formalidades que establece el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y que en esencia contiene la exposición de motivos, la iniciativa de ley correspondiente, las disposiciones sustantivas y transitorias.

Análisis de la iniciativa

En nuestro país día a día la población mexicana se ve marcada cada vez con la existencia de adultos mayores, esto debido a que las tasas de mortalidad se han reducido considerablemente, es decir, los mexicanos y mexicanas tienen una mayor esperanza de vida.

Es por lo anterior que México en la actualidad tiene un gran problema por resolver respecto de los regímenes de pensiones, esto es, el acceso de las personas a una pensión por vejez no es una posibilidad factible para toda la población por diversos factores, y aun cuando quien tiene derecho a la misma, dicha pensión la mayoría de las veces resulta ser económicamente insuficiente para sufragar los gastos diarios de una persona.

Es por lo anterior que se deben fortalecer sin lugar a dudas los regímenes actuales de pensiones, con el propósito de que en la vejez de las personas exista una protección financiera, que asegure a mayor medida posible una vida digna al momento de retirarse de trabajar.

Luego entonces y en aras de que las autoridades deben buscar los mecanismos oportunos a efecto de garantizar que las personas que estén próximas a pensionarse tengan una protección futura y sobre todo segura para su vejez, es que se considera oportuna la iniciativa presentada por el diputado Joaquín Portilla Wolf.

Parte resolutiva

Derivado de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, en los términos de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 64, 69 fracciones II y IV, 148, 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a consideración de la asamblea de este Congreso del Estado de Jalisco el siguiente

Acuerdo Legislativo

Artículo Primero. Se eleva a la consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de ley que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 49. ...

En todo caso, la autorización del instituto al deudor para enajenar, permutar o gravar la vivienda, no podrá concederse sino pasados tres años después de haber adquirido el crédito.

Tratándose de créditos otorgados para la adquisición de viviendas financiadas directamente por el instituto, éstos se darán por cancelados y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior, por lo que el deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en un término de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el aviso respectivo.

En el caso del párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la vivienda, se aplicarán a favor del instituto a título de pago por el uso de la propia vivienda.

Transitorio

Único.EI presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General de este Congreso del Estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo al Congreso de la Unión.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a marzo de 2015.— Sala de comisiones del Congreso del Estado de Jalisco.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), presidente; José Gildardo Guerrero Torres, José Luis Munguía Cardona (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Juan Carlos Márquez Rosas (rúbrica), Norma Angélica Cordero Prado (rúbrica), Éric Cayetano Mejía Corona (rúbrica), Miguel Castro Reynoso, Julio Nelson García Sánchez (rúbrica), Édgar Enrique Velázquez González (rúbrica), Jesús Palos Vaca (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1315-LX-15, en el que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, marzo 26 de 2015.— Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), secretario general del Honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Diputados del Congreso de Jalisco.— Presentes.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos de la LX Legislatura de este honorable Congreso fue turna da para su estudio y dictamen, por acuerdo del pleno de fecha 20 de octubre de 2014 la iniciativa de acuerdo legislativo presentada por el diputado Jaime Ismael Díaz Brambila que eleva a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de ley que reforma el artículo 16 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Al efecto y de conformidad a lo previsto por los artículos 64, 69, numeral 1, fracciones I y IV, 106, 107 numerales 2 y 4, 108, 157, numeral 1, y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco así como 86 y 87 de su Reglamento, los diputados miembros de esta comisión dictaminadora, nos permitimos presentar el correspondiente proyecto de dictamen.

Parte expositiva

I. En sesión ordinaria del Pleno de la LX Legislatura celebrada el pasado 20 de octubre de 2014, fue presentada por el diputado Jaime Ismael Díaz Brambila la iniciativa de acuerdo legislativo que eleva a consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma el artículo 16de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Escudo Nacionales.

II. En la sesión antes señalada, por acuerdo de la asamblea, la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos para su correspondiente dictamen.

III. Con fecha 18 de diciembre de 2014 el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, José Hernán Cortés Berumen, dio cuenta de la iniciativa por la presidencia oficialmente recibida y la derivó por razón de turno y con aprobación de los miembros del órgano legislativo al diputado Édgar Enrique Velázquez González.

IV. La iniciativa de decreto presentada por el diputado autor Jaime Ismael Díaz Brambila tiene por objeto imponer como obligación de los poderes de los estados y el Distrito Federal, así como de los ayuntamientos y delegaciones el izar diariamente la Bandera Nacional.

V. Los diputados miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos procedemos a analizar la exposición de motivos que impulsó la presentación de la iniciativa, cuya explicación de la necesidad, fines perseguidos y repercusiones a continuación se describen:

Argumenta el autor de la iniciativa que es deber cívico de ciudadanos inculcar en las nuevas generaciones el respeto por la enseña nacional.

Que en fecha solemnes la bandera debe izarse a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo y la Bandera.

Finalmente argumenta que con la finalidad de fortalecer el respeto por el símbolo patrio se debe imponer la obligación a todos y cada uno los edificios públicos de México de izar la Bandera Nacional.

VI. El diputado autor de la iniciativa someten a consideración de la asamblea, la siguiente propuesta de reforma:

Parte considerativa

I. El Congreso del estado se encuentra facultado para presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II. Las iniciativas de ley o decreto son resoluciones que el Congreso del estado, a propuesta de cualquiera de los diputados o de las comisiones legislativas, emite para plantear al Congreso del Estado de la Unión, la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueban mediante acuerdo legislativo; el cual debe ser votado en la siguiente sesión en que fue presentado.

III. La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos es competente para conocer la iniciativa de reforma que nos ocupa de conformidad a lo dispuesto por el artículo 97 numeral 1, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco.

IV. El diputado autor de la iniciativa se encuentran facultado para presentar iniciativas de ley o decreto en materia de competencia estatal ante el Congreso del Estado, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política de Jalisco, y 22, numeral 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco.

V. La iniciativa en estudio reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco pues de su lectura integral se desprende que contiene la exposición de motivos, artículos que pretende modificar y las disposiciones transitorias.

VI. El diputado autor de la iniciativa somete a consideración de los diputados el imponer la obligación de izar en todo edificio público la Bandera Nacional.

VII. La comisión legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos coincide plenamente con la visión y argumento del diputado autor de la iniciativa, pues efectivamente el respeto hacia el símbolo patrio de la bandera constituye un esfuerzo auténtico para fortalecer la educación cívica de los mexicanos.

VIII. Por virtud de lo anterior esta comisión dictaminadora estima procedente aprobar en todos sus términos la iniciativa de acuerdo legislativo que eleva a consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Parte resolutiva

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, numeral 1, 145, 157, numerales 1 y 2, y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la elevada consideración del pleno del honorable Congreso el siguiente

Acuerdo Legislativo

Artículo Primero. Se eleva a consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 16 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 16. La Bandera Nacional se izará diariamente en los edificios sede de los Poderes de la Unión, en las oficinas de migración, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos internacionales; en las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero, en el asta monumental de la Plaza de la Constitución de la capital de la república, en los poderes de los estados y el Distrito Federal, ayuntamientos y delegaciones, y en todo edificio público que se encuentre dentro del territorio nacional.

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General de este Congreso del estado, a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo al honorable Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, marzo 12 de 2015.— Sala de comisiones del honorable Congreso del estado.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), presidente; José Gildardo Guerrero Torres, José Luis Munguía Cardona (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Rodríguez (rúbrica), Juan Carlos Márquez Rosas (rúbrica), Norma Angélica Cordero Prado (rúbrica), Éric Cayetano Mejía Corona (rúbrica), Miguel Castro Reynoso, Julio Nelson García Sánchez (rúbrica), Édgar Enrique Velázquez González (rúbrica), Jesús Palos Vaca (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establece el procedimiento para la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que conforman la Agenda Legislativa del final del Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la actual Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 numeral 2 inciso d), 23 numeral 1 inciso f), 33 numeral 1 y 34 numeral 1 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1o. numeral 2, 3o. numeral 1 fracción XVIII, 8o. numeral 1 fracción III y 143 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

I. Que es del total interés de esta Junta de Coordinación Política coadyuvar con los demás órganos de gobierno, comisiones y grupos parlamentarios, para generar las mejores condiciones que permitan a esta soberanía, con plena y absoluta responsabilidad política, concluir el actual periodo de sesiones de una legislatura histórica ratificando así su más amplio compromiso y responsabilidades con la sociedad y pueblo de México;

II. Que en la conclusión del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Junta de Coordinación Política, reitera su firme compromiso con el cumplimiento de los objetivos legislativos de esta histórica legislatura y con una conclusión de trabajos en un contexto de certeza y seguridad jurídica y legislativa;

III. Que para las últimas sesiones del actual periodo de sesiones, la Junta de Coordinación Política ha valorado el elevado número de asuntos a procesar por el Pleno en un contexto definido por tres sesiones programadas para conocer de estos asuntos;

IV. Que a criterio de los integrantes de este órgano de gobierno lo anterior constituye una situación no prevista en el Reglamento la cual debe ser analizada a efecto de garantizar que el Pleno de esta soberanía conozca y resuelva del mayor número posible de estos asuntos;

V. Que previsión de ello y en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente y oportuno proponer al Pleno que en uso de sus facultades soberanas establezca un trámite para la discusión y votación de los dictámenes que conforman la Agenda Legislativa de las sesiones finales del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la actual legislatura asegurando el despacho del mayor número posible de asuntos y que su discusión y votación se desarrolle en condiciones plenas de equidad, pluralidad, certeza y seguridad jurídica contemplando los principios de representatividad e inclusión, garantizando la participación de todos los grupos representados en la Cámara y con estricto apego a las formalidades del proceso legislativo para que el Pleno de esta soberanía esté en posibilidades de tomar las decisiones que legal y constitucionalmente le corresponden;

VI. Que este órgano de gobierno está plenamente facultado para proponer lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en su artículo 33 numeral 1 que “La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”;

VII. Que la misma ley establece en su artículo 34, numeral 1 inciso a), que a este órgano de gobierno corresponde con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo”;

VIII. Que en relación con ello, el mismo ordenamiento establece en su artículo 20, numeral 2 inciso d), que es atribución de la Mesa Directiva la de “Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios”;

IX. Que igualmente la Ley Orgánica señala en su artículo 22, numeral 1 inciso f), que es atribución del Presidente de la Mesa Directiva, “Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara”;

X. Que en función de los enunciados normativos señalados anteriormente el Pleno de la Cámara, en uso de sus facultades soberanas puede determinar el trámite que estime conveniente para el despacho de los asuntos legislativos que deba conocer y resolver, asegurando el pleno respeto a la equidad y pluralidad de las diputadas y diputados federales que lo integran;

XI. Que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 1o. numeral 2 que

XII. Que el mismo Reglamento establece en su artículo 3o., numeral 1, fracción XVIII, que el Pleno

XIII. Que el mismo ordenamiento establece en su artículo 8o., numeral 1, fracción III, que es obligación de los diputados:

XIV. Que en este mismo sentido es conveniente referir lo enunciado en el artículo 143 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados que señala que

Y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.El Pleno de la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades soberanas establece por el presente acuerdo el procedimiento para la discusión y votación de los dictámenes que conforman la agenda legislativa de las sesiones del 28, 29 y 30 de abril, y que son las últimas del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la actual legislatura.

Segundo. La discusión en lo general de cada uno de los dictámenes que deba conocer el Pleno en relación con lo señalado en el resolutivo anterior, se sujetará a lo siguiente:

1. Podrá hacer uso de la palabra para fundamentar el dictamen el Presidente de la Comisión responsable de dictaminar hasta por tres minutos.

2. Para hablar en contra o en pro, se abrirá una ronda de intervenciones de hasta tres oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por tres minutoscada uno.

3. Al término de la ronda el Presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido, después de leer la lista de oradores aún inscritos en ambos sentidos. Si la respuesta fuere negativa, se abrirá una nueva ronda de tres oradores en cada sentido.

4. Al término de la discusión y una vez que la Mesa Directiva hubiere registrado las modificaciones que se pretendan realizar a los artículos para su discusión en lo particular, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

Tercero.La discusión en lo particular de cada uno de los dictámenes que deba conocer el Pleno en relación con lo señalado en el primer resolutivo del presente acuerdo, se sujetará a lo siguiente:

1. La recepción de las propuestas de modificación se hará a partir del inicio de la sesión y hasta la fundamentación del dictamen, o durante su discusión si este fue incluido en el orden del día con la posterioridad al inicio de la sesión.

2. Para su procesamiento se procederá conforme al Reglamento y las determinaciones que establezca la Mesa Directiva.

Cuarto. Si durante el despacho de los dictámenes objeto del presente acuerdo se presentara un asunto o suceso no previsto en el presente acuerdo, será resuelto por el Presidente de la Mesa Directiva en consulta con el Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Quinto.El Pleno instruye al Presidente de la Mesa Directiva a aplicar e instrumentar el presente acuerdo.

Sexto.El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno.

Séptimo.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado Alfonso Durazo, ¿Con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Razonar mi voto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros, para plantear ante ustedes la inconveniencia de la aprobación de este acuerdo que somete a la consideración del pleno la Junta de Coordinación Política.

Esta legislatura se ha caracterizado, en muy buena medida, por la cerrazón, por su indisposición, por la indisposición de las fracciones mayores, particularmente la del PRI, a dar oportunidad de debatir el contenido de las iniciativas y en esa medida enriquecerlas.

Hoy, frente a la inmediatez de la conclusión de este periodo de sesiones, proponen nuevamente restringir, con el respaldo de todos los diputados, el debate, con el ánimo simple y sencillamente de sacar un número de iniciativas que aumenten las estadísticas.

Pero lo importante no es que logremos sacar 10 o 15 o 20 iniciativas más en el transcurso de estas dos o tres sesiones restantes. Lo importante es que debatamos su contenido, de tal manera que el producto legislativo que aquí se someta a la consideración del pleno, sea el mejor producto legislativo posible y eso sólo lo vamos a lograr debatiendo.

En virtud de ello, las y los diputados de la agrupación Morena nos oponemos a esta iniciativa.

No pasa nada si en lugar de contar, de aprobar en estos días 20 iniciativas aprobamos cinco o diez. Si lo hacemos en los mejores términos posibles. Si algunas de ellas son eventualmente, sumamente relevantes, está la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones que pudiera comenzar el mismo viernes, el sábado o el martes de la siguiente semana, de tal manera que tengamos oportunidad de votar estas iniciativas con pleno conocimiento de causa.

Por estas razones, las y los diputados de Morena votaremos en contra. Pero convoco también a las y los legisladores de todas las fracciones a que cumplamos con responsabilidad nuestra tarea de aprobar o rechazar iniciativas. Gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado, comuníquese.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, que adiciona la fecha 20 de julio, “Aniversario de la muerte del general Francisco Villa, en 1923”, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923” al artículo 18, inciso B) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72, inciso e) y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada por el pleno del Senado de la República, el 11 de septiembre de 2012, se dio cuenta del oficio por el que el Congreso del estado de Chihuahua por el que se propone la adición al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración del nacimiento del general Francisco Villa.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El Senado de la República, en sesión del ocho de octubre de dos mil trece, aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta correspondiente fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del diez de octubre de dos mil trece, siendo turnado a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

5. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen negativo de la minuta de referencia desechándola para los efectos del artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y devolviéndose a la Cámara de origen para sus efectos constitucionales y siendo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el once de marzo de dos mil catorce.

6. El trece de marzo de dos mil catorce, el pleno de la Cámara de Senadores dio cuenta de la minuta de referencia siendo turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

7. El once de diciembre de dos mil catorce, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron el dictamen resolviendo modificar la propuesta desechada por la Cámara revisora a fin de adicionar la fecha “20 de julio, aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923” al artículo 18, inciso b) de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

8. El catorce de diciembre de dos mil catorce, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, devolviéndose a la Cámara revisora para los efectos señalados en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. En sesión del trece de febrero de dos mil quince, el pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta de referencia, ordenándose el turno a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

Expuestos los antecedentes de la minuta, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación fundan el presente dictamen a tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La iniciativa con proyecto de decreto del Congreso del estado de Chihuahua, presentada el once de septiembre de dos mil doce, ante la Cámara de Senadores, propuso la adición de la fecha “5 de junio: Aniversario del nacimiento, en 1878, del general Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana”. En el proyecto de origen, la colegisladora señaló la importancia del proyecto de decreto a fin de rendir homenaje al general Francisco Villa, uno de los pilares de nuestra patria como afirmó en el capítulo de consideraciones y que se transcribe a continuación:

Estas comisiones dictaminadoras comparten el sentido y alcance de la propuesta objeto del presente dictamen, toda vez que estiman necesario hacer una merecida distinción al general Francisco Villa con la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que determina las formas en que, mediante el uso de la Bandera Nacional, se rinda homenaje a las personas que con sus acciones le brindaron los pilares a nuestra patria

2. La Cámara revisora, al realizar la valoración del proyecto de decreto, estimó valiosas las consideraciones de la Cámara de origen; sin embargo, se advirtió del lamentable evento ocurrido en esta fecha, el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en el estado de Sonora, cobró la vida de 49 niñas y niños y 75 infantes resultaron lesionados. La Cámara de origen hizo énfasis en el movimiento de la sociedad civil, particularmente de los padres de familia quienes fueron afectados de forma directa por esta tragedia lamentable, obligó al Ejecutivo Federal a expedir un decreto publicado el tres de junio de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación por el que se decreta como un día de luto nacional al 5 de junio, “consciente de que lo acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al pueblo de Sonora, sino a todos los mexicanos”. Este mismo decreto fue reproducido por la Cámara de origen en el dictamen correspondiente y que se transcribe a continuación:

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 15 y 19 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que el 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio en las instalaciones de la “Guardería ABC, Sociedad Civil”, a raíz del cual fallecieron 49 niñas y niños y 75 infantes resultaron lesionados;

Que la magnitud de la tragedia conmueve y une al pueblo de México, refrendando la solidaridad para con los padres y familiares de los menores que perdieron la vida y que resultaron heridos;

Que el Gobierno de México, al tiempo que reitera que se continúa trabajando para evitar que tragedias tan lamentables se repitan en nuestro país, está consciente de que lo acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al pueblo de Sonora, sino a todos los mexicanos, y

Que en testimonio a dicha tragedia, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida en la “Guardería ABC, Sociedad Civil” en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO. En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta el día 5 de junio de cada año.

TRANSITORIO

ÚNICO.El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3. Por lo anterior, la Cámara revisora advirtió del hecho y consideró desechar el proyecto de decreto en virtud de que la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, marcó la historia de nuestro país, especialmente por la pérdida de vidas inocentes y las consecuencias que, a partir de la desgracia, expusieron fallas graves en los servicios de las estancias y guarderías, revelando insuficiencias y carencias que deben ser remediadas a fin de que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir, especialmente sobre los niños y niñas quienes, desde su tierna edad, deben ser protegidos en el goce de sus derechos obedeciendo al principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la minuta proyecto de decreto no se considera viable.

4. No obstante, los integrantes de la Comisión de Gobernación y, en consecuencia, la Cámara revisora, propuso a la Cámara de Senadores la adición de una fecha conmemorativa distinta que rinda homenaje al héroe revolucionario, el general Francisco Villa, especialmente al cumplirse el centenario de diversos hechos que dieron paso al orden constitucional que nos rige actualmente.

5. En este sentido, la Cámara de origen se dedicó al estudio de la propuesta de mérito y, a través del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, reafirmaron sus argumentos por los cuales estima importante reconocer al general Francisco Villa como pilar en la construcción de la historia nacional. Tales consideraciones plantearon la posibilidad de adicionar una fecha diferente a la del proyecto de decreto propuesto en la iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua.

6. En adición, la Cámara de origen reconoció que la desgracia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no puede ser pasada por alto siendo conscientes de que el 5 de junio debe ser una fecha de luto para no olvidar los hechos que lastimaron permanentemente a los padres y familiares de los niños y niñas que perdieron la vida y que enlutó a la nación entera. De este modo, la colegisladora observa que es imposible la conmemoración de dos eventos en una misma fecha.

7. De esta manera, la colegisladora tomó en cuenta la propuesta hecha por la Cámara revisora a fin de realizar una nueva propuesta de fecha conmemorativa para rendir homenaje al general Francisco Villa, “modificando por completo” –como afirma el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Primera–, y no perder el homenaje y reconocimiento al general Francisco Villa a fin de saldar la “deuda pendiente con las valiosas aportaciones que realizó para la consecución de la Revolución Mexicana”, además de que, afirma la Colegisladora, la propuesta de adición es viable por no ser considerada como una fecha de duelo nacional establecida en el artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar de la siguiente manera:

UNICO. Se adiciona la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923” al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

a) ...

b) ...

20 de julio:

Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923.

8. Habiendo analizado las consideraciones de la Colegisladora, esta Comisión considera oportuno la adición materia del presente dictamen especialmente por la conmemoración del 92 aniversario de la muerte del prócer revolucionario. Efectivamente, el legado histórico del general Francisco Villa deja una profunda impresión en la sociedad mexicana, especialmente en la generación de expresiones tradicionales y culturales que recogen los hechos históricos que dieron curso a la Revolución Mexicana. Francisco Villa es una gran figura cuyo legado e historia alcanzan nuestros días debido a las grandes transformaciones políticas, económicas, culturales y militares en el México de la Revolución que dio paso al movimiento constitucionalista que dio paso al actual pacto que nos rige.

9. En este sentido, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 72, fracción E), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara revisora toma en consideración las razones de la Cámara de origen admitiendo las modificaciones hechas al proyecto de decreto ya que el sentido deriva en el reconocimiento histórico del general Francisco Villa, coincidiendo en que la adición de la fecha 20 de julio es viable y salvaguarda los principios de discusión de proyectos de decreto para ser aprobado por la mayoría de ambas Cámaras que así los han acordado.

10. Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A), de la Constitución Política de los Estados Unidos, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto que adiciona la fecha 20 de julio, “Aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923” al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo Único. Se adiciona la fecha 20 de julio, “Aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923”, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

a) ...

b) ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

20 de julio:

Aniversario de la muerte del General Francisco Villa, en 1923.

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.

La Comisión de Gobernación, diputados:Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica),  Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Rocío Baca Bonifaz (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raymundo King de la Rosa,  Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Simón Valanci Buzalí (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Antes de cederles el uso de la palabra desde su curul, las y los diputados que así lo han solicitado, esta Mesa Directiva lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que desde hace varios días está sufriendo un sinnúmero de residentes y turistas de las ciudades de Katmandú, Pokhara, Nepal, a consecuencia del sismo registrado, de magnitud 7.8 el pasado sábado. Los integrantes de esta LXII Legislatura enviamos nuestras condolencias y manifestamos la solidaridad con el pueblo y el gobierno de Nepal.

Se le va a conceder el uso de la palabra, desde su curul Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Solamente se les pide sean breves en sus intervenciones ya que hay varios oradores. Adelante diputada.

La diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (desde la curul): Declino mi participación por ser para el mismo tema.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene el uso de la palabra desde su curul.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias, presidente. Mire, es muy breve y es una petición. Es cierto lo que se dice hoy en los medios, sobre el rezago, el olvido y el rebase de la justicia en el país, lo que no se dice autocríticamente es que esto se promueve desde Los Pinos. Y la impunidad que existe en el país...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítanme, compañeros, dejen que termine el orador, ahorita les doy el uso de la palabra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): ...está el día de hoy, en el caso de Veracruz, está siendo vista, no por las denuncias que se hacen desde el Senado del desvío de recursos. Yo, el caso concreto, y es mi solicitud, presidente, hoy se cumplen tres años del asesinato y de la impunidad que el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, se dio en Veracruz.

Sé que los del PRI están gritando, porque están muy vinculados con estos hechos, pero yo pido, y culmino...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): ...un minuto de silencio y que en el silencio se escuché que esta Cámara de Diputados quiere hacer algo en contra de la impunidad que priva en el país y a la memoria de Regina Martínez, que murió por decir la verdad. Le solicito un minuto de silencio.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. ¿Para qué efectos están pidiendo la palabra? Levanten la mano, ¿Quién solicitó el uso de la palabra? Diputado Manuel Añorve, adelante.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente, con todo respeto. Estamos terminando este periodo ordinario de sesiones el día jueves. Tenemos 18 minutas enlistadas y le queremos pedir de manera puntual que continúe el orden del día. La diputada Roxana Luna Porquillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada Roxana, ¿Para qué efecto?

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Compañeros y compañeras, buenos días. Solamente para recordar que a cinco años del asesinato de la activista Bety Cariño y además de Yiri Yakola en el estado de Oaxaca que fueron asesinados cuando iban en una caravana rumbo a San Juan Copala el 27 de abril. Hoy el gobierno federal, junto con el gobierno estatal de Oaxaca, no han dado respuesta. Yo les pido respeto, compañeros por favor.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame, diputada. Compañeros, yo les pediría de favor que permitan, pidió la palabra y se la estoy concediendo desde su curul, permitan que concluya la diputada y con todo gusto seguiremos con el orden del día. Adelante, diputada, concluya.

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Hasta este momento el gobierno federal y el gobierno estatal, en el caso de Oaxaca, no han dado muestras de esclarecer los hechos de Bety Cariño y Yiri Yakola, es por eso que llamamos nuevamente a las autoridades que no quede como hecho impune y aislado nuevamente a mujeres activistas que han perdido la vida por el movimiento social.

También decirle y denunciar desde este momento, presidente, me están diciendo que no hay sonido en la televisión. Presidente, le pido me ponga atención. Creo que no nos pueden dar este trato. Es falta de respeto a todos los diputados y lo voy a volver a decir por si lo quitaron para que me escuchen y los compañeros estén en el ánimo de ser respetuosos.

Mi posicionamiento es en contra del asesinato de la compañera Bety Cariño, que a cinco años de su muerte no hay justicia en Oaxaca y sigue la impunidad para las mujeres luchadoras sociales que pugnan por las libertades y los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Queda constancia de su intervención en el Diario de los Debates. Diputada Beatriz Zavala, de Acción Nacional, por favor.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche(desde la curul): Presidente y honorable asamblea, solamente para comentar y señalar que estando ya en pleno proceso electoral, todavía no se está aplicando el blindaje electoral de los programas y los recursos sociales. Durante los 12 años de administraciones del Partido de Acción Nacional hubo un compromiso con la ciudadanía, con distintas asociaciones civiles para aplicar...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permitan que concluya la oradora. Adelante.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: ... que permite aplicar el blindaje electoral. Además de la corrupción y de la falta de transparencia, lo que puede lastimar más a los ciudadanos en un país con tanta pobreza, es que los recursos y los programas sociales se utilicen con fines distintos a superar la calidad de vida de tantos mexicanos en pobreza y que estos fines sean particulares y sean para uso electoral. Eso se da a lo largo y ancho del país desde el ámbito federal y no se diga en los gobiernos de los estados. Ya el Partido de Acción Nacional ha puesto una denuncia en el caso de Yucatán y aquí puedo mostrar las fotografías...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permitan que concluya la oradora, compañeros. Concluya la oradora.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aquí puedo mostrar las fotografías de una bodega del Partido Revolucionario Institucional, con logotipos en las camisas, con tinacos, con botes de pintura que están siendo almacenados, que están siendo guardados en esta bodega para su distribución. Además, y no de manera casual, son...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame. A ver, compañeros diputados, concluye la diputada y procedemos a desahogar el orden del día. Concluya, por favor diputada.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, presidente. Además, y no de manera casual...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Continúe, diputada, por favor.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Además, y no de manera casual, los objetos que se encuentran en esas bodegas son exactamente los mismos que reparte el gobierno del estado. Lo que debe pedirse es para los ciudadanos, una equidad en la contienda.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Debe pedirse que los programas y los recursos sociales no sean aplicados con fines electorales. Aquí están las pruebas y me parece que debe haber respeto a la democracia y al voto de los ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES Y DECRETOS

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la. Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

l. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen log objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 14 de abril de 2015, la diputada María Elia Cabañas Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de esa soberanía, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Se propone que los medicamentos homeopáticos, únicamente puedan ser prescritos por médicos homeópatas que tengan los conocimientos y estudios necesarios para ejercer esta profesión, así como dichos medicamentos homeopáticos solo podrán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

Para quedar como sigue:

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Es importante mencionar que la Ley General de Salud establece que se entiende por medicamento a toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.

Tercera. Actualmente la Ley General de Salud establece en su artículo 224 que los medicamentos se clasifican:

A. Por su forma de preparación en:

I. Magistrales: Cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico,

II. Oficinales: Cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y

III. Especialidades farmacéuticas: Cuando sean preparados con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud, en establecimientos de la industria químico-farmacéutica.

B. Por su naturaleza:

I. Alopáticos: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos,

Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos Mexicanos en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional, y

III. Herbolarios: Los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional.

Cuarta. En México, las instituciones que han formado a los médicos y homeópatas, llevan en su historia, más de un siglo de lucha jurídica, político y social, cuyo objetivo ha sido poner al servicio de la población la homeopatía, a través de profesionales capacitados y con alto sentido de responsabilidad social, forjando una tradición que se puede observar a través de la alta aceptación que tiene entre la sociedad.

Actualmente la Secretaría de Educación Pública, expide a los egresados de instituciones con planes de estudios reconocidos por la secretaría, cédula profesional a licenciado como médico homeópata, reconociendo entonces que los únicos profesionales reconocidos para brindar un servicio óptimo en el ramo de la homeopatía son precisamente los médicos homeópatas, que aparte de tener la formación esencial de médico general, son instruidos en exclusiva, con los conocimientos de la terapéutica homeopática.

Quinta. Es necesario que la Ley General de Salud, deposite la responsabilidad de prescribir las recetas en los profesionales de la homeopatía, que son los médicos homeópatas, ya que con ellos, se garantiza que los usuarios de los servicios de salud, en los ámbitos federal, estatal o municipal, o en la concurrencia de los sectores público, privado y social, estén atendidos por recursos humanos que tiene la formación profesional y que le asegura a la población, la calidad necesaria en el sistema de salud mexicano, toda vez la obligatoriedad constitucional que tiene el Estado mexicano de dar la protección de la salud de la población, requiere de un sistema de salud más apto, capaz y eficiente.

Sexta. Derivado de que en la actualidad existen disciplinas técnicas que sólo alcanzan un reconocimiento o diploma en “homeopatía y herbolaria”, sin embargo, los egresados de estas carreras técnicas adolecen de los conocimientos médico-científicos necesarios para prescribir medicamentos, lo cual representa un alto riego para la salud al tener expresa esta autorización.

Por otra parte las cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación Pública, reconocen como profesionistas en la “licenciatura como médico homeópata” a los egresados de los planes incorporados a dicho sistema, por tanto, son profesionales de la salud los médicos homeópatas, quienes solo deberán estar facultados para la prescripción de medicamentos en la materia de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII, Legislatura, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. ...

1. a 5. ...

...

Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico homeópata.

Artículo 226. ...

I. a VI. ...

...

Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández, María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia. Compañeras...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítanme. Compañeros, les pido respeto al orador. Adelante, proceda con el posicionamiento.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Compañeras y compañeros legisladores. La Ley General de Salud establece que existen varios tipos de medicamentos, señalando a los principales: uno de tipo alopático, es decir, en los cuales se cura con lo contrario. Y el otro tipo son los homeopáticos, que se cura lo mismo, pero con dosis menores.

La medicina homeopática es un término creado por el doctor Samuel Hahnemann, quien es llamado el padre de la homeopatía, fue originario de Alemania. En México, las instituciones que han formado a los médicos homeópatas llevan en su historia más de un siglo de lucha jurídica, política y social, cuyo objetivo ha sido poner al servicio de la población la homeopatía a través de profesionales capacitados y con alto sentido de responsabilidad social, forjando una tradición que se puede observar a través de la alta aceptación que tiene entre la sociedad esta especialidad.

Actualmente la Secretaría de Educación Pública expide cédula profesional de licenciatura como médico homeópata a los egresados de las instituciones con planes de estudios reconocidos admitiendo que son los únicos autorizados para brindar un servicio óptimo en el ramo de la homeopatía.

Por lo anterior, es necesario que la Ley General de Salud deposite la responsabilidad de prescribir las recetas en los profesionales de la homeopatía que son los médicos homeópatas, ya que con ello se garantiza que los usuarios de los servicios de salud en los ámbitos federal, estatal y municipal o en la concurrencia de los sectores público, privado y social, estén atendidos por recursos humanos que tienen la formación profesional y que le asegura a la población la calidad necesaria en el sistema de salud mexicano, toda vez que la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano de dar protección a la salud de la población.

Derivado de que en la actualidad existen disciplinas técnicas que sólo alcanzan un reconocimiento o diploma en homeopatía y herbolaria, y que no tienen los conocimientos necesarios para impartir este tipo de medicina, es necesario que podamos regular y reglamentar este campo.

Las cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Salud Pública, los profesionales en la licenciatura como médicos homeópatas, los faculta para prescribir medicamentos homeopáticos que exclusivamente serán de su competencia. Así como también, que los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse suministrarse en farmacias homeopáticas.

Esta iniciativa del dictamen que hoy discutimos fue presentada por la diputada Elia Cabañas. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración lo siguiente: proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud.

Artículo 28 Bis. Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico homeópata.

Artículo 226. Los medicamentos homeopáticos solamente deberán extenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

Solicitamos su voto a favor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos, para hablar en contra, a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de agrupación Morena.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Nada más antes de empezar sí señalar que, qué triste que quieran ponernos –y no van a poder– una mordaza a los diputados que somos libres, independientes, y que tenemos la libertad y la facultad de expresión. Y somos todos los diputados de Morena, a mucha honra.

Por Amnistía Internacional, era precisamente lo que quería decir, que está haciendo una manifestación en el sentido de la gran crisis de violación a derechos humanos y, entre ellos, también la violación de los derechos de los diputados, que tenemos el derecho a podernos expresar y que no nos van a poner una mordaza.

Desaparición forzada, tortura, violación contra las mujeres y violencia contra los periodistas. Al día de hoy hay más de 22 mil personas que se encuentran desaparecidas. La tortura incrementó en un 600 por ciento en los últimos 10 años. La impunidad impera y en el mismo periodo de un total de 7 mil denuncias de uso de torturas sólo 7 han derivado en una condena.

Seis mujeres al día mueren por feminicidio en México, la pesadilla de Ciudad Juárez se ha replicado en otros estados de la república. La información y el periodismo son elementos pilares de una auténtica democracia y actualmente México se ha convertido en uno de los tres países más peligrosos para ejercer el periodismo.

A pesar de que Enrique Peña Nieto salga a decir que no hay crisis de derechos humanos, hay crisis de derechos humanos. Ojalá y lo juzguen como criminal de lesa humanidad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT. Diputado Rodríguez Doval, ¿para qué efectos? Sonido a la curul del diputado Rodríguez Doval, por favor.

El diputado Fernando Rodríguez Doval(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más pedirles por favor una moción de respeto. Veo que hoy no sé por qué, los diputados del PRI están particularmente molestos. Están muy exaltados, están muy intolerantes. Mire, ahí están otra vez. Entonces pedirles por favor si se pueden comportar a la altura del cargo y respetemos a todos los diputados de todos los partidos.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia les hace un respetuoso llamado a todo el pleno para conducirse conforme a respeto y dejar hablar a los oradores. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos analizado con detenimiento este dictamen. Es por ello que en esta ocasión no coincidimos con la propuesta tal como se plantea, a pesar de que hemos sido responsables y consecuentes con la promoción de un esquema de salud nacional innovador y de vanguardia.

Discrepamos de la propuesta tan sólo por el hecho de tomar en cuenta que el dictamen señala que existe una falta de responsabilidad de quienes elaboran este tipo de medicamentos, pues muchas de las veces no se precisa la fórmula ni el contenido con el que se han elaborado tales medicamentos. Sin embargo, el objeto de modificación de la Ley General de Salud no radica entonces en controlar y vigilar a quienes producen dichos medicamentos, pero sí se enfatiza en querer responsabilizar a los médicos homeópatas para la prescripción de los mismos. Así se formula en la iniciativa de origen objeto de la presente discusión. Nos parece una severa falta de sensibilidad al momento de hacer esta interpretación. Por un lado la iniciativa con todo detalle nos comenta que estos medicamentos homeopáticos carecen de una descripción de los efectos positivos o negativos de sus componentes, aspecto que definitivamente representa un riesgo enorme para los pacientes y sus consumidores.

Por otra parte, también nos señala que a pesar de que existe dentro de la normatividad sanitaria la disposición expresa de tener que describir en el medicamento su composición química, muchas de las ocasiones esta información no es clara y entendible, lo cual deja en la misma posición de riesgo al paciente o al consumidor, al no tener la certeza de que este tipo de medicamentos sean los adecuados, basándose en una comprobación científica.

Pero todo esto no quiere decir que el médico homeópata sea responsable de la elaboración y procesamiento de este tipo de químicos y medicamentos, pues este hecho es responsabilidad directa de los laboratorios o de aquellos establecimientos dedicados a su elaboración. Por ello es que consideramos que existe una imprecisión sobre la metodología para la formulación del presente dictamen.

El dictamen es claro, como se lo estamos comentando. Existe la plena convicción de hacer responsable al médico homeópata para la prescripción de este tipo de medicamentos, reformando así los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud para conseguirlo.

Sin embargo, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somos claros y queremos dejar en firme que el objetivo del dictamen debe ser en todo caso responsabilizar al Estado para vigilar y sancionar, en su caso, a quienes no cumplan con los estándares señalados para su elaboración.

Debemos recordar que a la fecha está vigente la discusión por la que la Cofepris no ha tenido el tino suficiente para frenar la propagación de consultorios y medicamentos patitos. En este sentido, no nos sería nada raro que también para el caso de la elaboración de medicamentos homeopáticos se esté dando este fenómeno del crecimiento desproporcionado de establecimientos dedicados a la elaboración de medicamentos homeopáticos o de laboratorios con el mismo fin.

Concluyo. Debemos decir que la propuesta que se nos presenta es loable y posee una muy buena intención de querer hacer bien las cosas. Pero debemos ser serios y reconocer nuestros errores. Con ello es necesario replantear el presente dictamen y definir el tipo de medidas que deberá atender la autoridad sanitaria, para evitar que se sigan fabricando indiscriminadamente medicamentos homeopáticos sin registro ni supervisión sanitaria. Por las consideraciones anteriores votaremos en contra de este dictamen. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

El diputado Mauricio Sahui Rivero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputado. Sonido en la curul del diputado Mauricio Sahui.

El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): Con todo respeto, señor presidente, existe hoy una lamentable figura de candidatos que no han solicitado licencia y que eso es decisión de cada quien, porque la ley así se lo permite. Lo lamentable sería que estemos faltándole al respeto a esta alta tribuna y confundiendo el tiempo que le debemos dedicar a esta Legislatura, con utilizar este espacio para que la actividad de proselitismo que queremos realizar en cada uno de nuestros estados sirva para los objetivos electorales que cada uno de estos está persiguiendo. Quienes estén realizando esta actividad que acudan ante las autoridades electorales pertinentes, pero que no hagan de manera irresponsable uso de este tiempo que tenemos ante esta tribuna para poder poner sus proselitistas por encima de los intereses que hoy deben de estar representando como legisladores. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Queda inscrito en el Diario de los Debates su intervención.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada Rocío Reza.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Gracias, presidente. Creo que todos los temas que se tengan que disipar hay que hacerlos. Son las últimas sesiones que tendremos de este último periodo ordinario de esta legislatura.

Y decirles, que no es asunto menor lo que ha planteado nuestra compañera Beatriz Zavala aquí, puesto que del Partido Acción Nacional queremos denunciar la intromisión del gobierno federal que está realizado con los programas sociales en diversos estados de la república. En Chihuahua, por ejemplo, le pongo un dato muy concreto sobre el caso de empleo temporal, 29 mil contrataciones se están realizado en este momento.

Me esperan, señores diputados del PRI y me escuchan, por favor, porque desde aquí les quiero decir, que es en Veracruz, en Colima, en Oaxaca, en Querétaro, en todos los estados de la república, y le quiero decir que haremos, desde luego, la denuncia correspondiente ante la Fepade. También decirles, a la señora Rosario Robles y al gobierno federal, que se dediquen...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputada, para que nos permita continuar, por favor.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): ... que se dediquen a gobernar bien este país, que buena falta le hace y que dejen de lado el proceso electoral, para que los ciudadanos puedan de manera libre elegir el próximo 7 de junio.

Y le pido, presidente, que sean tolerantes, también a nuestros compañeros diputados de diferentes fracciones, que sean tolerantes. La verdad es que es un asunto de alta relevancia, en donde se están utilizando recursos públicos y se están entrometiendo en el proceso electoral.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Le recuerdo que estamos en la discusión del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 Bis. Le agradezco su intervención. En el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano. Hasta por tres minutos.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. A lo largo de la historia de la humanidad y con motivo del conocimiento de nuevos padecimientos y la evolución en el desarrollo de las enfermedades de la salud, desde hace más de un siglo, dentro de la ciencia médica se ha reconocido como un método alternativo de prevención y curación a la medicina homeopática.

Como en el principio de la experiencia pura, la Organización de la Salud reconoce a la homeopatía como el segundo sistema de medicina utilizado internacionalmente. El 40 por ciento de los miembros de la Comunidad Europea se trata con medicina homeopática, y en los Estados Unidos más del 30 por ciento de los médicos generales la han utilizado al menos una vez en su vida profesional.

La oficialización de la medicina homeopática en México estuvo dada por un decreto Presidencial emitido por el general Porfirio Díaz el 31 de julio de 1895, y con este decreto se fundó la Escuela Nacional de Medicina.

Posteriormente, el 12 de octubre de 1912, el doctor Higinio G. Pérez fundó la Escuela Libre de Homeopatía, la cual persiste hasta la actualidad. Y en sí, el 15 de julio de 1894 se fundó lo que ahora se conoce como el Hospital Nacional Homeopático, por los doctores Joaquín Segura y Pesado, Ignacio Fernández de Lara, Ignacio María Montaño y Fernando Gómez Suárez. Este hospital actualmente forma parte del sistema nacional de salud.

En México, el médico homeópata tiene dos alternativas para lograr su formación. Puede realizar primero la carrera de seis años de médico general, para posteriormente cursar una especialidad de medicina homeopática, que tiene tres años de duración y para que ésta tenga reconocimiento oficial de la Dirección General de Profesiones. O en su defecto, estudiar simultáneamente la carrera de medicina general y la de homeopatía, con una duración de siete años, la cual es impartida por el Instituto Politécnico Nacional o por la Escuela Libre de Homeopatía.

La homeopatía actualmente es ampliamente practicada por muchos médicos, y desgraciadamente, también por individuos que no han cursado la carrera de medicina y adquieren su título mediante diplomados, anunciándose como médicos, lo cual es peligroso para la homeopatía y lo más importante, para el paciente.

Es por ello que el médico y el paciente deben ser capaces de reconocer al verdadero médico profesionista en homeopatía. De todas las referencias anteriormente expuestas debemos asumir el reconocimiento de la medicina homeopática como una especialidad de la ciencia médica, la cual como cualquier otro tipo de reconocimiento de especialización médica requiere de estudios y conocimientos específicos para que un galeno especialista de la salud pueda determinar un diagnóstico y posteriormente prescribir el tratamiento para su atención.

Es entonces toral que los médicos especialistas en la homeopatía deban de ser quienes bajo reconocimientos oficiales de la medicina nacional sean los responsables de dar atención, diagnóstico y prescripción de tratamientos homeopáticos en beneficio de la salud de los mexicanos.

En razón de las consideraciones anteriormente expuestas, nuestro Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano ha considerado votar en sentido favorable sobre el presente dictamen que representa el debido ejercicio de la actividad de la medicina homeopática dotando de certeza el contenido de las reformas en los artículos de la Ley General de Salud. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, ¿Para qué efectos? Arturo Camarena. Diputado Camarena, ¿Para qué efectos?

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para señalar que me llama mucho la atención del momento que la compañera diputada de Acción Nacional exige que se suspenda todo tipo de acto proselitista. Yo le pediría que vaya y voltee y se dé una vuelta en el estado de Guanajuato y que parece que quien viene haciendo una campaña política en los principales municipios es el gobernador de Guanajuato, como Partido Acción Nacional.

Que no solamente volteen en donde es gobernado por otro partido que no es el de ellos, que vaya y se dé una vuelta al estado de Guanajuato y vea que cada dos días o cada tres días está acudiendo a los municipios, cuando hay una veda electoral y lo está haciendo el gobernador de Acción Nacional en el estado de Guanajuato. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Continúe el orador.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. A partir de la inserción de la salud como un derecho fundamental en el texto constitucional, el Estado ha buscado establecer líneas de acción que garanticen su protección a través de la inclusión de todos los mexicanos a un sistema de salud que provea de los servicios más básicos hasta las especializadas indispensables para procuración del bienestar físico y mental de cualquier individuo.

La degradación del estado de salud y el acelerado descubrimiento de nuevos padecimientos ha orillado a las diferentes especialidades médicas a transformarse y mejorarse, abriendo la posibilidad de nuevos tratamientos y opciones de cura para las mismas.

Si bien la alopatía no es una nueva disciplina lo cierto es que actualmente ha tomado especial relevancia, motivo por el cual es necesario definir acciones que permitan garantizar la legalidad de dichas prácticas, lo que sin duda abonará en beneficio de la sociedad.

Los antecedentes de la medicina homeopática datan del año de 1849 con la llegada a México de médicos españoles que dieron a conocer la terapéutica homeopática. La homeopatía es un sistema curativo que se ubica dentro de lo que se denomina medicina alternativa y que se caracteriza especialmente por el uso de remedios carentes de ingredientes químicamente activos.

A través de este dictamen se podrá lograr la incorporación expresa en la ley general para que los profesionistas en licenciatura como médico homeópata, sean los únicos que podrán prescribir medicamentos homeopáticos mismos que deberán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

Por todo lo anterior expuesto, nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México –mi partido— votará a favor del presente dictamen por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, pues coincidimos en la necesidad urgente de incorporar la atribución exclusiva de expedir medicamentos homeopáticos a los profesionistas en la materia.

Con ello, además de confirmar nuestro compromiso por impulsar y apoyar cualquier iniciativa que abone en beneficio de la protección de los derechos fundamentales de nuestra sociedad, se garantiza también la erradicación de todos los expendios que distribuyen y ponen a la venta medicamentos aparentemente homeopáticos sin la garantía de haber sido analizados por un especialista.

En atención a ello, el Partido Verde hace un especial exhorto a todos los integrantes de esta Legislatura para que sin distinción se asuma la aprobación de este dictamen.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame, diputada. Compañeros diputados, esta Presidencia les reitera y les pide que retiren cualquier tipo de expresión material, toda vez que están tapando incluso nuestro Escudo Nacional en la tribuna. Por favor. Continúe la oradora, por favor.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: En atención a ello, el Partido Verde hace un especial exhorto a todos los integrantes de esta legislatura para que sin distinción partidista se asuman a la aprobación de este dictamen, pues se trata de la garantía de uno de los derechos fundamentales de cualquier individuo como lo es la salud, abonando con ello a la legalidad en la práctica profesional y principalmente a la mejora de la calidad de la vida de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría en términos del acuerdo hoy aprobado a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 122, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: ¿Para qué efectos, diputado Rubén Acosta? Sonido.

El diputado Rubén Acosta Montoya(desde la curul): Gracias, diputado presidente, por llamar al orden en este recinto. Pero al mismo tiempo hacer una observación. Identificamos desde aquí a la diputada Graciela Saldaña, que es secretaria de la Mesa Directiva y que es su obligación velar por el respeto a nuestro marco jurídico que rige la vida de esta Cámara; por lo que le agradecería que en uso de esa obligación se hiciera un llamado de atención a la diputada, porque ella misma estaba violentando el propio marco jurídico que nos rige al estar participando en lo que era la exposición ilegal de esa pancarta, y en particular, al tapar el escudo nacional.

Le agradeceríamos mucho llamar la atención de ella, en uso de las facultades que tiene el Reglamento.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias diputado, registramos su expresión. Ya lo escuchó la propia diputada Graciela Saldaña.

La diputada Julisa Mejía Guardado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada Julisa, ¿Para qué efectos? Sonido a la curul de la diputada Julisa.

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Gracias, presidente. Pues fíjese que me sorprende mucho que haya algunos partidos políticos, algunos personajes que se espantan cuando alguien dice “al diablo con las instituciones”. Y haya algunos partidos, como el Partido Verde Ecologista de México que manda al diablo a las instituciones de manera real y de manera constante.

Hice una denuncia hace dos semanas, sobre el asunto de que me había llegado a mí, militante del Partido de la Revolución Democrática, la tarjeta, esta tarjeta que entrega el Verde.

Pero fíjense que el día viernes me llegaron los boletos del cine. Aquí está la prueba. El día viernes me llegaron los boletos del cine. He denunciado ante la Fepade este hecho, lo he denunciado y quiero pedirle al coordinador del Partido Verde Ecologista de México...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: A ver, diputada, estamos en votación, permítame, permítame, por favor, compañeros. Diputada Julisa, le pido concluir, estamos en votación.

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Concluyo, concluyo. Quiero pedirle, solamente quiero pedirle al coordinador del Partido Verde Ecologista de México, que cuando se refiera a mi persona, lo haga con respeto, porque él dijo a los medios cuando denuncié que lo que tenía yo que hacer era ir al cine y dejarme de rollos.

Quiero decirle que ni él ni nadie, me van a callar cuando se trate de defender los intereses de la nación. Yo nunca voy a traicionar a la nación como lo ha hecho el Verde Ecologista y su propio coordinador conjunto al Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Estamos en votación, estamos en votación, permítanme, dejen que termine.

Ciérrese el tablero.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se emitieron 350 votos a favor, 2 abstenciones y 10 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día...

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado Gerardo Villanueva, ¿Para qué efecto?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Desde la semana pasada hice conocimiento de la asamblea y a usted como presidente de la Mesa Directiva de hechos y agresiones que se han planteado desde el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y quisiera, en primera instancia, saber qué actuación jurídica va a emprender la Cámara de Diputados para proteger la integridad física de un servidor, de los candidatos y militantes de Morena en Coyoacán, toda vez que el día de hoy tres compañeros fueron agredidos por gente identificada por Mauricio Toledo, ex delegado de esa demarcación; y los tres compañeros son: Justiniano Cortés, Roberto Rodríguez, al que le rompieron la boca quitándole varios dientes, Lucía Segura. Y los tres en este momento están levantando la averiguación previa, que en su oportunidad se la entregaré, también para solicitar respetuosamente su intervención.

¿Qué se va a esperar? ¿A que haya una agresión a algún representante popular? Yo le pido respetuosamente la intervención y hago pública esta denuncia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia ya hizo caso a su solicitud. En estos momentos le solicito a la secretaría técnica haga llegar a esta Presidencia, se ponga en contacto con usted porque ya se le dio trámite a su denuncia. Gracias, diputado.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Procedemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Está a discusión en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fue turnada, para su análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto para reformar el numeral 1 del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40, numeral 2 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

I. Antecedentes

1. En reunión ordinaria de fecha 10 de septiembre de 2014, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores acordaron presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las comisiones unidas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 3 de febrero de 2015, fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y estudio, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Contenido de la minuta

La minuta señalada contiene como principal propuesta, que cada senador o senadora pueda integrarse hasta cinco comisiones.

Las Comisiones Unidas de la colegisladora acordaron abordar en su respectivo dictamen, tres iniciativas relacionadas con el mismo tema:

• Iniciativa uno: La presentada por los senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Iniciativa dos: Presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, en nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Iniciativa tres: Presentada por la senadora Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De la misma forma, la minuta fue sustentada por las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Colegisladora, bajo las siguientes consideraciones:

1. Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, coincidimos en estudiar, analizar y dictaminar juntas a éstas tres iniciativas que proponen reformar y adicionar diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dado que tratan temas en relacionas a las comisiones y sus integrantes.

2. Por lo que respecta a las iniciativas uno y dos, si bien, el artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la integración de las comisiones; en su parte última establece que: Ningún senador pertenecerá a más de cuatro comisiones de ellas, los integrantes de estas comisiones unidas compartimos la preocupación de los proponentes de aumentar la participación de los senadores en más comisiones.

3. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 85, numeral 2, inciso a); 86 y 90; así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones ordinarias, son los órganos legislativos de carácter ordinario y permanente, en los que se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, y que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 91; 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 123, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones ordinarias se integrarán por el número de senadores que determine la Junta de Coordinación Política, sin que supere el número de quince ni sea menor al de tres Senadores, contando siempre con una junta directiva que deberá ser conformada por un presidente y dos secretarios.

4. El 27 de septiembre de 2012 y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 82, numeral 1, inciso c); 85; 89; 90; 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las Comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura” siendo 61 comisiones las que forman el acuerdo.

Con esa misma fecha, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, numeral 1, inciso c); 91 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las Comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura”, así como el Anexo Uno del acuerdo de integración.

5. Estas comisiones dictaminadoras consideran, como bien lo expusieron los proponentes, que si bien los acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se constituyen e integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, ambos de fecha 27 de septiembre de 2012, cumplen en tiempo y forma legal, también es cierto que en el Anexo Uno del acuerdo de integración, se observa que diversas comisiones ordinarias no estuvieron completamente conformadas. Estos supuestos, han continuado hasta la fecha de aprobación del presente Dictamen, al grado de haber instalado y seguir funcionando comisiones ordinarias, sin tener completa su Junta Directiva.

6. En consecuencia, las disposiciones legales citadas en la consideración segunda, y prescritas por los ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República, actualmente no se encuentran cabalmente cumplidas, toda vez que en diversas comisiones ordinarias aún podemos observar que faltan integrantes, incluso en sus Juntas Directivas. Así, la incompleta integración que presentan diversas comisiones ordinarias, tiene efectos negativos en el funcionamiento de estos órganos legislativos y en consecuencia, afecta de manera grave el funcionamiento mismo de la Cámara.

7. A la fecha de presentación de las iniciativas en dictamen, es decir, el 4 de diciembre de 2012, en 29 comisiones ordinarias cuya integración fue propuesta por la Junta de Coordinación Política y avalada por el pleno del Senado de la República, se presentaba el supuesto de “composición incompleta”; en algunos casos, la mayoría, los grupos parlamentarios no habían podido presentar al legislador que terminará de conformar a cabalidad la integración de la comisión; en otros casos, la minoría, los grupos parlamentarios no habían podido presentar al Senador que terminará de conformar la junta directiva de la respectiva comisión. Sin embargo, estas dictaminadoras concuerdan con los proponentes, en que este último supuesto, resulta aún más grave, ya que por las facultades que el Reglamento del Senado de la República otorga a los Secretarios de las Comisiones, impacta de manera perjudicial en el adecuado funcionamiento de dicho órganos legislativos.

8. De manera alarmante, esta propia comisión dictaminadora, cuya materia propia tiene relación con el contenido de las iniciativas en dictamen, presenta una incompleta integración en su junta directiva. Existen comisiones en donde hay sólo tres senadores, es decir, por el mínimo que establecen los citados ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República. Así, la mayoría de las comisiones que actualmente están en el supuesto de tener una incompleta integración, funcionan con tan sólo dos senadores.

Existe un caso más grave y alarmante, que primeramente le ocurrió a la Comisión de Asuntos Migratorios y que actualmente se presenta en la Comisión de Federalismo. Y es que con base en el acuerdo de integración de las comisiones ordinarias y su respectivo anexo uno, ésta debiera estar conformada por tres senadores, mismos que formarían su junta directiva; sin embargo, actualmente sólo cuenta con la designación de su presidente, lo que evidentemente es una contradicción al carácter de órgano colegiado que tienen las comisiones ordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

9. Con base en lo anterior, estas comisiones dictaminadoras tenemos tres consideraciones de gran importancia: primera, que no se está cumpliendo con el mínimo de tres Senadores integrantes de una comisión ordinaria; y segunda, que tampoco se está cumpliendo con la debida integración de la junta directiva de las mencionadas comisiones ordinarias, es decir, un presidente y dos secretarios. Derivado de las dos anteriores, la tercera consideración versa sobre la evidencia de que el diseño institucional actual con el que cuenta esta LXII Legislatura, no satisface las necesidades del Senado como se ha venido comentando en los anteriores incisos, la presente distribución de los senadores en las comisiones no es operativa y no permite que exista una verdadera especialización y un buen aprovechamientos de sus conocimientos para enriquecer los trabajos en las comisiones.

10. Derivado de lo anterior, el tema que trata la iniciativa tres, tiene que ver con la creación de una nueva comisión ordinaria de Competencia Económica y Derechos del Consumidor. En la iniciativa se señala como funciones de ésta, las de revisar y actualizar el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita.

Como se ha establecido antes hay una gran problemática ocasionada por el alto número de comisiones, ésta se acentúa con la restricción que tienen los senadores de pertenecer hasta un máximo de cuatro comisiones. Lo anterior incentiva la concentración en unas y la dispersión en otras. Frente a estos inconvenientes es un contrasentido la creación de una más, siendo que las actividades que se proponen para ésta comisión se encuentran contempladas en las comisiones ordinarias de Fomento Económico y de Comercio y Fomento Industrial del Senado.

11. Al respecto la Comisión de Comercio y Fomento Industrial es la encargada de analizar y dictaminar los temas relacionados con los aspectos de la economía del país y los temas de comercio nacional e internacional, sociedades mercantiles, títulos y operaciones de crédito, protección al consumidor, adquisiciones y obras públicas, propiedad industrial, competencia económica, minería, tratados internacionales en materia de libre comercio y fomento de inversiones, entre otros temas importantes.

Dicha comisión, en su programa de trabajo contempla las acciones siguientes:

• Analizar y, en su caso reformar, adicionar, crear o derogar el marco jurídico que permita fortalecer el desarrollo integral de la sociedad.

• Mantener un diálogo permanente con los diversos actores del país para conocer sus demandas, necesidades y propuestas en la materia de competencias de esta comisión.

12. Por su parte la Comisión de Fomento Económico tiene como objetivo el de coadyuvar a impulsar el desarrollo productivo del país, a través de la promoción de disposiciones y/o adecuaciones al Marco Legal que rige el diseño y objetivos de las políticas e instituciones públicas de fomento económico, dando certidumbre a la inversión productiva y al desarrollo de infraestructura con una visión de equilibrio nacional, regional y sustentable, con énfasis en el sector que integra la economía social y solidaria, para lograr que ello se traduzca en mayores y mejores oportunidades de todos los mexicanos.

Como uno de los objetivos específicos de la Comisión de Fomento Económico se encuentra el impulsar reformas a la Legislación Federal para fortalecer el trabajo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; con especial atención a las que constituyen el Sector de la Economía Social y Solidaria.

13. Queda claro que esta LXII Legislatura del Senado de la República, requiere de una reorganización, evaluación y justificación de las comisiones ordinarias que actualmente establece el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la redistribución de senadores. En este momento no hace falta crear más comisiones, sino, de las ya existentes, planear una reasignación de senadores en las mismas y tratar de llenar los espacios faltantes para su integración.

14. Es importante señalar que la solución a ésta situación es establecer que se permita a los senadores ser integrantes de hasta cinco comisiones.

III. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la minuta enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señalan el párrafo primero y el Apartado A del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, esta dictaminadora, una vez analizada la minuta enviada por el Senado, observa que expone una problemática que actualmente acontece en la Colegisladora, la cual consiste en la falta de integrantes, en las comisiones que se encuentran en funciones y explica que tal circunstancia conlleva efectos negativos, en el funcionamiento de tales órganos legislativos, llegando incluso al grado de que las propias mesas directivas de estos órganos no se encuentren completas.

Del mismo modo, es de resaltar el argumento de la minuta en el sentido que dada la problemática expuesta en el párrafo que antecede, no permite una funcionalidad en el Senado y se refleja en la inoperatividad de las comisiones afectando el aprovechamiento de conocimientos especializados; todo ello sumado al incremento de comisiones que tuvo el Senado en la presente legislatura.

Así las cosas, se estima viable considerar como una solución a la problemática planteada en el Senado, permitir a los legisladores de esa Cámara integrarse a más comisiones.

Por otra parte, esta dictaminadora estima que el hecho de autorizar a los legisladores integrarse a mayor número de comisiones, además de dar solución a la problemática del Senado, permite contribuir a la conformación de estos órganos con criterios de pluralismo e inclusión y, por ende, se fortalece el sistema democrático de representación.

Ello, si tomamos en cuenta que el parlamento es el foro nacional para mediar intereses contrapuestos en la sociedad y precisamente en éste es donde los asuntos fundamentales para los ciudadanos pueden atenderse a través de órganos colegiados como las comisiones.

Otro argumento a favor de la presente Minuta, es que al permitir se integren los legisladores a más comisiones, habrá una mayor participación de los grupos parlamentarios y por tanto, a una mayor apertura al diálogo, lo cual irá en beneficio de la sociedad.

No hay que perder de vista que “uno de los criterios de una sociedad democrática es que el parlamento debe reflejar la diversidad social de la población. Un parlamento que no sea representativo en este sentido dejará que algunos grupos sociales y comunidades se sientan en desventaja en el proceso político o incluso completamente excluidos, con consecuencias para la calidad de la vida pública o la estabilidad del sistema político y la sociedad en general”.

Asimismo, si partimos de la base que se crean nuevas comisiones, como ocurrió en el caso de la Cámara de Senadores, es preciso modificar el número de comisiones a las que los legisladores pueden pertenecer.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el numeral 1, del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único: Se reforma el numeral 1 del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 104.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primero periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas.

2. ...

3. ...

4. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Pedroza, de la Llave Susana Thalía. El Congreso de la Unión. Integración y regulación. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1997.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en reunión ordinaria del martes 21 de abril de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Roberto López Suárez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García, Rubén Camarillo Ortega, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para hablar en contra, hasta por tres minutos.

La diputada Josefina Salinas Pérez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame diputada. Estamos discutiendo dictamen, no es el orden del día, pero terminando le doy el uso de la palabra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Tengo que razonar mi voto porque evidentemente esta reforma que se propone desde el Senado, de darle más comisiones a los miembros de esta Cámara de Senadores, es factible. Se puede realmente pensar que así se va a avanzar, pero realmente a mí me llama la atención y es por lo que subo a esta tribuna también, para hacerlos reflexionar que no es un tema nada más de reglamentos de la Cámara.

En el fondo aquí el día de hoy lo estamos viendo, el PRI intenta hoy avasallar a las oposiciones. El PRI hoy quiere mangonear como le ha hecho en el conjunto de esta legislatura, imponiendo una agenda de reformas estructurales en contra de la población y hoy ya como cereza del pastel quiere que la oposición calle, que la oposición no participe, que la oposición no denuncie. Esto es una práctica que ni en los peores tiempos del Salinato se contemplaba. Estamos cada vez peor.

Evidentemente nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo con esto, señor presidente, es mi obligación decirlo, que nosotros lo vamos a apoyar, no se deje presionar por estos que son puros tigres de papel. Aquí vienen muy gritones, muy acelerados, pero allá afuera, en la calle no pueden ver a la gente, porque saben las maldades que están haciendo.

Ustedes son corresponsables de la impunidad que existe en este país, que hoy en Veracruz a muchos veracruzanos los tienen en la calle, ¿Por qué? Porque hace tres años mataron a Regina Martínez y la mataron desde órdenes que seguramente se dieron de algún lugar del poder, porque quieren salir ahí con una batea de babas con un chivo expiatorio. Desde esas órdenes de poder están los crímenes de lesa humanidad, de Ayotzinapa, de Tlatlaya, está la tremenda corrupción que priva en el país y que hoy se expresa.

Declaran a Rosario Robles mapache mayor. No es cierto, no es Rosario, es Enrique Peña Nieto el que está instruyendo una campaña, porque no deben de olvidar que Enrique Peña Nieto es el PRI, Enrique Peña Nieto es el Verde y toda la bola de achichincles que le han servido para instrumentar esta política entreguista antipatriótica a los extranjeros.

Por eso, diputados, aquí están muy gritones, muy acelerados, aquí como éste que tengo enfrente. Pero no son capaces de salir a la calle. Por eso estas reformas no van a resolver la vida nacional, por lo tanto voy a votarla en abstención. Pero no puede uno dejar de pasar a esta tribuna a decirles su verdad, lo que les duele, lo que les incomoda, que la sociedad ya tiene un veneno para las ratas y eso es el Morena.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, de agrupación Morena, para hablar en pro.

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el diseño institucional que al día de hoy presentan las condiciones ordinarias del Senado de la República, debido a la actual redacción del numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha demostrado su inoperancia.

Uno de los problemas que llevan a acotar la productividad legislativa en parte es debido a que los senadores, por efectos del numeral del citado artículo, sólo pueden permanecer en cuatro comisiones.

El que se tenga la imitante a cuatro comisiones en la práctica ha llevado a que en varios de estos órganos colegiados sea difícil cumplir con el número necesario de legisladores para la debida integración de su Junta Directiva, con la cantidad mínima para tener quórum en sus reuniones y además el debate en estos órganos empobrece, al no estar debidamente representadas las diferentes posturas ideológicas que confluyen en nuestra Colegisladora.

La minuta en comento tiene como objeto fundamental establecer que los senadores de la república puedan pertenecer a un máximo de cinco comisiones ordinarias, ello con el fin de lograr mayor eficacia en los trabajos legislativos que se llevan a cabo al interior de estos órganos legislativos.

En Morena vemos con buenos ojos el que los senadores puedan participar en más comisiones, esto porque creemos que esto contribuirá a que se fortalezca el pluralismo y la inclusión, y por ende, se fortalece el sistema democrático de representación.

Al permitir que se integren los legisladores a más comisiones, habrá una mayor participación de los grupos parlamentarios y por tanto a una mayor apertura al diálogo. Al aprobar el presente dictamen tendremos progreso en la productividad del Senado de la República, en la especialización que requieren los propios senadores y en el aprovechamiento de sus conocimientos con la consecuente mejora en el trabajo legislativo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el funcionamiento integral de las comisiones creadas para discutir, para analizar, para debatir, entre otras cosas, las iniciativas de ley, es indispensable la labor que se realiza desde el Congreso de la Unión.

Difícil es para un parlamento cumplir con sus funciones sin contar con esta forma de organización, en el que se debe privilegiar los conocimientos en aras de construir documentos sólidos y con un contenido propositivo que coadyuve con la vida diaria de la sociedad.

Sin embargo, hoy debemos reconocerlo, la ley limita la participación de los legisladores en las comisiones de trabajo. En el caso del Senado de la República sólo se permite que cada legislado forme parte de cuatro de ellas, lo que genera un vacío en la conformación de las comisiones, que en ocasiones ven mermado su trabajo al no lograr reunir el total de sus integrantes.

De ahí, de ahí la importancia de atender el llamado de la colegisladora, llamado que nos hace para reformar el numeral1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de permitir que los senadores de la República puedan pertenecer a, por lo menos, cinco comisiones y con ello lograr la conformación de su junta directiva y del total de sus integrantes. Esta reforma abona a un ambiente más abierto, democrático y plural, atendiendo así opiniones sin limitar voces a las minorías parlamentarias y donde se puede construir a partir de la diversidad, pues esta pluralidad nacional nos permite en las diferencias encontrar las coincidencias para mejorar y adaptar disímiles medidas tendentes al bien común.

Por lo anterior, en Nueva Alianza estamos convencidos de que esta modificación es favorable, porque constituye un pendiente que ha debido atenderse, a fin de contar con una debida representación en los trabajos legislativos, de conformidad al propósito de la ley.

Por ello, convencidos estamos que la reforma contribuirá al sano desarrollo del trabajo que realizan nuestros compañeros en el Senado de la República. Fomentará la participación democrática de los distintos grupos parlamentarios representados y confluirá una mayor pluralidad de opiniones y corrientes político-ideológicas en el desarrollo de las discusiones al interior de éstas mismas.

Hoy ahí, desde este Congreso, tenemos que reconocer un pendiente, el pendiente a las reformas que den cabida a todos los grupos parlamentarios en diversos escenarios del acontecer cotidiano del Congreso.

Dejamos como pendiente la nueva integración de la Comisión Permanente, en la cual grupos parlamentarios como el mío tienen que ir, en lugares cedidos por otras fuerzas políticas para no tratar de acallar la voz de una minoría convertida en grupo parlamentario. Éstas y otras razones son las cuestiones que nos convocan a votar a favor de la presente reforma. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Adriana Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Adriana Soto Martínez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Adriana Soto Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, la atención oportuna a las necesidades de la población es obligación de quienes forman parte del proceso legislativo para la creación o modificación de las leyes que garanticen la prevalencia del estado de derecho en nuestro país.

El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II, otorga a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, el derecho de iniciar las leyes que la sociedad requiera.

Es por lo anterior, que el proyecto de decreto que hoy se discute beneficia de manera considerable al proceso legislativo, pues al permitir la participación de senadores en cinco comisiones incrementa el intercambio de opiniones, lo que resulta en un análisis exhaustivo para la creación o modificación de leyes.

Por ello es de gran importancia el aumento en el número de participantes en las comisiones dictaminadoras del Senado, cumpliendo así con las obligaciones que se tienen como legisladores. Aunado a ésta, la importancia de fomentar la buena comunicación bicameral y establecer de manera oportuna los mecanismos prácticos en el proceso legislativo, que tendrá como resultado agilizar el procedimiento en la creación o modificación de normativas así como políticas públicas cumpliendo con el análisis detallado en el ejercicio que se requiere.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al agilizar el buen actuar en los procesos legislativos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Adriana Soto. Consulte la Secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia saluda a miembros del honorable Ayuntamiento del municipio de Salamanca, Guanajuato, invitados por el diputado Genaro Carreño. Bienvenidos. Ciérrese el sistema.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina(desde la curul): A favor.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.

El diputado Vicente Hidalgo Durán (desde la curul): A favor.

La diputada Rocío Santos de la Cruz (desde la curul): A favor.

El diputado José Humberto Vega Vázquez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): A favor.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena (desde la curul): A favor.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se emitieron 375 votos a favor, 5 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El diputado Carol Antonio Altamirano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado Carol Antonio, desde su curul, ¿Para qué efectos? Sonido en la curul del diputado Carol Antonio Altamirano.

El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sólo para precisar que la alusión que el diputado Rubén Acosta, del Partido Verde, formuló hacia la compañera diputada Graciela Saldaña pretendió hacer una reconvención que es contraria a lo que establece el artículo 61 constitucional, en primer lugar.

En segundo lugar, los diputados que participamos en esta protesta no hemos violado ninguna norma. Lo único que hemos denunciado y señalado es que ya basta que Sedesol sea una estructura de operación política a favor del PRI.

Los diputados que participamos en esta protesta no hemos violado ninguna ley. La que viola la Constitución es Rosario Robles; y viola el artículo 134 de la Constitución, que dice que los servidores públicos de la federación tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.

A partir de esto, presidente, sentimos que ni Rosario Robles ni su equipo de operadores electorales generan el mínimo de confianza, por el contrario. Creo que sería muy bueno para el país que ya se fuera Rosario Robles de Sedesol. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de estas comisiones, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la iniciativa de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, 82, 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de las comisiones que suscriben, someten a la consideración del pleno el siguiente dictamen, con base en la siguiente

I. Metodología

Las comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de las comisiones.

En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio.

En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas comisiones expresan argumentos de valoración del proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 26 de febrero de 2015 el diputado Juan Pablo Adame Alemán, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Los miembros de estas comisiones, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

III. Contenido de la iniciativa

Los suscritos integrantes de estas comisiones estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la iniciativa que se dictamina, los cuales a la letra señalan:

“... Decreto por el cual se adiciona una fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Título OctavoDe la Colaboración con la Justicia

Capítulo ÚnicoDe las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia

Artículo 190.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. ...

...

XIII. Transmitir los mensajes solicitados por el Ejecutivo federal, de forma gratuita y de manera expedita, referentes a las siguientes alertas y/o avisos:

a) De eventos que signifiquen un riesgo inminente a la seguridad y la vida de la población;

b) Relativos a la búsqueda o localización de personas; y

c) Mensajes de emergencia nacional.

Dichos mensajes serán enviados a los teléfonos móviles conectados a la red del concesionario o autorizado que se encuentren en el área en la que suceda, haya sucedido o pueda suceder el evento, y se enviarán a través de los medios idóneos para que lleguen de la manera más expedita a la mayor cantidad de usuarios sin que éstos últimos requieran contratar para ello ningún servicio adicional de la telefonía móvil.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 365 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Federal de Telecomunicaciones, previa consulta con el sector correspondiente, contará con un plazo de 150 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para establecer los lineamientos específicos para la instrumentación del Sistema de Alerta de Emergencia.”

IV. Consideraciones

1. El diputado proponente expresa en su iniciativa que, en las últimas décadas, en México y en todo el mundo, el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se ha hecho cada vez más determinante en la vida de los seres humanos ante la inminente revolución tecnológica que estamos viviendo.

De este modo, las TIC han tomado gran parte para facilitar las tareas de comunicar e informar a la ciudadanía en casos de emergencia. Las situaciones de crisis, catástrofes o emergencias de origen natural o humano, han puesto de manifiesto la necesidad de crear y fortalecer los lazos entre los organismos gubernamentales y la sociedad civil para mejorar la gestión de la crisis y mitigar todos los daños causados en el curso de ella.

Ante estos hechos, y con el fin de garantizar la seguridad pública, han surgido distintos servicios para comunicar a una población de manera rápida y eficaz. Entre ellos, se encuentra el servicio “SMS Cell Broadcast” o “difusión celular”, mismo que funciona a través de medios de comunicación de telefonía móvil.

El SMS Cell Broadcast es una tecnología de telefonía celular móvil diseñada para el envío simultáneo de mensajes a múltiples usuarios en un área específica. Este servicio permite que los mensajes sean comunicados a múltiples clientes de telefonía móvil que estén localizados en una determinada área de cobertura de la red. La tecnología de difusión celular permite crear canales de comunicación con los móviles que se encuentren en un área geográfica específica, lo que la convierte en un potente instrumento para servicios de información locales o asociados a la posición, haciendo posible la selección del tema o canal de interés para el usuario. De esta manera, también se ha vuelto un gran instrumento como sistema de alerta para una determinada región ante una posible emergencia que pueda poner en riesgo la salud de la población en general o de un grupo de individuos.

Otros de los servicios que surgen como útil herramienta ante situaciones de emergencia, son las “alertas inalámbricas de emergencia” (WEA por sus siglas en inglés), que son mensajes de emergencia de 90 caracteres enviados a través de Cell BroadCast por entes gubernamentales de emergencia autorizados, por medio de su operador móvil. Como lo dice su nombre, estos mensajes son transmitidos de manera inalámbrica, pues no es necesario contar con el servicio que provee el operador, sino que sólo se envía a aquellos equipos que sean captados por las antenas de red que se ubican en un área determinada. Es decir, estos cortos mensajes son enviados a toda una gama de teléfonos celulares que estén ubicados en un área geográfica considerada como zona de peligro en un determinado momento, a través de los operadores móviles.

Nuestro país se encuentra en una región del planeta que desde hace tiempo ha sido afectada por sismos y lo seguirá estando. Del mismo modo, México también es una zona de huracanes, ya que debido al efecto del movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación de su eje, hace que la zona intertropical se exponga más a los rayos solares y, en consecuencia, las temperaturas sean más altas en el hemisferio norte, por lo que la ubicación geográfica de nuestro país se ve altamente involucrada en este proceso.

Tomando esto en contexto, y con el alto desarrollo tecnológico de las TIC, en caso de que en un futuro se puedan suscitar emergencias iguales o peores a estas, los servicios de emergencia que en líneas anteriores se mencionaban podrían resultar de gran ayuda como medida de prevención, comunicación e información antes de la crisis y en el transcurso de ella.

2. Estas comisiones comparten la preocupación expresada por el diputado proponente y reconocen el valor de la iniciativa en estudio, puesto que la difusión masiva de una alerta temprana puede ser la diferencia entre una evacuación efectiva y una tragedia.

No es ajeno a estas comisiones que, en el mundo, ya existen diversos sistemas de alarmas tempranas y que la tecnología actual es de gran ayuda para la difusión de los mensajes de alerta y la mitigación de los efectos de algún desastre natural.

Como ejemplos de la implementación de las TIC en la mitigación de los efectos de algún desastre natural tenemos:

I. Sistema de Alertas de Terremotos y Tsunamis (ETWS), en Japón. La prevalencia de terremotos en Japón llevó al desarrollo de un sistema de alerta temprana de terremotos, conocido como “Area Mail”, el sistema entró en funcionamiento en 2007.

Este sistema recibe las alertas enviadas por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y la información sobre evaluación/desastres provista por gobiernos locales u órganos autorizados y la transmite al público general vía Cell Broadcast System (CBS). La ampliación a alertas de tsunami se puso en funcionamiento en 2012 y ahora se reciben alertas de sensores en las 66 zonas costeras que el JMA ha considerado de riesgo. El mensaje automático de alarma de tsunami entregado a los ciudadanos contiene información básica como: “Se ha emitido una alerta de tsunami”. No contiene detalles sobre el tamaño o tiempo de llegada del tsunami; se espera que esta información sea enviada por otros medios de comunicación o vía un mensaje más detallado y que es emitido por órganos públicos nacionales y locales.

II. Sistema Comercial de Alerta Móvil (CMAS), en Estados Unidos. El Sistema Comercial de Alerta Móvil (CMAS) es la implementación norteamericana del CBS en 3GPP. El sistema es tecnológicamente agnóstico y es parte de un proyecto de alerta nacional llamado Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Públicas (IPAWS). Este proyecto fue iniciado después de que la Ley de Red de Advertencia, Alerta y Respuesta (WARN) que fue aprobada el 13 de octubre de 2006. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), subsecuentemente estableció que el CMAS sería un sistema donde un agregador/portal de alertas recibe, valida, autentica y formatea alertas de fuentes federales, y después las envía al portal de mensajes del operador comercial móvil. El portal procesa las alertas y las entrega a los usuarios de móviles. En la etapa actual, los proveedores del CMAS deben ser capaces de transmitir alertas a áreas objetivo no más pequeñas que un país. El primer mensaje CMAS fue transmitido el 27 de junio de 2012 y sólo había funcionado por unas cuantas semanas cuando las alertas CMAS fueron lanzadas por el Servicio Nacional del Clima emitiendo una advertencia del tornado en el área de Elmira de Nueva York. Los mensajes llegaron casi instantáneamente y, a pesar del hecho de que el área generalmente no sufre de tornados, las alertas fueron acatadas con seriedad por los suscriptores. Durante el huracán Sandy el uso del CMAS se extendió por las áreas afectadas, los mensajes de evacuación fueron enviados vía CMAS en las áreas más afectadas de Nueva York.

III. Alerta-UE, en Europa. Los Países Bajos han tomado la iniciativa entre los diversos países europeos que han evaluado el CBS como un servicio efectivo de difusión de alertas tempranas. El sistema NL-Alert está ahora activo con cobertura en todo el país. Los clientes en Holanda parecen haber respondido bien al sistema NLALERT con nueve de cada diez encuestados a favor del sistema.

IV. DEWN, en Sri Lanka. Como consecuencia de la devastación ocasionada por el tsunami de Océano Índico en 2004 (que generó alrededor de 35,000 muertes en Sri Lanka) el Centro de Manejo de Desastres de Sri Lanka lanzó el proyecto de Red de Alertas de Emergencias y Desastres (DEWN). El DEWN fue desarrollado como una iniciativa no comercial por medio de una asociación entre el trabajo de Dialog Telekom PLC, Dialog-Universidad de Moratuwa (U o M), el Laboratorio de Investigación de Comunicaciones Móviles y Microimage. El proyecto comenzó en 2006 y el sistema se puso en operación el 30 de enero de 2009 después de terminar un exitoso periodo piloto. En el sistema DEWN, la información sobre desastres y alertas es brindada a través de múltiples fuentes (como el centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, Met Office, etcétera.) Se envía un mensaje al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Centro de Gestión de Desastres del gobierno. En un posible escenario de desastre, el DEWN es usado primero para alertar al personal de emergencia a sus teléfonos particulares; las alertas públicas son emitidas sólo cuando se ha verificado la amenaza de forma adecuada, reduciendo así, las falsas alarmas. Los mensajes son enviados en tres idiomas locales y pueden ser recibidos en teléfonos y smartphones 2G básicos habilitados para transmisión móvil con una aplicación descargable de Java o enviados a un dispositivo de alarma DEWN especialmente diseñado que contiene una sirena sonora y una lámpara intermitente diseñada para espacios públicos. Aún cuando el servicio utiliza la función de transmisión móvil de la red DIalogs, las alertas también pueden ser enviadas a otros proveedores locales no habilitados con CBS para que puedan a su vez distribuirlos a través de SMS masivos.

Cabe mencionar, que estas comisiones dictaminadoras aclaran que los modelos de comunicaciones de emergencias (de derecho comparado) que se han referido previamente, son meramente ilustrativos, por lo que al momento de implementarse lo dispuesto en la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se deberá de verificar que se use la mejor tecnología disponible para los fines que busca la norma legal, y que constituya una medida económicamente competitiva en el sector de las telecomunicaciones de nuestro país.

3. Si bien se coincide con la idea básica del iniciante, no escapa de estas dictaminadoras que, de aprobarse tal cual fue propuesta la iniciativa, se podría vulnerar la libertad de trabajo y comercio, ya que se establecerían nuevas cargas económicas para los concesionarios al obligarlos a que presten un servicio gratuito, cuando ya existen encadenamientos y mensajes de alerta para la población en los medios de comunicación masiva.

De igual forma, se cree que existiría una antinomia con el artículo 136 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que claramente establece que los servicios de emergencia para los usuarios, deberán de constituir medidas económicamente competitivas, por lo que hacerlo en forma gratuita hace incurrir en costos a los concesionarios lo que puede afectar su posición competitiva.

“ Artículo 136. El instituto establecerá y garantizará, a través de la publicación de normas, las medidas conducentes y económicamente competitivas, para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso a servicios de facturación, información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros.”

Énfasis añadido

4. Aunado a lo anterior, es menester aclarar que en nuestro sistema jurídico vigente, para el caso de emergencia, ya se establece en la Ley General de Protección Civil un mecanismo de concertación entre los medios de comunicación y las autoridades de protección civil, pero no se habla de prestación gratuita de tales servicios, como se ve a continuación:

“Artículo 13. Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte del Sistema Nacional, colaborarán con las autoridades con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión Integral de Riesgos.

Los convenios de concertación contendrán las acciones de la gestión integral de riesgos y su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones, así como en el diseño y transmisión de información pública acerca de la protección civil.

Asimismo, en el ámbito reglamentario, se están previendo acciones particulares semejantes a las que propone la iniciativa, tales como las que se contienen en el anteproyecto de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia propuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como se puede observar aquí:

“Cuadragésimo Quinto. Los concesionarios y autorizados le darán prioridad a las comunicaciones de la autoridad federal designada de acuerdo al protocolo de priorización de las autoridades federales de protección civil. Por dar prioridad a las comunicaciones se entenderá el establecer e implementar los mecanismos y/o capacidades necesarias para que se proporcione acceso prioritario a los recursos de redes de telecomunicaciones y/o su utilización.

Los concesionarios y autorizados deberán indicar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el área responsable a quien se contactará para la solicitud de prioridad en las comunicaciones en situaciones de emergencia o desastre, así como los datos de localización de la misma. Esta área deberá estar disponible las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación proporcionará la información necesaria de las líneas que recibirán esta prioridad.

Cuadragésimo Sexto. Los concesionarios y autorizados deberán dar prioridad a las comunicaciones en relación a situaciones de emergencia o desastre que emitan las autoridades competentes. Dichas comunicaciones serán destinadas a las áreas específicas afectadas por la emergencia o el desastre donde los concesionarios y autorizados cuenten con cobertura.

Cuadragésimo Séptimo. El instituto, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá el protocolo que se utilizará para codificar el Sistema Nacional de Alertas previsto en la Ley General de Protección Civil”

5. Finalmente, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estiman que, si bien la propuesta ya está contenida de alguna forma alguna en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es pertinente y necesario que se incluya en el texto de la ley, expresamente, la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones de reglamentar la difusión de alertas tempranas en caso de emergencia, por lo que se propone adecuar la propuesta original y, en lugar de adicionar una nueva fracción al artículo 190 de la ley, se propone reformar la actual fracción XI de la siguiente manera:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. a X. ...

XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las instituciones y autoridades competentes, transmitir los mensajes ydar prioridad a las comunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y

XII. ...

De esta forma se le otorga la facultad al regulador de definir, reglamentar y consensuar los detalles técnicos y las características del servicio de mensajes de emergencia que los operadores deben poner en marcha, así como la posibilidad de que, conforme avance la tecnología, este servicio evolucione y se adapte.

En mérito de todo lo expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión sometemos, a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se Reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 190.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. a X. ...

XI. En los términos que defina el instituto en coordinación con las instituciones y autoridades competentes, transmitir los mensajes ydar prioridad a lascomunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y

XII. ...

...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, emitirá los lineamientos específicos para la difusión de las alertas a que se hace referencia.

Notas:

1. Ejemplos obtenidos de  http://www.one2many.eu/assets/files/27_ whitepaper-disaster-response-program.pdf

2. Una red GSM consiste de miles de celdas (antenas) lo que facilita la conexión inalámbrica  de un dispositivo terminal móvil a la red. El sistema Cell Broadcast permite enviar un mensaje corto a todos los dispositivos conectados a una determinada celda (antena), a un grupo de celdas o a toda la red. Todo dispositivo móvil que cuenta con los canales de Cell Broadcast activos y se encuentra dentro del área de cobertura de las celdas que están difundiendo un mensaje, recibirán dicho mensaje.  El Cell Broadcast puede comprarse a la radio: todos los que estén sintonizando el canal de transmisión, reciben el mensaje.

http://www.cellbroadcastforum.org/whatisCB/frmset_faq.html

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 15 de abril de 2015.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), María Gabriela Bardales Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Dunia Eliane de la Vega Preciado (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Nidia Saavedra Pérez (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas, Jesús Antonio Mora González, Jaime Bonilla Valdez, Arturo Escobar y Vega (rúbrica).

La Comisión de Radio y Televisión, diputados:Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez, Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), secretarios; María del Carmen Guzmán Urbán (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica), Claudia Rocío Villa Oñate (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene el uso de la tribuna, para fundamentar, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo hasta por tres minutos. Adelante, diputada.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Honorable asamblea, la información es una poderosa herramienta que cuando se lleva en forma precisa y eficaz permite el actuar oportuno de los agentes que la reciben y con ello la puesta en marcha de acciones que persigan rechazar, acondicionar o adaptarse a las situaciones cuya existencia ha sido advertida.

Lo anterior se hace posible gracias al inmenso avance en las tecnologías de la información y la comunicación, que posibilitan el eficaz cumplimiento de las obligaciones que el Estado mexicano tiene para con la población del país, debiendo con esto procurar en todo momento las funciones cuyo objeto es salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos que es tan importante, compañeros.

En este contexto y como bien señala el dictamen que hoy se nos presenta, diversas situaciones han puesto de manifiesto la necesidad  de crear y fortalecer los lazos entre los organismos gubernamentales y la sociedad civil para mejorar la gestión de la crisis y mitigar todos los daños causados en el curso de ella. Es por esto que no podemos dejar de lado el uso de la tecnología en tan importante labor.

Al utilizar de manera consciente y regulada los medios de comunicación y tecnología se revoluciona la manera de informar y comunicar a la ciudadanía los casos de emergencia, entendidos como las situaciones de crisis debido a catástrofes de origen natural o humano, que ponen en una situación de riesgo a la población o parte de ella.

Así, la efectiva comunicación entre los órganos de gobierno y la sociedad mexicana genera certidumbre entre la población, ofreciendo así las vías que faciliten una respuesta sistemática ante circunstancias de riesgo, la cual provee la oportunidad de darle solución a los eventos que puedan presentarse o proteger aquello que se encuentre expuesto a los efectos de una posible contingencia.

Asimismo, la modificación propuesta permitirá que en los términos que defina el Instituto Federal de Telecomunicaciones en coordinación con las instituciones y autoridades competentes, se trasmiten los mensajes de alerta o emergencia dando prioridad a las comunicaciones con relación a estas situaciones.

Como legisladores, compañeros, debemos implementar nuevas formas de velar por la seguridad pública y coadyuvar con la protección civil, teniendo en mente la realidad de México ante los desastres naturales. Basta recordar que nuestro país se encuentra en una ubicación geográfica considerada de alta sismicidad y que además se constituye en una zona de huracanes, lo cual nos obliga a abonar a la legislación diversos métodos que permitan mantener segura a la población. Compañeros, si gustan por favor prestarnos un poco de atención.

Esta reforma hará la diferencia entre una evacuación efectiva o una tragedia. Es por lo antes expuesto que solicitamos a todos los legisladores su voto a favor para esta reforma. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos para hablar en pro, al diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Federico José González Luna Bueno:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos discutiendo, revisando la modificación de la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El objeto de esta modificación de la recién aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es para obligar a los operadores de telecomunicaciones a que en caso de desastre o potencial desastre emitan alertas o mensajes a todos los usuarios de telefonía móvil.

El objetivo de esta modificación es evidente, es utilizar a las telecomunicaciones como un mecanismo directo para la prevención y la atención de situaciones de desastre nacional.

Nuestro país, como sabemos, se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica, además de que los fenómenos meteorológicos constantemente azotan regiones como Veracruz, Chiapas, Guerrero y otras entidades.

No hay nada más noble realmente, que utilizar las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones en beneficio de la población. Este aspecto que hoy estamos discutiendo en cuanto a la aplicación de estas tecnologías es de lo más novedoso.

En nuestro país desgraciadamente ha prevalecido un entorno en el que las telecomunicaciones tienen un enfoque primordialmente mercantil. Lo que hoy estamos discutiendo y esperemos aprobando, significa darle una carga especial importante a estos servicios.

En nuestro país al establecer este tipo de acciones se ubica dentro de los parámetros que tienen, por ejemplo, Japón con el Sistema de Alerta de Terremotos o Tsunamis que funciona desde el año 2007, o con el Sistema Integrado de Alerta y Advertencias Públicas en Estados Unidos o con las alertas Unión Europea, de la propia Unión Europea.

Según datos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas –es importante decirlo–, anualmente a nuestro país este tipo de situaciones de emergencia cuestan 3 mil millones de dólares.

Además, del año 2005 al año 2014, es decir, en apenas nueve años han fallecido en nuestro país, como resultado de esta falta de prevención, de información ante situaciones de emergencias, situaciones de desastres naturales, más de 5 mil personas. Además, por esta misma situación, alrededor de 2 millones de viviendas se han visto afectadas.

Estamos realmente llenando un vacío enorme, qué bueno que por parte de esta legislatura se dé este paso. Se trata de una muy pequeña reforma, adición a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero que se traducirá seguramente en el salvamiento, no sólo del patrimonio de cientos de miles de personas, sino probablemente el salvamiento incluso de la vida de muchas de ellas.

Qué bueno que el día de hoy estemos dando este paso y creo que de alguna manera ésta se trata nuevamente de una aplicación, de un aterrizaje más, de una reforma al marco jurídico de las telecomunicaciones, materializada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que apenas aprobamos hace unos meses y que fue impulsada por el presidente Peña Nieto.

Creo que en sí estamos ante un entorno legislativo, un entorno regulatorio, promovido desde el Ejecutivo, que hoy nos permite, que abre vía franca a este tipo de acciones, que hasta hace unos años eran absolutamente impensables.

Por todo lo anterior, por parte del Partido Verde creemos que se trata de una reforma muy positiva y los invitamos a sumarse a ello. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna para hablar en contra, a la diputada Luisa María Alcalde Luján, de agrupación Morena. Adelante, diputada, hasta por tres minutos.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Gracias, presidente. Antes que nada quiero expresar mis condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas del terremoto que azotó Nepal el sábado pasado. Esta tragedia nos recuerda que ningún país está exento del riesgo de sufrir catástrofes naturales y situaciones de emergencia nacional.

Asimismo, nos recuerda la gran responsabilidad que tienen los gobiernos de estar preparados ante cualquier contingencia y de tener mecanismos efectivos de alerta y respuesta temprana que permitan mejorar la gestión de la crisis y mitigar los daños causados por ella.

México se encuentra en una situación permanente de riesgo. Riesgo de sismos, de huracanes, de inundaciones, de erupciones volcánicas pero también de balaceras y jornadas de terror como las que se han vivido en Reynosa y otras ciudades de Tamaulipas.

La negligencia de la industria también es fuente de riesgo constante. Los derrames tóxicos de Grupo México en el Río Sonora o los que recurrentemente sufre Pemex en ríos y lagos de todo el país revelan las consecuencias que una alerta tardía puede tener sobre la seguridad y la salud de la población.

Ante tantos riesgos y peligros latentes, resulta increíble que México no cuente con un sistema de alerta por difusión celular como el de Japón, Estados Unidos y prácticamente todos los países de la Unión Europea, donde desde hace más de 10 años existen plataformas que reciben y validan alertas emitidas por las autoridades federales y locales, y las retransmiten a todos los usuarios de telefonía móvil en una zona determinada.

El objetivo de esta iniciativa era crear un sistema integral de alerta para difundir en celular, que obligara a los concesionarios de telefonía móvil a transmitir gratuitamente a sus usuarios mensajes de alerta y avisos de eventos que signifiquen un riesgo a la seguridad y a la vida de la población.  Mensajes relativos a la búsqueda o localización de personas y mensajes de emergencia nacional.

Sin embargo, la propuesta original fue rasurada, burdamente, por la comisión dictaminadora, para quedar en una modificación minúscula e insustancial que relega este importante tema a los reglamentos y lineamientos especiales que para los efectos emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Este resultado me lleva a dos reflexiones. Primero, que este Congreso está perdiendo una valiosa oportunidad de empatar a México con otras naciones del mundo, creando un sistema de alerta celular que se active en supuestos claros y sobre todo que obligue a los concesionarios a transmitir de forma inmediata, oportuna y gratuita estos mensajes de alerta a toda la población o a lo que puedan estar expuestos a un peligro natural o humano.

Y, segundo, el dictamen confunde como de costumbre lo público con lo privado, para privilegiar lo segundo, olvidando que los concesionarios explotan un bien de la nación.

Me sorprende que la dictaminadora afirme que de aprobarse la iniciativa original, y cito textualmente, Se podría vulnerar la libertad de trabajo y comercio ya que se establecerían nuevas cargas económicas para los concesionarios al obligarlos a que presten un servicio gratuito.

Asimismo se afirma, y vuelvo a citar textualmente, Que los servicios de emergencia para los usuarios deberán constituir medidas económicamente competitivas y hacerlo en forma gratuita, hace incurrir en costos a los concesionarios, lo que puede afectar su posición competitiva.

Son inaceptables estas reflexiones, cuando de lo que estamos hablando es de la seguridad de los mexicanos, cuando de lo que estamos hablando es cuando se pone en riesgo sus vidas, cómo es posible que hagamos reflexiones así. Me queda clarísimo que los intereses de las televisoras están muy bien representados en este Congreso, lo increíble es que sean la mayoría y que sea la minoría la que esté defendiendo los derechos de los ciudadanos. Y sí, nuevamente como ya sucedió en la Ley de Telecomunicaciones, aquí gana, como siempre, lo privado sobre lo público. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Alcalde. Diputado Juan Pablo Adame Alemán, tiene usted el uso de la palabra, para exponer la postura de su Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos, señor diputado.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán:Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los compañeros. En el terremoto de 1985, existían solo 3.7 millones de líneas fijas, ni siquiera se podía pensar en líneas móviles, los familiares sufrían para poder encontrar a todas las personas y seres queridos que estaban bajo los escombros.

La tecnología debe servir para poder aliviar y para poder sanar todas esas situaciones y para poder cubrir todas esas necesidades. Los diputados de Acción Nacional vemos en la tecnología a esa opción humanizadora para poder poner en el centro al ser humano y para que ésta pueda servir a toda la humanidad.

En esta visión que compartimos Federico González Luna, Adriana González Carrillo, Héctor Gutiérrez de la Garza, los compañeros de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión, nos propusimos votar a favor este dictamen por lo positivo que tiene, por la influencia que puede tener en el bien de las personas.

En el 85 estábamos en 3.7 millones de líneas fijas. Hoy tenemos 105 millones de líneas móviles. Eso significa que con estas líneas móviles podemos hacer maravillas si nos ponemos de acuerdo. Si desde la reforma de telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones la vemos con este sentido humanizante.

Hoy la tecnología nos permite a través de estos mecanismos el poder enviar un mensaje a todas las personas que se encuentren en una zona de riesgo para poder advertir, para poder señalar, para poder informar del desastre que viene en camino y con esto poder salvar vidas.

¿Y qué estamos haciendo aquí los diputados de Acción Nacional y el resto de los compañeros diputados? Dándole unos segundos de importancia a la vida de todos esos seres humanos que están por vivir un huracán, que están por vivir un terremoto, que están por vivir un desastre natural.

Hoy les pido que votemos a favor este dictamen por las implicaciones que va a tener en el futuro, porque si algún día cualquiera de ustedes y cualquiera que nos sigue a través del Canal del Congreso recibe un mensaje en su teléfono celular con información valiosa, este trabajo que estamos haciendo aquí en la Cámara de Diputados habrá valido la pena. Les pido su voto a favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Juan Pablo Adame.

Saludamos y les damos la bienvenida a alumnos y alumnas, docentes que les acompañan, de la escuela primaria Rodrigo Ramos Añorve, de la comunidad de Ometepec del estado de Guerrero. Han sido invitados por el diputado Manuel Francisco Tapia Bustos. Gracias por su visita, bienvenidos y bienvenidas.

También nos acompañan –aprovecho la oportunidad– alumnos, alumnas y docentes provenientes del municipio de Córdoba, Veracruz, de la escuela oficial número 65, licenciado Benito Juárez, del municipio de Coatepec Harinas, estado de México, invitados por el diputado Gerardo Hernández Tapia. Gracias, por su visita. Gracias a todos.

Tiene el uso de la palabra... ¿Está la diputada Purificación Carpinteyro? Entonces, en su lugar le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, la tecnología al servicio de la vida y por encima de lucro, de esto habla el presente dictamen. Nuestro país ha sido golpeado de manera constante por diversos meteoros en afectación de la vida y patrimonio de los mexicanos haciendo más pobres a los pobres.

La protección civil debe ser tarea permanente y sistemática de un estado, tan sencillo que con la vida no se juega; sin embargo, esta tarea exige cada vez más la cercanía con la participación de la sociedad civil, sin dejar de reconocer los esfuerzos y logros del Estado mexicano en materia de protección civil.

Aún deben hacer mucho los tres órdenes de gobierno para proteger a nuestra población frente a emergencias de orden natural o humano que pueden afectar sus vidas y su patrimonio, y permitir un desarrollo sustentable.

Esto demanda que la previsión y prevención deban fortalecerse aún más como ejes básicos de las políticas públicas en la materia. Ésta es la esencia del presente dictamen, que pretende incluir expresamente en el texto de la Ley Federal de Telecomunicaciones de reglamentar la difusión de alertas tempranas en caso de emergencia, obligación que quedará a cargo de los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones.

La vertiginosa evolución tecnológica y el desenfreno del avance de la globalización han hecho que las tecnologías de información y comunicación faciliten nuestra vida cotidiana y profesional. Estas tecnologías están presentes en gran parte de las actividades humanas, en el ocio, en la educación, en la comunicación, en la forma de relacionarnos con los demás y en el mundo de los negocios.

De este modo, también han sido parte fundamental para facilitar las tareas de comunicar e informar a la ciudadanía en casos de emergencia las situaciones de crisis, catástrofes han puesto de manifiesto la necesidad de crear y fortalecer los lazos entre los organismos gubernamentales y la sociedad civil para mejorar la gestión de las crisis y mitigar los daños causados en el curso de ella.

Evidentemente apoyamos este dictamen; sin embargo estimo que debe revalorarse, por lo menos en casos que así lo ameriten por su gravedad, la gratuidad del servicio ya aludido en casos de emergencia para garantizar así la máxima cobertura posible.

Es condenable que los intereses económicos puedan predominar sobre el derecho humano a la vida y salud, pues como sabemos, la magnitud del daño causado por un peligro está relacionado no solamente con su severidad, sino también con la capacidad que tiene la gente, que vive en áreas propensas a desastres, a prepararse y resistirlo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Bautista Cuevas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido.

Por ende, señor secretario, ordene que se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, rogando la asistencia, la presencia de las compañeras legisladoras y de los compañeros legisladores, por economía y para poder continuar con el orden del día. Adelante, por favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado Ricardo Anaya, el sentido de su voto.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

La diputada María Celia Urciel Castañeda (desde la curul): A favor.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): A favor.

La diputada María de los Ángeles Sánchez Lira (desde la curul): A favor.

La diputada Elizabeth Vázquez Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): A favor.

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): A favor.

El diputado Ulises Iván Valencia Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda (desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Olvera Caballero (desde la curul): A favor.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): A favor.

La diputada Josefina Salinas Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Abraham Correa Acevedo(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Coronado Quintanilla(desde la curul): A favor.

La diputada Verónica Sada Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Ana María Gutiérrez Coronado (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor secretario, denos cuenta del resultado de la votación.

De la manera más comedida y respetuosa expresarles a las señoras y a los señores legisladores que uno de los deberes básicos de nuestra encomienda es justamente la asistencia al desarrollo de las sesiones y la importancia de la emisión del voto.

Vamos a recabar esta votación, señor secretario, sabedores del plazo fatal en lo sucesivo para evitar la dilación innecesaria en el desahogo de la sesión. Por favor, adelante.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Diputada Maribel Enríquez.

La diputada Maribel Enríquez Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Brenda Alvany Franco de la Torre (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 391 votos a favor, 0 abstención, 8 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado de la República, para los efectos constitucionales que son procedentes.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fundamentar el dictamen y en nombre de la Comisión tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, hasta por tres minutos, señor diputado, adelante.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la palabra, diputado.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Como integrante de la Comisión de Economía, agradezco a su presidente, el diputado Mario Sánchez Ruiz, la oportunidad de presentar el presente dictamen a consideración de este honorable pleno.

De la iniciativa para contar con un medio alternativo de correo electrónico certificado en los actos de autoridad y entre particulares, presentada por un servidor y suscrita y apoyada por mi fracción, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Como sociedad, hemos visto y somos partícipes de la revolución permanente de las comunicaciones, así como de sus defectos en nuestra vida cotidiana, y sabemos cuán distintas son desde los inmemorables tiempos en que China inventó el papel, o la socialización de la escritura gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, así como el salto cuántico del siglo XVIII con el telégrafo y el teléfono convencional. De ahí brincamos al siguiente escalón, con el uso de líneas celulares, la Web o red de redes y el correo electrónico.

Tan grandes y revolucionarias son estas transformaciones, al grado de que hoy difícilmente podemos imaginarnos sin el uso de estos medios de comunicación de quinta generación.

A la par, la interacción de la autoridad con sus gobernados, también ha transitado por diversas transformaciones pero sin el mismo dinamismo que los medios de comunicación. Hasta hace apenas unos años, el tradicional método de las comunicaciones oficiales y los actos de autoridad era el papel. Y aunado a ello, el uso de diversos mecanismos para darlos a conocer o hacer efectivas y complementar sus disposiciones.

Sin embargo, los efectos del cambio climático, así como la exigencia del uso más racional, transparente y efectivo de los recursos públicos, ha generado que instrumentos con mayor dinamismo, una agenda verde en la administración pública, así como entre particulares.

Esto, en principio, implica superar varios mecanismos, el uso de personal habilitado, el envío de correos certificados o la publicación de edictos en estados y medios de circulación masiva representan costos adicionales a los propios actos de autoridad, ineficiencia, limitada certeza, pero sobre todo, irremediables daños al medio ambiente.

El dictamen que nos convoca, del cual reconozco la amplia disposición, sensibilidad y compromiso de mis compañeros de la Comisión de Economía, al aprobar en sus términos una iniciativa del que les habla. Asimismo, no puedo dejar de mencionar la participación de la Secretaría de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda, de Función Púbica, de Conacyt, el foro consultivo entre otras más, el Consejo Coordinador Empresarial y la Cooperación Patronal de la República Mexicana.

El presente dictamen tiene varios propósitos, uno de ellos, que me parece central en los efectos de la reforma, el e-government, el generar un gobierno eficiente y sustentable, situación que se presenta en diversos países del mundo, a fin de aportar seguridad, confianza, certeza a las comunicaciones de la administración pública, y llegado el momento, entre particulares.

También representa una oportunidad de hacer más efectivas las comunicaciones oficiales y de mejorar la eficiencia del gasto al no requerir el uso del papel, contando con un certificado que respalda las acciones y actos de autoridad da mayor certeza jurídica en la relación del gobierno con la ciudadanía.

Concluyo, señor presidente. Compañeros legisladores, los exhorto a votar a favor del presente dictamen, ya que la reforma continúa en el camino que hemos pasado, de mejorar la gestión de gobierno en beneficio de la ciudadanía, y al mismo tiempo, se consolida nuestra contribución para dejar a nuestras futuras generaciones un mejor medio ambiente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. En virtud de que se ha presentado por parte de la comisión dictaminadora, una propuesta de modificación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la propia comisión al dictamen de mérito.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la propia comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas por la propia comisión y aceptadas por la asamblea. Tiene el uso de la palabra, el diputado Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde, para hablar sobre el dictamen a discusión. Hasta por tres minutos, diputado Acosta.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Rubén Acosta Montoya: Compañeras y compañeros diputados, el presente proyecto, como ya se ha mencionado, tiene como finalidad establecer que las comunicaciones electrónicas certificadas deban realizarse conforme a los requisitos de la norma oficial mexicana aplicable.

Al respecto, expresamos desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nuestra conformidad al presente dictamen, y esto es porque otorga una seguridad jurídica a la información intra-institucional, porque hace más eficiente la actividad productiva y también porque es una propuesta que está dentro de nuestros ejes fundamentales que es cuidar el medio ambiente.

Con esta propuesta salvamos muchísimos trabajo en papel y por supuesto esto repercute en salvar bastantes árboles que se utilizan para ese fin.

Por el otro lado, la certeza jurídica, es evidente que la tecnología provee medios de convicción y seguridad suficientes para determinar que una comunicación de corte administrativo, procedimental o de un acto administrativo se puede llevar a cabo a través de medios electrónicos como el correo, siendo que este sistema de transmisión de información para nada debilita las formalidades generales de las cuales habla el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es decir, se puede identificar de modo fehaciente el sujeto, el objeto, la voluntad y la forma de toda emisión administrativa, dando así un acto administrativo perfecto independientemente de que tenga un sustento en papel o en un medio de almacenamiento electrónico.

Por otro lado, y regresando al tema del medio ambiente, se estima que en México se talan aproximadamente 500 mil árboles diarios. Repito. Se talan 500 mil árboles diarios sólo para producir papel, además que para producir cada tonelada de papel a partir de la fibra virgen se necesitan dos toneladas de madera, 40 mil litros de agua y siete mil 600 kilómetros de superficie. Esto evidentemente es catastrófico y toma tintes de tragedia cuando aproximadamente 22 millones de toneladas de papel se tiran a la basura.

En este sentido estamos convencidos que con las medidas descritas en este dictamen se contribuye de manera importante al cuidado del medio ambiente sin que ello implique minar la seguridad jurídica.

Expresamos que en el cuidado del medio ambiente y a los ecosistemas del país no es una labor de partidos políticos, es una labor de todos los que integramos la sociedad, siendo muy valiosa la intervención de todos quienes integramos este órgano legislativo en particular de contribuir a mejorar el medio ambiente y los cuidados de los ecosistemas de nuestro país.

Es por ello que reitero que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está a favor del presente dictamen y por supuesto felicita al promovente del mismo por contribuir a nuestra labor legislativa, a nuestra labor como servidores públicos y por supuesto al cuidado de nuestro país. Es cuanto.

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Pedro González Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Pedro González Hinojosa:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, el mundo vive una acelerada revolución tecnológica que nos coloca ante una modernidad que nos sorprende todos los días; sin embargo, esta revolución va aparejada con el deterioro ambiental sin precedentes de nuestro planeta.

El calentamiento global, la pérdida acelerada de superficie forestal y la escasez del agua. Esta ecuación nos debe sensibilizar en relación a todo lo que signifique el uso de las avanzadas tecnologías, en todos los terrenos de la actividad humana y la preservación de nuestro planeta.

La sustentabilidad en nuestros días requiere, entonces, que el desarrollo tecnológico redunde en la preservación del medio ambiente, para desplegar un verdadero desarrollo económico, social y político, con un destino global y planetario.

El dictamen que hoy nos ocupa implica la digitalización de los documentos públicos y el envío digital de los mismos a través de Internet, vía correo electrónico, como un medio confiable, seguro y de validez oficial para poder brindar certeza jurídica a los sujetos partícipes de los procesos gubernamentales y particulares.

Con la digitalización de los documentos oficiales también estamos impulsando la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y la optimización de otro importante recurso humano, que es el tiempo.

Estamos a punto de dar un paso importante con la aprobación del presente dictamen en la dirección correcta, así lo ha demostrado la práctica en la administración pública en el mundo, en lugares tan relevantes de importante nivel de desarrollo como la Unión Europea y en América Latina, en naciones como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Panamá, incluso República Dominicana.

Por lo anterior, mi grupo parlamentario votará a favor del dictamen que nos ocupa, el cual establece que la certificación de las comunicaciones electrónicas tendrá que realizarse conforme a los requisitos previstos en la norma oficial mexicana referida en el artículo 49 del Código de Comercio. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general el dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Suficientemente discutido en lo general.

En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones aceptadas...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Secretario es por tres minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por tres minutos, perdón.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia saluda al cuerpo de asesores jurídicos de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de Michoacán, invitados por el diputado José Luis Esquivel Zalpa. Asimismo a las damas de Mega Cursos, procedentes de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, invitadas por la diputada María Esther Garza Moreno. Bienvenidos.

Ciérre el sistema electrónico.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De viva voz, por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos (desde la curul): A favor.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): A favor.

La diputada Karina Labastida Sotelo (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (desde la curul): A favor.

El diputado Simón Lomelí Cervantes (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

La diputada Ofelia Limón Robles (desde la curul): A favor.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena (desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Salas López(desde la curul): A favor.

La diputada María Alicia Martínez Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos (desde la curul): A favor.

La diputada Diana del Carmen Vera Ávila (desde la curul): A favor.

El diputado José Higuera Fuentes (desde la curul): A favor.

La diputada María Elia Cabañas Aparicio (desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Guadalupe Villarreal Rangel (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Ossiel Omar Niaves López (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Anaya Gudiño (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Flores Suárez(desde la curul): A favor.

La diputada Lorena Gutiérrez Landavazo (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Macías Sandoval (desde la curul): A favor.

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): A favor.

La diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (desde la curul): A favor.

La diputada Teresita de Jesús Ramírez Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Secretario, cierre el sistema, cante la votación, por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 381 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular por 381 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Para qué efectos, diputado. Sonido a la curul del diputado.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): Gracias, señor presidente. Desde el inicio de la sesión solicité, perdón, la palabra y le agradezco que tenga a bien dármela.

Hoy amanecimos con la noticia de que serán suspendidas las infracciones vehiculares en diversos municipios en el estado de México, entre ellos, Ecatepec, Chalco, Huixquilucan, Metepec, y penosamente en la capital del estado el municipio de Toluca, entre otros municipios, esto únicamente por 90 días a partir del día de ayer, lo cual no es otra cosa más que una farsa del gobernador Eruviel Ávila en este proceso electoral, que en muy pocos días va a arrancar en mi estado.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, no está en el orden del día.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): Lo que quiero pedirle es, que se haga un exhorto...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame, permítame continuar con la sesión.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina(desde la curul): Sí, nada más pedirle que se haga un exhorto, para que no sean 90 días únicamente, señor presidente, sino que se amplíe hasta que no sean certificados y revisados...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado. Concluya, por favor, ése no es tema del orden del día.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): Sí, cómo no. Decía yo, que no sean únicamente 90 días.

VOLUMEN II

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Manlio Fabio Beltrones y suscrita por diversos diputados y coordinadores de los grupos parlamentarios.

Esta Comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 14 de enero de 2015, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Manlio Fabio Beltrones, suscrita por diversos diputados y coordinadores de los grupos parlamentarios.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4192-V, el miércoles 14 de enero de 2015.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone establecer de manera expresa, a través de la adición de dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que sólo al inicio de cada Legislatura podrán constituirse los grupos parlamentarios.

Los iniciantes refieren como marco legal las disposiciones contenidas en los artículos 41 y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se sustenta la renovación del Poder Legislativo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, se regula la existencia, objetivos y características de los partidos políticos, así como los requisitos que deberán cumplir para garantizar su permanencia.

Asimismo, los proponentes aluden a las normas propias de los grupos parlamentarios, como son la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento, en este caso, de la Cámara de Diputados.

De la interpretación de la normatividad descrita, dicen los autores, “se advierte con claridad que se encuentra regulado qué requisitos se deben cumplir para constituirse y se puede deducir cuándo se extinguen los grupos parlamentarios; sin embargo, existe un vacío legal en cuanto al momento en que pueden crearse ya que, contrario a lo que establece el Reglamento del Senado de la República, en el Reglamento de la Cámara baja no hay dispositivo legal que prohíba expresamente la constitución de un grupo parlamentario una vez iniciada la legislatura en la Cámara de Diputados”.

III. Análisis del contenido de la exposición de motivos de la iniciativa

A continuación se analizan algunos de los párrafos contenidos en la exposición de motivos de la iniciativa:

(Primeros párrafos)

“De conformidad con lo que establece el artículo 41 de la Constitución federal, la renovación del Poder Legislativo se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Para ello se han creado los denominados partidos políticos que deben cumplir con ciertos requisitos para poder obtener su registro legal.

Asimismo, se establece que el partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

Desde diverso aspecto, el artículo 70 de la Carta Magna es el fundamento de la existencia de los grupos parlamentarios que constituyen la forma en que los partidos políticos expresan su corriente ideológica en la Cámara de Diputados. Asimismo, la disposición en comento remite a la Ley General para determinar las Formas y Procedimientos que habrán de regir a las Agrupaciones de los Diputados.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos para la constitución de las agrupaciones, respecto de los que destaca el relativo a que, en la primera sesión de la legislatura, cada grupo parlamentario entregará al secretario general el acta en que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación del nombre del mismo y la lista de sus integrantes.

En adición a lo anterior, el Reglamento de la Cámara de Diputados prevé que los grupos parlamentarios podrán ejercer sus derechos y observar sus obligaciones hasta el término de la legislatura en que fueron constituidos”.

Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, en los textos anteriores, tomados de la exposición de motivos de la iniciativa, se pueden advertir argumentos de autoridad, puesto que, para convencer sobre su propuesta y justificar su aprobación, los autores citan parte del contenido de dos artículos constitucionales, el 41 y el 70, expedidos por el Congreso de la Unión, como autoridad en la creación de leyes, en cuyo contenido se regula la forma en que habrá de renovarse el Poder Legislativo, así como la existencia de las agrupaciones conocidas como partidos políticos, materia sobre la cual versa el proyecto de decreto de la iniciativa.

Asimismo refiere la iniciativa, aunque de manera imprecisa, pues no menciona el número de artículos, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, ordenamientos expedidos también por la autoridad del Congreso de la Unión, cuyas disposiciones jurídicas regulan la integración de los grupos parlamentarios.

(Siguiente párrafo):

“De la interpretación de la normatividad descrita se advierte con claridad que  se encuentra regulado qué requisitos se deben cumplir para constituirse y se puede deducir cuándo se extinguen los grupos parlamentarios”;

En el párrafo anterior puede identificarse un argumento sistémico, puesto que busca dar una explicación de integralidad a su propuesta, a través de la referencia a otras normas que se relacionan entre sí, por virtud de su contenido y campo de aplicación. En la interpretación expuesta por los autores de la iniciativa, conjuntan y asocian tres normas que dan unidad, racionalidad, y coherencia a la regulación de los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Dentro de la justificación de la iniciativa, éste tipo de argumento se utiliza como apoyo al que da mayor peso, el argumento de autoridad arriba analizado.

(Continúa texto de la exposición de motivos):

“Sin embargo, existe un vacío legal en cuanto al momento en que pueden crearse ya que, contrario a lo que establece el Reglamento del Senado de la República, en el Reglamento de la Cámara baja no hay dispositivo legal que prohíba expresamente la constitución de un grupo parlamentario una vez iniciada la legislatura en la Cámara de Diputados”.

Si bien el razonamiento anterior se presenta como una afirmación lógica y razonable, además de contener una premisa correcta, su conclusión no resulta acertada. Desde el punto de vista de la autonomía de las cámaras, no puede considerarse que exista un vacío legal en el Reglamento de la Cámara de Diputados, solo porque el Reglamento del Senado contempla la disposición que alude. En realidad, no hay un dispositivo, manual o lineamientos que determinen cuáles deben ser los contenidos de los reglamentos internos del Congreso y mucho menos que éstos deban incorporar normas similares, sobre todo si se toma en cuenta la composición numérica y las facultades específicas en ambas cámaras.

(Último párrafo):

“En atención al principio de unidad que rige a toda la legislación del país, así como al hecho de que se debe buscar la democratización de los grupos parlamentarios conforme a lo que establece la Constitución federal es que, mediante esta iniciativa, se propone adicionar dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados para que tenga correspondencia con el diverso 27 del Reglamento del Senado de la República”.

Presenta como premisa correcta que “se debe buscar la democratización de los grupos parlamentarios”, pero no explica con claridad el en qué consiste el principio de unidad y por qué resulta conveniente “buscar la democratización de los grupos parlamentarios”.

IV. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias corresponde el conocer, analizar y dictaminar la iniciativa turnada, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b) y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: así como por los artículos 80, 82, 84, 85,158,167,176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ahora bien, esta dictaminadora después del análisis de la propuesta, contenida en el proyecto de decreto, considera pertinente señalar lo siguiente:

Consideramos fundamental destacar el papel que actualmente desempeñan los grupos parlamentarios, como factores de acción, acuerdos y toma de decisiones, al interior del Congreso. Frente al parlamentarismo decimonónico, en el que los representantes individuales eran factor primordial, mientras que las organizaciones políticas tenían una presencia débil y desdibujada, la situación de las cámaras actuales supone una inversión casi completa: de elementos adjetivos, estas organizaciones se han transformado en los pilares sustantivos del sistema. De esta forma, los verdaderos protagonistas del parlamentarismo de nuestro tiempo son estas fuerzas políticas organizadas.

Las dos leyes orgánicas expedidas por el Congreso para regular sus órganos, estructura y procedimientos internos, la primera en 1979, con reformas importantes en 1994 y la vigente de 1999, han contemplado la existencia de los grupos, reconociéndolos como entes en cuyas tareas, a través de la presentación de iniciativas y creación de consensos, descansa una parte sustantiva del quehacer legislativo. En estos esfuerzos legislativos ha quedado de manifiesto la intención de dotar de elementos indispensables para su desarrollo y permanencia. El proceso de modificación de estas normas nos muestra que ha sido a través de aproximaciones sucesivas como se han establecido los lineamientos adecuados para su regulación.

La composición actual por la que atraviesa el Congreso mexicano desde más de una década (1997) y, en el caso que nos ocupa, la Cámara de Diputados, nos lleva a afirmar que su estructura plural requiere de normas claras, coherentes y específicas para determinadas hipótesis, como es la integración o desaparición de los grupos parlamentarios, tal como ocurre en otros congresos del mundo, como en el caso español donde se ha optado por incorporar en una misma norma “Reglamento de los diputados”, el momento de conformación o desintegración de los grupos.

Si bien es cierto que no puede normarse cada acción realizada por los actores parlamentarios, también es real la conveniencia de regular de manera expresa aquello en donde puede presentarse controversia o diversas interpretaciones.

Si se toma en cuenta el principio de legalidad, queda claro que todas las actuaciones de los poderes públicos deben estar legitimadas y previstas por la ley, de modo que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, sólo pueden actuar allí donde la ley les concede potestades, en este caso por lo que respecta a la conformación de los grupos parlamentarios. Es decir, el principio de legalidad implica que la ley es el único mecanismo de atribución de potestades en el sentido de “lo que no está permitido para la autoridad, está prohibido”. De ahí la importancia de dejar claro el momento en el cual se pueden constituir estas agrupaciones.

Por lo que toca a la fundamentación de la iniciativa, se observa que el planteamiento final de la exposición de motivos pierde de vista el fin principal que persigue la iniciativa, que consiste en establecer de manera expresa el momento en el cual deberán constituirse los grupos parlamentarios, representados en la Cámara de Diputados, lo cierto es que en el desarrollo del planteamiento deja ver su pretensión, además de que el proyecto de decreto muestra con claridad el propósito.

En cuanto a la comparación con respecto al Reglamento de la Cámara de Senadores, es cierto que en dicho ordenamiento sí se contempla el supuesto de definir el momento en el cual se pueden constituir los grupos parlamentarios. No obstante la falta de obligatoriedad para que ambas normas tengan iguales preceptos, en este caso específico, se considera procedente incorporar en el Reglamento de la Cámara de Diputados tal disposición, por considerarla complementaria y razonable, con respecto a las normas ya existentes para este tema.

El presente dictamen pretende, además de considerar pertinente la iniciativa, hacer las siguientes adecuaciones a la propuesta de decreto sugerida por la iniciativa:

– Aclarar el contenido del proyecto de decreto, para no dejar dudas respecto de la reforma.

– Acortar los párrafos, tomando en cuenta la referencia de los nombres propios que mencionan los artículos 2o. y 3o. del Reglamento, en cuanto a convenciones, definiciones y voces, para no repetir leyendas completas.

– Modificar el verbo “informa” -en tiempo presente- por “informará” en tiempo futuro que expresa con mayor claridad el sentido imperativo del mandato.

– Presentar, con una mejor estructura gramatical los textos, que faciliten su interpretación y no rompan con el estilo original del Reglamento.

Por todo lo anterior la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considera procedente la iniciativa de adición de dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de que en la primera sesión ordinaria de las cámaras, luego de su instalación, se declare la constitución de los grupos parlamentarios, y que éstos no puedan integrarse después de haberse formulado tal declaratoria.

V. Texto normativo y Régimen transitorio

Por lo antes expuesto la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de decreto que adiciona dos numerales al artículo 24, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adicionan dos numerales al artículo 24, del Reglamento de la Cámara de Diputados y se recorre el texto de los actuales numerales 1, 2 y 3, del propio artículo, para quedar como sigue:

Artículo 24.

1. En la primera sesión ordinaria de la legislatura, el Presidente hará la declaratoria de constitución de los grupos e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún grupo.

2. Una vez que el Presidente haya realizado la declaratoria, prevista en el numeral anterior, no se podrán integrar nuevos grupos por el resto de la legislatura.

3. En el desarrollo de sus tareas administrativas, los grupos observarán las disposiciones normativas aprobadas por el Pleno.

4. El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá hasta el término de la legislatura en la que fueron constituidos.

5. La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un grupo deje de tener representación en la Cámara.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 SANTAOLALLA Fernando. Derecho parlamentario Español. Espasa-Calpe.Madrid. 1990. Pág 139.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Roberto López Suárez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo  Medina Filigrana, Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal (rúbrica, abstención) Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se le concede el uso de la tribuna al diputado Marcos Aguilar Vega, hasta por tres minutos para posicionar. Adelante, diputado.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Uno de los principales temas que ocupan hoy en día los conocedores del derecho parlamentario en el mundo, es el de la representación política y parlamentaria. ¿A quién representan los legisladores en realidad? Se preguntan, ¿a la ideología de los partidos políticos que los promueven? ¿A la agenda de los grupos parlamentarios que se conforman durante el ejercicio de su encargo? O, ¿A los ciudadanos y sus demandas de manera directa? Estas interrogantes se encuentran en constante análisis y debate en el ámbito académico.

Aquí, en este espacio, donde nos encontramos gracias al voto de los ciudadanos, sabemos que ellos nos piden cuentas respecto a las propuestas con las cuales les pedimos su apoyo. Nos cuestionan sobre las posturas de nuestros grupos a favor o en contra de los temas que aquí se discuten.

A ellos, a los ciudadanos es a quienes debemos rendir cuentas en todo momento, por las actividades que realizamos. En el fondo, éste es el verdadero sentido de la representación.

Actualmente, en los sistemas representativos, los partidos políticos vienen a ser los instrumentos de manifestación de la voluntad popular. En este sentido, consideramos fundamental destacar el papel que actualmente desempeñan los grupos parlamentarios como factores de acción, acuerdos y toma de decisiones al interior del Congreso.

Las dos leyes orgánicas expedidas por el Congreso para regular sus órganos, estructura y procedimientos internos, la primera en 1979, con reformas importantes en 1994 y la vigente de 1999, han contemplado la existencia de los grupos, reconociéndolos como entes en cuyas tareas, a través de la presentación de iniciativas y creación de consensos descansa una parte sustantiva del quehacer legislativo. En estos esfuerzos legislativos ha quedado de manifiesto la intención de dotar de elementos indispensables para su desarrollo y permanencia.

El proceso de modificación de estas normas nos muestra que ha sido a través de aproximaciones sucesivas como se han establecido los lineamientos adecuados para su regulación.

La composición actual por la que atraviesa el Congreso Mexicano desde hace más de una década, y en el caso que nos ocupa, la Cámara de Diputados, nos lleva a afirmar que su estructura plural requiere de normas claras, coherentes y específicas para determinadas hipótesis, como es la integración o desaparición de los grupos parlamentarios, tal como ocurre en otros congresos del mundo.

Como en el caso español, donde se ha optado por incorporar en una misma norma el reglamento de los diputados, el momento de conformación o desintegración de los grupos.

Si bien es cierto que no puede normarse cada acción realizada por los actores parlamentarios, también es real la conveniencia de regular de manera expresa aquello en donde puede presentarse controversia o diversas interpretaciones. Sobre todo, si se toma en cuenta, como es el caso, que lo importante es contribuir a una representación parlamentaria que dé certeza al voto ciudadano.

Si se toma en cuenta el principio de legalidad, queda claro que todas las actuaciones de los poderes públicos deben estar legitimadas y previstas por la ley. De modo que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados solo pueden actuar ahí, donde la ley les concede potestades.

En este caso, por lo que respecta a la conformación de los grupos parlamentarios. Es decir, el principio de legalidad implica que la ley es el único mecanismo de atribución de potestades, en el sentido de lo que no está permitido por la autoridad, está prohibido; de ahí la importancia de dejar claro el momento en el cual se pueden constituir estas agrupaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, en nombre de los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, me permito solicitar su voto a favor del dictamen que he presentado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Marcos Aguilar. Está a discusión en lo general y en lo particular.

Antes de conceder el uso de la palabra, esta Presidencia saluda a alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, estado de México. Invitados por la diputada Shantall Zepeda Escobar. Bienvenidos.

Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos para hablar en contra, a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de Agrupación Morena.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras, compañeros legisladores. Los derechos, como se acaba de decir, no es solamente un debate académico, es una cuestión ya resuelta por instrumentos internacionales que forman parte de nuestra ley suprema y que conforme al artículo 133 de la Constitución y al primero constitucional, tienen los derechos humanos la misma jerarquía que las demás normas de nuestro sistema jurídico y sobre todo la jerarquía igual a la de la Constitución.

Los derechos políticos se encuentran consignados en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, México ha signado ambos instrumentos y se otorgan a los ciudadanos, a los ciudadanos –subrayo– no a los partidos.

En el artículo 25 se establece que deberá garantizarse un recurso jurídico efectivo y eficiente para que se haga una realidad o se respete este derecho, los derechos políticos. Ahora bien, nuestra Constitución y los tratados internacionales, lo que tratan de garantizar y que no se ha hecho realidad hasta el momento, son los derechos políticos tanto de los representados, es decir, de los que son electos, como de los ciudadanos que votan a favor de los que decían que cumplen esa función para la cual fueron elegidos.

En el caso concreto incluso tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Castañeda Gutman, a partir del cual nos vimos en la necesidad –el Estado mexicano– para cumplir con esa sentencia de reformar nuestra legislación en cuanto a las candidaturas independientes.

Por todas estas consideraciones, en razón de la normatividad que nos rige, el limitar los derechos de las agrupaciones como es el caso concreto sería Morena o cualquiera otra subsecuente, es violentar los derechos políticos. Estamos representando a los electores y una legislación como el dictamen que se pretende aprobar está precisamente vulnerando los derechos políticos.

Los electores nos eligen para representarlos a través de un partido o de una agrupación y en el caso de Morena nos sumamos a una agrupación como Morena porque es la única manera de que diputados independientes y libres podamos representar a nuestros electores.

Por las consideraciones antes vertidas, el Grupo de Morena votará en contra. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes del Centro Universitario Hidalguense, invitados por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales. Bienvenidos.

Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por tres minutos para hablar en pro.

La diputada Cristina González Cruz:Con su venia, presidente e integrantes de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Cristina González Cruz: Compañeras y compañeros legisladores. La posibilidad de construir y mantener la gobernabilidad en las democracias modernas se asienta en un delicado equilibrio para armonizar la complejidad y estabilidad, los entornos de la contienda por el poder político en las etapas de campaña y elección y para su ejercicio en la formación de los aparatos de gobierno, revisten gran complejidad en razón de la alta competitividad del sistema político.

La evolución de la ciudadanía, las demandas de participación de nuevos grupos y actores políticos, el crecimiento de las agendas de debate público, la dispersión de intereses, la heterogeneidad de los liderazgos sociales, de sus objetivos y visiones y la diversidad de los formatos de comunicación, por mencionar algunos, son elementos que multiplican los núcleos de atención en el sistema democrático mexicano y presentan desafíos para incorporarse institucionalmente en todas sus etapas y manifestaciones, sin comprometer las condiciones fundamentales para el ejercicio de gobierno.

En años recientes hemos logrado generar dispositivos que acogen la pluralidad y la diversidad política en la etapa de contienda y elección. El instrumental normativo, electoral y político se ha ampliado con nuevos dispositivos y figuras como las candidaturas independientes y la reelección legislativa.

En la etapa de ejercicio son necesarios también nuevos mecanismos que atiendan la complejidad política de nuestros tiempos y aseguren condiciones indispensables para el adecuado funcionamiento institucional que son: estabilidad, parámetros comunes y un sistema de certezas mutuas.

En el Legislativo, desde luego, como uno de los tres poderes en que éste se divide para su ejercicio, son necesarios estos mecanismos. El papel de los Congresos y poderes legislativos en las democracias modernas sigue siendo de central importancia, como los partidos políticos en la vida política en tanto medios fundamentales para la participación, la representación y el acceso al ejercicio del poder público.

La Cámara de Diputados, como el Congreso en su conjunto, atiende este principio político y se organiza para ejercer y responder por sus responsabilidades en grupos parlamentarios que se corresponden con el resultado de las elecciones que se hacen a favor de una opción política específica con reglas de distribución claras.

Como ya se ha explicado, la legislación vigente de la Cámara de Diputados tiene un vacío legal al no existir disposición que prohíba expresamente la constitución de un grupo parlamentario una vez iniciada la legislatura en la Cámara de Diputados, lo cual ha dejado sin mecanismos de resolución el problema que surge cuando en la fase de ejercicio, habiendo sido realizada la elección, los legisladores optan por cambiar el programa ideológico y político a través del cual accedieron a un espacio de representación.

En este sentido, la modificación planteada que surge de la atinada iniciativa suscrita por diversos diputados y los coordinadores de los grupos parlamentarios, y por supuesto suscribimos, resuelve este problema haciendo prevalecer ante cualquier otra consideración una adecuada interpretación al derecho de generar nuevas opciones políticas, haciendo valer que ésta es una prerrogativa del ciudadano, y no una facultad de sus representantes.

Se trata de respetar y proteger el sentido de la expresión ciudadana manifiesta en la elección, desde el momento fundacional de esta Cámara de Diputados, desde la integración del poder público, a cuyo cargo recae la representación popular y la función legislativa.

Se trata de honrar que fue uno y no otro el sentido del voto de los ciudadanos, que la adscripción por la que son políticamente responsables los representantes populares, se ejercerá conforme al mandato popular vertido a favor de un partido político, y no conforme a la elección personal de un grupo de legisladores, presiones o intereses ajenos al de sus electores.

Concluyo, presidente, nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, estamos a favor de esta iniciativa, y con ello generamos un dispositivo que atiende al imperativo democrático de impulsar y sostener la lealtad del electorado.

Por esa razón expresamos, sobre todo, nuestra lealtad, honrar ante todo el voto de los ciudadanos. Es ahí el sentido y, por supuesto, la forma y la esencia de esta iniciativa. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar una modificación también en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Por más vueltas que le den, es una reforma anticonstitucional y que busca fortalecer la partidocracia, y ustedes, diputados del PRI y del PAN, porque son los que generan, realmente el PRI, no pueden actuar en contra de principios y derechos constitucionales.

Es una lástima que como aquí el PRI se subió a decirlo, esta propuesta de iniciativa, que da pauta a la reforma, provenga de la Junta de Coordinación Política y la hayan suscrito los coordinadores.

¿Dónde queda el discurso democrático? ¿Cuál es el objeto de esta reforma? Coartar la libertad de legisladoras y legisladores en el pleno ejercicio de su derecho de asociación, es una propuesta regresiva que atenta a los principios contenidos en el artículo 1o de la Constitución en materia de derechos humanos que obliga a todas las autoridades, entre las cuales está el pleno de esta Cámara, para que en su competencia promueva, respete, proteja y garantice derechos humanos, de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Tal vez, para que aprendan un poco los diputados que en estos tres años nada más vinieron a sentarse y a levantar el dedo –bueno, ya no digital, de meter el dedito ahí–, deberían saber que el artículo 9 de la Constitución da el derecho a la libre asociación, el cual determina que no se puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.

Deberían saber que el 6o. constitucional da claramente que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y que el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado.

Y más aún el 7o. declara que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, no se puede restringir este derecho por vías directas o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares.

Ya la diputada Loretta ampliamente explicó la violación en materia de derecho internacional, nada más lo que les tengo que decir es que no hay consistencia y congruencia en la propuesta en su relación con principios democráticos del Estado de derecho.

Este pleno de la Cámara está obligada a garantizar la libertad de asociación, expresión y manifestación de ideas de sus miembros, atendiendo –reitero– progresividad y universalidad de los derechos humanos. No coloquen, como pretenden, una mordaza a los diputados y a las diputadas de las nuevas Legislaturas.

No le tengan miedo a la integración de minorías que puedan disentir de los grupos hegemónicos en cualquier grupo parlamentario, que es lo que pretenden ustedes aquí hacer, controlar, fortalecer a la partidocracia, a los poquitos del Pacto contra México que pretenden perpetuarse en el poder.

La propuesta es una ley mordaza que violenta el derecho de las minorías y atenta contra la dignidad de las personas y contra la política que construye, que consensa, que tolera. No fomenten la imposición, el control y la subordinación de los miembros de esta Cámara o de cualquier grupo parlamentario.

Es una cuestión de principios y sabemos que eso en el PRI, en el PAN, lo lamento por los del PRD, que ahí los andan siguiendo en todos sus asuntos del Pacto contra México, porque ya los tienen también bien agarraditos a los del PRD, ya no hablo de los otros achichincles que traen ya desde antes, como los del Verde...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Y los del Panal. Pero deberían de verdad tener tantita dignidad y respetar la Constitución Mexicana, y no ser tapaderas de los de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Toda vez que no presentó su modificación, pasaremos a concederle el uso de la palabra al diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para hablar en pro, hasta por tres minutos.

Esta Presidencia saluda al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 115, del estado de Querétaro, invitados por la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves. Bienvenidos. Adelante, diputado. Tiene usted el uso de la tribuna.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. La facultad reglamentaria ha adquirido en los últimos años una gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico. En este tenor –coincidiendo con el doctor Miguel Carbonell– la importancia de estudiar la facultad reglamentaria resulta obvia si se piensa en la expansión que tanto, cuantitativa como cualitativamente ha tenido en los últimos años.

Cada vez más las leyes se van quedando como las normas que contienen los grandes principios, las decisiones generales sobre determinada materia y los reglamentos son los que recogen las reglas prácticas, las que se aplican de manera inmediata al ciudadano.

Del total de normas que conforman el ordenamiento, un gran porcentaje son de tipo reglamentario, de modo que conocer cómo se producen y a qué límites deben sujetarse tantas y tan importantes normas, resulta de mayor interés para los juristas mexicanos.

En este orden de ideas, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 24 de nuestro Reglamento. La iniciativa propone establecer de manera expresa a través de la adición de dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que sólo al inicio de cada legislatura podrán constituirse los grupos parlamentarios, como lo refieren los autores de la misma y que cito de forma textual.

Desde diverso aspecto, el artículo 70 de nuestra Carta Magna es el fundamento de la existencia de los grupos parlamentarios que constituyen la forma en que los partidos políticos expresan su corriente ideológica en la Cámara de Diputados. Asimismo, la disposición en comento remite a la Ley General para determinar las formas y procedimientos que habrán de regir a las agrupaciones de los diputados.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos para la constitución de las agrupaciones respecto de los que destaca el relativo a que, en la primera sesión de la legislatura, cada grupo parlamentario entregará al secretario general el acta que consta la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación del nombre del mismo y la lista de sus integrantes.

En adición a lo anterior, el Reglamento de la Cámara de Diputados prevé que los grupos parlamentarios podrán ejercer sus derechos y observar sus obligaciones hasta el término de la Legislatura en que fueron constituidos.

De la interpretación de la normatividad descrita se advierte con claridad que se encuentra regulado qué requisitos deben cumplir para constituirse y se puede deducir cuando se extinguen los grupos parlamentarios. Sin embargo, existe un vacío legal en cuanto al momento en que puedan crearse, ya que al contrario a lo que establece el Reglamento del Senado de la República, en el Reglamento de la Cámara baja no hay dispositivo legal que prohíba expresamente la constitución de un grupo parlamentario una vez iniciada la legislatura en la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de la importancia de este dictamen y apoyaremos en todos y cada uno de ellos el mismo.

Pero señalar también quienes han posicionado anterior a su servidor en contra de este dictamen, creo que el haber pertenecido a una Facultad de Derecho les pasó de noche, porque en ningún momento hay violación a la Constitución. Y si recordarán que por cortesía parlamentaria se les diera ese reconocimiento a una agrupación no establecida en la ley ni en el Reglamento de la Cámara de Diputados y que ahora pretendan también que en la Comisión Permanente se les reconozca, cuando ni siquiera como partido político estaba dado el registro en el Instituto Federal Electoral en su momento.

Ahora por esa cortesía se le reconoció pertenecer a una agrupación, pero aquí no existe como tal como partido político y en ningún momento se les han violentado sus derechos, porque participan, votan en cada una de las decisiones como su partido político por el que fueron electos en el año 2012 de nuestra Cámara de Diputados.

Y sí me equivoco también como ustedes, señores, creo que también, pero en ningún momento se violenta la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y pretendan favorecerse ahora por disposición de ustedes y violentar ustedes la ley para que se reconozcan como una agrupación. Es cuanto, señores, muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Muy lamentablemente este dictamen se estuvo posponiendo desde hace varias semanas y precisamente el día de hoy cuando no hay posicionamientos de partidos, cuando ya nada más limitan el derecho de expresión de los diputados, es cuando los suben a tribuna, cuando lo ponen, según ustedes, a discusión.

Éste es un dictamen que una vez más llega por el pacto que inundó a esta Cámara de Diputados, el Pacto por México. Este dictamen es el resultado real que va en contra de los diputados que piensan diferente, a los diputados que se han mantenido congruentes en todo momento.

Porque seamos sinceros, aquí y allá afuera, en todo momento, sabían cuál era la ideología política de estos diputados que hoy integran la agrupación Morena. A nadie engañaron y tanto que es incongruente lo que están haciendo, porque hace apenas en febrero ustedes mismos aprobaron que esta agrupación ahora se conformara.

Este dictamen beneficia exclusivamente a los dirigentes nacionales de los partidos políticos, ellos siempre fueron congruentes, y me refiero a los diputados de Morena. Ustedes, ustedes diputados, sí engañaron a los ciudadanos, al aprobar tantas reformas que van a perjudicar a los mexicanos.

A mí me queda una duda y que aquí no se ha dicho ni hablando nada al respecto. La agrupación política de Morena no recibe ningún tipo de subvención, entonces díganme, ¿dónde queda esa subvención? ¿Qué grupo parlamentario lo tiene? ¿En dónde está? ¿Quién se lo gasta? ¿Cómo está distribuido? ¿Quién lo tiene?

El votar a favor de este dictamen no es lealtad a su partido político. A los que voten a favor de este dictamen se le llama sumisión, se le llama cobardía, y sí sumisión pero a su dirigencia nacional.

Con su voto a favor traicionarán a los mexicanos, pero quedarán muy bien con su dirigente de partido. Espero que los mexicanos, el próximo 7 de junio lo puedan tomar en cuenta. Porque aquí hay muchos, muchos candidatos. Ni ustedes mismos verán el resultado de su voto a favor el día de hoy. Cuánto les van a pagar por esta reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Nidia Saavedra Pérez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Antes, diputada, si me permite, quiero saludar a alumnos de la escuela Lázaro Cárdenas, de San Pedro Cholula, Puebla, invitados por la diputada Roxana Luna Porquillo. Bienvenidos.

La diputada Nidia Saavedra Pérez:Con la anuencia de la Presidencia. Los grupos parlamentarios constituyen hoy en día uno de los pilares de la democracia moderna en cualquier país libre a través del ejercicio del derecho parlamentario.

Como apuntaba Lafontain, “cualquier poder que no se base en la unión será débil”. Esto es aplicable al Poder Legislativo, el cual representa la pluralidad de nuestra nación, expresada a través de los grupos parlamentarios. Diversas ideologías, corrientes y formas de pensar que se aglomeran en grupos políticos.

Por ello, consideramos que la iniciativa dictaminada que hoy se discute en este pleno resulta importante.

La iniciativa referida propone establecer, de manera expresa, a través de la adición de dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que solo al inicio de cada legislatura podrán constituirse los grupos parlamentarios.

El proponente señala que existe un vacío legal en cuanto al momento en que puedan crearse, ya que contrario a lo que establece el Reglamento del Senado de la República, en el Reglamento de la cámara baja no hay un dispositivo que prohíba expresamente la constitución de un grupo parlamentario una vez iniciada la legislatura en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, como señala el dictamen, si bien es cierto que el Reglamento del Senado contiene dicha disposición y el de esta Cámara no, también lo es que no significa un vacío legal.

De hecho, los reglamentos de las cámaras no son iguales, pero no tendrían por qué serlo, ya que constituyen órganos de distinta naturaleza.

Aunque no existe tal vacío legal, sí resulta necesario que la estructura plural de los grupos parlamentarios cuenta con normas claras, coherentes y específicas para su ejercicio, como lo es la integración o desaparición de grupos parlamentarios.

Por lo anterior, consideramos procedente la iniciativa de adición de dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de que durante la primera sesión ordinaria de las Cámaras, luego de su instalación, se declare la constitución de los grupos parlamentarios y que estos no puedan integrarse después de haberse formulado dicha declaratoria.

En el Partido Acción Nacional, nos pronunciamos a favor de las reformas e iniciativas que permitan el ejercicio de la democracia y las libertades del hombre en un marco de respeto, tolerancia, orden y justicia.

Es por todo lo anterior que votaremos a favor de la iniciativa que hoy se discute. Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Intervención de la diputada Nidia Saavedra Pérez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Con la anuencia de la Presidencia.

Los grupos parlamentarios constituyen hoy en día uno de los pilares de la democracia moderna en cualquier país libre a través del ejercicio del derecho parlamentario.

Como apuntaba La Fontaine, cualquier poder que no se base en la unión será débil. Esto es aplicable al Poder Legislativo, el cual representa la pluralidad de nuestra nación expresada a través de los grupos parlamentarios; diversas ideologías, corrientes y formas de pensar que se aglomera en grupos políticos.

Por ello, consideramos que la iniciativa dictaminada que hoy se discute en este Pleno resulta importante.

La iniciativa referida propone establecer de manera expresa, a través de la adición de dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que sólo al inicio de cada Legislatura podrán constituirse los grupos parlamentarios.

El proponente señala que: “existe un vacío legal en cuanto al momento en que pueden crearse, ya que, contrario a lo que establece el Reglamento del Senado de la República”, en el Reglamento de la Cámara baja no hay un dispositivo legal que prohíba expresamente la constitución de un grupo parlamentario una vez iniciada la Legislatura en la Cámara de Diputados”.

Sin embargo, como lo señala el dictamen, si bien es cierto que el Reglamento del Senado contiene dicha disposición y el de ésta Cámara no, también lo es que eso no significa un vacío legal. De hecho, los reglamentos de las cámaras no son iguales, pero no tendrían por qué serlo, ya que constituyen órganos de distinta naturaleza.

Aunque no existe tal vacío legal, sí resulta necesario que la estructura plural de los grupos parlamentarios cuente con normas claras, coherentes y específicas para su ejercicio, como lo es la integración o desaparición de grupos parlamentarios.

Por lo anterior, consideramos procedente la iniciativa de adición de dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de que durante la primera sesión ordinaria de las cámaras, luego de su instalación, se declare la constitución de los grupos parlamentarios, y que éstos no puedan integrarse después de haberse formulado dicha declaratoria.

En el Partido Acción Nacional, nos pronunciamos a favor de las reformas e iniciativas que permitan el ejercicio de la democracia y las libertades del hombre en un marco de respeto, tolerancia, orden y justicia.

Es por todo lo anterior, que votaremos a favor de la iniciativa que hoy se discute.

Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

México, DF, a 28 de abril de 2015.— Diputada Nidia Saavedra Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a alumnos con los mejores promedios, de la Escuela Secundaria y Bachillerato de Santa Isabel Cholula, Puebla, acompañados por el licenciado Albino Espinoza Pantle, presidente municipal de Santa Isabel Cholula, estado de Puebla. Invitados por la diputada María del Rocío García Olmedo. Bienvenidos.

Como lo solicito la diputada Nidia Saavedra Pérez, su participación se incorpora íntegra en el Diario de los Debates, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, para presentar una modificación al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Adelante, diputado. Es para una modificación que presentó por escrito. Adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Ni uno más. Miren, al paso que va la Cámara, y voy a hablar de mi propuesta de moción. Si fuera por los diputados aquí presentes –del PRI– nada más falta que legislen la desaparición del Congreso. Ya nada más eso falta. Yo creo que eso es en el fondo lo que desearían. Ya nada más recibir en su cuenta de banco su chequezote, su salario y dejar que todo lo haga como quiera Peña Nieto.

Miren, la propuesta que presenta el Morena, es ya reconociendo que van a imponer una violación a la Constitución, es que en el segundo párrafo, en el segundo numeral se le agregue: Sólo se podrán conformar nuevos grupos parlamentarios de diputados afiliados a aquéllos partidos políticos que hayan alcanzado su registro inclusive durante el ejercicio de la Legislatura.

Eso es lo que pasó con el Morena. El Morena fue a la elección federal en una alianza con los partidos –obviamente no hay reconocimiento a las asociaciones civiles– y a bien para la historia de este país y de los mexicanos, los militantes del Morena decidieron constituir el partido político que la partidocracia de lo que luego se convirtió el pacto contra México, cerró. Porque ustedes saben que para conformar un nuevo partido político casi tiene que venir el Papa del Vaticano a bendecirlos por todos los requisitos que imposibilitan la construcción democrática.

De no ser por la fuerza de la militancia del Morena obviamente estaría cerrada la posibilidad a transformar este país por la vía electoral, por la vía pacífica, como va a suceder tarde que temprano. Seguramente eso es lo que los tiene incómodos, lo que los tiene nerviosos a los del PRI y de paso a los del PAN. De los otros mejor ni hablar.

Los tiene nerviosos obviamente porque la gente se ha dado cuenta de lo que ustedes han hecho en esta Cámara con estas actitudes de violentar la Constitución, de aprobar leyes en contra del pueblo de México, de poner al límite de la esclavitud a los mexicanos y mexicanas. Porque de no ser ustedes por el régimen de corrupción, de privilegios con los que convive el mexicano de a pie, el que los repudia en la calle, casi está a punto de la esclavitud por un mal y mísero salario que provocaron las reformas que ustedes generaron.

Ojalá, pero ya sé que no va a suceder el milagro; sé que van a votar en contra porque además traen la consigna de poner –culmino– esta coronilla de lo que ustedes están votando para fortalecer la antidemocracia en este país Qué vergüenza de diputados.

«Reserva a las adiciones al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Diputado Alfonso Durazo Montaño integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de la agrupación de diputados afiliados a Morena, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta Honorable Asamblea, la siguiente reserva a las adiciones al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

Único.Se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

Artículo 24.

1. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el Presidente hará la declaratoria de constitución de los grupos e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún grupo.

2. Una vez que el Presidente haya realizado la declaratoria, prevista en el numeral anterior, sólo se podrán conformar nuevos grupos parlamentarios de diputados afiliados a aquellos partidos políticos que hayan alcanzado su registro inclusive durante el ejercicio de la Legislatura.

3. ...

4. ...

5. ...

Texto de dictamen

Artículo 24.

1. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el Presidente hará la declaratoria de constitución de los grupos e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún grupo.

2. Una vez que el Presidente haya realizado la declaratoria, prevista en el numeral anterior, no se podrán integrar nuevos grupos por el resto de la Legislatura.

3. ...

4. ...

5. ...

Texto propuesto:

Artículo 24.

1. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el Presidente hará la declaratoria de constitución de los grupos e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún grupo.

2. Una vez que el Presidente haya realizado la declaratoria, prevista en el numeral anterior, sólo se podrán conformar nuevos grupos parlamentarios de diputados afiliados a aquellos partidos políticos que hayan alcanzado su registro inclusive durante el ejercicio de la Legislatura.

3. ...

4. ...

5. ...

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril de 2015.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia se desecha. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia informa a la asamblea que solamente se recibirán los votos electrónicos, por lo que la Secretaría no tomará en cuenta los votos de viva voz. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia saluda a estudiantes del colegio Carl Rogers y ciudadanos de Querétaro invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidos.

Ciérrese el sistema.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 330 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 330 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Está pidiendo la palabra desde su curul la diputada Dora María Talamante Lemas. Diputada Talamante, adelante.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero hacer uso de la palabra para pronunciarme en relación a las decisiones que se toman en la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, donde muchos jóvenes deportistas sufren injusticias en el proceso de selección para representar a nuestro estado en sus respectivos deportes.

En este caso me refiero específicamente al caso de Jesús Eliseo, menor, originario de Caborca, Sonora, quien después de tener una participación destacada en el Pre Nacional y ser ratificado integrante de la selección Sonora de basquetbol, categoría 98, para asistir a la Olimpiada Nacional 2015, a efectuarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, recibió un mensaje en su teléfono informándole que siempre no, que otro jugador asistiría en su lugar.

Cómo es posible que le pongan a un chico, a un joven de 16 años, apelando a tu madurez de joven decidimos informarle que esta decisión de esta magnitud, que va otra persona y lo hagan no por la vía correcta. Es un menor de edad, sus papás se merecen una explicación, los estudiantes de otros municipios que quieren representar al estado de Sonora merecen la oportunidad.

Hago un llamado al Gobierno del Estado de Sonora y a la Codeson a que garanticen que el proceso de selección para representar a nuestro estado se base únicamente en los méritos de cada deportista y en la legalidad, no en favoritismos ni contactos. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. Queda en el Diario de los Debates su intervención.

CODIGO CIVIL FEDERAL, DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal, y 389 Bis de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 81 numeral 2, 85, 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “ Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “ Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “ Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el día catorce de octubre de dos mil catorce de la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla para reformar los artículos 55 del Código Civil Federal y 230 del Código Penal Federal.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona que proteger el interés superior de la niñez implica defender su derecho a la identidad, dar certeza jurídica a dicho precepto y garantizar que el Estado mexicano proteja ese bien jurídico que posibilita el acceso a diversos derechos que otorgan los estados integrantes de la federación, a través de la implementación de políticas públicas y de sus marcos normativos.

Se señala que en la actualidad, es inadmisible negarle el derecho a la identidad a un menor, toda vez que se vulnera el acceso a los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano. Sin embargo, en pleno siglo XXI este problema no ha sido del todo superado, dado que existen diversos factores que continúan poniendo en riesgo al menor, y en el tema que nos ocupa, también se afecta a las personas de escasos recursos, lo que coloca a ambos segmentos poblacionales en situación de desventaja social por no contar con los medios económicos y de acceso a la justicia que les permitan revertir las situaciones de alta vulnerabilidad que por su condición de pobreza y marginación enfrentan.

Se refiere que la retención de documentos, como parte del cumplimiento en el pago de una contraprestación económica por haber recibido el servicio de parto en una institución pública o privada no es un hecho aislado, es una práctica que se presenta reiteradamente, ya que en el caso de las instituciones privadas de atención a la salud, dentro de los contratos que emiten las instituciones privadas de atención a la salud con los particulares, se establecen cláusulas donde se condiciona la entrega del Certificado de Nacimiento, que de acuerdo a lo que indica la Ley General de Salud, las instituciones de salud pública y privada están obligadas a emitir con la finalidad de que se pueda tramitar posteriormente ante la autoridad civil competente, el Acta de Nacimiento durante los primeros 6 meses de vida, posibilitando que su registro no sea de forma extemporánea.

Se menciona que este hecho no puede pasar desapercibido, a razón de que se vulnera el derecho a la identidad del recién nacido, afectando su desarrollo psicosocial y humano, además de convertirse en una limitante para acceder a otros derechos civiles y humanos entre los que destacan el derecho a la educación. Cabe mencionar que la retención del Certificado de Nacimiento es una práctica llevada a cabo por las instituciones de salud privadas, como forma de presión ejercida hacia sus pacientes con la finalidad de que se finiquite el pago del servicio de parto prestado, vulnerando sus derechos humanos toda vez que se privilegia el interés económico sobre el interés público. Esta situación llama la atención del Estado mexicano, quien a través del Poder Legislativo, tiene la capacidad de revertir esta práctica, dado que el sancionar la retención o condicionamiento de la entrega de documentos mediante los instrumentos civiles y penales que permitan el registro del menor ante la autoridad civil competente, no exime del cumplimiento en el pago por parte de los que reciben el servicio de parto en alguna institución pública o privada, toda vez que se puede garantizar con los instrumentos jurídicos en materia mercantil ya existentes, el cumplimiento del mismo.

Se señala que es pertinente destacar los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional e internacional para garantizar la certeza jurídica en materia de identidad, y en este caso el cumplimiento que le da el Estado mexicano a los compromisos establecidos en acuerdos y tratados internacionales con la reciente votación del 13 de marzo de 2014 en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se aprobó por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, la minuta enviada por la Cámara de Senadores, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el derecho de los niños y las niñas a la identidad siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer.

Se indica que aún quedan muchos esfuerzos por hacer para garantizar el interés superior de la niñez, pues a pesar de que la reforma constitucional impone obligaciones para que toda la legislación secundaria sea adaptada a las nuevos derechos de los que gozan todos los recién nacidos para ser registrados de forma inmediata, sin que medie ninguna condición de tipo económico para el goce y disfrute de ese derecho, se deben de adecuar los instrumentos jurídicos en materia civil y penal.

Se refiere que es tarea de los representantes en el Poder Legislativo federal el realizar esfuerzos por adecuar los marcos jurídicos en nuestro país para que las reformas realizadas en materia del derecho a la identidad en un contexto pleno e integral, adquieran un carácter que garantice que los niños y niñas nacidos en nuestro país cuenten con elementos para que su registro de nacimiento sea pronto y expedito, lo cual posibilitará y garantizará los derechos que, como persona y como mexicano, se adquieren desde el nacimiento.

Señala que se abatiría el registro tardío que, de acuerdo a la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dentro de la segunda Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento, del 20 de noviembre del 2011, aún presenta cifras alarmantes en la región latinoamericana, pues de acuerdo con datos arrojados en esa misma conferencia, existe 18 por ciento de niñas y niños menores de 5 años no registrados, ubicados en áreas rurales, en comparación con 8 por ciento de los que viven en áreas urbanas.

Precisa que además de los argumentos retomados de la Unicef, que evidencian un problema grave en materia de subregistro, se denota la existencia de una cifra oculta de los nacimientos no registrados por falta de recursos económicos o por desconocimiento del proceso del trámite y de los derechos que garantiza el estado hacia el menor. De acuerdo a lo que se establece dentro de la exposición de motivos que fundamentó la minuta del proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. constitucional proveniente de la Cámara de Senadores y de la minuta enviada por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, se describen los marcos normativos nacionales e internacionales como mecanismos que deben incidir en la protección de los derechos del menor, es por esto y en concordancia con la reforma constitucional realizada que se deben establecer sanciones tanto en materia civil como penal, a las personas que condicionen el derecho a la identidad de un recién nacido o de una persona, como pago a una contraprestación recibida.

Indica que en materia del derecho internacional, en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, podemos encontrar la Convención Americana de Derechos Humanos, que dentro de sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, establece el reconocimiento a la personalidad jurídica del individuo; asimismo en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24, numeral 2, a la letra dice:

Artículo 24

[...]

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

[...]

Menciona que, dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 8, el reconocimiento y la protección del derecho a la identidad de los niños, así como de los derechos que se derivan del mismo. En el caso de México, la Constitución política dentro del párrafo octavo, noveno y décimo del artículo cuarto constitucional, se establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”

Refiere que, dentro de la legislación ordinaria tenemos que en el artículo 22 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo que a la letra dice:

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.”

Señala que en nuestro país tanto el Código Civil Federal, así como la Ley General de Salud y su reglamento, establecen los elementos que deben ser cubiertos por parte de los padres o tutores de un menor con la finalidad de llevar a cabo el registro del recién nacido o del menor en el registro civil correspondiente, destacando entre estos ordenamientos el Certificado de Nacimiento, que cuenta con características específicas que establecen los marcos normativos a nivel federal, y que deben ser cubiertos por el médico o autoridades correspondientes dentro de las instituciones de salud pública y privada, así como por quien entera del nacimiento a la autoridad pertinente. Asimismo, dentro del Código Civil Federal se establece en el capítulo segundo de las actas de nacimiento, las distintas medidas por las cuales se fundamenta el procedimiento para el registro del nacimiento que garantizan el cumplimiento del art. 4 Constitucional, en relación a la obligatoriedad para que las autoridades de la institución de salud den aviso del nacimiento al Juez del Registro Civil y expidan el Certificado de Nacimiento, y con ello del consecuente registro del recién nacido; por tal motivo se observa dentro del artículo 54 y 55 del Código Civil Federal lo relativo al nacimiento y registro que a la letra dice:

Artículo 54. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquél hubiere nacido.

Artículo 55. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

Refiere que los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen obligación de dar aviso del nacimiento al juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa paterna. Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración. Recibido el aviso, el juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas.

Indica que la Ley General de Salud establece, dentro del capítulo tercero, la definición en relación a lo que se entiende por Certificado de Nacimiento. En el artículo 388 se describe el concepto de certificado, así como el objetivo que persigue, siendo el artículo 389 en donde se enlistan los tipos de certificados que se emiten por parte de la autoridad competente, así como el objetivo que persigue la emisión del certificado de nacimiento, tal como se observa en los artículos 389 Bis y 389 Bis 1, que a la letra dicen:

“Artículo 389 Bis. El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.

Artículo 389 Bis 1. El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.”

Expone que de acuerdo a lo que se establece en un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, las penas o medidas no deben de ser exageradas o irracionales, dado que se debe de garantizar que de acuerdo a lo que establece el derecho penal, la pena o sanción debe de ser proporcional al delito. La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 22 de la constitucional; lo que conlleva en sentido estricto a que la sanción sea idónea para conseguir el fin perseguido, para que se garantice que la intervención penal garantice que lo que se proteja; necesite y merezca de protección, así como cuente con la importancia social y se pueda tutelar. Es por lo anteriormente expuesto que, a través de la modificación al Código Civil Federal y al Código Penal Federal que se propone en la presente iniciativa, se pretende establecer las medidas pertinentes para sancionar a quienes condicionen la entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que posibilite el trámite del acta de nacimiento de un recién nacido, a cambio del pago de un servicio otorgado, toda vez que la entrega de este documento no exime del pago a las personas que recibieron el servicio.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 55 del Código Civil Federal y la fracción I del artículo 230 del Código Penal Federal

Primero. Se reforma y adiciona al párrafo tercero del artículo 55 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 55. [...]

[...]

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración, sin que por motivo alguno éstos puedan negar la expedición o entrega del Certificado de Nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor ante la autoridad civil competente. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el Código Penal para los delitos cometidos por directores, encargados o administradores de centros de salud.

[...]

Segundo. Se reforma y adiciona un párrafo, a la fracción I del artículo 230 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 230.[...]

[...]

II. Retener sin necesidad a un recién nacido o impedir la expedición o entrega del Certificado de Nacimiento o de cualquier documento que permita su registro, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Adendum

Con fecha 26 de noviembre de 2014, el iniciante diputado David Pérez Tejada Padilla, presentó un escrito en esta comisión proponiendo una adenda a la iniciativa de mérito, cuyo cuadro comparativo del numeral 55 del Código Civil Federal sería el siguiente:

El cuyo cuadro comparativo del numeral 230 del Código Penal federal sería el siguiente:

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 83 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se propuso en la adenda, la modificación al artículo 389 Bis de la Ley General de Salud en los siguientes términos:

III. Consideraciones

Primero. En la iniciativa propuesta se pretende reformar el artículo 55 del Código Civil Federal, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Ahora bien, conforme lo establece el artículo 55 del Código Civil Federal tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos.

Lo anterior debe hacerse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

Los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen obligación de dar aviso del nacimiento al juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa paterna.

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración.

Recibido el aviso, el juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas.

Ahora bien, el artículo 389 Bis de la Ley General de Salud establece que el certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.

Por su parte, el artículo 389 Bis 1 de la Ley General de Salud establece que el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Del mismo modo, el artículo 392 de dicha ley estatuye que los certificados a que se refiere este título, se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto en el párrafo anterior. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los servicios estatales de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto. La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el artículo 389 de esta ley estará a cargo de la Secretaría de Salud.

Luego entonces, conforme a la Ley General de Salud existe la obligación de expedirse un certificado de nacimiento para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho, sin que su expedición se encuentre condicionado a alguna circunstancia y por ende, el incumplimiento de dicha obligación constituye una falta, la cual se encuentra sin sanción.

Por ende, la propuesta de reformar el precepto del Código Civil Federal se considera viable, en particular el texto propuesto en la adenda, es decir, la redacción de la siguiente frase: “El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el Código Penal para los delitos cometidos por directores, encargados o administradores de centros de salud”.

Pero la misma va supeditada al análisis y deliberación de la propuesta de reforma al Código Penal Federal dada su estrecha vinculación.

Segundo.En la iniciativa propuesta se pretende reformar el artículo 230 del Código Penal Federal, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Ahora bien, en el Título Decimosegundo del Código Penal Federal denominado “Responsabilidad Profesional” se integra por dos capítulos, el primero se titula: “Disposiciones generales” y el segundo “Delitos de abogados, patronos y litigantes”.

El capítulo que contiene las Disposiciones generales, se compone de 3 artículos, del 228 al 230.

El artículo 230 establece lo siguiente:

Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta cien días multas y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

I. Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;

II. Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

III. Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió.

La propuesta legislativa pretende reformar la fracción II, la cual se vincula con la fracción I en lo que se refiere al motivo que genera la conducta tipificada, a saber, aduciendo adeudos de cualquier índole.

Conforme al texto vigente, no pueden, los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, retener sin necesidad a un recién nacido, aduciendo algún adeudo.

La proposición consiste en adicionar un supuesto más a la fracción II, que consiste en que no pueden, los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, impedir la expedición o entrega del Certificado de Nacimiento o de cualquier documento que permita su registro, aduciendo algún adeudo o la omisión de dar aviso del nacimiento al juez del Registro Civil.

Como ya se dijo en el considerando que precede, los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud tienen la obligación de expedir un certificado de nacimiento para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho, sin que su expedición se encuentre condicionada a alguna circunstancia y por ende, el incumplimiento de dicha obligación constituye una falta, y el legislador proponente pretende que dicha falta se incorpore como conducta delictiva, con las mismas penalidades para aquellos supuestos referidos en las fracciones I, II y III del artículo 420 enunciado.

Esta comisión dictaminadora considera que es inadmisible retardar el derecho a la identidad a un menor, con la excusa de un adeudo, toda vez que se vulnera el acceso a los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano y por ende resulta viable y factible la reforma planteada.

En ese entendido, también deberá modificarse el segundo párrafo del numeral 389 Bis de la Ley General de Salud, que es de donde deriva la obligación a los centros de salud de expedir el certificado de nacimiento, para quedar en la siguiente manera:

Artículo 389 Bis. ...

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente; sin que por motivo alguno éstos puedan negar la expedición o entrega del Certificado de Nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor ante la autoridad civil competente. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el Código Penal para los delitos cometidos por directores, encargados o administradores de centros de salud.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 55. ...

...

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el Código Penal Federal para los delitos cometidos por directores, encargados o administradores de centros de salud.

...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 230 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 230. ...

I. ...

II.Retener sin necesidad a un recién nacido, no dar aviso del nacimiento al juez del Registro Civil o impedir la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier documento que permita su registro, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

III. ...

...

Artículo Tercero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 389 Bis. ...

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente; sin que por motivo alguno éstos puedan negar la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor ante la autoridad civil competente. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el Código Penal Federal para los delitos cometidos por directores, encargados o administradores de centros de salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 18 de marzo dos mil quince.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irene Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene la palabra hasta por tres minutos para fundamentar el dictamen, el diputado José Luis Márquez Martínez. Adelante.

El diputado José Luis Márquez Martínez:Con la anuencia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los derechos humanos se han convertido en el fundamento de nuestro sistema político social basado en la promoción y garantía del desarrollo de las personas, y sobre todo de los niños y las niñas. En este contexto surgen ciertos derechos fundamentales que trascienden, comprometiendo así el interés superior de la niñez mexicana. Dentro de estas prerrogativas se encuentra el derecho a la identidad y a la correspondencia de un nombre, que son un derecho universal.

Resulta importante mencionar que todos los niños y niñas tienen derecho a una identidad oficial, registrada en un certificado de nacimiento. No obstante, siguen presentándose en nuestro país situaciones que ponen en riesgo al menor y que recrudecen la problemática de las personas de escasos recursos, tal y como es la retención de los documentos como condicionante para el pago de los servicios del parto.

Con la falta de emisión del certificado de nacimiento se vulneran los derechos fundamentales de los niños y se impide el correcto desarrollo del trámite ante la autoridad civil para tener un acta de nacimiento del menor. Sin inscripción oficial al nacer o sin documentos de identificación, los niños y las niñas de México pueden quedarse excluidos del acceso a los servicios fundamentales, como la educación, la salud y la seguridad social. Por eso es que desde esta tribuna se reconoce la importancia de privilegiar el interés público y el interés de la niñez mexicana sobre el interés económico.

De la misma forma debemos de considerar nosotros los legisladores que el certificado de nacimiento es la prueba más visible del reconocimiento legal por parte de un gobierno de la existencia de un niño como miembro de la sociedad mexicana y como una fuente primordial y protección de los derechos del menor.

Por ello es que se vuelve necesario que como legisladores construyamos efectivamente las vías que impidan que los recién nacidos caigan en un estado de indefensión por carecer de una identidad certificada y la inscripción al nacer.

De ahí que el dictamen que el día de hoy presenta la Comisión nos hace avanzar en la procuración de los derechos de los niños, particularmente en la protección de las niñas y niños de México. Por lo cual, a nombre de la Comisión y de los niños y de las niñas de México les solicito su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna para hablar en pro, hasta por tres minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputada.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el respeto a los derechos fundamentales de las y los mexicanos y su defensa, es una tarea primordial en nuestra labor legislativa.

El derecho a la identidad es sin duda uno de esos derechos fundamentales que hemos jurado proteger y garantizar. La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de que el niño y la niña sean inscritos inmediatamente después de su nacimiento, que tengan derecho a un nombre, a una nacionalidad y a ser cuidados por sus padres.

En congruencia con lo anterior, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que aprobamos en esta LXII Legislatura y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre pasado, señala en su artículo 19, fracción I, que las niñas, los niños y adolescentes tienen, desde su nacimiento, derecho a contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita.

El derecho a la identidad también está sustentado en las leyes, materia de este dictamen. El artículo 389 Bis de la Ley General de Salud establece la obligación de expedir el certificado de nacimiento para cada nacido vivo. Y el artículo 55 del Código Civil Federal obliga dar aviso del nacimiento al juez del Registro Civil.

A pesar de lo anterior y de los esfuerzos que se han hecho por parte del Estado para procurar una identidad a todas y a todos los mexicanos, este derecho está siendo vulnerado de forma cotidiana, por ello, hoy es necesaria la reforma que discutimos.

Sin embargo, aún las responsabilidades respecto a la emisión de certificados de nacimiento y el derecho a la identidad estén claramente establecidas en diversos ordenamientos jurídicos, existen establecimientos hospitalarios que prestan servicios de maternidad que retienen dichos certificados de nacimiento, como forma de presionar a los padres para cubrir adeudos, utilizándolos como garantía de pago.

Esta reforma, que adelanto apoyaremos las y los integrantes de nuestro grupo parlamentario, busca poner fin a tan lamentable situación y fortalecer las normas jurídicas para imponer sanciones que disuadan dichas prácticas.

Por ello, a partir de la reforma que se propone al artículo 230 del Código Penal Federal, se impondrá una pena de prisión desde tres meses hasta dos años a los directores encargados o administradores de cualquier Centro de Salud que retengan sin necesidad a un recién nacido o impidan la expedición o entrega del certificado de nacimiento, aduciendo adeudos de cualquier índole.

Compañeras y compañeros legisladores, las reformas que hemos aprobado en esta LXII Legislatura, marcarán la historia del país, pero si no se tiene una repercusión positiva en la vida cotidiana de todas y todos los mexicanos, nuestra labor habrá sido en vano. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Lorena Gutiérrez Landavazo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Lorena Gutiérrez Landavazo:Con su permiso, diputado presidente. El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales inherentes a todas las personas.

El dictamen que hoy se discute versa sobre la eliminación de una práctica que se ha vuelto común en las clínicas y hospitales tanto públicos como privados de nuestro país de condicionar la entrega de los documentos relativos a la identidad de los neonatos al pago de los servicios prestados en los mismos.

Es inconcebible que en pleno siglo XXI se siga condicionando el reconocimiento de un derecho fundamental a una contraprestación económica, una práctica que le niega un derecho fundamental a un recién nacido, y que, como un efecto dominó, perjudica otros derechos fundamentales y no fundamentales.

El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, al cual se adhirió México hace más de 30 años, refiere en su artículo 24, numeral 2, que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá un nombre.

Nuestra propia Carta Magna en su artículo 4 constitucional, párrafo décimo, señala que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Sin embargo, en la práctica sucede lo contrario, ya que se les está negando el acceso a este derecho fundamental a algunas personas por falta de recursos económicos.

En esta misma Cámara, aprobamos hace poco más de un año la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar el derecho de las niñas y los niños a la identidad, debiendo ser registrados en forma inmediata al momento de su nacimiento.

A través del proyecto que hoy se discute se pretende no solo enunciar una obligación a cargo de los responsables de las clínicas y hospitales, sino también establecer dicha conducta omisiva como un delito, de modo que nos permita cumplir con nuestro objetivo.

En el Partido Acción Nacional hemos impulsado y seguiremos impulsando las reformas que permitan el reconocimiento y respeto incondicional de los derechos fundamentales y las garantías de todas las personas. Es por ello que votaremos a favor del dictamen que hoy se discute. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, para hablar en pro, al diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Honorable asamblea, para un servidor es de gran satisfacción que el día de hoy se esté votando el presente dictamen, ya que después de arduos meses de trabajo y de cabildeo dentro de la Comisión de Justicia y de respaldar esta propuesta que el día de hoy se está votando, llega a su feliz término aquí en el pleno para su aprobación de parte de todos ustedes.

Yo creo que ya se comentó aquí la parte fundamental, que es que a nivel mundial una de las preocupaciones más urgentes de todas las naciones es garantizar el interés superior de la niñez.

Es por ello, que la Unicef a nivel internacional, como fondo para la infancia de las Naciones Unidas, impulsó la Convención sobre los Derechos del Niño y aquí en esta Cámara de Diputados no hemos sido ajenos a adecuar nuestras leyes y disposiciones normativas a que se garantice precisamente eso, el derecho de los niños y niñas.

Y nuestro país aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo principal objetivo es reconocerles como titulares de derechos. Asimismo, si ustedes recuerdan hace aproximadamente un año, aquí mismo en este pleno de la Cámara de Diputados aprobamos una reforma constitucional al artículo 4o. a través del cual garantizamos los derechos de la identidad del menor para que se le registre de manera inmediata o en su defecto en los primeros seis meses siguientes a la fecha del nacimiento, además de que garantizamos que se les otorgara la primera acta de nacimiento de manera gratuita.

Yo les quiero comentar a manera de anécdota, que surgió esta idea de modificación a raíz de un caso real que fue presentado en uno de mis módulos de atención ciudadana, como ustedes le conocen en sus casas, de Enlace ciudadano, ya que una madre de familia después de peregrinar durante muchos años y varias dependencias con una niña de seis años de edad, todavía no podía cursar la educación preescolar debido a que no contaba con ningún tipo de documento que le diera el derecho a la identidad y por ende poder accesar de manera gratuita a la educación.

Es por ello que el día de hoy, como ya se comentó, se están modificando tres disposiciones y yo le voy a pedir tolerancia, señor presidente, ya que también presenté una reserva y de una vez, si me lo permite, uso la tribuna para agilizar los procesos legislativos.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, adelante, diputado.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Comentar que no obstante que presentamos este dictamen y que se nos apoyó dentro de la Comisión de Justicia, estamos proponiendo eliminar la sanción penal para únicamente dejar la sanción administrativa, ya que lejos de garantizar el derecho del menor y solucionar la problemática de manera pronta y expedita, se caería en la dilación y prolongación del registro del menor ante la autoridad civil correspondiente.

Por ello se propone eliminar la modificación al artículo 230 del Código Penal Federal para que únicamente quede plasmado –que éste señale– lo que dispone el artículo 417 de la Ley General de Salud que contempla multas, amonestación por apercibimiento, clausura temporal o definitiva de lo que vienen siendo las clínicas y centros de salud, además del arresto por 36 horas.

Para terminar y concluir, señor presidente, es justo y pertinente hacer extensivo mi agradecimiento a varias personas que intervinieron para que esta iniciativa culmine en su dictamen favorable y votación mayoritaria en este pleno. A mi equipo de asesores, Raúl Hurtado y Víctor Gloria; a la Comisión de Justicia y su presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Fidel Pacheco.

Al diputado Antonio Cuéllar, quien me ayudó dentro de la comisión por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Al diputado que ya se encuentra con licencia Alberto Rodríguez Calderón, que fue quien me ayudó dentro de la Comisión de Justicia y por supuesto dentro del PRI y del Verde, al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, a mi coordinador Arturo Escobar. Al Vicepresidente Tomás Torres Mercado y Mónica García de la Fuente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado, por favor.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Para concluir, agradecerles su respaldo al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para votar en positivo este dictamen que garantizará los derechos de identidad de las niñas y niños. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación presentada por el diputado David Pérez Tejada

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente... Vamos a repetir la votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, se acepta. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Ernesto Germán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro. Adelante, diputado.

El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez:Con su venida, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez: En los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país podemos encontrar la Convención Americana de Derechos Humanos, que dentro de sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20 establece el reconocimiento a la personalidad jurídica del individuo. Asimismo, en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, numeral 2, a la letra dice:

“Artículo 24. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”.

En la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 19, a la letra dice: “El derecho a la identidad estácomp0eusto por tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil de manera inmediata y gratuita, y a que se expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente. Asimismo, debe tener una nacionalidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución”.

La presente iniciativa pretende dar certeza jurídica al interés superior de la niñez e implica defender su derecho a la identidad. De lo que se trata es de poner un hasta aquí a las prácticas que se llevan a cabo en algunas instituciones públicas o privadas en las que retienen documentos a fin de que se dé cumplimiento al pago de la contraprestación económica, por haber recibido el servicio de parto, práctica que lamentablemente se lleva a cabo, sobre todo en las instituciones de salud privadas.

Es imperante mencionar que las instituciones de salud pública y privada, están obligadas a emitir con la finalidad de que se pueda tramitar posteriormente ante la autoridad civil competente, el acta de nacimiento durante los primeros seis meses de vida, posibilitando que el registro del recién nacido no sea de forma extemporánea.

Por otro lado, y conforme lo establece el artículo 55 del Código Civil Federal, tienen la obligación de declarar el nacimiento el padre o la madre o cualquiera de ellos, y a falta de estos, los abuelos paternos, y en su defecto, los maternos.

Los médicos cirujanos o maternos, que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del nacimiento al juez del registro civil, dentro de las 24 horas siguientes, la misma obligación tiene el jefe de familia, y en cuyo caso haya tenido lugar el alumbramiento, si esto ocurrió fuera de la casa paterna.

Si el nacimiento tuviera lugar en un sanatorio particular o del estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración.

Por su parte, el artículo 389 bis, fracción I de la Ley General de Salud, establece que el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del registro civil, a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Luego entonces conforme a la Ley General de Salud, existe la obligación de expedir un certificado de nacimiento para cada nacido vivo, una vez comprobado el hecho, sin que su expedición se encuentre condicionada a alguna circunstancias, y por ende, el cumplimiento de dicha obligación constituya una falta, el cual se encuentra sin sanción.

Por lo anterior expuesto, compañeros diputados, es que se propone el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 bis de la Ley General de Salud y que se ha aprobado, ya que es inadmisible retardar el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes, con la excusa de un adeudo, toda vez de que se vulnera el acceso a los derechos fundamentales inherentes al ser humano, y ninguna institución pública o privada, pueden negar la expedición o entrega del certificado de nacimiento de cualquier otro documento que permita al registro del menor, ante la autoridad civil competente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general, con las modificaciones aceptadas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido con las modificaciones aprobadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Suficientemente discutido en lo general, con las modificaciones aceptadas.

Esta Presidencia informa a la asamblea que solamente se recibirán votos electrónicos, por lo que la Secretaría no tomará en cuenta los votos de viva voz. Y toda vez que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia saluda a alumnos de la universidad Univer, plantel Zamora, Michoacán, invitados por la diputada Carolina Hernández Ortiz. Bienvenidos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación. Diputado Ricardo Anaya.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 373 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1, 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como con base en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, 167, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo de resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la Iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, La Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1.En fecha 14 octubre del 2014, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, con número de expediente 5200.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante Oficio No. D.G.P.L. 62-II-6-1653 turnó para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria, el Expediente Número 5200, que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT.

3. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de su Secretaría Técnica, las opiniones de sus Diputados integrantes y entra al estudio de las Iniciativas con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

4. Con fecha 3 de marzo de 2015, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo, misma que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

II. Contenido de la iniciativa

La diputada María del Carmen Martínez Santillán propone la iniciativa de reformar la fracción  VI del Articulo 185 de la Ley Agraria con la finalidad de implementar como requisitos los principios que deben ser cumplidos por los convenios realizados ante los Tribunales Agrarios.

Pues menciona que actualmente durante los juicios se han buscado medios alternativos de solución de conflictos para dirimir las controversias entre las partes como lo son la mediación y la conciliación. En su iniciativa hace uso de doctrina y también del derecho comparado para definir las figuras jurídicas antes mencionadas y ejemplificar el uso de los principios que se quieren incorporar a la redacción del artículo 185 en su fracción IV de la Ley Agraria, en los ordenamientos jurídicos de diversos estados.

Los principios que se quieren incorporar son exhaustividad, congruencia y equidad. El primero corresponde a que la sentencia debe puntualizar cabalmente cada una de las pretensiones realizadas por las partes en el juicio.

El segundo se refiere a que en relación a las facultades del órgano jurisdiccionales pues estas tienen establecidas sus facultades una de ellas es emitir sentencias, las cuales no deben ser contradictorias y su emisión debe tener congruencia, no debe omitir ni añadir nada a lo solicitado por las partes, al dictar una sentencia.

Respecto al tercero se refiere a que este sirva para guiar el criterio del juez cuando el instrumento jurídico no otorgue los elementos suficientes para emitir una sentencia equilibrada y tendiente a ser  una  resolución justa.

La diputada busca dar solución o en su caso prever sucesos legales que se han suscitado en la práctica donde los convenios no cubrieron o satisficieron todas las pretensiones de las partes al momento de ejecutar la avenencia acordada. La finalidad de la iniciativa es   que los Derecho y Garantías las partes nos sean agraviadas por la Autoridad Agraria  en el momento de que se emita una resolución emanada de la avenencia lograda entre  las mismas, cumpliendo los principios de exhaustividad, congruencia y equidad.

Por las consideraciones antes expuestas la diputada María del Carme Martínez Santillán, propone la iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma  la Fracción VI del Artículo 185 de la Ley Agraria; para quedar en los siguientes términos:

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes

III. Consideraciones de la comisión

Primera.La comisión dictaminadora establece que, la preocupación constante de los Tribunales Agrarios debe ser, que la administración e impartición de la justicia agraria llegue a los campesinos de México de manera rápida y real.

Para ello, es necesario que el juzgador agrario dé observancia debida a los principios procesales que rigen el proceso agrario tales como la exhaustividad, congruencia y equidad.

Segunda.La comisión dictaminadora retoma a José Ovalle Favela, el cual afirma que el principio de congruencia se traduce en “el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones negaciones o excepciones que, en su caso, hayan planteado las partes durante el juicio.”

De lo anterior, al interpretarlo contrario sensu, podría decirse que si en el documento de la sentencia se encuentran plasmados elementos que no fueron planteados a lo largo del litigio ésta carecerá del elemento de congruencia.

El principio de equidad, está presente cuando se deja al libre arbitrio del juzgador, el estudio de los hechos y las pruebas contenidas en la demanda y la contestación o reconvención en su caso.

Lo único que se exige en el dictado de esa resolución, es la motivación y fundamentación, alejada de reglas y formalidades, que si bien aún se encuentran establecidas en la legislación civil federal, estas no deben supletoriamente tomarse en cuenta per se, a menos que siendo de aplicación estricta en el derecho privado, sean compatibles y congruentes con las disposiciones que rigen el derecho agrario en México (licenciado Rubén Gallegos Vizcarro).

Siguiendo a Cipriano Gómez Lara, la exhaustividad no es sino una consecuencia de los principios anteriormente analizados. Una sentencia será exhaustiva en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna. 

Tercera. La Comisión de Reforma Agraria armoniza lo anterior conforme a lo que establece la Ley Agraria en el artículo 185 fracción VI, haciendo mención que “en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el Tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribiré el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso aprobado por el tribunal tendrá el carácter de sentencia”.

Cuarta.Con esto la Comisión plantea, que con respecto al convenio surgido en cualquier momento antes de pronunciar el fallo, el principio de congruencia y en observancia a esté, los Tribunales Agrarios deberán dictar las sentencias a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones (artículo189 de la Ley Agraria).

Por otra parte, el maestro Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual define el principio como el que “induce a resolver las causas y pleitos sin atenerse a las formalidades del derecho, sino inspirándose en la equidad y la buena fe.

Por lo tanto cabe conceptuar que este principio estriba en que los convenios que sean calificados y aprobados para obtener el carácter de sentencias por parte de los  Tribunales Agrarios deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la contestación formuladas por los actores, es decir, que lo fallado debe estar de acuerdo con los hechos invocados por las partes en la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria.

Por otro lado,  el magistrado responsable, al resolver la controversia puesta a su consideración, oficiosamente no puede introducir acciones diversas a él a las planteadas por las partes en la audiencia referida, de lo contrario su actuación transgrediría las garantías constitucionales de los demandados.

Quinta.La comisión dictaminadora concluye que la exhaustividad es una consecuencia necesaria de la congruencia y la motivación. Una sentencia es exhaustiva en la medida en que haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna, es decir, el tribunal al sentenciar debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva cuando deje de referirse a algún punto, argumentación prueba; en otras palabras, al dictarse una sentencia debe tenerse mucho cuidado de examinar todos los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas.

Por ello, el principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.

Abona el argumento de esta comisión las tesis jurisprudenciales siguientes:

Convenios en materia agraria. Para su aprobación, la autoridad debe verificar que se colmen los principios de exhaustividad y congruencia que rigen a las sentencias.

Del contenido del artículo 189 de la Ley Agraria se desprende que las sentencias que dicten los tribunales de esa materia, aun cuando no deban sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, tienen que ser consonantes con los principios de exhaustividad y congruencia, que deben regir en todo fallo. Esos principios también se observarán cuando la resolución la constituye un convenio, porque al ser sancionado por los tribunales, en términos de la fracción VI del artículo 185 de la legislación en consulta, adquieren el carácter de sentencia. Ahora bien, como la finalidad de la ley es tutelar a los grupos campesinos, en cuanto a sus derechos y pretensiones, corresponde precisamente a la autoridad que interviene en el caso, y a la que le compete sancionarlos, dar forma tanto interna como externa al convenio, teniendo facultad para ordenar de oficio la práctica de las diligencias que estime conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados por las partes en el litigio. Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia, y llegado el momento de la ejecución, sus alcances se encontrarán delimitados para procurar su     cumplimiento exacto, por lo que el citado órgano agrario, antes de sancionarlo, debe verificar que se colmen los principios ya enunciados.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Amparo directo 62/2004. Francisco de la Cruz López y otros. 5 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Morán Rodríguez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Antonio Artemio Maldonado Cruz.

Sentencias en materia agraria. Deben resolverse a verdad sabida las cuestiones que se plantean ante los tribunales agrarios, basándose en la equidad y la buena fe.

De conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida, entendiéndose por ella la que conduce a resolver las controversias acorde con las constancias de los autos sin sujetarse necesariamente a las formalidades y reglas sobre estimación de las pruebas; inspirándose en la equidad y en la buena fe, cumpliendo con la exigencia de fundamentación y motivación que previene el artículo 16 constitucional.

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

Amparo directo 175/93. Reyes Carlín Rangel. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. Secretario: José de Jesús Ortega de la Peña.

Amparo directo 296/95. Santos Durón Ledezma. 4 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. Secretario: José de Jesús Ortega de la Peña.

Amparo directo 653/96. Manuel Gallegos Robles. 14 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. Secretario: José de Jesús Ortega de la Peña.

Amparo directo 1000/96. Lucía de la Torre Castillo de Quintero y otros. 23 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Pérez Herrera. Secretario: Eduardo Antonio Loredo Moreleón.

Amparo directo 1365/96. María del Refugio González Hernández y otras. 15 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Alberto Durán Martínez. Secretario: Francisco Javier Sarabia Ascencio.

Quinta.Los tribunales agrarios se establecieron como órganos encargados de administrar justicia agraria en el territorio nacional, dando respuesta a la necesidad de que el derecho y los litigios de relevancia se resolvieran por órganos altamente calificados, a través del debido proceso poniendo en práctica los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, que rigen los juicios agrarios.

Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

Artículo Único.Se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 185. ...

I. a V. ...

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ovalle Favela, José. Derecho procesal civil. 6ª ed. Harla, México, 1994. p. 205.

2 Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, “Xalapa, Ver.” “Principio de equidad. Artículo 189 de la Ley Agraria”, Segunda época, año VIII, número 53, enero-marzo 2011.

3 Gómez Lara, Cipriano. Teoría general del proceso. 9ª ed. Harla, México, 1996, p. 295.

4 Diccionario de derecho usual. Tomo L Ed. Haliastra. Argentina. J1)76. p. 448.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a tres de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), secretarios; José Luis Contreras Rojas (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos para fundamentar, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. Adelante, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Presento la fundamentación del dictamen de la Comisión de la Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y turnada a esta Comisión.

A manera de síntesis, el dictamen que nos ocupa pretende establecer que el convenio al que lleguen las partes de un juicio agrario en caso de avenencia deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad.

En este sentido, la Comisión de Reforma Agraria aprobó la citada iniciativa, con el objeto de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en razón de que las partes cuenten con la posibilidad de dirimir la litis por medio de la mediación y la conciliación.

Para entender la presente, hay que recordar que en materia de derecho agrario las partes de un conflicto pueden optar por convenir una solución pacífica a diferencia de otras materias, en donde estos convenios son celebrados sólo por las partes sin la intervención de un tercero.

En materia agraria, el magistrado competente para conocer del conflicto debe, por ley, intervenir y funcionar como mediador en el asunto, pues si el convenio se da éste hará las veces de una sentencia, por tanto es de vital importancia en caso de que las partes quieran arreglar el fondo del problema que los principios de congruencia, equidad y exhaustividad estén presentes y sean vigentes.

Aunado a lo anterior del contenido del artículo 189 de la ley en la materia, se desprende que las sentencias que dicten los tribunales competentes, aun cuando no deban sujetarse a reglas o reestimación de las pruebas, tienen que ser consonantes con los principios reiteradamente expresados, mismos que observarán cuando la resolución lo constituya así en su convenio.

Ahora bien, como la finalidad de la ley es tutelar a los grupos campesinos en cuanto a sus derechos y pretensiones, corresponde precisamente a la autoridad que interviene en el caso y a la que le compete sancionarlo, dar forma tanto interna como externa al convenio, teniendo facultad para ordenar de oficio la práctica de las dirigencias que estime conducentes, para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados por las partes en litigio.

Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia y llegado al momento de la ejecución, sus alcances se encontrarán delimitados para procurar su cumplimiento exacto, por lo que el citado órgano agrario, antes de sancionarlo, debe verificar que se colmen los principios ya enunciados.

Por lo anterior, la Comisión de Reforma Agraria exhorta a esta asamblea a votar en pro del presente dictamen. Gracias y es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Ceseñas Chapa. Para hablar en contra del dictamen, le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Hasta por tres minutos, diputado González Rodríguez.

Entre tanto, saludo a alumnos, alumnas de la Univer, del plantel Zamora, del estado de Michoacán, invitadas, invitados por la diputada Carolina Hernández Ortiz. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Gracias por su visita. Adelante, señor diputado.

El diputado Danner González Rodríguez:Con su permiso, presidente. Me inscribí en contra porque en este frenesí de dictámenes a discusión ya no es posible hacer posicionamientos y estaba llena la lista de oradores en pro. Hoy sí traen mucha prisa de aprobar todo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado, exponga, de todas maneras, la visión de su grupo parlamentario con relación al dictamen. Adelante, por favor.

El diputado Danner González Rodríguez: Con gusto, presidente. El día de hoy se vota un proyecto que en esencia pretende otorgar mayor seguridad jurídica a las controversias que atiende el tribunal agrario. Se busca, como ya se dijo, elevar a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado por el tribunal en cualquier estado de la audiencia o antes de que el pronunciamiento del fallo cause ejecutoria o sea material o jurídicamente ejecutado.

El proyecto pretende que se pueda realizar un convenio hasta antes de que el fallo pronunciado cause ejecutoria o sea material o jurídicamente ejecutado, lo que significa que podrá coexistir una sentencia y un posible convenio que será elevado a la categoría de cosa juzgada, cumpliendo con el principio de seguridad jurídica.

En Movimiento Ciudadano nos parece que la seguridad jurídica es un mensaje, un derecho fundamental en el cual se fusionan las libertades individuales y los derechos sociales o colectivos. Y por eso el Estado debe garantizarlo a toda costa.

Solamente para concluir, tengo que decir que no es posible que las fuerzas tradicionales se distraigan en estos últimos días en cuestiones accesorias y dejen para después lo fundamental.

Cuánta razón tenía Maurice Duverger cuando decía que en este país más que una revolución pasada y una revolución presente, hace falta una revolución pendiente.

El día de hoy estará también a discusión, aunque ya no se tocará en esta tribuna, un dictamen que agradezco a la Comisión de Derechos Humanos para exhortar al gobierno de Veracruz sobre los periodistas asesinados.

Hoy hace tres años asesinaron en Veracruz, en Jalapa a Regina Martínez. No es posible que sigan existiendo plumas rotas en Veracruz. Este último mensaje es por Noé López Olguín, por Miguel Ángel López Velasco, por Misael López Solana, por Yolanda Ordaz, por Regina Martínez, por Guillermo Luna Varela, por Gabriel Huge Córdoba, por Esteban Rodríguez, por Víctor Manuel Báez Chino, Gregorio Jiménez y José Moisés Sánchez Cerezo, ni un periodista más silenciado. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Hablará en pro, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por similar lapso de/o hasta tres minutos por favor. Adelante, diputada.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. La tendencia actual del derecho, sobre todo cuando ya se encuentra en proceso un juicio, ha sido la de buscar mecanismos alternativos de solución, son buscados dichos mecanismos, a efecto de que las partes puedan dirimir sus controversias de una manera personal y más amigables, como la mediación y consignación.

La Ley Agraria que nos rige no es la excepción, ha retomado dichas ideas, la finalidad ahora es durante el procedimiento agrario, los tribunales puedan invitar en todo momento a las partes a solucionar sus conflictos de una manera amigable, logrando su composición y firmando el convenio respectivo.

Como es sabido el convenio entre las partes debe de ser sancionado y calificado, en este caso por el Tribunal Comunitario Agrario a efecto de que con posterioridad dicho convenio se pueda elevar a la categoría de sentencia definitiva. Ahora bien, si el convenio que firmen las partes, con posterioridad, adquiera la categoría de sentencia, la propia Ley Agraria establece que tales sentencias deben cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia.

Por tal motivo, los convenios firmados también deben cumplir con los mecanismos principios, los que actualmente no estaban establecidos en la Ley Agraria. El principio de exhaustividad consiste en que la sentencia se pronuncie respecto a todos y cada una de las pretensiones que las partes hayan interpuesto.

Por su parte, el principio de congruencia de acuerdo a Aragoneses Alonso, quien es citado por el catedrático, José Becerra Bautista, consiste en: Aquel principio normativo dirigido a debilitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente.

Por lo que en ese orden de ideas, la Ley Agraria establece que las sentencias que dicen los tribunales tienen que ser consonantes con los principios de exhaustividad y congruencia, por lo que en ese sentido esa misma exigencia legal deberá ampliarse a los convenios que se logren avenir las partes donde dan por terminado el juicio.

Compañeras y compañeros, en este sentido en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo buscamos que la finalidad de la ley sea la de tutelar a los sujetos agrarios en cuanto a sus derechos y pretensiones. Nos parece que precisamente debe corresponder al Tribunal Agrario el dar formato tanto interno como externo al convenio, teniendo facultad para ordenar de oficio la práctica de la diligencia que estime conducente.

Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia y llegado el momento de la ejecución sus alcances se encontrarán delimitados para procurar el cumplimiento exacto.

Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa radica en modificar la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria a efecto de que de manera clara y precisa se contenga expresamente la obligación de la autoridad agraria de que en el convenio que las partes realicen previo a su calificación, se busque que se analice si este mismo cumple con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, ello con la finalidad de que no se vulneren los derechos y la garantías de las partes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Martínez Santillán. Le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hasta por tres minutos, diputada.

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos:Con el permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, compañera diputada.

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos: En la actualidad, en los nuevos esquemas en los sistemas judiciales se han buscado mecanismos alternativos a efecto de que las partes puedan dirimir sus controversias de una manera pronta a través de la conciliación y de mecanismos que hagan de los litigios una vía de resolución en amigable composición y en avenencia.

Dentro de los preceptos y definiciones a incorporar a la reforma que se somete a consideración de este pleno, están por un lado el principio de exhaustividad que consiste en que la sentencia se pronuncie respeto a todas y cada una de las pretensiones que las partes hayan interpuesto, ya sea como acciones o excepciones y defensas.

Por otro lado, el principio de congruencia dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente.

En relación con los poderes atribuidos en cada caso por el ordenamiento jurídico, la congruencia de las sentencias puede dividirse en una interna y una externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga argumentos contradictorios entre sí. La segunda consiste en que la sentencia debe ser congruente, tanto en la valoración de las pruebas ofrecidas en el juicio, como al resolver lo que las partes pidieron.

En Acción Nacional consideramos procedente el dictamen el comento, ya que nuestra Carta Magna contiene la obligación de las leyes de proveer mecanismos alternativos de solución para los conflictos.

Es así que la iniciativa dictaminada propone modificar la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, a efecto de que de manera clara y precisa se contenga expresamente la obligación de la autoridad agraria de que en el convenio de las partes realicen, previo a su calificación, y se analice si el mismo cumple con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad. Ello con la finalidad de que no se vulneren los derechos y garantías de las partes.

Consideramos oportuno que en la impartición de justicia en materia agraria existan los mecanismos necesarios para el fortalecimiento y la modernidad de las instituciones mediante nuevos instrumentos que ayuden a las partes en litigios a encontrar una solución pronta y expedita, así como los sistemas judiciales, fortaleciendo la base legal para la seguridad y certeza del campo mexicano.

Es nuestra obligación, como legisladores, buscar el bienestar armónico de los mexicanos, voltear la vista al campo y facilitar los mecanismos y programas que realmente aumenten la productividad y frenen la creciente migración a las ciudades, propiciando con esto que nuestra cultura agrícola y ganadera retome su grandeza.

En el Partido de Acción Nacional hemos pugnado, entre otras cosas, por la transparencia, la rendición de cuentas y la simplificación administrativa. Con la aprobación del presente dictamen se pretende disminuir el rezago en la solución de conflictos agrarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Céspedes.

Se encuentran en este recinto parlamentario alumnos y alumnas de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, del estado de Oaxaca, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos.

Continuando la discusión del dictamen de que se trata, le otorgo el uso de la palabra al diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El registro aparece para hablar en pro y lo será hasta por tres minutos, diputado.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Buenas tardes, con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura. Hablar del campo mexicano es hablar de olvido, desatención, desigualdad, pobreza extrema de clientela política, de explotación y de injusticia, que es el tema que nos ocupa en esta discusión.

Pero para lograr una cambio real en la agricultura, tenemos que hacer varias cosas, tenemos que hacer cirugía mayor, porque tenemos en nuestro país la política equivocada que se dio, que acabaron con el ejido, que en sus inicios era altamente productivo, y que ahora hay un gran grupo de pequeños productores que casi no tienen acceso a los apoyos gubernamentales que casi esos recursos van a un pequeño grupo de productores. Ése es el gran problema que tenemos.

Por eso mismo si queremos cambiar y tener una soberanía alimentaria, porque en los sexenios anteriores lo que han privilegiado es la seguridad alimentaria. ¿Por qué han privilegiado? Porque importan de donde sea y no se han fijado en el mercado interno, en los productores internos, productores mexicanos, y así no se puede avanzar.

Por eso tenemos que cambiar, y primer rescatar el campo, solamente son 8 mil 500 millones. Si rescatamos carreteras, si rescatamos a los banqueros con sumas multimillonarias, ¿por qué no podemos hacerlo con el campo? Y sería la primera parte.

Un asunto que también nosotros siempre habíamos peleado, que era la banca social de desarrollo y que le están dando buenos resultados, pues claro, intereses menores de un dígito y con requisitos que verdaderamente sean alcanzables para los productores, es muy importante, pero necesitamos más apoyo y necesitamos que los productores estén limpios para que puedan acceder a ese crédito.

Por otro lado, estamos pugnando por que se hagan ya de una vez los centros regionales de operación de impulso al desarrollo, ¿Por qué?, porque de ahí se van a poder manejar muchas cosas: capacitación, vinculación con los centros educativos, con los centros de investigación, con los centros económicos, donde hay asesoría, donde verdaderamente haya impulso.

Por ejemplo, en meses pasados había una gran cantidad de tonelajes de maíz en Chiapas y resulta que los podíamos vender rápidamente en Centroamérica, ¿por qué?, porque ahí había la gran necesidad. Pero si no tenemos información, si realmente le dicen a los productores pequeños del mercado de valores, no lo entienden y no lo saben. Tenemos que apuntalar esa parte muy importante.

Por otra parte, tenemos que impulsar esa parte de lograr más justicia en los tribunales agrarios, que es el tema que nos ocupa, por eso nosotros sí aceptamos y concordamos plenamente con nuestra compañera del PT, la promovente, de que se reforme la fracción VI del artículo 185, que esto haría que los derechos y las garantías de las partes no sean agraviadas por la autoridad agraria. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado Vega Vázquez.

Nos damos oportunidad para saludar a los invitados especiales de la señora diputada Leticia López Landero, invitados especiales, estudiantes, maestros, padres de familia, provenientes de los municipios de Córdoba, de Fortín, de Alvarado, de Orizaba, del estado de Veracruz. Gracias por su visita. Gracias por el interés que revelan con relación a los trabajos de esta Cámara y del Congreso General.

Para continuar con la discusión del dictamen que nos ocupa le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

¿Está don Héctor Narcia? Aquí Apoyo Parlamentario no me precisó, pero le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Pariente Gavito, que lo hará justamente a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, compañera diputada.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Gracias, presidente. Con su venia. Los principios más destacados que rigen los procedimientos agrarios desprendidos del conjunto de nuestro sistema jurídico y de la propia legislación procesal agraria son, de acuerdo al jurista Sergio García Ramírez, el principio de realismo jurídico, de legalidad, de igualdad entre las partes, de publicidad, de prueba, así como el de simplicidad y abreviación del proceso.

Ahora bien, algunas opiniones aprecian que en los juicios agrarios existe una constante dilación en los procesos, que tiene como consecuencia una tardanza en las resoluciones. Los tribunales agrarios deben preocuparse que por la administración e impartición de la justicia agraria llegue a los campesinos mexicanos de manera pronta y expedita, para lo cual se requiere que el juzgador agrario observe debidamente los principios procesales mencionados que rigen el proceso agrario, entre otros tales como la exhaustividad, congruencia y equidad.

Los principios anteriores resultan de gran importancia si consideramos que el sistema que ahora analizamos ha procurado alentar la oralidad, salvo cuando se requiera constancia escrita  mayor formalidad. Así pues, el juzgador resuelve el litigio una vez que ha escuchado las pretensiones de las partes involucradas y se han desahogado las pruebas conducentes a la indagación de la verdad y se han analizado los alegatos en los cuales los contendientes plantean sus respectivas posiciones conforme a derecho.

El proceso entonces se encuentra dominado por el principio de la inmediación, que constituye el medio a través del cual el magistrado puede conocer personalmente a las partes y apreciar mejor el valor de las pruebas. Ante estas circunstancias, el dictamen que hoy está a discusión pretende incorporar a la redacción del artículo 185, fracción IV, de la Ley Agraria, que en caso de avenencia en el juicio agrario, el convenio suscrito por las partes deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad.

Con lo anterior, se procura dar solución o, en su caso, prever sucesos legales que se han suscitado en la práctica donde los convenios a los cuales suelen llegar las partes no satisface todas las pretensiones de las mismas, al momento de ejecutar la avenencia acordada.

Con estas modificaciones se protegen los derechos y garantías de los participantes y se abona a la certeza jurídica en el tema de la tenencia de la tierra. Por lo que mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votará a favor de la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimada diputada Pariente Gavito. Don Mario Sánchez Ruiz, tiene usted el uso de la palabra. Así aparece para la presentación de una modificación al dictamen. De no ser así, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, en la impartición de justicia es necesario que los conflictos entre las partes sean resueltos mediante la aplicación del derecho por órganos jurisdiccionales donde se desarrollen las formalidades esenciales, se otorgue seguridad jurídica, se observe la imparcialidad y se resuelvan los conflictos a través de sentencias definitivas que adquieran la calidad de cosa juzgada.

Sin embargo, no en todas las materias o ramas del derecho los principios y procedimientos se aplican de igual manera. Justamente para el caso del derecho en materia agraria, como derecho social que protege a los hombres y mujeres del campo, rigen preceptos y principios especiales establecidos en nuestra Constitución y en la Ley Agraria, así como órganos jurisdiccionales especializados, como lo son los tribunales agrarios.

Con la creación de los tribunales agrarios en 1992, se dio respuesta a una añeja demanda del Movimiento Indígena y Campesino, y al mismo tiempo el derecho agrario mexicano dio un paso relevante en la administración de justicia para ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, posesionarios y sus sucesores, avecindados, jornaleros, agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales, y campesinos en general.

Como derecho social, los principios y procedimientos del derecho agrario están orientados a proteger a las personas, grupos y sectores de la sociedad rural, considerados como sujetos de derecho económicamente débiles, por lo que se requiere de la protección o tutela por parte de las leyes y del Estado al buscar la equidad y la justicia.

Así, dentro de los principios especiales, considerados en los procedimientos agrarios, se encuentran precisamente, los usos y las costumbres para dirimir los juicios cuando las partes sean indígenas, la facultad de los tribunales agrarios para suplir las deficiencias de las partes en el juicio, cuando se trate de ejidos o de comunidades, la oralidad, la inmediatez, la publicidad y la amigable composición de los conflictos.

Justamente, es el precepto jurídico de la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo que hoy se enriquece a favor de los sujetos agrarios con la reforma al artículo 185 de la Ley Agraria, en su fracción VI, que hoy nos ocupa, al proponerse incorporar la exhaustividad, congruencia y equidad como principios a considerar en el convenio que acuerdan las partes en la solución de sus controversias ante los tribunales agrarios.

Termino, señor presidente. En la impartición de justicia por los tribunales agrarios, estos principios son esenciales en una amigable composición de las partes, para dar certeza jurídica y garantías en la seguridad de la tenencia de la tierra y en la solución de los conflictos que se dirimen entre sujetos agrarios por colindancias y otras controversias agrarias.

Finalmente, como bien lo señala la propia propuesta de la reforma, el principio de exhaustividad corresponde a que la sentencia debe puntualizar cabalmente cada una de las pretensiones realizadas por las partes en el juicio, el principio de congruencia se refiere a que las resoluciones del órgano jurisdiccional no deben ser contradictorias, y en su emisión no debe omitir ni añadir nada a lo solicitado por las partes. Asimismo, respecto de la equidad, se refiere a que éste sirva para guiar el criterio del juez.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Bautista, concluya, por favor. Redondee justamente su participación.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Termino, señor presidente. Para emitir una sentencia equilibrada y tendente a ser una resolución justa. Todo lo cual contribuirá, sin duda alguna a la justicia y la paz entre las mujeres y los hombres del campo mexicano. Por estas condiciones, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Bautista. Proceda la Secretaría a dar lectura a una propuesta de modificación al dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Propuesta de modificación al dictamen.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. Ahora consulte a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En consecuencia, se acepta la modificación. En razón de que se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea, señor secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Ahora, con la prevención que ha hecho el señor presidente de esta Mesa Directiva, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada, y reitero, que solamente se recibirán votos electrónicos y la Secretaría no tomará en cuenta votos de viva voz. Adelante.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las adecuaciones aprobadas por la asamblea.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciérre el sistema electrónico.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Señor presidente, se emitieron 361 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, con la modificación aceptada por la asamblea. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia recibió solicitud de la Comisión de Pesca para procesar los dictámenes registrados en el orden del día con los números –y así aparece– 9 y 14 en una sola intervención, relativos al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura. Y otro en que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la inteligencia, honorable asamblea, de que aun cuando la argumentación sea en una sola participación, serán votados por separado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 2, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente

Dictamen

Antecedentes

A. En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el día 22 de abril de 2014, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B. Con esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca para su estudio y dictamen correspondiente. Se recibió en esta Comisión el día 23 de abril de 2014.

C. Con fecha 19 de junio de 2014 se aprobó el dictamen en sentido positivo durante la décimo cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca.

D. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados, el 04 de noviembre de 2014.Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. Y pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

E. En sesión celebrada con fecha 6 de noviembre de 2014, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, su Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remite la Minuta con Proyecto de Decreto en Dictamen.

F. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.

G. El Dictamen aprobado con modificaciones por las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, se presentó ante el pleno del Senado de la República para su votación, aprobándose por 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la Fracción E) del Artículo 72 Constitucional, el 24 de marzo de 2015.

H. La Minuta devuelta se recibió en la Cámara de Diputados con fecha 26 de marzo de 2015 y con esa misma fecha se turnó a la Comisión de pesca a efecto de elaborar el presente dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto propone reformar segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), pueda permitir la pesca de fomento en los casos de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros.

Una de las principales consideraciones expuestas es que con la aprobación de esta reforma, se pretende adecuar y perfeccionar el ordenamiento jurídico vigente para fortalecer al sector pesquero, ante los retos y desafíos del contexto actual, que exigen responder a las demandas y necesidades de un mundo globalizado.

Dada la complejidad y la interacción de las relaciones entre la política internacional y nacional en materia pesquera y ambiental, es necesario sistematizar y compatibilizar el trabajo de atención de ambas agendas por parte del Inapesca, en razón de los siguientes antecedentes instituciones:

a) El Inapesca ha sido un organismo activo en la política internacional pesquera y ambiental, por lo tanto debe contar con información actualizada, confiable y sistemática de las metodologías de investigación de vanguardia, de las propuestas novedosas en materia de política de gestión pesquera y ambientales en el ámbito internacional, a fin de programar, planear, coordinar y orientar el desarrollo de la investigación pesquera en el país;

b) El Inapesca provee de información a distintas instancias gubernamentales involucradas en la materia, y da sustento científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre políticas nacionales en congruencia con los compromisos internacionales adquiridos por México;

c) El Inapesca, con fundamento en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las disposiciones derivadas del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un órgano asesor de carácter científico-técnico dependiente de la Sagarpa, y es el responsable de acuerdo con la mencionada Ley de “que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas...”

La colegisladora comparte con esta, que el contexto mundial de la pesca nos plantea nuevos retos y desafíos para el sector, principalmente en materia de producción, comercialización, generación de cadenas de valor, sustentabilidad, entre otras, como resultado de la integración global. En este sentido, consideraron que incorporar al Inapesca al proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento realizada por extranjeros, en coordinación con la Sagarpa, y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Marina, permitirán generar un proceso de aprendizaje, a través de compartir las experiencias, conocimientos y tecnología que en materia pesquera tienen en otros países, con el objetivo de generar un impulso en las nuevas metodologías y un mayor crecimiento de la industria pesquera uy acuícola. Siendo competentes.

Considera que la incorporación del Instituto Nacional de Pesca, como coadyuvante en el proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento a extranjeros, permitirá generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero, con una perspectiva de protección y sustentabilidad ambiental, principalmente porque la pesca de fomento permite a los investigadores conocer mejor el recurso, así como valorar las posibilidades de establecer las pesquerías de manera comercial, sobre la base de diversas investigaciones ecológicas, biológicas, pesqueras y de comercialización. Y que todo esto fortalecerá al Inapesca en su compromiso con la pesca responsable, actuando siempre sobre bases científicas sólidas para conservar, ordenar y desarrollar la pesca, cuidando los ecosistemas acuáticos.

Finalmente las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la colegisladora estimaron que este Proyecto de Decreto es congruente con las facultades que tiene el Inapesca, específicamente con lo dispuesto por el artículo 29 fracción XVII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que a continuación se reproduce:

Artículo 29. El Inapesca será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.

Para el cumplimiento de su objetivo el Inapesca contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ...

J.

XVII.Designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de investigaciones; y

XVIII....

...

Sin embargo, con la intención de mejorar la redacción propuesta por esta legisladora en nuestro dictamen inicial, y tratando de evitar su incorrecta interpretación, la colegisladora consideró que la reforma debe quedar como sigue:

Artículo 64. ...

La Secretaría deberá coordinarse con el Inapesca para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científicas parapermitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Consideraciones

Única. Los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados consideramos que la modificación propuesta por la colegisladora a la Minuta no contraviene el sentido original y esencial de la reforma, es viable y sobre todo procura coadyuvar en el proceso legislativo, mejorando la redacción técnico-legislativa, con el objetivo de que su lectura tenga mejor comprensión

Por la consideración anteriormente expuesta, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea y para efectos de la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

La Secretaría deberá coordinarse con el Inapesca para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científicas para permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México, Distrito Federal, a los 7 días del mes de abril de 2014.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Manuel Francisco Tapia Bustos, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, María Fernanda Romero Lozano.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fundamentar ambos dictámenes tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Inzunza Montoya, hasta por cinco minutos. Señor diputado, adelante.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Gracias, señor presidente. La minuta proyecto de decreto que se somete a la amable consideración de este pleno propone una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se coordine con el Instituto Nacional de Pesca y pueda permitir la pesca de fomento en los casos de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjera.

Ello, porque Inapesca ha sido un organismo activo en la política internacional, pesquera y ambiental y, por tanto, debe contar con información actualizada, confiable y sistemática de las metodologías de investigación de vanguardia, de las propuestas novedosas en materia de política de gestión pesquera y ambientales, a fin de programar, planear, coordinar y orientar el desarrollo de la investigación en el país.

Además, porque el Inapesca provee de información a distintas instancias gubernamentales involucradas en la materia y da sustento científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre políticas nacionales en materia pesquera.

El Inapesca es un órgano asesor de carácter científico técnico, dependiente de la Sagarpa, y es el responsable de que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Es así que hemos considerado que la incorporación del Inapesca como coadyuvante en el proceso de autorización y supervisión de la pesca, de fomento extranjero, permitirá generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero.

En razón de estas consideraciones, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, sometemos a su atenta consideración el presente dictamen con proyecto de decreto con el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con el que se establecerá que, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá coordinarse con el Instituto Nacional de Pesca para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científicas para permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjero, para lo cual hará del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales.

Por las consideraciones expuestas, agradecemos su voto en favor del presente dictamen. Señor presidente, seguimos con el otro dictamen.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya: El presente dictamen que sometemos a su atenta consideración, propone adiciones a diversos artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para establecer en el ordenamiento definiciones de uso recurrente en los diferentes instrumentos a cargo, así como de trámite por y ante la autoridad pesquera.

En el artículo 4o, ampliar la definición de arte de pesca, adicionar una fracción para establecer el concepto, cuota de captura, definir con precisión que es una embarcación menor e incluir una fracción más para introducir el concepto, método de pesca, incluir asimismo, el concepto de prórroga.

Se propone también adicionar el artículo 8o, de suerte tal que entre las facultades que le son conferidas a la Sagarpa y para efecto de que pueda resolver sobre la expedición, modificación o extinción de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola, podrá establecer condiciones de medidas de seguridad o correctivas.

En los artículos 24 y 26, se propone incluir los términos: seguro, reaseguros, fianzas y garantías líquidas, porque es necesario clarificar las definiciones de los esquemas de financiamiento.

Adicionar también una fracción más al artículo 24 para establecer que la Sagarpa, podrá expedir permisos de pesca y acuacultura de fomento con la finalidad de apoyar la investigación, exploración, experimentación, evaluación de los recursos acuáticos.

Se propone también derogar la fracción VIII del artículo 41, así como las fracciones IV y V del artículo 47, toda vez que los preceptos dispuestos son procedimientos que no se realizan. En el artículo 50 se propone adicionar el término permiso al de concesiones.

Propone derogar también un párrafo cuarto del artículo 51, dado que las disposiciones correspondientes están contenidas ya en otro artículo del ordenamiento. Adicionar asimismo los términos físicas o morales al artículo 64, por el cual se dispone que la Sagarpa podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin.

En el artículo 100 sustituir el término concesión por el de permiso. Una propuesta adicional plantea adicionar un término a la fracción IX del artículo 132, para dejar preceptuado que son infracciones: no llevar a bordo de las embarcaciones al menos copia certificada de la concesión o permiso.

Así también, incluir una adición en la fracción XIII del mismo artículo para determinar como infracción el hecho de practicar la pesca en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera sin la concesión o el permiso correspondiente.

En el artículo 138 se propone adiciones para establecer que la imposición de multas a que se refiere el artículo 132 del ordenamiento se determinará también por incumplimiento a lo establecido en las Normas Oficiales que deriven.

En razón de estos considerandos es que se propone el presente dictamen, cuyo propósito no es otro más que el contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, contenidos en el artículo 2o. de este ordenamiento.

Agradecemos en consecuencia su voto a favor del dictamen, señoras diputadas, señores diputados. Muchas gracias, señor presidente.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna para hablar en contra a la diputada Adriana Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante.

La diputada Adriana Soto Martínez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Adriana Soto Martínez: La coordinación entre instituciones que faciliten las operaciones en el sector pesquero resulta realmente importante, ya que esto generará una participación entre las autoridades encargadas y las que coadyuven para una debida realización de actividades que contribuyan a un mejoramiento de este sector, que es fuente de alimento y empleos para miles de mexicanos.

La cooperación entre instituciones y el sector pesquero es realmente necesaria, ya que esto generaría el intercambio de ideas así como la implementación de programas que permitirán generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero.

De igual manera, complementar la normatividad legal a la ley de referencia con la finalidad de determinar el uso de diversos instrumentos para tal efecto, al igual que la gestión de actividades pesqueras.

Es necesario adecuar y perfeccionar el ordenamiento jurídico vigente para fortalecer al sector pesquero con la finalidad de regular, fomentar y administrar el debido aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas ante los retos y desafíos del contexto actual, que exige responder a las demandas y necesidades que van surgiendo día a día, por lo que se debe contar con información actualizada, confiable y sistemática de las metodologías de investigación y vanguardia, así como propuestas novedosas en materia de política de gestión pesquera y el ámbito internacional, a fin  de programar, planear y coordinar y orientar el desarrollo de la investigación pesquera de nuestro país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Cristina Olvera Barrios, para hablar en pro, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputada.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen es un asunto que debe congratularnos en razón de que esta iniciativa aprobada en esta Cámara el pasado 4 de noviembre de 2014, no será uno de nuestros grandes pendientes por razones procedimentales, cobra relevancia por lo que significa para un sector estratégico del país, como es la pesca, misma que enfrenta grandes retos.

La presión sobre los recursos pesqueros, tales como fuente de alimentos como para la generación de empleos directos e indirectos se ha incrementado notablemente en los últimos años.

En 2009, la Organización de Naciones Unidas para la Pesca y la Alimentación nos alertaba que en el mundo el 80 por ciento de la pesca marina a nivel mundial se encontraba plenamente explotada, sobreexplotada o agotada. Lo anterior genera graves repercusiones en el cambio climático, lo que también afecta la estabilidad de los recursos pesqueros del orbe y, por supuesto, del país.

En México el 75 por ciento de la pesquería se encuentra explotada al máximo o en deterioro.

En el golfo de México pesquerías como la del tiburón o el cazón tienen una tendencia descendente desde la década de los Noventa. Entre las ya dañadas se encuentra la pesca de caracol, el camarón blanco, el rosado o la lisa. Lo mismo sucede en el Pacífico con el camarón azul y blanco, lisa y riso, tiburones, almejas y jaiba.

La pesca nacional que ha sido fuente de alimento central enfrenta uno de los principales desafíos y no está exenta del contexto mundial. Es por ello que esta iniciativa, modificada por nuestra colegisladora, sin contravenir su sentido original cobra importancia para nuestro país.

La facultad que se le otorga al Instituto Nacional de Pesca, para emitir su opinión de carácter y científico para la captura de especies marinas con fines científicos o técnicos a instituciones de investigaciones extranjeras brindará la oportunidad de ser partícipes de instrumentos metodológicos, técnicas de vanguardia en el campo de la ecología moderna.

Sin duda enfrentan los retos del sector y requiere de una mejor articulación entre la explotación de los recursos del mar, la investigación científica y la academia, basados en sólidos principios que contribuyen a la generación de cadenas de valor y la sustentabilidad de un recurso muy rico, pero no renovable.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos en que el intercambio de experiencias, métodos de investigación y tecnologías del mar potencializarán la generación de conocimientos tan necesarios para impulsar el crecimiento que necesita nuestra industria pesquera y acuícola del país.

Apoyamos este decreto que modifica el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que permitirá generar mecanismos para el desarrollo sustentable, científico y tecnológico del sector pesquero.

No actuar con responsabilidad significará atentar con nuestro medio ambiente y la seguridad alimentaria de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Claudia Rocío Villa Oñate:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Claudia Rocío Villa Oñate: Diputadas y diputados, lograr el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura, conlleva diversas acciones relacionadas a su ordenamiento, fomento y regulación, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, para lo cual es básico contar con la pesca de fomento. Es decir, aquella que se realiza con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación y evaluación de los recursos acuáticos.

Los legisladores del Partido Acción Nacional coincidimos con estos dictámenes que buscan establecer, por una parte, el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que sea el Inapesca quien realice la supervisión de la pesca de fomento, cuando participen científicos, técnicos o instituciones de investigación extranjeras, haciendo del conocimiento a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciban al respecto, en términos de la legislación aplicable.

El Inapesca, es la única institución mexicana de investigación pesquera con cobertura nacional y en permanente contacto con el medio pesquero y sus problemas de desarrollo y administración, por lo que al tener la supervisión de los proyectos de investigación de extranjeros podrá fortalecer su tarea y aportar con mayor conocimiento y herramientas técnicas al sector pesquero y acuícola, toda vez que se puede influir en temas tan relevantes, como ajustar la mortalidad de las especies a causa de la pesca, proteger la biodiversidad, minimizar el impacto ambiental, maximizar el valor de los productos y promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías en el menor tiempo posible, plantear actividades alternativas, fortalecer y hacer más eficientes los programas y recursos públicos dirigidos a este sector tan importante para el crecimiento económico y para un desarrollo más equitativo de nuestra sociedad.

Con este dictamen abonamos en promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país, al fortalecer las facultades conferidas a la Sagarpa para formular, otorgar y ejecutar programas de apoyo financiero, seguros, reaseguros, fianzas y garantías líquidas para el desarrollo de la pesca y la acuacultura.

Con este dictamen incidimos también en una mejor ley al salvaguardar adecuadamente los recursos pesqueros y acuícolas, con el endurecimiento de las infracciones, toda vez que se establecen mecanismos que permitan sancionar administrativamente a aquellos que infrinjan las normas oficiales mexicanas.

Es decir, las regulaciones técnicas de observancia obligatoria en materia de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola. Por estas razones, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor de estos dictámenes. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para manifestar la posición y el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo parlamentario del PRD en torno a los presentes dictámenes, por el que se modifica la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Este conjunto de modificaciones se discutieron el pasado noviembre en esta Cámara, y en la discusión llevada a cabo en el Senado, la colegisladora determinó realizar ajustes a los cambios propuestos con la finalidad de otorgar precisión al marco de actuación del Inapesca, para que sea éste el que emita las recomendaciones debidas en torno a las autorizaciones para pesca de fomento e investigación.

Este aspecto es muy delicado. No debemos olvidar que son las flotas pesqueras extranjeras las que principalmente violan las vedas o pescan sin los permisos dentro de la zona marítima de dominio económico y jurisdicción mexicana. Por lo que es menester que sea una institución como el Inapesca quien determine la supervisión, a efecto de ejercer un control y sobre las investigaciones que realicen particulares o instituciones extranjeras. La pesca y la acuacultura pueden ser las actividades fundamentales del desarrollo del sector primario que contribuyen con la generación de grandes cantidades de alimento.

Por ello, la importancia de aprobar la presente reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para establecer el término de embarcación mayor y definir con mayor claridad el de embarcación menor, introducir el concepto método de pesca, que se usa comúnmente y no está definido en la ley.

De igual forma será de gran ayuda para el sector incluir los términos seguros, reaseguros, fianzas y garantías líquidas para garantizar el desarrollo y fomento, además de adicionar los términos de personas físicas o morales y clarificar el momento en que se otorga un permiso o concesión.

Con estas modificaciones se pretende regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros, acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción para aprovechar de manera adecuada este recurso y satisfacer la creciente demanda de productos pesqueros para cubrir las necesidades básicas de alimentación, representa un gran reto a escala mundial.

Cabe señalar y es preciso reconocer que en la presente Legislatura, de manera destacada hemos dictaminado y aprobado un sinnúmero de reformas para fortalecer las actividades acuícolas y pesqueras. Sin embargo, nos preocupa que muchas de las disposiciones que establecemos en la ley, no son observadas por la autoridad correspondiente, contrasta la responsabilidad de los diputados al procurar los cambios necesarios a la legislación con la indiferencia que autoridades observan a la hora de aplicar la ley.

Y quiero poner a ustedes el ejemplo de la Semarnat y su discrecionalidad a la hora de instrumentar la Ley General del Equilibrio Ecológico, estaremos todos de acuerdo que las actividades de acuacultura en pequeña escala, no son contaminantes ni tampoco alteran la calidad y el uso de las aguas.

La ley es muy clara al respecto, para estas actividades se contempla la exención de manifestación de impacto ambiental, sin embargo la Semarnat lo está imponiendo como requisito y los acuacultores tienen que erogar poco más de 300 mil pesos por este tipo de estudios, esa cantidad no representa lo que pueda ganar en un año entero, esta situación es sumamente injusta y contradice el espíritu y la letra de la ley.

Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados, les hago un atento exhorto a dar seguimiento a las reformas y modificaciones que aquí aprobamos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Angélica Rocío. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Julieta Torres Lizárraga para hablar en pro, hasta por tres minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Carmen Julieta Torres Lizárraga:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Carmen Julieta Torres Lizárraga: Compañeras y compañeros diputados. La pesca se ha caracterizado por ser una de las actividades que aporta al crecimiento económico de diversas regiones del territorio nacional, así como a la seguridad alimentaria del país. Sin embargo la pesca no sólo es comercial, también puede ser de fomento deportivo, recreativo y didáctica, la cual se debe realizar mediante concesión o permiso.

El día de hoy en esta tribuna estamos abordando el tema de la pesca de fomento, actividad que, según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica, la experimentación, la exploración, la prospección, el desarrollo, la repoblación o conservación de los recursos constituidos por la flora y la fauna y su hábitat, la experimentación de equipos y métodos para esa actividad.

Tenemos claro que para realizar la pesca de fomento es necesario que la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, otorgue el permiso correspondiente siempre y cuando las personas acrediten capacidad técnica y científica, así como cumplir con lo que establece el reglamento y las normas oficiales en la materia.

Mediante el establecimiento y cumplimiento de estas disposiciones jurídicas, permitimos que se desarrolle la actividad pesquera en forma ordenada y sustentable generando mecanismos de conservación de los recursos y la protección del medio ambiente, lo que conllevará a evaluar la capacidad de extracción y mantener una producción sustentable.

Sin duda la pesca de fomento es un tema poco tratado, pero es una actividad realizada por miles de personas tanto nacionales como extranjeras, por lo que es imprescindible que se cuente con la autorización correspondiente para realizar este tipo de actividades.

Por ello los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo con el dictamen por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objeto de que la Secretaría se coordine con el Instituto Nacional de Pesca, para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científicas para permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros.

Consideramos pertinente que se incluya la participación del Inapesca, ya que es una institución encargada de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura con cobertura nacional, además de que cuenta con el personal adecuado para emitir datos fidedignos sobre la conservación, ordenación y desarrollo de la pesca, contribuyendo al cuidado de los ecosistemas, principalmente del hábitat acuático.

Asimismo, reconocemos que la reforma conserva la disposición jurídica que plantea que se debe hacer del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Marina las peticiones que reciban de extranjeros o de organismos internacionales sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable, con aplicable.

Termino, presidente. Con la aprobación del presente dictamen velaremos por la adecuada administración de la pesca y la conservación de los recursos naturales del país, fortaleciendo las medidas destinadas a la protección y sustentabilidad ambiental. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular lo referente al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular referente al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Algún diputado o diputada pendiente de votar?

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cante la votación, secretaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Señor presidente, se emitieron 354 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 354 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2, fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82 ,numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente:

Dictamen

Antecedentes

A. En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2015, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B. Con esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca para su estudio y dictamen correspondiente.

C. Se recibió en esta Comisión el día 13 de marzo de 2015.

Contenido de la iniciativa

Esta iniciativa tiene por objeto adicionar diversas disposiciones a la ley en comento, para establecer en el ordenamiento definiciones de uso recurrente en los diferentes instrumentos a cargo, así como de trámite ante la autoridad pesquera.

Esto con base en que los objetivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, contenidos en el artículo segundo de ese ordenamiento, son precisos en cuanto a los propósitos de regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

De forma genérica, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables preceptúa entre otros objetivos de este ordenamiento legal: establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura.

Asimismo, fijar las normas básicas para planear y regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, además de establecer el régimen de concesiones y permisos para la realización de actividades de pesca y acuacultura.

Análisis de la iniciativa

Para establecer estas definiciones propone inicialmente una adición al artículo 4o. del ordenamiento, incluir el referente al arte de pesca como el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuática permitida por la ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.

Esto con el fin de precisar que las características de las artes de pesca utilizadas se encuentren en los parámetros permitidos por la normatividad aplicable, de tal forma que no cause efectos nocivos a las especies de flora y fauna acuáticas.

En el mismo artículo,  propone adicionar una fracción XVI Bis para establecer el concepto cuota de captura, como una medida de importancia fundamental para la sustentabilidad del recurso pesquero. Asimismo, incluir fracción XVI Bis 2 en la que se establezca el término “, dado que su uso es recurrente en los diferentes trámites e instrumentos que emite la autoridad pesquera.

Definir además que “”, término contenido en la fracción XVII, será la unidad pesca con o sin motor fuera de borda con menos de 15 metros de eslora e incluir una fracción XXIII para introducir el concepto “”, ya que es un término que se usa comúnmente y no está definido en el texto de la ley.

En este artículo, propone incluir asimismo una fracción XXXVII Bis para incluir el concepto dado que el significado de este término es importante para los usuarios al ingresar el tipo de trámite que solicitan, respecto a un permiso o una concesión.

La presente iniciativa propone también adicionar un texto a la fracción XI del artículo 8o. de la Ley, de suerte tal que entre las facultades que le son conferidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y para efecto de que pueda resolver sobre la expedición, modificación o extinción de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola en los términos de la propia legislación, disposiciones reglamentarias y normas oficiales que deriven, podrá establecer condiciones, medidas de seguridad o correctivas. Está adición tiene como sustento que se requiere la debida fundamentación legal de todos los actos administrativos que se realizan en materia de permisos y concesiones de pesca.

En el artículo 24 de la ley, se propone adicionar los términos al inciso a de la fracción tercera, el cual preceptúa que la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, fomentará, promoverá y realizará acciones a la formulación y ejecución de programas de apoyo financiero.

Se propone adicionar los mismos términos a la fracción Vdel artículo en comento, el cual establece que la Secretaría promoverá el ordenamiento de la pesca y acuacultura y diseñará estructuras y mecanismos para el otorgamiento de créditos, seguros, reaseguros, fianzas y garantías liquidas. Esto, con el propósito de incluir y fortalecer legalmente el ordenamiento de la pesca y la acuacultura.

En el mismo artículo, adicionar una fracción VI, para establecer que la Secretaría podrá expedir permisos de pesca y acuacultura de fomento con la finalidad de apoyar la investigación, exploración, experimentación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas así como el desarrollo de nuevas tecnologías.

Un apartado siguiente propone incluir en el artículo 26, referente al Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, los términos seguros, reaseguros, fianzas y garantías liquidas.

Más adelante, se propone también derogar la fracción VIII del artículo 41, toda vez que el concepto trabajos pesqueros necesarios para fundamentar las solicitudes de concesión, es un procedimiento que en la práctica no se realiza.

Se plantea derogar asimismo las fracciones IV y V del artículo 47, dado que los preceptos: informará de la solicitud al Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, quien podrá emitir opinión respecto a la solicitud recibida y contará con quince días naturales para hacerla del conocimiento de la Secretaría y una vez dictada la resolución, la Secretaría, en su caso, publicará la concesión en el Diario Oficial de la Federación, a costa del solicitante, son procedimientos que no se realizan.

En el artículo 50, la iniciativa plantea adicionar el término permiso al de concesiones, en razón de que la cesión de derechos de concesiones y permisos, se contempla en otras legislaciones.

Propone derogar también el párrafo cuarto del artículo 51 de la ley, dado que la disposición por la cual se preceptúa que en caso de fallecimiento del permisionario, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, está contenida ya en este ordenamiento legal.

Adicionar asimismo los términos “ al artículo 64 por el cual se dispone que la Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, en los términos del ordenamiento legal, su Reglamento y las Normas Oficiales que al efecto se expidan.

En el artículo 100 de la ley, propone sustituir el término, al proponer que para la acuacultura comercial el titular deberá entregar un informe al Inapesca a la mitad del plazo estipulado en el permiso y con base en el dictamen emitido por el instituto se podrá prorrogar el mismo.

Una propuesta adicional plantea adicionar un término a la fracción IX del artículo 132, para dejar preceptuado que son infracciones a lo establecido en la ley, su reglamento y las normas oficiales que de ella deriven: no llevar a bordo de las embarcaciones la documentación original o en copia certificada expedida por la Secretaría para acreditar la concesión o permiso, o no tener en las instalaciones acuícolas copia certificada de la misma.

Así también, incluir una adición en la fracción XIII del mismo artículo para determinar como infracción a la ley, su reglamento y normas oficiales que de ella deriven, el hecho de practicar la pesca en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y banderas mexicanas, sin la concesión o el permiso correspondiente.

Para el artículo 138 de la ley, esta iniciativa propone una adición a la fracción III, para establecer que la imposición de multas a que se refiere el artículo 132 del ordenamiento se determinará también por incumplimiento a lo establecido en las normas oficiales que deriven.

Consideraciones

Primera. Los integrantes de esta comisión coincidimos con el proponente respecto a la necesidad de establecer en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables  definiciones de uso recurrente en los diferentes instrumentos a cargo, así como de trámite ante la autoridad pesquera. Las primeras adiciones propuestas son al artículo 4o. del ordenamiento, incluir el referente al arte de pesca como el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuática permitidos por la ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas, en su fracción V.

En el mismo artículo,  propone adicionar una fracción XVI Bis para establecer el concepto cuota de captura, como una medida de importancia fundamental para la sustentabilidad del recurso pesquero. Asimismo, incluir fracción XVI Bis 2 en la que se establezca el término, dado que su uso es recurrente en los diferentes trámites e instrumentos que emite la autoridad pesquera.

Definir además que “ embarcación menor”, término contenido en la fracción XVII, será la unidad pesca con o sin motor fuera de borda con menos de 15 metros de eslora e incluir una fracción XXIII para introducir el concepto “ método de pesca”, ya que es un término que se usa comúnmente y no está definido en el texto de la ley.

En este artículo, propone incluir asimismo una fracción XXXVII Bis para incluir el concepto dado que el significado de este término es importante para los usuarios al ingresar el tipo de trámite que solicitan, respecto a un permiso o una concesión.

Segunda.La siguientees la adición a la fracción XI del artículo 8o. de la Ley, referente a  las facultades que le son conferidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y para efecto de que pueda resolver sobre la expedición, modificación o extinción de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola en los términos de la propia legislación, disposiciones reglamentarias y normas oficiales que deriven, podrá establecer condiciones, medidas de seguridad o correctivas. Esta tiene como sustento que se requiere la debida fundamentación legal de todos los actos administrativos que se realizan en materia de permisos y concesiones de pesca.

Tercera. Del mismo modo, al ser atribución de la Secretaría el fomentar las actividades pesqueras y acuícolas para el desarrollo integral de quienes participan en dichas actividades, se considera adecuado la adición de una fracción VI, al artículo 24para establecer que la Secretaría podrá expedir permisos de pesca y acuacultura de fomento con la finalidad de apoyar la investigación, exploración, experimentación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas así como el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Cuarta. Igualmente se considera adecuado el incluir en el cuerpo del artículo 26 referente al Promar los términos ya que ello garantizará a las instituciones financieras de banca de desarrollo, de fomento o a intermediarios financieros rurales que operen con el fondo, la recuperación de los crédito que se otorguen a las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas.

Quinta. En cuanto a la reforma propuesta al artículo 41 en su fracción VIII se considera adecuada su derogación en virtud de que en la práctica no se realiza la disposición preceptuada.

Sexta. Del mismo modo se considera adecuado derogar las fracciones IV y V del ARTÍCULO 47 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ya que los procedimientos que se especifican en los mismos no se realizan en la práctica, por lo que resultan obsoletos.

Séptima. Respecto a la adición en el ARTÍCULO 50 del término”, se considera conveniente, pues la cesión de derechos ya se contempla en otras legislaciones tanto de concesiones como de permisos. 

Octava. Respecto a la derogación del cuarto párrafo del ARTÍCULO 51, que  preceptúa que en caso de fallecimiento del permisionario, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se considera viable pues está contenida ya en este ordenamiento legal.

Novena. Respecto a la adición de los términos “ al artículo 64 en el que se dispone que la Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, se considera viable para diferenciarlos jurídicamente a ambos tipos de personas.

Décima. En cuanto hace a la adición del término, al final del artículo 100 de la ley, se considera viable  con el fin de no dejar duda respecto a que se podrá prorrogar el mismo.

Décima Primera. Consideramos adecuada la modificación referente a la portación de documentación en copia certificada, en la fracción IX del artículo 132, con el propósito de mantener en resguardo del título original y evitar la pérdida o daño del mismo.

Coincidimos igualmente en la necesidad la adición de la fracción XIII al mismo artículo, con el propósito de salvaguardar adecuadamente los recursos pesqueros y acuícolas con el endurecimiento de las infracciones, al dotar a la ley de mecanismos que permitan sancionar administrativamente a aquellos que infrinjan normas oficiales mexicanas.

Décima Segunda. Del mismo modo el incluir entre las faltas acreedoras a las  sanciones previstas en el Artículo 138 de la Ley, incumplir con lo establecido en las normas oficiales que derivan de esta Ley, mediante la inclusión de la fracción XXVI del artículo 132, entre estas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la  Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único.Se reforman los artículos 4o., fracciones V y XVII; 8o., fracción XI; 24, fracciones III, inciso a., y V; 26, primer párrafo; 50; 64, primer párrafo; 100, tercer párrafo; 132, fracciones IX y XIII; y 138, fracciones II y III; se adicionan las fracciones XVI Bis, XVI Ter, XXIII Bis, y XXXVII Bis al artículo 4o.; una fracción VI al artículo 24; y se derogan la fracción VIII del artículo 41; las fracciones IV y V del artículo 47; y el cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 4o.Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I.a IV. ...

V. Arte de Pesca:Es el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas permitidos por la Ley, su Reglamento y Normas Oficiales Mexicanas;

VI.a XVI. ...

XVI Bis. Cuota de Captura: Cantidad máxima de organismos que podrá ser capturada para una especie o pesquería en particular en una zona y periodo de tiempo determinado por embarcación o unidad productiva;

XVI Ter. Embarcación Mayor: Unidad de pesca con motor estacionario y con eslora total superior a 15 metros; dotada con motor estacionario, con sistema de conservación de productos de la pesca a base de hielo o refrigeración y una autonomía promedio de 20 días;

XVII. Embarcación Menor:Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda con menos de 15 metros de eslora; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de tres días como máximo;

XVIII.a XXIII. ...

XXIII Bis. Método de Pesca: Forma en que se opera el arte de pesca con el que se realice la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas en el medio acuático o el entorno en que se desarrollan dichas especies permitidos por la ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas;

XXIV.a XXXVII. ...

XXXVII Bis. Prórroga: Extensión del plazo para realizar la actividad pesquera o acuícola, mediante la expedición de una nueva concesión o permiso, siempre que se haya cumplido con los términos y condiciones del anterior;

XXXVIII.a LI. ...

Artículo 8o.Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I.a X. ...

XI.Resolver sobre la expedición, modificación o extinción de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola, en los términos de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y normas oficiales que de ella deriven ; para tal efecto y, en su caso, podrá establecer condiciones, medidas de seguridad o correctivas;

XII.a XLI. ...

Artículo 24. ...

I.y II. ...

III. ...

a. La formulación y ejecución de programas de apoyo financiero, seguros, reaseguros, fianzas y garantías liquidas para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, que incluyan, entre otros aspectos, la producción de especies comestibles y ornamentales de agua dulce, estuarinas y marinas, la reconversión productiva, la transferencia tecnológica y la importación de tecnologías de ciclo completo probadas y amigables con el ambiente;

b.a l. ...

IV. La Secretaría podrá vender los productos obtenidos de la reproducción de especies generadas en sus centros acuícolas, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación;

V. Promoverá el ordenamiento de la pesca y acuacultura y diseñará estructuras y mecanismos para el otorgamiento de créditos, seguros, reaseguros, fianzas y garantías liquidas a sus beneficiarios y su capacitación, así como para instrumentar servicios de comercialización de productos, investigación y adaptación al cambio tecnológico, y

VI. La Secretaría podrá expedir permisos de pesca y acuacultura de fomento con la finalidad de apoyar la investigación, exploración, experimentación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas así como el desarrollo de nuevas tecnologías.

Artículo 26.El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, será el instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, facilitando el acceso a los servicios financieros, seguros, reaseguros, fianzas y garantías liquidas en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos adecuados, así como para garantizar a las instituciones financieras de banca de desarrollo, Financiera Rural o a los Intermediarios Financieros Rurales que operen con el Fondo, la recuperación de los créditos que se otorguen a las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas.

...

...

Artículo 41. ...

I.a VII. ...

VIII. Derogada.

IX.a XV. ...

Artículo 47. ...

I.a III. ...

IV. Derogada.

V. Derogada.

Artículo 50.Los titulares de las concesiones o permisos podrán ser sustituidos previa autorización expresa que otorgue la Secretaría, siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento de la presente Ley. En el caso del fallecimiento del titular de la concesión, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 51...

..

...

Derogado

Artículo 64. La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas físicas o morales que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, en los términos de la presente Ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan.

...

Artículo 100...

...

Para la acuacultura comercial el titular deberá entregar un informe al Inapesca a la mitad del plazo estipulado en el permiso, y con base en el dictamen emitido por el Instituto se podrá prorrogar el permiso.

Artículo 132.Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I.a VIII. ...

IX. No llevar a bordo de las embarcaciones la documentación original o en copia certificada expedida por la Secretaría para acreditar la concesión o permiso, o no tener en las instalaciones acuícolas copia certificada de la misma.

X.a XII. ...

XIII. Practicar la pesca en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, sin la concesión o el permiso correspondiente;

XIV.a XXXI. ...

Artículo 138. La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. ...

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVIII, XXXI del artículo 132;

III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VIII, XI, XII, XIV, XX, XXIV, XXVI, XXVII y XXX del artículo 132, y

IV. ...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Heidy Guadalupe Estrada Martínez (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica en abstención), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Manuel Francisco Tapia Bustos (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina, Roberto Carlos Reyes Gámiz, María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Está a discusión en lo general. No habiendo oradores registrados y en virtud que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciérre el sistema, por favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 334 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 334 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es relativo a los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTAMENES A DISCUSION DE PUNTOS DE ACUERDO

COORDINEN Y REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ERRADICAR EL AMBULANTAJE QUE SE PRESENTA EN EL PUENTE INTERNACIONAL HIDALGO-REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar y realizar por la Segob y Capufe acciones para erradicar el ambulantaje en el puente internacional Hidalgo-Reynosa, en Tamaulipas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar y realizar por la Segob y Capufe acciones para erradicar el ambulantaje en el puente internacional Hidalgo-Reynosa, de Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de marzo de 2015, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a coordinar y realizar por la Segob y Capufe acciones para erradicar el ambulantaje en el puente internacional Hidalgo-Reynosa, de Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado autor de la proposición, expone que el puente internacional Hidalgo-Reynosa pertenece a la red operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), siendo este un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, y entre sus atribuciones se encuentran:

1) Conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por sí o a través de terceros los caminos y puentes a su cargo.

2) Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de los convenios correspondientes.

3) Coadyuvar a solicitud de la SCT en la inspección de carreteras y puentes federales concesionados y, en su caso, en la operación de estos últimos, así como en la ejecución y operación del programa de caminos y puentes concesionados.

Con lo anteriormente señalado, el puente internacional Hidalgo-Reynosa tiene su operación, administración y conservación bajo la responsabilidad de Capufe; por lo que la seguridad y protección civil de los usuarios que hacen uso de esta infraestructura está bajo su resguardo.

De acuerdo al Estatuto Orgánico de Capufe, el organismo debe establecer programas de seguridad vial y protección civil que atiendan la infraestructura carretera

El proponente plantea que en la mayoría de las carreteras y autopistas de nuestro país, sobre todo en las casetas y/o zonas de descanso o de baja velocidad es común encontrar vendedores ambulantes que desarrollan esta actividad como un manera de sobrevivir, como un trabajo, que aunque en la mayoría de los casos no afectan a los usuarios tampoco es una actividad legal. Poco se ha logrado y en muchos de estos casos, poco se ha intentado hacer para erradicar esta costumbre, al parecer se ha convertido en el menor de los males con lo que tienen que lidiar los responsables de Capufe.

En el mismo sentido expone que el ambulantaje en los puentes y/o cruces fronterizos en los últimos años ha evolucionado de una complicidad entre los comerciantes para crecer el negocio, a una mafia donde compiten entre ellos a través de la violencia.

Han transcurrido ya más de 5 años desde que se llevan a cabo reuniones entre diferentes autoridades municipales y federales para planear estrategias de cómo erradicar el ambulantaje, en específico, en el puente internacional Hidalgo, en donde hace unos meses se publicó una grabación de una riña entre “limpiavidrios” que utilizaban objetos punzocortantes para agredirse unos a otros sobre los automóviles que se encontraban esperando en línea para cruzar el puente, lugar en donde existen señalamientos que prohíben claramente el ambulantaje. Lo más preocupante de todo es que durante esta riña jamás se acercó ningún elemento de seguridad y/o policía. Claramente es una situación de la cual ya se perdió el control.

El diputado proponente plantea que es obligación de los titulares de Capufe, apoyarse con las autoridades ya sea municipales o federales para poner orden en los puentes que se encuentran bajo su administración, por imagen, por seguridad de los usuarios y simplemente porque es una actividad ilegal.

Por todo lo anterior presentó la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación y al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se coordinen y realicen las acciones necesarias para erradicar el ambulantaje que se presenta en el puente internacional Hidalgo-Reynosa en el Estado de Tamaulipas.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora coincide con el diputado proponente en la necesidad de la intervención del estado para erradicar el ambulantaje en los puentes internacionales.

Esta actividad conlleva a varias actividades ilícitas como es la venta de artículos de dudosa procedencia, corrupción etcétera, de la misma manera se permiten grupos delictivos que controlen a los vendedores y que en muchas ocasiones hacen valer su autoridad por mediación de la violencia.

Sin embargo esta Comisión de Transportes considera que las proposiciones de acuerdo tienen que ser generales, y en este caso específico no podemos solicitar exclusivamente que sea para el puente internacional Hidalgo Reinosa de Tamaulipas.

Lamentablemente esta problemática se presenta en la mayoría si no es que en todos los puentes internacionales, por lo que es necesario tener un mejor control de estos accesos y salidas de nuestro país.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes emiten el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se coordinen y realicen las acciones necesarias para erradicar el ambulantaje que se presenta en los puentes internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 16 abril de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Atihé (rúbrica), Norma González Vera (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Diana del Carmen Vera Ávila (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Rodrigo Rosas Esparza (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, Petra Barrera, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Antolín Etienne Rivera, Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Ignacio Ramírez Juárez (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez.»

ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN EL RESTABLECIMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por el director general de Capufe acciones para restablecer la iluminación en el acceso del puente internacional Reynosa-Pharr, en Tamaulipas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por el director general de Capufe acciones para restablecer la iluminación en el acceso del puente internacional Reynosa-Pharr, en Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de marzo de 2015, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar por el Director General de Capufe acciones para restablecer la iluminación en el acceso del puente internacional Reynosa-Pharr, en Tamaulipas

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El proponente expone que existe una falta de iluminación notable en algunos tramos del acceso del puente internacional Reynosa Pharr, todo el alumbrado del lado mexicano se encuentra apagado. El puente internacional Pharr representa una importante obra de infraestructura que favorece al intercambio comercial y al flujo de personas entre México y Estados Unidos. El responsable del puente y concesionario es Banobras-Farac, pero es Capufe quién opera su funcionamiento.

De acuerdo a sus especificaciones físicas, el puente presenta una longitud de 2.6 kilómetros, cuenta con cuatro carriles y posee una banqueta peatonal en ambos sentidos, para que las personas puedan acceder a las garitas y realizar sus trámites correspondientes de migración e internación.

De los 11 puentes internacionales que opera Capufe, este es el que registra más tránsito vehicular de carga, con alrededor de 2 mil unidades diarias además de las 3 mil unidades ligeras que cruzan la frontera diariamente.

En teoría, Capufe pone en manos de empresas privadas el mantenimiento de sus puentes y vías, sin embargo es su responsabilidad verificar de dichas empresas cumplan con los contratos y obligarlas a que realicen las acciones necesarias para que se brinde este servicio esencial.

Si la causa de la falta de iluminación es imputable a la Comisión Federal de Electricidad, entonces se le invita a que gestione los oficios necesarios para que dicha Comisión verifique sus cableados y se logre brindar la electricidad necesaria a la zona. En fin, se responsabilice y solucione este problema.

Está de sobra destacar la inseguridad que en la actualidad habita en el estado de Tamaulipas y lo complicado que está siendo poder recuperar la tranquilidad de sus habitantes y/o de turistas que ayuden a mejorar la situación económica que viven la mayoría de los tamaulipecos que decidieron no abandonar sus hogares o sus negocios.

El proponente expresa que la falta de iluminación notable en este puente no sólo daña la imagen de Reynosa, también simboliza que Tamaulipas no es si quiera capaz de responsabilizarse de sus puentes fronterizos, como entonces se espera que se responsabilice de la situación social, y en consecuencia y en contraste con el país vecino es México también quien se ve afectado por esta falta de servicio, si no podemos darles iluminación a los ciudadanos, como queremos prometerles seguridad. Es momento de aprovechar estas oportunidades que tenemos de hacer las cosas correctamente, Tamaulipas lo necesita.

Por todo lo anterior presentó la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través del titular de Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que realice las acciones necesarias que permitan el restablecimiento de la iluminación en el acceso al puente internacional Reynosa-Pharr en Tamaulipas.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora coincide con el diputado proponente en la necesidad de que nuestras vías de comunicación se encuentren en buen estado para un óptimo funcionamiento para evitar accidentes a los usuarios.

A los integrantes de la Comisión de transportes nos queda claro que una buena visibilidad es fundamental para evitar accidentes automovilísticos, y de igual forma se requiere para tener una mayor seguridad para las personas que cruzan el puente caminando.

Sabemos que la inseguridad es un problema que nos atañe a todos y que actualmente es un problema nacional, y consideramos que es deber de todos los niveles de gobierno hacer lo que esté a nuestro alcance para garantizar el bienestar de los Mexicanos.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes emiten el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través del titular de Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos, para que realice las acciones necesarias que permitan el restablecimiento de la iluminación en el acceso al puente internacional Reynosa-Pharr en Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Atihé (rúbrica), Norma González Vera (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Diana del Carmen Vera Ávila (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Rodrigo Rosas Esparza (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, Petra Barrera Barrera, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Antolín Etienne Rivera, Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Ignacio Ramírez Juárez (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Soto Martínez.»

EJECUTEN ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS O DE REMEDIACION Y DE LAS RESPONSABILIDADES EN LAS AFECTACIONES DEL RIO TONTO, AFLUENTE DEL RIO PAPALOAPAN

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al gobierno federal a ejecutar por la Semarnat, la Profepa y la Conagua acciones preventivas y correctivas o de remediación y de las responsabilidades en las afectaciones del río Tonto, afluente del Papaloapan

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo con expediente número 6013 por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y las autoridades ambientales estatales, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del Río Tonto, afluente de del Rio Papaloapan, de la región hidrológica Gofo Centro.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 5 de febrero de 2015, el diputado José Soto Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar al titular del Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que se atiendan la grave problemática que representa los niveles de contaminación del Río Tonto, principal afluente del Rio Papaloapan.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el proponente que a más de cuatro meses del peor desastre ambiental en la historia de México, en el cual se derramaron aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo de Tinajas, en Sonora, y el ecocidio en el lago de Cajititlán, en Jalisco, donde aproximadamente 270 toneladas de diversas especies en peces resultaron muertas por los malos manejos de aguas residuales en la zona; a pesar de estos dos desastres naturales y debido a la falta de justicia sobre los responsables de estos delitos, estas prácticas se han vuelto invariables y repetitivas a lo largo y ancho de todo el país.

Indica el proponente que un ejemplo de ello, es el actual suceso en los caudales del Río Tonto, importante afluente del Río Papaloapan en los límites de Oaxaca y Veracruz, principales estados afectados, donde hace menos de un mes algún tipo de contaminante causó la mortandad de cientos de peces de diversas especies.

Confirma el legislador que funcionarios del municipio de Tuxtepec han salido a la defensiva, afirman que el río se encuentra en buen estado y que es libre de contaminantes. Lo cierto es que, no es la primera ocasión en la que los caudales del Río Papaloapan sufre este tipo de percances, y peor aún, propiciados por la tratadora de aguas residuales del este municipio.

Informa el diputado que una de las fábricas de papel que se encuentra en la zona ha sido c1ausurada por derramar aguas residuales al Río Papaloapan. Al igual que con la Cervecera del Trópico, también cuenta con antecedentes, ya que vecinos de ésta fábrica, afirman que en horarios nocturnos, realizan una contaminación despiadada al río y a los mantos freáticos de Tuxtepec, vertiendo sus aguas residuales. Son varios los posibles responsables de estos continuos accidentes en el río, como lo es la fábrica de papel Tres Valles, también situada en la zona y que al igual se afirma han sido grandes responsables por la afectación de la flora y fauna de esa región. Otros más, son las alcoholeras, responsables de verter sus desechos tóxicos al río, y que hasta el momento son uno de los que más perjudican el ecosistema.

Confirma el legislador que esta situación adversa tiene por lo menos quince años luchando contra este problema que afecta a todos los habitantes de la zona, desde consumidores, hasta pescadores y comerciantes.

III. Consideraciones

Los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocemos efectivo el planteamiento del proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales y estatales competentes, para que atiendan el problema que representa la grave contaminación de la cuenca del Río Tonto, importante afluente del Rio Papaloapan.

Estimamos importante señalar que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, cuerpos de agua, ríos, lagos, entre otros.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua, publicada en el Atlas del Agua en México 2014, el país se ha dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas, las cuales están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, sus límites respetan los municipales, para facilitar la administración e integración de información socioeconómica; la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano administrativo, normativo, técnico y consultivo encargado de la gestión del agua en México, ejecuta sus funciones a través de estos 13 organismos de cuenca, cuyo ámbito de competencia son las regiones hidrológico-administrativas, siendo la región hidrológico-administrativa X, Golfo Centro, la encargada de la cuenca del Rio Tonto, afluente de la importante cuenca del Papaloapan.

El agua es un elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes al año 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde se observa que la cobertura es, 88 de cada 100 municipios en México tienen servicio de agua potable y veintiséis de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre los años 2010-2030 la población del país se incrementará en alrededor de 20.4 millones de personas, además, para 2030 aproximadamente el 75.2 por ciento de la población total se asentará en localidades urbanas; se calcula que para el periodo 2012-2030, más del 70 por ciento del crecimiento poblacional ocurrirá en seis regiones hidrológicas administrativas las regiones hidrológico-administrativas. La región hidrológico-administrativa X Golfo Centro, para 2012 registra una población de 10 mil 311 y para el año 2030, se calcula que la población será de 11 mil 607, estimando un incremento de la población a la orden de mil 296 personas.

Respecto de los informes emitidos por la Comisión Nacional del Agua, mediante su publicación denominada Atlas del Agua en México 2014, anualmente México recibe del orden de 1,489’000 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. Se estima que el 71.6 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.2 por ciento escurre por los ríos y arroyos, y el 6.2 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, el país cuenta con 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media. La disponibilidad media per cápita (por habitante) de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes.

Ahora bien, respecto de las mediciones denominadas Demanda Química de Oxígeno (DQO), es un parámetro que sirve para estimar la cantidad de materia orgánica en el agua que es oxidada o degradada por medios químicos. Este parámetro mide tanto materia orgánica biodegradable como no biodegradable, que es oxidada o degradada por medios químicos. En cualquiera de los dos casos, son resultado del vertido de aguas residuales. El resultado del vertido de aguas residuales tanto municipales como no municipales, y un aumento en la concentración de éstos significa una reducción en el contenido de oxígeno disuelto en el agua, afectando a los organismos y ecosistemas acuáticos.

Un aumento en este parámetro indica presencia de aguas residuales no municipales, es decir, aguas residuales provenientes principalmente de la industria. Del total de sitios donde se tomaron las muestras, un 13.8 por ciento muestra condiciones excelentes, 8.9 por ciento de buena calidad, 33.2 por ciento aceptable, lo que representa un 55.9 por ciento de sitios con calidad por encima de lo aceptable. Por el contrario, un 38.1 por ciento de sitios son contaminados y un 6 por ciento altamente contaminados, dando un resultado del 44.1 por ciento de sitios con calidad por debajo de lo aceptable. Los sitios con mayores niveles de DQO se encuentran en los mayores núcleos urbanos del país, sobre todo en las regiones centro y occidente.

De los datos citados con anterioridad, es importante señalar que los muestreos reportados para el año 2013 resulto un 31.7 por ciento de sitios con calidad por debajo de lo aceptable, lo que representó en un año un alarmante incremento del 39.20 por ciento de sitios altamente contaminados reportados en el año 2014.

Es por lo anterior, consideramos de suma trascendencia atender la problemática que se genera derivado de las severas afectaciones por la contaminación que se registran en los cuerpos de agua del país, ya que se muestran diversos grados de contaminación en donde se perciben químicos altamente tóxicos como son el mercurio, plomo, cadmio, cromo y compuestos como el tolueno o el benceno, los cuales representan un severo foco de infección y en consecuencia los respectivos daños a la salud pública, que afectan principalmente en las zonas aledañas a los cuerpos de agua, en donde se vierten, sin precaución alguna, los desechos de los diversos usos del agua previstos en la ley; adicionalmente, es insuficiente el nivel cultural de nuestro pueblo que se manifiesta en la desobligación con la que vierten desechos tóxicos sin conciencia de la obligación legal que tienen de revertir y reparar los graves daños que ocasionan al ambiente, con independencia de que el vertedor de tales desechos sea del sector público, privado o social.

Es importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de la biodiversidad y de las especies, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Estimamos que a partir del reconocimiento de que el agua es un elemento fundamental para la vida, y cabe destacar que uno de los principales activos con los que cuenta México es su riqueza natural; particularmente, el agua, el suelo, el clima, sus bosques y mares, entre otros; por lo que la implementación del saneamiento con visión integral de la cuenca del Río Tonto, el más importante afluente del Rio Papaloapan, contribuye en el proceso de recuperación de las áreas dañadas en el contexto del ámbito de utilización racional de la biodiversidad y hacer uso integral del capital natural, sin poner en riesgo el futuro de los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto y fundado, los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y las autoridades ambientales estatales, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del Río Tonto, afluente de del Rio Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Gofo Centro.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, proceder a deslindar responsabilidades para el caso de afectaciones de contaminación en la cuenca del Río Tonto, afluente de del Rio Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Gofo Centro, y se ejecuten las sanciones que correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, José Ignacio Olvera Caballero (rúbrica), Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE CONSERVACION DEL JAGUAR, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Profepa, la Semarnat y la PGR acciones para la conservación del jaguar, especie en peligro de extinción

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar –por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría General de la República– acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción, expediente número 6056, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable pleno, el proyecto de dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Procuraduría General de la República, PGR, acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción, Expediente número 6056, del Grupo Parlamentario del PRD, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 12 de febrero de 2015, la diputada Graciela Saldaña Fraile, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Profepa, la Semarnat y la PGR acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción.

2. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva, dictó sobre el asunto, el trámite siguiente: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen”.

II. Contenido de la iniciativa

La proponente nos narra los sucesos ocurridos en los Estados de Quintana Roo y Sonora, hechos que día a día se han convertido en prácticas cotidianas en distintos Estados al interior de la República mexicana, principalmente por el desconocimiento del valor ecológico y cultural la especie Panthera Onca, además actualmente los delitos narrados se encuentran impunes.

Sonora

Con fecha 28 de febrero de 2014 en el rancho Cueva Blanca del municipio de Granados, Sonora, se encontraron los restos de una hembra de jaguar (Panthera Onca) la cual fue envenenada y calcinada, presentándose denuncia ante la Procuraduría General de la República por la doctora Ivonne Cassaigne, que fue radicada con el número de averiguación 531, mesa 26 con la licenciada Victoria Karina Medina, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales.

Dicho ejemplar era conocido con el nombre de “Corazón” y formaba parte de investigaciones científicas, que contaba con un collar transmisor satelital (GPS) colocado por el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México. Expediente a la fecha sin concluir.

En fecha 23 de junio de 2011 campesinos dieron muerte a jaguar atándolo sobre una bicicleta en una carretera del municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

El 28 junio de 2014 sobre la carretera Puerto Juárez-Tulum en Quintana Roo, se encontró jaguar hembra la cual presentaba dos heridas de impacto de balas, uno en el cráneo y otro a la altura de la cadera. La Profepa tuvo conocimiento del caso por llamada telefónica en la que se realizaba denuncia.

Con fecha 16 de noviembre de 2014 se encontró el cadáver de una hembra de jaguar, degollada, desollada y sin garras en las extremidades anteriores y posteriores en un paraje en la avenida los olivos, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. La Profepa tuvo conocimiento del caso por denuncia realizada por habitantes y organizaciones civiles del municipio de Solidaridad.

Nos refiere la proponente que de conformidad con lo señalado y enlistado en la norma oficial mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental, Especies nativas de México de flora y fauna Silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, el jaguar es una especie en peligro de extinción.

Informa que de acuerdo con el censo realizado en 2011 por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con especialistas de la especie, existían 4 mil 100 ejemplares de jaguar en México, que organizaciones que trabajan para la conservación del jaguar han alertado la posibilidad de que esta especie desaparezca ante las amenazas de caza furtiva, la destrucción, fragmentación y deterioro del hábitat y la disminución de las poblaciones de sus presas principales. El Código Penal Federal vigente en su artículo 420, fracción III, establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente, realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres. De igual forma impondrá sanción a quien dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, en peligro de extinción.

Hace referencia la proponente que en la mayoría de los municipios de Quintana Roo, donde se avistan los ejemplares en cuestión sufren de problemas de caza furtiva aunado a la falta de información en materia de conservación ya que existe total ausencia de las autoridades encargas de preservar el medio ambiente y sus recursos naturales.

En este tenor, se sabe que la práctica de la caza puede ser de forma dolosa y en otras ocasiones sucede que los campesinos desconocen la legislación y la importancia del jaguar aunado a los problemas de distancia que complica la difusión de la información y a que las autoridades no cuentan con los medios necesarios para hacérselas llegar, ni perseguir los delitos.

De conformidad a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en cuanto tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, de igual forma atendiendo a lo señalado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Una vez analizado el contenido del presente dictamen y con base a los argumentos vertidos, la proponente plantea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que dé celeridad a la integración y consignación de las averiguaciones iniciadas, relacionadas a las muertes de jaguares en los diversos Estados del país, allegándose de los medios indispensables para la integración del cuerpo del delito y la determinación de la probable responsabilidad y que en caso de no contar con los peritos especialistas en la materia o con los medios científicos para lograrlo, solicite la intervención de instancias Internacionales para tal fin.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a instaurar programas y estrategias efectivas enfocadas a informar sobre la normatividad ambiental y la importancia de la conservación del jaguar y su hábitat tanto en el ámbito rural como en el urbano, haciéndolas llegar a las localidades que se encuentran más alejadas, zonas en donde el avistamiento de esta especie en peligro de extinción es frecuente.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente capacite al personal adscrito a esa procuraduría para el efecto del correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.

III. Consideraciones

Los y las integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocemos la relevancia de la protección de la especie Panthera Onca, conocida como jaguar, ya que es una especie en peligro de extinción que requiere una atención urgente, pues ha desaparecido más del 60 por ciento del área que ocupa en México y la población estimada es de menos de 5 mil individuos a nivel nacional, resaltando que su conservación beneficia a miles de especies de plantas y animales silvestres de México.

De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, el jaguar es el depredador más grande de la América tropical, su función es importante no sólo por la presión que ejerce extrayendo individuos del sistema sino también por que modifica las densidades poblacionales de sus presas. Cuando los grandes depredadores desaparecen comienzan a actuar fenómenos en cadena que desestabilizan los ecosistemas y les puede llevar al deterioro.

La principal amenaza para las poblaciones del jaguar, de acuerdo con el Grupo de especialistas en México, es la cacería en represalia que hacen los productores rurales, por la depredación del ganado, aunado a la reducción de su hábitat por la fragmentación de los ecosistemas, y actividades antropogénicas como agricultura, ganadería, asentamientos humanos, obras públicas como trazos carreteros, tendidos eléctricos, además de la cacería para trofeos y venta de productos y subproductos (piel, colmillos y garras), lo que en conjunto impacta enormemente la conservación del jaguar en México. Motivo por el cual actualmente la especie Panthera Onca se encuentra protegida por la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de especie amenazada.

La importancia del jaguar no sólo radica en la cadena biótica, también tiene un gran valor en la muchas de las culturas de las civilizaciones prehispánicas, desde los olmecas hasta los aztecas, como un ícono recurrente para simbolizar liderazgo, sacrificio y guerra. La fascinación que ejercieron los jaguares sobre la imaginación de los pueblos indígenas persistió en la época colonial y ha llegado hasta nuestros días, pero la falta de difusión de su importancia histórica, cultural y como parte clave de un ecosistema, propicia que hoy en día sucedan hechos como los acaecidos en Sonora, Quinta Roo, entre otros.

Esta comisión dictaminadora prevé que las posibilidades de conservar al jaguar se reducen debido a la falta de estrategias sólidas para su protección. La enorme complejidad que representa salvar al jaguar en estado silvestre en México, requiere de un esfuerzo sostenido, de gran escala, que no puede llevarse a cabo por sectores aislados de la sociedad o el gobierno, se requiere de acciones concertadas entre la iniciativa privada, la sociedad civil y el gobierno de México.

La implantación de políticas públicas integrales, el fortalecimiento de las leyes, así como la correcta aplicación de las mismas generara que la conservación de la Panhtera Onca sea más eficaz para su protección, en el ámbito penal, teniendo como fundamento para la persecución del delito tal y como lo prevé el Código Penal Federal vigente en su artículo 420, fracción III, establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres. Para dotar de mayor eficiencia el referido supuesto jurídico enunciado, los integrantes de esta Comisión consideramos pertinente que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coadyuvé en la capacitación de los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia en materia ambiental (fauna silvestre), para que puedan determinar de manera minuciosa y efectiva los posibles hechos delictuoso que se ejercen sobre la especie de la Panthera Onca, y con ello disponer de mecanismos efectivos para salvaguardar la preservación de la especie, aplicando estrictamente la ley a quienes transgreden.

Los integrantes de esta comisión consideramos que es necesario difundir de forma prioritaria en los Programas de Semarnat, Conabio y Profepa la implementación de campañas de concientización de manera anual en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, estados donde existe la presencia de esta especie; con la finalidad de brindar protección a las poblaciones de Jaguar y su hábitat, enseñar a las comunidades la importancia de la protección del jaguar, incrementar la participación de la sociedad en la conservación, para así evitar la reducción de ilícitos ambientales y a través de las acciones de inspección y vigilancia, reducir la cacería furtiva de las presas que consume el Jaguar, siendo importante resaltar la implementación del programas para que todas las actividades rurales sean sustentables y permitan la permanencia del jaguar.

Por lo antes expuesto y fundado, las legisladoras y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de La Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, para que dé celeridad a la integración y consignación de las averiguaciones iniciadas relacionadas a las muertes de jaguares en los diversos Estados del país, allegándose de los medios indispensables para la integración del cuerpo del delito y la determinación de la probable responsabilidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, coadyuve a la capacitación del personal adscrito a la Procuraduría General de la Republica, para efecto de instruir el correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos de los delitos cometidos a las especies silvestres.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a instaurar programas y estrategias efectivas enfocadas a informar sobre la normatividad ambiental y la importancia de la conservación del jaguar y su hábitat, tanto en el ámbito rural como en el urbano, haciéndolas llegar a las localidades que se encuentran más alejadas, zonas en donde el avistamiento de esta especie en peligro de extinción es frecuente.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto, prevean la suficiencia presupuestal que permita la implementación eficaz de campañas enfocadas a la educación, prevención y cuidado de la pantera onca en las regiones y comunidades donde hay presencia de esta especie y con ello generar conciencia social del cuidado de este tipo de felinos mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, José Ignacio Olvera Caballero (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, María Estela Moreno Alvarado (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

DETENER EL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA “PALMA TICA DE MEXICO, SA DE CV” EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y CHIAPAS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Semarnat y la Profepa acciones para detener el daño ambiental derivado de las actividades en Campeche y Chiapas de Palma Tica de México, SA de CV

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo con expediente número 6203 por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de las autoridades ambientales estatales, para proceder a detener el daño ambiental, así como la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones por la contaminación al ambiente derivado de las actividades en los procesos de producción de la empresa Palma Tica de México, SA de CV, en los estados de Campeche y Chiapas y en su caso proceder a las sanciones correspondientes.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno camaral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 5 de marzo de 2015, el diputado Jorge Rosiñol Abreu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría de Protección al Ambiente y las autoridades ambientales estatales, a efecto de que se atiendan la grave problemática que representa la contaminación derivada de actividades en los procesos de producción de la empresa Palma Tica de México, SA de CV, en Campeche y Chiapas.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el diputado proponente que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala en su artículo 3o., fracción 1, que el ambiente es “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. Ello implica que la obligación del Estado en esta materia no solamente conlleva garantizar que el hombre viva en un ambiente sano y adecuado a sus necesidades, sino también garantizar que los seres vivos no humanos puedan desarrollarse libremente sin afectaciones en su entorno ni riesgo para su vida.

Indica el legislador que en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, establece –por una parte– el derecho a vivir en un medio ambiente sano y –por otra– la obligación del Estado de promover la protección, la preservación y el mejoramiento del ambiente. Es por ello que en el artículo 4o. de la Carta Magna reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, reiterándose la obligación del Estado a garantizar dicho derecho.

Estima el diputado que las acciones que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat y la Procuraduría de Protección al Ambiente, Profepa, lleven a cabo en materia de política ambiental son fundamentales para que el Estado cumpla su obligación de garantizar este derecho, por lo cual, los eventos que se han suscitado en el área natural protegida Laguna de Términos afectan de manera directa el derecho al medio ambiente y van en detrimento de todos los seres vivos, humanos y no humanos, que habitan en la zona.

Observa el legislador que en La Laguna de Términos, en Carmen, Palizada y Champotón, Campeche, es el sistema lagunar-estuarino de mayor volumen y extensión del país, constituye ambientes definidos como “hábitat críticos” que permiten la existencia de una elevada biodiversidad de flora y fauna; pero derivado de la deforestación; el dragado y relleno de humedales; las alteraciones del caudal fluvial y del flujo laminar de agua; la sobreexplotación de manglares y de otras especies relacionadas; los asentamientos humanos irregulares; la contaminación de los cuerpos acuáticos, y los derrames o residuos de petróleo a la zona costera, entre otras fuentes de deterioro ambiental, que han modificado o destruido los hábitat críticos de la región, el gobierno se vio en la necesidad de declararla mediante decreto presidencial del 6 de junio de 1994 como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, por ser este un tema de interés público.

Comenta el proponente que por citar un ejemplo derivado de este decreto, el 4 de junio de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Laguna de Términos, donde se enmarcó la relevancia ecológica y socioeconómica de la región, estableciendo que los humedales de la Laguna de Términos, que están actualmente contaminados pese a la prohibición de descargar cualquier tipo de sustancia contaminante o tóxica en los cuerpos de agua, conforman junto con los de Tabasco una unidad ecológica y son considerados como los más importantes de Mesoamérica.

El proponente confirma que el programa reportaba al menos 84 familias de plantas, con 3 mil 745 especies, entre las que se encuentran algunas consideradas amenazadas, en peligro de extinción o bajo protección especial. Se señaló que la diversidad faunística estaba representada por al menos mil 468 especies, entre terrestres y acuáticas, de las cuales 30 son endémicas y 89 están consideradas en las listas de especies raras, amenazadas o en peligro de extinción.

Refiere el diputado que pese a la protección que las autoridades están obligadas a dar al ambiente y sobre todo a las áreas naturales protegidas, desde hace más de tres años la empresa costarricense Palma Tica de México, SA de CV, ha realizado diversas acciones, como la construcción de drenes para el cultivo de palma africana, que han contaminado los humedales, envenenado animales, desplazado a la fauna y afectado de manera directa a los habitantes de la zona.

El legislador afirma que derivado de la contaminación de los humedales, la falta de autorización de construcción de un dren en el arroyo San Jeronimito y la inexistencia del manifiesto de impacto ambiental para solicitar el cambio de uso de suelo de selva a cultivo agroindustrial, la Asociación Ecologista Santo Tomás y la Dirección de Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos presentó el año pasado las denuncias correspondientes ante la Profepa para tratar de detener la afectación a esta área natural, sin que hasta la fecha se hayan tomado las medidas precautorias pertinentes para detener el avance de la contaminación y la pérdida de diversas especies de flora y fauna.

Adicionalmente el diputado informa que la situación se agrava porque la destrucción del hábitat del jaguar, una especie en peligro de extinción prevista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha obligado a esta especie a desplazarse por la zona en busca de resguardo provocando que algunos ejemplares sean cazados por el temor a un ataque, inclusive se han tomado fotos y videos de jaguares cruzando la laguna en busca de refugio.

Manifiesta el proponente que el programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Laguna de Términos establece que “siempre que una especie de flora y fauna que se encuentre bajo alguna categoría de protección, se vea sometida a alguna presión ocasionada por la actividad que se está llevando a cabo o pretenda desarrollarse, la especie y su hábitat tendrá prioridad y se tendrán que adoptar estrategias que eviten dicha presión”, acciones que hasta el momento no se han realizado por parte de las autoridades. Inclusive otras especies que han sido amenazadas por esta situación, son los tejones, anfibios, mapaches, conejos, venados y jabalíes que han muerto por el maíz envenenado que se ha regado en el área para evitar que los roedores se coman la raíz de la palma; a su vez, diversas especies de pescados han desaparecido por la contaminación de los cuerpos de agua dejando a casi 2 mil familias sin sustento porque la pesca es una actividad fundamental para ellas.

Es por lo anterior que el proponente estima que esta .grave amenaza al ambiente, es indispensable establecer acciones de protección y conservación en la zona, así como las estrategias tendientes a mitigar este daño y controlar sus efectos mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades.

III. Consideraciones

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos efectivo el planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades Federales y Estatales competentes en materia ambiental, a efecto de solventar la problemática ambiental derivada de todos los procesos de producción de aceite de palma, que realiza en forma descuidada y en volúmenes considerables, la empresa denominada Palma Tica de México, SA de CV, ocasionando con esta irregular práctica producción, diversas afectaciones y pasivos ambientales al suelo, subsuelo, cuerpos de agua y a la diversidad de especies y ecosistemas de Campeche y Chiapas.

Estimamos importante señalar, que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente que posee una megadiversidad de recursos biológicos y culturales que se reflejan en una variedad excepcional de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, cuerpos de agua, ríos, lagos, entre otros; lo que constituye un privilegio y representa una oportunidad de desarrollo para el país, sin embargo este privilegio propicia un reto importante en el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, y representa una gran responsabilidad con nuestra sociedad y con el mundo para su conservación, recuperación y uso sustentable de nuestro capital natural; es por ello que será indispensable reconocer que los servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas son fundamentales para la sobrevivencia de los seres vivos, además de aportarnos alimentación y diversos recursos.

De conformidad con la publicación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio, titulada Capital Natural de México 2012, en donde manifiesta claramente la importancia del conocimiento que refiere, principalmente a contar con la información y conocimiento relevante y accesible a toda la sociedad sobre el capital natural, a efecto de apoyar a los tres órdenes de gobierno y a 105 distintos sectores de la economía y de la sociedad civil en la toma de decisiones, es por ello que en México es notorio el avance en la generación e integración de conocimiento en temas estratégicos respecto de la diversidad biológica y la creación de capacidades humanas, para la conservación de capital natural, aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y en su caso los mecanismos para su detección y los procesos de restauración y remediación.

México debe contar con una política integral de conservación, armónica con el desarrollo económico y social, que permita mantener los ecosistemas, la biodiversidad alberga, así como los servicios ambientales que proporcionan a la sociedad mexicana, por tal razón como respuesta a los cambios drásticos ocasionados por el severo deterioro ambiental, particularmente en el sector rural, desde principios de los años noventa se ha conformado una política ambiental con criterios de protección y conservación, con lo que se ha logrado consolidar instrumentos como las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que en el ámbito Federal se han incrementado hasta alcanzar 25 millones de hectáreas en los espacios continentales y marinos, estas áreas representan una herramienta importante para la conservación de la biodiversidad.

Respecto del uso sustentable, se debe fortalecer las capacidades de las comunidades que dependen directamente del capital natural, para que se conviertan en administradoras de sus propios recursos, mediante el uso sustentable y diversificado de la biodiversidad con valor agregado, y con la creación y fortalecimiento de mercados locales y regionales que generen equidad y bienestar económico y social. El desarrollo rural se ha basado en fomentar las actividades productivas primarias, utilizando irregulares prácticas de manejo que implican la transformación total de los ecosistemas naturales, con un gran perjuicio a los cuerpos de agua y otras actividades como las forestales, maderables, no maderables, y el uso sustentable de la vida silvestre.

Por lo anterior, el reto es, identificar los posibles daños ambientales y fortalecer opciones de uso y manejo sustentable de la biodiversidad, así mismo contar con las políticas públicas transversales y los mecanismos e instrumentos Institucionales que permitan detener, minimizar o revertir los pasivos ambientales, así como vigilar y evaluar los avances de una gestión integral del ambiente. Sin duda, este será un asunto estratégico en las agendas de los diferentes órdenes de gobierno involucrados y de los sectores de la sociedad, con la finalidad de garantizar su conservación y uso sustentable.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que una de las afectaciones más críticas, radica en los cuerpos de agua del territorio nacional, siendo el agua un elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes a 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde se observa que la cobertura es, 88 de cada 100 municipios en México tienen servicio de agua potable y veintiséis de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población, Conapo, entre 2010-2030 la población del país se incrementará en alrededor de 20.4 millones de personas.

Ahora bien, de acuerdo con la de la Comisión Nacional del Agua, titulada Atlas del Agua en México 2014, respecto de las mediciones denominadas demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que sirve para estimar la cantidad de materia orgánica en el agua que es oxidada o degradada por medios químicos; este parámetro mide tanto materia orgánica biodegradable como no biodegradable, que es oxidada o degradada por medios químicos. En cualquiera de los dos casos, son resultado del vertido de aguas residuales y el resultado del vertido de aguas residuales tanto municipales como no municipales, un aumento en la concentración de éstos significa una reducción en el contenido de oxígeno disuelto en el agua, afectando a los organismos y ecosistemas acuáticos.

Un aumento en este parámetro, indica presencia de aguas residuales no municipales, es decir, aguas residuales provenientes principalmente de la industria. Del total de sitios donde se tomaron las muestras, un 13.8 por ciento muestra condiciones excelentes, 8.9 por ciento de buena calidad, 33.2 por ciento aceptable, lo que representa un 55.9 por ciento de sitios con calidad por encima de lo aceptable. Por el contrario, un 38.1 por ciento de sitios son contaminados y un 6 por ciento altamente contaminados, dando un resultado del 44.1 por ciento de sitios con calidad por debajo de lo aceptable.

De los datos citados con anterioridad, es importante señalar que los muestreos reportados para 2013 resulto un 31.7 por ciento de sitios con calidad por debajo de lo aceptable, lo que represento en un año, un alarmante incremento de 39.20 por ciento de sitios altamente contaminados reportados en 2014, por la Comisión Nacional del Agua.

Por lo anterior, consideramos de suma trascendencia atender la problemática que se genera derivado de las severas afectaciones por la contaminación que se registran en los cuerpos de agua del país, ya que se muestran diversos grados de contaminación en donde se perciben químicos altamente tóxicos como son el mercurio, plomo, cadmio, cromo y compuestos como el tolueno o el benceno, los cuales representan un severo foco de infección y en consecuencia los respectivos daños a la salud pública, que afectan principalmente en las zonas aledañas a los cuerpos de agua, en donde se vierten, sin precaución alguna los desechos de los diversos usos del agua previstos en la ley.

Es importante señalar, que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas, que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de la biodiversidad y de las especies, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales; sin poner en riesgo el futuro de la biodiversidad de la Nación.

Por lo expuesto y fundado, las legisladoras y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua y de las autoridades ambientales estatales, para proceder a detener el daño ambiental, así como la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones por la contaminación al ambiente originadas por las actividades en los procesos de producción en los estados de Campeche y Chiapas de la empresa Palma Tica de México, SA de CV, y en su caso proceder a las sanciones correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, proceder a deslindar responsabilidades para el caso de afectaciones de contaminación en los estados de Campeche y Chiapas, originadas por la empresa Palma Tica de México, SA de CV, en su caso se ejecuten las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, José Ignacio Olvera Caballero (rúbrica), Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, María Estela Moreno Alvarado (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

QUE IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA DE IMPULSO TURISTICO SUSTENTABLE EN EL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO PLAYA CACALUTA, ORGANO Y MAGUEY”

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y de Oaxaca a implantar una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable pleno, el proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 28 de enero de 2015, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey.

2. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva, dictó sobre el asunto, el trámite siguiente: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Las y los diputados integrantes de la comisión dictaminadora, una vez analizada la proposición objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la proposición

Refiere la proponente que el 25 de marzo de 2008, fue anunciado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el proyecto de desarrollo turístico Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey. La microcuenca Cacaluta, es considerada como un humedal de importancia internacional y fue integrada al catálogo de sitios protegidos por la Convención Ramsar el 27 de noviembre de 2003, como sitio 1321 cuencas y corales de la zona costera de Huatulco, además de ser declarada reserva de la biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Sostiene la promovente que Fonatur cuenta con lotes para usos de suelo comercial de equipamiento hotelero, industrial, multifamiliar y espera ampliar la oferta turística e inmobiliaria con productos que resulten atractivos y de alto diseño constructivo en la zona de Huatulco. Asimismo señala que se trata de una zona con excelentes vistas y amplio frente de playa que se comercializará a través de megalotes con servicios, con el fin de atraer a prestigiadas cadenas hoteleras e inmobiliarias para el desarrollo de villas y condominios, un campo de golf, una casa club, hoteles boutique, hoteles cinco estrellas, clubes de playa y comercios.

Señala que el impacto ambiental de la obra afectará sitios arqueológicos zapotecos de alto valor cultural y religioso en la bahía de Cacaluta, por la introducción de conexiones subterráneas de energía eléctrica. Por ello refiere que el estado de Oaxaca plantea impulsar un turismo basado en la promoción de bahías de Huatulco y Puerto Escondido, con base en los tres ejes para el desarrollo del turismo en el estado: conectividad, desarrollo de productos turísticos y promoción asertiva.

Asegura la proponente que Cacaluta alberga una región de gran riqueza biológica, en la que destaca uno de los arrecifes más significativos del Pacífico mexicano; así como el gran valor natural, ecológico y paisajístico de la parte baja de la región de Cacaluta, en la cual hay varios humedales que congregan abundante vegetación acuática y subacuática, con condiciones que contribuyen durante el estiaje a proveer de agua para los animales.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, la proponente somete a consideración la siguiente proposición con puntos de acuerdo.

Proposición con punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que se modifique la idea original del proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, con la finalidad de impulsar una estrategia de ecoturismo que respete el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la región.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey.

III. Consideraciones

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión reconocen la importancia del planteamiento de la proposición con punto de acuerdo, y coincidimos en la propuesta de la diputada Yesenia Nolasco por la que se exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que se modifique el Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, con la finalidad de impulsar una estrategia de ecoturismo que conserve el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la región; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey.

Las y los integrantes de esta comisión sabemos que México ocupa una posición preponderante a nivel mundial, ya que es catalogado como un país megadiverso; alberga una gran variedad ecosistemas, es el caso del Parque Nacional Huatulco, en el cual está incluida playa Cacaluta Órgano y Maguey, bahías que reúnen una diversidad de especies animales y vegetales, características de ecosistemas de selva baja caducifolia, humedales, manglares y arrecifes coralinos, entre otros. Siendo estos elementos bióticos (ecosistemas y especies asociadas) y abióticos (ambiente físico y dinámicas ecológicas) importantes para la continuidad de diferentes procesos ecológicos a nivel local y regional. La diversidad biológica y de ambientes representados en dicha zona contribuye con servicios ambientales esenciales para la población humana circundante.

Dada su gran importancia, la Convención sobre los Humedales, firmada en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales, designó el 27 de noviembre de 2003, gran parte del municipio de Santa María Huatulco (41 mil 323 hectáreas) como Sitio Ramsar 1321: Cuencas y Corales de la Zona Costera de Huatulco, reconocido como un humedal de importancia internacional, debido principalmente a la presencia de selva baja caducifolia o selva seca, además de la dinámica ecológica que comparte con los humedales temporales y permanentes que están presentes, como arroyos, ríos, lagunas, manglares, arrecifes de coral, selva mediana inundable y otras comunidades vegetales que componen estos ecosistemas tan importantes y que proveen gran cantidad de servicios ambientales.

De acuerdo con información emitida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, alberga un frágil ecosistema arrecifal reconocido como uno de los sistemas coralinos más importantes del Pacífico mexicano, por su importancia ambiental y paisajística, expresamos la preocupación por exhortar a las autoridades competentes a la elaboración de un proyecto ecoturístico, social y cultural para el impulso sustentable del Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey.

Con base en el Plan de Manejo de Playa Cacaluta, Órgano y Maguey se registran mil 158 especies, 34 de ellas son especies endémicas, 126 protegidas por la NOM- ECOL 059, todas ellas habitan en las pequeñas lagunas costeras semipermanentes, desembocaduras de ríos y comunidades de manglar que fungen como hábitat y refugio, algunos ejemplos de flora son: Bravaisia integérrima, Bursera coyucensis, Pterocereus gaumeri, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, Avicennia germinans; en cuanto a fauna: Insilius coccifer (Bufo coccifer) sapo chiquito, Insilius marmoreus (Bufo marmoreus) sapo marmoleado, Dermophis oaxacae (cecilia oaxaqueña), Passerculus sandwichensis (gorrión savanero), Falco peregrinus (halcón peregrino), Pelecanus occidentalis (pelícano pardo), Campephilus guatemalensis (carpintero grande), Herpailurus yagouaroundi (jaguarundi) Lutra longicaudis (perro de agua), Tamandua (mexicana oso hormiguero), Zalophus californianus californianus (lobo marino), Choeronycteris mexicana (murciélago trompudo mexicano), Bassariscus astutus (cacomixtle), Rhinoclemmys pulcherrima (tortuga sabanera), Boa constrictor (mazacuata o boa), Lampropeltis triangulum (falso coral), Crocodylus acutus (cocodrilo), Eretmochelys imbricata bissajimbricata (tortuga carey), Heloderma horridum (escorpión), Porthidium dunni (chatilla), invertebrados acuáticos como Plicopurpura pansa (caracol púrpura), Pteria sterna (concha nácar), Ancistromesus mexicanus (lapa gigante), Rhamdia guatemalensis (bagre), Holacanthus passer (ángel real), entre otras.

Manifestamos que de acuerdo con información emitida por la Universidad del Mar, de Oaxaca, Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, forma parte de un macizo forestal con gran relevancia para la continuidad de distintos procesos ecosistémicos y servicios ambientales generados, como captura de carbono, recarga de acuíferos y regulación climática, además de ser reservorio genético de comunidades y poblaciones de flora y fauna. Incluye ecosistemas marinos que se encuentran amenazados y que contienen un número importante de peces, arrecifes coralinos, algas y diversos invertebrados sujetos a presión antropogénica constante, como el caso del caracol púrpura, el cual es considerado como patrimonio de la región y aunado al establecimiento de Área Natural Protegida Bahías de Huatulco, la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), establece y diseña un esquema de aprovechamiento, mediante la aplicación de técnicas y métodos de mínimo o nulo impacto al medio ambiente, basados en el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas de Pinotepa de Don Luis, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, garantizando así la conservación del hábitat natural del caracol púrpura y de las poblaciones y ejemplares de especies silvestres (artículo 39 de la Ley General de Vida Silvestre).

Sabemos que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha señalado a Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, como una zona de alta prioridad para su conservación y como área clave en el mapa de la biodiversidad mexicana; además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) ha declarado a las selvas bajas caducifolias, como uno de los ecosistemas prioritarios de conservación en la medida que a nivel mundial sólo 0.009 por ciento de éste se encuentra bajo un régimen de protección, y menos de 2 por ciento está lo suficientemente conservado (INE, 2010) Estimamos que la construcción del Desarrollo Turístico Playa Cacaluta Órgano y Maguey, en el área de la microcuenca de Cacaluta y bahías correspondientes, pone en riesgo la continuidad estructural y viabilidad ecológica de los ecosistemas de selva baja caducifolia y humedales presentes en el área. Las amenazas de conservación que se presentan y modifican la integridad ecológica de los ambientes naturales de Playa Cacaluta, Órgano y Maguey están focalizadas y estratificadas en diferentes grados de impacto que van desde cambios ambientales severos como pérdida de cobertura forestal para agricultura, ganadería y desarrollo urbano-turístico, hasta afectaciones particulares para ciertos grupos taxonómicos.

Reconocemos que entre los principales inconvenientes a los que se enfrenta la diversidad biológica del área de influencia se encuentran la remoción de cobertura forestal y hábitats potenciales; además de colisiones de fauna terrestre con vehículos automotores. Específicamente, en ambientes marinos, la extracción y azolvamiento de cuerpos de agua con arena más la eutroficación del agua a causa de agroquímicos, estimula el crecimiento constante de algas, lo cual genera un efecto de sombreado que disminuye la luminosidad y “asfixia” los arrecifes coralinos de la mayoría de las bahías.

Estudios recientes (Granja y López, 2008) señalan que el efecto combinado de la sedimentación natural y/o causada por actividades humanas, puede modificar la estructura de la comunidad coralina, provocando eventualmente la pérdida de los arrecifes más importantes en Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, ya que el mismo presenta la amenaza de pescadores, buzos y turistas quienes provocan daños con anclas de embarcaciones, desechos sólidos y pesca excesiva, lo cual altera el equilibrio de las comunidades marinas. Consideramos necesario profundizar en las principales actividades económicas y turísticas que se realizan actualmente en la zona de influencia de las bahías de Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, ya que las mismas se deben de adecuar al plan de manejo de la zona, para no causar alteraciones significativas a los ecosistemas que por sus características naturales son recursos no renovables.

El proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey afectará los reservorios de humedad de los cuales dependen la gran diversidad de especies de flora y fauna, pues la introducción de infraestructura de energía eléctrica, drenaje y agua potable alterará los arroyos que irrigan los humedales, las lagunas costeras y las playas, además del impacto antropogénico que se causará con las actividades que se realicen en el área.

Reconocemos y exaltamos los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, de acuerdo con el artículo 4 constitucional “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el estado garantizará el respeto a este derecho”, en el caso de los habitantes de Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, su derecho consagrado en el referido artículo está siendo violentado, ya que en ningún momento se realizó la consulta popular prevista en ley para la realización del Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, además la afectación es para todos los mexicanos, pues se está devastando un patrimonio natural que difícilmente podrá renovarse, es importante resaltar que Playa Cacaluta corresponde a las áreas que presentan el más alto índice de calidad ambiental y en el espacio marino tiene como fin prioritario la conservación de la biodiversidad insular, esto de acuerdo con el Programa del Parque Nacional Huatulco.

Consideramos que la construcción del complejo turístico Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, afectará la simbiosis que existe en las 20, 975-01-65 hectáreas, de la zona de Bahías de Huatulco, exhortando a las autoridades a la implementación de políticas públicas que impulsen un régimen jurídico que garantice el resguardo y protección frente a las actividades turísticas nocivas de alto impacto, favoreciendo la preservación de nuestros ecosistemas y recursos naturales, con la prioridad de conservar la calidad de los servicios ambientales que nos brindan, auspiciando el debido manejo de la zona.

Por lo antes expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, para que verifiquen que se cumpla con los permisos que enmarca la ley para la construcción del Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que ajuste el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, solicitando se impulse una estrategia de ecoturismo sustentable de bajo impacto, que vaya de acuerdo con las especificaciones del Plan de Manejo de la Zona de Playa Cacaluta, Órgano y Maguey; además, respetar las zonas declaradas por la Convención Ramsar, ya que Playa Cacaluta, forma parte de un plan estratégico de preservación Ramsar declarado como sitio 1321 a nivel internacional dada la importancia de los humedales y arrecifes que existen en la zona, así como adecuar dicho proyecto a los estudios de capacidad de carga por ecosistema y actividad, y en caso de afectación a las zonas de Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, y en caso de afectación se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplique las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, José Ignacio Olvera Caballero (rúbrica), Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, María Estela Moreno Alvarado (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

GARANTIZAR LA INCLUSION DE LAS MUJERES A LA VIDA LABORAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de trabajo a garantizar la inclusión de las mujeres en la vida laboral con igualdad de oportunidades

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 10 de marzo de 2015, las diputadas Ana Lilia Garza Cadena, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Martha Edith Vital Vera, Carla Alicia Padilla Ramos, Mónica García de la Fuente, Gabriela Medrano Galindo, Rosa Elba Pérez Hernández, Laura Ximena Martel Cantú, Ruth Zavaleta Salgado, Lourdes Adriana López Moreno diputada Martha Lucía Beatriz Córdova Bernal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno en materia de trabajo a garantizar la inclusión de las mujeres en la vida laboral con igualdad de oportunidades.

El 10 de marzo 2015, mediante el oficio número DGPL 62-II-7-2128, la proposición con punto de acuerdo fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente, bajo el expediente 6233, a la Comisión de Igualdad de Género, la cual fue recibida en fecha 11 de marzo de 2015.

En su proposición con punto de acuerdo, las promoventes plantean su preocupación debido a que de manera cotidiana las mujeres se enfrentan a constantes actos discriminatorios por cuestiones de género, sus acciones son constantemente devaluadas lo que se ha reforzado históricamente por la creencia de que el hombre es “cabeza de familia”, que ejerce la autoridad y es el representante legal de la mujer y su descendencia. Señalaron que, si bien hoy en día esa falsa ideología se ha transformado, y de manera paulatina se ha logrado la incursión de las mujeres en temas que eran considerados exclusivos de hombres, aun no se ha erradicado.

Las proponentes enfatizaron que la equidad entre géneros es indispensable para mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en su conjunto, también contribuye a lograr una ciudadanía más integral y a fortalecer la gobernabilidad democrática, de ello dan cuenta el trabajo y esfuerzo institucional para lograr la inclusión total de la mujer a todos los sectores de la vida.

En torno a ello, las proponentes puntualizaron que desde el 8 de marzo de 1975, día en que se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, para concientizar sobre la importancia de la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida, año con año, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se ha esforzado por impulsar mecanismos eficientes de inclusión y respeto a los derechos de la mujer. Para 2015 la conmemoración apunta hacia la reflexión en torno de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que ha jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Asimismo, se propone empoderar a las mujeres a través de la recreación de un mundo en el que cada mujer y cada niña puede escoger sus decisiones, tales como participar en la política, educarse y vivir en sociedades sin violencia ni discriminación.

Como lo afirmó la ONU, las proponentes manifestaron que para crear economías más fuertes, lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, resulta fundamental empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores; impulsar el desarrollo de las capacidades de la mujer, facilitar el acceso de la mujer a oportunidades económicas, políticas, sociales y culturales, así como garantizar su seguridad, para lo cual requieren involucrarse conjuntamente las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, instituciones públicas y privadas, asociaciones y en particular la propia sociedad como elemento fundamental para el desarrollo de cualquier práctica en este tema.

Finalmente, manifestaron que a pesar de los grandes avances en torno a la inclusión de la mujer en la vida laboral, en la toma de decisiones y en el reconocimiento y garantía de sus derechos, no puede afirmarse que la discriminación, la violencia contra las mujeres y la desigualdad estén erradicadas, de ahí la pertinencia del presente exhorto, a través del cual se pretende seguir trabajando en beneficio de la eliminación de cualquier acto que provoque desigualdad en contra de las mujeres.

Consideraciones

Esta dictaminadora coincide con la apreciación de las diputadas proponentes en torno a sus planteamientos en favor del ejercicio efectivo y garantía plena de los derechos humanos de las mujeres, pues a pesar de los grandes avances en torno a su inclusión en la vida laboral, en la toma de decisiones y en el reconocimiento y garantía de sus derechos, no puede afirmarse que la discriminación, la violencia contra las mujeres y la desigualdad estén erradicadas.

En efecto, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, dicen que 46.1 por ciento del total de mujeres encuestadas de 15 años y más, sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9 por ciento en el estado de México y 29.8 por ciento en Chiapas. El 42.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5 por ciento recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

Asimismo, el 13.5 por ciento de estas mujeres de 15 años y más confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el estado de México con 15.5 por ciento, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento. De igual forma, la encuesta arrojó que de las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas, representan el 7.3 por ciento; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Por otra parte, la Endireh también identificó las diversas situaciones de discriminación laboral que enfrentaron las mujeres en su lugar de trabajo durante el último año, entre las que destacan: a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre le pagaron menos; tuvo menos oportunidad para ascender o menos prestaciones; le bajaron el salario, la despidieron o no la contrataron debido a su situación conyugal; o en su lugar de trabajo le solicitaron la prueba de embarazo. En el nivel nacional, la encuesta arrojó que ascendió a 20.6 por ciento, el porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años y más, que señalaron haber tenido algún incidente como los descritos.

En este orden de ideas, el Estado mexicano ha realizado esfuerzos específicos en favor de la protección, defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres que se observan en la ratificación de múltiples compromisos internacionales en la materia, entre ellos destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará (1999). Además, ha participado en las cuatro Conferencias Mundiales de la Mujer y aprobó, con la unanimidad de los Estados participantes, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

La Plataforma es un llamamiento a los Estados firmantes para la adopción de medidas concretas con diversos objetivos, entre ellos: proteger y promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas; erradicar la carga persistente y creciente de la pobreza que soportan las mujeres; eliminar los obstáculos que se oponen a su plena participación en la vida pública; eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres; garantizar la igualdad de acceso de niñas y mujeres a la educación y los servicios de salud y promover la autonomía económica de las mujeres.

En dicha plataforma se reafirmó entre otras cuestiones el defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

Esta dictaminadora coincide con los planteamientos de las proponentes en la pertinencia del objetivo del punto de acuerdo que se analiza, pues sin duda se requiere seguir trabajando en beneficio de la eliminación de cualquier acto que provoque desigualdad en contra de las mujeres, pugnar por su empoderamiento que  conlleve a su participación plena en todos sus sectores; así como impulsar el desarrollo de sus capacidades, facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades económicas, políticas, sociales y culturales; para lo cual es ineludible que se involucren de manera conjunta las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, instituciones públicas y privadas, asociaciones y en particular la propia sociedad como elemento fundamental para el desarrollo.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género emite el presente dictamen en sentido positivo, con modificaciones que abonan a precisar a las autoridades a quienes se dirige el exhorto, esta modificación fue comentada y cuenta con la venia del grupo promovente.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de trabajo de las entidades federativas a efecto de que se garantice la inclusión de las mujeres a la vida laboral con igualdad de oportunidades, implementando los mecanismos necesarios para eliminar cualquier acto que ponga a las mujeres en grado de desventaja en comparación a los hombres.

Notas:

1 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/645-el-ine gi-e-inmujeres-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-endireh-2011

2 Ibíd.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Claudia Rocío Villa Oñate (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Carolina Hernández Ortiz (rúbrica), Lucía Reynoso Castellanos, Brenda Alvany Franco de la Torre (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Alejandra Gutu Deskens, Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica).»

ARMONIZACION DE SU LEGISLACION EN MATERIA DE FEMINICIDIO EN BASE A LA LEGISLACION FEDERAL Y A LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a armonizar de manera debida su legislación en materia de feminicidio con base en la legislación federal y los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 19 de febrero de 2015, la diputada Martha Lucía Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Movimiento Ciudadano, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia de feminicidio en base a la legislación federal y a los instrumentos internacionales aplicables.

El 26 de febrero de 2014, mediante el oficio número DGPL 62-II-5-2535, la proposición con punto de acuerdo fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente bajo el expediente 6159 a la Comisión de Igualdad de Género, la cual fue recibida en fecha 27 de febrero de 2015.

En su proposición con punto de acuerdo la promovente plantea que con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 1 de febrero de 2007 se establece por primera vez en un ordenamiento jurídico la violencia feminicida, al referirse a la violencia extrema de la violencia de género contra las mujeres y le añade elementos tales como: que se conforma por el conjunto de conductas misóginas, que pueden conllevar impunidad social y del Estado. En el año 2011, con la incorporación del delito de feminicidio como un nuevo tipo penal en el catálogo de delitos del orden federal, se da un nuevo tratamiento de homicidio doloso calificado, a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se cometa en ciertas circunstancias y no sólo atendiendo a la calidad de la víctima.

Asimismo, señala que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, durante 2010, el total de defunciones registradas ascendió a 592 mil 018 (332 mil 027 hombres y 259 mil 669 mujeres), mientras que las muertes por homicidio fueron 25 mil 757 (23 mil 285 hombres y 2 mil 418 mujeres); es decir, el 4.4 por ciento de las defunciones del país fueron por esta causa. Ese mismo año, a nivel nacional hubo 4.4 defunciones por cada 100 mil mujeres y las tasas de muertes por homicidio por encima de la media nacional se registran en Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Coahuila y Quintana Roo.

Por lo que se refiere a los lugares en donde se perpetra el feminicidio, según el Inegi, en el último quinquenio cuatro de cada 10 homicidios de mujeres han ocurrido en su hogar y tres en la vía pública; sin embargo, la proporción de muertes de mujeres en la vía pública aumentó de manera considerable, pasando de 27.9 por ciento en 2005 a 35.7 por ciento en 2009.

En este contexto, señala la proponente que el Estado debe proporcionar garantías plenas y efectivas de atención, protección, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Resulta fundamental la inclusión de la perspectiva de género en la impartición de justicia ya que, en contra sentido, se estaría consintiendo tácitamente con la comisión de delitos contra mujeres.

De ahí que la proponente puntualice la necesidad de armonizar el tipo penal del delito de feminicidio de manera homóloga, a fin de que en cualquier entidad federativa se castiguen como tal las mismas conductas que prevé el Código Penal Federal, así como la previsión de las medidas de atención a las víctimas, tales como atención y tratamientos médicos, psicológicos, espacios adecuados, personal calificado y capacitado, para la atención; pero lo más importante, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la preservación de sus vidas; ya que sin duda el bien jurídico tutelado más preciado es la vida y es con base a este bien que pueden desarrollarse los demás derechos de los que toda persona es titular; por ello la privación de la vida constituye la conducta mayormente reprochable y condenable por la sociedad y por la ley, por lo que para ello recomienda considerar:

• Tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal estatal, contemplando la definición y la sanción conforme al Código Penal Federal y señalar las circunstancias que consideran que el delito se cometió por razones de género.

• Establecer, conforme al Código Penal Federal, la pena de 40 a 60 años de prisión, así como la determinación de la multa correspondiente, acorde al mismo ordenamiento.

• Incorporar entre los elementos del delito las razones de género, que distinguen al tipo penal de feminicidio como un delito autónomo y que son las siguientes circunstancias:

* La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

* A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

* Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

* Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

* Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

* La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

* El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

• Sancionar en la legislación penal, al sujeto activo del delito de feminicidio con la pérdida de todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

• Sancionar al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en el delito de feminicidio, armonizándolo con el Código Penal Federal (Pena privativa de libertad, multa y destitución e inhabilitación).

• Ampliar en la ley de violencia estatal, la figura del agravio comparado.

• Incorporar tiempos para emitir la alerta de violencia de género.

• Mandatar explícitamente en la ley de violencia estatal, la especialización de las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con feminicidio; y la elaboración y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio.

A mayor abundamiento, la proponente plantea que para efectos de tipificación del feminicidio es indispensable considerar:

- Que la conducta típica es privar de la vida a una o más mujeres. A diferencia del tipo penal del homicidio, este tipo penal sí describe diversas causales que señalan formas y medios de ejecución específicos, como el nexo causal entre conducta típica y el resultado típico.

- Que la culpabilidad es resultante de la antijuridicidad de la conducta desplegada por el sujeto activo, lesionando el bien jurídico tutelado, en ese sentido, en este tipo de delitos, este elemento se encuentra presente, basta estudiar los contextos y las circunstancias en que se perpetra y en donde se evidencia la crueldad y la extrema violencia.

- Que dentro de los principales fundamentos para tipificar el delito de feminicidio, se encuentran la igualdad sustancial, la no discriminación, el respeto del derecho de las mujeres a una vida sin violencia y el respeto a la vida de las mujeres.

- Que constituye un clasificación independiente e incluyente que visibiliza y reconoce la privación de la vida de mujeres por razones de género, en la que concurren circunstancias especiales de extrema violencia como la tortura, el descuartizamiento, decapitación, la asfixia entre otras, en la que además pueden presentarse otros tipos penales como la violación, la privación de la libertad, la trata de personas, entre otras formas crueles e inhumanas de causar dolor hasta la muerte de una o varias mujeres, lo que justifica plenamente la inclusión de una disposición formalmente separada del tipo penal de homicidio.

- Los sujetos requeridos para que exista el delito de feminicidio son dos, el activo y el pasivo o víctima, aunque pueden existir diversos sujetos activos y diversos sujetos pasivos de este delito. El sujeto activo puede ser cualquier persona, mujer u hombre indistintamente, mientras que el sujeto pasivo siempre será una mujer.

Consideraciones

Esta dictaminadora coincide plenamente con los planteamientos de la proponente, dado que el feminicidio constituye la forma de la violencia en su peor expresión, causante de la muerte de mujeres en todo el país, por lo cual su tipificación como delito en el orden jurídico nacional, constituye una gran necesidad y una exigencia.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 325 del Código Penal Federal, la privación de la vida de las mujeres, constituye la máxima afrenta que el Derecho Penal prevé y sanciona, la conceptualización del feminicidio y su tipificación, encuentran su marco de referencia en diversos instrumentos internacionales y está previsto en él, la adecuación al tipo a través de diferentes causas.

En este orden de ideas, corresponde al Estado otorgar garantías plenas y efectivas de atención, protección, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, así como la incorporación de la perspectiva de género en administración, procuración e impartición de justicia.

Con ello, las y los servidores públicos están obligados a incorporar en su desempeño la perspectiva de género. Ello derivado de la suscripción por parte del Estado Mexicano de diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer como la Convención contra la Tortura.

Asimismo la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, trajo entre sus avances más significativos el que las personas y sus derechos constituyen el eje central de la impartición de justicia, lo que obliga a todas las autoridades y operadores legales a aplicar los criterios contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

De ahí que el Estado mexicano se encuentra obligado a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos, entre las cuales está la debida armonización del marco jurídico nacional.

En esta materia, resulta relevante la sentencia de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano “Caso González y otras (Campo Algodonero) versus México”, (2009). En su resolutivo 18 destaca: El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 a 502 de esta sentencia.

Este resolutivo ha sido de gran trascendencia para la tipificación del feminicidio en los Códigos Penales de México, ya que sustenta jurídicamente la obligación del estado mexicano de cumplir con la creación y estandarización de un protocolo que permitiera la investigación y sanción de los homicidios de mujeres por razones de género, mejor conocidos como feminicidios.

En este marco, esta dictaminadora coincide con la proponente quien puntualiza que es necesario homologar en todo el país el tipo penal de feminicidio, a fin de que en cualquier entidad federativa se castiguen como tal las mismas conductas que prevé el Código Penal Federal, con las recomendaciones de orden técnico a que hace referencia en proposición con punto de acuerdo.

Esta dictaminadora coincide con la proponente en la pertinencia del objetivo del punto de acuerdo que se analiza, pues si bien es cierto que en el ámbito normativo hay un esfuerzo del Estado mexicano por sancionar el delito de feminicidio, aún falta en algunos estados legislar en congruencia con los estándares en la materia, así como con los compromisos internacionales existentes, por ello se insiste en la importancia de llevar a cabo la armonización del marco jurídico del estado de Chihuahua. Es fundamental que el marco jurídico de esa entidad esté acorde con las normas federales en la materia, pues es inadmisible que persista la impunidad y que las mujeres sigan siendo vulneradas en sus derechos fundamentales por diversos factores, entre ellos por el hecho de ser mujeres, por su estatus social, económico o cultural, así como por la falta de reconocimiento de sus derechos en las leyes.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género emite el presente dictamen en sentido positivo, por lo que somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Congreso de estado de Chihuahua a llevar a cabo la armonización legislativa en materia de feminicidio con base a la legislación federal y a los instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos de las mujeres.

Nota:

1 Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Causas y Consecuencias 2012-2013. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Páginas 18 y 19.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Claudia Rocío Villa Oñate (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Carolina Hernández Ortiz (rúbrica), Lucía Reynoso Castellanos, Brenda Alvany Franco de la Torre (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Alejandra Gutu Deskens, Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica).»

EVITAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN EL PENAL FEMENIL DE TANIVET, TLACOLULA, OAXACA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a evitar las violaciones de los derechos humanos de las internas en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 5 de marzo la Diputada federal de Oaxaca, Angélica Rocío Melchor Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Oaxaca a evitar las violaciones de los derechos humanos de las internas del penal femenil de Tanivet, en Tlacolula, Oaxaca.

2. En esa misma fecha, la proposición fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.

3. Con fecha 6 de marzo, se recibió en la Comisión de Igualdad de Género el expediente 6214 con dicha proposición.

Contenido

Refiere la diputada proponente que con fecha sábado 14 de febrero de 2015, por la mañana, alrededor de 230 mujeres internas del Penal de Reinserción Social de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; se negaron, como único recurso a su alcance, al primer pase de lista y a recibir los primeros alimentos del día, en protesta de los malos tratos recibidos por servidores públicos del penal; específicamente la Directora Ángela Torres y el Lic. Valdemar Pérez Canseco, Subsecretario de Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y custodios por mandato o permisibilidad de los directivos, tales como la falta de agua potable, el agua que les proporcionan es salada.

La reclusas, precisa la proponente, solicitaron la presencia del Secretario General de Gobierno y del titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con el fin de que se instalara una mesa de diálogo que escuchara y resolviera las siguientes  peticiones:

I. Revisión y adecuación del contenido de la dieta diaria, conforme al artículo 27 de la Ley de Ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad para Oaxaca.

II. Asistencia médica permanente y medicamentos. Asistencia médica especializada en hospitales de Salud pública federal o estatal a mujeres que padecen enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a los artículos 28-32 de la misma ley.

III. Que les permitan tener más de tres mudas de ropa y ropa para el clima frío.

IV. Respeto a la permanencia de los sus hijas e hijos que requieren cuidados maternos.

V. Personal administrativo y de custodia del sexo femenino. No hombres en un penal para mujeres.

VI. Traslado para que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios ubicados en la región de donde proceden, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social y en su caso estar cerca del juzgado en que llevan sus procesos, en términos del artículo 18 constitucional.

VII. Adquisición del material necesario para desarrollar su actividad ocupacional trabajo como lo establece el artículo 62 de la Ley de Ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad para el Estado de Oaxaca.

VIII. Mejorar el trato a la visita, revisión higiénica de los alimentos que ingresan para las internas y sus niñas y niños.

IX. Pleno respeto a los derechos humanos de las internas tal como lo prescribe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades penitenciarias, no obstante la visita previa del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien fue a cerciorarse de las condiciones en que se encontraban las reclusas y solicitó al Subsecretario de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Directora del Penal que respetasen la integridad física y los derechos humanos de las mujeres que se encuentran bajo su responsabilidad; durante la madrugada del día domingo 15 de febrero de 2015, ordenaron a un grupo de policías antimotines que sometieran a las mujeres para encerrarlas en sus celdas, con abuso de la fuerza.

Posteriormente, sacaron de sus celdas a seis mujeres y las desnudaron, las expusieron para que los perros entrenados olfatearan sus genitales y las golpearon, para después recluirlas en una zona apartada del resto de la población penitenciaria; hechos que pueden encuadrar en actos de tortura. En los días transcurridos desde esa fecha siguieron las acciones vejatorias en contra de las mujeres, pues las autoridades del penal se obcecaron y les han impedido hasta la fecha que compren el tanque de gas para poder cocinar, les retiraron las mesas y sillas comedor, las dejaron sin cortinas en sus celdas.

Se negaron reiteradamente a atender las medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos. Esperaron hasta el último momento para cumplir –a medias– la suspensión dictada en el incidente del juicio de amparo que promovieron las seis mujeres torturadas, para que cesara su aislamiento.

Han endurecido el uso de la violencia psicológica en contra de la población del penal e incluso ahora están generando un clima de escarnio y de división, hasta el grado de seleccionar a algunas internas para ofrecerles trato preferencial a cambio de fidelidad y de que hostiguen a las “rebeldes”.

De las conductas de estos servidores públicos, que han infligido tratos crueles, degradantes e inhumanos han tenido conocimiento diferentes instancias del poder ejecutivo, entre ellos su superior jerárquico, que es el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública; pero también han sido omisos y han dejado hacer y pasar, sin dictar ninguna medida para impedir que se sigan cometiendo.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora estima que los hechos narrados por la diputada proponente son claramente violatorios de derechos humanos e inadmisibles en un Estado democrático y de derecho, que ha signado una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Lo expuesto es una muestra clara del deterioro y agotamiento de una sistema penitenciario caduco, en el que prevalece la tortura y los malos tratos. En el caso que nos ocupa se observa además una doble victimización de las mujeres reclusas, quienes son reprimidas por atreverse a exigir su derecho a un trato digno.

Para esta dictaminadora existen elementos para presumir que las autoridades penitenciarias del estado de Oaxaca han incurrido en actos violatorios de derechos humanos, los cuales deben ser debidamente investigados por las instancias competentes para que quienes resulten responsables sean sancionados, pero particularmente para garantizar el principio de no repetición y la reparación integral del daño a las víctimas de tortura, así como de tratos crueles inhumanos y reparar el daño causado a las mujeres.

Coincidimos con la proponente en que la violencia ejercida en contra de las mujeres internas en el penal Tanivet de Tlacolula, Oaxaca, son completamente opuestos a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece entre otros los siguientes:

Principio XI

Alimentación y agua potable

1. Alimentación

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.

2. Agua potable

Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.

Principios relativos a los sistemas de privación de libertad

Principio XX

Personal de los lugares de privación de libertad

El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.

Se garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil. Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares.

Los lugares de privación de libertad para mujeres, o las secciones de mujeres en los establecimientos mixtos, estarán bajo la dirección de personal femenino. La vigilancia y custodia de las mujeres privadas de libertad será ejercida exclusivamente por personal del sexo femenino, sin perjuicio de que funcionarios con otras capacidades o de otras disciplinas, tales como médicos, profesionales de enseñanza o personal administrativo, puedan ser del sexo masculino.

Se dispondrá en los lugares de privación de libertad de personal calificado y suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole.

Principio XXIII

Medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia

1. Medidas de prevención

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos.

Para tales fines, se podrán adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

...

f. Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos;

g. Evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción; y

h. Erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de hechos de violencia y de corrupción, conforme a la ley.

...

Para esta dictaminadora, es oportuno recordar que la violencia contra las mujeres es una asignatura pendiente, pues desde junio de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, emitió un Informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana en el que realizó una serie de recomendaciones a los gobiernos federal y de los estados. En el informe, la CNDH reportó que 11 mil 901 reclusas viven en condiciones de vulnerabilidad, hacinamiento, peligro y mala alimentación; incluso, alertó que el 64.8 por ciento de ellas se alberga en centros mixtos, es decir en convivencia con población varonil.

En aquella ocasión, el Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el cual solicitó al gobierno federal y a los estatales a informar sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Para esta dictaminadora no pasa inadvertido que los hechos materia de la proposición en comento son contrarios a los principios que inspiran la organización del sistema penitenciario en México, cuyo fundamento jurídico radica en el artículo 18 constitucional, el cual refiere que la readaptación social se aplicará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

Por lo expuesto y atendiendo a lo previsto en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Comisión de Igualdad de Género considera emitir el presente dictamen en sentido positivo, con algunos cambios en la redacción de los puntos de acuerdo, que sin afectar el sentido de los mismos pretenden dar mayor certeza y claridad al exhorto.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al ciudadano gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, para que realice las gestiones necesarias para que cesen de inmediato los presuntos actos de tortura y las violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres reclusas del penal femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; y en lo sucesivo se observe en todos los reclusorios del sistema penitenciario del estado de Oaxaca un trato de respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad. Asimismo se le exhorta a que gire sus instrucciones para se dé inicio a una investigación sobre los hechos de probable tortura y violencia en contra de las mujeres en el penal de Tanivet, con el objetivo de identificar a los funcionarios presuntamente responsables y se les aplique la normativa que corresponda.

Nota:

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/ informeEspecial_CentrosReclusion_0.pdf.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Claudia Rocío Villa Oñate (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Carolina Hernández Ortiz (rúbrica), Lucía Reynoso Castellanos, Brenda Alvany Franco de la Torre (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Alejandra Gutu Deskens, Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica).»

GARANTICE QUE LOS RECURSOS CLASIFICADOS EN EL ANEXO 13 EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, NO SEAN AFECTADOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SHCP a garantizar –en el marco del ajuste del gasto correspondiente a 2015 anunciado por ella el pasado 30 de enero– que no se afecten los recursos clasificados en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 17 de febrero de 2015, las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar que en el marco del ajuste del gasto para 2015, anunciado por dicha dependencia el pasado 30 de enero, no se afecten los recursos clasificados en el Anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

En la misma fecha, mediante el oficio número DGPL 62-II-7-2033, la proposición con punto de acuerdo fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente bajo el expediente 6004, a la Comisión de Igualdad de Género, la cual fue recibida en fecha 6 de febrero de 2015.

En su proposición con punto de acuerdo, las proponentes externan su preocupación pues en el marco del ajuste del gasto público para 2015, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Luis Videgaray, anunció una disminución de 2 mil millones de pesos al presupuesto de Petróleos Mexicanos, 10 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y 52.3 mil millones de pesos a las dependencias y entidades de la administración pública. De este último, 65 por ciento se aplicará al gasto corriente y el resto a gasto de inversión.

Si bien, la SHCP ha expresado que este ajuste responde no a una situación económica de urgencia sino a una medida preventiva para fortalecer las finanzas públicas y lograr la estabilidad macroeconómica, las proponentes consideraron que ésta coyuntura es idónea para que el Estado demuestre que los derechos humanos de las mujeres son prioridad para este gobierno y que, en el marco del principio de progresividad, dicha condición no se modificará por ajustes del gasto para 2015.

A este respecto, puntualizaron las proponentes que el marco internacional de derechos humanos impone a los Estados el deber de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. De esta forma, para que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, resulta indispensable contar con un presupuesto que refleje su interés y posibilite el cumplimiento de dichas obligaciones. De ahí que los presupuestos públicos con perspectiva de género son una herramienta eficaz para garantizar los derechos de las mujeres; dar cumplimiento al marco legal internacional, nacional y estatal en materia de igualdad entre los géneros, y cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

En apoyo de lo anterior, señalaron que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados ha tenido un papel relevante en la institucionalización del presupuesto con perspectiva de género; a través de la Comisión de Igualdad de Género, desde su creación en 1999 con el nombre de Comisión de Equidad y Género, se han desarrollado una serie de acciones para garantizar la asignación de recursos y programas específicos para las mujeres en el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF. El logro más destacado en el ámbito legislativo, desde entonces, es el aumento progresivo del gasto etiquetado para mujeres. El comportamiento del presupuesto etiquetado para la igualdad de género en los PEF es el siguiente:

Año                 Presupuesto autorizado (mdp)

2007                                                     3 mil 482

2008                                                     7 mil 282

2009                                                     8 mil 982

2010                                                   10 mil 921

2011                                                   14 mil 916

2012                                                   16 mil 753

2013                                                   18 mil 760

2014                                                   22 mil 341

2015                                                   24 mil 308

De esta manera, las proponentes enfatizaron que la Comisión de Igualdad de Género promovió que las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en 2015 consideren recursos destinados al cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y ordenamientos de la política de igualdad como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, el Programa Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y el Proigualdad; dichos recursos por un monto de 23 mil 308 millones 185 mil 225 pesos, clasificados en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, que fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados el 13 de noviembre de 2014, y así fue incluido en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014.

Finalmente, manifestaron que aun cuando para 2015 se logró la etiquetación más alta, en proporción con el total del PEF de 2015, las erogaciones para la igualdad representan no más de 0.5 por ciento, lo que implica que estos recursos resultan insuficientes para solventar las necesidades que existen en la materia.

Consideraciones

La Comisión de Igualdad de Género coincide con la apreciación de las diputadas proponentes en torno a su preocupación, por el anuncio de una disminución al presupuesto de diversas dependencias y entidades de la administración pública, anunciada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco del ajuste del gasto público para 2015.

Tal como lo manifestaron las proponentes, esta coyuntura puede contribuir a refrendar el compromiso del Estado mexicano en favor del ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, en congruencia con el principio de progresividad de los derechos humanos, y procurar que dicho ajuste no se manifieste en el presupuesto etiquetado para mujeres en 2015.

En este orden de ideas, cabe precisar que el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Entre ellos destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará (1999). Además, ha participado en las cuatro Conferencias Mundiales de la Mujer y aprobó, con la unanimidad de los Estados participantes, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

La Plataforma es un llamamiento a los Estados firmantes para la adopción de medidas concretas con diversos objetivos, entre ellos: proteger y promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas; erradicar la carga persistente y creciente de la pobreza que soportan las mujeres; eliminar los obstáculos que se oponen a su plena participación en la vida pública; eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres; garantizar la igualdad de acceso de niñas y mujeres a la educación y los servicios de salud, y promover la autonomía económica de las mujeres.

En dicha plataforma se estableció la necesidad de “integrar la perspectiva de género en las decisiones presupuestarias sobre las políticas y programas, así como la adecuada financiación de programas específicos para asegurar la igualdad entre las mujeres y los hombres”.

Cabe precisar que la Plataforma especifica que “para lograr esos objetivos, los gobiernos deberían tomar medidas para revisar sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector público; ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector público, tanto para aumentar la capacidad productiva como para satisfacer las necesidades sociales”.

Para elaborar buenas estrategias nacionales de aplicación de la Plataforma de Acción, los gobiernos deberían asignar suficientes recursos, incluidos los necesarios para llevar a cabo análisis de las repercusiones de género.”

Tal como lo han señalado las proponentes, la plataforma destaca que los presupuestos con perspectiva de género tienen profunda incidencia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ejemplo de ellos es que las metas que presentan mayor rezago económico para México son justamente las vinculadas con la condición de las mujeres. El informe “A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación”, realizado por el Comité de ONG de América Latina y el Caribe para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y coordinado por la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (Argentina), destaca que en México como en otros países de Latinoamérica los avances legislativos no se han traducido en mejoras vitales y cotidianas; la desigualdad y el machismo siguen en pie. Muestra de ello es el incremento de los feminicidios en el país y el primer lugar en muertes maternas, por mencionar algunos aspectos que dan cuenta de lo catastrófico que resultaría para México en términos del cumplimiento de los Objetivos del Milenio cualquier recorte al anexo 13 del PEF.

Esta dictaminadora estima que justamente para atender estas deficiencias se incorporó por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la perspectiva de género como uno de los tres ejes transversales, por lo cual todas las políticas públicas, programas y acciones derivados del PND deben contar con este enfoque. Es decir, se advierte cierta preocupación por atender el déficit de resultados en materia de igualdad, por lo que un recorte al presupuesto en ese sentido es a todas luces incongruente con el espíritu de la política de desarrollo social.

Muestra de ello es que el poder ejecutivo federal publicó en agosto de 2013, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, las que deberán considerar sus objetivos, estrategias y líneas de acción para elaborar los respectivos programas, lo que como estrategia para la igualdad México ha adoptado a través de un esquema de presupuesto público sensible al género en el que reconoce que mujeres y hombres tienen necesidades e intereses diferenciados, que deben ser considerados para responder con pertinencia a uno y otro sexo. El presupuesto con perspectiva de género conlleva un avance constante hacia una asignación más equitativa de los recursos públicos para favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos.

Sobre el particular, el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

La progresividad de los derechos humanos de las mujeres también encuentra eco en el marco legal vigente relativo a la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, entre los que destacan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como los programas derivados de estas leyes que requieren de suficiencia presupuestaria para su operatividad. De tal suerte que para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de generar en cada momento histórico, protección y garantía de los derechos humanos, debe también garantizar los recursos para la ejecución de los programas, que en ningún momento deben retroceder en perjuicio de las mujeres.

De ahí que esta dictaminadora coincide plenamente con las diputadas proponentes en su preocupación planteada en el punto de acuerdo y con la pertinencia de éste.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género emite el presente dictamen en sentido positivo y somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a garantizar en el marco del ajuste del gasto para 2015, anunciado por dicha dependencia el pasado 30 de enero, que no se afecten los recursos clasificados en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

Nota:

1 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 346, página 139.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Claudia Rocío Villa Oñate (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Carolina Hernández Ortiz (rúbrica), Lucía Reynoso Castellanos, Brenda Alvany Franco de la Torre (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Alejandra Gutu Deskens, Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica).»

PROGRAMA O ACCIONES DE VERIFICACION Y DETECCION DE IRREGULARIDADES DE LAS TOMAS DE GAS NATURAL O LP EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE TODO EL PAIS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Sener y la STPS a establecer con las autoridades estales y municipales de protección civil un programa o acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios, un programa acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país, presentada en la sesión del pleno del 3 de marzo de 2015, por la diputada Karen Quiroga García, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En la sesión del pleno del 3 de marzo de 2015, la diputada Karen presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados acordó turnarla a la Comisión de Protección Civil, para su estudio y dictamen correspondiente.

Propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios, un programa acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país.

Metodología

Se realizó el análisis de esta proposición mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como en otras proposiciones relativas a la misma materia dictaminada previamente en esta comisión y la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

Respecto de la materia de la proposición la Comisión desea apuntar lo siguiente:

Como es de conocimiento público la pasada explosión del hospital infantil Cuajimalpa ocurrida el pasado 29 de enero del presente año y que por desgracia dejo 73 heridos y tres personas fallecidas, ha alertado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a trabajar coordinadamente para la verificación, detección y prevención oportuna de cualquier anomalía en las prestadoras de servicio de este producto.

A partir de este lamentable suceso, la propia Secretaría de Energía puso en práctica sus facultades de investigación y verificación en materia de seguridad industrial, con el operativo practicado a dos de las plantas de distribución de Gas LP de la empresa Gas Express Nieto, dando por resultado la inmovilización de once pipas, nueve camiones de reparto, siete cilindros en mal estado y la clausura de cuatro tanques de almacenamiento.

Aunado a ello, con las recientes volcaduras de los tanques de gas de la empresa Gas Express Nieto, la última acaecida el pasado 24 de febrero del presente año, y en menos de un mes de la catástrofe del hospital infantil, ha generado una psicosis entre la ciudad y los mexicanos por tomar mayores precauciones y obliga a las autoridades capitalinas y federales a realizar acciones mayores de prevención y verificación de los diversos puntos de abastecimiento, distribución y suministro de gas.

Un factor clave para la temprana detección de este tipo de irregularidades se encuentra en las diversas unidades habitacionales que existen en todo el territorio mexicano muchas familias que viven en condominio ya sea vertical u horizontal, tienen tomas de gas natural o por tanques en zonas al aire libre o en diversas áreas comunes del condominio, ya sea tomas personales o prorrateadas. Esto se traduce en decenas y tal vez cientos, diversas tornas de gas en un mismo conjunto habitacional que multiplica el riesgo a los mexicanos que habitan un mismo predio.

La antigüedad, el deterioro, algún caso fortuito o de fuerza mayor, incluso la posible negligencia de laguna constructora de algún edificio, pueden ser causales de alguna ruptura, desajuste o irregularidad en alguna de estas tomas de gas que se traducen en un peligro inminente en los habitantes de una unidad habitacional.

Tan solo en el año 2013, en el propio Distrito Federal quien concentra la mayor parte de unidades habitacionales en todo México, reporto a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que de los ocho mil condominios registrados, cuatro mil sufren algún deterioro físico o de riesgo, que pueden ser fallas estructurales, deterioro sísmico, geológico o de inundación.

Por ello resulta necesario que la propia Secretaria de Energía, en coordinación con diversas autoridades como la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y las autoridades encargadas de Protección Civil de cada estado y municipio, trabajen conjuntamente para programar visitas a las diversas unidades habitacionales, especialmente aquellas de escasos recursos y de interés social con mayor antigüedad para que se verifiquen todas y cada una de los puntos de contacto con gas natural o LP, con el fin de evitar nuevas catástrofes y en beneficio de la seguridad de millones de mexicanos que habitar bajo este tipo de vivienda.

Al respecto cabe mencionar que esta comisión dictaminó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios, un programa acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país, presentada en la sesión del pleno del 3 de marzo de 2015 por la diputada Karen Quiroga García del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática con los siguientes resolutivos:

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios, un programa acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país.

Segundo: Se exhorta a la Secretaria de Energía y a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios, un programa acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en todo el país.

En virtud de las reflexiones que anteceden, la comisión aprecia que resultaría eficaz modificar la redacción de los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, con la finalidad atender su objetivo, ante la gravedad de los hechos que han costado vidas humanas.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, en base a las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero: Se exhortar a la Secretaría de Energía y a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios un programa acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios, un programa acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en todo el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de abril de dos mil quince

La Comisión de Protección Civil, diputados:Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), presidenta; Fernando Hernández Charleston (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica), Enríquez Ramírez Maribel (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano, Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESPECIAL EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016 DE PROTECCION CIVIL, CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LOS SISMOS DE 1985

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la SEP y sus homólogos estatales y del DF a implantar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016, con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil, con fecha 18 de marzo del año 2015, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SEP y sus homólogos estatales y del DF a implantar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016, con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México, capital y centro del país, se paralizó por completo, la fuerza de un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, hizo que toda actividad se suspendiera, desatando psicosis, miedo, asombro, desesperación y caos. Hasta entonces, no había en el Distrito Federal un antecedente registrado de una catástrofe de tal magnitud.

El terremoto, de acuerdo a cifras oficiales, dejó 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas fallecieron a causa del fenómeno natural; además más 30 mil edificaciones resultaron destruidas y poco más de 6 mil quedaron con daños parciales.

El gobierno de Miguel de la Madrid, presidente de la República en aquel entonces, se vio rebasado por la magnitud del desastre, los cuerpos de emergencia, seguridad y salud, resultaron insuficientes e ineficaces para atender a las personas que necesitaban atención médica de urgencia, evitar actos delictivos y en consecuencia el restablecimiento del orden no fue posible a un corto plazo.

El problema que el gobierno federal debía enfrentar era de tal magnitud que gobiernos y organismos internacionales brindaron apoyo en tareas de búsqueda de personas, demolición y, en el caso, reparación de edificios, albergues para los damnificados, médicos para atender a heridos, e incluso con fondos para la reconstrucción de la ciudad.

Ante la parálisis gubernamental, la sociedad civil salió a las calles, se organizó y en un gesto inédito de solidaridad, comenzó a levantar escombros para buscar sobrevivientes, proveyó de alimento a muchos que lo necesitaban, colaboró en la reconstrucción de la ciudad, y sobre todo, demostró que la única forma de enfrentar este tipo de fenómenos naturales es por medio de la participación social.

A consecuencia de la tragedia del sismo de 1985, y ante la imposibilidad de pronosticar este tipo de fenómenos naturales, nació la necesidad de educar a la ciudadanía bajo una cultura de protección civil, encaminada a evitar grandes pérdidas humanas ante este tipo de acontecimientos. En este sentido, autoridades, organizaciones no gubernamentales y en general la sociedad civil, comenzaron a trabajar en protocolos para actuar durante y después de un sismo.

Desde 1985, en la Ciudad de México se ha trabajado para concientizar a la ciudadanía en cuanto a la importancia de su participación para contener la tragedia ante este tipo de eventos.

Desde entonces, no se ha vivido una catástrofe de tal magnitud, sin embargo, los expertos señalan, que debido a la posición geográfica en la que se encuentra la República Mexicana, y en particular la zona sobre la cual ha sido edificado el Distrito Federal, las posibilidades de que un sismo de igualo mayor magnitud vuelva a sacudir a la capital del país son inminentes.

En este sentido, trabajar en la formación de personas bajo los principios de protección civil resulta ser una tarea de todas las autoridades, en particular, las que tienen a su cargo la formación básica en las escuelas públicas y privadas del Estado mexicano.

A casi 30 años de ocurrida la tragedia del sismo de 1985, es importante rescatar de la memoria colectiva lo ocurrido aquella mañana de jueves 19 de septiembre, con la finalidad de que las nuevas generaciones tengan presentes que salvar su vida, mantener su integridad y la de las personas que los rodean depende de actuar de la manera correcta ante este tipo de fenómenos naturales.

El sismo del 19 de septiembre de 1985, de acuerdo a cifras oficiales, dejó poco más de 10 mil personas muertas. Según los expertos, este número de muertes pudo haber sido mucho menor si hubiera existido una educación en protección civil entre la ciudadanía, que les permitiera saber cómo reaccionar ante eventos de esta índole.

Hoy en día, a casi 30 años de ocurridos los hechos, muchas experiencias se han ido diluyendo en la memoria de los testigos, los jóvenes que vivieron estos acontecimientos deben tener alrededor de 60 años o más de vida; los niños que nacieron en los años anteriores a la tragedia o aquellos que nacieron el año del sismo, es decir, aquellos que son hijos de quienes vivieron el sismo, en la actualidad tendrán alrededor de 30 años o poco más, esto probablemente les permite tener un lazo emocional con aquellos que sufrieron el dolor, la tragedia y la desolación que ocasionó el terremoto de 1985, y mantener en su memoria parte de la tragedia.

Durante 2014 ocurrieron 17 sismos registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de los cuales cuatro fueron de intensidad considerable y tuvieron origen en las costas del estado de Oaxaca. El SSN en su estudio México: zona de alta sismicidad, publicó que existe un hueco en las capas tectónicas que van desde el sureste de Petatlán estado de Guerrero hasta muy cerca de Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca, y de romperse este hueco de un solo movimiento telúrico puede tener una magnitud superior a 8 grados en escala de Richter1.

Lamentablemente no hay una fecha, ni un lugar específico; se sabe que la costa del pacífico que comprende estados como Oaxaca y Guerrero son lugares de alta sismicidad por lo que estamos obligados a concientizar y educar a las nuevas generaciones de niños mexicanos en materia de protección civil para estar preparados ante cualquier tipo de catástrofe natural que pueda azotar a nuestro país.

Al día de hoy en las escuelas de educación básica, puede que observen lo ocurrido en aquel año como algo distante y lejano a su realidad y, en consecuencia, la seriedad y objetividad con la que asumen la educación en protección civil no sea la más adecuada.

Por lo tanto, es necesario reforzar la educación en materia de protección civil en todas las escuelas de educación básica y media superior, acercar su vida cotidiana a los hechos ocurridos, a fin de que logren vislumbrar lo que significa vivir una catástrofe de tal dimensiones, y con ello, generar una mayor conciencia acerca de la importancia de la participación en actos de protección civil de cómo se debe actuar durante y después de un sismo.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que en coordinación con sus homologas estatales y del Distrito Federal, en el marco de los 30 años de los hechos ocurridos por el sismo de 1985, refuercen el trabajo de educación en protección civil, implementando un programa especial en todas las escuelas de nivel básico y medio superior.

Asimismo, tiene por objeto exhortar a la SEP a que organice, en coordinación con las autoridades del Distrito Federal, una convocatoria para recolectar relatos y narraciones de los testigos presenciales del sismo del 19 de septiembre de 1985, en los cuales, los relatores narren los sentimientos, experiencia y emociones de lo ocurrido, con el objeto de transmitirlo al lector y esto permita generar en él un estado de empatía y solidaridad y, en consecuencia, actúe cambiando las actitudes negativas que pongan en riesgo su integridad en los actos de simulacros de sismo, y de esta manera formar una mayor conciencia de la importancia de educarse en el ámbito de protección civil, de tal modo que aquellos que transmitan la importancia de que salvar la vida en un sismo depende de esto, sean difundidas entre las escuelas de nivel básico y medio superior del Distrito Federal.

Metodología

Se realizó el análisis de esta proposición mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como en otras proposiciones relativas a la misma materia dictaminada previamente en esta Comisión y la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

Respecto de la materia de la proposición la Comisión desea apuntar lo siguiente:

Primera: Se exhorta al titular de la SEP y sus homólogos estatales y del DF a implantar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985.

Segunda: En coordinación con la Coordinadora Nacional de Protección Civil y las respectivas en las entidades federativas y los municipios, que se lleve a cabo un programa de Protección Civil en todos los planteles escolares del país, y de todos los niveles escolares.

En virtud de las reflexiones que anteceden, la Comisión aprecia que resultaría eficaz modificar la redacción de los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, con la finalidad atender su objetivo.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, en base a las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero: Se exhorta al titular de la SEP y sus homólogos estatales y del DF a implantar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985.

Segundo: En coordinación con la Coordinadora Nacional de Protección Civil y las respectivas en las entidades federativas y los municipios, que se lleve a cabo un programa de protección civil en todos los planteles escolares del país, y de todos los niveles escolares.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de abril de dos mil quince.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), presidenta; Fernando Hernández Charleston (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica), Enríquez Ramírez Maribel (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano, Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

REALICEN UNA ESTRICTA VERIFICACION A TODAS LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE GAS LP, TANTO A SUS INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DE SU PERSONAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Sener y la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar con los gobiernos estatales una estricta verificación de las empresas transportistas de gas LP, tanto en instalaciones y parque vehicular como en capacitación del personal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil fue turnada para análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Energía (Sener) y la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar con los gobiernos estatales una estricta verificación de todas las empresas transportistas de gas LP, tanto en las instalaciones y el parque vehicular como en la capacitación del personal, propuesta por el diputado Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

La Comisión de Protección Civil, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 3 de febrero de 2015, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar con los gobiernos estatales una estricta verificación de todas las empresas transportistas de gas LP, tanto en las instalaciones y el parque vehicular como en la capacitación del personal.

II. La mesa directiva determinó turnarla el 3 de marzo del presente a la Comisión de Protección Civil de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

En el cuerpo de la proposición, el diputado promovente señala que el 29 de enero del año en curso, aproximadamente a las 7:00 horas, una explosión de gas destruyó el hospital materno-infantil Cuajimalpa, en el Distrito Federal.

Que el estallido fue provocado por una rotura en una manguera de suministro utilizada por el autotanque de la empresa distribuidora de gas licuado de petróleo (LP) Gas Express Nieto, cuando abastecía el hospital.

Tal incidente tuvo consecuencias lamentables: según reza en los considerandos de la proposición, provocó la muerte de al menos 4 personas y dejó lesionadas a otras 72.

Señala el promovente que éste no es un caso aislado, pues en mayo de 2013 una pipa explotó en la autopista México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, México.

Los hechos dejaron un saldo de 27 víctimas mortales, más de 30 heridos y decenas de viviendas dañadas.

El diputado señala a manera de ejemplificar que el 29 de julio de 2014, otra pipa de Gas Express Nieto explotó en Querétaro. En esa ocasión, los hechos causaron la pérdida de la vida a 3 personas, 5 más lesionadas, 5 unidades quemadas y 150 desalojados.

La relataría de las consideraciones refiere que el 13 de abril de 2012, un tanque de gas en mal estado explotó en Querétaro, lo que provocó lesiones a dos bomberos. El tanque pertenecía a la empresa Gas Express Nieto.

En suma, el promovente insta a que la Sener y la Coordinación Nacional de Protección Civil realicen con los gobiernos estatales una estricta verificación de las empresas transportistas de gas LP, las instalaciones y el parque vehicular, sin omitir la capacitación del personal.

Consideraciones

Primera. Que México es uno de los principales consumidores de gas LP como combustible de uso doméstico e industrial. Su producción, transporte, distribución y uso final implican diferentes riesgos a la población. Generalmente se presentan fugas e incendios que involucran este producto en el hogar, comercios y también en instalaciones industriales.

Que las pipas que distribuyen el gas LP están subdivididas y alimentan tanques estacionarios de distinta capacidad, desde 200 hasta 5 mil litros. Los de menor capacidad, comúnmente de 200 litros, se hallan en domicilios particulares (unifamiliares); y los de 500 a mil litros, en edificios de departamentos (multifamiliares), donde abastecen a varios usuarios. Cilindros de capacidades desde 500 hasta 5 mil litros se usan principalmente en instalaciones de tipo comercial, industrial y de servicios.

Asimismo, del análisis de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado promovente se resalta que en materia de regulación es preciso cumplir las normas oficiales mexicanas (NOM) emitidas por las secretarías reguladoras, como señala el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización:

Artículo 49. Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos.

Que cuando se hace referencia a gas LP, debe entenderse como un combustible derivado del petróleo, principalmente compuesto de butano y propano.

Que la abreviatura LP significa “licuado de petróleo”. Se produce en estado gaseoso, pero se transforma en estado líquido a través de compresión y enfriamiento (por lo cual se le dice “licuado”), a fin de manejarlo en mayor cantidad. En ese estado se transporta de las refinerías a las plantas de almacenamiento por semirremolque o ducto; y de éstas, a los usuarios finales, ya sea por autotanques (pipas) a recipientes no transportables (tanques estacionarios) o por recipientes transportables (cilindros).

Segunda. Que el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de diciembre de 2011 señala el acuerdo que a la letra reza:

Acuerdo que determina la utilización de una medida alternativa para el cumplimiento de las finalidades de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, “Vehículos para el transporte y distribución de gas LP. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento”.

Por lo que es al caso de estudio, se entiende que es responsabilidad del Ejecutivo federal, a través de las dependencias de la administración pública federal, establecer mediante normas oficiales mexicanas las características y especificaciones que deben reunir los equipos, los materiales, los dispositivos y las instalaciones, particularmente cuando sean peligrosos.

Tercera. Que el 5 de diciembre de 2007, en el DOF se dio a conocer el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, donde se establece que los permisionarios tienen la obligación de mantener en todo momento sus obras, instalaciones, vehículos, equipos y accesorios, en cuanto a su instalación, operación, mantenimiento y condiciones de seguridad, conforme a lo dispuesto en las NOM aplicables.

Según lo establece la Sener, hay un directorio de unidades de verificación en materia de gas LP. Se denomina así a la persona física o moral que realiza actos de verificación para evaluar la conformidad con NOM en materia de gas LP, la que ha sido acreditada por una entidad de acreditación, y aprobada por la Secretaría de Energía siempre que se cumplan las NOM establecidas.

La verificación consiste en una constatación ocular, y comprobación mediante pruebas, medición y examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad con las NOM en materia de gas LP en un momento determinado.

Cuarta. Que el 28 de noviembre de 2014 se dio a conocer en el DOF el programa de supervisión de 2015 para la verificación de instalaciones, vehículos, equipos y actividades de permisionarios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP.

Que la empresa Gas Express Nieto, a la que hace referencia el diputado promovente, cuenta por la Sener, en específico por la Dirección General de Gas LP, con 159 permisos.

Que el programa de supervisión de 2015 hace referencia a un calendario donde se determinan los plazos para que los permisionarios presenten los resultados de la evaluación de la conformidad de sus instalaciones, vehículos, equipos y actividades, mediante el reporte técnico aplicable.

Que el mismo programa, en el numeral 6, reza: “La inobservancia de las disposiciones del presente programa, o no atender la verificación de las instalaciones, vehículos, equipos y actividades de gas LP conforme a lo establecido en él, será sancionada por la secretaría en los términos de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”.

Quinta. Que en 2013, según informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el propósito de proteger derechos de consumidores y evitar prácticas comerciales abusivas, se realizaron 128 operativos en plantas gaseras y vehículos, inmovilizando 844 cilindros por irregularidades.

Que en el comunicado 139 de la Profeco también se señala que se inmovilizaron 30 básculas, 10 autotanques y 10 vehículos por dar litros y kilogramos incompletos, carecer de medidas de seguridad, fallas mecánicas y falta de holograma vigente (calibración), entre otras irregularidades.

Sexta. Que para 2014 hubo 378 denuncias de consumidores contra las gaseras de LP, destacando Gas Express Nieto, que tuvo 28 (7.4 por ciento). Asimismo, las multas para estas empresas se triplicaron de 2012 a 2014, pues pasaron de 50 millones de pesos a 176 millones.

Que el caso específico de Gas Express Nieto, propietaria de la pipa que estalló y destruyó el hospital materno-infantil Cuajimalpa, las multas se cuadriplicaron: subieron de 4.2 millones a 16 millones de pesos.

Séptima. Que en la práctica es urgente fortalecer las herramientas para identificar riesgos, principalmente por lo que se refiere a las listas de verificación.

Que el uso de estas listas abona a comprobar el cumplimiento de las revisiones para detectar los puntos críticos donde pueden presentarse fallas o peligros.

Que según el Sistema Nacional de Protección Civil, los accidentes ocurridos en México donde ha estado involucrado el gas LP indican que la mayor cantidad de ellos involucra la fuga de material, ocurrida por la falta de mantenimiento de los tanques, por lo cual es necesario contar con un adecuado programa de mantenimiento preventivo y correctivo que permita minimizar la ocurrencia de incidentes, especialmente las fugas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Protección Civil coincidimos con el proponente y sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los secretarios de Gobernación, y de Energía a informar a esta soberanía en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil sobre las empresas que violenten el procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas LP, sujetas a la observancia por parte de permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al secretario de Energía a hacer públicos los dictámenes emitidos y avalados por la unidad de verificación, que debe señalar al o los responsables del aval mediante el cual se hace constar el cumplimiento o no de infraestructura sujeta a norma oficial mexicana en materia de gas LP de las empresas gaseras que prestan servicio a nivel nacional.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la secretaria de Salud a entregar a ella un balance por lo que se refiere a las afectaciones de tipo físico y emocional en los individuos involucrados en el accidente del hospital materno-infantil Cuajimalpa, en el Distrito Federal, así como el protocolo de atención postrauma a que serán sujetos los involucrados.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera muy atenta y respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer en su padrón de comerciantes y empresas que manejan residuos peligrosos una revisión exhaustiva para que dichos prestadores de servicios cuenten con los protocolos actualizados, su personal cuente con la capacitación necesaria para hacer frente a una contingencia de cualquier tipo, que cuenten con el equipo de trabajo, traslado y manejo para evitar accidentes como el suscitado en el hospital materno-infantil Cuajimalpa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2015.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), presidenta; Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica), Maribel Enríquez Ramírez (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano, Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

CUMPLA CON LOS COMPROMISOS DE APOYO A LAS FAMILIAS DE LOS PERIODISTAS ASESINADOS QUE HAN QUEDADO EN DESAMPARO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobierno de Veracruz a esclarecer los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad y cumplir con la mayor brevedad los compromisos de apoyo de las familias de los comunicadores victimados que han quedado desamparadas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A.El 9 de abril de 2015, el diputado Danner González Rodríguez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo relativo a la seguridad pública y procuración de justicia del libre ejercicio del periodismo en Veracruz.

B.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en estudio se compone de tres resolutivos:

El primeropropone que esta Cámara de Diputados exhorte “respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que esclarezca los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, procurando que no quede ningún caso por resolver.”

A través del segundoresolutivo, el diputado promovente propone que esta Soberanía exhorte “respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que a la brevedad se cumpla con los compromisos de apoyo a las familias de los periodistas asesinados que quedaron en el desamparo.”

Finalmente, el tercer resolutivo propone que esta Cámara baja exhorte “respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que implemente los mecanismos necesarios de seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio del periodismo y prevengan actos delictuosos en contra de los periodistas, a fin de garantizar el derecho humano a la libertad de opinión y expresión.”

III. Consideraciones del diputado promovente

En su exposición de motivos, el diputado Danner González Rodríguez destaca que [...] El año 2012 fue el más catastrófico para los periodistas en México y para el ejercicio de su profesión en más de una década, se registraron once asesinatos y el país se ubicó en la posición 4 a nivel mundial en esta materia [...] Asimismo, agrega que [...] En 2013, el país registró dos casos de periodistas asesinados, ocupando el lugar once de 17 países, empatando con Mali y Rusia. Y el año pasado, México se situó en la posición seis a nivel mundial en homicidios de periodistas al registrar tres casos, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras [...] Finalmente, señala que [...] durante el año 2014 el país estuvo en el lugar cinco de la lista negra de lugares en el mundo con más secuestros a periodistas, ya que se contabilizaron tres plagios en contra de comunicadores [...]

Por otra parte, el diputado promovente indica que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde enero de 2000 a junio de 2014 en el país se han perpetrado 87 homicidios de periodistas. Agrega que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión indicó que han sido asesinados 102 periodistas y de éstos, 16 han sido en Veracruz, de los cuales, once se han dado en la actual administración estatal,por lo que el Estado de Veracruz ha sido la entidad que más asesinatos de periodistas ha registrado en dicho periodo.

En su argumentación, el diputado proponente destaca que [...] La violencia contra periodistas es un atentado contra el derecho humano de opinión y libertad de expresión. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se encuentra consagrado en el párrafo segundo del artículo 6o. y en el primer párrafo del artículo 7º [...]

Por otra parte, agrega que [...] En el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de opinión y expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; y en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por mencionar algunos [...]

Por lo anterior, señala que [...] Es un mandato constitucional, y un deber que impone el bloque de convencionalidad de los derechos humanos, a las autoridades del Estado mexicano garantizar que no se afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de opinión y expresión [...]

Adicionalmente, añade el diputado González Rodríguez el avance que se ha tenido para la atención del sector periodístico, desde las reformas al marco jurídico hasta las acciones emprendidas para ello en los diversos órdenes de gobierno, destacando entre éstas, la despenalización del delito de difamación, calumnia e injuria y las adiciones a nuestra Carta Magna para que las autoridades federales pudieran atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atenten contra la libertad de expresión, información e imprenta, o contra el ejercicio del periodismo.

Por otra parte, agrega el diputado promovente que [...] en Veracruz, las autoridades han dicho que los crímenes en contra de periodistas no quedarán impunes, han manifestado su compromiso absoluto para esclarecer los asesinatos, y se ha conformado la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, asimismo, se han comprometido a apoyar a los familiares de las víctimas [...] Sin embargo, contrasta que pese a lo anterior [...] estas acciones no han sido suficientes. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o las trabas burocráticas las hacen lentas, pero nunca terminan por esclarecerse lo hechos, lo cual lleva a un clima de impunidad [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después de haber analizado los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien emitir dictamen en sentido positivo, con base en lo siguiente:

El pasado 7 de enero de 2015 el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó en la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la PGJ de Veracruz, a fin de brindar protección eficiente, pronta y expedita a las personas que se dedican al periodismo.

Posteriormente, el 21 de febrero del mismo año, la Comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen recaído a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja en los términos planteados por éste.

El 24 de febrero de 2015, la Secretaría de Gobernación remitió contestación al primer resolutivo del punto de acuerdo del diputado Mejía Berdeja: [...] Al respecto, le participo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) , en cumplimiento a las atribuciones que tiene conferidas, al tener conocimiento de hechos posiblemente constitutivo de delitos cometido en agravio de quienes ejercen la actividad periodística, entiendo esta, como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión; inicia una investigación en aras de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que permita resolver conforme a derecho, los hechos que se investigan.”

Asimismo, agrega el maestro Jorge Nader Kuri, Director General de la instancia exhortada: [...] tenga la certeza que esta unidad administrativa se encuentra efectuando todos los esfuerzos para atender y resolver en el ámbito de su competencia los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, buscando con ello erradicar la impunidad [...]

Como se desprende de lo anterior, ya existe un antecedente relacionado con la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, así como una respuesta por parte de una de las instancias encargadas directamente de la atención a este sector, sin embargo, a la fecha aún no se cuenta con respuesta por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

En esa tesitura, esta Comisión comparte la preocupación del diputado proponente y en razón de las alarmantes cifras de homicidios y secuestros de personas dedicadas al periodismo en esa entidad, respalda su proposición, a efecto de coadyuvar a la protección de los derechos humanos de un sector tan vulnerable como es el de los periodistas.

Por lo anterior, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que esclarezca los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, así como para que a la brevedad cumpla con los compromisos de apoyo a las familias de los periodistas asesinados que han quedado en desamparo; para que implemente los mecanismos necesarios de seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio del periodismo, y para que prevenga actos delictuosos en contra de los periodistas a fin de garantizar el derecho humano a la libertad de expresión.

Notas:

1 Véase Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, consultado el 10 de abril de 2015 en: http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Véase Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, consultado el 10 de abril de 2015 en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/ene/20150121-III.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

DESAPARICION DE SIETE AGENTES DE LA POLICIA FEDERAL Y UN CIVIL EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LAS INMEDIACIONES DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO, MICHOACAN

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al presidente de la CNDH, los titulares de la PGR y la SFP, y el gobernador de Michoacán respecto a la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones de Zitácuaro

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A.El 7 de abril de 2015, las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem y Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática y de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente, así como diversos legisladores suscriptores de diversos grupos parlamentarios, presentaron proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH, a la Titular de la Procuraduría General de la República –PGR-, al Titular de la Secretaría de la Función Pública –SFP- y al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, para que realicen diversas acciones en torno a la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil, ocurridas el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del Municipio de Zitácuaro, Michoacán.

B.La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en que se analiza se compone de cuatro exhortos, mismos que se trascriben:

Primero.Exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esclarecer, en el ámbito de sus atribuciones, las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en el caso de la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del municipio de Zitácuaro, Michoacán, que atendían una supuesta solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Segundo.Exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a que, en el ámbito de sus atribuciones, gire instrucciones para que se realicen efectivamente las acciones de búsqueda e investigación sobre el caso de la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009, en las inmediaciones del municipio de Zitácuaro, Michoacán, que atendían una supuesta solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y a hacer pública la información acerca del estado que guardan los procesos de investigación de los actos u omisiones que constituyan delitos del orden penal por parte de servidores públicos en torno a los hechos señalados.

Tercero.Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se realicen las investigaciones y sanciones administrativas a que haya lugar sobre los presuntos actos y omisiones de servidores públicos sobre el caso de la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del municipio de Zitácuaro, Michoacán, que atendían una supuesta solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, así como aquellas conductas que atenten contra el derecho de acceso a la verdad y a la justicia y que hayan significado una revictimización de sus familiares, y a hacer pública la información sobre el estado que guardan los procedimientos sobre el caso.

Cuarto.Exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo para que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se establezcan las responsabilidades penales, civiles y, en el caso, administrativas que correspondan a los servidores públicos del ámbito estatal y, en el caso, municipal que hayan incurrido en actos u omisiones contrarios a la ley en torno a la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del municipio de Zitácuaro, Michoacán, que atendían una supuesta solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Los proponentes sustentan su petición con base en las siguientes consideraciones:

Indican que [...] en el contexto de la estrategia de combate al crimen organizado en la administración de Felipe Calderón, las autoridades federales civiles y militares intervinieron directamente en las funciones de gobiernos estatales y municipales... en tareas de seguridad pública [...]

Detallan que entre las desapariciones que se han registrado en nuestro país[...]un caso de gran relevancia y preocupación ha sido el de un civil y siete policías federales, entre los cuales se encuentra el joven Luis Ángel León Rodríguez, que supuestamente atendían un llamado del ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para desempeñar funciones en la Dirección de Seguridad Pública Municipal en noviembre de 2009 [...]

Agregan que tras la desaparición de estas personas [...] pasaron seis días sin que nadie supiera de su paradero. El presidente municipal –encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Ciudad Hidalgo- Pedro Tello Gómez, no realizó ninguna notificación ni cuestionamiento a otras autoridades acerca de los policías que debían llegar a su jurisdicción. Los mandos de la Policía Federal tampoco tomaron ninguna acción al respecto en esos días [...]

Informan que la PGR inició una investigación sobre el caso, misma que fue cerrada en mayo de 2013 y en la que se concluyó que los responsables de la desaparición presuntamente fueron integrantes de la delincuencia organizada que en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, habrían capturado y asesinado a las ocho personas, para posteriormente eliminar sus cadáveres mediante un método químico.

Relatan que la madre de Luis Ángel León Rodríguez, Araceli Rodríguez, [...] lejos de encontrar justicia y ejercer sus derechos a la verdad y a la reparación, ha enfrentado una serie de obstáculos y negativas que la han llevado a convertirse en una destacada activista, al promover recursos en las instancias judiciales y administrativas por sus propios medios [...]

Detallan que en mayo de 2013, tras cerrarse el expediente que presentó Araceli Rodríguez por la desaparición de su hijo, llegó a su domicilio un citatorio del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, en el que se le imputaba la omisión de la declaración patrimonial de su hijo en 2010. Agregan que tras este acto [...] se le prometió que se investigaría y sancionaría a quienes incurrieron en irregularidades, incluyendo los tratos de presunta tortura psicológica que significa que el área de recursos humanos de la Policía Federal haya considerado a los agentes como presuntos responsables de “abandono de trabajo” en vez de desaparecidos y que se haya tramitado su presunción de muerte sin aclarar plenamente los hechos [...] Relatan, a la vez, que [...] con la salida del titular del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, Jean Paul Aguilera Reynaud, los compromisos no tuvieron seguimiento por parte de sus sucesores, por lo cual los tres expedientes que se abrieron ante la Secretaría de la Función Pública han tenido avances prácticamente nulos [...]

Mencionan también [...] el asunto se encuentra, en sus respectivos ámbitos legales de acción, en la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGR y en la Secretaría de la Función Pública, sin que hasta la fecha de (sic) haya proporcionado a la señora Araceli información sobre el avance de las investigaciones [...]

En ese tenor, concluyen diciendo: [...] hacemos un respetuoso llamado a diversas instituciones a atender el caso de estos servidores públicos que, en cumplimiento de su deber, fueron víctimas de desaparición, y cuyas familias han vivido largos años de incertidumbre y angustia, sin poder ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación [...]

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

En diversas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en temas vinculados con la desaparición forzada de personas. A la vez, quienes integran este órgano legislativo dejan claramente asentado que un acontecimiento como el que se analiza no puede quedar en el olvido, ya que constituye un punto de ruptura a partir del cual debe exigirse que acontecimientos como aquel, jamás vuelvan a repetirse. Para ello y a colación, no omite señalarse que en el ámbito legislativo se requiere la tipificación adecuada de este delito, así como el establecimiento de altos estándares de exigencia a nuestros servidores públicos.

Por lo que hace en concreto al asunto sujeto a estudio, ya desde la LXI Legislatura esta Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, para que recibiera a los familiares de los siete federales desaparecidos y el civil, a fin de que les informara el avance de la investigación realizada y los pasos a seguir en dicha búsqueda, así como para que escuchara de viva voz de los familiares, lo sucedido desde el 16 de noviembre de 2009.

Siguiendo esa línea de acción, esta Comisión tras realizar un amplio seguimiento a los sucesos narrados por las legisladoras proponentes, constató que la PGR inició un expediente de averiguación por el delito de privación ilegal de la libertad y los que resulten, cometidos en agravio de los agentes de la Policía Federal y el civil. Asimismo, mediante el acuerdo A/ 189/ 11, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 27 de diciembre de 2011, esa representación social ofreció una recompensa de hasta diez millones de pesos a quien(es) proporcionará(n) información que llevara al paradero de las víctimas, y de hasta tres millones de pesos a quien(es) proporcionará(n) datos que condujeran a la identificación, localización, detención y/o aprehensión del o los probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de las víctimas. Cabe precisar que en dicho acuerdo la PGR señala que la privación de la libertad de las víctimas pudo haber sido realizada por integrantes del crimen organizado.

Adicionalmente, este órgano legislativo solicitó información a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro –UEIS- de la  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada –SEIDO- y recabó los siguientes datos:

• LA UEIS inició las averiguaciones PGR/SIEDO/ UEIS/180/2010 y PGR/SIEDO/UEIS/587/2011 por los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, cometidos en perjuicio de los siete agentes de la Policía Federal y el civil referidos en la proposición con punto de acuerdo;

• A la fecha se ha logrado la detención de diversos presuntos responsables de los hechos, e incluso en el pasado mes de octubre de 2014 se logró la detención de un sujeto más, sujeto con el cual, relata la Unidad especial, se realizaron labores de búsqueda de las víctimas desaparecidas;

• Se informó, asimismo, que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México ha girado diversas órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables dentro de la causa penal 32/2010;

• Se señaló también que a la fecha las averiguaciones siguen abiertas especificándose que las mismas no serán concluidas, ya que esto no es posible en tanto no se dé con el paradero de las víctimas desaparecidas;

• Con relación a la atención proporcionada a la ciudadana Araceli Rodríguez, se informó que le han sido otorgadas medidas de seguridad, que se ha entrevistado con personas de la UIES así como con algunos de los probables responsables, que se ha puesto a su disposición las declaraciones vertidas por los presuntos responsables y que ha participado en algunas diligencias de búsqueda de las víctimas.

Por otra parte, esta Comisión legislativa está cierta de que en el año 2010, el entonces Titular del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, Jean Paul Aguilera Reynaud, se comprometió a atender los siguientes puntos:

“Abrir (sic) expediente de 2010 para saber que se ha investigado sobre la desaparición de Luis Ángel y sus compañeros”; “recibir o canalizar la queja por tortura psicológica para que se investigue a quien resulte responsable”, y “hacer del conocimiento del Dr. Manuel Mondragón y Kalb el caso de Luis Ángel.”

En adición a lo anterior, la ciudadana Araceli Rodríguez acusó que la Secretaría de la Función Pública cerró el expediente sobre la desaparición de los siete elementos federales y un civil, sin imponer ninguna sanción en contra de seis mandos de la Policía Federal.  Asimismo, esta Comisión no omite mencionar que la ciudadana Araceli Rodríguez ha declarado ante medios de comunicación que pese a que en la vía penal ya se ha identificado a 33 presuntos responsables que probablemente forman parte de la delincuencia organizada, en la vía administrativa no ha sido sancionado servidor público alguno, a pesar de la existencia de diversas irregularidades que impidieron una búsqueda efectiva de los agentes.

Ahora bien, partiendo de la anterior información, cabe precisar que la Comisión de Derechos Humanos no puede determinar, ni prejuzgar, sobre si el presente asunto corresponde, efectivamente, a un caso de desaparición forzada. Como anteriormente se ha señalado en diversas resoluciones, este órgano legislativo no es la instancia especializada para atribuir el carácter de desaparición forzada a aquellos ilícitos que acontezcan en el territorio nacional, ya que tal atribución corresponde, en todo caso, a las instancias con competencia expresa para ello, como lo son las autoridades investigadoras en la etapa de averiguación y las autoridades judiciales, durante la sustanciación del proceso penal.

Una vez señalado lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos externa su solidaridad con la ciudadana Araceli Rodríguez y con cada uno de los familiares de las víctimas del asunto sujeto a análisis. Por lo anterior, se emite dictamen en sentido positivo con modificaciones, de conformidad con las apreciaciones que a continuación se describen:

Primero. Como se señaló líneas atrás, esta Comisión Legislativa constató la existencia de dos averiguaciones abiertas en el caso de las víctimas desaparecidas e incluso, la ciudadana Araceli Rodríguez manifestó que a la fecha ya se han identificado a 33 presuntos responsables que forman parte del crimen organizado.

En ese sentido y sin presumir sobre el carácter de desaparición forzada, involuntaria de personas, o el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro –siendo este último por el que investigó y ejerció acción penal la PGR-, debe recordarse que la PGR es el órgano especializado a quien compete, entre otras cosas, la investigación y persecución de los delitos federales. Así, a esta Comisión de Derechos Humanos no le compete en modo alguno indicar a esa instancia cómo debe de realizar sus investigaciones o bajo que categoría debe clasificar los delitos que investiga o habrá de perseguir.

No obstante, en virtud de los antecedentes del caso y dado que a la fecha siguen abiertas las investigaciones de este lamentable suceso, esta Comisión legislativa estima oportuno exhortar a la PGR para que agilice las investigaciones ya existentes, más no en términos tales que denotaran la total ausencia de acciones de búsqueda e investigación en el asunto de privación ilegal de la libertad acaecido el 16 de noviembre de 2009.

Segundo. Con relación al exhorto para que el Titular de la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones y sanciones administrativas a que haya lugar sobre los presuntos actos y omisiones de servidores públicos en el caso de la privación ilegal de la libertad de siete agentes de la Policía Federal y un civil, ocurrido en fecha 16 de noviembre de 2009, así como aquellas conductas que pudieran atentar contra el derecho de acceso a la verdad y a la justicia que hayan significado una re-victimización de los familiares de las víctimas, esta Comisión estima procedente su aprobación, con la salvedad de que dicho exhorto sea dirigido al Órgano Interno de Control de la Policía Federal. Lo anterior en virtud de que ante la última instancia es donde se instauró la tramitación de los expedientes narrados por la proponente.

Tercero. Respecto a la propuesta de exhorto al Gobernador del Estado de Michoacán, para que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se establezcan las responsabilidades penales, civiles y, en el caso, administrativas que correspondan a los servidores públicos de los ámbitos estatal y municipal que pudieran haber incurrido en actos u omisiones contrarios a la ley en torno al delito de privación ilegal de la libertad ocurrido el 16 de noviembre de 2009. Esta Comisión estima oportuno aclarar que conforme al artículo 50, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que son delitos del orden federal los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. En consecuencia la investigación y juzgamiento de tales ilícitos corresponden a las autoridades federales y no a las del fuero común, pese a que algún sujeto activo pudiera ser una autoridad local. En ese tenor, seria dentro del proceso penal 32/2010 recaído a las averiguaciones PGR/SIEDO/UEIS/180/2010 y PGR/SIEDO/UEIS/587/2011, donde en todo caso debe determinarse si hubo responsabilidad penal de servidores públicos del fuero común para que, en un momento dado, se imponga las sanciones civiles y administrativas a que, en su caso, haya lugar.

Cuarto. Con relación a la propuesta de exhorto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de su competencia esclarezca las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en el caso de la privación ilegal de la libertad de siete agentes de la Policía Federal y un civil, ocurridas el 16 de noviembre de 2009, esta Comisión estima procedente girar el exhorto referido a efecto de que ese órgano constitucional realice las investigaciones necesarias que permitan, en un momento dado, determinar si existieron, o no, actos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos de las víctimas que fueran atribuibles a servidores públicos.

Quinto. Por lo que hace a las solicitudes para hacer pública la información acerca del estado que guardan los procesos de investigación de los actos u omisiones que constituyan delitos del orden penal por parte de servidores públicos en torno a los hechos señalados y la información sobre el estado que guardan los procedimientos incoados en el Órgano Interno de Control de la Policía Federal sobre el caso, este Órgano legislativo no puede pasar por alto lo estipulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyos artículos 13, fracción V, y 14, fracciones III, IV y V, considera a la información requerida por las proponentes como reservada. Por lo anterior y de conformidad con las disposiciones legales invocadas, este órgano legislativo no se encuentra habilitado para solicitar la información en los términos planteados por las proponentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a que agilice las acciones de búsqueda e investigación sobre el caso de la privación ilegal de la libertad de siete agentes de la Policía Federal y un civil, acontecida el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del Municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Órgano Interno de Control de la Policía Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice todas las acciones necesarias a fin de investigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos y omisiones en que pudieran haber incurrido servidores públicos con relación al caso de la privación ilegal de la libertad de siete agentes de la Policía Federal y un civil, ocurrida el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del Municipio de Zitácuaro, Michoacán. Así como aquellas conductas que pudieran atentar contra el derecho de acceso a la verdad y a la justicia que hayan significado una re victimización de sus familiares.

Tercero.La Cámara de Diputados exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar, en el ámbito de sus atribuciones, la presunta comisión de actos u omisiones que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos de Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villeda, Víctor Hugo López Lorenzo, y Sergio Santoyo García, que pudieran haberse derivado de la sustanciación del caso de su privación ilegal de la libertad, acontecida el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones del Municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Notas:

1 Véase: Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, atienda a los familiares de 7 agentes de la Policía Federal Preventiva desaparecidos en Comisión Oficial, y de un civil vinculado a este fallido operativo, así como agilizar las investigaciones, aporte datos sobre la ubicación de los oficiales y sean presentados de inmediato. Disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/ LXI_leg/proposicioneslxi.php?filit=5&pert=3&edot=T&comt=0

2 Véase comunicado de Javier Sicilia, “Urgen respuestas claras ante problema nacional de desapariciones: MPJD” de fecha 17 de mayo de 2013. Disponible en:

http://www.teleformula.com.mx/notas.asp?Idn=325652

Y el video “El MPJD hace un llamado urgente al Estado mexicano para actuar frente a la emergencia nacional”. Disponible en:

http://movimientoporlapaz.mx/ es/2013/05/16/ el-mpjd-hace-un-llamado-urgente-al-estado-mexicano-para-actuar-frente-a-la-emer gencia-nacional/

3 Véase: “Dejan sin sanción a 6 mandos de PF que cometieron negligencia en búsqueda de policías”. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/01/negligencia-de-funcionarios-en-busqueda-d e-policias-desaparecidos-queda-sin-castigo-acusa-familia/

4 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

INVESTIGAR Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES AL ALCALDE DE CHIHUAHUA, POR SU CONDUCTA DISCRIMINATORIA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conapred a investigar y fincar al alcalde de Chihuahua las responsabilidades correspondientes por su conducta discriminatoria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A.El 9 de abril de 2015, la diputada Karen Quiroga Anguiano presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que investigue y finque las responsabilidades a que pueda haber lugar al alcalde de Chihuahua, por su conducta discriminatoria.

B.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de un único punto resolutivo a través del cual la diputada promovente plantea que esta Cámara de Diputados exhorte [...] al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, por la conducta discriminatoria al alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco [...]

III. Consideraciones de la diputada proponente

En la argumentación de su propuesta, la diputada Karen Quiroga Anguiano señala: [...] el Día de la Empleada Doméstica, celebrado el pasado 22 de marzo, el mexicano Javier Garfio Pacheco, alcalde de Chihuahua, en su discurso, aconsejó a las empleadas domésticas que usen la televisión para ver telenovelas y no los noticieros, en el evento el gobierno estatal y municipal regalaron televisiones de plasma [...] Transcribiendo textualmente lo dicho por el munícipe: [...] las pantallas plasma son las más requeridas para que puedan ver las novelas en su rato de descanso. No vean las noticias porque no crean que son tan buenas las noticias, vean más bien las novelas y sobre todo las novelas buenas, así es que yo espero que traigan mucha suerte. Este evento lo hacemos con mucho esfuerzo el gobierno del estado y el gobierno municipal, para que ustedes tengan un momento de esparcimiento, puedan llevarse un regalo y poderlas apapachar a todas ustedes. Muchas felicidades y que Dios me las bendiga a todas [...]

Por otra parte, la diputada promovente agrega que en México 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico y que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010; alrededor de dos millones de personas sufren varias violaciones a sus derechos humanos elementales, como la discriminación, el maltrato y la humillación.

La diputada instruye, además, sobre el significado del trabajo doméstico y señala que [...] consiste en el trabajo que se lleva a cabo en un hogar y para él, y lleva implícito las tareas domésticas, el cuidado de niños entre otros; genéricamente se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado [...]

Añade la diputada Quiroga Anguiano [...] el Día de las Trabajadoras del Hogar, es instituido por los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar lo que llevo a considerar precisamente la intención de colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y de indiferencia social [...]

Asimismo agrega que [...] en 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de trabajadoras del Hogar (Conlatraho), y se instituyó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas [...]

Sobre los hechos concretos atribuidos al edil de Chihuahua, la Diputada Quiroga Anguiano menciona [...] al finalizar el festejo, el edil aseguró que se trató de “un chascarrillo [...]  a lo que la legisladora agrega [...] tal vez no se ha percatado que la discriminación como lo establece el Consejo para Prevenir la Discriminación, es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido [...]

Por lo que la diputada indica que [...] en este caso específico a las trabajadoras domésticas, a las que ha puesto por un lado en el rol de que por su género, (ya que en la practica la mayoría son mujeres), su inteligencia no da más allá de la comprensión de una telenovela; y por el otro como ciudadanas de este país, les hace notar que el estado no tiene nada bueno que hacerles saber a través de los noticieros [...]

Por último, añade [...] La discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho... El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación refiere que el trabajo que realizan las trabajadoras del hogar es considerado social y económicamente inferior [...] por lo que según ella [...] queda claro que este (sic) fue la postura del alcalde [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después analizar los planteamientos presentados por la diputada Karen Quiroga Anguiano en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, la Comisión de Derechos Humanos, emite el presente dictamen en sentido positivo con base en lo siguiente:

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 2 establece “Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.”

Adicionalmente, el artículo 9 de la Ley en mención establece las conductas que pueden ser consideradas discriminatorias, por lo que, en ese tenor, declaraciones como las emitidas por el alcalde de Chihuahua posiblemente pudieran encuadrar en lo establecido por dicho precepto.

Asimismo, como se plantea en el exhorto en mención, es al Conapred a quien en todo caso corresponde valorar y determinar si las declaraciones vertidas por el Alcalde de Chihuahua constituyen o no actos discriminatorios. Por lo que en ese sentido, esta Comisión dictaminadora coincide con el planteamiento de la diputada proponente y respalda su planteamiento para exhortar al Conapred para que investigue y en su caso, determine las medidas a que haya lugar, derivadas de la conducta presuntamente discriminatoria del Alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, en el festejo del “Día de la Empleada Doméstica” celebrado el pasado 22 de marzo de 2015.

No se omite mencionar que esta dictaminadora propone realizar un ajuste al texto del resolutivo propuesto por la diputada Quiroga Anguiano, en el sentido de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación no cuenta con facultades para pronunciarse sobre las responsabilidades de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino exclusivamente respecto de aquellas que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que investigue y, en su caso, determine las medidas que correspondan al Alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, por la comisión de presuntos actos discriminatorios durante el festejo del “Día de la Empleada Doméstica” celebrado el pasado 22 de marzo de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS MARTIN ALONSO COLMENERO LEDEZMA Y FRANCISCO JAVIER AGUILAR SILLER EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a distintas autoridades por presuntas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller en Chihuahua

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A.El 9 de abril de 2015, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la proposición con punto de acuerdo para emitir un atento y enérgico extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, ante las declaraciones vertidas por el titular de la Fiscalía Zona Centro en dicho Estado, con relación al asesinato de dos jóvenes militantes del Partido Acción Nacional.

B.La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos, siendo recibido en esta Comisión en fecha 10 de abril de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición en mención se compone de cuatro exhortos, mismos que se trascriben:

Primero.La honorable Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, emite un atento y enérgico extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, ante las precipitadas y desafortunadas declaraciones vertidas por el titular de la Fiscalía Zona Centro en el estado de Chihuahua, licenciado Sergio Almaraz Ortiz, con relación al asesinato de dos jóvenes militantes del Partido Acción Nacional en la ciudad de Chihuahua.

Segundo. Derivado de las probables violaciones a los derechos humanos de las víctimas y ofendidos del delito cometidos por la autoridad investigadora, se exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que ejerza su facultad de atracción en la investigación de los homicidios de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, a fin de que garantice imparcialidad y agote todas las líneas de investigación que permitan dar con los probables responsables de la comisión de este atroz delito.

Tercero. De la misma forma, se exhorta de manera respetuosa y diligente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones, gire las instrucciones correspondientes para que se investigue si hubo o no violaciones a la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua por parte del funcionario público Sergio Almaraz Ortiz, y en su caso, si es de considerar la sanción, se efectúe la destitución inmediata del Fiscal de la Zona Centro. De la misma forma para que se proceda a incoar el procedimiento de responsabilidad que le corresponda, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua, por incumplimiento a la máxima diligencia en el servicio encomendado y actuar con deficiencia y abuso indebido de su cargo.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al Gobernador del Estado de Chihuahua y al Fiscal General del mismo, redoblen los esfuerzos y agoten todas las líneas de investigación respetando los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, a efecto de que se den con él o los responsables del doble homicidio y se haga efectiva la procuración e impartición de justicia en el estado de Chihuahua.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Refiere el caso ocurrido el viernes 20 de marzo de 2015 en las afueras de Chihuahua, ciudad capital, y en el que perdieron la vida los jóvenes Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, jóvenes militantes del PAN. Indica que, a tan sólo cuatro días de los hechos, el Fiscal de la Zona Centro en el Estado, Lic. Sergio Almaraz Ortiz, en rueda de prensa dio conocimiento de las indagatorias emprendidas por la Fiscalía, con lo que la proponente indica, fue violentada la secrecía de la investigación y se violaron los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, al hacerse referencia a un “supuesto y absurdo crimen pasional”.

Indica que, estas expresiones han sido calificadas por diputados y diputadas federales como “homofóbicas” e, incluso, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha indicado que pudiera haberse violado el derecho humano de las víctimas y ofendidos del delito, reconocidos en el artículo 7, inciso 7, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua. Asimismo, indica que de actualizarse el hecho de un crimen con connotaciones de carácter sexual, el servidor público habría incurrido en violación al artículo 16 de la misma ley.

Agrega la proponente que con tales declaraciones se ha provocado una doble victimización a los familiares de los jóvenes asesinados, a la militancia panista y a la sociedad en general. Agrega que en este caso, “hay algo más de fondo y mucho más perverso: la vieja, sucia y socorrida técnica de denostar a la víctima para quitarle autoridad, solidaridad y, sobre todo, credibilidad. Agrega que no es la primera vez en la una autoridad estatal recurre al descrédito de la víctima como una forma de desinformar el descontento social ante un crimen de alto impacto.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

En diversas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en temas vinculados con la discriminación, la impartición de justicia y los derechos de las víctimas. A tal grado que se ha modificado estructuralmente la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se ha expedido la Ley General de Víctimas y se han aprobado diversas proposiciones con puntos de acuerdo tendientes a lograr la armonización legislativa a nivel nacional bajo los parámetros delineados por diversas instancias internacionales especializadas en el tema.

El caso que la proponente trae a colación refiere precisamente sobre conductas que pudieran derivar en una conculcación a los derechos fundamentales vinculados con la no discriminación, los derechos de las víctimas y el debido proceso jurisdiccional. Tras un detenido análisis -y toda vez que de acuerdo con la propia Comisión de Derechos Humanos local pudieran actualizarse violaciones a derechos humanos- se ha convenido en aprobar los pedimentos de la proponente, no sin antes realizar diversas modificaciones a los mismos.

En efecto, las declaraciones anticipadas de los funcionarios públicos encargados de realizar una investigación pueden tener graves repercusiones, tanto en el proceso de investigación –toda vez que se fija una línea investigativa que puede partir de un error de origen- como en la conculcación de diversos derechos fundamentales (cuando se realizan, por ejemplo, declaraciones fundadas en prejuicios arraigados).

Toda autoridad, conforme a nuestro artículo Primero Constitucional está obligada a conducirse bajo los más altos estándares en materias de derechos humanos (delineados por el orden jurídico interno e internacional) a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos. Declaraciones desafortunadas, como la vertida por el servidor público de mérito, no se corresponden con estos lineamientos impuestos desde nuestra máxima norma y deben ser sujetos de las investigaciones correspondientes que determinan la responsabilidad en la que pueda haberse incurrido.

Debe de señalarse que en el caso particular, han existido diversas observaciones vertidas desde el ámbito interamericano, en relación al proceder fundado en prejuicios de servidores públicos del Estado de Chihuahua, lo cual pudiera revelar una preocupante generalización del fenómeno. De hecho, una de las más emblemáticas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere al proceder de los funcionarios públicos chihuahuenses fundado en prejuicios y estereotipos, en los párrafos 152 a 154 de la sentencia (de 2009) se lee:

151. La Comisión y los representantes alegaron que las actitudes de las autoridades estatales frente a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez eran notoriamente discriminatorias y dilatorias, situación que la Comisión describió como un “alarmante patrón de respuesta y concepciones estereotipadas de las mujeres desaparecidas”. En particular, el patrón “se manifestaba en la percepción de los funcionarios estatales que la búsqueda y protección de mujeres reportadas como desaparecidas no era importante” e implicaba que en un principio las autoridades se negaban a investigar.

152. Al respecto, el Estado señaló que la cultura de discriminación de la mujer “contribuyó a que tales homicidios no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes”. El Tribunal observa que aunque el Estado no señaló este reconocimiento en el trámite ante la Corte, sí remitió el documento en el que consta tal reconocimiento, siendo parte del acervo probatorio que será analizado conforme a las reglas de la sana crítica.

153. Diversas fuentes afirman que la respuesta de funcionarios estatales frente a los crímenes fue influenciada por un contexto de discriminación basada en género. Según el Relator Especial sobre la independencia judicial de la ONU, “al principio es indudable que estos hechos no conmovieron mucho a los agentes de la policía y a los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las mujeres su presunta falta de moralidad”. La Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU señaló que:

[l]a conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante [...] estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran ‘sólo’ muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida. Cabe temer que, como consecuencia de los retrasos y las irregularidades, se hayan perdido tiempo y datos muy valiosos.

Asimismo, en diversos párrafos puede leerse:

196. La Comisión alegó que “cuando se denunció cada desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior”.

197. Los representantes señalaron que “las autoridades minimizaban los hechos o desacreditaban” las denuncias de los familiares de las víctimas “bajo el pretexto de que eran muchachitas que ‘andaban con el novio’ o ‘andaban de voladas’”.

208. El Tribunal considera que en el presente caso, los comentarios efectuados por funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas constituyen estereotipos. De otra parte, tanto las actitudes como las declaraciones de los funcionarios demuestran que existía, por lo menos, indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias.

Estos elementos vertidos con antelación permiten en cierta medida esbozar una alarmante situación en la que los prejuicios y estereotipos constituyen factores bajo los cuales diversas autoridades realizan su labor. En el caso sujeto a análisis se constata la existencia de una desafortunada declaración que ciertamente puede haber conculcado los derechos fundamentales de las víctimas de estos actos.

Una vez referido lo anterior y constatada la viabilidad de la propuesta planteada por la diputada Reza Gallegos, se pasará al análisis de sus exhortos. En el caso del primero de ellos, no se entiende –ni tampoco se aportan argumentos- de la razón de emitir un “atento y enérgico extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua” puesto que la conducta no ha sido realizada por él y, en todo caso, en el exhorto número tres se dirige ya una concreta petición al Gobernador del Estado para que intervenga en este asunto.

En el caso del segundo exhorto, debe de indicarse que la facultad de atracción de la PGR no puede ser solicitada per se ante cualquier caso, existen disposiciones constitucionales, legales e incluso reglamentarias en las que se regula esta facultad de atracción y, para el caso concreto, sólo podría solicitarse cuando tuviera conexidad este delito común con uno del orden federal (artículo 13, fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, entre otras disposiciones). Por tanto, sólo corresponde exhortar a la PGR para que, analice el asunto y, en su caso, determine si puede o no ejercer su facultad de atracción.

En cuanto al tercer exhorto, se considera adecuado, salvo lo relativo a la destitución inmediata del Fiscal, toda vez que esta consecuencia puede ser el resultado de las investigaciones que, en su caso se realicen, más no corresponde a esta Comisión de Derechos Humanos determinar precisamente qué tipo de consecuencia habrá de darse.

Finalmente, el cuarto exhorto se considera viable en los términos planteados por la proponente.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que analice y determine si es de proceder el ejercicio de la facultad de atracción en la investigación de los homicidios de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa y diligente, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones, gire las instrucciones correspondientes para que se investigue si se realizaron violaciones a la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua, por parte del funcionario público Sergio Almaraz Ortiz. De la misma forma para que, en su caso, se proceda a incoar el procedimiento de responsabilidad en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al gobernador del estado de Chihuahua y al Fiscal General de esa entidad que redoblen los esfuerzos y agoten todas las líneas de investigación, respetando los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, a efecto de que se den con él o los responsables del doble homicidio y se haga efectiva la procuración e impartición de justicia.

Notas:

1 CoIDH. Caso Gonzáles y Otras (campo algodonero) versus México. Párrafo 151-153.

2 CoIDH. Caso Gonzáles y Otras (campo algodonero) versus México. Párrafo 196-197, 208.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES DERIVADAS DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO MANUEL ALBERTO MERLO MARTINEZ, EN RELACION CON LOS ATAQUES DE QUE FUE VICTIMA, Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE GARANTICE SU SEGURIDAD E INTEGRIDAD, ASI COMO LA DE SU EQUIPO DE TRABAJO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al procurador general de Justicia de Puebla a agilizar las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez por los ataques de que fue víctima; y al gobierno del estado, a garantizar su seguridad e integridad y la de su equipo de trabajo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El martes 7 de abril de 2015, la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a investigar los ataques denunciados por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez, y garantizar su seguridad y la de su equipo de trabajo.

B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente, siendo recibida en este órgano legislativo el pasado 8 de abril.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en mención se compone de dos resolutivos:

El primero plantea que la Cámara de Diputados “exhorte al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a investigar de manera pronta y expedita, y conforme a derecho, la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez sobre los ataques que sufrió el pasado 11 de marzo del año en curso”.

A través del segundo resolutivo, la diputada promovente propone que esta soberanía “exhorte al gobierno del estado de Puebla a garantizar la seguridad e integridad del ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez y de todo su equipo de trabajo.”

II. Consideraciones de la legisladora promovente

En su exposición de motivos, la diputada Luna Porquillo señala que “...Manuel Alberto Merlo Martínez fue el único de los siete aspirantes a candidatos sin partido en el estado de Puebla que logró reunir cada uno los requisitos que nuestro marco nacional jurídico impone a candidaturas independientes. Agrega la diputada que (...) Alberto Merlo es un joven de 23 años de edad, estudiante en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y activista social que ha destacado por su trabajo en temas de participación política ciudadana y bienestar de los animales –añadiendo– que gracias al trabajo de él y su equipo, entre el 22 y el 29 de marzo, solicitará el registro ante la junta local del Instituto Nacional Electoral, INE, como candidato a diputado federal por el distrito VI del estado de Puebla.

Adicionalmente, de acuerdo con la diputada promovente “...en declaraciones, Merlo ha sostenido que la figura de candidatura independiente vulnera todo un sistema político de intereses, prebendas y privilegios...” por lo que sostiene que es en el marco de dicha declaración donde encuentra sentido a la agresión que enfrentó el pasado miércoles 11 de marzo del año en curso en su propio hogar.

La diputada proponente señala que la tarde de ese miércoles, “...una mujer se presentó en su domicilio solicitando asesoría jurídica y mientras su equipo de trabajo estaba tomándole los datos, tres sujetos armados con pistolas irrumpieron en la vivienda exigiendo que se les entregara dinero”.

Agrega la diputada que “...los sujetos apuntaron en todo momento a la cabeza y nuca de Alberto Merlo, a pesar de que éste no dejara de repetir que en su casa no había nada de valor”. Tras amarrarlo de pies y manos, los sujetos se retiraron del inmueble con los teléfonos celulares de todas las personas presentes –cuatro voluntarias de su equipo y la empleada del hogar–, y con un joyero. No se llevaron ni una de las cinco computadoras ni alguna de las dos tabletas electrónicas que se encontraban en una mesa de trabajo en el domicilio.

Adicionalmente, señala la diputa que “después del ataque, Alberto Merlo encontró un mensaje en el portón de su casa que decía: “Hola Beto vas a valer madres”. Ante esta situación, levantó la denuncia correspondiente en la Procuraduría General de Justicia, PGJ, del estado de Puebla, por lo que se realizaron las diligencias y peritajes de dactiloscopia y criminología correspondientes.

A la vez, indica la diputada que el agente del Ministerio Público 04 Metropolitana Sur se rehusó a proporcionarle copia de la denuncia que presentó el mismo día del ataque, precisando que todos los hechos quedaron asentados en la averiguación previa AP-134/2015/AMP04.

Aunado lo anterior, el afectado señaló que durante 2014 “...también fue víctima de hostigamiento y amedrentamiento por encabezar como integrante del Colectivo Pro Animal de Puebla, la defensa del aviario del Parque Ecológico y oponerse al proyecto de remodelación que detonó la Secretaría de Infraestructura, agrega la diputada que: “El aspirante a candidato, declaró que no conoce las causas verdaderas que motivaron el ataque que enfrentó”.

Es por todo lo descrito que la diputada Roxana Luna Porquillo considera urgente garantizar la seguridad de Alberto Merlo, así como de su equipo de trabajo y de cualquier activista o persona defensora de derechos humanos en el estado de Puebla.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después de analizar ampliamente los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien emitir dictamen en sentido positivo, con base en lo siguiente:

Esta comisión coincide con los planteamientos expuestos por la diputada Roxana Luna Porquillo, en el sentido un futuro candidato a un puesto de elección popular en cualquier Estado, tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y más aún cuando existen actos que constituyen ataques que pudieran tener como móvil la participación política, tal como la que pretende formalizar el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez.

Adicionalmente y como en reiteradas ocasiones este órgano legislativo ha señalado, no corresponde a esta instancia prejuzgar y menos aún determinar sí los atacantes del joven aspirante a candidato laboran, o no, para el Ejecutivo estatal de Puebla. Por lo que en esa tesitura, esta comisión no asume como propias las declaraciones vertidas por la legisladora Luna Porquillo en el sentido de responsabilizar sobre determinados sucesos al Ejecutivo del estado de Puebla.

Sin embargo, quienes integran esta comisión comparten la preocupación planteada por la proponente, en el sentido de que es necesario que el gobierno del estado tome, de manera pronta y expedita, todas aquellas medidas preventivas para investigar el hostigamiento previo y las amenazas que el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez ha padecido, particularmente, derivado de sus actividades como activista y defensor de derechos humanos.

Es así, que por lo expuesto, esta comisión respalda la propuesta de la diputada Roxana Luna Porquillo y somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a agilizar las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez, en relación con los ataques de que fue víctima el pasado 11 de marzo de 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Puebla a garantizar la seguridad e integridad del ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez y la de su equipo de trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

GARANTICE LA SALUD, INTEGRIDAD Y EL DEBIDO PROCESO APEGADO AL PLENO RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CIUDADANA MARIA AURORA MEZA CALLES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a garantizar la salud, la integridad y el debido proceso ajustado al pleno respeto de los derechos fundamentales de la ciudadana María Aurora Meza Calles

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A.El 28 de enero de 2015, el diputado Carlos de Jesús Alejandro y la diputada Aleida Alavés Ruiz, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Procuraduría General de Justicia y al gobierno del estado de Baja California, para que investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos de María Aurora Meza Calles.

B.La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, siendo recibido en esta comisión el 3 de febrero de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de tres exhortos, mismos que se trascriben:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de Baja California a garantizar la salud, integridad, y a respetar el derecho al debido proceso apegado al pleno respeto a las garantías procesales de la imputada y observando los más altos estándares en materia de derechos humanos a la ciudadana María Aurora Meza Calles, originaria del pueblo indígena kumiai, de la comunidad de Las Palmas, municipio de Tecate, Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de María Aurora Meza Calles.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Baja California a cesar el hostigamiento, la persecución social y jurídica en contra de las comunidades indígenas de Baja California, y que cese la violación de derechos y las agresiones a los integrantes de la comunidad kumiai.”

Los proponentes sustentan su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Destacan que “[...] en un régimen verdaderamente democrático, los principios básicos de bienestar, desarrollo humano, salud, educación, justicia económica, política y social, de cualquier persona, pero sobretodo de las mujeres indígenas y sus familias, son garantizados, protegidos y respetados en un marco jurídico congruente con una visión de derechos humanos [...]”

No obstante lo anterior, reconocen que en los últimos años han existido diversos eventos en los que se han advertido serias violaciones procedimentales y a los derechos más elementales del individuo, tal es el caso de la señora María Aurora Meza Calles, mujer del pueblo indígena Kumiai de la comunidad de Las Palmas, municipio de Tecate, estado de Bala California. Acto seguido, describe los hechos del caso, siendo sintéticamente los siguientes:

María Aurora, fue aprehendida y encarcelada el viernes 19 de diciembre de 2014 por policías ministeriales sin una orden de aprehensión y con base en engaños, puesto que las autoridades le informaron que sólo la interrogarían y desde ese momento se encuentra detenida. Fue acusada por el presunto delito de abigeato de dos caballos y presentada ante el Juez de primera instancia del ramo penal del Partido Judicial de Tecate. Relata el diputado que, de acuerdo con María Aurora, desde hace más de un año, algunos caballos cuyo dueño era desconocido, entraron en diversas ocasiones en su propiedad, causando daños a sus cultivos. Frente a esto, ella recurrió en múltiples ocasiones a la Secretaría de Fomento Agropecuario del estado para tratar de encontrar una solución a su problema sin éxito alguno, de manera que tomó la decisión de llevar a los caballos (cinco) a la delegación municipal del Valle de Las Palmas, del municipio de Tecate, para que el dueño de los equinos cubriera los daños ocasionados en su propiedad o, según el caso, vendiera los animales y de allí cobrase la reparación del daño.

Acto seguido agrega que María Aurora logró vender los caballos y dio aviso a Fomento Agropecuario, institución que le dijo que había actuado incorrectamente por lo que le regresaron los animales y ella el dinero. Señala que posteriormente, Rubén Martínez Pérez, junto con otras personas, llegó a la propiedad de María Aurora y se llevaron a todos los caballos que estaban en el lugar para luego acusarla de abigeato, razón por la cual, la señora María Aurora se encuentra privada de su libertad.

El proponente agrega que la señora María Aurora tiene 57 años, está enferma de diabetes, enfrenta un proceso injusto y se teme por la salud y seguridad de ella y de su comunidad, pues la comunidad kumiai ha sido con anterioridad objeto de diversos actos en los que se ha pretendido despojarlos de su territorio.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Recientemente fue reformada nuestra Constitución federal para colocar como tema central de todo el engranaje estatal a los derechos humanos. Esta reforma, considerada por muchos como una de las más importantes desde la promulgación misma de nuestra vigente Constitución de 1917 vino a inaugurar una nueva etapa en nuestro país.

En este mismo sentido, nuestro estado ha dado muestras de su compromiso por garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tal cual lo refleja la reforma en comento, los criterios de nuestro máximo tribunal en lo que hace al control de convencionalidad y el cumplimiento progresivo que de las observaciones, recomendaciones y/o sentencias de organismos internacionales ha venido realizando el estado.

Si bien es cierto, existen aún muchos retos y obstáculos por superar por el estado, a través de sus diversos órganos, éste ha dado ya los primeros pasos en esta materia de la mayor importancia. Uno de los temas aún pendientes y que esta Comisión de Derechos Humanos considera apremiante es el referente al del acceso a la justicia de los pueblos originarios de nuestro país.

Tal como lo comentan los proponentes: “En un régimen verdaderamente democrático, los principios básicos de bienestar, desarrollo humano, salud, educación, justicia económica, política y social, de cualquier persona, pero sobretodo de las mujeres indígenas y sus familias, son garantizados, protegidos y respetados en un marco jurídico congruente con una visión de derechos humanos.”

Del mismo modo, ha sido considerado así por el actual relator especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhaven, quien durante su mandato señaló que “Los pueblos indígenas se cuentan entre los sectores sociales más pobres y vulnerables del mundo. Suelen ser víctimas de distintas formas de discriminación y de la negación de sus derechos básicos.”

Es fácil advertir que los pueblos indígenas y los indígenas individualmente considerados, son sectores de una gran vulnerabilidad y frecuentemente son víctimas de violaciones a los derechos humanos más elementales. El caso que el diputado proponente trae a colación en su proposición con punto de acuerdo es precisamente el de María Aurora Meza Calles, mujer del pueblo indígena kumiai de la comunidad de Las Palmas, municipio de Tecate, estado de Baja California. Un caso en el que diversos órganos especializados del estado han advertido diversas violaciones a los derechos más elementales por lo que se tiene por acreditada esta situación. En efecto, de acuerdo con información oficial consultada por esta Comisión de Derechos Humanos, se ha constatado que durante el proceso jurisdiccional al que fue sometida la señora Meza Calles no se cumplió con el deber fundamental de garantizarle un traductor que conociera su lengua y cultura, lo cual, colocó en estado de indefensión a la susodicha.

Asimismo, debe señalarse –a diferencia de lo que sostienen los diputados proponentes– que la señora Meza Calles se encuentra en estado de libertad, habiendo sido absuelta por no haberse acreditado pruebas que sustentaran los dichos de la parte acusadora. No obstante, también se tiene información de que el proceso jurisdiccional aún continúa al no haberse dictado una sentencia definitiva en el caso.

En cuanto a los puntos resolutivos que proponen los diputados peticionarios, y atento a los elementos antes indicados, se constata, por un lado, que siguen existiendo elementos para el primer punto referente al proceso jurisdiccional, toda vez que no existe una sentencia definitiva. No obstante, esta comisión considera conveniente no dirigirlo directamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado pues no es a ella a quien corresponde todo lo planteado por el proponente, sino al gobierno del estado en general para que, a través de sus correspondientes instituciones garantice la salud, integridad y el respeto de los derechos humanos de la señora María Aurora Meza Calles, así como para que se investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos de las que pudiera haber sido objeto.

En lo relativo a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe recordarse que existe una prohibición expresa para que la CNDH pueda intervenir (artículo 7, fracción II y artículo 8, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), en tal sentido, no es procedente esta situación En todo caso, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha tomado ya conocimiento del asunto.

Finalmente, a esta Comisión de Derechos Humanos no corresponde determinar si se ha dado o no un “hostigamiento, persecución social y jurídica” en contra de las comunidades indígenas del estado de Baja California, por lo que no puede asumir como propias las afirmaciones que hacen los proponentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California para que garantice la salud, integridad y el debido proceso apegado al pleno respeto a los derechos fundamentales de la ciudadana María Aurora Meza Calles, así como para que se investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos de las que pudiera haber sido objeto.

Notas:

1. Comisión de Derechos Humanos. Informe anual a la Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos y las cuestiones indígenas. Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhaven. E/CN.2005/88, 6 de enero de 2005. Consultado en la Página Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 20/11/12. Disponible en:

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/reports.htm

2. “Mujer indígena pasa dos meses en cárcel” Nota informativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 9 de marzo de 2015, donde se indica que: “Juan Malagamba Zentella, delegado en Baja California de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, informó que la liberación se dio por una sentencia absolutoria del juez penal al no encontrar pruebas suficientes para mantener en prisión a Meza Calles.” Disponible: http://site.inali.gob.mx/ intranet/yportal.php?t=nota& e=142591791689229700&cve=Si150309; Asimismo: “La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) expresó su respaldo y preocupación por la salud de Aurora Meza, indígena kumiai acusada injustamente del robo de unos caballos y anunció que se pedirá la intervención del Congreso del Estado al respecto. Juan Malagamba Zentella, delegado de la CDI en Baja California, indicó que este organismo ya está enterado a nivel nacional de esa situación y en el ámbito local se trabaja no sólo por liberar a la detenida, sino porque se le dé la atención adecuada a la mujer de 52 años que padece diabetes y artritis. Indicó que lo ocurrido con Aurora Meza no es un caso aislado, sino que la comunidad kumiai de Juntas de Neji ha sufrido un hostigamiento constante por parte de Rubén Martínez, quien denunció a la mujer indígena por el presunto robo de los caballos. Dicha acusación, enfatizó Malagamba Zentella, carece de sustento como se ha comprobado en el expediente, ya que la detenida nunca robó esos animales. En la revisión del expediente, puntualizó el delegado de la CDI, se comprueba que nunca hubo un robo. Malagamba Zentella dijo que por parte de la CDI se le brindará todo el apoyo necesario a Aurora Meza y señaló que aunque se le ofreció asesoría jurídica, ya cuenta con una abogada que está realizando su defensa.” Síntesis informativa de la CDI, 20 de enero de 2015, disponible en: http://www.cdi.gob.mx/ index.php?option=com_content& view=article&id=3698; También se ha dicho por parte de la CDI que en Baja California “No hay un reconocimiento pleno por parte del Poder Judicial de Baja California, sobre cuál es el protocolo que se tiene que seguir en el ámbito penal cuando se detiene a un indígena.” Nota BC no reconoce los derechos de los indígenas: CDIDiario UniMexicalinota de 23 de enero de 2015, disponible en: http://www.unimexicali.com/ noticias/bajacalifornia/319664/ bc-no-reconoce-los-derechos-de-los-indigenas-cdi.html

3. “Absuelven y liberan a indígena Kumiai Aurora Meza” Nota de 6 de marzo de 2015, diario La Jornada de Baja California.Disponible en: http://jornadabc.mx/tijuana/06-03-2015/absuelven-y-liberan-indigena-kumiai-auro ra-meza; “Liberan en BC a indígena kumiai Aurora Meza; enfrentó proceso irregular” Nota de 6 de marzo de 2015, diario La Jornada.Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/ 03/06/liberan-a-indigena-kumiai-aurora-meza-en-baja-california-2693.html

4. “Mujer indígena pasa dos meses en cárcel” Nota de 8 de marzo de 215, diario El vigía.Disponible en: http://www.elvigia.net/ general/2015/3/8/ mujer-indigena-pasa-meses-carcel-190117.html; “Mujer indígena pasa dos meses en cárcel” Nota informativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 9 de marzo de 2015, disponible en:http://site.inali.gob.mx/ intranet/yportal.php?t=nota& e=142591791689229700&cve=Si150309

5. “ Artículo 7o.La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a: I... II. Resoluciones de carácter jurisdiccional; III ...”

“Artículo 8o.En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales, salvo las de carácter federal, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrativo. La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.”

6. “Mujer indígena pasa dos meses en cárcel” Nota de 8 de marzo de 215, diario El vigía.Disponible en: http://www.elvigia.net/general/2015/3/8/mujer-indigena-pasa-meses-carcel-190117 .html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

EMPRENDER MEDIDAS LEGISLATIVAS TENDIENTES A ARMONIZAR SUS NORMAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversos congresos locales a emprender medidas legislativas para armonizar sus normas en materia de no discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente

I. Antecedentes

A. El jueves 5 de febrero de 2014, la diputada Martha Edith Vital Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los Congresos locales a emprender medidas legislativas a fin de armonizar sus normas en materia de no discriminación.

B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de dos resolutivos: a través del primero de éstos, la diputada promovente propone que: La honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los Congresos de Jalisco, Nuevo León y Tabasco, a fin de que logren armonizar su legislación referente a la no discriminación conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y a través del segundo la legisladora plantea que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se incluya la cláusula antidiscriminatoria en sus constituciones locales y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal respecto de la cláusula antidiscriminatoria del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Consideraciones de la legisladora promovente

De acuerdo con la diputada proponente “en nuestro país la discriminación sigue siendo uno de los principales obstáculos que existen no sólo para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad, sino además para construir una nueva cultura de inclusión social y de respeto a la diversidad; continua siendo la manifestación de la negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Asimismo sostiene que “en el ámbito legislativo se han realizado importantes reformas en materia de derechos humanos, hasta 2001, con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorporó al marco jurídico nacional el derecho a la no discriminación, como un derecho fundamental de todas y todos, mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 1, mismo que a partir de la reforma constitucional aprobada en junio de 2011, pasó a ser el quinto prohibiendo la discriminación por razones específicas” y señala que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La diputada Vital Vera destaca que “para reglamentar dicho artículo constitucional, en 2003 se expidió la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (LFPED), la cual tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Además, añade la legisladora promovente que “nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de discriminación, mismos que revisten importancia debido a que la CPEUM reconoce también que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Añade que entre dichos instrumentos internacionales se encuentran:

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en su articulado establece que: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala que “los Estados firmantes del pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma indica que “los Estados parte de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

De igual forma, la diputada promovente añade que “se han creado ordenamientos legales específicos relativos al derecho a la no discriminación, entre ellos sobresale la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por mencionar algunos”.

No obstante y a pesar del marco legal creado para evitar la discriminación, la diputada Vital Vera sostiene que “la realidad revela que la discriminación es algo que existe, que muchos conocemos y con la que de una u otra forma nos enfrentamos todos los días, es un problema persistente, que segrega, excluye y principalmente niega o limita del acceso y disfrute de los derechos y libertades de las personas”.

Para complementar la información relativa a su proposición, la diputada promevente agrega que “actualmente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) identifica 12 grupos en situación de discriminación, a saber, los adultos mayores, los afrodescendientes, los credos religiosos, las etnias, los migrantes y refugiados, las mujeres, las niñas y niños, las personas con discapacidad, las personas con VIH, los jóvenes, las personas con preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual y las trabajadoras del hogar”.

Asimismo, hace alusión a información del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en donde se estima que en el país hay una población de 15.7 millones de indígenas, que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) realizada por el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, señalan que el principal problema que perciben es la discriminación, seguido de la pobreza, el apoyo del gobierno y por la lengua indígena.

De igual forma la legisladora señala que otro grupo es el de los adultos mayores, que de acuerdo con la misma fuente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, hay más de 11.7 millones de personas, los cuales sufren actos de discriminación como exclusión, rechazo, maltrato y violencia porque suelen ser relacionados con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, además de padecer como su principal problema el relativo a su situación laboral, seguido de otros como la salud y la atención médica.

Finalmente, la diputada proponente señala que también los niños y niñas son un grupo altamente discriminado, precisando que conforme a datos del Inegi, en México residen 32.5 millones de niños de 0 a 14 años, los cuales representan el 29 por ciento de la población total.

Cita que de acuerdo con la ENADIS, dos de cada diez personas opinan que no existe respeto hacia los derechos de los niños; siete de cada diez consideran que pegarle a una niña o un niño para que obedezca no se justifica nada, y 27 por ciento de las personas encuestadas afirmó que las y los niños deben tener los derechos que sus padres o madres les quieran dar.8

Con base en los datos anteriores, la legisladora sostiene que “la discriminación no distingue edad, color, sexo, condición social, etcétera, y a pesar de que con la reforma de 2001 se dio un avance importante en materia de derechos humanos en el marco jurídico mexicano, y con ello fue posible poner en marcha una variedad de instrumentos y mecanismos jurídicos e institucionales para prevenir y eliminar las desigualdades y la discriminación, el logro constitucional no estará completo si no se materializa mediante disposiciones legales que tengan como objetivo común prevenir, eliminar y erradicar cualquier forma de discriminación, buscando así alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades para cualquier persona”.

A la vez, indica que “la cláusula antidiscriminatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reglamentada a través de la creación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a nivel estatal la inclusión de la prohibición de no discriminar en las constituciones locales ha tenido su propia reglamentación en las leyes secundarias de carácter local: en los últimos años se han creado 29 leyes locales antidiscriminatorias; sin embargo, aún hay entidades federativas que no cuentan con una ley específica en la materia, tal es el caso de los estados de Jalisco, Nuevo León y Tabasco”.

De igual forma refiere que “respecto a las cláusulas antidiscriminatorias de las Constituciones de las entidades federativas, 21 constituciones las tienen, exceptuando Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal”.

La legisladora previene que “dado que el Estado mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, esta obligación implica reformar los ordenamientos que resulten incompatibles con los derechos humanos y en su caso crear nuevas leyes, por lo cual se considera necesario emprender las medidas legislativas necesarias para prevenir, y eliminar actos de discriminación contra cualquier persona mediante la armonización de las leyes estatales conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, a fin de que se cuente en todo el país con un marco jurídico sólido que enmiende las desigualdades sociales y elimine todas las formas de exclusión que día a día impiden el goce pleno de los derechos humanos”.

Por todo lo anterior, la diputada Vital Vera señala que “es urgente que en las entidades federativas en donde no existe una cláusula antidiscriminatoria, se incluya en sus Constituciones locales. Además de que las entidades federativas de Jalisco, Nuevo León y Tabasco en las cuales no existe una ley en la materia, cuenten con un ordenamiento regulatorio para prevenir, combatir y erradicar cualquier forma de discriminación, con la finalidad de alcanzar una igualdad de oportunidades para toda la población en todo el país.”

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos, comprometida con el deber ineludible del Estado consistente en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, no puede pasar por alto los altos grados de discriminación que padece nuestro país, de acuerdo con la información estadística y especializada presentada por la diputada Vital Vera.

Tampoco pasa por alto que el deber genérico de tutela a los derechos fundamentales imbuye a todas las autoridades del Estado. Ello implica que, en el ámbito legislativo, tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las diversas entidades federativas de nuestro país, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen el deber de reformar los ordenamientos que resulten incompatibles con los derechos humanos y, en su caso, expedir nuevas leyes.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que, efectivamente, como lo sostiene la diputada Vital Vera, es necesario emprender las medidas legislativas necesarias para prevenir, y eliminar actos de discriminación contra cualquier persona, mediante la armonización de las leyes estatales conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y entre los cuales se encuentran ese abanico de instrumentos citados por la diputada Martha Edith Vital Vera.

La atención a la preocupación de la diputada promovente y de esta Comisión en la temática, puede ponerse claramente de manifiesto en la aprobación por el Pleno de esta Cámara, de un dictamen con punto de acuerdo en el mismo sentido, en fecha 11 de abril de 2013, y que fue turnado para su atención a las legislaturas citadas. Sin embargo, de forma lamentable, en su momento no se obtuvo la respuesta esperada, ya que todavía persisten algunas entidades en las que, o bien no se ha legislado sobre el tema, o cuando se ha realizado, se lo ha hecho de manera insuficiente (generalmente por defecto en la armonización legislativa).

Por ello, esta comisión legislativa considera que no resulta ocioso hacer un recordatorio a las entidades aludidas en cada caso, a efecto de que consideren abordar la falta de armonización señalada, coadyuvando con ello a maximizar la garantía al derecho a la no discriminación consagrado en nuestra Carta Magna, por lo que esta Comisión dictaminadora considera que es procedente la proposición de la diputada Martha Edith Vital Vera, más aún cuando cotejadas las legislaciones de las entidades federativas indicadas por la misma, se ha constatado la ausencia de normativa especializada en la materia o, en su caso, su insuficiente integración a los órdenes locales.

En razón de lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Jalisco, Nuevo León y Tabasco, para que armonicen su legislación relativa a la no discriminación conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se incluya la cláusula antidiscriminatoria en sus constituciones locales y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, respecto de la cláusula antidiscriminatoria contemplada en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

REALICEN DISTINTAS ACCIONES EN TORNO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACTIVISTAS Y ALCALDES AUXILIARES DEL ESTADO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y a diversas autoridades a realizar acciones sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares del estado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El jueves 5 de febrero de 2015, la diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y de Puebla, así como a diversas autoridades de esta última entidad federativa, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que emprendan diversas acciones tendentes a garantizar los derechos fundamentales de activistas y alcaldes auxiliares del estado de Puebla.

B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente, siendo recibida en este órgano legislativo el viernes 6 de febrero del año en curso.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de seis resolutivos, mismos que continuación se transcriben:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, Sabino Báez Serrano, alcalde auxiliar de La Resurrección, y Jairo Javier Montes Bautista, alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a cesar el hostigamiento y la represión contras las comunidades indígenas, y la protesta social en Puebla.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al procurador general de Justicia de Puebla a garantizar el debido proceso para Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Alcalde Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, y Jairo Javier Montes Bautista, Alcalde Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, con respeto pleno a las garantías procesales de los imputados, observando los más altos estándares en materia de derechos humanos, a investigar los presuntos actos de tortura que les han sido infligidos y a garantizar su seguridad e integridad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario general de Gobierno de Puebla a otorgar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador, Alejandra López Reyna, Irma Reyna Martínez, Raúl Pérez Velázquez, Leonardo Báez Serrano, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal a hacer pública la información que esclarezca si tenía conocimiento del operativo que la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla llevó a cabo el 22 de diciembre de 2014 para detener a Atl Rubén Sarabia Reyna en el Distrito Federal, y, en su caso, especificar las actuaciones que pudieran haber sido realizadas por autoridades del Distrito Federal para tal efecto.

Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión de Derechos Humanos a solicitar las medidas cautelares pertinentes para Roberto Formacio, Karina Pérez, Teódulo Coaya, Armando Pérez, Mafa Larringa, Braulio Coyopol, Arturo Heulitl, Víctor Blanco, Paola Zuculima, Leonor Romero, Hilario Gallegos, Araceli Montes Bautista, Claudia López Reyna, Rocío Pérez Pérez y Javier Pérez Pérez.

III. Consideraciones de la legisladora proponente

Inicia la diputada Luna Porquillo señalando que México enfrenta un serio problema en materia de protección de derechos humanos, y específica que en Puebla las violaciones a los derechos fundamentales, principalmente de activistas, comunidades indígenas y dirigentes sociales, son una constante.

En ese orden de ideas, relata diversas detenciones que califica de arbitrarias, mismas que señala, fueron giradas a instancia del Gobierno del Estado de Puebla, entre ellas:

• Las detenciones del abogado Adán Xicale Huiltle, su hijo Alejandro Paul Xicale Coyópol, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Álvarez, integrantes del Círculo de Defensa del Territorio de Cholula, acontecida el 7 de octubre de 2014 en un operativo policiaco frente al palacio municipal de San Andrés Cholula. Menciona la proponente que al momento de la detención “dichas personas se encontraban pacíficamente en un plantón indefinido, en demanda de diálogo con las autoridades municipales, y en señal de protesta por el proyecto llamado “Parque de las Siete Culturas”.

Agrega la diputada, que la detención se realizó en un marco de irregularidades, como la consistente en el ocultamiento del paradero de las personas detenidas por más de 10 horas a sus familiares y su tardía puesta a disposición ante la Procuraduría de Justicia del estado.

• La aprehensión de Jairo Javier Montes Bautista, presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en virtud de la orden emitida el 16 de octubre de 2014 por el juez tercero penal bajo los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación. Expresa que a dicho alcalde auxiliar “se le acusa por el simple hecho de defender la identidad cultural de su junta auxiliar y manifestarse contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal de Puebla”.

• Las detenciones de Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes, quienes fueron arrestados durante la madrugada del 18 de octubre de 2014 a cargo de las Policías Ministerial y Estatal en Chalchihuapan, Puebla, quienes ingresaron “ingresaron de manera violenta en varios domicilios sin previa identificación, ni presentando órdenes de cateo o aprehensión, violando chapas y forzando puertas”.

• Añade que el 18 de octubre de 2014, el presidente de la junta auxiliar de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial mediante engaños. En ese tenor, indica que “los agentes lo hicieron subir a una camioneta alegando que harían un recorrido, ya en el vehículo le hablaron de la orden en su contra por los delitos de presunta resistencia de particulares y el ejercicio indebido de funciones”. Menciona también, que la detención del edil se ejecutó justo después de haber conformado, con otros presidentes auxiliares, el organismo “Juntas Auxiliares por México”.

• La detención del presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, ocurrida el viernes 31 de octubre de 2014 alrededor a las 16:00 horas, cuando el mismo salía de las oficinas de Obras Públicas del ayuntamiento de Puebla. Señala la proponente que Raúl Pérez “fue detenido de manera arbitraria por los delitos de robo, amenazas y privación ilegal de la libertad –y– la detención se ejecutó sin una orden, a pesar de tener en sus manos el amparo 1671/2014 de parte del juzgado tercero de distrito, para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra. Después de lo acontecido, el 5 de diciembre, ganó un nuevo amparo para lograr su libertad por el que pagó 28 mil pesos, pero el distrito séptimo de lo penal ordenó una nueva orden de aprehensión. Agrega que posteriormente al edil le fue imputado el delito de peculado, por lo que ya no es posible que salga de prisión bajo fianza. A la vez, menciona que “organizaciones sociales y familiares del alcalde, han denunciado tortura física y psicológica por parte de reos del penal de San Miguel en nombre del gobierno de Puebla, a fin de que sus hijos Javier y Rocío Pérez desistan de la lucha legal y defensa del pueblo náhuatl”.

• Las detenciones de los dirigentes sociales Rubén Sarabia Sánchez y su hijo Atl Rubén Sarabia Reyna, precisando que el primero fue detenido el pasado 19 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 11:00 horas cuando asistía a una reunión concertada con el secretario de Gobernación municipal, José Guillermo Aréchiga Santamaría, al llegar las oficinas del citado funcionario, lo esperaban personas con armas largas, 9 hombres y 3 mujeres, sin orden de aprehensión y sin explicación alguna fue subido de manera violenta a un vehículo Jetta sin placas. Esta detención fue precedida por actos de hostigamiento.

Sobre el arresto de Atl Rubén Sarabia Reyna señala que fue detenido de manera violenta y sin orden de aprehensión, el lunes 22 de diciembre de 2014, por elementos de la policía ministerial de Puebla en las inmediaciones de El Ángel de Independencia en el Distrito Federal.

En suma, la legisladora Luna Porquillo atribuye al gobierno del estado Puebla “más de 45 detenciones arbitrarias de activistas y opositores, la muerte de un niño de 13 años y la omisión e indolencia ante los señalamientos de organismos como la CNDH que piden garantizar los derechos humanos de la sociedad en Puebla”.

Especifica que las detenciones de los ediles auxiliares mencionados, quienes son integrantes de la Coordinación Estatal por la Defensa y la Identidad de los Pueblos, se deben a su oposición a la reforma a la Ley Orgánica Municipal de Puebla y a diversas acciones del gobierno estatal.

Por último, relata que las detenciones de Javier Montes Bautista, presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y de activistas y opositores del Gobierno se han realizado en un marco de criminalización realizado a través de la fabricación de acusaciones.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Tras analizar los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, la Comisión de Derechos Humanos tiene a bien emitir dictamen en sentido parcialmente positivo, con base en lo siguiente:

Respecto al primer punto resolutivo que plantea dirigir un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cabe precisar que conforme al artículo 4, párrafo primero, y 13, fracción II, inciso a) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, corresponde a ese organismo estatal de protección conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y municipales. Ahora bien, y dado que la diputada proponente atribuye la posible comisión de los actos relatados en su escrito al Gobierno estatal de Puebla, no es posible girar el exhorto en los términos planteados, sino en todo caso, a la Comisión estatal de Derechos Humanos de aquella entidad.

En complemento a lo anterior y con relación a este primer exhorto, cabe hacer la precisión de que esta dictaminadora no prejuzga sobre la posible comisión de actos conculcadores de derechos humanos a cargo de las autoridades estatales de Puebla, ya que en todo caso será, en su momento, el organismo de protección estatal poblano quien, en su caso, determiné si se vulneraron, o no, los derechos fundamentales de los alcaldes auxiliares y los activistas con el actuar de tales autoridades. Adicionalmente, cabe precisar que este órgano legislativo tampoco emite pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal de los detenidos y la arbitrariedad, o no, de las detenciones enunciadas en la proposición con punto de acuerdo, ya que la valoración de ambas es competencia exclusiva de cada juez penal en particular y los tribunales de alzada.

Con relación al segundo punto resolutivo planteado por la proponente, mismo que busca exhortar al Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para que cesen el hostigamiento y la represión contras las comunidades indígenas y la protesta social en Puebla, se estima pertinente reiterar lo dicho por esta dictaminadora en anteriores ocasiones, en el sentido de que no compete a esta instancia legislativa el determinar si ha existido, o no, dicho hostigamiento y represión, por lo que no puede asumir como propias las afirmaciones que hace la proponente. En todo caso, las investigaciones que, en su momento realice la Comisión Estatal de Derechos Humanos, serán las que permitan determinar la existencia o no de tales conculcaciones. En consecuencia, no se estima procedente la aprobación del segundo resolutivo contenido en la proposición.

En cuanto al tercer punto resolutivo, consistente en solicitar al Señor Procurador del Estado de Puebla que, la instancia pública a su cargo, garantice el debido proceso de los detenidos con total apego al respeto de sus garantías procesales y los más altos estándares en materia de derechos humanos, en lo concerniente a la actuación de esa representación social, se estima procedente la aprobación de dicho resolutivo con algunas modificaciones, como la consistente en no incluir a los activistas Albino Tlachi Álvarez y Primo Manuel Tlachi Álvarez, en razón de que ambos sujetos han sido liberados al no existir elementos para integrar los ilícitos en su contra.

Por lo que hace al cuarto punto resolutivo, relativo al exhorto para que el secretario general de gobierno de Puebla otorgue las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta comisión legislativa constató la emisión de los oficios V4/73505 y V4/73506, ambos de fecha 11 de diciembre de 2014 y signados por la cuarta visitadora general de la CNDH, maestra Yolanda Leticia Escandón Carrillo, mediante los cuales solicita al entonces secretario general de gobierno de Puebla, licenciado Luis Maldonado Venegas, que se tomen las medidas cautelares consistentes en instruir a quien corresponda para que se tomen las acciones necesarias tendientes a salvaguardar la integridad y seguridad personal, así como al debido proceso en la causa penal que se instruye en contra de los agraviados que se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Cholula, así como de los integrantes del Frente Municipal Cholulteca en Defensa de la Identidad y el Territorio de esa entidad federativa, con el propósito de evitar daños de difícil o imposible reparación. A la vez, solicita también que se tomen las acciones necesarias tendientes a salvaguardar la integridad y seguridad personal de los integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, con el propósito de evitar daños de difícil o imposible reparación.

En esa tesitura, se estima oportuno la aprobación de dicho resolutivo.

Sobre el quinto punto resolutivo, mediante el cual se propone exhortar al gobierno del Distrito Federal para que haga pública la información que esclarezca si el presunto operativo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla para detener a Atl Rubén Sarabia Reyna, fue realizado en la ciudad capital y, en su caso, especificar las actuaciones que pudieran haber sido realizadas por autoridades del Distrito Federal para tal efecto, se estima improcedente dicha solicitud.

Lo anterior, con base en lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala en su artículo 36, párrafo primero, que la información definida por ese ordenamiento como de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada. En ese tenor, el precepto 37 de dicha ley establece, en su fracción VII, que se considera información reservada los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal, así como las averiguaciones previas y las carpetas de investigación en trámite. Adicionalmente, el artículo 39, párrafo primero de la ley en comento, establece que “las autoridades competentes tomarán las previsiones debidas para que la información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma de juicio, se mantenga restringida y sólo sea de acceso para las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros llamados a juicio.” En esa tesitura y dado que la información relativa a la detención del señor Atl Rubén Sarabia Reyna forma parte del expediente del proceso penal que se le sigue y, de conformidad con las disposiciones legales invocadas, este órgano legislativo no se encuentra habilitado para solicitar la información, y menos aún su difusión, en los términos planteados por la proponente.

Por último, con referencia al sexto punto resolutivo, mediante el cual la legisladora proponente plantea exhortar al titular de la Comisión de Derechos Humanos para que solicite las medidas cautelares pertinentes para Roberto Formacio, Karina Pérez, Teódulo Coaya, Armando Pérez, Mafa Larringa, Braulio Coyopol, Arturo Heulitl, Víctor Blanco, Paola Zuculima, Leonor Romero, Hilario Gallegos, Araceli Montes Bautista, Claudia López Reyna, Rocío Pérez Pérez y Javier Pérez Pérez. Cabe precisar que la diputada no expone en su documento cuales son los actos que pudieran, en su caso, dar origen a que dicho organismo determine si ha lugar o no a solicitar las medidas necesarias a su favor, de conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para que investigue los presuntos actos violatorios de derechos humanos de Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Sabino Báez Serrano y Jairo Javier Montes Bautista.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al procurador general de Justicia del estado de Puebla para que garantice el debido proceso de Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez y Jairo Javier Montes Bautista, apegado al pleno respeto de los derechos humanos.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario general de gobierno del estado de Puebla para que otorgue las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los oficios número V4/73505 y V4/73506, ambos de fecha 11 de diciembre de 2014.

Nota:

1 Véase: “Liberan a Primo y Albino Tlachi, presos políticos de Cholula”. Disponible en: http://www.periodicocentral.mx/2014/nota-roja/liberan-a-primo-y-albino-tlachi-p resos-politicos-de-cholula

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica en contra), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

GARANTICE EL DERECHO A UNA DEBIDA PROCURACION DE JUSTICIA EN EL CASO DEL ASESINATO DE ALEJANDRO GUSTAVO SALGADO DELGADO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Fiscalía General de Morelos a garantizar el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente

I. Antecedentes

A. El 10 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de Morelos a garantizar el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado.

B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida Proposición a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de dos resolutivos:

El primero propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía General del estado de Morelos a que garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario.

A través del segundo resolutivo, el diputado promovente propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos a investigar los posibles actos de hostigamiento en contra de Alejandro Gustavo Salgado Delgado y demás integrantes del Frente Popular Revolucionario.

III. Consideraciones del promovente

En su exposición de motivos, el diputado promovente señala que tras unas horas de no tener conocimiento sobre su paradero y por ello el haber comenzado la búsqueda, el pasado miércoles 4 de febrero, el cuerpo de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario, FPR, fue encontrado torturado, decapitado y con las manos cortadas, en el paraje de Las Huilotas, perteneciente al municipio de Ciudad Ayala en Morelos.

El diputado proponente indica que Salgado Delgado se trasladó a una reunión a El Chivatero donde permaneció hasta las seis de la tarde. Sus compañeros lo acompañaron a que tomara un transporte público que lo llevaría a la carretera para tomar el camión urbano que lo llevaría de regreso a Ayala. Al no arribar a su siguiente cita emprendieron su búsqueda en cuarteles municipales y estatales, incluso acudieron al Ministerio Público donde no quisieron recibir la denuncia.

Destaca el diputado Mejía Berdeja que Salgado Delgado, joven de 32 años se caracterizó por su gran labor a favor de los jornaleros de la montaña de Guerrero y de Oaxaca, así como por apoyar en meses recientes en la promoción de movilizaciones por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De igual forma hace notar el diputado promovente que tras estos hechos, sus compañeros denunciaron que Salgado Delgado había recibido hostigamiento por parte de las autoridades y de caciques locales; como muestra aluden a su arbitraria detención el 20 de marzo de 2014 mientras participaba en una marcha contra la Ley de Ingresos, en Cuernavaca, Morelos.

Por otra parte, señala el diputado Mejía Berdeja que: Si bien, cuatro hombres, pertenecientes a un grupo denominado Los Victorinos fueron detenidos como sospechosos del crimen. La fiscalía se apresuró a rechazar cualquier sesgo político en el asesinato y apuntó como posible móvil una disputa por tierras. Por lo que sostiene que en virtud de los anteriores antecedentes “es necesario que este caso se resuelva conforme a lo establecido en la ley y no se apresuren a descartar ninguna línea de investigación, sobre todo en el lamentable contexto que se vive en el país, donde un grupo importante de las víctimas de la inseguridad o de la represión de los gobiernos locales o del federal, son las y los activistas, líderes sociales”.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después de haber analizado los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien emitir dictamen en sentido positivo, con base en lo siguiente:

Efectivamente, como lo señala el diputado promovente, los medios de información hacen mención de lo expresado por el Frente Popular Revolucionario, el cual al conocer el asesinato, responsabilizaron directamente al estado de Morelos y a su gobernador.

Por su parte, la Fiscalía General del estado de Morelos a través del boletín 082, de fecha 5 de febrero, informó sobre el aseguramiento de cuatro personas, quienes posiblemente habrían participado en el homicidio del activista Gustavo Alejandro Salgado Delgado, integrante del Frente Popular Revolucionario, que fue reportado como desaparecido el pasado martes 3 del mes y año en curso (febrero de 2015).

Destaca dicho boletín que “Lo anterior, es resultado de la oportuna intervención con la que actuaron agentes de esta corporación al abocarse a las investigaciones al momento que se tuvo conocimiento de la desaparición del líder social... Además de esta detención, los agentes investigación decomisaron un vehículo Nissan tipo Platina color blanco con placas de circulación HAG-16-65; varios machetes de cinta, de los cuales se tiene indicios de que uno de éstos fue el arma homicida. Asimismo, una motocicleta, un auto Nissan Aprio con placas HFA-18-87 del estado de Guerrero, un Beetle color rojo, éste último con reporte de robo, mismos que se presumen fueron utilizados para cometer estos actos delictivos.”

En el boletín se señala que de acuerdo a las primeras investigaciones, se establece que el posible móvil del homicidio pudo tratarse de un conflicto entre particulares por posesión de terrenos que se ubican en la reserva ecológica conocida como El Chivatero, de la localidad en Moyotepec, municipio de Ayala.” Asimismo indica que “... los presuntos responsables y la víctima se conocían, ya que eran integrantes del Frente Popular Revolucionario y tras disputas se separaron conformando los primeros el grupo social denominado Victorinos o Semilla.”

En este contexto y con elementos de prueba con los que se contaba hasta ese momento se presumía la participación de los imputados en este hecho, así como las diferencias entre particulares como el posible móvil.

Posteriormente, el pasado 8 de febrero de 2015, la Fiscalía General de Morelos emite el boletín 088 mediante el cual informa que “...en audiencia de formulación de imputación y medidas cautelares, el agente del Ministerio Público formuló imputación a Héctor “N”, Elidió “N’’ Víctor “N” y Victorino “N”, señalados como quienes presuntamente participaron en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio del activista Gustavo Alejandro Salgado Delgado, integrante del Frente Popular Revolucionario.”

Asimismo se señala que, ante los datos de prueba expuestos por la Fiscalía Regional Oriente el juez de la causa ordenó la prisión preventiva como medida cautelar.

Por otra parte, cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió el pasado 12 de febrero el boletín número 011/15, “CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en México”.

En este boletín, la CIDH condena el asesinato del defensor de derechos humanos Gustavo Alejandro Salgado Delgado, en México y urge al Estado a investigar este asesinato, y a procesar y sancionar a los responsables.

En este mismo comunicado se menciona que “...según la información disponible, desde septiembre de 2014, Salgado Delgado habría recibido una serie de amenazas de muerte presuntamente por parte de agentes de la policía del municipio Ayala. Dichas amenazas supuestamente estarían relacionadas con sus labores como defensor de los derechos humanos...”

Asimismo señala la CIDH que “...toma nota de las investigaciones que se habrían iniciado por parte de las autoridades para esclarecer estos hechos. En este sentido, la Comisión destaca la importancia de seguir líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido como represalia por las labores que desempeñaba Salgado Delgado y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Dicha investigación debe ser emprendida con debida diligencia y de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar una política efectiva de prevención y protección para garantizar el derecho a la vida, la integridad y seguridad de las y los defensores de derechos humanos a fin de que puedan ejercer su trabajo en un ambiente seguro y libre de ataques y hostigamientos.”

En virtud de las amenazas y represalias antes de la desaparición y asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, y después de ésta a los familiares y amistades del occiso, esta comisión coincide con el promovente y la CIDH en el sentido de incluir en la investigación que realiza la Fiscalía General del estado de Morelos líneas de investigación que consideren la posibilidad de que el asesinato se halla perpetuado con motivo de las actividades que desempeñaba como defensor de derechos humanos. Asimismo, que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos investigue los presuntos actos de hostigamiento en contra de Alejandro Gustavo Salgado Delgado y demás integrantes del Frente Popular Revolucionario

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos a que garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos a investigar los posibles actos de hostigamiento en contra de Alejandro Gustavo Salgado Delgado y demás integrantes del Frente Popular Revolucionario.

Notas:

1 Fiscalía General de Morelos, Boletín 082; consultado el 8 de abril de 2015 en: http://fiscaliageneral.morelos.gob.mx/noticia/asegura-policia-de-investigacion- criminal-a-presuntos-homicidas-de-un-activista-social

2 Fiscalía General de Morelos, Boletín 082; consultado el 8 de abril de 2015 en: http://fiscaliageneral.morelos.gob.mx/noticia/prision-preventiva-a-presuntos-ho micidas-de-un-activista-social

3 Comisión interamericana de Derechos Humanos, consultado el 8 de abril de 2015 en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/011.asp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

GARANTICEN LA IMPARTICION DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, RESPECTO AL CASO DE PAOLA GERALDINE CERVANTES CEDEÑO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al jefe del gobierno y al procurador general de Justicia del Distrito Federal a garantizar en el ámbito de sus facultades la impartición de justicia expedita respecto al caso de la ciudadana Paola Geraldine Cervantes Cedeño

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A.El 12 de febrero de 2015, la diputada Zuleyma Huidobro González presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al jefe del gobierno del Distrito Federal y al procurador general de Justicia del Distrito Federal a garantizar la impartición de justicia expedita en el caso de Paola Geraldine Cervantes Cedeño.

B.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición a la Comisión de Derechos Humanos, para el dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de un único punto resolutivo, a través del cual “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al jefe de gobierno del Distrito Federal y al procurador general de Justicia del Distrito Federal a garantizar en el ámbito de sus facultades la impartición de justicia pronta y expedita, respetar el debido proceso y emitir una resolución estrictamente ajustada a derecho en la causa penal seguida contra la ciudadana Paola Geraldine Cervantes Cedeño”.

III. Consideraciones de la legisladora promovente

La diputada Huidobro González señala en su exposición:“[...] En sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza absoluta; la lectura fue ideológica: se afirma que las personas al nacer llegan al mundo inocentes, y ese estado pervive en su existencia hasta la muerte. La aplicación en el proceso penal de esta idea se transmite con igual intensidad: sólo la sentencia judicial puede variar el estado de inocencia. Y por eso cuando el juez ‘absuelve’, declara y confirma dicho estado de inocencia, mientras que la ‘condena’ es constitutiva, pues a partir de ello nace un estado jurídico nuevo [...]”

Por otra parte, sostiene la legisladora, “mientras que la presunción de inocencia posee, además de la eficacia procesal inherente a este derecho, una extraprocesal de recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos, el reconocimiento de inocencia va más allá: permite al sentenciado que ha sido declarado culpable de un delito, alegar en su favor circunstancias supervenientes que demuestran su inocencia”.

De igual forma, destaca que “lejos de ser de ser un simple procedimiento incidental, el reconocimiento de inocencia debe verse como un derecho subjetivo público que posee su eficacia en un solo plano: el plano procesal; y que encuentra un influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. Es una institución de carácter extraordinario y excepcional que reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por objeto corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente”.

La diputada promovente argumenta que “el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Asimismo, agrega que “la naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia determinan una configuración compleja en su contenido, pues influyen con notoria eficacia tanto en el tratamiento que debe darse al imputado antes y durante el desarrollo del procedimiento, como en la actividad probatoria que se practique con el fin de demostrar su culpabilidad”.

Pese a lo anterior, la diputada sostiene: “[...] no siempre se lleva a la práctica nuestro texto constitucional, ya que hoy en día es muy común escuchar en los medios de comunicación casos de personas inocentes que se encuentran recluidos en una cárcel por la imputación de delitos que no cometieron [...]” Apunta que la razón de lo anterior es que “en la mayoría de los casos se debe a las inconsistencias judiciales, la falta de pruebas contundentes, el cambio radical y “sospechoso” en las declaraciones de las víctimas, las sentencias al vapor y la urgencia de las autoridades por presentar culpables, dejando en el desamparo absoluto a personas inocentes”. Agrega que “un importante número de inocentes están presos porque no tuvieron los recursos económicos para demostrar su inocencia, o simplemente porque su proceso condenatorio estuvo plagado de vicios por parte de la propia autoridad que no les permitió tener una sentencia justa y transparente y conforme a derecho”.

Ahora, por lo que hace de manera concreta al caso que plantea la diputada Huidobro González, el de la señora Paola Geraldine Cervantes Cedeño, quien de acuerdo con lo expuesto por la diputada fue privada de la libertad desde el pasado 23 de mayo por agentes judiciales del Distrito Federal, cerca de su domicilio, por el presunto homicidio de una persona de sexo masculino en fecha 29 de abril de 2011, la legisladora expone que, “de acuerdo con los familiares de la hoy injustamente detenida, ella se encontraba saliendo de su domicilio en Tultitlan, estado de México, para dirigirse a la tienda cuando fue abordada por dos agentes judiciales los cuales querían saber si respondía a alguno de los nombres o alias al de la orden y que sin importar la diferencia de apellidos fue llevada con lujo de violencia al juzgado 51 (cuyos hechos quedaron asentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el número de expediente CDHDF/1/121/CUAUH/14/D3427), donde se le dictó de manera inmediata auto de formal prisión por el delito de homicidio”.

La legisladora indica que “las pruebas en las que basa la investigación son una foto extraída de su perfil de la red social Facebook y el testimonio de “vecinos anónimos” del autor intelectual del homicidio, lo cual a todas luces no representan una prueba fehaciente para la imputación de dicho delito. Asimismo destaca la diputada que no existen coincidencias con el parecido de la supuesta cómplice del homicidio con Paola Geraldine, así como los resultados del estudio antropométrico practicado”.

Dados los antecedentes mencionados, la diputada Huidobro Gonzáles concluye: “[...] Paola Geraldine se encuentra pagando un delito que no cometió, pues a pesar de que se han presentado las pruebas para decretar su inmediata y absoluta libertad, el juez 51 de lo penal en el Distrito Federal resolvió mantenerla en la cárcel, pues no podía determinar que ella no es la persona que las autoridades buscan [...]”

La legisladora sostiene que, “evidentemente por actuaciones irregulares de la autoridad se han vulnerado otros derechos fundamentales de Paola Geraldine como lo son la dignidad humana, la libertad, el honor, la intimidad e, incluso, la propia imagen”.

Por lo expuesto, la diputada Huidobro González propone que se exhorte “a las autoridades judiciales para que se lleve a cabo el respeto del debido proceso y emita una resolución justa, así como al jefe capitalino para que garantice la impartición de justicia pronta y expedita”.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después realizar un minucioso análisis de los planteamientos presentados por la diputada Zuleyma Huidobro González en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, la Comisión de Derechos Humanos emite dictamen en sentido positivo, con base en lo siguiente:

Quienes integran esta dictaminadora comparten la preocupación de la diputada promovente, y con base en la información proporcionada por ella, determina que el caso en estudio presenta elementos que permiten fundadamente suponer una violación a los derechos fundamentales de la procesada, fundamentación que por lo demás, ha sido presentada por diversas instancias de orden nacional y en donde se evidencia una flagrante actuación indebida de las autoridades.

Por otra parte, y coincidiendo con lo señalado por la diputada Huidobro González, “la presunción de inocencia es un derecho que el Estado se encuentra obligado por garantizar, lo que significa que el ministerio público, la policía y los jueces tendrán que modificar sus percepciones en cuanto a los derechos de los imputados, quienes tienen que ser considerados inocentes aunque exista una causa abierta en su contra” (véase Proyecto violencia y medios: presunción de inocencia; cuaderno de trabajo en el sistema penal acusatorio para periodistas. Disponible en http://insyde.org. mx/wp-content/uploads/2013/09/C2_PRESUNCI_N-INOCENCIA.pdf).

En el proceso penal, la presunción de inocencia concibe múltiples obligaciones para las actuaciones de la autoridad judicial, del Ministerio Público y la policía, así como de respeto a los derechos del imputado.

Esta comisión coincide con la diputada promovente, en el sentido de que, efectivamente, en la actualidad es frecuente –y lamentable– escuchar en los medios de comunicación, diversos casos de personas inocentes que se encuentran recluidos en una cárcel por la imputación de delitos que no cometieron.

De igual forma, esta dictaminadora coincide en que pese al vasto andamiaje jurídico para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, existen actuaciones que distan mucho de la protección de los derechos humanos de los procesados.

Lo anterior se deduce de la enorme cantidad de personas inocentes que están presas porque no tuvieron los recursos económicos para demostrar su inocencia, o simplemente porque, como lo señala la diputada promovente, su proceso condenatorio estuvo plagado de vicios por parte de la propia autoridad que no les permitió tener una sentencia justa y transparente y conforme a derecho.

Persiste en la memoria colectiva el emblemático caso del documental Presunto culpable, el cual aborda la condena por asesinato y la pena de 20 años de cárcel contra Antonio Zúñiga, un joven vendedor ambulante, en el que el equipo jurídico de Zúñiga revelan las fallas del sistema judicial mexicano, el cual no reconoce la presunción de la inocencia.

En diversos dictámenes, esta comisión dictaminadora se ha caracterizado por el respeto de las competencias de las instituciones y los poderes del Estado mexicano, no estándole permitido incidir directamente en los asuntos sujetos a la competencia exclusiva de otras entidades. Sin embargo, el caso traído a colación por la diputada Huidobro González es sumamente conocido, como también las actuaciones de los servidores públicos involucrados, por lo que no puede pasarlo por alto y menos aún las implicaciones del mismo. En este sentido, y respetando cabalmente la competencia de las autoridades jurisdiccionales, así como la del jefe del gobierno y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, se ha convenido en emitir un exhorto respetuoso en términos tales que, sin presumir sobre la responsabilidad o no de la imputada, pueda serle garantizada la debida tutela a sus derechos fundamentales durante el proceso jurisdiccional que afronta, a fin de que el mismo pueda ser resuelto bajo la más estricta observancia del estado de derecho.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al jefe del gobierno y al procurador general de Justicia, todos del Distrito Federal, a garantizar en el ámbito de sus facultades la impartición de justicia pronta y expedita, así como el respeto del debido proceso para que se emita una resolución estrictamente ajustada a derecho en la causa penal seguida contra Paola Geraldine Cervantes Cedeño.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

INVESTIGUE LOS PRESUNTOS ACTOS CONCULCADORES DE DERECHOS HUMANOS QUE LA POLICIA Y PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TEXCOCO PUDIERAN HABER REALIZADO DURANTE EL DESALOJO Y DEMOLICION DE VIVIENDAS, OCURRIDOS EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2013 EN EL PREDIO “EL BARCO” DE LOS EJIDOS DE SAN MIGUEL TOCUILA, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a investigar los presuntos actos conculcadores de derechos humanos que la policía y personal de la administración municipal de Texcoco pudieron haber realizado en el desalojo y la demolición de viviendas el 28 de octubre de 2013 en el predio El Barco, de los ejidos de San Miguel Tocuila, en esa localidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A.El 3 de marzo de 2015, el diputado Israel Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México a investigar los abusos de la policía y personal de la administración municipal, durante el desalojo y demolición de viviendas en el predio El Barco, de los ejidos de San Miguel Tocuila, en Texcoco, México.

B.La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición se remitiese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y fue recibida en esta comisión en fecha 4 de marzo de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de un único exhorto, mismo que se trascribe:

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México a investigar los abusos de la policía y personal de la administración municipal, durante el desalojo y demolición de viviendas, así como a la autoridad municipal a indemnizar a las familias que se les demolió su vivienda en el predio El Barco de los ejidos de San Miguel Tocuila, en Texcoco, México.

El proponente sustenta su proposición relatando los diversos procesos jurisdiccionales que derivaron en el desalojo y demolición de las viviendas indicadas, advirtiendo la existencia de posibles violaciones al procedimiento durante el mismo. En virtud de ello, sustenta el pedimento indicado.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos ha tenido conocimiento del presente asunto en virtud de la proposición presentada por el diputado Israel Moreno Rivera, así como por comentarios directos vertidos por las personas cuyas viviendas han sido demolidas en este asunto. En virtud de lo anterior y dada la posibilidad de que efectivamente pudieran actualizarse supuestos de conculcación a los derechos humanos, ha elaborado el presente dictamen en sentido positivo.

Sintéticamente, los hechos del caso narrados por el diputado Moreno Rivera son los siguientes:

A partir de 1999, las personas afectadas adquirieron de buena fe y mediante pago en efectivo derechos de propiedad sobre los terrenos, situados en los predios El Barco y La Cruz, pertenecientes a los ejidos de San Miguel Tocuila y sus barrios, en Texcoco, México.

Los ejidatarios, Mercedes Gutiérrez Hernández, Teresa Herrera Dehesa, José Daniel Ruiz Ruiz, Felipe Ruíz Ayala y José Guadalupe Torres Pérez; en su carácter de propietarios, realizaron la transmisión de la propiedad de los terrenos ubicados en los predios conocidos como El Barco y La Cruz, mediante contratos de cesión de derechos y posteriores cobros de dinero en efectivo realizados por intermediación de Alfonso Verona Casales; quedando con ello transmitidos legalmente los derechos de propiedad de los terrenos.

A lo largo de más de 10 años de trabajo, esfuerzo y la inversión de capital propio, las familias afectadas construyeron un patrimonio inmobiliario, que se consolidó en viviendas y otras edificaciones, que se realizaron en los terrenos adquiridos.

Entre 2000 y 2010, la autoridad municipal de Texcoco, la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos gubernamentales realizaron los cobros de impuestos y servicios relacionados con las viviendas construidas. Del mismo modo, los cobros relacionados con el reconocimiento de vecindad. Sin embargo, a 10 años o más de haber iniciado y en muchos casos de haber concluido sus viviendas, miembros del comisariado ejidal, en un acto cuestionable de interés público, solicitan a la presidenta municipal, profesora Delfina Gómez Álvarez, “detener las construcciones”, mediante el oficio número 3/II/2013. La autoridad municipal abre un expediente de lo solicitado y da a conocer las acciones que llevará a cabo mediante el oficio AA/19/2013, firmado por Ernesto Bautista Roldán, director de Desarrollo Urbano.

Derivado de esta solicitud, la autoridad administrativa abre el procedimiento administrativo común AJ/48/2013, con fecha 9 de julio de 2013, cuya finalidad fue verificar la existencia de construcciones en el predio El Barco, por lo que en su informe DDU/283/BIS otorga valor probatorio a los informes de sus subalternos, argumentando que las construcciones establecidas no cuentan con licencias, permisos, planos arquitectónicos, uso de suelo, factibilidad de servicios, entre otros, apoyándose en el decreto número 246, por el que se adiciona el libro décimo octavo denominado “De las construcciones” y que por su vigencia y constitucionalmente, no debió ser aplicado en forma retroactiva a los hechos que analizó la autoridad. Por lo que la sanción administrativa dictada por la presidenta municipal la maestra Delfina Gómez Álvarez, consiste en la demolición de viviendas sin previo aviso el 28 de octubre de 2013.

En vista de lo anterior se iniciaron 14 procedimientos contencioso-administrativos ante la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y cuya resolución administrativa AJ/48/2013, con fecha de 30 de septiembre de 2013, fue favorable a los afectados. Aun así, la autoridad demolió 14 viviendas.

El 3 de octubre de 2014, el ayuntamiento inició un nuevo procedimiento administrativo, con el expediente AJ/03/2014, donde la Dirección de Desarrollo Urbano, lleva a cabo la demolición de 26 viviendas, haciendo uso de la fuerza pública y maquinaria pesada, sin tomar en cuenta otras instancias; violentando la debida notificación y el derecho de audiencia de los afectados y sin respetar los amparos promovidos ante ese procedimiento administrativo, dejando en consecuencia a las familias en un estado de indefensión jurídica.

Una vez expuesto lo señalado por el proponente y en primer término, debe recordarse que este órgano legislativo carece de atribuciones jurisdiccionales para conocer del presente asunto. En tal sentido, no puede en modo alguno prejuzgar sobre el proceder de las autoridades a efectos de determinar si su actuación –o, en su caso, omisión– resultó adecuada o no. Esta función corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales con competencia para el caso.

Del mismo modo, se recuerda que frente a la función jurisdiccional, carece de competencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos de lo dispuesto en el artículo 7o., fracción II, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

Artículo 7o.La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a

I.Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;

II.Resoluciones de carácter jurisdiccional;

III.Se deroga.

Adicionalmente, el artículo 6o., fracción II, numeral a), del ordenamiento indicado señala:

Artículo 6o.La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I.Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;

II.Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;

b)...

III. a XVI. ...

No obstante lo anterior, atento a la solicitud vertida por el diputado Moreno Rivera en su punto resolutivo, se desprende que su petición se dirige en el sentido de investigar las posibles conculcaciones a los derechos humanos que los cuerpos policiales y el personal de la administración municipal de Texcoco, pudieran haber realizado durante la demolición de las viviendas indicadas.

Siendo lo anterior así, la Comisión de Derechos Humanos considera viable la propuesta planteada sujeta previamente a diversas modificaciones.

Por lo que compete a exhortar a la CNDH, se ha visto ya que tal institución no es la competente sino, ante todo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como se desprende del artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad federativa, que en la parte conducente precisa:

Artículo 13.Para el cumplimiento de sus objetivos, la comisión tiene las atribuciones siguientes:

I.Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, sobre presuntas violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal;

II. a XVII. ...

En tal sentido, se conviene en exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, modificando formalmente el exhorto, toda vez que no consta efectivamente a esta comisión que efectivamente se hayan dado “abusos de la policía y personal de la administración municipal”, por lo que en el exhorto se refiere únicamente a “presuntos actos conculcatorios de los derechos humanos”. La determinación final en este rubro corresponde ser dilucidada por el propio organismo estatal protector de derechos humanos.

En cuanto al exhorto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México a investigar “los abusos de la policía y personal de la administración municipal, durante el desalojo y demolición de viviendas”, se recuerda que la función de los tribunales de lo contencioso administrativo no es en esencia una función de investigación a los actos conculcatorios de derechos humanos, sino una función de tutela ante las resoluciones administrativas que puedan ser dictadas por autoridades de este orden. A escala federal, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone la procedencia de la tutela contencioso-administrativa federal de este modo:

Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

Las autoridades de la administración pública federal tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.

En el orden local, el Código Administrativo del Estado de México contiene disposiciones similares. El artículo 1.8, fracción XII dispone:

Artículo 1.8. Para tener validez, el acto administrativo deberá satisfacer lo siguiente:

I. a XI. ...

XII. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, deberá hacerse mención del derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

XIII. ...

Asimismo, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México dispone con relación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad:

Artículo 202. El tribunal tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares en funciones de autoridad y los particulares.

Se desprende de lo indicado la improcedencia de exhortar al referido tribunal para que “investigue los abusos de la policía y personal de la administración municipal, durante el desalojo y demolición de viviendas”, pues su tarea esencial no es aquélla.

Finalmente, en cuanto al exhorto dirigido a la autoridad municipal a “indemnizar” a las familias cuya vivienda se demolió, recordamos que a la Comisión de Derechos Humanos no corresponde pronunciarse en el sentido de determinar si efectivamente ha tenido lugar un acto conculcatorio de los derechos humanos o no. En caso de que el órgano competente concluya la existencia de una violación, en tal supuesto se actualizaría el derecho a una reparación integral por el daño ocasionado y la autoridad competente (ya sea la estatal o municipal) deberá resarcir el daño, entre otras cosas, indemnizando a las familias cuya vivienda fue demolida. No obstante, hasta en tanto no se determine la responsabilidad por violación de derechos humanos, no puede dirigirse por este órgano legislativo un exhorto en este sentido.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México a investigar los presuntos actos conculcadores de derechos humanos que la policía y personal de la administración municipal de Texcoco pudieran haber realizado durante el desalojo y la demolición de viviendas ocurridos el 28 de octubre de 2013 en el predio El Barco, de los ejidos de San Miguel Tocuila, en Texcoco, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

AMPLIAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CASO DE DESAPARICION FORZADA DE LA CIUDADANA AURORA DE LA PAZ NAVARRO DEL CAMPO DURANTE EL PERIODO DE LA LLAMADA “GUERRA SUCIA”

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar en el ámbito de sus atribuciones ampliar las investigaciones sobre el caso de desaparición forzada de la ciudadana Aurora de la Paz Navarro del Campo, en el periodo de la “guerra sucia”

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A.El 5 de marzo de 2015, los diputados Roberto Cabrera Solís, José Antonio León Mendívil y Víctor Reymundo Nájera Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a que, en el ámbito de sus atribuciones, atiendan y retomen las investigaciones sobre los casos de desaparición forzada durante la llamada “Guerra Sucia”, incluyendo los casos de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro.

B.La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, siendo recibida en este órgano legislativo el día 6 de marzo de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de tres exhortos, mismos que se transcriben:

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a girar instrucciones para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en cumplimiento de las normas en materia derechos humanos de la Constitución Política y los tratados internacionales de que México es parte, se reanuden las acciones de búsqueda e investigación respecto a la desaparición forzada presuntamente cometida por diversas autoridades federales a partir del 3 de febrero de 1976 en contra de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro, según consta en la información obtenida por sus familiares.

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar en el ámbito de sus atribuciones ampliar las investigaciones sobre los casos(sic) desaparición forzada durante el periodo de la llamada “guerra sucia” que la información y las investigaciones respectivas hasta la fecha, que no estén comprendidos en la recomendación 26/ 2001 de la CNDH, incluyendo los casos de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro, víctimas de desaparición forzada cometida presuntamente por diversas autoridades federales a partir del 3 de febrero de 1976, según consta en la información obtenida por sus familiares.

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que, en el ámbito de sus atribuciones, y conforme a los derechos que reconoce la Ley General de Víctimas y las normas en materia derechos humanos de la Constitución Política y los tratados internacionales de que México es parte, brinde la asesoría jurídica e inicie los trámites respectivos para una reparación integral a los familiares de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro, presuntas víctimas de desaparición forzada cometida presuntamente por diversas autoridades federales a partir del 3 de febrero de 1976, según consta en la información obtenida por sus familiares.

Los diputados proponentes sustentan su proposición con los siguientes argumentos:

Indican que el “fantasma de la guerra sucia” aún se encuentra presente en nuestro país, señalando que esta situación transformó gravemente la vida de cientos de familias y personas. Los diputados proponentes indican que durante esta época personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas, torturadas, ejecutadas extrajudicialmente y masacradas.

Agregan que fue en el Estado de Guerrero donde los enfrentamientos fueron más flagrantes y recurrentes, debido a [...] la represión, el centralismo y una sistemática violación a los derechos humanos -por lo que los guerrerenses- han respondido con organización y movilizaciones y, a su vez, el gobierno en no pocas ocasiones ha respondido con violencia y ha querido prevenir futuros brotes con un despliegue “preventivo” de fuerza contra la población civil inerme, con lo cual Guerrero ha padecido la impronta cíclica de represión-resistencia-represión [...]

Allende lo dicho, señalan que de los más de mil trescientos casos que se han documentado de personas detenidas-desaparecidas, más de la mitad corresponden al Estado de Guerrero. Más sin embargo, indican que los datos registrados son sólo una cifra y que no puede saberse con certeza el número real de víctimas y la afectación a sus familias.

Los proponentes indican que la existencia de una nula justicia de los familiares de detenidos desaparecidos en aquella época es lo que los ha llevado a acudir ante instancias internacionales. Presentan, de este modo y como ejemplo, el caso Rosendo Radilla Pacheco llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia que a este caso recayó. Destacan los proponentes los efectos que esta sentencia ha tenido en el sistema jurídico mexicano.

Mencionan el conocido caso de desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, indicando que se ha [...] puesto de manifiesto otra vez que la práctica de desaparición forzada está presente en nuestro país y es ante la presente crisis institucional, y ante la condena de organismos internacionales, que la exigencia de justicia por casos de desaparición forzada del pasado una vez más cobran fuerza y vigencia [...]

Acto seguido, presentan el caso de la C. Aurora de la Paz Navarro del Campo y del C. José Cortés Castro, indicando que [...] la última vez que se vio con vida a Aurora fue en las manos del Estado, como lo menciona el informe policiaco del 3 de febrero de 1976 emitido por el entonces director de la ... entonces Dirección Federal de Seguridad, Guillermo Lira Murrieta [...] Inmediatamente presentan los proponentes los detalles del caso de la C. Navarro del Campo, su infancia, formación, compromisos ideológicos, fundación de la organización guerrillera “Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR”, presunta captura (3 de febrero de 1976) y desaparición.

Respecto de Carmelo Cortés Castro, indican que [...] El 30 de agosto de 1975, en un centro comercial de Ejército Nacional, colonia Irrigación, Distrito Federal, Carmelo Cortés Castro fue herido, pero se le detuvo con vida y se le trasladó al campo militar número 1, donde fue torturado. Al día siguiente, se presentaron las fotos de su cadáver a la prensa que anunció con espectacularidad que había muerto en un enfrentamiento con la policía. Sin embargo, el cadáver nunca fue entregado a la familia Cortés-Castro [...]

Agregan que [...] Aurora fue la única mujer en la historia de las guerrillas mexicanas en dirigir una organización político-militar, y fue sometida a un incierto destino, probablemente en los calabozos del campo militar número 1. Nunca nadie la volvió a ver. Treinta años después uno de sus hijos se enteró de que la Dirección Federal de Seguridad asentó en el expediente un resumen de la declaración de Aurora, fechado en 1985, casi una década después de su desaparición. Los familiares han obtenido mediante un amparo la información que obra en poder de la Procuraduría General de la República, misma que también conoció la desaparecida Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, en la cual consta que la DFS tuvo bajo su resguardo a Aurora y José, a pesar de que las autoridades habían negado su detención. Lo anterior se encuadra en la definición del artículo 2o. de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas [...]

Finalmente, hacen mención de los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional y lo que hace falta cumplir al respecto.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Esta Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre el tema de las desapariciones forzadas, condenando rotundamente su comisión y esforzándose por dar cabida a las adecuaciones normativas que se requieren en este tema bajo los más altos estándares internacionales.

El caso de la “Guerra Sucia” precisamente trata este lamentable suceso y, al respecto, las instituciones del Estado han emprendido acciones a fin de esclarecer lo ocurrido en este periodo y garantizar el derecho a la verdad y a la reparación de los familiares de las víctimas.

El 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación 26/2001 relativa al tema de desaparición forzada, así como a la vulneración de diversos derechos fundamentales acaecidos durante la década de los años setentas y principios de los ochentas, en el contexto de la “Guerra sucia”.

En esta investigación, la CNDH recomienda una serie de medidas encaminadas a dar respuesta a las exigencias más apremiantes para los familiares: otorgar garantías de no repetición, la creación de una fiscalía especial para atender estos hechos y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas sobrevivientes y sus familiares.

La investigación realizada por la CNDH en el periodo señalado recoge 535 casos, de los cuales: en 275 se puede acreditar que las personas fueron víctimas de detención, interrogatorios y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos; en 97 casos, sólo existen indicios para presumir la existencia de desaparición forzada y; en 160 casos no se logró acreditar la desaparición forzada. Asimismo, 308 casos tuvieron lugar en zona rural y 174 en zona urbana de nuestro país.

Paralelamente, fue creada al interior de la Procuraduría General de la República la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado la que, más tarde, pasaría a incorporarse a la Coordinación General de Investigación de la PGR (en el caso de Guerrero fue creada mediante la Ley No. 932 la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los Años Sesenta y Setentas del Estado de Guerrero.)

Es importante señalar que esta Comisión de Derechos Humanos ha tenido conocimiento por parte de ambas dependencias (CNDH y PGR) que los asuntos relativos a la “Guerra Sucia” aún continúan en investigación por lo que no constituyen casos cerrados para tales dependencias.

En este sentido, los planteamientos de los promoventes en el sentido de que tanto la PGR como la CNDH retomen sus investigaciones para el caso de la Guerra Frías, carece de materia al estar aún en curso las investigaciones correspondientes.

En lo relativo al caso particular del señor José Cortes Castro, esta Comisión de Derechos Humanos ha indagado en diversos informes y solicitado información a la CNDH y PGR, sin encontrar referencia alguna al mismo. No obstante, se ha encontrado información sobre Carmelo Cortes Castro, esposo de la señora Aurora de la Paz Navarro del Campo, quien también fue desaparecido en este periodo. En este orden de ideas, esta Comisión de Derechos Humanos tiene argumentos para creer que es a esta persona a quien los diputados proponentes quisieron referirse, así, supliendo el posible error de los proponentes, se hará referencia al Sr. Carmelo Cortez Castro.

Esta Comisión constata que en el “Informe de la Investigación sobre Presuntos Desaparecidos en el Estado de Guerrero durante 1971 a 1974”, de la CNDH si se hace referencia al Sr. Cortez Castro y sobre el mismo se ha pronunciado ya en el sentido de no tener elementos suficientes para catalogar su caso como una desaparición forzada, toda vez que la CNDH tiene elementos para presumir su muerte en 1975. Del mismo modo y, atento a las reglas generales en materia de prescripción de delitos, al no ser un delito continuado (toda vez que se trataría de un homicidio) tampoco puede proceder el exhorto ante la PGR dada la temporalidad existente desde aquel periodo.

En lo que hace al caso de la C. Aurora de la Paz Navarro del Campo, ciertamente no se tienen registros de ella ni en la Recomendación 26/2001, ni en el “Informe de la Investigación sobre presuntos desaparecidos en el Estado de Guerrero durante 1971 a 1974” de la CNDH, más sin embargo si se tiene evidencia de su probable desaparición forzada en el “Informe final de actividades” de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Por ende, se considera procedente el exhorto a la CNDH a fin de que considere la posibilidad de investigar este caso, no así para la PGR toda vez que en el mismo “Informe final de actividades” se evidencia que la PGR ha tenido ya conocimiento del caso.

En cuanto al tercer resolutivo planteado por los proponentes, y dado que existen elementos para suponer una desaparición forzada en el caso de la C. Aurora de la Paz Navarro del Campo, se considera procedente. No así en el caso del C. Cortez Castro, donde no existen elementos para presumir una desaparición forzada. Ahora bien, se modifica la redacción planteada por los proponentes a efecto de que la C. Navarro del Campo pueda ser incluida en el Registro Nacional de Víctimas toda vez que hecho lo anterior, podrán actualizarse las diversas consecuencias que devienen de la Ley General de Víctimas, entre ellas la reparación integral. Del mismo modo, se modifica la redacción a fin de que la CEAV pueda realizar lo anterior si es que así lo considera conveniente, dadas las evidencias que sobre el caso existen. Ello es así, toda vez que este órgano legislativo no puede en modo alguno ordenar a la CEAV la inclusión de la C. Navarro del Campo, más si sugerirle su inclusión atenta a las evidencias existentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere ampliar las investigaciones sobre los casos desaparición forzada durante el periodo de la llamada “guerra sucia” con relación al caso de la ciudadana Aurora de la Paz Navarro del Campo.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, dados los antecedentes del caso, considere la pertinencia de incluir en su Registro Nacional de Víctimas a la C. Aurora de la Paz Navarro del Campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

INVESTIGUE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE PUDIERAN HABER SIDO COMETIDAS EN AGRAVIO DE LAS VICTIMAS DURANTE LA SUSTANCIACION DE DICHA AVERIGUACION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla a dar celeridad a la averiguación número 698/2014/Zacapoaxtla e investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos fundamentales cometidas contra las víctimas durante la sustanciación de esa indagatoria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A.El 18 de marzo de 2015, Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a investigar la violación sexual de una menor indígena en Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla.

B.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición a la Comisión de Derechos Humanos para el dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de dos resolutivos:

El primero propone que esta soberanía “exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, con base en los principios del debido proceso y bajo una perspectiva de género, para que concluya la investigación en torno a la violación sexual de una menor de edad en Xochitlán de Vicente Suárez, a fin de que sea procesado y sancionado conforme a la ley el presunto responsable del delito... así como a garantizar la presencia de una persona intérprete y defensora que acompañe a la víctima en todas las etapas del proceso judicial”.

A través del segundoresolutivo, los legisladores proponen que la Cámara de Diputados “exhorte a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de – las victimas–, durante el proceso judicial que ellas iniciaron al denunciar un caso de violación sexual, a fin de lograr la añorada justicia, particularmente por ser una menor indígena y considerar la pertinencia cultural correspondiente”.

III. Consideraciones de los promoventes

De acuerdo con los proponentes, el lamentable suceso ocurrió en Xochitlán de Vicente de Suárez, municipio poblano con 12 mil 249 habitantes. Ahí, 60.3 por ciento de los adultos habla alguna lengua indígena.

Los legisladores señalan: “[...] en mayo de 2014, una menor indígena –V1–enfrentó un ataque sexual por de su tío... hecho que hasta hoy continúa impune como resultado de la indolencia, omisión e indiferencia institucional que permea las instancias de “justicia” en el estado de Puebla [...]”

Indican los diputados que esta historia fue denunciada por la madre de la menor –V2–, quien explicó que comenzó a observar en su hija un comportamiento extraño y después de muchas preguntas, la menor relató la violación a que fue sometida por su tío y por la cual quedó embarazada.

Relatan que a partir de ello “acudieron al juzgado menor de la presidencia de Xochitlán –donde originalmente inició su búsqueda de justicia–, pero enfrentaron diversos obstáculos para presentar la denuncia, por lo que tuvieron que dirigirse al Ministerio Público de Zacapoaxtla, donde lograron interponer la denuncia penal. El 15 de diciembre de 2014, mediante el oficio número 163/14, fue enviado a Teziutlán para abrir un expediente de investigación. Posteriormente, en este vía crucis legal, en Zacapoaxtla su declaración les fue tomada, abriéndose el expediente penal 698/2014/Zacapoaxtla”.

Los legisladores proponentes indican que “[...] la madre de la menor declaró que tanto en la agencia ministerial de Teziutlán como en Zacapoaxtla no contó con apoyo de un traductor o intérprete, pues ella y su hija hablan sólo la lengua náhuatl, por lo que consideró que no se tomaron en cuenta sus declaraciones con pertinencia cultural existiendo deficiencias, omisiones y vicios de origen. De esta manera, hay clara presunción de que su derecho al debido proceso, y a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento no sólo de su idioma sino también de su cultura original, les fue violado [...]”

Argumentan que el derecho a contar con un intérprete “se encuentra asentado en el artículo 2o., fracción VI, de la Carta Magna, que a la letra establece los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas para ‘VI. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura’”.

De igual forma, sostienen: “[...] el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece en el artículo 55 que cuando una persona deba intervenir en un acto procesal y no comprenda el idioma español, no se exprese con facilidad o tenga algún impedimento para escuchar o darse a entender, se le brindará el apoyo necesario para que se desarrolle en su lenguaje [...]”

Añaden los diputados: “[...] pese a lo establecido en el marco jurídico nacional, la historia de una menor de edad víctima de violencia sexual no ha podido encontrar justicia en las instituciones de su estado [...]”

Finalmente, los legisladores señalan: “[...] En Puebla hay un problema generalizado de invisibilización por las autoridades de los delitos sexuales que enfrentan las mujeres. Esto ocurre en parte por el subregistro y la complejidad jurídica para definir el delito. Todo esto se enmarca en una cultura de la violación dentro de una estructura patriarcal que tolera y normaliza la violencia sexual contra mujeres y niñas, que atravesado por los componentes de edad y étnico, agrava el problema de injusticia [...]”

En atención de lo expuesto, los diputados promoventes plantean que se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla concluir con base en los principios del debido proceso y desde una perspectiva de género la investigación en torno de la violación sexual de una menor de edad en Xochitlán de Vicente Suárez, a fin de que sea procesado y sancionado conforme a la ley el presunto responsable del delito, así como a garantizar la presencia de un intérprete y defensor que acompañe a la víctima en todas las etapas del proceso judicial.

Asimismo, proponen que se exhorte a la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en agravio de V2 y V1 durante el proceso judicial que ellas iniciaron al denunciar actos de violación sexual.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después de realizar un amplio análisis de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, la Comisión de Derechos Humanos tiene a bien emitir dictamen en sentido positivo, con base en lo siguiente:

En anteriores ocasiones, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha manifestado su rechazo total hacia cualquier acto que vulnere la dignidad de las personas y que atente contra su integridad física, sicológica, moral y patrimonial.

En este contexto y considerando los dichos de la madre de la menor, existieron deficiencias, omisiones y vicios de origen, razón por la cual no se ha avanzado en el expediente de investigación, por lo que esta comisión considera oportuno exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a dar celeridad a la investigación del expediente penal 698/2014/Zacapoaxtla.

Por lo que toca al segundo resolutivo, consistente en exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de V2 y V1, durante la averiguación que ellas iniciaron al denunciar un caso de violación sexual, esta comisión considera procedente dicho exhorto, pues ese organismo es competente para determinar si sus derechos fundamentales fueron violentados durante dicha etapa.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a dar celeridad a la investigación número 698/2014/Zacapoaxtla y a garantizar la presencia de un intérprete y defensor que acompañe a la víctima en todas las diligencias a que haya lugar.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a investigar las presuntas violaciones de los derechos fundamentales que pudieran haber sido cometidas en agravio de las víctimas durante la sustanciación de la averiguación número 698/2014/Zacapoaxtla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).»

SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL EXTERIOR DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE VELAR POR LA INTEGRIDAD DE LOS JOVENES ESTUDIANTES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública local que preste servicios de seguridad y vigilancia en el exterior de los plantes educativos para velar por la integridad de los jóvenes estudiantes

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a prestar servicios de seguridad y vigilancia en el exterior de los planteles educativos para velar por la integridad de los jóvenes estudiantes, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45 numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82 numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalado, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 17 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 18 de febrero de 2015, con el oficio número DGPL 62-II-5-2491, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente 6073, para análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 4 de marzo de 2015 se envió al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, licenciado Hiram Almeida Estrada, un oficio para hacer de su conocimiento la proposición que fue turnada a la comisión, y solicitarle información respecto a los operativos que la Secretaría de Seguridad Pública implanta para resguardar la seguridad de profesores y de estudiantes en las inmediaciones de los planteles educativos a que hace mención el diputado Berdeja. Lo anterior, a fin de contar con elementos para dictaminar la proposición en cuestión.

4. Con fecha 31 de marzo se volvió a solicitar al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal la información referida en el punto anterior, sin haber recibido hasta el momento respuesta.

5. Con fecha 16 de abril de 2015, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala: “La noche del pasado lunes 9, Elizabeth Vitela López, de 23 años, y Sebastián Mancilla Hernández, de 22, estudiantes del campus sur de la Universidad Tecnológica de México, situado en la colonia Granjas Esmeralda, delegación Iztapalapa, sufrieron un ataque a manos de un sujeto armado, quien les causó heridas de bala”.

2. Al respecto, la universidad indicó mediante sus redes sociales: “La Universidad Tecnológica de México expresa su más profunda indignación por la agresión en contra de dos de nuestros estudiantes de campus sur, exigimos a las autoridades que realicen una investigación para encontrar a los responsables y que se haga justicia”.

El diputado promovente comenta: “Si bien la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ya comenzó la investigación de los hechos, resulta necesario garantizar una debida procuración de justicia en el caso; con la finalidad de que se respeten los derechos humanos de los capitalinos. Por lo anterior, resulta urgente velar por la seguridad de quienes habitan y transitan por el Distrito Federal, en este caso salvaguardar la integridad física de los jóvenes”.

Concretamente, el diputado proponente señala en el documento:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a prestar servicios de seguridad y vigilancia en el exterior de los plantes educativos para velar por la integridad de los jóvenes estudiantes.

III. Considerando que

1. Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente en el tema de seguridad pública en la ciudad, y la necesidad de procurar vigilancia en los centros educativos del Distrito Federal para evitar que los estudiantes sean objeto de robos y otras actitudes delictivas.

2. Esta comisión coincide también con el diputado Mejía Berdeja en que las autoridades competentes del Distrito Federal lleven a cabo acciones para prevenir en lo posible esa clase de acciones delictivas.

3. En la reunión de comisión donde se analizó y discutió el presente dictamen, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD, hizo una propuesta de modificación del documento para que la solicitud se hiciera a través de la Secretaria de Gobierno capitalina, dado que por ley, indicó, ésta es el vehículo adecuado para hacerlo.

Como ya es práctica parlamentaria para el buen y correcto uso del lenguaje, se realizaron a la proposición que se dictamina modificaciones menores de corrección y estilo, sin cambiar en ningún momento el sentido de ésta.

En tal virtud, los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que es más adecuado emplear el vocablo “solicitar” que “exhortar”.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con base en las consideraciones y los argumentos que preceden, resuelven: Es de aprobarse con modificaciones la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que preste servicios de seguridad y vigilancia en el exterior de los plantes educativos para velar por la integridad de los jóvenes estudiantes

Único.La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que preste servicios de seguridad y vigilancia en el exterior de los planteles educativos para velar por la integridad de los jóvenes estudiantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, Karen Quiroga Anguiano (rúbrica en contra), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica en contra), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Ernesto Germán Sánchez Jiménez (rúbrica en contra), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Guiliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica).»

RELATIVOS AL RESCATE DE LA MERCED, EN EL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos al rescate de La Merced, DF

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la proposición con puntos de acuerdo relativos al rescate de La Merced, en el Distrito Federal, suscrita por el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con puntos de acuerdo señalada, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de marzo de 2015, con el oficio número DGPL 62-II-2-2002, fue turnado el punto de acuerdo referente al rescate del mercado de La Merced, presentado por el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

2. Con fecha 12 de marzo de 2015, el diputado Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del reglamento de la Cámara de Diputados, decidió retirar el punto de acuerdo relativo al rescate de La Merced, que fue programado el 9 de marzo de 2015 para hacerle algunas modificaciones.

3. Con fecha 19 de marzo de 2015, Francisco Alfonso Durazo Montaño presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

4. El 20 de marzo de 2015, con el oficio número DGPL 62-II-5-2640, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente 6339, para análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

5. Con fecha 7 de abril, el diputado Gerardo Hernández Tapia, presidente de la Comisión del Distrito Federal, recibió a una representación de locatarios afectados por el incendio del mercado de La Merced, quienes aportaron información para dictaminar el asunto en cuestión.

6. Con igual fecha, el diputado Alfonso Durazo Montaño, hizo llegar un documento con nuevas aportaciones, a su propia propuesta.

7. De igual forma, y con misma fecha calendario que la anterior, se recibió de la diputada Gloria María del Carmen Valencia González documento con el que remite las observaciones, que en su momento fueran solicitadas a los integrantes de la comisión.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala: “De acuerdo con el plano original, el mercado 101, ‘Merced Nave Mayor’, cuenta con 3 mil 251 locales, sin incluir las 6 etapas de la sala de preparación, que cuentan con un aproximado de 320 locales cada una, a los que se adiciona otro centenar situados en la zona de carga y descarga”.

2. Recientemente se han presentado diversos siniestros en el mercado Merced Nave Mayor, que han provocado una disminución en la vida útil de su estructura, pérdidas por más de 30 millones de pesos, así como disminución de la seguridad, de la confianza y perdida de la calidad de vida de comerciantes, residentes, trabajadores y visitantes.

3. Asimismo, comenta: “El 27 de febrero de 2013, nuevamente la nave mayor del multicitado mercado sufrió un incendio, que consumió el patrimonio de alrededor de mil 200 locatarios y de por lo menos 2 mil 500 familias que encontraban en la actividad comercial, la carga y descarga, así como en otros servicios su fuente de empleo y subsistencia”.

4. De tal modo, señala: “La obra de reconstrucción empezó el 16 de mayo con la demolición de las losas dañadas y fue concluida en septiembre de 2013. Se reanudaron los trabajos de “reconstrucción” el 4 de noviembre de 2013 y concluyeron en febrero de 2014. La reconstrucción de las losas de concreto armado en forma paraboloide inició a finales de agosto de 2014 y a la fecha no está concluida, a pesar de que el titular de la delegación Venustiano Carranza se comprometió a entregar la obra terminada lo más pronto posible”.

5. Expone: “A la fecha y con dos años de distancia, los trabajos de reconstrucción no han sido concluidos, aun cuando se han invertido 240 millones de pesos, según información de la delegación Venustiano Carranza. De igual manera, los directamente afectados por el siniestro continúan en condiciones inadecuadas para el ejercicio de su actividad comercial y sin información sobre el momento en que podrán regresar a sus locales”.

6. Agrega: “El 5 de abril de 2013, fue presentado un plan de rescate de la zona de La Merced, en dicho acto, hubo presencia de diferentes funcionaros incluido el secretario de Gobierno, Héctor Serrano”.

Señala:“El 20 de septiembre 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se creó el Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced, sin que haya a la fecha entre sus integrantes un solo representante de la comunidad actual del barrio de La Merced”.

7. Aunado a esto menciona: “El 31 de octubre, el Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced convocó al concurso nacional del anteproyecto conceptual para el plan maestro.

El proyecto conceptual es el punto de partida para la elaboración del plan maestro para el rescate integral de La Merced el cual, de acuerdo con los habitantes y comerciantes, no considera la visión comunitaria de barrio y ciudad de quienes habitan este lugar, por lo que se solicitó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, una explicación a la comunidad de dicho anteproyecto conceptual”.

Continúa: “En respuesta, se llevaron a cabo los denominados ‘Foros del Futuro’, realizados en el Museo de la Ciudad de México, donde hubo participación amplia de la comunidad de La Merced. No obstante, dicha comunidad tiene la sensación de no haber sido tomada en cuenta”.

Por ello, concretamente plantea que la Cámara de Diputados

1. Se exhorte respetuosamente al doctor Miguel Ángel Mancera, en su calidad de titular del gobierno del Distrito Federal y presidente del Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced, a que plantee ante el Consejo Consultivo en pleno y a la comunidad que compone el barrio de La Merced, el Plan Maestro para el rescate integral de la zona; los avances en el diseño e implementación del mismo, así como las investigaciones multidisciplinarias que lo constituyen. Se solicita igualmente otorgar al grupo promovente una copia oficial de la documentación que ahí se presente.

2. Se exhorte respetuosamente al doctor Miguel Ángel Mancera para que en su calidad de titular del gobierno del Distrito Federal instruya a la Contraloría General del Distrito Federal a transparentar, difundir y socializar entre la comunidad del barrio de La Merced el uso y destino de los recursos utilizados para la reconstrucción de la Nave Mayor del Mercado de La Merced, afectada por el incendio del 27 de febrero de 2013.

III. Considerando que

1. Es loable la preocupación del proponente del punto de acuerdo, en el sentido de que es necesario prestar atención a las demandas de los habitantes del barrio de La Merced, especialmente a los comerciantes afectados por los incendios recientemente acaecidos.

2. Una de las actividades económicas más importantes del país es el comercio. Y que una expresión de este son los mercados y tianguis que existen en todo el territorio nacional, los cuales se caracterizan por la amplia oferta de productos, su tradición y patrimonio cultural.

3. Uno de esos casos es el mercado conocido como “La Merced”, el cual fue inaugurado hace más de 50 años, concebido como una central de abasto para mayoristas, el cual ha conservado su importancia no sólo para la Ciudad de México sino también para millones de personas que vienen de varios estados del país para comprar en uno de los mercados más antiguos e importantes de la capital.

4. Este mercado tan importante, a lo largo de su historia ha sufrido graves daños como fueron la explosión de fuegos artificiales en 1988, el cual dejó 60 muertos y 65 heridos. Ese mismo año, se registró un incendio que si bien no dejó ningún herido, sí destruyó dos terceras partes de la nave mayor.

5. En febrero de 2013 se registró otro incendio, el cual destruyó la mitad de la nave mayor, con daños sólo materiales. Desafortunadamente, el 25 de enero de 2014 se registró otro incendio en el mercado de dulces de Ampudia, que a su vez afectó el mercado El Banquetón, los cuales forman parte de La Merced.

6. Si bien se espera que pronto se recupere este espacio, transcurrirá un tiempo importante en el cual los comerciantes verán afectada su economía al no poder ejercer de forma habitual su actividad productiva.

7. La comisión dictaminadora coincide con las observaciones del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño en el sentido de que es importante que los habitantes y comerciantes del barrio de La Merced tengan conocimiento del plan maestro para el rescate integral de la zona, así como del uso y destino de los recursos utilizados para la reconstrucción de la nave mayor del mercado de La Merced, en virtud de que las obras que se realicen sirvan para el beneficio y mejora de la calidad de vida de la comunidad ahí radicada.

8. Empero, en el nuevo documento enviado por el propio diputado proponente se observa que hace una modificación en todo lo que se refiere a la “comunidad y barrio” de La Merced por “comerciantes y locatarios”, lo cual se refleja también en los puntos resolutivos de su propuesta. Si bien no hay una justificación explícita para ello, se infiere que es para referirse con mayor precisión a quienes tienen actividad comercial en la zona de La Merced, por lo cual esta comisión no ve inconveniente para modificar el cuerpo del dictamen, toda vez que es un derecho que sobre sus propuestas tienen los diputados.

9. De la reunión entre representantes de locatarios y comerciantes del mercado de La Merced el 14 de abril del presente año con el presidente de la Comisión del Distrito Federal, se desprende que dado a que la zona de La Merced ha sido y es reconocida por ser comercial e involucra directa e indirectamente diversos mercados y plazas comerciales de la zona de La Merced, conviene que el Consejo Consultivo cuente con representantes de estas plazas y mercados, elegidos democráticamente por ellos mismos. (Párrafo incluido considerando la propuesta que hicieran llegar los afectados; rediseñado y adaptado al dictamen.)

Además, coinciden con el sentido de las propuestas de modificación del diputado Alfonso Durazo.

10. Como ya es práctica parlamentaria para el buen y correcto uso del lenguaje, se realizaron a la proposición que se dictamina modificaciones menores de corrección y estilo, sin cambiar en ningún momento el sentido de ésta. En tal virtud, los integrantes de la comisión dictaminadora consideran más adecuado emplear el vocablo “solicitar” que “exhortar” y otras más de redacción y puntuación.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con base en las consideraciones y los argumentos que preceden, resuelven que es de aprobarse con modificaciones la proposición con puntos de acuerdo presentada por el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional, por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con puntos de acuerdo relativos al rescate del mercado de La Merced, en el Distrito Federal

Primero. Se solicita respetuosamente al doctor Miguel Ángel Mancera, en su calidad de titular del gobierno del Distrito Federal y presidente del Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced, que plantee ante el Consejo Consultivo en pleno y a la comunidad que compone el barrio de La Merced el plan maestro para el rescate integral de la zona, los avances en el diseño y la implantación de éste, y las investigaciones multidisciplinarias que lo constituyen. Se solicita igualmente otorgar al grupo promovente copia oficial de la documentación que ahí se presente.

Segundo. Se solicita respetuosamente al doctor Miguel Ángel Mancera que en su calidad de titular del gobierno del Distrito Federal instruya a la Contraloría General del Distrito Federal a transparentar, difundir y socializar entre la comunidad del barrio de La Merced el uso y destino de los recursos utilizados para la reconstrucción de la nave mayor del mercado de La Merced, afectada por el incendio del 27 de febrero de 2013 .

Tercero.Se solicita respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, que como presidente del Consejo Consultivo del Rescate de La Merced permita la participación de dicho consejo de uno o varios representantes de los locatarios afectados en el incendio ocurrido el 27 de febrero de 2013, elegidos democráticamente por los mismos comerciantes.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Ernesto Germán Sánchez Jiménez (rúbrica en contra), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Guiliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica).»

RELACION AL ADIESTRAMIENTO Y HABILIDADES EN EL MANEJO Y TRATO DE LOS OPERADORES DE LOS VEHICULOS DEL METROBUS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno del DF y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la capacitación y las habilidades de manejo y trato de los operadores de las unidades del Metrobús

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le fue turnada, para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en relación con el adiestramiento y habilidades en el manejo y trato de los operadores de los vehículos del Metrobús, suscrito por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1 y 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen a la proposición con punto de acuerdo señalado, conforme a los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de Marzo de 2015, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, presentó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 19 de marzo de 2015, con oficio No. D.G.P.L.62-II-2-2020, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente 6291, para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 16 de abril de 2015, en Reunión Ordinaria la Comisión del Distrito Federal, analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, la proponente señala que: “el Metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses de capacidad y tecnología de punta, que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado y excelencia en calidad en el servicio. Y que a nivel mundial, este nuevo sistema de transporte público fue implementado exitosamente en más de 150 ciudades alrededor del mundo.”

2. “La inversión pública destinada a la conformación de una red de Metrobús, representa una alternativa de alta eficiencia social, dado su bajo costo relativo y su elevado impacto en la comunidad, de allí el éxito de este tipo de soluciones en las más diversas latitudes.”

3. Asimismo, comenta que: “En la ciudad de México, la implementación del Sistema Metrobús materializa la modernización del transporte público, mejorando la calidad de vida tanto de los usuarios como de la población en general, estos beneficios los encontramos en temas como: Ordenamiento vial, mejoramiento de la imagen urbana y recuperación de espacios públicos, modernización de semáforos y cruces peatonales, mayor cobertura, seguridad y rapidez en el traslado, reducción en tiempos de recorrido, accesibilidad garantizada.”

4. De tal, modo señala que: “Gracias a la cultura sustentable, para 2013, la ciudad de México fue reconocida con el premio al Transporte Sustentable, este galardón es otorgado desde 2005 con el objetivo de reconocer a las ciudades que practican estrategias de movilidad y transporte sustentable, la consumación de la línea 4 del Metrobús, el sistema de parquímetros, la línea 12 del metro y la expansión del programa Ecobici, fueron los proyectos mejor evaluados en la ciudad”.

5. Expone además que “el Instituto Nacional de Ecología (INE), a través de su presidente Adrián Fernández, reconoció que el desarrollo de sistemas de transporte público masivos, como el Metrobús en la Ciudad de México, ha traído beneficios ambientales para la población de la capital”.

6. Señalando también que: “No obstante este gran número de ventajas económicas, ambientales y sociales, en 10 años de operación en la Ciudad de México el Metrobús ha participado en gran número de accidentes de tránsito”.

7. Por lo que continúa señalando que: “Derivado de los accidentes de los últimos momentos surgidos de manera reiterada y, considerando que anteriormente la Secretaria de Salud Federal, a través del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, realizó el estudio denominado Auditoría de Seguridad Vial Línea 2 del Metrobús Ciudad de México, en el cual emitió recomendaciones.”

Por lo que concretamente plantea que:

1. Se exhorte respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Protección Civil del D.F., implemente un proceso adecuado de adiestramiento, adquisición o fortalecimiento de habilidades y destrezas de los operadores del transporte Metrobús que maniobra en el Distrito Federal.

2. Se exhorte respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en medida de sus atribuciones, a evaluar a los operadores del transporte Metrobús, en cuanto a su adiestramiento y habilidades en el trato hacia los usuarios de este transporte público.

III. Considerando que

1. Esta comisión dictaminadora coincide con el legislador promotor del punto de acuerdo, en que es necesario que el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tengan en cuenta la necesidad básica de los capitalinos de poder trasladarse de manera segura dentro de la ciudad, por lo que se debe de implementar un proceso adecuado de adiestramiento, adquisición o fortalecimiento de habilidades y destrezas de los operadores del transporte Metrobús que maniobra en el Distrito Federal.

2. Es necesario que el Gobierno del Distrito Federal instruya al director general del Metrobús, a realizar una evaluación a los operadores del transporte, en cuanto a su adiestramiento y habilidades en el trato hacia los usuarios, para que los vehículos que transitan diariamente en la ciudad no se vean involucrados en accidentes de tránsito.

3. Los integrantes de esta dictaminadora coinciden en que es necesario que los ciudadanos tengan garantizado que los operadores del transporte público, estén capacitados para brindar un servicio seguro y eficiente.

Lo anterior, teniendo presente que el ahora denominado “Derecho a la movilidad”1  como parte de una nueva generación de derechos humanos que se inserta también en el control de convencionalidad e interpretación conforme, justifican que la diputada proponente invoque la intervención de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Empero, haciendo una revisión a las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudieran aplicarse al caso en concreto, tenemos que dicho órgano autónomo contempla en su Ley lo siguiente:

Artículo 6. Para cumplir con los objetivos citados esta Comisión Nacional tiene como atribuciones:

I. a VII...

VII. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

VIII. a XVIII...

1. Como es una práctica parlamentaria para el buen y correcto uso del lenguaje, se realizó a la proposición que se dictamina, modificaciones menores de corrección y estilo; sin cambiar en ningún momento, el sentido de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base a las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que: Es de aprobarse, con modificaciones la proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en relación al adiestramiento y habilidades en el manejo y trato de los operadores de los vehículos del Metrobús.

Primero. Se solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, que a través de la Secretaría de Protección Civil del DF, implemente un proceso adecuado de adiestramiento, adquisición o fortalecimiento de habilidades y destrezas de los operadores del transporte Metrobús que maniobra en el Distrito Federal.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la medida de sus atribuciones, a evaluar a los operadores del transporte Metrobús, en cuanto a su adiestramiento y habilidades en el trato hacia los usuarios de este transporte público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), presidente; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Mario Miguel Carillo Huerta (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Ernesto Germán Sánchez Jiménez (rúbrica en contra), Carlos Augusto Morales López, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Irere Sánchez Balderas  (rúbrica), Gloria María del Carmen Valencia González (rúbrica).»

CAMPAÑA DE PREVENCION, ORIENTACION E INFORMACION A LAS Y LOS MEXICANOS CONTRA LA CONDUCTA ATIPICA DENOMINADA GROOMING

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, la PGR y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas facultades una campaña de prevención, orientación e información contra el grooming

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y correspondiente dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaria de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que lleven a cabo una campaña de prevención, orientación e información contra la conducta atípica denominada grooming.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero: Con fecha de 24 de marzo de 2015, la diputada Karen Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaria de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que lleven a cabo una campaña de prevención, orientación e información contra la conducta atípica denominada grooming.

Segundo: En la misma fecha, la mesa directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII legislatura de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente expone que, el día diecinueve de junio del año 1990, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, México dejó claro que todas las niñas y los niños de nuestro país son sujetos de derechos que todo Gobierno, cualquiera que fuera el nivel, debería respetar, salvaguardar y garantizarlos en beneficio de millones de niños mexicanos para una nueva estructura generacional.

Señala que, el grooming, hace referencia a un término anglosajón que se define como: “las acciones que lleva a cabo un adulto por internet para ganarse la confianza y amistad de un menor haciéndose pasar por otro de la misma edad, con el objeto de pedirle imágenes o actos de contenido sexual o erótico para satisfacerse sexualmente”

Precisa que, el grooming acarrea una serie de eventos desafortunados que dañan psicológicamente a los menores incluso en agresiones físicas, amenazas, acoso o daño moral, por lo tanto es necesario y urgente que el Gobierno Federal a través de la Secretaria   de Educación Pública, la Procuraduría General de la Republica y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia elabore una campaña para prevenir el “ grooming” de tal manera que difunda el tema en la sociedad, para explicar a los padres esta conducta y como evitarla y de esta manera fomentar la denuncia.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo una campaña de prevención, orientación e información a las y los mexicanos contra la conducta atípica denominada grooming.

Consideraciones

Tras el análisis detallado de la propuesta y coincidir en términos generales con los argumentos expuestos en la proposición con punto de acuerdo referido en el presente proyecto de dictamen, esta Comisión Dictaminadora estima procedente la proposición, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Primera. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expresa el interés superior de la Niñez, en su artículo cuarto noveno párrafo, en el que señala que: “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas y niños, sin restricción alguna, para poder lograr un pleno desarrollo integral.

Segunda. Entre los tratados internacionales que ha firmado el Estado Mexicano, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño ( CDN), la cual fue suscrita y ratificada desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y que contiene un catálogo de derechos humanos dirigidos a las niñas, niños y adolescentes.

Es así que el artículo 34 expresa a la letra:

Artículo 34

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Tercera.El Código Penal Federal tipifica la pornografía infantil en su Capítulo Segundo del Título Octavo, denominado: “Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”, el cual refiere en su artículo 202 que:

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edado de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo , quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

Es así que, este delito de pornografía infantil es una violación grave a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que no solo constituye un brutal ataque a la libertad, a la salud y al derecho de sano esparcimiento, sino también a la dignidad de los seres humanos.

Más aún este delito constituye un grave flagelo a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que esta conducta descrita en el Código Penal Federal consiste en realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, lo cual vulnera gravemente su esfera de protección de un pleno desarrollo integral de las niñas y los niños, pues estos actos ocasionan traumas psicológicos para el resto de su vida, ya que se derivan en lesiones psíquicas, que son un daño para la persona que es víctima del delito.

Por ello, es importante que los Titulares de la Secretaria de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo una campaña de información, orientación y prevención dirigida a las y los mexicanos para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pornografía infantil, máxime cuando la población víctima es menor de 18 años.

Cuarto.La Universidad Nacional Autónoma de México presentó el documento denominado “Protección de Niños en la Red Sexting ciberbullyng y pornografía infantil”, en el que se señala al “ grooming”como el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor de edad a través del internet con el fin de obtener concesiones de índole sexual, este fenómeno se encuentra dentro de las prácticas de la pornografía infantil.

Asimismo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), detalla en su publicación “Grooming guía práctica para adultos información y consejos para entender y prevenir el acoso a través de internet abril 2014” señala al “ grooming” como la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de internet. Siempre es un adulto quien ejerce el grooming. Estos adultos suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, foro u otro, en donde se hacen pasar por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar. Este mecanismo suele incluir un pedido de foto o video de índole sexual o erótica (pedido por el adulto, utilizando el perfil falso). Cuando consigue la foto o el video, comienza un período de chantaje en el que se amenaza a la víctima con hacer público ese material si no entrega nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro personal.

La organización civil mexicana Alianza por la Seguridad en internet (ASI), expone que a través de internet y dispositivos móviles los adolescentes reconocen en un 10,5% haberse enamorado de las personas con quienes mantienen contacto por internet, y un porcentaje similar confesó que habla de sexo ocasional o usualmente por internet

Asimismo señala que, sólo en el Distrito Federal del 2006 hasta mediados de 2011, la Procuraduría General de la República ha detenido a 45 personas por diversos delitos cometidos donde el modus operandi fue el grooming. En ocasiones, el lugar de enganche con el menor de edad es Facebook, donde el pedófilo crea un perfil fingiendo ser otro menor de edad. La policía mexicana habla de un reciente caso donde 7 víctimas sufrieron abuso tras ser contactadas en esa red social de internet.

Finalmente, esta Comisión Dictaminadora considera necesario hacer modificaciones a la propuesta de punto de acuerdo, a fin de que mejor se comprenda las acciones que deben realizar las dependencias públicas federales, y por otro lado, por cuestiones de técnica legislativa, el vocablo o denominación “ grooming”, no es un lenguaje que se encuentra incluido en nuestro idioma o previsto en alguna norma de cualquier ordenamiento jurídico nacional, por lo que sugiere remplazar la figura del mismo por el delito de  pornografía infantil tal y como lo contempla la legislación nacional antes referida.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados considera viable el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo campañas de información, orientación y prevención dirigida a las y los mexicanos para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pornografía infantil.

Notas:

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3646/5.pdf

2 http://www.unicef.org/argentina/spanish/guiagrooming_2014.pdf

3 https://stopgrooming.wordpress.com/2011/06/30/mexico-del-%C2%ABgrooming%C2%BB-a -la-explotacion-y-el-abuso-sexuales/

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Claudia Rocío Oñate Villa (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (licencia), Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

ACCIONES TENDIENTES A LA DISMINUCION DEL MALTRATO INFANTIL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo acciones a fin de disminuir el maltrato infantil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su correspondiente análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que lleve a cabo acciones tendientes a la disminución del maltrato infantil.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero:Confecha 18 de Marzo de 2015, el diputado Jaime Chris López Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que lleve a cabo acciones tendientes a la disminución del maltrato infantil.

Segundo:En la misma fecha, la mesa directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de diputados

Contenido de la proposición

El diputado proponente señala, que los derechos humanos han logrado obtener a lo largo de los años, un vasto desarrollo y protección, por lo que tanto los entes públicos como privados tienen el deber de respetarlos y hacerlos respetar. La evolución y las necesidades de la sociedad han obligado a los Estados a reconocer derechos humanos específicos en razón de la condición y contexto social en el que se encuentran las personas, tal es el caso de las niñas, niños y adolescentes, quienes, por hallarse en un estado de vulnerabilidad requieren una mayor vigilancia y protección.

Menciona que, a pesar de la importancia que tienen los menores de edad en la sociedad mexicana, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación los clasifica un grupo en situación de discriminación por dos principales razones:primera, porque se encuentran en proceso de formación y desarrollo manteniendo una mayor dependencia con otras personas y segunda, porque frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es poco visible en relación con otros grupos de la población.

Señala que, la Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

La familia, como base de la sociedad, debe ser el primer entorno en el cual, niñas, niños y adolescentes, se sientan seguros, protegidos y amados, de lo contrario buscarán refugio en otros entornos sociales. La violencia infantil es muy problema muy serio que aún sufre el país, pero que puede disminuir de forma considerable si se combate desde el hogar.

El maltrato infantil es el primer paso para la crianza de posibles jóvenes delincuentes, con problemas psicológicos y de salud; son los padres quienes tienen la responsabilidad y deber de cuidar, proteger y educar a sus hijos bajo medidas aceptables, que no consideren violencia y que le permita a las niñas, niños y adolescentes vivir en armonía bajo una excelente calidad de vida.

Punto de acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a fin de que difunda la importancia del sano esparcimiento familiar y las graves consecuencias del maltrato infantil.

Segundo: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a fin de que se cree un programa que le permita a las madres, padres y tutores el aprendizaje de las mejores prácticas educativas y correctivas, coadyuvando a la disminución del maltrato infantil.

Consideraciones

Primera.El marco jurídico mexicano de derechos de las niñas y los niños tiene como base el párrafo noveno del artículo 4o. Constitucional, que establece que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Segunda: La Convención sobre los Derechos del Niño al ser el primer tratado internacional de carácter obligatorio que reconoció los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, en su artículo tercero apartado 2, expresa lo siguiente:

Artículo 3

1...

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Asimismo, dentro del mismo ordenamiento internacional en su numeral uno del artículo 19, se señala:

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Es importante mencionar que México es uno de los países que ratificaron la convención y por ello está obligado a desarrollar acciones para combatir el maltrato de niños, niñas y adolescentes.

Tercera:En la legislación Nacional aplicable, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 46, señala que las: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”.

Por lo tanto, esta disposición prevé principios rectores de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y persigue como objetivo garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución.

Por otro lado, el Código Civil Federal, en su artículo 423, expresa la facultad de quienes ejerzan la patria potestad o que tienen menores de edad bajo su custodia de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir a los menores de edad actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica.

Por lo tanto, si en la relación entre padres e hijos, las niñas, los niños y adolescentes son respetados como personas, sí son escuchados y su voz es tomada en cuenta, se habrán puesto los pilares fundamentales para la resolución de los conflictos por vías excluyentes de cualquier forma de violencia.

Cuarta.Cabe señalar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define al maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son víctima los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.

La OMS refiere que el maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales

Asimismo, la Unicef estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional. La ONU asegura que en el mundo existen 275 millones de niños que son maltratados con golpes, insultos, humillaciones y abandonos. Además, una cantidad significativa son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas, otros son víctimas de tráfico humano.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) comenta que “la mayoría de las personas que golpean a sus hijos con la intención de corregirlos no son conscientes de que los golpes son poco eficaces para educar y que producen daño real o potencial sobre la salud, desarrollo, la dignidad y la autoestima del niño; cuando se afecta su autoestima, se perturba su capacidad de relacionarse, la habilidad para expresarse y sentir, deteriora su personalidad.

El Informe Nacional sobre Violencia y Salud, señala que dos niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México. Ambos estudios tienen como propósito principal hacer recomendaciones encaminadas a la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y las niñas, y constituyen un fuerte llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en su conjunto de atacar este problema con urgencia. En este contexto, la Secretaria de Educación Pública, el Secretario de Salud y la Presidenta del Sistema Nacional del DIF han firmado un acta de compromiso para dar seguimiento a las recomendaciones de ambos estudios.

En consecuencia con lo anterior, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas de conducta, físicos y mentales, de igual forma “hay que señalar que actualmente hay pruebas de que enfermedades importantes de la edad adulta (entre ellas la cardiopatía isquémica, el cáncer, la enfermedad pulmonar crónica, el síndrome de colon irritable y la fibromialgía), están relacionadas con experiencias de maltrato durante la niñez”.

No hay que olvidar que el interés superior del niño es un principio general del Derecho. Su carácter de principio general permite reformular todo el Derecho de Familia, cuyo eje de gravedad será ahora el menor de edad, debido al carácter superior de su interés sobre cualquier otro concurrente.

Quinta.En México el maltrato infantil aumentó 50% en el lapso de un año. Un reporte de las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, y de los sistemas estatales del DIF revela que en 2014 hubo 9 mil 378 denuncias más que en 2013, que fueron comprobadas por las autoridades.

Los estados donde se reportaron la mayoría de casos de violencia contra este sector de la población en 2014 son Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Por ello, es importante también exhortar a los estados y al Distrito Federal para disminuir y erradicar el maltrato infantil.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora considera modificar el texto del exhorto, a fin de que el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, los estados y el Distrito Federal difundan la importancia del sano esparcimiento familiar y las graves consecuencias del maltrato infantil, así como crear programas y políticas públicas que permita a las madres, padres y tutores el aprendizaje de las mejores prácticas educativas y correctivas, coadyuvando a la disminución y erradicación del maltrato infantil.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados considera viable el siguiente.

Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que difunda la importancia del sano esparcimiento familiar y las graves consecuencias del maltrato infantil, así como crear programas y políticas públicas que permita a las madres, padres y tutores el aprendizaje de las mejores prácticas educativas y correctivas, coadyuvando a la disminución y erradicación del maltrato infantil.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los estados y al Distrito Federal para que difundan la importancia del sano esparcimiento familiar y las graves consecuencias del maltrato infantil, así como crear programas y políticas públicas que permita a las madres, padres y tutores el aprendizaje de las mejores prácticas educativas y correctivas, coadyuvando a la disminución y erradicación del maltrato infantil.

Notas:

1 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas /2013/ni%C3%B1a0.pdf

2 http://www.forbes.com.mx/violencia-infantil-la-otra-cara-de-mexico/

3 http://www1.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-maltrato1.pdf

4 http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

5 “Informe mundial sobre la violencia y la salud”, Organización Panamericana de la Salud. Pág. 76. Disponible en: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ceameg/violencia/sivig/doctos/ imsvcompleto.pdf

6“Repunta el maltrato infantil en el país”. Alcántara Liliana, periódico El Universal, lunes 6 de abril de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Claudia Rocío Oñate Villa (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (licencia), Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

IMPLEMENTAR LA RESOLUCION APROBADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA LUCHA CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y LAS IMAGENES ILEGALES EN INTERNET

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República a sumarse e implantar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la lucha contra el abuso sexual infantil y las imágenes ilegales en internet

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y correspondiente dictamen, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) a sumarse e implantar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la lucha contra el abuso sexual infantil y las imágenes ilegales en internet.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero: Con fecha de 7 de abril de 2015, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) a sumarse e implantar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la lucha contra el abuso sexual infantil y las imágenes ilegales en internet.

Segundo: En la misma fecha, la mesa directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII legislatura de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente señaló que, el pasado 5 de diciembre de 2012, la Comisaria Europea de Asuntos de Interior, lanzó una convocatoria para conformar la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Línea (IP/12/1308 y Memo/12/937). La iniciativa, contempla unir a las y los responsables de la toma de decisiones en el tema de infancia de todo el mundo para identificar con mayor oportunidad y rapidez a los probables delincuentes, perseguirles e implementar sanciones y para mejorar y ayudar a las víctimas de estos actos.

Entre los participantes en su inicio, se incluyeron ministros y altos funcionarios de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como de 21 países de fuera de la Unión, entre los que se encuentran: Albania, Australia, Camboya, Croacia, Estados Unidos, Filipinas, Georgia, Ghana, Japón, México, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, República de Corea, Serbia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania y Vietnam, entre otros.

Así también, los países participantes presentaron compromisos políticos para alcanzar una serie de objetivos, entre ellos destacan los siguientes:

• Redoblar los esfuerzos para identificar a las víctimas y garantizar que reciban la asistencia, el apoyo y la protección adecuados.

• Redoblar los esfuerzos para investigar los casos de abusos sexuales a menores de edad en línea e identificar y perseguir a los autores de éstos.

• Aumentar entre los menores de edad la concienciación sobre los riesgos de internet, incluida la toma de imágenes de uno mismo y sobre los métodos de manipulación utilizados por los pederastas.

• Reducir la disponibilidad de material de pornografía infantil en línea y victimización secundaria de los menores de edad.

Se calcula que actualmente están disponibles en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y explotación. Además, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, anualmente se añaden otras 50 mil nuevas imágenes de este tipo.

Informó que el abuso sexual infantil en línea es un crimen que no conoce fronteras ni límites, por lo que las imágenes de abuso infantil circulan con facilidad a través de jurisdicciones y perpetúan la victimización de las niñas, niños y adolescentes cuyo abuso se representa y se describe una y otra vez. Se sabe que los delincuentes de pornografía infantil operan cada vez más en grupos internacionales en línea que utilizan tecnologías altamente sofisticadas para frustrar los esfuerzos de la aplicación de las leyes que investigan sus crímenes.

Por ello, se pretende con esta iniciativa internacional reforzar los recursos nacionales para poner a más autores de este delito a disposición de la Justicia internacional, así como identificar a más víctimas de abusos sexuales menores de edad y garantizar que reciban ayuda y apoyo. Asimismo, mediante esta Alianza mundial se podrá explotar el éxito de anteriores operaciones policiales transfronterizas que han desmantelado redes internacionales de pederastas y proteger así a más niñas, niños y adolescentes de todo el mundo.

Cabe señalar que en nuestro país, además de las carencias y la falta de efectividad de sus derechos, la población infantil y adolescente enfrenta otro devastador indicador, las niñas, niños y adolescentes mexicanos son víctimas de las redes de pornografía infantil y el país es ya el primer lugar en la difusión de este delito a través de Internet, así como el segundo sitio en producción de este tipo de materiales en Internet, según la información vertida en el foro “Combate a la Pornografía de Niñas, Niños y Adolescentes”, organizado por la Cámara de Senadores.

Dado que México concretó su adhesión a la Alianza Global Contra el Abuso Sexual de Niños en Internet, establecida por Estados Unidos y la Unión Europea el 5 de diciembre de 2012, mediante la cual, se pretende fortalecer los esfuerzos de la comunidad internacional para identificar a víctimas de abuso sexual y pornografía y asegurar que reciban orientación adecuada, apoyo y protección, es fundamental que nuestro país adopte y aplique sin demora lo incluido en esta resolución.

Único.La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, a sumarse e implementar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil y las imágenes ilegales en internet.

Consideraciones

Tras el análisis detallado de la propuesta y coincidir en términos generales con los argumentos expuestos en la proposición con punto de acuerdo referido en el presente proyecto de dictamen, esta Comisión Dictaminadora estima procedente la proposición, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Primera. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expresa el interés superior de la Niñez, en su artículo cuarto noveno párrafo, en el que señala que: “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Con base en ello, se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas y niños, sin restricción alguna, para poder lograr un pleno desarrollo integral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 310

Interés superior del niño. Es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4o. constitucional.

De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño.

Primera Sala

Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González.

Por otro lado, en el 2011 el Estado dio un gran paso al elevar a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos al mismo rango que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo a todas las personas con la protección más amplia de sus derechos.

En este sentido, la reforma al artículo 1º de la Constitución, establece el principio de Convencionalidad, que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

En la reforma también se expresó el principio pro- persona, y la obligación de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para respetar los Derechos Humanos, que a continuación se detalla:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Segunda.El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

“Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales.  Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estado y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás una responsabilidad de carácter internacional”

Este precepto enuncia el principio de supremacía constitucional por el medio del cual se establece que la Constitución es la Ley Suprema de toda la Unión y es la cúspide de todo orden jurídico; señalando de igual forma a los Tratados celebrados entre Estado o Estados y Organismos Internacionales.

La incorporación de los tratados al derecho interno se da generalmente de manera automática, es decir, no se requiere un acto de producción normativa interna, ya que una vez ratificado por el Senado y celebrado por el Presidente, crean derechos y obligaciones de las partes que celebren el tratado.

En este tenor, esta Comisión dictaminadora coincide en que es necesario ajustar el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de adecuarlo a los instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales se establecen un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas.

Entre los diversos instrumentos internacionales que ha suscrito y ratificado el estado mexicano, se encuentra la Convención de Derechos del Niño, la cual fue ratificada por México en mil novecientos noventa, en ella se contemplan un cumulo de derechos dirigidos a la protección de niñas, niños y adolescentes, en referencia, el artículo 34 refieren lo siguiente:

Artículo 34

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Tercera. Como lo señala la proponente, el pasado 5 de diciembre de 2012, la Comisaria Europea de Asuntos de Interior, lanzó una convocatoria para conformar la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Línea (IP/12/1308 y Memo/12/937). La iniciativa, contempla unir a las y los responsables de la toma de decisiones en el tema de infancia de todo el mundo para identificar con mayor oportunidad y rapidez a los probables delincuentes, perseguirles e implementar sanciones y para mejorar y ayudar a las víctimas de estos actos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia (UNICEF), en su estudio “Infancia Robada”, expone que la pedofilia es un problema grave de proporciones epidémicas, ya no sólo vinculado a las desviaciones sexuales y pérdida de valores morales de los victimarios, sino a uno de los negocios más lucrativos después del narcotráfico, en el que están involucrados empresarios y políticos que han encontrado en la pornografía infantil y venta de menores una manera más de enriquecerse.

La UNICEF señala que el abuso de niñas y niños en sus diversas formas como son prostitución, pornografía y turismo sexual, genera ganancias anuales por más de 32 mil millones de dólares, lo que explica el gran poder económico de las mafias de la pedofilia que, en el caso de México, aprovechan la proclividad a la corrupción de jueces y ministerios públicos y recovecos legales que les permiten actuar impunemente.

En el caso de Nuestro país, datos de la Secretaria de Seguridad Publica, señalan que en México se registran altos índices de abuso sexual infantil: 77% de las víctimas son niñas, con un promedio de edad de 5.7 años. En todos los casos la víctima conocía al agresor: el hermano (19%), el padrastro (18%), un tío (16%), el padre (15%); asimismo señala que la Internet ha propiciado el desarrollo de redes de pederastas quienes, según la Policía Federal, en apenas 12 minutos contactan a una niña o niño y lo inducen a desnudarse o ver pornografía. Tan solo en cinco años se detectaron en México más de cuatro mil páginas de pornografía infantil en Internet.

Por lo anterior, dado que México concretó su adhesión a la Alianza Global Contra el Abuso Sexual de Niños en Internet, establecida por Estados Unidos y la Unión Europea el 5 de diciembre de 2012, mediante la cual, se pretende fortalecer los esfuerzos de la comunidad internacional para identificar a víctimas de abuso sexual y pornografía y asegurar que reciban orientación adecuada, apoyo y protección, es fundamental que nuestro país adopte y aplique sin demora lo incluido en esta resolución por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en particular, la Procuraduría General de la República, quien deberá fortalecer los mecanismos de procuración de justicia, así como investigar y castigar a los delincuentes, incrementar la conciencia pública sobre este delito y disminuir la disponibilidad de pornografía infantil en línea en nuestro país.

Finalmente, esta dictaminadora expone que al sumarse a la implementación de la resolución que aprobó el Parlamento Europeo sobre la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Línea, se generaría brindar una protección más amplia a todas las niñas, niños y adolescentes de México.

Por ello las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados considera viable el siguiente

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, a sumarse e implementar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil y las imágenes ilegales en internet.

Notas:

1 Tesis: P.IX/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno; tomo XXV, Abril de 2007; Pág: 6

2 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_infancia_robada.pdf

3 http://www.ssp.gob.mx/ portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/ BEA%20Repository/1214170//archivo

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Claudia Rocío Oñate Villa (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (licencia), Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

MODIFICAR SU MARCO JURIDICO QUE RIGE LAS COMISIONES LOCALES DE DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales, salvo el de Hidalgo y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a modificar su marco jurídico que rige las comisiones locales de derechos humanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos estatales, salvo al de Hidalgo y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos Humanos.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero: Con fecha de 14 de abril de 2015, la diputada Martha Loera Arámbula del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales, salvo el de Hidalgo y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos Humanos.

Segundo: En la misma fecha, la mesa directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII legislatura de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La Diputada proponente señala que, México es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que “sienta las bases de una relación jurídica entre los Estados y sus sociedades con los niños y las niñas, a quienes fortalece como sujetos de Derecho, dejando de lado sus anteriores consideraciones como objetos de tutela”.

Así, en cumplimiento de tal prevención, nuestro país ha presentado sus informes y con motivo del que sustentó sobre el cumplimiento de las prevenciones del Protocolo sobre a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el referido Comité observó: Si bien toma nota de la información de la delegación del Estado parte de que los niños pueden presentar quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, preocupa al Comité que únicamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reciba quejas de los propios niños, mientras que la interposición de quejas ante todas las comisiones de derechos humanos estatales está sujeta a la aprobación paterna. Le preocupa asimismo la escasa independencia y capacidad de las comisiones de derechos humanos a nivel de los estados.

En esos términos el Comité anotó que en nuestro país aún persisten condiciones que inhiben el acceso de las niñas y los niños a procedimientos administrativos y legales para que, por sí o a través de un representante, intervengan en los que les afecten, contrariándose así [...] el principio de participación en los procesos que sean de su interés, siendo éste la base que determina la capacidad jurídica de la niñez y la adolescencia para actuar directamente y de manera independiente en dichos procesos.

Ciertamente, hasta esa fecha en que se formuló la observación, en nuestro país los menores sólo podían presentar directamente, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos sin necesidad de representante cuando se pusiera en peligro su vida, la libertad o la integridad física o psicológica. Ahora, y a esta fecha, ya también la Comisión del Estado de Hidalgo las puede recibir.

De esa manera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la del Estado de Hidalgo están facultadas expresamente para recibir quejas de niñas y niños cuando se violentan sus derechos, lo que no acontece tratándose de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de los organismos protectores estatales que si bien en algunos casos se prevé que podrán recibir quejas de los afectados.

En ese marco de protección y garantía y con base en el principio rector del Interés Superior de la Infancia, el Estado Mexicano ha emprendido diversas acciones que van desde el ámbito de lo administrativo y judicial, hasta el legislativo, para proteger los derechos de los menores y garantizar su ejercicio, a fin de promover su supervivencia, desarrollo, crecimiento y bienestar.

Con base en ello, se transita hacía un modelo de protección de los derechos de los niños y las niñas reconociendo su autonomía y “definiendo las responsabilidades del Estado en la tutela de esos límites” y, bajo ese esquema, es importante reconocer y garantizar a los menores la posibilidad de que puedan promover directamente ante instancias administrativas y judiciales, sin necesidad de representación o autorización de quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre ellos, acciones para protegerlos en caso de transgresión.

De esa manera, estoy segura, se abonará a la construcción de mayores condiciones de garantía en beneficio de nuestra niñez, por lo que me permito proponer ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Congresos Locales de las entidades federativas, con excepción de Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso del estado de Hidalgo, a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos Humanos, para que expresamente se les faculte a recibir quejas de niñas y niños sin necesidad de que a su nombre las formule un representante cuando se ponga en peligro su vida, libertad o su integridad física o psicológica.

Consideraciones

Primera. En el 2011 el Estado dio un gran paso al elevar a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, al mismo rango que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo a todas las personas con la protección más amplia de sus derechos.

En este sentido, el artículo 1º de la Constitución, establece el principio de Convencionalidad, que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Esta disposición constitucional también expresa el principio pro- persona, y la obligación de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para respetar los Derechos Humanos, que a continuación se detalla:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Por otro lado, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Con base en el anterior artículo constitucional, se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas y niños, sin restricción alguna, para poder lograr un pleno desarrollo integral.

Segunda. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se expidió el 04 de diciembre de 2014, refiere dentro del Título Quinto de la Protección y Restitución Integral de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Capítulo Quinto de los Organismos de Protección de los Derechos Humanos, en el que se precisa en su artículo 140, lo siguiente:

Artículo 140. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Tercera.Esta Comisión de Derechos de la Niñez considera de beneplácito la proposición, ya que como lo refiere la proponente en la exposición de motivos, la justicia para la niñez y adolescencia, no debe de limitarse por falta de representación o autorización de quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre ellos. Es por ello que con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se precisa en su artículo 71 perteneciente al Capitulo Décimo quinto denominado “Del derecho a la participación” que toda niña, niño o adolescente tiene el derecho a ser escuchado y tomado en cuenta en los asuntos de su interés.

Asimismo la Convención Sobre los Derechos del Niño, es el documento jurídico internacional que protege y reconoce a la niñez y adolescencia como sujetos plenos de derechos, y en la que se menciona en su artículo 12, la obligatoriedad que tienen los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño.

Finalmente, esta dictaminadora expone que al modificar el marco jurídico que rigen a las Comisiones Locales de Derechos Humanos, se brindaría una protección más amplia a todas las niñas, niños y adolescentes de México.

Por ello las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados considera viable el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Congresos Locales de las entidades federativas, con excepción de Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso del estado de Hidalgo, a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos Humanos, para que expresamente se les faculte a recibir quejas de niñas y niños sin necesidad de que a su nombre las formule un representante cuando se ponga en peligro su vida, libertad o su integridad física o psicológica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Claudia Rocío Oñate Villa (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (licencia), Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

INVESTIGACION, INFORMACION Y EDUCACION, SOBRE EL IMPACTO DEL MAIZ TRANSGENICO EN LA SALUD HUMANA Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados a difundir y fortalecer sus acciones de investigación, información y educación sobre los efectos del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para que difundan y fortalezcan sus acciones de investigación, información y educación, sobre el impacto del maíz transgénico en la salud humana, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martin del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 9 de abril del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 16 de abril de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio número DGPL. 62-II-4-2321 y número de expediente 6564 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para que difundan y fortalezcan sus acciones de investigación, información y educación, sobre el impacto del maíz transgénico en la salud humana, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martin del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN. Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos los siguientes

Considerandos

Que con fundamento al Convenio sobre la Diversidad Biológica del que México es firmante, y en la que se establecen tres objetivos principales, que los países comprometidos tendrán que cumplir como es la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible, firmado el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.

Que de conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

Que el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, siendo su objetivo del protocolo suplementario es contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados.

Que en nuestro país se han desarrollado diversos proyectos para el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos, se han equipado laboratorios de detección e identificación de OGM; uno de los laboratorios está acreditado para detectar el maíz GM, a partir de metodologías y protocolos específicos para el análisis de muestras, ello derivado de que en la Ley de Bioseguridad de los OGM se establece que el maíz tendrá un régimen de protección especial (artículo 2 fracción XI) por la condición de centro de origen y concentración de agro diversidad de nuestro país y, por la aplicación directa al principio y enfoque precautorio de reconocer el valor estratégico de este cultivo para México.

Que lo anterior, significa un enorme reto y responsabilidad para nuestro gobierno Mexicano respecto a otras disposiciones de la ley, como los artículos 86, 87 y 88, donde se establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, deben determinar tanto las especies que tienen su centro de origen y diversidad genética en México, como las áreas donde estas se encuentran, con el fin de que en estas zonas no se lleven a cabo liberaciones al ambiente de los OGM de esa especie, lo que implica, como ya se mencionó, crear las capacidades necesarias y los instrumentos eficientes necesarios para garantizar un uso responsable del desarrollo de la biotecnología.

Que se coincide con el promovente, de que la tendencia internacional es a seguir trabajando en el marco normativo, reforzando las disposiciones para generar mayor confianza en los consumidores de que los productos GM están autorizados, particularmente con normas específicas de etiquetación. La OMS “tomará un papel activo en relación con los alimentos GM, principalmente por dos razones: (1) debido a que la salud pública podría beneficiarse enormemente por el potencial de la biotecnología, por ejemplo por un aumento en el contenido de nutrientes de los alimentos y producción alimentaria y producción más eficiente; y (2) en base a las necesidades de examinar los efectos negativos potenciales para la salud humana del consumo de alimentos producidos mediante modificación genética, también a nivel mundial”.

Que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su Reglamento, hace fundamental seguir realizando evaluaciones de los posibles riesgos actuales y potenciales de los OGM y sus productos, caso por caso, a fin de garantizar un uso responsable de estos organismos, en beneficio de la salud humana.

Que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Que en términos de salud, si bien es cierto, no existe evidencia empírica alguna de que el proceso de producir cultivos GM sea dañino o benéfico en sí para la salud animal o humana. Lo que debe evaluarse son los efectos negativos o positivos de los productos de las plantas transgénicas, así como los de cualquier forma de cultivo mejorado, incluso por métodos de producción convencionales.

Que el sentir público sugiere niveles de preocupación sobre la toxicidad del maíz GM entre la población mexicana considerablemente elevados, tanto como para ameritar una respuesta de una política pública orientada o como se está estableciendo en la legislación marco de nuestro país en este tema, que podría incluir investigaciones específicas además de procesos de información y educación pública.

Que el debate tiene que seguir sobre los efectos de la presencia de OGM en las razas locales de maíz mexicano. Se debe seguir estableciendo las líneas de investigación necesarias por medio de las instancias especializadas en este tema para que puedan establecer y ofrecer información a la sociedad clara y precisa, para que sepa que es lo que está consumiendo.

Que se debemos tener cuidado en reconocer el impacto de las opiniones y posibles intereses tanto de quienes defienden como de quienes se oponen al maíz transgénico en México y sin duda, será de gran utilidad contar con información confiable y oficial para la toma de decisiones y sobre todo, para emprender acciones específicas.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta, a la a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados a difundir y fortalecer sus acciones de investigación, información y educación a la población mexicana sobre el posible impacto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Adriana Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), Mario César Gaona García (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), José Luis Martínez Meléndez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez.»

REALIZAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PITAHAYA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; y la Universidad Autónoma Chapingo a realizar acciones para impulsar la producción y comercialización de la pitaya

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por lo que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad Autónoma Chapingo a realizar acciones para impulsar la producción y comercialización de la pitahaya; a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada en la sesión del 21 de abril de 2015.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 69, 80, 81, 82, 84, 102, 157 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a esta comisión dictaminar la proposición con punto de acuerdo en comento, a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 21 de abril del año en curso, la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Sagarpa, el Conacyt, el INIFAP y la Universidad Autónoma Chapingo a realizar acciones para impulsar la producción y comercialización de la pitahaya.

El 22 de abril de 2015 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio: D.G.P.L. 62-II-6-2156 y número de expediente 6600 la proposición con punto de acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a partir de las siguientes:

Consideraciones

Que la pitahaya es un fruto de una cactácea que ha sido alimento en América por muchas generaciones, considerándose como una fruta exótica de sabor dulce y gran contenido de agua, la cual crece en forma silvestre en veinte estados de la república, y que se cultiva con fines comerciales en regiones de Tabasco, la Península de Yucatán, y el estado de Puebla, dicho producto tiene una alta demanda en el mercado internacional.

Las pitahayas pueden tener diversos usos, pueden ser ornamentales, así como pueden ser usadas como barreras protectoras, también tienen importantes aportaciones medicinales y alto valor alimenticio. También como uso medicinal se nos menciona que fracciones licuadas de tallos son utilizadas para el tratamiento de afecciones de los riñones, la eliminación de amibas, para calmar el dolor de cabeza y el cansancio de los pies, lavarse el cabello y eliminar la caspa.

El uso principal de la pitahaya es de carácter alimenticio, su fruto se puede comer fresco o se puede enfriar o congelar; se acostumbra cortarlo en trozos a los que se le agrega sal y jugo de limón y también se le puede preparar como refresco, agregándole agua y azúcar; se puede utilizar para preparar jarabes y helados, su valor energético es elevado, en la industria se puede procesar la pulpa y también extraer los colorantes y pectinas contenidos en la cáscara.

Los primeros intentos de cultivo especializado de pitahaya en México, se encuentra en el estado de Tabasco, así como que en 1993, la Universidad Autónoma de Chapingo, formuló las primeras propuestas para el mejoramiento de la producción de los huertos familiares y para el establecimiento de plantaciones especializadas.

Que la propia Universidad Autónoma Chapingo ha formulado proyectos productivos y ha participado en la elaboración de guías técnicas para el cultivo y para la producción de plantas en viveros, también es importante señalar que en los otros dos estados de la Península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, también se ha impulsado su cultivo, y que en el estado de Puebla se han establecido parcelas demostrativas, también se nos refiere que en los últimos tiempos existen en México mil hectáreas con plantaciones especializadas.

Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, considera que el cultivo de la pitahaya es una alternativa para el desarrollo económico regional, toda vez que las plantaciones comerciales generan empleos y proporcionan valor agregado a los terrenos, señalando que el producto tiene buena aceptación y buen precio en los mercados nacional y de exportación, también nos señala que dichas plantaciones comerciales tienen excelentes perspectivas para los productores pequeños y medianos y aún para los que posean pequeños traspatios, siendo la planta resistente a prolongadas sequías y que después de un periodo seco florece al iniciarse las lluvias.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora tenemos a bien emitir el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y a la Universidad Autónoma Chapingo, a realizar acciones para impulsar la producción y comercialización de la pitahaya.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Adriana Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), Mario César Gaona García (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), José Luis Martínez Meléndez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Rodrigo Rosas Esparza, Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gildardo Sánchez González (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Niaves López (rúbrica).»

RESCATE DE LAS OBRAS MURALES Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA “DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ”, UBICADA EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo al rescate de las obras murales y demás elementos localizados en el inmueble que alberga la escuela primaria Doctor Belisario Domínguez, en Cuauhtémoc, Distrito Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del martes 3 de febrero de 2015, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 3 de febrero de 2015, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.

II. Contenido de la Proposición

1. La diputada promovente parte de que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales” -artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, por lo que el “Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

2. La diputada plantea que la escuela “donde los niños y niñas aprenden a leer y escribir para comunicarse, desarrollan sus habilidades matemáticas, aprenden a convivir, a explorar el mundo, comprenderlo y desarrollarse como personas”, recoge, además, en sus planes y programas de estudio aquellos saberes socialmente construidos en una época determinada, asimismo, que la escuela es un todo “alfabetizador” que transmite conocimiento a través de las técnicas empleadas en un periodo histórico, por ejemplo, en la construcción del inmueble, así como permite desarrollar la sensibilidad de las niñas y los niños al contemplar los murales que hospeda.

3. Con base en lo anterior, la diputada promovente hace la siguiente contextualización: La escuela primaria “Dr. Belisario Domínguez”, ubicada en calle Héroes número 25, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, Clave: 09DPR2379L, conocida en sus inicios como Centro Cultural Belisario Domínguez, fue inaugurada en junio de 1923 por el Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien mencionó en su inauguración: “Hacemos, pues, saber que por fin hay en la capital de la república una escuela moderna de tipo genuinamente mexicano; que puede servir de modelo a las demás de la patria”. Cinco décadas después, en 1973, la artista Maris Bustamante pinta en el inmueble de la escuela un mural dedicado al doctor Belisario Domínguez. “En él la silueta del senador mexicano se funde con la del cubano José Martí y la del chileno Salvador Allende. El lugar elegido uno de los pocos aún sin pintar, fue el mismo en que alguna vez Emilio Amero representara una frase del abanderado de la unión latinoamericana, Simón Bolívar. Alguien diría que la escuela Belisario Domínguez hace honor a su nombre”.

Por lo tanto, en la escuela primaria “Dr. Belisario Domínguez” confluyen dos corrientes artísticas de la cultura mexicana del Siglo XX, es decir, una arquitectura “de tipo genuinamente mexicano” y el muralismo.

4. Sin embargo, expone la diputada, “lo que hace un poco más de 90 años era modernidad, innovación, el día de hoy se ha convertido en abandono, negligencia y descuido por parte de las autoridades federales, respecto del cuidado de las obras murales, puertas, ventanales, muros, etcétera, componentes todos de un inmueble que por sus características indudablemente se vuelve histórico, en nuestro tiempo, aunado a que forma parte del patrimonio de edificios federales de nuestro país”.

5.En consecuencia, la diputada promovente, con fundamento en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Manual de Organización General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, formula un exhorto a la Secretaria de Educación Pública para que a través de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes planee y coordine las estrategias y acciones tendientes a proteger, conservar y restaurar las obras murales, puertas, ventanales, muros, etcétera, componentes todos del inmueble que alberga la escuela pública primaria “Dr. Belisario Domínguez”, ubicada en calle Héroes número 25, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, por considerarse que se trata de un bien inmueble que integra el patrimonio cultural de propiedad federal.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada promovente propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes planee y coordine las estrategias y acciones tendientes a proteger, conservar y restaurar las obras murales, puertas, ventanales, muros, etcétera, componentes todos del inmueble que alberga la Escuela Pública Primaria “Dr. Belisario Domínguez”, ubicada en calle Héroes número 25, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, por considerarse que se trata de un bien inmueble que integra el patrimonio cultural de propiedad federal de nuestro país.

III. Consideraciones

3.1. Generales

a) La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con  los artículos 39 numeral 3; 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados,  es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

b) La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen.

3.2. Particulares

a) Esta Comisión Dictaminadora comparte con la diputada proponente el concepto de Cultura, el cual define de la siguiente manera: “la cultura es concebida como el conjunto de rasgos que caracterizan e identifican a una sociedad o un grupo social dentro de los cuales destacan las diversas manifestaciones artísticas, cosmovisiones, modos de vida, tradiciones, creencias, festividades, formas de interacción y sistemas de valores y forma parte del patrimonio de la sociedad en su conjunto”; sin embargo, como lo señala Rodolfo Stavenhagen “la cultura no es necesariamente el capital cultural acumulado o existente, sino más bien el proceso de creación artística o científica, por lo tanto “en toda sociedad existen ciertos individuos que “crean” la cultura (o alternativamente quienes “interpretan” obras culturales). Dentro de esta perspectiva, el derecho a la cultura significa por supuesto, el derecho de los individuos a crear sus “obras” culturales libremente y sin restricciones, y el derecho de toda persona a disfrutar el libre acceso a las mismas (museos, conciertos, bibliotecas, etc.) por consiguiente las políticas culturales tienen por objeto apoyar la posición del creador cultural individual en la sociedad (pintores, escritores, artistas) y el derecho de estos creadores a la libre expresión cultural se ha convertido en uno de los derechos más apreciados de la época contemporánea”.

b) La Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente el Artículo 27, señala que “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”; por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se instituye que los Estados partes del Pacto reconocen el derecho de las personas a “participar en la vida cultural; gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. En este Pacto se establecen medidas entre los Estados parte, que estos deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

c) En ese sentido, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.”

d) Con base en lo anterior, y a fin de dar viabilidad al punto de acuerdo impulsado por la diputada proponente, esta Comisión Dictaminadora fundamenta su recomendación en los siguientes artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a saber:

i) Artículo 2°. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

ii) Artículo33.Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.

iii) Artículo 45 .El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.

iv) Artículo 46 .En caso de duda sobre la competencia de los Institutos (INAH e INBA) para conocer un asunto determinado, el Secretario de Educación Pública resolverá a cual corresponde el despacho del mismo.

e) Por otro lado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tiene dentro de sus funciones “dirigir la planeación y coordinación de las estrategias y acciones tendientes a proteger, conservar y restaurar los sitios y monumentos históricos, así como bienes muebles que integran el patrimonio cultural de propiedad federal” (Manual de Organización General del referido organismo).

f) Así pues, esta Comisión Dictaminadora concluye que los derechos en materia de cultura comprenden el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de la comunidad, el derecho a la protección de las producciones científicas, literarias y artísticas y los derechos individuales y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de religión y creencia, la libertad de asociación y el derecho a la educación, por lo que de acuerdo con lo sustentado por la diputada proponente, corresponde a “las autoridades (...) llevar a cabo un proceso de rescate de edificios públicos históricos en el que se articulen los diversos esfuerzos, intereses y visiones, que involucren una eficaz respuesta gubernamental que vea más allá de su dimensión física o de utilidad inmediata, también se debe valorar desde una dimensión socio-cultural”.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes planee y coordine las estrategias y acciones tendientes a proteger, conservar y restaurar las obras murales, puertas, ventanales, muros, etcétera, componentes todos del inmueble que alberga la Escuela Pública Primaria “Dr. Belisario Domínguez”, ubicada en calle Héroes número 25, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal. Por considerarse que se trata de un bien inmueble que integra el patrimonio federal de nuestro país.

Notas:

1 Es originaria del Distrito Federal y nació en el año de 1949. Estudió la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda del INBA–SEP. Ha realizado 21 exposiciones individuales y participado en más de 900 exposiciones colectivas, nacionales y extranjeras; incursionando en todas las disciplinas artísticas tradicionales como el dibujo, pintura, mural y grabado. También ha incursionado en el arte-correo, arte objeto y libros de artistas, escenografías para teatro de vanguardia y diseños para televisión, cine y publicidad. http://www.elkiosko.com.mx/maris_bustamante.htm; Con- sulta realizada el 6 de abril de 2015:

2 http://132.247.1.49/catedra/index.php?option=com_content&view =article&id=1436&Itemid=864

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Roberto López González (rúbrica), presidente; Leticia Salas López (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica).»

CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA ENERGIA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo a la creación de la universidad de la energía, en Villahermosa, Tabasco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del martes 3 de marzo de 2015, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la proposición

1. La diputada proponente del punto de acuerdo, parte de que “La cobertura en la educación superior en el país, alcanza apenas alrededor de 24 por ciento del grupo de edad escolar correspondiente, y la oferta que mantiene y reproduce se ubica en disciplinas que ya no se corresponden con la producción y transferencia de nuevas áreas del conocimiento moderno, de tipo inter y transdisciplinario”. Y, aunque “la educación no puede solucionar ni la pobreza ni las crisis políticas, sin su intervención no podrán edificarse las bases constitutivas de un nuevo desarrollo más justo y democrático”.

Lo anterior, “supone el impulso a la creación de un tipo de universidad y de sistema de producción de conocimientos distinto, que haga de lo educativo y de la educabilidad un proceso institucional compartido, participativo y deliberativo para centrar sus objetivos en construir nuevos conocimientos que puedan ser apropiados con fines de transformación y liberación”.

2. “...la propuesta educativa –de la diputada proponente–, busca incrementar la capacidad del sistema de educación superior nacional, así como organizar la oferta educativa en áreas de frontera y de gran impacto en la sociedad y la producción, ubicando la misma en un estado, como lo es el de Tabasco, en donde se cuenta con condiciones óptimas para el despliegue de esta propuesta, dada su cercanía con campos petroleros, sus excepcionales condiciones medioambientales que deben protegerse, una gran capacidad educativa y tecnológica instalada y la infraestructura para lograrlo”.

Es decir, “una Universidad de la Energía debe ser un imperativo, porque en éste juega un papel muy relevante la puesta en marcha de decisiones que se orienten de manera explícita a la innovación y al cambio de manera integral en el conjunto del sistema educativo”. Crear “la Universidad de la Energía en la zona centro del estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con los campos del conocimiento de la existencia, aprovechamiento, control y producción de la energía desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera”.

3. La Universidad de la Energía, “Desde la formulación académico-institucional anterior, la estructura y proceso académico (así como las carreras que se proponen), sería la siguiente:

Primer tramo formativo: tronco básico interdisciplinario. Duración dos semestres.

Segundo tramo formativo: ingreso a alguna de las tres áreas de conocimiento:

a) Energía del subsuelo (geofísica, geología, gas, petróleo, minerales, etcétera);

b) Energía del suelo, áreas acuíferas y marítimas (ríos, mar, extracción petrolera, medio ambiente, sustentabilidad, nuevas tecnologías de aplicación, etcétera);

c) Energía de la atmósfera (viento, sol, ciencias del espacio, etcétera).

Tercer tramo formativo: ingreso a la especialidad en alguna de las tres áreas anteriores, sobre la base de proyectos de generación de conocimientos, su aplicación y generación de empresas relacionadas”.

4. Dicha propuesta educativa de educación superior, de acuerdo con lo que plantea la diputada promovente, tiene por objeto “fortalecer los componentes claves de la integración y la articulación de los sujetos, instituciones, agencias y recursos para garantizar una estructura flexible de redes y de movilidad académica que evite sustituir, alterar o dirigir la iniciativa local”, debido a que “Este proyecto de creación de una nueva universidad, por el modelo de innovación que impulsa, estaría organizado para producir y transferir un alto valor social en conocimientos y aprendizajes relacionados con la energía, con la pertinencia y responsabilidad social en sus tareas y procesos académicos, y de bien público de la institución hacia su entorno. La transformación de sus estructuras irán tomando el cuerpo de una red que se sostiene en plataformas de cooperación interinstitucionales de todo tipo y nivel desde proyectos compartidos, con un muy amplia movilidad de académicos y estudiantes, con la coparticipación de recursos, instalaciones y equipo y con una orientación educativa no punitiva sino sustentada en un aprendizaje múltiple, significativo, complejo, interdisciplinario e inter y transcultural. Los valores educativos se comparten y son motivo de análisis e investigación, la docencia se articula con la investigación cognitiva y se da un fuerte impulso a la investigación estratégica con el objetivo de que el cambio de contenidos sea permanente y en correspondencia con el logro de objetos de conocimiento y aprendizaje, la creación de nuevas habilidades y capacidades de resolución de problemas desde el contexto de su aplicación. Este modelo se articula con una amplia posibilidad de innovación, con actores comunitarios y regionales, nacionales e internacionales que la impulsan de adentro hacia afuera de la universidad.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada propone al pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública que junto con Petróleos Mexicanos impulse la creación de la Universidad de la Energía en el estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos del conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía, desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera en el estado de Tabasco con recursos compartidos para su ejecución y función.

III. Consideraciones

3.1. Generales

a) La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con el los artículos 39, numeral 3; 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

b) La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen.

3.2. Particulares

a) Esta comisión dictaminadora comparte con el otrora subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, su afirmación en cuanto a que “la educación superior es un bien público que también produce beneficios privados. Éstos se manifiestan en una gran variedad de esferas, incluidos ingresos más elevados y mayor satisfacción laboral. Más trascendentes colectivamente son los beneficios públicos. Una población más y mejor educada significa una ciudadanía más informada, participativa y crítica. Además, la educación superior tiene importantes efectos multiplicadores en el desarrollo económico y social y es un componente crucial para construir una nación más próspera y socialmente incluyente.

Pues, para “seguir avanzando en la construcción de un sólido sistema de educación superior que permita hacer viables metas cada vez más ambiciosas en este ámbito, se requiere configurar una política con visión de estado. Esto supone asignar a la educación superior cada vez mayor prioridad y acordar compromisos y esfuerzos de todos los actores políticos relevantes. El impulso de una política de esta naturaleza es imprescindible para alinear esfuerzos y propósitos y para brindar certidumbre a la sociedad de que la inversión en educación es incuestionablemente provechosa, competitiva y gestionada con transparencia”.

b) Esta comisión dictaminadora, asimismo, considera que “la trayectoria de la educación superior en los años recientes está marcada por un crecimiento cada vez más vigoroso de la matrícula total: mientras que en el ciclo escolar 2006-2007 alcanzó alrededor de 2 millones 525 mil estudiantes (sin incluir el posgrado), en 2011-2012 se situó en cerca de 3 millones 274 mil y se prevé que en 2012-2013 alcanzará una cifra cercana a 3 millones 500 mil”, sin embargo, de acuerdo con la exposición de motivos de la diputada promovente “La cobertura en educación superior en el país alcanza apenas a alrededor de 24 por ciento del grupo de edad escolar correspondiente”. Por lo tanto, a pesar de los avances logrados en los últimos años, en la educación superior sigue habiendo un enorme rezago en materia de cobertura, producto –entre otros factores— del arraigo durante muchas décadas de un “modelo elitista” de acceso y permanencia en la educación superior y del estancamiento de la tasa de cobertura entre 1982 y 1996.

“La experiencia internacional enseña que todos los sistemas que atraviesan por las etapas de “masificación” y “universalización” se ven obligados a impulsar reformas profundas que transforman la arquitectura institucional, las prácticas y el andamiaje normativo de la educación superior. Estas reformas suelen apuntar, entre otros aspectos, a la diversificación de las fuentes de financiamiento y al fortalecimiento de los mecanismos de inclusión. Además, no hay duda de que un crecimiento cada vez mayor de la cobertura con equidad y calidad exige un sistema de educación superior más flexible y articulado, un robustecido programa de becas, nuevos y más eficientes modelos de organización, gestión y administración de las propias instituciones de educación superior, así como esfuerzos cada vez mayores de formación y reclutamiento de docentes (con grados de habilitación adecuados), profundización de los esfuerzos descentralizadores, transformación de los sistemas educativos estatales y una sólida cultura de la evaluación, entre otros aspectos. El futuro nos convoca a revisar políticas, programas, reglas y prácticas de la educación superior”.

c) Una forma de ampliar la cobertura y diversificar la oferta en educación superior, consiste en fortalecer los modelos educativos escolarizados, potenciar los abiertos y a distancia e incrementar los recursos públicos para las instituciones de educación superior, pero es necesario, a su vez, articular los “componentes claves en la integración de los sujetos, instituciones, agencias y recursos para garantizar una estructura flexible de redes y de movilidad académica que evite sustituir, alterar o dirigir la iniciativa local”, lo que significa, según la diputada proponente, “la transformación de estructuras que van tomando el cuerpo de una red que se sostiene en plataformas de cooperación interinstitucionales de todo tipo y nivel desde proyectos compartidos, con una muy amplia movilidad de académicos y estudiantes, con la co-participación de recursos, instalaciones y equipo y con una orientación educativa no punitiva sino sustentada en un aprendizaje múltiple, significativo, complejo, interdisciplinario e inter y transcultural”.

d) En el marco de la reforma energética impulsada por la presente administración federal, el 11 de agosto de 2014, el presidente de la República dio a conocer 10 acciones inmediatas para la efectiva implementación de la reforma. La sexta consiste en el Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética (PEFRHME), para contar con los especialistas que requerirá el sector energético en los próximos años. En dicho programa, hecho público el 30 de septiembre de 2014, se reconoce que “se requieren expertos de alto nivel, profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a los grandes retos que enfrentará el sector energético en el futuro próximo, tanto en las áreas de las ingenierías como en las económicas, sociales y legales, entre otras”, y “Para enfrentar estos retos, es necesario generar los incentivos y establecer el sistema de gestión para la coordinación y articulación de los esfuerzos que la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de Relaciones Exteriores...”, para “formar un mínimo de 135 mil expertos de alto nivel, profesionales y técnicos en distintas especialidades en los próximos cuatro años, para cubrir la demanda directa del sector, así como nuevos mecanismos que contribuyan a conectar adecuadamente la oferta y la demanda de recursos humanos, misma que se convierte en un desafío para la educación, la ciencia y la tecnología mexicanas y para sus instituciones”.

e) Con esa finalidad, el 19 de noviembre de 2014 fue inaugurada la Universidad Politécnica de la Energía (UPE) en el municipio de Tula, Hidalgo, con una oferta educativa relacionada con tres ingenierías: en petróleos, logística, y transporte y energías, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Joel Guerrero. Esta institución educativa, por supuesto, es una más de la instituciones públicas de educación superior, así como por organismos del sector energético, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, que ofrecen a la juventud alternativas educativas vinculadas con la energía. No obstante, la propuesta educativa de Universidad de la Energía en Tabasco curricularmente se propone además de formar profesionistas, investigadores y docentes en las tradicionales ingenierías relacionadas con el petróleo y la electricidad, esta institución inaugurará ingenierías en campos del conocimiento relacionados con “áreas acuíferas y marítimas (ríos, mar, extracción petrolera, medio ambiente, sustentabilidad, nuevas tecnologías de aplicación, etcétera; y energías de la atmósfera: viento, sol, ciencias del espacio, etcétera)”.

En tal virtud, esta comisión dictaminadora coincide con la afirmación de la diputada proponente, toda vez que “la Universidad de la Energía en la zona centro del estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con los campos del conocimiento de la existencia, aprovechamiento, control y producción de la energía desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera”, tiende a abatir el rezago en cuanto cobertura en la educación superior, fomenta el desarrollo regional y brinda oportunidades educativas a la juventud. La viabilidad de este proyecto está demostrada pues instituciones de esta naturaleza empiezan a ser una realidad, por ejemplo, Tula, Hidalgo, como consecuencia de las nuevas necesidades educativas y profesionales que originó la puesta en marcha de la reforma energética.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a Petróleos Mexicanos para que impulsen en conjunto la creación de la Universidad de la Energía en el estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos del conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía, desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera en el estado de Tabasco con recursos compartidos para su ejecución y función.

Notas:

1. Axel Didriksson Takayanagui. En “La Universidad en la Sociedad del Conocimiento: hacia un modelo de producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes”, http://www.scielo.br/scielo.php?pid= S1414-40772014000300002&script=sci_arttext.

2. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en “La educación superior en México 2006-2012 .Un balance inicial”. http://red-academica.net/observatorio-academico/2012/10/03/la-educacion-superio r-en-mexico-2006-2012-un-balance-inicial/

3. Op.cit.

4. Op.Cit

5. Op. Cit.

6. http://www.energia.gob.mx/res/Prog%20Estrat.pdf

7. http://www.unionhidalgo.mx/articulo/2014/11/18/universidad-de-la-energia-abrira -sus-puertas-en-tula

8. http://www.cronicahidalgo.com/2014/07/comienza-actividad-formal-politecnica-de- tula-seph/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de abril de 2015.

La Comisión de Educación Pública, diputados: Roberto López González (rúbrica), presidente; Leticia Salas López (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén Guillén, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobados. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es el concerniente a los dictámenes en sentido negativo.

DICTAMENES A DISCUSION DE NEGATIVOS DE INICIATIVAS

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES Y DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Pesca y Acuacultura Sustentables, y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos, 45, numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7; y el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 2, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158  numeral 1, fracción IV, 162  y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen.

Antecedentes

A. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el jueves 27 de noviembre de 2014, el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

B. Con esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca para su estudio y dictamen correspondiente, el expediente 5618 mediante oficio número DGPL 62-II-3-2222. Se recibió en esta comisión el jueves 27 de noviembre de 2014.

Con fecha 30 de enero de 2015 esta comisión solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, prórroga para emitir el dictamen correspondiente. En la misma fecha la Mesa Directiva otorgó la prórroga solicitada.

Contenido de la iniciativa

Esta iniciativa tiene la finalidad de definir en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el concepto de Regionalización de la pesca, así como esclarecer en el Ordenamiento Jurídico, que en el otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate, asimismo como los mecanismos de regionalización de las pesquerías, lo anterior para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícola así, como los esquemas para el ordenamiento de la pesca y la acuacultura.

El proponente considera que el ordenamiento territorial y su manejo, requieren la definición de límites espaciales, ya que su objeto es ayudar a ubicar las actividades adecuadas, en la cantidad precisa, en el espacio idóneo. Que en el medio marino se reconoce que las unidades territoriales estandarizadas son insumos básicos para establecer límites máximos de efluentes en función de las capacidades de asimilación del receptor y la protección de las actividades situadas en tierra, así como su observación y monitoreo.

Expone que el desarrollo sustentable ha sido cada vez más citado en los proyectos de manejo de recursos naturales, sin embargo, no ha sido suficiente el esfuerzo y el impulso que se requiere para promover la investigación acerca de la dinámica estructural y funcional de los ecosistemas y, que para su manejo se requiere un proceso que combine principios democráticos, análisis científicos, educación y aprendizaje institucional para manejar los recursos de una manera sustentable en un ambiente esencialmente dinámico. Que son mayormente los ecosistemas los que proveen los recursos de los que depende la sociedad y la distribución de estos no es uniforme en el tiempo y espacio, por lo que su demanda está relacionada con su disponibilidad.

Considera adecuado que los gobiernos, los productores, el sector primario y la comunidad en general, deben de reconocer las funciones de las diferentes regiones y las funciones de los ecosistemas, por medio de información real basada en planteamientos con rigor técnico y científico, respecto al manejo y la utilización de los recursos naturales, pues ello dará certidumbre a la ejecución de los lineamentos para las prácticas de desarrollo regional, esto ayudará a tener mejores experiencias, manejos y en consecuencia políticas más justas, que tendrán como resultado un una explotación ordenada, sustentable y que genere beneficios para el productor y la región.

Con este propósito propone la adición de una fracción XL al artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y adicionar el artículo 20 Bis 6 y el párrafo I del artículo 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a XXXIX. ...

XL. Regionalización : División de un territorio en áreas menores con características comunes, determinado a través de estudios técnicos y científicos para la planeación ambiental y el otorgamiento de permisos y concesiones que permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado.

Recorriendo las subsecuentes

LI. Zonas marítimas prioritarias: Áreas costeras y oceánicas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de conocimiento sobre biodiversidad. En ellas se identifican las amenazas al medio marino considerando criterios ambientales, económicos, información biológica y problemáticas de conservación de los recursos.

Capítulo IVDe las Concesiones y Permisos

Título SextoInstrumentos de la Política Pesquera

Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate. La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero en las zonas marítimas prioritarias de México que publica Conabio, la biodiversidad de los ecosistemas evitando las amenazas de los mismos , y de los mecanismos de regionalización del mar territorial. Asimismo, se otorgarán en la zona de mar territorial, la exclusividad a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas.

De la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Capítulo IVInstrumentos de la Política Ambiental

Sección IIOrdenamiento Ecológico del Territorio

Artículo 20 Bis 6. La Secretaría podrá formular, expedir y ejecutar, en coordinación con las Dependencias competentes, programas de ordenamiento ecológico marino y regionalización. Estos programas tendrán por objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes.

Artículo 20 Bis 7. Los programas de ordenamiento ecológico marino deberán contener, por lo menos:

I. La delimitación precisa del área que abarcará el programa; así como las zonas exclusivas para repoblación y reproducción de especies marinas.

Consideraciones

Primera. En la iniciativa se menciona que el ordenamiento ecológico es un instrumento de política económica costera y por lo tanto la regionalización es necesaria para promover el aprovechamiento sustentable de los recursos, la descentralización de las decisiones, la resolución de conflictos y la orientación de las políticas de desarrollo. Al respecto se puede decir que diversos usuarios de los recursos pesqueros –además de la academia y las autoridades- han reconocido la necesidad de crear un sistema de regionalización o zonificación que conlleve un beneficio integral (lo cual se ha podido constatar a través de la experiencia obtenida en otros países). No obstante, la definición propuesta, corresponde a una metodología de planeación ambiental basada en ecosistemas terrestres que no corresponde al sistema marino y que también combina los instrumentos de administración de los recursos pesqueros como son las concesiones y permisos, lo cual resulta confuso.

Segunda. En lo referente a la definición propuesta para las Zonas Marinas Prioritarias, se considera que carece de rigor de técnica legislativa y que a su vez retoma la descripción que hizo la comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en los talleres derivados del “Programa de Regiones Marinas Prioritarias de México” en el año 1998, por lo que se considera que no es una definición en sí misma, sino una descripción que puede crear confusiones jurídicas.

Tercera. El artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, indica que “para otorgar concesiones y permisos, la Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social, e información científica disponible” y se propone que estas decisiones también estén fundamentadas en las “Zonas Marítimas Prioritarias de México que publica la Conabio”,  no obstante que investigadores de dicha institución, mencionan lo limitado de su conocimiento “debido a la falta de estudios físico-biológicos que permitan una mejor zonificación” en la publicación de Conabio “Regiones marinas prioritarias de México.

El mismo artículo establece el otorgar la preferencia en la zona de mar territorial a los habitantes de las comunidades locales, “siempre y cuando utilicen las artes de pesca autorizadas”. A este respecto se considera que si bien es cierto regular la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos en este espacio en favor de las comunidades locales es una demanda auténtica y sustentada, la iniciativa no ofrece un panorama de la afectación económica y las implicaciones legales que esto tendrá sobre los pescadores comerciales, toda vez que ellos cuentan con permisos y concesiones que no les limita la entrada a dicha zona.

Cuarta. En la iniciativa en comento, la definición de “zonas marítimas prioritarias” propuesta, no define competencias, no fija procedimientos para su delimitación y tampoco señala las responsabilidades y funciones que deberá realizar la autoridad competente, además de que no precisa sanciones derivadas de las posibles infracciones y no establece recursos encaminados a resolver o dirimir conflictos derivados por la delimitación de dichas áreas.

Quinta. Al respecto, la norma oficial mexicana, NOM- 049-SAG/PESC-2014, ya prevé y determina el procedimiento para establecer zonzas de refugio para los recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, para que regule, fomente y administre el aprovechamiento de los recursos pesqueros; además de establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros, así como regular las zonas de refugio pesquero para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, mientras que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, sólo intervendrá, en el caso que estas zonzas de refugio se encuentren dentro de un área natural protegida, con lo que esta norma oficial mexicana, ya determina claramente las funciones de cada órgano de la administración pública.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Pesca, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideramos que la iniciativa no cuenta con elementos de viabilidad legislativa suficientes, ya que las bases técnicas científicas que se exponen son suficientes, por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

Acuerdos

Primero.  Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se  adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente presentada por el Diputado Francisco Pelayo Covarrubias, el 27 de noviembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en México, Distrito Federal a los 15 días del mes de abril de 2015.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Heidy Guadalupe Estrada Martínez, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica en abstención), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica en abstención), María del Carmen Ordaz Martínez, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Manuel Francisco Tapia Bustos, Víctor Reymundo Nájera Medina, Roberto Carlos Reyes Gámiz, María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios (rúbrica).

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, José Ignacio Olvera Caballero (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garibay Cabada (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), María Estela Moreno Alvarado (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica).»

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180, numeral 1, 182 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido negativo, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la iniciativa con proyecto de decreto para su dictaminación.

2. En el capítulo “Contenido de la iniciativa” se sintetiza la propuesta.

3. En el capítulo “Consideraciones” se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta comisión y enseguida, la emisión del dictamen en sentido negativo a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes:

1. En sesión celebrada el 21 de enero de 2015, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la Iniciativa con proyecto de decreto a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4197-VII, de la Cámara de Diputados con fecha 21 de enero de 2015.

5. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto adicionar un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores como se indica en el presente dictamen.

En síntesis, en su exposición de motivos, el diputado José Angelino Caamal Mena plantea lo siguiente:

Que México es un país que transita por cambios fundamentales como el crecimiento demográfico de su población, cuyo índice de natalidad ha disminuido, lo que provocará que en un par de décadas, la población de personas adultas mayores sea más numerosa que la de jóvenes, invirtiéndose la pirámide poblacional.

Afirma que las generaciones más numerosas fueron las nacidas entre 1960 y 1980, mismas que partir del año 2020, acumularán 60 años o más.

Expresa el iniciante que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2012 el número de personas de 60 años y más, era de 10.9 millones lo que representaba el 9.3 por ciento de la población total, con una esperanza de vida misma en 2014, que de acuerdo con el Conapo, para 2050, aumentará hasta 79 años.

Afirma que con este panorama se requerirá que el trabajo de los adultos mayores continué más allá del cumplimiento de la edad de retiro, señalando que México no está preparado para ofrecer trabajos suficientes y que sean aptos para este sector de la población.

Precisa que el reporte sobre la discriminación en México del año 2012, concluye que el mercado laboral excluye a las personas mayores de 35 años, por lo que las posibilidades de un empleo digno para las personas adultas mayores son muy reducidas.

Señala que ese reporte mostró que 4 de cada 10 hombres adultos mayores tuvo que trabajar al menos una hora o un día en la semana para sostener a su familia, mientras que el 12.7 por ciento de las mujeres entrevistadas afirmaron haber trabajado la semana.

Plantea el iniciante que este sector de población puede ser productivo y cambiar sus condiciones de vida transitando a lo que se conoce como una vida digna, ampliando sus posibilidades de desarrollo y autonomía en lo económico, lo que iría acorde con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece que “para lograr un México Incluyente, en el que se enfrente y supere el hambre, es importante delinear acciones para emprender y revertir la pobreza, lo cual es un camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y adultos mayores”.

Y enseguida señala que por todo lo antes planteado, considera trascendental reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para adicionar un artículo en el que la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se puedan coordinar de acuerdo con las facultades que ya tienen, para garantizar el desarrollo de proyectos productivos que beneficien a este sector de la población.

Al efecto, señala que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría Economía, considera la entrega de apoyos a los adultos mayores en el tema de proyectos productivos, pero que no hay una bolsa específica para éste sector de la población, por lo tanto, se plantea que exista una vinculación del Inapam y la Secretaría de Economía para impulsar y dar una mayor viabilidad a los proyectos que presenten las Personas Adultas Mayores y que el Inapam, destine parte de sus actuales programas a otorgar asesoría y asistencia técnica.

Señala que el Inapam lleva a cabo acciones y actividades de apoyo a los adultos mayores en la elaboración de productos diversos, considerando que la iniciativa no generaría un mayor gasto para esta institución y que por lo que hace a la Secretaría de Economía, tiene a su cargo una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, lo que puede orientarse hacia los adultos mayores.

Y enseguida afirma, que considerando diversas orientaciones de carácter internacional y lo dispuesto por la Carta Magna en materia de derechos humanos, le resulta imprescindible que a las personas adultas mayores les sea garantizado el derecho, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente, lo que contempla su iniciativa, siendo por todo lo antes señalado que propone adicionar un artículo 23 Bis la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar en la forma siguiente:

Artículo 23 Bis. Corresponde a la Secretaría de Economía en vinculación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores:

I. Impulsar la participación de las personas adultas mayores en el desarrollo de proyectos productivos.

II. Contribuir al desarrollo de habilidades y aptitudes empresariales de las personas adultas mayores para proporcionales herramientas prácticas que hagan más competitivos sus proyectos productivos así como sus empresas, para la mejora de su economía y la de sus familias.

Con un artículo transitorio que habrá de prever que el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

1. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto sujeta a dictamen y determinó que lo procedente es proponer al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presente dictamen en sentido negativo.

2. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración lo siguiente:

Que la redacción del primer párrafo del artículo 23 Bis que se propone, se aparta de la técnica legislativa, seguida en los artículos del 16 al 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Esto es así, porque en dichos dispositivos legales se especifica en forma casuística lo que corresponde a cada dependencia del Ejecutivo federal, en especial los derechos de las personas adultas mayores que corresponde garantizar a cada una de dichas dependencias, siendo el caso de que, contrario a esa técnica legislativa, se propone que la Secretaría de Economía impulse o contribuya, en materia de proyectos productivos y empresas, en vinculación con el Inapam, lo que se considera que es improcedente.

Pero además, resulta desafortunada e improcedente la redacción propuesta para el artículo 23 Bis, porque la utilización de la palabra “vinculación” en la expresión: “Corresponde a la Secretaría de Economía en vinculación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores”, indica que las acciones de la citada dependencia estarían sometidas al Inapam o viceversa, siendo que entre las dependencias y las instituciones del ejecutivo federal, lo que se establece, se espera y se impone o se ordena, es la coordinación en el ámbito de sus respectivas competencias.

Por otra parte, el impulso a la participación de las personas adultas mayores en el desarrollo de proyectos productivos y la contribución al desarrollo de habilidades y aptitudes empresariales de las personas adultas mayores para proporcionales herramientas prácticas que hagan más competitivos sus proyectos productivos, así como sus empresas, para la mejora de su economía y la de sus familias, se inserta más en el rubro de la capacitación y el adiestramiento y no en lo relativo al apoyo en materia de financiamiento e inserción al ámbito de las interrelaciones de las empresas productivas y el desarrollo de proyectos productivos que es materia de la competencia de la Secretaría de Economía.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2015.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), presidenta; Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica en abstención), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica en contra), Nadya de Jesús Cruz Serrano (rúbrica), Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Maricruz Reyes Galicia (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Carmen Julieta Torres Lizárraga (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, párrafo 2, inciso b) y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados exponemos a la consideración de esta asamblea el presente dictamen de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el lunes 15 de diciembre de 2014, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del PRI. Asimismo, determinó que fuera turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4164-VIII, el jueves 27 de noviembre de 2014.

3. Con fecha 4 de febrero de 2015, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, fue invitada a la decimoséptima reunión de esta comisión, a celebrarse el jueves 12 del mes de febrero del mismo año, con oficio CRRPP/017-LXII/15, para que ampliara el contenido y argumentos respecto de su iniciativa.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene como objeto fundamental establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados que en las sesiones ordinarias, esté presente un traductor de lenguaje de señas mexicanas a efecto de que su transmisión por los medios de comunicación (Canal del Congreso) sea accesible a las personas con discapacidad auditiva o sordociegos. Para ello, se propone la adición de un numeral 2, al artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, como parte del título tercero, Funcionamiento del pleno, capítulo I, De las sesiones del pleno, sección primera, generalidades.

A continuación, destacamos las razones más relevantes incluidas en la exposición de motivos de la iniciativa.

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se entiende como discapacidad a “cualquier restricción o carencia (resultado de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que se considera normal para un ser humano.” En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen aproximadamente 5 millones 739 mil 270 personas que viven con algún tipo de discapacidad.

Por otro lado, por distribución porcentual de la población con discapacidad según el tipo de limitación, se señala que 58.3 por ciento presenta dificultad para caminar o moverse (discapacidad motriz), 27.2 por ciento tiene discapacidad visual, 12.1 por ciento de la población tiene discapacidad auditiva, 8.3 por ciento presenta dificultad para hablar o comunicarse, 4.4 por ciento discapacidad intelectual (descrita como dificultad para entender) y 8.5 por ciento, mental.

Las personas con discapacidad, incluyendo los sordomudos, siguen teniendo un acceso limitado a los servicios públicos de salud, educación, trabajo y seguridad social, mismos que son esenciales para garantizarles una vida digna y plena.

Las personas con discapacidad auditiva no siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con el entorno, porque no siempre disponen de intérprete de lengua de signos, o porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral.

Lamentablemente el trato diferenciado para con las personas con discapacidad se inicia desde el ámbito familiar; sin embargo, en el ámbito de la administración pública es necesario brindar las herramientas básicas para su sano desarrollo e incorporación social; enseñar o mostrar la actividad pública a través del lenguaje de señas nos brinda la posibilidad de desarrollar el conocimiento de la realidad social de este sector de la población.

Para las personas con discapacidad, y aún más para las que tienen discapacidad visual, auditiva, resulta imprescindible el conocimiento del proceso de creación de la ley, las razones y motivos que sustentan su creación o modificación; limitar el acceso de las personas con discapacidad a este derecho, implica una responsabilidad para esta Cámara de Diputados”.

III. Análisis y valoración de la iniciativa.

1. En la propuesta de modificaciones específica, la iniciativa sugiere a esta Cámara de Diputados aprobar el siguiente:

Decreto por el que se adiciona un numeral 2, al artículo 35, del Reglamento de la Cámara de Diputados:

Artículo Único. Se adiciona un numeral 2, al artículo 35, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Título TerceroFuncionamiento del pleno

Capítulo IDe las sesiones del pleno

Sección PrimeraGeneralidades

Artículo 35.

1. Las sesiones de la Cámara tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias, solemnes o permanentes; todas las sesiones serán públicas, salvo las que de manera excepcional, sean consideradas como secretas, conforme al artículo 40 de este Reglamento.

2. A efecto de dar publicidad a la tarea legislativa, las sesiones ordinarias de la Cámara serán traducidas por un especialista técnico legislativo en lenguaje de señas mexicanas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, la diputada iniciante expone, a lo largo de la exposición de motivos, diversos argumentos, de autoridad, de causa y efecto y deductivos, a través de los cuales fundamenta el objeto de su propuesta, además de explicar el problema que pretende resolver. No obstante, no aporta elementos que permitan conocer cuál será la proporción de la población que se beneficiaría con una reforma de este tipo, a fin de poder estimar de manera precisa su conveniencia.

3. En términos generales, cumple con los requisitos indispensables señalados por el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Esta dictaminadora coincide con la propuesta contenida en la iniciativa, por cuanto a la necesidad de beneficiar a un sector de la población excluido por los medios de comunicación del derecho oportuno a la información y conocimiento de los asuntos de relevancia nacional, como lo son las discusiones sobre modificaciones a las leyes vigentes o creación de nuevas normas.

3. No obstante lo anterior, es oportuno realizar las siguientes precisiones:

a. Durante la LXI Legislatura, en la sesión ordinaria del 23 de marzo de 2010, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

b. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2971-I, del jueves 18 de marzo de 2010.

c. La Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

d. De acuerdo al análisis de la comisión y a la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se determinó que la iniciativa era jurídicamente viable por considerar que es el Reglamento del Canal de Televisión el ordenamiento adecuado para regular lo concerniente a los contenidos y transmisiones de los programas difundidos por el propio Canal. Además, se estimó que atiende una necesidad para la comunicación y acercamiento del Congreso con cierto sector de la población, sobre todo tomando en cuenta que los traductores, sugeridos por la iniciativa, prestarían sus servicios para todos los contenidos difundidos por el Canal del Congreso, no sólo el trabajo de las comisiones y el pleno.

e. El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado en la reunión de la comisión celebrada el trece de abril de dos mil once1.

f. Así, la reforma fue aprobada por la comisión y después por el pleno de la LXI Legislatura, con el siguiente:

“Decreto que reforma, el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4.

...

La información que difunda, deberá traducirse simultáneamente a lengua de señas mexicanas, o subtitularse con palabras en español, o ambas.

Transitorios

Primero: Este decreto entrará en vigor el primero de febrero de 2012.

Segundo: Las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que les conceden respectivamente los artículos 20, numeral 2, inciso h), y 66, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, harán las previsiones presupuestales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de este decreto, en el anteproyecto de presupuesto de cada cual”.

g. El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por 332 votos, y enviado al Senado para sus efectos constitucionales2.

h. En tal sentido, para esta comisión, el asunto se encuentra atendido, a pesar de que la reforma está pendiente en la Cámara de Senadores, por lo que se considera que la iniciativa ha quedado sin materia para resolverse.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del PRI.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1. Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3344-III, del jueves 8 de septiembre de 2011.

2. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 2011. Cámara de Diputados. Pág. 156.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el recinto legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria del 21 de abril de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Roberto López Suárez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García, Rubén Camarillo Ortega, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b), y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En la sesión del 27 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. Con fecha 5 de febrero de 2015, esta dictaminadora solicitó al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias opinión respecto a la presente iniciativa, la cual fue entregada a la comisión en fecha 9 de marzo del presente año.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa referida en los antecedentes señala que en el México de hoy, introducidos en el proceso de la consolidación de nuestra democracia, es deber inexcusable recordar que fuimos elegidos para cumplir todas las responsabilidades y obligaciones que nos mandata la ley. Sin embargo, un gran número de legisladores demuestra fehacientemente que no le interesa cumplir todas las establecidas en la Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 71, señala que el derecho de iniciar leyes o decretos compete:

Al presidente de la República;

A los diputados y los senadores al Congreso de la Unión;

A las legislaturas de los estados; y

A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, a 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

De conformidad con lo señalado en el artículo citado, los legisladores, tienen el derecho de iniciar leyes y el trámite que se dará a estas. Sin embargo, por otra parte, se observa el incumplimiento por algunos diputados federales de algunas de ellas y sin que le sea aplicada la sanción correspondiente. En concreto, el incumplimiento de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos en la ley.

En esta iniciativa, el autor cita la opinión de la doctora Cecilia Mora Donato: “En el ejercicio de sus funciones, los legisladores carecen de normas claras que establezcan un régimen de disciplina parlamentaria. No están obligados a rendir cuentas de sus actuaciones por ningún medio jurídico. En suma, es preciso que el Congreso antes de solicitar la reelección ofrezca a la ciudadanía una reforma de amplio calado que tenga en el centro de la misma la eficacia de los procedimientos parlamentarios, la transparencia y la rendición de cuentas, así como un régimen de responsabilidades claro y mecanismos permanentes de vinculación con la ciudadanía, la que se debe”.

En la reflexión que hace la investigadora, considero imprescindible continuar con reformas de gran calado que tengan en el centro de la misma la obligatoriedad del cumplimiento de las normas jurídicas, por quienes tenemos como tarea fundamental su elaboración.

El artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dispone que “Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala: I. En el Congreso de la Unión: diputados y senadores, secretarios generales, tesoreros y directores de las Cámaras...” Y en el artículo 37 dispone que ésta deberá presentarse en los siguientes plazos:

Declaración inicial, dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

Ingreso en el servicio público por primera vez;

Reingreso en el servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.

Declaración de conclusión del encargo, dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión, y

c) Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año...

Señala el autor que para fundamentar la presente iniciativa y verificar el incumplimiento de la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales, mediante solicitud dirigida al entonces presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, diputado José González Morfín, solicitó el número de diputados federales que aún no presentan su declaración de situación patrimonial inicial, la declaración de modificación patrimonial 2012 y la declaración de modificación patrimonial de 2013, a la cual estamos obligados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción XV, 36, fracción I, y 37, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 8, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el diputado presidente instruyó de inmediato a la Secretaría General para que se brindara esta información.

En respuesta, la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, mediante oficio de fecha 28 de agosto de 2014, dirigido al iniciante de esta propuesta, hizo del conocimiento que hasta ese momento ningún legislador tenía pendiente la presentación de su declaración inicial, nueve aún no habían presentado la modificación de 2012 y ningún diputado pendiente por lo que se refiere a la de 2013.

De lo expuesto señala que para esa fecha habían transcurrido casi dos años y aún no cumplían todos los legisladores una de las obligaciones establecidas en la ley. No es posible que la incumplamos y queramos obligar a los otros dos poderes a obedecer las normas jurídicas.

La información anterior no señala en qué tiempo presentaron su declaración y, en su caso, la modificación; si los 500 diputados federales cumplieron dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión la declaración inicial, si en mayo del año siguiente presentaron puntualmente la modificación 2012, así como también quienes lo hicieron en 2014, con relación a 2013. No se menciona tampoco en qué mes y día fueron presentadas extemporáneamente, y de los datos de referencia, es evidente que no todos lo hicimos dentro del plazo establecido en la ley.

El 22 de abril de 2003, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos emitió un acuerdo para que la custodia, el registro y el seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los diputados y los servidores públicos de la Cámara de Diputados estén a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. De igual forma, establece que dicho organismo deberá entregar un informe, dirigido a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, donde se le haga saber sobre los legisladores que incumplan la entrega de su declaración patrimonial, a efecto de que ello sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.

De forma adicional, el 21 de marzo de 2007, el mismo órgano de gobierno de la Cámara (la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos) por el cual se faculta a la Auditoria Superior de la Federación para que proporcione a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados la información que le permita instaurar, en su caso, los procedimientos administrativos de responsabilidades por incumplimiento de la presentación de declaraciones de situación patrimonial previstas en la ley de la materia. Al respecto, el iniciante hace este planteamiento: ¿cuántos procedimientos se han instaurado por esa causa?

Pese a los acuerdos adoptados, en la práctica parlamentaria sólo se realizan exhortos periódicos a los legisladores y los servidores públicos para conminarlos a cumplir la presentación.

Sin embargo, dicha figura jurídica no está prevista ni en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ni en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En contraposición a mi propuesta, ya se ha presentado una iniciativa con la finalidad de no considerar como infracción grave el incumplimiento a la obligación prevista en la fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley.

Resulta inconcebible que se proponga no sancionar como se debe, el incumplimiento de la ley. Esto nos llevaría al absurdo, dice, que algún día, llegar a quitar esta responsabilidad para los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión y entonces, dejar al arbitrio de los servidores públicos, cumplir un mandato previsto por la ley y como consecuencia, estaríamos echando abajo, lo hasta hoy construido en la consolidación de un Estado transparente y que rinde cuentas.

La importancia de la presente iniciativa también reside en el hecho de que como a través de ciudadanos, precandidatos y candidatos, se lava dinero, proveniente de actividades ilícitas. En este orden de ideas, ¿dónde quedarían la transparencia y rendición de cuentas?

Con esta iniciativa se pretende reformar el artículo 113 de la Ley Orgánica, con el propósito de facultar a la Contraloría interna a fin de iniciar y desahogar procedimientos administrativos contra los legisladores federales toda vez, que por incumplimiento de la presentación de la declaración inicial se impongan sanciones que consistirían en obligarle a solicitar la licencia definitiva sin la posibilidad de incorporación y llamar y tomar protesta al suplente; en lo referente a la modificación patrimonial de no realizarla en el mes de mayo se sancionaría con el descuento de tres meses de dieta.

Por lo expuesto se presenta el siguiente

Decreto

Primero. Se reforma el artículo 113, en los incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 113

1. La Contraloría Interna tendrá las siguientes atribuciones:

a) a c) ...

d) Proporcionar asesoría a los servidores públicos de la Cámara y coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Contraloría Interna está facultada y deberá iniciar y desahogar los procedimientos administrativos en contra de los legisladores federales para que, por incumplimiento de la presentación de la declaración inicial, lleve a cabo, inicie y desahogue los procedimientos administrativos e imponga la sanción consistente en la obligación de solicitarle su licencia definitiva, sin la posibilidad de su reincorporación y, una vez hecho lo anterior, llamar y tomarle protesta al legislador suplente, quien concluirá el encargo. Por lo que hace a la modificación patrimonial, de no realizarla en el mes de mayo, recibirá como sanción, el descuento de tres meses por concepto de su dieta. Si el legislador suplente no la presentare, se le comunicará que está haciendo omiso y por lo tanto también será sujeto a esta última sanción;

e) ...

f) La Contraloría Interna está facultada y deberá iniciar y desahogar los procedimientos administrativos derivados de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en contra de los servidores públicos de la Cámara por incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley, e imponer las sanciones correspondientes;

g) a n) ...

2. y 3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Análisis de la iniciativa, realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en contestación a la solicitud de opinión enviada por esta Dictaminadora respecto a la iniciativa en análisis comentó lo siguiente:

.... Tomando en consideración lo ya comentado en torno a la legislación ordinaria como fuente de Derecho Parlamentario, es de señalar que el artículo 35 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone que las atribuciones que el título tercero, “Del registro patrimonial de los servidores públicos”, da a la secretaría se confieren a las autoridades a que se refieren las fracciones I, II y VI a X del artículo 3, entre ellas la Cámara de Diputados en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a la ley y demás disposiciones aplicables. Es de destacar que la Cámara de Diputados debe aplicar las normas previstas para el incumplimiento de las obligaciones en materia de registro patrimonial prevista en esta ley.

Las sanciones por incumplimiento de las responsabilidades en materia de registro patrimonial están previstas en el artículo 37 de la ley referida y son las siguientes:

En el caso de la declaración inicial, dispone que transcurrido el plazo de sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión para la presentación de ésta y no se hubiere presentado sin que medie causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un período de quince a treinta días naturales. Asimismo, señala que en caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, se declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes.

En el caso de la declaración de modificación patrimonial no se presente durante el mes de mayo se procederá en la misma forma que con la declaración inicial.

Como se observa, la propuesta del diputado iniciante para modificar el inciso d) del artículo 113 de la Ley Orgánica prevé sanciones que va más allá de lo dispuesto en la legislación especializada, lo que podría generar un antinomia.

Finalmente, es de tener presente que un legislador electo por cualquiera de los principios que define la Constitución, no es un servidor público ordinario, sino un representante de la Nación que debe ser sujeto a los procedimientos de responsabilidad previstos por la misma.

IV. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias corresponde conocer, analizar y dictaminar las iniciativas turnadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b), y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Es de resaltar la motivación de la propuesta hecha por el diputado Felipe Arturo Camarena García pues, como menciona, busca establecer un marco jurídico que permita disciplinar la función parlamentaria, esto es, su objeto va encaminado a enriquecer la actividad legislativa, la cual finalmente debe estar enfocada al beneficio de la ciudadanía.

No obstante lo anterior, es dable hacer las siguientes observaciones:

a) Derecho de iniciar leyes y atribuciones de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados

El iniciante se refiere al precepto 71 constitucional, referente a quienes se les confiere la facultad para iniciar leyes como parte del problema a resolver, sin embargo su propuesta es referente a reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para establecer como atribuciones de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados una facultad de iniciar procedimientos administrativos y sancionadores a legisladores federales que incumplan la obligación de emitir su declaración patrimonial tanto inicial como de modificación subsecuentes.

Luego entonces, se hace la observación que está formulando un argumento que no es congruente con el objeto que persigue en la iniciativa, ya que la facultad de iniciar leyes y un procedimiento administrativo sancionador, por parte de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados se tratan de dos situaciones completamente diferentes.

Si bien no se pasa por alto que el artículo 71 constitucional fundamenta la presentación de las iniciativas por los legisladores, en el caso no se puede tomar en consideración que el proponente lo haya mencionado para fundamentar legalmente la iniciativa, ya que su alusión a este precepto constitucional la hace dentro del apartado y en clara referencia al problema que pretende solucionar con la iniciativa, por lo que la propuesta no cuenta con una adecuada técnica legislativa.

b) Determinación constitucional de servidores públicos

El título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado,1 establece que para efectos de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos considerará como tales a los representantes de elección popular, esto es, con independencia de que el cargo que les fue conferido a los diputados no fue por nombramiento, sino por la voluntad de los electores, cuando en el desempeño de sus funciones realice actos o sea omiso en ellos serán considerados servidores públicos.

La Carta Magna2 señala que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Incluso, la norma fundamental es más específica, pues considera que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

De lo expuesto en los párrafos que anteceden y con relación a la propuesta que se dictamina, discernimos lo siguiente:

1. Los diputados, aun cuando son elegidos para desempeñar sus funciones a través de una elección, constitucionalmente tienen el carácter de servidores públicos.

2. Como servidores públicos los diputados se regirán por las disposiciones legales que al efecto hubiera, en tratándose de posibles responsabilidades administrativas.

3. La Constitución señala que las sanciones por los actos u omisiones en el encargo de los representantes populares (servidores públicos) podrán ser una suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas.

c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Toda vez que se ha señalado que la norma fundamental establece a quienes serán reconocidos como servidores públicos, y en virtud de la estrecha relación también es pertinente aludir a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene por objeto precisamente reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este ordenamiento se establece primeramente la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial, donde se incluye a los diputados.

De la misma forma se establece en que plazos deberá hacerlo y las sanciones que habrán de imperar en el caso de no cumplir con tal obligación.

Se establece como sanción precisamente la suspensión al infractor del empleo, el encargo o la comisión por un periodo de 15 a 30 días naturales.

Igualmente, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes y finalmente contempla que para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de conclusión de encargo, se inhabilitará al infractor de seis meses a un año.

Sumado a ello, también se establece que el servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento respectivo, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.

Esto es, legalmente ya se encuentra contemplado el supuesto que el diputado propone en su iniciativa e incluso ya se cuenta con sus respectivas sanciones en caso de ser omiso en cumplir con tal obligación (presentación de declaración patrimonial).

Es pertinente también tomar en cuenta la opinión emitida por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados que, con relación a la propuesta en comento realizara y en lo conducente señala:

... Es de tomar en cuenta que existen procedimientos previstos en la legislación federal ordinaria que impactan en la organización y funcionamiento de las Cámaras del Congreso. Lo anterior se debe a que la legislación ordinaria es una fuente importante del derecho parlamentario; es de tener en cuenta que si bien el Congreso cuenta con autonomía de regulación en materia de organización y funcionamiento, ésta no puede extenderse a las materias, ya reguladas por las leyes ordinarias.

Sobre este problema, Michela Manetti señala que el Reglamento (parlamentario), en referencia a la legislación de producción autónoma por las Cámaras, tiene como objeto exclusivo la disciplina de las relaciones entre sujetos político-parlamentarios, por lo que todas las relaciones que se refieran a otras materias, o referidas a terceros no son de su competencia, y encuentran su fundamento en las leyes. Como puede observarse, las materias normadas por el Parlamento, que no constituyen una función esencial de éste y que siguieron el procedimiento legislativo ordinario, no deben ser objeto de legislación parlamentaria especial. En los casos en que haya legislación general, el Parlamento debe aplicarla limitándose a reglamentarla de ser necesario.

Diversas normas ordinarias pueden repercutir en el funcionamiento de las Cámaras, en especial en materia administrativa; tal es el caso de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que es uno de los más claros ejemplos de la legislación ordinaria que se aplican en el ámbito administrativo interno de la Cámara de Diputados. En materia de responsabilidades administrativas, se puede observar una limitación de la autonomía normativa del Congreso, ya que esta legislación, eminentemente administrativa, se aplica al interior de la Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 108 de la Constitución, reformado en noviembre de 2007, y 3o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala:

En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente ley:

I. Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;

Con lo que se establece la obligación de aplicar la legislación federal en el interior de las Cámaras.

...

... se puede concluir que los órganos del Congreso deben aplicar la legislación administrativa ordinaria y sólo de ser una cuestión esencial para la actividad parlamentaria crear legislación específica...

A mayor abundamiento, la misma Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 113 que se está proponiendo reformar, contempla claramente en el inciso d) (que incluso alude en su proyecto de decreto el proponente) lo siguiente:

d) Proporcionar asesoría a los servidores públicos de la Cámara y coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

Esto es, establece que la Contraloría Interna vigilará el registro y dará seguimiento a la evolución patrimonial y que ello se hará en términos de la mencionada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es decir, remite a las disposiciones de dicho ordenamiento y entre ellas se encuentran contemplados los procedimientos y sanciones referentes a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

El Reglamento de la Cámara de Diputados señala como obligaciones de los diputados presentar su declaración patrimonial y que deben acatar las sanciones que establece dicho Reglamento y otros ordenamientos aplicables, de lo que podemos observar que en este marco legal sólo se refiere lo anterior porque efectivamente las cuestiones administrativas en torno a la presentación, procedimiento y sanción en caso de ser omiso con la obligación de presentar declaración patrimonial inicial, modificación e incluso de fin de encargo, se encuentran previstas en la multicitada Ley de Responsabilidades Administrativas.

Lo que propone el diputado iniciante ya se establece tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por tanto, si el problema es que no se cumple la obligación de presentar la declaración patrimonial por los diputados o no se les sanciona por ello, su propuesta no sería la solución viable a tal problemática, por el contrario, crearía mayor confusión el hecho de establecer en dos ordenamientos sanciones para la misma conducta u omisión y no tendría una eficaz aplicación.

En ese sentido si fuese aprobado lo propuesto por el diputado iniciante, se estaría contribuyendo a crear lo que en técnica legislativa se conoce como normas redundantes.

Esto es, de aprobar la propuesta del diputado se estarían prescribiendo otra solución para el mismo caso, lo cual invariablemente conduciría a una innecesaria superabundancia de normas, haciendo más difícil el manejo de tales disposiciones.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo.Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Notas:

1 Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, 2015.

4 Artículo 36, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

5 Artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

6 Artículo 8, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

7 Artículo 8, fracción XIX, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

8 Bulygin, Eugenio. “Teoría y técnica de la legislación”, en Elementos de técnica legislativa, obra citada, página 91.

9 Ídem.

Así lo resolvieron el 21 de abril de 2015 los integrantes de

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Roberto López Suárez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García, Rubén Camarillo Ortega, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 85 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de abril de 2015, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 85 BIS a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha 10 de abril del año en curso, a través del oficio No. D. G. P. L. 62-II-5-2702, de fecha 9 de abril del presente año y mediante el número de expediente 6494.

II. Contenido de la iniciativa

1. El diputado promovente argumenta, que México es potencia mundial en diversos deportes, así lo demuestran los resultados que varias representaciones nacionales han obtenido en competencias de varias disciplinas, baste para sustentar esto con una revisión de logros de 2012 a la fecha.

2. Asimismo manifiesta, que nuestro país tiene el potencial para desarrollar deporte amateur y profesional competitivo a escala mundial; se tiene la décima primera población en el mundo (casi 120 millones de habitantes), no obstante que –con datos de 2012- apenas México figura en el grupo de los 40 países más competitivos. Se tiene el talento pero falta desarrollo y promoción en materia deportiva.

3. Por otra parte comenta que México cuenta con algunos de los clubes deportivos con mayores ganancias en deporte profesional en el mundo; de acuerdo con la revista Forbes (enero, 2014), nuestro país tiene cuatro de los diez más valiosos del continente americano.

Esto significa que nuestro país ha desarrollado un gran mercado interno para el espectáculo deportivo –en particular, el fútbol– con la evolución de una economía a escala global que incluye boletería, transmisión de eventos, comercialización de publicidad, venta de artículos deportivos e incluso bebidas (con y sin alcohol), etcétera. Pero tristemente dichas millonarias ganancias no han impactado directamente en la ampliación de la preparación de futuros jugadores profesionales.

Tan es así que, de acuerdo con investigaciones de los reporteros Beatriz Pereyra y Raúl Ochoa, del hebdomadario Proceso, “de los 462 futbolistas registrados en los 18 clubes de la Liga MX, 125 son extranjeros y naturalizados mexicanos, lo cual representa 27% del total de jugadores que integran la Primera División”. Es decir, dichos clubes profesionales, ante la falta de talentos desarrollados en sus “canteras” o escuelas deportivas de preparación de futuros jugadores profesionales, han tenido que “importar” figuras de otros países que presentan ante el mercado como “mexicanos naturalizados” o de plano “extranjeros”, por los cuales invierten cuantiosas fortunas que ya rondan los millones de dólares por jugador.

Esta cantidad de dinero, si fuera inyectada en las “canteras” de sus equipos, podrían lograr más de un jugador valioso y talentoso.

4. Asimismo, el diputado Villanueva sostiene, que es tal la situación que se ha llegado al punto de tener, en el caso del fútbol, modificaciones a las reglas de la Liga MX en el Torneo de Clausura 2014 para facilitar la contratación de jugadores naturalizados; en palabras de Decio de María Serrano, Presidente de la Liga MX, “hoy en día cualquier jugador que cumpla diez temporadas hasta el Torneo Clausura 2014 y tenga el pasaporte se considera como mexicano, a partir del Apertura 2014 está puesto que cualquier jugador que obtenga su pasaporte contará con su cupo de mexicano, esa es la regla”. Con lo anterior, además de que se superponen limitaciones constitucionales, habría equipos como los Xolos de Tijuana que podrían tener su plantilla con el 95% de extranjeros, de acuerdo con la investigación del reportero de Medio Tiempo, José María Garrido; de esta forma, “los extranjeros que deciden naturalizarse encuentran mayor número de facilidades para jugar como mexicanos en la actualidad”.

5. De igual forma sostiene, que en respuesta a solicitud de información pública que el suscrito realizó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “... del año 2001 al 2014, se han naturalizado 66 futbolistas de un universo de 56,205 personas...”.

6. El diputado promovente aclara, que la presente iniciativa no tiene pretensiones calificables como “xenófobas” o “globalifóbicas”, sino que, en el marco de las garantías constitucionales para toda persona que viva en suelo mexicano, busca mayores ventajas competitivas para quienes desean hacerse de una carrera profesional deportiva en el país; más aún, persigue que los mismos equipos profesionales obtengan mejores resultados a través de una mejor inversión en potenciales cuadros nacionales que tengan mayor estabilidad y mayor compromiso en su vida laboral.

7. Afirma también, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, párrafo décimo tercero, establece que “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”. En otras palabras, se reconoce la práctica deportiva y su acceso a la misma como un derecho social comparable con la educación, la alimentación, la vivienda y la salud, entre otros, mientras que se responsabiliza al Estado mismo la garantía a su asequibilidad.

Ese mismo argumento sirve para defender la postura de promover el deporte profesional como una forma digna de vida para los mexicanos.

8. Sostiene en su iniciativa, que uno de los propósitos de la creación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte fue precisamente “fomentar equitativamente el desarrollo de la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud y disminución de enfermedades; prevención del delito; y se incentiva la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y deporte, así como se ordena y regula el deporte civil”. Es decir, hubo intención de los legisladores ese año de utilizar tanto la promoción deportiva, la garantía del deporte social y la inversión pública y privada, como palancas de desarrollo para crear mejores condiciones de vida para los mexicanos.

Por lo mismo, resulta inapelable que en el mismo texto de la ley marco del deporte nacional exista la promoción de la “cantera” en equipos vía la limitación –no la prohibición- para contratar jugadores profesionales no mexicanos por nacimiento; esto, sin perjuicio de los derechos que toda persona tiene en territorio nacional. Esto a mediano y largo plazos dará mejores resultados a los equipos y abrirá una ventana para el desarrollo integral de más mexicanos en materia deportiva profesional.

Bajo estas consideraciones la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 85 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Texto vigente

Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Propuesta de adición

Artículo 85. ...

Artículo 85 Bis. En el deporte profesional, por cada diez jugadores profesionales podrá contratarse máximo un deportista extranjero o mexicano naturalizado.

Transitorios

Único: La presente entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Análisis, discusión y valoración de la iniciativa

En la reunión extraordinaria de la Comisión de Deporte de fecha 20 de abril de 2015, las y los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen.

La iniciativa objeto del presente dictamen, basa su argumentación con base en el estricto apego a las garantías constitucionales, que son aplicables a toda persona que viva dentro del territorio nacional y que busque ventajas competitivas en el caso de consolidar una carrera deportiva profesional.  En este tenor, la propuesta motivo del presente análisis tiene como fin último, que los equipos profesionales de futbol soccer obtengan mejores resultados a través de una mejor inversión en potenciales cuadros nacionales que tengan mayor estabilidad y mayor compromiso en su vida laboral.

En tal virtud, invoca el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al derecho de toda persona al acceso a la cultura física y a la práctica del deporte y la obligación del Estado a promover, fomentar y estimular esta materia, de conformidad con las leyes aplicables al caso.

Si bajo la premisa de reconocer la práctica deportiva y el acceso a ésta como un derecho social, comparable con la educación, la vivienda o la salud, por mencionar algunos, luego entonces, el diputado basa su postura en la obligación del Estado, de promover el deporte profesional, como una forma digna de vida para los mexicanos.

Al respecto es necesario acotar, que el presente asunto responde al ámbito enteramente privado y de competencia de las federaciones y asociaciones deportivas, lo cual se encuentra respaldado en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en el segundo párrafo del artículo 50 que establece la atribución de las Asociaciones Deportivas Nacionales, de regular su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la Ley de la Materia y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, el artículo 52 de la Ley en comento, reconoce a las Asociaciones Deportivas Nacionales como la máxima instancia técnica de su disciplina y representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva Federación Deportiva Internacional.

En este orden de ideas, la iniciativa pretende bajo los argumentos constitucionales; establecer la integración de equipos de futbol soccer, aspecto que es de competencia de órganos constituidos conforme al derecho privado, como un asunto de interés nacional, a la par del derecho a la cultura física y el deporte, que por mandato de nuestra Carta Magna, debe ser garantizado a toda persona que se encuentre dentro del Territorio Nacional.

Si bien es un asunto que en virtud de sus alcances masivos es de la mayor relevancia tanto a nivel nacional como internacional, es de hacer mención que iniciativas similares se han presentado en diferentes países, como es el caso de Argentina y no han prosperado en razón de que al ser un tópico enteramente técnico deportivo, regular el número de deportistas extranjeros que deben ser integrantes de un equipo o delegación deportiva, se considera una intervención gubernamental en temas que deben ser regulados exclusivamente por el derecho privado.

De igual forma es necesario puntualizar, que el deporte por su naturaleza es competitivo, se busca en todo momento la superación de quien lo practica y es por esta misma naturaleza, que no sólo en el futbol soccer, sino en diversas disciplinas; se permite la participación de deportistas extranjeros como integrantes de un equipo o delegación que representa a nuestro país en diversas competiciones tanto de carácter nacional como internacional.

En otras palabras, no se limita la participación de deportistas nacionales, en el contexto del deporte esta práctica constituye una opción abierta a todos los deportistas con cualidades destacadas en determinada disciplina deportiva, prueba de ello es el caso de diversos futbolistas mexicanos que son contratados en diversos equipos europeos para formar parte de su alineación para una o varias temporadas.

Otro aspecto que merece tenerse en consideración, es que el nivel deportivo de las y los deportistas mexicanos es de tal calidad, que actualmente es posible competir y practicar cualquier disciplina deportiva en igualdad de condiciones, bajo los mismos estándares y con excelentes resultados e incluso superiores en algunos casos, a los de cualquier deportista extranjero.

Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 85 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en virtud de la valoración señalada.

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de dos mil quince.

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Fidel Bazán Tenorio, María de los Ángeles Sánchez Lira (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), secretarios; Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Tomás Brito Lara, José Guadalupe García Ramírez, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Ana María Gutiérrez Coronado (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), Alejandra López Noriega, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Ignacio Ramírez Juárez (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Gildardo Sánchez González (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia de primeros auxilios

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 4 de noviembre de 2014, los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica los artículos 8 y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por los diputados María del Rocío Corona y Rafael González, trata sobre la importancia de la capacitación de los profesores de educación básica en el tema de los primeros auxilios.

Los promoventes mencionan que todos los estudiantes de educación básica deben gozar de seguridad y de la garantía de integridad en las aulas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los accidentes se generan principalmente en los planteles de educación primaria con un 55%, mientras que en la secundaria se generan en un 35%. Los diputados indican que en las aulas se registran cada vez más accidentes como caídas, quemaduras, intoxicación, asfixia y ahogamiento por parte de los estudiantes, por tanto, se requiere una intervención inmediata de personal calificado con los conocimientos en primeros auxilios.

“Los primeros auxilios como los define la Cruz Roja Mexicana son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. Su carácter inmediato radica en su potencialidad de ser la primera asistencia que esta victima recibirá en una situación de emergencia”.

La atención inmediata y correcta del estudiante permite que se aminore la gravedad del accidentado o del enfermo. Por ello, los diputados consideran que la persona responsable en brindar los primeros auxilios es el profesor.

Es por ello, que todos los profesores deben adquirir los conocimientos en primeros auxilios. “Conocimientos que además de servirles en las aulas durante su jornada laboral y entre sus compañeros, también les serán de utilidad en su vida familiar y cotidiana”.

Con base en los anteriores argumentos, los diputados proponen la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Único. Se adiciona una fracción XX al artículo 8, recorriéndose en su orden las subsecuentes; y se adiciona una fracción IX al artículo 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. a XIX. ...

XX. Emitir los procedimientos y mecanismos para la acreditación y certificación de la capacitación a que se refiere la fracción IX del artículo 13 de esta ley, y

XXI. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 13. ...

I. a VIII. ...

IX. Fortalecer las condiciones de seguridad e integridad física de cada individuo, ejecutando programas para el personal docente sobre capacitación obligatoria para reconocer y atender lesiones y emergencias de primeros auxilios en menores de 15 años de edad.

...

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, el tema sobre la capacitación y actualización de los docentes, es un tema que se considera en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Uno de los propósitos del Servicio Profesional Docente es “garantizar la formación, capacitación y actualización continua del Personal del Servicio Profesional Docente a través de políticas, programas y acciones específicas” (fracción VII, artículo 13). Además, a las Autoridades Educativas Locales de la Educación Básica les corresponde “ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional” (fracción VIII, artículo 8).

De igual manera, la dicha Ley General, tiene un apartado específico sobre las condiciones institucionales para llevar a cabo la formación continua, la actualización y el desarrollo profesional. En el capítulo I del Título Cuarto se decreta que el Estado es quién proveerá lo necesario para que se logré la formación continua. Asimismo, las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados ofrecerán programas y cursos, conforme a las condiciones determinadas en el artículo 60 de la Ley en mención.

En lo que respecta a la formación de docentes en el tema de primeros auxilios, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el acuerdo que establece los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación se determina que el Consejo Escolar “llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar” (inciso i, artículo 33). Asimismo, si se requiere, el Consejo Escolar dispondrá de Comités para la atención y seguimiento de temas prioritarios o programas específicos (artículo 39). Uno de los Comités de Participación Social es el de Protección Civil y Seguridad Escolar. Éste Comité tiene como objetivo:

1. “Disminuir los factores de riesgo a la integridad física y la seguridad de los miembros de la comunidad escolar.

2. “Fortalecer los factores de protección que permitan la anticipación, la atención y la superación de situaciones que puedan poner en peligro la seguridad e integridad física, y

3. “Disminuir el impacto de las contingencias que no puedan evitarse, como es el caso de desastres naturales”.1

Una de las funciones específicas del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar es “promover acciones formativas y preventivas, como la realización de simulacros o la capacitación en protección civil y primeros auxilios”.2 Cabe señalar que las acciones formativas son impartidas tanto a alumnos, profesores como a padres de familia.

También es importante destacar, que en el Manual de Seguridad Escolar del Programa de Escuela Segura que lleva a cabo la SEP, establece que el proyecto de seguridad escolar del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar debe permitir “comprender los riesgos, en la medida de lo posible prevenirlos y, en su caso, reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia”.3 Para ello, debe generar vínculos entre escuela, familia e institución a favor de la seguridad, así como la “promoción de simulacros y capacitaciones en primeros auxilios y las acciones pertinentes para el pronto restablecimiento de la vida cotidiana de la escuela después de una contingencia”.4

Con lo anterior puede apreciarse que la preocupación por el tema de los primeros auxilios se encuentra atendida por la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Secretaría de Educación Pública facultada para ello, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia de primeros auxilios.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 SEP (2015) Consejos Escolares de Participación Social. Recuperado el 15 de abril de 2015, desde: http://www.consejosescolares.sep.gob. mx/es/conapase/Objetivo_del_Comite_2

2 SEP (2015) Funciones específicas del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Recuperado el 15 de abril de 2015, desde: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/es/conapase/Funciones_especificas2

3 SEP (2012) Manual de Seguridad Escolar. Recuperado el 15 de abril de 2015, desde: http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/guias/ManualSeguridadSep12.pdf

4 Ídem. Pág. 10.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Roberto López González (rúbrica), presidente; Leticia Salas López (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica).»

VOLUMEN III

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de instalaciones para la práctica del deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el día 15 de diciembre de 2014, el diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación (LGE) y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa que presenta el diputado Fernando Larrazábal muestra preocupación por el tema de la obesidad y sobrepeso en los niños de educación básica; y por las instalaciones que ofrecen los planteles escolares para la práctica del deporte.

El diputado alude que a partir de 2007 se reconoció como problema de salud pública, el sobrepeso y la obesidad de la población mexicana. De acuerdo con el informe sobre obesidad y economía de la prevención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México está en el primer lugar con este problema.

Según la Encuesta de Salud y Nutrición 2012, mostró que en los niños menores de cinco años presentan una prevalencia de sobrepeso y obesidad en un 9.7 por ciento.

La Secretaría de Educación Pública como compromiso ante la Organización Mundial de la Salud, establece el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), estrategia contra el sobrepeso y la obesidad con la participación activa de los sectores social, académico y privado, misma que se caracterizó por atribuir como una de las causas del sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y la escasa actividad física”.

Sin embargo, los planteles escolares no cuentan con los espacios recreativos y deportivos según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial CEMABE 2013, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por ello, la iniciativa que propone el diputado trata de “garantizar la existencia de espacios o áreas destinadas para la práctica de algún deporte, en las instalaciones destinadas para impartición de la educación”.

Con base en los anteriores argumentos, el diputado propone la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 55. ...

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y para la práctica del deporte que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. ...

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y para la práctica del deporte que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizarán la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública ; y de un área destinada para la práctica del deporte, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública contará con 180 días hábiles para la publicación de los lineamientos en materia de áreas destinadas a la práctica de algún deporte.

Tercero. Las instituciones educativas del estado, sus organismos descentralizados y los particulares que impartan educación inicial, tendrán un plazo de 360 días hábiles, para que sus instalaciones cuenten con áreas destinadas a la práctica de algún deporte.

Cuarto. Las escuelas móviles, sin construcción e inmuebles, donde únicamente se proporciona el servicio comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quedarán excluidas del cumplimiento del presente Decreto, lo cual deberá ser considerado en el contenido de los lineamientos en materia de áreas destinadas a la práctica del deporte, que deberá emitir la Secretaría de Educación Pública.

III. Consideraciones generales

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, el tema de la práctica del deporte en los planteles escolares de Educación Básica, es un tema que se ha tratado de manera exhaustiva en las diversas legislaciones. En la Ley General de Educación (LGE) existen artículos que establecen la educación física y la práctica del deporte como un tema prioritario en los estudiantes. En el artículo 7º de la LGE, se establece como fin de la educación el “fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte”. Y en la fracción IX del artículo 14 se establece como una atribución exclusiva de las autoridades federales y locales de manera concurrente, el fomento y la difusión de actividades físico-deportivas.

Además, es importante señalar, que en esta misma legislatura, con la Reforma Educativa aprobada el 11 de septiembre de 2013, se estableció que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, “establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural” (fracción XVI del artículo 33 de la LGE).

En lo que respecta a las instalaciones con áreas destinadas a la práctica de algún deporte, se requiere mayor presupuesto para establecerlas, por lo que el promovente necesita realizar una propuesta de ingreso de recursos. En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior”.

Con lo anterior puede apreciarse que la preocupación del promovente se encuentra atendida por la Ley General de Educación, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación, y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación, y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de instalaciones para la práctica del deporte.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Roberto López González (rúbrica), presidente; Leticia Salas López (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica).»

LEY GENERAL DE POBLACION Y LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, y de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 107 de la Ley General de Población y 324 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Población y de Salud de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 107 de la Ley General de Población y reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.

Las Comisiones Unidas de Población y de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80,82, numeral 1 ,85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, las comisiones dictaminadoras realizan las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 14 de octubre de 2014, la diputada Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 107 de la Ley General de Población y reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.

2. El Presidente de la Mesa Directiva, en esa misma fecha acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Población y de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Asimismo, la Mesa Directiva, mediante oficio de fecha 12 de enero de 2015, autorizó a estas comisiones unidas prórroga hasta 30 de abril, para dictaminar el asunto en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la iniciativa

Establecer que el donador de órganos deberá expresar su consentimiento para serlo, en la Cédula de Identidad Ciudadana y a falta de ésta, podrán hacerlo el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

A) Primero. Se adiciona una fracción al artículo 107 de la Ley General de Población.

B) Segundo. Se reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.

III. Consideraciones

Primera.En razón de la naturaleza de la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, se debe considerar que fue diseñada exclusivamente con fines de identificación sin ningún carácter de obligatoriedad, por lo que resulta inviable la inclusión de un propósito diverso y con fines encaminados al sector salud, cómo puede ser la donación de órganos y tejidos y el grupo sanguíneo.

Segunda. Es pertinente señalar que el artículo 329 de la Ley General de Salud establece que el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.

Tercera. En razón a lo anterior el pasado 21 de agosto del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se da a conocer el formato oficial para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes, así como el formato para manifestar la negativa expresa a ser donador.

Cuarta. Cabe señalar, que desde mayo del año 2000 se incorporó en la legislación federal el concepto de donación tácita, y es hasta la fecha la manera más recurrente y funcional en los procesos de donación de órganos y tejidos en los establecimientos de salud autorizados en el país; en la práctica, un coordinador hospitalario de la donación se acerca a la familia del potencial donante para solicitar su consentimiento, sin que se lleve a cabo ninguna búsqueda para saber si esa persona ha señalado en algún momento su deseo de donar, o en su caso su negativa para hacerlo. Es entonces que en el proceso recibe mayor relevancia el consentimiento familiar. En este sentido, la legislación sanitaria en el artículo 324 de la propia Ley General de Salud dispone la existencia del consentimiento tácito, es decir, que cuando el donante se abstenga de manifestar su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, y se obtenga el consentimiento de sus familiares y será considerado donador.

Quinta. Finalmente es importante mencionar que nuestra legislación otorga la posibilidad para que una vez que haya sido manifestado el deseo para ser donante de órganos y tejidos, éste podrá ser revocado en cualquier momento, razón por la que resultaría poco práctico para un ciudadano tener que realizar un trámite adicional para solicitar que su Cédula de Identidad Ciudadana sea modificada o sustituida.

Con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocaron a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto en referencia, por lo que someten a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 107 de la Ley General de Población, y reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 14 de octubre de 2014.

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de dos mil quince.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

La Comisión de Población, diputados:Javier López Zavala (rúbrica), presidente; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), secretarios; María Elia Cabañas Aparicio, Rodrigo Chávez Contreras, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Carlos Alberto García González, Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Yatziri Mendoza Jiménez (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica) José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de creación de distritos escolares

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 11 de noviembre de 2014, la diputada Ana Paola López Birláin, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Ana Paola López trata de otorgar a las entidades federativas de facultades para que se establezcan Distritos Escolares que permitan dirigir e impulsar la mejora continua en la educación. Dichos distritos se determinarán conforme a la población matriculada y los recursos humanos y materiales existentes en cada una de las entidades.

La Promovente propone que para los distritos escolares estén encabezados por un superintendente que lleve a cabo la función administrativa del Sistema Educativo Nacional. La creación de los Distritos se llevará a cabo a través de convenios entre la federación y las entidades federativas; su finalidad “radica en fortalecer la función administrativa a través del empoderamiento de los directores de escuela”. Aunque esto significará que se realice un re-estructuración administrativa más amplia.

“La labor cotidiana del director de un plantel tiene una carga de trabajo tal que le impide cumplir adecuadamente con la función de impulsar, medir que es muy importante y generar resultados en cuanto a la mejora continua para lograr un mayor aprendizaje”. Por lo que la diputada considera que se amplíe la estructura organizacional del Sistema Educativo Nacional creando Distritos Escolares, con la finalidad de lograr la mejora de la educación.

En suma, en esta iniciativa se “propone la instauración de los distritos escolares en las entidades federativas como una instancia encargada de la aplicación del Sistema Nacional de Gestión de la Calidad Total en la Educación”.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Único. Se reforman la fracción segunda del artículo 13, el último párrafo del artículo 14 y el tercer párrafo del artículo 48; y se adicionan un último párrafo al artículo 14 y los artículos 31 Bis 1 a 31 Bis 3 de la sección 5 “De la mejora continua en la educación” dentro del capítulo II sobre el federalismo educativo de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. ...

II. Proponer a la secretaría los contenidos regionales y distritales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

III. a la IX. ...

Artículo 14. ...

I. a XIII. ...

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, así como para la creación de distritos escolares en las entidades federativas que atiendan las particularidades de la población estudiantil local y permitan la participación de la sociedad, a través mecanismos de participación social establecidos en esta ley.

Los convenios no podrán comprender las actividades que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13, respectivamente.

Capítulo IIDel Federalismo Educativo

Sección 5.- De la Mejora Continua en la Educación

Artículo 31 Bis 1. La Secretaría de Educación Pública implantará el Sistema Nacional de Gestión de la Calidad Total en la Educación. Los mecanismos administrativos que aplique la secretaría para generar procesos de mejora continua corresponderán a las etapas del proceso de planeación, organización, dirección y control del sistema educativo de calidad.

Los indicadores para la medición del desempeño en la función docente serán elaborados por la secretaría en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Artículo 31 Bis 2. Las entidades federativas organizarán los distritos educativos cuyo objeto será llevar a cabo las actividades inherentes a la mejora continua en la educación atendiendo a las características especiales de cada región.

Artículo 31 Bis 3. En la planeación estratégica para asegurar la mejora continua en los procesos educativos cada escuela establecerá la visión, misión, objetivos, metas, políticas de calidad educativa en sus diferentes niveles organizacionales en armonía con los planes y programas expedidos por las autoridades educativas.

Artículo 48. ......

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales y distritalesque –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– permitan atender las necesidades la población estudiantil local.

......

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La administración distrital será parte del sistema educativo nacional, por lo que su adopción por las entidades federativas se deberá llevar a cabo de forma armónica con lo establecido en esta ley y en los lineamientos generales que de ésta derivan.

Tercero.La Secretaría de Educación Pública instaurará el sistema nacional de gestión de la calidad total en la educación en un plazo de 180 días hábiles.

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, está de acuerdo que una de las garantías de todo individuo es el recibir educación de calidad y que todos tengan las mismas oportunidades para de acceso a ella (artículo 2, LGE). Sin embargo, uno de los puntos esenciales para este tipo de iniciativa, en el que se requiere mayor presupuesto para la ampliación de la estructura organizacional del Sistema Educativo Nacional, se necesita que la promovente realice una propuesta de ingreso de recursos. En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior”.

El Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, establece que existe un impacto presupuestario, como primer punto, el salario para el superintendente que estará a cargo del Distrito Escolar, así como el mobiliario y equipo para cada uno de los Distritos.

Para determinar el número de distritos, se considera como base el número de zonas escolares, en este momento son aproximadamente 5 mil 948. Las adquisiciones de mobiliario y equipo para los distritos en mención asciende a 228 millones 958 mil 988 pesos considerando Escritorios, sillas, archiveros, libreros, computadoras, teléfonos digitales, etc. Esta estimación es el gasto de inversión.

En lo que respecta al salario de todos los superintendentes ascendería a 2 mil 701 millones de pesos, considerando que el sueldo de un Inspector de Zona de Enseñanza Primaria es de 454 mil 77 pesos anuales. Esta estimación representa al gasto corriente.

Por tanto, “el costo total de la implementación de distritos escolares en las entidades federativas ascendería a 2 mil 929.9 millones de pesos”.1

Por otro lado se propones adicionar un último párrafo al artículo 14 de la Ley General de Educación, en el que se establece la posibilidad de que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa puedan celebrar convenios –entre otras cosas-, para la creación de distritos escolares en las entidades federativas que atiendan las particularidades de la población estudiantil local y permitan la participación de la sociedad, atreves, de mecanismos de participación social establecidos en la misma, al respecto esta comisión dictaminadora considera que.

a) La redacción del citado párrafo y la propuesta del artículo 31 Bis 2, resultan contradictorias, ya que el artículo 14 establece como optativa la creación de distritos escolares, sin embargo el segundo precepto prevé su creación como obligatorio para las entidades federativas.

b) también resulta oportuno observar que la adición en comento al artículo 14,   no establece su respectiva reforma o correspondencia con el Capítulo VII de la Ley General de Educación denominado “De la Participación Social en la Educación”, toda vez que no se proponen mecanismos para que la sociedad participe en la operación de los distritos escolares.

Adicionalmente a lo anterior, la propuesta no establece una definición sobre los objetivos, la integración, las funciones y el ámbito competencial con que contaran los referidos distritos escolares.

Por otra parte, en el primer párrafo del artículo 31 Bis 1 propuesto, se establece la inserción del Sistema Nacional de Gestión de la Calidad Total en la Educación, sin que se establezcan igualmente los objetivos y mecanismos de operación que va a perseguir dicho sistema.

En este mismo párrafo segundo del artículo 31 Bis 1 propuesto, se establecen indicadores de medición del desempeño de la función docente, que estarían elaborados por la Secretaria de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, sin embargo resulta innecesaria la adición anterior, ya que ello se encuentra previsto por el Título Segundo, Capitulo VIII denominado “De la Permanencia en el en el Servició” (artículos 52 a 54) de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que distribuyen la competencias a cada uno de los órganos y entidades involucradas, así como la evaluación del desempeño de los docentes, directivos y supervisores en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 apartado G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero.  Se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de creación de distritos escolares.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Cámara de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2015) Impacto presupuestario. Pp. 4.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Roberto López González (rúbrica), presidente; Leticia Salas López (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 8o. y 65 de la Ley General de Educación, en materia de salud psicofísica

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el día 3 de diciembre de 2014, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presento la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica los artículos 7º, 8º y 65 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada María de Jesús Huerta, muestra preocupación por los problemas que se están suscitando en los adolescentes y jóvenes de entre 15 a 19 años, principalmente dos situaciones desfavorables, las cuales son: el fenómeno conocido como “nini”, es decir, personas que no estudian y no trabajan; y el suicidio.

La proponente, menciona que muchos estudios han establecido una relación entre el desempleo y la salud mental, por lo que esto afecta de sobremanera a la sociedad. Uno de los problemas de salud mental que aquejan a los adolescentes y jóvenes es el suicidio.

“El suicidio en adolescentes y jóvenes es una realidad cada vez más latente en el país. En 2011 se registraron 859 suicidios en adolescentes de 15 a 19 años, lo que representa una tasa de 7.7 muertes por cada 100 mil adolescentes”.

En suma, esta iniciativa propone el fortalecimiento de la función social educativa y la prevención de la salud psicofísica de los adolescentes y jóvenes del país.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se reforma las fracciones X y XVI del artículo 7o., el primer párrafo del artículo 8o. y la fracción III del artículo 65 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. al IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud física y mental, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI. al XV. ...

XVI. Realizar acciones educativas y preventivas , con la colaboración o auxilio de las autoridades de seguridad pública, salud y laborales competentes, a fin de:

a. Evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

b. Identificar, gestionar y en su caso atender sintomatologías de conducta suicida en menores de dieciocho años de edad.

c. Reconocer, atender y apoyar a menores de dieciocho años en riesgo de deserción escolar.

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia tanto individual como grupal del educando, y especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a garantizar los principios rectores de protección de niñas, niños y adolescentes ya la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. al IV. ...

Artículo 65....

I. al II. ...

III. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos , la atención y el apoyo de aquellos con conductas suicidas o en riesgo de deserción escolary en el mejoramiento de los establecimientos educativos.

IV. a XII. ...

III. Consideraciones generales

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, está de acuerdo que los adolescentes y jóvenes deben tener derecho a la protección de la salud (artículo cuarto constitucional). Sin embargo, existen normas que permiten que los niños, adolescentes y jóvenes gocen de esta garantía en la Ley General de Educación.

En primer término el desarrollar actitudes favorables para la preservación de la salud es un fin de la educación. La salud no sólo física y mental sino también nutricional y sexual. El estudiante en la escuela debe desarrollar “conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias” (fracción X, artículo séptimo).

En lo que respecta al suicido, en la escuela se tomarán medidas para que los menores de edad tengan “protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad” (artículo 42 de la LGE).

Para ello, los docentes y el personal que trabaja en los planteles escolares tomarán cursos sobre los derechos de los educandos y así protegerlos ante cualquier forma de “maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación” (ídem).

Además, los Consejos escolares de participación social, sensibilizarán a la comunidad y “propiciarán la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos” (inciso f, artículo 69). Además “opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos” (inciso l, artículo 69).

Con lo anterior, puede apreciarse que la preocupación del promovente se encuentra atendida por la Ley General de Educación, por consiguiente no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 7º, 8º y 65 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforman el artículo 7º, 8º y 65 de la Ley General de Educación, en materia de salud psicofísica.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Roberto López González (rúbrica), presidente; Leticia Salas López (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Guadalupe Jaramillo Villa (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes, Víctor Sánchez Guerrero.»

LEY DE AEROPUERTOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la minuta”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

I.1. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores en fecha 13 de octubre de 2005, el entonces senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

I.2 El Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

1.3. El 16 de marzo de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió Minuta y dictó el siguiente trámite: “Recibo y túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes”.

I.4. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de octubre de 2013, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 182, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva modifica el trámite dictado a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos, turnándola sólo a la Comisión de Transportes, para su dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-8-2436, expediente 5288.

II. Contenido de la minuta

La Minuta que se dictamina proviene de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos presentada por el senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Su propósito es realizar diversas reformas a la Ley de Aeropuertos con la finalidad de desarrollar la infraestructura aeroportuaria en el país. Orientando facultades para el otorgamiento de concesiones aeroportuarias, para el otorgamiento de permisos para la operación de aeródromos de servicio.

El Senado aprobó la siguiente redacción para los artículos a reformar:

Artículo 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, promoviendo la competencia y desarrollo de prestadores de servicios de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

II-XII. ...

Artículo 11. Las concesiones a que se refiere esta sección se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:

I. ...

II. Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales, expedirá la convocatoria o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición. La Secretaria podrá declarar improcedente la petición por causas que pudieran afectar la soberanía o seguridad nacional, o cuando el interesado no demuestre que se cumplen las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto.

III. ...

IV. Las bases del concurso incluirán, como mínimo:

a) a d)...

e) La vigencia de la concesión;

f) La fecha límite para la recepción de proposiciones, y

g) Los criterios con que se seleccionara el ganador, que podrán tomar en cuenta, entre otros, los niveles de calidad ofrecidos, el monto de las inversiones requeridas, las especificaciones técnicas propuestas, la capacidad de operación, las tarifas y las contraprestaciones ofrecidas al Estado;

V.  ...

VI. La Secretaría solicitará a la Comisión Federal de Competencia Económica, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha límite para la recepción de proposiciones, que evalué las propuestas para que a su vez emita una opinión que brinde mayores elementos que sustenten el fallo de la Secretaría. Dicha opinión deberá ser remitida a la Secretaria en un plazo que no podrá exceder los 60 días naturales posteriores a la fecha en que la citada Comisión haya recibido la información;

VII. La Secretaría, emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes;

VIII. La Secretaria, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes, y un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario, y

IX. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no ofrezcan mejores condiciones para el desarrollo aeroportuario nacional; no cumplan con los requisitos de las bases de licitación, así como con las especificaciones técnicas o de seguridad del aeropuerto, o por causas que pudieran afectar la soberanía y seguridad nacional; o bien las proposiciones económicas que, en su caso se presenten, no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría. En estos casos, se declarara desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 12.La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, en los siguientes casos:

I. A los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuerto, siempre que el cambio propuesto sea congruente con las políticas y programas para el desarrollo aeroportuario nacional, el aeródromo civil haya estado en operación continua por lo menos los últimos cinco años, y se cumpla con los requisitos para la concesión de que se trate, y

II. A los concesionarios que requieren un aeropuerto complementario, con el objeto de satisfacer un incremento en la demanda y siempre que se demuestre que dicho incremento, es necesario para ampliar la capacidad existente con otro aeropuerto; que la operación de ambos aeropuertos por el mismo concesionario será económicamente más eficiente, en comparación con otras opciones, para lograr una mejor coordinación y prestación de los servicios; que se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el título de concesión y que se reúnen los requisitos que al efecto se señalen, para la nueva concesión.

Cuando por causas de interés público se ordene la reubicación de un aeropuerto, el concesionario del mismo, tendrá derecho a recibir en forma directa la nueva concesión, si cumple con los requisitos establecidos.

Artículo 21. Para el otorgamiento de concesiones y permisos previstos en esta Ley, se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.

La comisión intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se constituirá mediante acuerdo del Ejecutivo Federal; en todo caso, formarán parte de la misma la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República; será presidida por la Secretaría; y conocerá de los asuntos que el propio acuerdo señale.

La Secretaría podrá otorgar autorizaciones provisionales para la operación y explotación de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos, en tanto la comisión intersecretarial emita la opinión a que se refiere el presente artículo.

Artículo 23. Cuando cualquier interesado o grupo de personas pretenda adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar previamente a la Secretaría para que a su vez emita la autorización correspondiente. La Secretaría podrá solicitar a la Comisión Federal de Competencia, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que evalué la propuesta para que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, una opinión que brinde mayores elementos que sustenten el fallo de la Secretaría. A su vez, tratándose del control de una sociedad concesionaria, la Secretaría podrá solicitar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que verifique la legalidad de dicha operación en términos de lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera para que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, el dictamen que permita sustentar el fallo de la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dicha adquisición, se entenderá como autorizada.

...

Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I a XIII ...

XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil;

XV. Limitar el número de prestadores de servicios o negar su operación mediante actos de simulación, y

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimientose haya impuesto una sanción y esta haya quedado firme en términos de ley.

La Secretaría podrá revocar las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a VI anteriores.

En los casos de las fracciones VII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Artículo 33. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de ciento veinte días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total de los derechos y obligaciones de las concesiones o permisos, siempre que el cesionario cumpla con los requisitos que esta Ley exige para ser concesionario o permisionario, se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría.

La Secretaría podrá solicitar a la Comisión Federal de Competencia, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que evalúe la propuesta que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, una opinión que brinde mayores elementos que sustenten el fallo de la Secretaría. A su vez, tratándose del control de una sociedad concesionaria, la Secretaria podrá solicitar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación, que verifique la legalidad de dicha operación en términos de lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera para que a su vez emita, dentro de los treinta días naturales siguientes, el dictamen que permita sustentar el fallo de la Secretaria.

Artículo 48. Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:

I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil, y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil, entre los que están la inspección de pasajeros, su equipaje facturado y de mano, y a la extinción de incendios y rescate, entre otros;

II. y III. ...

Artículo 57.Tratándose de los servicios complementarios a que se refiere el artículo 48, el concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas y no podrá limitar el número de prestadores de servicios o negar su operación, siempre que estos cumplan con los requisitos que para tal efecto expida la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tendrá la facultad de limitar el número de prestadores de servicios por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, según el aeropuerto que se trate.

Artículo 67. La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios, y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando exista poder sustancial de mercado por parte del concesionario de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia.

Artículo 68.Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que los servicios complementarios reflejan poder sustancial de mercado por parte del prestador de servicios complementarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, establezca regulación tarifaria o de precios.

Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. a XVI. ...

XVII. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil, con multa de cinco mil a doscientos mil días de salario, y

XVIII.Limitarel número de prestadores de servicios o negar su operación, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de esta Ley, con multa de cinco mil a doscientos mil días de salario por evento.

.........

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Las comisiones dictaminadoras del Senado de la República manifestaron las siguientes consideraciones:

Primero. Coincidieron con el espíritu que motiva la Iniciativa presentada por el Senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en el sentido de que la infraestructura aeroportuaria constituye un elemento estratégico para impulsar la actividad económica y la generación de empleos en el país y en sus distintas regiones. Así como también, en la necesidad de instrumentar todos los medios a nuestro alcance para estimular su desarrollo y sobre todo, en un contexto dónde se dispone de recursos para financiar el desarrollo de infraestructura.

Segundo. Consideraron que las diversas reformas cumplen con el doble propósito de desarrollar la infraestructura aeroportuaria y a la vez impulsar el desarrollo de los prestadores de servicios aeroportuarios que garanticen la sana competencia por mejorar los servicios y reducir las tarifas a los usuarios.

Tercero. Coinciden en la necesidad de limitar todo vestigio que de origen a la discrecionalidad por parte de la autoridad así como en la necesidad de avanzar en la certidumbre jurídica de los concesionarios.

Cuarto. Mencionan que el presente proyecto hace ciertas rectificaciones a la terminología con el objeto de permitir que la Comisión Federal de Competencia ejerza sus facultades regulatorias en materia tarifaria, cuando exista poder sustancial de mercado por parte del concesionario o por parte de los prestadores de servicios complementarios, garantizando que la COFECO pueda ejercer sus facultades y que ello incida favorablemente a los usuarios.

Quinto. Las Dictaminadoras consideran que las modificaciones propuestas en el presente proyecto, permitirán avanzar hacia un esquema promotor de la competencia que garantice la ampliación de la oferta aeroportuaria con los consiguientes beneficios para la población y para los usuarios.

III. Consideraciones

Para la comisión dictaminadora es importante establecer que:

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de 30 de abril de 2013, el Diputado Juan Manuel Carbajal Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos y en la misma fecha fue turnada a la Comisión de Transportes para su estudio y dictamen correspondiente.

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de 1 de octubre de 2013, se sometió a consideración del Pleno, un dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, mismo que fue aprobado por unanimidad, y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

3. En sesión ordinaria de fecha 3 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la recepción de una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, y en la misma fecha la turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

4. En sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2014 el Senado aprobó el Dictamen correspondiente, turnándolo a la Cámara de Diputados.

5. En sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2014 de la Cámara de Diputados dio cuenta de la recepción de la minuta y se aprobó por 307 votos a favor 4 abstenciones y ninguno en contra, pasando al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

6. El 26 de enero de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto entrando en vigor al día siguiente.

Esta comisión dictaminadora, considera que las modificaciones propuestas en la minuta objeto de este dictamen ya se encuentran plasmadas en las reformas que entraron en vigor el 27 de enero de 2015, por lo tanto el objeto de la misma ha quedado sin materia.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea y para los efectos del art. 72, fracción D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos, remitida por la Cámara de Senadores el 16 de marzo de 2006.

Segundo. Devuélvase el expediente a la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 16 de abril de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Atihé (rúbrica), Norma González Vera (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Diana del Carmen Vera Ávila (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Rodrigo Rosas Esparza (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, Petra Barrera Barrera, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Antolín Etienne Rivera, Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Teresita de Jesús Ramírez Hernández (rúbrica), Ignacio Ramírez Juárez (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense en los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere al último de los asuntos, devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada, para qué efectos me solicita la palabra. Diputada Martha Sosa.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea (desde la curul): Gracias, presidente. Buenas tardes. Con objeto de referirme a uno de los dictámenes que ha sido emitido en sentido negativo, para pedirle muy atentamente que quede asentado en el Diario de los Debates.

Uno de ellos se refiere a una situación crítica que se vivió en el estado de Colima. A mediados de marzo lluvias atípicas afectaron a los agroproductores, su servidora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a hacer la declaratoria de desastre.

Lamentablemente, lo que quiero dejar en claro es la ineficiencia y falta de responsabilidad del equipo técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara, porque dejaron pasar el tiempo para que la declaratoria se hiciera por la Secretaría, y hasta el mes, al 28 de abril están determinando un dictamen en sentido negativo. Qué pena, presidente, que no se trabaje con eficiencia en esta Cámara. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias diputada. Queda registrada en el Diario de Debates la intervención, toda vez que la fue votado.

Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

VOLUMEN IV

LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. y se adicionan los artículos 43 Bis y 45 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto con el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva.

ACUERDOS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la vacante de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la V Circunscripción Plurinominal.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 21 de la Ley Orgánica el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

I. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la vacante de miembros electos por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, será cubierta por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

II. Que en sesión de fecha 5 de marzo de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada por la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, electa por la V Circunscripción Plurinominal, para separarse del cargo de diputada federal.

III. Que la ciudadana Paulina Tinaco Torres, diputada suplente de la fórmula encabezada por la diputada antes mencionada, fue electa como candidata a diputada local propietaria por el distrito X, con cabecera en Morelia, Michoacán, por lo que se prevé que no acudirá a rendir protesta como diputada federal.

IV. Que en razón de la licencia otorgada a la ciudadana Martha Berenice Álvarez Tovar y que la ciudadana Paulina Tinaco Torres se encuentra en campaña electoral en el estado de Michoacán, se configura el supuesto de vacante en la V Circunscripción Plurinominal del Partido Acción Nacional, lo anterior con base en las causas que establece el artículo 10 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

V. Que en consecuencia a lo anterior resulta necesario actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Expuestos los considerandos anteriores, y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se considera vacante la fórmula integrada por las ciudadanas Martha Berenice Álvarez Tovar y Paulina Tinoco Torres, diputadas federales propietaria y suplente, respectivamente, del Partido Acción Nacional, electas en la V Circunscripción Plurinominal, en razón de que la primera ha solicitado licencia para dejar de ejercer el cargo de diputada federal de la LXII Legislatura, y la segunda ha sido electa candidata a diputada local propietaria por el distrito X, con cabecera en Morelia, Michoacán, por lo que resulta necesario actuar conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“...la vacante de miembros de la Cámara de Diputados, electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido;...”

Así como, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice:

“3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.”

De igual forma el artículo 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece:

1. Las vacantes de diputadas o diputados electos por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, se cubrirán conforme a lo dispuesto en la Constitución, en sus artículos 63, primer párrafo y 77, fracción IV.

Segundo. Dése cuenta al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que dicho órgano informe a esta soberanía de la fórmula de candidatos que siga en el orden de la lista regional de la V Circunscripción Plurinominal del Partido Acción Nacional, para efectos de que los miembros de dicha fórmula puedan ser llamados a ocupar el cargo de diputado federal de la LXII Legislatura.

Tercero.Notifíquese a las ciudadanas Martha Berenice Álvarez Tovar y Paulina Tinoco Torres.

Cuarto. Comuníquese a los grupos parlamentarios representados en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Quinto.Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de abril de 2015.— Diputados: Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Presidente; Tomás Torres Mercado (rúbrica), Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, vicepresidentes; Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo, Graciela Saldaña Fraire, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Luis Antonio González Roldán, secretarios.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado. Comuníquese.

———————— o ————————

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En referencia a mi oficio de fecha 8 de abril del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente fe de erratas, correspondiente al movimiento solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dice:

• Que la diputada Carolina Hernández Ortiz, cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad de Género.

Debe decir:

• Que la diputada Carolina Hernández Ortiz, cause alta como secretaria en la  Comisión de Igualdad de Género.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Ricardo Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

• Que el diputado Jaime Bonilla Valdez, cause baja como Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• Que el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, cause alta como Presidente en la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted, mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Resolutivo Séptimo del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se reconoce la agrupación de diputadas y diputados federales afiliados al Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, y previa consulta con el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, vicecoordinador de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

• Que el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Jaime Bonilla Valdez, cause baja como integrante de la Comisión de la Defensa Nacional.

• Que el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, cause alta como integrante en la Comisión de la Defensa Nacional.

• Que el diputado Jaime Bonilla Valdez, cause baja como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobadas. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda,(*) publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera(a las 16:47 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 29 de abril a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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