Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

ASISTENCIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera(a las 11:36 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 29 de abril de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo.

De los diputados Lucila Garfias Gutiérrez, María del Rosario Fátima Pariente Gavito y Juan Ignacio Samperio Montaño

En relación con retiro de iniciativas.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.

Con el que remite el listado de cuestionamientos elaborado por el Comité de Derechos Humanos, de los cuales algunos se han identificado dentro de la competencia del Poder Legislativo.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite la información de las Unidades Responsables, correspondientes al Destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, al primer trimestre del ejercicio 2015.

Solicitud de licencia

Del diputado J. Jesús Oviedo Herrera.

Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto por el que se fijan las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y se Expide la Ley de Profesiones del Distrito Federal.

Iniciativas del Congreso del Estado de Nuevo León

Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 9o. y 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 204 de la Ley del Seguro Social.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de disciplina de los diputados y diputadas.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 7o. y 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o., y se adicionan los artículos 43 bis y 45 bis de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, por el que se adiciona la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, se implemente una campaña informativa, de orientación y capacitación de la población, acerca de los riesgos del uso de la pastilla de emergencia como método anticonceptivo regular.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua, a fin de resolver la problemática derivada de la contaminación, intoxicación y envenenamiento por plomo en la sangre, que afecta a los habitantes de las zonas aledañas a la antigua Fundidora de Ávalos, en la Ciudad de Chihuahua.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para realizar las acciones en materia de vigilancia y control sanitario, a fin de atender, prevenir y sancionar la venta clandestina por Internet, de medicamentos que requieren receta médica y que se usan con fines abortivos.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo estudios, capacitación de médicos e implemente medidas preventivas en materia de osteoporosis.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a fin de incrementar las campañas de prevención y concientización, así como las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano y el Cáncer Cérvico Uterino.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por el los que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que difunda la información sobre la conveniencia de implementar un esquema de vales de medicamentos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a titulares de distintas dependencias del Gobierno Federal, para que establezcan un programa y campaña de detección temprana del Cáncer de Pulmón.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que promueva, instrumente y vigile que se realicen, en los establecimientos públicos de salud, las actividades de atención médica para la prevención y atención de las mujeres con mayor riesgo de contraer Cáncer Cervicouterino.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de establecer mecanismos para concientizar a la sociedad y al sector productivo de alimentos, sobre la importancia de garantizar la inocuidad de alimentos.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de promover la importancia del buen dormir haciendo énfasis en los beneficios que trae a las niñas, niños y jóvenes y se fortalezcan las acciones en el combate a los diversos trastornos del sueño.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Seguridad Privada.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Iniciativas

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que crea la Universidad Marítima de México, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58 y 141 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 173, 177 y 211 Bis del Código Penal Federal y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52 y 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 92 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Deporte.

Que reforma los artículos 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o., 23 y 34 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 224 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 162 Bis y 191 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 126 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por los diputados Celia Isabel Gauna Ruiz de León y María Esther Gutiérrez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 y 23 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 206 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmen Julieta Torres Lizarraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 425 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado Álvaro Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 55, 58 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Roberto Jiménez del Ángel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que adiciona un artículo 368 Sextus al Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Patricia Elena Retamoza Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Erika del Carmen Ramagnolli Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 96, 97 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Lourdes Medina Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la PGR y del SAT, para que se investiguen la presunta comisión de delitos por parte del Gobernador del estado de Sonora y diversos funcionarios, así como al candidato del PAN a la gubernatura de ese estado, suscrito por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Elsa Patricia Araujo de la Torre y Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para convocar a reuniones de trabajo con el titular de la PROFEPA y con el responsable del Fideicomiso de Río Sonora, para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos que han acontecido en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

El Presidente diputado Julio Cesar Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior...

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputado Juan Bueno Torio ¿Para qué efectos? Sonido a la curul del diputado, por favor.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Es de tema de orden del día, diputado, todavía no llega al tema; se lo planteo ahorita cuando ponga usted a aprobación el orden del día. Gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, ya se dio cuenta con el orden del día, si gusta, adelante con su intervención.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Sólo, presidente, para solicitarle que los temas agendados en iniciativas que presenté desde el día 3 de febrero, que siguen agendados como iniciativas a presentarse ante el pleno, en virtud de que estamos terminando ya el periodo, le solicito que sean turnadas a las comisiones.

Son iniciativas vinculadas a la reforma integral del campo que –entre otras cosas– crea un código de procedimientos agrarios que no tenemos; crea un mercado de futuro de productos agropecuarios con el propósito de garantizar al campo mexicano esa reforma que tantos años se ha estado dilatando.

Por eso es que nosotros consideramos que es urgente y le pido –por favor– que al turnarlo a las comisiones les indique que ojalá y las puedan dictaminar en este periodo, para dejarle un producto terminado a las próxima Legislatura. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Así se hará y tome nota la Secretaría.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiocho de abril de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta diputadas y diputados, a las once horas con veintiocho minutos del martes veintiocho de abril de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Por la que se comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo por el que se desechan proposiciones de las Comisiones:

• Agricultura y Sistemas de Riego:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café dos mil catorce; en beneficio de los productores de café en el estado de Veracruz.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que atienda la solicitud del gobierno del estado de Colima, a fin de que se libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad.

• Derechos Humanos:

– Tres, en materia de discriminación a personas tatuadas, con perforaciones y con preferencias sexuales diferentes.

– Tres, en materia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre procuración, defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales en distintas entidades federativas.

– Por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad.

– Por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del ciudadano Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de la Contraloría de esa entidad, para que se indague el presunto conflicto de interés entre el gobierno y la empresa Prosfer Corporación, S.A. de C.V.

– Por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad para que investigue la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al subsecretario de Gobernación, para que tomen diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado.

– Por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del estado y a la Subsecretaría de Gobernación a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas en la entidad.

• Población, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las treinta y dos entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de personas sin actas de nacimiento.

• Turismo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Publíquense en el Diario de los Debates. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• En relación con la modificación de turno de la iniciativa por la que se reforma el artículo treinta y cinco, fracción Segunda, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo noventa Bis, noventa y uno, y noventa y dos del Código de Comercio, presentada por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, el dieciséis de abril de dos mil quince. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la diputada Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional, por la que informa la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

c) De la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, con la que solicita se retire el punto de acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a garantizar y homologar la coordinación para la asesoría y la gestión para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas estatales y municipales de las policías con el fin de que sean capacitadas y establecer mecanismos administrativos necesarios para asegurar que la mujer víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento y reparación del daño, presentada el veintiséis de marzo de dos mil quince. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Secretaría de Salud, con la que remite el Primer Informe Trimestral dos mil quince de diversos programas sujetos a reglas de operación. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) Del Congreso del estado de Zacatecas, por la que felicita y reconoce a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por haber aprobado la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. De enterado.

f) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Relativo a la reformulación del abordaje de la Fibromialgia. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Sobre la situación que guarda el Hospital General de Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– A fin de fortalecer las acciones relativas al otorgamiento de servicios de salud a la población. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Para que sea declarado el diecinueve de noviembre como “Día Nacional contra el abuso sexual infantil”. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Con la que remite siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año:

– Relativo al pago de la nómina magisterial del estado de Oaxaca.

– A fin de destinar dos fechas al año a la Cámara de Diputados para la exhibición gratuita de una actividad cinematográfica, artística o cultural.

– Relativo a que dispongan de una campaña de personal odontológico en las escuelas de niveles básico y medio superior.

– A fin de brindar protección eficiente, pronta y expedita a las personas que se dedican al periodismo.

– Para que implementen nuevas acciones necesarias que permitan brindar protección a los periodistas.

– Relativo a diseñar e implementar mecanismos que difundan el cuidado al medio ambiente.

– Para que atiendan las denuncias presentadas por las agresiones a la libertad de expresión perpetradas el 13 de diciembre de 2014, en el poblado de Tlalpa, Guerrero.

Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

g) Del Congreso del estado de Quintana Roo,

• Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Relativo al incremento del Acervo Histórico del Museo Legislativo. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

– Para que planeen, organicen y desarrollen un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, relativo a la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Se remite al promovente, para su conocimiento.

h) De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

i) De la Cámara de Senadores, con las que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Por el que se declara el día dieciocho de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción tercera del artículo cuarenta y dos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos tercero, veintiuno, y veintisiete de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Por el que se reforman las fracciones: décima primera y décima segunda, y se adiciona una fracción décima tercera al artículo veintiséis de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Por el que se reforma y adiciona el artículo tercero de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

j) Del Congreso del estado de Jalisco, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• or el que se reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo dieciséis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que establece el procedimiento para la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que conforman la agenda legislativa del final del Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año Legislativo de Ejercicio de la actual Legislatura. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo al diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento de Regeneración Nacional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación que adiciona la fecha veinte de julio “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923”, al inciso b) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El Presidente expresa sus condolencias por las pérdidas humanas del pueblo de Nepal a consecuencia del terremoto ocurrido en aquel país.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; y María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Salud, por el que se reforman los artículos veintiocho Bis y doscientos veintiséis de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Mario Alberto Dávila Delgado. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento de Regeneración Nacional;

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de orden el  diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

en pro Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo;

A las doce horas con siete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa y dos diputadas y diputados.

En su oportunidad y desde su curul realizan comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional; Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

En pro Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano;

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones.

Y en pro Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de orden y comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; y la diputada Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

En votación nominal por trescientos cincuenta votos a favor, diez en contra, y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos veintiocho Bis y doscientos veintiséis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Regeneración Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

b) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma el numeral uno, del artículo ciento cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen la diputada y los diputados: en contra Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional; y en pro Héctor Ireneo Mares Cossío, de Movimiento Regeneración Nacional; Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; y Adriana Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos setenta y cinco votos a favor, y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el numeral uno, del artículo ciento cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

c) Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, por el que se reforma la fracción décima primera del artículo ciento noventa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen las diputadas y los diputados: en pro Federico José González Luna Bueno, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Regeneración Nacional;

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En pro Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional; y en pro Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos noventa y un votos a favor; y ocho en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima primera del artículo ciento noventa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Economía, por el que se reforma el artículo treinta y cinco, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos noventa Bis, noventa y uno, y noventa y dos del Código de Comercio. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Rubén Benjamín Félix Hays, quien presenta propuesta de modificación al dictamen, misma que en votación económica se acepta. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas por la Asamblea e intervienen en pro los diputados Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

y Pedro González Hinojosa, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos ochenta y un votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo treinta y cinco, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos noventa Bis, noventa y uno y noventa y dos del Código de Comercio, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

e) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adicionan dos numerales al artículo veinticuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Marcos Aguilar Vega. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento de Regeneración Nacional; en pro Cristina González Cruz, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional; en pro Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; y en pro Nidia Saavedra Pérez, del Partido Acción Nacional. Para presentar propuesta de modificación al artículo veinticuatro del proyecto de decreto, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional, misma que en votación económica no se admite a discusión, se desecha. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos treinta votos a favor; cuarenta y seis en contra; y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo veinticuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza. El Presidente hace aclaraciones.

f) De Justicia, por el que se reforman los artículos cincuenta y cinco del Código Civil Federal, doscientos treinta del Código Penal Federal y trescientos ochenta y nueve Bis de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Luis Márquez Martínez. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen las diputadas y los diputados: en pro Lucila Garfias Gutiérrez de Nueva Alianza; Lorena Gutiérrez Landavazo, del Partido Acción Nacional; y David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, quien presenta propuestas de modificación al proyecto de decreto, mismas que en votación económica se admiten a discusión y se aceptan; y en pro Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y tres votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cincuenta y cinco del Código Civil Federal, doscientos treinta del Código Penal Federal y trescientos ochenta y nueve Bis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

g) De Reforma Agraria, por el que se reforma la fracción sexta del artículo ciento ochenta y cinco de la Ley Agraria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; en pro María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Brisa Esmeralda Céspedes Ramos, del Partido Acción Nacional; José Humberto Vega Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; y Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación al artículo ciento ochenta y cinco, fracción sexta, del proyecto de decreto, presentada por el diputado Mario Sánchez Ruiz, del Partido Acción Nacional, que en votación económica se admite a discusión y se acepta. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos sesenta y un votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo ciento ochenta y cinco de la Ley Agraria, con la modificación aceptada por la Asamblea. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia informa que recibió solicitud de la Comisión de Pesca para procesar los dictámenes registrados en el orden del día con los números nueve y catorce en una sola intervención, en la inteligencia, de que aun cuando la argumentación sea en una sola participación, serán votados por separado.

h) De Pesca:

• Por el que se adiciona el artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Se concede el uso de la palabra para fundamentar ambos dictámenes, en nombre de la Comisión, al diputado Alfonso Inzunza Montoya.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

Se someten a discusión en lo general y en lo particular e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Adriana Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; en pro Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; en pro Claudia Rocío Villa Oñate, del Partido Acción Nacional; en pro Angélica Rocío Melchor Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro Carmen Julieta Torres Lizárraga, del Partido Revolucionario Institucional.

• Por lo que se refiere al proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos cincuenta y cuatro votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• En cuanto al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En votación nominal por trescientos treinta y cuatro votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones de:

a) Transportes:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y de Caminos y Puentes Federales, se coordinen y realicen las acciones necesarias para erradicar el ambulantaje que se presenta en el Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del titular de Caminos y Puentes Federales, realice las acciones necesarias que permitan el restablecimiento de la iluminación en el acceso al Puente Internacional Reynosa-Pharr, en el estado de Tamaulipas.

b) Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por los que exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Comisión Nacional del Agua ejecuten acciones preventivas y correctivas o de remediación y de las responsabilidades en las afectaciones del río Tonto, afluente del río Papaloapan.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría General de la República, realicen diversas acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realice las acciones necesarias para detener el daño al medio ambiente derivado de las actividades de la empresa “Palma Tica de México, S.A. de C.V.” en los estados de Campeche y Chiapas.

• Por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto denominado “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”.

c) Igualdad de Género:

• Por el que se exhorta a las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno en materia de trabajo, a fin de garantizar la inclusión de las mujeres a la vida laboral con igualdad de oportunidades.

• Por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia de feminicidio en base a la Legislación Federal y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres.

• Por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de evitar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el marco del ajuste al gasto para dos mil quince anunciado por dicha dependencia el pasado treinta de enero, garantice que los recursos clasificados en el anexo trece erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, no sean afectados.

d) Protección Civil:

• Por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los Estados y los municipios, un programa o acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país.

• Por los que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estales y del Distrito Federal para implementar un Programa Especial en el ciclo escolar dos mil quince-dos mil dieciséis de protección civil, con motivo del trigésimo aniversario de los sismos de mil novecientos ochenta y cinco.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que en coordinación con los Gobiernos Estatales, realicen una estricta verificación a todas las empresas transportistas de gas LP, tanto a sus instalaciones, parque vehicular y capacitación de su personal.

e) Derechos Humanos:

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para que esclarezca los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, así como para que a la brevedad cumpla con los compromisos de apoyo a las familias de los periodistas asesinados que han quedado en desamparo.

• Por los que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y al Gobernador del estado de Michoacán, respecto a la desaparición de siete agentes de la Policía Federal y un civil el dieciséis de noviembre de dos mil nueve en las inmediaciones del municipio de Zitácuaro, Michoacán.

• Por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación, a fin de investigar y fincar las responsabilidades correspondientes al alcalde de Chihuahua, por su conducta discriminatoria.

• Por los que se exhorta a distintas autoridades con motivo de presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller en el estado de Chihuahua.

• Por los que se exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a agilizar las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez, en relación con los ataques de que fue víctima, y al Gobierno del estado de Puebla para que garantice su seguridad e integridad, así como la de su equipo de trabajo.

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que garantice la salud, integridad y el debido proceso apegado al pleno respeto a los derechos fundamentales de la ciudadana María Aurora Meza Calles.

• Por los que se exhorta a diversos congresos locales a emprender medidas legislativas tendientes a armonizar sus normas en materia de no discriminación.

• Por los que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla y a diversas autoridades, para que realicen distintas acciones en torno a las presuntas violaciones de los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares del estado.

•  Por los que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos a que garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado.

• Por el que se exhorta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Jefe de Gobierno y al Procurador General de Justicia, todos del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades garanticen la impartición de justicia pronta y expedita respecto al caso de la ciudadana Paola Geraldine Cervantes Cedeño.

• Por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, para que investigue los presuntos actos conculcadores de derechos humanos que la policía y personal de la administración municipal de Texcoco pudieran haber realizado durante el desalojo y demolición de viviendas, ocurridos el día veintiocho de octubre de dos mil trece en el predio “El Barco” de los ejidos de San Miguel Tocuila, municipio de Texcoco, Estado de México.

• Por los que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones, considere ampliar las investigaciones sobre el caso de desaparición forzada de la ciudadana Aurora de la Paz Navarro del Campo durante el periodo de la llamada “guerra sucia”.

• Por los que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos ambas del estado de Puebla, para que dé celeridad a la investigación 698/2014/Zacapoaxtla, e investigue las presuntas violaciones a los derechos fundamentales que pudieran haber sido cometidas en agravio de las victimas durante la sustanciación de dicha averiguación.

f) Distrito Federal:

• Por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal prestar los servicios de seguridad y vigilancia al exterior de los plantes educativos con la finalidad de velar por la integridad de los jóvenes estudiantes.

• Relativos al rescate de la Merced, en el Distrito Federal.

• Por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación al adiestramiento y habilidades en el manejo y trato de los operadores de los vehículos del Metrobús.

g) Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo una campaña de prevención, orientación e información a las y los mexicanos contra la conducta atípica denominada grooming.

• Por los que se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que lleve a cabo acciones tendientes a la disminución del maltrato infantil.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República a sumarse e implementar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil y las imágenes ilegales en internet.

• Por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas, con excepción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso del estado de Hidalgo, a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos Humanos.

h) Agricultura y Sistemas de Riego:

• Por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para que difundan y fortalezcan sus acciones de investigación, información y educación, sobre el impacto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica.

• Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y a la Universidad Autónoma Chapingo, a realizar acciones para impulsar la producción y comercialización de la pitahaya.

i) Educación Pública y Servicios Educativos:

• Relativo al rescate de las obras murales y demás elementos que se encuentran en el inmueble que alberga la Escuela Primaria “Doctor Belisario Domínguez”, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

• Relativo a la creación de la Universidad de la Energía, en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco.

En votación económica se aprueban en conjunto. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes en sentido negativo de iniciativas y minutas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

b) De Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona un artículo veintitrés Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

c) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Que reforma el artículo treinta y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Que reforma el artículo ciento trece de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

d) De Deporte, que adiciona un artículo ochenta y cinco Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

e) De Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que reforma los artículos octavo y trece de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia de primeros auxilios.

• Que reforma los artículos cincuenta y cinco, y cincuenta y nueve de la Ley General de Educación, y once de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de instalaciones para la práctica del deporte.

f) Unidas de Población y de Salud, que reforma los artículos ciento siete de la Ley General de Población, y trescientos veinticuatro de la Ley General de Salud.

g) De Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de creación de distritos escolares.

• Que reforma los artículos séptimo, octavo, y sesenta y cinco de la Ley General de Educación, en materia de salud psicofísica.

h) De Transportes, que reforma y adiciona los artículos sexto, once, veintiuno, veintitrés, veintisiete, treinta y tres, cuarenta y ocho, cincuenta y siete, sesenta y siete, sesenta y ocho, y ochenta y uno de la Ley de Aeropuertos.

En votación económica se aprueban en conjunto. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por lo que se refiere al último de los asuntos, devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos constitucional.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Economía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

b) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

c) Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

d) Seguridad Pública:

• Por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

• Por el que se reforma el artículo ciento treinta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

e) Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforma el artículo quinto y se adicionan los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cinco Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

f) Comunicaciones, con el que se adiciona un párrafo segundo al artículo cuarto de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se da cuenta con acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la vacante de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Quinta Circunscripción Plurinominal. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios en Juntas Directivas e integrantes de diversas Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban, comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Juan Pablo Adame Alemán, Marcelo de Jesús Torres Cofiño y Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y uno, y cincuenta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintitrés, y veintisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Iniciativa Ciudadana. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Juan Pablo Adame Alemán y Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos segundo, tercero, treinta, y treinta y uno de la Ley Federal de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cincuenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo primero de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, para dictamen. del Artículo ciento veintitrés Constitucional y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud, para dictamen.

• Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintitrés de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática, que deroga los artículos doscientos quince-A, doscientos quince-B, doscientos quince-C y doscientos quince-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas. Se turna a la Comisión de Justicia con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ciento diecinueve, ciento veinte, ciento veintiuno, y ciento sesenta y tres de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo segundo de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos cuarenta y tres del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y seis del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrátic, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosa. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Abraham Correa Acevedo, del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, para dictamen.

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Partido de la Revolución Democrática, para el rescate de los restos mortales de sesenta y tres mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos, en la explosión del diecinueve de febrero de dos mil seis. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarenta y dos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por los Servidores Públicos encargados de hacer cumplir la Ley del Estado Mexicano. Se turna a la Comisión de Gobernación con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos sesenta y cuatro, y sesenta y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos trescientos veintiséis de la Ley de Concursos Mercantiles, y doscientos cuarenta y siete Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Agraria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley del Expediente Clínico Universal con Firma Electrónica. Se turna a la Comisión de Salud con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos octavo, y veintinueve de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintitrés de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y primero de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ciento diecisiete de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Carlos Humberto Aceves y del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República, a fin de acelerar las investigaciones relacionadas con el secuestro y homicidio del Diputado Federal Gabriel Gómez Micher y su colaborador Heriberto Núñez Ramos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de homologar las tarifas de distribución de Gas Natural, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Francisco Tomás Rodríguez Montero, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades estatales y federales, para que se implementen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios de los bancos en la Ciudad de Cuautla, Morelos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de reformar el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento de Regeneración Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Gobierno del Estado de Coahuila, a fin de atender la demanda de los habitantes de San José Cloete y Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila, respecto al estatus de los títulos de propiedad y de concesiones mineras de las áreas afectadas por la explotación de carbón. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Landy Margarita Berzunza Novelo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina, para que promuevan y refuercen las acciones de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Cinthya Noemí Valladares Couoh y María Fernanda Romero Lozano, del Partido Acción Nacional y de Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realicen un diagnóstico epidemiológico integral sobre la enfermedad de alergias alimentarias. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Francisco Tomás Rodríguez Montero, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que difunda el estado de guarda la ejecución de la obra de ampliación de la autopista La Pera - Cuautla. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento de Regeneración Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, para que realicen diversas acciones enfocadas a garantizar el respeto de los derechos humanos y de alimentación en favor de las menores Fernanda e Isabella Baez Korrodi. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Williams Ochoa Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado de Sonora, en el que participaría el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se establezcan las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en los que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por la explotación infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República, a fin de designar un Fiscal especial para investigar las ejecuciones extrajudiciales o sumarias ocurridas en los municipios de Tlatlaya, Estado de México y Apatzingan, Estado de Michoacán, en contra de la civiles. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de Secretaría de Seguridad Pública, para que se garantice y homologue la coordinación para la asesoría y la gestión de incorporación del Protocolo de Actuación Policial en la Materia de Violencia de Género en el mando único en las policías municipales. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento de Regeneración Nacional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República, a fin de designar un Fiscal especial para investigar los asesinatos de periodistas en el Estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que coordinen acciones tendientes a la inspección, verificación y control de los alimentos que se ofertan en restaurantes de comida china en el país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a fin de investigar y supervisar las actividades que realiza Grupo México en la afluencia del Río Sonora, así como del número y el estatus que guardan los pozos concesionados a Buenavista del Cobre, de Grupo México. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ing. Rodolfo Lacy Tamayo, en su carácter de miembro propietario del Fideicomiso no. 80724, mejor conocido como “Río Sonora”, a los demás miembros del Comité Técnico, a las autoridades, así como al Gobernador del Estado de Sonora, a fin de realizar las acciones necesarias para agilizar y poner en operación los programas en materia de salud, desarrollo económico e infraestructura hidráulica y carretera, en beneficio de las poblaciones afectadas por el derrame en el “Río Sonora”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita se proceda al deslinde de responsabilidades y a la reparación del daño que en derecho procedan, en el caso de la adolescente Alondra Luna Núñez, aplicándose las acciones necesarias para evitar a futuro que otras niñas y niños sean sustraídos del país en desconocimiento de sus derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la remoción de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, para que implemente un protocolo de actuación para desastres mayores que ocurran en la ciudad; así como para que se otorguen apoyos económicos a los permisionarios afectados por el incendio ocurrido en la Central de Abasto, el pasado siete de abril de dos mil quince. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y Servicio de Administración Tributaria a investigar la presunta comisión de delitos por el Gobernador, diversos funcionarios y el candidato del Partido Acción Nacional la gubernatura del estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de miércoles veintinueve de abril de dos mil quince, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada.

El diputado Mario César Gaona García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputado. ¿Para qué efectos? Sonido a la curul del diputado.

El diputado Mario César Gaona García (desde la curul): Gracia presidente. El objeto de mi participación, señor presidente, es que por este medio se haga un llamado a todos los que imparten justicia en nuestro país, en especial a la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral, y al Supremo Tribunal, particularmente al magistrado Octavio Galván Rivera, por ser él quien ha recibido el expediente de un curso de reconsideración de número 122/2015 y solicitarle sea este expediente estudiado para evitar que se consume un delito electoral, señor presidente, y si me permite.

Bien, compañeras, compañeros, señor presidente, en el sentido de que se respeten los derechos individuales y constitucionales de todo ciudadano, me permito manifestar desde esta curul que estoy a favor de que todo procedimiento judicial o administrativo, los ciudadanos sean escuchados, que se les otorgue el derecho de ser oídos y vencidos en juicio.

Me permito citar el caso concreto del expediente ST-JDC-211/2015 y sus acumulados, en el cual la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, integrado por los magistrados Juan Carlos Silva Adaya, presidente; María Hernández Chong Cuy, ponente, y Martha Concepción Martínez Guarneros, han resuelto dicho expediente el día 23 de abril de 2015, sin valorar adecuadamente las pruebas aportadas por todas y cada una de las partes, ya sea que se les conceda o no valor, pero se debieron mencionar, valorar y razonar sobre si les concedía o no valor, el cual era motivo por el cual tal determinación, por lo que sin fundamento la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, estado de México, para no entrar al estudio de las pruebas aportadas decide no reconocerles carácter a todas las partes, transgrediendo los derechos de uno de los quejosos, cuando todos los involucrados están debidamente acreditados en juicio y como consecuencia dicho órgano jurisdiccional resuelve en forma parcial sin congruencia desestimando todas las pruebas aportadas y, más aún, ignorando que tiene la obligación de hacer llegar a todos los medios necesarios para resolver a verdad sabida con todas las pruebas aportadas, partiendo de un hecho conocido para llegar a la verdad de otro desconocido, cosa que no llevó a cabo la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Toluca, autoridad que hico caso omiso, se cegó a ver las pruebas de todas las partes, en caso particular del tercer interesado del Partido de la Revolución Democrática, en este caso Edilberto Pineda, y no llamó al que tenía legítimo interés, a Baltazar Gaona Sánchez...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputado. Concluya. Mire, ese caso, con todo gusto su intervención va a quedar incorporada al Diario de los Debates, si nos lo hace llegar a esta Presidencia les agradeceríamos con todo gusto.

El diputado Mario César Gaona García (desde la curul): Me permito concluir, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Abrevie, por favor, porque estamos abriendo la sesión.

El diputado Mario César Gaona García (desde la curul): Claro que sí. Luego entonces aquí los presentes tenemos la responsabilidad encomendada por el pueblo, a través del voto depositado en las urnas, de velar por el respeto de nuestro Estado de derecho y exigir que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

Y, en el caso que acabo de mencionar, pido que la Sala Superior del Tribunal Electoral atraiga este caso a través del recurso de reconsideración, mismo que ya han presentado las partes. Han sido ignoradas y violentadas en su garantía de audiencia, derecho humano fundamental de todo ciudadano...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, ése es un asunto del tribunal. Por favor, háganos llegar el tema y con todo gusto le damos trámite.

El diputado Mario César Gaona García (desde la curul): Con mucho gusto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Le agradecemos. Proceda la Secretaría.

El diputado José Noel Pérez de Alba(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Solicitó la palabra el diputado José Noel Pérez de Alba, del PRI. Diputado, desde su curul, por favor. Sonido en la curul del diputado José Noel.

El diputado José Noel Pérez de Alba (desde la curul): Presidente, para pedirle a usted que la bancada de Jalisco propusimos un punto de acuerdo para exigir a las autoridades agilizar las investigaciones en torno al asesinato de nuestro amigo diputado Gabriel Gómez Michel, que hasta la fecha no tenemos ningún resultado, esperando su comprensión para tener próximas respuestas y atenciones de la procuraduría. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Compartiendo la preocupación de los hechos de igual forma ruego se impulse lo propio en la Junta de Coordinación Política.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

Esta presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Salud

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los estados y del Distrito Federal, para que hagan del conocimiento público el número de centros de asistencia social públicos y privados con que cuenta cada entidad.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que solicite formalmente ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la autorización para cultivar opio de manera lícita.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2015.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los estados y del Distrito Federal, para que hagan del conocimiento público el número de centros de asistencia social públicos y privados con que cuenta cada entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 5 de marzo de 2015, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los estados y del DF, para que hagan del conocimiento público el número de centros de asistencia social públicos y privados con que cuenta cada entidad.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas y al Distrito Federal para que a través de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hagan del conocimiento de la opinión pública cuantos centros de asistencia social públicos y privados existen en cada una de las entidades para conocer el total de ellos en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas y al Distrito Federal para que realicen un diagnóstico que registre el número, sexo y edad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de asistencia social públicos y privados, a efecto de que permita establecer políticas públicas integrales y multidisciplinarias para garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias y sus atribuciones los derechos humanos de los mismos, así como la implementación de lineamientos y mecanismos eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben por parte del estado y de las instituciones sociales y privadas.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El acceso a la información es pública, así lo determina el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se expresa lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

...

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Así bien, existe la plena garantía a través de la Ley Suprema Constitucional el acceso a la información de la utilización de recursos públicos para la implementación de programas en cualquiera de los ámbitos de gobierno.”

Tercera. Que lo indicado por el proponente a través de casos particulares, es motivo principal por el cual exhorta a la administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias a determinar cuántos centros de atención de asistencia social se encuentran en operación así como la elaboración de un registro que contemple el número, sexo y edad de las niñas, niños y adolescentes que reciben servicios de asistencia social.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas y al Distrito Federal para que a través de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hagan del conocimiento de la opinión pública cuántos centros de asistencia social públicos y privados existen en cada una de las entidades para conocer el total de ellos en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas y al Distrito Federal para que realicen un diagnóstico que registre el número, sexo y edad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de asistencia social públicos y privados, a efecto de que permita establecer políticas públicas integrales y multidisciplinarias para garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones los derechos humanos de los mismos, así como la implementación de lineamientos y mecanismos eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben por parte del estado y de las instituciones sociales y privadas.

En este sentido, al revisar la Ley de Asistencia Social, se encuentra el siguiente fundamento legal para la creación del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social:

Para la Secretaría de Salud

“ Artículo 9, fracción XIII. Coordinar, integrar y sistematizar un directorio nacional de instituciones públicas y privadas de asistencia social;

...

Artículo 51. Las instituciones privadas de asistencia social serán consideradas de interés público y tendrán los siguientes derechos:

a) Formar parte del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social;

Artículo 56. Se crea el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social con objeto de dar publicidad a los servicios y apoyos asistenciales que presten las instituciones públicas y privadas, así como su localización en el territorio nacional. Este directorio estará a cargo del organismo.

Artículo 57. El Directorio Nacional se conformará con las inscripciones de las instituciones de asistencia social que se tramiten:

a) A través de los sistemas para el desarrollo integral de la familia estatales o del Distrito Federal;

b) A través de las juntas de asistencia privada u organismos similares, y

c) Las que directamente presenten las propias instituciones ante este directorio.

Artículo 58. El registro de las instituciones y la supervisión de las funciones asistenciales, será requisito para recibir recursos de las instituciones de asistencia social pública.

Artículo 60. Las instituciones recibirán una constancia de su registro en el directorio y el número correspondiente.

Este directorio nacional tiene como objetivo administrar un registro especializado de instituciones públicas y privadas de asistencia social ubicadas en el territorio nacional, con el fin de difundir sus servicios entre la población requirente de ellos, y el público en general interesado en el tema.

De esta manera, se emite una cédula de registro en donde se encuentran las siguientes especificaciones:

1. Datos generales, denominación o razón social registro federal de contribuyentes (RFC), domicilio completo, teléfono, correo electrónico y página web.

2. Datos legales acta constitutiva/decreto de creación domicilio legal y domicilio social representante(s) legal(es).

3. Datos de la operación de la institución objeto social y servicios que brinda, población objetivo/cobertura de atención, recursos humanos ámbito geográfico de acción infraestructura financiamiento coordinación difusión domicilios sociales .

En este sentido, lo que el proponente sugiere ya se encuentra contemplado en la Ley de Asistencia Social y es visible a través del portal electrónico de la Secretaría de Salud a través del Centro de Información y Documentación sobre Asistencia Social.

El Centro de Información y Documentación sobre Asistencia Social (Cenddif) es una unidad de información que resguarda material bibliohemerográfico y audiovisual, relacionado a las temáticas de la asistencia social, como: infancia, familia, adulto mayor, género, discapacidad, etcétera.

El objetivo del CENDDIF es ofrecer servicios de información especializada al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en sus tres órdenes de gobierno (nacional, estatal y municipal), así como a todas aquellas instituciones y personas interesadas en el campo de la asistencia social, a través de asesorías para el uso de la información.

En este sitio se encuentra las formas en cómo se prestarán los servicios y la solicitud de información que requiere el proponente.

Por lo tanto, a sabiendas de que la información solicitada es pública y se encuentra regulada por el ordenamiento legal de Asistencia Social, así como en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, todo esto visible a través del portal http://micrositios.dif.gob.mx/dgpas/centro-de-informacion-y-documentacion/ los integrantes de la Comisión de Salud ven innecesario la aprobación de este punto de acuerdo.

Así bien, se somete a consideración lo siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el punto de acuerdo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1. http://blogs.iap.org.mx/gallery/2/Presentacion_DNIAS.pdf

2. http://micrositios.dif.gob.mx/dgpas/centro-de-informacion-y-documentacion/

Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que solicite formalmente ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la autorización para cultivar opio de manera lícita

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de abril de 2015, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que solicite formalmente ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la autorización para cultivar opio de manera lícita.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

Único. La Cámara de Diputados exhorta al presidente de la República a solicitar de manera formal ante la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas autorización para que el país esté en condiciones de cultivar la amapola y de manera lícita, a fin de hacer frente a la escasez de medicamentos derivados de opiáceos para aliviar el dolor de personas que padecen enfermedades terminales.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud los opiáceos son agentes depresivos del sistema nervioso central. Algunos son ilegales (sin receta), como la heroína y el opio, pero dentro de este grupo también se encuentran algunas sustancias recetadas que por lo general se utilizan para tratar el dolor. El consumo de opiáceos ilegales o sin receta puede causar muchos problemas, en particular porque por lo general se inyectan o se fuman, lo que puede causar aún más problemas. El consumo de opiáceos con receta también puede causar problemas, en particular cuando se usan con más frecuencia o en dosis más altas que las recetadas.

Los reprocesos químicos para la transformación de los opiáceos son representados de la siguiente forma: morfina, codeína, metadona buprenorfina, petidina (meperidina), dextropropoxifeno y oxycodone.

Los opiáceos se pueden inyectar, como ocurre a menudo con la heroína, y se pueden fumar (heroína y opio), tomar oralmente, intramuscularmente, por vía intravenosa o sublingual o como supositorio anal (opiáceos farmacéuticos). La inyección de heroína tiene un efecto inmediato sobre el cuerpo, el cual puede resultar en una sobredosis (ya sea fatal o no fatal), en particular si se combina con otras drogas como alcohol o benzodiacepinas.

           Tabla de riesgos a la Salud según la OMS y OPS

Según la OMS en 2012 en la Guía sobre Indicadores para la Vigilancia y Notificación de la Respuesta del Sector Salud al VIH/SIDA indica lo siguiente para personas que sean adictos a los productos derivados de los opiáceos:

La terapia de sustitución de opiáceos (siglas en inglés OST) representa un compromiso para el tratamiento de la dependencia de opiáceos y para reducir la frecuencia de inyección, preferiblemente a cero. OST es la herramienta de salud pública más efectiva para reducir el consumo de drogas inyectables entre los consumidores de opiáceos. OST también proporciona un apoyo crucial para el tratamiento de otras condiciones de salud, incluido el VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral

Los opiáceos y los opioides encabezan la lista de las sustancias problemáticas que causan más enfermedades y muertes relacionadas con drogas en todo el mundo, expresa el Departamento de Drogas de las Naciones Unidas en su informe de 2014.

Tercera. La Ley General de Salud busca regular el mercado ilícito de estupefacientes estableciendo en su artículo 224 que el OPIO se Considera con esta característica.

Artículo 224

Los isómeros de los estupefacientes de la lista anterior, a menos que estén expresamente exceptuados. Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga substancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza análoga y cualquier otra substancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, en el artículo 225 se expresa que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

...

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

En este sentido, se muestra que lo establecido en la Ley es lo que actualmente impera sobre la política de drogas en el país, sobre todo porque se establece a partir de tratados internacionales, esto a través de lo expuesto en la  Convención Única de las Naciones Unidas en 1961, el acuerdo para prohibir la expansión del consumo de narcóticos. Sin embargo, queda claro también que las declaraciones de la UNODC y la OMS sobre la política de drogas deben considerarse diversas particularidades que solo se reproducen únicamente en cada estado, esto debido a que la homogenización de la aplicación de la política provocaría sesgos importantes, puesto que los problemas son endógenos.

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, la Ley prohíbe todo lo relacionado con el proceso de generación del opio:

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

En este sentido, se considera que lo establecido en el acuerdo del promovente resulta improcedente, puesto que la misma Ley General de Salud prohíbe la propagación de estupefacientes controlados. Así mismo, los organismos multilaterales como la OMS y la UNODC, declaran los efectos nocivos para la salud por efecto del consumo irracional, esto considerando que el producto produce adicción. Por tal motivo, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados consideramos improcedente la aprobación del acuerdo, sometiendo a consideración lo siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el punto de acuerdo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 5 de marzo de 2015 y turnada el mismo día a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano la atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2015.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVIII del artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología y que adiciona el inciso c) a la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 19 de febrero de 2015 y que fue turnada ese mismo día a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Atención a Grupos Vulnerables para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2015.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno que se retire la siguiente iniciativa presentada ante el pleno el pasado 10 de marzo 2015 y turnada a las Comisión Unidas de Agricultura y Sistemas de Riego, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Con proyecto de decreto que expide la Ley que establece el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2015.— Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio Cesar Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada de los registros parlamentarios la iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de hidroponia, presentada por el suscrito, publicada en la Gaceta Parlamentaria el martes 3 de febrero de 2015 y turnada a la Comisión de Desarrollo Rural.

Agradezco la atención y le reitero mis más altas consideraciones de aprecio.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2015.— Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe con comunicaciones de la Secretaría de Gobernación.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.(1)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el listado de cuestionamientos elaborado por el Comité de Derechos Humanos, de los cuales algunos se han identificado dentro de la competencia del Poder Legislativo.(2)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibió oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que remite la información de las unidades responsables, correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades es instituciones públicas de educación media superior y superior, al primer trimestre del ejercicio 2015.(3)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SOLICITUD DE LICENCIA

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 30 de abril del año en curso.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2015.— Diputado José de Jesús Oviedo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la solicitud.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada. Comuníquese. Continúe.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Se recibió del Ejecutivo federal, iniciativa con proyecto por el que se fijan las características de una moneda conmemorativa del bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón.(4)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INICIATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDE LA LEY DE PROFESIONES DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Se recibió oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y se expide la Ley de Profesiones del Distrito Federal.(5)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

INICIATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Se recibió oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.(6)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Se recibió oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativacon proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 9o. y 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.(7)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la propia Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Se recibió oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 204 de la Ley del Seguro Social.(8)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para que emitan el dictamen correspondiente.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES Y DECRETOS

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 21 de noviembre de 2013, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental en niños y adolescentes.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 13 de diciembre de 2013, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

4. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente.

5. Con fecha de 4 de febrero de 2015 se presenta a la Cámara revisora como Minuta a y con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Minuta fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Promover programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Ley General de Salud

Texto Vigente

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del sistema nacional de salud, que permita abatir la brecha de atención;

(Sin existencia).

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

Propuesta de la minuta

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

IV Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud definió a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; precisamente uno de los componentes de dicha definición es la salud mental, que abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

Tercera. Para el caso de México, según los datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, los trastornos más frecuentes identificados en nuestro país fueron los de ansiedad, con una prevalencia de 14.3 por ciento, seguida por los trastornos de uso de sustancias con un 9.2 por ciento y los trastornos afectivos con un 9.1 por ciento, así como las fobias específicas con un 7.1 por ciento; trastornos de la conducta con una prevalencia del 6.1 por ciento; la dependencia al alcohol con 5.9 por ciento; la fobia social con un 4.7 por ciento y el episodio depresivo mayor con una presencia de 3.3 por ciento entre la población nacional. Asimismo, se estableció que los hombres representan un 30.4 por ciento de prevalencias más altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres con un 27.1 por ciento.

Cuarta. Cifras preocupantes pero no tan estremecedoras como las arrojadas por las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Inegi, que refieren que en nuestro país se han registrado 43 mil 700 defunciones por trastornos mentales y del comportamiento; siendo las entidades con mayor número de defunciones por enfermedades mentales: Veracruz con 4 mil 450; el estado de México, con 4 mil 192; Puebla con 3 mil 939; Oaxaca y Jalisco con 3 mil 7 casos cada una; el Distrito Federal con 2 mil 882 defunciones, Michoacán con 2 mil 320 casos y Guanajuato con 2 mil 220.

Asimismo, otra de las causas es la incidencia preponderante en las personas con padecimientos crónicos, quienes representan el mayor índice de trastornos mentales; tal es el caso de las personas que viven con diabetes, hoy la principal causa de muerte en el país, quienes tienen hasta dos veces más probabilidades de vivir eventos depresivos que las personas saludables.

Quinta. Para la atención de dicha situación, existen programas de acción para superar las brechas en salud mental, el cual ofrece a los planificadores de salud, a las instancias normativas y a los donantes un conjunto claro y coherente de actividades y programas para ampliar y mejorar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias adictivas, sin embargo, ello no es suficiente.

Lo anterior hace de la salud mental uno de los temas eje en la agenda de cualquier administración a nivel mundial, pues aun cuando existen diversos programas de atención, hacen falta aquellos que además de brindar atención, asuman el compromiso de rehabilitar integralmente a las personas que las padecen, así como a la sociedad en general, a través de la difusión de información suficiente que permita desmitificar los padecimientos mentales.

Sexta. Asimismo, en nuestro marco jurídico vigente, la salud mental está contemplada como materia de salubridad general, lo cual se establece en el artículo 3 fracción VI de la Ley General de Salud. Por otro lado, también es considerada a la salud mental como servicios básicos de salud, la atención médica integrada de carácter preventivo que consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. (Artículo 27 fracción VI)

Séptima. En función de lo anterior, ésta comisión dictaminadora sostiene que de acuerdo con los datos, se ha incrementado el número de personas que padecen el problemas mentales, con costos directos al gasto público, puesto que hay una disminución de la productividad del trabajo y un aumento para el tratamiento de la enfermedad. En este sentido, habrá que señalar de manera puntual, los puntos clave de la minuta en comento, intentando dilucidar de manera específica el sentido de la iniciativa y los alcances que presenta.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

(Sin existencia).

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

Propuesta de la minuta

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Comentarios

1. La reforma que plantea hacer modificaciones al artículo 73 fracción V y adiciona una fracción V Bis, contempla que la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales deba aplicarse de manera estratégica y gradual a todos los establecimientos que se contemplan en el sistema nacional de salud en todos sus niveles de atención. La modificación expresa la misma cuestión que el artículo 5 de la presente ley, en donde todas las dependencias y entidades de la Administración Pública de cualquier nivel gubernamental que integren el Sistema Nacional de Salud deben ofrecer el tratamiento adecuado para mitigar los efectos de los problemas mentales. En este sentido, se considera factible la modificación, puesto que se empata con lo establecido en la Ley.

2. En cuanto a la adición de la fracción V Bis del artículo 73 se considera que hay una estrecha relación con lo que se presenta en la norma oficial mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica:

0. Introducción

Los esquemas de atención médica para el tratamiento de personas que padecen enfermedad mental, experimentan cambios continuos en función del desarrollo acelerado de la ciencia, de la mejor comprensión de los múltiples factores que intervienen en el origen y evolución de la enfermedad mental, así como de los recursos terapéuticos, físicos, humanos y financieros para su atención.

Una característica fundamental de este cambio, es la tendencia hacia la reinserción social de la persona enferma al medio al que pertenece, favoreciendo la continuidad del tratamiento a través de la implementación de programas extrahospitalarios y comunitarios tales como hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino, talleres protegidos, entre otros, con especial énfasis en la prevención, desde una perspectiva integral que considera la complejidad de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las enfermedades mentales. Para fortalecer esta tendencia es indispensable continuar el proceso modernizador de la organización y funcionamiento de los servicios de salud, que permita superar los rezagos aún prevalecientes.

En este sentido, se considera prudente, integrar tales conceptos a la Ley, puesto que la Secretaría de Salud ya los tiene específicamente definidos.

3. De acuerdo con las estimaciones de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, hay específicamente grupos vulnerables que deben ser tratados a la brevedad para corregir los problemas de salud mental. En este sentido, el proponente pretende integrar al artículo 77 de la Ley General de Salud, lo correspondiente a la atención oportuna de las personas que sufren padecimientos mentales con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Así mismo, el jueves 5 de febrero del 2015, fue Aprobado en la Cámara de Diputados con 351 votos en pro el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en donde se establece prioridad para la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes. Con la modificación del proponente se pretende disminuir la brecha jurídica para la protección de la salud mental de los grupos vulnerables. Por lo tanto, la reforma en comento se considera factible.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura consideramos la aprobación de la minuta en sentido positivo y sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental

Artículo Único. Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis, al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la reforma al artículo 73, se harán con los recursos financieros y materiales con los que cuente la dependencia, por lo que no requerirá transferencias presupuestarias para su cumplimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Rodríguez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la Comisión para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el señor diputado Mario Alberto Dávila Delgado, hasta por tres minutos, señor diputado.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias, diputado presidente. La Organización Mundial de la Salud define al estado de salud como al completo bienestar físico, mental y social, y en esto incluye a la salud mental, proponiendo la promoción, la prevención de los trastornos mentales, el tratamiento y la rehabilitación.

Las estadísticas de mortalidad en nuestro país, de acuerdo al Inegi, de enfermedades mentales, reporta cerca de 43 mil 700 defunciones por trastornos mentales, presentándose a la mayor frecuencia en los estados de Veracruz, estado de México, Puebla, Oaxaca, Jalisco, como primeros lugares, y en un lugar inferior está también el Distrito Federal, Michoacán y Guanajuato.

Es importante que existan programas de atención para mejorar la condición de estos pacientes una vez que son diagnosticados y es importante también que ya en tratamiento exista un programa completo de rehabilitación y de reinserción a la sociedad.

En nuestro marco jurídico, en la Ley General de Salud, está contemplado en el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Salud, y en el artículo 27, fracción VI, donde nos habla de la atención integral hacia los problemas mentales que existen en nuestro país.

Una característica fundamental de esta iniciativa habla acerca del tratamiento y de la reinserción social de los pacientes con este problema, principalmente que existan programas extrahospitalarios, comunitarios, tales como los hospitales de día, los servicios de consulta externa integral, los centros de día, las casas de medio camino, talleres protegidos para la educación de este tipo de pacientes, pero haciendo un énfasis principal en la prevención. Y que también se atiendan los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de los pacientes con enfermedades mentales.

La propuesta de modificación al artículo 73, es la siguiente: La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del sistema nacional de salud, en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención.

La promoción de programas de atención que consideren, entre otros, los hospitales de día, los servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos. Esto en el artículo 73.

Y en el artículo 77: A estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultos mayores.

Solicito a las diputadas y a los diputados su voto a favor en este dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Dávila. Diputada Loretta Ortiz, tiene usted el uso de la palabra para hablar sobre el dictamen, hasta por tres minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada por México el 24 de marzo de 1981, publicada en el Diario Oficial del 7 de mayo del mismo año, de 1981 la aprobación de México, establece en su artículo 10, toda persona tiene el derecho de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental social.

Con el fin de hacer efectivo el derecho de la salud, los estados parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público, y particularmente, adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho.

La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo, y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Si afirmo que éste es un derecho fundamental, a su vez un compromiso que tiene el Estado mexicano y que conforme al artículo 1 de nuestra Constitución tiene el mismo nivel de cualquier otra norma constitucional y que su no cumplimiento vulnera una garantía individual y un derecho fundamental, igual que ayer, cuando dije que se estaban violando, al relatar la situación de las agrupaciones como Morena, los derechos de asociación y a su vez los derechos políticos, lo digo con conocimiento, yo sí estudié la carrera de derecho y soy profesora, por más de 37 años, en dos instituciones muy prestigiadas de educación superior en México. No como otros diputados del Verde, que quizás se inscribieron pero no terminaron sus estudios.

El artículo 73 de esta iniciativa señala, la implementación estratégica, por lo que es el dictamen. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del sistema nacional de salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención.

Y luego también se propone modificar en la fracción V Bis, establecer la promoción de programas de atención que consideren entre otros los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos, al final de la disposición se puntualiza: a estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento de las instituciones públicas.

Esta disposición no hace más que redactar buenos propósitos, no asegura el derecho a la salud, son reglas programáticas, razones por las cuales Morena votará en contra, porque nada va a cambiar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Ortiz. Diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos. ¿Si está el diputado Antonio Sansores?

Entonces, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Cierto es que nuestro país refleja un alto índice de personas quienes padecen alguna enfermedad relacionada con los trastornos mentales y del comportamiento, pero de fondo debemos hacer una reflexión, los trastornos mentales son una condición que recrea la realidad en que la sociedad se encuentra inmersa.

Estamos frente a una condición en la que el Estado no ha tenido el tino para diseñar y promover políticas públicas por las que este tipo de padecimientos puedan ser mitigados y controlados.

Durante mucho tiempo, en el Partido del Trabajo hemos hecho de manifiesto que cualquier asunto de salud es importante y tan lo es que tampoco creemos que los tratamientos alopáticos sean los más adecuados para estas situaciones de salud desde los primeros indicios de aparición de estos trastornos.

Estamos conscientes de que la naturaleza humana es capaz de resarcir los daños mentales en un primer momento del desarrollo de ellos, sin embargo no se han conseguido formar una estructura de salud que fortalezca los tratamientos psicológicos y de meditación.

En este sentido es pertinente reconocer que en nuestra sociedad se relega un apoyo integral sicológico. Ya no se dedica tiempo a la reflexión, a la meditación, a la plática con los pacientes y los afectados. Ya están siendo olvidadas las prácticas de sesiones familiares, de grupo en sus centros de trabajo.

Ahora prácticamente ya todo es canalizado por una vía siquiátrica, pero aunque nos cueste reconocerlo, lo único que se está fomentando es la falta de sensibilidad para conocer las principales causas que generan esos trastornos en las personas.

Compañeras y compañeros. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos con agrado que medidas como las que hoy estamos discutiendo sean consideradas con el afán de brindar mayores posibilidades de atención para los pacientes. Sin embargo también vemos necesaria la aplicación de un campo de acción aparejada a esta propuesta por el que en el sistema de salud pública se enfatice más en promover medidas preventivas de trastornos mentales que bajo un concepto de atención curativa.

No cejaremos en seguir insistiendo que la adopción de estrategias destinadas a mejorar la salud mental de la población en general ha sido una posibilidad tangible desde mucho tiempo atrás. Esto redundaría en el mejoramiento de los esquemas destinados a la salud mental, además de abonar al mejoramiento de las interacciones sociales como lo es dentro del ambiente familiar, escolar, laboral y muchos otros.

Sin duda parte de esta responsabilidad para evitar que se sigan propagando afectaciones que tienen que ver con los trastornos mentales y de la conducta en las personas en su conjunto se tienen como sociedad y la manera de interactuar y socializarlo.

Finalizo, diputado presidente. No obstante se tiene claro que en la actualidad la población está más atenta en obtener sus necesidades inmediatas y por ello se descuidan muchos otros factores importantes para el desarrollo y la estabilidad familiar y social en general.

Ya lo hemos dicho, estamos convencidos de que propuestas como la discutida en la minuta, junto con alternativas como ésta que ha hemos comentado, pueden generar un cambio positivo y avanzar en el sistema mental en beneficio de la población en nuestro país. Por eso estaremos de acuerdo con este dictamen. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado.

Nos acompañan en este recinto ciudadanos distinguidos, líderes del municipio de Tultitlán, estado de México, que han sido invitados por la diputada Teresita de Jesús Ramírez Hernández, aquí presente en esta Mesa Directiva; los saludamos con afecto. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

Señor diputado Juan Ignacio Samperio Montaño –de Movimiento Ciudadano– tiene el uso de la palabra para hablar sobre el dictamen, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. En México el bienestar social es prioridad de todos, debido a que depende de un conjunto de acciones encabezadas por un gobierno eficaz, destinado a velar por una mejor calidad de vida de sus gobernados, prevaleciendo por encima de todo las necesidades básicas de cada persona y vigilando el cumplimiento al respeto de los derechos humanos, así como la participación activa de los ciudadanos en los programas de observancia general referentes a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a vivienda y a seguridad social.

Tal como se ha mencionado, la salud tanto física como mental es un derecho que posee todo ciudadano. En consecuencia resulta obligatorio para el gobierno mexicano establecer las políticas públicas necesarias para proteger y salvaguardar la salud de los mexicanos.

La Organización Mundial de la Salud advierte que en el año 2014 los trastornos mentales representaron aproximadamente el 12 por ciento del total de la carga global de las enfermedades.

Ahora bien, en ese contexto la secretaría del ramo establece que los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Adicciones, realizada en 1994 en zonas urbanas, se detectó la prevalencia de trastornos mentales entre el 15 y el 18 por ciento de la población en general.

Asimismo en el año 2002 el Consejo Nacional Contra las Adicciones señaló que alrededor de 15 millones de mexicanos padecen algún tipo de enfermedad mental cuya atención resulta insuficiente ya que la infraestructura que actualmente se tiene en el Sector Salud, no es suficiente.

Lo anterior evidencia que los trastornos mentales y de conducta, han aumentado en los últimos años, por lo que es necesario otorgar la debida atención a ese problema de salud pública, así como establecer los parámetros necesarios para aquellas personas que padezcan de este tipo de conductas y así reciban la atención médica hospitalaria adecuada para sus tratamientos.

En ese contexto y ante el aumento de personas que sufren este tipo de trastornos, es necesario que se reformen y adicionen diversas disposiciones de la Ley General de Salud, cumpliendo así con la obligación que tiene el Estado mexicano, de velar por el bienestar de las personas que requieren atención en sus problemas de salud mental.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, votará a favor del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud relativos a los problemas de salud mental.

Así también, hago del conocimiento de este pleno, que Movimiento Ciudadano también votará a favor del dictamen que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Samperio. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Si no se encuentra la diputada Padilla Ramos. Diputada Maribel Enríquez Ramírez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos.

La diputada Maribel Enríquez Ramírez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Maribel Enríquez Ramírez: Gracias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el bienestar de una persona que experimenta como resultado del buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales. En última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades, así como la sana convivencia en el trabajo y la recreación.

De acuerdo con ese organismo, a nivel mundial la depresión afecta a 350 millones de personas de todas las edades, de todas las comunidades, y contribuye de manera significativa a la carga de la baja productividad.

Muchos países no están preparados para hacer frente al aumento previsto en los trastornos mentales, así como a nivel mundial, pues no cuentan con suficientes políticas, programas y recursos destinados a su atención.

En este contexto resulta indispensable que nuestro país disponga de políticas efectivas y suficientes de salud mental, que desarrolle adecuadamente su legislación, que se destine el presupuesto necesario y que se fortalezca la infraestructura física de los servicios de salud, a fin de que se atienda oportunamente a quienes padecen trastornos mentales graves y que se desarrollen centros de atención comunitaria.

Se estima que desde 2011 no se cuenta con cifras al respecto, en nuestro país alrededor del 15 por ciento de la población padece algún trastorno mental, sin embargo sólo 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.

El dictamen que hoy exige su discusión en el seno de este pleno de la Cámara de Diputados establece que, para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la promoción de programas de atención que consideren, entre otros, hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos, que a efectos de que las autoridades educativas y cualquier persona que estén en contacto con personas con trastornos mentales y del comportamiento procuren la oportuna y debida atención de los mismos, pudiendo obtener asesoría y orientación en las instituciones públicas dedicadas precisamente a la atención de las personas con estos trastornos, con énfasis en las niñas, en los niños y las personas adultas mayores.

La salud mental, la salud física, la salud social son componentes esenciales de la vida, que resultan fundamentales para que una persona logre ejecutar su derecho al bienestar general y a la felicidad. Los legisladores de Acción Nacional nos encontramos comprometidos con el trabajo legislativo que ayude a reconocer y proteger la dignidad de la persona humana.

Por ello, por nuestro compromiso –por crear servicios de salud, incluyentes y accesibles, para toda la población–, es que apoyamos el sentido positivo del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Enríquez. Señor diputado Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene usted el uso de la palabra, de igual manera hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Compañeras y compañeros, muy buenos días. Buenas tardes a todos. Tenemos algo que se llama enfermedad en salud y lo padecemos todos. Somos personas como seres humanos, con grandes trastornos emocionales que se reflejan e impactan en la vida cotidiana de todos los seres humanos.

Desde épocas muy remotas en el Valle Central Mesoamericano, en la planicie de los ríos de la cultura maya, se tenía ya una diosa que se conocía como Ixtab, o se conoce, la diosa del suicidio, o sea que los 800 mil mexicanos que se están suicidando cada año no es una casualidad y en alguna época no muy lejana, en los años 80 la gente optaba por el suicidio a través de los órganos fosforados, los que son fertilizantes y los raticidas, pero hoy en el término del estrés que se está viviendo a nivel mundial hay una parte que se conoce como rostizado, que es; el ciudadano o la persona que ya está quemada porque ya pasado todas las etapas del estrés y llega el momento en el que el cerebro ya no permite más y tiende en una regresión, y muchos se van por la salida falta con los enervantes o en su defecto con los inhibidores selectivos de la serotonina, que son justamente los antidepresivos.

No hay que olvidar que en México hay una gran cantidad de niños que se deprimen y no tan sólo los adultos, por eso hay suicidios también en los niños, y que antes de los 14 años de edad, si no hay una buena formación integrada en la familia estamos prácticamente rostizados.

Hoy la inseguridad que vive el país, el 2 por ciento del presupuesto que se da solamente para salud mental del presupuesto global de salud, es el que se emplea. Estamos lejos de tener el nivel óptimo en la atención de salud mental, porque solamente tenemos 43 centros hospitalarios especializados. Y en la clasificación de salud tenemos a los que son los niveles de alta especialidad que no hemos podido cubrir en otras áreas médicas, pero tampoco las hemos podido cubrir en el aspecto de la salud mental.

Por ello vamos a favor de esta reforma en la Ley General de Salud. Y el Grupo Parlamentario del PRD está consciente que tenemos que tener centros de convivencia armoniosa, centros de día para los adultos en plenitud, los senectos y también tener educación especial para los niños que requieren un trato especializado.

Para ello los psiquiatras no tenemos casi cubierta la plaza de psiquiatría, tenemos que tener más especializaciones en psiquiatría. Y en educación, lo que es el aspecto pedagógico, pero a nivel psicológico. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros, mi total afecto pleno. Buenos días.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Sansores, gracias a usted. Diputada Minerva Marisol Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, tiene usted el uso de la palabra para hablar sobre el dictamen que está a discusión.

La diputada Minerva Marisol Sánchez Hernández:Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Secretaría de Salud mencionó que uno de cada cuatro mexicanos, entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero sólo uno de cada cinco de los que lo padecen recibe tratamiento.

En cualquier etapa de la vida se pueden presentar los trastornos mentales, pero según los últimos reportes se está elevando su presencia en las primeras etapas de la vida, ya que el 24.7 por ciento de los adolescentes se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, traducidos en trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como el intento de suicidio y su lamentable consumación.

Sin duda es un tema que es vital atender, porque estamos en un constante trabajo dirigido al aumento del bienestar físico y la calidad de salud de la población, porque de esta manera evitaremos la presencia de problemas de salud que demanda la inversión de tiempo y de recursos económicos, que involucran a los pacientes, la familia y al Estado.

Dentro de los servicios básicos de salud se encuentra la salud mental, considerada como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Compañeros legisladores, tenemos las herramientas jurídicas establecidas en la Carta Magna y en la Ley Reglamentaria, pero es nuestro compromiso adecuar las normas de acuerdo a las necesidades de la población.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, con el objeto de que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la promoción de programas de atención que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos.

Es decir, es un trabajo en conjunto que permitirá que mediante la promoción en forma coordinada se logre proteger y mejorar el estado de salud de las personas, diagnosticando con anticipación alguna enfermedad psíquica y en consecuencia realizar el tratamiento adecuado.

Asimismo, apoyamos que las personas concentren la representación legal de aquellas personas con trastornos mentales y de comportamiento, y así como las autoridades educativas y en cualquier persona que esté en contacto con ellas pueda obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas a dicha atención, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Lo anteriormente, coadyuvará a que las personas tengan asistencia para saber acerca de los trastornos mentales y del comportamiento, para su propia atención, tratamiento, rehabilitación y la convivencia con aquellos, generando un adecuado bienestar físico, mental, cumpliendo con ello uno de los fines emanados del derecho a la salud. Es cuanto, muchísimas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. En términos reglamentarios del acuerdo votado el día de ayer por esta asamblea, consulte la Secretaría a la propia asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general.

En razón de que en términos del artículo 109 del Reglamento de esta Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a recoger la propia votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Don Víctor Sánchez Guerrero, señor diputado de Acción Nacional que nos acompaña en esta Mesa Directiva, tiene un grupo de invitados, también nuestros, distinguidos todos, del municipio de Tlalnepantla de Baz, del estado de México. Les damos la bienvenida en nombre del señor diputado y de esta Mesa Directiva. Gracias por su visita.

Cierre el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 363 votos a favor, 4 abstenciones y 1 en contra, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 13 de febrero de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

2. Con misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 11 de diciembre de 2014, fue publicado el dictamen de primera lectura por la Cámara de Senadores.

4. Con fecha 14 de diciembre de 2014, se sometió a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, aprobado por 93 votos. Pasando a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En sesión celebrada con fecha 3 de febrero de 2015 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

6. Con misma fecha la Presidencia de la cámara de diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

La presente Minuta pretende incluir que los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 46. La construcción y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

Iniciativa

Artículo 46. La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades aplicará en todo momento las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En la exposición de motivos de la presente Minuta, se manifiesta la preocupación del incremento en la temperatura global, como consecuencia de las actividades del ser humano, que origina una transformación continua a corto, mediano y largo plazo en el medio ambiente y por ende, afectaciones en la salud de las personas.

Por ello, se propone que se reforme la Ley General de Salud, con la finalidad de que se incluya en el Artículo 46, la aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental, por lo que corresponde a la infraestructura de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud.

Tercera. El 6 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático, que tiene como objeto, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

Aunado a lo anterior, el artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, en comento, establece en su fracción VI, que se considerarán acciones de adaptación, “la construcción y mantenimiento de infraestructura”; en el mismo sentido, la fracción XVIII, del mismo precepto, establece que también se considerarán acciones de adaptación “la infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud, y producción y abasto de energéticos.

Cuarta. Finalmente, cabe hacer mención de la norma mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación sustentable-criterios y requerimientos ambientales mínimos, tiene como objetivo, especificar los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural.

Quinta. Conforme al Plan Nacional de Desarrollo en su Apartado VI.4. México Próspero, se plantea el objetivo 4.4. que versa en “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”; dicho plan también hace referencia en la Estrategia 4.4.3., “al fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajo carbono” en cuyas líneas de acción, son “La promoción del uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero”.

Sexta. Entendemos por desarrollo sustentable a un proceso de crecimiento de la humanidad con la mira puesta en el cuidado y la protección del medio ambiente. La noción de desarrollo sustentable es muy reciente: surgió a fines del siglo XX como el resultado de proyectos y exposiciones internacionales que analizaban el desgaste y el abuso que el ser humano con su crecimiento económico, tecnológico y social ha generado a lo largo del tiempo sobre el medio ambiente. Así, surge este concepto novedoso que supone el poder mantener niveles de crecimiento y desarrollo que beneficien a las diferentes regiones del globo pero que no impliquen continuar con ese abuso medioambiental sino que, por el contrario, se basen en el uso de energías renovables, en el reciclado de materiales que puedan ser reutilizables, etc.

Séptima. La mitigación del cambio climático puede resultar afectada por políticas y tendencias socioeconómicas de carácter general, como las relativas a desarrollo, sostenibilidad y equidad, y repercutir en ellas. Las políticas de mitigación del clima pueden fomentar el desarrollo sostenible cuando corresponden a esos objetivos generales de la sociedad. Algunas acciones de mitigación pueden producir grandes beneficios en esferas ajenas al cambio climático: por ejemplo, pueden paliar problemas de salud; aumentar el empleo; reducir efectos negativos sobre el medio ambiente (como la contaminación atmosférica), proteger y mejorar los bosques, los suelos y las cuencas hidrográficas; reducir las subvenciones e impuestos que intensifican las emisiones de gases de efecto invernadero, e inducir el cambio y la difusión de la tecnología, lo que contribuye a objetivos más amplios de desarrollo sostenible. Análogamente, las vías de desarrollo que cumplen objetivos de desarrollo sostenible pueden disminuir los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Octava. Es por lo anterior que la Comisión de Salud coincide con la Cámara de Senadores, en promover los mecanismos para que los hospitales existentes y futuros, se conviertan en instalaciones verdes y sustentables, con planes de manejo especializados para reducir el gasto de los mismos, conservando e incluso mejorando los niveles de cuidado y calidad de los servicios de salud. Aunado a lo anterior, conforme a los ordenamientos jurídicos señalados, es imperante que la infraestructura de servicios de salud, adopten las medidas necesarias para contribuir, a la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero.

Por ello, la comisión está de acuerdo con las modificaciones de redacción propuestas por la Cámara de Diputados, por medio del cual se cambian las palabras “aplicara en todo momento”, por “podrán aplicar”, con la finalidad de que de manera gradual, la Secretaría de Salud mediante la planeación de su presupuesto y acciones en infraestructura, introduzca progresivamente tecnologías autosuficientes y sustentables con el medio ambiente.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 46. La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Rodríguez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el señor diputado Mario Alberto Dávila Delgado.

La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Leonor Romero, permítame que argumente por la comisión el señor diputado Dávila Delgado e inmediatamente después le daré la palabra, si es tan gentil.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Con su venida, diputado presidente. El incremento de la temperatura global es consecuencia de las actividades del ser humano que originan una transformación continua a corto, mediano y largo plazo en el medio ambiente y, por ende, afectaciones en la salud de las persona.

Por ello se propone la Ley General de Salud con la finalidad de que se incluya en el artículo 46 la aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor suficiencia y sustentabilidad y salud ambiental por lo que corresponde a infraestructura en los edificios y establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud.

El 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático que tiene por objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a establecer la concurrencia de las facultades de la federación, de los estados y los municipios en la elaboración de políticas públicas para mitigar el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero.

Aunado a lo anterior, el artículo 29 de dicha Ley General de Cambio Climático, incluye que se considerarán acciones de adaptación, de construcción y mantenimiento de infraestructura en todos los servicios que preste la Federación, y en este caso estamos aduciendo a que el tema de infraestructura ambiental sea considerada en los edificio y servicios que preste el sistema de salud.

Entendemos por desarrollo sustentable a un proceso de crecimiento de la humanidad con la mira puesta en el cuidado y la protección del medio ambiente.

Es importante realizar acciones de mitigación de incremento del clima; algunas de ellas pueden ser como reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente, proteger y mejorar los bosques los suelos y las cuencas hidrográficas, reducir la emisión de los gases de efecto invernadero.

Es por ello que la Comisión de Salud coincide con la minuta enviada por el Senado de la República, para que en las instalaciones presentes y futuras, se consideren las instalaciones verdes y sustentables con el manejo especializado para proteger y cuidar el ambiente con el tema de la infraestructura en salud.

Es por ello que la propuesta es de modificar el artículo 46, quedando de la siguiente manera: “La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud en cualquiera de sus modalidades, podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental. Además se sujetarán a las normas oficiales que conjuntamente en esta ley y demás disposiciones generales aplicables expida la Secretaría de Salud sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades”.

Por lo tanto, diputadas y diputados, solicitamos su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado. Diputada Loretta Ortiz, de agrupación Movimiento por la Regeneración Nacional, hasta por tres minutos, para hablar sobre este dictamen.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con su venia, presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Otra norma internacional de importancia en materia de salud es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”.

Por otra parte señala el artículo 28: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sean plenamente efectivos –subrayo efectivos.”. En el caso de nuestro país, bien sea el gobierno federal, estatal o municipal, desgraciadamente no vemos que se garanticen de manera efectiva los derechos fundamentales que establecen estos instrumentos internacionales

Y para muestra de un botón, desgraciadamente, todavía padecen los derechohabientes del ISSSTE y del seguro social, que no tienen la atención adecuada en las instalaciones que al propósito existen para poderlos atender adecuadamente.

La iniciativa que hoy se nos presenta, que habla de precisamente que la construcción, el mantenimiento, la operación y el equipamiento de los establecimientos sea acorde con las normas de una mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental en aras a los tratados internacionales en materia de cambio climático, pues es por demás aceptable, es adecuada.

Sin embargo, hacemos votos que además de aplicar esta norma, en caso de aprobarse el día de hoy –que eso parece ser que va a ocurrir– que también se haga efectivo el derecho a la salud que tienen todos los mexicanos en territorio nacional y que volteemos los ojos para ver esta situación que todavía queja a muchísimos mexicanos que no tienen garantizado este derecho. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, maestra Ortiz. Tiene el uso de la palabra, la diputada Daniela Díaz Magaña, para hablar en pro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Igual, hasta por tres minutos, diputada.

La diputada Daniela Díaz Magaña:Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, el ser humano como parte de la naturaleza debe recrear la armonía con ella, siquiera subsistir más allá del neoliberalismo, etapa del capitalismo que ha declarado la esclavitud más absoluta de la naturaleza a los intereses de la plutocracia que denomina el mundo.

Esto exige una revolución de conciencias, pero sobre todo acciones diarias y concretas en cada uno de los espacios en que el hombre actúa, desde lo sencillo hasta lo más complejo, para rebatir este estado de cosas desde el hogar, los centros de trabajo, las escuelas, la infraestructura hospitalaria, cual es el caso del presente dictamen, por citar algunos.

Y bien, uno de los resultados para graves de la acción indebida sobre nuestro planeta ha sido el calentamiento global, el incremento de la temperatura con efectos directos sobre la vida y salud de los seres humanos, en general de los seres vivos del planeta, por lo que la respuesta sobre este fenómeno debe ser inmediata en una asociación entre Estados de la comunidad internacional y entre Estados y sociedad civil, más hablando de las acciones concretas.

Respecto al cambio climático tenemos el presente dictamen, que busca adecuar el concepto teórico general a una solución específica respecto a los hospitales del país en materia del calentamiento global.

Concretamente se propone que se forjen espacios de salud sustentables, comenzando por los hospitales, lo que además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero permitirá ahorros de recursos en bien de otras áreas de la salud, creándose al efecto planes de manejo especializado e impulsándose tecnologías factibles y ambientales correctas que lleven a una mayor autosuficiencia y salud ambiental. Es decir, hospitales verdes amigables, que sean una muestra viva de respeto al medio ambiente, que deberían ser –digo yo– no sólo tecnológicamente, sino estéticamente sustentables y dejen de ser la mayoría de estos lugares estructuras grises y deprimentes.

Con esta reforma se marcha en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Cambio Climático, que señala como objeto de esta misma el garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Al efecto, este dictamen propone la reforma al artículo 46 de la Ley General de Salud a efecto de establecer que en la construcción, mantenimiento y operación de los establecimientos para la salud se podrán aplicar las tecnologías ya señaladas, y pienso que siendo correcta la esencia de este precepto es que insuficiente, pues no dice podrá. Debería decir deberá, que fue el espíritu de la iniciativa que dio base a la presente minuta para evitar que todo quede en un buen deseo o en manera de simulación.

A pesar de ello, nuestro grupo parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Díaz. Diputada María de Jesús Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta tres minutos para argumentar la postura de su Grupo Parlamentario.

La diputada María de Jesús Hernández Martínez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, actualmente México está viviendo una etapa en la que busca la inserción a nuevos modelos tecnológicos, la adaptación de esquemas afables a las nuevas circunstancias ecológicas y el diseño de modelos sustentables que permitan mitigar los impactos negativos del medio ambiente.

En este sentido es que se somete a la discusión de este pleno la presente minuta, por la cual se modifica el artículo 46 de la Ley General de Salud, para incluir que los establecimientos dedicados a la presentación de servicios de salud puedan aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental, principalmente en estas áreas.

No obstante lo bondadoso de la propuesta, vemos con zozobra que estamos frente a una propuesta incompleta y con un gran contenido retórico. Esta propuesta no deja de ser un matiz en la ley debido a que tan sólo para hacer realidad este propósito es necesario llevar a cabo muchas acciones complementarias a la aplicación de los modelos sustentables en las instalaciones dedicadas a la presentación de los de servicios de salud.

En otras palabras, en la minuta en comento no encontramos una propuesta alterna con la que el gobierno federal a través de alguna política pública impulse nuevos diseños tecnológicos ni mucho menos que planifique hacia una etapa de transición en materia tecnológica y de medio ambiente.

Compañeras y compañeros diputados, en el Partido del Trabajo siempre hemos estado a favor de un cambio evolutivo del modelo de salud pública que tenemos. En diversas ocasiones hemos hecho eco de las principales demandas de la sociedad, mismas que exigen aplicar estrategias basadas a la ciencia y la tecnología, a favor del cuidado de la salud de todos.

No obstante, debemos reconocer que solamente han alcanzado cierto grado de avance los centros de salud y nosocomios particulares. No es posible que aún en muchos de esos establecimientos públicos en estas épocas de modernidad y de grandes deseos por adaptar modelos de vanguardia aún existan grandes carencias a insuficiencias en material, en equipo de instalaciones básicas para brindar el servicio a la población paciente.

Es pertinente destinar mayor presupuesto para garantizar una reconstrucción e infraestructura a todos los niveles del sector salud, para posteriormente y de manera inmediata implementar políticas públicas para la edificación sustentable.

Estamos convencidos de que solamente así podremos contribuir en la mitigación de impactos ambientales y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales mencionados en la minuta.

Debemos ser conscientes ante la falta de oportunidades para subsanar en su totalidad las deficiencias que ya hemos comentado. Frente a ello proponemos corregirlas paulatinamente y, al mismo tiempo, ir adaptando las medidas necesarias que contempla la minuta. –Concluyo, presidente–.

Vemos con agrado que el objeto de la minuta contemple un esfuerzo para el uso de establecimientos dedicados al cuidado de la salud, considerando la protección al medio ambiente a través del uso de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental. Sin embargo, creemos que el esfuerzo puede ser aún mayor y de esta forma se logre alcanzar un esquema de servicios de salud pública basada en la infraestructura adecuada de sus instalaciones –concluyo, presidente– y con el uso de equipamiento acorde a las necesidades medioambientales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Hernández. Diputada Carla Alicia Padilla Ramos, para hablar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Adelante, amiga diputada.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras legisladores, los efectos de la urbanización y del cambio climático están convergiendo en peligrosas direcciones, que suponen una seria amenaza para la estabilidad medioambiental, económica y social del mundo.

La ciudad, tal y como se ha construido a lo largo de los siglos, es una voraz máquina de consumir energía y recursos en general. Es una terrífica máquina para impulsar el cambio climático.

Existe un grave problema en el uso de energía en una ciudad y en las consecuentes emisiones del gas efecto invernadero, éstas dependen del diseño de los planes de desarrollo urbano, por ello se ha buscado reducirlas mediante la restauración y el desarrollo de sistemas de infraestructura urbana.

Por ejemplo, se han implementado tecnologías para que los edificios sean menos contaminantes y hagan uso más efectivo de los recursos, lo que deriva en elementos más amigables con el medio ambiente, con una política de edificios inteligentes o verdes, páneles solares, recolección de agua, azoteas verdes.

El cambio climático y el desarrollo urbano han sido temas difíciles de conciliar. El cambio climático es real, es un proceso que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Un proceso que amenaza nuestro desarrollo, nuestro futuro, pero también es una oportunidad para empujar el desarrollo sustentable en nuestro país.

Existe la norma que permite la construcción sustentable, si bien es voluntaria, permite que la edificación contribuya a la mitigación de impactos ambientales y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, induciendo la planeación sustentable vinculada en su entorno, tanto urbano como social y natural.

El sector salud contribuye significativamente al cambio climático, los centros de salud son grandes consumidores de recursos y productores de desechos, y lo que es peor, muchos de sus desperdicios son tóxicos.

El gobierno federal tiene programas para la construcción de hospitales, clínicas y sanatorios, para brindar mejores servicios de salud a la población. Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo, en diversos apartados, versa en impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitador, que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza.

La tarea no es fácil, ya que el sector salud es un sector considerable en el cambio climático, por ello es necesario que se realice un esfuerzo conjunto para ejercer un papel prioritario, obras de mitigación en el cambio climático.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, porque la presente reforma y con el escenario que vive nuestro país en materia de salud para promover los mecanismos que los hospitales existentes y futuros se conviertan en instalaciones verdes y sustentables, utilizando las tecnologías existentes para el aprovechamiento y mejor autosuficiencia, empleando planes de manejo especializados para reducir el gasto, con el objetivo de reducir las emisiones y generación de contaminantes que impliquen un riesgo para la población de los mismos, conservando, incluso mejorando los niveles de cuidado y calidad de los servicios de salud. Por su atención, muchas gracias, compañeros compañeras. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Padilla, Carlita. Deme oportunidad, diputada Vargas, de que esta Presidencia en funciones, y a nombre de la Mesa Directiva, saludar a una niña, una alumna destacada, Karen Daniela Azuara del Ángel. Ella está presente en este recinto parlamentario, de la escuela primaria Platón Sánchez, del municipio de Tempoal, Veracruz. Y al contador público, Patricio Chirinos, que es presidente municipal de ese lugar. Sean ustedes bienvenidos a este recinto y estar presentes en los trabajos de este cuerpo colegiado.

Ahora sí le otorgo, diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para que exponga la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo:Compañeras y compañeros legisladores, el derecho a la protección de salud consagrado en el artículo de nuestra Carta Magna, con relación al funcionamiento de nuestro sistema nacional de salud se vislumbra en dos vertientes básicas.

La primera consiste en procurar que toda persona se encuentre protegida contra todo elemento o fenómeno que pueda constituir un riesgo para su salud. Y la segunda vertiente consiste en que toda persona tenga acceso a la infraestructura física, el personal idóneo y los insumos necesarios para proteger, restaurar o mejorar su salud.

La Ley General de Salud establece que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud es el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Es por ello que resulta indiscutible la pertinencia de toda acción tendiente al reforzamiento de la infraestructura física del sistema nacional de salud. Resulta indiscutible, que el incremento de la temperatura global puede afectar la salud de las personas, es por ello que toda acción que pretenda revertir tal efecto resulta pertinente.

En ese contexto, el tema del desarrollo sustentable del sistema nacional de salud toma especial relevancia, pues resulta necesario que las acciones de salud, que en él se desarrollan eviten contribuir con abuso medioambiental que llega a generar la afectación de otras regiones del globo terráqueo.

Es un compromiso de todo ser humano realizar todas las acciones que se encuentren a su alcance, con la finalidad de mitigar las emisiones de gases compuestos que generan el efecto invernadero y tanto contribuyen al calentamiento global. La adaptación estratégica de los servicios de salud es reconocida como una de las acciones relevantes en materia de adaptación al calentamiento global.

Es en ese tenor que el dictamen que hoy ocupa nuestra discusión, propone que a los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, se les permita de manera expresa en la ley, la aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas, con la finalidad de promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental.

Para los legisladores de Acción Nacional resulta indispensable que el país avance por la ruta del desarrollo sustentable, mediante el cual podamos alcanzar nuestro crecimiento como seres humanos de manera concomitante con el cuidado y la protección del medio ambiente, es por ello que votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted diputada Vargas Martín del Campo. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado César Agustín Serna Escalera, que fijará la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Serna.

El diputado César Agustín Serna Escalera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, desde el inicio de la presente administración federal se ha buscado que los espacios públicos sean amigables con el ambiente a través del uso de energías sustentables, las cuales se obtienen de fuentes naturales que siempre están presentes y que para modificar la energía eléctrica consiste en una transformación del sol, el aire, la lluvia y el agua.

Por tal motivo, diversas organizaciones internacionales se han dado a la tarea de realizar recomendaciones a todos los países para que lleven a cabo acciones tendientes al combate de este problema ambiental promoviendo, entre otras cosas, la llamada salud ambiental. Es decir, aquélla relacionada con todos los factores físicos, químico y biológicos externos de una persona.

Con la finalidad de hacer uso de medios no contaminantes diversos espacios públicos se han sumado al uso de energías sustentables. Tal es el caso de algunos hospitales, los cuales siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud han desarrollado diseños de bajo o nulo consumo de energía.

Cabe señalar que en el país existen diversos centros de salud inscritos a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, entre los que se encuentra el Centro Médico ABC y los Hospitales General de Ecatepec Doctor José María Rodríguez, General de México Doctor Eduardo Liceaga, Infantil de México Federico Gómez, Municipal de Xonacatlán Vicente Guerrero, Bicentenario Pediátrico Iztapalapa, Regional de Alta Especialidad de la Niñez Oaxaqueña, Del Niño DIF Hidalgo y el Instituto Nacional de Pediatría, todos ellos con una infraestructura adecuada bajo los principios de sustentabilidad ambiental.

La reforma que se encuentra a discusión tiene precisamente este objetivo, que todas las instalaciones del sector salud se encuentren con la tecnología y equipamiento amigable con el medio ambiente promoviendo la sustentabilidad, autosuficiencia y salud ambiental en todo el país.

El respeto a nuestro entorno debe ser una de las prioridades de todos los mexicanos ya que si se protege éste, protegemos la salud de todos y coadyuvamos a una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida.

Las también llamadas energías renovables coadyuvan a la protección del derecho humano a un ambiente sano que al mismo tiempo incentiva la protección al derecho a la salud, ambos consagrados en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Desafortunadamente los diversos contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos han permitido los efectos del calentamiento global y los gases de efecto invernadero provocando un aumento en la temperatura de los océanos y el aire, el derretimiento de los glaciares y un mayor número de incendios forestales, así como el aumento de la temperatura ambiental de tres hasta nueve grados centígrados.

Por lo anteriormente expuesto es que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: A usted, gracias, diputado Serna Escalera. En atención a que ha concluido la lista de oradores, consulte la Secretaría si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, virtud a que se trata de artículo único y no hubo propuesta de modificación. Adelante, secretario.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Lo que procede ahora –señor secretario– es que se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 382 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

La diputada Leonor Romero Sevilla(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Leonor Romero, desde su curul, dígame, ¿Con qué propósito?

La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): Para comentar que en esta LXII Legislatura quedan asignaturas pendientes, pero una en particular es la reforma integral al campo, que desde el principio de este periodo el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha impulsado.

Como todos sabemos, uno de los grandes problemas del campo mexicano es la falta de definición de sistemas productivos, que sea un modelo a seguir por el pequeño, mediano o gran productor.

Pedí la palabra, presidente, para solicitarle que se turne a comisión mi iniciativa enlistada en el punto tres de esta sesión, que propone modificar los artículos 53, 54 y 55, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que en la implementación de políticas públicas orientadas a la producción del campo mexicano sea considerado un enfoque de desarrollo regional y reordenamiento de la vocación productiva, a fin de que sea un instrumento para incrementar la producción nacional de cultivos estratégicos con miras a que los productores sean autosustentables y su visión sea producir cultivos que contribuyan a incrementar el inventario nacional. Le agradezco, presidente, el haberme otorgado el uso de la palabra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se obsequia, como usted lo ha pedido, y que se turne la iniciativa señalada a la comisión que corresponda. Tome nota la Secretaría y además en su oportunidad será publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Denme oportunidad, porque bien vale la pena hacerlo, de expresar una felicitación franca, sentida, al maestro Mario Vergara Talamantes, aquí presente, ganador del Premio Nacional de Finanzas Públicas 2015. La diputada Cecilia González Gómez le ha externado la invitación y la hacemos nuestra. Gracias por su visita.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado “Análisis de la iniciativa” se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 6 de noviembre de 2014 se presentó la iniciativa a cargo de Rubén Acosta Montoya para reformar los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para análisis y dictamen.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona que la práctica ilegal de falsificar o violar documentos que demuestran el cumplimiento de normas oficiales mexicanas (NOM), tiene como consecuencia directa vulnerar la salud, la seguridad, el ambiente y, en algunos casos, el patrimonio o la economía de las personas.

Las NOM, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tienen por objeto regular los productos, procesos y servicios que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas, dañar la salud humana, animal, vegetal, el ambiente y la seguridad laboral, y preservar los recursos naturales.

Se señala que específicamente, las dependencias competentes del Ejecutivo federal emiten las NOM en materia de información comercial, seguridad de productos, protección fitosanitaria y zoosanitaria, eficiencia energética, previsión de enfermedades humanas, protección contra riesgos sanitarios, seguridad en centros de trabajo, protección de recursos naturales, telecomunicaciones, transporte aéreo, terrestre y marítimo, instalaciones eléctricas y gas.

Se refiere que México cuenta con un sistema de normalización que se acompaña de un esquema de evaluación de la conformidad, regulado en la ley citada. Para estos efectos, tanto las dependencias del gobierno federal como los entes acreditados y aprobados con funciones de organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios emiten documentos que avalan que los productos, procesos y servicios cumplen la correspondiente NOM.

Se menciona que actualmente se comercializan en el país productos o se ofrecen servicios que ostentan irregularmente el cumplimiento de una NOM, al falsificar o falsamente utilizar el documento que demuestra el cumplimiento o, incluso, alterando y violando los dictámenes de organismos de certificación, laboratorios o sellos de verificación, en perjuicio del consumidor; o bien, utilizan documentos legales que fueron expedidos para otro producto, proceso o servicio, generando un grave riesgo y posible daño a las personas y su entorno.

Se precisa que para ser más claros, comercializar productos y servicios con documentos falsificados, alterados o que no corresponden que demuestran el cumplimiento de alguna NOM genera inconvenientes como éstos:

• Grave deterioro de la seguridad de las personas y de sus bienes e instalaciones.

• Inhibición del crecimiento del sector intelectual e industrial en México.

• Desprestigio de los productos nacionales que sí cumplen las especificaciones técnicas.

• Engaño y deterioro del poder adquisitivo del consumidor.

• Riesgo en los centros donde se fabrican o utilizan productos apócrifos o de baja calidad porque se carece de certeza técnica.

• Posible riesgo al ambiente.

• Riesgo al permitir la comercialización y el uso de productos sin la información comercial que los consumidores requieren.

• Constante riesgo a la salud de las personas, al consumir productos o alimentos que se fabrican o procesan en condiciones completamente insalubres, por carecer de controles de calidad.

Indica que ejemplos de lo expuesto son los siguientes:

• Venta de prendas de vestir sin etiquetar o con información en la etiqueta que no corresponde al producto.

• Venta de bienes de consumo, alcohol, medicinas u otros, lo cual implica un riesgo para la salud.

• Venta de productos eléctricos o electrónicos que no han sido sometidos a las medidas mínimas de seguridad.

• Venta de productos a granel que deben ser pesados o medidos, y que en ocasiones se usan instrumentos de medición que han sido alterados: básculas, bombas de gasolina y otros.

Expresa que en cuanto a lo expuesto, el Código Penal Federal señala actualmente sólo lo siguiente:

Capítulo IIIFalsificación de Sellos, Llaves, Cuños o Troqueles, Marcas, Pesas y Medidas

Artículo 241. Se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de cuatrocientos a dos mil pesos

I. Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II. Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro o de la plata;

III. Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV. Al que falsifique los punzones, matrices, sellos o documentos, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V. Al que falsifique las marcas de inspección de pesas y medidas.

Artículo 242. Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de veinte a mil pesos

I.Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II.Al que falsifique en la república los sellos, punzones o marcas de una nación extranjera;

III.Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV.Al que para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V.Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI.Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos; y

VIII.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V y VI de éste.

Indica que la conducta ilícita que señaló no se encuentra tipificada específicamente como delito en el Código Penal Federal ni, mucho menos, es perseguida y castigada con efectividad, pues en esos preceptos no se establece la conducta atípica de falsificar los documentos que demuestren el cumplimiento de las NOM. Resulta fundamental que el Código Penal Federal sea modificado y determine la sanción de dichas conductas.

Concluye que la presente propuesta fortalecerá el combate que lleva a cabo la autoridad contra productos apócrifos “pirata”, y generará mayor conciencia en el cumplimiento de las especificaciones que las NOM establecen en beneficio de los consumidores y de la propia economía.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforman los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 241.Se impondrán de cinco a nueve años de prisión y multa de diez mil a mil pesos

I.Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II.Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro de la plata, o de cualquier otro metal;

III.Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV.Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V.Al que falsifique los certificados,marcas, sellos o documentosde inspección de pesas y medidas.

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242.Se impondrá prisión de cinco a diezaños y multa de cienmil pesos

I.Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II.Al que falsifique en la república los sellos, punzones o marcas de una nación extranjera;

III.Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV.Al que, para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V.Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI.Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII.Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos;

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

IX.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V, VI y VIII de este artículo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

Primera. La Comisión de Justicia, analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso, y la jurisprudencia relacionada con la aplicación e interpretación del Código Penal Federal.

En la iniciativa propuesta se pretende reformar los artículos 241 y 242 de dicha ley, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Artículo vigente

Artículo 241. Se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de cuatrocientos a dos mil pesos

I. Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II. Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro o de la plata;

III. Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV. Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V. Al que falsifique las marcas de inspección de pesas y medidas.

Artículo 242. Se impondrán prisión de tres meses a tres años y multa de veinte a mil pesos

I. Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial; o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II. Al que falsifique en la república los sellos punzones o marcas de una nación extranjera;

III. Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV. Al que, para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V. Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI. Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etc., haga uso indebido de ellos; y

VIII. Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que habla el artículo anterior y las fracciones I, II, V y VI de éste.

Artículo propuesto 

Artículo 241. Se impondrán de cinco a nueve años de prisión y multa de diez mil a mil pesos

I. Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II. Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro de la plata, o de cualquier otro metal;

III. Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV.Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V. Al que falsifique los certificados,marcas, sellos o documentos de inspección de pesas y medidas.

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242.Se impondrá prisión de cinco a diez años y multa de cien mil pesos

I. Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II. Al que falsifique en la república los sellos, punzones o marcas de una nación extranjera;

III. Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV. Al que, para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V. Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI. Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos;

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

IX.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V, VI y VIII de este artículo.

Gramaticalmente, falsificar significa “falsear”, “adulterar”, “contrahacer”. Falsedad equivale a “falta, alteración de la verdad”. La alteración de la verdad puede provenir de error (cuando de buena fe se cree y afirma como cierto lo que no es) o de mentira, afirmando como cierto lo que se sabe contrario a la verdad.

El penalista Eduardo López Betancourt, en la obra Delitos en particular, tomo V, refiere que “esta afirmación maliciosa es el alma de la falsedad, pero el contenido mendaz de un hecho no es bastante para que sea punible, es menester que además se halle revestido de un aspecto de verdad capaz de engañar a los demás, que se preste como verdadero. Mas para que los hechos falsos entren en el campo del derecho no basta que se hallen revestidos con un ropaje de verdad, es también condición precisa que lesionen bienes jurídicos, protegidos por la ley”.

El vocablo falsificación encuadra en el género falsedad,que es la falta de verdad o de autenticidad cuando no hay conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, es decir, es cualquier ocultamiento de la verdad.

Entre sus derivados encontramos falsear, falseamiento, falsificar y falsificación. Por tanto, la falsedad se presenta como una circunstancia con diferentes formas de manifestación, como las falsificaciones monetarias, de billetes, alteraciones de medidas y pesos comercialmente hablando, falsedad en declaraciones, en documentos, etcétera.

Por otra parte, según el Diccionario de la lengua española, la moneda es “el signo representativo del precio de las cosas para hacer efectivos los contratos los cambios; una pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con el busto del soberano o el sello del gobierno, que tiene la prerrogativa de fabricarla, y que bien por su valor efectivo, o bien por el que se le atribuye, sirve de medida común para precio de las cosas y facilitar los cambios”.

Según la definición legal establecida en el Código Penal Federal, artículo 234, párrafo segundo, “se entiende por moneda... los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor”.

Los delitos de falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas, tipificados en los artículos 241 a 242 del Código Penal federal, constituyen delitos contra la fe pública, en la configuración especial de ofensa relativa a la legitimidad de los sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas, es decir se ocasiona un daño directo a la fe pública en la certeza jurídica y el Valor económico de dichos instrumentos.

En esencia se trata de una conducta sumamente lesiva a los intereses de la colectividad y del Estado, aceptante de la economía interna de éste, así como la credibilidad y confianza que debe existir en el mercado con este instrumento de pago o de calidad, por lo cual el daño no es sólo financiero, si no, también, es un daño que afecta a la política crediticia, la solidez y liquidez del propio Estado, así como la fe pública.

Ahora bien, se pretende adicionar dos supuestos más y así como el aumento de pena.

En efecto, la iniciativa pretende la adición de una fracción VI al artículo 241 y una fracción VIII aumentándose a IX las fracciones al artículo 242; ello en los siguientes términos respectivamente:

Artículo 241. (...)

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242. (...)

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

En relación con las citadas fracciones que se pretende adicionar precisa señalarse que, en ellas el cuerpo del delito deviene ser similar, “la falsificación de una marca industrial” a fin de pretender imitar un producto, bien, proceso o servicio; haciendo parecer que el falsificado es igual al auténtico, esto es, legítimo. Esta falsificación consiste en una “creación imitativa e ilegítima hecha por cualquier medio, ya se trate de la superposición del elemento impresor falsificado, ya del dibujo a mano, o de grabado etc.

En el caso de la fracción VI del artículo 241 y la fracción VIII del artículo 242, que hablan de la falsificación de las comprobaciones de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.

Dichas normas corresponden a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y que son elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.

Las normas oficiales establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como las relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación en materia de control y fomento sanitario.

Resulta sumamente importante proteger su autenticidad, instituyendo como delito su falsificación, lo cual resulta viable.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en el párrafo tercero del artículo 4o. la garantía que todo individuo tiene a la protección de la salud...”

Ahora bien, las atribuciones de la Secretaría de Salud, se encuentran establecidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, así como vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaria de Salud, las que ejercerá a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y que dichas facultades se encuentran establecidas en el artículo antes citado y en el 17 Bis 1 y 17 Bis 2, así como las señaladas en el artículo 3o., del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, según dispone el artículo 1 de su reglamento, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, entre las cuales están los siguientes reglamentos:

De Control Sanitario de Productos y Servicios;

De Insumos para la Salud; y

De la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por ende, resulta de vital importancia el blindaje de aquellos documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, porque su falsificación implica un grave riesgo a la salud de las y los mexicanos, dado el eventual consumo de productos que no han sido revisados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, por ende, autorizados para su consumo.

Respecto a la propuesta de reforma de la fracción II del numeral 241, que considera el supuesto de falsificación de los punzones para marcar la ley del oro de la plata, pretendiendo adicionar la frase “ o de cualquier otro metal”, aquélla se considera inviable dado que es muy genérica, sobre todo porque no se ilustra con ejemplos en qué casos se pretende proteger la implementación de dicha adición.

La propuesta de reforma de la fracción V del numeral 241, que considera el supuesto de falsificación de las marcas de inspección de pesas y medidas, para adicionar “certificados, sellos o documentos”, resulta viable dado que con dicha propuesta se completa la descripción de cualquier signo del resultado de la inspección de pesas y medidas, como pudieran ser certificados,marcas, sellos o documentosde inspección de pesas y medidas.

Segunda. En la iniciativa de mérito se propone incrementar la penalidad de los tipos del delito de falsificación, previstos en el artículo 241 del Código Penal Federal que en la actualidad es de cuatro a nueve años de prisión como ya se dijo, para que se establezca una penalidad de prisión de cinco a nueve años.

Y para los tipos del delito de falsificación, previstos en el artículo 242 del Código Penal Federal que en la actualidad es de tres meses a tres años de prisión como ya se dijo, para que se establezca una penalidad de prisión de cinco a diez años.

La razón de la propuesta, se refiere en dicha iniciativa, que es atendiendo al fortalecimiento al combate que lleva a cabo la autoridad contra productos apócrifos “pirata”, y generará mayor conciencia en el cumplimiento de las especificaciones que las NOM establecen en beneficio de los consumidores y de la propia economía.

Sin embargo, la comisión dictaminadora no comparte dicha opinión ya que la conducta que se pretende evitar en ese supuesto contenido en el artículo 242, ya enunciado es una acción realizada por quien, para defraudar a otro, utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto, entre otros supuestos, por lo que se considera que dicha propuesta rebasa los criterios de proporcionalidad que existe en el catálogo de delitos descritos en el Código Penal Federal, para los de su tipo contenidos en los artículos 241 y 242. Este título se localiza en el libro segundo y se integra con ocho capítulos, como se ilustra en el siguiente cuadro:

En la iniciativa de mérito se propone que para el delito previsto en el artículo 242, la pena mínima de prisión sea de cinco años, es decir la misma que tiene actualmente tres meses. Y la máxima que se propone que es de diez años es superior a cualquiera de los delitos señalados en la tabla precedente.

Por otra parte, debe decirse que por lo general el ciudadano común, piensa que para disminuir la comisión de delitos se debe incrementar las penas, hasta la cadena perpetua e incluso la muerte. Dichas propuestas a lo largo de la historia, no han logrado los objetivos pretendidos.

En México, y en la mayor parte de países de América Latina, cada día se sufre el incremento de delitos y conductas ilícitas que menoscaban la armonía social. Las razones pueden ser muy variadas; entre éstas se encuentran los antivalores que prevalecen y la falta de éxito en la prevención del delito.

Esta comisión considera que si la ciencia y sobre todo la experiencia nos revelaran que aumentar las sanciones en nuestro sistema penal fuera la solución para lograr la seguridad de la ciudadanía, sin duda, ya habríamos reformado nuestras leyes, códigos y reglamentos de una manera ejemplar. Sin embargo, debemos ser muy puntuales en distinguir los conflictos sociales que se pueden solucionar por medio de la modificación de la ley.

En todo caso, la comisión dictaminadora considera que las propuestas para modificar la sanción punitiva de una conducta ilícita, merecen requerir mayor análisis y estudio, dado que si no existe un fundamento social real no es factible decidir con objetividad y claridad en sentido positivo que esta propuesta en estudio, efectivamente coadyuvará a prevenir o frenar el delito en cuestión.

En ese sentido, la comisión dictaminadora considera desechar la propuesta que se analiza.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal

Único. Se reforman la fracción V del artículo 241 y actual VIII del artículo 242, y se adicionan una fracción VI al artículo 241 y una VIII, y se recorre la subsecuente en el orden, al artículo 242 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 241. ...

I.a III. ...

IV. Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239;

V.Al que falsifique los certificados,marcas, sellos o documentosde inspección de pesas y medidas; y

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242. ...

I.a VI. ...

VII.Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos;

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

IX.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V, VI y VIII de este artículo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la Comisión para fundamenta el dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco González Vargas hasta por tres minutos. Señor diputado, adelante.

El diputado Francisco González Vargas:Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores diputados, a nombre de la Comisión de Justicia y muy en especial de nuestro presidente de la misma, Ricardo Fidel Pacheco, quiero manifestar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI que si en estos momentos nos preguntan sobre el tema de falsificación de documentos, posiblemente nuestra respuesta se encontraría encaminada a las investigaciones efectuadas por la Procuraduría General de la República relacionadas con los documentos, que de acuerdo con las estadísticas de la misma entidad, son objeto de ser falsificadas con mayor frecuencia. Es decir títulos universitarios, credenciales de elector, cédulas profesionales, actas de nacimiento, documentación de vehículos y pasaportes.

Si bien este hecho es el que con mayor frecuencia se presenta o sobre el que mayor conocimiento disponemos, también debemos de tener presente que éstas no son las únicas formas de manifestación del mismo. Es preciso referirnos a cada una de las modalidades que tiene el delito de falsificación, así como el uso de documentos auténticos de forma indebida, siendo una de ellas la que se relaciona con la trasgresión de las normas oficiales mexicanas.

Todos en algún momento hemos llegado a usar servicios o adquirir productos que se encuentran sujetos para su elaboración, distribución o venta al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, esperando la satisfacción de sus requisitos por parte de los comerciantes, ya que de lo contrario se podría ver afectada nuestra economía, o peor aún nuestra salud.

Si consideramos que en la actualidad se comercializan miles de productos y servicios a nivel nacional respecto de las cuales existe la posibilidad de que se encuentren bajo la regulación de una NOM; entonces, no se puede descartar que algunos de estos sean elaborados a partir de falsificación de documentos o emblemas que pretendan demostrar el cumplimiento de tales normas, o bien alterando y violando los certificados, sellos o documentos de inspección de pesas y medidas, así como el uso de documentos legales que fueron expedidos para otro producto, proceso o servicio en perjuicio del consumidor.

Por ende, resulta de vital importancia resguardar todos aquellos documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, toda vez que su falsificación puede implicar un grave riesgo para la salud de las y los mexicanos, pues ello implicaría el eventual consumo de productos que no han sido revisados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Recordemos que el Estado debe crear las condiciones que permitan el cabal ejercicio del derecho a la salud consignado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal forma que al cuidar la documentación que se utiliza para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas se esté dando un paso más en el cumplimiento de dicha prerrogativa.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que con el establecimiento de esta reforma no sólo se estará garantizando se lleve a cabo el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas así como de la confiabilidad de los documentos, sino que se cumpla con todas las medidas impuestas para la elaboración, distribución y venta de bienes y servicios en beneficio de la sociedad mexicana a la que nosotros, como diputados, como legisladores estamos obligados a preservar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado.

En atención a que ha concluido la lista de oradores por lo que hace al dictamen en discusión en lo general y en lo particular y virtud a que no hay reservas precisamente para la discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, estimada secretaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 361 votos a favor, 6 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República, para los efectos constitucionales procedentes.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la comisión para fundamentar el dictamen, el señor diputado don Mario Sánchez Ruiz hará uso de la palabra, hasta por tres minutos, una vez que concluya su conferencia, señor diputado.

El diputado Mario Sánchez Ruiz:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Mario Sánchez Ruiz: Amigas y amigos diputados, a nombre de la Comisión de Economía, me corresponde presentar el dictamen a la iniciativa que presentamos los diputados Juan Bueno Torio, Erick Marte, Arturo Salinas y un servidor, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Este dictamen representa el esfuerzo y la voluntad de diversos actores que hemos decidido dar un paso adelante en la evolución de sociedades mercantiles con objetivos tan puntuales como el fomento a la formalidad y al apoyo a los emprendedores.

Desde el surgimiento de las primeras figuras jurídicas de asociación en el ámbito mercantil, éstas han evolucionado con el objeto de ajustarse a las necesidades y condiciones económicas imperantes. Actualmente en México, la Ley General de Sociedades Mercantiles no contempla la posibilidad de constituir una sociedad sin que existan dos socios como mínimo. Sin embargo, es una realidad que a través de los años se han presentado numerosos casos de sociedades formadas por una sola persona, la cual ante la falta de una legislación adecuada, se ve en la necesidad de recurrir a la simulación jurídica o al uso de presta nombres para poder operar como sociedades.

Existe pues una restricción para que emprendedores, empresarios o comerciantes puedan en lo individual operar en un régimen mercantil semejante al de las sociedades, lo que pudiera propiciar consecuencias negativas para las partes ya que los prestanombres pueden verse involucrados en situaciones indeseables como quiebras, fraudes o problemas fiscales.

Por otro lado, también pueden surgir abusos o fraudes por parte de los prestanombres contra el verdadero dueño del capital social en caso de que quieran beneficiarse de manera indebida de los ingresos de la sociedad.

La estructura económica de nuestro país muestra que las micro, las pequeñas y las medianas empresas, denominadas Mipymes, son la columna vertebral y el motor de la economía. México cuenta con una estructura empresarial fundada casi exclusivamente por Mipymes con más de cuatro millones de unidades que brindan empleo a casi el 72 por ciento de la población económicamente activa del país. A pesar de esta importancia de las Mipymes, han enfrentado históricamente múltiples retos que las hacen ser vulnerables y frágiles ante los vaivenes económicos.

Entre los principales problemas se encuentran la baja productividad, el insuficiente acceso al financiamiento, los bajos niveles de capacitación, la compleja regulación, los escasos incentivos a la innovación y el pobre uso de las tecnologías de la comunicación y de la información.

Existen países que desde hace varias décadas cuentan con figuras mercantiles que tienen como finalidad dar un tratamiento asequible y simplificado que responda a la naturaleza y necesidades de este tipo de micro, pequeños y medianos emprendedores y empresarios.

Es responsabilidad con el Congreso de la Unión crear leyes que faciliten la constitución y operación de las Mipymes planteando una mejora regulatoria en el ámbito mercantil, que genere certidumbre jurídica a lo largo del tiempo y que contribuya a resolver la problemática que actualmente los caracteriza.

Sabemos que esta iniciativa es el principio de una reforma de mayor calado que aborde temas tan importantes como el de regular el gobierno corporativo de las sociedades para perfilar un marco jurídico más moderno y eficiente, pero representa sin duda un gran avance y nuestro compromiso hacia los emprendedores.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permitan que concluya don Mario Sánchez que está argumentando. Sean tolerantes. Argumentando en nombre de la comisión. Adelante, por favor.

El diputado Mario Sánchez Ruiz: Saludamos al diputado Neblina. Compañeras y compañeros diputados. El propósito que nos anima a impulsar este dictamen es el de propiciar incentivos para la inversión, el empleo y el desarrollo económico. Solicitamos por ello, a nombre de los emprendedores, su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Don Mario Sánchez, gracias. Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el dictamen.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Buenas tardes. Diputadas, diputados, el presente dictamen propone establecer que la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, podrán constituirse por un solo socio o accionista.

Para alcanzar lo anterior se precisan adecuaciones que se perfilan a garantizar la seguridad y certeza jurídica para quienes celebren actos mercantiles de cualquier naturaleza con estas sociedades.

Entre las adecuaciones referidas resaltan las siguientes: los contratos celebrados entre socios o accionista único y la sociedad; deberán constar por escrito o bajo la forma documental de acuerdo con su naturaleza, ser transcritos en un libro de actas, así como a inscribirse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad, no serán sujetos de demanda aquellos contratos que no hayan sido transcritos a libros de actas y no se hayan inscrito en el sistema electrónico.

También contener en la escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima, el nombramiento de uno o varios comisarios, salvo en el caso de sociedades integradas por un solo socio o accionista, y siempre que se trate de sociedades consideradas como micros y pequeñas, para promover la competitividad y la estratificación de sociedades.

También dejar constancia en el Registro Público de Comercio a través de medios electrónicos dentro de los 90 días siguientes a su celebración del acto en el que un socio o accionista pase a ser propietario de las acciones y deje de ser propietario de todas las acciones o de la transmisión de un socio accionista a otro o de todas las acciones que integren el capital social.

A efecto de que México pueda cumplir con los estándares recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incorporando al marco regulatorio modificaciones que prevén los principios y mejores prácticas de gobierno corporativo.

El grupo parlamentario del PRD votará favorablemente en este dictamen, toda vez que promueven la formalización de las pequeñas y medianas empresas en la economía dando empleo y elevando la productividad de ese sector entre otras cosas.

Quisiera felicitar al diputado Mario Sánchez por este dictamen, ya que fue una iniciativa que él durante estos tres años nos hizo partícipe y sobre todo que impulsó. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Nolasco. Ahora le otorgo el uso de la palabra a don Federico González Luna Bueno, para que exponga la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Don Federico, hasta por tres minutos.

El diputado Federico José González Luna Bueno:Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Federico José González Luna Bueno: Muchas gracias. Las sociedades mercantiles fueron creadas a raíz de las limitaciones que por sí sola tiene una persona física para realizar actividades comerciales, industriales, económicas o jurídicas.

Lo anterior obligó al hombre a agruparse con la finalidad de alcanzar metas que en lo individual serían imposibles de obtener. La importancia de las sociedades mercantiles subyace en su gran fortaleza económica, ya que, entre otros elementos son los sujetos jurídicos de mayor relieve en la economía para la canalización de ahorros y de recursos y para la obtención de financiamientos.

En nuestro país, abrir una empresa es una tarea difícil de completar, en gran parte debido a los trámites burocráticos absurdos y a la gran cantidad de requisitos, que en muchos casos son auténticas reliquias, convirtiéndolo en un proceso largo y costoso.

Lo mencionado con antelación ha empujado a algunos empresarios a claudicar y abandonar sus proyectos, y muchos otros deciden continuar sin sujetarse a todos los trámites requeridos, lo cual los orilla a desarrollar su actividad empresarial en el sector informal o bien de manera irregular.

Para muestra un botón. En México, durante 2007, se concedieron aproximadamente 150 mil autorizaciones a solicitantes que deseaban constituir sociedades mercantiles. Menos de dos tercios de ellos finalizaron el proceso.

Teniendo lo anterior en cuenta los proponentes de la presente iniciativa nos externa la necesidad de modificar el sistema jurídico mexicano, buscando que las reformas y adiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles representen un incentivo para los empresarios y los comerciantes individuales, para que de esta manera formalicen su actividad y se elimine la simulación jurídica en la constitución de sociedades.

En este sentido, los diputados que integran la Comisión de Economía han considerado pertinente incluir, tanto en las sociedades anónimas como en las sociedades de responsabilidad limitada, la posibilidad de que puedan ser constituidas por un solo socio modificando su definición.

Lo anterior busca incentivar y facilitar la formalización de nuevas empresas para simplificar su conformación y lograr una operación efectiva, la cual tenga certeza jurídica y que contribuya a resolver las complicaciones que en la actualidad enfrentan este tipo de sociedades.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, el cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantiles, ya que sin duda alguna contribuirá a la creación de nuevas empresas, propiciando un sector empresarial dinámico y competitivo que generará empleos.

Estamos ante una de las grandes reformas en materia mercantil. Estamos rompiendo uno de los parangones claves, tradicionales, en materia de derecho societario. Creo que es una barrera que esta Legislatura rompe, otra más, sin duda en pos de la modernidad.

Aprovecho también para felicitar al diputado Mario Sánchez Ruiz, quien otra vez nos demuestra su compromiso con las mejores causas y con el desarrollo del comercio, de la economía y la industria de nuestro país. Muchas gracias. Y es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos, para hablar en pro, al diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Bueno Torio:Muchas gracias, presidente. Al pasar ahorita aquí mi compañero Rubén Camarillo me dice: A ver si ahora sí pasa. La realidad es que ése es un tema que traemos de hace muchísimo tiempo. Algunos compañeros que fuimos, en el Senado de la República presentamos esta iniciativa y finalmente hoy nos congratulamos de que esté teniendo un feliz término con el dictamen a favor que hoy estamos discutiendo.

Éste es un anhelo de muchos empresarios miembros de micro, pequeñas y medianas empresas, que valga decir, son el 72 por ciento del empleo del país y más del 50 por ciento del producto interno bruto en México, y ahora con esta oportunidad, con esta les daremos la oportunidad de que se fomente el societariado entre ellos para que en esta medida fortalezcan sus capacidades y puedan competir con mayor éxito ante las empresas de mayor tamaño. También es importante que esta propia ley va a dar certeza jurídica no sólo a ellos mismos, sino también a todas aquellas empresas que tienen relación con ellas y que tienen negocios con este tipo de empresas.

Hoy nosotros también nos congratulamos porque finalmente vamos a acabar y a evitar la simulación que existe con las figuras vinculadas a las actividades empresariales de las distintas formas. Con esto, amigas y amigos, el Partido Acción Nacional apoya el dictamen. En lo personal me congratulo que finalmente una iniciativa de muchos años tenga frutos, y finalmente votaremos a favor de este dictamen.

Al mismo tiempo quiero aprovechar este momento –ya lo han hecho algunos otros compañeros– quiero aprovechar este momento para agradecer el acompañamiento de muchos de ustedes con quienes hemos tenido la capacidad de llegar a acuerdos para hacer estas grandes reformas que sin duda transformarán al país en un futuro cercano.

Yo vengo de un estado, el estado de Veracruz, que estoy seguro será uno de los grandes beneficiarios de buena parte de estas reformas estructurales que hicimos aquí en el Congreso de la Unión. Quiero agradecer la amistad que me dispensaron muchos de ustedes, quiero agradecer el trabajo legislativo que hicimos conjuntamente y al mismo tiempo decirles; se nos está terminando el día de mañana el periodo, pero seguiremos siendo diputados hasta el día 30 de agosto.

Yo, como muchos de ustedes, regresaré a realizar actividades políticas en mi estado de Veracruz y allá con mucho gusto los espero con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Juan Bueno Torio. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos, a la diputada Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Linda Marina Dolores Munive Temoltzin:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy se da constancia del papel fundamental que tiene la normativa jurídica en la inserción de México en el desarrollo, a través del establecimiento de bases que generan el ámbito idóneo para atraer inversiones traducidas en motor de crecimiento de esta gran economía, lo que deriva en mayores y mejores oportunidades para la población. Todo esto a través de la regulación de la sociedad unipersonal en las leyes mexicanas.

Con la aprobación de este dictamen estaríamos eliminando procesos que resultan inequitativos, avanzando así en formas que brinden un trato avanzado, entre el comerciante o empresario individual frente a cualquier integrante de una sociedad mercantil.

En consecuencia, es deber del legislador formular propuestas que permitan la implementación en nuestro país de instituciones y figuras jurídicas que constituyan un vehículo de innovación, observando su alcance, aplicabilidad, congruencia con el sistema jurídico y que atiendan a un ejercicio permanente de actualización.

Por esta razón, resulta imprescindible el establecimiento de las sociedades unipersonales en el sistema jurídico mexicano, incorporándola claramente en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La aprobación del presente dictamen rendirá consecuencias positivas a corto y largo plazo debido a la incentivación que recibirá la actividad empresarial mexicana, buscando beneficiar mayormente a la micro, pequeña y mediana empresa del país, constituida o por constituirse.

El proyecto de reforma que tenemos ante nosotros también evita posibles lagunas o contradicciones en los elementos prácticos, acrecentando la certidumbre jurídica para los empresarios, trabajadores y consumidores de nuestro país como del extranjero. Lo que fomenta el crecimiento económico y la competitividad.

Con la incorporación de esta figura jurídica se permitiría que las personas que desarrollan una actividad empresarial y tienen un pequeño negocio deslinden su propio patrimonio creando una sociedad unipersonal, fomentando entonces la práctica de robustecer el patrimonio de la sociedad, mediante la permanencia de su solvencia para un sano y transparente crecimiento.

Entonces, el impacto positivo que tendría la aprobación de este dictamen para la sociedad mexicana sería enorme, generando un proceso de renovación en el espíritu empresarial, incentivando una cultura de fortalecimiento económico para la mejor rendición de cuentas, la generación de nuevos esquemas laborales y de ahorro, y con ello un saneamiento de la economía nacional, entre otros factores.

Es así, que con la creación de la sociedad unipersonal se evitará tener socios simulados para cumplir con el requisito del mínimo de personas para conformar una sociedad, brindando también mayores concesiones a los pequeños comerciantes.

La adopción y el cambio en la regulación mercantil generarán mayores empleos, el aumento de la inversión y el crecimiento estable. Inhibirá las ficciones jurídicas, el comercio informal, brindará a los comerciantes más opciones legales para ejercer actos del comercio dentro de un marco legal, y se motivará el autoempleo.

Es así, que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consciente del efecto positivo, surgido de la sociedad unipersonal, reflejado como impulso a la actividad empresarial y la certidumbre jurídica que esto provocará en el patrimonio de pequeños comerciantes y empresarios, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

No habiendo más oradores registrados, en virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

Asimismo, esta Presidencia informa a la asamblea que solamente se recibirán votos electrónicos, la Secretaría no tomará votos de viva voz. Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a los alumnos y maestros del cabildo infantil, provenientes del municipio Xilitla, San Luis Potosí. Invitados por la diputada María Merced León Andablo. Bienvenidos.

Cierre el tablero.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 376 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 376 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Contenido de la minuta” se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, las comisiones dictaminadoras realizan las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la minuta mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. El 9 de diciembre de 2008, el senador Eloy Cantú Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

4. En sesión celebrada el 13 de octubre de 2009, el pleno de la honorable Cámara de Senadores, aprobó en sus términos el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

5. Con fecha 15 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura dio cuenta de la recepción del expediente con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En esa misma fecha fue turnada, para el dictamen correspondiente, a la Comisión de Transportes.

6. El 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados acordó que los asuntos que no llegaron a resolver las Comisiones de la LXI Legislatura, entre los que se encuentra el presente, se encuentran vigentes y los plazos reglamentarios para dictaminarlos correrían a partir del 29 de octubre de 2012.

II. Contenido de la minuta

La minuta propone, en su parte medular:

a) Regular las emisiones contaminantes en los vehículos automotores, para mantenerlas en los mínimos normalizados;

b) Asegurar que las condiciones físicas y mecánicas de un vehículo sean adecuadas para propiciar la seguridad de su operación; y,

c) Incentivar el desarrollo en el mercado interno de la industria automotriz nacional, mejorando su competitividad y su aportación a la sustentabilidad.

El mercado nacional de venta de automóviles nuevos ha venido cayendo año con año a partir de 2005, cuando un decreto del gobierno federal permitió la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá en una versión adelantada de los acuerdos previstos en el Tratado de Libre Comercio, que permiten esta importación para vehículos de 10 años de uso a partir del 1 de enero de 2009. Gracias a este decreto, hasta ahora se han importado cerca de 4 millones de unidades a México, mientras que la industria automotriz ha perdido desde entonces terreno en las ventas en el mercado interno.

Por otra parte, se sabe que una parte importante de la contaminación atmosférica es producida por los vehículos automotores, por ello, en los últimos años se han desarrollado una diversidad de adelantos tecnológicos y regulatorios para impulsar la disminución de emisiones de gases contaminantes, así como la eficiencia energética de los automóviles.

Este año el parque vehicular en circulación en México se integró por más de 25 millones de unidades, muchos de ellos son vehículos usados que se han importado recientemente al país, y que lamentablemente no incluyen estos adelantos tecnológicos, o bien le son retirados antes de importarse (como ocurre con el denominado convertidor catalítico) para venderse por separado.

Por esto, la antigüedad promedio del parque vehicular en México es de aproximadamente 14.5 años, mientras en Estados Unidos y Canadá es de 5.7 y 6.2 años, respectivamente. La edad promedio del parque vehicular en países emergentes armadores de vehículos es de 10 años, también menor a la de las unidades que circulan en México.

El envejecimiento del parque vehicular, aunado a la falta de mantenimiento que comúnmente sufren estos vehículos, propicia además ineficiencia energética y emisiones excesivas de contaminantes, el deterioro de las condiciones físico mecánicas del automóvil, que pone en riesgo la seguridad de su operación y con ello, la de las personas que lo ocupan y en general de quienes utilizan las vías generales de comunicación.

Es común que vehículos de antigüedad elevada se vean envueltos en lamentables y trágicos accidentes viales, debidos a fallas en sus condiciones físicas y mecánicas, que afectan gravemente la seguridad de su conducción.

La iniciativa expone la experiencia de múltiples países de diversas regiones del mundo ha demostrado que una de las mejores formas para disminuir la contaminación del aire, así como las pérdidas económicas y de vidas humanas causadas por accidentes de tráfico, es la verificación periódica de las emisiones de gases contaminantes y las condiciones físico mecánicas de los vehículos en circulación.

El Comité Internacional de Inspección Técnica del Automóvil, estima que dichas normas, aplicadas en los países que integran la Unión Europea, han logrado reducir a partir de su aplicación hasta en 30 por ciento los accidentes viales causados por fallas mecánicas y en la misma medida las emisiones contaminantes vehiculares al medio ambiente.

En México no se cuenta con una norma que regule las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos ligeros en circulación. Por lo que hace al autotransporte de carga y pasaje, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT- 2-2000, que regula las condiciones físicas y mecánicas necesarias para la seguridad de la operación de estos vehículos pesados en caminos y puentes de jurisdicción federal.

En lo relativo a las emisiones contaminantes, actualmente se cuenta con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y con las normas emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente, es decir la Norma Oficial Mexicana NOM- 041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible y la NOM-042-SEMARNAT-2003 que hace los propio para el caso de los vehículos nuevos.

Datos, impactos y consecuencias:

De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaría, en diciembre de 2005 se importaron alrededor de 240 mil vehículos usados al país, disminuyendo esta cifra a poco más de 128 mil unidades durante diciembre de 2006. En términos comparativos, estos datos resultan significativamente altos si consideramos que en estos dos meses las ventas de vehículos nuevos en el país fueron de aproximadamente 147 mil unidades y 130 mil unidades, respectivamente.

En relación con los automóviles denominados “chocolate”, es decir, aquellos autos de procedencia extranjera que circulan de manera ilegal en nuestro país, el problema es que no existen estadísticas confiables que nos permitan descubrir la dimensión real del problema.

Sin embargo, algunas estimaciones, como la realizada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), calculaba para 2005 la cantidad de 2 millones 300 mil vehículos en circulación con estas características en nuestro país, lo que equivalía en ese momento a más del 13% del parque vehicular del año de referencia, estimado en poco más de 17 millones de autos.

Estas cifras son contundentes y revelan un problema grave para el país desde hace mucho tiempo. La lógica que hay detrás de esto es simple:

El costo de un automóvil extranjero es mucho menor que el de uno nacional y el periodo promedio de renovación de los carros estadounidenses es de solamente cinco años.

La libre importación de vehículos usados a partir de 2009 en forma permanente ayuda a reducir parte de este problema y permitir a los consumidores comprar un automóvil a precios más bajos de forma legal.

De hecho, existen algunos riesgos y posibles efectos que debemos analizar:

- El impacto sobre la industria automotriz nacional.

- Entrada masiva de vehículos contaminantes, obsoletos e inseguros.

- Inexistencia de un mercado garantizado de refacciones para la reparación de estos carros.

- Incremento de la flota vehicular nacional.

- Aumento en la demanda por combustibles.

- Carencia de infraestructura vial que pueda dar soporte al crecimiento del parque vehicular.

- Incremento de las emisiones de contaminantes.

Mucho se ha hablado acerca del posible impacto negativo que la libre importación de autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá tendrá sobre la industria automotriz nacional. Es un hecho que el decreto emitido en 2005 aceleró la importación de vehículos usados a nuestro país.

Los temas prioritarios en esta materia son la necesidad de definir una estrategia que evite la introducción de vehículos que por su estado no cumplan con las condiciones mínimas para proteger el ambiente y de seguridad de los usuarios de las vías de comunicación.

Un estudio realizado por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para una muestra de 681 automóviles importados, entre el periodo de noviembre de 2005 y agosto de 2006, arrojó algunos resultados interesantes.

Del total, 84% reportaron encontrarse en buen estado, aunque de éstos 13% registraron problemas con el odómetro como mala lectura, inconsistencias o simplemente que no funcionan y el 2% fueron registrados en áreas declaradas como zona de desastre.

Por lo tanto, los mayores problemas se concentran en el 16% restante de la muestra. De acuerdo con el estado que reportaron al momento de ser importados al país:

- 9% fue clasificado como savage, es decir, aquellos automóviles que sufrieron algún accidente y que muchas veces son rescatados de “deshuesaderos”.

- 2% fueron clasificados como rebuilt, refiriéndose a aquellos que son reconstruidos.

- 5% cayeron bajo la clasificación de junk, es decir, chatarra. Es la circulación de estos vehículos precisamente la que debe evitarse, debido a su mal estado mecánico que pone en riesgo la seguridad vial y al daño ambiental que ocasionarían sus altas emisiones.

- Del total de vehículos analizados, 43% no presentaron verificación vehicular antes de la importación y  % presentó verificación pero no la aprobó.

- Del 56% que presentó y aprobó la verificación vehicular, 53% de ellos realizaron su última verificación antes o durante el 2003, 19% en 2004, 25% en 2005 y solamente 3% en el año 2006.

- De las verificaciones realizadas, 31 % se realizó en el estado de Texas, 24% en California y 45% en otro estado como Arizona, Illinois y Georgia.

- Considerando una flota de 1 millón 958 mil 571 vehículos usados, se encontró una emisión de dióxido de carbono de 8 millones 666 mil 677 toneladas al año (ton/año), 9 mil 254 ton/año de metano, 295 mil 989 ton/año de óxido nitroso, 1 millón 407 mil 656 ton/año de monóxido de carbono, 136 mil 043 ton/año de hidrocarburos y 92 mil 346 ton/año de óxidos de nitrógeno.

Se señala que, de acuerdo con datos del INE (Instituto Nacional de Ecología), de toda la contaminación generada por el sector transporte, los autos viejos y sin convertidor catalítico, son los responsables de alrededor del 50% de las emisiones.

La colegisladora en sus consideraciones expone que:

Primera. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios legislativos, Primera, consideran que se trata de un tema de interés público de incidencia nacional que tiene que ver con mejorar las medidas para asegurar el cumplimiento de las normas sobre emisiones contaminantes y condiciones físicas y mecánicas para la seguridad en todos los vehículos que circulan en los caminos y puentes de jurisdicción federal en el país.

Segunda. Establecer un programa de verificación de alcance nacional aplicable a todos los vehículos, incluidos los que se importen, verificar las emisiones y que estos automóviles cumplan con las normas de seguridad que operan en el país.

Tercera. Que la infraestructura vial de mala calidad no podrá soportar el posible aumento del parque vehicular a partir del año que transcurre (2009), y se deben realizar proyecciones acerca del aumento de automóviles, y tomar las medidas necesarias en materia de infraestructura, con planeación urbana dirigida al aumento comprobado del parque vehicular.

Cuarta. Que la mejora en los servicios de transporte público es una de las herramientas más importantes para ofrecer un transporte de calidad a todas aquellas personas que no cuentan con automóvil. En la medida en que la población tenga acceso a un mejor transporte público, más gente evitará incurrir en el costo de adquirir un vehículo.

Por todo lo anterior la Cámara de Senadores propone la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, fracción VI, y la fracción VI del artículo 74 Ter; y adicionar un título denominado “Del Transporte Privado”, al que se le otorga el ordinal sexto, integrado por el Capítulo I, “Disposiciones Generales”, con el artículo 61 Bis, y el Capítulo II, “Unidades de Verificación”, con el artículo 61 Ter, recorriéndose en su orden actual los Títulos Sexto, Séptimo y Octavo, para quedar como Séptimo, Octavo y Noveno respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

I. a V ...

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes, de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares; así como de transporte privado;

VII. a IX. ...

Titulo Sexto Del Transporte Privado

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 61 Bis. Todos los vehículos de transporte privado que transiten en vías generales de comunicación de jurisdicción federal, deberán cumplir con:

I. Realizar en las unidades de verificación del transporte privado que disponga la Secretaría, la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana respectiva.

Los vehículos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros tres años a partir de la fecha en la que se haya realizado su venta de primera mano, siempre y cuando cumplan con las normas oficiales correspondientes a vehículos nuevos.

Los vehículos usados, estarán obligados a realizar esta verificación anualmente, a partir del cuarto año de su venta de primera mano.

Los vehículos usados que se importen de manera definitiva al país y que tengan más de tres años de uso a partir de la venta de primera mano, deberán realizar la verificación y obtener la constancia de aprobación de manera previa a la autorización de la importación definitiva por parte de las autoridades aduaneras.

II. Realizar en las unidades de verificación del transporte privado que disponga la Secretaría, la verificación de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que establezcan las normas oficiales mexicanas respectivas.

Los vehículos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros dos años a partir de la fecha en la que se haya realizado su venta de primera mano, siempre y cuando cumplan con las normas oficiales correspondientes a vehículos nuevos.

Los vehículos usados que se importen de manera definitiva al país deberán realizar la verificación de estos límites máximos permisibles y obtener la constancia de aprobación de manera previa a la autorización de la importación definitiva por parte de las autoridades aduaneras.

Capítulo II. Unidades de Verificación del Transporte Privado

Artículo 61 Ter. Las unidades de verificación técnica de las condiciones físicas y mecánicas; así como las de verificación de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos que circulen en vías generales de comunicación, a las que se refiere el presente Título, podrán ser operadas por particulares mediante permiso expedido por la Secretaría y su otorgamiento se ajustará, en lo conducente, al procedimiento a que se refiere el artículo 7o. de esta ley. La Secretaría procurará que dichas unidades funcionen de manera conjunta y que el trámite de verificación sea expedito.

Las constancias de aprobación emitidas por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal respecto de la verificación técnica de las condiciones físicas y mecánicas; así como de la verificación de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape, de los vehículos en circulación, podrán ser reconocidas conforme a ésta ley, de conformidad a los convenios de coordinación que se acuerden entre dichas entidades federativas y la Secretaría.

Título SéptimoDe la Responsabilidad

Artículo 62 a 69 ...

Título Octavo Inspección, Verificación y Vigilancia.

Artículo 70 a 73 ...

Título Noveno De las Sanciones

Artículo 74 ...

Artículo 74 Bis ...

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

I. a III. ...

IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta ley y los ordenamientos que de ella se deriven;

V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes, y

VI. Cuando incumplan las obligaciones previstas en el artículo 61 bis de la presente ley.

Artículo 75 a 80...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de los 180 días naturales siguientes, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá, adicionará o modificará los Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones reglamentarias a efecto de aplicar las disposiciones del Título Sexto de la presente Ley.

Tercero. Las Unidades de Verificación del Transporte Privado a que hace referencia el artículo 61 ter empezarán a funcionar a más tardar 365 días después de que entre en vigor el presente Decreto.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá realizar de inmediato las acciones necesarias para su oportuna implementación y puesta en marcha.

Consideraciones

Una de las más grandes prioridades que la Comisión de Transportes de la honorable Cámara de Diputados se ha establecido para esta LXII Legislatura, es la de generar un marco jurídico adecuado para que los servicios que se desarrollan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, lo hagan en condiciones de seguridad, sustentabilidad y competitividad.

Los artículos 6, fracción VIII, 9, 11, fracción III, y 24 del Reglamento de la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la protección y control de la contaminación generada por vehículos automotores que circulan por el Distrito Federal y los municipios de la zona conurbada, así como en los artículos 8, fracciones I a V, 32 y 37 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, delimitan la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectuar verificaciones de emisiones contaminantes a vehículos del servicio público federal, y no así a automóviles que circulan en caminos de jurisdicción federal.

A mayor abundamiento, cabe resaltar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes carece de atribuciones para regular a los automóviles, mismos que por cuanto se refiere a las condiciones físicas, mecánicas y ambientales, son verificadas por las autoridades de las entidades federativas que al efecto hayan expedido las placas de circulación.

No obstante, esta comisión dictaminadora considera atendible la propuesta de la colegisladora, para incluir en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la obligación para que los vehículos usados de transporte privado que se importen en forma definitiva y circulen por los caminos y puentes de jurisdicción federal, sean sujetos, previamente, a la verificación en sus condiciones físicas y mecánicas, así como en los niveles de emisión de gases contaminantes.

Además, se establece necesario ampliarla para considerar, desde la ley, esta obligación, sean éstos de servicio público como privado, por las siguientes consideraciones:

1. El artículo 35 vigente, ya considera la obligación para los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo; aunque no establece la periodicidad, por lo que este tipo de unidades no incurrirían en costos adicionales.

2. Existe ya una Norma Oficial Mexicana, la NOM-068-SCT-2-2000, Transporte terrestre-Servicios de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga y transporte privado-Condiciones físico-mecánicas y de seguridad para la operación en caminos y puentes de jurisdicción federal.

3. También se cuenta con una Norma Oficial Mexicana, la NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección Ambiental. Vehículos en circulación que usan diesel como combustible. Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.

4. La frontera también se encuentra abierta para la importación de vehículos pesados usados con todos los riesgos para la seguridad que esto implica. Entre enero de 2009 y octubre de 2012 se importaron más de 26 mil, representa el 22.6% de las unidades nuevas en el mercado nacional.

Por las anteriores consideraciones, la Comisión de Transportes de la honorable Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional, somete al pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 35, 74 Bis y 74 Ter, primer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte federal de carga, pasaje, turismo, sus servicios auxiliares y transporte privado que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas, así como la de emisiones contaminantes y obtener la constancia de aprobación correspondiente en los términos que la Secretaría establezca. Para ello deberán:

I. Realizar en las unidades de verificación que disponga la Secretaría, la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana respectiva.

Los vehículos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros dos años a partir de la fecha en la que se haya realizado su venta de primera mano, y al tercer año estarán obligados a su verificación, la que tendrá vigencia de dos años adicionales, a aquél en que la aprueben, siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con las normas oficiales correspondientes.

Los vehículos usados, estarán obligados a realizar esta verificación anualmente, a partir del quinto año de su venta de primera mano.

Los vehículos usados de autotransporte de carga, pasaje, turismo, transporte privado y de pasajeros para uso particular, que se importen de manera definitiva al país, deberán realizar la verificación de estos límites máximos permisibles y obtener la constancia de aprobación de manera previa a la autorización de la importación definitiva por parte de las autoridades aduaneras y al permiso a que se refiere el artículo 8 de esta ley, así como con la periodicidad a que señalan las disposiciones legales correspondientes.

II. Realizar en las unidades de verificación que disponga la Secretaría, la verificación de los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que establezca la norma oficial mexicana respectiva.

Los vehículos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros dos años a partir de la fecha en la que se haya realizado su venta de primera mano, siempre y cuando cumplan con las normas oficiales correspondientes a vehículos nuevos.

Las empresas armadoras o distribuidoras de vehículos y las demás que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva, aprobadas por la Secretaría, podrán realizar la verificación de las condiciones físicas y mecánicas, así como de emisiones contaminantes de los vehículos.

La supervisión de estas unidades de verificación, podrá ser realizada por la Secretaría o bien por terceros o instituciones académicas que la misma autorice. En caso de presentar irregularidades se aplicarán las sanciones que se establecen en esta Ley y en el permiso de aprobación correspondiente.

Todos los vehículos que circulen por caminos y puentes de jurisdicción federal deberán portar las constancias vigentes de sus verificaciones de condiciones físicas y mecánicas, así como de emisiones contaminantes.

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientos días de salario mínimo,

II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a terceros con multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales para la contratación de la póliza de seguro, misma que de presentarla ante la autoridad recaudatoria durante el término anterior, le será cancelada la infracción;

III. Por no portar las constancias de aprobación vigentes de las condiciones físicas y mecánicas, así como de emisiones contaminantes, con multa de cincuenta a cien días de salario mínimo vigente.

En caso de reincidencia, la Secretaría de Gobernación podrá imponer una multa equivalente al doble de la cuantía señalada, salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta Ley, y

IV. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo; y

Los ingresos derivados por concepto de multas a que se refiere la fracción I y III del presente artículo, se destinarán a la Secretaría de Gobernación para cubrir gastos de operación e inversión en programas vinculados a la propia seguridad pública y de manera específica se destinará el 20% del total a prevención del delito, en tanto que los derivados de la fracción II y IV se destinarán conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de esta Ley.

La Secretaría y la Secretaría de Gobernación establecerán mecanismos para el intercambio de información en materia de infracciones.

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

I. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo federal, tendrá un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir la norma correspondiente para la revisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos a que se refiere el último párrafo del artículo 35 de la ley.

Tercero. Las dependencias del Ejecutivo federal competentes, celebrarán los convenios de coordinación con las entidades federativas o municipios para que aquellas o éstos, de conformidad con su legislación y la Norma Oficial Mexicana que al efecto se emita, actualicen sus esquemas para el funcionamiento de las unidades de verificación de condiciones físicas y mecánicas, así como de emisiones contaminantes en caso de no contar con éstas, a efecto de que inicien su funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica en abstención), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene la palabra hasta por tres minutos para fundamentar el dictamen por la comisión el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Adelante, diputado.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, en representación de la Comisión de Transporte de esta honorable Cámara, me permito presentar ante ustedes un posicionamiento en sentido positivo que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentada por el entonces senador Eloy Cantú Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta comisión manifestaron la necesidad de actualizar esta ley, por varias razones. Principalmente requerimos tener carreteras más seguras; que circulen por nuestras carreteras unidades en todas sus especificaciones; que sean seguras; que cuenten con la normatividad vigente; que puedan circular los camiones de carga, los de pasaje, con todas las físico mecánicas correspondientes y las normativas de humos.

Creo que es imperante que en México empecemos a respetar a nuestra ecología, a nuestros ciudadanos y a cada uno de los medios ambientes que en este país tenemos. Quiero aprovechar este momento porque como bien dijo el diputado Juan Bueno, quizás sea la última vez que estemos en esta tribuna; quiero agradecer a cada uno de mis compañeros miembros de la comisión, porque quiero resaltar que gracias a la generosidad de ellos, gracias a la generosidad de los grupos parlamentarios, logramos hacer historia en esta Cámara de Diputados.

Logramos sacar no sólo todos los dictámenes y tener al día de hoy al corriente esta comisión, sino que logramos el consenso que México necesita y que necesitamos cada uno de nosotros.

Quiero pedir un agradecimiento, y de veras me congratulo que hayan sido mis compañeros. Me llevo un grato recuerdo de ustedes, y me llevo muchos amigos.

Y al mismo tiempo quiero pedir a los dirigentes de los grupos parlamentarios que hagan extensiva esta felicitación porque los diputados que participaron en esta comisión, pueden regresar a sus casas, pueden regresar con sus ciudadanos a entregarles cuentas claras porque hicimos la tarea, hicimos lo que nos tocaba, que era hacer política, hacer consenso y trabajar por cada uno de los mexicanos.

Felicito a la Comisión de Transporte y me congratulo de haberla dirigido durante estos tres años. Gracias a todos ellos, enhorabuena y que Dios los bendiga.

Quiero también, señor presidente hacer patente de una adenda que hago entrega en este momento donde hay una modificación para excluir a los vehículos de importación ya que tiene que es una normatividad que tenga que incluir a todos y a cada uno de los vehículos.

Hago entrega para que quede registrada, ya que se encuentra debidamente inscrita en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Juan Carlos Muñoz. En virtud de que las propuestas de modificación al dictamen por parte de la comisión se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, a nombre de la Comisión.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Para referirse, le voy a dar el uso de la palabra al diputado Alfonso Durazo Montaño, de Agrupación Morena, hasta por tres minutos, diputado, tiene el uso de la palabra.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros, efectivamente en la Agrupación Morena votaremos en contra de este dictamen, y quiero compartir con ustedes los argumentos con el propósito de que eventualmente puedan hacerlos suyos.

Por supuesto que estamos a favor de todo tipo de medidas que tiendan a mejorar los niveles de contaminación en el país, y esta iniciativa se propone, por supuesto, regular la emisión de contaminantes en vehículos automotores. Es un tema que por supuesto, debemos atender en virtud de que los vehículos automotores son responsables de la emisión del 18 por ciento de los contaminantes que hay en el país.

Sin embargo, no hay en esta iniciativa absolutamente ningún incentivo para que aquellos propietarios de vehículos de mayor antigüedad y consecuentemente que generan mayor contaminación, puedan cambiar sus viejos vehículos por algunos que reúnan mejores condiciones técnicas para enfrentar el problema o para abatir el problema de la contaminación.

De entrar en operación esta iniciativa lo que va a suceder es que los poseedores de viejos vehículos no van a tener posibilidad de aprobar esta verificación. Fíjense ustedes, en los últimos 30 años el número de vehículos usados en el país importados pasó de 116 mil a 564 mil, y estos 564 mil son en lo general vehículos de muy viejo modelo y están en posesión de familias de bajos ingresos.

Consecuentemente no tendrán posibilidad de cambiarlos porque en esta iniciativa, como decía, no se presenta absolutamente ningún incentivo. Lo único que está buscando –y es razonable pensar en ello– es activar el mercado interno, es decir, el consumo de vehículos, pero cuando comparamos el precio de un vehículo usado en el país con el precio de un vehículo usado en el extranjero no hay forma con los ingresos que tiene la mayoría de la población en el país que pueda acceder a un vehículo semi nuevo de origen mexicano.

Por eso la propuesta de Morena es que busquemos otras vías para abatir y mantener en condiciones adecuadas los niveles de contaminación, como sucede en otros países, particularmente en Estados Unidos, donde el nivel de contaminante se ha reducido prácticamente a cero mediante el uso –termino, presidente– de gasolinas actualizadas y producidas con las técnicas más avanzadas.

Creo que debemos optar en lugar de cerrar a los mexicanos –a las mexicanas y a los mexicanos– de menores ingresos la posibilidad de tener un vehículo, así sea viejo, pero contaminante, cambiarlo por gasolinas de nula contaminación. Gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Alfonso Durazo. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Pedro González Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.

El diputado Pedro González Hinojosa:Con su permiso, presidente. El presente dictamen propone establecer la obligatoriedad para que todos los vehículos de autotransporte federal de carga, pasaje, turismo, sus servicios auxiliares y transporte privado que transiten en caminos y puentes jurisdiccionales federales deberán cumplir con.

Primero. La verificación técnica de las emisiones contaminantes y obtener la constancia de aprobación.

Segundo. Las condiciones físicas y mecánicas de un vehículo sean adecuadas para propiciar la seguridad de su operación.

Tercero. El seguro obligatorio para los vehículos privados que transiten por las carreteras, caminos y puentes federales.

Entre los argumentos esbozados se subraya la necesidad de que los vehículos de procedencia extranjera se sometan previamente para su importación definitiva a la disposición de mecánica y de operatividad para garantizar que cumplan con las normas oficiales mexicanas en vigor, así como la verificación de la emisión de partículas contaminantes.

Lo anterior en virtud de que se ha detectado que 16 por ciento de estos vehículos proceden de al menos el rescate de deshuesaderos, de su reconstrucción, así como de vehículos chatarra.

Actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes carece de las facultades que ahora se propone otorgarle, quienes realizan las labores de inspección mecánica operativa son las entidades federativas que expiden las placas, de manera que en la propuesta en comento se pretende desplegar una estrategia que evite la introducción de vehículos que por su estado no cumplan con las condiciones mínimas para proteger el ambiente y de seguridad de los usuarios de las vías de comunicación.

El planteamiento también incidirá a la baja en la antigüedad promedio del parque vehicular en México, mismo que ronda aproximadamente en 14.5 años, mientras en Estados Unidos de América y en Canadá es de 5.7 y 6.2 años respectivamente en sus homólogos países emergentes armadores de vehículos en 10 años.

En México no se cuenta con una norma que regule las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos ligeros en circulación, sólo se realiza el autotransporte de carga y pasaje.

Actualmente en lo relativo a las emisiones contaminantes y se cuentan con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y por las normas emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente. Es decir, la norma oficial mexicana NOM041 Semarnat 2006 y NOM042 Semarnat 2003, que hace lo propio para el caso de los vehículos nuevos.

Cabe hacer notar que es imperativo la instauración de un programa de verificación de alcance nacional aplicable a todos los vehículos, incluidos los que se importen. Verificar las emisiones y que estos...

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado.

El diputado Pedro González Hinojosa:... automóviles cumplan con las normas de seguridad que operan en el país.

Además, que se reforma el artículo 74 Bis para percibir que será la Secretaría de Gobernación en vez de la Secretaría de Seguridad Pública quien intercambie información con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre las infracciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

Esta Presidencia saluda a invitados procedentes del estado de Sinaloa, invitados por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales. Bienvenidos. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Como objetivo principal de la Comisión de Transportes y de nuestra honorable Cámara de Diputados en esta presente ley, es la de generar condiciones óptimas viales, ambientales, de seguridad y económicas que atiendan a nuestra sociedad.

Un medio ambiente sano es un derecho humano, consagrado en el artículo 4o., en donde se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en el cual el Estado deberá garantizar el respeto a este derecho, responsabilizando a quien provoque un daño y deterioro ambiental en nuestro país.

En este sentido, debemos entender que nuestro deber es implementar un adecuado marco jurídico para los servicios que se desarrollan en caminos y puentes de la jurisdicción federal, y generar condiciones óptimas en temas de salud, de seguridad y sobre todo económicas, promoviendo el mejoramiento en la calidad de la vida humana de nuestro país.

Asimismo, incentivar en términos económicos la productividad en todo lo que se relacione al mercado interno de la industria automotriz de nuestro país, generando los lineamientos jurídicos mínimos que promuevan la cultura del cuidado y protección a nuestro medio ambiente.

En el punto que nos ocupa sobre la conservación y los efectos mínimos al medio ambiente, quiero resaltar que a todos los concesionarios de carreteras se les obligue a que se restablezca y mantenga adecuadamente la ecología en los derechos de vía, que por alguna ampliación o construcción de una nueva carretera se afectan.

No sólo tenemos que obligar al ciudadano a que mantenga su vehículo en buenas condiciones, el gobierno y sobre todo sus concesionarios están obligados a mantener y conservar el entorno ecológico.

De igual forma, sería conveniente obligar a que todo proyecto contenga sistemas de captación de agua, para que ésta sea ocupada en el mantenimiento de áreas verdes.

Debemos cuidar que no contaminen los autobuses, los taxis y todo medio de transporte, ya que por prebendas de los gobiernos son realmente quienes nos contaminan.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, les digo que Movimiento Ciudadano votará a favor del decreto por el que se reforman y adicionan estas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, debido a que beneficia el cuidado y protección del medio ambiente, no sin antes hacer el análisis a conciencia de que tenemos muchas maneras de no contaminar, como por ejemplo, gasolinas realmente limpias, no llevando a cabo cuestiones como el fracking que se aprobó dentro de la reforma energética en esta Cámara de Diputados. Ahí se los dejo, hagamos por favor conciencia que no vamos a obligar a los ciudadanos a que compren vehículos nuevos. México tiene el compromiso y la obligación de garantizar el medio ambiente sano, tal y como lo marca el artículo 4 constitucional. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el acelerado crecimiento del sector transportista federal en nuestro país trae consigo repercusiones sociales, y principalmente ambientales, lo que ha incrementado los retos para su regulación funcionamiento.

Si bien, hoy en día contamos con legislaciones ambientales que permiten prevenir y reducir al mínimo los efectos negativos en contra de nuestro medio ambiente, lo cierto es que aún hace falta armonizar las diferentes legislaciones para que en ellas se establezcan los parámetros y mecanismos a seguir, en pro de un adecuado equilibrio ecológico.

El dictamen que hoy se somete a consideración de esta asamblea es un claro ejemplo de dicha armonización, pues se busca regular las emisiones contaminantes de los vehículos automotores para mantenerlas en los mínimos normalizados, así como garantizar que las condiciones físicas y mecánicas de un vehículo sean adecuadas para propiciar las seguridades de operación.

Como he referido, la importancia de dicha reforma recae en aspectos de seguridad y de protección ambiental por lo que hace a la seguridad. Somos testimonio, además, de accidentes que a diario acontecen, ocasionados casi siempre por la falta de atención en las características técnicas y mecánicas que deben observarse para el autotransporte federal, sin omitir mencionar la falta de pericia de los conductores que muchas de las veces desconocen el estado físico de los transportes.

Lo anterior, sumado al grave estado de contaminación de nuestro medio ambiente, pues además del elevado número de unidades que hoy en día circulan en nuestras carreteras federales, la mayoría carece de certificados que avalen su óptimo estado físico para su operación.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pronuncia a favor del presente dictamen por el que se reforma el artículo 35, 74 Bis y 74 Ter, primer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, lo anterior convencidos de que es el medio idóneo para garantizar que todos los vehículos de autotransporte federal, de carga, pasaje, turismo, sus servicios auxiliares y transporte privado que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, cumplan con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas, así como la de emisiones contaminantes garantizando con ello la protección a la integridad personal y al cuidado del medio ambiente.

A mis compañeros de esta comisión y a mi presidente, muchas gracias por la atención y por el arduo trabajo, de la cual me sienta muy orgullosa de haber pertenecido, a la Comisión de Transportes. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Compañeras y compañeros legisladores, respecto a este dictamen quisiéramos hacer algunas consideraciones, como son las siguientes: el documento en cuestión se refiere a una minuta de la colegisladora donde el senador promovente manifiesta su preocupación en el tema ambiental principalmente y en eso estamos de acuerdo.

En ese orden de ideas y en el apartado referido al contenido de la minuta, la Comisión de Transportes llevó a cabo un análisis en cuyo resultado se plasman sus consideraciones respecto a la industria automotriz en primer término, y con las que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no coincide.

Nos referimos a que el proponente señala –cito– que el mercado de venta de automóviles nuevos ha venido cayendo año con año a partir de2005 cuando un decreto del gobierno federal permitió la importación de vehículos usados –fin de la cita–. Ésa es la parte con la que no coincidimos con el promovente al tenor de lo siguiente.

Al efecto nos remitimos al reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC (AMIA), que en la parte correspondiente con números al 31 de marzo de este año informó que en la producción, exportación y venta al público, los guarismos son positivos. Es decir, acusan una evolución al alza que en su parte proporcional impulsa a la actividad industrial del país.

El documento en cuestión refiere que en la comparación entre el primer trimestre de 2014 y 15, la producción, exportación y venta de automotores ha tenido un desempeño favorable a la economía nacional como sigue. En el 2015 la producción fue de 299 mil 809 y en el 2014 fue de 277 mil 314 vehículos. Es decir, una variación positiva de 22 mil 495 automotores equivalente a un incremento del 8.1 por ciento.

En el rubro de exportaciones los números respectivamente de 2015 y de 2014 fueron de 261 mil 256 y 230 mil 772, para un aumento de 30 mil 484 y un porcentaje de aumento de 13.2 por ciento.

En lo que se refiere a la venta al público los guarismos son respectivamente de 104 mil 902 y 85 mil 682, acusando un incremento de 19 mil 220 y un 22.4 por ciento positivo.

Respecto al impacto en la actividad industrial el sector representó al10 de abril de este año, según INEGI y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía, un 8.1 por ciento anual considerándolo de relevancia porque esta industria representa alrededor del 25 por ciento de la producción manufacturera del país y un número similar de las exportaciones nacionales.

En otras palabras, el sector automotriz desde hace algún tiempo es el sector industrial que ha impulsado la economía lejos de registrar caídas en su desempeño como asevera el promovente.

Respecto al resto del decreto sometido a escrutinio de esta soberanía, debe referirse como lo hace en la parte conducente la comisión, que gran parte de la iniciativa cae en el terreno de la legislación local, la de las entidades federativas, y por tanto no son competencia de esta Cámara de Diputados.

Sin embargo dicha comisión amplía su radio de acción para incorporar a la legislación federal esos temas de cuidado ambiental para así incluirlas en el artículo 35 de la ley en comento.

En la iniciativa en comento no se hace mención –concluyo, diputado presidente– a que se está invadiendo la soberanía de las entidades en su aspecto financiero, en la recaudación de los impuestos y derechos sobre los que tiene derecho a legislar. Por estas consideraciones nosotros no acompañamos este dictamen. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, para hablar en pro, al diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, esta minuta proveniente del Senado de la República, tenía muchos años esperando ser votada.

El espíritu de la misma es que lo vehículos que circulen por carreteras de jurisdicción federal, cumplan con la normatividad físico mecánica y de emisiones de gases contaminantes con el propósito fundamental, de evitar accidentes y mitigar la contaminación que genera la industria automotriz.

Estamos absolutamente en favor de esta minuta porque sabemos perfectamente que fortalecemos a uno de los sectores más importantes de la economía nacional como es el sector automotriz, generador extraordinario de empleos, prosperidad y desarrollo para el país.

Quiero además, compañeras y compañeros, que me permitan aprovechar los segundos que me restan para felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, y para felicitarme a mí mismo por formar parte de esta, la legislatura reformadora por excelencia. Hoy hemos logrado sacar adelante las reformas estructurales que son la base, el andamiaje y la plataforma que este país necesita para despegar, para crecer y para generar los empleos que el país necesita.

Felicito a todos los coordinadores parlamentarios de los diversos grupos, particularmente, desde esta tribuna quiero felicitar a mi coordinador, a Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política por su espléndida coordinación al frente del Grupo Parlamentario del PRI.

Decirles a todas y todos que me siento orgulloso de ser uno más de ustedes, que me siento orgulloso de formar parte de esta legislatura, y que mi grupo parlamentario me haya permitido subir a tribuna para que a través de mi palabra se escuchase la voz de los millones que están afuera esperando un México mejor.

Me llevo en lo más íntimo de mi corazón la satisfacción de usar esta tribuna y tener el alto honor de formar parte de esta histórica legislatura. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Por último se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos al diputado Humberto Armando Prieto Herrera, de Acción Nacional.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera: Señoras y señores legisladores, el dictamen que se encuentra a discusión tiene como objetivo atender el problema de la contaminación ambiental, que es ocasionada por el autotransporte que circula por los caminos y puentes que integran la red federal.

Este dictamen pretende que los vehículos del autotransporte que circulen por los caminos y puentes de jurisdicción federal deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas, así como la de emisión de contaminante bajo la verificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es evidente que el problema de la contaminación en la zona metropolitana del valle de México, así como de otras ciudades, como es el caso de Monterrey, Toluca, Chihuahua, Mexicali, y otras más, registran altos niveles de contaminación atmosférica, que es provocada por los vehículos automotores y sus efectos nocivos repercuten en la salud de los ciudadanos.

El problema de la contaminación atmosférica ha llevado a endurecer las políticas, como es el caso del Hoy no Circula, por los elevados niveles de contaminación que se registran en la zona metropolitana del valle de México.

Hoy las políticas y la normatividad de los tres órdenes de gobierno deben estar encaminadas a cuidar el medio ambiente y la salud de las personas, por lo tanto consideramos viable que se establezca la normatividad necesaria que atienda la reducción de las emisiones de contaminantes que genera el autotransporte federal y privado.

Consideramos adecuado que sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien autorice las unidades de verificación, así como también aplique las disposiciones normativas para que las unidades automotoras cumplan los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes y, al mismo tiempo, se les expida la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y en términos de las normas oficiales.

De igual forma se está creando la obligación para que los vehículos usados de transporte privado, que se importan en forma definitiva y los que transitan por los caminos y puentes de jurisdicción federal, sean sujetos previamente a la verificación en condiciones físicas y mecánicas.

Asimismo, en el caso de los vehículos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros dos años, a partir de la fecha en que se haya realizado su venta de primera mano, y al tercer año estarán obligados a su verificación, la que tendrá vigencia de dos años adicionales siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con las normas oficiales correspondientes.

En Acción Nacional estamos a favor de crear leyes encaminadas para proteger el medio ambiente, hoy pretendemos que el autotransporte en sus diferentes modalidades transite por la red carretera con bajas emisiones de contaminantes, no podemos seguir contaminando más nuestras ciudades y, sobre todo, afectar la salud de las personas.

Por lo anteriormente mencionado sin duda que debemos legislar a favor de un transporte limpio, eficiente y seguro, por lo que Acción Nacional votará a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

No habiendo más oradores registrados y en virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. Asimismo, esta Presidencia anuncia que no se recibirán votos de viva voz, sólo por tablero electrónico. Gracias.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cierre el tablero.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 350 votos en pro, 7 abstenciones y 34 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

VOLUMEN II

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos para fundamentar el dictamen por la comisión, al diputado Ricardo Fide Pacheco Rodríguez. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Apreciables colegas, este dictamen que está ahora a nuestra consideración es un buen ejemplo para todos los integrantes de esta legislatura, de cómo puede elaborarse un trabajo que implique a los diferentes órdenes de gobierno, que implique también a los diferentes grupos parlamentarios, de reconocerse que en la elaboración de la materia de este dictamen participaron el Poder Ejecutivo federal, por la vía de la Secretaría de Gobernación, especialmente de la Subsecretaría de Enlace Legislativo.

Participaron también los distintos espacios de responsabilidad pública que tienen que ver en el Gobierno del Distrito Federal. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia, de la capital del país. Es decir, también la Asamblea del Distrito Federal, su jefe de la Junta de Gobierno y la Procuraduría del Distrito Federal, así como también las áreas encargadas de la propia seguridad pública del Distrito Federal.

Se realizó un trabajo de los diversos grupos parlamentarios, todos los que estamos representados en esta Cámara. Y se coincidió en la necesidad de sacar adelante estas reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en un tema que pudiera parecer menor pero que no lo es. Porque es el tema de la transformación del sistema de justicia que estamos impulsando desde hace años en el país. Es el tema de la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, que lo requieren y necesitamos los mexicanos para sacar adelante esta visión que tenemos de un sistema retrasado, que no nos da cauce suficiente a nuestros temas de justicia.

Por eso, el reconocimiento nuestro, desde la Presidencia de la Comisión de Justicia a la mesa directiva de la propia comisión. A todos los integrantes de la misma, a los coordinadores parlamentarios, al diputado Beltrones, al diputado Anaya, al diputado Alonso Raya, al resto de los coordinadores parlamentarios, al diputado Arturo Escobar por esta labor que significa, aun pareciendo un dictamen menor, la punta de una madeja que transformará en el Distrito Federal y en el país, el sistema de justicia que requieren y al que aspiran todos nuestros conciudadanos, todos los mexicanos. Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado José Arturo López Cándido de agrupación Morena. Adelante, diputado.

El diputado José Arturo López Cándido:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, lo que este dictamen hace es homologar la Ley Orgánica de la Procuraduría del Distrito Federal con la reforma constitucional con los nuevos sistemas de justicia penal y tenemos que hacerlo desde el Congreso de la Unión, ya que no se considera al Distrito Federal como un estado, no queremos seguir siendo ciudadanos de tercera que no pueden ni reformar las leyes que lo rigen.

El nuevo sistema pretende despauperizar las cárceles y dejar de crear delincuentes, dejando de lado la obligación primordial de la procuraduría, que es la investigación de los delitos. En estos momentos los fiscales reciben denuncias de todo tipo, aunque sean actas administrativas las hacen en materia penal, el sistema electrónico que actualmente usa la PG del DF, llamado SIAP, Sistema de Investigación de Averiguaciones Previas no funciona, ya que al momento de integrar las carpetas de investigación, el sistema presenta un error y no permite continuar, lo que implica que la gente denunciante se tarde de seis a diez horas, cuando el sistema anterior se hacían las denuncias en dos horas, dependiendo también de la carga de trabajo de la gente.

El SIAP hace imposible que estando en pleno uso no se pueda hacer una llamada electrónica a los servicios periciales, así como a la ex policía de investigación, ya que estos dos asistentes directos del Ministerio Público no cuentan con coordinaciones con el sistema, por lo que tiene que realizar en forma tradicional por medio de un oficio.

El nuevo sistema exige que la parte de servidores públicos tenga mucha profesionalización, siendo que la procuraduría tiene problemas en cuanto a la falta de personal. Por ejemplo, para todo el DF se cuenta con dos peritos químicos para recoger pruebas en las calles, cinco peritos cerrajeros, tres peritos de arquitectura hidrosanitaria, los cuales se deben de trasladar con sus propios medios al lugar de los hechos, también falta de personal en las coordinaciones territoriales y fiscales centrales.

El sistema exige un módulo de atención oportuna, siendo que en muchas de las coordinaciones territoriales existe el módulo pero no hay personal, ya que la atiende en los módulos que cuenta con personal solo por 12 horas por el del día dejando descubierto el turno nocturno. Los abogados del área de mediación son pocos, además de que también reciben cargas de trabajo y la tarea de notificadores y por sus propios medios lo tiene que hacer, por lo que hace falta el área de notificadores. Por esto el Partido Morena apoya esta iniciativa que nos parece que va a coadyuvar a la impartición de justicia. Gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia informa a la asamblea que la comisión hizo llegar un grupo de propuestas de modificación al dictamen por parte de la comisión.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Modificaciones propuestas por la comisión.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. En consecuencia continúa la discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Adelante.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso y el de mis compañeras y compañeros legisladores. Derivado de la transformación del sistema de justicia penal se pone a consideración de esta asamblea la aprobación del presente dictamen por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La necesidad de adecuar el marco normativo para cumplir con el mandato constitucional es inaplazable, por lo que esta soberanía tiene la obligación de aprobar las presentes reformas a fin de que se puedan llevar a cabo las acciones necesarias para la adecuada aplicación y funcionamiento del nuevo sistema de justicia.

Con estas modificaciones se pretende que la actuación de la procuraduría se base en los principios de legalidad, certeza, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, transparencia y un respeto irrestricto a los derechos humanos.

Las reformas tienen el propósito –claro– no sólo de dar mayor transparencia, eficacia y celeridad a los procesos judiciales, sino que al mismo tiempo garantizar la reparación del daño a las víctimas, subrayando la importancia del respeto a los derechos humanos durante todo el proceso.

Una de las innovaciones de la ley que sin duda contribuirá a acercar la justicia a la ciudadanía, es la facultad del Ministerio Público para recibir denuncias o querellas por medios electrónicos, por actos u omisiones que puedan ser constitutivas de delito.

La transformación toral que se refiere específicamente al juicio oral, es la que otorga al Ministerio Público las atribuciones para intervenir en las audiencias con alegatos de apertura, formular interrogatorios a testigos y peritos, exponer réplicas, impugnar y realizar las acciones necesarias para cumplir con el debido proceso.

Para el Grupo Parlamentario que tengo el placer de representar, Nueva Alianza, la creación de las fiscalías de investigación especializada, el narcomenudeo y trata de personas, constituyen esquemas más focalizados para el combate de estos delitos.

De igual forma consideramos positivo que la o el titular de la procuraduría, puede establecer políticas dirigidas a las comunidades indígenas, a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia. Compañeras y compañeros diputados, una de las preocupaciones de la ciudadanía radica en el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que para recuperar la confianza en las instituciones, es indispensable que estas nuevas normas sean respetadas y aplicadas de forma eficaz, con pleno respeto a nuestros derechos humanos.

Reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones, la cultura de la legalidad, la justicia, los derechos humanos, la restitución del daño, así como con la persecución y el castigo a quienes atentan contra la convivencia social.

Votaremos a favor del dictamen cumpliendo con el mandato constitucional y esperamos que estas reformas sirvan de verdad para una mejor impartición de justicia en nuestro país. Que así sea. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano Adelante. ¿No está? No encontrándose la diputada, se le concede el uso de la tribuna a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Lilia Aguilar Gil: La reforma del 2008 del Sistema Procesal Penal y la reforma de Derechos Humanos del 2011 y los principios rectores son la inmediación, la continuidad, la publicidad la contradicción, la concentración y la oralidad, tienen como fin actuar conforme a derecho y bajo los estándares de un sistema de justicia moderno.

Derivado de la reforma que estableció un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas realicen adecuaciones a los ordenamientos jurídicos, se requiere adecuar la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Distrito Federal, para consolidar la implementación del sistema procesal penal acusatorio y adversarial.

Se requiere ejecutar diversas acciones para armonizar su normatividad y adecuar su estructura y operación de la institución a través no solamente de la organización, sino también de la competencia, del funcionamiento y muchas otras más.

No hay duda de que la persecución de delitos debe ser una fusión autónoma, la cual se le debería de dar a la procuraduría del Distrito Federal en la próxima Constitución de la ciudad de México.

La independencia garantiza imparcialidad entre las violaciones legales cometidas en aras de satisfacer los intereses mezquinos de los gobernantes. La Procuraduría del Distrito Federal se encuentra actualmente saturada y operando en un sistema de procuración de justicia desacreditado.

El Distrito Federal ocupó el segundo lugar en el índice de delitos del fuero común cometidos en el país al cierre de noviembre de 2014, sólo por debajo del estado de México. Del primero de enero al 30 de noviembre de 2014, en todas las demarcaciones de esta ciudad se cometieron, en una estimación de 165 mil 892 presuntos delitos.

Los datos a la vista corroboran la percepción de que seguimos siendo rehenes de la delincuencia. Sin embargo, las víctimas son golpeadas o amenazadas con armas, ya sea de fuego o blancas para robarse desde su casa, hasta su celular.

La Procuraduría de la ciudad asegura que los delitos en general han disminuido en un 10 por ciento en toda la ciudad. El Distrito Federal presenta sin embargo –y a parte de sus esfuerzos– aún cifras altas de personas que pretenden levantar una denuncia y que no lo pueden hacer porque el sistema no lo permite. El órgano de procuración de justicia entonces debe fortalecerse para que se fortalezca también su capacidad de investigar delitos.

La Procuraduría del Distrito Federal deberá afrontar en el corto plazo una serie de retos para contribuir a su operatividad en el territorio del DF, y mejorar la procuración de justicia; deberá investigar y perseguir los delitos en representación de la sociedad y se deberá de diseñar y aplicar una verdadera política criminal; combatir eficientemente la corrupción y los delitos electorales, así como deberá enfocarse en los recursos de la institución para combatir los delitos con mayor impacto social.

A pesar de los retos es urgente contar con un Ministerio Público que en verdad sea un representante legítimo de la sociedad, que garantice el acceso real a la justicia y que finalmente fortalezca el Estado de derecho en el Distrito Federal. Es por eso que votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

Esta Presidencia saluda al licenciado Pedro Ochoa Palacio, director del Centro Cultural Tijuana; al licenciado Álvaro Montaño Rubio, autor del libro Welcome to Tijuana; y al tenor y maestro Marco Antonio Labastida, quienes han sido invitados por la diputada María Carmen López Segura. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: En atención a que es probablemente mi última intervención en esta tribuna quiero comenzar por expresar formalmente mi reconocimiento a todos los integrantes de la Mesa Directiva, por la siempre puntual y correcta dirección de la Mesa Directiva y de todas las discusiones que hemos venido teniendo aquí a lo largo de estos dos años y medio. Muchísimas gracias.

También, por motivos de carácter personal, quiero expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi respeto a un muy buen amigo. Sin demérito de ninguno de los que integran la Mesa Directiva sí quiero de verdad reconocer a mi amigo el diputado Tomás Torres Mercado.

Comparto, junto con todos ustedes, el orgullo y el sentimiento de privilegio que seguramente muchos tienen, yo entre todos ustedes, por el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estos dos años y medio en la consecución de reformas estructurales, de reformas importantísimas que todos nos hemos propuesto y que sabemos ésa ha sido la intención que habrá de cambiar a México.

No ha sido fácil, pero finalmente la posibilidad de encontrar acuerdos en un diálogo que aún con nuestras diferencias intelectuales han permitido sacar adelante todos estos proyectos, tenemos ante nosotros seguramente un destino y un porvenir mucho más próspero y mucho más positivo para todos los mexicanos.

Esta dificultad en la construcción de los acuerdos en el pleno ha sido también reflejada en cada una de las comisiones y no ha sido una excepción la Comisión de Justicia. Hemos tenido discusiones importantes en materia de amparo, sobre todo de las más importantes que tienen que ver con la reforma penal y la actualización de todo el marco jurídico, del marco normativo que servirá para implementar la reforma penal del nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, han venido reflejándose en la Comisión de Justicia y en este sentido también quiero expresar mi reconocimiento por la bondadosa dirección, siempre tolerante y plural, del diputado Ricardo Fidel Pacheco, quien ha logrado los acuerdos en la Comisión.

Este dictamen que hoy discutimos es uno de ellos. Estamos reformando y actualizando la Ley de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el objeto de darle a México en este terrible y difícil momento que atraviesa, en donde a partir de un proceso de democratización que ha venido consolidándose, pero también a través de momentos difíciles en el entorno económico y un crecimiento demográfico significativo e importante en el contexto y en el entorno nacional, hemos tenido que actualizarlo y hemos tenido que vivir y enfrentar el crecimiento de una delincuencia que quiere sobreponerse al Estado y no se lo vamos a permitir.

Afortunadamente se han tomado las políticas necesarias para enfrentar estas bandas de criminales, hemos creído y estamos convencidos del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y lo único que estamos haciendo es poniendo a la zaga, poniendo y actualizando todo el marco, toda esta vértebra conforme a la cual se organizan las estructuras encargadas de la investigación y la persecución de los delitos, para poder confrontarlos, para poder hacerles frente y desde luego vencer en ello.

Sin embargo, en este propósito de ser mucho más efectivos en el combate contra la delincuencia no hemos tampoco cejado en representación de todos los mexicanos, de ver por el respeto irrestricto de los derechos humanos, y los derechos humanos también son parte de todo este proceso penal que tiene que observarse con puntualidad por parte de los ministerios públicos y de las policías a favor de todos aquellos que son acusados de la comisión de un delito o los procesados.

Quiero hacer especial referencia a que en este dictamen que están ustedes por discutir y por votar se incorporan lineamientos muy claros, en los cuales se da una amplísima participación y facultades a los asesores jurídicos, a los orientadores jurídicos, a los defensores. Es un nuevo marco institucional para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que está de acuerdo con lo que es marco constitucional en materia de persecución del delito a través de este sistema de justicia penal acusatorio adversarial, que estamos seguros que rendirá frutos en el futuro.

Esas razones desde luego con la convicción plena de que todo esto nos tiene que llevar a la consolidación de un México más democrático y mejor, son lo que me lleva a adelantar que el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del dictamen. Diputado presidente, es cuanto, muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Antonio Cuéllar. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Edith Avilés Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Edith Avilés Cano:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la procuración e impartición de justicia es una tarea del Estado que tiene por objeto garantizar la armonía y convivencia de todas las personas.

En el año 2008, el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar una reforma constitucional de gran trascendencia para el derecho penal sustantivo y adjetivo. Para el derecho penal introduciendo formalmente a nuestro país el sistema penal acusatorio, mejor conocido como juicios orales.

Este nuevo procedimiento penal permite que todas las partes en el proceso estén presentes durante el desarrollo de las audiencias, con especial énfasis en la presencia indelegable del juez. Esto a fin de que todas y todos tengan conocimiento directo de las pruebas recabadas y la misma oportunidad de defenderlas o contradecirlas durante una o dos audiencias, de manera pública y sin interrupciones.

La aplicación del sistema penal acusatorio no entró en vigor de forma inmediata en todo el país, sino que los artículos transitorios permitieron a todos los estados de la República y al Distrito Federal, que en el transcurso de ocho años modificaran su legislación, a fin de que las instituciones involucradas y sus actores respondieran cabalmente a la reforma constitucional en la materia.

Es de reconocer a diversas entidades donde el sistema penal acusatorio se encuentra en etapa parcial y total. Por lo que respecta a la primera, tenemos a los estados de Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Guanajuato, Baja California e Hidalgo. Mientras que en etapa total se encuentran Chihuahua, estado de México y Morelos.

Actualmente el Distrito Federal se mantiene en una etapa de planeación, por lo que es necesario impulsar la entrada en vigor de los juicios orales en la capital del país, con lo cual se beneficiará la administración de justicia penal, a través de la aplicación de principios como la oralidad, la publicidad, inmediación, contradicción, celeridad, presunción de inocencia, reparación del daño, respeto a los derechos humanos, y los medios alternativos de solución de controversias.

La reforma que estamos a punto de aprobar permitirá que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenga un esquema estructural para consolidar la implementación del sistema procesal penal acusatorio adversarial, armonizando su legislación y estructura organizacional a las reformas constitucionales del año 2008.

Con esta adecuación se permitirá que el Distrito Federal consolide el desarrollo de los juicios orales y al mismo tiempo impulse la profesionalización y la capacitación de los operadores del nuevo modelo, así como el ejercicio de acciones y programas dirigidos a agentes del Ministerio Público y policías de investigación, todo ello desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, de los derechos y protección de las víctimas, ofendido del delito, así como el interés superior de la niñez o de algún otro grupo en situación de vulnerabilidad.

Es por lo anteriormente expuesto, que las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen. Mi reconocimiento a la Comisión de Justicia y a esta LXII Legislatura por la aprobación del mismo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez:Con su venia, señor presidente. El dictamen que hoy nos ocupa establece diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El objetivo fundamental es establecer las bases por las cuales el Ministerio Público del Distrito Federal pueda actuar bajo un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y que en virtud de su implementación deben armonizarse con la finalidad última de garantizar el derecho del acceso a la justicia en nuestra ciudad.

Estamos plenamente convencidos de la necesidad de estas reformas esperamos, en virtud de la reforma política del Distrito Federal, aprobada el día de ayer en el Senado de la República, éstas tengan una corta vida de vigencia, para dar paso, en consecuencia, a la expedición de la nueva constitución de la ciudad y así se emita el congreso ordinario correspondiente.

No omitimos, sin embargo, señalar algunas de las virtudes de estas reformas, en ellas se establece una nueva organización de esta Procuraduría, creando las unidades de derechos humanos, atención a víctimas prevención del delito, unidades fundamentales para que este órgano de representación social establezca fuertes lazos con la comunidad en virtud de sus funciones.

Y asimismo, se delimitan las facultades del Ministerio Público y su autonomía técnica de gestión, en concordancia, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo sentido, se establecen los requisitos que deberán cumplir todos los agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación para cumplir con los procesos de profesionalización, certificación, evaluación y controles de confianza, con el objetivo de obtener un Ministerio Público que no solo actúe profesionalmente, sino que también tengamos la garantía como sociedad que vamos a encontrar seguro resguardo para el ejercicio de nuestro derecho de acceso a la justicia. En estas reformas también se regulan los requisitos para permanecer en el servicio y obtener promociones.

En contrario sentido, se establecen los procedimientos de sanción administrativa y penal para aquellos elementos que no cumplan con los estándares, protocolos de actuación o que cometan actos delictivos en los cuales, de manera clara, no solo se respete la integridad de la institución sino también los derechos humanos de los elementos ministeriales y policiacos.

No obstante, debemos señalar que aun y cuando tenemos las facultades constitucionales para legislar en materia, ésta es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el jefe de gobierno.

El procedimiento es cuestionable en sí mismo, sin embargo, dada la poca vida que tendrá, gracias al nuevo régimen institucional que estamos preparando para el Distrito Federal, podemos anunciar que el voto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática será a favor del dictamen por las consideraciones antes señaladas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Por último se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares:Muy buenas tardes, compañeros legisladores, con la anuencia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares: La reforma del 18 de junio de 2008 marca un paradigma en la historia, sobre todo en la historia de éste, nuestro país, al establecer a nivel constitucional el cambio en la impartición de justicia de un sistema inquisitivo mixto a uno acusatorio.

Es en este año cuando la reforma penal comienza a permear en la capital de la República Mexicana, a través del cambio de justicia penal en aquellos delitos no graves. Como era de esperarse, se han suscitado ya algunos acontecimientos que implican la necesidad de reformar algunos ordenamientos jurídicos a fin de permitir la aplicación del nuevo sistema de una manera eficaz y eficiente.

Conforme lo establece el artículo 122, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma que hoy se plantea es facultad de nosotros los legisladores federales.

La propuesta que hoy se discute presenta varias mejoras, entre las que podemos apuntar que se están reafirmando las garantías de legalidad y el debido proceso, se señalan claramente las facultades del Ministerio Público, se brinda legalidad a la actuación de los facilitadores y mediadores, se crean nuevas unidades administrativas y una fiscalía y se promueven los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Con la presente reforma pretendemos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que permitirá mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Estamos conscientes de que seguirán presentándose problemáticas que requerirán de más modificaciones, las cuales seguiremos atendiendo como nos lo mandata la Constitución en aras de una mejor impartición de justicia en beneficio de la sociedad mexicana.

En el Partido Acción Nacional hemos impulsado reformas históricas y seguiremos impulsando las reformas que requiere nuestro país tanto en el gobierno como fuera de él. No omito mencionar que la implementación de este nuevo sistema de justicia penal que marca un cambio de paradigma en la historia nacional, ha sido un logro del Partido Acción Nacional. Es por ello que apoyamos la reforma en comento teniendo la convicción que ésta representa un beneficio para todos los mexicanos. Es por ello que votaremos a favor del dictamen que hoy se discute. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cierre el sistema.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 387 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, del Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la secundaria número 33, don Venustiano Carranza, invitados por Eva Juárez Ayala. Bienvenidos.

VOLUMEN III

EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Para fundamentar el dictamen, se le da el uso de la tribuna hasta por tres minutos, por la comisión, al diputado José Guillermo Anaya Llamas. Adelante.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: La Comisión de Seguridad Pública, que me honro en presidir, presenta hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Con la entrada en vigor de las reformas constitucionales, por las que se implementa el nuevo sistema de justicia penal adversarial, los estados y el Distrito Federal asumieron la responsabilidad de armonizar sus marcos normativos a este nuevo sistema, entre los cuales se encuentra lo referente a las instituciones policiales.

Con la presente iniciativa se crea un ordenamiento, el cual se encuentra más acorde a nuestra realidad que vive el país y en especial el Distrito Federal, ya que la ley que actualmente regula estas instituciones se encuentra vigente desde hace dos décadas, por lo que resulta apremiante la abrogación de la misma. Con esta nueva ley se busca regular diversas materias relacionadas con la función de seguridad pública, la actuación de la policía, los procesos internos, así como el cúmulo de derechos y obligaciones de los integrantes de estas instituciones encargadas de la salvaguarda del orden público.

En esta comisión consideramos que una policía profesional es una policía más eficiente, en la cual el ciudadano puede confiar, por eso nos hemos dado a la tarea de buscar siempre la dignificación, la profesionalización y el desarrollo de todos los integrantes de los cuerpos policiales. Y por ello también se implementa en esta ley la creación de la Universidad de la Policía del Distrito Federal.

En la discusión del dictamen se mencionó que esta ley podría tener un periodo de vigencia corto a raíz de la reforma política del Distrito Federal, que por cierto acaba de ser aprobada el día de ayer por el Senado de la República, sin embargo no podemos dejar pasar la oportunidad de brindar un antecedente certero a los encargados de realizar los nuevos marcos normativos del Distrito Federal y en especial, uno, para que puedan funcionar sus instituciones mientras se presentan los cambios referidos.

Sabemos que el sistema y el tema de seguridad pública vive uno de los momentos más graves en nuestro país, que se debe cambiar el paradigma de los ciudadanos en cuanto a los policías y miembros de las instituciones de seguridad pública.

Es por lo anterior que la conformación del Comité Delegacional de Seguridad Pública, para que tanto servidores públicos de las delegaciones como sus vecinos, funde estrategias más adecuadas a la situación persistente en su comunidad, logrando con ello una verdadera comunión entre gobierno y ciudadanos.

Asimismo, en la discusión del presente dictamen se propuso implementar un programa de activación física, con el cual tendremos una corporación en su estado de salud más recomendable, logrando así el respeto a nuestros propios policías y su mayor eficacia.

Son esfuerzos como éstos los que necesitan las y los ciudadanos de nuestro país, aunque ahora sólo los concierne el Distrito Federal, pero espero que sirva como un parteaguas para las demás entidades federativas que tengan próxima la entrada del Sistema Penal Acusatorio.

Con este nuevo ordenamiento que se compone de 92 artículos se le brinda al Distrito Federal las herramientas necesarias para apoyar a mejorar las capacidades institucionales y finalmente se cumple con el objetivo de proveer seguridad a las y los ciudadanos del Distrito Federal. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

Esta Presidencia saluda a alumnos de preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, invitados por la diputada Maricarmen López Segura.

Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el PRD va a votar a favor de este dictamen que de manera concreta regula el ejercicio de la función de seguridad pública en el Distrito Federal, y actualiza en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ahí derivan, el marco normativo de esa materia.

No obstante, yo quiero aprovechar esta ocasión para decir que así como ha sido factible generar los consensos debidos a propósito de esta importante materia, lamento enormemente que ya hayamos extendido cartas de defunción a la reforma política del Distrito Federal que ayer el Senado de la República votó.  En un ejercicio de la política posible, esa Cámara que representa el pacto federal, logró aglutinar dentro de la pluralidad representada a esa Cámara, los votos suficientes para que esa reforma se hiciera posible. Y ahora, en el marco del cronos legislativo que nos tiene aquí, casi a horas de que fenezca la labor de quienes estamos en calidad de representantes de la República, esa reforma no llegará. Y ya se señala que no tendrá la capacidad de juntar las dos terceras partes para ser votada.

Miren, compañeras y compañeros, independientemente del punto de vista que cada uno de nosotros tuviera sobre los derechos plenos que esta ciudad capital debiera de gozar, es de lamentarse dejar tres años más perdidos, aún incluso en lo que significó un acuerdo del famoso Pacto por México, una deuda que es ya de 200 años, en donde la ciudad capital no goza de un estatus jurídico relevante, apropiado y conveniente, no para partido político alguno, sino para la vida de la República.

Por eso quisiera hacer un respetuoso exhorto. En primer lugar, a quien preside en este periodo nuestra Cámara de Diputados, al diputado Julio César Moreno, que independientemente de su responsabilidad institucional apelo a su investidura para que por favor pueda recuperar el camino de la reforma política. Es dable, es posible y sé que está en sus convicciones, diputado Julio César Moreno. Pero también, diputadas y diputados, a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Si hay voluntad política podríamos reconocer que más vale un par de pasos convenientes en armonizar la vida de la ciudad, que nuevamente conculcar tres años más la vida de quienes aquí habitamos, que ha sido una ciudad generosa, que forma parte del epicentro cultural, social, económico de nuestro país y que todos nosotros, independientemente de la tierra a la que servimos y amamos, nos debemos. Que viva la Ciudad de México. Qué vivan los derechos plenos de todos los habitantes que aquí están. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Roberto Jiménez del Ángel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Roberto Jiménez del Ángel:Con el permiso de esta Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Roberto Jiménez del Ángel: Compañeras y compañeros legisladores, la historia registra que el gran legislador para el Distrito Federal ha sido el Congreso de la Unión. Sin embargo, los ciclos se cierran para transitar a otros, me refiero a la importancia que tiene la reforma política para esta entidad, por la trascendencia que representa.

Hoy, la Comisión de Seguridad Pública de esta Colegisladora presenta, para su votación y eventual aprobación, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

La expresión legislativa señalada viene a imprimir certeza jurídica a la actuación de los cuerpos del orden de la capital del país. Esta afirmación encuentra sustento a la luz de la reforma constitucional de junio de 2008, donde se dio un cambio fundamental al sistema de impartición y procuración de justicia que originó la implementación del juicio oral y adversarial.

Se reconoce en el proyecto de ley, entre otras virtudes, que la operación de las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México, se regirá por la disciplina de cuerpo y los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y sobre todo, respeto a los derechos humanos.

Ante ese contexto se exige un papel más profesional en su delicada labor, de los elementos de seguridad pública, porque ahora se demanda un cuerpo técnico y especializado, en donde la policía juega un gran papel en la investigación y en los hechos delictivos. Sobre todo, en cuanto a la escena del crimen y del hallazgo. En el proceso de resguardo de la denominada cadena de custodia y en la elaboración del informe pericial homologado.

Indicios que si no son bien manejados y presentados de manera correcta ante el juzgador, podría dar lugar a la impunidad, porque éste no tendría más remedio que dejar en libertad al justiciable. Consecuentemente se quebranta al estado democrático de derecho.

En Nueva Alianza vemos con interés que el producto legislativo de mérito consigna que esas mismas instituciones tendrán como obligación elaborar programas de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que atiendan en todo momento al principio del interés superior de la niñez, porque recordemos que este sector, además de ser de los más vulnerables, representa el futuro inmediato de México.

Atento a lo expresado, Nueva Alianza emitirá su voto a favor de la propuesta de ley. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros legisladores.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado José Arturo López Cándido de agrupación Morena.

El diputado José Arturo López Cándido:Con su venia, señor presidente. Con su permiso, compañeras diputadas y diputados. La seguridad pública se traduce como la obligación del Estado de garantizar a los ciudadanos el derecho a la protección de su vida, de sus bienes y su patrimonio, en un ambiente de bienestar social, tal y como lo establece el artículo 21 constitucional, párrafo noveno, que señala: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, reconociendo en esta Constitución...”, señala.

La seguridad pública ha sido el gran tema de debate desde hace varios años en nuestro país, el debate se ha centrado en la crítica hacia los gobiernos ya que es la mayor exigencia de los ciudadanos, las noticias de nota roja ya forman parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

Y por eso nosotros creemos importante, que esta reforma es fundamental, pero sí quisiéramos denunciar que efectivamente hay fechas que no se nos olvidan, y tenemos memoria histórica, como es el primero de diciembre de 2012, el 8 de noviembre de 2014, solo por mencionar algunas, ya que según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, han manifestado que se encuentran aún detenidos más de 100 personas y presos políticos y a estas personas no les fueron informados sus derechos, no fueron informados de la causa de su detención, fueron golpeados, no se les permitió llamar a sus familiares y también hubo demora del tiempo para poner a disposición ante la autoridad competente.

Todo esto fue documentado en periódicos y redes sociales, en este sentido hubo recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Policía de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Por eso, en este sentido nosotros creemos que el problema es mucho más de fondo que tiene que ver con el problema de la reforma política del Distrito Federal y nosotros en este tipo de mejorales no creemos y vamos a votar en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. La puesta en marcha y estructuración del nuevo sistema penal acusatorio gira en torno a la adopción de una nueva dinámica procesal que procure el ejercicio de la seguridad pública, tenga como eje central al individuo y sus derechos fundamentales, así como la rendición de cuentas, la armónica convivencia de las personas y comunidades y la participación social en las acciones de prevención.

En concordancia con lo anterior, desde el inicio de esta Legislatura quedó clara la imperiosa necesidad de que el Poder Legislativo avanzara en la expedición de nuevas leyes en materia penal y de seguridad pública, en las cuales la gente pudiera tener confianza plena.

La tarea de homologar todas las prácticas en la realización de la función de seguridad pública en nuestro país, tanto en el ámbito federal como en las diversas entidades de la República garantizando a los ciudadanos el respeto irrestricto de la Ley de los Derechos Humanos, es un tema de mayor relevancia para poder eliminar la corrupción y la impunidad que lamentablemente aún prevalecen en muchas regiones de nuestro país.

La seguridad pública es una función que tiene como fin salvaguardar la integridad de los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos que comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas y en su caso la persecución de los delitos. Esta función estará encomendada dentro de sus expectativas a la Secretaría de Seguridad Pública y desde luego a la Procuraduría General de Justicia, ambas del Distrito Federal.

Es por lo anterior que resulta imprescindible la expedición de una nueva Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal con la cual se pretende propiciar una mejor colaboración entre las autoridades encargadas del mantenimiento del orden público.

Es de resaltar que gracias a la nueva ley se implementarán nuevos mecanismos de profesionalización, como es la creación de la Universidad de la Policía, en el Distrito Federal, encargada de formar a los nuevos efectivos en materia de protección y de respeto a los derechos humanos y de cumplimiento irrestricto con sus obligaciones como agentes de seguridad pública.

Asimismo se tiene que señalar que la nueva norma representa un instrumento para castigar más eficientemente los abusos contra la ciudadanía por parte de los efectivos policiales y zanja cualquier posibilidad de que estos se vinculen con la delincuencia y el consumo de drogas y estupefacientes.

Del mismo modo cabe destacar la conformación del Consejo Local de Seguridad Pública, el cual establecerá los instrumentos y las políticas públicas orientadas a cumplir con los objetivos en materia de seguridad y que estará conformada por el jefe de gobierno, por el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, el procurador general de justicia del Distrito Federal, y desde luego las entidades federales que participan en materia de seguridad pública.

Por último, consideramos plausible el hecho de que se contemple la creación del programa de seguridad pública para el Distrito Federal, que presente datos desagregados sobre el diagnóstico de la situación de seguridad en la capital del país, y que permita el establecimiento de las metas y objetivos específicos por alcanzar, precisando las estrategias y las líneas de acción a seguir para cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.

Resulta inconcebible que el Distrito Federal no contara con una Ley de Seguridad Pública acorde a los nuevos paradigmas que garantiza –por ejemplo– que los elementos policiacos contaran con los conocimientos y ética necesarios para brindar una atención adecuada a los ciudadanos y que permitirá la paulatina depuración de los cuerpos de seguridad pública.

Con esta nueva ley –sin duda alguna– estamos propiciando que las instituciones policiales en el Distrito Federal, cumplan cabalmente con su función de garantizar la seguridad en el territorio de la capital de nuestro país, asegurando el disfrute para toda su población, y desde luego de las libertades públicas y el ejercicio de todas las actividades sociales que propicien el progreso y la prosperidad en un marco de orden y tranquilidad.

Es por ello que los integrantes del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

No habiendo más oradores registrados, en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha registrado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 369 votos a favor, 10 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular, por 369 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

MINUTA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión del Distrito Federal para opinión.

Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN IV

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DECLARA EL 2 DE ABRIL DE CADA AÑO, DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de abril de cada año, Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CODIGO CIVIL FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

EXPIDE LA LEY DEL DERECHO A LA ALIMENTACION

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Derecho a la Alimentación.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MARINA MERCANTE Y DE LA INDUSTRIA NAVAL MEXICANA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicana.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN IV

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CODIGO CIVIL FEDERAL Y CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y se adiciona un artículo 371 Bis, al Código Federal de Procedimientos Civiles.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES O DECRETOS

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos para fundamentar, el diputado José Guillermo Anaya Llamas.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente, de nueva cuenta. La Comisión de Seguridad Pública presenta ante este pleno el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como todos sabemos, las personas requieren en situaciones de emergencia del auxilio inmediato y las acciones coordinadas de las autoridades encargadas de atender este tipo de situaciones.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública coincidimos con el espíritu de la iniciativa con respecto al papel preponderante que debe tener la ciudadanía en la construcción de condiciones de seguridad ciudadana y paz social y, por tanto, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva que la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan un servicio de comunicación único de emergencias para el reporte de las mismas denuncias, así como el acceso en líneas de auxilio.

Los diputados que dictaminamos la iniciativa consideramos de vital importancia que se promueva el uso de servicios de comunicación únicos de emergencia para acceder a la protección del Estado, sobre todo tratándose de un número único que facilite el acceso a los mismos, ya que una situación o para cada caso de emergencias el memorizar un teléfono completo es muy complicado, en razón de la circunstancia de tensión, de estrés en las personas que lo solicitan.

Consideramos que la reforma planteada robustece el contenido del vigente artículo 111 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los antecedentes para la implementación de un número de emergencias únicos, establecidos por acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y recursos federales del Ramo 33, que datan desde 1998.

El vigente artículo 111 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su red local correspondientes, con las bases de datos criminalísticas y de personal del sistema, previstas en la presente ley.

El servicio de llamadas de emergencias y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El secretariado ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

Compañeras diputadas y diputados, con esta reforma se contribuye a dar mayor empuje a la necesidad de que el servicio de llamadas de emergencia y servicios de denuncia anónima se ha operado con un número único de atención a la ciudadanía y se incorpore en los puntos del país donde se carezca de ella.

Además, contribuye a impulsar que la atención de emergencias se articule de forma integral para que incluya en un solo número abreviado los servicios de protección civil, de emergencia, denuncias y atención a la ciudadanía, evitando, como el día de hoy, la multiplicación de los números.

La comisión dictaminadora considera que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como órgano ejecutivo del máximo órgano de coordinación de seguridad pública en el país, es la instancia adecuada para promover activamente la implementación de esta política pública, ya que tanto el sistema de información y comunicación de seguridad pública a que hace referencia el artículo 111, como el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana a que se refiere el artículo 130, conforman parte de su estructura.

Termino, presidente. No perdamos de vista que en noviembre pasado, el Ejecutivo federal encomendó al Instituto Federal de Telecomunicaciones analizar la viabilidad del proyecto para cambiar el número abreviado y definir la procedencia de su propuesta del 911 o la continuidad del vigente 066.

Este análisis no ha sido terminado ni dado a conocer, por lo que se considera que la redacción de la norma jurídica que hoy dictaminamos, no debe ser casuista y se omite añadir un número abreviado.

Los integrantes de la Comisión –termino, presidente– de Seguridad Pública consideramos vital apoyar las medidas de prevención del delito y participación ciudadana y por tanto que se promueva el uso del servicio de comunicación únicos de emergencia, para acceder a la protección del Estado en casos de emergencia. Por su atención y paciencia, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde Luján, de agrupación Morena, para dar su posicionamiento sobre el dictamen.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Bueno, déjenme decirles que en México existen casi 17 números distintos para atender emergencias y ninguno de estos es el 911. De hecho, el número más utilizado a nivel nacional es el 066, como ya lo decía el compañero que me antecedió. Al que se le han invertido, incluso, más de 2 mil 300 millones de pesos para su operación.

Hoy estamos determinando que sea el 911, con ninguna justificación en sustento. Pero bueno, no importa finalmente si es el 911 o el 066 o el 666, lo importante es que funcione. Cosa que en los hechos no sucede. El parámetro internacional de respuesta a emergencias es de 3 a 4 minutos, pero en México puede llegar, incluso, hasta los 30 minutos o más.

El personal de los 227 centros de atención está rebasado, muchas veces mal capacitado o simplemente tardan muchísimo en contestar. La población no conoce los números de emergencia por la falta de difusión de las autoridades o por la multiplicidad de números para atender otros sucesos como fugas, fallas eléctricas, quejas contra servidores públicos, etcétera, etcétera.

Además, las compañías telefónicas han tratado de evitar hacer ajustes en sus plataformas para homologarlas, lo cual ha hecho que este proceso aun sea más lento y más desgastante.

Lo que pedimos en esta tribuna, votaremos a favor del 911, pero que se considere que lo importante es que funcione, independientemente del número que sea. Si la ciudadanía no sabe que necesita marcar 911 para una emergencia no lo hará. Pero si lo hace y no tiene atención inmediata, de nada servirá. Votaremos a favor de esta iniciativa.

Y aprovechamos esta tribuna para hacer un llamado a la Cámara de Senadores para que apruebe la iniciativa de desvinculación de salarios mínimos. La tienen atorada, aquí ya la aprobamos hace algunos meses y es fundamental para que se pueda dar un verdadero empuje al salario mínimo que hoy se encuentra por debajo de la pobreza.

Senadores, senadores, les hacemos un llamado respetuoso a que puedan en este periodo de sesiones sacar la iniciativa de desvinculación de salarios mínimos, eso sí que ayudará a la mayoría de los mexicanos trabajadores. Gracias.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada Alcalde. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar la postura de su grupo parlamentario.

La diputada Josefina Salinas Pérez:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.

La diputada Josefina Salinas Pérez: El dictamen que hoy nos ocupa modifica el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objeto es la homologación del número 066 como número de llamadas de emergencia y denuncia anónima a nivel nacional, ya que esta situación contribuye a impulsar que la atención de emergencias, se articule en forma integral para que se incluya en un solo número abreviado a los servicios de protección civil, emergencias, denuncias y atención a la ciudadanía, evitando la multiplicación de números.

Esta propuesta habría sido realizada también por el Ejecutivo federal, quien mencionó que se buscaría que el número fuera el 911, muy al estilo de nuestro vecino del norte. Saludamos la idea de la comisión que en el dictamen dejó en manos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la decisión relativa al mantenimiento al número 066, que ya opera en casi todas las entidades federativas a su transformación en 911, en virtud del costo que este cambio tendría de forma logística y de reeducación de las personas que ya ubican el primer número como el de emergencias.

Es importante señalar sin embargo que las estadísticas nos indican que del total de llamadas recibidas en el número 066 entre el 85 y el 94 por ciento son falsas, lo cual muestra que se requiere de manera urgente la implementación de una campaña a nivel nacional encaminada a la concientización sobre el buen uso de esta herramienta, dado que el retraso en la atención de una emergencia real puede costar vidas humanas y pérdidas materiales.

Por ello nos encontramos plenamente convencidos de que el fortalecimiento del papel preponderante que debe tener la ciudadanía en la construcción de su propia seguridad resulta imprescindible para garantizar la vigencia del estado de derecho.

En consecuencia y debido a que la legislación vigente señala como responsable de la implementación de ese tipo de mecanismos al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, coincidimos con la dictaminadora de que esta instancia es la que deba promover que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios establezcan un servicio de comunicación único para el reporte de emergencias y denuncias, así como el acceso a líneas de auxilio, por lo cual el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen presente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada Salinas. Tiene el uso de la voz la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para dar su punto de vista sobre el dictamen.

La diputada Margarita Saldaña Hernández:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.

La diputada Margarita Saldaña Hernández: Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo a encuestas y estudios realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil, uno de los motivos que desalienta a la ciudadanía para denunciar cuando son víctimas o testigos de un delito es la desconfianza a las autoridades por considerarlas omisas, deficientes o inclusive cómplices de los delincuentes.

Asimismo, un porcentaje alto de la misma ciudadanía considera que no existen mecanismos de denuncia que sean eficaces, seguros y principalmente que protejan la identidad de aquéllos que se deciden a denunciar a pesar de los riesgos que esto representa actualmente.

Lo anterior sin duda alguna contribuye a que se mantengan los altos índices de inseguridad y de impunidad y que el brindar seguridad a la ciudadanía continúe siendo un pendiente de los gobernantes.

Se debe señalar que el tema abordado en el presente dictamen, esto es el establecimiento de un número único telefónico para emergencias a nivel nacional, coincide con una de las propuestas contenidas en el decálogo para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho, presentado por el titular del Ejecutivo federal como respuesta ante diversos hechos que cimbraron a la opinión pública tanto nacional e internacional como los ocurridos en el municipio de Iguala el pasado 26 de septiembre y ante la grave crisis de inseguridad que se sigue presentando en varias entidades federativas, contrario a lo señalado en el discurso oficial del gobierno de la república.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera que la aprobación del presente dictamen y la implementación del mecanismo descrito en el mismo, será un avance para promover la denuncia por parte de las víctimas o testigos, pero insuficiente para que las instituciones policiales recobren de la ciudadanía la confianza que de acuerdo a diversos estudios se encuentra en sus niveles más bajos.

Es decir no considera que la implementación del sistema de llamadas de emergencia y del servicio de denuncia anónima, operado con un único número de atención, sea la panacea de un grave problema como lo es la delincuencia en sus distintas modalidades, sea de competencia federal o competencia local.

No obstante lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por las razones expuestas en el dictamen y congruente con la exigencia de la ciudadanía de que se les brinden mecanismos que permitan su seguridad, votará a favor del presente, haciendo un exhorto a las autoridades correspondientes para que en la implementación de este mecanismos de denuncia, se tomen las medidas necesarias y se garantice la seguridad de aquellos ciudadanos que son víctimas o testigos de un delito. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia le otorga el uso de la voz al diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el posicionamiento que vengo a hacer hoy ante esta tribuna, por parte del Partido Verde Ecologista de México es a favor del presente dictamen. Estamos, ante un tema de importancia trascendental, que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con la certidumbre de todas las personas.

Se trata de que podamos establecer en todo el territorio nacional un número único, sin que todavía se determine cuál sea este número, porque eso lo va a determinar el Ifetel con posterioridad, pero que sí se tenga ya la seguridad y la certeza de que va a ser un número único, el que va a poder ser marcado en Chiapas, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Zacatecas, en Yucatán, en Baja California, en cualquier parte del territorio nacional y que permita que los servicios de emergencia estén directamente relacionados y atendidos de manera pronta y expedita.

Se requiere pues darle certeza a la ciudadanía, y además en utilizar las plataformas ya establecidas en los C4 de las diferentes entidades federativas, así como los centros de seguridad que tiene el gobierno federal.

No se está buscando tener un nuevo gasto gubernamental, no se está buscando generar un gasto presupuestal nuevo, sino utilizar los recursos hoy ya existentes y dispersos en un solo número que permita dar congruencia y seguridad a las personas.

Por eso hoy aplaudimos esta reforma, por eso hoy estamos a favor de la aprobación de esta reforma al artículo 130 de la Ley de Seguridad Pública Nacional. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia le otorga también el uso de la voz a la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song:Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que se encuentran en este recinto legislativo, en la más alta tribuna de la nación. El dictamen que estamos discutiendo en materia de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es verdaderamente de una gran importancia.

Si hoy en día hiciéramos una encuesta y saliéramos a las calles y le preguntáramos a cualquier ciudadano que transita por nuestro país, si tuviera una emergencia, a qué número tuviera que llamar les aseguro que las respuestas serían totalmente diversas.

Algunos dirían que tienen que llamar al 060, como me acaban de decir los compañeros de Jalisco en una encuesta rápida que acabo de hacer; otros dirían, como en el caso de Quintana Roo, que al 066; otros quizás que al 089; algunos dirían que si es la Comisión Federal de Electricidad al 071; u otros dirían que si son servicios públicos municipales, porque se les echó a perder el alumbrado público, al 072; y en fin, podría seguir enumerando un sinfín de números a los cuales acudimos o a los cuales marcamos cuando nos encontramos ante una emergencia o una necesidad, ya sea tanto ciudadana como una emergencia médica o como una emergencia vial o como una emergencia de cualquier otra naturaleza.

La realidad es que intentamos comunicarnos con quienes nos deben de brindar los diferentes servicios, que son de respuesta inmediata, pues no sabemos a qué número marcar.

Es más, si uno le pregunta a los niños en las escuelas –y esto es por un tema de influencia cultural– los niños a lo mejor les contestarían que el número de emergencia al que tenemos que llamar cuando tenemos un problema es el 911, porque pues las caricaturas y los programas de televisión por la influencia de un país, como lo es el vecino, Estados Unidos, pues siempre dicen que el número de emergencia es 911.

Hay casos incluso en nuestro país en donde los números de emergencia no son de tres dígitos, sino que son de ocho. Entonces, hagamos un catálogo –como se hacía a lo mejor antiguamente cuando empezaba el uso del teléfono– de todos los teléfonos: el de la policía, el de los bomberos, el de seguridad pública, el de las ambulancias, el del hospital, el de Cruz Roja, y peguémoslo en nuestro refrigerador, porque hay números incluso que son de ocho dígitos, no me van a dejar ustedes mentir.

Y quienes nos escuchan a través del Canal del Congreso saben que no hay en nuestro país un número universal al cual podamos nosotros llamara cuando tenemos alguna emergencia. Esta situación deja en evidencia claramente que es complicado el poder pedir ayuda y, cuando es complicado poder pedir ayuda, pues suceden desafortunadamente trágicos accidentes y se pueden perder muchas vidas.

Ante esta situación se trata entonces de un tema de seguridad de alta importancia. Esta vulnerabilidad a la seguridad y a la integridad de nuestra población obviamente tiene que ser reducida a la brevedad y tenemos que observar los claros ejemplos que tenemos en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos que ya comentaba yo la influencia en el caso de los niños, o de otros países que no son Estados Unidos, como es Canadá o como por ejemplo lo es Uruguay, como lo es el Salvador, como Ecuador u otros que han implementado no solamente esto de tener un solo número, sino también que han hecho una gran cultura de enseñar desde pequeños a los niños que hay un solo número al cual se debe de marcar.

Felicito enormemente al diputado Enrique Cárdenas, a don Enrique Cárdenas, quien es el autor de esta iniciativa y por quien hoy la discutimos, compañero priista a quien saludo desde esta tribuna, porque nuestro compañero así como los demás integrantes de esta Comisión dictaminadora, se dan cuenta de que tenemos que enfrentar la realidad con resultados. Tener un solo número que pueda darle respuesta a toda nuestra población cuando se trate de un caso de emergencia, sea el caso del que se trate será un gran mecanismo que unifique la atención de las emergencias.

Al fomentar el establecimiento de un número único se brinda acceso inmediato a todas las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, de protección civil, de rescate y de asistencia privada.

Incluso este es un tema de tal relevancia que nuestro presidente, el presidente Enrique Peña Nieto, pronunció dentro de un decálogo de medidas de seguridad que están en proceso de ser aprobadas. En verdad creo que estamos en el momento de seguir trabajando para poder darle garantías de seguridad a todos y cada uno de nuestros ciudadanos, garantías de seguridad a todo nuestro México. Muchas gracias, gracias por su atención. Buenas tardes.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada.

Concluida la lista de oradores y por tratarse de artículo único, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se pide a la Secretaría cierre el sistema de votación.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 362 votos a favor, 4 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Está a discusión en lo general y en lo particular, y esta Presidencia le otorga el uso de la voz al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por agrupación Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Ahorita estaba reflexionando en mi curul sobre si iban a tener la desvergüenza de, algún diputado de alguna comisión, subirse a justificar este dictamen, y la respuesta es que no, ni lo suben a justificar porque agregarle el párrafo que le agregan: el organismo utilizará para la continuidad de modernización del servicio postal tecnologías de información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios que permitan, de acuerdo a los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, bla, bla.

Miren, es una desvergüenza que este Congreso esté en estos temas. ¿No que hicieron la gran reforma de las telecomunicaciones? ¿No que Peña Nieto era acá el papá de los pollitos? No, mentiras, mentiras. Esto no.

Hoy quieren esconder con esta mediocridad. Seguramente quieren aparecer mañana, pasado, el Congreso de las reformas, 500 grandes reformas. Reformas que son esto, es nada. Y obviamente, los problemas nacionales trabados.

Y allá los que le creyeron al PRI y al PAN, que eran los democráticos y que en próximos días iba a ser ya no el DF sino la ciudad de México. Les vieron la cara los del pacto contra México, los agarraron, los trituran, los utilizan a los del PRD y los van a seguir utilizando, desgraciadamente.

Peña Nieto y Mancera están unidos en la compra y en la coacción del voto. Peña Nieto y Mancera están unidos en contra de la violencia de los compañeros que están luchando porque llegue la democracia.

Éste es el tema, este tipo de reformas que ustedes proponen. ¿Y qué quieren hacer? Acallar a la oposición. Quieren meter una ley mordaza, que por su inoperancia la tienen que echar para atrás. ¿Por qué? Porque obviamente, la disciplina parlamentaria que inicia por respetar a la Constitución, pues obviamente, quién iba a sancionar a la Junta de Coordinación Política por violar el derecho de minoría de integrar una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para indagar la corrupción...

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Permítame, diputado, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ... gubernamental puesta al desnudo con el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto y de su esposa. ¿En dónde y ante quién van a rendir cuentas los coordinadores parlamentarios...

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ...por haber atropellado el artículo 93 constitucional y vulnerado la facultad de control político del Poder Legislativo? Esos son los temas que deberíamos de estar discutiendo. Ésa es la cara, la que no tienen vergüenza los del PRI, los del PAN y los que le siguen.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Permítame, diputado, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ¿Qué pasó, presidente? Dígame usted.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Pido a la asamblea, permitir que concluya el diputado, por favor. Ya concluyó su tiempo, déjenlo que concluya, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Déjenme terminar.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Concluya, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ésa es la desvergüenza que tienen los diputados del PRI y del PAN, por eso voy a concluir.

Miren, alguien me decía hoy, un ciudadano, porque leyeron en la prensa que querían amordazar a los que somos libres. Y decía: dígale a los diputados que...

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Concluya, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Quieren acallar las voces libres e independientes. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputado. Esta Presidencia le otorga el uso de la tribuna al diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. No se encuentra en este momento el diputado Nabor Ochoa. Por lo tanto le otorgamos el uso de la voz a la diputada Adriana Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos, diputada.

La diputada Adriana Soto Martínez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.

La diputada Adriana Soto Martínez: Diputadas y diputados, tras las demandas y necesidades de los mexicanos, el 20 de agosto de 1986, se ha creado el Servicio Postal Mexicano para dar respuesta a las necesidades de modernizar las prácticas operacionales y administrativas en la prestación de los servicios de comunicación.

Dicha institución tiene a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos distintos a la correspondencia, por lo que su objetivo principal es proporcionar a la población un servicio eficiente y confiable que facilite la comunicación.

Sin embargo con el avance del Internet, Email, Fax y el comercio electrónico, entre otros, representan una fuerte competencia que obliga de manera inmediata al Servicio Postal Mexicano a modernizarse y hacerse día con días más eficiente en la prestación de sus servicios.

Por otra parte, es importante mencionar que en el 2010 el Servicio Postal Domiciliario tuvo una baja de un poco más del 60 por ciento de sus ventas anuales por el aumento del uso del correo electrónico y los dispositivos celulares entre los mexicanos, situación que hace impostergable que el Servicio Postal Mexicano continúe y consolide el tránsito hacia una modernización tecnológica en la presentación de los servicios postales.

Asimismo, el uso de tecnologías de la información y comunicación para fomentar el comercio nacional e internacional sobre los servicios postales se debe consolidar, por lo que no hay que olvidar que Correos de México abarca el 98 por ciento de la República Mexicana y a nivel internacional llega a 191 países.

Nuestro país necesita una industria postal eficiente, confiable, innovadora y competitiva que ofrezca al mismo tiempo un nivel apropiado de servicios para el desarrollo del comercio electrónico, los servicios financieros y las telecomunicaciones, pero también necesitamos un servicio postal eficiente y accesible para la población que no cuente con los servicios de Internet.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen, ya que es necesario la adición de un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano con el propósito de garantizar las condiciones para la continuidad, actualización y el mejoramiento de los servicios postales en el país.

Asimismo, impulsar unas nuevas reglas que permitan crear un ámbito de convergencia tecnológica que vayan encaminados a los requerimientos del mercado postal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada Soto Martínez. Esta Presidencia le otorga el uso de la voz a la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:Con su permiso, presidente. Es muy probable que ésta sea la última ocasión que suba yo a tribuna y me dirija a ustedes, mis colegas.

Espero que esta participación en tribuna por lo menos nos deje sembrada una duda de cuestiones que quedaron pendientes y tendremos que hacer a futuro.

Hace más de 535 años, es decir, en 1580, fue fundado el Correo Mayor de Ostas y Postas de la Nueva España.

Correos de México es la más antigua institución que existe en México; pero antes de Correos de México, ya los persas, los griegos, ciertamente los incas y sin duda alguna los aztecas tenían correos; era la forma de comunicación.

Nos hacemos la pregunta en este nuevo mundo en donde los correos electrónicos le han quitado precisamente tal vez la trascendencia a esta entrega de pequeños mensajes, siendo que al final de cuentas ya no se requiere que haya un mensajero de por medio.

Y les digo –señores– nos estamos olvidando de un punto muy importante. En México hay más de 2 mil 570 municipios, en los cuales muchos de ellos existen comunidades que carecen de comunicación, que la única forma de hacer llegar un mensaje, un paquete, es a través de Correos de México que tiene una capacidad de prestar este servicios a esas comunidades.

La verdad es que la pregunta que deberíamos de estarnos haciendo no es si es que debe garantizar, porque debo decir que esta iniciativa fue presentada originalmente en 2012, en esta Cámara de Diputados, aprobada en 2012, fue enviada al Senado en 2013, que le cambio la palabra de “garantizará que se utilicen las nuevas tecnologías”, para que se incluyera “se utilizarán las nuevas tecnologías”. O sea, haciéndola totalmente nugatoria y que hoy está aquí para que nosotros la aprobemos. Lo que deberíamos nosotros pensar es: qué debemos, qué vamos a hacer con Correos de México.

Correos de México, conocido –nombre– utilizado por siglos, y que bueno, un día, a algún inteligente se le ocurrió que New Post Service sonaba muy glamoroso y le puso Servicio Postal Mexicano. Y entonces aquí tenemos a un Sepomex con un nombre, digo, francamente cacofónico. Pero bueno, en todo esto, lo que quisiera yo decir es lo siguiente:

De acuerdo a los estados financieros de 2014, Correos de México tuvo ingresos de 2 mil 600 millones de pesos. Sin embargo sus costos, sus gastos de operación fueron de casi 4 mil 900 millones de pesos; es decir, una pérdida de 2 mil 276 millones de pesos. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo y lo que deberíamos estar debatiendo aquí es, ¿qué vamos a hacer con Correos de México? ¿Vamos a permitir que siga siendo una entidad totalmente deficitaria o al final de cuentas vamos a transformarla en una institución que sirva a aquellos más necesitados?

Queda esto para la próxima legislatura. Ojalá consideren que en una situación en donde el Estado debe recortar gastos, Correos de México debe eficientarse y debe contribuir, pero no puede desaparecer porque el Estado tiene una obligación para con todos los mexicanos, no nada más aquellos que tenemos la capacidad de pagar por una mensajería. Muchas gracias y hasta siempre.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada. Esta Presidencia le otorga el uso de la tribuna, el uso de la voz al diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.

El diputado Nabor Ochoa López: Compañeras y compañeros. Hace un momento que un diputado intervenía en esta tribuna por sus posicionamientos, por sus expresiones francamente ofensivas, me preguntaba: ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el ladrón? Y ahí estaba. Ahí estaba, porque hemos tenido mucha culpa los políticos que esta noble actividad se deteriore al grado de que haya mucha decepción de la gente sobre nosotros.

Pero más decepción de la gente hay cuando usamos esta gran tribuna de manera irresponsable; y venimos a soltar una serie de improperios, de insultos, que sólo rebajan la condición de quien los expresa.

En ese sentido, también celebro la participación de una gran conocedora del tema, que –como bien ella lo dice, la diputada Purificación Carpinteyro, por haber sido titular del Servicio Postal Mexicano, entre otros cargos– una parte importante de la historia de las comunicaciones en el México contemporáneo no se puede entender sin el correo, lo que antes llamábamos Correos de México hoy es Servicio Postal Mexicano, que fue durante décadas, durante muchos años el medio principal, el medio por excelencia, medio de comunicación del miles de millones de familias mexicanas, que gracias a este instrumento de comunicación teníamos noticias de familiares de otras partes el país y de otras partes del mundo.

¿Quién, como yo, que ya rebaso los 50, no mandamos alguna carta a estudiantes, a nuestros padres? ¿Quién no nos enamoramos de nuestra esposa o alguna exnovia a través de misivas, de correos precisamente? En fin, la verdad es que ha sido una parte importante el correo en México.

Y es cierto, los avances tecnológicos, los medios de comunicación electrónico más ágiles han llevado a cierto deterioro en la actividad del correo, del Servicio Postal, pero –como bien lo señala la diputada Purificación Carpinteyro– quiero agregar un dato que nos pasaban el día de hoy, que con todo y estos grandes avances tecnológicos el Servicio Postal tiene una plantilla laboral cercana a los 20 mil empleados, el dato de febrero de 2015 es que manejó más de 18 millones de piezas de correspondencia, en febrero 2015. Y esto habla pues de que sigue siendo utilizado.

Y lo que se está haciendo es aparentemente un cambio menor, pero se precisa en términos adicionando un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con un objetivo fundamental: el de lograr la modernización del servicio postal y que siga siendo un medio de comunicación importante. Es decir, con esta adición se viene a fortalecer sin duda alguna este gran trabajo que se ha hecho desde tiempos inmemoriales de comunicación en nuestro país. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, para hablar a nombre de su Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Gracias, diputado presidente. Honorable asamblea, el servicio postal y de mensajería en el mundo ha sufrido grandes y profundas modificaciones. Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y en particular del internet, la comunicación entre personas se ha transformado, pues los tiempos y las distancias prácticamente han desaparecido.

La comunicación en tiempo real que hoy se tiene gracias al avance tecnológico, ha hecho que los servicios postales tradicionales tengan una tendencia a la baja en su uso. A pesar de ello se sigue utilizando el servicio principalmente para el uso comercial, distribución de propaganda y entrega de paquetería.

Aunado a esto, el creciente mercado y participación del sector privado en la entrega de paquetería y mensajería ha crecido a nivel mundial y México no es la excepción, sin embargo son un puñado de empresas las que controlan dicho sector. En este contexto, los servicios postales se enfrentan a la imperiosa necesidad de renovarse y adaptar sus sistemas, mecanismos, herramientas y formas de operar a fin de ser, por un lado contrapeso a este pequeño grupo de empresas y evitar la creación de un cartel que pueda fijar y elevar los costos a discreción, y por otro mantener la rectoría y el control de uno de los elementos más estratégicos del país; el control de las comunicaciones.

Por ello vemos que la ley debe garantizar la continuidad del Servicio Postal Mexicano, y lo vemos así, pues consideramos que el hecho de utilizar no es garantía de mantenimiento del servicio, la utilización de tecnologías de la información puede darle mayores fortalezas para competir contra otras empresas que prestan el servicio, pero no garantiza la sobrevivencia del Sistema Postal Mexicano.

A pesar de ello vemos correcta la adición del párrafo propuesto, creemos que llegamos unos 20 años más tarde a este proceso, pero es un paso que se debe dar y también creemos que se debe realizar un examen al Sistema Postal Mexicano y reformarlo íntegramente para dotarlo de las herramientas institucionales y legales que le permita adaptarse continuamente a los cambios tan rápidos y dinámicos que se dan en el sector.

Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado Roblero. Tiene el uso de la tribuna el diputado Roberto Jiménez del Ángel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado Roberto Jiménez del Ángel:Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, antes de abordar el tema quiero solicitarles el permiso para hacer un reconocimiento y un agradecimiento a mis compañeras y compañeros diputados que conforman la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, muy en especial a nuestra coordinadora, a la maestra María Sanjuana Cerda Franco, por su trabajo tan puntual, tan profesional.

El día de ayer aprobamos un dictamen que nos ponía en la vanguardia de las comunicaciones electrónicas y digitales. Sin embargo, no debemos perder de vista otro universo que también existe, más tradicional, pero que da un servicio social de manera incansable.

El correo sigue siendo utilizado por varios sectores económicos. Se estima que en México anualmente se distribuyen 900 millones de cartas u otra clase de envíos.

El Servicio Postal Mexicano cuenta con 19 mil trabajadores y trabajadoras que demandan la atención legislativa para contribuir a su modernización. Lograr un México incluyente es ilusorio, si aún existen comunidades en donde no existe el acceso a medios de comunicación digitales. Es en esos lugares donde el correo cumple con una importantísima labor, unir y comunicar a las y los mexicanos.

Incluso, en nuestros hogares teniendo acceso a las tecnologías de la información y comunicación, el Servicio Postal Mexicano cumple satisfactoriamente con la noble tarea de facilitarnos el envío y recepción de documentos, bienes y mercancías en todo el territorio nacional, no importando si llueva, truene o relampaguee, incluso ante un mercado privado muy, muy competitivo que usa esas mismas tecnologías para agregar valor a sus servicios.

Compañeras y compañeros legisladores, la evolución de las tecnologías de la información y comunicación están permanentemente transformando nuestro entorno y la forma en que hacemos las cosas.

La adición que se hace al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano coadyuvará a la modernización y eficiencia de un servicio postal, cuya presencia es tan vigente como las necesidades de comunicación de nuestro país.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este dictamen, convencidos de que la adición contribuirá a mejorar su operación y servicio y, fundamentalmente, como un reconocimiento a la dedicación y vocación social de miles de carteros y trabajadores del Servicio Postal Mexicano.

Vaya desde aquí de esta tribuna, un pleno reconocimiento a esos humildes y nobles servidores públicos. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Tiene el uso de la voz el diputado Víctor Sánchez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Víctor Sánchez Guerrero:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el dictamen que se encuentra a discusión pretende adicionar un párrafo al artículo de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para que el organismo Sepomex utilice para la continuidad de modernización del Servicio Postal Mexicano tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios que permitan, de acuerdo a los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia y la prestación de diversos servicios.

Dentro de la misión que maneja el organismo Sepomex se encuentra ser una empresa líder en el ramo de los servicios postales, mensajería y paquetería que sea reconocida globalmente como confiable por sus prácticas, sus procesos y por sus niveles de competitividad y calidad en los productos y servicios que proporciona.

Con la reforma que se pretende aprobar en este momento, en materia del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación le permitirá atender sus debilidades y con ello lograr la eficiencia y modernización de su operación.

Hoy en día no se puede lograr ser una empresa referente del mercado sin hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Por otro lado, el uso de las tecnologías no es garante de la eficiencia y de la calidad del servicio. Se requieren, además de elementos de carácter organizacional y procedimental para lograr la efectividad en la operación del organismo.

Actualmente, con los adelantos que se tienen en materia tecnológica, las empresas requieren estar a la vanguardia para ser competitivos.

En este sentido, el servicio que presta Sepomex debe insertarse estratégicamente en la sociedad de la información y de la comunicación. A fin de atender su misión para la que fue creado.

En Acción Nacional consideramos que la innovación tecnológica es sinónimo de evolución. Es así que los requerimientos que demanda un mercado altamente competitivo hacen necesario que Sepomex incorpore las tecnologías de la información y de la comunicación para agilizar el servicio postal en cada región del país. Es importante señalar que la labor que tiene Sepomex es trascendental, debido a que se entregan un promedio de tres millones de piezas postales al día, tarea que llevan a cabo más de 10 mil carteros con más de 11 mil vehículos que todos los días se disponen a realizar su trabajo en bicicletas, camiones, autos o motocicletas.

Para recibir la correspondencia, mensajería y paquetería, Correos de México dispone de mil 556 oficinas postales y 24 mil 144 puntos de servicios con terceros localizados estratégicamente a lo largo y ancho del territorio nacional, además de poco más de 18 mil buzones. Actualmente cuenta con una infraestructura que moviliza a diario 128 toneladas de correspondencia, mensajería y paquetería a cada rincón del país.

Con todo lo anteriormente señalado, las actividades que desempeña Sepomex son importantes para el país debido a que el servicio que presta el organismo es un medio de comunicación seguro y confiable, facilitador de la actividad económica, factor de inclusión y garante de las comunicaciones.

Ahora, con el dictamen lo que se pretende es que aproveche los beneficios de las tecnologías de la información y de la comunicación para que se modernice en la prestación de los servicios que ofrece a los ciudadanos.

En Acción Nacional coincidimos plenamente con la comisión que emite el dictamen debido a que los ciudadanos se merecen un servicio de calidad, que sea moderno, eficiente, competitivo y a bajo costo, por lo que las tecnologías de la información y de la comunicación pueden contribuir a alcanzar la meta trazada en los objetivos del organismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado.

Concluida la lista de oradores. Y por tratarse de artículo único, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Cierre el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 366 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o., de la Ley del Servicio Postal Mexicano, por 366 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,(*) consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucción de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género antes mencionado. Se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se autoriza. En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene el uso de la tribuna la diputada Loretta Ortiz Ahlf de Agrupación Morena, para posicionar a Agrupación Morena.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Diputadas, diputados. Obviamente Morena votará a favor de este dictamen; sin embargo aprovecho estos momentos para hacer un reclamo de la falta de cumplimiento, de compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de violencia contra la mujer, tanto en lo que se refiere a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso campo algodonero, en el cual se habían comprometido el Estado mexicano a encontrar los responsables de haber cometido el feminicidio, es el más alto grado de violencia contra una mujer, contra dos niñas de ocho años y una joven de 20 años. Jóvenes las cuales les fueron extraídos los órganos, que se llevó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido internacionalmente una de las sentencias de la Corte Interamericana más conocidas, y que participaron clínicas de derechos humanos, universidades extranjeras de organismos no gubernamentales de distintas partes del mundo, reclamando la violencia contra la mujer, y en específico el feminicidio.

¿Por qué fue declarado responsable el Estado mexicano? Por violar la Convención Belém do Pará de discriminación de la mujer, tienen garantizado en México su acceso a la justicia los hombres, más no las mujeres. Más de 15 años exigiendo, reclamando que se detuvieran a los responsables y a la fecha no hay responsables.

Si no hubiera llegado este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguiríamos esperando las mujeres por precisamente justicia para todas aquellas que son desaparecidas o que finalmente son asesinadas y a través del tipo penal que podríamos configurar hoy como feminicidio.

Aunado a esta situación, en la última reunión del Mecanismo de Evaluación Universal de los Derechos Humanos, que ve por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se exigió dentro de las 188 recomendaciones al Estado mexicano el cumplimiento de las relativas y rendir un informe en materia precisamente de violencia contra la mujer.

De entre ellos están las preguntas: los avances en materia de prevención, sanción y protección de mujeres de violencia en su contra y su impacto, incluyendo información acerca del contenido y alcances de las reformas del 2013 a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Y una segunda pregunta, que es: los poderes y recursos humanos financieros de las instituciones creadas para tratar casos de violencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez.

A estas preguntas no se les ha dado respuesta, casi puedo adivinar que no ha habido ningún avance, otra situación más por la cual el Estado mexicano se encontrará en responsabilidad y con ello todos los órganos del gobierno. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada. Esta Presidencia otorga el uso de la voz a la diputada Gabriela Medrano Galindo, de Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su permiso, diputado presiente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.

La diputada Gabriela Medrano Galindo: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, fue necesario el transcurso de décadas para lograr la visualización e integración de las mujeres a los diversos sectores de la vida en igualdad a los varones. Las creencias y tradiciones eran sin duda las principales causas que originaban dicha desigualdad, pues por años a la mujer se le visualizaba como única responsable de las labores domésticas, impidiendo con ello accede a cualquier oportunidad escolar y mucho menos laboral para poder ejercer alguna otra actividad.

No se puede negar los grandes avances que se han dado respecto al establecimiento de mecanismos y a la aprobación de leyes que buscan la participación incluyente de las mujeres como un ejercicio de equidad para garantizar los derechos fundamentales de la sociedad en general.

Mucho se ha logrado, hoy en día las mujeres gozan de los mismos derechos laborales. No existe prohibición alguna que impida o limite a la mujer para participar casi en cualquier sector y por ello se suman ilimitados ejemplos de mujeres exitosas desempeñando cargos relevantes para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo aún existen brechas por eliminar y para que ello ocurra resulta indispensable la armonización de nuestra legislación y el fortalecimiento de nuestras instituciones, para que éstas puedan brindar certeza jurídica en el desarrollo de las mujeres en la sociedad.

Para ello es necesario ejercitar el trabajo legislativo que permita realizar las adecuaciones necesarias a la legislación en la materia, para que de esta forma se garantice el respeto a uno de los derechos más elementales de cualquier ser humano, como lo es emplearse sin mayor limitación a las establecidas en la ley.

Ejemplo de ello es el dictamen que hoy se somete a consideración de esta asamblea, el cual tiene como objetivo reivindicar el derecho de las mujeres a la tierra y a la participación igualitaria en las actividades agrarias, así como en el respeto de su dignidad en un entorno cultural que históricamente ha sido adverso por haber sido percibido como una actividad exclusiva de los hombres, limitando con ello el pleno desarrollo de los derechos de las mujeres a emplearse en lo que éstas determinen.

Para ello se propone la inclusión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pues ello garantiza el cumplimiento del objetivo antes mencionado, mismo que será una realidad a través del trabajo conjunto para la definición de instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales que busquen la prevención, la atención, la sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Coincidimos en la necesidad de reforzar el marco jurídico en comento para lograr la plena igualdad entre los seres humanos, sin distinción por cuestiones de género.

Por todo lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues con dichas modificaciones se abonará a la lucha contra cualquier acto de discriminación que coloque en desventaja e impida el libre desarrollo de la vida de las mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada. Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia reclama un cambio cultural, una transformación de actitudes que deben de alejar las conductas que fomentan la subordinación, la sumisión o incluso inferioridad de las mujeres respecto de los hombres.

No es una tarea fácil, porque lamentablemente, como lo dije y lo he dicho siempre, es una cuestión cultural. La historia que estamos escribiendo es la de una nación que reconoce los derechos, el valor y la dignidad de las mujeres, pero aún faltan zonas qué atender, a donde no se tienen ni se cuentan con estos derechos de las mujeres, en estas zonas a donde el gobierno en todas las instancias tiene que hacer que se cumplan los derechos constitucionales, los acuerdos bilaterales y, sobre todo, los internacionales y los derechos humanos, que es lo más importante.

No podríamos eliminar la violencia contra las mujeres sin una política transformadora que cuente con un andamiaje institucional corresponsable. Derechos de mujer son derechos humanos de todos.

En nuestro país son claros los avances en la materia, pero aun así se presentan y tenemos grandes retos. Hemos ratificado los tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos de las mujeres y en su cumplimiento nuestro país tiene importantes logros sobre armonización legislativa, pero aún falta que a la mujer se le dé el respeto debido. En muchas ocasiones hay compañeras, incluso aquí en la Cámara de Diputados, que me han manifestado estar en contra de alguna iniciativa y sin embargo han tenido que votar de acuerdo a como les mandan sus fracciones parlamentarias.

Estos hechos no deben de estar sucediendo, porque me lo han manifestado: no nos dejan votar con libertad y ni modo nos tenemos que aguantar, si no nos regañan o nos jalan las orejas. Así las cosas.

Actualmente, existen 23 entidades federativas que cuentan con una Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sólo faltan cinco estados en crear una Ley de Igualdad, 17 estados tienen una Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y 18 ya cuentan con una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

La armonización legislativa está transformando la visión de la justicia. Sin embargo, se tiene pendiente la tipificación del feminicidio y la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres al dictar las sentencias.

A nombre de las mujeres del estado de Chihuahua, le agradezco infinitamente a la Comisión de Igualdad de Género y a todas sus integrantes, ya que de manera unánime han votado a favor de un exhorto, que ha presentado su servidora, para que en el estado de Chihuahua se homologue el feminicidio como delito grave.

Compañeras, a todas muchas gracias por el apoyo a este exhorto. Y le pido a este pleno que exhorte, que se pronuncie y que vote a favor de todas estas propuestas que son en beneficio de nuestras mujeres.

Es menester hacer mención que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió su primera estampilla postal conmemorativa, con la finalidad de visibilizar el compromiso del Estado mexicano con las mujeres y las niñas que han sido víctimas de violencia, promoviendo un cambio cultural que rechace los estereotipos de género y las violencias normalizadas y concientizando, sobre todo a la sociedad, sobre la importancia de prevenir todo tipo de prácticas violentas en contra de la mujer.

Debemos analizar y concientizar, concluyo, y concientizar a todas las instancias de que el hecho de armonizar la ley al Código Penal para que el feminicidio sea homologado en estado de Chihuahua, no es un asunto político, es una deuda que tenemos con las mujeres de Ciudad Juárez. Muchas gracias, es cuanto.

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Por último se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Ossiel Niaves, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ossiel Omar Niaves López:Con su venia, presidente. En esta ocasión me congratula hacer uso de esta tribuna, por última vez, para hablar a favor de un dictamen cuya reforma es importante, ya que consiste en establecer acciones para combatir la violencia hacia la mujer rural.

No sin antes también agradecer al diputado José Rubén Escajeda Jiménez, que me acompañó en esta presente iniciativa. Muchas gracias, diputado Rubén Escajeda.

Como todos sabemos, la vulnerabilidad de la mujer rural es especial, ya que existen tres condiciones que inciden en tratarla de forma exclusiva, toda vez que muchas de ellas son jefas de familia, indígenas y pobres.

Por ello, al iniciar esta Legislatura, una de mis principales iniciativas fue atender la violencia de la mujer del campo. Por ello, presenté hasta esta asamblea, incluir a la Sedatu en el sistema para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia la mujer. Ya que esta dependencia es la especializada en atender las cuestiones agrarias del país.

Y dadas las múltiples situaciones en que la mujer se ve violentada en sus derechos agrarios al ser presionada para cederle los derechos a los hombres del país, es encomiable que desde la ley se debe dictar y dar atribuciones para combatir la violencia ejercida hacia la mujer rural e indígena.

Por eso, incorporar ante la Sedatu para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer para coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la discriminación de hombres y mujeres en materia agraria.

Adicionar a la sección séptima, de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, y la sección octava, establecer que corresponde la Secretaría de Desarrollo Agrario delinear con visión transversal en la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención hacia la mujer.

Por ello pido su voto a favor de este presente dictamen, ya que esta Legislatura pasará a ser historia como la primera en considerar el enfoque de género en el sector rural y fieles a nuestros principios reafirmamos nuestro compromiso con todas las mujeres del país. Muchas gracias, y es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

No habiendo más oradores registrados, en virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cierre la Secretaría el tablero electrónico de votación.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 341 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL 2 DE ABRIL DE CADA AÑO, DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de abril de cada año Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo,(*) consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Atención a Grupos vulnerables antes mencionado, se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se autoriza. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de abril de cada año Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo. Para fundamentar, por la comisión, tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos, la diputada Cristina Ruiz Sandoval.

La diputada Cristina Ruiz Sandoval:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables pone a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de abril de cada año, Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, preocupada por las niñas, niños y personas que tiene ese trastorno espectro, pero sobre todo el hecho de que exista una concientización de su existencia y se celebre un día al año. El autismo es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, y el cual tiene una serie de variantes y características.

El 17 de diciembre de 2007, la ONU, a través de su asamblea general, estableció el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, mediante el cual invita a todos los estados miembros, organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente la conmemoración de este día, con miras a aumentar a la conciencia pública sobre el trastorno del autismo, siendo el color azul el que se ha adoptado para crear identidad y difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo.

Mediante la presente propuesta y en términos similares al existente a nivel internacional en México, es necesario hacernos solidarios con la concientización pública del trastorno del autismo, por lo que de igual manera es preciso declarar el día 2 de abril de cada año Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo, generando con ello la acción; es decir, el exhorto y la reflexión para participar en la promoción de programas de educación, oportunidades de empleo y otras medidas que ayuden a hacer realidad un país más inclusivo de las personas que tienen éste y otros padecimientos.

Es necesario saber que en la actualidad se estima que uno de cada 100 nacimientos, en México presentará autismo. Esta condición no tiene una razón unívoca y se desconoce su origen. Una de las hipótesis más comunes es que se trata de un problema genético y ambiental, lo cual científicamente no está probado.

La preocupación sobre la prevalencia y la necesidad de tomar conciencia sobre la gravedad de esta condición, obliga de igual forma a declarar que el día 2 de abril de cada año sea el Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo. Ello enfatizará la necesidad de hacer de México una sociedad abierta e incluyente para este grupo social, integrarlos a la sociedad es de suma trascendencia y ésta deberá estar mejor preparada para atenderlos con dignidad y respeto, por ello México no debe ser la excepción.

Las diputadas y los diputados debemos hacer conciencia sobre la existencia de este trastorno y por ende, a través de este dictamen, invitar a la sociedad y a la nación entera a que tome acciones definitivas para respetar y aplicar los derechos que tienen estas personas que no pueden ser excluidas ni separadas de la sociedad. Ellos necesitan de nosotros para reconocerles su existencia y su derecho a ser, y qué mejor teniendo un día al año para dedicarles nuestro respeto y reconocimiento.

Por ello, señoras diputadas y señores diputados, les invito a aprobar este dictamen de tanta trascendencia para la vida, la salud y la dignidad de las personas con el espectro autista. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Desde 2007 la Asamblea de las Naciones Unidas estableció el 2 de abril como el Día Mundial del Autismo, un trastorno que se presenta en 1 de cada 160 niños en el mundo. El espectro autista incluye un grupo de padecimientos, cuyo común denominador es un trastorno en la comunicación y sobre todo con la interacción social.

El origen del autismo es multifactorial, con una predisposición genética al nacer y factores ambientales que pueden contribuir a su desarrollo. Hoy se sabe que la exposición a ciertos tóxicos, como pesticidas y metales pasados, sobre todo en el vientre materno, pueden favorecer cambios genéticos que propician el desarrollo de un trastorno del espectro autista, sin embargo algo que los científicos han demostrado claramente y reiteran es la nula relación entre la administración de vacunas y el autismo.

Los padres de familia pueden sospechar la presencia de autismo en su hijo mediante ciertos signos comunes en los trastornos del espectro autista. Una problemática al día de hoy es que los niños, los jóvenes, los adolescentes y adultos con la condición de espectro autista alcanzan cifras alarmantes. La Organización Austin Speaks sostiene que el cáncer, el sida, la diabetes pediátrica, combinados, son menos comunes aún que los trastornos del espectro autista. En nuestro país, según datos de la organización de la sociedad civil, Aquí nadie se Rinde, anualmente se presentan en promedio 4 mil 600 nuevos casos de niños menores de 15 años con este padecimiento.

Es de destacar que para la atención y el tratamiento de los niños con este tipo de problemática existen y existan centros de salud especializados. Hemos visto que por el desconocimiento de este padecimiento en muchas ocasiones no se atiende como debe de ser. Sabemos también que es un grupo que ha sido marginado, discriminado porque nos falta aún más información, nos falta más trabajo y especialización en el tema sobre el autismo.

Es por esto y por todas las razones expuestas y las necesidades de nuestros niños y de nuestros jóvenes que tengan este padecimiento, Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de que se declare el 2 de abril de cada año el Día Nacional de la Integración de Personas con Autismo. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos, a la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Josefina Salinas Pérez:Con su venia, señor presidente. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentó en esta alta tribuna 13 dictámenes a proyectos de ley, todos aprobados y 12 de ellos turnados o devueltos a la colegisladora, donde desafortunadamente no se continuó el proceso legislativo.

El único dictamen aprobado en esta Cámara, que fue aprobado también en la colegisladora en el mes de marzo de este año fue el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición de espectro autista, que pasó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales y el día de mañana se presentará en Palacio Nacional con motivo de su promulgación y una ceremonia protocolaria que contribuirá a que los medios de comunicación hagan del conocimiento la aprobación de la nueva ley.

En ese sentido, esta Comisión cierra sus trabajos en este pleno, con la responsabilidad de impulsar lo posible, aunque se queda en rezago mucho de lo deseable.

Mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del decreto por el que se declara el 2 de abril de cada año como Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo, en congruencia con la preocupación sobre la prevalencia y la necesidad de tomar consciencia sobre la gravedad de esta condición.

En 2007 se declara el 2 de abril de cada año como Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. En México se necesita que la concientización sobre el autismo vaya más allá. Es por esto que se considera que el día 2 de abril de cada año se declare como día nacional para enfatizar la necesidad de hacer a México una sociedad abierta e incluyente para este grupo social.

En el mundo existe una gran ignorancia acerca del autismo, condición que afecta de uno de cada 150 niños, principalmente en su interacción social, comportamiento, comunicación e integración sensorial. En México no se tienen cifras concretas al respecto.

El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, no tiene cura y se desconocen sus causas. Sin embargo, con tratamiento terapéutico personalizado quienes lo manifiestan logran mejorar su calidad de vida.

Esta Cámara de Diputados fue iluminada de azul en esta legislatura, el color emblemático, con la finalidad de informar, compartir e involucrar nos y generar conciencia social y tener como resultados un mundo más incluyente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

Concluida la lista de oradores y por tratarse artículo único, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación... Permítame, permítame, secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Sosa, de Acción Nacional.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Gracias, presidente, muy brevemente, agradezco la atención. No quería dejar pasar la oportunidad de señalar, como lo hizo la diputada que me antecedió, que éste es un dictamen más de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Entender la situación de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes, de adultos mayores, de personas con alguna condición de discapacidad. Me alegra que todavía en los últimos días estén aprobándose dictámenes de esta comisión y desde luego que en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos pronunciamos, como siempre, por legislar en favor de estos grupos vulnerables.

Hace unas semanas aprobamos aquí ya la ley general para tener mayor atención a las personas en condiciones de autismo. Hoy, antes de que concluya el mes de abril, estamos reconociendo el día 2 de este mismo mes de cada año como el día, para que tengamos todos, en México, presente este universo de personitas y de niños que requieren de la comprensión, de la atención y de la solidaridad de los mexicanos.

Enhorabuena. Gracias a la Comisión de Grupos Vulnerables, ha sido un honor trabajar en ella y ser secretaria de la misma, con dos presidentas. Muchas gracias. Y el PAN votará en favor de este dictamen. Muy amable.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Martha Sosa Govea, de Acción Nacional.

Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos para recabar la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia saluda a la academia de arte Ballet Mexicano con Discapacidad de la delegación Iztapalapa, bienvenidos. Cierre el sistema.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 344 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto por el que se declara el 2 de abril de cada año, Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría con las Declaratorias de Publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, reglamentaria a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTAMENES A DISCUSION DE PUNTOS DE ACUERDO

ORIENTACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION, ACERCA DE LOS RIESGOS DEL USO DE LA PASTILLA DE EMERGENCIA COMO METODO ANTICONCEPTIVO REGULAR

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa y la Cofepris una campaña informativa, de orientación y capacitación de los ciudadanos acerca de los riesgos de usar la pastilla de emergencia como método anticonceptivo regular

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 5 de marzo de 2015, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios una campaña informativa, y acciones de orientación y capacitación de la población en materia de riesgos de automedicación acerca de los riesgos de usar la pastilla de emergencia como método anticonceptivo regular.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnase a la Comisión de Salud para el estudio y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios una campaña informativa, y acciones de orientación y capacitación de la población en materia de riesgos de automedicación respecto a los riesgos de usar la pastilla de emergencia como método anticonceptivo regular.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y las acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud se considera éste una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Actualmente, como expone la proponente, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la Secretaría de Salud es la dependencia mediante la cual el Ejecutivo federal instaura las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger la salud de la población; le confiere entre otras las siguientes facultades:

Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

...

...

...

...

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el sistema nacional de salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes;

VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud;

VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores público, social y privado, y verificar su cumplimiento;

...

X. Dirigir la policía sanitaria general de la república, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana;

...

...

...

...

XV. Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de los de uso veterinario que no estén comprendidos en la Convención de Ginebra;

XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad;

...

...

XIX. Organizar congresos sanitarios y asistenciales;

...

XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal,vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General;

...

...

XXIV. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Asimismo, el artículo 17 Bis dota de facultades a la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios; fija entre otras las siguientes:

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos;

II. Proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

...

...

...

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud ,con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal;

VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos;

...

...

X.Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia;

...

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia; y

XIII.Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la comisión.

Tercera. La diputada proponente manifiesta consternación respecto a los siguientes factores:

La píldora de emergencia contiene levonorgestrel (progestágeno sintético o sustancia semejante a hormona femenina) igual al que se emplea en las píldoras anticonceptivas convencionales, sólo que en dosis más alta. La particularidad de la anticoncepción de emergencia es que “puede usarse por mujeres después de una relación sexual sin protección o ante la falla del método que se estuviera usando. En caso de violación es indispensable para evitar un embarazo no deseado, ya que su mecanismo de acción inhibe la ovulación o la retrasa, impidiendo la fertilización”; dicho anticonceptivo deberá administrarse siempre bajo vigilancia médica para garantizar su uso correcto; situación que en la especie no se actualiza, pues actualmente el fácil acceso a estos medicamentos deviene en un consumo irresponsable.

Señala que el único método que puede evitar las infecciones de transmisión sexual es el preservativo (para hombre o mujer), siempre y cuando se use correctamente. No se recomienda la pastilla del día siguiente en lugar del preservativo ,pero en caso de ser utilizada debe administrarse con moderación. Su uso frecuente no sólo puede disminuir la efectividad del método, sino alterar los patrones de ovulación (inhibirla o retrasarla).

Cuando la anticoncepción de emergencia se utiliza en intervalos menores a dos meses, es posible que se presente síndrome de ovario poliquístico (cuando hay bolsas cerradas llenas de líquido en dichas glándulas) a causa de las ovulaciones que quedaron detenidas, así como insuficiencia venosa periférica (dificultad que tienen las venas de las piernas para empujar la sangre al corazón). También puede haber retención de líquido, malestar en los senos, dolor de cabeza y alteración del periodo menstrual (se alarga, acorta o suspende, además de que el sangrado puede volverse escaso o profuso).

La fórmula de la píldora incluye componentes que, al consumirse en forma continua, alteran el equilibrio de ciertas hormonas diferentes a las de la ovulación, desencadenando ausencia de menstruación, crecimiento inadecuado del endometrio o pérdida de minerales en los huesos (compromiso del sistema óseo).

Asimismo, la píldora del día siguiente no ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual y que su porcentaje de efectividad, aunque elevado, no es mayor al de aquellas técnicas que se emplean de manera preventiva, como parches, pastillas, inyecciones o DIU. Por ello, como su nombre lo dice, es un método de emergencia, no de uso cotidiano o permanente.

Gran porcentaje de la población ignora los riesgos que conlleva el uso erróneo de la pastilla anticonceptiva de emergencia o “del día siguiente”.

De acuerdo con recientes reportes de anticonceptivos orales en México, la pastilla de emergencia ha tenido un incremento significativo de ventas. Así lo aseguran los laboratorios farmacéuticos Liomont. Dicha situación representa un riesgo para la salud de las mujeres que la ingieren sin supervisión médica.

Preocupantemente, en 2012 la pastilla de emergencia se colocó como el método anticonceptivo hormonal más vendido en México con un registro de 6.8 millones de unidades vendidas, lo cual representa el 42 por ciento del mercado de anticonceptivos hormonales, mientras que los anticonceptivos orales de bajas dosis hormonales registraron ventas por 5 millones de unidades.

Que la finalidad de la pastilla de emergencia es la de ser utilizada como último recurso en situaciones muy específicas y no así como un método anticonceptivo regular. Al respecto, los especialistas aseguran que la venta desmedida del medicamento se debe a la facilidad de obtenerlo y utilizarlo, sin medir que pudiera tener algunos efectos secundarios, pues en muchas ocasiones las usuarias no cuentan con la información suficiente para conocer los riesgos de utilizarla como método regular de anticoncepción; entre los que se encuentran los siguientes:

1. Su uso frecuente disminuye la efectividad del método.

2. Alterara los patrones de ovulación.

3. Síndrome de ovario poliquístico (cuando hay bolsas cerradas llenas de líquido en dichas glándulas) a causa de las ovulaciones que quedaron detenidas.

4. Insuficiencia venosa periférica (dificultad que tienen las venas de las piernas para empujar la sangre al corazón).

5. Crecimiento inadecuado del endometrio.

6. Pérdida de minerales en los huesos (compromiso del sistema óseo).

Como se señaló, la pastilla de emergencia no evita las infecciones de transmisión sexual, situación que enfatiza la preocupación, pues al estarse usando como un método anticonceptivo regular ante relaciones sexuales “desprotegidas”, se aumenta la posibilidad de las usuarias de contraer enfermedades de transmisión sexual.

Es evidente que entre la población que consume la pastilla del día después hay poca claridad acerca de lo efectos adversos que puede provocar; pues basta con revisar la ficha farmacológica para darnos cuenta que entre las reacciones adversas más frecuentes y que requieren atención médica se encuentran:

• Amenorrea (suspensión del periodo menstrual).

• Descubrimiento del sangrado menstrual o metromenorragia (sangrado uterino fuerte entre los periodos menstruales regulares).

• Menorragia. Sangrado uterino suave entre los periodos menstruales regulares.

Entre las advertencias especiales se encuentran algunas como las siguientes:

• Carcinogenicidad/Tumorgenicidad/Mutagenicidad: No se han realizado estudios bien documentados en humanos.

• Embarazo/Reproducción.

• Fertilidad: Las progestinas causan una disminución en la cantidad y/o cambio en la calidad del moco cervical y pueden interferir con la función del esperma, la fertilización y subsecuentemente la ocurrencia de embarazo. Estos efectos dependen de la dosis y tipo de la progestina. Altas dosis o largo tiempo de uso de progestinas, pueden causar un retraso en el retorno a la fertilidad. El uso del levornogestrel no es recomendado durante el embarazo.

• Carcinogenicidad/Tumorgenicidad/Mutagenicidad: No se han realizado estudios bien documentados en humanos.

• Embarazo/Reproducción.

• Fertilidad: Las progestinas causan una disminución en la cantidad y/o cambio en la calidad del moco cervical y pueden interferir con la función del esperma, la fertilización y subsecuentemente la ocurrencia de embarazo. Estos efectos dependen de la dosis y tipo de la progestina. Altas dosis o largo tiempo de uso de progestinas, pueden causar un retraso en el retorno a la fertilidad. El uso del levornogestrel no es recomendado durante el embarazo.

• Embarazo FDA: categoría X. lo que significa que los estudios en animales o en humanos han demostrado anormalidades fetales y/o existe evidencia de riesgo al feto humano basado en los registros de reacciones adversas derivados de experiencias investigativas o mercadológicas y existen riesgos implicados al usarse el fármaco en mujeres embarazadas que claramente sobrepasan los beneficios potenciales. El uso del producto farmacéutico está contraindicado en aquellas mujeres que están o que pueden quedar embarazadas.

En razón de lo anterior, la legisladora proponente señala que la mejor manera de combatir los riesgos de consumir la píldora constantemente es mediante la asesoría a las usuarias, dar la información lo más clara posible sobre su consumo, riesgos y contradicciones; siendo imperante que la Secretaría de Salud y Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, pongan en marcha una campaña de información, en la que las usuarias sean instruidas al respecto, ya sea mediante trípticos y carteles en farmacias, así como asesoría médica gratuita en Centros de Salud, al igual su difusión en medios masivos de comunicación.

Cuarta. La comisión dictaminadora está de acuerdo con lo que la promovente señala:

A) El único método que puede evitar las infecciones de transmisión sexual es el preservativo (para hombre o mujer), siempre y cuando se use correctamente. No se recomienda la pastilla del día siguiente en lugar del preservativo ,pero en caso de ser utilizada debe administrarse con moderación.

B) Se comparte la preocupación respecto a que en 2012 la pastilla de emergencia se colocó como el método anticonceptivo hormonal más vendido en México con un registro de 6.8 millones de unidades vendidas, lo cual representa 42 por ciento del mercado de anticonceptivos hormonales, mientras que los anticonceptivos orales de bajas dosis hormonales registraron ventas por 5 millones de unidades.

C) Que la pastilla de emergencia no evita las infecciones de transmisión sexual, situación que enfatiza la preocupación, pues al estarse usando como un método anticonceptivo regular ante relaciones sexuales “desprotegidas”, se aumenta la posibilidad de las usuarias de contraer enfermedades de transmisión sexual. Que la finalidad de la pastilla de emergencia es la de ser utilizada como último recurso en situaciones muy específicas y no así como un método anticonceptivo regular.

D) Que entre la población que consume la pastilla del día después hay poca claridad acerca de lo efectos adversos que puede provocar; pues de la ficha farmacológica se advierte las reacciones adversas más frecuentes y que requieren atención médica se encuentran; asimismo se señalan las advertencias especiales, mismas que señala la Diputada proponente y se transcribieron en el considerando anterior.

E) Que la mejor manera de combatir los riesgos de consumir la píldora constantemente es mediante la asesoría a las usuarias, dar la información lo más clara posible sobre su consumo, riesgos y contradicciones; siendo imperante que la Secretaría de Salud y Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, pongan en marcha una campaña de información, en la que las usuarias sean instruidas al respecto, ya sea mediante trípticos y carteles en farmacias, así como asesoría médica gratuita en Centros de Salud, al igual su difusión en medios masivos de comunicación.

La comisión dictaminadora está de acuerdo con el sentido que anima el presente exhorto.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios una campaña informativa, y acciones de orientación y capacitación de la población en materia de riesgos de automedicación respecto a los riesgos de usar la pastilla de emergencia como método anticonceptivo regular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

CONTAMINACION, INTOXICACION Y ENVENENAMIENTO POR PLOMO EN LA SANGRE, QUE AFECTA A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA ANTIGUA FUNDIDORA DE AVALOS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al gobernador de Chihuahua a resolver la problemática derivada de la contaminación, la intoxicación y el envenenamiento por plomo en la sangre que afecta a los habitantes de las zonas aledañas a la antigua Fundidora de Ávalos, en la capital del estado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 73 constitucionales, lo establecido en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló el trabajo de análisis, estudio y dictaminación conforme los siguientes lineamientos:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos del exhorto y se hace una descripción que resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 5 de marzo de 2015, la diputada federal Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presento proposición con punto de acuerdo, con el propósito de exhortar al ciudadano licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones, gire las instrucciones necesarias a las dependencias competentes para que atiendan y resuelvan la grave problemática derivada de la contaminación, intoxicación y envenenamiento por plomo en la sangre, que desde hace años afecta a los habitantes de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos, en la ciudad de Chihuahua.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta de manera respetuosa y diligente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, para que gire instrucciones a las autoridades sanitarias y de salubridad correspondientes, a efecto de que se realicen los estudios médicos adecuados para determinar el nivel de daño producido por el plomo y 21 metales pesados, a las personas afectadas por contaminación, intoxicación y envenenamiento dentro de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos en la ciudad de Chihuahua, con test neurológicos y marcadores de daño biológico como son las pruebas de efecto biológico:

1) ZPP (zinc protoporfina);

2) EP ( protoporfinaeritrocitaria), y

3) ALA-D (deshidratasa acido delta amino levulinico).

4) Estudio de cabello para detectar el nivel de plomo

De igual manera, una vez terminados los estudios médicos mencionados en el numeral anterior a las personas afectadas por contaminación, intoxicación y envenenamiento por plomo en la sangre, se ordene su atención médica inmediata, así como la indemnización al valor real de su vivienda, o bien, la reubicación de la misma, según lo decida o considere cada familia en perjuicio.

Paralelo a lo anterior, se ordene la acción de reubicación inmediata a todas aquellas familias que habitan dentro de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos en la ciudad de Chihuahua, así como la intervención correspondiente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, derivadas de las investigaciones a las violaciones al derecho constitucional a la protección de la salud, proceda en el ámbito de sus atribuciones.

Asimismo, se inicien las investigaciones necesarias y correspondientes para sancionar a los funcionarios responsables de las omisiones en perjuicio de las familias afectadas de la comunidad de Ávalos y se finquen las responsabilidades conforme a las disposiciones legales que en materia de responsabilidad ambiental penal y sanitaria, le son aplicables.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Segunda. La comunidad de Ávalos se encuentra en la zona sur de la ciudad de Chihuahua, aproximadamente a unos 600 metros de la que fuera una de las más grandes fundidoras de plomo en América, iniciando operaciones en 1908 y concluyendo en el año de 1998. En los últimos años produjo alrededor de 250 toneladas diarias del referido metal. En 1993 inició el plan de cierre que concluyó en 1998. Una evaluación preliminar en el sitio demostró exposición a plomo. Actualmente, el sitio se encuentra bajo restauración ambiental (control del material contaminado).

Una década después, el Instituto Nacional de Salud Púbica, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, realizó un estudio en distintas zonas de nuestro país expuestas a la contaminación por plomo, siendo parte de éstas, la zona de Ávalos en Chihuahua capital. EI estudio demuestra, entre otras, la exposición a este elemento señalando con claridad que la atención que debe brindarse en el entorno expuesto es, en al menos, de tres ámbitos:

1. El ambiental, para el adecuado control de las fuentes de exposición;

2. El sanitario, para la vigilancia de los niveles sanguíneos de plomo en los niños de alto riesgo; es decir, de aquellos que vivan en zonas potencialmente contaminadas; y

3. El educativo, para la atención de niños con problemas neuroconductuales y neurocognitivos.

Avalos Chihuahua, es un ejemplo de los riesgos en salud relacionados con la exposición a plomo en México; por consiguiente, se requiere de un programa nacional de salud pública dirigido a reducir la exposición a este metal en poblaciones vulnerables.

Por lo anterior, y derivado de esta gran problemática habitantes del fraccionamiento Rinconada Los Nogales , ubicado a escasos 200 metros de las instalaciones de la antigua fundidora de Ávalos, desde tiempo atrás han denunciado el envenenamiento por plomo en la sangre y con ello, la omisión de las autoridades para resolver el fuerte problema de salud púbica que presentan.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Chihuahua, llevó a cabo el estudio: “Exposición humana al plomo”, por el que se practicó exámenes de sangre a 119 niños que viven en esa zona. El estudio menciona que la Norma Oficial Mexicana: NOM-199-SSA1—2000, establece que el máximo grado de plomo permitido en la sangre es de 10 microgramos por decilitro; siendo que hay infantes que alcanzan unos 65 microgramos por decilitro en su sangre, lo que se traduce en 6 veces más que lo marcado en la Norma.

La proponente establece que según investigaciones periodísticas realizadas sobre el tema, los resultados del estudio nunca fueron entregados a los colonos y de ellos tuvo conocimiento la misma Comisión Estatal de la Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, así como la Secretaría de Salud del estado.

Tras los resultados arrojados, la Gerencia de Evidencia y Manejo de Riesgos exhortó al gobierno estatal para que interviniera con servicios de salud necesarios y diera atención médica a los menores, sin que se haya diseñado y ejecutado acción alguna para los afectados.

Por lo anterior, es que se considera imperativo que la autoridad estatal responsable presente, a la brevedad, los estudios de impacto ambiental que se hicieron de la zona de Ávalos; lo que les permitirá saber a los colonos y a la sociedad si era susceptible o no, de construir fraccionamientos habitacionales, señalando que de confirmarse una irregularidad que con lleva a diversas problemáticas relacionadas con la salud, el medio ambiente así como con el tema de asentamientos humanos, se evidenciaría una clara violación a las normas ambientales y de salud.

Tercera:El plomo es un elemento de reconocida capacidad tóxica que afecta a toda la población. Sin embargo, los niños son más susceptibles dado que, en relación con su masa, inhalan más aire e ingieren mayores cantidades de suelo que los adultos; pero además, la interacción mano-boca, tan común durante la infancia, facilita la ingesta de polvo.2 Por si estos datos no fueran suficientes, es necesario considerar que la absorción gastrointestinal del plomo en niños es hasta cinco veces superior que en el adulto y la distribución a órganos extra-óseos (incluyendo el sistema nervioso central) también es mayor.

Actualmente las alteraciones neurocognitivas destacan como el efecto de mayor preocupación para la población infantil expuesta al metal, también se han demostrado efectos auditivos, cardiovasculares, nefrológicos y hematológicos entre niños expuestos a plomo. La definición de las concentraciones a las cuales este tóxico afecta los diferentes órganos y sistemas del niño todavía requiere de mayores investigaciones, pero existe evidencia que la toxicidad del plomo inicia a concentraciones corporales bajas. Por ejemplo, ha sido demostrada la capacidad del metal para generar cambios neurocognitivos a concentraciones alrededor de 5.0 ìg/dL del tóxico en sangre.

Cuarta: Es importante resaltar que el envenenamiento en la sangre por plomo puede provocar daños en la producción de glóbulos rojos en el sistema inmunológico, esquelético, renal y en los sistemas nervioso central y periférico. EI riesgo de ingestión de plomo aumenta en los niños por su conducta exploratoria y sus juegos, que los hace tener mayor contacto con suelos contaminados, aunado a la mayor absorción que ocurre en ellos comparada con los adultos. El envenenamiento se manifiesta en un cuadro sintomático determinado en los adultos por cólicos, anemia, dolor de cabeza, fatiga, neuropatía periférica.

Lamentablemente en el caso de los niños, como el grupo con mayor susceptibilidad, muestran principalmente deficiencia en el desarrollo psicomotor, intelectual y de aprendizaje, y en los casos de intoxicación aguda se presentan vómitos, anorexia, convulsiones, coma y encefalopatía. Adicionalmente, la exposición a plomo puede tener efectos en la reproducción. Las mujeres embarazadas expuestas a niveles altos pueden tener hijos con menor peso al nacimiento, así como mayor riesgo de aborto espontáneo, aun en niveles de plomo relativamente bajos.

Quinta: Por contaminación entendemos algún lugar con cantidades de plomo por encima de lo permitido en algún momento, es decir, por arriba de lo tolerable para la salud.

La intoxicación con plomo puede ser aguda o crónica y denota su efecto dañino a corto o largo plazo. Es aguda, cuando los síntomas generalmente gastrointestinales (náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal), se presentan en los primeros 6 meses del contacto con el plomo.

También se llama envenenamiento, se manifiesta en malestares intestinales y señala si hubo o hay daño por la exposición al plomo. Puede ser crónico, que es más grave por sus daños permanentes en el sistema nervioso y no hay pruebas aisladas para determinar. Solo si hay más casos de los que habitualmente debiera haber en la población expuesta a un sitio contaminado +las pruebas de daño biológico, entonces se pudiera establecer si es el plomo el agente causal o no, de los hallazgos en una población.

La crónica es a partir de los 6 meses en adelante y las manifestaciones son diferentes en el niño que en el adulto. En el niño, que sigue en permanente contacto y a dosis pequeñas (incluso no sale en sangre), se presenta con manifestaciones en el sistema nervioso, ya que el niño está en crecimiento y afecta las neuronas. Se puede manifestar como retardo en el crecimiento, alteraciones conductuales, bajo rendimiento escolar, trastorno de déficit de atención; entre otros, y no necesariamente la manifestación es grave.

Sexta: Eliminar el plomo es un asunto de salud pública que merece mantenerse en primer lugar de la atención sanitaria. En un mundo de tópicos ambientales más sofisticados como los cambios climáticos, los tóxicos nanotecnológicos y las basuras electrónicas, el plomo, ahora como antes, se mantiene como un fuerte adversario de la salud infantil y perderlo de vista implica perder de vista el futuro de nuestra nación.

En este sentido, se hace un atento llamado al titular del Ejecutivo Estatal de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones gire las instrucciones necesarias a las dependencias competentes, y previo a los estudios correspondientes, atiendan el grave problema de salud que se presenta en la zona sur de la ciudad de Chihuahua, relacionada con el envenenamiento por plomo en la sangre.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa y diligente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, para que gire instrucciones a las autoridades sanitarias y de salubridad correspondientes, a efecto de que se realicen los estudios médicos adecuados para determinar el nivel de daño producido por el plomo y 21 metales pesados, a las personas afectadas por contaminación, intoxicación y envenenamiento dentro de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos en la ciudad de Chihuahua, con test neurológicos y marcadores de daño biológico como son las pruebas de efecto biológico:

1) ZPP (zinc protoporfina);

2) EP (protoporfinaeritrocitaria), y

3) ALA-D (deshidratasa acido delta amino levulinico).

4) Estudio de cabello para detectar el nivel de plomo

Segundo. De igual manera, una vez terminados los estudios médicos mencionados en el numeral anterior a las personas afectadas por contaminación, intoxicación y envenenamiento por plomo en la sangre, se ordene su atención médica inmediata, así como la indemnización al valor real de su vivienda, o bien, la reubicación de la misma, según lo decida o considere cada familia en perjuicio.

Tercero. Paralelo a lo anterior, se ordene la acción de reubicación inmediata a todas aquellas familias que habitan dentro de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos en la ciudad de Chihuahua.

Cuarto. A su vez, se ordene la intervención correspondiente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, derivadas de las investigaciones a las violaciones al derecho constitucional a la protección de la salud, proceda en el ámbito de sus atribuciones.

Quinto. Se inicien las investigaciones necesarias y correspondientes para sancionar a los funcionarios responsables de las omisiones en perjuicio de las familias afectadas de la comunidad de Ávalos y se finquen las responsabilidades conforme a las disposiciones legales que en materia de responsabilidad ambiental penal y sanitaria, le son aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

ATENDER, PREVENIR Y SANCIONAR LA VENTA CLANDESTINA POR INTERNET, DE MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN RECETA MEDICA Y QUE SE USAN CON FINES ABORTIVOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a fin de realizar acciones en materia de vigilancia y control sanitarios para atender, prevenir y sancionar la venta clandestina por internet de medicamentos que requieren receta y se usan con propósitos abortivos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo, en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el jueves 5 de marzo de 2015, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a realizar las acciones necesarias en materia de vigilancia y control sanitarios, a fin de atender prevenir y sancionar la venta clandestina por internet, de medicamentos que requieren receta médica y que se usan con fines abortivos, suspendiendo de manera definitiva el funcionamiento de estos sitios electrónicos.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnara a la Comisión de Salud para el estudio y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a realizar las acciones necesarias en materia de vigilancia y control sanitarios, a fin de atender prevenir y sancionar la venta clandestina por internet, de medicamentos que requieren receta médica y que se usan con fines abortivos, suspendiendo de manera definitiva el funcionamiento de estos sitios electrónicos.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Actualmente, tal como lo expone la proponente, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, dispone que la Secretaría de Salud es la dependencia mediante la cual el Ejecutivo federal instrumenta las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger la salud de la población; otorgándole entre otras, las siguientes facultades:

Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

...

...

...

...

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el sistema nacional de salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes;

VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud;

VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores público, social y privado, y verificar su cumplimiento;

...

X. Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana;

...

...

...

...

XV. Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de los de uso veterinario que no estén comprendidos en la Convención de Ginebra;

XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad;

...

...

XIX. Organizar congresos sanitarios y asistenciales;

...

XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general;

...

...

XXIV. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Asimismo, el artículo 17 Bis, dota de facultades a la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, estipulando entre otras, las siguientes:

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos;

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

...

...

...

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;

VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta ley y sus reglamentos;

...

...

X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia;

...

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y

XIII. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la Comisión.

Tercera. La diputada proponente, manifiesta su consternación respecto de los siguientes factores:

Cada vez es más frecuente recibir, la mayoría de las veces sin nuestra autorización, ofertas de medicamentos a través de Internet. A diferencia de otros productos que se venden a través de Internet, los medicamentos tienen un impacto directo en nuestra salud y para que su uso sea seguro se requieren las garantías de calidad, seguridad, eficacia y correcta información que dan las autoridades sanitarias, y una adecuada actuación de los profesionales sanitarios en su prescripción y dispensación.

Más de la mitad de los medicamentos que circulan a través de Internet son falsificaciones fabricadas sin garantías a partir de sustancias no autorizadas, de baja calidad o con efectos tóxicos, que pueden producir daños irreparables a la salud.

Un medicamento vendido en una web ilegal carece de las garantías legales de calidad, seguridad, eficacia y correcta información y pone en riesgo tu salud. En muchas ocasiones se trata de medicamentos falsificados o de baja calidad, que se fabrican en la clandestinidad sin medidas de control respecto a sus ingredientes ni al proceso de fabricación y por lo tanto no existe ninguna garantía en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia, y por ello supone un riesgo impredecible para la salud.

Se desconoce dónde son fabricados (instalaciones), con qué (materias primas utilizadas) cómo (qué procedimientos), etcétera, además, se encuentran fuera del canal legal, sin ninguna garantía en cuanto a que se hayan observado las condiciones de distribución, almacenamiento y conservación necesarias, lo cual supone riesgos adicionales en caso de que se consuman.

A todo lo anterior se suma que se venden en canales ilegales sin ningún control médico para aquellos que precisan que un profesional sanitario los prescriba (receta médica).

Según la legislación vigente no se permite la venta de medicamentos a través de internet. En los casos de las páginas que lo hacen, tienen dos actividades ilícitas: la publicidad irregular y una oferta de medicamentos por internet.

Todos estos son hechos que ponen de manifiesto los riesgos que representan para quien los consume. Páginas web aprovechan las redes sociales para vender ilegalmente medicamentos para bajar de peso, contra la disfunción eréctil, la diabetes, la hipertensión, para tratar enfermedades crónico-degenerativas y para realizar abortos clandestinos.

Uno de estos medicamentos cuya venta clandestina por internet y su uso inadecuado con fines abortivos es Cytotec, o Misoprostol, que es el activo que contiene Cytotec, los demás nombres usados son otras formas o nombres por los que se le conoce a Cytotec Misoprostol.

Es de resaltar, que la naturaleza de dicho medicamento es para el tratamiento de ulceras gástricas, sin embargo hoy en día, en internet se promueve su uso con fines abortivos y sin la necesidad de receta médica, situación a todas luces ilegal; el riesgo consiste principalmente en que en algunos casos la hipersensibilidad de la mujer al remedio puede ser tal, que las pastillas Cytotec provoquen una ruptura repentina del útero; luego de ser ingerido o hasta más tarde. Esto puede ser fatal sino se tiene la posibilidad de una asistencia médica y hospitalaria de inmediato. La ruptura del útero puede suceder más fácilmente en mujeres que tienen un historial de cesárea o embarazos anteriores. Si nada de esto ocurre y la hemorragia se consigue controlar y esto no provoca la muerte de la embarazada, algo raro de suceder, puede por lo tanto estar pasando otra situación de alto riesgo. Restos del feto o de la placenta pueden haber sido retenidos dentro del útero durante todo este tiempo y haber provocado una infección local. A veces, el remedio produce que se desprenda la placenta, con la consecuente muerte del bebé, sin que el bebé sea expulsado. La embarazada piensa que no sucedió nada, no visita a un médico, pero en realidad está reteniendo el aborto.

Tanto el aborto retenido como los restos fetales y de la placenta, pueden hacer que pus se acumule en el útero, tratando en vano de destruir los restos del feto y de la placenta, que deberían haber sido removidos por medio del legrado (raspaje) dentro de un hospital días antes. Los dolores y las hemorragias pueden cubrir otros síntomas que harían sospechar, a una embarazada primeriza, que algo más pudiera estar sucediendo. En la medida que el pus se acumula, éste va invadiendo el torrente sanguíneo de la embarazada y puede esparcirse por todo su cuerpo. Esto se conoce con el nombre de septicemia. Cuando se llega a este cuadro, la única conducta correcta es la remoción de los restos del feto y de la placenta, e internar inmediatamente a la paciente en una unidad de terapia intensiva.

Hay un cierto número de muertes por septicemia, aunque hayan sido internadas, causadas por el uso de las pastillas Cytotec sin revisión médica.

Muchas de las muertes producidas por el aborto en general, y algunos causados por el uso de las pastillas Cytotec se deben a la septicemia. Si no sucede la septicemia pero hay retención de restos del feto o de la placenta, por un tiempo, estos tejidos se vuelven necrosis y son difíciles de remover por medio del curetaje; frecuentemente junto con la remoción de los tejidos con el curetaje es inevitable tener que remover una parte de los tejidos del endometrio, que es la parte más interna del útero. Las paredes internas del útero constituyen el endometrio, por este motivo acaban adhiriéndose unas a otras causando esterilidad en la mujer.

La mayoría de las muertes causadas por el uso de las pastillas Cytotec no son por hemorragias o por septicemia. La mayoría de las muertes ocurren semanas o meses después, debido al uso indebido de las pastillas Cytotec que jamás debería ser utilizado para fines abortivos.

Por ende, es sumamente necesario que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; intensifique las acciones de monitoreo, control, prevención, suspensión y sanción de páginas de internet que ofrecen la venta ilegal del producto mencionado, sin necesidad de receta médica y para fines abortivos, situación que es a todas luces ilegal, en virtud del grave riesgo que ocasiona a la población femenina en toda la República.

Cuarta. La comisión dictaminadora está de acuerdo con lo que la promovente señala:

La Comisión de Salud de ésta H. Cámara de Diputados, reitera la mencionada situación, ya que en efecto, al usar el buscador de google con la palabra Cytotec (nombre del medicamento) o Misoprostol, este arroja diferentes opciones, entre las que destacan por ser las primeras en aparecer, las relacionadas a la obtención de dicho medicamento sin receta médica (necesaria para obtener este producto legalmente), asimismo, en dichas páginas se encuentra detallado el método de empleo de las mismas con fines abortivos, las dosis y la forma de obtenerlas incluso con envíos a toda la república, siendo que la naturaleza del mismo es para el control de las ulceras gástricas.

Aunado a lo anterior, es de destacar que dichos sitios de internet, si bien no ofrecen alguna dirección para acceder a la compra del multicitado medicamento, si aparecen diversos números de contacto y números de cuenta para realizar los respectivos depósitos por la compra; es de explorado conocimiento que los abortos clandestinos traen consigo problemas serios para las mujeres que lo practican y en ocasiones incluso la muerte principalmente en adolescentes; no pasa desapercibido a esta Comisión, que dicho procedimiento aún no está permitido en muchos estados de la República, por lo que está considerado como ilegal.

Al ingresar al buscador la palabra Cytotec o Misoprotol, encontrara diversas opciones, en donde puede apreciarse a detalle los sitios de internet en comento, sin embargo, existen más sitios que ofrecen el mismo servicio, por lo que se considera viable que la denuncia correspondiente, solicite una investigación a detalle, con la finalidad de cerrar estas páginas de internet, y se proceda conforme a derecho para con los administradores de las mismas o con quien resulte responsable de la venta y distribución clandestina de este medicamento, así como de la promoción de prácticas que se consideran como ilegales en muchos estados de la República.

En este orden de ideas, la comisión dictaminadora está de acuerdo con el sentido que anima el presente exhorto.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a realizar acciones necesarias en materia de vigilancia y control sanitarios, a fin de atender prevenir y sancionar la venta clandestina por internet, de medicamentos que requieren receta médica y que se usan con fines abortivos, suspendiendo de manera definitiva el funcionamiento de estos sitios electrónicos.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que emita las alertas y disposiciones de carácter general correspondientes con la finalidad de que las entidades federativas tomen las providencias que la contingencia amerite, intensificando las campañas de información, así como de sanción.

Palacio Legislativo, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andabio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

ESTUDIOS, CAPACITACION DE MEDICOS E IMPLEMENTE MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE OSTEOPOROSIS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la titular de la Ssa que lleve a cabo estudios y capacitación de médicos e implante medidas preventivas en materia de osteoporosis

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 73 constitucionales, 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f),  y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló el trabajo de análisis, estudio y dictaminación conforme los siguientes lineamientos:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos del exhorto y se hace una descripción que resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2015, el diputado federal Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucionalista, presentó punto de acuerdo por el cual se solicita a la titular de la Secretaria de Salud que lleve a cabo estudios y capacitación de médicos e implante medidas preventivas en materia de osteoporosis.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Con el presente punto de acuerdo el proponente solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo estudios destinados a conocer las principales causas de fracturas, y modelos económicos que ayuden a determinar los efectos directos e indirectos de los tratamientos; capacite a médicos y enfermeros, con la finalidad de que brinden una atención oportuna y de calidad a los pacientes; lleve a cabo medidas preventivas en las diversas unidades médicas a su cargo, y finalmente difunda campañas en las que se informe y eduque a la población acerca de la osteoporosis.

Así mismo, se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, lleve a cabo acciones y cree mecanismos que ayuden a la población a mitigar los costos generados a causa de la osteoporosis.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”

Segunda. La osteoporosis es una patología que afecta a los huesos y está provocada por la disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio que contiene. Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal, tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas o microfracturas.

Cabe citarse que la osteoporosis se presenta con mayor frecuencia en las mujeres por lo que la OMS la define en mujeres como una densidad mineral ósea menor o igual de 2,5 desviación estándar por debajo de la masa ósea promedio de personas sanas de 20 años, medida por densitometría ósea La densidad mineral de los huesos se mide mediante una prueba médica que se llama densitometría ósea.

Esta afección se produce sobre todo en mujeres, amenorreicas o posmenopáusicas debido a la disminución de la producción de estrógenos por los ovarios y otras carencias hormonales. Otros factores que aumentan el riesgo de presentar osteoporosis son la deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, el consumo de tabaco, alcohol y la vida sedentaria. La práctica de ejercicio físico y un aporte extra de calcio antes y después de la menopausia favorecen el mantenimiento óseo.

Tercera.Las cifras en México resaltan que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían en promedio 34 años; 40 años después en 1970 este indicador se ubicó en 61; en el 2000 fue de 74 y en 2014 es de casi 75 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo y de acuerdo con el constante crecimiento del segmento de población con más de 60 años, que en la actualidad asciende a 10,7 millones, se tiene considerado que el mismo aumentará a 36,4 millones en 2050, reflejándose un acrecentamiento considerable en el número de personas adultas mayores en el país.

Es sumamente significativo abordar un tema en el que se ve involucrada la salud de la población en México, primordialmente el sector poblacional de las personas de 60 años o más, es decir, dado que el envejecimiento demográfico va en aumento en el país, tenemos que observar que en el caso específico de las fracturas por osteoporosis se espera que su incidencia crezca de una manera acorde a este hecho.

Lo anterior, a consecuencia de que la osteoporosis representa la enfermedad metabólica ósea más frecuente y constituye un problema de salud pública en el mundo. La osteoporosis es una enfermedad que reduce la densidad y la calidad de los huesos, debilitando el esqueleto y aumentando el riesgo de sufrir fracturas, en especial, en la columna vertebral, muñeca, cadera, pelvis y el húmero.

La osteoporosis, de acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis,  significa literalmente hueso poroso, es una enfermedad en la que se reducen la densidad y calidad del hueso. Como los huesos se vuelven más porosos y frágiles, el riesgo de fractura aumenta considerablemente. La pérdida de hueso se produce lentamente y progresivamente. A menudo no hay síntomas hasta que se produce la primera fractura.

Así mismo, el riesgo de sufrir una fractura de cadera a los 50 años es de 8,5 por ciento en las mujeres y el 3,8 por ciento en los hombres. En otras palabras, una de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura de cadera en la edad adulta, cifra que se aumentara si consideramos que para el año 2050, se estima que el 37 por ciento (55 millones) de la población superará los 50 años y el 14 por ciento (20 millones) tendrá 70 años o más, mientras que la población total alcanzará 148 millones de personas.

Dicha Fundación resalta que se estima que en todo el mundo una persona sufre una fractura osteoporótica cada tres segundos. Después de los 50 años, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres sufrirán una fractura en algún momento de sus vidas. En el caso de las mujeres, el riesgo de sufrir una fractura de cadera es mayor que el riesgo de padecer cáncer de mama, de ovario y útero en conjunto. A medida que la expectativa de vida aumenta para la mayoría de la población mundial, los costos financieros y humanos relacionados con las fracturas osteopóroticas aumentaran exponencialmente, a menos que se adopten medidas preventivas.

Sin embargo, si bien las cifras representan un alerta roja en cuestiones de salud, debemos tener presente el aspecto financiero que involucra este hecho, ya que de conformidad con el estudio de la Fundación Internacional de Osteoporosis, los costos de atención por la osteoporosis, la osteopenia y las fracturas causadas por estos padecimientos serán 42 por ciento más altos en 2020, en comparación con 2010, debido a la transición demográfica. Es decir, el gasto público y privado para la atención de esas afecciones ascenderá a 6 mil 185 millones de pesos en 2015 y a 7 mil 359 millones de pesos en 2020, situación que representa un aumento significativo para a población y para el Estado.

En base a lo anteriormente expuesto, el proponente solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus facultades realice estudios destinados a conocer las principales causas de fracturas y modelos económicos que ayuden a determinar los efectos directos e indirectos del tratamiento, proceda a la capacitación de médicos y enfermeros, con la finalidad de que brinden una atención oportuna y de calidad a los pacientes, lleve a cabo medidas preventivas en las diversas unidades médicas a su cargo, y difunda campañas en las que se informe y eduque a la población acerca de la osteoporosis. De igual forma propone se lleven a cabo acciones y se creen mecanismos que ayuden a la población a mitigar los costos generados a causa de la osteoporosis.

Es trascendental el que se lleven a cabo las medidas anteriormente descritas, ya que en el tema de la osteoporosis, su importancia clínica radica en las fracturas y consecuencias médicas, sociales y económicas asociadas, que ocasionan un grave impacto en la calidad de vida e independencia funcional de hombres y mujeres.

Cuarta: Para esta Comisión dictaminadora, es importante que se lleven a cabo las medidas citadas en el presente dictamen, ya que en el tema de la osteoporosis, su importancia clínica radica en las fracturas y consecuencias médicas, sociales y económicas asociadas, que ocasionan un grave impacto en la calidad de vida e independencia funcional de hombres y mujeres.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo estudios destinados a conocer las principales causas de fracturas, y modelos económicos que ayuden a determinar los efectos directos e indirectos de los tratamientos; capacite a médicos y enfermeros, con la finalidad de que brinden una atención oportuna y de calidad a los pacientes; lleve a cabo medidas preventivas en las diversas unidades médicas a su cargo, y finalmente difunda campañas en las que se informe y eduque a la población acerca de la osteoporosis.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, lleve a cabo acciones y cree mecanismos que ayuden a la población a mitigar los costos generados a causa de la osteoporosis.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

PREVENCION Y CONCIENTIZACION, ASI COMO LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y EL CANCER CERVICO UTERINO

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a fin de incrementar tanto las campañas preventivas y de toma de conciencia como las vacunas contra el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 18 de marzo de 2015, el diputado Danner González Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, presentó punto de acuerdo a fin de incrementar las campañas de prevención y concientización, así como las vacunas contra el virus del papiloma humano y el cáncer cérvico uterino.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido

Primero. Se exhorta al sector salud a poner en marcha más y mejores campañas de prevención y concienciación entre la población, prioritariamente entre las mujeres, sobre el virus del papiloma humano y el cáncer cervico-uterino.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar la cantidad de vacunas contra el virus del papiloma humano en los centros de salud y poner en marcha campañas móviles de vacunación contra este virus en las zonas más marginadas del país.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La infección por el virus del papiloma humano (VPH) constituye actualmente la enfermedad de transmisión sexual (ETS) más prevalente en el mundo. Esta infección es causada por más de 150 tipos de virus, y sus síntomas principales son la aparición de verrugas en las manos, los pies y los genitales, donde se las conoce también con el nombre de condiloma acuminado.

El VPH fue descrito por primera vez en el año 1935 por el doctor Francis Peyton Rous, quien había demostrado la existencia de un virus con poder oncogénico (es decir, capaz de inducir la formación de tumores) que causaba cáncer en la piel de los conejos, y cuya descripción coincidía con el papilomavirus.

Tercera. Por otro lado, el proponente sugiere una relación directa entre la infección por virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer cérvico-uterino. Según el Instituto Nacional de Cancerología, la relación entre el cáncer cérvico-uterino y el virus del papiloma humano, fue propuesta a principios de los años 80 por el doctor Harald zur Hausen y hoy en día continúa siendo explorada por diversos estudios. Indica el instituto que el cáncer cérvico-uterino es aún un problema grave de salud femenina, en especial en aquellos países en vías de desarrollo, donde el acceso a los sistemas de salud, así como las cepas virales prevalentes en la región, con propiedades patogénicas diferentes, podrían tener gran influencia en la alta incidencia de este cáncer.

El cáncer cérvico-uterino es la presencia de tumores malignos en el cuello del útero, es el tercer tipo de cáncer con mayor prevalencia en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el porcentaje más alto de prevalencia en este tipo de padecimiento se concentra en la población de entre 45 a 49 años, que representa 15.1 por ciento de las pacientes con tumores malignos. Las mujeres de entre 40 y 44 años y las de 50 a 54 años alcanzan una proporción de 14 por ciento y 13.2 por ciento respectivamente.

Cuarta. Así bien, para mitigar el problema de la infección del VPH y su contribución al incremento del cáncer cérvico-uterino en la mujer, el proponente sugiere se implementen políticas de vacunación en los grupos más vulnerables.

Las vacunas contra el VPH funcionan como otras vacunas que protegen contra infecciones virales. Los componentes de superficie únicos a los VPH crean una respuesta de anticuerpos capaz de proteger al cuerpo contra la infección y que estos componentes pueden usarse para formar la base de una vacuna. Estos componentes de superficie pueden actuar entre sí para formar partículas semejantes a virus (virus-like particles, VLP) que no son infecciosas y que estimulan el sistema inmunitario para que produzca anticuerpos que puedan impedir que los papilomavirus completos infecten células. Se cree que protegen principalmente al causar la producción de anticuerpos que impiden la infección y, por consecuencia, la formación de cambios en las células cervicales (como se ven en las pruebas de Papanicolaou) que pueden resultar en cáncer.

Quinta. Ahora bien, la Ley General de Salud establece en su artículo 3o. la prevención y control de enfermedades transmisibles como materia de salubridad general, así como también en el artículo 27 menciona que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; el artículo 135 del mismo ordenamiento establece que la Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República.

Además, lo señalado en el artículo 402 en donde se definen las medidas de seguridad sanitaria y las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de la ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren. Asimismo, en el artículo 404, fracción IV, se establece la vacunación de personas como una medida de seguridad sanitaria para evitar la propagación de enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas.

Sexta. La NOM-039-SSA2-2002, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, la cual tiene por objeto establecer y uniformar los procedimientos y criterios de operación de los componentes del Sistema Nacional de Salud, para la prevención y el control de las ITS, incorpora en su numeral 4.2.5 a la infección por el virus del papiloma humano (VPH), así como su tratamiento correctivo:

“5.8 Virus del papiloma humano (VPH).

5.8.1 Caso sospechoso. Todo el paciente con neoformaciones de aspecto verrugoso en el área anogenital.

5.8.2 Caso definitivo. Todo paciente con neoformaciones de aspecto verrugoso en el área genital en quien se demuestre por colposcopía, penoscopia, biopsia, citología exfoliativa (coilocitos), técnica de PCR la presencia de VPH o lesiones secundarias al mismo.

5.8.3 El tratamiento de las verrugas externas debe incluir uno de los siguientes esquemas:

5.8.3.1 Podofilina al 0.5 por ciento en solución, aplicada con hisopos una vez al día por 3 días y periodos alternativos de no tratamiento durante seis semanas sobre las verrugas, la seguridad de la podofilina durante el embarazo no ha sido establecida.

5.8.3.2 Imiquimod crema al 5 por ciento, aplicar tres veces por semana sobre las lesiones, durante 16 semanas, lavar de 6 a 10 horas después de aplicada;

5.8.3.3 Podofilotoxina 0.5 por ciento dos veces al día durante 3 días, seguidas de 4 días sin tratamiento repitiendo el ciclo 4 veces.

5.8.3.4 Crioterapia con nitrógeno líquido o dióxido de carbono aplicar una vez al día una vez por semana.

5.8.3.5 Remoción quirúrgica.

5.8.3.6 Aplicación de interferón 1 millones de UI intralesionales por semana durante 4-6 semanas.

5.8.3.7 Aplicación de ácido tricloroacético al 80 o 90 por ciento, seis aplicaciones durante 10 días sobre las verrugas.”

Séptima. En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se establece como prioridad el mejoramiento del proceso de detección y atención de neoplasias malignas, principalmente de cáncer cérvico-uterino, de mama y de próstata, sobre todo a través de la Revisión de la NOM-014-SSA2-1994 para el control, tratamiento y atención del cáncer del cuello de útero y mamario en la atención primaria. Aún y cuando se hayan implementado las políticas de mejoramiento en la atención médica para prevenir el cáncer cérvico-uterino y controlar el esparcimiento del VPH, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados considera pertinente aprobar el punto de acuerdo del proponente puesto que el problema sigue latente.

Los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al sector salud a poner en marcha más y mejores campañas de prevención y concienciación entre la población, prioritariamente entre las mujeres, sobre el virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar la cantidad de vacunas contra el virus del papiloma humano en los centros de salud y poner en marcha campañas móviles de vacunación contra este virus en las zonas más marginadas del país.

Nota:

1. http://www.geosalud.com/VPH/vacunaVPH3.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

DIFUNDA LA INFORMACION SOBRE LA CONVENIENCIA DE IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE VALES DE MEDICAMENTOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Ssa a difundir la información sobre la conveniencia de implantar un esquema de vales de medicamentos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 18 de marzo de 2015, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que difunda la información sobre la conveniencia de implementar un esquema de vales de medicamentos.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de lo analizado y establecido en el programa sectorial de salud 2013–2018, haga pública la información sobre la viabilidad y conveniencia de implementar un esquema de vales de medicamentos, a partir de información técnica, financiera, procedimental y programática.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de lo analizado y establecido en el programa sectorial de salud 2013-2018, difunda la información sobre los riesgos que implican los vales de medicamentos para la estrategia relativa a fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos y para el esquema de compras consolidadas de medicamentos en el sector salud.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El acceso a la información es pública, así lo determina el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se expresa lo siguiente:

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

A.Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

...

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicaran, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Así bien, existe la plena garantía a través de la ley suprema constitucional el acceso a la información de la utilización de recursos públicos para la implementación de programas en cualquiera de los ámbitos de gobierno.

Tercera. La Ley General de Salud en su artículo 27 de la protección de la salud, se considera a la disponibilidad de medicamentos y otros insumos como servicios básicos de salud. Además en el artículo 29 del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

De esta forma el proponente exhorta a la Secretaría de Salud para que haga pública la información referida al programa de abastecimiento de medicamentos en forma de vales, reforma que fue impulsada para garantizar el derecho a la salud, tal y como lo expresa el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. La reforma referida por el promovente es realizada a la Ley del Seguro Social en donde se adiciona un tercer párrafo al artículo 91, ésta es visible a través del portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201502/012). Además, se considera que está dentro del programa presupuestal E002 en atención curativa eficiente. En este sentido, y bajo lo ya expuesto se considera necesario realizar el exhorto a la Secretaría de Salud, puesto que la dependencia está obligada de acuerdo a la Ley General de Salud a garantizar la disponibilidad de los medicamentos que la población requiera., en este sentido, es vital que la misma dependencia haga pública la información sobre la viabilidad y conveniencia de implementar un esquema de vales de medicamentos, a partir de información técnica, financiera, procedimental y programática.

Cuarta. Que lo planteado por el promovente efectivamente se establece en el Plan Nacional de Desarrollo Estrategia 2.3.4:

Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Líneas de acción

Preparar el sistema para que el usuario seleccione a su prestador de servicios de salud.

Consolidar la regulación efectiva de los procesos y establecimientos de atención médica, mediante la distribución y coordinación de competencias entre la Federación y las entidades federativas.

Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud.

Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población.

Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas.

Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

Así como en la estrategia 2.4.3.

Reordenar los procesos que permitan el seguimiento del ejercicio de recursos con apego fiel al logro de resultados.

Racionalizar y optimizar el gasto operativo, y privilegiar el gasto de inversión de carácter estratégico y o prioritario.

Incrementar los mecanismos de verificación y supervisión del entero de aportaciones y cuotas.

Determinar y vigilar los costos de atención de los seguros, servicios y prestaciones que impactan la sustentabilidad financiera de los organismos públicos.

Implementar programas de distribución de medicinas que alineen los incentivos de las instituciones de salud pública, los proveedores de medicamentos y los ciudadanos usuarios.

Promover esquemas innovadores de financiamiento público-privado para impulsar la sostenibilidad financiera de los organismos públicos.

Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Diseñar una estrategia integral para el patrimonio inmobiliario propiedad de los institutos públicos.

Ahora bien, con fecha 29 de enero del 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emite un oficio a los titulares de las dependencias de las entidades federativas de la administración pública federal con folio 419-A-15-0141, SFP/UEGDG/416/00432015 y VQZ/SE/01/15 en donde se establece el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal de 2015 de los programas federales de la administración pública federal, situando al Instituto Mexicano del Seguro Social como dependencia en la que será emitida dicha evaluación y de manera más precisa del Programa Federal E002 Anexo 3 y 3d., todo esto con fundamento en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal numerales vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero de la evaluación de programas nuevos.

Por último, lo que el proponente indica es que tal información que emita la dependencia correspondiente debe contener información sobre los riesgos que implican los vales de medicamentos para la estrategia relativa a fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos y para el esquema de compras consolidadas de medicamentos en el sector salud.

Dicho exhorto se encuentra comprendido en la elaboración de programas tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, así como en las atribuciones que se le confieren a la misma secretaría de Salud con el fin de garantizar el abastecimiento previo de los medicamentos. Bajo tal aseveración, se busca que lo expuesto por el proponente compare la viabilidad de la aplicación del esquema de entrega de medicamentos por vales, cuando así lo disponga la ley, con el tipo de compras consolidadas, para el abastecimiento previo de las farmacias de los hospitales.

En este sentido, no se encuentra ningún inconveniente para que la Secretaría de Salud haga del conocimiento público la información solicitada por el proponente en función del artículo 6o., fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo tanto, los integrantes de la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, consideramos viable la aprobación del punto de acuerdo, sometiendo a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de lo analizado y establecido en el programa sectorial de salud 2013–2018, haga pública la información sobre la viabilidad y conveniencia de implementar un esquema de vales de medicamentos, a partir de información técnica, financiera, procedimental y programática.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de lo analizado y establecido en el programa sectorial de salud 2013–2018, difunda la información sobre los riesgos que implican los vales de medicamentos para la estrategia relativa a fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos y para el esquema de compras consolidadas de medicamentos en el sector salud.

Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andabio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

PROGRAMA Y CAMPAÑA DE DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE PULMON

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de distintas dependencias federales a establecer un programa y una campaña de detección temprana del cáncer de pulmón

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 24 de marzo de 2015, la diputada Nolasco Ramírez Yesenia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a titulares de distintas dependencias del gobierno federal, para que establezcan un programa y campaña de detección temprana del cáncer de pulmón.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social se promueva una campaña de detención temprana del cáncer de pulmón, con la finalidad de iniciar el posible tratamiento precoz evitando defunciones y disminuir el impacto social y económico que este mal provoca.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud en su portal define al cáncer de la siguiente manera:

Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas”. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer.

Menciona además los siguientes datos:

- El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 7.6 millones de defunciones (aproximadamente el 13 por ciento del total) ocurridas en todo el mundo en 2008. Los principales tipos de cáncer son los siguientes:

• pulmonar (1.37 millones de defunciones);

• gástrico (736 mil defunciones);

• hepático (695 mil defunciones);

• colorrectal (608 mil defunciones);

• mamario (458 mil defunciones);

• cervicouterino (275 mil defunciones).

- Más del 70 por ciento de las defunciones por cáncer se registraron en países de ingresos bajos y medianos. Se prevé que el número de defunciones por cáncer siga aumentando en todo el mundo y supere los 13.1 millones en 2030.

Tercera. Los pulmones son unos órganos que están formados por muchos tipos de células. Las más numerosas son las células epiteliales, que traspasan el oxígeno a la sangre, pero también hay células hormonales, musculares y fibrosas para el soporte.

La inmensa mayoría de los cánceres de pulmón se originan a consecuencia de la inhalación de sustancias cancerígenas que se encuentran en el humo de los cigarrillos. Estas sustancias entran en contacto con las células del pulmón, y son capaces de alterarlas de manera que comienzan a multiplicarse sin control, formando así un cúmulo de células malignas que se conoce como tumor (también bulto, lesión o nódulo). El tumor provocará complicaciones en el propio pulmón, y además puede que algunas de esas células malignas pasen a la sangre o a la linfa y se repartan por otras zonas del cuerpo humano, dando lugar a las llamadas metástasis.

Por todo ello, y a pesar de que no todos los cánceres de pulmón se deben exclusivamente al tabaquismo, hablar de cáncer de pulmón es hablar de tabaco. En general, el riesgo de un fumador de padecer cáncer de pulmón es 13 veces mayor que el de un no fumador, y en el caso de la exposición pasiva al tabaco (“fumadores pasivos”) el riesgo es 1.5 veces mayor que el de una persona no expuesta.

Existe una relación directa entre la muerte por cáncer de pulmón y la cantidad de cigarrillos fumados durante una determinada cantidad de años (se mide por número de “paquetes diarios-año”); de esa manera, una persona que haya fumado más cigarrillos durante más tiempo tendrá más riesgo que una persona que haya fumado menos durante menos tiempo. También es importante señalar que, en igualdad de condiciones, las mujeres tienen más riesgo que los hombres de sufrir cáncer de pulmón. Cuando se abandona el tabaco, el riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye con el tiempo y se acerca, pero nunca se iguala, al de una persona que nunca ha fumado.

Como se ha comentado, algunos cánceres de pulmón no se deben al tabaco. Hay un importante componente genético en algunos tipos de cáncer pulmonar; es más evidente en mujeres que en hombres y aumenta mucho el riesgo de cáncer de pulmón en algunas familias, aunque no lo determina irremediablemente. Otro factor ambiental es el asbesto, un componente que era habitual en fibrocementos, y cuyas fibras eran inhaladas, siendo altamente cancerígenas. Por este motivo, en la actualidad este tipo de fibrocementos requieren intervención especial en su desmontaje.

Cuarta. La prevención es la mejor arma contra esta enfermedad, ya que más del 80 por ciento de los casos de cáncer de pulmón, que está aumentando su incidencia entre las mujeres, se deben a la exposición al humo del tabaco.

Según la Organización Mundial de la Salud el cáncer de pulmón no es curable, pero el tratamiento puede retrasar su progresión. Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos, y en particular la exposición al humo del tabaco, las muertes por dicho padecimiento aumenten en más de un 30 por ciento en los próximos 10 años.

Quinta. Un diagnóstico temprano de la enfermedad puede evitar que el cáncer de pulmón se haya extendido demasiado y resulte incurable. Para ello se necesita una alta sospecha clínica y la ayuda de pruebas complementarias.

Clínica: se debe estar alerta ante la aparición de tos que no cesa u otros cambios bruscos en las vías respiratorias; esta alerta es de especial importancia en fumadores o ex fumadores. El médico debe informarse sobre el número de paquetes diarios-año que consume el paciente para así conocer cuál es el nivel de su riesgo.

Radiografía de tórax : es capaz de detectar pequeñas manchas y lesiones hasta dos años antes de que aparezcan síntomas.

TAC: la tomografía axial computarizada realiza imágenes del tórax en cortes, y ayuda a ver el tamaño del tumor y si afecta a órganos vecinos.

Broncoscopia : se realiza una vez localizado el tumor y si este se encuentra cercano a un bronquio. Consiste en introducir una cámara con unas pinzas que toman muestras del tumor, para realizar un análisis al microscopio y poder diferenciar qué tipo es; de esta forma, se puede decidir cuál es el mejor tratamiento.

Citología de esputo: es un método menos invasivo que el anterior. Consiste en realizar un análisis al microscopio del esputo del paciente para buscar células malignas. Se realiza cuando hay sospecha previa de cáncer de pulmón.

Toracocentesis: punción del tórax para extraer líquido del derrame pleural, si lo hay, y buscar al microscopio células malignas.

Biopsia a cielo abierto: cuando el tumor no resulta accesible por broncoscopia y se encuentra en la periferia del pulmón, se puede realizar una biopsia haciendo una pequeña apertura al tórax desde el exterior

Sexta. El 17 de noviembre se conmemora el día internacional del cáncer de pulmón para recordar a la sociedad que este tipo de cáncer es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y alertar de que la única prevención posible es evitar la exposición a sus desencadenantes ambientales, siendo el principal de ellos el humo del tabaco.

Desgraciadamente no hay una prueba de rutina que sirva para detectar el cáncer del pulmón, como lo es la mastografía en el cáncer de mama, por lo que abandonar el tabaco es la única forma de evitar una enfermedad que, en la mayor parte de los casos, acaba con la vida de los que la sufren.

Séptima. El tabaquismo y su adicción son considerados como un problema de salud pública, mismo que ocasiona la proliferación de cáncer de pulmón. Los grupos vulnerables son los más jóvenes, ya que el consumo se ha extendido en los últimos años a este sector de la población sin distinción de género. Por tal motivo es fundamental implementar estrategias que sirvan para concientizar a la población sobre el consumo de tabaco así como su exposición al mismo, de igual manera, es indispensable que las autoridades correspondientes establezcan de manera oportuna las estrategias necesarias para mitigar el creciente problema del gran índice del cáncer de pulmón.

Octava La Secretaría de Desarrollo Social es el órgano encargado de contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos.

Por lo que esta comisión dictaminadora estima que la Secretaría de Desarrollo Social no es el órgano competente para promover una campaña de detención temprana del cáncer de pulmón.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno lo siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud se promueva una campaña de detención temprana del cáncer de pulmón, con la finalidad de iniciar el posible tratamiento precoz evitando defunciones y disminuir el impacto social y económico que este mal provoca.

Notas:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

2 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Nota descriptiva número 315, octubre de 2014.

Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andabio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

ATENCION MEDICA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LAS MUJERES CON MAYOR RIESGO DE CONTRAER CANCER CERVICOUTERINO

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Ssa a promover, instaurar y vigilar que en los establecimientos públicos de salud se realicen las actividades de atención médica para la prevención y atención de las mujeres con mayor riesgo de contraer cáncer cervicouterino

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 8 de abril de 2015, la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover, instaurar y vigilar que en los establecimientos públicos de salud se realicen las actividades de atención médica para la prevención y atención de las mujeres con mayor riesgo de contraer cáncer cervicouterino.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnase a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover, instaurar y vigilar que en los establecimientos públicos de salud se realicen las actividades de atención médica para la prevención y atención de las mujeres con mayor riesgo de contraer cáncer cervicouterino, y al grupo de mujeres diagnosticadas en etapas avanzadas.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y las acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo éste uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que es además un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud se considera éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El cáncer cervicouterino es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Se puede originar a partir de una infección de un tipo de virus de papiloma humano (VPH) que genera una lesión precancerosa, la cual, de no ser tratada a tiempo puede generar un cáncer en 10 años o menos.

Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso.

Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y quimioterapia en los casos más avanzados.

Los síntomas de la infección viral o de la displasia cervical, son irritación, ardor y dolor en la vagina por aumento del flujo. Puede tener mal olor, que no se quita a pesar de los tratamientos.

Tercera. La forma más fácil es con el papanicolaou, que debe realizarse una vez al año. Es un estudio que se deben hacer todas las mujeres que ya iniciaron relaciones sexuales o que tienen más de 25 años. Consiste en la introducción de un espejo vaginal que permite ver el cuello de la matriz y tomar una muestra de células, que son analizadas para identificar si son normales o presentan alguna alteración.

Cuarta. Actualmente, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicadas en Globocan 2012, 4 mil 500 mujeres mueren anualmente a causa de esta patología; es decir, más de 12 mujeres al día.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa) entre las entidades con mayor mortalidad destacan Colima con 23.9 por ciento, Morelos con el 16.1 por ciento, Veracruz con el 16 por ciento, Chiapas con 15.9 por ciento y Oaxaca con 15.8 por ciento. Aunado a esto, al año se registran 13 mil casos nuevos detectándose más del 12 por ciento de estos, en etapas avanzadas.

Quinta. El 1 de octubre 2012, el gobierno federal anunció la universalidad de la vacuna contra el VPH en niñas de quinto año de primaria y en no escolarizadas de 11 años, con lo cual se incorporó la vacunación al esquema de vacunación universal. Durante la tercera Semana Nacional de Salud se aplicó la primera dosis de la vacuna en las instituciones del sistema nacional de salud y en coordinación con la SEP.

Sexta. El objetivo de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud es ayudar a los países a prevenir y controlar mejor el cáncer cervicouterino, que es una de las formas más mortíferas de cáncer para las mujeres del mundo entero, pero también una de las más fáciles de prevenir. El cáncer cervicouterino provoca todos los años más de 270 mil defunciones, 85 por ciento de ellas en países en desarrollo.

La nueva versión de la guía Control integral del cáncer cervicouterino. Guía de prácticas esencialesse presentará el 3 de diciembre de 2014 en la Cumbre Mundial del Cáncer, en Melbourne (Australia).

Las principales directrices de la nueva guía son éstas:

Administrar a las niñas, entre los 9 y los 13 años, dos dosis de la vacuna contra los papilomavirus humanos (PVH)para prevenir la infección por estos virus causantes del cáncer cervicouterino en la mayoría de los casos. Se ha demostrado que la pauta de dos dosis de la vacuna resulta igual de eficaz que la actual de tres. Este cambio facilitará la administración de la vacuna. También reducirá el costo de esta, que es especialmente elevado para los países de ingresos bajos y medianos, en los que los presupuestos nacionales de salud son limitados, pero la necesidad de una vacuna contra los PVH, muy grande. Hoy, las niñas de más de 55 países están protegidas gracias a la administración sistemática de la vacuna contra los PVH. Resulta alentador que cada vez más países de ingresos bajos y medianos estén introduciendo la vacuna contra los PVH en el calendario de vacunación sistemática, con el apoyo de la Alianza Gavi.

Utilizar las pruebas de detección de PVH como método de cribado para prevenir el cáncer cervicouterino.Con las pruebas de detección de PVH, la frecuencia del cribado disminuirá. Si el resultado de la prueba de detección de PVH es negativo, la mujer no tendrá que someterse de nuevo a la prueba al menos durante cinco años, aunque sí deberá repetirla antes de que transcurran diez años. Teniendo en cuenta el costo de otros tipos de pruebas, este método supondrá un importante ahorro para los sistemas de salud.

Difundir información de forma más amplia.La guía recomienda que, en lugar de centrar la atención en promover la realización de pruebas de cribado a las mujeres mayores de 29 años, se establezca una comunicación con un público más amplio: adolescentes, padres, educadores, líderes y profesionales de la salud a todos los niveles, de modo que las mujeres reciban información en todas las etapas de su vida.

La doctora Nathalie Broute, experta de la Organización Mundial de la Salud en prevención y control del cáncer cervicouterino, ha afirmado que “las directrices actualizadas de la OMS sobre el cáncer cervicouterino pueden salvar la vida de niñas y mujeres del mundo entero. No existen fórmulas mágicas, pero si se combinan instrumentos más eficaces y asequibles para prevenir y tratar el cáncer cervicouterino será más fácil aliviar la presión que supone la enfermedad para los limitados presupuestos sanitarios, sobre todo de los países de ingresos bajos, y se contribuirá de forma importante a la eliminación del cáncer cervicouterino”.

Se calcula que al menos 1 millón de mujeres del mundo entero padecen cáncer cervicouterino, y muchas de ellas no tienen acceso a servicios de salud que las orienten sobre las medidas de prevención y les ofrezcan tratamientos curativos o paliativos.

La proposición con punto de acuerdo no contraviene ninguna disposición jurídica nacional; por el contrario, se alinea en su objetivo a lo impulsado por la Secretaría de Salud para prevenir y controlar el cáncer cervicouterino.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover, instaurar y vigilar que en los establecimientos públicos de salud se realicen las actividades de atención médica para la prevención y atención de las mujeres con mayor riesgo de contraer cáncer cervicouterino, y al grupo de mujeres diagnosticadas en etapas avanzadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a establecer instrumentos para crear conciencia entre la sociedad y el sector productivo de alimentos sobre la importancia de garantizar la inocuidad de éstos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 y 73 Constitucionales, lo establecido en los Artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los Artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló el trabajo de análisis, estudio y dictamen conforme los siguientes lineamientos:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos del exhorto y se hace una descripción que resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 7 de abril de 2015, la diputada federal Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de establecer mecanismos para concientizar a la sociedad y al sector productivo de alimentos, sobre la importancia de garantizar la inocuidad de alimentos.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que se definan mecanismos de acción eficientes que permitan concientizar a la sociedad, especialmente al sector productivo de alimentos, respecto de la importancia de garantizar la inocuidad de alimentos, ello con la finalidad principal de erradicar los altos índices de enfermedades por falta de la misma, así como un mecanismo de prevención que permita incluir a la sociedad en general, para desarrollar acciones desde el hogar.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución.

Se define a la salud como el estado de completo bienestar físico y mental, lo que implica un adecuado equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los seres humanos.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud, ha aprovechado el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2015, para fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta el plato, en virtud de que a medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países.

Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de 2 millones de personas al año, en su mayoría niños. Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer.

La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Es importante que se trabaje a lo largo de toda la cadena de producción de los alimentos: desde los campesinos y los fabricantes hasta los vendedores y los consumidores.

La publicación de la OMS Cinco claves para la inocuidad de los alimentos ofrece a los vendedores y consumidores orientaciones prácticas sobre cómo manipular y preparar los alimentos:

Cinco claves para la inocuidad de los alimentos

Clave 1: Mantenga la limpieza

Clave 2: Separe alimentos crudos y cocinados

Clave 3: Cocine los alimentos completamente

Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

Clave 5: Use agua y materias primas inocuas

Tercera. Se estima que tres millones de personas en los países desarrollados y en desarrollo mueren cada año a consecuencia de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. Para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger a los consumidores es imprescindible que haya sistemas nacionales de control de los alimentos que sean eficaces, con una base oficial y de carácter obligatorio.

Indiscutiblemente el Día Mundial de la Salud 2015 es una excelente oportunidad para crear conciencia y alertar a quienes trabajan en diferentes sectores en materia alimentaria, a los campesinos, a los fabricantes, a los minoristas, a los profesionales sanitarios y a los consumidores, pero sobre todo de la función que cada uno desempeña y con ello lograr obtener un 100 por ciento de erradicación en enfermedades provocadas por falta de inocuidad en alimentos.

Definitivamente en México aún hay mucho que trabajar para lograr fijar prioridades para actividades futuras de los programas nacionales de inocuidad alimentaria.

La proponente considera que es urgente dar alta prioridad a la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos en el desarrollo de infraestructura de inocuidad alimentaria, para así definir las relaciones causa-efecto.

Asimismo, que debe fortalecerse la vigilancia, para ello la Organización Mundial de la Salud iniciará una estrategia global para la vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos, instando a los Estados miembro a establecer sistemas de laboratorio que abarquen tanto brotes como endemias y para monitorear la contaminación microbiológica y química.

Primordialmente, se debe potenciar el perfeccionamiento de los métodos de evaluación de riesgos de peligros microbiológicos en los alimentos es necesario a fin de brindar bases exactas, globalmente representativas para el establecimiento de estándares por parte del Codex.

Cabe citarse, que esta comisión dictaminadora sin duda, considera que para nuestro país el reto es aún más grande, la economía desempeña un papel preponderante, sin embargo, ello no impide que se diseñen mecanismos que permitan garantizar la inocuidad de los alimentos, especialmente en los sectores más desprotegidos a nivel nacional.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que se definan mecanismos de acción eficientes que permitan concientizar a la sociedad, especialmente al sector productivo de alimentos, respecto de la importancia de garantizar la inocuidad de alimentos, ello con la finalidad principal de erradicar los altos índices de enfermedades por falta de la misma, así como un mecanismo de prevención que permita incluir a la sociedad en general, para desarrollar acciones desde el hogar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andabio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

VOLUMEN V

BENEFICIOS QUE TRAE A LAS NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES Y SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES EN EL COMBATE A LOS DIVERSOS TRASTORNOS DEL SUEÑO

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la titular de la Ssa a promover la importancia del buen dormir, con hincapié en los beneficios que trae a niños y a jóvenes, y fortalecer las acciones contra los trastornos del sueño

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 73 constitucionales, lo establecido en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente:

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló el trabajo de análisis, estudio y dictaminación conforme los siguientes lineamientos:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos  del exhorto y se hace una descripción que resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 07 de abril de 2015, el Diputado Federal  Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucionalista, presento punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de promover la importancia del buen dormir haciendo énfasis en los beneficios que trae a las niñas, niños y jóvenes y se fortalezcan las acciones en el combate a los diversos trastornos del sueño.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El que suscribe propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud a fin de que cree una campaña de difusión sobre la importancia del buen dormir, haciendo especial énfasis en los beneficios que trae esto a las niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud, fortalezca las acciones para combatir los diversos trastornos del sueño y amplíe la atención médica a todas aquellas personas que los padecen.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Segunda. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el territorio urbano ha crecido de forma exponencial, pasando de un 42.6% en 1950 a 77.8% en 2010, contrario a ello el territorio rural decreció de un 57.4% a 22.2% en este mismo periodo. Dicho cambio trae aparejada características propias de las grandes urbes como son: la ampliación de vías de comunicación y transporte público, generación de gran cantidad de desechos, la degradación y contaminación del medio ambiente, disminución de los recursos naturales, problemas circulatorios por el tráfico, etcétera.

Asimismo, algunas de las características señaladas en el párrafo anterior llegan a ser factores detonantes de padecimientos como el estrés, el cual puede causar obesidad, pérdida de cabello, depresión, acné, ulceras, enfermedades cardiacas e insomnio. Este último es considerado como un trastorno del sueño que cada vez afecta a más personas en el país y que junto con los demás trastornos no permite que las y los mexicanos tengan un sueño reparador que de forma directa, impacta negativamente en las actividades cotidianas.

El sueño es un estado cerebral activo en el que se generan cambios hormonales, metabólicos, térmicos, neuronales y bioquímicos, así lo señala la Clínica de Trastornos del Dormir del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Cabe citarse que este estado de descanso tiene como principales funciones la fisiológica, homeostática, de conservación, de restauración de energía, de descanso y de activación en los procesos cognitivos como atención y consolidación de la memoria. Asimismo, el dormir bien (las horas adecuadas de forma regular) trae beneficios importantes a la salud física, mental, emocional y bienestar en general, previniendo enfermedades crónicas.

En el presente dictamen se desea mencionar que el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, jefe del departamento de Clínicas de la Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud señaló que dormir menos horas del tiempo indicado podría acentuar patologías como la hipertensión arterial, obstrucción de las arterias cardiacas o cerebrales que provocan infartos y lesiones neurológicas severas, además de alteraciones metabólicas como el aumento de los niveles de colesterol.

El mal sueño es causado por múltiples factores internos y externos, propios de cada persona, surgiendo con ello los trastornos del sueño, definidos por la Secretaría de Salud como aquellas alteraciones relacionadas con el proceso de dormir.

Asimismo, la Sociedad Americana de Medicina del Sueño señala que existen 120 tipos de trastornos, siendo los más comunes las distintas formas de insomnio, los síndromes de somnolencia excesiva, la apnea del sueño, el sonambulismo, el síndrome de piernas inquietas, la narcolepsia y los trastornos del sueño por abuso de sustancia, entre otros.

Tercera: El alto índice de estrés y la mala alimentación son causas principales para que millones de mexicanos padezcan algún tipo de trastorno del sueño, aunque el más común es el insomnio. Cifras señaladas por el director de la Clínica del Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría, Alejandro Jiménez Genchi, demuestran que más del 30% de la población mexicana padece insomnio y de ellos 65% no recibe tratamiento.

Desgraciadamente, los trastornos del sueño y el hábito de dormir menos horas de las debidas no es exclusivo de los adultos, sino que dicho problema se ha extendido a los menores de edad, a quienes les afecta aún más ya que el buen dormir es parte esencial para su crecimiento físico y mental. Tal como lo aseguraron diversos especialistas de la Clínica del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en los últimos cinco años aumentó 30% el número de visitas de niños a clínicas de sueño debido al uso excesivo de gadgets y tecnologías de la información y la comunicación.

En México esta problemática está afectando en gran medida a los niños, en virtud de que el 54% de los niños entre 6 y 11 años duermen menos de las 10 horas recomendadas, mientras que los adolescentes duermen tres horas menos de las 8 horas y media necesarias para su salud. Lo anterior, es causado por el uso excesivo de dispositivos electrónicos, como computadoras personales, reproductores de música, consolas de videojuegos, tablets, iPad o smartphones durante el día y gran parte de la noche, según la doctora en ciencias biológicas y de la salud, Yoaly Arana.

El profesor investigador de la UAM Javier Velázquez Moctezuma señala que los malos hábitos del sueño y las pocas horas dormidas pueden provocar una disminución del tiempo de vida entre 5 y 10 años.

De lo anterior es preciso señalar como horas de sueño recomendadas por edad la siguiente: recién nacidos de 16 a 20 horas, mayores de 6 meses de 10 a 14 horas, de 2 a 3 años 12 horas, de 3 a 5 años 11 a 12 horas, de 6 a 11 años 9 a 11 horas, los adolescentes deben dormir de 8 a 10 horas y los jóvenes y adultos de 7 a 9 horas.

La Procuraduría Federal del Consumidor, en un estudio realizado señala como medidas de “higiene del sueño”: intentar dejar de preocuparse, no intentar dormir cuando no se tenga sueño, evitar leer, comer o ver TV en la cama, levantarse siempre a la misma hora, mejorar el ambiente donde se duerme, evitar ejercicio antes de dormir, no cenar en exceso y no consumir sustancias que puedan afectar el sueño como café, alcohol, refresco o cigarrillos.

Esta comisión dictaminadora considera que el sueño resulta esencial para el desarrollo físico y mental, así como para la conservación de nuestra salud y la generación de defensas, por lo que tanto niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores tenemos la responsabilidad personalísima de respetar nuestras horas de sueño, ello si deseamos nuestro bienestar y continuar con las actividades diarias que tienen el mismo nivel de importancia que las horas de dormir, es por ello que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de que cree una campaña de difusión sobre la importancia del buen dormir, haciendo especial énfasis en los beneficios que trae esto a las niñas, niños y jóvenes.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la Comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud a fin de que cree una campaña de difusión sobre la importancia del buen dormir, haciendo especial énfasis en los beneficios que trae esto a las niñas, niños y jóvenes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud, fortalezca las acciones para combatir los diversos trastornos del sueño y amplíe la atención médica a todas aquellas personas que los padecen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera:   Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Se consulta a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes en sentido negativo.

DICTAMENES A DISCUSION DE NEGATIVOS DE INICIATIVAS                                                                                                                                                          LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

I. Antecedentes

I. En sesión celebrada el dos de octubre de dos mil catorce por el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, mediante oficio No. D.G.P.L.62-II-1-2080, turnó la referida Iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

III. La Comisión de Comunicaciones con fundamento en el artículo 150, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, dio cuenta a los integrantes de la referida Comisión sobre el asunto legislativo que nos ocupa, para efectos de emitir los comentarios correspondientes, y proceder a su atención y desahogo oportuno.

IV. De igual manera, la Comisión de Radio y Televisión a través del oficio CRT/196/14 de fecha siete de octubre del año de dos mil catorce, hizo del conocimiento de los integrantes de esa Comisión sobre el turno de la iniciativa materia de este dictamen, requiriendo al efecto, los correspondientes comentarios u observaciones sobre la misma, para la atención del asunto.

II. Método del dictamen

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados en la LXII legislatura, determinan que la metodología idónea y reglamentaria para el proceso de dictamen de la iniciativa que nos ocupa, será primeramente en exponer su contenido, contrastarla con el texto vigente que pretende modificar, y posteriormente glosar los argumentos de los iniciantes, proveyendo respuesta en la parte considerativa de este dictamen, donde se incluyan: Antecedentes legislativos, doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, lo que permitirá en su caso atender de mejor manera la iniciativa.

III. Contenido de la iniciativa

El proyecto legislativo en estudio tiene por objeto prohibir en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión la discriminación por apariencia o nivel educativo, y establecerlo expresamente como un derecho de los usuarios; establecer que en la programación de radiodifusión o televisión y audio restringidos se propicien valores éticos; y que en la programación infantil se promuevan valores cívicos y no se promueva la intolerancia.

A fin de que haya mayor precisión sobre la reforma en estudio, se expone el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, frente al proyecto de decreto de la iniciativa:

Apuntado lo anterior, y con el objeto de comprender la justificación y motivación de la iniciativa en dictaminación, se estima oportuno exponer los argumentos de la exposición de motivos, de conformidad con lo siguiente:

En nuestro país, sin duda alguna debemos reconocer que gracias al esfuerzo y la lucha constante de generaciones, se ha avanzado en el propósito de lograr una plena igualdad, una verdadera equidad de género y una incipiente cultura de la tolerancia entre nuestra sociedad, que permita el disfrute tanto de hombres y mujeres de las mismas oportunidades y condiciones de desarrollo y pleno goce de sus libertades.

Sin embargo para algunos sectores minoritarios o vulnerables, esta lucha ha sido difícil; porque les ha tomado mucho más tiempo del esperado y destacadamente les ha exigido innumerables sacrificios.

La niñez, las mujeres, las personas con discapacidad o los adultos mayores, sólo por mencionar algunos; son una muestra de éstos y adolecen de la inmadurez del pensamiento social que les impide el libre ejercicio y disfrute de todos sus derechos.

No obstante, podemos afirmar en lo general que gracias a su lucha constante, al día de hoy hemos logrado aprender a revalorizar como sociedad el papel que le corresponde a la mujer, la niñez, a las personas con discapacidad y los adultos mayores, entre otros; y dignificar su importancia y participación en el desarrollo pleno de este país.

A pesar de ello, hay todavía factores en nuestra población que impiden el desarrollo pleno de los individuos; la realidad y sobre todo la vida rutinaria nos hacen ver, que no basta con el establecimiento en la ley y el reconocimiento por parte de los gobiernos y sus instituciones, de nuestros derechos más elementales; si la sociedad en su conjunto no los reconoce a cabalidad, los reproduce sistemáticamente, los enseña de manera permanente, los acepta en su totalidad y por consiguiente los lleva a la práctica diaria y cotidiana en el transitar común, dentro de su ámbito en que se desenvuelven.

Desafortunadamente, en este tema integramos una sociedad que discretamente pero de manera reiterada, tolera la simulación y solapa la marginación sistemática de la población más vulnerable.

Esto es porque quizás nos ocupamos de sembrar en nuestras leyes y forma de gobierno el término de igualdad así como el de la equidad de género; pero a la vez olvidamos u omitimos penetrar tanto en nuestra sociedad y su pensamiento, como en los hogares, la escuela y en el día a día; lo que representa fomentar e inculcar el respeto y la tolerancia a las preferencias de cada uno y por ende en su conjunto.

Olvidamos que si bien la escuela es la segunda casa, la casa es la primera escuela; y descuidamos por completo, iniciando desde los valores y la unidad familiar, todo lo que en nuestros hogares se relaciona.

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, es lo que sucede con el contenido de la programación de la radio y la televisión –principalmente ésta última-; es decir lo que los integrantes de la familia mexicana ven, escuchan, reciben y perciben por estos importantes medios de difusión; ya sea nuestra niñez, nuestros jóvenes, adultos o adultos mayores.

En la actualidad, estos importantes medios de comunicación y difusión –principalmente la televisión- ofrecen una programación que no coincide con los esfuerzos de una sociedad por buscar mejores formas de relacionarse y preservar no sólo sus maneras civilizadas de conducta, sino también sus valores que como sociedad nos identifican.

Reproduciendo casi en la totalidad de sus programas, conductas negativas que derivan incluso en problemas de salud pública e integridad física de todos los habitantes en general, pero con especial énfasis en la niñez mexicana.

El asunto no es menor, más allá de la reflexión que mencionaremos más adelante sobre la importancia y el papel que deben de asumir estos medios de comunicación, las cifras al respecto son crudas, tajantes y contundentes.

Somos un país en el que al final del año pasado, el 2013, las estadísticas nos muestran que:

• 94.4 por ciento de los hogares tienen al menos una televisión.

• En promedio le dedicamos ya sea a la televisión preponderantemente, al radio o al Internet al menos 4 y media horas diarias.

• Los menores de edad se sientan a ver televisión en promedio tres horas diarias.

• Cerca de 45 millones de familias disponen además, del servicio de televisión de paga que suma, en promedio, al menos 40 canales más de televisión.

• Somos una sociedad donde nuestra niñez pasa dos mil horas al año viendo televisión en contra de las 800 horas en promedio que pasa en la escuela en un ciclo escolar.

Sin duda alguna lo anterior es por sí solo inquietante y ese sentimiento se profundiza si prestamos atención a estudios recientes que indican que los seres humanos podemos sufrir serias afectaciones a la salud derivadas de problemas como depresión, obesidad y déficit de atención causados por sobreexposición a la televisión; situación derivada del vertiginoso desarrollo que cada vez más alcanzan estos dos principales medios de comunicación y difusión masiva.

No podemos cuestionar lo anterior, si vemos que en pocos años ha sido tan grande su desarrollo que es innegable que en la actualidad inciden decididamente en el tejido social y poseen una facultad de incurrir ya sea de manera positiva o negativa en su ámbito cultural, educativo, social, histórico, cívico, político y económico; siendo precisamente ese factor el que los coloca en una situación de suma importancia.

De entrada debemos reconocer que en México la radio y la televisión carecen o en el menor y mejor de los casos –refiriéndome al radio- ofrecen en su programación una confusa intención educativa, ética, cívica y cultural; básicamente porque no les interesa hacerlo, lo único que importa es explotar al máximo la ganancia comercial que obtienen y que se ha convertido en el único fin de su existencia; en pocas palabras es la caja mágica que crea falsas necesidades.

Lo anterior se ve alentado y no se ha detenido porque como sociedad y gobierno al paso del tiempo, hemos sido altamente permisivos con esa situación y quizás hasta la hemos alentado.

Dándonos como resultado, una radio y televisión vacía de contenido educativo, cívico y cultural, con programación altamente comercial que segmenta y condensa la información, y cuya exclusiva función es ofrecer únicamente entretenimiento exponencialmente simplista y alentador del consumo exacerbado.

Afortunadamente en lo que va del presente gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la acción gubernamental ha volteado hacia este sector y lo ha involucrado activamente en una reforma integral que pretende mejorar su posición y función con y frente a la sociedad.

Con ello, y gracias a la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión –objeto de la presente iniciativa- y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, podemos decir que nos encontramos a nivel mundial en la vanguardia en lo que respecta a la tema.

No obstante, debemos de incidir mayormente –aunque se considera ya en las leyes promulgadas- en fortalecer en la radio y la televisión su vocación de servicio público y social, de enseñanza y generadora de opinión autónoma, independiente y progresista.

Así como la necesidad y el resultante esfuerzo de que asuman activamente la conciencia y responsabilidad de lo que trasmiten.

Y es precisamente en este punto en donde privilegiar y garantizar el correcto mensaje en materia de respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad, la tolerancia, los valores y la equidad de género en sus programas; se convierte en el espíritu de la presente iniciativa y considero en lo personal un excelente impulso adicional para sentar las bases de una nueva manera de percibir y revalorar el papel de estos importantes medios de comunicación y entretenimiento.

Nuestra radio y televisión, principalmente ésta última; están llenas de programación en donde se permite o estimula la violencia, el sometimiento, la agresión ya sea escolar o bien en el hogar, la falta de respeto entre iguales, la imposición de ideas, la distorsión de la información, el morbo, la discriminación ya sea por preferencia e incluso religión o por raza, la inequidad entre géneros colocando además a la mujer como un objeto destinado al deleite y la diversión, al entretenimiento, burla o como una simple parte activa de la escenografía.

Cabe mencionar al respecto que del total de la población televidente 39.2 por ciento prefiere en primer lugar ver telenovelas, lo anterior sin considerar en la estadística la llamada barra de programas denominados de “entretenimiento familiar” y “humor” que muy honestamente se podría calificar de simple; pero que igualmente y de manera desafortunada se han posicionado entre la preferencia de la población mexicana a pesar de basarse en el escándalo, su bajo nivel y nulo contenido.

En síntesis, hemos evadido la responsabilidad de evitar que estos medios de comunicación imprescindibles en el desarrollo de la sociedad y la cohesión social; reproduzcan en su programación estereotipos negativos ya sea en temas étnicos, de género o bien raciales, sólo por mencionar algunos.

Debemos seguir legislando para garantizar que la alta penetración social de la radio y televisión, no siga difundiendo estos mensajes negativos y permitir en su lugar que se trasmitan en sus contenidos lo relativo al mejoramiento en temas de educación, civilidad, cultura, salud, alimentación sana, prevención de adicciones, respeto, tolerancia, derechos humanos, entre otros temas de índole social y mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos y la manera en que nos relacionamos.

Evitemos el enfoque de los programas de televisión que simuladamente o abiertamente se dedican a desinformar, enajenar, señalar, criticar, juzgar o indirectamente a manera de entretenimiento se promueven y reproducen estereotipos.

Los mexicanos merecemos y, en la actualidad y de cara al futuro, necesitamos urgentemente mejores contenidos en los programas que oímos y vemos cuando en familia o individualmente escuchamos la radio o nos sentamos a ver la televisión.

Y lo anterior cobra mayor relevancia si mencionamos que en nuestro país quienes ven más televisión o escuchan la radio, es la población de entre 6 y 22 años; es decir todos nuestros niños y adolescentes.

En pocas palabras, la población que representa nuestro futuro. Por ello no basta ni es suficiente preguntarnos qué México queremos para nuestros hijos, sin antes cuestionarnos qué hijos queremos para nuestro México.

Este esfuerzo histórico encabezado por el actual gobierno, merece nuestro compromiso permanente pero sobre todo razonado y consciente de que nos debemos a la sociedad en su conjunto; para con ello, no permitir o solapar que bajo el falso discurso de la libertad de expresión y el rechazo a la censura –con lo que estoy comprometida plenamente- los monopolios en el tema protejan y pretendan disimular sus verdaderos intereses y eviten a toda costa las afectaciones reales a éstos, que por cierto tanto daño le han hecho a la población mexicana.

Porque finalmente, el objetivo de esta iniciativa que sometemos a su consideración, es toda la población y nuestra perspectiva de futuro.

Dejemos de ser una audiencia sin opinión y, peor aún, pasiva, por creer que no contamos con los medios legales de defensa y protección de nuestro derechos al menos como radioescuchas o televidentes.

Hoy no es así, lo anterior ya lo tenemos, gracias a una iniciativa presidencial y al compromiso real del Poder Legislativo representado en esta soberanía.

Protejamos a nuestra población televidente ya sea infantil, adolescente, adulta mayor, con discapacidad o vulnerable como la mujer, los migrantes o con preferencias distintas, aunado a ello debemos evitar cualquier práctica de discriminación por el nivel educativo y por la apariencia.

Porque el problema de la discriminación persiste, lo anterior se reafirma con los datos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la cual señala que los motivos por los que generalmente se discrimina en México son por el color de piel, nivel económico, discapacidad, preferencias sexuales, género, edad, además existe un porcentaje significativo sobre la discriminación por motivos de nivel educativo y la apariencia.

Los datos reflejan que 24 por ciento se ha sentido discriminado por su “apariencia física”. Lo que lamentablemente da como consecuencia que 20 por ciento se sienta disgustado por su tono de piel, ya que es discriminado y tiene menos oportunidades.

Por ejemplo, la discriminación laboral comienza desde el reclutamiento a los empleados, en donde las empresas continúan pidiendo requisitos relacionados con la apariencia física para poder concursar por una vacante. Aspecto que debe ser erradicado por el bienestar de las presentes y futuras generaciones de mexicanos.

Otro grupo de personas que es receptor de discriminación es el conformado por las mujeres trabajadoras del hogar quien es discriminado, en el ámbito laboral, por motivos como el ser mujer, indígena, por su edad y por su escolaridad. Somos promotores de que se debe erradicar la discriminación por el nivel educativo que tienen las personas, por eso hemos sido partícipes de la reforma educativa, para elevar la calidad de la educación, pero también para elevar el grado de escolaridad que tienen los mexicanos.

La discriminación debe ser erradicada, por lo que se deben crear los mecanismos necesarios para combatirla, en el tema que nos ocupa, el cliente somos los televidentes y radioescuchas, los cuales debemos darnos nuestro lugar y exigir una programación de calidad, en donde la competencia radique en el mejor contenido de los programas, el respeto a la sociedad y quienes la conformamos e incluso a nuestra lengua, nuestro idioma, sin que participe algún tipo de discriminación en los contenidos de los programas.

Esta soberanía no puede mantenerse al margen de redoblar esfuerzos en asunto de suma importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, tanto en el corto y mediano plazo como también para el largo plazo.

Garanticemos que estos medios de comunicación sean aliados y punto de referencia de nuestros deseos de avance cultural, educativo, ético, cívico, histórico y social que como nación requerimos, queremos y anhelamos.

No permitamos más programas o barra de comerciales donde se denigre a la mujer, o bien se fomente la violencia, la intolerancia y el sometimiento, se utilice la burla a costa de la apariencia de la persona para hacer reír, se promueva la invasión de la privacidad del individuo y de la familia, se explote el morbo y se erosionen los valores que nos han sido heredados y que han hecho de este país, un país con un futuro cada vez más prometedor.

IV. Consideraciones

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados en la LXII legislatura, previo estudio y ponderación del asunto, determinan presentar Dictamen en sentido negativo respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con los siguientes argumentos:

Primera. Se advierte que la iniciativa tiene por objeto prohibir en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión la discriminación por apariencia o nivel educativo, y a su vez establecerlo expresamente como un derecho de los usuarios;  así mismo que en la programación de radiodifusión o televisión y audio restringidos se propicien valores éticos; de igual forma que en la programación infantil se promuevan valores cívicos; y que en la publicidad dirigida al público infantil no se promueva la intolerancia.

Como punto de partida, enunciamos lo previsto en el último párrafo del artículo 3° de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que señala: “En relación a los principios sobre no discriminación, perspectiva de género e interés superior de la niñez, se atenderá a las definiciones que para tal efecto se establecen en las leyes correspondientes”

Tal formula se estableció en la nueva legislación con el objeto de evitar reiteraciones o redundancias respectos de definiciones, principios y valores que se desarrollan en otras leyes, por lo que podemos señalar que las adendas que propone la iniciativa ya están contenidas tanto en la Ley de la materia, como en otras leyes especializadas en materia de no discriminación, equidad de género y protección de la infancia, de ahí la convicción de este dictamen.

Para efecto de acreditar lo que antecede, señalamos que la definición de discriminación se encuentra contemplada con amplitud en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en dicha definición se considera la modificación propuesta en la iniciativa que nos ocupa, es decir, la consideración de la discriminación por apariencia o nivel educativo, veamos el artículo 1 del ordenamiento anunciado:

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a II. ...

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;

IV. a X. ...

Bajo el mismo hilo conductor del argumento que se basa en que la propuesta ya está contenida en el marco jurídico vigente, acudimos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que para mejor entendimiento, se transcribe a continuación el apartado referido:

Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de comunicación, las autoridades federales competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que éstos difundan información y materiales relacionados con:

I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de la educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades destinados a niñas, niños y adolescentes;

III. La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos;

IV. La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos, y

V. El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, y perspectiva de derechos humanos.

Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez.

Además, hay que considerar que las normas previamente transcritas, se trata de una nueva legislación en materia de protección de niñas y niños, publicada apenas el cuatro de diciembre de dos mil catorce, y que tuvo como origen, la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal presentada en septiembre de ese año, misma que viene a regular de mejor manera la materia, ordenamiento legal que igualmente proscribe la discriminación.

Respecto a la adición de que en la programación de radiodifusión o televisión y audio restringidos se propicien, de acuerdo a la propuesta de adición en la fracción IV del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es necesario precisar que la fracción I del artículo 226 del citado ordenamiento, ya contempla difundir información y programas que fortalezcan los, veamos:

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

...

En lo que atañe  a la propuesta de adicionar que en la programación infantil se promuevan valores cívicos, es importante señalar que en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se facultó a la Secretaria de Educación Pública en la fracción II del artículo 218 para: “Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico;”.

Aunado a lo anterior, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dentro de los principios rectores que lo rigen, la fracción I del artículo 7° establece que uno de ellos es “Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos;”, de igual el propio Sistema tiene dentro de sus atribuciones, la fracción V del artículo 11, señala: “Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, cultural y cívicode los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional;”.

Como se ha expuesto, la intencionalidad de la iniciativa ya se encuentra abordada en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en otras leyes especializadas, por lo que no se estima conveniente sobreabundar, ya que un exceso de normas jurídicas sobre los mismos objetos conduce a posibles contradicciones o conflicto normativos, así como a un sistema jurídico más extenso y complejo.

Segundo. Estimamos que en el diseño de la legislación debe observarse un principio de sistematicidad y no redundancia entre las normas, que aspira a que haya congruencia y coherencia en el sistema jurídico, y se debe referir que además de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como ya se quedó asentado, existen diversas leyes que ya se avocan a los fines que busca la iniciativa, específicamente, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamientos especializados que contienen reglas jurídicas sobre el particular, y que su alcance no es sólo la protección de los contenidos en radio y televisión, sino que comprenden a cualquier otro medio de comunicación, además de que de manera transversal la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano de igual forma tiene normas relacionadas con la propuesta en estudio.

Por ello es importante señalar que el principio de no redundancia en la confección de normas jurídicas tiene por objeto no sólo la seguridad jurídica, sino un principio de economía que busca evitar una saturación de contenidos idénticos o similares en las normas, como apoyo a lo predicho, el maestro Miguel López Ruiz, refiere que en la redacción legislativa el principio de no redundancia, exige que en el orden jurídico se debe evitar racionalmente la repetición de enunciados de igual valor normativo.

De tal modo, que la reiteración sólo es admisible en aquellos casos que se justifica la aclaración o limitación del objeto que persigue la norma, de lo contrario sólo se saturarían las leyes, a fin de acreditar lo que antecede, se acude a la tesis aislada número 93 en materia civil del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito correspondiente a la novena época, visible en la página 1391 del tomo XXII de julio de 2005 del Semanario Judicial de la Federación, que al interpretar un precepto de la ley de amparo, refiere que el principio de la no redundancia, es por virtud del cual se considera que el legislador, por economía, no repite el significado que ya estableció en otro precepto.

Por otra parte, para estas Comisiones Dictaminadoras es igualmente imprescindible tomar en consideración los principios de nivel internacional en materia de derechos de los menores, emitidos por los organismos especializados internacionales que han expuesto interés en procurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en todos sus aspectos, y que han derivado en los instrumentos internacionales que ha suscrito México en materia de derechos humanos relacionados con los derechos de los infantes, que son:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

• Convención internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, del 30 de septiembre de 1921.

• Protocolo que modifica el Convenio para la Represión para la Trata de Mujeres y Niños, del 30 de septiembre de 1921, firmado el 12 de noviembre de 1947.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de los niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y protocolo Final, del 21 de marzo de 1950.

• Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.

• Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional.

Lo referido en los párrafos anteriores, acredita que existe una profusa normatividad internacional en la materia, lo que refuerza el sentido de que no haya una reiteración en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además, bajo el nuevo paradigma de convencionalidad previsto en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, las autoridades están obligadas a tomar en consideración los principios y directrices de los tratados en materia de derechos humanos, por lo que se estiman que la pretensión del proyecto legislativo igualmente se subsume en los instrumentos internacionales citados.

Tercero. Es menester señalar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es relativamente reciente ya que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado catorce de julio de dos mil catorce, y podemos manifestar que es un ordenamiento jurídico, altamente técnico y complejo, que entró en vigor apenas el trece de agosto de dos mil catorce, por lo que se estima que la evaluación de su aplicación y alcances de sus contenidos normativos requiere plazos de revisión en el mediano y largo plazo, por lo que se considera que dentro de la iniciativa de marras se omite hacer un análisis sobre los efectos y consecuencias de las nuevas normas jurídicas, que su desarrollo bien podría atender las diversas inquietudes de los diputados iniciantes como son una mejor regulación de los contenidos, bajo esta ponderación también se justifica el sentido negativo del dictamen.

Al respecto, podemos abundar que particularmente el artículo transitorio que se transcribe a continuación, puede dar mayores luces sobre lo que se afirma:

Trigésimo Sexto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar los estudios correspondientes para analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil en la que se promueva la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.

Énfasis añadido

Como se aprecia el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene facultades para establecer mecanismos en caso de ser necesarios en relación con los fines y planteamientos de la planteados en la Iniciativa en estudio, además de que tomando como base las pasadas comparecencia de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Poder Legislativo, de acuerdo con la información proporcionada por dichos Comisionados, actualmente dicho Instituto trabaja en cumplir con todas las facultades que le fueron conferidas, además de que se han venido cumpliendo en tiempo los plazos establecidos en la Reforma Constitucional y la Legislación Secundaria.

Por lo que es imperante para estas Comisiones Dictaminadoras dar oportunidad para que se lleve a cabo el debido proceso de implementación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que una vez que se verifique y analice su eficacia o deficiencias, se pueda actuar en consecuencia y no de manera anticipada como se desprende del análisis del planteamiento de la Iniciativa en estudio.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 López Ruiz, Miguel. Redacción Legislativa, 2ª edición, Porrúa, México, 2005, pág. 17

2 La tesis aislada se puede consultar en el módulo de consulta de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el registro ius número 178044.

Palacio Legislativo de San Lázaro en México, Distrito Federal a los veinticuatro días de febrero de dos mil quince.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), presidente; Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Manuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, secretarios; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Dunia Eliane de la Vega Preciado (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio, Humberto Alonso Morelli, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas, Jesús Antonio Mora González, María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez, Arturo Escobar y Vega.

La Comisión de Radio y Televisión, diputados:Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali(rúbrica), secretarios; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo(rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo(rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño(rúbrica), Silvia Márquez Velasco, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 171, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A continuación se refieren los antecedentes legislativos que dan origen al presente proceso legislativo que atañe a este dictamen:

1. El catorce de octubre de dos mil catorce, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

2. La Mesa Directiva del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-5-1965, de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente

3. La Comisión de Comunicaciones mediante diverso LXII/CC/0203/14 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 150, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, dio cuenta a los integrantes de la referida Comisión sobre el asunto legislativo que nos ocupa, para efectos de emitir los comentarios correspondientes, y proceder a su atención y desahogo oportuno.

4. De igual manera, la Comisión de Radio y Televisión a través del oficio CRT/206/14 de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, hizo del conocimiento de los integrantes de esa comisión sobre el turno de la iniciativa materia de este dictamen, requiriendo al efecto, los correspondientes comentarios u observaciones sobre la misma, para la atención del asunto.

II. Método del dictamen

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados en la LXII legislatura, determinan que la metodología idónea y reglamentaria para el proceso de dictamen de la iniciativa que nos ocupa, será primeramente en exponer su contenido, contrastarla con el texto vigente que pretende modificar, y posteriormente glosar los argumentos de los iniciantes, proveyendo respuesta en la parte considerativa de este dictamen, donde se incluyan: Antecedentes legislativos, doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, lo que permitirá en su caso atender de mejor manera la iniciativa.

III. Objeto y contenido de la iniciativa

El objeto de la iniciativa es reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de que las facultades en materia de contenidos que se le otorgaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se le atribuyan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que de acuerdo a la promovente fue erróneo dar facultades de contenidos a la Segob.

A fin de que haya mayor precisión sobre la iniciativa en estudio, se expone el siguiente cuadro comparativo entre el texto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión frente al proyecto de decreto de la iniciativa (se incluye el apartado de transitorios), de acuerdo con lo siguiente:

Texto Vigente

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales establecidos en esta ley;

II. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta ley;

III. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

IV. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta Ley en las materias a que se refieren las fracciones II y III, previo apercibimiento, y

V. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción III, para que éstas ejerzan sus facultades de sanción.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del presente artículo, podrá celebrar convenios de colaboración con Dependencias u órganos federales.

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Ordenar y administrar la transmisión de los tiempos de Estado en los términos previstos en esta Ley, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables;

II. Ordenar y coordinar los encadenamientos de las emisoras de radio y televisión;

III. Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural;

IV. Ordenar las transmisiones del Himno Nacional conforme a lo dispuesto en esta Ley;

V. Autorizar y supervisar la transmisión o promoción de concursos en que se ofrezcan premios en sus distintas modalidades y etapas, a fin de proteger la buena fe de los concursantes y el público, así como sancionar los incumplimientos en el ámbito de su competencia;

VI. Supervisar y monitorear la transmisión de los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, los boletines y las cadenas nacionales, en los términos previstos por esta Ley y sancionar el incumplimiento de los concesionarios;

VII. Requerir a los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restringidos, la reserva gratuita de canales para la distribución de señales de televisión de conformidad con las disposiciones legales;

VIII. Verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en términos de la presente Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente ley;

IX. Con base en los resultados de la supervisión que realice el Instituto, imponer las sanciones establecidas en esta ley por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la programación y publicidad pautada destinada al público infantil;

X. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, y

XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

En el ejercicio de estas atribuciones, la Secretaría de Gobernación deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa.

Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Autorizar la transmisión de publicidad relativa al ejercicio de la medicina y sus actividades conexas;

II. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover, en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector salud;

III. Autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas y demás que se determinen en la legislación aplicable. La Secretaría de Salud podrá emitir las disposiciones generales aplicables a la publicidad de los productos señalados en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de contenidos correspondan a la Secretaría de Gobernación;

IV. Establecer las normas en materia de salud para la programación destinada al público infantil;

V. Con base en los resultados de la supervisión realizada por el Instituto, imponer las sanciones por el incumplimiento de las normas que regulen la programación y la publicidad pautada dirigida a la población infantil en materia de salud; y

VI. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones legales.

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.

En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español, en casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

Artículo 232. Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringidos deberán retransmitir de manera gratuita las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales. Cuando el concesionario no cuente con capacidad para la retransmisión de todas las señales, incluidas las multiprogramadas, la Secretaría de Gobernación, tratándose de señales del Ejecutivo Federal o la institución pública titular de la señal, indicarán al concesionario cuál de los canales de programación deberán retransmitir. En caso de que exista desacuerdo, resolverá el Instituto.

Artículo 233. Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán reservar gratuitamente canales para la distribución de las señales de televisión de instituciones públicas federales, que indique el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, conforme a lo siguiente:

I. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales;

II. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales; y

III. Tres canales, cuando el servicio consista de 46 a 64 canales. Por arriba de este último número, se incrementará un canal por cada 32 canales de transmisión.

Artículo 234. Cuando el servicio consista hasta de 30 canales, la Secretaría podrá requerir que, en un canal específico, se destinen hasta 6 horas diarias para la transmisión de la programación que indique la Secretaría de Gobernación.

Artículo 235. La Secretaría de Gobernación requerirá directamente a los concesionarios los canales a que se refieren los dos artículos anteriores y podrá indicar al concesionario el número de canal que deberá asignarles.

Artículo 236. El concesionario podrá utilizar los canales a que se refiere el artículo anterior, en tanto no le sean requeridos por la Secretaría de Gobernación.

El concesionario cubrirá por su cuenta el costo de los equipos e instalaciones necesarios para la recepción y distribución de las señales que le sean indicadas. La calidad de transmisión de estas señales será, por lo menos, igual a las del resto del servicio.

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.

Artículo 297. Las infracciones a esta ley, a las disposiciones administrativas y a los títulos de concesión o autorizaciones, se sancionarán por el Instituto conforme al Capítulo II de este Título y se tramitarán en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Las infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, por parte de los sujetos regulados en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, se sancionarán por el Instituto en términos de lo dispuesto y atendiendo a los procedimientos establecidos en dicha ley.

Las infracciones a los derechos de los usuarios establecidos en esta Ley, cometidas por los concesionarios o autorizados, serán sancionadas por la Profeco en términos de lo establecido en los artículos 128 y, en su caso, del artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Secretaría de Gobernación sancionará el incumplimiento de lo establecido en esta Ley en materia de contenidos, tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; cadenas nacionales, boletines, el Himno Nacional, concursos, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos conforme a lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.

El Instituto sancionará el incumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales y a las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Título.

Artículo 308. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley y a las disposiciones que deriven de ella en materia de contenidos audiovisuales, se sancionarán por la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo siguiente:

A) Con apercibimiento por una sola vez o multa por el equivalente de 0.01 por ciento hasta el 0.75 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o información.

En el supuesto de que haya cumplimiento espontáneo del concesionario autorizado o programador y no hubiere mediado requerimiento o visita de inspección o verificación de la Secretaría de Gobernación, no se aplicará la sanción referida en el presente inciso.

En caso de que se trate de la primera infracción, la Secretaría de Gobernación amonestará al infractor por única ocasión;

B) Con apercibimiento por una sola vez o multa por el equivalente de 0.76 por ciento hasta el 2.5 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por:

I. Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de tiempos de Estado, cadenas nacionales, boletines, y concursos, así como respecto de la reserva de canales de televisión y audio restringidos;

II. Exceder del tiempo de duración en la transmisión de patrocinios tratándose de concesionarios de uso público; o

III. No atender a la clasificación y sus categorías descriptivas conforme a lo que establece esta ley y sus disposiciones reglamentarias.

C) Con multa por el equivalente de 2.51 por ciento hasta el 5 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por:

I. Incluir dentro de los patrocinios la comercialización o venta de algún producto o servicio, tratándose de concesionarios de uso público; o

II. Recibir patrocinios en contravención a lo dispuesto en esta ley.

En el caso de las fracciones I y III del inciso B) de este artículo no se considerará lo dispuesto en la fracción III del artículo 301 de la ley.

Propuesta de la iniciativa

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. Ordenar y administrar la transmisión de los tiempos de estado en los términos previstos en esta ley, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables;

II. A solicitud de la Secretaría de Gobernación, ordenar y coordinar los encadenamientos de las emisoras de radio y televisión;

III. Supervisar y monitorear la transmisión de los tiempos de estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, los boletines y las cadenas nacionales, en los términos previstos por esta ley y sancionar el incumplimiento de los concesionarios;

IV. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales establecidos en esta ley;

V. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta ley;

VI. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

VII. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, y sancionar su incumplimiento.

VIII. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley en las materias a que se refieren las fracciones V y VII, previo apercibimiento, y

IX. Requerir a los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restringidos, la reserva gratuita de canales para la distribución de señales de televisión de conformidad con las disposiciones legales;

X. Informar a la Secretaría de Salud los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción VII, para que éstas ejerzan, en su caso, sus facultades de sanción.

XI. Verificar que las trasmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en términos de la presente ley, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente ley;

XII. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones legales.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo, podrá celebrar convenios de colaboración con dependencias u órganos federales.

En el ejercicio de estas atribuciones, el instituto deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa.

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Solicitar al Instituto los encadenamientos de las emisoras de radio y televisión;

II. Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural; cerciorándose de que los mismos cuenten con lenguaje de señas, subtitulaje, o doblaje al español para accesibilidad a personas con debilidad auditiva o visual.

III. Ordenar las transmisiones del Himno Nacional conforme a lo dispuesto en esta ley;

IV. Autorizar y supervisar la transmisión o promoción de concursos en que se ofrezcan premios en sus distintas modalidades y etapas, a fin de proteger la buena fe de los concursantes y el público, así como sancionar los incumplimientos en el ámbito de su competencia;

V. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Autorizar la transmisión de publicidad relativa al ejercicio de la medicina y sus actividades conexas;

II. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de estrategia digital emita el Ejecutivo federal, promover, en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector salud;

III. Autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas y demás que se determinen en la legislación aplicable. La Secretaría de Salud podrá emitir las disposiciones generales aplicables a la publicidad de los productos señalados en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de contenidos correspondan al Instituto.

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.

En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español, en casos excepcionales, el Instituto podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

Artículo 232. Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringidos deberán retransmitir de manera gratuita las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales. Cuando el concesionario no cuente con capacidad para la retransmisión de todas las señales, incluidas las multiprogramadas , el Instituto, tratándose de señales del Ejecutivo federal, o la institución pública titular de la señal indicarán al concesionario cuál de los canales de programación deberán retransmitir. En caso de que exista desacuerdo, resolverá el Instituto.

Artículo 233. Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán reservar gratuitamente canales para la distribución de las señales de televisión de instituciones públicas federales, que indique el Instituto, conforme a lo siguiente:

I. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales;

II. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales, y

III. Tres canales, cuando el servicio consista de 46 a 64 canales. Por arriba de este último número, se incrementará un canal por cada 32 canales de transmisión.

Artículo 234. Cuando el servicio consista hasta de 30 canales, la Secretaría podrá requerir que, en un canal específico, se destinen hasta seis horas diarias para la transmisión de la programación que indique el Instituto.

Artículo 235. El Instituto requerirá directamente a los concesionarios los canales a que se refieren los dos artículos anteriores y podrá indicar al concesionario el número de canal que deberá asignarles.

Artículo 236. El concesionario podrá utilizar los canales a que se refiere el artículo anterior, en tanto no le sean requeridos por el Instituto.

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por el Instituto, el que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

El Ejecutivo federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Instituto a solicitud de la Secretaría de Gobernación.

Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.

Artículo 297. Las infracciones a esta ley, a las disposiciones administrativas y a los títulos de concesión o autorizaciones, se sancionarán por el Instituto conforme al capítulo II de este título y se tramitarán en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Las infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, por parte de los sujetos regulados en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, se sancionarán por el Instituto en términos de lo dispuesto y atendiendo a los procedimientos establecidos en dicha ley.

Las infracciones a los derechos de los usuarios establecidos en esta ley, cometidas por los concesionarios o autorizados, serán sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en términos de lo establecido en los artículos 128 y, en su caso, del artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El Instituto sancionará el incumplimiento de lo establecido en esta ley en materia de contenidos, tiempos de estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; cadenas nacionales, boletines, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos conforme a lo dispuesto en el capítulo III de este título, así como los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales y a las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de este título.

La Secretaría de Gobernación sancionará el incumplimiento en materia de concursos y de transmisión Himno Nacional.

Artículo 308. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley y a las disposiciones que deriven de ella en materia de contenidos audiovisuales, se sancionarán por el instituto, de conformidad con lo siguiente:

A) Con apercibimiento por una sola vez o multa por el equivalente de 0.01 hasta 0.75 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o información.

En el supuesto de que haya cumplimiento espontáneo del concesionario autorizado o programador y no hubiere mediado requerimiento o visita de inspección o verificación del Instituto, no se aplicará la sanción referida en el presente inciso.

En caso de que se trate de la primera infracción, el Instituto amonestará al infractor por única ocasión;

B) Con apercibimiento por una sola vez o multa por el equivalente de 0.76 hasta 2.5 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por:

I. Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de tiempos de estado, cadenas nacionales, boletines, y concursos, así como respecto de la reserva de canales de televisión y audio restringidos;

II. Exceder del tiempo de duración en la transmisión de patrocinios tratándose de concesionarios de uso público, o

III. No atender a la clasificación y sus categorías descriptivas conforme a lo que establece esta ley y sus disposiciones reglamentarias.

C) Con multa por el equivalente de 2.51 hasta 5 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por:

I. Incluir dentro de los patrocinios la comercialización o venta de algún producto o servicio, tratándose de concesionarios de uso público, o

II. Recibir patrocinios en contravención a lo dispuesto en esta ley.

En el caso de las fracciones I y III del inciso B) de este artículo no se considerará lo dispuesto en la fracción III del artículo 301 de la ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A continuación se glosan las principales manifestaciones de la proponente en su exposición de motivos.

La iniciativa inicia con la transcripción literal del párrafo catorce del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual utiliza en una interpretación literal de su contenido:

El pasado 11 de junio de 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma constitucional al artículo 28 en materia de telecomunicaciones, misma que en la parte conducente estipula:

Artículo 28. ...

...

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones , conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones , así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución .

Posteriormente, la proponente afirma que la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contraviene el artículo antes señalado de nuestra Carta Magna, al otorgar facultades a la Secretaria de Gobernación (Segob) en materia de contenidos que de acuerdo con la promovente correspondían al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de acuerdo a lo siguiente:

No obstante lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , publicada el pasado 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, transgrede de forma evidente el mandato constitucional al otorgar a la Secretaría de Gobernación (Segob) facultades que constitucionalmente corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); lo anterior es así, ya que en el artículo 217 se estipulan las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos, disponiendo once fracciones (once facultades), a diferencia de las cinco asignadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones en el artículo 216, tal y como se advierte en el siguiente cuadro comparativo:

Acto seguido, realiza la comparación entre los artículos 216 y 217, los cuales establecen las facultades otorgadas tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Gobernación respectivamente, en materia de Contenidos Audiovisuales.

Posteriormente, descalifica a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión afirmando que el Ejecutivo Federal violentó la autonomía Constitucional con la que se creó al IFT, buscando con su iniciativa evitar el autoritarismo del Ejecutivo Federal y el empoderamiento de la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos, de acuerdo a los siguientes párrafos que se transcriben:

Es por ello que la ley en comento deja en claro el atropello del Ejecutivo federal, para seguir teniendo el control de lo que se transmite en medios, violentando la autonomía constitucional con la que se creó al IFT.

Al respecto, es menester señalar que uno de los principales valores de los contenidos de los medios está en su capacidad de incidir en la opinión pública, en la construcción de valores, identidades, puntos de vista, información en general que es lo que permite a los ciudadanos tomar decisiones; es éste su gran peso y en ese sentido es ahí donde radica su intangible valor, siendo este valor de la circulación de las ideas un derecho humano fundamental.

En ese tenor, se denota el autoritarismo con el que pretende seguirse manejando el Ejecutivo federal al vigilar y controlar desde una dependencia dedicada a la política y la seguridad, las ideas y contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación.

En virtud de lo anterior, nosotros como legisladores y representantes de los ciudadanos mexicanos no podemos consentir el poderío de la Segob en materia de contenidos. Y menos aun cuando la Constitución estipula un consejo consultivo para apoyar al IFT en la tarea de lo establecido en los artículos 6 y 7 constitucionales.

Finalmente, la justificación del proyecto refiere es tendiente a observar cabalmente el mandato constitucional otorgando las facultades de contenidos al IFT y limitando las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, en los siguientes términos:

En razón de lo anterior, la iniciativa que hoy propongo es tendiente a observar cabalmente el mandato constitucional, otorgando las facultades en materia de contenidos en medios al órgano autónomo que estipula la Carta Magna, es decir al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Asimismo, se propone que la Segob mantenga facultades en materia de comunicados oficiales, previéndose que ésta deberá cerciorarse que los mismos sean accesibles para personas discapacitadas, es decir que dichos comunicados cuenten con lenguaje de señas, subtitulaje, o doblaje al español para accesibilidad a personas con debilidad auditiva o visual.

IV. Consideraciones

A continuación se exponen los argumentos que sostienen la convicción de dictaminar en sentido negativo la iniciativa.

Primera.Las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados en la LXII legislatura, previo estudio y ponderación del asunto, determinan desechar la iniciativa que nos ocupa, ya que derivado del análisis en principio de la exposición de motivos que expone en su iniciativa la diputada promovente, se basa en una apreciación particular sobre el párrafo décimo cuarto del artículo 28 de nuestra Carta Magna, pasando por alto las consideraciones y valoraciones que se realizaron en el proceso legislativo tanto de la reforma constitucional como de la Ley que nos ocupa.

Efectivamente, estas Comisiones coinciden en que no hay tal contravención a la Constitución por parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de ningún modo se vulneran las facultades conferidas para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que el artículo 28 constitucional establece una autoridad regulatoria y de competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión, no así una autoridad omnímoda que deje de lado la existencia de otras autoridades con plenas facultades como lo es la Secretaría de Gobernación en materia de política interior y buen gobierno en el caso de la administración de los tiempos oficiales o bien en materia de juegos y sorteos que se radiodifunden, o como autoridad en materia de civismo y fomento de los símbolos patrios.

Para acreditar lo antedicho, sirve traer al presente análisis el espíritu del Constituyente Permanente que aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para comprender el significado y alcance de las hipótesis normativas señaladas en la iniciativa en estudio, en la inteligencia de que en la discusión y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se tomaron en cuenta los motivos del Constituyente Permanente en el procedimiento que originó la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, y que quedaron plasmados en los argumentos y consideraciones del respectivo dictamen aprobado por el Senado de la Republica y respaldado por la Cámara de Diputados que son, esencialmente, los siguientes:

Dictamen del Senado correspondiente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (aprobado el 4 de julio de 2014)

“En concordancia con la definición de las facultades del Instituto se precisan las que le corresponden a la SCT, a la Secretaría de Gobernación (Segob ) a la Secretaría de Salud, a la SHCP y a la Profeco, entre otras dependencias del Poder Ejecutivo.

Las facultades que se diseñaron para estas dependencias se basaron en las premisas constitucionales que permiten diferenciar aquellas facultades que corresponden al Ejecutivo Federal de las que le corresponden al Instituto, así como aquellas que involucran una colaboración coordinada. En este sentido, a la SCT le corresponderá, además de emitir opinión técnica no vinculante sobre el otorgamiento, prórroga o revocación de concesiones, adoptar las medidas para la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cuando el Instituto le dé aviso en los casos previstos en la ley; planear, fijar y conducir las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social; elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal; realizar acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios públicos y coadyuvar con los gobiernos locales para cumplir el mismo objetivo; establecer programas de acceso a banda ancha, administrar la capacidad satelital del Estado; realizar la requisa; llevar la representación internacional del sector ante organismos internacionales, así como la obtención y coordinación de posiciones orbitales, entre otras. Estas facultades se consideran inherentes al Poder Ejecutivo y necesarias para conducir una adecuada política pública en la materia así como para que se lleve a cabo la coordinación y colaboración entre la SCT y el Instituto dentro de un marco normativo que brinde certeza jurídica a los particulares.

En materia de facultades sobre regulación de contenidos, estas Comisiones advirtieron diversos cuestionamientos de Grupos Parlamentarios que integran el Congreso de la Unión, relativos a que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, atenta contra el espíritu de la reforma constitucional, restándole facultades al Instituto para otorgarlas a la Segob. Asimismo, idéntico reclamo se hizo valer por diversos participantes en los foros organizados por estas comisiones.

En el escrito de 4 de abril de 2014, emitido por el pleno del IFT señaló que con independencia de las diferencias de visiones sobre el alcance de la regulación y las diferentes autoridades con competencia en la materia, es necesario que la legislación secundaria refleje lo ordenado por el artículo décimo primero transitorio del decreto de reformas a la Constitución, que establece que corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión de mensajes comerciales y supervisar el cumplimiento de la ley por lo que hace a la programación y publicidad infantil.

Asimismo, en dicha opinión sobre la iniciativa del Ejecutivo federal señaló que en las facultades del Instituto de vigilancia, supervisión y sanción en estas materias, podrían considerarse facultades para ordenar la suspensión de transmisiones contrarias a la normatividad, lo cual no excluiría la competencia de otras autoridades conforme a las leyes vigentes, como es, por ejemplo, el caso de las infracciones a la Ley General de Salud.

Tomando en consideración lo anterior, estas comisiones consideran que en atención a lo dispuesto en el texto constitucional, el decreto debe establecer que le corresponda a la Segob la administración de los tiempos de Estado y, en su caso, aquellos que establezcan otras leyes, encadenamientos nacionales y boletines, así como vigilar que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la Ley, debiendo sancionar su incumplimiento.

Sobre la competencia en materia de contenidos, como se ha mencionado, estas comisiones Dictaminadoras percibieron en los foros y en las iniciativas que se analizan e incluso en la posición del Instituto, que no existe claridad sobre la competencia de la Segob y el Instituto, por lo que a fin de establecer claramente lo que corresponde a cada uno en este tema conforme al espíritu plasmado en la Constitución, precisamente por esta legislatura, se realizan las siguientes consideraciones.

Para determinar cuáles son las atribuciones que le confirió la Constitución al Instituto, primero debemos tener claro lo que abarca la regulación de contenidos. En este sentido y conforme al marco jurídico actual, la regulación de contenidos abarca lo siguiente:

1. Criterios de clasificación de los programas.

2. Horarios de transmisión.

3. Tiempos de Estado.

4. Boletines.

5. Encadenamientos.

6. Concursos y sorteos.

7. Publicidad en materia de salud y protección al consumidor.

8. Tiempos máximos de publicidad.

9. Programación y publicidad dirigida al público infantil.

Al analizar la reforma constitucional y compararla contra el universo de regulación de los contenidos se desprende claramente que la Constitución no le confiere al Instituto toda la regulación, supervisión y vigilancia de los contenidos, sino solamente una parte que está referida en el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto y que a continuación se transcribe:

“Décimo primero. Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilarel cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales.

La Ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo tercero de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento.

...”

(El resaltado es nuestro).

Del artículo transcrito, se desprende que la Constitución solo le dotó al Instituto de la atribución de vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la ley señale para la transmisión de mensajes comerciales y de supervisar que la programación y publicidad dirigida al público infantil así como la publicidad en materia de salud cumplan con la normativa correspondiente.

Ante tal ausencia de atribución de facultades en materia de contenidos al Instituto, la mejor interpretación posible va dirigida hacia la permanencia de dichas facultades a cargo de Segob, pues de haberse querido lo contrario, se hubiera establecido expresamente en alguno de instrumentos normativos que forman parte del proceso legislativo o en el mismo Decreto aprobado, lo cual no sucedió en el tema de contenidos, y sí con todos los temas restantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Es así que todos los temas de contenidos que la Constitución no le confirió al Instituto deben entenderse conferidos al Ejecutivo federal a través de la Segob, la Cofepris e incluso Profeco, conforme a la Constitución y a las normas secundarias vigentes que así lo establecen (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Salud y Ley Federal de Protección al Consumidor).

Es tan clara la reforma constitucional en dejar a la Segob las atribuciones que actualmente tiene, que los artículos reformados y sus transitorios no hacen referencia alguna a la incorporación de sus áreas en materia de radiodifusión al Instituto; como sí sucede con el caso de las extintas Cofetel y Cofeco, donde el artículo séptimo transitorio es explícito en señalar qué sucederá con los asuntos en trámite y con su personal y recursos materiales, mientras se constituían el Instituto y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Si la intención del Constituyente Permanente hubiera sido quitarle sus atribuciones a la Segob y otorgárselas al Instituto, se habría señalado que la o las unidades administrativas de la Segob competentes en la materia –como lo es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía– desaparecerían al constituirse el Instituto y sus recursos serían absorbidos por éste.

En sentido opuesto a lo anterior, del análisis de algunas iniciativas y de algunas de las opiniones expuestas en los foros se advierte la intención de atribuirle al Instituto todas las facultades en materia de contenidos, bajo el argumento de que el artículo 28 constitucional señala que dicho Instituto debe garantizar lo establecido en los artículos 6o. y 7o. constitucionales. A continuación se transcribe el párrafo del referido artículo que establece eso:

“(...) El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución”.

La argumentación consiste en que al estar esta remisión referida a los artículos relativos a la libertad de expresión y derecho a la información, es suficiente para afirmar que corresponde al Instituto la regulación sobre todos los contenidos.

Estas comisiones dictaminadoras no comparten dicho razonamiento, ya que tal interpretación llevaría a que el Instituto también es el garante de la libertad de expresión en otros medios de comunicación como lo es el escrito, lo cual desbordaría sus atribuciones, el objeto para el que fue creado y sobre todo la intención del poder reformador. Adicionalmente, es evidente que el contenido del párrafo transcrito del artículo 28 constitucional tiene por objeto atender y prescribir en asuntos relacionados con temas de competencia y libre concurrencia, y de ninguna manera en asuntos relacionados con contenidos y mucho menos en el ejercicio de los derechos que en esta materia atañen centralmente al Estado (como la administración de los tiempos de Estado, boletines, encadenamientos, reserva de canales, juegos y sorteos, entre otros).

Del análisis realizado a lo establecido en la Constitución, estas dictaminadoras concluyeron que la remisión se debe realizar atendiendo a que lo dispuesto en el artículo 6o constitucional, hace responsable al Estado de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, entre otros, como se señala a continuación:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizaráel derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a VII. ...

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. ( ...)”.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.”

(El resaltado es nuestro)

En ninguna parte de los artículos transcritos, se hace referencia a que al Instituto le corresponde garantizar los contenidos. Los preceptos constitucionales hacen corresponsables a los órganos del Estado de garantizar tales derechos, sin especificar a qué órgano le corresponde.

Al analizar estas comisiones de forma integral lo dispuesto en el artículo 6o. y décimo primero transitorio, se arriba a la conclusión de que al Instituto se le confieren muy limitadas facultades en materia de contenidos, es decir, no sobre la totalidad de dicha materia, sino únicamente facultades para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos de publicidad y supervisar que la programación y publicidad dirigida al público infantil cumpla con las normas correspondientes.

No se puede entender por qué al Instituto le corresponde regular todos los contenidos, puesto que en esta materia existen atribuciones que por su naturaleza no le pueden corresponder al Instituto, ya que es un órgano técnico autónomo, encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pero no es el órgano en materia de salud, en materia de cultura, de publicidad comercial engañosa o abusiva, ni mucho menos en materia de seguridad pública o nacional. Todas estas materias se encuentran en el ámbito del Ejecutivo federal, por lo que su difusión, prevención y vigilancia se debe realizar a través de sus órganos competentes.

Por lo anterior, sería inconsistente que el Instituto estableciera en qué momentos se deben generar boletines por cuestiones de emergencia o seguridad, fijar las políticas y determinar la administración de los tiempos de carácter oficial a favor del conjunto de la Administración Pública Federal o de qué manera y en qué momento se deben realizar los encadenamientos de los mensajes gubernamentales, mucho menos analizar si una publicidad es engañosa, abusiva o induce a error o confusión, como hoy le corresponde a la PROFECO, o determinar cuáles serán las normas de salud a las que deberán apegarse todo tipo de publicidad y si el producto anunciado cumple o no con las partículas específicas que generan el alivio o la cura de un determinado padecimiento.

Es así como al aclararse adecuadamente las facultades de cada dependencia con respecto de las del Instituto, que la Ley cumple con uno de sus mandatos superiores, el de brindar seguridad jurídica en la actuación del Estado frente al particular y con ello preservar el balance que debe existir de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, los poderes de la Unión y los órganos autónomos cuyo ámbito de atribuciones está limitado de manera expresa y no puede ser aplicado arbitrariamente.

Es posible y factible jurídicamente la coordinación entre dependencias y órganos constitucionalmente autónomos. En el contexto de la debida coordinación entre los entes del Estado –dependencias y entes autónomos-, se pueden apreciar varios ejemplos, uno de ellos es la coordinación existente entre el ente autónomo Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR), la cual dentro de sus atribuciones tiene el velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. (fracción V, artículo 5, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) es decir, ambas tienen atribuciones respecto de los derechos humanos, claramente definidas en sus competencias, sin que ello implique transgresiones en sus esferas jurídicas. También la PGR, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, tiene la facultad de intervenir, conforme con las normas aplicables, en la investigación, resolución, visitas y seguimiento de las quejas que haga del conocimiento de la Institución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o peticiones de los organismos estatales de derechos humanos, respecto de acciones realizadas por servidores públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (fracción III del artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República).

Es así, que el que la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión atiende a los principios de coordinación y distribución de facultades para una eficiente prestación del desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, no implica violación o transgresión alguna a las facultades y autonomía otorgadas al Instituto. Por el contrario, en atención a la experiencia, infraestructura y conocimiento técnico del tema, se faculta a la Segob para ordenar, autorizar, supervisar, clasificar, coordinar y/o sancionar aspectos relacionados con contenidos en radiodifusión. Por ejemplo, cuando se trate de programación con alto contenido de violencia (temas sobre drogas) la Segob clasificará este tipo de programas después de las cero horas; así como para la publicidad de las transmisiones de radio y televisión, de igual forma, Segob establecerá lineamientos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, entre otras. Por su parte,  el Instituto vigilará y sancionará el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales conforme lo dispuesto en la ley objeto de dictamen, vigilará y sancionará las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por dicha ley que se dictamina, supervisará que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en la ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes, ordenará la suspensión precautoria de las transmisiones que no cumplan con las normas y lineamientos emitidos por las autoridades competentes, que regulen la programación y publicidad pautada dirigida a la población infantil, e informar a la Secretaría de Salud y a la Segob, los resultados de estas supervisiones para que dichas dependencias ejerzan sus facultades de vigilancia y sanción.

En el mismo orden de ideas, hay que considerar que gran parte del problema a dilucidar se basa en el supuesto de que el Instituto ha sido creado como organismo autónomo por la Constitución y en ella se le atribuyen determinadas facultades, por lo que podría aducirse que el otorgamiento de facultades a la Segob para intervenir en cuestiones relacionadas con telecomunicaciones invade el ámbito competencial del Instituto.

A fin de determinar cuáles son las facultades que en exclusiva se otorgan al Instituto, deben tenerse en consideración tal como se mencionó anteriormente lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De los preceptos mencionados se desprende que el Instituto tendrá dos tipos de funciones:

1. Será autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que se establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica en la Constitución y en las leyes.

2. Tendrá por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que las leyes fijen.

Es importante destacar que respecto de la materia de competencia económica que se encuentra referida a evitar y sancionar las prácticas monopólicas, los preceptos que atribuyen facultades a la Segob como autoridad administrativa competente en materia de contenidos, tiempos de Estado y sanciones, no están referidas ni relacionadas con prácticas monopólicas y, por ello, no invaden las facultades del Instituto en cuestiones de competencia económica.

De hecho, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, aprobado el 13 de noviembre de 2013 por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, reitera que la intención es que la Segob mantuviera sus funciones en materia de contenidos en radio y televisión. Para ilustrar esta cuestión, resulta útil analizar en particular sus anexos I y II que dan cuenta del traspaso de recursos –para ejercer facultades- de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) a la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En tal sentido, a la Segob no sólo se le otorgaron los mismos recursos presupuestales del ejercicio fiscal previo sino que se autorizó una ampliación de recursos para llevar a cabo sus facultades de normatividad en materia de medios electrónicos.

Por lo que hace al desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, bien puede considerarse que la intención del Constituyente al establecer un organismo constitucional autónomo con la capacidad de impulsar tal desarrollo, fue la de crear una entidad jurídica con la capacidad técnica para regular aspectos tan complejos desde el punto de vista técnico como es el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. Lo cual no comprende que el propio Constituyente hubiera pretendido crear un organismo que, además de ser experto en la técnica de las telecomunicaciones, tuviera la capacidad de pronunciarse de manera vinculante, sin intervención de las autoridades competentes, en temas que van más allá de su capacidad técnica.

Cabe precisar que los artículos de la iniciativa que ahora se dictaminan y que establecen o regulan las facultades de la Segob o de otras dependencias, no tienen por objeto impulsar el desarrollo de la radiodifusión o de las telecomunicaciones en aspectos técnicos, sino establecer límites o condiciones a las actividades relativas con sanciones por motivos de orden público, cultural, social o educacional. Resultaría cuestionable que con el pretexto de regular las telecomunicaciones o la radiodifusión, el Instituto se involucre en temas tan ajenos a sus finalidades primordiales como son la administración de los tiempos públicos a favor de la Administración Pública Federal; el uso del Himno Nacional; sobre concursos en que se ofrezcan premios, en transmisiones de contenido religioso, etc. Se trata de atribuciones propias del Poder Ejecutivo que se ejercen por conducto de las dependencias a su cargo, como es el caso de la Segob.”

Énfasis añadido

Bajo tales premisas claras que derivan del proceso constitucional y legal, estas comisiones dictaminadoras advierten que bajo un minucioso análisis de la trascripción realizada en los párrafos anteriores, se da una explicación puntual y precisa sobre los argumentos esgrimidos por la diputada promovente y deja sin fundamento el proyecto de iniciativa que nos ocupa, y de igual forma sirve para desvirtuar el supuesto autoritarismo señalado por parte del Ejecutivo federal, ya que se trata de una colaboración entre diversos órganos y entidades del Estado mexicano que se logra la verificación y regulación de los contenidos, lo que posteriormente se será reforzado en posteriores considerandos sobre este particular.

Segunda.Estas dictaminadoras consideran imprescindible para una mejor comprensión sobre la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señalar antecedentes sobre la autonomía de algunos órganos con naturaleza autónoma, es así que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se sumaron a la lista de órganos autónomos que integran el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral, INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en vías de aprobación (pendiente también en el Senado) está la reforma para incorporar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como órgano constitucional autónomo, lo que lo dotará de nuevas funciones.

En el caso del INE (antes IFE) y la CNDH su autonomía obedeció a la presión social que provocó que el Estado entregara funciones clave que le eran propias a instituciones independientes del Poder Ejecutivo. Al término del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1993, se otorgó en la Constitución autonomía al Banco de México para evitar que el Ejecutivo interviniera en la política monetaria. En 1996, tras años de luchas por democratizar el sistema electoral, se dio al Instituto Federal Electoral la atribución plena de organizar los comicios federales, que antes recaía en la Secretaría de Gobernación (Segob). Y en 1999 se decidió que la CNDH, que dependía originalmente de la Segob, se convirtiera luego en un órgano descentralizado, adquiriera plena autonomía para defender a los ciudadanos de abusos de la autoridad.

Al respecto, José Luis Caballero Ochoa, califica como positiva la creación de reguladores encaminados a poner un freno a los poderes fácticos y especializar la toma de decisiones del Estado en una cuestión vital. “Hay una ruta probada en América Latina de llevar el diseño institucional de órganos autónomos a aquellos organismos de empoderamiento ciudadano que tienen que ver con la transparencia, el combate a la corrupción y el tema de los medios. Me parece que estos órganos constitucionales autónomos pueden ser benéficos en la medida en que acoten a los poderes fácticos y en la medida en que empoderen a los ciudadanos y manden a controles al Estado”, subraya.

Para él no son instituciones novedosas en México ya que además de las existentes se han dado debates para crear un Tribunal de Legalidad separado de la Suprema Corte de Justicia como autentico Tribunal Constitucional y un Ministerio Público autónomos en el país. Incluso, existe una minuta de reforma constitucional en análisis en la Cámara de Diputados para convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en otro órgano autónomo y se debate la posibilidad de que la Comisión Nacional Anticorrupción, impulsada por el presidente Peña Nieto, adquiera también esta naturaleza jurídica.

El politólogo español Manuel García Pelayo usa como referencia en el derecho constitucional para definir las características de dichos órganos; explicando que éstos son creados directamente desde la Constitución, intervienen en las decisiones políticas del Estado y son fundamentales en la vida de éste, pero tienen como peculiaridad no formar parte de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ni subordinarse a ellos. En el caso mexicano, precisa, no se tiene una caracterización genérica de dichas figuras en la Carta Magna: “El artículo 49 habla de los tres poderes tradicionales pero no de los órganos autónomos. Siempre pensamos, los que estudiamos el derecho constitucional, que este artículo tendría que asumirlo. Lo que se asume es que cada uno ha ido llegando y se ha dotado de ciertas características en la Constitución, con ciertas notas que sobresalen: la personalidad jurídica, el patrimonio propio y la inamovilidad de los integrantes”, subraya. El también doctor en derechos humanos explica que otro común denominador ha sido la pérdida de la atribución exclusiva del Ejecutivo de designar a los integrantes de dichos órganos. Pero ahí, también, se establecieron procedimientos distintos.

Pese a su naturaleza, Caballero reconoce que estos órganos no están exentos de caer en omisiones y responsabilidades porque su éxito depende de las conductas de quienes los integran. Considera que si no se ejercen a plenitud las atribuciones legales y se actúa con parcialidad, se convierten en entes onerosos, poco transparentes y alejados de la ciudadanía.

Por su parte, Miguel Carbonell, coordinador del área de derecho constitucional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estima que los órganos constitucionales autónomos han tenido un desempeño en general positivo y han servido para atender problemáticas específicas que no encontraban soluciones dentro de los tres poderes tradicionales. “El desempeño tanto del IFE como de la CNDH y de Banxico demuestra que se pudo atender esa problemática, se crearon órganos profesionalizados y ajenos a la política partidista, en la medida en que ello es posible en nuestro país”, refiere. La calidad del órgano, argumenta, depende mucho del sistema de nombramiento que se configure en la Constitución o en la ley y, sobre todo, de las personas que estén al frente de los órganos autónomos. En ese sentido, apunta, la experiencia del IFE puede ser muy relevante para aprender de ciertos errores cometidos.

Carbonell se muestra crítico hacia la decisión de los legisladores de exponer hasta el más mínimo detalle del mecanismo de selección de los nuevos integrantes del Ifetel en el texto constitucional. “El detalle fino del mecanismo de elección y los requisitos para ocupar los nuevos órganos en materia de Telecom no deberían ir en la Constitución sino en la ley. Estamos ‘engordando’ en exceso el texto constitucional y eso no es correcto”, indica.

En coincidencia con Caballero Ochoa, Carbonell recomienda ordenar en la Carta Magna la mención a los órganos autónomos. “Los hay repartidos por todo el texto constitucional y sería mejor agruparlos todos bajo ciertos parámetros unificadores, para no inventar recetas mágicas cada vez que se quiera crear uno”, sostiene.

Por su parte, el presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), Luis Rubio, advierte que en México los órganos constitucionales autónomos no representan necesariamente una receta de éxito. “Cada uno tiene su diseño institucional, algunos son mejores que otros, pero en general no hemos librado esta noción de que son mejores los ciudadanos que no tienen experiencia de gobierno que quienes tienen un perfil de funcionarios con visión de Estado o los que tienen experiencia en el sector de la actividad, y por eso no necesariamente son una receta de éxito”, indica.

Manifiesta que han tenido desempeños desiguales, que atribuye al diseño institucional y al perfil de sus integrantes. “Depende, primero, del contenido de la legislación que se crea, qué incentivos les crean a los integrantes de los consejos, qué tanta protección tienen y, finalmente, cuál es su perfil”, explica. El doctor en ciencia política sostiene que el desempeño del IFE y de la CNDH, en la última década, deja mucho que desear y contrasta con el de instituciones “más fuertes” como el Banco de México o la Suprema Corte. “La razón es que se trata de personas que son profesionales y que han sido funcionarios de carrera de toda la vida. Tienen las características de un funcionario que no anda buscando la luz pública en todos los momentos”, menciona.

Explica que en el IFE y la CNDH se han privilegiado perfiles de académicos que generalmente piensan más en qué harán después de dejar el cargo que en cumplir con su misión. “El IFE, a pesar de ser autónomo, es muy endeble porque cada vez que han cambiado los políticos han cambiado a los consejeros. Y en la CNDH a pesar de que tiene sentido que su consejo sea autónomo se ha prestado a actitudes de cruzados porque son personas que tienen que ir en contra de los funcionarios y, dada la ‘orfandad’ en que quedarán después de dejar su cargo, ven necesario cuidarse, lo que les lleva a protegerse haciendo alianzas de facto con facciones de los políticos distintos para poder lanzarse contra otros, esto simplemente para poder sobrevivir”, asegura.

Lamenta que IFE y CNDH se caracterizaran por presupuestos altos y una abultada burocracia, estima que ambos vieron su credibilidad despellejarse ante los ciudadanos por excesos en gastos, viajes y asesores, así como por un mal desempeño. “No hay duda de que son entidades costosas. Si cumplen su cometido, son baratas; si no lo cumplen, son costosísimas. Entonces, es un tema relativo. Si realmente se les crea con las características deseadas, pueden ser exitosas y no son muy costosas, pero si vamos a crear más burocracia sin resolver los problemas, pues no funciona”, concluye.

Abundando respecto a los órganos autónomos, podemos encontrar que en la doctrina diversos especialistas han precisado lo siguiente:

A finales del siglo XIX comenzaron a crearse los organismos públicos descentralizados quienes tenían y tienen autonomía de gestión y presupuestaria y que formaban parte de las formas administrativas de organización del modelo burocrático francés. Posteriormente surgen los órganos autónomos, también llamados por la doctrina internacional órganos constitucionales, cuya inclusión en el modelo tripartito de poderes, representan un problema no sólo teórico sino funcional respecto de los alcances y límites que deben tener en la estructura de un Estado.

En cuanto a los organismos descentralizados “su autonomía administrativa significa independencia de acción entre órganos u organismos de la administración pública. Gozan de ella él órgano que no está subordinado a las decisiones de otro por ley.” Estos organismos se caracterizan por poseer personalidad jurídica y patrimonio propios.

Por su parte, los órganos desconcentrados, están jerárquicamente subordinados a la administración pública centralizada, no obstante tienen facultades específicas para resolver en la materia que les sea asignada por ley, por lo que también gozan de cierta autonomía.

Como se puede observar, ambos organismos (descentralizados y desconcentrados) forman parte de la administración pública, a cargo del Ejecutivo; los primeros formando parte de la administración pública paraestatal y los segundos, a la administración pública centralizada.

Ahora bien, los órganos constitucionales autónomos, a diferencia de los anteriores han propiciado el replanteamiento de la teoría clásica de la división de poderes, por no encontrarse adscritos a la órbita de ninguno de ellos.

Se puede definir a los órganos constitucionales autónomos “como aquéllos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado... Son órganos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento, sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional.”

El concepto de órgano constitucional es una construcción debida a las doctrinas alemana e italiana que, a partir de la cimentación de Jellinek y Santi Romano, han pretendido establecer un criterio objetivo para sustraer del basto campo de los órganos administrativos  aquéllos otros que integran la nueva categoría de órganos del Estado.

Santi Romano señaló que la distinción entre órgano constitucional y órgano administrativo está en la posición que el órgano asume frente al Estado, identificando como constitucionales a los órganos estatales no reconocibles a los conceptos de jerarquía, es decir que aquellos insertados en la organización del Estado- persona no están subordinados a ningún otro.

Los órganos autónomos deben estar directamente establecidos y estructurados en la Constitución, es decir, ésta “determina su composición, los órganos y métodos de designación de sus miembros, su status quo institucional y su sistema de competencias o, lo que es lo mismo, reciben ipso iure de la Constitución todos los atributos fundamentales de su condición y posición de órganos.”

Lo anterior, es una consecuencia lógica de la consideración de tales órganos como troncales para la configuración del modelo de Estado establecido por la Constitución, es decir, como órganos constitutivos de la modalidad de ser y existir de un orden constitucional dado, y cuya omisión o desaparición afecta la sustancialidad y, con ello, la globalidad del sistema constitucional, ya que  un sistema está integrado por componentes (que en la Teoría del Estado suelen designarse como órganos) y por un conjunto de relaciones fundamentales entre ellos.

Es importante destacar que, “una característica esencial de los órganos constitucionales es su participación en la dirección política del Estado, en la formación de la voluntad estatal, en la dirección del poder supremo del Estado, en las funciones de dirección y estructuración políticas, en el indirizzo politico generale, etcétera.”

Al respecto, la doctrina sintetiza los siguientes criterios para distinguir a los órganos constitucionales:

a) Inmediatez: se refiere a que deben estar directamente establecidos en la constitución.

b) Esencialidad: que sean necesarios e indispensables dentro de un Estado democrático

c) Dirección política: que participan en la dirección política del Estado.

d) Paridad de rango: reconocer su calidad de supremo en su orden e independiente en sus funciones, pero manteniendo relaciones de coordinación, con los otros órganos de Estado.

e) Autonomía: que poseen autonomía orgánica y funcional y en ocasiones presupuestaria.

Como se observa un órgano no puede ser calificado de constitucional, sólo por estar previsto en la Constitución sino que debe de cumplir con las características enunciadas en el párrafo anterior.

Se puede concluir que “la pluralidad de órganos constitucionales y la equiparación de rango entre ellos constituyen la versión de la división de poderes en el moderno Estado constitucional de Derecho.”

En México, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adoptó la clásica división tripartita del poder, establece que el supremo poder de la Federación es uno sólo y se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, es así que se les da a estos poderes el carácter de órganos originarios o soberanos, ya que desempeñan en forma separada la función soberana del Estado Mexicano.

No obstante, en México las reformas constitucionales, sobre todo en la última década del siglo pasado, han adecuado la Ley Suprema a las necesidades sociales, políticas y económicas del país, han incorporado órganos constitucionales en un régimen de autonomía respecto de los tres clásicos, para cumplir con funciones distintas a la legislativa, ejecutiva o jurisdiccional sin sometimiento o subordinación a los poderes originarios, como sería el caso del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Como se aprecia, la autonomía no es un tema sencillo, pero si resulta claro que no debe verse como un poder absoluto u omnímodo, ya que los órganos constitucionales autónomos deben concebirse como órganos dentro de un Estado, y por tanto sujetos a relaciones de colaboración y coordinación con otros entes.

Tercera.En el siguiente orden de ideas es necesario precisar que por lo que corresponde a la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde la reforma constitucional de telecomunicaciones y de radiodifusión, publicada el 11 de junio de 2013, y posteriormente en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor a partir del 13 de agosto del 2014, se estableció un marco equilibrado y funcional respecto de las diversas autoridades del sector.

La relevancia, trascendencia y complejidad de la actividad reguladora en las materias telecomunicaciones y radiodifusión, fue la justificación esencial para crear un órgano constitucional autónomo, inclusive se trató de una recomendación de la OCDE que los Estados cuenten con organismos reguladores independientes de todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el mercado.

Es de destacarse que se creó un órgano constitucional autónomo, que no sólo acabo con la doble ventanilla con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, sino que además el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahora es autoridad de competencia económica, por lo que puede investigar y sancionar prácticas monopólicas, evitando las posibles dilaciones o contratiempos que había entre las extintas Cofetel y la Comisión Federal de Competencia.

Los cambios en las políticas públicas, y más cuando son disruptivos y dejan atrás inercias, generan de suyo críticas y opiniones en contra, y el nuevo modelo de atribuciones de las diversas autoridades que participan en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión no ha sido la excepción, pero hay que referir que fue un esquema que se decidió por la mayoría de las fuerzas políticas, por lo que debemos superar ya, la etapa de discusión de cómo debe ser el modelo y transitar hacía la ejecución y en su caso verificación de cómo se han ejercido por las autoridades sus facultades, para entonces sí, evaluar los cambios.

Particularmente el nuevo modelo que encabeza un órgano constitucional autónomo como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no debe verse como una posición de jerarquía absoluta sino como un modelo de convivencia y coexistencia entre diversas autoridades, todas ellas con atribuciones esenciales, sería un claro despropósito pretender que el IFT tuviese por ejemplo que elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil, ya que es una función propia de la Secretaría de Educación Pública, o bien establecer las normas en materia de salud sobre alimentos o bebidas que se publiciten en televisión, cuando ello es vocación natural de la Secretaría de Salud.

No hay que confundir la autonomía constitucional, con una potestad absoluta e incuestionable, pensar de esa manera es alinearse a un modelo de autoritarismo lejano al régimen democrático que tanto trabajo nos ha costado adoptar como Estado, por lo que se trata de una autoridad del Estado Mexicano que igualmente está sujeta a relaciones de coordinación y vinculación con otras autoridades y con el sector privado para alcanzar los fines para los cuales fue creado.

La autonomía no significa manejarse libremente sin sujeción a la normatividad y tampoco puede equipararse al concepto de autarquía, en el que se cuenta con facultades de autogobierno.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación claramente en la tesis de jurisprudencia 20/2007, con el rubro Órganos Constitucionales Autónomos. Notas distintivas y características, atajó que dichos órganos ejercen una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado, pero la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes,pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general; en este caso que haya servicios públicos adecuados de telecomunicaciones y de radio y televisión.

Además de la anterior Tesis jurisprudencial sirven para fortalecer nuestros argumentos los siguientes precedentes judiciales:

Época: Novena Época

Registro: 172288

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXV, Mayo de 2007

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 19/2007

Página: 1651

Tribunal electoral del Distrito Federal. Al ser un órgano de gobierno del Distrito Federal tiene legitimación para promover controversia constitucional.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal es la máxima autoridad jurisdiccional para la solución de conflictos en dicha materia con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y cuenta con las siguientes características: 1. Tiene su origen en las disposiciones constitucionales que prevén la existencia de este tipo de autoridades, tanto en los Estados como en el Distrito Federal (artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, incisos b) al i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 2. Mantiene relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, pues ello es necesario para lograr una efectiva configuración y funcionamiento del modelo del Estado de derecho que se pretende. 3. Tiene a su cargo funciones primarias u originarias del Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad, como lo es la función jurisdiccional electoral en el Distrito Federal. 4 . Goza de autonomía funcional, ya que puede emitir sus resoluciones y determinaciones sin sujetarse a indicaciones o directrices de algún órgano o poder, las cuales son definitivas e inatacables; lo anterior, porque al ser la máxima autoridad en materia electoral en el Distrito Federal, realiza una de las funciones primarias u originarias del Estado, consistente en la función jurisdiccional de emitir resoluciones conforme a las cuales resuelva las controversias que se presenten en la materia de su competencia. 5. Cuenta con autonomía presupuestaria, elabora anualmente su proyecto de presupuesto de egresos, el cual remitirá al jefe de gobierno del Distrito Federal para que éste, en los términos en que le fue presentado, lo incorpore dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la entidad; autonomía que también se encuentra en el aspecto relativo a que maneja, administra y ejerce su presupuesto, es decir, se autodetermina en el manejo de sus recursos económicos sujetándose siempre a la normatividad de la materia. En atención a lo antes expuesto, es evidente que el Tribunal Electoral del Distrito Federal, como órgano constitucional autónomo, cuenta con legitimación para promover las controversias constitucionales a que se refiere el inciso k) de la fracción I del artículo 105 constitucional.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 19/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Época: Novena Época

Registro: 166983

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Julio de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 60/2009

Página: 1430

Convenios en materia electoral. El artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del estado de Nuevo León, al subordinar la facultad de la Comisión Estatal Electoral de firmarlos con el Instituto Federal Electoral a la autorización de las dos terceras partes de los integrantes del congreso local, transgrede los principios de autonomía e independencia de que gozan los institutos electorales locales.

El citado precepto, al establecer que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León podrá convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de los procesos electorales de la entidad, previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, transgrede los principios de autonomía e independencia de que gozan los institutos electorales locales contenidos en los artículos 41, base V y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque el artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, al autorizar que el Poder Legislativo de la entidad apruebe o no el convenio para que el Instituto Federal Electoral organice los procesos electorales locales, permite que las funciones del órgano electoral local se sometan a la decisión de uno de los Poderes del Estado, en tanto que con la aprobación del indicado convenio se propicia que prive el interés de la Legislatura, al dejar esa decisión a los diferentes partidos que la integran; además, de los indicados preceptos de la Ley Suprema se advierte que el Constituyente Permanente definió como facultad exclusiva del órgano electoral local la celebración de dicho convenio, sin prever la intervención de algún otro Poder o ente, por lo que su suscripción no puede quedar supeditada a la autorización de alguna autoridad, sin que ello implique que el órgano constitucional autónomo local que organiza las elecciones pueda actuar arbitraria e irracionalmente y sin cumplir con el marco jurídico que rige para tales efectos.

Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 102/2008 y 103/2008. Procurador General de la República y Partido de la Revolución Democrática. 28 de octubre de 2008. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 60/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil nueve.

A continuación, un extracto de los argumentos de la sentencia de donde emanó la tesis jurisprudencial anterior:

Consideraciones Ejecutoria de las Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 102/2008 y 103/2008

Resultandos...

Sexto. Al rendir su informe, el Poder Legislativo de Jalisco aduce, en síntesis, lo siguiente:

...

La autonomía en el funcionamiento y la independencia en las decisiones han sido interpretadas por ese Alto Tribunal, como una garantía constitucional en favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, que se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, sin tener que someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

El precepto que se combate no debe ser interpretado como erróneamente lo hace el promovente, en el sentido de que el hecho de que el Instituto Estatal Electoral deba previamente solicitar la autorización del Congreso del estado para celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, con objeto de que éste asuma la organización de los procesos electorales locales, vulnera la anterior garantía, puesto que, se reitera, la autonomía se refiere a la situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable.

La autonomía no significa manejarse libremente sin sujeción a la normatividad y tampoco puede equipararse al concepto de autarquía, en el que se cuenta con facultades de autogobierno, sino que debe entenderse a partir de los postulados en materia electoral establecidos en la Constitución Federal, cuya regulación específica se ha encargado al legislador local.

Considerando

No es óbice a lo anterior que en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal se establezca que el referido convenio se ajustará a los términos que disponga la legislación aplicable pues, con ello, el precepto no se refiere a que el órgano electoral estatal tenga una acción libérrima, sino que evidentemente quedará sujeto al régimen constitucional y legal del Estado, en donde debe coordinarse con las demás instancias de gobierno obligadas a coadyuvar en la organización de las elecciones.

Además, de las disposiciones constitucionales en estudio, se desprende que el Constituyente definió como facultad exclusiva del órgano electoral local la celebración de dicho convenio, sin prever la intervención de algún otro poder o ente; por tanto, la suscripción del referido convenio no puede quedar supeditada a la autorización de ninguna otra autoridad, lo cual no implica, de ninguna manera, que el órgano constitucional autónomo local que organiza las elecciones, pueda actuar de manera arbitraria, irracional y sin cumplir con el marco jurídico que rige para tales efectos.

En el mismo orden de ideas el dictamen del Senado de la República relativo al proceso de reforma constitucional de fecha 19 de abril de 2013,  al abordar el tema de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones se refiere:

9. Consideraciones en torno a las opiniones por parte de la secretaría del ramo, para el otorgamiento de concesiones.

Cabe señalar, que este mecanismo de colaboración entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Secretaría del ramo, de ningún modo implica merma alguna a la autonomía que se otorgará al primero, pues debe entenderse que la autonomía es una forma de ejercer una competencia, que de ningún modo se contrapone o se ve limitada por la colaboración y coordinación que pueda establecer un órgano dotado con esta característica, con los demás órganos y poderes constituidos del Estado, siempre que se realice en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, no vulnera en modo alguno la autonomía que se otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que en sus determinaciones será plenamente autónomo conforme a las facultades que la propia Constitución le confiere. Por el contrario, la interacción en un plano de coordinación con el Poder Ejecutivo dará mayor sustento a las resoluciones que emita el Instituto, considerando que será éste quien autorizará finalmente las concesiones.

Para estas Comisiones Dictaminadoras no pasa por alto que los órganos constitucionales autónomos son aquellos previstos en la Constitución que no se adscriben a ninguno de los poderes u órganos del Estado, pero no por ello significan un nuevo Poder, sino que se trata de órganos técnicos depositarios de ciertas funciones del poder público que requieren para su adecuado funcionamiento, autonomía del Ejecutivo Federal.

...

Finalmente, estas comisiones dictaminadoras reiteran y enfatizan que no es su deseo convertir al Instituto Federal de Telecomunicaciones en una institución autárquica y soberana, desligada de los problemas del desarrollo nacional, autonomía no significa soberanía. La autonomía constitucional que por virtud del presente Decreto se le otorgará al referido instituto, se circunscribe única y exclusivamente a otorgar concesiones sobre criterios técnicos, imparciales e independientes pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr los objetivos del desarrollo nacional, que siguen siendo una facultad del Ejecutivo Federal mediante la fijación de la política pública, misma que a su vez, obedece Y está alineada a las directrices y objetivos del desarrollo plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Prueba de que el nuevo marco jurídico del sector establece un régimen equilibrado y funcional respecto de las diversas autoridades, es la existencia de resoluciones, reglas y disposiciones que no se pudieron dar durante el pasado, por falta de claridad en la ley sobre quién tenía la atribución o por falta de entendimiento entre las autoridades, por ejemplo destacan la emisión de resoluciones de preponderancia, de naturaleza de competencia económica, que tuvieron como fin modular el poder económico de los regulados facilitando condiciones a sus competidores, o bien la licitación de dos nuevas cadenas de televisión; previo a la reforma constitucional y legal dictar una decisión en materia de competencia económica implicaba un proceso largo de consulta entre autoridades, y en radiodifusión, las facultades de las autoridades eran llevados a sede judicial en la SCJN, lo que implicaba desgaste y postergación en los diversos proyectos que se presentaban.

La enseñanza de un pasado no muy halagüeño, es que la interpretación de las disposiciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no deben ser para confrontar a las autoridades, cuyo único resultado sería la anulación entre las mismas, lo que llevará a nuevas parálisis y falta de certidumbre, sino que se debe buscar un principio de interpretación conforme que armonice y de cabida a la necesaria y justa participación de las diversas instituciones del Estado que pueden llegar a tener atribuciones para asegurar la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión.

Por tales motivos la correcta interpretación constitucional debe fundarse en premisas de colaboración, coordinación y coadyuvancia entre las autoridades.

Cuarta. En esta consideración se abordara, a mayor detalle, la justificación de la exposición de motivos, a fin de dar contestación puntual y cumplir con un principio de exhaustividad en el tratamiento de las motivaciones de la promovente.

En particular a lo referente a: “el autoritarismo con el que pretende seguirse manejando el Ejecutivo federal al vigilar y controlar desde una dependencia dedicada a la política y la seguridad, las ideas y contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación.

En virtud de lo anterior, nosotros como legisladores y representantes de los ciudadanos mexicanos no podemos consentir el poderío de la Segob en materia de contenidos. Y menos aun cuando la Constitución estipula un consejo consultivo para apoyar al IFT en la tarea de lo establecido en los artículos 6 y 7 constitucionales.”

De igual forma, en este dictamen nos adherimos a lo afirmado por el senador Gerardo Flores Ramírez, al examinar en derecho comparado la multicitada autonomía del IFT, expresando lo siguiente:

“Después de la estrepitosa derrota del Partido Demócrata en las elecciones intermedias celebradas apenas la semana pasada en los Estados Unidos, el presidente Obama sorprendió con la difusión de una petición que hizo a la FCC, el órgano regulador de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión en ese país, para que establezca un nuevo conjunto de reglas tales que protejan la neutralidad de la red.

Básicamente, el presidente Obama solicita a la FCC que reclasifique el servicio de acceso a Internet, para que en lugar de ser considerado como un “servicio de información” sea considerado como un “servicio de telecomunicaciones”, de manera tal que utilizando las facultades que sí tiene para regular este último servicio, sin caer en excesos regulatorios, garantice la neutralidad de la red.

Para ello, el presidente Obama solicita a la FCC que adopte un conjunto de principios básicos como son: 1) no bloquear; 2) no estrangular o regular el flujo de datos; 3) mayor transparencia; y 4) que no haya priorización de tráfico pagada.

Cabe decir que estos cuatro principios están incorporados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente en el artículo 145 de la misma. De acuerdo con este artículo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá publicar las políticas que podrán ser autorizadas para el tema de gestión de tráfico. Habrá que estar atentos en su momento a lo que haga el IFT en este tema, que debería ser objeto de consulta pública, sin duda alguna.

Ahora bien, me gustaría hacer énfasis en una cuestión intrínseca en la petición que hace el presidente Obama a la FCC: la autonomía del ente regulador.

En el debate que se suscitó en medios a raíz de que la Casa Blanca difundió la petición del presidente Obama a la FCC, no identifico que se haya asomado en dicho debate -siquiera un ápice- alguna crítica o denuncia sobre la presunta intromisión del presidente Obama en el quehacer de la FCC, el órgano regulador independiente. El presidente Obama no deja de reconocer la independencia de la FCC, pero ello no significa que no puede opinar sobre temas de telecomunicaciones o radiodifusión.

En el Reino Unido, donde también existe uno de los modelos de órgano regulador autónomo más destacados a nivel internacional, como es el caso de Ofcom, no sólo es común ver que el secretario de Estado para la Cultura, Medios y Deportes (DCMS) emite “direcciones” a Ofcom. Se trata de instrumentos plenamente previstos tanto en la Ley de Comunicaciones, del 2003, como en la Ley de Telegrafía Inalámbrica, del 2006, mediante los que el gobierno da indicaciones al órgano regulador para que estudie determinado asunto en materia de redes o espectro, o bien, para que implemente las medidas que sean necesarias para cumplir con determinados objetivos. Sobra decir que el DCMS ya ha emitido diversas direcciones a Ofcom.

Lo anterior lo traigo a colación, porque pareciera que en México hay quienes se aferran en sostener que una vez que se creó el órgano constitucionalmente autónomo para regular a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, tanto el poder Ejecutivo como el poder Legislativo deberían cortarse las manos y taparse los ojos, para ni siquiera insinuar alguna cuestión sobre la actuación del IFT. Se trata sin duda de una concepción equivocada que no tiene referencia en la doctrina internacional.

El tema no es menor, sobre todo a raíz de las recientes actuaciones del IFT en materia de portabilidad. Pareciera que la discusión sobre la autonomía del órgano regulador en México merece una revisión seria.”

Énfasis añadido

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. 9ª edición México: Porrúa y UNAM, 1996, página 275.

2 Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la Democracia: Propuestas para un nuevo orden constitucional.México: UNAM, 1996, página 244.

3 Terol Becerra, Manuel José. El Consejo General del Poder Judicial. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1999, página 141.

4 Santi Romano. cit. pos. TEROL BECERRA, Manuel José. opágina cit. página 143.

5 García Pelayo, Manuel. El Status del Tribunal Constitucional./en/Revista Española de Derecho Constitucional. Volumen 1, número 1, enero- abril 1981, página 11.

6 García Pelayo, Manuel. El Status del Tribunal Constitucional./en/Revista Española de Derecho Constitucional. Volumen 1, número 1, enero- abril 1981, página 14 y 15.

7 Esto es lo que señala García Pelayo, Manuel, con fundamento en la doctrina italiana y germana. García Pelayo, Manuel. El Status del Tribunal Constitucional./en/Revista Española de Derecho Constitucional. Volumen 1, número 1, enero-abril 1981, página 22.

8 Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la Democracia: Propuestas para un nuevo orden constitucional.México: UNAM, 1996, página 246.

9 Por ejemplo, en el caso español el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo son regulados de forma detallada en la Constitución, y no son considerados órganos constitucionales. Terol Becerra, Manuel José. El Consejo General del Poder Judicial. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1999, página 146.

10 Tomás y Valiente, Francisco. Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional.Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, página 38.

11 Época: Novena Época

Registro: 172456

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXV, Mayo de 2007

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 20/2007

Página 1647.

Órganos Constitucionales Autónomos. Notas Distintivas y Características.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Dunia Eliane de la Vega Preciado (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio, Humberto Alonso Morelli, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas, Jesús Antonio Mora González, María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Jaime Bonilla Valdés, Arturo Escobar y Vega.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados:Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica en contra), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica en contra), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), secretarios; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica en contra), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Silvia Márquez Velasco, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica en contra).»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 24 de febrero de 2015, la diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 67 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Establecer que todas las personas en edad fértil tienen derecho al acceso y a la utilización de métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia sin importar su edad cronológica, estado civil, condición social o creencias religiosas, y no será necesaria la autorización de familiares, cónyuge, concubina, padres o tutores para proporcionarlos.

Para quedar como sigue:

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El artículo 3º fracción V, de la Ley General de Salud, establece que serámateria de salubridad general, la planificación familiar;así mismo el artículo 27 fracción V, de la Ley en comento, menciona que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la planificación familiar.

La Ley General de Salud contempla en su Capítulo VI, Referente a Servicios de Planificación Familiar,Articulo 67,que la planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se deberá incluir la. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva,la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.

En este mismo sentido el artículo 68, de la misma Ley establece que los servicios de planificación familiar comprenden:

I.La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo nacional de Población;

II.La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar;

III.La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.

IV.El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;

V.La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar.

VI.La recopilación, sistematización y actualización de la información necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas.

De lo anterior se desprende que actualmente el marco jurídico vigente ya contempla mediante los servicios que se presten en la materia de planificación familiar información y orientación educativa, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

Tercera.En el mismo capítulo sobre Planificación Familiar de la Ley General de Salud artículo 71, la Secretaría de Salud presentará el asesoramiento adecuado a la CONAPO para la emisión de los programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual.

1. Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes.

En donde los objetivos generales son:

• Promover en los adolescentes la adquisición del conocimiento y capacidades necesarias, la información sobre derechos sexuales y reproductivos y los beneficios de su ejercicio en la salud sexual y reproductiva.

• Contribuir a que la población adolescente tenga acceso y reciba servicios en salud sexual y reproductiva de calidad, acordes a sus necesidades en todas las entidades federativas del país.

• Contribuir al desarrollo y bienestar de las y los adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva y disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

Quinta. Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población, en el artículo 16 refiere:

La información y los servicios de salud, educación y demás similares, que estén relacionados con programas de planificación familiar, serán gratuitos cuando sean prestados por dependencias y organismos del sector público...

Sexta.Es importante señalarque elpasado23 de enero 2015, el Ejecutivo Federal Presentó la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes un trabajo interdisciplinario en el que participaron académicos, especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil, y que incorpora experiencias internacionales y las mejores prácticas que se han implementado en nuestro país. Informó que uno de los objetivos de la Estrategia es “reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030”.

Séptima. En el marco de la legislación mexicanatoda persona tiene por el simple hecho de existir tienen capacidad Jurídica o de Goce. Esta capacidad se adquiere al momento del nacimiento y se pierde al morir; sin embargo, el Código Civil Federal establece que desde el momento en que el individuo es concebido se le tiene por nacido y está bajo la protección de las Leyes de dicho código.

Para obtener la capacidad de ejercicio deben cumplirse ciertos requisitos por lo que el Código Civil Federal establece:

Artículo 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.

Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

Artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley.

Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:

I. Los menores de edad;

II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.

III. (Se deroga).

IV. (Se deroga).

De lo anterior se desprende que el ejercicio de la capacidad o la capacidad de ejercicio, es la posibilidad jurídica del sujeto de hacer valer directamente, por sí mismo, sus derechos, celebrar en nombre propio actos jurídicos, contraer y cumplir obligaciones, siendo la minoría de edad una restricción de la personalidad jurídica establecida en el Código Civil Federal, no se puede acceder a la anticoncepción de emergencia sin consentimiento de la madre, padre, tutor o representante legal, por lo que esta Comisión dictaminadora estima que la presente Iniciativa en estudio es improcedente.

Por lo que esta comisión dictaminadora estima pertinente desechar la iniciativa en estudio toda vez que dentro de los Servicios de Planificación Familiar, contemplados en la Ley General de Salud señala las principales bases jurídicas para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, con énfasis en los principales grupos más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, para los efectos del inciso G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta Comisión, someten a consideración de este H. Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fecha 3 de abril de 2014.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 12 de Marzo de 2015, la diputada federal Sonia Rincón Chanona de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir la fiebre de chikungunya dentro de la lista de enfermedades virales transmisibles por artrópodos, objeto de actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control por parte de la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

IV. Consideraciones

Primera.De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

Las complicaciones graves no son frecuentes, a menudo los pacientes solo tienen síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde este es frecuente.

Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos.

Cabe citarse, que el virus se transmite de una persona a otras por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente los mosquitos implicados son Aedes aegyptiy Aedes albopictus dos especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el del dengue. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas especies pican al aire libre, pero Ae. aegypti también puede hacerlo en ambientes interiores.

La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días.

Segunda. La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente indio. En los últimos decenios los vectores de la enfermedad se han propagado a Europa y las Américas. En 2007 se notificó por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el nordeste de Italia.

Pero lamentablemente en nuestro país la amenaza esencialmente ya se encuentra en los estados que integran la región del sur sureste, tal como son Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Guerrero.

Desgraciadamente el virus chikungunya ya está presente en la parte sur de México, el primer caso fue registrado el 25 de junio de este año, aunque existen declaraciones de personas que tuvieron los síntomas antes pero no se han reportado de manera oficial.

En el país, según la Organización Panamericana de la Salud, al 20 de febrero del año en curso se han presentado 241 casos confirmados, de los cuales 20 son importados.

Si bien la cantidad de casos no se compara con los que tiene la Guyana Francesa, que para la misma fecha ha confirmado 6 mil 191 casos, los casos en nuestro país representan un número considerable el cual debe ser atendido con acciones preventivas.

La OMS refiere tres factores por los cuales es tan rápida la transmisión de esta enfermedad: a) se trata de un nuevo virus para las Américas; b) como es un virus nuevo, toda la población es susceptible de adquirir el chikungunya porque no tiene defensas; y c) además, la presencia del mosquito Aedes está ampliamente distribuido en el lugar por las condiciones de clima, temperatura y humedad en los países tropicales.

Desde el 20 de junio 2014, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alertó a las autoridades de Chiapas para intensificar las acciones contra el vector del dengue, dado que se estimaba que el virus chikungunya entrará por el sureste del país, como consecuencia del tránsito migratorio y la movilidad de las personas

Derivado de esta situación esta Comisión dictaminadora considera que las medidas no han sido acertadas, y la nueva estrategia para atacar y evitar una epidemia deben de ser analizadas por parte de la Secretaría de Salud, organismos relacionados y los Estados afectados en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la prevención de los Estados que no han sido afectados aún.

Tercera: Es importante citar que para luchar contra el virus chikungunya, la OMS, formula planes basados en evidencias para gestionar los brotes, proporciona apoyo y orientación técnica a los países para que gestiones eficazmente los casos y los brotes, presta apoyo a los países para que mejoren sus sistemas de notificación, junto con algunos de sus centros colaboradores, proporciona formación a nivel regional sobre el tratamiento, el diagnóstico y el control de los vectores y Publica directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores.

La OMS anima a los países a crear y mantener capacidades que les permitan detectar y confirmar casos, atender a los pacientes y poner en práctica estrategias de comunicación social para reducir la presencia de los mosquitos vectores.

Asimismo, dicha La OMS ha señalado en reiteradas ocasiones que no existe tratamiento contra esta enfermedad, el cual consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. En su sitio web la Organización menciona que “No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya”.

Cuarta: Las y los legisladores de esta Comisión dictaminadora creemos importante que en Méxicoseexhorte a las autoridades de salubridad en los tres niveles de gobierno para implementar las medidas necesarias, así como programas de prevención para erradicar el virus chikungunya, mejor conocido como “virus del dolor”. Ya que el avance del mismo continúa y las medidas tomadas no han sido suficientes.

Asimismo consideramos que no es conveniente agregar la fiebre chikungunya en el artículo 134 de la Ley General de Salud, en donde se enlistan enfermedades susceptibles de la vigilancia epidemiológica, en virtud de que la Ley es general y no puede contener en lo particular todos los supuestos posibles.

Por lo anteriormente expuesto, para los efectos de la fracción G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 21 de marzo de 2015, el diputado José Everardo Nava Gómez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir la atención integral de las mujeres en la salubridad general. Determinar que la Coordinación del Sistema Nacional de Salud a cargo de la Secretaría de Salud, será la encargada de promover e impulsar programas y políticas públicas específicas para garantizar la atención médica integral de las mujeres.

Para quedar como sigue:

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. México tiene una población total conforme la más reciente información publicada por el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 112 millones 336 mil 583 habitantes, de los cuales 57 millones 481 mil 307 habitantes, es decir 51.17 por ciento, son mujeres que presentan una expectativa de vida de 78.1 años; 5 años más en comparación con la expectativa de vida del hombre (73.4 años).

De este total de mujeres en nuestro país, en edad fértil (es decir entre 15 y 49 años de edad) se encuentran 27 por ciento de la población femenina. Y de la población femenina activa en el mercado laboral, un poco más de la mitad tiene derecho a la seguridad social, es decir sólo 55 por ciento. Sin embargo, en algunas entidades federativas con mayores índices de rezago y marginación como Chiapas, Guerrero y Oaxaca esta condición no la tienen ni la tercera parte de las mujeres en edad fértil indefinidamente si están o no laboralmente activas.

Inegi indica que durante 2012, se registraron 602 mil 354 defunciones, de las cuales 338 mil 377 fueron de varones y 263 mil 440 de mujeres, esto significa que del total de las defunciones registradas 56 por ciento corresponden a hombres y 44 por ciento a mujeres.

Actualmente el cáncer de mama y el cérvico-uterino, son predominantes causales de muerte de las féminas mexicanas. Según datos de la Secretaría de Salud, emitidos en el 2008, se presentaron 8 mil 72 casos por cáncer de mama en el país, mientras que 3 mil 911 por cáncer cérvico-uterino.

Tercera. Asimismo, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 del gobierno federal plantea diversas estrategias para fomentar programas para la atención de la mujer, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, Entre los cuales se encuentra el acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres y hombres, garantizar a las mujeres en edad fértil los servicios de prevención y atención en salud sexual y reproductiva

Perspectiva de género, líneas de acción:

• Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o misoginia.

• Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad.

• Garantizar un acceso oportuno y de calidad a la atención geriátrica de mujeres mayores. Garantizar servicios de salud básicos, de prevención y atención a las mujeres reclusas y a sus hijos e hijas.

De esta manera, se garantiza entonces que los servicios básicos de salud, tal y como lo expresa el artículo 27 de la Ley General de Salud, deberán regirse bajo las reglas de equidad e igualdad, garantizando la salud de los grupos que se consideren vulnerables. Por otro lado, si se consideran violentados los derechos de la prestación de los servicios de salud, existen las disposiciones legales para hacer valer los derechos, en este caso de la mujer.

Cuarta. En la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se expresa en su artículo 3o. que son sujeto de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.

Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.

...

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud, y

...

Por otro lado, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica las competencias que residen en la Secretaría de Salud en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres:

“Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud:

X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres;”

Tales consideraciones expresan que la atención en materia de salud para grupos vulnerables estará garantizada en diversas disposiciones legales, con lo cual, se expresa que las modificaciones realizadas por el proponente para garantizar el acceso a la salud de las mujeres ya se encuentra contemplada de manera implícita en los términos que expresa el artículo 3o. y 27 de la Ley General de Salud.

Por tales motivos, los integrantes de la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados consideramos que lo estipulado por el proponente ya se encuentra estipulado en la Ley General de Salud, así como en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de atención en salud, por lo tanto, realizar una especificidad de atención prioritaria en la ley vigente resulta reiterativo.

Por lo anteriormente expuesto, para los efectos de la fracción G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María Merced León Andablo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora.»

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Seguridad Privada

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Esta comisión, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, efectúa el presente dictamen conforme al procedimiento siguiente:

A. En el apartado Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa.

B.En el apartado Contenido de la iniciativa se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen.

C. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 15 de diciembre de 2014 el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, suscrita también por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.

2. Con fecha 19 de enero de 2015, se recibió en esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen, siendo turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la iniciativa

1. El problema planteado por el autor es el que dado que el Estado mexicano, ante la imposibilidad de resolver la totalidad de los problemas de seguridad, se apoya de servicios de seguridad privada; estando muchos de ellos operando en la informalidad, con controles y condiciones de trabajo inferiores a los exigidos a las empresas de seguridad privada registradas de manera nacional.

2. La solución planteada es facultar a la Secretaría de Seguridad Pública para “contar con instituciones de seguridad privadas (sic) confiables, efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente”.

3. El contenido de la iniciativa, en comparación con la legislación actual, es el siguiente:

Ley Federal de Seguridad Privada

Texto Vigente

Artículo 5. La Secretaría a través de la Dirección General, tendrá las siguientes facultades en materia de seguridad privada:

I. Emitir la autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas y, en su caso, revalidar, revocar, modificar o suspender dicha autorización, en los términos previstos en la presente ley y su reglamento.

II. a XII. ...

Texto Propuesto

Artículo 5. La Secretaría a través de la Dirección General, tendrá las siguientes facultades en materia de seguridad privada:

I. Contar con instituciones de seguridad privadas confiables, efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente.

II. Emitir la autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas y, en su caso, revalidar, revocar, modificar o suspender dicha autorización, en los términos previstos en la presente ley y su reglamento.

III. a XIII. ...

IV. Consideraciones

Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos y doctrinales, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

a) En cuanto a los argumentos del autor

Primera. Se coincide con el iniciante respecto a la función de la seguridad privada como un complemento subordinado a la política de Estado de seguridad pública, y sujeta a los criterios establecidos en esta.

Segunda. Como lo afirma el proponente, el antecedente necesario al hablar de la regulación por parte del Estado mexicano de la seguridad privada, parte de la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo el entendimiento de que la seguridad privada está circunscrita a lo dispuesto por las autoridades políticas y administrativas estatales.

Tercera. Se corroboran las fuentes de los hechos afirmados por el autor, en cuanto a las extralimitaciones en el ejercicio de la seguridad privada; así como sobre la proliferación de corporaciones de seguridad privada que operan fuera del marco jurídico establecido para ello.

Cuarto. Dentro de la conclusión previa al fundamento legal y al decreto propuesto, se menciona que el Estado debe estar obligado a “contar” con instituciones de seguridad privada, lo cual se estima contradictorio con la naturaleza de los cuerpos de seguridad privada; previéndose además que el hecho de “contar” con dichas instituciones, permitiría que se verificaran condiciones de confiabilidad, eficacia, estándares de calidad y servicio eficiente, lo cual no es una consecuencia directa aparente.

Además, se advierte una falta de actualización en cuanto a la instancia que se propone que implemente la solución propuesta, ya que la Secretaría de Seguridad Pública cesó de existir al inicio del año 2013, en virtud del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 2 de enero de dicho año.

b) En cuanto al texto propuesto

Quinta. El artículo 5o. de la Ley Federal de Seguridad Privada se refiere a las obligaciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, ejecutadas ahora por la Secretaría de Gobernación; y dada la naturaleza de las funciones de esta última, resultaría impreciso el que “contara” con instituciones de seguridad privada”.

Sexta. En cuanto a los principios de confiabilidad, efectividad, estándares de calidad y servicio eficiente, se considera que son requisitos viables para estas instituciones. Sin embargo, tanto la Ley Federal de Seguridad Privada como la Ley General del Sistema de Seguridad Pública (en el caso de esta última en su artículo 152 relacionado con su artículo 6) comprenden principios de actuación específicos que engloban los propuestos por el autor.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura sometemos a consideración de esta Asamblea la aprobación de los siguientes:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Segundo. Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22  de abril de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; Ana Isabel Allende Cano, Etienne Rivera Antolín (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; Fidel Bazán Tenorio, José Alfredo Botello Bello (rúbrica), María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Elizabeth Flores Vázquez, Francisco González Vargas, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Alejandra Gutu Deskens, Roberto Jiménez del Ángel, Raúl Macías Sandoval, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica).»

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo relativos a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Esta comisión, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por la diputada María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efectúa el presente dictamen conforme al procedimiento siguiente:

A. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la Iniciativa.

B. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen.

C. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 4 de noviembre de 2014 la ciudadana diputada María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

2. Con fecha 5 de noviembre de 2014, se recibió en esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen, turnada por la Mesa Directiva del pleno de la Cámara de Diputados.

3. Con la finalidad del analizar a fondo la propuesta la junta directiva de esta comisión solicitó a la Mesa Directiva prórroga para el análisis, la cual fue otorgada mediante oficio DGPL 62-II-7-1905, suscrito por la Secretaría de la Mesa Directiva.

III. Contenido de la iniciativa

La proponente de dicha iniciativa en su planteamiento del problema señala: que al tener la calidad de “interno (a)” en un establecimiento penitenciario no debiera implica la pérdida de la calidad humana, que la condición de permanecer recluido solo significa limitar el ejercicio de ciertos derechos.

Es innegable que la condición de interno en un centro de reclusión se transforma en un estado de vulnerabilidad, por lo que si bien algunos derechos fundamentales le son suspendidos o restringidos por autoridad judicial, como son: el derecho a la libertad física, libre tránsito, los derechos políticos, entre otros, algunos derechos se conservan intactos tales como los de

• La vida e integridad personal.

• La dignidad y la igualdad.

• La libertad religiosa.

• El reconocimiento de la personalidad jurídica.

• La salud y la atención médica.

• El debido proceso y el de petición, etcétera.

En algunos casos cuando se ha necesitado la intervención de médicos particulares dentro de los Centros de Readaptación, ha sido difícil la contratación y prestación de sus servicios debido a que se encuentran en diferentes estados de la República o alejados del lugar del centro de reclusión; no quieren acudir a los penales de máxima seguridad por la opinión que tienen en cuanto al riesgo que creen implica el tratar clínicamente a un interno de alta peligrosidad tanto para su persona como para sus familiares, o bien; cuando se logra su contratación acuden tardíamente pues requieren dejar su consulta habitual para atender al interno, entre otras circunstancias; lo cual pone de manifiesto que en estos casos se dispone de un espacio de tiempo importante, se corre el riesgo de que la integridad del interno se vea afectada.

El objeto de la iniciativa consiste en reformar los artículo 4 y 10, se adiciona a su vez un artículo 11 Bis de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con la finalidad considerar el perfil clínico-cronológico en la asignación de los internos al trabajo, e incluir los servicios médicos mínimos en los Centros de Readaptación.

Con esto, la diputada iniciante pretende lograr un mejor tratamiento a los presos en los dichos centros.

El contenido de la iniciativa se ilustra a continuación, comparándose con la norma jurídica vigente:

A) Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Texto vigente

Artículo 4o. Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, en la designación del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia de las instituciones de internamiento se considerará la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos.

...

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública.

...

...

Texto propuesto

Artículo 4o. Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, en la designación del personal directivo, administrativo, técnico, médico y de custodia de las instituciones de internamiento se considerará la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos.

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, el perfil clínico criminológico, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública.

...

...

B) Se Adiciona el artículo 11 Bis

Texto que propone adicionar

Artículo 11 Bis. Los servicios de salud que se dispongan en los establecimientos penitenciarios referidos en el artículo 3o. de esta ley, se sujetarán a la normatividad, organización y disposiciones presupuestarias de acuerdo al nivel de seguridad del mismo y contarán con:

I. Personal de salud profesional, técnico y auxiliar de nivel intelectual suficiente, calificado y con vocación de servicio;

II. Servicios básicos de Medicina General y Preventiva, Psicología y/o Psiquiatría, Odontología y Enfermería; y

III. Conforme al Nivel de Atención Médica que corresponda, además contará con:

a. Servicios Técnicos de Radiología y Laboratorio básicos;

b. Al menos los servicios de Especialidad que de manera general requiera la población interna;

c. Insumos y equipamiento médicos suficientes, los cuales se sustentarán en los Cuadros Básicos y Catálogos que elabora, actualiza, publica y difunde el Consejo de Salubridad General; y

d. Áreas de consulta, de curación y enyesado, farmacia, recuperación y en su caso, quirófano y hospitalización.

Por lo que respecta a los establecimientos de máxima seguridad, además de las anteriores disposiciones deberán contar con una infraestructura suficiente que permita brindar servicios médicos de: Cirugía General, Medicina Interna, Anestesiología, Traumatología y Ortopedia, Hematología, Ginecología Básica, Urología, Nefrología, Coloproctología, Oftalmología, Cardiología, Otorrinolaringología, Psiquiatría y Neurología.

Para tales efectos, los servicios médicos de especialidad referidos serán distribuidos entre sus centros de reclusión considerando las características biopsicológicas generales de su población interna y, para su respectivo equipamiento médico-tecnológico las características geofísicas internas y externas de su ubicación, con el objeto de brindar la atención clínica y/u hospitalaria correspondiente de manera interinstitucional o intramuros.

Solo en casos extraordinarios, en que por la gravedad del padecimiento se requiera, se tomarán las medidas de atención y/o prevención necesarias que permitan salvaguardar la integridad física y mental de los internos y/o las internas, así como la seguridad y estabilidad de los establecimientos penitenciarios.

IV. Consideraciones

La Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos y doctrinales, investigación de los funcionamientos de los centros penitenciarios así como sus programas de readaptación y sus resultados, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

a) En cuanto a los argumentos del autor

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 refiere, entre otras, al respeto a los derechos humanos como una de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario; derechos que, de acuerdo con el artículo 1º, también de la Carta Magna, gozarán todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos, y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en 1955, recoge dentro del punto 22, inciso 1, una norma sobre los servicios médico dentro de los establecimientos penitenciarios, “Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos”.

Se coincide en que conforme al cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, a mayo de 2013 señala que en el país existe una población total 244 mil 960 reos, existiendo una sobrepoblación de 48 mil 218 internos, lo cual indica que la infraestructura y los servicios brindado en dichos centros no están planificado para dicha población, y se ven rebasado por el mismo motivo. Se está de acuerdo en cuanto a la importancia del perfil clínico-criminológico para que sea valorado al momento de asignar los trabajos dentro del centro, y así también se considera que los mismos perfiles sean considerados en el tratamiento de los reclusos, para así lograr una verdadera a reincorporación a la sociedad y reducir el número de reincidencia criminal.

Se concuerda que debemos proteger los derechos humanos siendo uno de ellos el de la salud tal y como queda estipulado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se menciona “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”

Se considera que la implantación de esta iniciativa, haría que se requiera el contratar a personal adecuado para el tratamiento médico de los internos, y espacios dignos para atender y salvaguardar la salud de los presos.

Coincidimos en que la iniciativa tiene méritos en su sustancia sin embargo; como es de conocimiento de esta comisión, existe una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue remitida por la Cámara de Diputados, y recibida en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el 19 de abril de 2012, misma que se encuentra en análisis y discusión en las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de la colegisladora, en dicha Minuta aborda ya aspectos que menciona la iniciativa.

Asimismo, es del saber de este órgano colegiado, que en semanas pasadas la Comisión de Justicia del Senado de la Republica, ha sostenido reuniones con diversas autoridades, especialistas, en la materia, en razón del estudio de la misma minuta, logrando así una debida integración de la nueva Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales.

Por su parte en dicha minuta, a la que se hace referencia en párrafos anteriores, prevé la abrogación de dicha Ley, lo que haría ocioso su reforma, a pesar de lo loable del propósito de la misma y de la multitud de internos que se encuentran en situación de vulnerabilidad de su derecho de acceso a la justicia.

Por lo anterior, esta comisión considera que este noble objetivo debe ser tomado en cuenta en los trabajos de análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, instancia que actualmente puede adherir dichos preceptos en la que habrá de ser la legislación en materia penitenciaria, incorporando una perspectiva que expanda la tutela del derecho humano al acceso a la justicia en igualdad de condiciones para los internos con alguna discapacidad o situación especial, la cual mengüe el goce del mismo.

Los integrantes de esta comisión consideramos procedente remitir copia del expediente relativa a la presente iniciativa y de este dictamen a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, a efecto de que dicha instancia analice y discuta la procedencia de incorporar el espíritu de dicha iniciativa que contempla la expansión a la tutela del derecho humano al acceso a la justicia en igualdad de condiciones para los internos con alguna discapacidad o situación especial, la cual mengüe el goce del mismo, en razón de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones que se encuentra en análisis en dicha soberanía.

b) En cuanto a los textos normativos propuestos

Dado que aunque se coincide en los méritos de los argumentos propuestos, el hecho de que existe una legislación que estudia dicho tema derivó que en el análisis de la iniciativa se desestime por razones sustantivas tales dispositivos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura sometemos a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Segundo. Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; Ana Isabel Allende Cano, Sergio Armando Chávez Dávalos, María del Carmen García de la Cadena Romero, José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; Fidel Bazán Tenorio, José Alfredo Botello Bello (rúbrica), María Elena Cano Ayala, Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Elizabeth Flores Vázquez, Francisco González Vargas (rúbrica), Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Alejandra Gutu Deskens, Raúl Macías Sandoval, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut, Sonia Rincón Chanona.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

INICIATIVAS

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En términos del artículo 102 del Reglamento, las iniciativas contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto registradas en el orden del día del 29 de abril de 2015, de conformidad con el artículo 102 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea, los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto, registradas en el orden del día del 29 de abril de 2015 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2015.— Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente.»

Iniciativa con proyecto de decreto

1. Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Reforma Agraria, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

2. Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

3. Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Guillermo Anaya Llamas, Consuelo Argüelles Loya, Ana Isabel Allende Cano, José Alejandro Montano García, María del Carmen García de la Cadena, Etienne Rivera Atolín, José Ángel Ávila Pérez, María Guadalupe Moctezuma Oviedo y Felipe Arturo Camarena García, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Pública.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.»

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS AGRARIOS

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Bueno Torio, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley Federal de Procedimientos Agrarios, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional y la expedición de una nueva ley reglamentaria en materia agraria, modificaron las normas que regulan tanto el sistema de tenencia de la tierra como las disposiciones vinculadas a los procedimientos y a las instituciones del ramo, con lo cual se reforzaron y modernizaron integralmente los mecanismos que garantizan la seguridad jurídica agraria en el campo mexicano.

En 1992 no sólo se modificaron las normas relativas a la propiedad, la familia, las sucesiones y los contratos, sino también, por un lado, se estableció una nueva institucionalidad, al transformar la estructura del sector público agrario mediante la separación de lo jurisdiccional y lo administrativo, y, por el otro, se puso fin a la incertidumbre procesal imperante producto de la pluralidad de procedimientos de corte discrecional que operaban en la materia, para implantar un procedimiento único instrumentado por órganos especializados.

Más allá de lo ocurrido en los ámbitos sustantivo e institucional, de lo cual se han ocupado ya otras iniciativas, en el campo del derecho procesal agrario se registró una verdadera transformación de fondo, a cuya luz se ha reforzado la tranquilidad del sector rural y viabilizado la concreción de actos jurídicos que tienden a ordenar y regularizar la estructura de la tenencia de la tierra y a impulsar el desarrollo del agro nacional, además de fortalecer el imperio de la ley y del derecho y de reforzar la gobernabilidad rural.

En efecto, junto al nuevo modelo de administración e impartición de justicia, las reformas de 1992 intentaron introducir un mecanismo ágil, transparente e imparcial de resolver la problemática agraria y de solucionar los conflictos de intereses mediante la instauración de un solo juicio agrario, con carácter oral y uniinstancial, a fin de adecuarlo a las necesidades específicas de los justiciables.

Sin embargo, el procedimiento establecido en la Ley Agraria quedó regulado en términos tan escuetos y generales que sistemáticamente el juzgador y a las partes tienen que recurrir al apoyo de la legislación supletoria, en este caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles, casi convirtiendo en regla lo que debiese ser excepción, tendiéndose a desvirtuar la naturaleza social del proceso agrario, dada la esencia individualista del procedimiento civil.

Es un hecho innegable que la necesidad de recurrir al auxilio de la legislación supletoria asalta a cada paso del proceso, desde la demanda, el emplazamiento, las notificaciones, la contestación, la caducidad de la instancia, la celebración de la audiencia, las pruebas, los alegatos y la ejecución de la sentencia. Lo que ha propiciado una práctica casi abusiva de la supletoriedad.

Sin embargo, el procedimiento civil se instrumenta bajo formalidades y principios de estricto derecho, normalmente consustanciales a los juicios escritos, que corresponden a conflictos y sujetos jurídicos con características diferentes a las de orden agrario y que, además, no se adaptan a las necesidades de los campesinos mexicanos, pues sus rigorismos se apartan de la naturaleza social del procedimiento agrario.

La rigidez de los juicios civiles obliga a que cada una de las etapas procesales se lleven a cabo en los plazos y términos establecidos en la ley, sin oportunidad alguna de comprimir sus fases ni acelerar las actuaciones para resolver los conflictos por la vía más pronta y expedita, lo cual conmina al órgano jurisdiccional al desempeño de un papel pasivo y obra en detrimento de la economía de las partes.

Igualmente, en el procedimiento civil el juzgador carece de facultades para buscar de oficio la verdad de los hechos controvertidos según lo estime conveniente, situación que es incongruente con la realidad que se pretende regular mediante la supletoriedad, dadas las características legales revestidas por la problemática agraria mexicana, que se distingue básicamente por la existencia de un sistema de propiedad social con actores e instituciones jurídicas sui géneris.

Asimismo, en el procedimiento civil el órgano jurisdiccional está impedido para auxiliar a las partes para suplir la deficiencia en sus planteamientos de derecho y debe valorar las pruebas de acuerdo con una tabla o parámetro preestablecido, ciñendo su deliberación a lo que las partes y los documentos contenidos en el expediente respectivo que textualmente le expresen, aun cuando por los hechos, la equidad y la justicia le sugieran otra cosa.

Por ello, es inexplicable desde el punto de vista jurídico, social y doctrinal que la problemática jurídica de una materia de tanto peso en la vida nacional sea resuelta con principios, fórmulas y reglas que le son ajenas. La conflictiva agraria de nuestro país requiere respuestas adecuadas a las necesidades concretas de los hombres y mujeres del campo.

Esto ha sido percibido cabalmente tanto por las autoridades como por los sujetos agrarios, tan es así que la expedición de un código de procedimientos en la materia constituyó una de las principales demandas enarboladas por las organizaciones campesinas durante la movilización que culminó con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, el 28 de abril de 2003, habiendo quedado establecida en los numerales 238 y 239 como un compromiso político del Estado mexicano.

El procedimiento contenido en la presente Iniciativa parte de las bases establecidas en la Ley Agraria, los principios procesales que le inspiran y los aspectos supletorios del Código Federal de Procedimientos Civiles más invocados, así como los criterios de interpretación emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Tribunales Colegiados de Circuito y del Tribunal Superior Agrario y que han sido plasmados en tesis y jurisprudencia, para delinear un proceso apegado a las necesidades concretas de sus principales actores: los campesinos.

El decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó el 18 de junio de 2008, el cual modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, establece las bases de un nuevo sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, dejando atrás el tradicional sistema inquisitorio mixto. Esta reforma constituye un cambio histórico en nuestro sistema de justicia penal.

El pasado 27 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que entre otras disposiciones adiciona al Código de Comercio, un título especial en el que se establece el “juicio oral mercantil”, mismo que entro en vigor a partir del 27 de enero del 2012, procedimiento novedoso en materia mercantil.

La tendencia hacia “la oralidad” en la impartición de justicia, es una nueva realidad en el país donde la búsqueda de una justicia pronta y expedita tal como lo establece la Carta Magna, se integra al lograr con la implementación de nuevos sistemas orales que briden economía procesal y liberen a la justicia de aquellos obstáculos procedimentales que actualmente retrasan la garantía de justicia para desahogar un verdadero estado de derecho, por tal motivo se ha venido transformando el sistema jurídico del estado Mexicano.

Estos sistemas están basados en los principios de oralidad, igualdad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración, continuidad, principios que son base de igual forma para el procedimiento agrario tal como queda establecido en el capítulo II artículo 4 de esta ley.

Si bien es cierto en el derecho agrario como en el laboral ya se desarrollan predominando la oralidad, como dicho método, la falta de lineamentos procesales demoran igualmente el desahogo de los juicios actualmente existentes.

Por lo que el juicio agrario se trata de un procedimiento básicamente oral que rompe con las formalidades del estricto derecho y la lentitud y parsimonia del proceso escrito, permitiendo al juzgador la posibilidad de acelerar trámites y comprimir fases, así como el dictar sus resoluciones a partir de la valoración objetiva de los hechos históricos y la búsqueda de la verdad material, sin tener que sujetarse a reglas preestablecidas ni a la sola apariencia de la verdad legal.

Los sistemas de notificaciones, emplazamientos, valoración de pruebas,  emisión de acuerdos y sentencias que dicho proceso adopta son de corte puramente social, lo que significa que responde a criterios que toman en cuenta las necesidades y condiciones de vida de los justiciables y las características de su entorno para solventar un proceso de impartición y administración de justicia agraria eficaz, eficiente y expedito.

Las reformas que se proponen no se limitan a introducir elementos de corte social, sino que abordan el proceso agrario desde una perspectiva integral y bajo un enfoque sistémico, de suerte que regula exhaustivamente desde los principios, las reglas y los criterios que regirán su aplicación, hasta la mecánica del procedimiento, definiendo sus principales conceptos y su jurisdicción.

Se trata de una propuesta breve a partir de la creación de una nueva ley, esta se compone de un total de 168 artículos, distribuidos en 5 títulos que, a su vez, se subdividen en 17 capítulos, redactados y estructurados de manera sencilla para la fácil comprensión por sus destinatarios.

El Título Primero “De la Justicia Agraria”, establece los principios y normas de interpretación que deberán guiar el proceso, entre los que sobresalen la oralidad, inmediación, concentración, celeridad y objetividad como elementos que subrayan la naturaleza social del juicio agrario.

Ahí mismo se contemplan las facultades, obligaciones, jurisdicción y competencia de los tribunales agrarios, destacando el derecho que se reconoce a los pequeños propietarios y a las sociedades y asociaciones integradas por éstos, de elegir entre un tribunal agrario o uno del fuero local para que conozcan de las controversias relativas a la tenencia de sus tierras (jurisdicción concurrente).

En ese rubro resalta, también, la competencia que se reconoce a los tribunales agrarios para conocer de las controversias que se susciten por actos o actividades que deterioren las tierras, bosques y aguas u otros recursos naturales propiedad de los núcleos agrarios, o que puedan generar un daño patrimonial y un perjuicio a las características del ecosistema y equilibrio ecológico, así como aquellos que obstaculicen el oportuno aprovechamiento o explotación y realización de las actividades productivas de los núcleos agrarios.

Dentro del mismo título se regulan el tiempo, el lugar y las formalidades que deben llenar los actos procesales, señalándose con toda claridad cuándo empiezan a correr los términos judiciales y cuándo procede decretar la suspensión o interrupción del proceso, para seguidamente abordar la capacidad, representación y personalidad de los entes agrarios, estableciendo reglas especiales que tienden a simplificar la forma de acreditación de la personalidad y la designación de representantes legales.

Se incluyen también reglas relativas a las diligencias precautorias toda vez que en la actualidad en la ley agraria no existen, en la civil a veces es tomada en cuenta y a veces no, teniendo así la certeza que así será parte del procedimiento agrario, otorgando seguridad jurídica, de igual forma se establece la suspensión de actos de autoridad, a fin de evitar que se cometan daños irreparables, o que se sigan causando menoscabo de los intereses de las partes.

En el capítulo VII de este título se establecen los incidentes que se podrán interponer esto con la finalidad de obtener economía procesal logrando una resolución inmediata ante aquellas violaciones procesales que se puedan presentar, evitando así el tener que esperar a la interposición del amparo directo eliminando una opción más para la dilación de la justicia.

Relacionándose de manera clara los incidentes existentes caso contrario a la actual Ley Agraria, esta propuesta siguiere diferenciar el código de procedimientos civiles por una nueva ley de procedimientos agrarios, introduciendo un capítulo relativo a dichos procedimientos.

Dado que actualmente la Ley Agraria no prevé los incidentes de manera específica, razón por la cual no es posible interponer dichos recursos, el actual código de procedimientos de civiles y su implementación en los juicios agrarios no conlleva el espíritu del derechos social, a diferencia del derecho Laboral del cual se obtuvo soporte para la adecuación de estos recursos a esta nueva ley.

En el título II se abordan los requisitos que debe contener la demanda y el tiempo y forma de su presentación, las reglas del emplazamiento y las notificaciones, así como los términos de la contestación, detallando la forma y condiciones en que debe celebrarse la audiencia. Particular tratamiento se dio a los derechos y obligaciones que tienen las partes, los terceros que intervengan y los magistrados agrarios en el desenvolvimiento del juicio, lo mismo que la clase de pruebas que pueden ofrecerse y la forma en que deban desahogarse.

Para cerrar el título segundo se aborda lo relativo al plazo en que deben dictarse las resoluciones y el sistema de valoración de pruebas, en donde de nueva cuenta resaltan los elementos de orden social al brindar al juzgador amplia libertad para valorar los hechos y se introduce el derecho de las partes a solicitar aclaración de la sentencia, así como diversos aspectos concernientes a su ejecución, conservando las disposiciones que contiene la ley vigente.

En este apartado del procedimiento que se propone registra un nuevo acercamiento al terreno social al contemplar que la regulación y solución de conflictos individuales internos de los pueblos y comunidades agrarias e indígenas, obtenidas en aplicación de sus propios sistemas normativos, puedan ser elevadas por el tribunal, previa calificación, a la categoría de cosa juzgada, esto de acuerdo a los convenios y tratados internacionales referente a las minorías y pueblos indígenas.

El título tercero se refiere a los medios de impugnación de las sentencia en el cual se establecen las características que en la actual Ley de Amparo se establecen para el derecho agrario inherentes al derecho social tal como lo es la suplencia de la queja desde la demanda hasta los mismo agravios, así como las excepciones que dicha ley maneja para los plazos cuando se trata de derechos agrarios, así como el recurso de revisión, al que se le incorporan algunas acciones agrarias que pueden ser sujetas de impugnación mediante dicho recurso.

En el título cuarto se establecen los procedimientos que pueden instaurarse mediante la jurisdicción voluntaria.

En el título quinto, que aborda los medios alternativos de solución, a la conciliación agraria se agrega el de la mediación y el arbitraje, con el propósito de aumentar el número de asuntos en que puedan evitarse los juicios agrarios.

Por lo antes expuesto, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa

Título PrimeroDefiniciones, Principios y Reglas Generales del Juicio Agrario

Capítulo 1Definiciones

Artículo 1.La jurisdicción agraria es la potestad que la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los tribunales agrarios, para que con plena autonomía, impartan y administren justicia, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

Artículo 2.Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta u otras leyes, cuando los actos que se realicen sean de naturaleza agraria y los actos de su procedimiento son establecidos en la presente Ley, sólo en lo no previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.

Artículo 3.Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Actos de naturaleza agraria. Aquellos que constituyan, alteren, modifiquen, transmitan o extingan un derecho o una obligación en favor o en contra de los sujetos agrarios, en términos de lo dispuesto por esta Ley o sus reglamentos;

II. Autoridades agrarias. Aquellas que realicen actos que constituyan, alteren, modifiquen o extingan derechos o determinen la existencia de obligaciones, respecto de los sujetos agrarios y sus bienes, protegidos por el régimen jurídico agrario.

III. Bienes agrarios. Las tierras, bosques y aguas que han sido dotados a los núcleos ejidales o comunales o que hubieren adquirido por cualquier otro título y hayan sido incorporadas al régimen jurídico ejidal o comunal.

IV. Régimen jurídico agrario. El conjunto de leyes, reglamentos y demás ordenamientos que regulan los bienes, derechos y obligaciones de los sujetos señalados en la fracción V, así como las que regulan la impartición de la justicia agraria.

V. Sujetos agrarios:

a. Los ejidatarios y sus sucesores, así como los aspirantes a serlo;

b. Los comuneros y sus sucesores, así como los aspirantes a serlo;

c. Los avecindados en la zona urbana del poblado;

d. Los poseedores de parcelas ejidales o comunales;

e. Los posesionarios de tierras del núcleo agrario;

f. Los colonos agrícolas, ganaderos o agropecuarios;

g. Los poseedores de terrenos nacionales;

h. Los pequeños propietarios y los poseedores de terrenos de propiedad privada;

i. Los jornaleros agrícolas, los terceristas y los aparceros y, en general, todos los que se encuentren vinculados por un contrato de aprovechamiento de tierras ejidales o comunales;

j. Los núcleos de población ejidal;

k. Los núcleos de población comunal;

l. Las colonias agrícolas, ganaderas y agropecuarias;

m. Las sociedades agrarias y las propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, a las que se refiere la Ley Agraria, y

n. Las entidades o individuos que pertenecen al régimen jurídico agrario, conforme a la ley de la materia y los reglamentos que deriven de ésta.

Capítulo IIPrincipios del Juicio Agrario

Artículo 4.En el juicio agrario se observarán los siguientes principios generales:

Iniciativa de parte.La iniciación del proceso corresponde exclusivamente a quien tenga interés en que el tribunal agrario declare o constituya un derecho o imponga una condena. Los tribunales agrarios no podrán iniciar de oficio ningún procedimiento.

Legalidad.Los tribunales se ajustarán a los preceptos enmarcados en la Constitución, en esta ley y en las demás leyes aplicables, para la correcta prosecución del juicio y la decisión judicial apegada a derecho.

Igualdad.Se deberá observar un tratamiento igualitario en el ejercicio de los derechos procesales de las partes, para que éstas actúen de la manera que estimen pertinente a sus intereses y cumplan las obligaciones legales que les correspondan en igualdad de condiciones, conforme a las disposiciones de esta ley.

Publicidad.Las actuaciones y diligencias del proceso agrario serán públicas, salvo que la ley disponga lo contrario o así lo considere el tribunal con la finalidad de guardar el orden de las diligencias.

Inmediación.Todas las audiencias deberán ser presididas por el magistrado agrario o por el secretario autorizado por el Tribunal Superior Agrario en los casos de habilitación, conforme lo establece la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Las actuaciones realizadas en contravención a esta disposición serán nulas.

Concentración.Es responsabilidad del tribunal agrario lograr que la justicia sea pronta y expedita, para lo cual, con el consentimiento de las partes, proveerá lo necesario a fin de desahogar el mayor número de actuaciones procesales en una sola audiencia, cuando así lo permita la ley y sin perjuicio de los derechos de las partes.

Gratuidad.Los servicios que proporcionen los tribunales agrarios serán gratuitos, con excepción del pago de derechos por la expedición de copias certificadas que se ajustarán a las disposiciones fiscales respectivas.

Oralidad.Las actuaciones en el juicio agrario se realizarán en forma oral, con excepción de aquellas que requieren constancia escrita o que exijan determinadas formalidades, privilegiando la relación cara a cara entre el juzgador y las partes.

Objetividad.Los tribunales buscarán la verdad material o histórica en los hechos y puntos controvertidos, proveyendo lo que fuere necesario sin lesionar el derecho de las partes, conforme al principio de igualdad procesal.

Imparcialidad. El tribunal agrario deberá mantener siempre una posición equilibrada y ecuánime al justipreciar los hechos controvertidos que son puestos a su consideración, sin preferencias ni privilegios hacia ninguna de las partes.

Sustentabilidad.El tribunal deberá vigilar que en sus resoluciones privilegien a conservar y preservar las tierras, bosques, aguas, paisaje y otros recursos naturales, cualquiera que sea el régimen de propiedad al que pertenezcan, tratando de evitar perjuicios al medio ambiente o al equilibrio ecológico y restaurar el entorno.

Celeridad.El tribunal agrario está obligado a proveer las medidas que sean pertinentes para evitar retrasos innecesarios o acciones que operen contra la economía procesal, a fin de que la impartición de justicia agraria sea eficaz, eficiente y expedita.

Dirección.Corresponderá al magistrado la conducción del proceso, quien deberá poner especial cuidado y empeño para alcanzar los principios enunciados, corregir desviaciones y obtener la verdad material o histórica de los hechos controvertidos.

Itinerancia.Los tribunales unitarios podrán realizar sus funciones fuera de su sede, en las regiones o municipios ubicados dentro de su jurisdicción territorial, a fin de acercar la impartición de justicia agraria a los gobernados, conforme lo dispone la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Capítulo IIIDe las Reglas Generales

Sección PrimeraFacultades y Obligaciones de los Tribunales Agrarios

Artículo 5.Los tribunales agrarios tienen las siguientes facultades y obligaciones:

I. Conocer de los asuntos que se sometan a su jurisdicción salvo el caso de la incompetencia;

II. Procurar que las partes en litigio se encuentren debidamente asesoradas por un experto en derecho;

III. Examinar la demanda y su contestación y prevenir a las partes, en su caso, para subsanar las irregularidades que impidan la prosecución del juicio;

IV. Observar los sistemas normativos de cada pueblo indígena mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución o por esta ley, ni se afecten derechos de terceros. El tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con traductores en caso que así se requiera;

V. Decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas precautorias tendientes a proteger los bienes y derechos en litigio, manteniendo las cosas en el estado en que se encuentren al momento de su conocimiento y salvaguardando los intereses colectivos e individuales de los núcleos agrarios o de sus integrantes;

VI. Llamar de oficio a cualquier persona que pueda resentir perjuicio con la solución del juicio;

VII. Girar oficios a las autoridades para que expidan documentos o apremiar a las partes o a terceros para que exhiban los que tienen en su poder y hacer comparecer a testigos, si el que la ofrece, bajo protesta de decir verdad, manifiesta no poder presentarlos;

VIII. Suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como de ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados y aspirantes a ellos;

IX. Proveer la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad.

Artículo 6.Los magistrados agrarios tienen el deber de mantener el buen orden, y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos tanto a ellos como a los demás miembros del tribunal, por parte de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales y sancionarán inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada y se consignará a la persona ante al ministerio público.

La imposición de la corrección disciplinaria se decretará en cuaderno por separado.

Artículo 7.Son correcciones disciplinarias:

I. Apercibimiento;

II. Multa que no exceda de diez salarios mínimos generales vigentes en la zona económica que corresponda;

Artículo 8.Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta de veinte salarios mínimos generales vigentes en la zona económica que corresponda;

II. El auxilio de la fuerza pública; y

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Si fuere insuficiente el apremio, se levantará acta circunstanciada para consignar a la persona ante el ministerio público por el delito de desobediencia.

Sección Segunda De las Formalidades, Actuaciones y Términos Judiciales

Artículo 9.El despacho de los tribunales agrarios comenzará diariamente a las nueve de la mañana y continuará hasta la hora necesaria para concluir todos los negocios citados y que se hayan presentado durante el curso del día, pudiendo retirarse el personal, cuando fueren por lo menos las diecisiete horas.

Las actuaciones ante los tribunales agrarios se efectuarán en días y horas hábiles, y en las actuaciones de los funcionarios agrarios no habrá días ni horas inhábiles.

Los términos fijados por la presente ley, comenzarán a correr al día siguiente al en que surta efectos el emplazamiento o notificación, y se contará en ellos, el día del vencimiento. En ningún término se contarán los días en que no pueda tener lugar las actuaciones judiciales.

Artículo 10.Los Tribunales Agrarios dejarán constancia en autos de todas sus actuaciones, interviniendo el Magistrado y el Secretario de Acuerdos, autorizando este último con su firma las actuaciones.

Artículo 11.Las promociones de las partes y terceros, así como los informes y comunicaciones de las autoridades deberán presentarse por escrito en lengua española y deberá contener la firma autógrafa del promovente.

En el caso de las promociones que presenten los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de su traducción al español. El Tribunal Agrario lo hará de oficio, con cargo a su presupuesto.

Artículo 12.Para cada asunto se formará un expediente con los documentos relativos al mismo, que podrá ser consultado por cualquier persona que esté acreditada legalmente para ello; todas las actuaciones serán autorizadas por el magistrado del tribunal y el secretario de acuerdos, teniendo derecho los interesados de firmar o estampar su huella digital, si así lo desean en las actas de audiencia correspondientes.

El tribunal en su primer auto solicitará a las partes autorización para hacer públicos sus nombres en caso de consultas previstas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las partes pueden pedir en todo tiempo, a su costa, copias certificadas de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las partes, siendo autorizada por el secretario de acuerdos.

Artículo 13.Los documentos y objetos presentados por las partes les serán devueltos al terminar la audiencia sólo si así lo solicitan, tomándose razón de ello en el expediente, previa copia certificada que de los mismos se agreguen a los autos. Si la parte condenada manifestara su oposición a la devolución de las constancias, porque pretendiera impugnar la resolución por cualquier vía, el tribunal resolverá de plano y, en su caso, negará la devolución hasta la solución definitiva del asunto.

Artículo 14.Para la facilidad y rapidez en el despacho, los emplazamientos, citatorios, órdenes, actas y demás documentos necesarios, se extenderán de preferencia en formatos impresos que tendrán los espacios que su objeto requiera y los cuales se llenarán haciendo constar en breve extracto claro y legible, lo indispensable para la exactitud y precisión del documento.

Artículo 15.Los términos se contarán a partir del día siguiente de aquél en el que surta efectos la notificación correspondiente y se contarán en ellos completo el día de su vencimiento.

En los términos no se computarán los días en que no labore el tribunal.

Artículo 16.El juicio agrario caduca por la inactividad procesal o falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses. No procederá la caducidad en caso de que la inactividad procesal se derive del silencio o falta de actuación del tribunal.

Artículo 17.A falta de disposición expresa, será de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles en todo lo que no se oponga directa o indirectamente a lo dispuesto por este ordenamiento y a la naturaleza y principios generales del juicio agrario; asimismo, se tomarán en consideración los principios generales de derecho y los de otros ordenamientos que regulen situaciones análogas, los de justicia social que deriven del artículo 27 de la Constitución, la jurisprudencia, tratados internacionales la costumbre y la equidad.

Los usos, costumbres y especificidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas serán aplicables en los términos del artículo 2º constitucional.

Artículo 18.El tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte y hasta antes de dictar sentencia, que se subsane toda omisión o irregularidad que se hubiere cometido en la substanciación del juicio con el único fin de regularizar el procedimiento.

Artículo 19.Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberán encomendarse al tribunal agrario correspondiente.

Los exhortos y despachos se expedirán al día siguiente al en que cause estado el acuerdo que los prevenga.

Los exhortos y despachos que se reciban, se acordarán dentro de los tres días siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 20.Para el exacto desahogo de sus despachos, el Tribunal Superior Agrario puede encomendar la práctica de toda clase de diligencias a cualquier Tribunal Unitario Agrario, autorizándolo para dictar las resoluciones que sean necesarias para su cumplimiento.

Artículo 21.Las autoridades administrativas de orden federal auxiliarán sin excusa alguna a los Tribunales Agrarios en la conciliación, ejecución de las sentencias que dicten y, en general, en la realización de las diligencias y actuaciones en que se requiera su participación.

Artículo 22.Las cartas rogatorias se transmitirán por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requerido según sea el caso.

Las cartas rogatorias contendrán la petición a la autoridad competente para la realización de las actuaciones que el Tribunal estime necesarias dentro del juicio y los datos informativos relativos.

El Tribunal que las expida acompañará las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes.

Capítulo IVDe la Jurisdicción y Competencia

Artículo 23.Son de jurisdicción federal agraria, todas las cuestiones que tiendan a garantizar la seguridad jurídica en la propiedad, posesión o disfrute de bienes y derechos agrarios, ya sean de carácter ejidal, comunal y de la pequeña propiedad; y en general, todas las cuestiones que tiendan a la administración de justicia agraria, tutelados por ésta y otras leyes relacionadas directamente con el régimen jurídico agrario.

En los términos de los artículos 124 y 104, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los pequeños propietarios y las sociedades y asociaciones integradas por éstos, podrán escoger a un tribunal agrario o a uno local, para que conozcan de las controversias que afecten la seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras.

Artículo 24.Los tribunales unitarios conocerán, por razón de territorio, de las acciones que se les presenten con relación a controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley y de aquellas cuya aplicación afecte a los bienes, derechos y tierras de los sujetos agrarios, conforme a la competencia que les confiere este artículo.

Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:

I. De las controversias por límites de terrenos entre núcleos de población ejidal o comunal, así como entre estos y pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

II. De la restitución de tierras, bosques y aguas, a los núcleos de población ejidal o comunal, a pequeños propietarios, sociedades o asociaciones que hayan sido privados ilegalmente de sus propiedades o posesiones por actos de autoridades administrativas federales o locales, resoluciones de jurisdicción voluntaria, o por actos de particulares, en los términos del artículo 49 de esta ley;

III. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los actos, acuerdos, decretos o resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que constituyan, alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación de los sujetos sometidos al régimen jurídico agrario;

IV. De las omisiones en que incurran las autoridades agrarias y que deparen perjuicio a los sujetos que contempla esta Ley;

V. De las controversias que se deriven con motivo de la expropiación de los bienes ejidales o comunales; así como de la reversión prevista en el artículo 97 de la Ley Agraria;

VI. Del reconocimiento del régimen comunal y de la exclusión de pequeñas propiedades enclavadas en dichas tierras;

VII. De las controversias derivadas de la constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades a las que se refiere esta ley;

VIII. De las controversias relativas a terrenos baldíos y nacionales;

IX. De las controversias que se susciten por actos o actividades que deterioren las tierras, bosques y aguas u otros recursos naturales propiedad de los núcleos agrarios, generando un daño patrimonial y un perjuicio a las características del ecosistema y equilibrio ecológico, así como aquellos que obstaculicen el oportuno aprovechamiento o explotación y realización de las actividades productivas de los núcleos agrarios;

X. De las controversias que se susciten con motivo de los asentamientos humanos irregulares en tierras ejidales o comunales que no hayan salido del régimen agrario;

XI. De las controversias que afecten los intereses colectivos de los núcleos agrarios;

XII. De la nulidad de elección o remoción del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia;

XIII. De la nulidad del acuerdo de asamblea de admisión o separación de ejidatarios, posesionarios o avecindados;

XIV. De controversias por derechos o posesiones entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos de representación del núcleo de población ejidal o comunal;

XV. De la sucesión de derechos ejidales y comunales;

XVI. De las controversias relativas a los contratos a que se refiere esta ley, celebrados individualmente por los integrantes de los núcleos agrarios;

XVII. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria;

XVIII. De la prescripción y restitución de parcelas y de los solares urbanos que no hayan salido del régimen ejidal, en los términos que prevé esta ley;

XIX. De los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra en las colonias agrícolas o ganaderas que no hayan salido del régimen agrario;

XX: De la homologación y ejecución de los laudos arbitrales y acuerdos de mediación a que se refiere esta ley, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y de la ratificación de los convenios de conciliación que se lleven a cabo fuera de juicio; y

De los demás asuntos que determinen el régimen jurídico agrario.

XXI. De toda controversia que se presente en la actuación de las figuras asociativas agrarias existentes

XXII. De los conflictos relacionados con el uso y disposición de las aguas nacionales

Artículo 25.El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer:

I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios en juicios que se refieran a controversias contenidas de la fracción I a la XI del artículo anterior;

II. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios en juicios que afectan el interés colectivo de los núcleos agrarios.

Artículo 26.La competencia de los tribunales agrarios se determinará por la materia del asunto, el grado de la instancia y el territorio dentro del cual se ubiquen los bienes agrarios relativos.

Artículo 27.Cuando el tribunal, al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario, se percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, en razón de corresponder a tribunal de diversa jurisdicción o competencia por razón de la materia, grado o territorio, suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal que considere competente.

Lo actuado ante el tribunal incompetente será nulo de pleno derecho, salvo cuando se trate de incompetencia por razón de territorio.

Las cuestiones de competencia podrán promoverse por declinatoria o por inhibitoria.

Los conflictos de competencia territorial entre tribunales unitarios los resolverá el Tribunal Superior Agrario declarando competente al tribunal dentro de cuya jurisdicción se encuentra la zona urbana o el asentamiento principal del actor.

Capítulo VImpedimentos y Excusas

Artículo 28.Asignada la competencia de un juez, magistrado o ministro, conocerá del caso, si no se encuentra comprendido en los siguientes casos de impedimento:

I. Tener interés directo o indirecto en el negocio;

II. Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo;

III. Tener, el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, relación de intimidad con alguno de los interesados, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre;

IV. Ser pariente, por consanguinidad o afinidad, del abogado o procurador de alguna de las partes en los mismos grados a que se refiere la fracción II;

V. Ser, él, su cónyuge o alguno de sus hijos heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiado, fiador, arrendatario, arrendador, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes, o administrador actual de sus bienes;

VI. Haber hecho promesas o amenazas, o manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes;

VII. Haber asistido a convites que diere o costeare especialmente para él alguno de los litigantes, después de comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con él, en su compañía, en una misma casa;

VIII. Admitir, él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes, después de empezado el negocio;

IX. Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio de que se trate;

X. Haber, por cualquier motivo externado, siendo funcionario judicial, su opinión, antes del fallo;

XI. Haber conocido como juez, magistrado o ministro, árbitro o asesor; resolviendo algún punto que afecte el fondo de la cuestión, en la misma instancia o en alguna otra;

XII. Seguir, él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contra alguna de las partes, un proceso civil, como actor o demandado, o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante;

XIII. Haber sido, alguna de las partes o sus abogados o patronos, denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate o de alguna de las personas mencionadas en la fracción II;

XIV. Ser, él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contrario de cualquiera de las partes, en negocio administrativo que afecte sus derechos;

XV. Seguir, él o alguna de las personas de que trata la fracción II, algún proceso civil o criminal en que sea juez, agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;

XVI. Ser tutor o curador de alguno de los interesados, y

XVII. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas.

Artículo 29.Lo dispuesto en el artículo 28 es aplicable a los secretarios y ministros ejecutores.

Artículo 30.No es aplicable a los jueces, magistrados o ministros, lo dispuesto en el artículo 28, en los siguientes casos:

I. En las diligencias preparatorias del juicio o de la ejecución;

II. En la cumplimentación de exhortos o despachos;

III. En las diligencias de mera ejecución, entendiéndose por tales aquellas en las que el tribunal no tenga que resolver cuestión alguna de fondo;

IV. En las diligencias precautorias, y

V. En los demás casos que no radiquen jurisdicción ni entrañen conocimiento de causa.

Artículo 31.Los ministros, magistrados, jueces, secretarios y ministros ejecutores tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo 28, expresando concretamente en qué consiste el impedimento.

Artículo 32.Si el impedimento está comprendido en cualquiera de las dieciséis primeras fracciones del artículo 39, la resolución en que el juez, magistrado o ministro se declare impedido, será irrevocable, y, en su lugar, conocerá del negocio quien deba substituir al impedido conforme a la Ley Orgánica.

En los casos de las mismas fracciones, si el impedido fuese el Secretario o ministro ejecutor, propondrá su excusa al tribunal que conozca del negocio, para que resuelva quién debe substituirlo.

Artículo 33.Si el impedimento se fundase en la fracción XVII del artículo 28, sólo será irrevocable la resolución si se conformaren con ella las partes; en caso contrario, resolverá la oposición quien deba conocer de la excusa, conforme a la Ley Orgánica, acompañando, para el efecto, un informe sobre el particular, el excusado.

Con el informe del que se declaró impedido y con el escrito de oposición, resolverá el tribunal, y remitirá, en su caso, los autos, a quien deba conocer, según el sentido de su resolución.

Si la excusa fuere de un magistrado del Tribunal Superior Agrario, se procederá, desde luego a substituirlo en el conocimiento del negocio, en los términos de la mencionada Ley Orgánica, sin admitirse oposición de las partes.

Si la excusa fuere de un secretario o ministro ejecutor, la propondrá al tribunal del conocimiento, el que, con audiencia de las partes, resolverá si se acepta o no, designando, en caso afirmativo, a quien deba substituir al impedido.

Artículo 34.Entretanto se resuelve una excusa, quedará en suspenso el procedimiento.

La resolución que decida una excusa no es recurrible.

Capítulo VIDe las Partes

Artículo 35.Es parte en el juicio quien tenga interés en que la autoridad judicial agraria declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Artículo 36.Son partes en el juicio agrario:

I. El actor. Es la persona física o moral que acredite su interés jurídico en el proceso y ejercite alguna acción agraria;

II. El demandado. Es la persona física o moral en contra de la cual el actor haya ejercitado la acción agraria y que puede oponer excepciones.

Es tercero con interés aquel que mantenga una relación jurídica con alguna de las partes en juicio sobre los bienes o derechos en litigio, siempre que pueda resentir algún perjuicio con el fallo que en su oportunidad se emita. Si el tercero interesado coadyuva con alguna de las partes, deben litigar unidos y nombrar un representante común.

Artículo 37. Las partes en juicio o los promoventes en un procedimiento no litigioso, tendrán derecho a:

I. Exigir al tribunal agrario que cumpla los plazos y términos que marca esta ley, mediante la excitativa de justicia, conforme el procedimiento que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios;

II. Tener acceso al expediente agrario por sí o por conducto de sus autorizados para ello;

III. Obtener, a su costa, copias certificadas de los documentos que integren el expediente del juicio;

IV. Plantear los impedimentos que a su juicio, el magistrado agrario tenga para el conocimiento y resolución del asunto, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios

V. Los demás derechos que les confieran esta ley y otras leyes relacionadas con el régimen jurídico agrario.

Artículo 38. Las partes en juicio o los promoventes en un procedimiento no litigioso tendrán las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con la normatividad procesal agraria y con los requerimientos del tribunal, para la correcta prosecución del juicio;

II. Conducirse con probidad y respeto en el desarrollo del proceso, con su contraparte, y con los servidores judiciales agrarios.

III. Abstenerse de interponer actuaciones, incidentes o recursos maliciosos o notoriamente improcedentes, que obstaculicen el proceso agrario. Cuando se advierta que una de las partes promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto, entorpecer u obstaculizar la actuación de la autoridad judicial, se le impondrá a dicho promovente o a sus representantes legales, o a ambos una multa en términos del artículo 167 de este Libro, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Artículo 39. El juicio se interrumpirá por fallecimiento de alguna de las partes durante el tiempo indispensable para que se apersonen en el juicio, el causahabiente del finado o el representante de la sucesión.

También se interrumpirá al fallecimiento del representante procesal de una parte, a fin de que se provea su sustitución, en un término prudente que será fijado por el propio tribunal.

Capítulo VIIDe la Capacidad, Representación y Personalidad

Sección PrimeraDe la Capacidad

Artículo 40. Los núcleos agrarios tendrán capacidad de ejercicio, la que ejercerán a través del comisariado ejidal o de bienes comunales, quien actuará de manera conjunta, salvo que exista acuerdo de asamblea general que autorice su representación por uno de los integrantes de sus comisariados.

La facultad de otorgar poderes o mandatos a favor de terceros corresponde exclusivamente a la asamblea general.

Artículo 41. Los ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios cuentan con capacidad para ejercitar sus derechos individuales sin que se requiera la conformidad de la asamblea general.

Para efectos de la representación del ejido o comunidad, los integrantes de los comisariados no requieren de acuerdo de asamblea general que les autorice a ejercitar acción en defensa de los derechos del propio núcleo.

Artículo 42. En aquellos casos en que se controvierte el régimen de propiedad ejidal o comunal o que pueda haber una afectación al interés colectivo, el comisariado ejidal o de bienes comunales no podrá desistirse, allanarse o firmar convenio que resuelva el fondo del juicio, sin previo consentimiento de la Asamblea.

Sección SegundaDe la Representación

Artículo 43. Podrán actuar en el juicio los directamente interesados y sus representantes o apoderados legales. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos.

Artículo 44.Cuando se afecte el interés colectivo del ejido, comunidad o sociedad rural y el comisariado o consejo de administración sean omisos en ejercitar su defensa, conforme a las atribuciones señaladas en el artículo anterior, cualquier ejidatario o comunero o un grupo de ellos, podrán ejercer la representación sustituta del núcleo.

El comisariado o consejo de administración será omiso:

I. Cuando exista la presunción fundada de que no ejercitará la acción correspondiente dentro del término legal;

II. Cuando la acción no tenga plazo legal y el comisariado no la ejercite dentro del término de noventa días, transcurridos a partir del momento en que se tenga conocimiento de la afectación del interés colectivo.

Para que esta representación opere, el representante substituto deberá:

I. Hacer valer en juicio los derechos colectivos del núcleo agrario correspondiente o de la sociedad rural;

II. Indicar con claridad que su intención es la de asumir la representación del núcleo agrario o sociedad rural en defensa de sus intereses colectivos y ejercitar las acciones y recursos correspondientes, debido a la actitud omisa del órgano de representación, y

III. Acreditar de manera fehaciente la calidad de ejidatario o comunero del núcleo agrario en cuyo nombre actúe.

IV. Acreditar la calidad de socio de la sociedad rural en cuyo nombre actué

Admitida la demanda se dará vista a la Asamblea para que ratifique o desista de la acción intentada.

Cuando se trate de núcleos agrarios bastará el acuerdo de asamblea que conste en el acta respectiva y tratándose de ejidatarios, comuneros, sucesores de unos u otros, posesionarios y avecindados, la representación se podrá otorgar mediante carta poder firmada ante dos testigos.

Artículo 45. Cuando se afecte el interés colectivo de alguna sociedad de producción rural y el Consejo de Administración sea omiso en ejercitar su defensa, conforme a las atribuciones señaladas en el artículo anterior, cualquier socio o un grupo de ellos, podrán ejercer la representación sustituta del núcleo, entendiéndose las mismas circunstancias que para el artículo anterior.

Artículo 46. El asesor legal de los ejidatarios, comuneros o núcleos agrarios, socios, deberá actuar siempre en favor de los intereses de sus representados y para tal propósito, podrán promover todos los medios de impugnación y ejercitar las acciones y defensas procedentes que la ley establece.

Artículo 47. El tribunal no admitirá ningún desistimiento, allanamiento, transacción, convenio de conciliación o cesión de bienes que afecten los intereses de sus representados, sin la ratificación expresa de éstos; tratándose de los núcleos agrarios, se requerirá el consentimiento de la asamblea.

Artículo 48. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan idéntica excepción en un mismo juicio, deberán litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos.

El representante común tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario judicial.

Artículo 49. Las personas físicas o morales podrán ser representadas ante los Tribunales Agrarios mediante apoderado general o especial que designen en términos de las leyes que regulen su constitución y funcionamiento, quien deberá acreditar su nombramiento con el documento legal que corresponda.

Si se trata de la parte actora, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el escrito de demanda o al inicio de la audiencia de ley. En el caso de la demandada, el nombramiento se hará en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención. Si el nombramiento no lo hacen las partes con la oportunidad señalada, el Tribunal Agrario lo hará escogiendo de entre los propios interesados.

El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a todo mandatario judicial.

Artículo 50. La designación del representante común surtirá efectos a partir del acuerdo del Tribunal Agrario, el cual sólo por excepción se dictará al inicio de la audiencia del procedimiento de que se trate.

Las partes podrán revocar en cualquier momento la designación de representante común, siempre que la promoción sea suscrita por la mayoría de los actores o demandados.

Sección TerceraDe la Personalidad

Artículo 51. Los ejidatarios y los comuneros acreditarán su personalidad con cualquiera de los siguientes documentos:

I. Certificado parcelario o de derechos agrarios;

II. Certificado de terrenos de uso común;

III. Títulos de propiedad

IV. Certificado de miembro de comunidad;

V. Acta de asamblea donde se le haya reconocido tal carácter.

VI. Constancia que expida el Registro Agrario Nacional;

VII. Resolución agraria; y

VIII. Cualquier otro documento fehaciente.

Artículo 52. Los posesionarios y los avecindados acreditarán su personalidad con el acta de asamblea o sentencia del tribunal agrario que les reconoció dicha calidad, el certificado que les haya expedido el Registro Agrario Nacional o cualquier otro documento que haga prueba fehaciente.

Artículo 53. Los pequeños propietarios, los colonos, los poseedores a título de dueño, así como los de terrenos nacionales, las sociedades propietarias de tierras y las demás figuras asociativas, acreditarán su personalidad con los títulos, escrituras constitutivas o cualquier otro documento que establezca la ley y que a juicio del tribunal sea suficiente.

Artículo 54. La personalidad de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios se acreditará con el original o copia certificada del acta de asamblea en la que hayan sido electos para sus respectivos cargos o con las credenciales o constancias que expida el Registro Agrario Nacional. No podrá desconocerse su personalidad, aun cuando haya vencido el término para el que fueron electos, si no se ha hecho nueva elección y se acredita ésta en la forma antes indicada.

Artículo 55. La personalidad de las partes en el juicio agrario será acreditada, a más tardar, al inicio de la audiencia de ley. De no acreditar el actor su personalidad, el Tribunal Agrario deberá prevenirlo para que lo haga en el término de cinco días; de no hacerlo, se desechará la demanda. En el supuesto de que se trate de la parte demandada, se tendrá por no contestada la demanda. Cuando se trate de núcleos agrarios o sus integrantes, éstos deberán demostrar al magistrado que el medio de acreditación de la personalidad no se les ha expedido por el órgano, la entidad o la autoridad competente, en cuyo caso, el tribunal deberá solicitar a las mismas la constancia correspondiente.

Artículo 56. Todas las personas físicas que acrediten algún carácter ante los Tribunales Agrarios, además de la documentación señalada en los artículos que anteceden, se identificarán mediante credencial expedida por el Registro Agrario Nacional, credencial del elector o cualquier otro documento oficial vigente con fotografía, a satisfacción del Tribunal.

Artículo 57. Las personas físicas que no puedan acreditar de manera documental el carácter con el que se ostenten ante los Tribunales Agrarios, podrán hacerlo mediante otras pruebas que a juicio del tribunal sean suficientes para dicho fin, siempre y cuando establezcan las causas de la imposibilidad para hacerlo en términos de las disposiciones anteriores.

Artículo 58. Las personas morales acreditarán su personalidad con los documentos públicos que establezcan las leyes conforme a las cuales fueron constituidas.

Artículo 59. Las personas físicas que se encuentren en el extranjero, acreditaran su personalidad en documento a través de persona que cuente con poder a su favor realizado ante el cónsul y/o autoridad mexicana en el extranjero.

Artículo 60. Las autoridades y los servidores públicos en general acreditarán su carácter con la constancia de su nombramiento.

Capítulo VIIIDe los incidentes

Artículo 61. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.

Artículo 62. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes  cuestiones.

I. Nulidad;

II. Competencia;

III. Personalidad;

IV. Acumulación; y

V. Excusas.

Artículo 63. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las  audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos.

Artículo 64. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un  incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que  en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá  por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince  minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán  más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional.

Artículo 65. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de competencia,  se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento.

En los demás casos a que se refiere el artículo anterior se resolverá conforme a las reglas siguientes:

I. Promovido el incidente, el tribunal correrá traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

II. Desahogada la vista, el tribunal se allegara de los elementos de juicio para emitir la resolución correspondiente la que no excederá de cinco días hábiles; y

III. Transcurrido el término de la vista, si la contraparte no promueve, el tribunal resolverá de plano el incidente.

Capítulo IXDe las Diligencias Precautorias y Suspensión de Actos de Autoridad

Artículo 66. Los tribunales agrarios proveerán, a petición de parte, las diligencias precautorias necesarias para mantener la situación de hecho existente y conservar la integridad de la materia del litigio, con el objeto de proteger a los interesados en los bienes y derechos agrarios controvertidos.

Las medidas precautorias se decretarán de oficio únicamente cuando pueda verse afectado el interés colectivo de los núcleos agrarios.

Las medidas precautorias, únicamente pueden ser decretadas una vez iniciado el juicio y hasta antes de dictarse la sentencia.

Artículo 67. Al resolver sobre el otorgamiento o la negativa de una medida precautoria, el tribunal deberá:

I. Apreciar su necesidad y disponerla de manera total o parcial, pudiendo diferir su aplicación y ordenar su sustitución o cese;

II. Establecer con precisión su alcance y sus limitaciones; y

III. Determinar su vigencia y las demás modalidades que estime aplicables para asegurar los efectos de la medida sobre el fondo del asunto.

Artículo 68. La suspensión de actos de autoridad en materia agraria podrá decretarse de oficio o a petición de parte cuando el acto, de llegar a consumarse, haga imposible volver las cosas al estado en que se encontraban.

Promovida la suspensión, el tribunal pedirá informe a la autoridad correspondiente, quien deberá rendirlo dentro del término de setenta y dos horas, transcurrido el cual, se resolverá de plano lo relativo a la suspensión; en su caso, se notificará de inmediato a la autoridad para su cumplimiento.

Los efectos de la suspensión únicamente consistirán en ordenar que cesen los efectos del acto y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés general, ni se contravengan disposiciones de orden público. Al conceder la suspensión, el tribunal procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación definitiva.

Artículo 69. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el peticionario otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ellos se causaren si no obtuviese sentencia favorable en el juicio.

La fijación de la garantía la determinará el tribunal tomando en consideración las condiciones económicas de las partes y el valor objetivo de los bienes y derechos controvertidos.

La parte contraria a la que haya obtenido la suspensión podrá solicitar al Magistrado que le fije una contragarantía que permita la ejecución de los actos impugnados, siempre y cuando el procedimiento no quede sin materia.

La contragarantía deberá ser suficiente para volver las cosas al estado que guardaban antes de la petición de suspensión.

No se admitirá contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio.

Artículo 70. La garantía y la contragarantía se harán efectivas a través del incidente de daños y perjuicios, en el que el promovente deberá acreditar haber sufrido unos u otro o ambos.

El incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes que la sentencia que resuelva el fondo del asunto ha causado ejecutoria. En caso contrario, el Tribunal pondrá a disposición del otorgante la garantía o contragarantía presentada y autorizará su cancelación.

Título SegundoDel Juicio Agrario

Capítulo IDe la Demanda

Artículo 71. El actor puede presentar su demanda por escrito o por comparecencia, en cuyo caso se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera clara y concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas y deberá suplir la deficiencia de los planteamientos de la demanda.

Artículo 72. La demanda contendrá:

I. El tribunal ante el cual se promueve;

II. El nombre del actor, el domicilio para recibir notificaciones en la sede del tribunal y las personas autorizadas para tal efecto;

III. El nombre del demandado y el domicilio donde deberá ser emplazado;

IV. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente con claridad y precisión;

V. Las pretensiones materia u objeto de su demanda;

VI. El nombre y domicilio de los terceros interesados, expresando las razones por las que se les imputa dicho carácter; y

VII. Los fundamentos de derecho en que sustente su acción y pretensión;

En caso de que el actor no sepa o no pueda firmar, asentará su huella digital, a cuya elección, contendrá, además a su ruego, la firma de un tercero.

Artículo 73. Con la demanda deberán acompañarse las copias necesarias para el traslado y presentar los documentos en que funde su acción. Si no los tuviere a su disposición, señalará el archivo, la dependencia o lugar en que se encuentren, acreditando que hizo solicitud previa a la interposición de la demanda, a efecto de que el tribunal requiera la expedición de las copias certificadas, a costa del solicitante.

Con la demanda deberá ofrecer y acompañar las pruebas de su parte, las que presente después no le serán admitidas, con excepción de aquellas que sean de fecha posterior a la presentación de su demanda y las que sean anteriores, siempre y cuando declare, bajo protesta de decir verdad, que no tenía conocimiento de ellas.

Artículo 74. La demanda podrá ser aclarada o ampliada dentro de los cinco días hábiles a su interposición, la que estará condicionada a la aparición de nuevos elementos relacionados con el ejercicio de la acción.

Artículo 75. Presentada la demanda el tribunal la examinará y si hubiera imprecisiones en la misma u omisiones de alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que las subsane dentro del término de ocho días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación; transcurrido el cual, si nada manifestare el promovente o la prevención no fuera desahogada en los términos requeridos, se estará a lo siguiente:

Si la demanda carece de firma, nombre, hechos, pretensiones o fundamentos de derecho, se tendrá por no interpuesta, quedando a disposición del promovente los documentos aportados, previa razón que obre en autos, y se ordenará archivar el expediente como concluido, dejando expedito el derecho del interesado para promoverla nuevamente.

Si no se exhiben las pruebas documentales que hubiere ofrecido, sin que señale la causa, se tendrán por no ofrecidas; lo mismo sucederá si no acompaña a la prueba pericial el interrogatorio correspondiente y, tratándose de la prueba confesional, el pliego de posiciones respectivo.

Artículo 76. En el auto que admita la demanda se hará constar de manera clara y concisa lo siguiente:

I. Número de expediente con el que se radica;

II. Nombre del actor y el carácter con el que comparece;

III. Fecha de presentación de la demanda;

IV. Prestaciones que se reclaman;

V. Nombre, carácter y domicilio del demandado;

VI. Nombre y domicilio de los terceros interesados, expresando las razones por las que se les imputa dicho carácter;

VII. Fecha, hora y lugar de la audiencia, y

VIII. Requerimiento al actor de:

a. Presentar en la audiencia a los testigos y peritos que deseen ofrecer como prueba de los hechos en que funden sus acciones o excepciones;

b. Asistir legalmente asesorado o en su defecto, acudir a la Procuraduría Agraria a solicitar que se le brinde el servicio correspondiente.

Artículo 77. Procede el desistimiento de la prosecución del juicio, siempre y cuando sea aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra traslado de la demanda.

Tratándose de acciones ejercitadas por un núcleo ejidal o comunal, en los que se involucren los intereses colectivos de éstos, dicho desistimiento deberá ser aprobado por la asamblea general.

Capítulo IIDel Emplazamiento y las Notificaciones

Artículo 78. Una vez admitida la demanda, se emplazará al demandado para que la conteste a más tardar el día de la celebración de la audiencia. Al emplazamiento se anexará copia del auto de admisión, de la demanda y de los documentos fundatorios de la acción, debiendo advertir que en la audiencia se presentarán a los testigos y peritos y se desahogarán las pruebas, salvo aquellas que por su naturaleza no puedan ser sustanciadas, en cuyo caso se diferirá la audiencia y el tribunal señalará nueva fecha para su realización.

De igual forma, en el emplazamiento se apercibirá al demandado que de no contestar en el término señalado, se le tendrá por confeso de los hechos que la parte actora le impute directamente.

Artículo 79. El emplazamiento se efectuará al demandado en el lugar que el actor designe para ese fin, y que podrá ser:

I. El domicilio del demandado, su finca, su oficina, o principal asiento de negocios o el lugar en que labore; o

II. Su parcela u otro lugar que frecuente y en que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento.

Los peritos, testigos y terceros pueden ser citados por cualquier medio fidedigno, cerciorándose quien practique la diligencia, de la exactitud de la dirección de la persona citada 

Artículo 80. Las partes o promoventes podrán acompañar al funcionario agrario encargado de realizar el emplazamiento o notificación para facilitar la diligencia.

Artículo 81. Si el Actuario no encuentra al demandado en cualquiera de los lugares señalados en el artículo anterior, deberá cerciorarse de manera fehaciente de que el domicilio señalado corresponde a éste, en cuyo caso dejará cédula de emplazamiento con una persona de la confianza del demandado que atienda la diligencia, a quien se le entregará la cédula del emplazamiento, con la copia de la demanda y sus anexos, surtiendo así sus efectos el emplazamiento.

Artículo 82. Al practicarse el emplazamiento se recabará el acuse de recibo y si la persona que debiera firmar no supiere o no pudiere hacerlo, será firmado en su nombre por alguna otra persona presente, asentándose el nombre e identificación de la persona con quien haya practicado el emplazamiento y levantándose acta circunstanciada que será agregada al expediente.

Artículo 83. Previa certificación del Actuario de que no pudo hacer el emplazamiento al demandado en los lugares señalados por el actor, y habiendo comprobado fehacientemente que no tiene domicilio fijo o se ignora donde se encuentra, el tribunal acordará que el emplazamiento se haga por edictos a costa del demandante.

Los edictos contendrán una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario, así como en la Presidencia Municipal que corresponda y en los estrados del tribunal.

La notificación practicada en la forma antes prevista surtirá efectos una vez trascurridos quince días a partir de la fecha de la última publicación.

Si llegada la audiencia el demandado no comparece, por sí o por apoderado, se seguirá el juicio, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulo, que se fijará en los estrados del tribunal, debiendo contener una síntesis de la determinación judicial que ha de notificarse.

Artículo 84. Quienes comparezcan ante los tribunales agrarios deberán señalar domicilio en la primera diligencia judicial en que intervengan, o en el primer escrito, el cual deberá estar ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal respectivo. Cuando se trate de notificaciones personales, en caso de que el interesado o su representante no estén presentes en el domicilio señalado, éstas se harán por instructivo, sin necesidad de citatorio previo, elaborando la razón correspondiente. Las notificaciones personales así practicadas surtirán efectos legales plenos.

Mientras una de las partes no formule nueva designación del domicilio en que han de hacérsele las notificaciones, aún las personales, éstas seguirán haciéndosele en el domicilio que para ello hubiere señalado, a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal a notificarse. Cuando no se señale domicilio para recibir notificaciones, aún las personales, se harán en los estrados del tribunal.

Artículo 85. Serán personales las notificaciones siguientes:

I. La admisión, prevención y desechamiento de la demanda;

II. El emplazamiento a juicio al demandado y en todo caso que se trate de la primera notificación del juicio;

III. El auto que decrete medidas precautorias o suspensión de actos de autoridad; como el que resuelva un incidente;

IV. La reanudación del procedimiento cuya sustanciación estuviera interrumpida o suspendida por cualquier causa legal, y la reposición del mismo, ordenada por resolución judicial;

V. Los casos que el tribunal estime urgentes o que por alguna circunstancia considere que las notificaciones deban ser personales;

VI. Las sentencias y los autos que pongan fin al juicio; y

VII. Aquellas otras que la ley así lo ordene.

Artículo 86. La cédula de notificación deberá ser legible y contener como mínimo:

I. Lugar, hora y fecha en que se practique la notificación;

II. Número del expediente y nombre del actor y del demandado;

III. Nombre y domicilio de las personas que deban ser notificadas;

IV. Copia legible de la resolución o acuerdo del Tribunal y de la documentación para el traslado en su caso, y

V. Nombre y firma de quien notifica.

Artículo 87. Las notificaciones realizadas en contravención a los requisitos establecidos en este ordenamiento serán nulas, podrá la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida.

Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal  determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que  promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la

Existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea  resuelto.

Artículo 88.Si la persona notificada indebidamente o no notificada se hace sabedora de la providencia y comparece a juicio, la notificación irregular u omitida surtirá sus efectos, como si hubiese sido hecha con arreglo a la ley.

Las irregularidades relativas deberán ser reclamadas en la actuación siguiente y de lo contrario quedarán convalidadas.

Capítulo III De la Contestación de la Demanda

Artículo 89. El demandado, por sí o por conducto de su apoderado, podrá contestar las pretensiones del actor negándolas, allanándose total o parcialmente, oponiendo excepciones o reconviniendo.

La contestación deberá producirse a más tardar el día de celebración de la audiencia, pudiendo hacerla por escrito o mediante comparecencia; en este último caso, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma clara y concisa. En su actuación dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas.

Artículo 90. La contestación de demanda debe contener lo siguiente:

I. Tribunal ante el cual se promueve;

II. Nombre del demandado y el domicilio para recibir y oír notificaciones en la población en donde tenga su sede el tribunal, así como el nombres de las personas autorizadas para ello;

III. Referencia a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, pudiendo afirmarlos, negarlos, señalar los que ignore por no ser propios o narrarlos como crea que tuvieron lugar;

IV. Excepciones y defensas, así como la reconvención en contra del actor en el principal, la cual deberá reunir los requisitos establecidos  y los fundamentos de derecho que las sustenten; y

V. Pruebas que considere necesarias para su defensa.

Artículo 91. Si el demandado opusiere reconvención en contra del actor en el principal, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después, debiendo contener los requisitos establecidos en el artículo 90 de esta ley.

A la demanda reconvencional deberán acompañarse las copias para traslado necesario, así como el ofrecimiento de las pruebas en que sustente su pretensión.

Con las copias de traslado se notificará a la parte demandada reconvencional para que dé contestación en el término de diez días hábiles, excepto cuando el reconvenido manifieste su conformidad de contestar la demanda reconvencional en la misma audiencia, en ese caso proseguirá el juicio.

Artículo 92. El demandado podrá confesar la demanda en todas o en algunas de sus partes.

Para que la confesión de la demanda sea válida, deberá:

I. Ser expresada por el titular del derecho controvertido;

II. Ser verosímil a juicio del magistrado;

III. Estar apegada a derecho;

IV. Estar vinculada a otros elementos de prueba apreciables en ese momento procesal; y

V. Ser explicado a las partes por el magistrado, en todas sus consecuencias.

Cuando dicha confesión, a juicio del magistrado, sea válida, citará a las partes para oír sentencia; en caso contrario se continuará con la audiencia de ley. En caso de ausencia del demandado se procederá aplicar  el artículo 180 de la Ley Agraria vigente:

Artículo 93. No será válida la confesión formulada por el representante o apoderado de los ejidatarios, comuneros o de los núcleos agrarios.

Cuando se trate de derechos individuales parcelarios, la confesión será válida si se expresa previa y fehacientemente la renuncia al derecho del tanto de los terceros que señala esta Ley.

Cuando se trate del comisariado ejidal o de bienes comunales, y se afecten los intereses colectivos del núcleo agrario, la confesión será válida si es aprobada previamente por la asamblea general.

Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal.

Confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jurídicos por el magistrado, y cuando la confesión sea verosímil, se encuentre apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato; en caso contrario, continuará con el desahogo de la audiencia.

Artículo 94. Cuando la persona llamada a juicio en su contestación a la demanda niegue los hechos y señale en contra de quién deba ejercerse la acción litigiosa, de ser procedente, el magistrado suspenderá la audiencia y emplazará a la persona señalada por el demandado para que comparezca a deducir sus derechos frente al demandante, fundando y motivando su determinación.

Artículo 95. Cuando haya transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido contestada la demanda, se tendrán por confesados los hechos, siempre que el emplazamiento se haya entendido

Personal y directamente con el demandado, su representante o apoderado; quedando a salvo sus Derechos para probar en contra. En cualquier otro caso se tendrá por contestada en sentido negativo.

Artículo 96. Si, al contestar la demanda, se opusiere reconvención, se correrá traslado de ella al actor, para que la conteste; observándose lo dispuesto en los artículos anteriores sobre demanda y Contestación.

Capítulo IVDe la Audiencia

Artículo 97. Las audiencias serán públicas, excepto cuando a criterio del magistrado se pudiera perturbar el orden o generar violencia. Si en la hora fijada para la celebración de una audiencia no se hubiere terminado la anterior, las personas citadas deberán permanecer en el tribunal hasta que llegue el turno del asunto respectivo, siguiendo rigurosamente el orden que les corresponda según la lista del día, la que debe estar fijada en los estrados del tribunal con una semana de anticipación. El tribunal deberá programar las audiencias en forma razonable con la finalidad de evitar que su celebración registre dilaciones.

Sección PrimeraDe las Formalidades de la Audiencia

Artículo 98. El magistrado verificará si las partes fueron debidamente notificadas de la celebración de la audiencia para determinar si tuvieron conocimiento de la misma y asentará, de ser necesario, la razón actuarial respectiva.

El secretario de acuerdos dará cuenta al magistrado de las constancias recibidas que deban ser integradas al expediente.

Artículo 99. La audiencia se suspenderá en los casos siguientes:

I. Cuando llegada la audiencia una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se procederá de inmediato a solicitar los servicios de un asesor de la Procuraduría Agraria.

II. Cuando no concurra alguna de las partes y de autos se desprenda que no fue emplazada o notificada debidamente.

III. A petición de las partes, por una sola vez, por encontrarse en pláticas conciliatorias que puedan poner fin al juicio.

IV. Cuando sea necesario conceder tiempo para el desahogo de alguna diligencia, a criterio del propio tribunal.

V. Por el fallecimiento de alguna de las partes o de sus asesores legales.

VI. Cuando el tribunal no esté en posibilidades de funcionar por caso fortuito o de fuerza mayor.

VII. Cuando alguna de las partes se encuentre imposibilitada para atender el cuidado de sus intereses. La ausencia deberá justificarse a satisfacción del tribunal en un plazo de veinticuatro horas anteriores o posteriores a la audiencia, y

VIII. Cuando el magistrado esté impedido para presidir la audiencia, ya sea por ausencia justificada o por comisión, a menos que exista habilitación del Tribunal Superior Agrario, para que el secretario de acuerdos pueda sustanciar el procedimiento, quien informará a las partes de la ausencia del magistrado titular y de su habilitación.

Artículo 100. En las audiencias el magistrado y el secretario de acuerdos observarán las disposiciones siguientes:

I. El magistrado tendrá la obligación indelegable de presidir la audiencia, asistido del secretario de acuerdos.

II. Antes del inicio de la audiencia y cuando existan más de un actor o demandado, el magistrado solicitará que designen a un representante común;

III. El magistrado proveerá lo necesario para que la intervención de las partes, las declaraciones de los testigos, los dictámenes de los peritos y en general todas las pruebas tengan relación con la materia del juicio;

IV. Las intervenciones del magistrado y las de las partes se asentarán fielmente en el acta de la audiencia, y

V. El secretario de acuerdos dará fe de lo asentado en el acta de la diligencia.

Cuando la audiencia no sea presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto legal alguno, salvo lo previsto en la fracción VIII del artículo anterior.

Artículo 101. Si llegada la audiencia no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado a pesar de haber sido debidamente notificados, se impondrá una multa al actor equivalente a diez días de salario mínimo general en la zona de que se trate, en el entendido de que no se señalará nueva fecha para audiencia hasta en tanto no se acredite el pago correspondiente; hecho lo cual, se notificará a las partes la fecha y hora de la nueva audiencia. Se apercibirá al actor de que en caso de inasistencia a esta nueva audiencia, su demanda se tendrá por no interpuesta, ordenándose el archivo del asunto; y al demandado que de no comparecer nuevamente, se continuará con el juicio y se le tendrá por confeso.

Igualmente el magistrado suspenderá la audiencia y fijará nueva hora y fecha, cuando el demandado esté ausente por no haber sido emplazado.

En caso de que no esté presente el actor pero sí el demandado, se suspenderá la audiencia y se aplicará al ausente lo previsto en el primer párrafo del presente artículo.

Cuando el demandado se presente ya iniciada la audiencia, se le dará intervención en el estado en que se encuentre, siempre y cuando demuestre que su puntual asistencia no fue posible por caso fortuito o fuerza mayor.

Sección SegundaDel Desarrollo de la Audiencia

Artículo 102. El magistrado abrirá la audiencia y en ella se observarán las reglas siguientes:

I. Se hará constar la presencia del magistrado titular y del secretario de acuerdos, así como de las partes y sus asesores legales, debidamente identificados;

II. Las partes ratificarán su demanda y contestación, en ese orden, tanto en la acción principal como en la reconvención, en su caso, así como el ofrecimiento de las pruebas señaladas en sus respectivos escritos;

III. El magistrado del conocimiento fijará la litis sometida a su jurisdicción en la audiencia, conforme a las pretensiones, excepciones y hechos expuestos por las partes, respectivamente;

IV. El magistrado exhortará a las partes a una composición amigable, sin perjuicio de hacerlo nuevamente durante el procedimiento. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso aprobado por el tribunal, se elevará a categoría de sentencia.

El convenio celebrado en los términos anteriores deberá resolver el fondo de la litis planteada.

El magistrado verificará que las partes que suscriban el convenio tengan la capacidad de disponer del derecho en litigio.

En caso de que se encuentren involucrados los intereses colectivos de un núcleo agrario se requerirá, previa a la calificación, la aprobación de la asamblea general correspondiente.

V. Las excepciones y defensas que haga valer el demandado serán resueltas de plano en la audiencia, sin substanciar incidentes de previo y especial pronunciamiento;

VI. El magistrado acordará en la audiencia la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y procederá, en su caso, al desahogo de las mismas;

VII. Las partes podrán hacerse mutuamente las preguntas que consideren pertinentes e interrogar a los testigos y peritos;

VIII. El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a las partes, terceros con interés, testigos y peritos; carearlos entre sí, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos;

IX. Si alguna de las partes rehusare contestar las preguntas que se le hagan, el magistrado lo asentará así y podrá tener por ciertas las afirmaciones de su contraparte;

X. Desahogadas las pruebas, el tribunal exhortará de nueva cuenta a una composición amigable que resuelva el fondo de la litis planteada; de no lograr avenencia, oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y citará para oír sentencia.

Sección TerceraDe las Pruebas y Valoración

Artículo 103. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones o defensas; sin embargo, para el conocimiento de la verdad material respecto de la controversia planteada, el magistrado podrá acordar de oficio, en todo tiempo, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia probatoria, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos y apremiar a las partes o a terceros para que exhiban los que tengan en su poder o para que comparezca cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos controvertidos.

En la práctica de estas diligencias, el magistrado actuará con objetividad e imparcialidad para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad.

Artículo 104. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos y costumbres. Los hechos notorios pueden ser invocados por el magistrado, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

Artículo 105. Son admisibles los siguientes medios de prueba:

I. Confesional;

II. Documental pública y privada;

III. Pericial;

IV. Testimonial;

V. Inspección judicial;

VI. Instrumental de autos;

VII. Presuncional;

VIII. Medios de prueba aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

IX. En general todos aquellos que no sean contrarios a la ley y a la moral, que estén relacionados directamente con los hechos materia de la controversia.

Artículo 106. El magistrado acordará en la propia audiencia sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y la forma de su desahogo, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas.

Las pruebas que no se encuentren relacionadas con la materia del juicio, se desecharán fundando y motivando dicha determinación.

Artículo 107. La confesión puede ser expresa o tácita. Es expresa, la que se hace de manera clara y precisa al formular o contestar la demanda, al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; es tácita, la que se presume de los hechos y constancias que obran en el expediente.

Artículo 108. Para el desahogo de la prueba confesional, el pliego cerrado que contenga las posiciones deberá presentarse desde el ofrecimiento de la prueba y deberá guardarse así en el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la cubierta, que firmará el secretario de acuerdos. Llegado el día del desahogo de la prueba, el tribunal abrirá el pliego y calificará las posiciones.

Artículo 109. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las reglas siguientes:

I. Las posiciones deben articularse en términos claros y precisos; no han de ser insidiosas; deben ser afirmativas, procurando que cada una no tenga más de un hecho y éste sea propio del que declara. Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.

II. Si son varios los que han de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que hayan de absolver después.

III. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su asesor legal u otra persona; ni se le dará traslado de las posiciones. Si el absolvente no habla o entiende el español, deberá ser asistido por un intérprete cuyo servicio le será proporcionado por el tribunal.

IV. Tomada la protesta de ley al absolvente, el tribunal procederá al interrogatorio. Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o negativo, pero podrá agregar las explicaciones que considere necesarias, y, en todo caso, dará las que el tribunal le solicite. Si la parte contraria al oferente estima ilegal una pregunta, podrá manifestarlo al tribunal, a fin de que vuelva a calificar. Si se declara procedente, se le repetirá para que la conteste, apercibida de tenerla por confesa si no lo hace.

V. Si la parte absolvente se niega a contestar, contesta con evasivas, o dice ignorar los hechos propios, el tribunal la apercibirá de tenerla por confesa, si insiste en su actitud.

Artículo 110. Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular nuevas posiciones al absolvente, oral y directamente en el mismo acto, previa autorización del tribunal. En este caso, cuando el tribunal considere que una pregunta formulada no se ajusta a lo dispuesto por el artículo anterior, no la calificará de legal y advertirá al absolvente, que no tiene obligación de contestarla, lo cual se asentará en autos si así lo desea el oferente.

Artículo 111. La parte que tenga que absolver posiciones será tenida por confesa cuando:

I. Sin causa justificada no comparezca, en cuyo caso el tribunal abrirá el pliego de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración;

II. Insista en negarse a contestar o lo haga con evasivas, y

III. Manifieste en forma reiterada, ignorar los hechos propios.

Artículo 112. Las autoridades, las entidades y organismos que formen parte de la Administración Pública Federal o local, absolverán posiciones por medio de oficio, en el que se insertarán las preguntas que quiera hacerle la contraparte, para que por vía de informe, sean contestadas dentro del término que señale el tribunal. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contesta dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hace categóricamente afirmando o negando los hechos.

Artículo 113. Son documentos públicos aquellos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones, que contengan sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes.

Artículo 114. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 115. La inspección ocular tendrá por objeto aclarar o fijar hechos relativos a la contienda, percibidos por los sentidos, que no requieran conocimientos técnicos especiales; ésta se llevará a cabo previa citación a las partes, señalando el lugar de reunión, día y hora.

Las partes, sus asesores legales o ambos, podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.

De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que en ella intervengan, si así lo desean, lo que se hará constar por el funcionario encargado de la misma.

Artículo 116. En la primera audiencia, el oferente de la prueba testimonial deberá presentar a sus testigos, que no podrán exceder de tres sobre la totalidad de los hechos controvertidos; cuando una de las partes, bajo protesta de decir verdad, no pueda presentar a sus testigos, los ofrecerá como hostiles y deberán ser citados a declarar, con apercibimiento de aplicación de medidas de apremio si no asisten con causa justificada.

Los gastos que hagan los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse a declarar, serán satisfechos por la parte que los ofrezca.

Artículo 117. Cuando se acredite que las personas que deban rendir testimonio estén incapacitadas para comparecer al tribunal personalmente, el magistrado podrá autorizar al secretario de acuerdos o al actuario para recibir su declaración en el lugar en que se encuentren, con la presencia de las partes y sus asesores.

Artículo 118. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las reglas siguientes:

I. Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirlo de las penas en que incurre el que se conduce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado civil, lugar de residencia, ocupación, domicilio; si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes y en que grado; si tiene interés directo en el juicio o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes, se procederá al examen;

II. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes o sus asesores legales. Primero interrogará el oferente de la prueba y a continuación las demás partes, pudiendo el tribunal permitir que con motivo de una respuesta, hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella o formularlas el propio tribunal;

III. Las preguntas y repreguntas deben estar articuladas en términos claros y precisos, en forma afirmativa o inquisitiva y conducente a la cuestión debatida. Las que no satisfagan estos requisitos, serán desechadas de plano;

IV. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar ni escuchar las declaraciones de los otros.

V. Cada respuesta del testigo se hará constar en autos, en forma tal que al mismo tiempo se comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta formulada;

VI. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el tribunal deberá exigirla, y

VII. El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se contenga.

Artículo 119. Si el testigo no habla español, rendirá su declaración por medio de intérprete que será nombrado por el tribunal. El intérprete deberá rendir la protesta de ley, previo el desempeño de su encargo.

Artículo 120. Las partes pueden atacar el dicho del testigo en el acto del examen por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, lo que será valorado por el magistrado al emitir sentencia.

Artículo 121. La prueba pericial tendrá lugar en cuestiones que requieran el conocimiento especializado de alguna ciencia, técnica, arte u oficio, para valorar hechos y circunstancias relevantes en el proceso o adquirir certeza sobre ellas; y en los casos, que expresamente lo prevenga la ley.

Los peritos deben tener título en la ciencia, técnica o arte sobre la cuestión en que ha de oírse su opinión, si aquel estuviera legalmente reglamentado; si no está o estándolo no hubiera peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas en la materia, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan título.

Artículo 122. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo, pudiendo recaer el cargo en el perito adscrito al tribunal agrario sin costo alguno para las partes; éstas podrán pedir aclaraciones o solicitar el perfeccionamiento de la prueba, y el magistrado proveerá lo conducente, en el entendido de que aquellas no podrán designar otro perito, debiendo sujetarse al resultado de la probanza.

Si una de las partes está integrada por dos o más personas, deberán nombrar un solo perito; si no pudieran ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados.

Artículo 123. Los peritos, al aceptar su encargo, deberán protestar que en su actuación observarán los principios de objetividad, profesionalismo, lealtad al proceso, independencia e imparcialidad.

Artículo 124. La parte que ofrezca prueba pericial deberá presentar a su perito en la primera audiencia, para los efectos señalados en el artículo anterior, y exhibir por escrito las preguntas o puntos sobre los que deberá dar respuesta.

Si el oferente de la prueba no presenta a su perito o éste no acepta el cargo, el tribunal tendrá por desierta la prueba; en caso contrario, el tribunal concederá a la contraparte el término de cinco días para que adicione el cuestionario con lo que le interese, previniendo para que en el mismo término, nombre a su perito.

Si cumplido el plazo, la contraparte no informa al tribunal del nombramiento de su perito, el magistrado lo hará de oficio, a costa de la parte omisa.

Artículo 125. El tribunal señalará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen, sin que este exceda de treinta días. En caso de estimarlo necesario, el tribunal convocará a una junta de peritos en la que las partes y el propio tribunal podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes.

Artículo 126. Rendidos los dictámenes, dentro de los tres días siguientes del último presentado, el tribunal los examinará y si discordaren en alguno de los puntos esenciales sobre los que debe versar el parecer pericial, mandará de oficio el desahogo de un dictamen tercero en discordia, entregándole las copias de los dictámenes de las partes y otorgándole un término prudente para que rinda el suyo. Si el término fijado no bastare, el tribunal podrá acordar a petición del perito que se le amplíe.

El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones de los otros peritos.

Artículo 127. Si el perito nombrado por una parte no rinde su dictamen, sin causa justificada, designará el tribunal nuevo perito, en sustitución del omiso, e impondrá a éste una multa de quince días de salario mínimo general en la zona de que se trate. La omisión hará, además, responsable al perito de los daños y perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que le nombró, lo que deberá hacer ante la instancia correspondiente.

Si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que se le fijó, pero si antes de que se haya hecho el nuevo nombramiento, sólo se le aplicará la multa señalada en el párrafo anterior.

Artículo 128. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal y los del tercero, por ambas partes, excepto que se trate del perito adscrito al tribunal unitario agrario, cuya actividad técnica será gratuita.

En caso de controversia por la falta de pago de honorarios a los peritos, esta se ventilará ante las instancias judiciales correspondientes conforme a la legislación aplicable.

Las presunciones legales y humanas se deducen de los hechos comprobados. La parte que alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de la misma, lo que deberá ser tomado en cuenta por el tribunal al emitir sentencia.

Artículo 129. Los demás elementos de prueba derivados de los descubrimientos de la ciencia, tendrán como objeto acreditar hechos o circunstancias en relación con la litis planteada; en el caso, en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de estos medios de prueba oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por él, cuando así lo juzgue conveniente.

Articuló 130. La presentación de pruebas no será limitativa los Magistrados podrán allegarse video, grabaciones, fotografías y audios a fin de fortalecer las sentencias.

Sección CuartaApreciación y Valoración de las Pruebas

Artículo 131. El tribunal gozará de libertad en la apreciación de pruebas con el propósito de encontrar la verdad material o histórica de los hechos sometidos a su jurisdicción, analizando los documentos en conciencia y a verdad sabida, con criterio lógico y objetivo, fundando y motivando su apreciación.

Capítulo VDe las Tachas de los Testigos

Artículo 132. Dentro de los tres días que sigan a la declaración de los testigos, podrán las partes tachar a los testigos por causas que éstos no hayan expresado en sus declaraciones.

Artículo 133. Transcurridos dichos tres días, no podrá admitirse ninguna solicitud sobre tachas.

Artículo 134. Cuando el testigo tuviere con ambas partes el mismo parentesco, o desempeñare oficios o tuviere negocios o interés directo o indirecto en el pleito para con las dos partes, no será tachable.

Artículo 135. No es tachable el testigo presentado por ambas partes.

Artículo 136. El juez nunca repelará de oficio al testigo. Será siempre examinado y las tachas que  se hagan valer se calificarán en la sentencia. Cuando las tachas aparezcan de las declaraciones de los  testigos u otras constancias de autos, el juez hará dicha calificación aunque no se hayan opuesto tachas al testigo.

Artículo 137. No es admisible la prueba testimonial para tachar a los testigos que hayan declarado  en el incidente de tachas.

Artículo 138. La petición de tachas se hará en forma de incidente y en los términos para su tramitación.

Artículo 139. En las pruebas de tachas se observarán las reglas que en las comunes.

Artículo 140. Transcurrido el término concedido para probar las tachas, las pruebas de éstas se  unirán a los autos, sin necesidad de gestión de los interesados.

Artículo 141. Las tachas deben contraerse únicamente á las personas de los testigos; los vicios que  hubiere en los dichos o en la forma de las declaraciones, serán objeto del alegato de buena prueba.

Artículo 142. En igual plazo que el señalado en el artículo 1307, podrá alegarse la falsedad de los  documentos, observándose las disposiciones relativas a los incidentes.

Artículo 143. Si los documentos se presentan después del término de ofrecimiento de pruebas, en  los casos en que la ley lo permite, o sean supervenientes, el juez dará vista de ellos a la parte contraria, para que haga valer sus derechos.

Artículo 144. La calificación de las tachas se hará en la sentencia definitiva.

Capítulo VIDe la Sentencia

Artículo 145. El tribunal agrario citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que el mismo exceda en ningún caso de treinta días hábiles después de desahogada la audiencia constitucional donde se hayan reunido los requisitos legales para su validez, pudiendo duplicarse en los casos que así lo ameriten.

Artículo 146. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación o valoración de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, atendiendo a los principios de exhaustividad, congruencia, lógica jurídica y de la experiencia.

Artículo 147. Sólo una vez puede pedirse la aclaración de sentencia, promoviéndose ante el tribunal del conocimiento dentro de los 10 días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación, expresándose con toda claridad la contradicción, ambigüedad u oscuridad de las palabras cuya aclaración se solicite.

El tribunal resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes lo que estime procedente, sin que pueda variar el fondo de la resolución.

El auto que resuelva sobre la aclaración de una resolución será parte integrante de ésta y no interrumpirá término para impugnar la sentencia.

En ningún caso el tribunal podrá aclarar su sentencia de oficio, sino hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación, ya sea en la vía de revisión ante el Tribunal Superior Agrario o ante el órgano de control constitucional correspondiente, siempre y cuando, la aclaración no varíe el fondo de la sentencia.

Artículo 148. El Tribunal Agrario podrá elevar a la categoría de cosa juzgada, previa calificación, las soluciones de controversias individuales o colectivos internos de los pueblos y comunidades indígenas, obtenidas en aplicación de sus propios sistemas normativos.

Capítulo VIIDe la Ejecución de la Sentencia

Artículo 149. Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y para ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes:

I. Pronunciada la sentencia, y una vez que haya sido declarada ejecutoriada, el tribunal citará a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución, procurando el tribunal lograr avenimiento a este respecto;

II. El vencido en juicio podrá proponer garantía o fianza de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la garantía o fianza según su arbitrio y, si la aceptare, podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente;

III. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa al establecimiento de límites o restitución de tierras, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie deslindada en ejecución, o bien, obtener el cumplimiento sustituto a su satisfacción, en cuyo caso, la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que para el efecto se levante;

IV. En caso de inconformidad con la ejecución por la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, que se adjuntarán con el acta circunstanciada que se levante en la que se exprese de manera detallada su actuación.

Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia respectiva.

Título IIIDe los Medios de Impugnación de la Sentencia

Capítulo IAmparo

Artículo 150. De la competencia, Contra las sentencias definitivas de los Tribunales Unitarios o del Tribunal Superior Agrario sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En tratándose de otros actos de los Tribunales Unitarios en que por su naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda.

Artículo 151. De los plazos, el término para interponer el amparo será de quince días, salvo cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o  parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus  derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años,  contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

Artículo 152. De las pruebas, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

Artículo 153. De la suplencia, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios, en estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

Artículo 154. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

Capítulo IIRecurso de Revisión

Artículo 155. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales unitarios que resuelvan en primera instancia sobre:

I. Controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones, o viceversa;

II. Restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal o comunal, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares, o viceversa;

III. Nulidad de resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;

IV. Reversión prevista en el artículo 97 de la Ley Agraria;

V. Controversias derivadas de la constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades que refiere la Ley Agraria;

VI. Controversias relativas a terrenos baldíos, nacionales y demasías en términos de lo previsto en la Ley Agraria;

VII. Controversias relativas a la expropiación de terrenos ejidales y comunales e indemnización correspondiente;

VIII. Controversias que se susciten por actos o actividades que deterioren las tierras, aguas u otros recursos naturales de los núcleos agrarios, generando un daño patrimonial y un perjuicio a las características del ecosistema y equilibrio ecológico, así como aquellos que obstaculicen el oportuno aprovechamiento o explotación y realización de las actividades productivas de los núcleos agrarios;

IX. A los asuntos previstos en el artículo 23, fracciones I, V, XI, XII, XIII y XIV de esta ley y de los demás en que se involucren los intereses colectivos de los núcleos agrarios.

Artículo 156. La revisión debe presentarse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución recurrida dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. Para su interposición, bastará un simple escrito que exprese los agravios.

El tribunal unitario agrario podrá tener por no interpuesto el recurso de revisión, únicamente cuando haya sido presentado de manera extemporánea, previa certificación del secretario de acuerdos del propio tribunal, sin necesidad de correr traslado ni dar vista a la parte contraria. Así mismo, el tribunal unitario deberá proveer lo conducente, cuando el promovente del recurso de revisión se desista de su interposición, previa ratificación de tal desistimiento.

Artículo 157. El tribunal unitario tendrá por presentado el recurso de revisión, si este es presentado en tiempo, dentro de los tres días siguientes a su interposición y dará vista a la contraparte del recurrente para que en un plazo de cinco días exprese lo que a su interés convenga. Hecho lo anterior, remitirá inmediatamente el expediente, el original del escrito de agravios y la promoción de los terceros interesados al Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá en un término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción.

Título IVDe la Jurisdicción Voluntaria

Artículo 158. Los tribunales conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos o que no exista contención o controversia que les sean planteados y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes.

Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, será citada conforme a derecho, admitiéndole en la citación que quedan, por tres días las actuaciones en el tribunal para que se imponga de ellas, señalándose día y hora para la audiencia a la que concurrirá el promovente.

Artículo 159. En todos los casos en que la jurisdicción voluntaria verse sobre derechos o bienes agrarios, el tribunal oirá a los representantes legales del núcleo ejidal de que se trate.

Artículo 160. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por terminada la vía de jurisdicción voluntaria y se dejarán los derechos de los interesados a salvo.

Si la oposición se hiciere por quien no tenga legitimación ni interés para ello el tribunal la desechará de plano.

Artículo 161. No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa, en todo caso, al estar en trámite el primero, deberá darse por terminado y continuar el segundo.

Título VDe los Medios Alternativos de Solución de Conflicto Fuera de Sede del Tribunal

Capítulo IDe la Conciliación

Artículo 162. Los tribunales unitarios agrarios y el Tribunal Superior Agrario conocerán de los convenios que pacten los interesados para la solución de los conflictos, los que una vez ratificados ante el órgano jurisdiccional agrario correspondiente serán elevados a categoría de sentencia, previa calificación, ordenando su inscripción en el Registro Agrario Nacional, según el caso.

Capítulo IIDe la Mediación

Artículo 163. En los juicios agrarios sin suspensión del procedimiento, las partes podrán aceptar que un tercero participe como intermediario, a fin de alcanzar un acuerdo que resuelva la controversia.

El mediador debe aceptar y protestar su encargo ante el tribunal que conozca del asunto, obligándose a observar confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.

Podrán fungir como mediadores el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia, las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, en el caso de comunidades agrarias, jueces municipales y la Procuraduría Agraria.

Iniciada la mediación, si el asunto se pone en estado de resolución, no podrá dictarse la sentencia, salvo renuncia al procedimiento de mediación.

Elaborado el convenio se seguirá el procedimiento establecido por el artículo 290.

Capítulo IIIDel Arbitraje

Artículo 164. Las controversias agrarias podrán ser sometidas al arbitraje conforme a las atribuciones que norman la actividad de la Procuraduría Agraria.

Artículo 165. Las partes podrán designar de común acuerdo al árbitro, quien decidirá la controversia apegándose a los principios de legalidad, equidad e igualdad.

Artículo 166. El compromiso arbitral debe otorgarse por escrito con la asistencia de dos testigos, haciéndose constar:

I. Las partes que lo celebran

II. El negocio sujeto al arbitraje;

III. El o los árbitros a los que se someten y la forma de designar un tercero para el caso de empate;

IV. Los procedimientos que han de observarse, los plazos en que han de substanciarse y concluirse; y

V. Las renuncias que procedan conforme a la Ley.

Artículo 167. En caso de que no se fijen reglas o no se pongan de acuerdo, el árbitro las establecerá y se ajustará, en lo conducente a las disposiciones de esta ley o en su defecto a la legislación federal aplicable, atendiendo las reglas siguientes:

I. Fijará las cuestiones objeto del arbitraje, señalando día y hora para la celebración de una audiencia, la que se llevará a efecto en un término no menor a cinco días ni mayor a diez días siguientes a la firma del compromiso arbitral;

II. Durante la audiencia las partes podrán aportar cualquier tipo de pruebas permitidas por la ley para fundar su dicho;

III. Por la naturaleza del procedimiento arbitral las pruebas deberán tener en relación con el asunto controvertido, en caso contrario el árbitro podrá desechar aquellas que no reúnan ese requisito;

IV. En la audiencia se desahogarán las pruebas cuya naturaleza así lo permitan. Para el desahogo de las pruebas restantes se señalará fecha y término;

V. Concluido el desahogo de las pruebas, las partes formularán sus alegatos lo cual puede ser dentro de la misma audiencia, o bien se concederá término que no excederá de treinta días, hecho que sea, se dará por concluida la instrucción;

VI. El árbitro dictará su laudo apreciando las pruebas en un término que no excederá de diez días hábiles.

Artículo 168. Los laudos serán notificados a las partes dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se hubieran dictado, los que deberán ser sometidos al tribunal agrario correspondiente para su homologación a sentencia y en su caso ejecución.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Todos los juicios en tramitación a la fecha de entrada en vigor este decreto, continuarán rigiéndose por las disposiciones anteriores hasta su conclusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2015.— Diputados: Juan Bueno Torio, Juan Pablo Adame Alemán, Tania Margarita Morgan Navarrete, Claudia Rocío Villa Oñate,Consuelo Argüelles Loya, José Martín López Cisneros, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE LA BOLSA AGROPECUARIA MEXICANA

«Iniciativa que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, ante la Cámara de Diputados, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 6o, numeral 1, 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, es prioritario que el país cuente con una legislación que coadyuve a generar mecanismos formadores de mercado que además provean de información veraz y oportuna, liquidez y proporcione certeza de cumplimiento, estandarización de productos y contratos entre los actores del mercado de granos alimenticios, oleaginosas, concentrados y productos cárnicos, potencializando cada región agropecuaria del territorio nacional.

Por tanto es de sumo interés el contar con una legislación confiable que potencialice la producción agropecuaria, acorde a los tiempos actuales proyectándose ésta a nivel nacional, que así mismo sea competitiva e innovadora.

Las variaciones constantes en lluvias, temperaturas, productividad, precios de materias primas, subsidios, impuestos y acceso al crédito, dificultan que las negociaciones en el mercado sean justas, sobre todo para los productores, deteriorando con ello los términos de intercambio.

Es necesario incrementar la demanda efectiva de la producción agropecuaria y distribuirla de manera más eficiente y equitativa. El desafío es competir en un mercado de alimentos donde la oferta ha sobrepasado ampliamente la demanda efectiva. Es dentro de este entorno global, donde las bosas de productos agropecuarios tienen que desenvolverse y hallar su razón de existir.

Una Bolsa de productos es un mercado de bienes, servicios y/o instrumentos financieros y contratos vinculados, con el objetivo de cubrir y transferir el riesgo de los precios de los productos (UNCTAD).

Los mercados agrícolas se desarrollaron a partir del siglo XVIII. Las Bolsas modernas, especialmente el Chicago Board of Trade (CBOT), se iniciaron en 1848. Recientemente fusionado con el Chicago Mercantil Exchange (CME), es una de las Bolsas más antiguas y de mayor éxito en el mundo.

La bursatilización del mercado agropecuario, nace como un mecanismo de información, liquidez, certeza de cumplimiento, estandarización de la calidad de productos y contratos entre los actores del mercado y el arbitraje tan indispensable para resolver controversias, hechos fehacientemente constatados con los resultados obtenido por los mercados con actividad bursátil en materia de granos, como lo son Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Argentina, Brasil, Chile, entre otras.

La facilidad para importadores de proveerse de materias primas e intermediarios abusivos y especuladores, son fuertes barreras para la existencia y funcionamiento de un mercado de intercambio físico en México, que al estar respaldado por un mecanismo de Bolsa Agropecuaria pudieran hacernos aspirar a eliminar distorsiones y prácticas anticompetitivas que finalmente afectan a los consumidores finales

Es por ello que los productores que desean protegerse de bajas en el precio futuro en la venta de sus bienes y compradores que buscan protegerse de alzas en los precios, son conciliados por agentes financieros que especulan con contratos respaldados por el compromiso de liquidación de sus posturas de compra o venta.

El Mercado Agropecuario, en el país, servirá como precedente a una mayor realización y trascendencia de las actividades agropecuarias del país, puesto que el que tiene como objetivo principal, satisfacer las necesidades básicas de la población y elevar su bienestar en forma permanente; para lo cual exige realizar cambios profundos en las estructuras de producción, distribución y consumo tales como:

1) Optimizar sistemas de comercialización sobre los que se pueda actuar con acciones de efecto integral que complementen y aligeren los programas de compras directas.

2) Tener una infraestructura de acopio que permita al productor realizar, en su propio beneficio, la recepción, limpieza, normalización, acondicionamiento, almacenamiento especializado y transformación, en su caso, de sus productos.

3) La imprescindible dotación de centros de acopio a las principales zonas agropecuarias para reintegrar a los productores el valor agregado del citado proceso, el que hoy o simplemente no se realiza por mantener atávicas costumbres, o se efectúa al final de la cadena comercial, en los propios centros de consumo. Ello repercute además en las desproporcionadas mermas que impactan tanto a productores como a consumidores.

4) Complementar servicio nacional de información de mercados (SNIMM) que proporcione a productores y a distribuidores, flujos de datos permanentes, actualizados y confiables sobre precios, variedades, calidades, orígenes y volúmenes.

5) Instalar y promover transporte especializado que eslabone el proceso evitando mermas, y

6) Manejar los productos normalizados con información suficiente y oportuna a nivel nacional, son requisitos para la operación de estructuras modernas de comercialización, como son las lonjas, las subastas y las bolsas de productos, y demás mecanismos que propician además de agilidad y transparencia, la participación marginal del estado para regular eficientemente oferta, demanda y, por lo tanto, precios.

Por todo lo anterior, el mercado agropecuario vendrá a ser una variante que contribuya al desarrollo de tal sistema actual, y a sentar las bases para que a largo plazo se llegue a constituir la Bolsa Agropecuaria Mexicana, dándole seguridad al productor en el precio de venta de sus cosechas, fortaleciendo su crédito.

La implementación de la Bolsa Agropecuaria Mexicana y la operación en éste del Certificado Agropecuario Bursátil estará enmarcado por el objetivo de proporcionar alternativas de inversión que propicien el acceso a la modernidad de todos los sectores que integran la sociedad del país.

El objetivo central de este Mercado es el de contribuir a una mayor realización y trasparencia de las actividades del sector agropecuario del país, proporcionando un recinto de operación al cual concurran oferentes y demandantes agrícolas, estableciendo una relación más directa que permita agilizar la comercialización de productos perecederos, fomentando así la competitividad entre los participantes.

La institución del mercado agropecuario coadyuvará a la optimización de sistemas de comercialización de compras directas; a la infraestructura de acopio (almacenes de depósito) que permiten la recepción, limpieza, normalización, acondicionamiento y almacenamiento especializado, los cuales estarán distribuidos en el territorio nacional e implementar un servicio de información que proporcione a productores y a consumidores flujos de datos permanentes, actualizados y confiables sobre precios, variedades, calidades, orígenes y volúmenes.

Es por ello que en concordancia con la modernización del campo e incremento de la productividad y competitividad agropecuaria, y procurando una alternativa que permita el crecimiento y la expansión de la comercialización de productos perecederos, el GPPAN propone un Mercado Agropecuario como foro para establecer una relación directa entre oferentes y demandantes de estos productos que permita una mayor transparencia y competitividad en las operaciones de compra y venta al realizarse a través de la BMV.

La presente iniciativa propone que el Mercado Agropecuario se desarrollará dentro de la infraestructura operativa y administrativa con que actualmente realiza sus operaciones la BMV, en cuyo reglamento se estableciera los módulos para la compra- venta de los lotes y estableciendo la forma de liquidación de las operaciones y márgenes dentro de ésta sólo se concretará la operación de compra-venta del producto, esto significa que cualquier resolución adicional a ésta será acordada fuera de la Bolsa y entre las Casas de Bolsa representantes del productor y el comprador respectivamente. Las Casas de Bolsa que pretendan participar como intermediarios de este mercado tendrán que implementar en su estructura operativa y administrativa un área de especialización agropecuaria, cuyo funcionamiento sería verificado por la Secretaría de Economía y Sagarpa para dar constancia de la óptima asesoría que ésta proporciona a su clientela y a sus representantes.

Ahora bien, inicialmente los Agentes Bursátiles Agropecuarios (Casas de Bolsa) sólo serían los que en la actualidad, realizan funciones de intermediación en la BMV, pudiendo en un futuro realizar también este tipo de funciones organizaciones o asociaciones de productores o consumidores a través de un representante apto, designado por ellos mismos, pero en un principio no podrá haber representaciones independientes distintas a las de las Casas de Bolsa.

Tanto los representantes de las Casas de Bolsa, los Operadores Agropecuarios, como los asesores del área de especialización, deberán, como requisito ineludible, obtener, cursar y acreditar cursos de capacitación y actualización sobre el sector y producto en cuestión, impartidos por la Secretaría de Economía y Sagarpa para tal fin.

Por lo que respecta al título a negociar, estos serán los Certificados Agropecuarios Bursátiles, los cuales se estandarizaran de acuerdo a las reglas - de normatividad que sobre cada producto determinen la Secretaría de Economía y Sagarpa, asimismo, serán homogéneos en cuanto al formato, cantidad y peso y requisitos informativos que deberá reunir el mismo; todos los Certificados Agropecuarios que se coloquen en Bolsa se depositaran para su guarda y custodia en S.D. Indeval, SA de CV, hasta el momento en que se solicite su liberación.

Asimismo se propone que se la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), quien intercederá en el Mercado Agropecuario sólo como regulador del mismo por medio de la “Reserva Federal para el Abasto”, la cual es administrada y controlada por ella, y únicamente se empleará como base para la emisión de Certificados, o bien, la sustracción de los mismos del mercado ya sea demandando u ofreciendo, según el caso, y sólo hasta el establecimiento sano de la oferta y la demanda en éste.

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se crea la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana

Decreto

Artículo Único. Se aprueba la Ley de La Bolsa Agropecuaria Mexicana, para quedar en los siguientes términos:

Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana

Capítulo PrimeroDe las Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto desarrollar el Mercado Agropecuario a través de las transacciones de productos mediante mecanismos continuos de subasta pública, asegurando la existencia de un mercado equitativo, competitivo y transparente.

Corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, velar por el cumplimiento de la presente ley y de las normas que la complementen, y supervigilar el funcionamiento del Mercado Agropecuario, de acuerdo a sus facultades que le confieren su Ley de creación y las señaladas en el presente cuerpo legal.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Agente Bursátil Agropecuario: Es la persona moral que reúne los requisitos previstos en la Ley del Mercado de Valores para actividades de intermediación y que adicionalmente cuenta con infraestructura operativa y administrativa, apoyo técnico y personal apto para realizar operaciones sobre el sector agropecuario.

II. Aserca: La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios.

III. Bolsa: Las Casas de Bolsa constituidas conforme el artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores.

IV. Certificado Agropecuario Bursátil: Es el título que representa el producto o mercancía en depósito que sea negociado en la Bolsa.

V. Comisión: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

VI. Indeval: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, SA de CV constituida conforme a lo establecido en los artículos 271 y 280 de la Ley del Mercado de Valores.

VII. Mercado Agropecuario: conjunto de operaciones bursátiles cuya finalidad sea la negociación de bienes muebles fungibles que provenga directa o indirectamente de la agricultura, ganadería, silvicultura, actividades hidrobiológicas, apicultura o agroindustria, o cualquier otra actividad que pueda ser entendida como agropecuaria, de acuerdo a legislación nacional vigente o internacional, así como los insumos que tales actividades requieran.

VIII. Ley: Ley del Mercado de Valores.

IX. Secretaria: Secretaría de Economía.

X. Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XI. Operador Agropecuario: Son representantes de los Agentes Bursátiles Agropecuarios, quienes son designados para operar en nombre de su representado dentro de la Bolsa Mexicana de Valores.

Artículo 3. Las operaciones del Mercado Agropecuario serán reguladas, controladas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos de la presente Ley.

Artículo 4. Son operaciones del Mercado Agropecuario aquellas cuyo objeto de negociación sean bienes corporales, muebles relativos a la agricultura y al ganado.

Artículo 5. Las operaciones se realizarán sin la presencia física de los productos y mediante un instrumento bursátil denominado: Certificado Agropecuario Bursátil.

Artículo 6. El Certificado Agropecuario Bursátil será emitido por los Almacenes Generales de Depósito autorizados para tal efecto, y estos serán el lugar en el que deban permanecer depositados los productos materia de este Mercado.

Artículo 7.Tanto las operaciones como los participantes del Mercado Agropecuario se mantendrán bajo las disposiciones que contenga la Ley del Mercado de Valores, en primera instancia, y bajo las disposiciones que marque la Secretaría, y Sagarpa, en su caso.

Artículo 8. Se creará dentro de la estructura de la Bolsa una Gerencia de Mercado Agropecuario, estará facultada para:

I. Controlar y administrar todas las operaciones que se realicen en Bolsa.

II. Analizar y autorizar la inscripción de los productos a través de estudios de factibilidad.

III. Nombrar un juez arbitral para que vigile la sesión de remates e intervenga para conciliar divergencias entre Agentes Bursátiles Agropecuarios.

Capítulo SegundoDe los Agentes Bursátiles Agropecuarios

Artículo 9. Podrán ser Agentes Bursátiles del Mercado Agropecuario, las sociedades anónimas autorizadas por la Bolsa y que cumplan las siguientes condiciones:

I. Contar con estructura administrativa suficiente y capaz para sostener una red de especialización agropecuaria que proporcione apoyo técnico, tanto a sus operadores como a su clientela;

II. Gozar de buena reputación y haber cumplido estrictamente con sus obligaciones civiles y comerciales;

III. Tener representantes capacitados para realizar operaciones sobre el sector agropecuario que actúen en su nombre y bajo su dirección.

Artículo 10. La Secretaría y Sagarpa verificarán la existencia del área de especialización agropecuaria para constatar la efectiva asesoría que ésta proporciona a propios y terceros para el mejor desarrollo de las operaciones.

Artículo 11. Las actividades del Agente Bursátil Agropecuario serán las siguientes:

I. Actuar como intermediarios en el mercado agropecuario, en los términos de la Ley, sujetándose a las disposiciones de carácter general que dicten los organismos gubernamentales para el sector en cuestión.

II. Recibir fondos por concepto de las operaciones agropecuarias que se les encomienden. Cuando por cualquier circunstancia no puedan aplicar esos fondos al fin correspondiente el mismo día de su recibo, deberán, si persiste impedimento para su aplicación, depositarlo en documentos de alta liquidez y fácil realización, a más tardar el día hábil siguiente, en cuenta distinta a las que deben formar parte de su activo.

III. Prestar asesoría en materia agropecuaria por medio del departamento específico que deberá existir en sus instalaciones.

IV. Conceder préstamos o créditos para la adquisición de equipo e implementos necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

V. Proporcionar servicio de guarda y administración de los Certificados Agropecuarios Bursátiles, encomendándolos a la Indeval.

VI. Realizar operaciones por cuenta propia que faciliten la colocación de los Certificados de Depósito Bursátil o que contribuyan a dar mayor estabilidad a los precios de estos y a reducir los márgenes entre cotizaciones de compra y de venta de los propios Certificados, y con ello de lo que representan.

VII. Capacitar a sus representantes u operadores en los productos que se pretenden operar en Bolsa, de acuerdo a evaluaciones que al respecto ordene la Secretaría y Sagarpa, de modo tal que se especialicen en el mercado.

VIII. Serán responsables de la autenticidad e integridad de los Certificados Agropecuarios Bursátiles que negocien, así como de la continuidad de los endosos, la autenticidad del último de estos y su legalidad.

IX. Los títulos que negocien los Agentes Bursátiles Agropecuarios en la Bolsa, representarán productos o mercancías cuya normatividad y estandarización con respecto a peso y calidad será determinada por la Secretaría y Sagarpa, de acuerdo a estudios previos sobre cada producto.

Los derechos, obligaciones y restricciones del Agente Bursátil Agropecuario serán establecidos por la Comisión.

Artículo 12. Los Agentes Bursátiles del Mercado Agropecuario quedarán sometidos a las normas previstas en el Reglamento de la Bolsa Mexicana de Valores, y de manera especial, están obligados a:

I. Entregar oportunamente a su clientela los comprobantes de liquidación de las operaciones realizadas a nombre de estos;

II. Pagar el precio de la compra o hacer entrega de los Certificados negociados sin que en ningún caso sea admisible la excepción de falta de previsión;

III. Atender todos los acuerdos adyacentes a la operación de compra-venta agropecuaria (transportación, costo de almacenaje, entrega del producto, etc.), entre los participantes a quienes representan, hasta el buen fin de la misma;

IV. Actuar como conciliador entre los participantes, en caso de inconformidad o desavenencia al momento de concluir el trato;

V. Informar a la Secretaría de las inconformidades o desavenencias entre la clientela para considerar su opinión al resolver sobre la cuestión de arbitraje en cuanto a la calidad del producto, y

VI. Recopilar todos los requisitos que se necesiten para hacer operable en Bolsa el Certificado Agropecuario Bursátil.

Artículo 13. El Agente Bursátil Agropecuario sólo puede tener el cinco por cierto de composición propia del total de Certificados ofrecidos por producto, y debe mantener sólo hasta ese porcentaje, suba o baje la oferta.

Artículo 14. En ningún caso, el Agente Bursátil Agropecuario puede retirar el producto mercancía de los almacenes, en nombre propio.

Artículo 15. El Agente Bursátil Agropecuario deberá informar a la Bolsa el registro federal de contribuyentes, así como los datos adicionales que ésta requiera del comprador de todas y cada una de las operaciones que realice, ya sea por cuenta propia o de terceros. Lo anterior con fines estadísticos únicamente.

Capítulo TerceroDe los Certificados Agropecuarios Bursátiles

Artículo 16. Los títulos que representan a los productos o mercancías en depósito que sean negociados en la Bolsa, sólo podrán ser Certificados Agropecuarios Bursátiles.

Artículo 17. La expedición de Certificados Agropecuarios Bursátiles estará a cargo de Almacenes Generales de Depósito autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que además obtengan concesión por parte de Secretaría, con el propósito de promoverlos bursátilmente.

Los Certificados de Depósito que se operen en la Bolsa, se denominarán Certificados Agropecuarios Bursátiles, y deberán inscribirse en el Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías previsto por el artículo 22 bis 6 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,

Artículo 18. Para la promoción bursátil de un Certificado Agropecuario, éste deberá ostentar el visto bueno del Agente Bursátil que lo promueve, el cual se responsabiliza de la certificación del mismo.

Artículo 19. El formato del Certificado Agropecuario Bursátil deberá contener:

I. Mención de ser Certificado Agropecuario Bursátil;

II. Nombre del depositante;

III. Designación y la firma del almacén;

IV. Lugar del depósito;

V. Fecha de expedición y fecha de vencimiento;

VI. Número de orden, el cual deberá ser igual para cualquier documento referente al mismo y que se requiera anexar;

VII. Número de registro de concesión por parte de la Secretaría;

VIII. Especificación de las mercancías o productos depositados con mención de su naturaleza, calidad cantidad, agrupados de acuerdo a tablas y manuales de estandarización, emitidos por la Secretaría, así como las demás circunstancias que sirvan para la identificación de los mismos;

IX. Mención del ciclo productivo a que pertenece el depósito;

X. Medida de peso o acopio que se emplea;

XI. Datos respecto del seguro que se contrate, y

XII. Visto bueno por certificación del Agente Agropecuario Bursátil.

Artículo 20. Sólo podrán negociarse durante los meses posteriores a la cosecha del ciclo agrícola o ciclo productivo respecto de casa tipo de producción en concreto y que marque la Comisión en cada caso, previa consulta con la Secretaría y Sagarpa.

Artículo 21. Cada Certificado Agropecuario debe amparar 20 toneladas métricas exactamente, independiente de qué producto o mercancía se trate.

Artículo 22. El lote para negociar en Bolsa se conformará del número Certificados que se establezca en el reglamento de la BMV debidamente estandarizados del mismo producto o mercancía. Las operaciones que no alcancen este número de Certificados se considerarán operaciones de picos.

Capítulo CuartoDe la inscripción de los productos

Artículo 23. Los productos objeto de Certificado Agropecuario Bursátil deben ser tipificables, es decir, tener normas de calidad claramente definidas.

Artículo 24. Para que un producto sea inscrito oficial mente en Bolsa, debe cumplir con los siguientes requisitos:

I. Comunicación escrita al Consejo de Administración de la Bolsa, solicitando el registro oficial del producto.

II. Presentar estudio de factibilidad del producto en cuestión, mencionando las características del mismo:

a) Ciclo productivo.

b) Cosecha,

c) Almacén de depósito.

d) Plazo de almacenaje,

e) Procedencia del producto y

f) Normatividad de la Secretaría.

Artículo 25. Cada Agente Bursátil Agropecuario deberá inscribir el producto que representan los Certificados a negociar por ellos, inclusive cuando lo único que cambie sea el ciclo productivo de los mismos.

Artículo 26. Los productos a inscribir previamente deben contar con una normalización estipulada por la Secretaría, la cual representa la reglamentación de las proporciones y calidades de los productos, con el fin de simplificar la utilización y descripción de los mismos.

Artículo 27. Todos los productos deberán ser susceptibles de estandarizarse, en función a los requisitos que indique el Certificado Agropecuario Bursátil.

Capitulo QuintoDe las Operaciones

Artículo 28. Las operaciones del Mercado Agropecuario que se celebren en Bolsa según su forma de concertación, se llevarán a cabo conforme lo que indica la Ley. Para tal efecto, el Operador Agropecuario utilizará el sistema electrónico de negocios para operar los Certificados Agropecuarios Bursátiles de acuerdo a lo que establezca la Bolsa Mexicana de Valores.

Artículo 29. Las operaciones del Mercado Agropecuario deberán registrarse en Bolsa dentro de los horarios que ésta determine.

Artículo 30. Se entiende por operación cruzada aquella que se realiza por un mismo Agente Bursátil Agropecuario en razón de que en él concurren las calidades de comprador y vendedor, por haber sido encargado por su cliente al vender o adquirir un mismo producto inscrito en Bolsa.

No podrán realizarse operaciones cruzadas fuera de Bolsa.

Artículo 31. Las ofertas y las propuestas aceptadas se harán en el Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa Mexicana de Valores y aparecerán en las pantallas correspondientes, o anotadas de cualquier otro modo que permita su apreciación en forma general. Igualmente podrán presentarse mediante los sistemas que ofrezcan las comunicaciones modernas.

Artículo 32. Las ofertas y demandas de productos para efecto de fijar precios, deberá hacerse en lotes cuya calidad se estandarice de acuerdo a normas establecidas por la Secretaría y al volumen que marque la Ley.

Artículo 33. El precio de cierre de los productos cotizados en Bolsa se establecerá por el de la última operación realizada de ese producto. El tamaño mínimo de un lote que modifique su cotización, será fijado por la Bolsa.

Artículo 34. Las operaciones deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:

a) La operación debe ser adjudicada al primero que haya aceptado.

b) Cuando la operación haya sido aceptada simultáneamente por dos o más comisionistas, el negocio se adjudicará por partes iguales, salvo convenio en contrario del juez de sesión (miembro de la Bolsa).

c) Para resolver cualquier diferencia que surja de una operación celebrada, se tendrá en cuenta lo estipulado en el Sistema Electrónico de Negociación.

Artículo 35. Está prohibido hacer apreciaciones a través de cualquier medio de comunicación, tendientes a calificar el pro o el contra de los productos que se ofrezcan comprar o vender en la Bolsa, coaccionando con ello la libre oferta y demanda.

Artículo 36. Aserca participará en el Mercado a través de los Agentes Bursátiles Agropecuarios que designe, única y exclusivamente como regulador de fluctuaciones en precios del mismo, ofreciendo o demandando producto, según sea el caso, afectando solamente a la Reserva Federal del Abasto.

Artículo 37. El precio base o de piso sobre el que habrán de fluctuar las cotizaciones, será el precio de garantía que de cada producto establezca el Gabinete Agropecuario.

Se entenderá como límite de fluctuación permitido para la primera operación, el parámetro que resulte de aplicar al precio base el veinte por ciento al alza, y para las siguientes operaciones el que resulte de aplicar al precio de mercado el veinte por ciento al alza y a la baja, suspendiéndose la operación durante diez minutos cada vez que se rompan los parámetros.

Durante esta suspensión, las propuestas de compra y de venta que integren la operación podrán cerrarse por un tercero que mejore el precio para la contraparte, dentro del parámetro .vigente.

En este caso y en el supuesto de que continúen realizándose operaciones dentro de dicho parámetro, no será válida la operación suspendida, siempre que se trate del mismo producto.

Artículo 38. En el caso de que una operación rebase el parámetro vigente hasta en un cincuenta por ciento del precio base, independientemente de las fluctuaciones en el precio de mercado, se suspenderá por el periodo de operación de ese día anunciándose a través del Sistema Electrónico de Negociación, al término de los cuales Aserca intervendrá ofreciendo Certificados hasta que nuevamente se restablezca el precio hasta el veinte por ciento del precio base, una vez en este nivel se retirará del Mercado.

Artículo 39. En el caso de haber posturas que establezcan precios inferiores al precio base del producto que se negocia, Aserca intervendrá demandando Certificados Agropecuarios Bursátiles, hasta que las cotizaciones alcancen al mismo, una vez en este nivel se sustraerá del Mercado.

Artículo 40. Un mismo comprador, a través de su Agente Bursátil Agropecuario, sólo puede adquirir hasta el cuarenta por ciento del total ofrecido en el mercado de un mismo producto.

En la proporción en la que retire productos de almacén (certificados completos), en esa medida puede adquirir Certificados Agropecuarios Bursátiles sobre el mismo producto, hasta reunir el cuarenta por ciento de lo que en ese momento se ofrezca.

Si no retira los productos, es decir, se queda en posición abierta, entonces no podrá adquirir más Certificados Agropecuarios Bursátiles a menos que se incremente el total ofrecido, por lo que en el caso de que éste disminuya, debe vender o retirar hasta ajustar el porcentaje permitido.

Capítulo SextoDe la liquidación

Artículo 41. Por razones de la oportunidad para su cumplimiento, las operaciones comerciales que se celebren en el Mercado Agropecuario serán inicialmente al contado, pudiendo posteriormente operarse a Futuro y opciones.

Artículo 42. Las operaciones concertadas por Agentes Bursátiles Agropecuarios fuera de la Bolsa, que versen sobre productos inscritos, deberán registrarse durante la siguiente sesión de remates.

Artículo 43. Se entiende por operación fuera de Bolsa la que se cumple en horas y sitios diferentes a los dispuestos por la Bolsa para realizar bajo su auspicio transacciones comerciales.

Artículo 44. Para que produzca plenos efectos, la operación fuera de Bolsa debe reunir los siguientes requisitos:

I. Que en la última sesión de remates se hayan presentado ofertas sobre el mismo producto, y

II. Que el precio acordado esté dentro de la base mínima y máxima de las cotizaciones presentadas en la sesión de remate anterior.

Artículo 45. Todas las operaciones que se concierten en la Bolsa, deberán liquidarse por su conducto y cumplirse mediante su intervención.

Artículo 46. La Bolsa entregará a los Agentes Bursátiles Agropecuarios que intervengan en una operación copia del comprobante de liquidación oficial por duplicado.

Este comprobante llevará una firma autorizada, el número de transacción y contendrá en detalle la fecha en que se celebró la operación, el nombre del Agente Bursátil Agropecuario, comprador y vendedor, cantidad, especie negociada, precio y fecha de vencimiento del Certificado.

Cada uno de los Agentes Bursátiles Agropecuarios interesados conservará en su archivo un ejemplar del expresado documento, y está obligado a entregar el otro a su cliente como comprobante oficial de la transacción.

El original del comprobante será conservado por la Bolsa.

Artículo 47. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones celebradas en la Bolsa, se efectuará así:

a) El Agente Bursátil Agropecuario vendedor deberá entregar al día siguiente hábil, al cierre de la operación en la sesión de remate, el Certificado de Depósito debidamente endosado, o la respectiva autorización irrevocable de entrega del producto negociado.

b) El Agente Bursátil Agropecuario comprador está obligado a efectuar el pago a la Bolsa a más tardar al día siguiente hábil al cierre de la operación en la sesión de remate.

c) El Agente Bursátil Agropecuario vendedor deberá dar aviso inmediato al Agente Bursátil Agropecuario comprador, por conducto de la Bolsa, de la localización exacta del producto.

d) Una vez hecho el depósito de pago y la entrega del Certificado Agropecuario Bursátil requerido, la Bolsa efectúa los traspasos contables que procedan y da por concluida la operación.

e) El agente Bursátil agropecuario es el responsable primero de las operaciones, si un cliente del operador bursátil no cumple con los márgenes por las fluctuaciones del mercado, este será responsable de su compensación.

f) Cualquier aclaración posterior, ya sea del vendedor o del comprador, será solventada por el Agente Bursátil Agropecuario que represente a cada parte.

Artículo 48. El vendedor no podrá cambiar el estado de la cosa vendida y está obligado a conservarla tal y como se encontraba el día del contrato, para su entrega al comprador.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales necesarias para que las dependencias y entidades puedan cumplir las atribuciones conferidas en este Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2015.— Diputados: José Ángel González Serna, Juan Bueno Torio, Claudia RocíoVilla Oñate, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbricas).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

«Iniciativa que reforma los artículos 53 a 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Leonor Romero Sevilla, Diputada en la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 53, 54 y 55, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector agropecuario enfrenta una serie de retos que han impedido su adecuada inserción en el proceso de desarrollo nacional.

Tales desafíos giran en torno a temas tales como: baja productividad en el sector, escaso acceso al financiamiento, pobreza en el medio rural, cambio climático, inseguridad alimentaria, entre otros. Aunado a estos problemas, la creación de valor agropecuario enfrenta límites físicos, toda vez que cada país tiene una determinada superficie en la que se pueden desarrollar las actividades agropecuarias, además de que la tecnología para la producción no es un bien público que pueda beneficiar a todos los productores. A pesar de lo anterior, nuestro país podría mejorar considerablemente su productividad a través de la expansión en el uso de tecnologías y el subsecuente incremento en los rendimientos.

En el mercado agroalimentario, es de dominio público los siguientes factores que lo afectan: La especulación y ocultamiento de productos alimenticios, la segmentación de mercados, las ventas atadas, las prácticas de exclusividad, la fijación de precios al productor y al consumidor, los enormes niveles de concentración y dominancia, los acuerdos permanentes entre competidores, los desproporcionados márgenes de ganancia, los precios monopólicos y la imposición de las barreras a la competencia.

La conversión de terrenos hacia usos agropecuarios es una de las causas más importantes de deforestación en América Latina y el mundo. En México, la superficie agrícola sembrada se ha mantenido relativamente constante en los últimos años, contabilizando en 2003 cerca de 21.7 millones de hectáreas. Es importante mencionar que aun cuando la superficie agrícola sembrada no ha crecido considerablemente en los últimos años, la conversión de vegetación natural a terrenos agrícolas continúa en el país. Los estados que en 2002 tenían el mayor porcentaje de su superficie ocupada por agricultura fueron Tlaxcala (cerca de 74%), Morelos (55%), Guanajuato (48%) y el Estado de México (46%), mientras que los estados con menores porcentajes fueron Campeche (4%), Baja California y Quintana Roo, estas últimas con cerca del 2%. (http://app1.semarnat.gob.mx/ dgeia/informe_resumen/02_vegetacion/cap2.html)

Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) que realizó el INEGI en el año 2012, en el país se ocuparon un total de 14.1 millones de hectáreas en la siembra de los principales cultivos anuales. El 93.9% de tal superficie estuvo sembrada con maíz grano (8.4 millones de hectáreas), frijol (1.9 millones), sorgo grano (1.7 millones), avena forrajera (0.7 millones) y trigo grano (0.6 millones de hectáreas).

Lo anterior, no es por cuestiones de productividad o de mercado, obedece a un proceso cultural que se ha dado desde mucho tiempo, ya que el inicio de la agricultura era la roza, tumba y quema (también conocida como agricultura nómada o itinerante) principalmente para cultivar maíz, y este proceso se ha relacionado frecuentemente con la degradación del ambiente y quedando como un símbolo de la agricultura mexicana, provocando que en algunos lugares se haya deforestado y erosionado los terrenos, o con este tipo de procesos culturales se hayan empobrecido los suelos.

Como ejemplo de cultivos que tienen una baja rentabilidad de producción, podemos citar al maíz, hay lugares o zonas, donde se sigue sembrado con rendimientos de menos de una tonelada por hectárea, en estos lugares es en donde se debe de cambiar este tipo de costumbres, es por ello que el Gobierno debe de fomentar la reconversión productiva sustentable con un enfoque de vocación productiva de alta rentabilidad y viables para cada zona del país, tomando indicadores de desempeño, tales como superficie plantada, superficie cosechada, volumen y valor de la producción

El gobierno federal y los gobiernos estatales han venido impulsando estrategias de reconversión productiva, en algunos casos con diagnósticos de adaptabilidad y potencial productivo de las especies a introducir o incentivar su expansión, las más de las veces sin un diagnóstico social de la disponibilidad de los productores a adoptar el nuevo cultivo, es conveniente que los gobiernos establezcan políticas o planes de trabajo sistemáticos que permitan un reordenamiento de la vocación productiva de cada zona a fin de potencializar la producción agrícola.

Es por ello la importancia del reordenamiento de la vocación productiva sustentable, entendido éste, como un sistema de adaptación biológica a los factores que componen un ecosistema como son: temperatura, altitud, tipo de suelo, humedad, especies, luminosidad, con el propósito de lograr un mayor nivel de participación de la comunidad, para decidir el rumbo del desarrollo agrícola regional, acorde con su potencialidad, considerando el establecimiento de cultivos alternativos con mayor viabilidad agronómica, rentabilidad económica y viabilidad social: para lo cual se puede recurrir desde cambiar un cultivo anual establecido por otro del mismo ciclo, teniendo como prioridad que la actividad agropecuaria cubra primeramente las necesidades locales, de autosuficiencia alimentaria y se procure el mejoramiento de las condiciones de vida de sector rural.

Esto permitirá regionalizar la producción en base a la vocación de los ecosistemas, resolverá el problema de producción en regiones con altos índices de siniestralidad y muy baja productividad e incluso para resolver problemas sistemáticos en la comercialización, buscando generar un mayor equilibrio entre oferta y demanda, todo ello para lograr mejores ingresos para los pequeños y grandes productores.

Por lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 53, 54 y 55, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de reconversión productiva sustentable

Único: Se reforman los artículos 53, 54 y 55 fracción VII de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo 53. Los gobiernos federal y estatales estimularán la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias, al desarrollo regional, al reordenamiento de la vocación productiva, y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias.

Artículo 54. El Estado creará los instrumentos de política que aseguren alternativas para las unidades de producción o las ramas del campo que vayan quedando rezagadas o excluidas del desarrollo. Para ello tendrán preferencia las actividades económicas que preserven el equilibrio de los agroecosistemas y fortalezcan el desarrollo regional del país.

Artículo 55.-Los apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán como propósitos:

I. a VI. ...

VII. Incrementar la productividad y reorientar la vocación de las regiones con limitantes naturales para la producción, pero con ventajas comparativas que justifiquen la producción bajo condiciones controladas;

VIII y IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2015.— Diputados: Leonor Romero Sevilla, Consuelo Argüelles Loya, Juan Pablo Adame Alemán, José Martín López Cisneros (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la sección II Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia del régimen de pequeños contribuyentes (Repeco), el régimen de incorporación fiscal (RIF) e incentivos fiscales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde que la Cámara de Diputados aprobó en 2013 la reforma fiscal propuesta por el gobierno federal, el Partido Acción Nacional ha trabajado de manera decidida desde el Congreso con objeto de revertir los efectos lesivos que ha generado esta reforma a lo largo de casi dos años de su aplicación.

En la elaboración de la miscelánea fiscal, el gobierno federal puso oídos sordos a las demandas que realizaron diversos grupos empresariales sobre los temas que ésta contenía.

Las cámaras empresariales y los partidos políticos en su momento hicimos un llamado a tiempo al gobierno para que reconsiderara su posición y reconociera que la miscelánea fiscal tendría efectos nocivos en el sector productivo del país.

Así ello, señalamos el efecto que tendría en las economías de las regiones fronterizas el incremento de la tasa del IVA de 11 a 16 por ciento, la baja inversión que generaría la eliminación de la deducibilidad inmediata al 100 por ciento de activos fijos, el incremento de la tasa del ISR a personas morales, la afectación a los ingresos de los trabajadores por la limitación de la deducibilidad de las personas físicas y el alto grado de informalidad que se observaría con la sustitución de los Repecos por el RIF, por citar solamente algunos cambios.

En suma, planteamos el voto en contra del proyecto del gobierno federal porque el país necesitaba una reforma fiscal promotora de la inversión y la competitividad, que no castigara la actividad productiva, con un esquema donde todos contribuyeran y un sistema de coordinación fiscal justo y equitativo en materia de participaciones.

Los efectos negativos de la miscelánea fiscal, han llegado pronto para desgracia de la economía de nuestro país y precisamente uno de los sectores con mayores afectaciones ha sido el de los pequeños contribuyentes, que agrupa a más de 9 millones de pequeños comercios y millones de familias mexicanas que dependen de dicha actividad.

El principal problema a que se han enfrentado los pequeños comerciantes con el cambio de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) radica en el hecho de que de forma automática y contra su voluntad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) manda al RIF a todos los Repecos que ya estaban registrados en el SAT y que pagaban impuestos sin tantas restricciones.

Además, el RIF plantea la necesidad de que los contribuyentes registren su contabilidad a través de softwares especializados (contabilidad electrónica), que presenten declaraciones electrónicas y que algunos gastos sean pagados con cheques o transferencias electrónicas por citar algunos.

Es decir, de “tinta y plumazo” el gobierno federal borró el régimen de Repeco asumiendo su inexistencia y que el paso de un régimen a otro, traería beneficios fiscales a todos los actores más allá de las complicaciones que pudieran existir.

Nada más alejado de la realidad si consideramos la actual presión fiscal bajo el cual tributan millones de pequeños comerciantes que en su mayoría desconoce los cambios que generó la reforma y que en consecuencia, complicando su contabilidad, limitando el pago de impuestos y generando una gran cantidad de amparos que les genera un gasto adicional y reduce la recaudación de impuestos.

Por otro lado, dado el planteamiento que se hizo en la reforma, es posible que terminen, en el mejor de los casos, siendo esclavos fiscales como muchos otros contribuyentes, o en su defecto, lo normal sería que opten por incorporarse a la economía informal lo que resulta contrario al planteamiento que hizo el gobierno federal de ampliar la base de contribuyentes y disminuir la informalidad.

La reforma fiscal obliga a las tienditas de abarrotes, a las pequeñas papelerías o pequeños comercios de venta de alimentos establecidos de manera formal cuyos ingresos son menores de 100 mil pesos anuales a tecnificarse y contar con un software que vale mucho más de los ingresos que pueden obtener durante un ejercicio fiscal.

Además, suponiendo que pueden comprar el software para cumplir sus obligaciones fiscales, éstos no necesariamente saben hacer uso de la tecnología para llevar su contabilidad, por lo que hipotéticamente tendrán que contratar a alguien que sí lo haga. Para ello incorporarán un concepto más a su columna de gastos.

De acuerdo con la Alianza de Pequeños Comerciantes, “para el pequeño comercio, el RIF genera incertidumbre e inconformidad, dado que muchos comerciantes no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con las obligaciones de este nuevo régimen”.

Por ello, uno de los argumentos centrales de dicho gremio es que resulta más fácil que el pequeño comercio, que de suyo ya es formal, se convierta en informal y se olvide de entrar en un proceso legal y administrativo que ha resultado sumamente complejo.

Es decir, si ya existía el régimen de Repeco que brindaba ciertas facilidades para combatir la informalidad, que le aseguraba al gobierno federal un monto de impuestos por concepto de recaudación, ¿por qué ahora se les está obligando a incorporarse al RIF que ha complicado un sistema de tributación que ya funcionaba?

Con los cambios de la Ley del ISR, el gobierno federal sólo desvirtuó y complicó el pago de impuestos por personas con baja capacidad de ingresos y poca capacidad administrativa para hacerlo. La reforma no atiende las necesidades de operación del pequeño comercio.

Conforme a los argumentos anteriores y en la misma línea de trabajo que ha presentado mi grupo parlamentario, la presente iniciativa busca insistir en la necesidad de modificar la Ley del ISR para apoyar de forma decidida a los pequeños comercios y solucionar uno de los tantos problemas que generó la miscelánea fiscal planteada por el gobierno federal.

De esta manera, el proyecto de iniciativa busca cumplir los siguientes objetivos:

1. Establecer la posibilidad de tributar en el régimen que los pequeños comerciantes decidan (Repeco o RIF) de acuerdo con sus ingresos y necesidades fiscales y con base en las medidas contenidas en los distintos decretos presidenciales que contienen beneficios fiscales cuando se tributa bajo el RIF.

2. Establecer a través del SAT reglas de carácter general para liberar de la obligación de expedir comprobantes fiscales a los pequeños comercios cuando se trate de operaciones menores de 100 pesos con la posibilidad de expedir en consecuencia notas de ventas;

3. Establecer que las entidades federativas que celebren convenios de coordinación fiscal con la federación puedan recaudar los impuestos al valor agregado, y sobre la renta a cargo de los contribuyentes que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes. Es decir, la recaudación que se obtenga mediante cuota fija será recaudada por las entidades federativas y éstas administrarán totalmente los recursos recaudados; y

4. Simplificar las obligaciones fiscales de los pequeños contribuyentes con ingresos menores a 100 mil pesos anuales y con ventas al público en general.

En Acción Nacional estamos ciertos de que es urgente generar a través de reformas como las que se plantean en la presente iniciativa seguridad jurídica a los contribuyentes respecto de las disposiciones fiscales que les son aplicables.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se adiciona la sección II Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia del régimen de pequeños contribuyentes, el régimen de incorporación fiscal e incentivos fiscales

Único.Se adiciona la sección II Bis, “Del régimen de pequeños contribuyentes”, al capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Sección II BisDel Régimen de Pequeños Contribuyentes

Artículo 113 Bis. Las personas físicas que durante 2014 y 2015 hayan realizado el trámite correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria para formar parte del régimen de incorporación fiscal a que hace referencia la sección II del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán optar por regresar el régimen de pequeños contribuyentes si los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieren superado un monto señalado en la fracción I del artículo 113 Ter.

Artículo 113 Ter. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar el régimen de pequeños contribuyentes señalado en esta sección y como se establece a continuación:

I. Para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta durante los ejercicios fiscales de 2014 y de 2015, las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios, al público en general por los que no se requiera para su realización título profesional y que además obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en la presente sección, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por su actividad empresarial no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. La elección de esta opción no exime a los contribuyentes del cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a los regímenes fiscales citados.

Los contribuyentes a que se refiere el artículo 113 Bis podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en la presente sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite establecido en el párrafo anterior. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán pagar el impuesto sobre la renta siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en la misma, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 28 de febrero de cada año, una declaración informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Los contribuyentes que utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal quedarán liberados de presentar la información.

II. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de la fracción I del artículo 113 Ter calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa de 2 por ciento a la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto equivalente a cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes o a través de una cuota fija que determinen las entidades federativas.

III. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en este artículo, tendrán las obligaciones siguientes:

1. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta sección o dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones el aviso correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a esta sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante las autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a la fecha en que se dé dicho supuesto.

3. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a 2 mil pesos.

4. No estarán obligados a llevar contabilidad, en su lugar deberán llevar un registro de sus ingresos diarios, el cual no podrá ser manual o electrónico y no le será aplicable lo estipulado en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.

5. En lugar de los comprobantes fiscales digitales a que hacen referencia los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deberán entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de éstas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como tener impreso el número de folio del comprobante y el importe total de la operación en número o letra, y podrán ser impresos en papel por el propio contribuyente o en cualquier imprenta.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes simplificados la copia de la parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores de 100 pesos.

Quienes tributen en esta sección podrán optar por emitir las notas de venta mediante un comprobante fiscal digital. El Servicio de Administración Tributaria deberá poner a disposición de los contribuyentes de esta sección la herramienta correspondiente para emitir las notas de venta, sin que por su uso se considere que los contribuyentes dejan de tributar conforme a esta sección.

6. Presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 113 Ter. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción tendrán el carácter de definitivos.

Los pagos a que se refiere esta fracción, se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre que dicha entidad federativa tenga celebrado convenio de coordinación para administrar el impuesto a que se refiere esta sección. En el caso de que la entidad federativa en donde obtenga sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio o éste se dé por terminado, los pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

Para los efectos de esta fracción, cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más entidades federativas, enterarán los pagos bimestrales en cada entidad considerando el impuesto que resulte por los ingresos obtenidos en ella.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las entidades federativas con que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta sección podrán ampliar los periodos de pago a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los contribuyentes.

Las entidades federativas con que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta sección podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo.

7. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar la retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las disposiciones previstas en esta ley y su reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

8. No realizar actividades a través de fideicomisos.

9. Presentarán declaración informativa impresa a más tardar el día 31 de marzo del ejercicio inmediato siguiente en donde relacionaran el total de las operaciones efectuados con sus proveedores cuando en el ejercicio hayan realizado compras de bienes, servicios o arrendamiento mayores a cincuenta mil pesos, ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria que les corresponda.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta sección, y cambien de sección deberán a partir de la fecha del cambio cumplir las obligaciones previstas en la sección correspondiente.

IV. Las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el presente artículo estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio a efecto de administrar también el impuesto al valor agregado a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo y deberán practicar la estimativa prevista en el mismo. Las entidades federativas recibirán como incentivo 100 por ciento de la recaudación que obtengan por el citado concepto.

Las entidades federativas que hayan celebrado el convenio a que se refiere el párrafo anterior deberán, en una sola cuota, recaudar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo y que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, así como las contribuciones y derechos locales que dichas entidades determinen. Cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más entidades federativas, se establecerá una cuota en cada una de ellas, considerando el impuesto al valor agregado correspondiente a las actividades realizadas en la entidad de que se trate y el impuesto sobre la renta que resulte por los ingresos obtenidos en ella.

Artículo 113 Quáter. Tratándose de contribuyentes con ingresos estimados menores de 100 mil pesos anuales y con ventas al público en general podrán optar por registrarse en el Registro Federal del Contribuyente con las únicas obligaciones de darse de alta y declarar su actividad a partir del ejercicio de su registro y gozarán de los estímulos fiscales otorgados para el régimen de incorporación fiscal.

Artículo 113 Quinties. El Servicio de Administración Tributaria reconocerá como deducible los pagos efectuados por sueldos y salarios durante el ejercicio fiscal de 2014 siempre que el comprobante fiscal digital haya sido emitido en cualquier fecha del ejercicio fiscal de 2014 sin que la persona física tenga la obligación de emitir comprobantes fiscales por internet.

Artículo Sexies. Las personas físicas con actividad empresarial que tengan ingresos menores de dos millones de pesos tendrán la opción de permanecer en el régimen de incorporación fiscal y contarán con los beneficios fiscales en materia del impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que establece el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen bajo el régimen de incorporación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014.

Transitorios

Primero. Los efectos fiscales de la presente iniciativa entrarán en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal de 2016.

Segundo. El Servicio de Administración Tributaria incorporará en forma automática al régimen de pequeños contribuyentes a que hace referencia la sección II Bis del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta a las personas físicas que a los ejercicios fiscales de 2014 y de 2015 realizaron actividades o prestaron servicios al público en general por los que no expidieron comprobantes en los términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, tomando en consideración la base de datos con que cuente dicha entidad al 31 de diciembre de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.— Diputados: Juan Bueno Torio, Consuelo Argüelles Loya, Juan Pablo Adame Alemán, José Luis Oliveros Usabiaga (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de geolocalización en tiempo real, a cargo de diputados de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, José Guillermo Anaya Llamas, Consuelo Argüelles Loya, Ana Isabel Allende Cano, José Alejandro Montano Guzmán, María del Carmen García de la Cadena Romero, Atolín Etienne Rivera, José Ángel Ávila Pérez, María Guadalupe Moctezuma Oviedo y Felipe Arturo Camarena García, legisladores federales integrantes de la junta directiva de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de geolocalización en tiempo real, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 30 de noviembre de 2010, después de un proceso de consulta y discusión, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se dotó a las autoridades mexicanas de una herramienta legislativa cuyo propósito era hacer efectivos los fines de la Justicia Penal: descubrir la verdad de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño causado por el delito.

Esta ley fue  desarrollada por proyectos presentados por integrantes de las organizaciones de defensa de derechos humanos de las víctimas de secuestro, entre ellas, Alto al Secuestro AC, México SOS, México Unido contra la Delincuencia AC y otras. Hoy estas mismas organizaciones solicitan y apoyan que los estándares de protección de derechos humanos sean los que está indicando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia derivada de la acción de inconstitucional 32/2012.

Para ello, también era necesario que el instrumento normativo permitiera la eficacia de las investigaciones y la protección de los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados por el delito de secuestro. Como instrumento novedoso fue defendido y criticado en distintos foros, incluido por supuesto el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha permitido que se fijen criterios relevantes respecto de la aplicación de la ley, las técnicas de investigación utilizadas, y sobre todo que la Ley General es acorde con la Constitución y respeta los textos, son respetuosos de los derechos humanos reconocidos por ésta y por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México vigentes en nuestro país.

Así, se ha reconocido el carácter excepcional que tiene la investigación de delitos como el secuestro que requieren el fortalecimiento de la actividad investigadora, desde luego, siempre en los límites establecidos por la protección de los derechos humanos.

De esta manera en las discusiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha determinado que es necesario establecer los estándares más altos de protección justificando los mismos a la luz de la motivación que requiere el artículo 16  en relación con el primero de la Constitución.

Así, la propia Suprema Corte de Justicia ha reconocido al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 32/2012, relativa al validar como constitucional y acorde a los derechos humanos la facultad del Ministerio Público de ordenar a las compañías de telefonía le entreguen información sobre la geolocalización en tiempo real de aparatos de comunicación, sin que para ello el ministerio público requiera autorización judicial, siempre y cuando se trate de delitos tan graves como lo es el secuestro, lo cual razonó de la siguiente manera:

“Del examen de proporcionalidad de las normas impugnadas se concluye que:

La medida es idónea, en tanto conllevan fin legítimo, en virtud de que el objeto propuesto por la legislación es la seguridad social de perseguir delitos y proteger a la sociedad de la delincuencia común y de la criminalidad organizada, frente a conductas intolerables como el secuestro, la extorsión o amenazas; manifiestamente lesivas. Este objetivo de la legislación es un fin constitucional, y en consecuencia el fin es legítimo. Por tanto, la libertad del legislador para establecer la obligación de solicitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica, en tiempo real, de las comunicaciones que estén relacionadas con delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, persigue un fin constitucional.

Es claro que la norma impugnada pretende alcanzar fines constitucionales, buscando reglas y procesos para asegurar la eficacia en la investigación de los delitos y combatir con mayor celeridad el problema de la delincuencia que afecta de manera grave a la sociedad. En este sentido se justifica en la Exposición de Motivos de las iniciativas de las que surgieron las reformas que se cuestionan.

Así también, partiendo de las premisas básicas que rigen el derecho a la vida privada, se concluye que la medida adoptada por el legislador es necesaria para prevenir, investigar y combatir de manera efectiva y eficiente los delitos que se consuman en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, cometidos mediante equipos de comunicación móvil. Por lo tanto, se necesita prever la implementación de diversas estrategias para reforzar el combate a los actos delictivos que han ido en aumento en los últimos años; pero sobre todo garantizar mejores condiciones cuando las victimas presenten una denuncia y evitar que sean objeto constante y repetido de hechos delictivos que afecten su integridad, con ello se pretende optimizar los derechos de la víctima como: al acceso de la justicia, la verdad y la garantía de no repetición y salvaguardar su integridad física, familiar y patrimonial.

Así también se consigna en la Exposición de Motivos que precedió a las iniciativas de reforma de las normas cuestionadas.

• En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, las aparentes restricciones que imponen a la vida privada los artículos 133, Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones no son graves para los individuos protegidos por la Constitución, ya que en realidad la localización geográfica, de un equipo de telefonía móvil en tiempo real, es sólo sobre los equipos y no sobre persona determinada, es decir, en ningún momento, las personas son sujetas a la localización geográfica, por lo que no se vulnera su vida personal, familiar, política, religiosa o social. En este sentido, la medida propuesta no afecta derecho alguno.

Aunque la medida combatida no tiene como finalidad la localización geográfica de una persona, en tiempo real, sino sólo de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, siempre y cuando se encuentren relacionados con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas; la parte solicitante de la acción de inconstitucionalidad argumenta que la medida combatida constituye un registro exhaustivo y preciso de los movimientos públicos y la localización de la persona. Por tanto, en contra argumentación a esto último, se señala sin conceder, que en todo caso, las normas impugnadas afectan de manera leve al derecho fundamental en comento, porque en principio no se buscan detalles de la persona sobre su vida personal sino sólo localizar equipos de comunicación relacionados con cierto tipos de delitos, por lo tanto, subsiste la expectativa razonable de privacidad. De lo expuesto se puede concluir que las normas impugnadas son proporcionales al fin buscado por el legislador, ya que se justifica por la protección de la integridad de las víctimas de dichos ilícitos y de la obligación constitucional del Estado en la prevención, investigación y persecución efectiva de los delitos. En realidad ni siquiera existe afectación a los derechos de las personas, porque la localización es sobre los equipos de comunicación móvil.

Por otra parte, también es erróneo el argumento que señala que la medida adoptada por el legislador vulnere el principio de legalidad. Esto es infundado, porque en todo momento el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, deberán fundamentar y motivar su solicitud conforme lo dispone el artículo 16 constitucional, aunque sea por simple oficio o medios electrónicos, por lo que la medida no es arbitraria, además que la solicitud sólo será exclusivamente para  casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión y secuestro, por lo que existe precisión en el alcance de la medida. En este mismo sentido, la autoridad facultada para solicitar la localización, en tiempo real, de un equipo de comunicación móvil, deberá fundamentar y motivar su petición, en virtud de que previo a la solicitud la autoridad deberá realizar un análisis jurídico para valorar si los hechos de su conocimiento y  medios de prueba o indicios, pueden constituir los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión, amenazas o secuestro, toda vez que la propia norma impugnada limita la localización, en tiempo real de los equipos de comunicación móvil únicamente relacionados con estos delitos; por lo tanto la misma la misma norma establece límites al actuar de la autoridad dando certeza y legalidad.

De lo expuesto se concluye:

1. Las normas impugnadas no privan a persona alguna de sus derechos, ni es molestada en su persona; porque la medida es sobre la localización de los equipos de comunicación móvil, no sobre la localización de personas. Por ello, no es necesaria la autorización de la autoridad judicial.

2. Los artículos impugnados establecen claramente el alcance de la medida, en cuanto señalan que se pedirá la localización de los equipos de comunicación móvil de aquellos que estén relacionados con la delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión, secuestro o amenazas. A mayor abundamiento, la medida es proporcional porque se solicita la localización, en tiempo real de los equipos de comunicación móvil para no causar un perjuicio mayor, debido a que el crimen organizado, los delitos contra la salud, amenazas, extorsión o secuestro pueden causar algún daño físico, familiar o patrimonial a cualquiera de los sujetos ofendidos o víctimas, incluyendo a los testigos del acto delictivo.

Es por ello que, la anterior interpretación nos confirma la posición que en su momento mantuvo esté órgano legislativo en el sentido de dotar al Ministerio Público de herramientas necesarias para la investigación de los delitos de secuestro, y para ello se considera necesario hacer una reforma a la Ley General vigente a efecto de que se cumpla con los fines planteados en la misma en el marco de respeto a los derechos humanos.

Para efecto de ilustrar las modificaciones propuestas en la presente iniciativa se presente el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley y la propuesta materia de esta iniciativa:

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. Los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas o los servidores públicos en quienes se delegue dicha atribución, bajo su más estricta responsabilidad, podrán ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto para otros delitos que:

I. Proporcionen de forma inmediata y sin demora la información relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 190 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Proporcionen, de manera expedita, la información relativa a los datos del usuario registrado como cliente y aquella relativa a los datos de la línea y del equipo de comunicación móvil, conforme al artículo 190 fracción II tercer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

III. Colaboren con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta Ley, y

IV. Suspendan el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así? lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.

El mandamiento escrito del Ministerio Publico  autorizado por el Procurador General de la Republica o de la entidad federativa correspondiente deberá fundar la legalidad de la solicitud y motivar su racionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Todo abuso será sancionado de conformidad con la ley. Lo establecido por esté precepto de ninguna manera puede interpretarse como una excepción al requisito de orden de autoridad judicial

...

Transitorio

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor a los trescientos sesenta y cinco días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Diputados: José Guillermo Anaya Llamas, Ana Isabel Allende Cano, Atolín Etienne Rivera, María del Carmen García de la Cadena Romero, José Alejandro Montano Guzmán, José Ángel Ávila Pérez, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (a las 17:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 30 de abril, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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