Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 296 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: (a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 17 de febrero de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Martha Edith Vital Vera y Alejandro Carbajal González

En relación con retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que envía el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2014 (julio-diciembre).

Con el que remite las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Diputados, en relación con el segundo informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, sobre el Estado General que guarda la Administración Pública del País.

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con los que remite contestación a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativo a campañas informativas para preparar a la población ante la presencia de algún desastre de índole ambiental, de salud o social.

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de adopción plena.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Por el que comunica la modificación de la integración de los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, a garantizar el derecho de audiencia de los servidores públicos involucrados en la construcción y operación de la Línea 12 del Metro.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite alcance de la información de las unidades responsables, correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, al cuarto trimestre del ejercicio 2014.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de enero de 2015, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de 2014.

Reincorporación de diputados

De los diputados Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara, Marco Antonio Barba Mariscal, Óscar Bautista Villegas, José Everardo Nava Gómez y Adriana Hernández Iñiguez.

Solicitud de licencia

Del diputado Jorge Salgado Parra.

Protesta

De las diputadas Viridiana Lizette Espino Cano y Martha Loera Arámbula.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 9o. y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la SEP y del INMUJERES, a establecer diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director en jefe del Registro Agrario Nacional, para que difunda las acciones y atención que ha realizado al programa “Modernización del Catastro Rural Nacional”.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que intervenga en la mediación del conflicto entre ejidatarios y locatarios, derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal “Trópico Húmedo”.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta, para que se declare a la obra de la “Llorona” como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del País.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Acuacultura y Pesca”.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que diseñe e implemente programas permanentes de alfabetización, dirigidos principalmente a los sectores de la población más vulnerable.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Inegi y a la SEP, para que difundan la totalidad de la información recabada en el Censo de escuelas, maestros y alumnos de Educación Básica y Especial (CEMAB).

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Sedatu y de la SHCP, a concluir el “rezago agrario” de las localidades de los estados de Veracruz y Oaxaca.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedatu, para que en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, se fortalezcan los programas y acciones que coadyuven a la pronta y eficaz regulación de los asentamientos humanos irregulares.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos, al ejército, fuerza aérea y funcionarios públicos de su Secretaría y Comisión, respectivamente, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a efecto de que se agilicen los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo al “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de realizar una campaña de información para combatir las enfermedades alérgicas respiratorias en la población mexicana.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como al Comisionado Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, para que difundan los datos relativos a los resultados de las políticas instrumentadas para garantizar el derecho a la salud, tratamiento y rehabilitación de los consumidores problemáticos del país.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que implemente diversas acciones con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover y vigilar las acciones y medidas de prevención y atención neonatal, a fin de eliminar las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la situación que guarda el Hospital General de Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la reformulación del abordaje de la Fibromialgia.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente medidas específicas en materia de atención y acceso para tratar la problemática de las enfermedades raras en México.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSA, para que difunda las causas por las que se encuentra detenida la obra del proyecto denominado “construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/sida y co-infección por enfermedades de transmisión aérea”, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Ismael Cosío Villegas”.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Salud y de Turismo, para que refuercen las acciones de promoción de turismo médico, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que diseñe y ejecute mecanismos de concientización, respecto de la importancia de las acciones preventivas que permitan la detección temprana de cualquier alteración a la salud, principalmente de los padecimientos relacionados al cáncer de mama.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las secretarias de Salud y de Educación Pública, para que implementen diversas acciones de difusión que garanticen la concientización a la población, sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Conapred, implemente acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Capufe, a fin de intensificar las acciones en la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención del cáncer de próstata.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Aguascalientes, a fin de realizar un diagnóstico actual en salud pública en el Municipio de Calvillo.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que desplegué campañas nacionales y permanente de información para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidas a las mujeres.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas y campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de México.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados, a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño, por realizarse est e20 de noviembre.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de salud visual.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2° de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisiones Unidas de Transportes y de Marina, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos.

Iniciativas

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Atención, Desarrollo Integral e Inclusión de las Juventudes, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Cristina Ruíz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 268 y 275 de la Ley Federal de Derechos, y 6o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 154 Bis de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos décimo sexto y décimo octavo transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que considere la inclusión de todo el territorio del estado de Baja California y el municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, para que agilice los pagos pendientes por concepto de devolución del IVA a favor de los contribuyentes, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de Educación Superior, un mayor interés en la especialidad de hematología, suscrita por los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que en coordinación con la sedena, con la Semar y con el Gobierno de Tamaulipas, realice las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de Gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo para realizar en la zona donde se estableció la planta recicladora bicentenario, proyectos ambientales viables para aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los sistemas de salud federal y de las entidades federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata a todos los niños a quienes se les diagnostique algún tipo de cáncer, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPDF, a prestar los servicios de seguridad y vigilancia al exterior de los planteles educativos, a fin de velar por la integridad de las y los jóvenes estudiantes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a fin de integrar una mesa de dialogo entre las integrantes de “Cosmogar, AC”, la empresa “Avon Cosmetics, SA de CV” y el IMSS, a fin de atender la problemática sobre el reconocimiento de las mujeres que laboran como representantes de Avon y de su derecho de afiliación al régimen obligatorio de seguridad social, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que se lleve a cabo un ordenamiento de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que se incluya a todo el territorio del estado de Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Conapred, del Imjuve y de la SEP, para que se promuevan, implementen y supervisen las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren las personas infectadas con VIH en los centros de Educación Básica y Media Superior, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que, en el marco del ajuste al gasto para 2015 anunciado por dicha dependencia el pasado 30 de enero, garantice que los recursos clasificados en el anexo 13 erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, no sean afectados, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, a fin de establecer un programa de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda ahora la Secretaría a consultar a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves doce de febrero de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con catorce minutos del jueves doce de febrero de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, con las que remite:

• Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, para que actualicen sus atlas de riesgos. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio:

– Relativo a llevar a cabo un convenio de coordinación con las autoridades locales y municipales para que coordine con autoridades locales del estado de Guerrero un plan de seguridad para las escuelas de educación básica.

– Relativo a explorar la posibilidad de reubicar a la brevedad el Teatro Jiménez Rueda.

– Relativo a informar sobre los mecanismos, formas y procedimientos que se han utilizado para el cobro de impuestos especiales en materia de minería.

Se remiten al promovente, para su conocimiento.

b) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con las que remite siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Dos, relativos a investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisar las zonas de incidencia delictiva y desarrollar estadísticas criminales. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para conocimiento.

• Referente a la terminación y debida operación de la línea doce del Metro. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para conocimiento.

• Relativo a que se lleven a cabo acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos que presentan condiciones de abandono y deterioro. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para conocimiento.

• Relativo a no obstaculizar las actividades de difusión de ideas, de afiliación y propaganda de los partidos políticos. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para conocimiento.

• Dos, a fin de conminar a los delegados en Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa a implantar un programa de desazolve para prevenir desastres en la próxima temporada de lluvias. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para conocimiento.

c) Del Gobierno del estado de Chihuahua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de adopción plena. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

d) De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que supervise el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de las y los menores de edad en albergues infantiles o casas hogar. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

e) De la Cámara de Senadores:

• Por la que informa que ha quedado legalmente instalada para su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. De enterado.

• Con la que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados, asignar recursos específicos a la Secretaría de Gobernación para que diseñe e implemente un programa de atención jurídica, psicológica, física y emocional para niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en proceso de repatriación. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su atención.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, ambos de Movimiento de Regeneración Nacional, Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

f) De la siguiente diputada y diputados por las que solicitan licencia para separarse de sus actividades legislativas:

• Héctor García García, Faustino Félix Chávez, Flor de Rosa Ayala Robles Linares, Marco Antonio González Valdez, y Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional.

• Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones las ciudadanas y los ciudadanos: Ana María Gutiérrez Coronado, Maribel Enríquez Ramírez, Ricardo Flores Suárez, y José Daniel Ochoa Casillas, diputadas y diputados federales electos en el primer, segundo y cuarto distritos electorales de los estados de Sonora, Jalisco y Nuevo León, respectivamente. El Presidente designa una comisión que las y los acompaña en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

g) De la Cámara de Senadores con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo tercero, y la fracción quinta del artículo sexto de la Ley de Vivienda, y se adiciona la fracción vigésima al artículo tercero de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

h) Del Congreso del estado de Baja California, con la que remite Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos primero, trece, catorce, quince, y quince - A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Fomento Cooperativo y Economía Social, que adiciona la fracción sexta al artículo once de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: José Arturo López Cándido, de Movimiento Regeneración Nacional; René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con siete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos seis diputadas y diputados.

Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática; Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional; y Eduardo Solís Nogueira, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción sexta al artículo once de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Transportes, que reforma el artículo treinta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen y presentar propuesta de modificación en nombre de la Comisión al diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, que en votación económica se acepta y forma parte del dictamen.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre el proyecto de dictamen a discusión el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Andrés Eloy Martínez Rojas, de Movimiento Regeneración Nacional; José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Manuel Arias Pallares, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional; y Norma González Vera, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen en pro las diputadas y el diputado: Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la asamblea, el proyecto de decreto que reforma el artículo treinta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) Atención a Grupos Vulnerables, que reforma el artículo octavo de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Elba María Pérez Escalante. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Regeneración Nacional; José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Federico González Luna Bueno, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Josefina Salinas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional; y Leticia Mejía García, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e interviene en pro el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano. En votación nominal por unanimidad de trescientos cuarenta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo octavo de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios en Juntas Directivas e integrantes de Comisiones Ordinarias, Especial, Bicamaral, de Grupos de Amistad y de Organismos Internacionales. En votación económica se aprueba. Comuníquense.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y los diputados:

• José Isabel Trejo Reyes, María Guadalupe Mondragón González y Heberto Neblina Vega, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez e integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Protección Civil. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Protección Civil, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos diecisiete, dieciocho, y ochenta de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Aleida Alavez Ruiz, y suscrita por diversos legisladores del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Aguas. Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativa con proyecto de decreto del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de cáncer pulmonar. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Andrés de la Rosa Anaya y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice los ajustes necesarios que posibiliten la inclusión de las localidades de Ensenada, parte del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, estado de Baja California, en la homologación del precio de la gasolina. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría General de la República, realicen diversas acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

•  Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia, al jefe del gobierno y la Procuraduría General de Justicia Distrito Federal, a garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, respecto al caso de Paola Geraldine Cervantes Cedeño. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que supervise las tareas de rehabilitación y restauración de la alameda Trinidad García de la Cadena, en la ciudad de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, para que establezcan los mecanismos de trasparencia, consulta y atención a las y los trabajadores de la educación en las entidades federativas, cuyo gasto de servicios personales corresponde al FONE. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rafael González Reséndiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de ajustar la tarifa de consumo doméstico bimestral de electricidad que se aplica a la población de Puerto Vallarta, Jalisco. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Heberto Neblina Vega, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establezca los mecanismos necesarios para que incorpore en el acuerdo 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, a diversas ciudades del estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, para dictamen.

· María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares del gobierno del estado de Nuevo León, de la Conagua y de la SHCP, a promover la cancelación inmediata la obra de infraestructura hidráulica Acueducto Monterrey VI. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, respecto del uso y destino de los recursos asignados en el Presupuesto de Egreso de la Federación dos mil catorce, para el proyecto Vida y Cultura de Desarrollo, Promoción y Fomento a la Cultura, AC. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía, para que se realice un proceso de consulta a la sociedad civil, expertos y diversas fuerzas políticas, respecto a la reforma en materia de combate a la corrupción. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su atención.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, su intervención en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro, ubicadas en el foro Lindbergh, de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que revisen y atiendan las demandas ciudadanas respecto al parque ecológico Revolución Mexicana y el aviario, a fin de garantizar que la obra cumpla con los estándares en términos ambientales y proteja las especies animales albergadas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes diecisiete de febrero de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta y siete minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda ahora la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente iniciativa presentada en el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio, con fecha 2 de diciembre de 2014 y turnada a la Comisión de Salud para su dictamen:

• Con proyecto de decreto que reforma los artículos 79 y 83 de la Ley General de Salud.

Para efectos de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.— Diputada Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

«Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto le solicito, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa que derogan los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se retire definitivamente y sea devuelto el expediente respectivo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de febrero de 2015.— Diputado Alejandro Carbajal González (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 4.3. 134/2015, el contador público Pablo Suárez Coello, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2014, (julio-diciembre), en cumplimiento al artículo 2o., fracción IX del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (FNML) a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), al respecto adjunto al presente sírvase encontrar el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de FNML correspondiente al segundo semestre de 2014 (julio-diciembre) remitido a esta dirección general a mi cargo por la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE mediante oficio DCEAF/DELE/035/2015.

Lo anterior a efecto de que por su amable conducto, sea remitido al Congreso de la Unión y dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2o., fracción IX del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, así como a la base sexta tercer párrafo de las Bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.

Cabe mencionar que dicho informe se encuentra reservado por un periodo de 10 años de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2015.— Contador Público Pablo Suárez Coello (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Transportes, para conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el ciudadano Aurelio Nuño Mayer, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, mediante oficio número O-JOPR-2015-E-4, remite el documento por el que se da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por diversos grupos parlamentarios de ese órgano legislativo,(*) con motivo del Segundo Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 12 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-3942, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0105/2015, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a emprender las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/2210/14, por el que se comunica a esta procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 23 de septiembre del 2014 y que, en el resolutivo conducente señala, en lo que atañe a esta Institución:

“Primero.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.” (sic)

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, comunico a usted que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Servicios a la Comunidad, informó a esta de mi cargo que:

“1. La Procuraduría General de la República realiza investigaciones diligentes, independientes e imparciales de hechos que presuntamente son constitutivos de los delitos de desaparición forzada de personas conforme a lo establecido en los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal; sin embargo para que esta Institución pueda perseguir de manera más eficaz estas conductas, se requiere que nuestra legislación se adecue a los estándares internacionales en la materia.

2. La Procuraduría, a través de sus diversas unidades y fiscalías especializadas, puede conocer del delito de desaparición forzada en cuatro de sus Subprocuradurías y en la Visitaduría, lo que de 2006 a la fecha representan 239 averiguaciones previas abiertas por desaparición forzada de personas, a las que se suman las 252 averiguaciones previas abiertas por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, mismas que ahora están bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación; de esta institución.

Esta Procuraduría tiene un firme compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos, y continuará las investigaciones con el objeto de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos hechos.” (sic)

Reciba un saludo afectuoso.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 9 de febrero de 2015.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1791 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 510/DGANC/0753/2015 suscrito por el ciudadano Leodegario Reyes Pérez, director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa Presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de febrero de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, encargado de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su atento oficio número SELAP/UEL/311/2029/l4, por el cual se remitió el punto de acuerdo aprobado el 9 de diciembre de 2014, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que se exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, se implementen los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la prensa Presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.

Al respecto, me permito adjuntar copia simple del oficio número SDSH/200/CI/13/2015, signado por el licenciado Marco Antonio Hernández Vásquez, director de Coordinación Interinstitucional de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, perteneciente a esta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2015.— Leodegario Reyes Pérez (rúbrica), director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciada María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y Comisionada para la Transparencia.— Presente.

En atención a las instrucciones del licenciado Ernesto Javier Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, en relación a su oficio número DGANC/413/ 2014, mediante el cual solicita se formulen comentarios pertinentes al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2014, mediante el cual se “exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa Presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero”.

Al respecto anexo los comentarios, en torno a la aprobación de dicho punto de acuerdo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2015.— Marco Antonio Hernández Vásquez (rúbrica), director de Coordinación Interinstitucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Comentarios al dictamen con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2014, relativo a:

“Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa Presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.”

Sobre el particular se comenta lo siguiente:

• En relación al dictamen de exhorto con punto de acuerdo se informa que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano coordina la operación de los programas sociales siguientes: Pensión para Adultos Mayores, Para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Empleo Temporal, Seguro de Vida para Jefas de Familia, 3x1 para Migrantes, Opciones Productivas y Atención a Jornaleros Agrícolas. Dichos programas se rigen por la Ley General de Desarrollo Social y por las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal de 2015; para cada programa. Las personas que deseen incorporarse a algunos de los programas sociales antes referidos, podrán acceder a los beneficios que se establecen para cada uno, cumpliendo los requisitos que dichas reglas señalan y de acuerdo a la disposición presupuestaría destinada a cada uno de éstos.

• Expuesto lo anterior y en relación a la implementación de programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa Presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero, se considera que los programas de Empleo Temporal y de Opciones Productivas podrían coadyuvar indirectamente en la reactivación de la mencionada actividad pesquera, en virtud de su objetivo general y específico que se encuentran establecidos en las reglas de operación que los regulan, respectivamente.

• En este sentido, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios informa que actualmente, el municipio de Cosalá, Sinaloa, donde se localiza la presa Presidente José López Portillo “El Comedero”, se encuentra dentro de la cobertura del Programa Empleo Temporal (PET) por lo que es factible presentar proyectos de beneficio social y comunitario, lo cual debe, por normatividad, realizarse en las representaciones estatales y regionales de cada dependencia, tal como lo marca la mecánica operativa del PET en sus reglas de operación vigentes. Dicho programa otorga apoyos económicos a las personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario, esto de conformidad con el numeral 2.2 de las mencionadas reglas de operación, para el ejercicio fiscal de 2015.

• A efecto de implementar lo anterior, durante el ejercicio fiscal de 2014, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios celebró un convenio de colaboración para la operación del PET, suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de su órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), cuyo objeto fue establecer los mecanismos entre las partes, para la realización de proyectos dentro del marco del PET que contribuyan al bienestar económico de la población pesquera o inherente a ésta, el cual tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

• En el presente ejercicio fiscal, las reglas de operación del PET establecen en su numeral 3.5.1, inciso a), como uno de los rubros de atención, la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, por lo es que factible la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Conapesca, a fin de instrumentar una gestión eficiente y debidamente focalizada en los casos de apoyo a la población pesquera.

• Por otra parte, el Programa Opciones Productivas promueve la generación de proyectos productivos sustentables de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, integradas en grupos sociales u organizaciones de productoras y productores, mediante la dotación de activos productivos y la prestación de servicios de asistencia técnica y acompañamiento, tal como lo dispone el numeral 2.2 de sus Reglas de Operación, para el ejercicio fiscal de 2015.

• De igual forma, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la Dirección General de Opciones Productivas tomará en cuenta el citado punto de acuerdo al momento de la elección de los proyectos a apoyar, siempre y cuando cumplan con la normatividad de las reglas de operación correspondientes, considerando que las zonas que requieran ser beneficiadas, se encuentren dentro de la cobertura del citado programa.

• Para acceder a los beneficios de los programas antes mencionados, se podrá acudir a la delegación federal de la Sedesol en la entidad federativa correspondiente, a fin de obtener el apoyo y la información necesaria. Para el caso del estado de Sinaloa, la delegación se encuentra ubicada en Federalismo 431 Sur, colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80105, teléfono de contacto 01 (667) 714 1120, horario de atención de las 9:00 a 18:00 horas.

México, DF, a 7 de enero de 2015.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3983, signado por el Diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0111/2015, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, estado de México, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/2363/14, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 30 de septiembre del 2014 y que, en el resolutivo conducente señala, en lo que atañe a esta Institución:

“Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que atraiga la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado, en el Municipio de Tlatlaya, estado de México, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.” (sic)

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, comunico a usted que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Servicios a la Comunidad, informó a esta de mi cargo que:

“1. La Procuraduría General de la República derivado de su convicción y firme compromiso en favor de los derechos humanos, y porque así lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás legislación aplicable, realizará una investigación diligente, exhaustiva e imparcial de los hechos.

2. El 23 de septiembre de 2014, en virtud de la declinación de competencia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de la investigación de los hechos del 30 de junio de 2013, se inició una averiguación previa por la posible comisión de los delitos de homicidio, abuso de autoridad y lo que resulte en contra las personas que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva en el municipio de Tlatlaya, estado de México.

3. El 29 de octubre de 2014, se ejerció acción penal contra Alán Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.

Por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo por lo que se refiere a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López, y Leobardo Hernández Leónides. Por el delito de ejercicio indebido de servicio público, por lo que se refiere a Alán Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. Por el delito de encubrimiento en la hipótesis de no procurar la consumación de un delito, por lo que se refiere a Ezequiel Rodríguez Martínez. Todas las acciones penales están bajo conocimiento del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien ordenó librar orden de aprehensión en contra de estas personas, misma que se cumplimentó el 31 de octubre de 2014.

4. El 6 de noviembre de 2014, el Procurador General de la República, aceptó la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta Procuraduría tiene un firme compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos, y continuará las investigaciones con el objeto de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos hechos.*

Por su parte la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informó:

“Dando cumplimiento a los preceptos constitucionales, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que rige la Institución de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, legalidad y disciplina.

El 3 de julio de 2014, se dio inicio a una indagatoria por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, derivado de una incompetencia planteada por razón de especialidad respecto de la carpeta de investigación, iniciada por el agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; donde hace referencia al enfrentamiento el pasado 30 de junio de 2014, en el Poblado de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, entre un grupo armado integrante de la organización criminal “La Familia Michoacana” y 8 elementos militares, con resultado de 22 civiles muertos, 3 mujeres rescatadas a quienes consideraron víctimas de secuestro; se aseguraron 38 armas de fuego de diversos calibres, cartuchos, cargadores, tres vehículos y diversos objetos. Indagatoria que fue consignada ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el 6 de agosto de 2014.

Debido a algunas inconsistencias en el parte informativo del personal militar en el cual narraron la forma como se desarrolló el enfrentamiento, aunado a la publicación de notas periodísticas relacionadas con la entrevista dada por Clara Gómez González (1 de las 3 mujeres rescatadas en el lugar), donde hace referencia a la ejecución de los civiles, se inició una averiguación previa, en contra del personal militar que participó en dichos hechos, para la investigación de la forma en que se suscitaron éstos, y su probable responsabilidad en el delito de homicidio y otros.

El 10 de octubre de 2014, se consignó la averiguación previa, ejerciendo acción penal en contra de 1). Roberto Acevedo López, 2). Fernando Quintero Millán y 3). Leobardo Hernández Leónides, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado, previsto en el artículo 302 en relación a los diversos numerales 315 primer párrafo, 316 fracción I y 317, y sancionado por el precepto 320, todos del Código Penal Federal, cometido en agravio de las personas que en vida respondieron al nombre de 1). Miguel Ángel Rodríguez Viviano, 2). Álvaro Palacios González, 3) Tomás Domínguez Flores, 4). José López Santos, 5). Marcos Salgado Burgos, 6). Jorge Andrés González Olarte, 7). Jesús Jaimes Adame y 8). Ricardo Sarabia Guzmán; alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, previsto y sancionado por el artículo 400, fracción VI, del Código Penal Federal, por cuanto hace a los tres inculpados; y encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito, previsto y sancionado por el artículo 400, fracción V, del Código Penal Federal; éste último por cuanto hace a Ezequiel Rodríguez Martínez, ante el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

El 6 de noviembre de 2014, el ciudadano Procurador General de la República mediante el oficio PGR/482/2014, aceptó la recomendación 51/2014 del pasado 21 de octubre de 2014 dirigida a la Procuraduría General de la República, derivada del expediente CNDH/2/2014/5390/Q, relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México. Informó que esta Institución acepta la recomendación señalada*.

Finalmente, en lo que respecta al contenido de las indagatorias, no es posible abundar en virtud de que la información pertinente es de carácter, no sólo confidencial sino reservado. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 40, fracción XXI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal; 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 14, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, 6 y 63, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Reciba un saludo afectuoso.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 11 de febrero de 2015.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 62-II-4-1888 signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/118/2015 suscrito por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a diseñar y ejecutar programas específicos de atención para el cuidado de la salud mental, haciendo énfasis en impulsar campañas que exalten la importancia de comprender a la salud mental como parte fundamental y complementaria del completo estado de bienestar y salud de las personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de febrero de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1946/14, de fecha 28 de noviembre de 2014, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 27 de noviembre de 2014, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y ejecute programas específicos de atención para el cuidado de la salud mental, haciendo énfasis en impulsar campañas que exalten la importancia de comprender a la salud mental como parte fundamental y complementaria del completo estado de bienestar y salud de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe e implemente una campaña de concientización que se centre en la desmitificación de la salud mental, impulsando el cuidado, como parte integral de la salud de las personas; campañas que deberán contemplar la participación desde niños hasta adultos, con la finalidad primordial de erradicar cualquier clase de calificativos despectivos a personas con padecimientos mentales, así como la eliminación de la falsa apreciación respecto de que asistir a médicos especialistas en salud mental es exclusivo para enfermos mentales.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0391-2015, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y oficio CCINSHAE-DGCINS-889-2014, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2015.— Doctor Ernesto Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/1478/2014, que refiere:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y ejecute programas específicos de atención para el cuidado de la salud mental, haciendo énfasis en impulsar campañas que exalten la importancia de comprender a la salud mental como parte fundamental y complementaria del completo estado de bienestar y salud de las personas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2015.— Doctor Manuel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.— Presente.

En respuesta al oficio de número 4667, me permito emitir los comentarios correspondientes al Consejo Nacional de Salud Mental con referencia al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados al cual representa el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación en su oficio SELAP/UEL/311/1946/14.

Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y ejecute programas específicos de atención para el cuidado de la salud mental como parte fundamental y complementaria del completo estado de bienestar y salud de las personas.

Comentario:

Como bien se menciona en las consideraciones del punto de acuerdo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud específicamente la Ley General de Salud en su artículo 73 estipula que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

En la actualidad el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, es el modelo adoptado por nuestro país y opera a través del Programa de Acción Específico Salud Mental, contempla la creación de nuevas estructuras de atención, a partir de las cuales se integrarán los elementos suficientes para modificar la visión y el trabajo de las instituciones, de tal forma que los servicios operen conforme al respeto de los derechos de los usuarios, y reciban una atención integral en salud mental con calidad, calidez y gratuidad.

Así pues, el Consejo Nacional de Salud Mental determina la importancia de ampliar los recursos destinados a la Red de Servicios de Salud Mental para que los servicios operen conforme al respeto a los derechos de los usuarios, y reciban una atención integral en salud mental con calidad, calidez y gratuidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2015.— Virginia González Torres (rúbrica), secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, hago referencia al oficio UCVPS/1474/2014, mediante el cual informa que fue aprobado un punto de acuerdo en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 27 de noviembre de 2014.

Al respecto, anexo al presente el oficio número DGC-711-2014 suscrito por la doctora María Elena Medina Mora Icaza, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, oficio en el cual vierte postura al mencionado punto de acuerdo. Lo anterior para estar en condiciones de poder solventar el citado proyecto de decreto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2014.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de los Institutos Nacionales de Salud de los Hospitales de Alta Especialidad.— Presente.

En respuesta al oficio número CCINSHE-DGCINS-847-2014, que hace referencia al oficio UCVPS/1474/2014 mediante el cual se solicita opinión respecto al punto de acuerdo respecto a la eliminación de la falsa apreciación respecto de que asistir a médicos especialista en salud mental es exclusivamente para enfermos mentales. Le adjunto de manera electrónica el documento que la contiene.

Quedo a sus órdenes.

México, DF, a 18 de diciembre de 2014.— Doctora María Elena Medina Mora Icaza (rúbrica), directora general.»

«En respuesta a la solicitud de opinión, mediante el oficio CCINSHAE-DCGINS-847-2014, me permito comentar lo siguiente:

En principio me parece muy importante la iniciativa de poner en marcha un plan nacional que contribuya a desestigmatizar a las enfermedades mentales entre la población en México y en crear acciones que ayuden a hacer frente a los obstáculos que inciden en la atención oportuna a la salud mental. Sin embargo, con relación a las campañas masivas dirigidas a erradicar el estigma asociado dichos padecimientos, es muy importante que aprendamos de nuestras experiencias previas en otras áreas relacionadas con la salud (p.e. adicciones y violencia) y de la obtenida en otros países, ya que se ha visto que las campañas masivas que se emprenden de manera generalizada y que únicamente se limitan a proporcionar información, en lugar de concientizar a la población, podrían generar mayor rechazo hacia las personas con padecimientos psiquiátricos. En contraste, lo que ha sido de mayor utilidad es llevar a cabo acciones en grupos específicos de la población (Stuart, Arboleda y Sartorius 2012). Una propuesta que podría ser incorporada en el caso de México es realizar convenios interinstitucionales que involucren la participación de la Secretaría de Educación Pública con distintas instituciones gubernamentales a fin de impulsar medidas dirigidas a sectores específicos de la población, p.e. niños, adolescentes, docentes, padres de familia, etcétera. Me parece que un primer paso sería impulsar la investigación en esta línea en estos grupos, lo que sin duda permitirá identificar necesidades específicas de información y atención en el ámbito de la salud mental y en la promoción de la salud, así como identificar algunas recomendaciones que ayuden a erradicar el estigma y la discriminación desde la perspectiva de los sectores involucrados. Se ha documentado ampliamente que dichas intervenciones específicas y que incorporan programas de capacitación con enfoques participativos, no sólo contribuyen a modificar creencias, sino las prácticas concretas de discriminación. Una vez que se cuente con este conocimiento, quizá podría comenzar a plantearse una estrategia de carácter más global para la población, pero no antes, ya que esto podría tener efectos contraproducentes, como se mencionó anteriormente.

Asimismo, cabe señalar que ya existen ciertos esfuerzos en México cuyo propósito es reducir el estigma hacia las enfermedades mentales, contamos con instrumentos de medición para conocer las formas y manifestaciones de este fenómeno, artículos en los que se indaga acerca de las experiencias de estigma y discriminación en usuarios de servicios psiquiátricos, familiares y personal de salud. También existen asociaciones de familiares y personas afectadas por estos padecimientos cuya participación es muy activa para erradicar el estigma y discriminación, un programa de radio (Radio Abierta) en la Universidad Autónoma Metropolitana e incluso existe un material de difusión dirigido a la población general denominado: “Pero si no estoy loco. Nuevas miradas para entender nuestra salud mental” que es un material disponible para la población interesada en estos temas. No obstante, ahora uno de los desafíos es incidir en la población escolar desarrollando materiales específicos de intervención así como en la evaluación de estas intervenciones.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2014.— Doctora Jazmín Mora Ríos, investigadora en Ciencias Médicas.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1850, signado por el senador Javier Lozano Alarcón, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVI.029/15, suscrito por la maestra Sharon M.T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a informar si se han iniciado negociaciones con la República de Cuba y los Estados Unidos de América respecto a los hidrocarburos que se localizan en la denominada “Dona Oriental” del Golfo de México, así como si se han iniciado negociaciones con Estados Unidos de América respecto a yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que se encuentran dentro de las primeras nueve millas náuticas adyacentes al litoral y en la frontera norte de nuestro país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 12 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Por este medio me permito hacer referencia a su atento oficio SELAP/UEL/311/140/15, de fecha 23 de enero de 2015, por medio del cual se solicita la opinión de esta dependencia al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable congreso de la Unión, por el cual

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con la República de Cuba y Estados Unidos de América respecto a los hidrocarburos que se localizan en la denominada “Dona Oriente” del Golfo de México.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con Estados Unidos de América respecto a yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que se encuentran dentro de las primeras nueve millas náuticas adyacentes al litoral y en la frontera norte de nuestro país.

Sin otro particular, adjunto al presente el informe por la Subsecretaría de Hidrocarburos a dicho punto de acuerdo.

Sin otro particular, envío u a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2015.— Maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala (rúbrica), directora general de Vinculación Interinstitucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Mtra. Sharon M. T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía.— Presente.

Hago referencia al oficio SELAP/UEL/311/140/15, suscrito por el encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en el que comunica el acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la sesión del 21 de enero de 2015, el cual consiste en lo siguiente:

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con la República de Cuba y Estados Unidos de América respecto a los hidrocarburos que se localizan en la denominada “Dona Oriental” del Golfo de México.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con los Estados Unidos de América respecto a yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que se encentran dentro de las primeras nueve millas náuticas adyacentes al litoral en la frontera norte de nuestro país.

Al respecto, remito en anexo los comentarios de esta subsecretaría a dicho punto de acuerdo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2015.— Doctora María de Lourdes Melgar Palacios (rúbrica), subsecretaria de Hidrocarburos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Comentarios de la Subsecretaría de Hidrocarburos al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Energía a informar al Senado de la República respecto a las negociaciones realizadas con Cuba y Estados Unidos de América sobre yacimientos transfronterizos continentales de hidrocarburos

El punto de acuerdo está dividido en dos consultas específicas:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con la República de Cuba y los Estados Unidos de América respecto a los hidrocarburos que se localizan en la denominada “Dona Oriental” del Golfo de México.

Sobre el particular, esta Subsecretaría informa que a esta fecha no se han realizado negociaciones con la República de Cuba y con los Estados Unidos de América sobre el Polígono Oriental en el Golfo de México.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con los Estados Unidos de América respecto a yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que se encentran dentro de las primeras nueve millas náuticas adyacentes al litoral en la frontera norte de nuestro país.

El gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos de América se encuentran implementando el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos de Hidrocarburos en el Golfo de México, suscrito el 20 de febrero de 2012 y en vigor desde el 18 de julio de 2014.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo, se están definiendo las reglas de procedimiento de la comisión conjunta (instancia ejecutora del acuerdo). A esta fecha no se ha iniciado negociaciones específicas para la administración de recursos en algún yacimiento compartido entre ambas partes.

Respecto a las primeras nueve millas náuticas adyacentes al litoral, así como a la frontera norte, no se han realizado negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite al Promovente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-2365, signado por la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/110/2015, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a informar respecto al operativo llevado a cabo los días 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora, Michoacán, en el albergue denominado La Gran Familia, así como del estado que guardan las personas rescatadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de febrero de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/103/15, de fecha 21 de enero de 2015, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 21 de enero del 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los DIF estatales a informar a esta soberanía respecto del operativo llevado a cabo los días 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora, Michoacán, en el albergue denominado La Gran Familia, así como el estado que guardan las personas rescatadas.

Al respecto me permito acompañar oficio 205.100.00/051/ 2015, de fecha 29 de enero de 2015, suscrito por la maestra Juana María Padilla Medel, directora de Asistencia Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2015.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Me refiero a su oficio número USV/049/2015, de 23 de enero de 2015, por el cual solicita llevar a cabo las gestiones que correspondan en esfera de nuestras atribuciones, respecto del punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 21 de enero del año en curso, que a la letra dice:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los DIF estatales a informar a esta soberanía respecto del operativo llevado a cabo los días 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora, Michoacán, en el albergue denominado La Gran Familia, así como el estado que guardan las personas rescatadas.

Al respecto, con la finalidad de dar cumplimiento al punto de acuerdo de referencia, le informo lo siguiente:

Este Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia participó en el operativo iniciado con fecha 15 de julio de 2014, en apoyo al requerimiento hecho valer mediante oficio número PGR/SEIDO/S/N/2014, del día 14 del mismo mes y año, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Procuraduría General de la República, por medio del cual se solicitó la designación de diverso personal especializado en materia de trabajo social, psicología, y abogados, en cantidad suficiente con el propósito asistir aproximadamente a 600 personas que se encuadraban bajo la calidad de víctimas, entre los cuáles se encontraban varios menores de edad.

El apoyo y coordinación de este Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a la Procuraduría General de la República, se realizó de conformidad con las facultades previstas en los artículos 14, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; artículos 7, 12, fracción I, inciso e), fracción VII, artículo 14, 15, 16 de la Ley de Asistencia Social; artículos 11, fracciones X, XVIII, XXIII, 24, fracción XIII, 25, fracciones IV, V, XII, XIII, XIV, XVII, XXXVIII del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Actuando, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2006, vigente al día siguiente de su publicación en dicho órgano de difusión; reformado y adicionado el 27 de mayo de 2008, y su última reforma, publicada en el mismo órgano de difusión el 22 de agosto de 2011; preceptos legales que a la letra indican:

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Artículo 14. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

(...)

II. La prestación de un servicio o social;

Ley de Asistencia Social

Artículo 7. Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten la federación, los estados, los municipios y los sectores social y privado, forman parte del sistema nacional de salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Los que se presten en los estados por los gobiernos locales y por los sectores social y privado formarán parte de los sistemas estatales de salud en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, con base en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud:

a) La atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos:

d) El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones legales aplicables:

e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;

(...)

VII. La cooperación con instituciones de procuración e impartición de justicia en la protección de los sujetos susceptibles de recibir servicios de asistencia social;

Artículo 13. Los servicios enumerados en el artículo anterior podrán ser prestados por cualquier institución pública o privada, las instituciones privadas no podrán participar en los servicios que por disposición legal correspondan de manera exclusiva a instituciones públicas federales, estatales o municipales.

Artículo 14. Son facultades de la federación en materia de asistencia social:

I. La formulación y conducción de la política nacional y el diseño de los instrumentos programáticos necesarios;

II. El seguimiento de acuerdos, tratados e instrumentos internacionales en materia de asistencia social y atención a grupos vulnerables:

III. La coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada;

IV. La coordinación del Servicio Nacional de Información de Instituciones de Asistencia Social Públicas y Privadas:

V. El otorgamiento de estímulos y prerrogativas de ámbito federal para fomentar el desarrollo de servicios asistencia les, en el marco de las prioridades nacionales;

VI. El establecimiento y operación de mecanismos de recaudación y canalización de recursos públicos federales, así como la determinación de los sujetos, área geográfica y servicios de carácter prioritario, en que se aplicarán dichos recursos;

VII. La instrumentación de mecanismos de coordinación para la operación, control y evaluación de los programas de asistencia social que las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios realicen apoyados total o parcialmente con recursos federales;

VIII. La vigilancia, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos que de ella deriven, y

IX. Las demás que ésta y otras leyes reserven a la Federación,

Artículo 15. Cuando, por razón de la materia, se requiera de la intervención de otras dependencias o entidades, el organismo denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lo sucesivo EI Organismo, ejercerá sus atribuciones en coordinación con ellas.

Artículo 16. Las dependencias y las entidades de la administración pública federal que ejerzan funciones relacionadas con la asistencia social, se sujetarán en el ejercicio de éstas a las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 17. Las atribuciones que en materia de asistencia social correspondan a las entidades federativas, al Distrito Federal y a los municipios, se registran de acuerdo con lo estipulado por el artículo 7 de esta ley.

Artículo 18. Las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios asumirán el ejercicio de las funciones que, en materia de asistencia social, les transfiera la federación a través de los convenios respectivos y conforme a lo dispuesto en este ordenamiento.

Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Artículo 11. Corresponderán al titular del organismo las siguientes facultades:

(...)

X. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración, y concertar acciones en materia de asistencia social con los sectores público, social y privado de las entidades federativas y el Distrito Federal, y con organismos intencionales, e informar de ello a la Junta de Gobierno;

XVIII. Representar al organismo ante las autoridades competentes que lo requieran;

XXIII. Conducir el desarrollo general de las acciones de asistencia jurídica del organismo;

Artículo 24. Corresponderán a las direcciones generales las siguientes facultades comunes:

(...)

XIII. Proporcionar información, datos o cooperación técnica que les sean requeridos por dependencias e instituciones públicas y privadas, en términos de la legislación aplicable;

Artículo 25. Corresponden a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional las siguientes facultades:

IV. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance para la protección de los derechos familiares;

V. Prestar asistencia jurídica a Instituciones de asistencia social, públicas y privadas en las entidades federativas y municipios;

(...)

XII. Realizar acciones de prevención y atención de mujeres maltratadas y violencia familiar;

XIII. Concertar acciones con los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en materia de asistencia jurídica;

XIV. Asesorar jurídicamente a las diversas áreas del organismo, así como a los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, actuando como órgano de consulta;

XVII. Apoyar legalmente el ejercicio de las atribuciones del propio organismo, atender todos aquellos asuntos en que el mismo tenga Interés jurídico;

XXXVIII. Las demás que le confiera su superior jerárquico y las disposiciones legales aplicables. (....)

Ahora bien, con motivo del operativo en cuestión, la Dirección General de Integración Social de este Sistema Nacional DIF ingresó 26 personas en sus Centros Asistenciales, de los actuales, actualmente se encuentran albergados 19 en razón de que 7 de ellos fueron reintegrados a su núcleo familiar.

Casa Cuna Coyoacán

– Un menor de sexo masculino, de 6 años de edad, en busca de documentación respecto a su registro civil, no cuenta con convivencias familiares, tiene actividades de esparcimiento y revisión médica de manera periódica. Hasta el momento no se ha presentado persona alguna preguntando por el niño. Cursa primer año de primaria.

Centro Amanecer para Niños

– Un menor de sexo masculino, de 10 años de edad, recibe visitas de su progenitora, cuenta con actividades recreativas. Cursa cuarto año de primaria.

Casa Hogar para Varones

– Un adulto de sexo masculino, de 22 años de edad, egresó el 17 de diciembre en virtud de que fue reintegrado a su familia en Jalisco.

– Un adulto de 20 años de edad, de sexo masculino, egresó el 17 de diciembre en virtud de que fue reintegrado a su familia en Jalisco.

– Un adulto de sexo masculino, de 18 años de edad, recibe visitas de su progenitora, es revisado periódicamente por el departamento médico, tiene actividades de esparcimiento. Estudia nivel preparatoria y no desea trabajar por el momento.

– Un menor de sexo masculino, de 17 años de edad, se encuentra estudiando en nivel secundaria, se presentó a visitarlo por una sola ocasión una tía; se revisa periódicamente por el departamento médico. Un adulto de 18 años de edad, de sexo masculino. Se está buscando el certificado de secundaria para que continúe con sus estudios. Se integrará a una capacitación en hotelería; es revisado periódicamente por el departamento médico y tiene actividades de esparcimiento.

– Un menor de sexo masculino, de 12 años de edad, está por terminar la primaria. No recibe visitas. Tiene una hermana en casa hogar niñas con quien tiene convivencia; es revisado periódicamente por el departamento médico y tiene actividades de esparcimiento.

– Un menor de 15 años, de edad de sexo masculino, no cuenta con visitas, es revisado periódicamente por el departamento médico y tiene actividades de esparcimiento. Actualmente está estudiando preparatoria abierta en INEA.

– Un menor de 15 años de edad, sexo masculino, no cuenta con visitas, es revisado periódicamente por el departamento médico; cuenta con actividades de esparcimiento. Estudia 6o. grado de primaria.

– Un menor de 14 años de edad, sexo masculino, no cuenta con visitas, es revisado periódicamente por el departamento médico; cuenta con actividades de esparcimiento. Estudia 6o. grado de primaria. Un menor de sexo masculino, de 16 años de edad; no cuenta con visitas, es revisado periódicamente por el departamento médico; cuenta con actividades de esparcimiento. Actualmente no se encuentra estudiando por haber sido recién operado del ojo izquierdo.

Casa Hogar Niñas

– Una menor de 15 años de edad, de sexo femenino, no cuenta con visitas; cuenta con actividades de esparcimiento; cuenta con seguimiento médico. Estudia secundaria en INEA y está iniciando capacitación secretarial en Cecati 66.

– Una menor de 17 años de edad, de sexo femenino, egresó el 16 de diciembre de 2014 para ser reintegrada a su núcleo familiar. Se tiene conocimiento que estudia nivel secundaria.

– Una menor de 17 años de edad, de sexo femenino, no cuenta con visita de persona alguna, tiene actividades de esparcimiento y seguimiento médico. Inicia capacitación secretarial en Cecati 66.

– Una menor de 16 años de edad, de sexo femenino, no cuenta con visita de persona alguna, tiene actividades de esparcimiento y seguimiento médico. Inicia capacitación secretarial en Cecati 66.

– Una menor de 17 años de edad, de sexo femenino, cuenta con actividades de esparcimiento y con seguimiento médico. Inicia capacitación secretarial en Cecati 66.

– Una menor de 17 años de edad, actualmente cuenta con visita de abuela y tíos paternos; tiene actividades de esparcimiento y seguimiento médico. Inicia capacitación secretarial en Cecati 66.

– Una menor de 17 años de edad, sexo femenino. Actualmente cuenta con visita de tía paterna. Inicia capacitación secretarial en Cecati 66.

– Una menor de 14 años de edad, de sexo femenino, actualmente cuenta con visita de tíos paternos. Cuenta con actividades de esparcimiento y con seguimiento médico, cursa nivel secundaria en INEA e inicia capacitación secretarial en Cecati 66

– Una menor de 15 años de edad, de sexo femenino, actualmente no cuenta con visita de persona alguna. Cuenta con actividades de esparcimiento y con seguimiento médico. Estudia dentro del grupo base de pedagogía en casa hogar.

– Una menor de 14 años de edad, de sexo femenino, egresó el 21 de enero de 2015 a su núcleo familiar.

– Una menor de 16 años de edad, de sexo femenino, egresó el 21 de enero de 2015 a su núcleo familiar.

– Una menor de 17 años de edad, de sexo femenino, no cuenta con visita alguna. Tiene actividades de esparcimiento y seguimiento médico. Inicia capacitación secretarial en Cecati 66.

– Una menor de 17 años de edad, de sexo femenino. Egresó el 26 de agosto de 2014 para ser reintegrada a su núcleo familiar.

– Una menor de 17 años de edad, de sexo femenino, egresó el 26 de agosto de 2014 para ser reintegrada a su núcleo familiar.

Ahora bien, es importante resaltar que la responsabilidad en la atención y seguimiento integral de las personas que fueron entregadas por parte de la Procuraduría General de la República a los Sistemas Estatales DIF, corresponde a esas instituciones.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2015.—Maestra Juana María Padilla Medel (rúbrica), directora.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna al promovente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-2156 signado por la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/124/2015 suscrito por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al informe sobre las acciones de prevención y atención realizadas y por verificar en las zonas endémicas de propagación de la enfermedad de Chagas, a fin de erradicarla del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de febrero de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/071/15, de fecha 15 de enero de 2015, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 14 de enero de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“ Único. La Comisión Permanente exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las acciones de prevención y atención realizadas y por verificar en las zonas endémicas de propagación de la enfermedad de Chagas, a fin de erradicarla del país.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0429-2015 y anexo suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2015.— Doctor Ernesto Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/037/2015, que refiere:

Único. La Comisión Permanente exhorta a la titular de la Secretaría de Salud informe sobre las acciones de prevención y atención realizadas y por verificar en las zonas endémicas de propagación de la enfermedad de Chagas, a fin de erradicarla del país.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de febrero de 2015.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En atención al oficio número 0239 de fecha 23 de enero del año en curso en el cual solicita se informe sobre las acciones de prevención y atención realizadas y por verificar en las zonas endémicas de programación de la enfermedad de Chagas a fin de erradicarla del país; anexo los comentarios correspondientes en el formato solicitado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Jesús Felipe González Roldán (rúbrica), director general.»

«Comentarios del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para el punto de acuerdo

Desde 2001 la enfermedad de Chagas se incluyó en el marco de atención de las enfermedades transmitidas por vector. En la actual administración ya está considerada la enfermedad en un programa de acción específico para la prevención y control de la enfermedad de Chagas 2013-2018 cuyos objetivos son: controlar la transmisión vectorial intradomiciliaria y eliminar la transmisión de Chagas connatal y transfusional.

A partir de 2012 México ingresa en la Iniciativa de los Países de Centroamérica para el control de la Trasmisión Vectorial, Transfusional y la Atención Medica de la Enfermedad de Chagas (IPCA). En 2014 se realizaron en las siguientes entidades federativas: estado de México, Jalisco, San Luis Potosí y Yucatán mil 22 encuestas serológicas en menores de 5 años, todos tuvieron resultado negativo.

Durante el año 2015 el control vectorial se extiende a 13 entidades. Dentro de las localidades prioritarias se tamizarán a las mujeres embarazadas y de las que resulten positivas se dará seguimiento a sus hijos.

De igual forma en el año 2013 se integró un grupo de expertos en la enfermedad de Chagas, quienes elaboraron el Manual de diagnóstico y tratamiento para la enfermedad de Chagas. El grupo lo coordina el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades está conformado por la Dirección General de Epidemiologia, Dirección General de Promoción de la Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, Médicos sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud.

Actualmente en los 591 bancos de sangre existentes en el país, se tamiza la sangre para tripanosoma cruzi, con lo que México avanza hacia la eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas de origen transfusional y cumple con la norma NOM-253-SSA1-2012, “Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”.

En promedio cada año se diagnostican 700 casos nuevos. El tratamiento para los pacientes está garantizado, se dispone de medicamento (Nifurtimox) suficiente para atender a más de 2 mil pacientes.

Para mejorar la cobertura de tratamiento se fortaleció el área de epidemiología y la notificación oportuna. Con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, que pertenece a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se fortalece la capacidad resolutiva de los laboratorios estatales de Salud Pública para la confirmación de los casos y con los programas estatales el seguimiento de los mismos hasta su curación.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite al promovente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, gobiernos de los estados y autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en el manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número SSDF/ SSMI/ 0054/ 2015, de fecha 20 de enero de 2015, suscrito por el subsecretario de Servicios Médicos e Insumos del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al acuerdo DGPL 62-II-3-2041, donde el vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo comunicó su aprobación en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2015.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez,coordinador general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del DF.— Presente.

Me refiero a su oficio número SG/ CELJPA/ 1938/ 2014, mediante el cual adjunta el similar DGPL 62-II-3-2041, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde se hace de conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de esa Cámara en que se solicita lo siguiente:

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de protección civil de los tres niveles de gobierno a diseñar e implantar campañas informativas sobre la importancia de colaborar con los grupos de asistencia humanitaria, a fin de crear conciencia entre la población respecto a la necesidad de estar preparados ante el peligro de sufrir la presencia de algún desastre ambiental, de salud o social.

Al respecto, de acuerdo con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, las políticas en la materia deberán ajustarse a los lineamientos establecidos en los Programas General de Protección Civil, y Nacional de Protección Civil, privilegiando las acciones de prevención, mitigación y preparación de los habitantes del Distrito Federal, haciendo énfasis en la difusión y capacitación de la población en las medidas de prevención y en la realización de obras de mitigación para enfrentar los fenómenos perturbadores que generen un riesgo, confiriendo prioridad a las zonas de mayor vulnerabilidad establecidas en los instrumentos de diagnóstico.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 56, fracciones III y VII, del ordenamiento referido, constituyen acciones preventivas el diseño y la implantación de planes, programas, procedimientos y actividades preventivas para la reducción o deconstrucción del riesgo de desastres en el Distrito Federal, considerando siempre una visión que propicie la gestión integral del riesgo, así como el diseño y la implantación de programas de capacitación, orientación, divulgación e información a la población sobre las medidas preventivas ante todos los fenómenos perturbadores.

Corresponde al jefe del gobierno, a través de la Secretaría de Protección Civil, promover la suscripción de convenios de concertación y coordinación de acciones para la capacitación, el alertamiento y la difusión ante situaciones de urgencia o desastre; su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones, así como el diseño y la transmisión de información pública acerca de la protección civil.

En dichos convenios deberá plantearse el apoyo de los medios de comunicación a la Secretaría de Protección Civil, a efecto de diseñar campañas permanentes de difusión sobre temas de protección civil, contribuyendo a la formación de una cultura en la materia, fortaleciendo la disposición y el interés de la población por participar activamente en las acciones de protección civil.

La Sedesa participa directamente con la Secretaría de Protección Civil en diversos comités y como miembro permanente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, a su vez se llevan a cabo diversas acciones, en cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento en la materia:

• Asesorar a los hospitales pertenecientes a la red, en el desarrollo o la actualización de sus programas internos de protección civil.

• Asesorar en la elaboración y el desarrollo de los planes hospitalarios ante desastre.

• Implantar el programa de hospital seguro ante desastres en todos los nosocomios de la red, así como apoyarlos para subsanar las observaciones de dicha evaluación para lograr la certificación.

• Diseñar e implantar cursos de capacitación en la formación de brigadas de protección civil dirigidos al personal que integra las brigadas del comité interno de protección civil de los inmuebles de esta dependencia.

• Apoyar en el diseño y la organización de simulacros en los inmuebles pertenecientes a esta secretaría.

• Supervisar que se realicen el mantenimiento preventivo y el correctivo en las unidades hospitalarias de la Sedesa.

Derivado de lo anterior, en 2014 se realizaron las siguientes actividades:

• Reinstalación del comité interno de protección civil del edificio que ocupan las oficinas administrativas de esta secretaría.

• Se elaboró y fue aprobado por la Secretaría de Protección Civil del DF el Programa Interno de Protección Civil del inmueble y se realizaron tres simulacros, con las hipótesis de amenaza de artefacto explosivo, sismo e incendio.

• Se diseñaron los protocolos de acción en caso de sismo, amenaza de artefacto explosivo e incendio.

• El personal perteneciente a las brigadas de protección civil se capacitó en prevención y combate de incendios, evacuación y búsqueda en estructuras colapsadas.

• Se realizaron dos mesas de trabajo para elaborar y actualizar los programas internos de protección civil con los hospitales de la red.

• Se realizaron visitas de asesoría y supervisión en el cumplimiento de la normativa de protección civil en 11 de los hospitales pertenecientes a la red.

• Se ha participado como observador externo en la realización de simulacros con diversas hipótesis en los hospitales general Balbuena, general Doctor Rubén Leñero, general Doctor Gregorio Salas, general Doctor Enrique Cabrera, pediátrico Tacubaya, materno-infantil Cuajimalpa y pediátrico Legaria.

• Se impartió capacitación de prevención y combate de incendios dirigido al personal del hospital general Doctor Rubén Leñero y el curso identificación de riesgos, dirigido al cuerpo médico del hospital general Doctor Enrique Cabrera.

• Se realizó una revisión ocular a las unidades médicas de los reclusorios de Santa Martha Acatitla (varonil y femenil), a la zona conocida como “El Diamante”, y en el reclusorio norte.

• Se impartió el curso Identificación de riesgos, dirigido a los enlaces administrativos de las unidades médicas en reclusorios, comunidades y centros toxicológicos.

• Se apoyó en la formación del Comité Interno de Protección Civil del hospital general Xoco.

• Se elaboró el Marco de Políticas Públicas 2015, en el rubro “Gestión integral de riesgo en materia de protección civil”.

• Se asistió a la reunión de coordinación convocada por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, para el simulacro Cdmx, llevado a cabo a las 10:00 horas del 19 de septiembre de 2014, con hipótesis de sismo de 7.6 grados en la escala Ritcher. Se contó con la participación de 22 hospitales de la red y de 450 personas en el inmueble de Altadena 23.

• Se llevó a cabo el taller teórico-práctico Búsqueda en estructuras colapsadas y combate de incendios el 3 de octubre de 2014, en las instalaciones de la Unidad de Protección Civil de la delegación Azcapotzalco, en el que participaron 24 brigadistas del Comité Interno de Protección Civil del inmueble de Altadena 23, así como 16 brigadistas pertenecientes a 8 hospitales generales de la red; es decir, 40 participantes en total.

• Asistencia periódica a la Oficialía Mayor, a fin de informar de los avances que en materia de protección civil tienen los inmuebles de esta dependencia, tanto administrativos como unidades hospitalarias.

• Se impartió una capacitación sobre introducción a la protección civil al personal de las unidades de especialidad médica Centros de Atención Primaria en Adicciones, en el auditorio de esta secretaría.

• Se llevaron a cabo los cursos de capacitación en combate de incendios, dirigido al personal que integra el Comité Interno de Protección Civil y brigadistas de los hospitales de la red, teniendo como sedes los hospitales general Balbuena, general La Villa, general Xoco y general Doctor Enrique Cabrera, con un total de 207 personas capacitadas.

Finalmente, agradeceré a usted que, de no haber inconveniente, se tenga por atendido el exhorto contenido en el referido punto de acuerdo, reiterando el compromiso de esta secretaría de continuar realizando actividades en materia de protección civil, tendentes a impulsar y fortalecer estrategias dirigidas a la prevención y mitigación de todo fenómeno perturbador que genere un riesgo para la población de la ciudad.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2015.— Doctor Román Rosales Avilés (rúbrica), subsecretario de Servicios Médicos e Insumos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo.— Secretaría General de Gobierno del estado de Tamaulipas.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, me refiero a su atento oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1768, mediante el cual tuvo a bien informamos sobre el acuerdo de ese honorable cuerpo colegiado, de fecha 9 de diciembre de 2014, a fin de exhortar a los gobiernos y a los Congresos locales para armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

Al respecto, con agrado hago de su conocimiento que el 30 de junio de 2014, el honorable Congreso local aprobó el decreto número LXII-259, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Adopciones para el Estado de Tamaulipas, entre ellas, el artículo 8o., que contiene lo relativo a la adopción plena. Dicho decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado número 82 de fecha 9 de julio de 2014.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria, Tamaulipas, a 9 de enero de 2015.— Licenciado Herminio Garza Palacios (rúbrica), secretario general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo:  Se remire a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la Junta de Coordinación Política comunicación por la que se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 239 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de febrero de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

A través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se estable el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Segundo.Este órgano de gobierno determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del presente calendario.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 3 de febrero del año 2015.— Junta de Coordinación Política: senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senador Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Manuel Bartlett Díaz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora Arely Gómez González (rúbrica), del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica), del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió de la Junta de Coordinación Política comunicación por la que se modifica la integración de los miembros de ese órgano de gobierno para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 239 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha documentación, que se anexa, se remitiese a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de febrero de 2015.—  Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de los miembros de este órgano de gobierno para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.En los términos del párrafo quinto del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura los siguientes senadores:

Emilio Gamboa Patrón

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Jorge Luis Preciado Rodríguez

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Carlos Alberto Puente Salas

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Manuel Bartlett Díaz

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Miguel Romo Medina

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Arely Gómez González

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Fernando Herrera Ávila

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 3 de febrero del año 2015.— Junta de Coordinación Política: senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senador Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Manuel Bartlett Díaz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora Arely Gómez González (rúbrica), del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica), del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del Metro, a que garantice el derecho de audiencia de los servidores públicos que hayan estado involucrados en la construcción y operación de la Línea 12 de Metro, a fin de determinar el origen de las faltas y en dado caso dar vista a las autoridades competentes.

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del Metro, para que reciba a todas aquellas personas que pudieran tener algún tipo de responsabilidad legal otorgando el mismo trato y las mismas oportunidades para ser escuchados en audiencia pública.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En alcance al oficio DGPyRF.-10.2/1038, recibido el día 28 de enero del presente y en apego a lo establecido en el artículo 43 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuencas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento; así como 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se remite en disco compacto información correspondiente al cuarto trimestre 2014 de los organismos descentralizados que se enlistan a continuación:

Colegio de Bachilleres

Campeche

Guerrero

Jalisco

México

Puebla

Oaxaca CSEIIO

Sinaloa

Tabasco

Zacatecas

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Durango

México

Morelos

Tamaulipas

Instituto de Capacitación para el Trabajo

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Chihuahua

Chihuahua INADET

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2015.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de enero de 2015, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 13 de febrero de 2015.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

REINCORPORACION

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado:

Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted con el objetivo de informarle que la fecha de mi reincorporación al cargo de diputada federal por el distrito 02 del estado de San Luis Potosí, es a partir del lunes 16 de febrero del presente año.

En este sentido, solicito su intervención para efecto de realizar los trámites administrativos y legales correspondientes que me brinden las condiciones de poder reiniciar mis diferentes actividades legislativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.— Diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted con el objetivo de informarle que la fecha de mi reincorporación al cargo de diputada federal por el distrito 07 del estado de San Luis Potosí, es a partir del lunes 16 febrero del presente año.

En este sentido, solicito su intervención para efectos de realizar los trámites administrativos y legales correspondientes que me brinden las condiciones de poder reiniciar mis diferentes actividades legislativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.— Diputada María Rebeca Terán Guevara (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado licenciado: Con base en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para informarle que la fecha de mi reincorporación al cargo de diputada federal por el estado de Michoacán, Distrito V, es a partir de esta fecha.

Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de reiniciar mi actividad legislativa y se realicen los trámites administrativos y legales conducentes.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2015.— Diputada Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarte un cordial saludo y con base en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar mi reincorporación al cargo de diputado federal, por el distrito 13, de Jalisco, a partir de esta fecha.

Lo anterior, a efecto de que se realicen los trámites administrativos y legales conducentes.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2015.— Diputado Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado:

Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted con el objeto de informarle que la fecha de mi reincorporación al cargo de diputado federal por el distrito 3 del estado de San Luis Potosí, es a partir del lunes 16 de febrero del presente año.

En este sentido, solicito su intervención para efectos de realizar los trámites administrativos y legales correspondientes que me brinden las condiciones de poder reiniciar mis diferentes actividades legislativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2015.— Diputado Óscar Bautista Villegas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado Diputado:

Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted con el objetivo de informarle que la fecha de mi reincorporación al cargo de diputado federal por el distrito 1 del estado de San Luis Potosí, es a partir del lunes 16 febrero del presente año.

En este sentido, solicito su intervención para efectos de realizar los trámites administrativos y legales correspondientes que me brinden las condiciones de poder reiniciar mis diferentes actividades legislativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2015.— Diputado José Everardo Nava Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle atentamente tenga a bien someter a consideración del pleno de esta soberanía mi solicitud de licencia al cargo de diputado federal, por tiempo indefinido, a partir del jueves 19 de febrero del año en curso. Asimismo, le solicito que sea llamado a mi suplente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2015.— Diputado Jorge Salgado Parra (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo.  Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada, comuníquese.

Permítame señora secretaria. Diputada Yatziri Mendoza, con que objeto.

La diputada Yatziri Mendoza Jiménez(desde la curul): Muy buenos días. El objeto es para expresar, por favor, por parte del Grupo Parlamentario del PAN, condenar los actos de abuso de fuerza que quiero muerte al migrante y jornalero de Michoacán Antonio Zambrano, el martes pasado al sureste de Washington.

Un mexicano más asesinado de manera inaceptable por la policía de los Estados Unidos. No sé cuántos mexicanos más deban de morir para que el gobierno de Estados Unidos revise sus protocolos del uso de la fuerza.

Para Acción Nacional este hecho no puede pasar desapercibido, haremos las gestiones necesarias a nuestras autoridades para que esto no quede solo en una nota diplomática. Es necesario ser energéticos pues son vidas humanas. Es exigir una investigación a fondo y permanecer atentos a la información y conclusión de este hecho generado por ambos países, pero sobre todo, las investigaciones y las acciones emprendidas por parte de las autoridades norteamericanas. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora diputada, queda debidamente registrada su participación en el diario de los debates. Se encuentran... si señor diputado Añorve.

El diputado Manuel Añorve Baños: Señor presidente, solamente quiero informar a esta asamblea, que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, firmado por todos los grupos parlamentarios y se tocará este tema, obviamente –la condena– el asesinato de nuestro connacional, Antonio Zambrano Montes, entiendo que en este día y cuando la Mesa Directiva ya lo ordene. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Solamente estaremos en espera de que la Junta nos remita el acuerdo, pero con mucho gusto así será. Muchas gracias.

Se encuentran a las afueras...

El diputado Víctor Manuel Bautista López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Bautista López (desde la curul): Presidente, seré muy breve.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El diputado Víctor Bautista. Sonido en la curul del diputado, por favor. Gracias.

El diputado Víctor Manuel Bautista López (desde la curul): Presidente, muy breve, en mi calidad de diputado federal del estado de México condeno los hechos ocurridos en el municipio de Tlalnepantla en la madrugada del 15 de febrero en contra de un centro de distribución y un vehículo del periódico Reforma, debidamente identificado con logotipos de la empresa periodística al momento de entregar los periódicos para su distribución.

Fueron agredidos a balazos por personas no identificadas a través de un automóvil en movimiento, resultando gravemente herido un franquicitario en la cabeza. Por estos hechos exijo la pronta y urgente intervención de las autoridades federales, en concreto de la Procuraduría General de la República, para indagar estos sucesos bochornosos en contra de la libertad de expresión y que pusieron en riesgo la integridad física de las personas que ahí laboran.

Asimismo, hago un llamado a la Secretaría de Gobernación para que sea la garante de que no se desquebraje la libertad de expresión y fortalezca el ejercicio democrático en estos momentos difíciles que vive el país.

Por ello considero que el gobierno del estado de México debe colaborar para encontrar a los culpables que manchan la vida de las libertades de expresión, ya que el periódico Reforma ha realizado coberturas informativas sobre la policía de Naucalpan, porque deben comenzar sus investigaciones desde este aparato policiaco, porque estas prácticas de atentados con vehículos en marcha pareciera que fueron hechos por el crimen organizado.

Exijo que se frene la generación de zozobra y de terror en contra de quienes ejercen el periodismo. Asimismo, solicito medidas cautelares para los reporteros de este medio de información que cubren la zona del valle de México, en especial los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su preocupación, señor diputado, en el Diario de los Debates. Se encuentran en las afueras de este recinto las ciudadanas Viridiana... Diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Muy breve, presidente. Simplemente para decirles a los diputados que tienen en sus curules la memoria del Foro Internacional de Política de Drogas que organizó la Cámara de Diputados. Es un evento internacional que tuvo la participación de importantes ponentes, tanto del país como del extranjero.

Simplemente decirles que está a su disposición, que mi reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, a todos los que hicieron posible esto. Mi reconocimiento a todos los coordinadores.

La mejor opinión será la de todos. Lo presentaremos el próximo 25 de febrero en el Salón Verde a las 12:00 horas. E insisto, mi reconocimiento a la Cámara por hacer posible primero el foro y ahora la memoria, que está tanto en versión impresa como en versión digital, con las ponencias completas para la atención de todos. Gracias, presidente.

PROTESTA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Quedan debidamente informadas e informados las y los legisladores. Muchas gracias.

Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Viridiana Lizette Espino Cano y Martha Loera Arámbula, diputadas federales electas en el V Distrito Electoral del estado de Guanajuato y segunda circunscripción plurinominal.

Para acompañarlas a pasar a este recinto se designa en comisión a las siguientes diputadas y diputados: el diputado Salomón Juan Marcos Issa, diputado José Luis Flores Méndez, diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, diputada Joaquina Navarrete Contreras, diputada Rosa Elba Pérez Hernández y diputada María Sanjuana Cerda Franco, para que acompañen a las diputadas a rendir la protesta de ley.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciudadanas Viridiana Lizette Espino Cano y Martha Loera Arámbula, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Viridiana Lizette Espino Cano y Martha Loera Arámbula: Sí protesto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.Muchas felicidades, señoras diputadas, bienvenidas.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85,157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2013, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. El presidente de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud mediante número de expediente 2624.

3. A partir del día 24 de septiembre de 2013, con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término para que la iniciativa fuera dictaminada en la Comisión de Juventud, misma que se encuentra vigente a la fecha.

II. Contenido de la iniciativa

En este dictamen se aborda la iniciativa con número de expediente 2624 tal como ha sido mencionado en los antecedentes.

La iniciativa presentada por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga con número de expediente 2624, busca la modificación al artículo 8o., párrafo segundo, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en el cual se establece como invitado permanente, con voz, pero sin derecho al voto, al titular de la Presidencia de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, que en lo subsecuente se denominará Imjuve, lo anterior, con fundamento en la reforma al artículo 8o. de la misma ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto del año 2011

Lo anterior pretende lograr una relación interinstitucional entre el Poder Legislativo y el Instituto Mexicano de la Juventud sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Social para que los resultados que esperan los 37.4 millones de jóvenes en el país, se vuelvan una realidad en un menor tiempo.

III. Consideraciones

México, hoy en día, tiene el mayor número de jóvenes en su historia. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece que la población joven es toda aquella persona que esté comprendida entre los 12 y 29 años de edad, de acuerdo con este rango, el número de jóvenes en México equivale a 37.4 millones lo que representa a más de un tercio de la población total del país. A este gran número de jóvenes es a lo que hoy se le conoce como “bono demográfico”.

La cifra que precede este análisis, es tan sólo un ejemplo que nos permite visualizar la compleja realidad de la juventud mexicana, así como la diversidad de problemáticas y necesidades que presentan y ante las cuales se requiere especial atención. En este orden de ideas es necesario que las instituciones ofrezcan los instrumentos, herramientas y oportunidades para atender las carencias de este sector y con ello no sólo mejorar la calidad de vida del joven, sino también mejorar al entorno social que les rodea.

De ahí que la intención de la Cámara de Diputados, a través del Presidente de la Comisión de Juventud, pretenda ser parte de esta realidad, no como un participante activo, pero si como un testigo solidario que está a favor del diálogo entre partidos políticos, sociedad civil, organismos de cooperación y medios de comunicación sobre el desarrollo integral de la juventud en México, ya que trabajar para incorporar el tema de la juventud y políticas en las estrategias nacionales y estatales para el desarrollo y la reducción de la pobreza en este tan importante sector de la población, es de vital importancia para trabajar unidos en la transformación del país.

Así pues, la integración del Presidente de la Comisión de Juventud como invitado permanente a la Junta Directiva del Imjuve, busca ser parte y convertirse en un contrapeso desde el Poder Legislativo, formando una alianza que a través de las diversas organizaciones, universidades, académicos y especialistas en los distintos temas que atañen a los jóvenes, genere en todos los ámbitos posibles una agenda de co-responsabilidad a favor de los jóvenes mexicanos.

Proceso de análisis

Con base en lo anterior esta Comisión reconoce que la juventud es un tema trasversal y ante la necesidad de dar respuesta de manera coordinada ante las demandas de esta generación de jóvenes, resulta imprescindible que la Comisión de Juventud trabaje de manera conjunta con el Imjuve. Es por ello que la presente iniciativa busca que el Poder Legislativo y Ejecutivo trabajen de manera interinstitucional, con la finalidad de generar una mayor cooperación y sinergia entre el Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión de Juventud desde el Congreso de la Unión. Además se busca que el Poder Legislativo, desde el marco de sus atribuciones, adecúe la norma adaptándose a la realidad del Instituto Mexicano de la Juventud, y por otro lado, que el Imjuve se mantenga actualizado sobre las nuevas atribuciones que se otorgan a través de la legislación para la planeación de políticas públicas innovadoras y apegadas a la ley.

México es una región con tantos jóvenes que es un campo fértil para trabajar en políticas públicas adecuadas a este sector pero además representa una oportunidad, en la que se puede trabajar a favor de mejores condiciones de equidad e igualdad juvenil y además reafirma la necesidad de redoblar esfuerzos para atender las demandas y necesidades de los jóvenes, así como la obligación de reconocer las capacidades y roles jugados por ellos en la promoción del cambio democrático y del desarrollo nacional.

Por lo anterior, ante el desafío que enfrenta el Instituto Mexicano de la Juventud, al ser el principal garante de los derechos de los jóvenes, la presente iniciativa busca modificar las disposiciones legales relativas a la integración del órgano de gobierno del Instituto, con el fin de incorporar al Poder Legislativo como invitado permanente, con el fin de propiciar una mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional para los jóvenes, así como también en programas a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud, lo que podrá generar un trabajo conjunto y con un mismo objetivo: los jóvenes.

Cabe destacar que recientemente se aprobó la reforma al artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2013:

IX. Remitir a la Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción V del artículo 4;

Con dicha reforma el Imjuve remitirá al Poder Legislativo los estudios e investigaciones que se generen dentro del Instituto, con el objetivo de que los legisladores cuenten con información actual de las realidades de la juventud, ello les permitirá prever acciones legislativas y presupuestarias en los periodos y momentos oportunos, así mismo coadyuvarán a la difusión de los proyectos de desarrollo de la juventud.

Por otra parte, el artículo 24, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, (PEF2013) que señala:

VI. El Ejecutivo federal, por conducto del Instituto Mexicano de la Juventud y con el apoyo de la Secretaría, dará seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, así como de las acciones que garanticen las condiciones necesarias para su desarrollo integral, con base en los mecanismos específicos correspondientes.

Las dependencias y entidades responsables de los programas incluidos en el Anexo 16 de este decreto, procurarán que en el diseño y ejecución de sus programas y en sus reglas de operación se considere específicamente la atención a los jóvenes, tomando en consideración sus características y necesidades, así como generar la información estadística desagregada para el grupo de edad referido en el párrafo anterior.

Asimismo, dichas dependencias y entidades deberán informar trimestralmente al Instituto Mexicano de la Juventud, a la Secretaría y a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, sobre los recursos ejercidos y las acciones, servicios y/o apoyos realizados, en beneficio de personas jóvenes, de conformidad con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y demás disposiciones aplicables.

Dicho artículo enuncia que las dependencias y entidades expresas en el Anexo 16 PEF2013, deberán informar de manera trimestral a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, sobre los recursos ejercidos y las acciones, servicios y/o apoyos en beneficio de personas jóvenes, con la finalidad de dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes, así como las acciones que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la juventud mexicana.

Las reformas recientemente aprobadas son ejemplo de un esfuerzo conjunto para que ambas instancias trabajen de manera coordinada, evitando la negociación estéril que finalmente deriva en una legislación y el desarrollo de políticas públicas disfuncionales.

Es preciso señalar que el que suscribe es consciente de que el Instituto Mexicano de la Juventud es una entidad de la administración pública paraestatal, y que, con base en lo expreso en el artículo 17 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se establece que “La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un órgano de gobierno que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y un director general”, así mismo y de acuerdo con el artículo 19, fracción V, del mismo ordenamiento, se señala que en ningún caso podrá el Poder Legislativo ser miembro del órgano de gobierno en los términos del artículo 62 constitucional. De igual modo se ha considerado la división de poderes, específicamente en lo expreso en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando todo lo anterior, ha de señalarse que la presente iniciativa no pretende que el Poder Legislativo ocupe un lugar como propietario dentro de la junta directiva del Imjuve, sino que únicamente busca su inclusión como invitado, tomando en cuenta que la misma ley ya considera a la figura de “invitados” con la reforma del 2011. También se propone incorporar a la Cámara de Diputados como invitado permanente, sin derecho a voto, en las reuniones de la junta directiva del Imjuve, con el objetivo de fortalecer a la institución y al ya existente método de rendición de cuentas interinstitucional. Es necesario que el Poder Legislativo, representado en la Comisión de Juventud, sea considerado como un aliado para trabajar de manera coordinada en la promoción de un ambiente de inclusión para los jóvenes, un ambiente de seguridad integral y de pleno goce de derechos en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación, y también para darle seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes, que desde la Cámara de Diputados se otorga a esta institución.

Finalmente, como líderes políticos, el Congreso de la Unión y a través de la Comisión de Juventud está comprometido a coordinar acciones para establecer una agenda común para promover los temas de juventud en sus partidos y entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo de las personas jóvenes.

Fuentes Bibliográficas

• Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

• Encuesta Nacional de Juventud 2010, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve)

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, del Instituto Mexicano de la Juventud

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

• Reglamento de la Cámara de Diputados

• Burgoa Ignacio, Las Garantías individuales, México, Porrúa edición 39ª

• Letras Jurídicas número 10, primavera 2010, ISSN 1870-2155, “Los derechos humanos en el ámbito carcelario mexicano”.

IV. Acuerdo

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez Miembros Propietarios:

a) a j)...

Por cada Miembro Propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, y

II. Siete miembros más que serán:

a) a c). ...

...

La Junta Directiva podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto.

Las presidencias de las Comisiones de Juventud de la Cámara de Diputados, así como de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, serán invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de marzo del año 2014.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica en contra), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica en contra), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica en contra), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica en contra), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica en contra), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica en contra), Zuleyma Huidrobo González, María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica en contra), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Heriberto Neblina Vega, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica en contra), Gisela Raquel Mota Ocampo, Jéssica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga:Con la venia de la Presidencia. México enfrenta hoy uno de los momentos más trascendentales de su historia, el dilema entre permanecer en el pasado o avanzar hacia el futuro.

Hemos presenciado cómo los jóvenes exigen, justamente, ser escuchados al momento de legislar y pensar políticas públicas que los afectarán a lo largo de su vida. La población juvenil en México no es un sector menor, si bien es cierto que son el futuro de este país, también lo es que son el presente y una realidad.

Son un presente que recientemente ha salido a las calles a exigir justicia, mejor educación, más oportunidades laborales. Son un presente que a diario, en redes sociales, nos exigen mayores resultados y que las leyes que aquí se aprueban sean más incluyentes.

El Instituto Mexicano de la Juventud es el organismo encargado de articular las políticas públicas que integran plenamente a los jóvenes, a la agenda y al desarrollo nacional. Por ello, es de suma importancia que los actores involucrados en el proceso legislativo, los que aplican y ejecutan las políticas públicas y las organizaciones encargadas de evaluar su funcionalidad trabajemos de la mano y de forma conjunta pensando en el bien común.

El dictamen de esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración, busca la modificación del artículo 8o., en el párrafo segundo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. El cual busca que se promueva que los titulares de las comisiones de la Juventud del Congreso de la Unión tengan la calidad de invitado permanente a la Junta Directiva del Instituto, con la característica única de poseer derecho a voz. Lo anterior, a la necesidad imperante de opinar, de escuchar de viva voz a quienes administran y ejecutan el presupuesto etiquetado para los jóvenes. Es decir, busca generar un gran equipo entre quienes enfrentan en carne propia las virtudes, y por supuesto, los errores de las políticas públicas de aquellos que discuten y transforman las leyes.

Decía un gran humanista y con esto quiero concluir, don Efraín González Luna, “somos el trigo de la historia, lo que para otros en un futuro será el pan”. Si bien es cierto que esta modificación no causará efectos inmediatos, cierto es también que estaremos generando beneficios a mediano y largo plazo a esos millones de seres humanos que se llaman jóvenes y se apellidan mexicanos.

Por lo expuesto hoy, como presidente de la Comisión de Juventud y promovente, los invito a impulsar este voto que nos ayudará a los legisladores a tener más herramientas para pensar en el desarrollo de los jóvenes de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado presidente de la Comisión de la Juventud.

Saludamos y les damos la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitadas e invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos.

También se encuentran estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, invitadas e invitados por la diputada Blanca Jiménez Castillo.

También se encuentran personas que acompañan al presidente municipal de Ocotlán del Río, Morelos, invitados por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a la Cámara.

Para fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria de la agrupación política Morena, tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Vengo a hacer un planteamiento acerca de este dictamen, en el que se revela nuevamente el carácter insignificante de muchas de las decisiones que está tomando esta Cámara de Diputados. Los jóvenes en este país no reconocen al Instituto Mexicano de la Juventud.

Como dijo el diputado que me antecedió con pura demagogia, diciendo que el Instituto Mexicano de la Juventud es el encargado de ver la agenda de la problemática de los jóvenes que son el futuro, el presente y bla, bla, bla. No es cierto.

Los jóvenes no están siendo aceptados en las escuelas públicas por falta de matrícula. Los jóvenes están trabajando desde muy temprana edad sin ningún tipo de estabilidad laboral, que por cierto esta Cámara de Diputados desmanteló con la mal llamada reforma laboral que se debiera llamar reforma patronal, porque extingue los derechos que alguna vez el pueblo trabajador de este país conoció. Tenemos un ejército, en el mejor de los casos, de jóvenes ninis, que no estudian ni trabajan.

Por desgracia de acuerdo a los propios datos del gobierno de Peña Nieto, más de la tercera parte de los desaparecidos en este país, según sus datos son 23 mil, son jóvenes de entre 15 y 29 años. Y por si alguien quisiera el dato más preciso, una tercera parte de ese porcentaje son jóvenes de entre 15 y 19 años. Y ante eso, ¿qué está haciendo el Instituto Mexicano de la Juventud? Es un gasto más, un elefante blanco.

Yo propondría, en lugar de modificar el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es que desaparezca este órgano inservible, que ese dinero mejor se ocupe para otorgar becas a los jóvenes, porque los jóvenes de este país necesitan trabajar o estar en la escuela. Es una fórmula tan sencilla que ni el gobierno de Enrique Peña Nieto ni esta Cámara de Diputados quieren resolver de ninguna forma.

¿De qué va a servir que esté el presidente de la Comisión de Juventud y de Deporte del Senado en este órgano de gobierno del instituto? Les voy anticipando. No va a servir de nada.

¿De qué va a servir que esté el presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados en este órgano de gobierno? Les voy anticipando. De nada. Además eso ustedes lo saben con toda claridad.

Meter paja en los trabajos de esta Cámara de Diputados le sale muy caro a la nación. En Morena no vamos a estar consintiendo y vamos a estar alzando la voz ante este tipo de propuestas seudolegislativas que no hacen más que quitarnos tiempo y con puras frases demagógicas se habla de la juventud, cuando en el fondo se le desprecia.

La juventud está protestando por la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La juventud está buscando trabajo. La juventud está buscando matrícula en la UNAM, porque 200 mil hacen el examen y 15 mil se quedan. Ésos son los temas que debía de ver la Comisión de Juventud y no estas tonterías. Es cuanto, diputado, presidente, y por supuesto que vamos a votar en contra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Villanueva. Tiene ahora la palabra para hablar a nombre de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza el diputado René Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. México es un país compuesto principalmente por jóvenes. No obstante, son un sector que se enfrenta a grandes problemas como la pobreza, carecen de oportunidades de educación, salud, empleo y participación social, así como también son presa de la inseguridad y la violencia que todos estamos sufriendo hoy.

Triste panorama el que se les presenta a los jóvenes de esta generación. Muchos no tienen acceso a la educación, lo que reduce sus posibilidades de crecimiento económico y social y, en contrasentido, los empuja hacia una vida de carencias e incertidumbre.

Un alto porcentaje de quienes sí podrían realizar estudios universitarios, al egresar engrosan las cifras del desempleo, y aquellos que tengan las fuerzas de conseguir un trabajo, no obtendrán prestaciones ni seguridad laboral.

Sin duda es una juventud a la que no le estamos permitiendo tener grandes expectativas, debido a la realidad económica y social que juntos estamos atravesando.

En Nueva Alianza reconocemos a los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de nuestro país. Desde nuestra conformación, hemos impulsado su participación en la vida económica, política y social de México.

Sabemos que son los jóvenes quienes estarán en posibilidades reales para hacer realidad los cambios que este país necesita, para dar el paso hacia una nación en constante crecimiento.

Nuestra apuesta debe ser por ellos, porque es fundamental que las jóvenes y los jóvenes participen activamente en la transformación del país, que sean el detonante del crecimiento que México requiere.

Para ello, deben sentirse respaldados, saber que cuentan con las herramientas y las oportunidades que les permitirán desarrollarse y crecer como profesionales y como seres humanos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Instituto Mexicano de la Juventud, dará como resultado el diseño de las mejores políticas públicas encaminadas a atender y combatir las carencias que hoy afectan a miles de jóvenes mexicanos.

Para mi grupo parlamentario es un compromiso permanente impulsar y apoyar las medidas que posibiliten a todos y cada uno de nuestros jóvenes a tener mayores expectativas para su futuro, a fin de que logren alcanzar mejores condiciones de vida para sí y para la sociedad en su conjunto.

De ahí que estemos a favor del presente dictamen, para que los titulares de la presidencia de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, sean invitados permanentes en las reuniones de la junta directiva del Instituto Mexicano de la Juventud.

Creemos firmemente que la incorporación de esas dos presidencias de forma permanente al Instituto Mexicano de la Juventud, puede enriquecer el trabajo de este mismo instituto y generar mejores soluciones que urgentemente necesitan nuestros compañeros generacionales.

La voz de estas figuras y el intercambio de información, inquietudes y puntos de vista, servirán para contribuir a un mejor entendimiento de las necesidades que todas y todos tenemos en este momento, y de esta manera abonar a la planeación, evaluación, diseño y programación presupuestal de esas políticas públicas que coadyuvarán a detonar el potencial de la juventud mexicana.

Compañeras y compañeros, como legisladores y como sociedad, debemos ofrecerles oportunidades a nuestros jóvenes, oportunidades suficientes para que sean capaces de enfrentar los retos de un mundo cuya única constante es el cambio. Por su atención, muchas gracias compañeras y compañeros, muchas gracias diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias señor diputado René Fujiwara. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

Saludamos también a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos, invitados nuevamente por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Bienvenidas, bienvenidos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. El dictamen, la discusión del día de hoy es para establecer que las presidencias de las Comisiones de Juventud de la Cámara de Diputados, así como de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, sean invitados permanentes de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud con derecho a voz pero sin voto.

Esta iniciativa cuando se presentó en 2013, la realidad de nuestros jóvenes era una muy distinta a la que viven el día de hoy, porque hoy esta peor. En Movimiento Ciudadano nos preocupa demasiado que algunos integrantes de la Comisión de Juventud estén más preocupados en dar más prerrogativas a los legisladores que los sucederán que a los jóvenes de allá fuera.

No ha habido un solo posicionamiento de la Comisión de Juventud de lo que realmente les preocupa a los jóvenes, de lo que les preocupa a los jóvenes que marchan cada día 26 por los 43 desaparecido, estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. O de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de los que quedan afuera de las escuelas públicas, o de aquellos jóvenes a los que les han detenido sus becas.

O de los estudiantes que están desapareciendo de su estado y misteriosamente aparecen muertos en otro. O de los jóvenes que protestan en el estado de Puebla. Ustedes como jóvenes diputados les van a quedar a deber mucho a los jóvenes mexicanos, porque ustedes han traicionado sus sueños, sus oportunidades, porque no han visto en realidad por ellos.

Las políticas públicas de este país para los jóvenes mexicanos son mentiras, no existen, muy pocos tienen acceso a ellas y eso es lo que ustedes como diputados jóvenes es lo que deberían de estar trabajando. Les queda mucho por deber a los jóvenes mexicanos. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro González. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le otorgo el uso de la palabra al diputado Ernesto Núñez Aguilar.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy los jóvenes son aproximadamente mil 800 millones en una población mundial de 7 mil 300 millones de personas. Nunca antes había habido tantos jóvenes y es poco probable que vuelva a existir semejante potencial de progreso económico y social, por lo cual el modo en que abordaremos las necesidades y aspiraciones de los jóvenes determinará nuestro futuro común.

Desafortunadamente cerca de 75 millones de jóvenes en todo el mundo se encuentran desempleados y se espera que, dada las condiciones por las cuales atraviesa la economía internacional, la tasa se mantenga en niveles altos durante los próximos años.

La ONU señala que los jóvenes son un factor determinante para el cambio social, el desarrollo económico y para el progreso técnico de las sociedades que aún las viven. No obstante, este segmento poblacional enfrenta serios obstáculos para liberar el potencial que encierra, pues los adultos no confían en los jóvenes y muchas veces son discriminados por el simple hecho de no tener experiencia, en otras palabras, a los jóvenes no se les brindan espacios adecuados y suficientes para aprender, experimentar y emprender, que es lo más importante.

No cabe duda pues que la juventud es una etapa de suma importancia, debido a que ésta sirve de preparación para que las personas se incorporen adecuadamente a la sociedad de una manera productiva. Es justo en este periodo cuando se adquiere autonomía y se presentan cambios importantes en la vida de los individuos, por lo cual la juventud resulta un parteaguas, ya que una buena educación y una correcta interpretación de valores representa la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre una vida plena o una vida truncada.

Por desgracia en nuestro país el bono demográfico con el que hoy contamos está siendo desaprovechado, por las políticas públicas encaminadas a garantizar a los jóvenes un desarrollo óptimo no hay resultado del todo adecuadas o falta mucho por hacer. Muestra de ello son los datos arrojados por el informe Panorama de la Educación 2013, presentado por la OCDE, el cual reveló que México tiene más de 7 millones 300 mil ninis, es decir, jóvenes que entre los 15 y los 29 años ni estudian ni trabajan.

Por otra parte, la tasa de desocupación de los jóvenes a nivel nacional durante el primer trimestre de 2013 fue de 8.4 por ciento, lo cual pone de manifiesto que la falta de oportunidades es uno de los problemas que más aqueja a la juventud mexicana y que por ello también se desencadenan muchos otros problemas de otra índole.

Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos oportuno el presente dictamen; por lo cual la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud tendrá como invitados permanentes a las Presidencias de las Comisiones de la Juventud de la Cámara de Diputados, así como de la de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, con derecho a voz pero sin voto.

Lo anterior, sin lugar a dudas volará y enriquecerá la elaboración de políticas públicas transversales, las cuales resuelven cada vez mayores demandas de los jóvenes de nuestro país.

A nuestro parecer, la reforma al artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, puesta a la consideración de esta asamblea, incrementa los supuestos en los cuales el Estado se obliga a brindar apoyo a los jóvenes, con lo cual se pretende ensanchar el ámbito de actuación de las instituciones públicas, de manera tal que éstas intervengan para favorecer la integración social y laboral de este importante segmento de la población. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Ernesto Núñez. Del Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo Garza Ruvalcaba, para fijar la postura de su grupo hasta por cinco minutos.

El diputado Marcelo Garza Ruvalcaba:Buenas tardes, honorable asamblea. El dictamen que nos ocupa tiene como base la iniciativa presentada por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, y su objeto es la modificación del artículo 8o., párrafo segundo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en el cual se establece como invitado permanente con voz pero sin derecho a voto al titular de la Presidencia de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados en las reuniones de la Junta Directiva del instituto ya citado.

La relevancia de esta reforma legal se centra en la colaboración interinstitucional, en donde la presencia del Poder Legislativo, a través de la Presidencia de la Comisión de Juventud, permita fortalecer el ejercicio de una institución que tiene por objeto la implementación de las políticas públicas a favor de los derechos de las y los jóvenes.

Además de la función de representación del Poder Legislativo, está la facultad de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación año con año, que determina el gusto para todas las dependencias; por lo que la presencia de la Comisión de Juventud en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud permitirá establecer un puente directo de comunicación entre esta dependencia y la Cámara de Diputados en todos los órdenes. No solo en lo referente a la cuestión financiera y los programas a desarrollar para la juventud de nuestro país, sino de avanzar en la legislación a favor de este importante sector, que representa casi un tercio de la población mexicana.

La intención del dictamen es coadyuvar la interlocución entre los actores. Si bien no consideramos que esto resuelva de manera inmediata los graves problemas que atañen a la juventud.

Creemos que toda cercanía entre órganos de gobierno, como el Injuve y los órganos de representación que integra el Poder Legislativo deben contribuir para el mejor planteamiento, legislación y aplicación de los programas que den lugar a una política pública que realmente tenga como eje fundamental a los jóvenes de este país.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen.

Nos solidarizamos, claro, con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y demás instituciones de nuestro país, que luchan por una educación de calidad, justa, integral y que no se les coarten sus derechos fundamentales en todos los sentidos, no nada más en el educativo.

Nosotros vamos a votar a favor apoyando este tipo de programas, que acerquen a los involucrados en este tema, para que haya un mejor análisis de los problemas y se encuentren soluciones con mayor coincidencia entre todas las opiniones de los que están involucrados y podamos sacar adelante a la juventud de este país, que es nuestra fuerza. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Fijará la postura de Acción Nacional el diputado Juan Pablo Adame Alemán, hasta por cinco minutos. De Acción Nacional.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputado.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Vale la pena aclarar algunos puntos que aquí se han discutido. En primer lugar, comentarle al resto de los compañeros diputados y, por supuesto, a la opinión pública, que esta iniciativa fue de las primeras que se presentó en esta Legislatura.

También vale la pena aclarar que desde marzo del año pasado está esperando a ser dictaminada, así que no es un tema menor y al contrario, hacemos la invitación a Morena, a que se pueda incorporar a las discusiones de la Comisión de Juventud y entonces sí, con propuestas, se pueda dejar claro cuál es la posición que tiene ese partido político frente a los jóvenes de nuestro país, porque la situación que vivimos los jóvenes de nuestro país no es nada halagadora.

Es cierto que tenemos la mayor cantidad de jóvenes en la historia de este país, pero también es cierto que todos estos jóvenes no tienen las oportunidades necesarias para poder salir adelante.

Y aquí vale la pena preguntarnos cuál es la labor de esta Legislatura frente a todos los jóvenes. ¿Somos acaso un grupo de diputados que no se preocupa y que sólo ve en los jóvenes el tema del discurso, pero no el tema de las acciones? O, ¿presentamos iniciativas que favorezcan el desarrollo de todos los jóvenes en todas sus etapas?

Y lo que estamos a punto de votar el día de hoy, es precisamente una iniciativa que le da la facultad a esta Cámara de Diputados de participar, de incidir, de proponer, de quejarse, con un lugar en la mesa, en donde debe de estar la Cámara de Diputados frente al Instituto Mexicano de la Juventud.

Porque no se trata de una concesión graciosa el que el Poder federal, el que el gobierno federal invite a la Cámara de Diputados a que participe y a que tenga voz. Se trata de un orden democrático en el cual los jóvenes sabemos en dónde podemos participar y cómo podemos participar, y que esta riqueza que se ve aquí, en la Cámara de Diputados, con diferentes visiones, con diferentes partidos políticos y, por supuesto, con un diferente enfoque de juventud, se vea reflejado por medio de su presidente de manera institucional frente al Instituto Mexicano de la Juventud.

Y no sólo es la Cámara, es también el Senado y aquí es en donde nosotros, como jóvenes, celebramos lo que vamos a votar, pero al mismo tiempo les pedimos su apoyo, de ustedes como legisladores, que quizá no son parte de esta generación que estamos viviendo en la etapa de jóvenes más grande del país, pero que sí comprenden, que entienden y quieren a los jóvenes y por eso los van a apoyar con su voto en este dictamen de una iniciativa presentada por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, presidente de nuestra comisión, y que con el resto de los grupos parlamentarios hemos logrado hacer un trabajo y responsable a favor de la juventud mexicana. Por eso, compañeros, les pido su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Adame. Finalmente para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra Alberto Leónides Escamilla Cerón, por igual lapso, hasta por cinco minutos, por favor.

El diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón:“Yo veo un México de jóvenes, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan participan con su energía de manera activa en el desarrollo de la nación”, Luis Donaldo Colosio.

Con el permiso de la Presidencia, honorable asamblea. Los jóvenes de México son el presente y el futuro de nuestra nación, por lo que sus aspiraciones de superación profesional y desarrollo integral deben ser atendidas como una gran política de Estado para garantizar que sus derechos tutelares sean cumplidos y sus aspiraciones de mejores condiciones de vida sean materializadas con programas gubernamentales eficaces y equitativos.

México puede considerarse un país joven por su alta tasa demográfica de jóvenes. Según cifras oficiales, existen más de 31 millones de jóvenes entre 12 y 19 años de edad, que representan cerca de la cuarta parte de la población total del país. La inmensa mayoría, más de 14 millones representan población económicamente activa y se registra que más de la mitad se concentra en las ciudades.

Estudios del Consejo Nacional de Población, la Conapo, advierten que uno de cada cinco jóvenes tiene problemas para satisfacer sus necesidades de salud y educación. Establece también que estas condiciones de marginación tienden a reproducirse en la siguientes generaciones, ya que al llegar a la edad productiva la persona carece de oportunidades en el mercado de trabajo, lo que es un problema del desarrollo humano y en un futuro, el de su familia.

De los jóvenes, se ha dicho que son el futuro. Pero esta percepción pudiera resultar relativa si no se cuadra una política pública de Estado que articule programas, servicios y oportunidades que destinen recursos suficientes y oportunidades de desarrollo humano. Es decir, políticas públicas que transformen las condiciones actuales de carencias en las que se han formado como individuos y ciudadanos millones de mexicanos jóvenes.

En México tenemos una realidad que vulnera a los jóvenes de los sectores más desprotegidos, principalmente los que se encuentran y viven en las más de 190 mil localidades de menos de 2 mil 500 habitantes que tenemos en el país, donde las asimetrías son más hondas.

El ser hombre o mujer en el campo o en las ciudades enfrenta realidades comunes de limitaciones para participar en la toma de decisiones en las políticas públicas para su desarrollo pleno. Entre los jóvenes el indígena sigue careciendo de oportunidades para su desarrollo humano. Según estimaciones de la Conapo existen 14.2 millones de habitantes indígenas que representan 13.1 por ciento de la población total. De aquellos, 21.2 por ciento de población es joven.

Ante esta realidad social es fundamental la participación, con toda convicción, de todos los niveles de gobierno para resolver este problema y de las instituciones del Estado mexicano.

En 1942 se fundó la Oficina de la Atención a la Juventud que dio origen al Instituto Mexicano de la Juventud. Hoy el tema de los jóvenes es una prioridad de este gobierno. Se ha transformado y fortalecido la institución responsable de las políticas públicas para la juventud, en los términos de los retos y desafíos de los tiempos contemporáneos.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del dictamen que reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que las presidencias de las comisiones de la Juventud de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores sean invitados permanentes, con derecho a voz pero sin derecho a voto, en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud.

Con la representación del Congreso de la Unión en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, se podrá estar más cerca de la juventud con información oportuna para tomar decisiones eficaces y eficientes, para legislar atendiendo el verdadero interés de este sector.

Por lo anterior, el voto del Grupo Parlamentario del PRI será en sentido positivo. En ningún momento dudamos que nuestros jóvenes tienen potencial. Estamos seguros que su participación activa en los sectores económicos, políticos y sociales son el motor para diseñar y encaminar el presente y el futuro de las generaciones.

Por lo que la estrecha colaboración institucional, mediante el trabajo en conjunto, permitirá diseñar, materializar el mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil y por ende del país.

Ratificando como grupo parlamentario nuestro compromiso con los jóvenes de México de impulsar un camino claro, de certidumbre para insertarse en la vida productiva del país para que logren su desarrollo pleno, con oportunidades de superación, de trabajo, educación y de una vida armoniosa, el compromiso de los diputados del PRI es con los jóvenes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Escamilla.

A invitación de la diputada Cristina González Cruz, nos acompañan alumnos, niñas, niños de la Escuela Primaria Amado Nervo, del municipio de Los Reyes La Paz del estado de México. Les damos la bienvenida, igual que a sus maestras, a sus maestros que les acompañan. Gracias por su visita.

Para hablar en contra del dictamen, le otorgo el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por tres minutos. Adelante, diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. El Instituto Mexicano de la Juventud es una dependencia del gobierno federal que en teoría trabaja para hacer políticas públicas a favor de la juventud, es el organismo que tiene a su cargo al sector más numeroso e importante de nuestro país.

Un sector que ha sido golpeado por estas políticas depredadoras, económicas, sociales, de violación a los derechos humanos y de afectación al desarrollo democrático del país.

Para diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales, este instituto no ha respondido a su función. Los jóvenes no encuentran espacios de creación, participación o expresión en el instituto, que se ha convertido en un espacio clientelar y corporativo de los grupos afines al partido en el poder.

El Injuve no ha respondido por los casi 40 millones de jóvenes que enfrentan diariamente los efectos de la crisis económica, social y política que hoy vive nuestro país.

No hay una inclusión de la visión crítica de la juventud mexicana de hoy en día. No se revisan con sentido crítico problemas como los feminicidios, el desempleo, la explotación laboral, las desapariciones forzadas.

Es un instituto que ve todo color de rosa, cuando hoy en día los jóvenes mexicanos viven un futuro negro y oscuro. Nada ha dicho este instituto frente a temas como Ayotzinapa, frente a temas como las desapariciones forzadas y demás.

Y, hoy, esta comisión nos trae un proyecto burocrático de incluir a los presidentes de las comisiones respectivas de ambas Cámaras, cuando debiera debatirse la problemática de los jóvenes del país. Cuando debiera discutirse la grave crisis que están viviendo y las penurias que tienen que enfrentar para encontrar trabajo y que cuando lo encuentran son mal remunerados y se ha generado la precarización de este trabajo.

Ahora vienen con esta reforma que además advertimos contradicciones, porque el Grupo del PRI en la comisión votó en contra del dictamen. Así viene en lo que nos han remitido, el voto en contra de todos los diputados del PRI, y hoy, seguramente producto del espíritu –concluyo, presidente– del Pacto por México, vuelven a virar su voto a favor de esta reforma burocrática cuando hoy –insisto– han empobrecido y lastimado a los jóvenes de México, y debiera ser esa la reforma que están esperando; políticas transversales hacia los jóvenes que los saquen del grave horizonte que hoy tienen por delante. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía.

Agotada la lista de oradores, pido a la secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder justamente a la votación en lo general y en lo particular por tratarse de artículo único.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Saludamos a los alumnos del Colegio Centro Patria de San José Iturbide, del estado de Guanajuato, que han sido invitados por la diputada Petra Barrera Barrera. Bienvenidos, bienvenidas. Cierre el sistema, señora secretaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz, compañera secretaria, tome la votación de la diputada Pariente.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: ¿El sentido de su voto, diputada Pariente? De viva voz.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): A favor.

El diputado José Pilar Moreno Montoya (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): En contra.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante con el cómputo.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se emitieron 354 votos a favor, 29 en contra, cero abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 354 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo octavo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción cuarta al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la Minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 3 de marzo de 2009, el diputado Éctor Jaime Ramírez barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. El 18 de marzo de 2009, se presenta Dictamen de Primera lectura LX Legislatura de la Cámara de Diputados.

3. El 14 de abril de 2009, se presenta dictamen a discusión ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, aprobado por 338 votos y 1 en contra. Pasó a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El 15 de abril de 2009, se recibe en Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter y adiciona el artículo 225 Bis, 225 Ter de la Ley General de Salud.

5. El dictamen de primera lectura fue presentado el 7 de marzo de 2013 en Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

6. El 12 de marzo del 2013, se presenta dictamen con modificaciones a discusión en el pleno de la Cámara de Senadores, aprobado por 71 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2013 por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve de conformidad con lo que establece el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La presente minuta tiene como objeto establecer pena de 5 a 10 años de prisión y multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte, para fines comerciales las muestras médicas.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El Reglamento de Insumos para la Salud, tiene por objeto reglamentar el control sanitario de los Insumos y de los remedios herbolarios, así como el de los establecimientos, actividades y servicios relacionados con los mismos, por medio del cual en su sección cuarta, referente a la venta o suministro de medicamentos se establece en el artículo 34, que no podrán venderse al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social.

Tercera. La norma oficial mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, establece los requisitos que deberá contener el etiquetado de los medicamentos y los remedios herbolarios que se comercializan o suministran en el territorio nacional, sus instructivos y el etiquetado de las muestras médicas de los mismos y su campo de aplicación de esta norma será de observancia obligatoria para todos los establecimientos relacionados con el proceso de medicamentos o remedios herbolarios para uso humano que se comercializan o suministran en el territorio nacional.

En este sentido, en su numeral 4.1.31. establece que se entenderá por “Muestra médica”, a la presentación de un medicamento con los requisitos y especificaciones para los originales de venta al público que contenga un número menor de unidades, ajustada a lo dispuesto en la ley y el reglamento correspondientes y clasificado como fracción IV del artículo 226 de la Ley General de Salud; la que será proporcionada directamente a los profesionales de la salud, con el fin de que el médico apoye el tratamiento, no debiendo comercializarse de ninguna forma.

Cuarta. Referente al proyecto de Dictamen que emite la Colegisladora, por medio del cual se desechan  las propuestas de adición y reforma a los artículos 225 Bis, 225 Ter, esta Comisión estima que la propuesta es viable toda vez que la regulación de actividades de producción y distribución de muestras médicas son materia de normatividad secundaria.

En la doctrina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, editado por Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001, página 3264, encontramos:

“ Las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste, tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico será clara y efectiva.”

De lo anterior se desprende que es la norma secundaria la que deberá contemplar los lineamientos de producción y/o publicidad así como las características, criterios, controles de distribución de estas muestras.

Quinta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, reconoció que la comercialización de muestras médicas representa un verdadero problema.

“El 31 por ciento de los medicamentos irregulares son muestra médicas, 30 por ciento son caducos, 30 por ciento fraccionados y 1.8 por ciento son falsificados”, indicó el licenciado Julio Sánchez y Tepoz, ex comisionado de Autorización Sanitaria.

En este sentido, esta comisión considera preocupante que la ley no prevea sanción penal alguna para las personas que se dediquen al tráfico de muestras médicas, ya que esto ha ocasionado una importante filtración al mercado negro, por lo que esta dictaminadora coincide con las observaciones hechas por la colegisladora y aprueba en sus términos las modificaciones a fin de sancionar esta conducta, desechándose las reformas propuestas al mismo artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, en sus fracciones I, II y III, por estimarse innecesarias, ya que actualmente el marco jurídico vigente ya se contemplan.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. ...

II. A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.am.com.mx/leon/mexico/busca-secretaria-de-salud—regular-consultas-me dicas-37816.html.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la comisión para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra su presidente el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, hasta por cinco minutos. Adelante, señor diputado.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, en el comercio ilegal de las medicinas lo que reina son las muestra médicas. Además, existen las falsificaciones, el contrabando y los productos robados.

Las muestras médicas que producen los laboratorios representan el 80 por ciento de las medicinas que se venden en el mercado negro. Estas muestras son distribuidas de manera gratuita por las firmas farmacéuticas con el fin de promover sus medicamentos entre la comunidad médica. Según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, el comercio ilegal en el país suma 11 mil 500 millones de pesos, de los cuales 9 mil 200 millones corresponden a esta tipo de productos promocionales. En tanto, que la industria formal genera 175 mil millones de pesos.

Sumado a esto, en el 2010, la venta ilegal de medicamentos creció un 32 por ciento. El robo a camiones con fármacos un 40 por ciento, informó el Grupo Multi-sistemas de Seguridad Industrial. Entre 2007 y 2008 el gobierno federal incautó 75 toneladas de medicamentos que eran vendidos de manera ilegal, el 80 por ciento de los cuales se trataba de muestras médicas.

En tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, informó que el verdadero problema de tráfico ilegal de medicamentos es la comercialización de muestras médicas, ya que en operativos realizados el año pasado el 50 por ciento de los medicamentos asegurados resultaron ser muestras médicas: 23 por ciento fármacos caducos y el resto otros productos.

El director general de Canifarma menciona que desde hace cinco años todos los laboratorios controlan la entrega de muestras, pero advirtió que esto no impide que algunos representantes las vendan ni que el médico las regale a personas que las recolectan para su comercialización ilegal.

En este sentido, esta Comisión de Salud considera preocupante que la ley no prevea hasta el momento sanción penal alguna para las personas que se dedican al tráfico de muestras médicas, ya que esto ha ocasionado una importante filtración al mercado negro, por lo que esta comisión emite el dictamen a favor con el fin de sancionar esta conducta para quedar como sigue:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Pido a las diputadas y a los diputados que voten a favor de este dictamen por todos los beneficios que traerá a la salud de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Dávila Delgado. Para fijar la postura de la agrupación Morena la diputada Luisa María Alcalde Luján, hasta por cinco minutos. Tiene usted la palabra, señora diputada.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias. La comercialización de muestras médicas es sin duda una conducta que debe perseguirse y sancionarse, pues representa una seria amenaza a la salud de las personas, sin embargo no podemos atacar la conducta sin entender las causas del fenómeno.

¿Por qué las personas adquieren muestras médicas en los tianguis? Porque muchas veces es más rápido y más barato que esperar a que un doctor del Seguro les atienda o que surtan los medicamentos a la clínica.

¿A qué se debe todo esto? A que nuestro país invierte poco e invierte mal en la salud de sus ciudadanos. El gasto promedio de los países de la OCDE en salud es de 9.7 por cierto, mientras que en México llega apenas a 6.2 por ciento; menos que países como Guatemala, Honduras, El Salvador o Vietnam.

Por esta causa los hospitales públicos del país están rebasados, casi 40 por ciento de las cirugías programadas al mes deben suspenderse por culpa de equipos obsoletos, salas de quirófano inadecuadas y falta de personal. Y los pacientes deben esperar hasta 8 meses para ser operados, incluso por procedimientos graves.

A esta situación debe sumarse la enorme burocracia que enferma nuestras instituciones de seguridad social. El dinero que destinamos al sector salud en gasto corriente es tres veces mayor a países como Brasil, Ecuador, Nigeria e incluso Grecia, que durante muchos años fue obligada a recortar el gasto público social. Pero en México todo el dinero invertido de lo poco, lo perdido.

Por eso los mexicanos siguen poniendo de sus bolsillos casi 50 por ciento del gasto en atención médica y medicamentos, cuando debería estar totalmente garantizado por el Estado.

Quiero detenerme en este punto, pues actualmente el Partido Verde presume, con la saturación mediática que los caracteriza, un supuesto compromiso de campaña relativo a los vales de medicina.

Esto sucede poco después de que gobierno introdujera de manera improvisada una estrategia de salud, con un marcado sesgo político que ha demostrado su fracaso en el pasado; una estrategia que sumará presión financiera a las instituciones de seguridad social y pondrá en riesgo el abasto de medicamentos en los hospitales y clínicas del Estado.

La lógica es sencilla, ¿qué es mejor y más eficiente? ¿Que las farmacias privadas surtan medicamentos a los pacientes al menudeo a través de vales o que el Estado adquiera estos medicamentos en grandes volúmenes directamente con los proveedores?

La respuesta es obvia, sin embargo, la cadena operativa de abasto en nuestro país es un desastre, como lo ha reconocido el propio director del ISSSTE. Las instituciones públicas de salud pierden entre 20 y 30 por ciento de los recursos destinados a la compra de medicamentos por un mal manejo administrativo, logístico y operativo del abasto.

Es inadmisible que existan almacenes rebosantes de medicamentos caducos y almacenes que a duras penas tienen paracetamol. O que por culpa de solicitudes de compras extemporáneas, retrasos en la entrega, inventarios desactualizados y licitaciones inconclusas los mexicanos sigan pagando lo que por ley les corresponde. Sin embargo, también es inadmisible que el Estado prefiera tomar un paliativo en lugar de la cura y que en vez de poner orden en casa y componer la cadena de fallas administrativas y burocráticas que ocasiona el desabasto, ingenie ocurrencias y acabemos pagando más del doble por medicamento.

Queda claro que los principales afectados de esta política será el ISSSTE y el IMSS cuyas finanzas son ya de por sí críticas. Pero, ¿quiénes serán los grandes beneficiados? No será la gente, sino las grandes farmacias privadas, especialmente las cadenas como Farmacias del Ahorro y Farmacias Similares, que casualmente pertenecen a la familia González Torres, la misma del Niño Verde y de muchos otros diputados, senadores y políticos del Partido Verde, que hoy promueven los vales de medicina como una innovadora política social.

El negocio multimillonario está puesto para el Verde. Ganan votos, ganan espacios y ganan dinero a raudales. Todo esto a costa de la viabilidad financiera de las instituciones de salud del Estado.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos, señor diputado. Adelante.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la comercialización ilegal de medicamentos es un problema que ha ido creciendo considerablemente en los últimos años. Una de las principales ramas de este tráfico es la comercialización de muestras médicas, que representa la tercera parte del mercado ilegal de fármacos, que deja ingresos de 9 mil 200 millones de pesos al año.

A pesar de que la Ley General de Salud prohíbe la venta de muestras médicas en tianguis y en el llamado mercado negro, se comercializan sin ningún reparo, en muchos casos caducas o falsificadas, lo que pone en grave peligro la salud de los mexicanos.

Las personas que consumen estos medicamentos, además de no lograr el efecto que buscan pueden presentar reacciones alérgicas, diarrea, gastritis, o en casos extremos la muerte. Debido a las consecuencias que provoca sobre la salud de las personas tomar este tipo de medicamentos ilegales es urgente que se atienda el problema.

En este sentido, para Nueva Alianza es importante establecer en la legislación las sanciones para combatir estas prácticas, que afectan a amplios sectores de la población. Si bien las muestras médicas obedecen a una función muy específica y relevante, tanto para el gremio médico como para la industria farmacéutica, en muchos casos son adquiridos por personas que ven en ellas tan sólo una forma de ganar dinero.

Las venden en el comercio informal de manera irresponsable, frecuentemente ya caducas, o bien, las falsifican y suministran sin ninguna indicación, jugando y lucrando con la salud humana.

A pesar de que el Reglamento e insumos para la salud establece en el artículo 34 que no podrán venderse al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social. Ojo, no establece el castigo aplicable a quien lleve a cabo este tipo de acciones.

Por eso, en Nueva Alianza estamos a favor de cerrar el vacío legal y establecer sanciones a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, de esta manera coadyuvamos a salvaguardar el adecuado uso y manejo de todos los medicamentos en cualquiera de sus presentaciones.

Recordemos que el derecho a la protección a la salud es un bien jurídico tutelado en nuestro país. En este sentido, las sanciones impuestas con la aprobación de este dictamen servirán para desincentivar su venta ilegal y terminar con el mercado negro de medicamentos en México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Félix Hays. Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, para fijar la postura del PT.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a través de las consideraciones señaladas en el dictamen que nos presenta la Comisión de Salud, podemos deducir que la lucha contra las malas prácticas respecto de la venta ilegal de medicamentos aún sigue dando pasos seguros a favor de las familias mexicanas.

Por lamentable que nos parezca esta práctica ilegal, es aún una práctica diaria en las calles y algunos establecimientos a cargo de personas con falta de escrúpulos. No es raro ver que con toda la facilidad que le es posible muchas personas toman por costumbre ofrecer a la venta medicamentos de muestra en algunas tiendas, inclusive, mercados sobre ruedas.

El problema es mayor si consideramos que no solamente se trata de la simple venta de dichos medicamentos, sino también que la práctica de la automedicación se hace más aguda entre la población.

En este sentido, cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud considera que los errores de medicación pueden ser presentados en formas usuales que a simple vista perecerían no dañar a nadie, pero la realidad es otra y en México cada vez más va en aumento la tasa de mortalidad a consecuencia de la automedicación.

De esta manera podemos decir que entre los principales errores cometidos al comprar medicamentos muestra, también se asocian la prescripción de ellos en exceso, que es cuando se prescriben y no son necesarios. Una dosis inadecuada, en exceso o defectuosa, de duración inapropiada, tratamientos prolongados o muy cortos por una selección inadecuada, cuando no hay concordancia entre la etiología y el espectro de cobertura de la droga por un gasto innecesario cuando se seleccionan drogas nuevas y caras, existiendo drogas más antiguas, baratas y clínicamente efectivas, principalmente.

Compañeras y compañeros diputados, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo mantenemos la opinión de que el propósito del presente dictamen no debe ser tan solo el endurecer penas sino también el de generar conciencia en los compradores, consumidores asiduos a este tipo de prácticas y a la población en general.

No se debe mal interpretar el hecho de que el medicamento de muestra puede ser un medicamento malo. Por el contrario, coincidimos con versiones de otros legisladores que señalan que el principal propósito tiene qué ver fundamentalmente con el primer contacto clínico-terapéutico que un médico tiene con el producto.

Coincidimos con que la industria farmacéutica establecida en México se rige bajo el convenio de buena práctica e promoción que establecen los parámetros de actuación y autocontrol, tanto para la promoción o medicamentos como para la interrelación con los profesionales de la salud.

Con ello podemos asumir que el presente dictamen establece un adecuado medio de control punitivo. No obstante, es preciso ordenar una propuesta global y estratégica establecidas por políticas públicas que orienten y mantengan informada a la población sobre el riesgo inminente a la salud si se adquieren y consumen medicamentos muestra a libre albedrío.

Por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Roblero. La diputada Zuleyma Huidobro González, fijará la postura de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González: En Movimiento Ciudadano votaremos en contra de este dictamen, porque siempre hemos criticado este tipo de iniciativas, en donde la finalidad es elevar las penas, porque el establecer de uno a nueve años de prisión y multas al que venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, por buenas intenciones que tenga no cambiará en nada la realidad del sistema de salud o de justicia en nuestro país.

Y el por qué lo digo, no es solo porque nos guste cuestionar, como lo dijeron en sesiones pasadas, lo decimos, cuestionamos y criticamos porque México está en primer lugar de impunidad en el mundo, así de qué sirve elevar las penas o crear tipos penales cuando la justicia es selectiva.

Porque veamos, ejemplos hay muchos: por qué los Aguirre sí y los Murat no. Por qué Ebrard sí y la Primera Dama o el secretario de Hacienda no. Por qué Elba Esther sí, pero Romero Deschamps no. Por qué miles de mexicanos sí, pero los Moreira, los Montiel y tantos más no.

No es un ejercicio de justificación de unos, ni acusación de otros, ni de nombres o de personajes, sino porque en México la justicia es selectiva, la impunidad se vive al margen de la ley. Como era el refrán: La ley para mis amigos y la cárcel para mis enemigos. Y todo esto no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos cansados de sus engaños. Los mexicanos esperan de ustedes, diputados, que hicieran algo para que la calidad del sistema de salud de nuestro mejore.

Todos conocemos de las quejas de los ciudadanos sobre el estado en el que se encuentran los hospitales públicos, de la falta de medicina, de los bajos sueldos de enfermeras y en general de todo los profesionales de la salud, de la espera en tener una fecha para una consulta con un especialista, de mujeres que tienen que ver como nacen sus hijos en jardines u otros lugares porque no son atendidas, o de los grandes elefantes blancos, de esos hospitales que se ven bonitos por fuera, pero por dentro cuentan con las peores instalaciones.

Y si todo esto que estoy diciendo no fuera verdad, no habría ninguna necesidad de estar exhortando también en esta misma sesión a la Secretaría de Salud para investigar la operación, la planificación y servicios de hospitales regionales; o exhortar a los gobiernos de los estados para dotar de recursos humanos, técnicos y materiales a los mismos hospitales.

¿Hasta cuándo, diputadas, diputados, van a hacer algo para cambiar esta realidad de nuestro país? ¿Cuándo bajarán los precios de los medicamentos, cuándo? Seguiré insistiendo en que el aumento de penas y sanciones se convierte en una salida fácil porque no ataca los problemas de raíz, porque no viene acompañado de acciones paralelas y un sistema de justicia eficaz, porque además la impunidad sigue en aumento en nuestro país.

Y por más que suban a esta tribuna y digan que este dictamen hará milagros para la salud de los mexicanos, sí, tal vez hará milagros, pero para el Partido Verde, Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para la fijación de la postura de su propio grupo parlamentario.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Pido una disculpa a la Comisión de Salud por desviarme para aclarar lo que es obvio, algunas imprecisiones, ideas preconcebidas que no tienen nada que ver con la realidad porque algunos aquí, en particular una persona que así lo expresó, le molesta que el Verde sí cumple lo que promete.

Que el Verde, verdaderamente lo que le promete a la gente, alcanza el objetivo y no nada más eso, sino que ejerce su derecho, lo repito, ejerce su derecho de hacerlo del conocimiento, como se lo exige la ley. Lo que hacemos en el Partido Verde es informarle a la ciudadanía que lo que te prometí te lo cumplí.

Pero además me llamó la atención un poco el discurso de la persona que hizo el señalamiento porque resulta que ahora le parece mal que el gobierno o, más bien que el Partido Verde, proponga que el gobierno asuma su obligación de surtir esos medicamentos de manera correcta a la gente; y que, si no los tiene, tenga la opción de poderlos tener en una farmacia que es pública en la que no se estaría beneficiando en la tercera venta a un particular. Una cuestión muy extraña que mejor prefiera que lo hagan los particulares. No sabemos por dónde van esos intereses, parecen oscuros, negros, extraños, pero bueno, fuera de eso nos desviamos entonces al tema que nos ocupa y que es un tema noble...

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Rubén Acosta. Diputado Reyes Gámiz, le anticipo a usted que le daré por cortesía el uso de la palabra, desde su curul, pero le preciso a la asamblea que no está abierto a discusión el dictamen y en todo caso se está abordando desde la perspectiva de los grupos parlamentarios el posicionamiento del dictamen. Continúe, diputado Acosta.

El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente, por hacer respetar el tiempo que tenemos para posicionar este dictamen, y no como otras personas que aprovechan su tiempo para traer aquí sus posiciones, vagas políticas.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Alcalde Luján, reitero, por obvio en el proceso legislativo, lo que le he expresado a mi colega el diputado Reyes Gámiz, y le digo a usted que no puede interrumpir al orador en términos del artículo 104 del Reglamento. Continúe, diputado Acosta, por favor.

El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Entramos en materia entonces. Una muestra médica es un producto farmacéutico, como todos ustedes saben, y es un instrumento de publicidad para que esos laboratorios que fabrican precisamente esos medicamentos, puedan hacerlos llegar a un doctor con el fin de que lo promocione de la manera adecuada o bien se cerciore también del efecto que tiene ese medicamento de manera positiva para su paciente.

En este sentido las muestras médicas son fabricadas con los mismos requisitos y especificaciones que los originales, y lo único que los distingue de éstos es la leyenda en el empaque que señala muestra médica. De la fabricación total de un medicamente sólo el 1 por ciento de ellos es una muestra médica.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, reconoció que la comercialización de muestras médicas, detona un verdadero problema sanitario y una falsificación precisamente de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque esos empaques que normalmente se usan para estas muestras médicas, se pueden utilizar para otros fines.

De acuerdo a los informes de la Cofepris, indican que la venta de  muestras médicas representan la tercera parte del mercado negó, las cuales se pueden encontrar en Internet, mercados ambulantes o en cualquier otro uso que se dé a la venta del mercado negro de este tipo de medicamentos.

Como una estrategia, desde 2010 la Cofepris realiza operativos conjuntos con la PGR, Profeco y Sedena, con el fin de decomisar esas muestras médicas que se venden de forma ilegal y resguardar la salud de la población. Otro ejemplo más de que el gobierno hace su papel de manera correcta.

Es así que en el primer trimestre de 2014 incautaron más de cinco toneladas de muestras médicas que se encontraban a la venta en el comercio informal de Jalisco, estado de México, Distrito Federal y Puebla. Y esto lo cito como un ejemplo de muchos operativos que se están llevando a cabo en el país.

Por obviedad de tiempo, les expreso compañeras y compañeros, que con la aprobación de esta reforma se podrá desincentivar la venta ilegal de muestras médicas al establecer una pena de 1 a 9 años de prisión y una multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo a quien comercialice irregularmente muestras médicas, y peor aún, que aproveche este noble producto de promoción con otros fines que no son los señalados.

Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos, por supuesto, a favor de esta iniciativa que es noble y que aporta más para la protección y la salud de la gente. Es cuanto, presidente, y gracias por su defensa a favor del tiempo de cualquier diputado, gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Presidente, asamblea, qué lástima que igual que este tiempo que se tiene destinado a una minuta que llegó del Senado y que fue una iniciativa del PAN, ahora se esté viendo con el Verde, porque no es una iniciativa del Verde, de hecho ese no es el tema. El hecho de que hagan promoción engañosa eso es otro tema que sí es verdad.

Pero es otro el tema que nos ocupa el día de hoy. Hago uso de esta tribuna para ofrecer a ustedes la postura de mi grupo parlamentario, con respecto del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona una fracción cuarta al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer pena de 1 a 9 años de prisión y multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general, vigente en la zona económica del que se trate, al que venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas en algunos países denominados “piezas promocionales”.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, las pérdidas se calculan alrededor de 10 mil millones de pesos por este delito. Asimismo, la cámara señala que el mercado nacional en México es de 200 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones se pierden por la venta ilegal de estos fármacos.

La venta ilegal de estos medicamentos pasó de 6 por ciento en 2013, a 5 por ciento en 2014. El riesgo a la salud de estos productos es en razón de que varios de estos medicamentos ya están caducados y que solo se reacondicionan para su venta.

Cabe señalar que la entrega gratuita de muestras médicas es una práctica adoptada por doctores y la industria farmacéutica que no está reglamentada, lo que genera actividades que atentan contra la salud de las mexicanas y de los mexicanos.

Una parte sustancial del esfuerzo comercial de los laboratorios productores de medicamentos se orienta en incidir en la decisión de los médicos mediante información, estímulos e incentivos para la prescripción de un determinado medicamento.

El mercadeo se orienta a crear en los médicos el recuerdo de una determinada denominación comercial mediante visitas explicativas, muestras médicas gratuitas, folletos, así también como objetos alusivos y publicidad, en publicaciones también especializadas donde se promueven.

También se utiliza la práctica de las comisiones por volumen de prescripción, mediante la entrega al médico de una participación porcentual por las ventas de un determinado medicamento prescrito por él, especialmente cuando su precio de venta es muy elevado.

El estudio, Publicidad y promoción de medicamentos, regulaciones y grado de acatamiento en cinco países de América Latina, publicado en la Revista Panam Salud Publica 2011, concluyó que: si bien en general en Argentina, en Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú incorporan en sus regulaciones sobre promoción y publicidad de medicamentos las recomendaciones de la OMS, con frecuencia dichas ordenanzas no se reflejan en los contenidos de las piezas promocionales. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde en su Código de Buenas Prácticas de Promoción de Especialidades Medicinales –hay un apartado en este país, en el Código de Buenas Prácticas de Promoción– se denominan obsequios y artículos de promoción, principio general que señala que no podrán otorgarse ni ofrecerse ni prometerse obsequios, primas, ventajas pecuniarias o en especie, ni incentivos a los profesionales de la salud para incentivar la prescripción, recomendación, dispensación, provisión, venta, administración o consumo de especialidades medicinales, salvo que se trate de obsequios de poco valor y relacionados con la práctica de la medicina o la farmacia y las actividades de educación científica de dichos profesionales, conforme al presente código.

Los obsequios no deben ser entregados de forma frecuente al mismo dest8inatario, los obsequios deben tener un valor modesto, no utilizar obsequios o beneficios que puedan dar una imagen inapropiada que dé la impresión de un trato preferencial en el uso de los productos.

También señala que no está permitida la entrega de dinero en efectivo, en ningún caso se podrá entregar como obsequio dinero en efectivo o equivalente a los profesionales de la salud o personal administrativo.

Esta misma norma prevé los artículos de promoción entregados en la visita médica que deberán tener relación con la práctica de la medicina o la farmacia que brinden un beneficio a los pacientes y se incluyan artículos varios, que pueden ser artículos de escritorio, como papelería, libretas o similares.

Diputadas y diputados, en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que el derecho humano primario es el de la salud y nuestra convicción es que se necesitan acciones efectivas del Estado, no solo para preservarlas sino también eliminar los riegos del medio o de las actividades sociales que se complican para lograr índices de desarrollo humano dignos para todas y todos.

El presente dictamen refleja que el Estado no debe abandonar al mercado la prestación de los servicios médicos y que tiene que dejar el papel de árbitro, o que solo debe ser supervisor del asunto.

Coincidimos con el contenido del dictamen y reiteramos que votaremos a favor de la reforma presentada por la Comisión de Salud en sus términos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Bautista Bravo. Fijará la postura la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos sobre el tema materia del dictamen.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo:Con la venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Gracias. Saludo con respeto a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados. Me honro en representar esta tarde al Partido de Acción Nacional para presentar el posicionamiento a favor de esta reforma a la Ley General de Salud en su artículo 464 Ter.

Ya se ha mencionado mucho en esta tribuna, por las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, lo importante que es el tema de la salud para el ser humano como un derecho inalienable a su persona.

Justamente para cumplir con ese derecho a la salud interviene el derecho a medicamentos, el que se pueda dar de manera ordenada, de acuerdo a reglamento, la distribución y prescripción de los medicamentos para su uso adecuado.

Hoy, con esta reforma que vamos a aprobar en la Ley General de Salud, estamos imponiendo una pena de 1 a 9 años de prisión y una multa de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente, a todos aquellos que comercialicen con las muestras médicas.

Sabemos que los medicamentos son uno de los pilares fundamentales para el ejercicio de la protección de la salud. Por ello, también en el contexto de nuestro sistema nacional de salud y para efectos del derecho a la protección de la misma, la disponibilidad de medicamentos se considera un servicio primordial de carácter básico.

Hace unos momentos, algunas diputadas y diputados discutían aquí en la tribuna sobre si esta reforma beneficia a algunos, sobre todo en el ámbito del mercado farmacéutico. Diría que lo que pretendemos –y es nuestra obligación como legisladores– es llevar a cabo reformas a la ley que beneficien al ciudadano, al usuario de los servicios básicos de salud. Nuestra responsabilidad es hacer leyes, modificar aquellas que requieran una adecuación a la realidad actual.

No sé si esta modificación, si esta reforma vaya a ser milagrosa y con ello se cumpla el principio de otorgar los servicios de salud a toda la población. Seguramente no va a ser así, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de adecuar las leyes en beneficio del ciudadano.

Si cada uno allá afuera cumplimos con la parte que nos toca en la sociedad. Es decir, los y las diputadas generando leyes en beneficio de la sociedad; la Secretaría de Salud cumpliendo con todas sus funciones, que finalmente reditúen en mejores servicios de salud y en salud universal para toda la población mexicana; los farmacéuticos, los que integran la Cámara Nacional de la Industria de la Farmacéutica, siendo responsables en su función social; el usuario y el ciudadano negándose a comprar este tipo de medicamentos en lugares que no están autorizados para su distribución y comercialización, terminaríamos con toda esta cadena nefasta, que solamente viene a perjudicar la salud del mexicano.

Hacemos un exhorto, como lo han hecho compañeras y compañeros antes de mí, para que la Secretaría de Salud cumpla con su tarea de generar servicios de salud de calidad para todos los mexicanos, para que también la Cámara Nacional de la Industria de la Farmacéutica, una vez que esta ley se cumpla y que esto reditúe en ahorros para ellos, se usen estos ahorros en beneficio de la ciudadanía, generando más investigación en el tema farmacéutico y que de esta manera los medicamentos se abaraten. Sólo de esta manera, realizando cada uno lo que nos toca en la sociedad, será como tendremos una sociedad más justa y una sociedad más ordenada.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se suma a favor de este dictamen de reforma a la Ley General de Salud. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Raquel Jiménez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra el diputado César Reynaldo Navarro de Alba, hasta por cinco minutos.

Saludo, entre tanto, a alumnos de la primaria del Colegio Benavente de la Ciudad de Puebla, invitados por la diputada Marisa Ortiz Mantilla. Bienvenidos, muchas gracias por su visita. Adelante, señor diputado, tiene la palabra.

El diputado César Reynaldo Navarro de Alba:Gracias, presidente. Con la venia de la Presidencia, quisiera en principio reconocer a los compañeros que han sido los promoventes de esta iniciativa, a Rosalba Gualito, a Carla Padilla, a Isaías Cortés y al doctor Francisco Fernández Clamont.

Compañeras y compañeros legisladores, el avance científico y tecnológico de los últimos años ha generado se lleve a cabo un rápido crecimiento dentro de la industria farmacéutica mundial, siendo, en Latinoamérica, México junto con Brasil los países que cuentan con uno de los mercados de mayor valor en los medicamentos, situación que ha introducido una gran cantidad de nuevos medicamentos al mercado del sector salud y ha traído consigo que las farmacéuticas ofrezcan muestras médicas gratuitas a diversas instancias de salud, con la finalidad de que sean entregadas bajo este carácter a los pacientes.

Sin embargo, a pesar de que estas muestras no deben ser objeto de venta, en nuestro país cada vez resulta más frecuente observar que éstas son comercializadas en mercados, en tianguis, e incluso, en farmacias establecidas a lo largo y ancho del territorio nacional, distribuyéndose indiscriminadamente a la sociedad sin el más mínimo cuidado. Sin embargo, podríamos llegar a pensar que este tema es menor frente a la venta de medicamentos denominados piratas. No.

La realidad es otra, ya que de acuerdo con los datos de la Cofepris, de los operativos realizados por la dependencia en contra de la venta ilegal de medicamentos, llevados a cabo durante el periodo 2010-2012, encontramos que el porcentaje del total de productos revisados, más del 50 por ciento corresponde a muestras médicas que deberían ser gratuitas. El 23 a medicinas caducadas. El 18.5 a fraccionadas. El 5.3 por ciento maltratadas. El 1.3 desvíos de la cadena pública. Y el 1.1 por ciento eran medicinas falsas o adulteradas.

De tal forma que estas cifras nos hacen ver la importancia de lo que hoy tenemos a nuestra discusión. Ya que el regular la venta, el comercio y la distribución o el transporte para fines comerciales de las muestras médicas permitirá mermar esta práctica. Con lo cual estaríamos evitando que se continúe poniendo en riesgo la salud de miles de mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores, la salud es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Carta Magna, el cual como legisladores y representantes de la población es nuestra obligación proteger. De tal forma que el Grupo Parlamentario, mi Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del presente dictamen. Toda vez que consideramos que es necesario combatir la venta de muestras médicas, al punto de que se llegue a erradicar esta práctica.

Quiero reconocer altamente y agradecer desde aquí, desde luego, al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Y agradecer a la Secretaría de Salud la gran importancia que ha sido para Ixtapaluca y para la región oriente del estado de México que el Hospital Regional de Alta Especialidad, que era únicamente para especialidades, hoy sea para la población abierta. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su tiempo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Navarro de Alba.

Para hablar en contra del dictamen doy el uso de la palabra a la ciudadana diputada Luisa María Alcalde Luján, hasta por tres minutos.

Solo le pido su autorización para saludar a alumnos, alumnas de la Universidad Simón Bolívar, campus en esta ciudad de México, en esta gran ciudad de México, Distrito Federal, a invitación del diputado Acosta Montoya. Muchas gracias por su visita. Adelante, diputada Alcalde.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Gracias, señor presidente. Tampoco es de extrañarse que suban aquí los del Partido Verde a proteger sus negocios. Es evidente y no tiene por qué alarmarnos. Pero yo creo que es importante tener información para poder subir aquí a debatir.

Y no está tan complicado. Aquí cuando estuvo el director del ISSSTE y del Seguro Social, cuando comparecieron ante la Comisión de Seguridad Social dijeron una cosa muy importante, y es que el problema del suministro de medicamentos no está relacionado con el presupuesto sino está relacionado con problemas de operación dentro de los institutos. Eso lo dijeron, justamente los directores encargados de esta tarea.

Si ustedes realmente tuvieran la voluntad de que esto se resolviera sería a través de presionar justamente a los directores del IMSS y del ISSSTE para que resuelvan sus problemas de operación, pero en lugar de arreglar las cosas en casa, ahora salen con el Programa de Vales de Medicina que van a ser canjeados en las farmacias.

No está tan complicado, ¿qué es mejor para el instituto, que compre a mayoreo 20 millones de aspirinas o pagarla cada una a precio de farmacia? Usted contéstese solo porque no está tan complicado.

Y lo segundo, que ahora resulta que el negocio es redondo, porque justamente este excedente que van a acabar pagando las instituciones, se las van a pagar a farmacias similares y farmacias del ahorro, justamente a la familia González Torres, vinculada justamente con el Partido Verde. Si tuvieran poquita responsabilidad respecto a los ciudadanos y la importancia de la salud pública, no harían este tipo de negocios a costa de la salud de todos los mexicanos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en favor del dictamen, tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Recuerdo a las señoras y a los señores legisladores, que el dictamen materia de discusión y a votación posterior, aborda aspectos relacionados con actos de comercio o la transmisión a título oneroso de muestras médicas. Por favor adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su venia, compañero presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: He seguido con interés las deliberaciones, en especial las intervenciones de mis compañeras diputadas Zuleyma Huidobro y Luisa María Alcalde, respecto al dictamen que se da a conocer, que esencialmente establece penalidades adicionales a quien venda, ofrezca o comercialice muestras médicas.

En principio parecería que es sano que no haya este mercado negro, esta utilización dolosa de productos médicos, y en principio pudiera estar de acuerdo. Sin embargo, se viene acentuando una visión legislativa punitiva de que los problemas se  van a resolver con castigos más severos, con medidas draconianas, cuando falta un enfoque preventivo y falta también atender las causas de los problemas.

Es un gran problema hoy nacional el tema de la salud. La medicina pública enfrenta graves problemas de infraestructura hospitalaria. Hay comunidades completas sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otras partes del país, poblaciones enteras no tienen servicios de salud. El Seguro Popular ha sido insuficiente, y el Seguro Social y el ISSSTE enfrentan condiciones financieras totalmente adversas que se reflejan en los servicios que ofrecen.

En consecuencia, ha surgido la medicina similar y ha surgido la proliferación de negocios privados para satisfacer la incapacidad del Estado mexicano para responder a un derecho constitucional a la salud.

Hoy vemos los altos precios de las medicinas. Hoy vemos que el pobre que se enferma tiene que sufrir no sólo su padecimiento, sino la falta de posibilidades de curarse, constituyendo dos Méxicos. El que tiene acceso a la salud y el que sufre hasta por enfermedades mínimas y, por otro lado, el desabasto de medicinas.

Lo más grave frente a esta realidad es cómo se ha lucrado políticamente con un tema de interés público. Cómo se ha utilizado como mercancía electoral el tema de la salud pública ofreciendo supuestos vales de medicinas ante la incapacidad del Estado para proveer estos medicamentos.

Concluyo, presidente. Cómo, además a partir de esta medida que utilizó el partido aliado del PRI, se han hecho también negocios privados sin transparencia y sin un debido control.

Por eso yo me abstendré, por eso no vamos a avalar esta medida, porque atrás está toda una campaña mediática que ha sido sancionada incluso por el Tribunal Electoral no obstante las influencias de abogados del Partido Verde y no se puede utilizar este tipo de satisfactores para lucrar electoralmente.

Debe haber un debate político, debe haber plataformas electorales, pero no a la utilización electorera de la salud en el país. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Antonio Sansores Sastré, del grupo parlamentario del PRD, hasta por tres minutos, hablará, así se ha registrado, en pro del dictamen.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Con su permiso, presidente. Compañeras y Compañeros, muy buenas tardes. Miren, cuando hablamos de salud –siempre lo hemos dicho– no se trata de muestras médicas, se trata de prevenir y se trata de educar, por eso el grupo parlamentario del PRD, está a favor de este dictamen de la Ley General de Salud.

Pero quiero decirles a ustedes que en el mundo está la medicina innovatoria, que una fórmula –para poder salir al mercado– cuesta hasta 11 mil millones de dólares. Y luego la otra fórmula es la medicina genérica, que ya no hay medicinas similares.

Pero lo importante del caso es que las muestras médicas no llegan a la población abierta. El Seguro Popular tiene mil 550 servicios contra 12 mil 500 que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. No podemos estar hablando de una pena administrativa y en algunos casos pena corporal, como es lo que estamos nosotros proponiendo y a favor, porque lo que se tiene que hacer es que los señores de la industria farmacéutica den en donación a los hospitales del segundo nivel porque las muestras médicas están en los consultorios privados; que hay estados de la república que tienen farmacias para muestras médicas, que es un negocio y que no están previendo que están generando alta resistencia a las infecciones, porque en el consultorio privado les podemos dar para tres días, pero el tratamiento es para siete.

Y la población abierta, la que requiere lo que establece el artículo 4o., en la fracción III, no puede estar accesando a este tipo de muestras médicas porque son muy caras y no tenemos la capacidad para estarlas comprando.

O sea, está bien que penalicemos la comercialización, el embalaje y lo que son las muestras médicas, pero para los médicos que quieran aprender de lo innovatorio, tienen que capacitarse y no estar en el sitio de confort que les permite que llegue el representante de la industria y que les diga para qué es, porque si hay 100 medicamentos para combatir la gastritis, por qué no promueven los que ya dejaron de ser y que tienen que pasar a genéricos.

Lo que están haciendo, y lo he dicho en más de una ocasión, es que generan la enfermedad para generar el remedio, y esto es de la industria global farmacéutica, generar la enfermedad para poder generar el remedio. Porque no curar en salud, porque no prevenir que es en donde debemos de ir todos y cada uno de nosotros a favor de que la educación de tiempo completo tenga como fin principal el prevenir en salud, porque previene complicaciones que son netamente preventivas hasta en un 18 por ciento, saber cómo cuidarnos en materia de salud.

En materia de muestras médicas, es un negocio que aunque se penalice va a continuar el mercado. Por ello, debemos estar conscientes de que no debe de haber más muestras médicas, debe de haber capacitación permanente para los médicos, y las muestras médicas que se donen a los hospitales de salud pública. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Sansores Sastré. Hasta por tres minutos para hablar en pro del dictamen, el diputado Rubén Acosta Montoya.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Primero, expresar lo correcto, que estamos a favor de un dictamen que va a evitar que siga creciendo un mercado negro, que va a evitar que se siga dañando la salud de la gente, que va a evitar precisamente que se lucre con la salud de la personas.

Que es sumamente contrario al posicionamiento que muchos han expresado aquí, y que incluso algunos se han atrevido hasta señalar que están de acuerdo, pero que no están de acuerdo y que mejor se abstienen. Ese es el voto y ese es el cuestionamiento serio que tienen algunos diputados aquí.

Y por el otro lado, obviamente me veo obligado a precisar alguna información que se está refiriendo a la sociedad de manera errónea. Los vales de medicina que fueron aprobados, que la medida fue aprobada por el Congreso de la Unión, van específicamente a la gente y es para que surtan sus medicamentos directamente en farmacias públicas. En el caso del ISSSTE súper-farmacias, en el caso del Seguro Social las farmacias de ese instituto. Más no se van a surtir esas medicinas en negocios privados.

Nunca había visto yo a una persona de izquierda defender negocios privados, está es la primera vez que quieren que mejor los surtan los negocios privados, a que mejor el gobierno compre medicamentos y que mejor los surta a la gente y que ese alcance global de compra de medicamentos alcance para más. Si tenemos un problema de abasto, cuál es el problema de que el gobierno los compre directamente en primer lugar y, en segundo, que los surta, pues es su obligación.

Totalmente desviado el posicionamiento de dos legisladores que tristemente lo único que están haciendo es: uno, dar un posicionamiento político erróneo con fines electorales y, en segundo, confundir a la población. Y es así de simple como lo expliqué, así se surten los vales de medicina. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Acosta Montoya. Tengo registrado finalmente para hablar en pro al señor diputado Fernando Zárate. ¿Hará uso de la palabra, diputado?

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Bueno, pero autoríceme previamente saludar, a invitación de don Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, a un grupo de vecinos, invitados especiales, del municipio de Toluca, del estado de México. Sean bienvenidos a este recinto y reciban nuestro saludo. Ahora sí, señor diputado, adelante, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, ya escuchamos un par de debates distintos en torno a la Ley General de Salud. Quisiera recordar que lo que estamos sujetando a discusión es el establecimiento de una pena de uno a nueve años de prisión y una multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente, en la zona económica que se trate, al que venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas.

Esta pena y esta tipificación como delito de esta conducta no tendría ningún inconveniente, ni siquiera por parte del PRD para apoyar esta posición, sin embargo preguntaría: ¿Este tema y esta forma de legislar es lo que va a resolver uno de los problemas de salud de nuestro país?

Escuché, escuché que también se habló de suministro. También hemos escuchado que hay un problema en la distribución de medicamentos. Bueno, preguntaría: ¿Cuándo nos vamos a decidir –y para eso exhortaría a la Comisión de Salud– a empezar a legislar de manera coherente, congruente, completa y tratar los asuntos de manera diversa como lo merece nuestra nación? Es decir, uno de los grandes problemas en esta nación tiene que ver con el suministro de medicamento.

Como todos lo sabemos, la Constitución establece el derecho a la salud por parte del Estado, es obligación del Estado ofrecerle salud al ciudadano. Actualmente una de las formas por las que se conduce este vehículo es por el suministro de medicamentos a través de las instituciones de seguridad social, específicamente a nivel federal el IMSS y el ISSSTE. En los estados de la república existen distintas instituciones, el suministro es un gran problema y es un problema no resuelto. Las distribuidoras, las formas de licitación, los contratos o convenios de subrogación que al final del día hace que la salud le cueste –y aquí retomaré un punto que dijo Luisa Alcalde, muy importante–, hace que al Estado le cueste cada vez más brindarles salud a los ciudadanos.

Cada vez más se licita, y no se licita de manera nacional para que evitemos el sobrecosto y el sobreprecio. Y otro punto muy importante es la entrega o suministro en donación de los medicamentos en lo particular, es decir, de las muestras médicas.

¿Vamos a legislar prohibiendo y estableciendo una pena o vamos a legislar regulando las muestras médicas y las donaciones? Yo hoy veo positiva la propuesta, sin embargo, honestamente la veo incompleta; como veo incompleto también el asunto del suministro, como veo incompleto el asunto de la prevención de la salud, como veo que las autoridades de salud en nuestro país no están haciendo su trabajo.

¿Cómo le vamos a hacer nosotros, como legisladores,  para complementar ese esfuerzo del Ejecutivo para poder regular en sus distintas vertientes lo que realmente duele, el suministro, la distribución, la comercialización y, sobre todo, el regalo de muestras médicas que hoy se está intentando vender por doctores y que tiene un impacto fundamental hasta en la obesidad? Porque muchos de los doctores hoy están hasta regalando muestras de productos lácteos. Por cierto, esos productos lácteos son los principales detonadores de la obesidad en nuestro país, para los bebés y para la niñez.

Es decir, a pesar de que pudiéramos estar de acuerdo, vemos absolutamente incorrecta la manera en que se está legislando actualmente. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Zárate.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Ahora pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 194, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Quiero participar a esta asamblea que se encuentra con nosotros el ciudadano Arturo López Mendiola, él es medallista de los Juegos Panamericanos y Centroamericanos y ha sido invitado por la agrupación Morena. Nuestro reconocimiento a don Arturo López Mendiola y nuestro saludo. Muchas gracias por su visita.

A invitación de la diputada Claudia Elena Águila, nos acompañan vecinos de Aragón, pero también estudiantes de la FES de la UNAM de Aragón de esta Ciudad de México. Los saludamos con aprecio y les reconocemos su interés por los temas de este pleno. Es de la Ciudad de México y también del estado de México. Gracias por su visita.

Está abierto el sistema electrónico, si hay algún diputado o diputada que no haya emitido su voto. Ordene se cierre, por favor, secretario.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 335 votos a favor, 13 abstenciones y 51 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales procedentes.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada el pasado 23 de octubre de 2014, los diputados Isaías Cortés Berumen, Rosalba Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamont y Carla Alicia Padilla Álvarez, de diversos grupos parlamentarios, presentaron iniciativa que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud; y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer la auto-medicación, definiéndola como el uso racional de los medicamentos autorizados, establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 de esta ley, y por autoprescripción al uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 226 de esta ley.

Para esto pretenden modificar la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud como se expone en la siguiente tabla:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Iniciativa

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población sobre el autocuidado de la salud, incluyendo temas de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, automedicación y riesgos de autoprescripción,prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de invalidez y detección oportuna de enfermedades.

Para efectos del párrafo anterior se entenderá como automedicación al uso racional de los medicamentos autorizados, establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 de esta ley, y por autoprescripción al uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 226 de esta ley.

IV. Consideraciones

Primera. Un sinnúmero de problemas de salud son tratados con uno o más fármacos de libre acceso como tratamiento primario o como adyuvante a terapias mayores.

La automedicación se define como la selección y uso de medicamentos por parte de los individuos para el tratamiento de trastornos o síntomas auto-diagnosticados o auto-reconocidos.

Esta actividad se está convirtiendo en un área cada vez más importante dentro de los servicios de asistencia sanitaria. Facilita a los pacientes a una mayor independencia a la toma de decisiones sobre el manejo de enfermedades menores, promoviendo así su empoderamiento. Se le han adjudicado varios beneficios a la auto-medicación responsable, entre ellos: el aumento del acceso a los medicamentos y el alivio para el paciente, el papel activo del paciente en su propio cuidado de la salud, un mejor uso de las habilidades de los médicos y farmacéuticos y la reducción (o al menos optimización) de la carga de los gobiernos debido a los gastos de salud relacionado con el tratamiento de afecciones de salud leves.

Es un aspecto de salud muy importante en los países en desarrollo, donde el acceso universal a los servicios de salud aún no se logra. En países como el nuestro, la automedicación es una de los más comunes y preferidas modalidades socorrida por los pacientes.

La automedicación también tiene ventajas para los sistemas sanitarios, ya que facilita un mejor uso de las habilidades clínicas, aumenta el acceso a los tratamientos y puede contribuir a la reducción de los costos de medicamentos prescritos asociados a los programas de salud financiados con fondos públicos. Sin embargo, la automedicación está asociada a riesgos tales como un mal diagnóstico, el uso de una dosis excesiva de fármacos, la duración prolongada de uso, interacciones con otros medicamentos y el fenómeno de polifarmacia.

En sí, la automedicación no se considera dañina. Los medicamentos de libre acceso pueden comprarse sin prescripción y en muchas ocasiones puede ahorrar tiempo y dinero a los usuarios. En muchas zonas rurales, donde hay alta informalidad y desempleo, los usuarios dependen en gran medida de la automedicación para síntomas menores.

Segunda. Los fármacos de libre acceso seguros y efectivos se usan para manejar o asistir en el manejo de más de 450 condiciones médicas, muchas de las cuales ocurren decenas de millones por año. Por ejemplo, estos productos son los principales en el tratamiento de cefaleas (dolor de cabeza) no migrañosas y pirosis (agruras). Otras condiciones que se pueden tratar con estos medicamentos como terapia primaria son gripa común, rinitis alérgica (estacional o perenne), dismenorrea, fiebre, constipación o estreñimiento, diarrea, dermatitis por contacto, entre otras. De igual manera, pueden ser usadas para disminuir síntomas menores y con ello evitar visitas triviales o innecesarias a consulta, con el consecuente ahorro económico.

Tercera. Sin embargo, la automedicación está lejos de ser una práctica totalmente segura, en particular en el caso de la automedicación no responsable. Los riesgos potenciales de las prácticas de automedicación son: auto-diagnóstico incorrecto, los retrasos en la búsqueda de consulta médica cuando sea necesario, las reacciones adversas poco frecuentes pero graves, las interacciones con medicamentos que puedan ser peligrosas, la manera incorrecta de administración, dosis incorrecta, la elección inadecuada de la terapia, el enmascarar una enfermedad grave y el riesgo de la dependencia, así como el abuso.

Se ha reportado que la automedicación puede dar lugar a retraso en la búsqueda de atención la cual resulta en una paradójica pérdida económica debido al retraso en el diagnóstico de condiciones subyacentes y la adecuada administración de tratamiento. La automedicación de antibióticos puede también dar lugar a resistencia bacteriana.

Los fármacos de libre acceso son agentes farmacológicos potentes, muchos de ellos previamente reconocidos como sólo de prescripción, y deben ser elegidos, usados y monitoreados con el mismo grado de cuidado como los fármacos de prescripción.

La complejidad de la atención, la comorbilidad y la polifarmacia reclama por una visión integral, la aplicación de la lógica de la terapéutica, y el juicio clínico que va más allá del etiquetado en el empaque. Todos los medicamentos son entidades químicas poderosas con farmacología y toxicología bien definidas. Cuando se considera el estado de salud de los pacientes de manera individual; las contraindicaciones, precauciones, efectos adversos, interacciones farmacológicas, la administración, las consideraciones de dosis de cada fármaco; las consideraciones en poblaciones especiales (embarazo, lactancia, edad, funciones renal y hepática) y cómo las enfermedades coexistentes o algún suplemento adicional pueda influir en los resultados terapéuticos, entonces resulta crítica la intervención del profesional en torno al manejo farmacológico y la visión general.

Las consecuencias de las terapias farmacológicas inadecuadas o pobremente manejadas son enormes. El uso y la selección no asistida de fármacos a menudo dan lugar a experiencias no óptimas y consecuencias clínicas adversas para los pacientes.

Cuarta. Los consumidores responsables se encuentran en la búsqueda de un mayor grado de sentido de posesión en su propio cuidado de salud, así como una mejor relación de colaboración en sociedad con los proveedores de servicios médicos.

Los comportamientos de los consumidores, sus creencias y actitudes proporcionan una perspectiva en relación con las oportunidades y retos en torno a la selección, uso y monitoreo de los fármacos de acceso libre. Los consumidores confían en los fármacos de acceso libre. Según una encuesta hecha por The National Council for Patient Information and Education se informa que el 92 por ciento de los consumidores consideran este grupo de medicamentos como efectivos y el 83 por ciento los consideran seguros. En la misma encuesta, el 73 por ciento de los consumidores reportó preferir tratar sus síntomas sólo con medicamentos de libre acceso. Desafortunadamente, sólo el 37 por ciento de los pacientes que consumen fármacos de libre acceso busca asistencia de algún profesional de la salud, en relación con el uso adecuado de estos fármacos. Otra encuesta hecha por National Consumer League, solo el 16 por ciento de los consumidores dice leer la información en la etiqueta y el 10 por ciento indicó que no leyó la etiqueta antes de haber consumido estos productos. Además, el 44 por ciento de los 4 mil 300 adultos encuestados excedieron las dosis recomendadas de analgésicos de libre acceso.

La aceptación del consumidor a medicamentos de libre acceso es alta, pero cuando los consumidores se automedican sin haber consultado, surgen aspectos de seguridad o uso inadecuado y o ineficiente para una buena proporción de la población.

Quinta. Los farmacéuticos gradualmente se han comprometido en asegurar el uso seguro, adecuado y efectivo de medicamentos de acceso libre y suplementos alimenticios como parte de la responsabilidad profesional. Estratégicamente se posicionan como “porteros de entrada” de los usuarios de medicamentos de libre acceso al sistema de sanidad. Son enormes las oportunidades que se ofrecen a los farmacéuticos en relación con la atención primaria y el manejo de enfermedades.

Los consumidores necesitan información objetiva, clara y precisa en relación con los fármacos de libre acceso y suplementos. El empaquetado de estos productos, aunque se ha mejorado su contenido y accesibilidad, no puede establecer adecuadamente los aspectos terapéuticos asociados con comorbilidad y polifarmacia que involucran a los fármacos de prescripción, los de acceso libre y los suplementos.

Muchos usuarios no están al tanto de los potenciales riesgos a la salud asociados con los medicamentos de libre acceso. Con el uso indiscriminado de estos fármacos, los efectos adversos pueden ser significantes.

Sexta. Se ha notado recientemente la tendencia a cambiar los fármacos de prescripción con un perfil positivo de seguridad al estatus de libre acceso. Los productos de libre acceso que previamente se consideraban como exclusivos de prescripción comprenden ahora más del 30% del mercado de los medicamentos de libre acceso.

Séptima. Al tomar en cuenta las consideraciones previas, se puede suponer a la automedicación con productos de libre acceso como una forma de autocuidado de la salud, y no debe catalogarse como una práctica aberrante o peligrosa per se. Incluso, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha promovido la automedicación responsable con medicamentos de libre acceso subrayando la importancia de la información dirigida a los usuarios para lograr su uso adecuado.

Lo que distingue a México de muchos otros países es la carencia de información que apoye la automedicación segura y responsable. En otros países, los medicamentos de libre acceso (e incluso los medicamentos que requieren receta) están acompañados de amplios insertos informativos dirigidos a los consumidores del producto que explican aspectos importantes tales como la interacción con otros medicamentos, qué reacciones adversas pueden ocurrir, o cuándo es necesario consultar al médico. La finalidad de proveer esta información es darle al usuario de medicamentos herramientas para que tome decisiones informadas sobre su salud, y protegerlo de riesgos potenciales derivados de consumir medicamentos. Diversos estudios han mostrado que los consumidores quieren información sobre sus medicamentos, y que la información adecuada disminuye la ocurrencia de reacciones adversas.

Octava. A diferencia de lo que ocurre en los países más desarrollados, en nuestro país los medicamentos que requieren receta médica frecuentemente son vendidos en las farmacias sin exigirse la receta. Entre 43 y 59 por ciento de los medicamentos que requieren receta médica son vendidos sin este requisito.

El 27 de Mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que está sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, que reglamenta la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, como respuesta a la creciente preocupación del uso y abuso de este grupo de medicamentos, los cuales se vieron rebasados en la época de la pandemia por el Virus de la Influenza a mediados de 2010. Con esta medida, se limitó considerablemente el abuso de estos fármacos, con la disminución de los efectos adversos y sobre todo, de las resistencias bacterianas a fármacos.

Por lo tanto, se debe hacer la diferenciación entre automedicación (uso de medicamentos de libre acceso) y autoprescripción (uso de medicamentos de prescripción sin receta médica). La autoprescripción es desalentada por la OMS debido a que el margen riesgo/beneficio propio de estos medicamentos (por ejemplo los antibióticos) requiere que su uso ocurra bajo supervisión médica.

La autoprescripción es el resultado de un sistema regulatorio débil que permite la venta de medicamentos éticos sin receta. La misma Organización Panamericana de la Salud, OPS, señala que “...no parece razonable trasladar la responsabilidad de la obtención ilegal de medicamentos al consumidor o paciente” La OPS también ha enfatizado que el enfoque de que los pacientes compran medicamentos por iniciativa propia es erróneo; en lugar debería decirse que los medicamentos se venden sin receta médica, lo cual “mostraría la falta de profesionalidad del sistema de comercio y la abierta infracción de las disposiciones legales por parte de las personas responsables de cumplirlas”.

Novena. En relación con la consideración anterior, la iniciativa propuesta coincide con lo que marca la OMS en relación con el auto cuidado de la salud.

Por otro lado, la legislación vigente indica que los medicamentos se clasifican en tres categorías:

Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial...

II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven... Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.

III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven...

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;

V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.

Con lo anterior, se entiende entonces que aquellos que se encuentran en las fracciones V y VI sean considerados de libre acceso y todos los demás sean considerados como medicamentos de prescripción.

Al tomar en cuenta las consideraciones anteriores, esta iniciativa es una oportunidad de empoderar a los usuarios/consumidores, pero con la debida información, para que tomen las decisiones con la mejor y mayor información y conciencia.

En este orden de ideas, se considera apropiado aprobar la iniciativa propuesta, con la condicionante que se actualicen los medicamentos en el catálogo de insumos, a fin de que los productos que efectivamente sean de acceso libre formen parte de las fracciones V y VI del artículo en mención, y aquellos medicamentos que no cumplan con las atribuciones para ser considerados como medicamentos de libre acceso tengan lugar en las categorías mencionadas en las fracciones I a IV, tal como lo estipula el artículo 227 de la Ley General de Salud.

Con la finalidad de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos se sugieren estrategias que pueden funcionar: sistemas de vigilancia, asociación de pacientes, médicos y farmacéuticos, y prestación de la educación e información a todos los interesados sobre la automedicación segura.

Esta iniciativa contribuiría a detener la práctica de que los individuos ingieran medicamentos sin prescripción médica, basándose únicamente en sus experiencias de padecimientos, lo cual implica un riesgo a la salud.

Sin embargo, es necesario hacer adecuaciones a la propuesta, las cuales atienden a que en términos de lo dispuesto por el artículo 28 Bis de esta ley, únicamente los prestadores de servicios de salud y técnicos señalados puedan prescribir.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población sobre el autocuidado de la salud, incluyendo temas de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, automedicación y riesgos de autoprescripción, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Para efectos del párrafo anterior se entenderá como automedicación al uso racional de los medicamentos autorizados, establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 de esta Ley, y por autoprescripción al uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 226 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá actualizar la lista de medicamentos a que se refiere artículo 226 de la presente ley, con la finalidad de que los medicamentos de libre acceso sean integrados en las categorías correspondientes fracciones V y VI del artículo 226, y aquellos medicamentos de prescripción se enlisten en las fracciones I a IV del artículo 226; en un plazo no mayor a 180 días.

Notas:

1 Ruiz MA. Risks of Self-Medication Practices. Current Drug Safety. 2013;5(4):315-323

2 Hughes CM, et al. Benefits and risks of self medication. Drug Saf. 2001;24(14):1027-37.

3 Selvaraj K, et al. Prevalence of self-medication practices and its associated factors in Urban Puducherry, India. Perspectives in Clinical Research. 2014;5(1):32-36

4 Corvington TR. Nonprescription Drug Therapy: Issues and Opportunities. Am J Pharm Educ.2006;70(6):137.

5 Gordon Robinson R. Pain Relief for Headaches. Is self-medication a problem? Canadian Farnily Physician. 1993;39:867-872

6 Altagracia MM, et al. Self-medication in rural and urban communities in the state of Guerrero Mexico. Rev Mex Cienc Farma 2003; 34:27-35.

7 Wirtz VJ, et al. Pharmacy customers’ knowledge of side effects of purchased medicines in Mexico. Trop Med Int Health 2009;14(1):93-100.

8 Ley General de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión, diputado Mario Alberto Dávila Delgado, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Muchas gracias, diputado presidente. Este dictamen a favor de la modificación de la fracción III del artículo 112, es una iniciativa presentada por los diputados y diputadas Isaías Cortés Berumen, Rosalba Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamont y Carla Alicia Padilla Álvarez.

La educación para la salud es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento a la motivación, las habilidades personales y el autoestima, necesarios para adoptar medidas a mejorar la salud en todos los mexicanos.

Es por ello, que se incluye la información para factores de riesgo y también comportamientos de la población de riesgo, todas estas acciones beneficiarán a la salud y también beneficiarán al Estado.

En este sentido, la presenta reforma pretende incluir los objetivos que establece la Ley General de Educación en materia de salud, para promover la automedicación responsable y distinguirla de la autoprescripción.

En este momento tenemos en México un bono demográfico y un bono epidemiológico que tenemos que aprovechar a favor de la salud de los mexicanos y con este aprovechamiento se disminuirá la carga también del Estado, teniendo una mejor población y más sana.

En este escenario, la automedicación responsable coadyuva a que no se eroguen tantos recursos y que también sea una práctica correcta, distinguiendo la automedicación donde se puede tomar algún medicamento que ayude y que sea conocido por el paciente de la autoprescripción, aquí es un medicamento que toma el paciente sin supervisión, sin prescripción y que pudiera afectar su salud.

El comité de expertos de la OMS apoya a que este tipo de prácticas se realicen, ya que ayuda a prevenir y tratar síntomas y enfermedades leves que no requieran atención médica, reduce la creciente presión que experimentan los servicios médicos de salud para el alivio de enfermedades leves, particularmente, recursos humanos y financieros donde son limitados. Aumenta también la disponibilidad de medicamentos y de atención en las áreas rurales, donde el acceso a los servicios o a la información médica es difícil.

Por lo anteriormente expuesto, es esencial promover en la educación la automedicación responsable y distinguirla de la autoprescripción por los beneficios individuales y sociales que aporta y por el impacto positivo que tiene en la salud pública y en el sistema nacional de salud, por lo que sometemos a consideración del pleno la presente modificación.

Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.

Artículo 112. Fracción III. Orientar y capacitar a la población sobre el cuidado de la salud, incluyendo temas de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, automedicación y riesgos de autoprescripción, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Para efectos del párrafo anterior se entenderá como automedicación el uso racional de los medicamentos autorizados y establecidos en las fracción V y VI del artículo 226 de esta ley y por autoprescripción el uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones I, II, III, IV del artículo 226 de esta Ley de Salud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá actualizar el listado de medicamentos a que se refiere el artículo 226 de la presente ley, con la finalidad de que los medicamentos de libre acceso sean integrados en las categorías correspondientes a las fracciones V y VI del artículo 226, y aquellos medicamentos de prescripción que se enlisten en las fracciones I a la IV del artículo 226, en un plazo no mayor de 180 días.

Es cuanto, diputado presidente. Solicito a las diputadas y diputados su voto a favor de esta reforma. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted.

Doña Loretta Ortiz Ahlf, por la agrupación Morena.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores. Como ya se puntualizó, el objeto de este dictamen es educar a la población en lo que es la automedicación y diferenciarla de la autoprescripción. La automedicación se dice que es con esos medicamentos que no requieren receta médica. Y la autoprescripción es aquella que requiere esa medicación, que requiere ser diagnosticada por un doctor, por un médico y requiere de receta médica para curar las enfermedades de la población.

Esto no tendría mayor problema. Llama la atención que se incluya en el artículo 112. Por qué llama la atención. Llama la atención porque incluso, como escuchamos, el propósito era que tuviera la población información suficiente en una educación a la población sobre la automedicación y los daños que incluso puede ocasionar la automedicación. Y sin embargo, se va a seguir automedicando cuando no requiera receta médica. Y de la prescripción, no se ve que de esta reforma se le vaya a dar esa información a la población en general.

Se puntualiza incluso en los considerandos lo que distingue a México de muchos otros países, es la carencia de información –subrayo– que apoya la automedicación segura y responsable. En otros países los medicamentos de libre acceso, incluso los medicamentos que requieren receta, están acompañados de amplios insertos informativos dirigidos a los consumidores del producto que explican aspectos importantes, tales como interacción con otros medicamentos, qué reacciones adversas pueden ocurrir, cuándo es necesario consultar al médico.

La finalidad de proveer esta información es darle al usuario herramientas para que tome decisiones informadas sobre salud, protegerlo de los riesgos potenciales derivados de consumir medicamentos. Diversos estudios han mostrado que los consumidores requieren información sobre sus medicamentos.

En esta educación, con esta reforma, no se ve la manera, las acciones con las cuales se va a lograr precisamente el objetivo de educar a la población nada más por insertarlo en el artículo 112, fracción III, sobre la automedicación, que según los propios considerandos del dictamen no es una forma segura de conseguir la salud de la población, que debería evitarse la automedicación.

Por si ello fuera insuficiente, y ya se ha puntualizado en el curso de la mañana, existe un derecho a la salud, derecho a la salud al que está obligado el Estado mexicano por ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Protocolo de San José que obliga, no es porque si tiene recursos o no el Estado, o si está de moda o no está de moda a garantizar de manera efectiva el derecho a la salud a toda la población que se encuentra en territorio nacional. Subrayo toda la población, no nada más a los ciudadanos mexicanos, pueden ser migrantes, documentados, indocumentados, niñas, niños, etcétera, sin discriminación.

Esta obligación no la cumple, no la satisface el Estado mexicano, estamos muy lejos de cubrir con esa obligación internacional que la tenemos desde 1981 que México suscribió estos instrumentos.

Por si ello fuera insuficiente, cuando la población asiste al ISSSTE o al Seguro Social le dan la receta médica, resulta que va por su medicamento y le dicen: No hay. Perdón, pero no hay. No le podemos surtir el medicamento. El medicamento quizá se está vendiendo en un tianguis o en algún otro lugar, porque ya se han presentado denuncias y como es la costumbre en nuestro país la impunidad impera tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social en cuanto a precisamente responsabilizar a los que permiten la venta de medicamentos que fueron automedicados en estas instituciones, parece que todo está hecho a modo para que se otorguen vales.

El derecho humano a la salud es garantizado no solamente en los países ricos, como pudiera alguno pensar, sino en cualquier país del planeta debería de garantizarse. Tenemos estudio de la Organización Mundial de la Salud, que distintos países de América Latina garantizan este derecho.

Ojalá pudiéramos ver una iniciativa –éste sería el final de mi participación– en que se garantizara de manera efectiva y segura el derecho a la salud a toda la población que se encuentre en territorio nacional.

Por las consideraciones antes expuestas, a pesar de los graves inconvenientes que presenta esta iniciativa y, de manera particular, por considerar que la automedicación no ayuda y beneficia a la población a menos que tenga un médico que lo diagnostique, Morena va a votar en contra de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Don Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con su permiso, diputado presidente. El derecho a la salud de las y los mexicanos es uno de los aspectos fundamentales que tenemos consagrados en nuestra Constitución Política, que a sus 98 años de emitida es tan vigente como lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 4o, por lo que promover su aplicabilidad y vigencia constituye un elemento esencial del Estado mexicano.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza el tema de la salud adquiere una particular importancia, pues estamos conscientes de las necesidades que tiene un país que destina el 6.1 por ciento de su producto interno bruto en la salud, frente a más de 52 millones de sus habitantes en condiciones de pobreza, quienes la mayoría de las veces ante una enfermedad, sólo les es posible recurrir a la automedicación.

Esta situación no es más que un reiterado llamado para que en nuestra tarea como representantes populares nos enfoquemos a impulsar toda acción legislativa que esté orientada a eliminar las condiciones de desigualdad que aún existen en nuestra sociedad.

Por ello, como grupo parlamentario estamos comprometidos con la promoción y fomento de las mejores condiciones de salud para las y los mexicanos como el propósito fundamental de la reforma que hoy se propone en el artículo 112de la Ley General de Salud.

Conocemos las condiciones que orillan a las personas a recurrir –en más de una ocasión– a la automedicación para atender un resfriado, dolor de muelas u otro padecimiento.

Sin embargo la automedicación debe de estar acompañada de una eficiente orientación y capacitación sobre el uso y consumo, el acceso y disponibilidad de fármacos, y no debe de ser un asunto de elección indiscriminada cuando ello puede causar un fuerte impacto en la salud de las personas.

En ello radica la reforma que nos convoca, pues considerar que más del 45 por ciento de los hogares del país adquirieron por lo menos en una ocasión medicamentos que se expenden sin receta y este porcentaje supera el 48 por ciento de los hogares, en los tres primeros deciles de hogares. Es decir, los de más bajos recursos.

Proteger a la población con estrategias adecuadas y bien dirigidas, de capacitación y orientación, permitirá tener un mejor cuidado de su salud, lo que repercutirá en un mejor ejercicio de un derecho social y universal como es el derecho a la salud.

Para lograr dicho propósito esperamos contar con la acertada concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de lo contrario los preceptos normativos que persigue esta reforma, serán letra muerta ante las necesidades apremiantes de nuestros conciudadanos.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza mantenemos un fuerte compromiso con la salud de los mexicanos. Por ello daremos nuestro voto a favor de esta reforma, pues con su aplicación el cuidado de la salud y la atención inicial de una enfermedad, podrá realizarse mediante decisiones mejor informadas acerca del uso, automedicación y disponibilidad de los medicamentos denominados de libre acceso. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado. Le damos la palabra ahora al diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para fijar la postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Durante varias legislaturas hemos hablado del enorme riesgo que representa la automedicación y la autoprescripción. En ambas no se toma en cuenta la opinión de algún médico, pero lo peor del caso es que tampoco se toma conciencia del diagnóstico de la enfermedad ni en la prescripción o supervisión del tratamiento.

En otras palabras, se pasa por alto el gran riesgo de tener consecuencias, incluso fatales, por seguir estas prácticas. Parece contradictorio que en nuestro país apelemos a la aprobación de leyes que reconozcan los términos necesarios para no caer en irregularidades, pues indebidamente como lo es en este caso, la población comienza a tener por costumbre el hacer de la prescripción y la automedicación una práctica común.

Contradictorio también porque no en vano es que las instituciones educativas y sanitarias del país se esmeran en mantenerse día a día con los mejores niveles de calidad, reconociendo y otorgando la validez a quienes en realidad están preparados para ejercer la actividad médica apropiada y objetiva.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no nos oponemos a la aprobación de este dictamen, y el reconocimiento de los términos de automedicación y autoprescripción, pero si apelamos a que en un futuro próximo sean incluidos estos términos bajo un esquema que garantice que la población no tenga necesidad de recurrir a este tipo de actividades que aún contienen un grado importante de riesgo para la salud.

Es necesario tomar en cuenta que en nuestro país se mantiene la nada grata realidad de hacer de la atención médica en centros de salud y nosocomios públicos, todo un viacrucis, un martirio, y muchas de las veces un momento verdaderamente indeseable después de esperar solamente una consulta en busca de sanar sus dolencias.

Porque no decirlo, seguramente en muchas de las familias mexicanas prevalece está idea de decir, mejor prefiero ir a comprarme algo para sobrellevar mi malestar, que esperar a que me maltraten en el doctor. Está es una realidad y la muestra puede estar en el continuo crecimiento de la tasa de mortalidad de personas que se auto-medicaron y prescribieron de forma incorrecta un tratamiento médico.

Coincidimos con el planteamiento del presente dictamen, la automedicación también tiene ventajas para los sistemas sanitarios, ya que facilita un mejor uso de la habilidades clínicas, aumenta el acceso a los tratamientos y puede contribuir a la reducción de los costos de medicamentos prescritos, asociados a los programas de salud, financiados con fondos públicos, sin embargo estamos convencidos que más importante es el seguir buscando que el Estado cumpla con responsabilidad para garantizar una atención de calidad con profesionalismo y ética para todas las personas en nuestro país. Esto con el firme propósito de evitar a toda costa la reproducción de las malas prácticas, como es la automedicación y la autoprescripción. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias usted, diputado. Le damos la palabra ahora al diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, para fijar postura, igual, hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. La carencia de cultura para consultar a los médicos particulares o del sector público, ante la presencia de síntomas fisiológicos considerados como leves, trae aparejadas serias consecuencias para la salud.

Debemos motivar a la población al cambio de hábitos y prácticas para el cuidado de su salud. Debemos intervenir de manera íntegra en políticas públicas y de interés colectivo, que permitirán contar con una población más sana.

Los medios de comunicación y la Secretaría de Salud tienen el papel más importante en la promoción del autocuidado de la salud como principal detonante, para recuperar el estado general de salud se debe fortalecer y aumentar los esquemas de difusión para las medidas de protección contra riesgos sanitarios.

Estos productos, llamados productos milagro, que anuncian en la televisión pueden ser muy riesgosos. Si bien es cierto la posibilidad del consumidor para adquirir medicamentos sin receta ha sido altamente reducida, sin embargo se le ha restado importancia.

Aún faltas políticas y programas con enfoques de concientización que coadyuve a distinguir entre la posibilidad del autosuministro de medicamentos comerciales y los riesgos que desencadenarán en una verdadera afectación a la salud y a la economía del paciente.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cuenta con atribuciones legales para  verificar y garantizar que las sustancias difundidas como medicamentos cuenten con las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Salud, así como los medios de difusión que publiciten un producto o servicio sujeto a control sanitario también deberán contar con autorización de la Secretaría de Salud, exhibiendo en su publicidad copia de la carátula del riesgo sanitario y autorización vigente, además del permiso correspondiente para su publicidad.

Ante la inminente necesidad de promover la educación, la orientación y capacitación a la población en general sobre el autocuidado de su salud y en congruencia, compañeros, con el compromiso que tenemos con nuestras hermanas mexicanas y hermanos mexicanos de proteger su salud, su integridad, su bienestar físico y su economía, debemos tomar medidas responsables de prevención sobre los riesgos que conlleva la automedicación para el cuidado de la salud.

Por tal motivo, su servidor y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votarán a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hombre, no es peyorativo, pero ya cambió el turno. Doña Carla Alicia Padilla Ramos, tiene usted el uso de la voz. Del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Gracias. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es evidente que la educación de la salud debe orientar y capacitar a la población sobre el autocuidado de la salud, incluyendo temas de automedicación responsable y riesgos de autoprescripción.

La automedicación se define como la selección y uso de medicamentos por parte de los individuos para el tratamiento de trastornos o síntomas autodiagnosticados o autorreconocidos.

En la inmensa mayoría de los hogares una gran parte de las enfermedades que aparecen en la vida de las personas son manejadas, al menos inicialmente, con alguna de las técnicas o medicamentos que la propia familia conoce o tiene a su alcance para aliviar dichos problemas.

Los autocuidados sanitarios constituyen una forma de responsabilidad individual sobre la propia salud, por la que el paciente elige libremente un tratamiento a partir de sus propios conocimientos.

La automedicación constituye un hecho cotidiano y habitual en la mayoría de los hogares. Existen fármacos de libre acceso, seguros y efectivos, que se usan para manejar o asistir el manejo de más de 450 condiciones médicas, muchas de las cuales ocurren decenas de veces por año.

Por ejemplo, estos productos son los principales en el tratamiento de dolores de cabeza, de agruras. Otras condiciones que se pueden tratar con estos medicamentos en terapia primaria son como una gripa común rinitis alérgica, dismenorrea, fiebre, constipación o estreñimiento, diarrea, dermatitis por contacto, entre otras. De igual manera, pueden ser usadas para disminuir síntomas menores y con ello evitar visitas triviales o innecesarias a consultas con el consecuente ahorro económico.

El autocuidado sigue siendo necesario, tanto para el manejo de enfermedades agudas no graves, pero muy frecuentes, como para la prevención en forma de hábitos de vida saludable; de las enfermedades que hoy en día son la causa principal de enfermedad y muerte, problemas cardiovasculares y cáncer.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el autocuidado en salud es el recurso más importante en la atención médica y que este incluye la automedicación. Esta actividad se está convirtiendo en un área cada vez más importante dentro de los servicios de asistencia familiar, facilita a los pacientes a una mayor independencia a la toma de decisiones sobre el manejo de enfermedades menores, promoviendo así su empoderamiento.

Los consumidores necesitan información objetiva, clara y precisa, en relación con los fármacos de libre acceso y suplementos, deben de conocer los potenciales riesgos a la salud asociados con los medicamentos de libre acceso y los efectos adversos que pueden ser significantes.

Existe una carencia de información que apoye la automedicación segura y responsable. La finalidad de proveer esta información es darle al usuario herramientas para que tome decisiones informadas sobre su salud y protegerlo de riesgos potenciales derivados de consumir medicamentos.

Diversos estudios han mostrado que los consumidores quieren información sobre sus medicamentos y que la información adecuada disminuye la ocurrencia de reacciones adversas.

Es muy importante la aprobación del presente dictamen, ya que la presente reforma permitirá promover el autocuidado y detener la práctica que los individuos ingieran medicamentos sin prescripción médica, basándose únicamente en sus experiencias de padecimientos, lo cual implica un riesgo para la salud.

Con la presente reforma y con el escenario que vive nuestro país en materia de salud, la automedicación responsable coadyuva a que el Estado erogue los recursos estrictamente necesarios, además de reducir una práctica incorrecta de la autoprescripción, al momento que la persona reconoce con mayor certeza cuándo debe de acudir o no al médico.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, mi partido, votaremos a favor del presente dictamen, porque no cabe duda que es esencial promover la automedicación responsable, y distinguirla de la autoprescripción, por los beneficios individuales y sociales que aporta y por el impacto positivo que tiene en la salud pública y en el sistema nacional de salud.

Votemos a favor y sentemos con ello las bases para la construcción de un mejor presente y un futuro más próspero para las mexicanas y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Carla. Ahora viene Eva Diego Cruz, del PRD.

La diputada Eva Diego Cruz:Gracias, presidente. Con la anuencia de las compañeras diputadas y diputados, pues hoy se discute en este pleno una iniciativa que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, que presentaron mis compañeros diputados Isaías Cortés Berumen, Rosalba Gualito, Francisco Javier Fernández Clamont, Carla Alicia Padilla que me antecedió en su participación, y que suscribieron varios diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La iniciativa tiene como objetivo fundamental hacer más explícita la redacción del artículo, refiriéndose a la diferencia sustancial entre automedicación responsable y los riesgos de la autoprescripción, haciendo una clara diferencia entre estos dos términos y a partir de esta distinción que se plasma en esta reforma será posible emitir disposiciones reglamentarias y recomendaciones de diversa índole, encaminadas a promover la automedicación responsable.

Se define a la automedicación como el uso racional de los medicamentos autorizados, establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 de la Ley General de Salud. Y por autoprescripción al uso indiscriminado que hacen las personas al adquirir medicamentos de receta sin la intervención o supervisión de un médico.

La iniciativa está orientada a integrar en la educación y capacitación para la salud de la población el autocuidado, incluyendo el impulso a la automedicación responsable y evitar la autoprescripción.

La automedicación responsable es una forma segura, efectiva y accesible de fomentar el autocuidado en la salud y así contribuir al bienestar de la población y a la salud pública.

Algunos beneficios de la automedicación responsable son, que los pacientes, los consumidores toman parte activa en el cuidado de la salud, por lo que se les considera responsables en lo que a su salud se refiere. Ayuda a prevenir y tratar síntomas de enfermedades leves que no requieren atención médica. Reduce la creciente presión que experimentan los servicios médicos para el alivio de enfermedades leves, particularmente cuando los recursos humanos y financieros son limitados.

Aumentan la posibilidad de recursos para la población que vive en áreas rurales, donde el acceso a los servicios o a la información médica es más complicado.

Con la automedicación responsable la población tendrá una mejor calidad de vida, ya que se generan habilidades personales y mejoran el estilo de vida de las personas, es cuidarse a sí mismo, es proteger nuestra propia salud. Es adoptar prácticas de prevención para aumentar los niveles de salud y la calidad de vida.

La finalidad de esta reforma es contar con medicamentos autorizados para su venta sin receta. Seguros y eficaces para el cuidado de la salud. Se obtiene el alivio inmediato de los síntomas o problemas comunes de salud fácilmente reconocibles por quienes los sufren.

En México existen alrededor de 700 marcas distintas de medicamentos de venta sin receta médica.

Es promover la automedicación responsable y distinguirla de la autoprescripción, por los beneficios individuales y sociales que aporta y para el impacto positivo que tiene en la salud pública y el sistema nacional de salud.

Nada más para terminar, compañeras y compañeros diputados, decirles que durante toda esta Legislatura su servidora ha estado muy al tanto de los temas de salud. Tanto en mi estado de Oaxaca como a nivel nacional. Y decirles que mi partido, el PRD, va a votar a favor, sin embargo, he comentado y lo hemos comentado en la Comisión de Salud, que hay muchas cosas qué abordar en el tema de salud.

Hay muchas ineficiencias. Esta reforma, sin duda, trata de educar a nuestros ciudadanos. Trata de prevenir, trata de capacitar, de educar a nuestra gente a cuidarse. Pero sin duda hay otros temas más importantes que deberíamos tocar en esta tribuna en materia de salud.

Hemos reformado algunas leyes sobre productos milagro. Hemos hablado de compras consolidadas de medicamentos. En el tema de presupuesto, a pesar de que hablamos tanto de salud, a fin de cuentas, en muchos estados quedamos con las mismas deficiencias.

Y a mí sí me gustaría, compañeros y compañeras, que hiciéramos una reforma integral en materia de salud.

La gente, las mexicanas y los mexicanos eso es lo que quieren. Prácticamente ahorita estamos haciendo una reforma importante pero que no va a cambiar la situación. En las comunidades rurales van a seguir con las mismas ineficiencias. Nos faltan presupuestos, nos faltan medicamentos en las comunidades.

Yo espero, a mí me hubiera gustado que en esta Legislatura hubiéramos hecho una reforma integral que realmente beneficie a la gente. Que realmente se traduzca en ese compromiso que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud. En esa obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud y que la gente lo viera y lo palpara, que realmente tenemos, no nada más la intención sino tenemos las decisiones firmes en el presupuesto para que la salud cambie y realmente sea una atención, la atención que merecen las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Eva. Diputado Isaías Cortés Berumen tiene el uso de la voz.

El diputado Isaías Cortés Berumen:Con su venia, diputado presidente. Señores diputados, el día de hoy está a discusión en esta Cámara, una reforma que pareciera en un principio la simpleza de la definición de un término, sin embargo esta iniciativa fue concebida como parte importante de la obligación del Estado a salvaguardar la salud de la sociedad mexicana. Para ello, nos hemos planteado claramente una ruta que permita para todos los mexicanos consciencia antes que cura, prevención antes que remedio.

Es una realidad que en nuestro país la manera más fácil de curar un padecimiento al que nosotros llamamos común es a través de la automedicación. Cornelio Tácito, historiador y político del Imperio romano dijo: Cuando gozamos de salud fácilmente damos buenos consejos a los enfermos. Todos nosotros hemos actuado en algún momento como flamantes médicos, recentado o recomendando algo que nos funcionó en algún padecimiento y que por tanto respondemos ante la obviedad le funcionará igual.

Sin embargo, el mal que aqueja hoy a la sociedad mexicana es el de la desinformación o el de la información errónea, el de creer que podemos saber lo mismo que aquella persona que estudio seis años en una carrera de medicina, esa autorecomendación propia o ajena que en muchos de los casos oculta los síntomas de un padecimiento más complejo o crónico y que de manera paliativa cura nuestro malestar impidiendo que el verdadero mal sea detectado, ocasionándonos que sea descubierto fuera de tiempo.

La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado de la salud como las acciones que las personas se hacen a sí mismas para establecer y mantener la salud. Así como prevenir y atender enfermedades significa cuidarse a sí mismo en un sentido saludable, ya sea mediante el lavado de dientes, tomar medicamento cuando se tiene gripa o ejercitándose a diario, no significa tener menos ayuda por parte del médico, el personal sanitario aún está ahí para ayudarlos.

Es un amplio concepto, el cual abarca acciones como la higiene, en este sentido la automedicación es definida por la misma Organización Mundial de la Salud, como la selección y uso de medicamentos que incluyen también productos herbolarios y de medicina tradicional.

Adicionalmente esta práctica se debe realizar con medicamentos aprobados y disponibles para que sean adquiridos sin prescripción médica, los cuales son seguros y eficaces cuando se utilizan de acuerdo a sus indicaciones.

En sí, la automedicación no se considera dañina, los medicamentos de libre acceso pueden comprarse sin receta y en muchas ocasiones puede ahorrar tiempo y dinero, para los síntomas menores puede resultar una excelente opción.

La reforma propuesta a la Ley General de Salud significa comenzar a dar nombre a las cosas, significa decirle a la sociedad mexicana que cuando se padece una enfermedad existen dos vías, automedicación o autoprescribirse. Dejamos claro que en esta ley, en el primer párrafo, significa ir a la farmacia y saber que tal o cual antigripal nos funciona mejor que otro. Lo segundo significa autodiagnosticarnos sobre el mal que nos aqueja y peor aún decidir con una verdadera inconsciencia lo que deberemos tomar para solucionarlo.

Se considera necesaria esta distinción ya que la autoprescripción conlleva riesgos como el autodiagnóstico incorrecto, retrasos en la búsqueda de atención médica, reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, administración por vía incorrecta, dosis incorrectas, elección inadecuada del tratamiento, el enmascarar una enfermedad grave y el riesgo de dependencia o abuso de los propios medicamentos.

Buscamos una sociedad consciente y preparada en términos de salud. En Acción Nacional impulsamos reformas que pongan los puntos sobre las íes y proporcionen las herramientas que la población necesite para fomentar el autocuidado de la salud.

Las políticas del Estado deberán estar siempre encaminadas a la prevención. Eso significará un ahorro a largo plazo de los recursos destinados a la salud de México. Significa instaurar la cultura de dejar para aquéllos que saben lo que nosotros no. Dejemos en los médicos la responsabilidad de nuestra salud e impulsemos en esta sociedad la responsabilidad de la decisión para beneficio de nosotros mismos. Es cuanto, presidenta.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Isaías Cortés. Tiene la palabra ahora el diputado José Enrique Doger Guerrero, por el Partido Revolucionario Institucional, para fijar su postura.

El diputado José Enrique Doger Guerrero:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos humanos y las garantías que tenemos todas las personas que nos encontramos dentro del territorio nacional.

En este caso destacamos el de la protección de la salud, que tiene dentro de sus finalidades incrementar el bienestar físico y mental de la persona, la promoción y mejoramiento de la calidad de la vida humana, así como difundir acciones responsables dirigidas a la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

Los servicios de salud comprenden todas las acciones que se realizan en beneficio de las personas y por lo tanto de los mexicanos como sociedad, con miras a proteger, promover y restaurar la salud de los individuos y de la colectividad.

Dentro de los servicios básicos de salud de encuentra la educación para la salud, la cual permite que exista una permanente promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente.

Sin duda la promoción de la salud es fundamental ya que permite que las personas conozcamos y mejoremos las condiciones deseables de nuestra salud generando actitudes, valores y conductas adecuadas en beneficio de nosotros mismos y de la población en general.

En esta tribuna destacamos la gran relevancia que tiene la educación para la salud, porque permite evitar acciones nocivas que perjudiquen nuestro bienestar físico, tal es el caso de conocer qué comprende la automedicación y qué la autoprescripción, para que los consumidores contemos con una adecuada información, tomando decisiones sobre los medicamentos que podemos utilizar, dirigidos a una verdadera mejoría de nuestra salud evitando contradicciones a futuro. Es necesario que conozcamos cuáles son los medicamentos autorizados para que hagamos uso racional de ellos, así como usarlos mediante las indicaciones de profesionales y con una adecuada supervisión.

En nuestro país se ha tenido un avance en ello, ya que en el año 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que está sujeta la venta y dispensación de antibióticos, que reglamenta la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, lo cual permitió que la población limitara el uso indiscriminado del medicamento sin un adecuado tratamiento.

Debemos fortalecer las acciones dirigidas al aumento del bienestar físico y la calidad de la salud de los mexicanos.

Hoy –en esta tribuna– confiramos este compromiso con el dictamen que estamos discutiendo y que confiamos que se aprobará.

Por ello los integrantes del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor del dictamen que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud para establecer que la educación para la salud tiene por objeto orientar y capacitar a la población preferentemente en diversas materias, dentro de las que se incluye la automedicación y la autoprescripción, entendiendo por esta primera el uso racional de los medicamentos autorizados en la misma ley, y por el segundo, al uso sin indicación ni supervisión de medicamentos contenidos en la Ley General de Salud.

Compañeras y compañeros legisladores, tomemos en cuenta que la prevención en materia de salud a través de la educación, para la salud es primordial, debido a que permite el desarrollo de una adecuada calidad de vida de la población, cumpliendo con ello uno de los fines emanados del derecho a la salud. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora para hablar en pro, el diputado Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Muy buenas tardes. Miren, pareciera poca cosa cuando nosotros hablamos de la universidad del paciente. Universidad del paciente se escucha como que rimbombante, a la mejor no aplica, pero sí aplica porque tanto la autoprescripcion como la automedicación –sin conciencia– genera un grave problema.

Imagínense ustedes aquel paciente o usuario, como lo establece la ley, que toma medicamentos para evitar el rechazo de un órgano o en un tejido, y que durante su tratamiento dejase de tomarlo, imagínense la inversión que ha hecho el Estado para poder contener a ese órgano dentro, que además, pudiera ser rechazado cuando no se tiene conciencia en la medicación.

De antemano sabemos que hay medicamentos de OTC, y ustedes saben que cuando se establece una patente para una farmacia –y no es secreto–, hay quienes dan frijol, arroz, leche, hasta ultramarinos porque no se ha definido todavía, de manera específica, como debe de estar una farmacia para poder proveer medicamentos, que además, hay categoría en ellos.

Cuando nosotros tenemos la necesidad de automedicarnos, debemos de hacerlo con responsabilidad, y por ello hay ese tipo de medicamentos que se pueden utilizar. Pero además en la leyenda, en el interior del embalaje y de la caja dice como se debe de tomar.

Esto es una competencia y cae dentro del orden de los delitos bioéticos, porque es una competencia desleal para los médicos establecidos, pero es necesario, porque no podemos, además, estar erogando, pagando de manera permanente la consulta porque no se tiene esa capacidad económica en el 84 por ciento de esta población. Por ello, han crecido las farmacias que tienen asesoría en salud, que no debiera de ser.

Y bueno, nuestro grupo parlamentario va a favor de esta iniciativa, de este dictamen. Pero lo que quiero decirles a ustedes es para que vean que no es una manera fácil de decir la autoprescripción o la automedicación, en realidad se debe de tener siempre la asesoría de un médico, y por lo menos telefónicamente. Porque hay por ahí una telefonía que nos cobra a más de uno 54 pesos al mes por una asistencia telefónica.

Requerimos de educación y la educación debe de ser permanente. Muchas gracias, y es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputado.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Cierre el sistema electrónico, por favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se emitieron 363 votos a favor, 3 abstenciones, 25 en contra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTAMENES DE PUNTOS DE ACUERDO

CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la SEP y del Inmujeres a establecer diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

Con fecha 25 de noviembre, se presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Inmujeres a establecer diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, suscrita por las diputadas Ana Lilia Garza Cadena, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Carla Alicia Padilla Ramos, Gabriela Medrano Galindo, Laura Ximena Martel Cantú, Lourdes Adriana López Moreno, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Martha Edith Vital Vera, Mónica García de La Fuente, Rosa Elba Pérez Hernández y Ruth Zavaleta Salgado, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En esa misma fecha, fue turnado por la mesa directiva a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

Refieren las proponentes que la Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Puntualiza que la violencia contra la mujer es especialmente ejercida dentro de su hogar por su pareja, con una prevalencia del 35 por ciento de las mujeres en el mundo que en algún momento de su vida han sufrido de violencia intrafamiliar, mientras que un 38 por ciento de los asesinatos de mujeres que se producen a nivel mundial son cometidos en igualdad de circunstancias.

Señalan que por lo que hace a nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

Los estados con mayor tasa de homicidios de mujeres con una incidencia por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mil mujeres) son Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Refieren que lo anterior, sin duda, exalta la necesidad de determinar a la violencia en contra de las mujeres como un problema social de alarmantes dimensiones, a diario millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas e incluso asesinadas producto de la falta de educación y la histórica desigualdad entre mujeres y hombres, que responden a patrones profundamente arraigados en la sociedad y que afectan sin distinción alguna a todos los niveles económicos, culturales y educativos.

Advierten que gran parte de los actos de violencia contra las mujeres se presentan desde el hogar, lo anterior justificado por las históricas brechas de desigualdad como resultado de la nula calidad educativa que por años había trascendido en los hogares y escuelas.

Consideran que para la erradicación de dichos actos se han impulsado un sin número de campañas que buscan concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de no fomentar actos de violencia en contra de las mujeres, las cuales fueron robustecidas con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, cuyo objeto es establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en nuestra constitución.

Así también, a nivel mundial la organización de las naciones unidas lanzó la campaña “Únete” para poner fin a la violencia contra las mujeres, proclamando el 25 de cada mes como el “Día Naranja”, invitando a llevar alguna prenda de ese color para resaltar el llamamiento a erradicar la violencia contra la mujer sin reservas, equívocos o demora.

Señalan que para este 2014, dicha campaña extiende ese día naranja a 16 días de activismo contra la violencia basada en el género, desde el 25 de noviembre en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Agregan que dichos actos, sin duda reflejan la preocupación y el compromiso por lograr por completo la erradicación de la violencia en contra de las mujeres a nivel mundial, sin embargo, no se puede dar por cumplida la labor, pues hoy en día siguen existiendo casos de violencia, principalmente provocados por la falta de educación.

Estiman que aún hay mucho por hacer pues la finalidad es contribuir con firmeza a la consolidación de una cultura de igualdad de género, lo que ciertamente  permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos.

Consideraciones

La Comisión de Igualdad de Género coincide con las Diputadas proponentes en su apreciación de la necesidad de fortalecer las acciones en el ámbito de la educación y de la política de igualdad en general, en el marco del 25 de noviembre, que como es sabido conmemoramos el  “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres”; año con año en esta fecha, el mundo alza la voz para exigir un alto a todas esas lacerantes manifestaciones globales de la violencia que sufren las mujeres y las niñas.

Estimamos que es un acierto fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, esa  violencia que nos indigna y por la que honramos la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que en un 25 de noviembre hace 33 años fueron arteramente asesinadas por oponerse al régimen del dictador Rafael Trujillo en República Dominicana.

Reiteradamente, el 25 de noviembre de cada año se expresa el rechazo y se escuchan las voces de reproches y reclamos por tanta injusticia e impunidad, porque las mujeres en este país seguimos siendo violentadas, discriminadas, asesinadas impunemente, sin justicia ni consecuencia alguna y por ello reiteramos que nosotras también estamos cansadas.

Según datos de ONU Mujeres,  México registra 7 muertes de mujeres al día con presunción de homicidio, ante semejante brutalidad la autoridad guarda un silencio indignante, tal vez porque ya se cansó o no le parece un asunto prioritario,  o porque no conviene la imagen de este maltrecho país.

Sabemos que frente a esta dolorosa realidad, las palabras y las cifras se quedan cortas, sin aliento ante la indiferencia y el menosprecio de instituciones que lastiman a sus mujeres, en un país que hoy, más profundamente que nunca, pide a gritos justicia.

Consideramos al igual que las proponentes que la violencia en contra de las mujeres, no es normal, lo hemos repetido hasta el cansancio,  pero cuando los datos son elocuentes como los que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) que nos dice que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, entendemos que no es normal, pero que aquí sí pareciera haberse naturalizado, ante la mirada escéptica de gobiernos que se resisten a reconocer y actuar en función de la seriedad y gravedad del problema.

De la misma manera, también consideramos que atender la violencia en contra de las mujeres es urgente, pero sobre todo por acciones de prevención y de política pública, que al día de hoy no son suficientes tal como lo demuestran las mil 361 recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW al Estado mexicano, recomendaciones en su mayoría enfocadas a asuntos vinculados con el feminicidio, es decir, asuntos como la procuración, administración e impartición de justicia, programas y políticas públicas para la atención de la violencia contra las mujeres, creación de bancos de datos y sistematización de la información en la materia.

Es por lo tanto evidente que si las mujeres seguimos viviendo en un espiral de violencia, en riesgo, con miedo y zozobra es porque no se ha logrado consolidar acciones que tengan  mayor impacto en la prevención o porque la estrategia no ha sido eficiente, de tal suerte que es oportuno y deseable que se  promuevan acciones específicas en materia de prevención de la violencia en contra de las mujeres en el ámbito de la educación y de la política pública que plantea el instituto nacional de las mujeres.

Ciertamente los informes sombras de las organizaciones de la sociedad civil que han mostrado ante la organización de naciones unidas, el verdadero rostro la violencia en México, ese que ha dejado huella en el cuerpo y alma de cientos de mujeres víctimas de violación, violencia obstétrica, trata de personas, violencia laboral, escolar, y de esa otra violencia soterrada que no se ve pero se siente con la exclusión, discriminación y pobreza en la que viven 8.5 millones de mujeres rurales.

En ese sentido, es importante precisar que la Comisión de Igualdad de Género advierte que la falta de recursos no podrá ser más una excusa, pues el PEF 2015 contempla recursos etiquetados en el ramo de la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, la trata de personas y el acceso a la justicia.

Esta dictaminadora estima que el objetivo del punto de acuerdo que se analiza, sin duda abona a dar cumplimiento a la promesa de la Plataforma de Acción de Beijing, que siguen vigente y que obligan al Estado mexicano a definir estrategias clave para poner fin a la violencia contra las mujeres, lograr el empoderamiento de las mujeres y alcanzar la igualdad de género.

La Comisión de Igualdad de Género considera que la proposición con punto de acuerdo materia de este análisis, se encuentra debidamente motivada y  reúne los requisitos de forma y fondo por lo que se emite el dictamen en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género, somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se fortalezcan los medios de información impartidos en las escuelas en materia de igualdad y respeto a las mujeres.

Segundo.La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que establezca en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno las acciones necesarias para dar a conocer de manera eficaz los medios de defensa y denuncia con los que cuentan las mujeres víctimas de violencia, incentivando de esta manera la oportuna denuncia de hechos que pongan en peligro la integridad física y emocional de este sector poblacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Gavito (rúbrica).»

“MODERNIZACION DEL CATASTRO RURAL NACIONAL”

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director en jefe del Registro Agrario Nacional a difundir las acciones y atención que ha realizado al programa Modernización del Catastro Rural Nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 7 de octubre de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo.

2. En la misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1676, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente a la Comisión de Reforma Agraria.

3. Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen su contenido al tenor de lo siguiente:

II. Contenido de la proposición

El diputado proponente señala la siguiente exposición de motivos:

“1. La propiedad social, se compone por ejidos y comunidades agrarias, conocidos como núcleos agrarios, representados por individuos que fueron beneficiados por el reparto agrario en 1915. En 1992, se da por concluido dicho reparto, para dar inicio a su ordenamiento por medio de la reforma constitucional al artículo 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992 y de su Ley Reglamentaria, la cual da creación al Registro Agrario Nacional, RAN, de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Sedatu.

De conformidad con el artículo 148 de la Ley Agraria, para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental, el RAN, será el que inscriba los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

2. Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el RAN prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite.

En sus atribuciones está registrar:

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros;

III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;

IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria;

V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles;

VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y

VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.

También deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos.

3. Para la correcta operación del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, en el RAN, existe una plataforma tecnológica: el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, SIMCR, en donde se integra todo el mosaico catastral que comprende alrededor de 94 millones de hectáreas y toda la información registral de más de 50 millones de registros. Es decir, información geoespacial y transaccional.

El SIMCR incluye información pormenorizada de la propiedad social en México (ejidos y comunidades), que es actualizada en el momento mismo que los usuarios del RAN realizan algún trámite.

Entre los principales trámites que se realizan a través del SIMCR destacan:

• Depósito y apertura de listas de sucesión.

• Expedición de copias certificadas y constancias.

• Títulos de propiedad.

• Expedición de constancias de inscripción y Certificados de derechos.

• Inscripción de actas constitutivas de sociedades de producción rural o de solidaridad social.

• Conversiones de régimen ejidal a comunal o viceversa.

• Padrones de sujetos agrarios.

4. Posterior a los diversos cambios administrativos entre el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares al programa “Fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar” en 2007. El SIMCR como responsable de integrar tanto la información documental, como registral, no mostro la posibilidad de medir tal objetivo, toda vez que solo concentro información catastral, no así los demás rubros. Por lo que la certeza jurídica en la tenencia de la tierra en cuanto a la seguridad documental, por medio de la expedición de certificados y títulos de derechos expedidos.

5. El RAN no tiene el método para medir la integración y actualización documental, registral y catastral de la propiedad social de México, de acuerdo a los resultados de la Auditoria de Desempeño 12-0-15B00-07-0481.

6. No existe evidencia documental para la medición fidedigna del índice de información integral de la propiedad social y las localidades rurales, IIIPS, a razón de que el RAN en el periodo 2007 2012, información estratégica dentro de las metas en la política agraria nacional.

7. En términos de transparencia de la información para el programa presupuestario en clasificación económica, “P003 Modernización del catastro rural nacional” el Registro Agrario Nacional no publica datos al respecto en su Portal de Transparencia. Fue necesario acudir a la búsqueda fragmentada en otros sitios, como la página de Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal para el ejercicio de 2014 y para los años restantes en la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, de acuerdo al siguiente cuadro:

Por lo anterior el diputado José Luis Muñoz Soria, presenta la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, para que difunda las acciones y atención que ha realizado al programa “ Modernización del Catastro Rural Nacional” para la homologación y unificación de criterios y lineamientos técnicos con las delegaciones estatales, ya que la información documental, catastral y registral tiene problemas técnicos para la expedición de certificados de derechos o títulos de propiedad, aunado a lo enunciado en las observaciones y acciones emitidas por la auditoria superior de la federación, en las que señala que dicho sistema de información, mostro inconsistencias en la auditoría de desempeño 12-0-15B00-07-0481, por lo que no existe confiabilidad en sus resultados, lo anterior para transparentar sus acciones y fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la certeza jurídica de la propiedad social y tenencia de la tierra en todo el país. 

III. Análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo

1. En México se define como catastro rural, el inventario de la propiedad rústica nacional en sus diferentes formas de tenencia de la tierra: ejidos, comunidades, colonias agrícolas y ganaderas, propiedad privada y terrenos nacionales. Su propósito sustantivo es contar en todo momento con información oficial y de plena validez jurídica para identificar a los titulares, poseedores y usufructuarios, mediante el archivo y registro de la información.

2. El Registro Agrario Nacional por sus siglas RAN, conformó en 2008 el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), la cual es una plataforma tecnológica que aglutina el 99 % de los servicios que ofrece el RAN, el cual además incluye información pormenorizada de la propiedad social en México (ejidos y comunidades), que es actualizada en el momento mismo que los usuarios del RAN realizan algún trámite. Surge como idea central que el estado logre satisfacer las necesidades de dicho sector, brinde protección y seguridad jurídica, de este modo las instituciones lograrán realizar sus funciones de manera eficaz y no contemplen lagunas en sus obligaciones, así se expedirán los documentos de manera pronta y expedita a cualquiera que lo solicite.

3. Para llevar a cabo este avance significativo en materia de tecnologías de la información el RAN, ejerce el programa presupuestario “P003 Modernización del Catastro Rural Nacional”, aunque él mismo, no publica datos al respecto en su portal de transparencia, en este sentido, el artículo 148 de la Legislación Agraria, refiere que para el control de la Tenencia de la tierra y seguridad documental funcionará el Registro Agrario Nacional, en el cual se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal e inscripciones correspondientes a la propiedad de las sociedades; mismo que tiene relación directa con su correlativo numeral 155 fracción IV, que dispone que el Registro Agrario Nacional deberá disponer el procesamiento y optima disponibilidad de la información bajo su resguardo, funciones que precisamente se pretenden cumplir a través del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), buscando con ello homogeneidad en la información registral y catastral, razón por lo que esta Comisión de Reforma Agraria considera oportuno, invitar a la Dependencia a efecto de haga público los resultados y avances relacionados con la implementación del programa de “Modernización del Catastro Rural Nacional”, lo anterior con la finalidad de transparentar la función de dicho programa y verificar la certeza jurídica que brinda dicha instancia respecto a la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios.

Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director en jefe del Registro Agrario Nacional, a efecto de que difunda los resultados y avances a la fecha respecto al programa denominado “Modernización del catastro rural nacional” para la homologación y unificación de criterios y lineamientos técnicos con las delegaciones estatales, lo anterior para transparentar sus acciones y fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la certeza jurídica de la propiedad social y tenencia de la tierra en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre 2014.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

MEDIACION DEL CONFLICTO ENTRE EJIDATARIOS Y LOCATARIOS, DERIVADO DE LA POSESION DE LOS TERRENOS ALEDAÑOS A LA BUFADORA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a intervenir en la mediación del conflicto entre ejidatarios y locatarios derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes.

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de noviembre de 2014, el diputado Jaime Bonilla Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California, para que intervengan en la mediación del conflicto entre los ejidatarios y locatarios, derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó la proposición a la Comisión de Reforma Agraria, para el estudio y dictamen correspondiente.

3. Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen su contenido al tenor de las siguientes:

II. Contenido de la proposición

“El diputado proponente Jaime Bonilla Valdez, señala que el proyecto de dignificación de La Bufadora comenzó el 27 de octubre de 1994, constituyéndose al año siguiente el Fideicomiso La Bufadora, mismo que obtuvo en concesión el derecho de vía por medio de acuerdo del 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de septiembre de ese mismo año, acuerdo que es firmado por el gobernador del estado. Parte de los objetivos del fideicomiso era el de la construcción y administración de un centro comercial, en donde se vendieran productos artesanales, entre otros.

Refiere que con base en lo anterior, gentes honestas y trabajadoras comprometieron su futuro con el fideicomiso y el proyecto abalado por los tres órdenes de gobierno y de buena fe levantaron el centro comercial, siendo ellos o sus descendientes los actuales locatarios.

Advierte que el 17 de agosto de 2010, el ejido Coronel Esteban Cantú, por conducto de sus representantes legales (Presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal), presentó demanda de amparo, radicándose ante el Juzgado Décimo de Distrito, bajo expediente número 666/2010.

Como resultado de lo anterior, el 16 de agosto de 2011, se dictó sentencia definitiva, a través de la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a favor del ejido, dejando insubsistente el acuerdo del 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de septiembre de ese mismo año, en el que se otorga la concesión de los derechos de vía de la carretera estatal que conecta a la población de Maneadero con La Bufadora, a favor del fideicomiso. Además de restituirle al ejido los derechos de posesión y disfrute de una amplia superficie, dentro de la que se encuentra el mencionado centro comercial de La Bufadora.

El gobernador del estado, en cumplimiento de la sentencia tuvo que dejar sin efecto el acuerdo del 11 de julio de 1995, acto que se vio materializado por medio de un acuerdo publicado el 28 de septiembre de 2012.

Como consecuencia del amparo antes mencionado, el ayuntamiento de Ensenada se ve obligado a entregar las tierras objeto de la litis, entre las que se encuentran el centro comercial de La Bufadora y el mirador desde el cual los visitantes contemplan el fenómeno natural ya varias veces mencionado en este escrito.

Lo anterior ha causado un conflicto social en la región, primero entre los locatarios que perderán su patrimonio y fuente de ingresos, después entre todos los habitantes de Baja California, ya que se tiene el fundado temor de que este fenómeno natural de facto sea privatizado.

Por tales motivos el proponente solicita que por conducto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se realice un respetuoso y un atento llamado al gobernador del estado de Baja California, para que sin violentar el marco jurídico aplicable, con base a las atribuciones y facultades a él conferidas, medie en el conflicto entre ejidatarios y locatarios derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora sobre los que actualmente está el centro comercial y a su vez, busque la solución jurídica que garantice que los terrenos aledaños a La Bufadora no sean privatizados, en beneficio de todos los mexicanos.”

III. Análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos formulados en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

1. Por principio de cuentas es importante señalar la existencia de una resolución judicial, en la cual se restituye al ejido Coronel Esteban Cantú, los derechos de posesión y disfrute de una amplia superficie, dentro de la que se encuentra el centro comercial de La Bufadora y el mirador, situación que implica en definitiva el desalojo de los locatarios de dicho lugar, sin que ello implique necesariamente que por tal motivo se estén privatizando las tierras materia del presente dictamen.

2. No obstante lo anterior, es importante resaltar que dicha ocupación de los locatarios deviene de la creación de un fideicomiso que en su momento fue autorizado y avalado por el propio Ejecutivo estatal de Baja California y de la concesión del derecho de vía emitida mediante acuerdo de fecha 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 15 de septiembre de ese mismo año, en donde si bien es cierto, existe una resolución judicial que la deja sin efecto, esto no significa que los locatarios de dicho lugar no sean personas que en todo momento actuaron de buena fe, además de mencionar la gran importancia que representa en la actualidad dicho sitio turístico para el estado de Baja California, es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con el legislador proponente por cuanto a la necesaria intervención del gobierno estatal de Baja California, sin violentar el marco jurídico aplicable, y con el objeto de evitar un conflicto social en la región de mayores dimensiones que pudieran concluir en enfrentamientos violentos, ya que es facultad del gobierno estatal velar por el orden, tranquilidad y seguridad del estado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

3. Asimismo esta Comisión de Reforma Agraria considera que es de gran importancia la inclusión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece su intervención en aquellas cuestiones relacionadas con problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, con la participación de las autoridades estatales y municipales, a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia coadyuve en forma coordinada con el gobierno del estado de Baja California en la solución a este conflicto agrario.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al gobernador del estado de Baja California y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, sin violentar el marco jurídico aplicable, medien entre los ejidatarios y locatarios del centro comercial aledaño a La Bufadora, con la finalidad de buscar posibles alternativas de solución y evitar un conflicto social de mayores dimensiones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de diciembre de 2014.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

AUDITORIAS FORENSES RELATIVAS AL PROYECTO TRANSVERSAL “TROPICO HUMEDO”

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en torno a las auditorías forenses relativas al proyecto transversal Trópico Húmedo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que atienda las acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal trópico húmedo, que presentado por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 22 de octubre del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 22 de octubre de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que atienda las acciones emitidas por la auditoria superior de la federación, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal trópico húmedo.

El 22 de octubre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-2145 y número de expediente 5606 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo en comento.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que el objetivo de la auditoria es fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al proyecto, se ejerció, registró y comprobó conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativa aplicable.

Que el Proyecto Transversal Trópico Húmedo, en su componente Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; esta auditoría seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. Denominada Auditoría Forense: 11-0-08100-12-0314.

Se coincide con los promoventes que el proyecto transversal Trópico Húmedo consiste en impulsar y fomentar la inversión privada y social en las zonas del trópico húmedo y sub-húmedo del territorio nacional, a través del otorgamiento de apoyos a cultivos y actividades elegibles con potencial y mercado, preferentemente bajo un esquema de desarrollo de proveedores. Sagarpa, a través de Financiera Rural, ejecuta dicho proyecto bajo el componente I. Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.

Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante la Auditoría Forense 11-0-08100-12-0314 detecto que en la ejecución del Proyecto, no hubo supervisión, así como tampoco se dio seguimiento a la operación y ejecución de los recursos otorgados a través de Financiera Rural (FIRA) y el Fideicomiso instituido en relación con la agricultura (FEFA), permitiendo con ello, la comprobación de los recursos federales con documentación irregular, facturas presuntamente apócrifas y alteradas, simulación de actos jurídicos tendientes a desviar el recurso para beneficio propio y en otros casos, documentación comprobatoria de proveedores inexistentes.

Que para tales efectos se presentaron 7 denuncias de hechos por un probable daño a la Hacienda Pública que asciende a 269. 4 millones de pesos.

Que como consecuencia de las denuncias de hechos presentadas en el ejercicio 2011 de la Cuenta Pública, la ASF determinó practicar la Auditoría Forense 12-0-08100-12-0405 para el año 2012.

En dicho año, se destinaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 500.0 millones de pesos para la operación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, de los cuales correspondieron 382.2 millones de pesos al Componente I, Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

Para la operación del componente I, Proyecto estratégico trópico húmedo, se designaron como instancias ejecutoras a Financiera Rural y a Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA-FEFA), las cuales suscribieron con la Sagarpa convenios de colaboración y sus anexos técnicos por 191.1 millones de pesos, cada uno.

De los recursos destinados al proyecto por 382.2 millones de pesos, se determinó lo siguiente: que la Sagarpa reintegró 93. 3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, cantidad que representó el 24.4 por ciento de los recursos ministrados; otorgó 11.6 millones de pesos para un proyecto integral que ya había sido autorizado en el ejercicio de la cuenta pública 2011; autorizó dos proyectos para un mismo fin a dos empresas con los mismos socios, por lo que se rebasó el monto máximo por 7.3 millones de pesos; además, se presentó documentación en conceptos distintos a los autorizados, así como la falta de acreditación de los predios en donde se desarrolla el proyecto por 14.9 millones de pesos.

Como resultado de la Auditoría Forense 405 de 2012, se determinaron recuperaciones probables por 33.8 millones de pesos.

En el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, se encuentran evidencias para aclarar entre las que se encuentran facturas de comprobación del recurso con irregularidades.

Que Financiera Rural, como instancia ejecutora de Sagarpa del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente: I. Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, suscribió en el 2011, treinta y un convenios de concertación, los cuales carecen de la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos por 67,806.3 miles de pesos

Que FIRA-FEFA, como instancia ejecutora de Sagarpa del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente: I. Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, suscribió 25 convenios de concertación con 22 empresas que presentaron documentación comprobatoria por un total de 104,177.3 miles de pesos, de los cuales los proveedores de servicios trasladaron en las facturas el Impuesto al valor agregado por 3,909.5 miles de pesos; además, incluyeron comprobantes por concepto de gasolina por 2,453.3 miles de pesos, de los cuales, el impuesto al valor agregado no se debe considerar para efectos de la comprobación de los recursos del subsidio, y el concepto de gasolina no está autorizado en los paquetes tecnológicos del INIFAP. Además, se presentó documentación comprobatoria del ejercicio 2010 y del primer trimestre de 2011, por 12,509.6 miles de pesos, que es anterior tanto al año fiscal revisado como la fecha de los apoyos.

De acuerdo a las observaciones y las recomendaciones presentadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011; los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en torno a las recuperaciones de 269.4 y 33.8 millones de pesos del probable daño a la Hacienda Pública Federal en 2011 y 2012 respectivamente, hallazgos detectados en las Auditorias Forenses 314/2011 y 405/2012, a razón de falta de supervisión, documentos apócrifos y desvío de recursos, relativo al Proyecto Transversal “Trópico Húmedo”, dejando de impulsar a los productores de más bajos recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birláin (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya, Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar, Niaves López (rúbrica).»

DECLARE A LA OBRA DE LA “LLORONA” COMO PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL PAIS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta a declarar la obra La llorona parte del patrimonio cultural inmaterial del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 13 de noviembre de 2014, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a declarar la obra La llorona como parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Segundo. Con fecha 13 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 62-II-5-2105, la turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía para el respectivo dictamen.

Tercero. Mediante el oficio número CCC/ LXII/ 3536, de fecha 19 de noviembre de 2014, la Comisión de Cultura y Cinematografía envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada a los integrantes a fin de que emitieran sus observaciones y comentarios sobre ella.

Cuarto. A efecto de cumplir lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 11 de diciembre de 2014 para dictaminar la proposición señalada, a fin de someterla a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que declare a la obra de La llorona como parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Segundo.Como antecedentes, el diputado proponente menciona que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, músicos, escritores e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular y en general todo el conjunto de valores que dan sentido a la vida cultural, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo.

Que de esta forma, el patrimonio cultural tiene dos vías de manifestación: la material, como edificaciones u objetos, y la inmaterial, como procesos, lengua y técnicas que dan lugar a festividades, ritos y tradiciones.

Que el país cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta, ocupando el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (28 sitios en 26 declaratorias). Y que el patrimonio cultural se divide en material e inmaterial.

Que el 20 de abril de 2006 entró en vigor en México el decreto del Ejecutivo federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo del mismo año, que ratifica los términos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y que este decreto representa la adhesión del Estado mexicano a la convención, mediante la cual se promoverán los mecanismos legales y los programas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial o intangible del país.

Tercero.Que el patrimonio cultural inmaterial reúne las diferentes expresiones y manifestaciones de la vida de los pueblos. Transmitiéndose de generación en generación dependiendo de los portadores de su existencia y son fundamentales para mantener la cohesión social entre los miembros del grupo.

Que el patrimonio cultural inmaterial comprende entre otros, los elementos siguientes:

- La tradición oral y narrativa.

- Los conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional.

- Mitos y concepciones del universo y la naturaleza.

- Espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico.

- Expresiones dancísticas y musicales.

- Vida y festividades religiosas.

- Diseños en todas las artes populares y oficios artesanales.

Que en este sentido, la leyenda de La Llorona ha motivado innumerables expresiones artísticas en las diferentes aristas del arte y se ha sabido arraigar en lo más profundo de la memoria de los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país, divulgándose en pueblos, calles, plazas públicas y recintos culturales.

Que La Llorona entre sus muchos orígenes, cuentan con diversos elementos que la asocian a la diosa Cihuacoatl, la mujer serpiente, protectora de los partos cuyos presagios descritos en “Visión de los Vencidos” del antropólogo Miguel León Portilla, anuncia la preocupación de esta deidad por su pueblo y sus hijos, ante un funesto porvenir, apareciendo por las noches, llorando por la suerte de sus vástagos.

Que también se encuentran similitudes entre La Llorona y la Cihuateteo, los espíritus de las mujeres que murieron durante la labor de parto, y que se encuentran propiamente descritas en el Códice Borgia y en la Historia de las Cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún. Asimismo, que la Llorona no sólo goza de estos elementos históricos, sino que es ampliamente sabido el nexo que comparte con la Malinche, Doña Marina, la intérprete de Hernán Cortés y una de las primeras madres del México mestizo, de la misma forma la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli y la muerte de Coyalxauhqui contienen también alusiones al mito de la Llorona, con lo cual se refleja la profundidad de esta leyenda en la cultura del país.

Cuarto. Que el mito de La Llorona se ha propagado durante siglos a través de las 16 delegaciones del DF, transmutándose durante más de cuatro siglos, generando un recurso cultural inmaterial que contiene agregados típicos de la cultura popular de las distintas demarcaciones.

Que en delegaciones del Distrito Federal como Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, con sus leyendas de la Llorona, son testigos de relatos que aportan diferentes puntos de vista de las etapas históricas de la Ciudad de México, es claro que resulta necesario divulgar y proteger las distintas versiones de esta leyenda en todo el territorio del país, ya que cada región, esta leyenda se nutre a través de la historia oral, fortaleciendo así el legado cultural de La Llorona.

Que por ello es necesario que la leyenda de La Llorona sea declarada patrimonio cultural inmaterial del país y pueda pertenecer al inventario del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Federal.

Quinto.En virtud del contenido de la proposición, es necesario mencionar que el Estado mexicano ha mantenido el compromiso tanto en el ámbito nacional como en el internacional, de respetar el derecho humano a la cultura, así como garantizar el ejercicio y acceso mediante la creación de un marco jurídico que regula el patrimonio cultural, a través de normas para la conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; testimonio de la riqueza cultural de nuestro país, para las generaciones presentes y futuras.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo 12, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

En el ámbito internacional y para el tema que se analiza, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003, en su artículo 2, define al patrimonio cultural inmaterial como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00006).

Tiene cuatro objetivos primordiales:

1. Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;

2. Garantizar el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos interesados;

3. Sensibilizar de la importancia del patrimonio cultural inmaterial en el plano local, nacional e internacional y de su conocimiento recíproco; y

4. Establecer una cooperación y proporcionar asistencia a nivel internacional.

Asimismo, en el contenido de la convención se considera también que el patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación, recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, otorgando un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

México ratificó los términos de la convención, el 28 de marzo de 2006, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto promulgatorio de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el marco de la UNESCO.

Es tal virtud, es de relevancia el artículo 11 de la convención, relativo a funciones de los Estados parte, incumbiendo a cada uno

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.

Así como otras medidas de salvaguardia, cada Estado Parte hará todo lo posible por:

b) Adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;

c) Designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural presente en su territorio;

d) Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial y en particular del referido patrimonio, que se encuentre en peligro;

e) Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para

i) Favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión.

ii) Garantizar el acceso del patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio.

iii) Crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.

Respecto a la normatividad en el ámbito nacional, el artículo 38, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal.

El Reglamento Interior de la referida dependencia de la administración pública federal prevé en el artículo 2, Apartado B, entre sus órganos desconcentrados, en la fracción III, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

El decreto del 7 de diciembre de 1988, por el que se crea el Conaculta, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, establece en el artículo 1 que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, que corresponden a la SEP.

Ahora bien, respecto al caso del Distrito Federal, en la Ley Orgánica de la Administración Pública el artículo 32 Bis establece que a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal le corresponde diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, formación, difusión, promoción y preservación del arte y cultura en el Distrito Federal, así como impulsar, desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales. Las actividades de la Secretaría deberán estar orientadas a enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Lo anterior en el marco del respeto a la diversidad e identidad culturales, el derecho al desarrollo de la propia cultura, la conservación de las tradiciones y la participación social.

Por otra parte, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal señala en su artículo 20, fracción IV que corresponde a la Secretaría de Cultura de Gobierno del Distrito Federal realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas del Distrito Federal, así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor conocimiento de aquéllas.

Sexto.Como señala el diputado en la proposición con punto de acuerdo, varios investigadores estiman que la leyenda de la Llorona tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas, derivadas de la mitología y de las leyendas mexicanas, que según las tradiciones orales, es la representación de una mujer cuya alma en pena vaga por los ríos, lamentando la pérdida de sus hijos.

Esta leyenda se ha extendido a diversos países hispanoamericanos, recogiéndola y adaptándola dentro de un proceso de influencia de sus costumbres y tradiciones, sin perder la esencia e identidad de la leyenda misma.

La leyenda de La Llorona es muestra de que las sociedades son al mismo tiempo asimiladoras y creadoras de cultura, por lo que con estos componentes la comisión dictaminadora considera que patrimonios como este deben ser salvaguardados como parte de la cultura, inherente al ser humano, que va cambiando y evolucionando constantemente, ya que cada generación lo asimila, transforma y adapta, en suma, lo enriquece.

Como parte de la expresión y manifestación del patrimonio cultural inmaterial y su aportación a la identidad cultural de nuestro país, esta leyenda debe ser preservada y transmitida a las futuras generaciones, por lo que se estima pertinente la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que declare a la obra La Llorona parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Con base en lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía considera que es de resolverse y se

Resuelve

Artículo Único.Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar los estudios correspondientes a fin de que, en su caso, declare a la leyenda de La Llorona como parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a ____ de ______ 2014.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tania Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birláin, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes.»

AUDITORIA DE DESEMPEÑO PRACTICADA AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S234 “SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN ACUACULTURA Y PESCA”

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234, “Sustentabilidad de los recursos naturales en acuacultura y pesca”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que atienda las 15 acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en la Auditoría de Desempeño 12-0-08100-07-0391, practicada al programa presupuestario S234 “sustentabilidad de los recursos naturales de acuacultura y pesca” a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 27 de noviembre del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 27 de noviembre de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que atienda las 15 acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en la auditoría de desempeño 12-0-08100-07-0391, practicada al programa presupuestario S234 “sustentabilidad de los recursos naturales de acuacultura y pesca” a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El 27 de noviembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-2145 y número de expediente 5606 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, en comento.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones.

Que la Auditoría de Desempeño 12-0-08I00-07-0391 tuvo como objetivo evaluar los componentes del programa: la disminución del esfuerzo pesquero, la inspección y vigilancia, y el ordenamiento pesquero y acuícola, a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; la revisión comprendió el análisis del Sistema de Evaluación del desempeño, la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, la eficiencia en la gestión operativa y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. En cuanto al Sistema de Evaluación del desempeño, se revisó la lógica vertical y horizontal de los indicadores relacionados con los componentes disminución del esfuerzo pesquero, inspección y vigilancia, y ordenamiento pesquero y acuícola del Programa Presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, encontrando los siguientes hallazgos:

Que en eficacia, se verificó el cumplimiento de objetivos de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, y la población objetivo del componente ordenamiento pesquero y acuícola.

Que en eficiencia, se examinaron: el cumplimiento de metas de los indicadores de los componentes ordenamiento pesquero y acuícola, disminución del esfuerzo pesquero e inspección y vigilancia; la atención de solicitudes de proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; la elaboración de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; los requisitos para el otorgamiento de apoyos a proyectos de ordenamiento; el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras y acuícolas; el establecimiento de zonas de refugio y acuerdos de veda; la inspección y vigilancia de las zonas de refugio y áreas de veda; el retiro de embarcaciones; el comportamiento programático presupuestal; y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento del objetivo de la política pública en materia de ordenamiento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas.

Que en economía, se revisó el cumplimiento de los montos otorgados por proyecto y los gastos de operación de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación.

Se coincide con los promoventes, en la revisión de la auditoría de desempeño: 12-0-08I00-07-0391, porque se deriva una serie de anomalías que evidencia el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012:

12-0-08I00-07-0391-07-001 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca analice los indicadores propuestos en la matriz de indicadores para resultados de los componentes de ordenamiento pesquero y acuícola, la inspección y vigilancia y la disminución del esfuerzo pesquero, con objeto de que se determinen los indicadores que permitan identificar la recuperación y disponibilidad presente y futura de las especies.

12-0-08I00-07-0391-07-002 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca analice los indicadores propuestos en la matriz de indicadores para resultados de los componentes de ordenamiento pesquero y acuícola, la inspección y vigilancia y la disminución del esfuerzo pesquero, con objeto de que diseñe indicadores de desempeño que permitan medir la eficacia en la cobertura de atención de la población objetivo y el impacto de los proyectos de ordenamiento en la sustentabilidad, y la eficiencia en los plazos establecidos para el otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras, los requisitos para el otorgamiento de apoyos a proyectos de ordenamiento y el comportamiento programático presupuestal.

12-0-08I00-07-0391-07-003 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un diagnóstico para identificar las causas que aseguren que no se llevaron a cabo los proyectos estratégicos y con los resultados obtenidos establezca las metas anuales que puedan ser cumplidas considerando los recursos disponibles.

12-0-08I00-07-0391-07-004 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio en el que precise el número de comunidades pesqueras y acuícolas del país, y con base en la información determine su población objetivo tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio, a fin de focalizar los esquemas de regulación y administración en estas comunidades.

12-0-08I00-07-0391-07-005 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca determine la cobertura de atención de las comunidades en donde ya se cuenta con proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, a efecto de dar seguimiento y evaluar el avance real en la materia.

12-0-08I00-07-0391-07-006 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca evalúe las causas por las cuales los resultados y explicaciones son iguales en los indicadores “porcentaje de embarcaciones pesqueras menores que integran el programa de ordenamiento pesquero ribereño” con “porcentaje de acciones de ordenamiento de la pesca ribereña considerando embarcaciones menores”; “porcentaje de embarcaciones pesqueras retiradas” con “porcentaje de embarcaciones retiradas voluntariamente por los productores para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero”, y “porcentaje de estudios y proyectos realizados para programas de ordenamiento pesquero y acuícola” con “porcentaje de estudios y/o proyectos para el ordenamiento pesquero y acuícola”, a fin de que registre y genere información específica, clara y confiable para cada indicador.

12-0-08I00-07-0391-07-007 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio sobre las necesidades de desarrollar proyectos de ordenamiento acuícola y pesquero considerando la problemática por atender, y sobre las conclusiones del estudio, tome las medidas necesarias para promover la presentación de solicitudes por escrito que garanticen el cumplimiento de los criterios establecidos en las reglas de operación del programa.

12-0-08I00-07-0391-07-008 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola y con base en los resultados establezca los indicadores que le permitan cumplir con todos los criterios que se establezcan en las reglas de operación.

12-0-08I00-07-0391-07-009 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio en el que se identifiquen las causas por las cuales los permisos y concesiones pesqueros y acuícolas no se autorizaron dentro del plazo establecido, y con base en sus resultados implemente las medidas necesarias para cumplir con los periodos fijados.

12-0-08I00-07-0391-07-010 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio en el que se identifiquen las causas por las cuales no se registraron las fechas de ingreso de las solicitudes de los permisos y concesiones pesqueros y acuícolas, y con base en los resultados, establezca los procedimientos y control necesarios para garantizar que se consignen las fechas de registro de las solicitudes de los permisos y concesiones referidas al ingreso y autorización correspondientes.

12-0-08I00-07-0391-07-011 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca revise la información de las zonas de refugio y los acuerdos de veda, a efecto de que analice la factibilidad de establecer las metas e indicadores relacionados con la determinación de las zonas de refugio y las áreas de veda de especies pesqueras y acuícolas, con el fin de evaluar los resultados anuales de dichas actividades.

12-0-08I00-07-0391-07-012 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fortalezca su sistema de control interno al incluir procedimientos para la obtención de información sobre los resultados en materia de inspección y vigilancia de las zonas de refugio y acuerdos de veda.

12-0-08I00-07-0391-07-013 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca revise el programa de inspección y vigilancia que se genere, a efecto de que analice la factibilidad de establecer las metas relacionadas con la inspección y vigilancia para las zonas de refugio y las áreas de veda de especies pesqueras y acuícolas, con el fin de evaluar los resultados de dichas actividades.

12-0-08I00-07-0391-07-014 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un diagnóstico de las embarcaciones que integran la flota pesquera y con base en sus resultados establezca las metas de mediano plazo de retiro de embarcaciones que puedan ser cumplidas considerando los recursos disponibles.

12-0-08I00-07-0391-07-015 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca analice la factibilidad de establecer un indicador que permita medir la contribución del retiro de embarcaciones pesqueras en el uso sustentable de los recursos pesqueros.

De acuerdo a las observaciones y las recomendaciones presentadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012; los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien poner a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que atienda con carácter de urgente las 15 acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en la Auditoria de Desempeño 12-0-08100-07-0391, practicada al programa presupuestario S234 “sustentabilidad de los recursos naturales de acuacultura y pesca” a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birlain (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).»

DISEÑE E IMPLEMENTE PROGRAMAS PERMANENTES DE ALFABETIZACION, DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A LOS SECTORES DE LA POBLACION MAS VULNERABLE

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a diseñar e implantar programas permanentes de alfabetización, dirigidos principalmente a los sectores de la población más vulnerables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del 9 de septiembre de 2014, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En el parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo, se expone un conjunto de argumentos sobre los que sustenta el exhorto a la SEP para diseñar e implantar programas permanentes de alfabetización, dirigidos principalmente a los sectores de la población más vulnerables, a saber:

1. El diputado proponente expone que en la actualidad resulta difícil aceptar la idea de que más de 793 millones de adultos en el mundo no saben leer ni escribir, de acuerdo con los datos aportados en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, realizado en 2011; México, en ese sentido, es uno de los países con un alto índice de personas analfabetas.

La Secretaría de Educación Pública señala que una de cada tres personas tiene rezago educativo, es decir, de los 85 millones de habitantes mayores de 15 años, 5.5 millones (6%) son analfabetas, mientras que 10.1 millones (11.8 %) no han terminado la educación primaria y 16.4 millones (19.8 %) estudió hasta la educación secundaria; sin dejar de considerar a los 8 millones de analfabetas funcionales, entendiéndose como aquellos que aprendieron a leer y escribir, pero que por no usar esas habilidades las olvidaron y regresan al analfabetismo.

2. Menciona,  que entre las causas que originan el analfabetismo y el rezago educativo se destaca el bajo nivel económico de la población, ya que en la mayoría de los casos la precaria situación económica obliga a las personas a abandonar los estudios para integrarse a la vida laboral para poder solventar sus necesidades más básicas; sin embargo, ello no debe representar justificación alguna, pues la educación en tanto derecho humano debe ser garantizado a todas las personas sin ninguna prerrogativa, además de que, es a través de la preparación y la profesionalización, que las personas podrán integrarse a un mundo laboral más competitivo y con mayores beneficios para ellos.

3. Expone, que abatir las tasas de analfabetismo debe ser considerado con la relevancia que requiere, pues aun cuando se establecen programas de trabajo permanentes que buscan erradicar la alta tasa de analfabetismo, lo cierto es que lograrlo aún es una meta muy lejana, debido a una combinación de factores como el trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados y la subestimación de la magnitud y complejidad de la tarea.

4. De igual manera, plantea que en trabajos recientes en materia de analfabetismo realizados en los últimos años, han servido para dimensionar la gravedad y conocer los requerimientos no sólo de voluntad, sino del compromiso para crear una verdadera política renovadora que contemple la efectiva utilización de recursos financieros y un sólido programa que atienda las diversas variables pedagógicas, sociales y políticas que intervienen en esta problemática.

5. Afirma también el diputado promovente, que no obstante que la Secretaría de Educación Pública, implementó la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo para atender a más de 7.5 millones de mexicanos en situación de iletrismo y rezago educativo durante los próximos cuatro años, con objeto de reducir la tasa de analfabetismos y el rezago educativo al finalizar el sexenio actual, es necesario erradicar cualquier situación de rezago que impida el desarrollo exitoso de nuestro país.

Con base en los argumentos anteriores, el diputado promovente propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que diseñe e implemente programas permanentes de alfabetización, principalmente dirigidos a los sectores de población más vulnerables, con la finalidad de disminuir las tasas de analfabetismo en nuestro país.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con el los artículos 39 numeral 3; 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen.

IV. Análisis de la comisión dictaminadora

1. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública y la designación de José Vasconcelos como su primer secretario (1921), se inaugura la generación de políticas públicas para erradicar el analfabetismo y combatir el rezago educativo, a saber: a) Vasconcelos lleva a cabo la Primera Campaña de Alfabetización, con una gran movilización social; b) en 1943, siendo Jaime Torres Bodet secretario de Educación Pública pone en marcha otra Campaña Alfabetizadora similar a la que antes emprendiera José Vasconcelos, sólo que esta vez fue coercitiva, en tanto que se estableció que toda persona que supiera leer tenía la obligación de enseñar a una que no supiera; c) con Adolfo López Mateos y estando nuevamente Jaime Torres Bodet (1958-1964) a cargo de la Educación Pública, se desarrolla el “Plan 11 años”, destacándose la Cartilla para Alfabetizar, indistintamente, a niños y adultos, con el objetivo de enseñar los conocimientos básicos de manera sencilla; d) Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), pone en marcha la Campaña de Alfabetización selectiva e intensiva, en donde da prioridad a la educación de los niños, quienes no debía rebasar los quince años sin saber leer, dejando en segundo término a los adultos de hasta cincuenta años de edad; e) José López Portillo (1976-1982), entre los objetivos del programa “Educación para Todos”, crea la Dirección General de Educación para Adultos, para enfrentar la problemática del analfabetismo, y en 1981, crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de promover y proporcionar servicios de alfabetización y de educación primaria y secundaria a la población mexicana mayor de 15 años; y f) , en mayo de 2014, el titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, pone en marcha la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-2018.

2. Han pasado más de nueve decenios en que la Secretaría de Educación Pública se propuso erradicar el analfabetismo en nuestro país, y aún no ha alcanzado la meta. Cada sexenio prohíja una política en ese tema que es desarrollada a través de la asignación de presupuestos, producción de materiales educativos, implementación de proyectos innovadores, lanzamiento de campañas, diseño de estrategias y creación de instituciones, sin embargo, los índices de analfabetismo y rezago educativo en vez de disminuir en números absolutos éstos sensiblemente han aumentado. Por ejemplo, en 1981, con la creación del INEA se buscó hacer frente al reto dedar educación a más de seis millones de adultos analfabetas, a quince millones de adultos que no habían concluido la primaria y a siete millones que no terminaron la secundaria, es decir, se trataba de atender a una población de 28 millones de personas entre analfabetas y rezagados educativos. Después de 33 años, en el presente año la Secretaría de Educación Pública pone en marcha la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-2018, y parte de que en México las personas analfabetas y con rezago educativo son: 5.4 millones de persona analfabetas, 10.1 millonestienen la primaria inconclusa y 16.4 millones la secundaria inconclusa, esto es dar atención a 31.9 millones de personas en situación de vulnerabilidad educativa. En suma, el analfabetismo y el rezago educativo en 1981 era de 28 millones; tres decenios después en vez de disminuir se incrementó 3.9 millones.

3. Ahora bien, entre 2013 y 2018, las metas de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo son: a) alfabetizar a 2.2 millones personas, b) atender a 2.2 millones con primaria inconclusa y c) a 3.1 millones con secundaria inconclusa; es decir, pretende bajar el índice de analfabetismo y rezago escolar en 7.5 millones, que pasa de 31.9 millones de personas a 24.4 millones.

De lograr las metas de la Campaña, el analfabetismo baja a 3.2 millones y el rezago de las personas con primaria inconclusa también baja a 7.9 millones, así como el índice de personas con secundaria inconclusa disminuye a 13.3 millones. Así, por un lado, la Campaña cumpliría la meta de poner a México, según la UNESCO, entre los países “Libres de Analfabetismo”, ya que el 96 por ciento de las personas mayores de 15 años estarán en condiciones de leer y escribir; sin embargo, las metas en cuanto a combatir el rezago educativo se quedan cortas, pues 21.2 millones de personas seguirán en condición de rezago, ya que ni la primaria ni la secundaria concluirán.

4. Por cuestiones de género y condición social, en nuestro país, los índices de analfabetismo y rezago educativo se acentúan en la población femenil y en las comunidades indígenas. El Censo General de Población y Vivienda 2010 registró a 5,393 665 personas en condición de analfabetismo, de ellas: 3.3 millones son mujeres y de esas, 1.5 millones hablan solo lenguas indígenas. De igual forma, reporta que 10,082,386 personas no cuentan con primaria terminada, de ellas 5,207,832 millones son mujeres; asimismo, 16,424,106 personas no han terminado la secundaria, de las cuales 8,640,198 millones son mujeres. Y para concluir, el analfabetismo indígena representa el 27% del analfabetismo total. Por lo anterior y de acuerdo con las Recomendaciones para la Alfabetización de Personas Adultas y Comunidades Locales, es menester dar prioridad a las mujeres; que se utilicen los idiomas locales en la administración, la difusión de información y la educación; y que los cursos de alfabetización se impartan primero en los idiomas locales y nacionales y posteriormente en los idiomas de comunicación mundial.

5. La educación es un derecho humano y un recurso para lograr la autonomía personal y factor de desarrollo social y humano; es un recurso esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, instaurar la igualdad entre los sexos y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia; es más, una buena educación básica ofrece a los alumnos competencias esenciales que les servirán toda la vida y les permitirán adquirir otros conocimientos. En suma, el acceso a la educación depende de la alfabetización; los padres alfabetizados enviarán con más facilidad a sus hijos a la escuela; las personas alfabetizadas están mejor dotadas para acceder a la formación continua; finalmente, las sociedades alfabetizadas están mejor preparadas para enfrentarse a los desafíos del desarrollo.

6. La estrategia para concretar la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-2018, en efecto, considera un conjunto de líneas de acción necesarias para concretarla, tales como: i) que existe la voluntad política y el compromiso de la sociedad en conjunto, la industria y la sociedad civil, ii) el patrocinio de centros y recursos humanos por parte de asociaciones formadas entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las comunidades locales; iii) el apoyo de otras asociaciones, ya que no es suficiente que una sola agencia o un solo gobierno asuma la responsabilidad íntegra; sin embargo, en esta estrategia perfectible es necesario incorporar otras líneas de acción que compensen los servicios alfabetizadores para los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres y comunidades indígenas), entre ellas: a) que se difunda por los medios de comunicación el derecho de las personas a la alfabetización; b) que los programas tengan relevancia cultural, que sean sensibles a la diversidad de educandos, a los procesos y a las necesidades de aprendizaje y diseñados para el mayor número posible de subgrupos especiales de personas, tales como mujeres y comunidades indígenas; c) que exista un entorno alfabetizado en el que los recién alfabetizados puedan seguir operando, para así aprovechar lo aprendido y la alfabetización; d) que el diseño de programas que integren la alfabetización a la educación para la salud, a la educación en relación al medio ambiente y a la educación sobre población; e) que la alfabetización se integre a la promoción y al apoyo de otros temas como la paz, los derechos humanos o la autonomía de la mujer...

Por lo que esta Comisión considera pertinente modificar el presente punto de acuerdo toda vez que ya existe un programa de alfabetización en cual se encuentra en proceso de desarrollo y se propone que se fortalezcan los programas de alfabetización para grupos en situación de vulnerabilidad educativa, priorizando a mujeres, pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de disminuir las tasas de analfabetismo en nuestro país.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que fortalezcan los programas de alfabetización para grupos en situación de vulnerabilidad educativa, priorizando a mujeres, pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de disminuir las tasas de analfabetismo en nuestro país.

Notas:

1 Varios autores, Historia de la alfabetización y de la educación de adultos en México, INEA-El Colegio de México, 1a. ed. México, 1993. 755 pp., 3 vols.

2 La Declaración de Hamburgo y de la Agenda para el Futuro. Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, 14 - 18 de julio 1997. http://www.unesco.org/education/uie/confintea/ pdf/con5spa.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

DIFUNDAN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION RECABADA EN EL CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y ESPECIAL (CEMAB)

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Inegi y a la SEP a difundir la totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del 2 de octubre de 2014, la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En el parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo se exponen los argumentos a través de los cuales se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a difundir toda la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; dichos argumentos enseguida se listan:

1. Uno de los grandes logros del Pacto por México ha sido la reforma educativa, que pudo ser una realidad para los mexicanos, gracias al consenso realizado por los distintos partidos políticos, (...); de ella se deriva una reestructuración en la calidad de nuestro sistema educativo nacional. Uno de los muchos productos de dicha reforma es el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), insumo considerado como fundamental para llevar a cabo las transformaciones necesarias para dotar de excelencia al ámbito educativo de México y, en especial, al de la enseñanza. Dicho censo ha tenido como objetivo principal atajar los problemas existentes de los recursos humanos y materiales dentro del sistema educativo mexicano.

2. El Cemabe se realizó a partir de la suma de los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para una efectiva transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados para la educación del país. Este censo tuvo su periodo de realización del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013, donde participaron 17 mil 281 personas realizando el levantamiento de información, supervisión y seguimiento. Durante el censo se visitaron los 270 mil 609 centros de trabajo que se tenían en la base de planeación proporcionada por la SEP, en la cual se contaba con la información de cada uno de los centros objeto de análisis, así como los datos disponibles sobre el personal y alumnos asociados a los centros de trabajo.

3. En el levantamiento de datos a propósito del Cemabe, hubo planteles que no pudieron ser incluidos en el estudio porque sus trabajadores se rehusaron a recibir a los encuestadores del Inegi. En total, se hizo un cálculo estimando que cerca de 158 mil 565 profesores y administrativos no fueron censados, quienes laboran en 24 mil 164 centros de trabajo.

4. En marzo de 2014, se dieron a conocer datos desagregados y resultados mediante los cuales se realizaron distintos análisis por parte de diversos medios de comunicación, líderes de opinión, asociaciones civiles, etcétera; resultados que revelaron las fallas e ineficiencias que el Sistema Educativo Mexicano ha tenido durante varios años. En ese sentido, por ejemplo, el Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa” publicó un estudio llamado Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal, donde evidenció el desorden en la nómina de educación básica, relacionado con individuos que, según los registros, están asignados a un centro de trabajo pero en él que nadie los conoce (“aviadores”) y personas que tienen una plaza de maestro pero que no trabajan brindando enseñanza frente a un grupo (“comisionados”); las comisiones cuando se ejercen con goce de sueldo, son ilegales. El censo deja ver que existen 30 mil 695 comisionados o personas con licencia; asimismo, que existen 39 mil 222 plazas para aviadores. La corrupción del sistema educativo mexicano ha permitido que los empleados jubilados, renunciados y fallecidos reciban un sueldo en los sistemas educativos estatales. Se trata de 114 mil 998 individuos que reciben un sueldo indebidamente. En total, entre “comisionados, “aviadores”, jubilados, renunciados o fallecidos”, existen 184 mil 915 plazas. Reflejo inequívoco de un total desorden de la nómina docente-administrativa. Es más, existen casos donde el personal acumula plazas abusando de los recursos públicos. La suma de ellos es de 23 mil 540 maestros. De otro modo, la cifra de ausentes es del 4.39 por ciento del total de las plazas en educación básica, es decir, 98 mil 576 plazas de las cuales no se pudo obtener información porque quienes las poseen estuvieron ausentes al levantarse el censo. El tamaño del problema se hace evidente cuando la información recabada señala que en 27 de 32 entidades federativas, más de 10 por ciento de la nómina educativa recae en alguna irregularidad. Bajo este panorama se puede calcular que todas las anomalías de la nómina docente-administrativa equivalen a 51 mil 486 millones 700 mil pesos de gasto desperdiciado y mal ejercido del erario y de las entidades estatales. Esta cantidad sería el equivalente a casi 10 por ciento de los recursos que el Estado mexicano destina a las preprimarias, primarias y secundarias públicas en el país. Y a pesar de ello, la autoridad federal y las estatales, no han tomado acciones concretas que mitiguen esta fuerte crisis que se vive y que está destruyendo al sistema educativo mexicano.

5. Con la información publicada hasta el momento, por lo tanto, sólo se puede hacer un cálculo del costo de estas irregularidades, en el escenario más bondadoso y conservador, donde tan sólo se toman en cuenta los casos de los comisionados, los aviadores, los jubilados, renunciados y fallecidos, se estima que el gasto del erario se encuentra alrededor de los 16 mil millones de pesos por el personal con estas anomalías. Pero, con los datos parciales del Cemabe se pone en evidencia los serios y gravísimos problemas que tiene nuestro sistema educativo, en específico, la administración de la nómina docente-administrativa de educación básica. En suma el estudio demuestra el mal uso de los recursos públicos en el sector educativo mexicano, además, pone al descubierto la incapacidad de las autoridades educativas del país y la tolerancia que éstas están teniendo a la corrupción en un ámbito tan importante como es el de la educación.

6. A pesar de que se cuenta con una cantidad de datos, el universo arrojado por el Cemabe sigue sin publicarse en su totalidad, por lo que es urgente que la SEP dé a conocer la base completa de los datos recopilados por el Cemabe, para estar en condiciones de llevar a cabo los análisis que permitan identificar las irregularidades aducidas. Porque contar con los datos parciales del censo no nos permitiría saber con certeza qué otros problemas existen detrás de lo ya evidenciado, además de que la situación amerita fuertes y urgentes medidas de mitigación y corrección de todas las fallas que tiene el sistema educativo mexicano. Estas omisiones informativas en el sector educación no pueden ni deben seguir siendo tolerables por la sociedad mexicana, pues eso significaría contribuir a la opacidad que el sistema ha cubierto durante años por medio de prácticas inadmisibles de corrupción. Se ha hecho un desastre en el ejercicio de los presupuestos públicos que lo único que ha logrado es sumergir a este país en un pozo de ignorancia que aleja cada vez más a nuestra nación de la calidad de la enseñanza educativa.

7. En el artículo 6 de la Ley del Inegi se prevé que la información de interés nacional será oficial y de uso obligatorio para la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. El sector educativo mexicano es considerado como de interés nacional, por lo que esta información debe de estar a disposición y accesibilidad del público, sobre todo cuando se trata del uso recursos públicos. Por otro lado, pese a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación los estados han hecho caso omiso y no han corregido los problemas administrativos de su nómina docente.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada promovente propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de sus competencias, hagan pública la totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe); y que, a su vez, expliquen los motivos por los cuales dicha información no se ha publicado completamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expliquen, aclaren y, en su caso, resuelvan, las diferencias que se han hecho públicas entre los datos de la nómina educativa dados a conocer a través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, y los que al respecto reportan las entidades federativas.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con los artículos 39, numeral 3; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

1. El derecho de acceso a la información pública está preceptuado como derecho fundamental en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, lo reglamenta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El derecho de acceso a la información pública permite que el ciudadano se informe de manera oportuna y confiable sobre decisiones y acciones que el gobierno está tomando y haciendo en los temas de mayor importancia para la ciudadanía.

2. Como derecho fundamental, a su vez, está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

3. Toda la información a que se refiere Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es pública, y son sujetos obligados de proporcionarla, entre otros, la administración pública federal, con objeto de i) transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen; ii) favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; y iii) contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.

4. Durante 2013, la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Instituciones Públicas y Privadas de Educación Básica del Sistema Educativo Escolarizado y Especial, con el propósito de proveer de información al Sistema de Información y Gestión Educativa.

5. El Cemabe en tanto actividad estadística que posibilitó a la Secretaría de Educación Pública, por un lado, diseñar, captar, procesar e integrar, información del sistema educativo nacional; y, por otro, publicarla y difundirla parcialmente, si bien permitió tomar esa masa informativa como un referente para sustentar el diseño y la evaluación de políticas públicas de alcance nacional en materia educativa, no es suficiente para el análisis y la generación de propuestas emanadas de la sociedad civil organizada, las instituciones de educación superior y organismos de investigación, así como de los actores educativos de educación básica.

6. A partir de información parcial difundida por la SEP sobre el Cemabe, la diputada promovente de la proposición con punto de acuerdo, retoma los resultados de un estudio que realizó una asociación de la sociedad civil organizada y comparte con esa asociación las inferencias que se hicieron públicas en diversos medios de comunicación. Al estar incompleta la masa de datos difundido por la SEP a propósito del Cemabe, el estudio corre el riesgo de estar sesgado positiva o negativamente dependiendo la filiación política o ideológica de quien lo llevó a cabo; sin embargo, con las inferencias difundidas se pudieron evidenciar los grandes problemas que carcomen el sistema educativo nacional, en particular, respecto a: estructuras ocupacionales, plantillas de personal de las escuelas, la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional..., luego entonces el estudio no está en tela de juicio, más bien éste permite recordarle a la administración pública federal su obligación con la ciudadanía de proporcionarle la información que acopió mediante la aplicación del Cemabe. Dicha información es de interés nacional y, por lo tanto, debe estar a disposición de la ciudadanía dado que esto le permitirá hacer efectivo su derecho a la información y, a su vez, el sujeto obligado, con ello, mejorará la calidad de la información y mejorará decisiones públicas.

7. Así pues, la transparencia gubernamental es el acto que consiste en abrir y poner a disposición de los ciudadanos, por diversos medios, la información que generen o posean las instancias gubernamentales. El acto de rendir cuentas no es a una persona en específico, sino que es una práctica democrática de exponer y difundir la información gubernamental para que la gente pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo de sanción.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de sus competencias, hagan pública la totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y que, a su vez, expliquen los motivos por los cuales dicha información no se ha publicado completamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expliquen, aclaren y, en su caso, resuelvan las diferencias que se han hecho públicas entre los datos de la nómina educativa dados a conocer a través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, y los que al respecto reportan las entidades federativas.

Notas:

1. http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/objetivo.

2. Entre los componentes del sistema educativo nacional, de acuerdo con la Ley General de Educación, está el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).»

CONCLUIR EL “REZAGO AGRARIO” DE LAS LOCALIDADES DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ YOAXACA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Sedatu y de la SHCP a concluir el “rezago agrario” de las localidades de Veracruz y Oaxaca

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2014, el Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedatu y de la SCHP a concluir el “rezago agrario” de las localidades de los Estados de Veracruz y Oaxaca.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1619, del 23 de septiembre de 2014 y con número de expediente 4999, la Mesa Directiva turnó para dictamen la proposición referida a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, recibiéndose el 24 de septiembre.

II. Objeto y descripción de la proposición

El proponente considera que una de las mayores responsabilidades de los legisladores es la justicia para los campesinos, y señala que: “De acuerdo con el espíritu del Constituyente de 1917 se consideró de vital importancia el insertar en ella lo que es el derecho agrario, y sus principios básicos en la Carta Magna”.

Considera que a pesar de que casi ha transcurrido un siglo, quedan tareas pendientes como el “rezago agrario” que padecen entidades como Veracruz y Oaxaca. Al respecto señala que la “problemática agraria de la tenencia de la tierra, tiene su origen y expectativas en lo establecido por el párrafo tercero y fracción X del artículo 27 constitucional y la Ley Federal de Reforma Agraria; ya que en ellos se funda cada una de las solicitudes de tierras de los expedientes que se promueven por los campesinos”.

Menciona que el decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 implicó cambios importantes en el régimen de propiedad ejidal al introducir el concepto de “pequeña propiedad rural”. Considera que a más 20 años de publicado el Decreto no se ha concluido lo que puede denominarse “rezago agrario” el cual “consiste en los expedientes para la dotación de tierras por las diferentes acciones como son la ampliación de ejidos, nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales”.

El proponente señala que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano todavía “no ha cumplido lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el artículo 27 constitucional; en el que se establece: “Todos los asuntos referentes a dotación de tierras, ampliación de ejidos, nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales, deberán ser turnados al Tribunal Superior Agrario”.

Señala en particular varios ejemplos de “rezago agrario” que se dan en los Estados de Veracruz y Oaxaca y considera que todavía no se “ha cumplido la distribución de la población rural, conforme a lo establecido en los artículos 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 de la antes Ley Federal de la Reforma Agraria”.

En razón de las anteriores consideraciones propone los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta a los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Hacienda y Crédito Público a concluir la problemática del “rezago agrario” de las localidades de Veracruz y Oaxaca y contribuir para dar certeza y claridad a los campesinos respecto de sus derechos a la propiedad de sus núcleos agrarios.

Segundo. Se exhorta a los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Hacienda y Crédito Público a informar periódicamente a la opinión pública sobre los avances de las acciones instauradas para el cumplimiento y seguimiento de este exhorto que se está efectuando a estos organismos.

III. Consideraciones de la comisión

Esta comisión se solidariza con el problema agrario que afecta a los núcleos de población que viven en el campo y considera que es fundamental que esta soberanía se pronuncie al respecto. Sin embargo, la problemática señalada por el proponente es más amplia y comprende otras entidades y no sólo a Veracruz y Oaxaca.

Adicionalmente, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 ha sido de gran trascendencia, ya que creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como instancia facultada, entre otras cosas, para atender la problemática agraria, tal como se desprende de lo preceptuado en el artículo 41, fracciones III a VIII, que a la letra dicen:

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a II. ...

III. Administrar el Registro Agrario Nacional;

IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;

VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales;

VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;

VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación aplicable;

En consecuencia, la Sedatu es competente para atender la solicitud que hace el Diputado proponente.

En lo que respecta al exhorto que se hace a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que concluya la problemática del “rezago agrario”, se debe señalar que la citada Secretaría envió a esta soberanía un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 que incluye partidas específicas para este tema, el cual fue aprobado. El citado Presupuesto de Egresos (PEF 2015) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014 prevé las siguientes partidas y montos, para atender el “rezago agrario”:

Partida                                                Monto

                                         (millones de pesos)

Conflictos Agrarios y

Obligaciones Jurídicas                            $661

Fondo de Apoyo

para los Núcleos

Agrarios sin

Regularizar (Fanar)                              $346.1

Registro Agrario

Nacional                                               $479.9

Tribunales Agrarios                           $1,039.9

Total                                                $2,526.9

No obstante, de conformidad con el 1er informe de labores 2012-2013de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es merecido reconocer que la Secretaría ha emprendido, desde el inicio de la presente administración, diversas acciones para abatir el rezago agrario.

En lo que atiende el apartado 2.4.1 del informe en comento, la Secretaría reporta haber atendido resoluciones presidenciales derivadas en la entrega material de 25,992-92-26 hectáreas en diez estados, incluyendo Veracruz, y resolviendo 60% más asuntos que en el mismo período del año 2012  En cuanto a la integración y desahogo de expedientes en cumplimiento de resoluciones de los tribunales agrarios a que se refiere el apartado 2.4.4, de enero a julio de 2013 se integraron para poner en estado de resolución 50 expedientes (66% más que lo integrado durante el mismo periodo de 2012). Tan sólo en lo que respecta a los seis tipos de acciones enunciadas en la sección 2.4 del informe a que se ha hecho referencia, a mediados de 2013 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano había dado cumplimiento a más del 100% de los asuntos a resolver como meta para ese año en dos de los rubros, mientras que en los otros cuatro en ningún caso se encontraba por debajo del 50% de avance.

A través del Registro Agrario Nacional, se ha implementado el Programa cero rezago con énfasis en las entidades federativas con mayor atraso en la atención de trámites a partir del diagnóstico siguiente:

Al inicio de la presente administración, se detectó el retraso en la atención de 161,519 solicitudes de trámites y sobre la entrega de 74,481 documentos agrarios de años anteriores a 2013, es decir solicitudes realizadas por usuarios que no se les había dado conclusión al trámite o en su defecto no se había entregado el documento físico producto de cada trámite.

Tan sólo entre enero y julio de ese año se abatió el 71% del universo del rezago en trámites con una reducción mensual promedio de ese universo de 12,434 trámites.

En función de lo anteriormente dicho, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propone ajustes al primer resolutivo de la proposición en tres sentidos: no limitar el exhorto a los Estados de Veracruz y Oaxaca, ya que hay entidades como Chiapas y Guerrero que también padecen “rezago agrario”; adicionalmente y en vista de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya ha asignado recursos presupuestales en el PEF 2015, y a que no es competente en materia de “rezago agrario”, se considera incluir solamente a la Sedatu, que es la dependencia del Ejecutivo Federal que puede atender la problemática que motivó el presente punto de acuerdo; y, finalmente, partir de que desde el principio de la actual administración dicha Secretaría ha reportado resultados favorables a la atención del problema motivo de la presente proposición con punto de acuerdo, asumir dichos logros por punto de partida para las futuras acciones y solicitar información al respecto de los más recientes avances.

En lo que se refiere al segundo resolutivo, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé explícitamente los mecanismos institucionales que obligan a que las dependencias del Poder Ejecutivo entreguen periódicamente informes al Congreso, tal como se desprende de lo previsto en los artículos 69, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Asimismo, en el artículo 74, fracción VI, párrafos primero a tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a V. ...

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

...

...

Finalmente, en el artículo  93, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto de la misma ley, mismos que a continuación se transcriben:

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

...

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos”.

De igual forma esta soberanía puede, en cualquier momento, solicitar información o incluso la comparecencia de servidores públicos, lo que está previsto en el artículo 73, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

“3. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de información a una dependencia gubernamental, o peticiones para citar a comparecer a algún servidor público del Poder Ejecutivo Federal, no serán consideradas como proposiciones. Estas se sustanciarán de la siguiente manera:

I. Las gestiones deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas;

II. Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán presentarse de manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en los términos que ésta determine;

III. Las solicitudes de información, a la dependencia gubernamental que corresponda, y

IV. Las peticiones para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Poder Ejecutivo Federal, deberán hacerse conforme a lo establecido en la Ley”.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a continuar atendiendo la problemática del rezago agrario en las entidades de la República donde todavía se presente.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se sirva proporcionar a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de este órgano legislativo información sobre los programas y acciones de su competencia tendientes a abatir el rezago agrario.

Notas:

1 Sedatu. 1er informe de labores 2012-2013. p.45.

2 Ibíd. p.46.

3 Ibíd. p.47.

4 Ibíd. p.65.

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de diciembre de 2014.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), presidenta; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres, Alberto Díaz Trujillo, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

COADYUVEN A LA PRONTA Y EFICAZ REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedatu a fortalecer en coordinación con las autoridades de las entidades federativas los programas y las acciones que contribuyan a la pronta y eficaz regulación de los asentamientos humanos irregulares

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2014, la diputada María Rebeca Terán Guevara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó proposición con punto por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y en coordinación con las diversas autoridades del estado de San Luís Potosí, se fortalezcan los programas y acciones a través de los cuales se coadyuve a la pronta y eficaz regulación de los diversos asentamientos humanos irregulares en los 58 municipios del estado de San Luís Potosí.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1908, del 16 de octubre de 2014 y con número de expediente 5239, la Mesa Directiva turnó para dictamen la proposición referida a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, recibiéndose el 17 de octubre.

II. Objeto y descripción de la proposición

La proponente considera que es fundamental retomar los lineamientos del derecho a la propiedad para hablar de la tenencia de la tierra. Señala que “que la propiedad se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto”.

Considera que a pesar de que el derecho a la propiedad es relevante desde los puntos de vista económico y social, muchos grupos carecen de seguridad jurídica para ostentar el título de propietario de la tierra, como sucede en el Estado de San Luís Potosí en el que hasta abril de 2011 “se registraba que uno de cada cinco familias vivía en un asentamiento humano irregular, con un total de 200 mil predios en estas condiciones. Además señala que “hasta mayo del año en curso, tan solo en el municipio de Soledad existen 10 mil predios sin regularizar”.

La proponente no omite señalar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha implementado una política integral cuyos ejes es el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah). Sin embargo, menciona que “aún no se han logrado los objetivos planteados por el mismo programa, ya que tan solo en el estado de San Luís Potosí, cientos de familias sufren la falta de certeza jurídica respecto de la irregularidad en la tenencia de la tierra”.

Como elementos adicionales de diagnóstico la proponente expresa que “desde 2010 el ex Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) Juan Manuel Carreras López expresó que varios municipios de la Huasteca potosina, principalmente Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y San Luís Potosí, tienen conflictos con la propiedad social y la tenencia de la tierra”. Por otro lado, quien en 2012 fuera la “directora de promotora del estado, Alejandra Orantes, advirtió que 22 de los 58 municipios que tiene la entidad, cuentan con asentamientos humanos en predios sin regularizar, lo cual afecta la certidumbre jurídica en la posesión de las tierras a las de 2 mil 250 familias”.

El problema se agrava al considerar las afectaciones causadas por las lluvias debido a la prevalencia de asentamientos humanos irregulares, por lo que la diputada María Rebeca Terán Guevara estima que es necesario regularizar predios para aquellas familias integradas por sujetos agrarios y que son simples posesionarias de las tierras.

III. Consideraciones de la comisión

Esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial valora las preocupaciones de la proponente y considera que el problema que afecta al Estado de San Luís Potosí debe ser atendido. Para efecto de determinar si la instancia competente para atenderla problemática es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y en particular, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), se realizó una revisión de diversas disposiciones jurídicas con el objetivo de determinar claramente los ámbitos competenciales.

En lo relativo a las atribuciones de la Sedatu, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé, en su artículo 41, fracción I, inciso b), lo siguiente:

Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) ...

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;

Del análisis del Reglamento interior de la Sedatu se desprende que esta Secretaría tiene funciones sustantivas en lo relativo a la regularización de la propiedad agraria, las cuales se ejercen a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, tal como se establece en el artículo 8, fracciones III y VII, que a la letra dicen:

Artículo 8. Corresponde a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial el ejercicio de las atribuciones siguientes: I. a II. ...

III. Ejercer las atribuciones que en materia de ordenamiento de la propiedad rural y ordenamiento territorial, le confieren a la Secretaría las Leyes de la materia; IV. a VI. ...

VII. Coadyuvar en materia de regularización de la propiedad de los núcleos agrarios, con las entidades del sector para:

a) Resolver sobre la enajenación de los excedentes de tierra ejidal y, en su caso, fraccionar y enajenar los derechos correspondientes, en los términos del artículo 47 de la Ley Agraria;

b) Formular los lineamientos para la ejecución de programas, así como para la realización de trabajos técnicos y jurídicos para la regularización y certeza de la propiedad ejidal, comunal y de colonias agrícolas y ganaderas;

c) Coadyuvar en la ejecución de las resoluciones que emitan los Tribunales Agrarios, en los términos que éstos lo requieran;

d) Establecer los mecanismos necesarios para la ejecución de programas y acciones de delimitación, deslinde, regularización, registro y certificación de la propiedad ejidal y comunal, así como la titulación de derechos, y

e) Promover la regularización de los predios adquiridos por cualquier título, propiedad de los núcleos agrarios;

A su vez, la Dirección General de la Propiedad Rural, que depende de la citada Subsecretaría, tiene competencia específica en el tema motivo del presente dictamen, como se prevé en el artículo 22, fracciones I y VII, que a la letra dicen:

Artículo 22. La Dirección General de la Propiedad Rural estará adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover, fomentar y facilitar la regularización de la propiedad rural, con la debida coordinación de las autoridades de las entidades federativas y municipales correspondientes;

II. a XVI. ...

XVII. Proponer políticas y programas que contribuyan a la certeza jurídica de la propiedad rural y a la regularización definitiva de la misma;

Por otro lado, el Estatuto Orgánico de la  Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2002  establece que la CORETT es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizada a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2013, que entre sus atribuciones tiene como objeto en materia de regularización lo preceptuado en el artículo 3o., fracciones VI y VIII, las siguientes:

VI. Coadyuvar con los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en sus procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, así como de adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;

VIII. Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en materia de regularización de la tenencia de la tierra y de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, así como actualizar sus sistemas de registro y catastro de la propiedad inmobiliaria,

Es importante señalar que el problema de la regularización de la tenencia es de índole nacional y esto ha sido reconocido debidamente por la actual administración. En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de diciembre de 2013, se señala claramente que “La regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos irregulares ubicados en terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal, permite el acceso a un patrimonio propio con certeza jurídica, así como a la infraestructura, equipamiento y servicios públicos”. Se menciona también que: “Al mes de agosto de 2013, se encuentran en proceso de regularización más de 370 mil predios que representan 21 mil hectáreas en 2,167 asentamientos humanos irregulares”.

La Estrategia 1.2., del Programa Sectorial tiene como eje otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mediante la regularización y la certificación de la propiedad. De esta Estrategia se desprende, como línea de acción, regularizar la tenencia de la tierra bajo criterios de planeación que aseguren el efectivo aprovechamiento del territorio.

En lo relativo a la tierra ejidal, el Programa Sectorial considera que la certeza jurídica en la tenencia de la tierra “debe procurarse en los núcleos agrarios, mediante la delimitación y certificación de la propiedad social. Los documentos que deriven de su regularización, que amparen los derechos individuales y/o colectivos, deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional para lograr el control de la tenencia de la tierra”. Para lograr este objetivo se propone la Estrategia 1.5., con el fin de otorgar seguridad jurídica y documental en la tenencia de tierra ejidal y comunal, para garantizar el ejercicio de los derechos de los sujetos agrarios. De esta estrategia se desprende, como línea de acción, ejercer la fe pública registral para calificar e inscribir los actos y documentos susceptibles de registro para llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra.

Cabe señalar que es fundamental regularizar los asentamientos humanos irregulares, para impulsar así la adecuada ordenación territorial de los centros de población. La regularización es además “un instrumento de apoyo a los hogares que no han podido concluir los procesos de regularización, que les permitan acceder a la formalidad y a la seguridad jurídica de sus lotes”. En consecuencia, el Gobierno de la República ha propuesto, como líneas de acción en el Programa, apoyar la regularización de asentamientos humanos irregulares mediante la celebración de convenios con dependencias y órdenes de gobierno, y promover la oferta de suelo formal y accesible para prevenir el surgimiento de asentamientos humanos irregulares.

La prioridad que el Ejecutivo Federal está dando a los problemas de regularización de la tenencia de la tierra y de los asentamientos irregulares, es un indicador claro de que la problemática es nacional, y que por ende, trasciende al Estado de San Luís Potosí. Por ello, la Comisión sugiere no limitar el punto de acuerdo a una entidad en particular.

En razón de estas consideraciones la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propone realizar modificaciones a la proposición de la diputada para reconocer en el mismo tenor que el Gobierno Federal el carácter nacional de la problemática, para resaltar el papel de la Sedatu en la materia y para darle mayor precisión a la propuesta. De esta forma, los integrantes de la Comisión someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para que en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, se fortalezcan los programas y acciones que coadyuven a la pronta y eficaz regulación de los asentamientos humanos irregulares.

Notas:

1 Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5326473& fecha=16/12/2013

2 Ídem.

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de diciembre de 2014.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), presidenta; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres, Alberto Díaz Trujillo, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

CAPACITAR SISTEMATICAMENTE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, AL EJERCITO, FUERZA AEREA Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SU SECRETARIA Y COMISION, RESPECTIVAMENTE, EN ESPECIAL A LOS QUE LLEVAN A CABO OPERACIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos al Ejército, Fuerza Aérea y funcionarios públicos adscritos a éstas, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 25 de noviembre, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos de las mujeres al Ejército, la Fuerza Aérea y funcionarios de esas dependencias.

En esa misma fecha, el expediente fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen.

Contenido

Refiere la diputada proponente que desde diciembre de 2006 el Gobierno Federal puso en marcha un proyecto para combatir el narcotráfico y la inseguridad en México; que incluyó el despliegue de fuerzas policíacas y militares en varios estados del país.

Desde ese entonces la violencia no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado afectando particularmente a las mujeres. Prueba de ello es que en nuestro país diariamente se asesina a 6.4 mujeres y que, de 2006 a 2012, los feminicidios aumentaron en un 40%.

Las mujeres son utilizadas para castigar y amedrentar a compañeros y enemigos de los carteles, por lo que su vulnerabilidad ha aumentado generando actos de extrema violencia contra ellas, como violencia sexual, desapariciones forzadas, torturas y feminicidios, efectuados por agentes estatales, militares y grupos del crimen organizado.

Las fuerzas armadas en el marco de sus actividades de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico han cometido graves violaciones de derechos humanos. Entre enero de 2007 y noviembre de 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7350 denuncias por abusos militares y emitió informes sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos.

Hace también referencia a las sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la del caso de Rosendo Cantú y otra versus México, con la que ejemplifica que en los contextos de militarización se ha favorecido la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres, aumentando así  la impunidad.

Estos ejemplos nos llevan a concluir que en este contexto de militarización se ha favorecido la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres, aumentándose la impunidad. Precisa que los problemas como la migración, la pobreza, el patriarcado, la corrupción y la ineficacia de los operadores de justicia, el desconocimiento del delito y del protocolo de cómo atenderlo, las fuerzas de seguridad no sólo se vuelven incapaces de proteger a las mujeres, sino se convierten en una amenaza a la seguridad e integridad física de las mismas.

Señala que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, ha contribuido a la intensificación de patrones ya existentes de discriminación y violencia contra las mujeres basadas en actitudes patriarcales, contribuyendo a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.

Destaca que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional dirigir la educación profesional de los miembros del ejército y de la fuerza aérea.

Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Nacional dispone en su artículo 17, que el Secretario de la Defensa Nacional es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.

Asimismo, el artículo 122 de dicha ley dispone que los establecimientos de Educación militar tienen por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido. Asimismo, prevé en la fracción II que dichos establecimientos están constituidos, entre otros, por escuelas, centros o cursos de capacitación.

Por cuanto hace al Comisionado Nacional de Seguridad, el artículo 36 del Reglamento Interior de Secretaría de Gobernación le impone la atribución de dictar medidas tendientes a preservar las libertades, el orden y la paz, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas (fracción XI) y la de implementar mecanismos para la protección de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública, para lo cual se coordinará con la Subsecretaría de Derechos Humanos. (Fracción XVI).

Por lo que plantea exhortar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública; para que se construya una nueva estrategia para el respeto de los derechos humanos donde el punto medular para el combate de la violencia sea la prevención.

Puntualiza que de esta manera, en vez de castigar actos de violencia hacia las mujeres por parte de militares y fuerzas federales, se contribuirá a tener un ejército y elementos de la policía informados, que no violen los derechos humanos de las mujeres, al contrario, que los protejan y salvaguarden, para que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Solo así se reducirá el peligro para ellas en la lucha contra el crimen organizado y se aumentará la capacidad de crear un nuevo camino donde el respeto a los derechos humanos sea lo principal.

Consideraciones

Esta dictaminadora coincide con la diputada proponente en que si bien se ha adecuado la legislación nacional a los convenios y tratados internacionales sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como la tipificación penal que los protege a través de una política de prevención, atención y sanción de los delitos que conllevan diversos tipos de violencia contra las mujeres, no podemos ocultar que a pesar de leyes y mecanismos que sancionan la violencia contra la mujer, ésta va en incremento, por lo que podemos deducir que la solución no está solo en las penas sino en la prevención.

Consideramos, tal como lo señala la proponente, que el estado mexicano debe atender las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos entre los que destacan en el caso radicado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una mujer menor de edad indígena que fue torturada y violada por agentes del Ejército en el marco de una operación de lucha contra el crimen organizado.

De igual manera, es oportuno recordar la sentencia del caso de Rosendo Cantú y otra versus México; “se expresa que el retardo y la obstaculización de la justicia pone en entredicho el deber de los Estados de garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas el goce de los derechos humanos fundamentales; entre ellos, el derecho a la vida, a la libertad, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y el de acceso a la justicia. La ausencia de actividad procesal y punitiva en casos de violencia contra las mujeres estimula la repetición de los hechos y la consiguiente pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.”

Consideramos que el marco jurídico de referencia justifica la pretensión de la diputada proponente, en cuanto a la necesidad e importancia de que las fuerzas armadas reciban formación y capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres, en ese sentido destacamos lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Nacional dispone en su artículo 17, que el Secretario de la Defensa Nacional es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.

Asimismo, el artículo 122 de dicha ley dispone que los establecimientos de Educación militar tienen por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido. Asimismo, prevé en la fracción II que dichos establecimientos están constituidos, entre otros, por escuelas, centros o cursos de capacitación.

Por cuanto hace al Comisionado Nacional de Seguridad, el artículo 36 del Reglamento Interior de Secretaría de Gobernación le impone la atribución de dictar medidas tendientes a preservar las libertades, el orden y la paz así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas (fracción XI) y la de implementar mecanismos para la protección de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública, para lo cual se coordinará con la Subsecretaría de Derechos Humanos. (Fracción XVI).

Finalmente, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación dispone que la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene, entre otras atribuciones, la de Participar en el diseño e implementación de programas de capacitación en materia de atención a víctimas (artículo 26, fracción VI) y la de participar en la elaboración e implementación de programas con el fin de incorporar la perspectiva de respeto y difusión de derechos humanos enfocados a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, así como otros grupos en situación de riesgo; (fracción X).

Además de lo anterior, esta Comisión estima que el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional hace tres años conformó en su interior el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas como una instancia especializada de apoyo para la planeación, detección, evaluación e implementación de acciones dirigidas a prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género y asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es sin duda un cambio de paradigma que además de favorecer el avance de este país hacia la igualdad sustantiva, puede contribuir a la ejecución del presente punto de acuerdo.

Consideramos también que tal como lo afirma la proponente, cuando se capacite y sensibilice a los funcionarios, miembros del ejército y fuerzas federales sobre la importancia de estos derechos, se podrá favorecer una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres, que permita que todos los actores que se encargan de luchar contra el crimen organizado, tengan el pleno conocimiento de que los derechos humanos de las mujeres son facultades, atribuciones e intereses de carácter civil, político, económico, social, cultural, psicológico, personal e íntimo, que se poseen por el simple hecho de ser seres humanos, y se reconocen en instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales.

La Comisión de Igualdad de Género considera que la proposición con punto de acuerdo materia de este análisis, se encuentra debidamente motivada y  reúne los requisitos de forma y fondo, por lo que se emite el dictamen en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos de las mujeres, al Ejército, Fuerza Aérea y funcionarios públicos de su Secretaría y Comisión, respectivamente, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Gavito (rúbrica).»

VOLUMEN II

AGILICEN LOS APOYOS ENTREGADOS A LAS JOVENES EMBARAZADAS, DE ACUERDO AL “PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS”

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a agilizar los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo con el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del miércoles 14 de octubre de 2014, los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo se formulan los argumentos a través de los cuales se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a agilizar los estímulos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo con el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; los que a continuación se enlistan:

1. El Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) se dirige a adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, mediante el otorgamiento de becas de acceso, permanencia y conclusión de la educación básica. El rango de edad para las beneficiarias está de los 12 a 18 años 11 meses de edad y, entre una de las características, estas becas se otorgan a quienes no recibían ningún otro apoyo por parte del gobierno federal, salvo del entonces Programa “Oportunidades” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Es un programa, asimismo, diseñado para solventar los gastos que se derivan en la gestación de un ser humano y en la etapa de lactancia, siendo que en la actualidad los recursos no son entregados a las beneficiarias en tiempo y forma, colocando a dichas mujeres en una situación de mayor marginalidad, aunado al aumento de niñas y adolescentes que se embarazan.

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) plantea que en la actualidad, una de cada diez adolescentes de 15 a 19 años han tenido al menos un hijo nacido vivo, así mismo, hay una gran proporción de jóvenes unidas que están expuestas a un embarazo y no hacen uso de un método anticonceptivo, a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar su descendencia (demanda insatisfecha). De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica levantada en 2009, una cuarta parte de las adolescentes unidas (24.7 por ciento) se encuentra en esta situación...

3. Las cifras arriba señaladas, así como las que a continuación se mencionan fueron difundidas con motivo del día internacional de la juventud celebrado el pasado 12 de agosto de 2014 en la Ciudad de Aguascalientes, de acuerdo con ello, se refiere que en 2014, en México residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, cantidad que representa 26.3 por ciento de la población total. En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años fue de 9.8 y, durante 2012, 32.7 por ciento de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a servicios médicos.

4. Con ese propósito, entre el ejercicio fiscal 2011 y el 2013, el presupuesto programado para el Programa fue de 303.6 millones, de los cuales se ejercieron 274.9 millones, dando un diferencia de 28.7 millones, por lo que durante el trienio fiscal se registran los subejercicios reflejados en la diferencia.

5. De los resultados de las evaluaciones realizadas al Promajoven por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otras instituciones, se desprende que tanto el área normativa como ejecutora del Programa: a) Debe desarrollar mecanismos que aseguren la entrega oportuna de recursos a las beneficiarias de conformidad con la normatividad establecida; b) Asegurar que los pagos a las beneficiarias se realicen de conformidad con la normatividad establecida, c) Realizar las transferencias a los estados sean oportunas; d) Hacer las transferencias mediante pagos electrónicos, para evitar el desplazamiento de las beneficiarias a otras comunidades y e) Diseñar un instrumento de evaluación de seguimiento de las beneficiarias para obtener una visión más amplia del logro del Programa en su bienestar social.

Con base en los argumentos anteriores, los diputados promoventes proponen el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a efecto de que se agilicen los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo al “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”, toda vez que dicha población se encuentra en estado de gestación y no puede solventar los gastos de dicha situación biológica.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con el los artículos 39 numeral 3; 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

1. El Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) es un programa regulado por reglas de operación y tienen el propósito de establecer un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar el programa, para lograr niveles de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Las reglas de operación, en este caso de Promajoven, anualmente se publican en el Diario Oficial de la Federación y sirven para: i) saber quién es sujeto beneficiario de apoyos, conocer los apoyos específicos, así como los requisitos para obtenerlos, ii) para contribuir al desarrollo personal de la beneficiaria y de la comunidad y iii) finalmente, para vigilar cómo los recursos públicos se aplican de acuerdo a como han sido programados.

2. El Promajoven, según el Acuerdo 708, tiene por objetivo general: “Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos..., así como: “Otorgar becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad” (segundo objetivo específico). El Promajoven está dirigido a adolescentes en situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, mediante el otorgamiento de becas para el acceso, permanencia y conclusión de la educación básica, de estado civil indistinto que sean madres o se encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso esté comprendida  entre los 12 y 18 años 11 meses, que deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o concluir sus estudios de educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo disponible en las entidades federativas.

3. Es a través de las reglas de operación que el ejecutivo federal transfiere recursos presupuestarios a las entidades federativas para el pago de las becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas y los recursos para apoyar la operación de la beca a nivel local. La beca consiste en la entrega de un apoyo mensual de $ 850.00, por un máximo de 10 meses en el ejercicio fiscal 2014. Y de los recursos ministrados a las entidades federativas, 96 por ciento es para becas y 4 por ciento para la operación nacional del programa.

4. La Secretaría de Educación Pública para garantizar la prestación de servicios educativos a la población que cursa desde la educación inicial y básica –en todos sus tipos y modalidades– hasta la educación superior, se rige, por un lado, por el calendario escolar que comprende el segundo semestre de un año calendario y el primer semestre del siguiente año calendario; y por otro, por un calendario presupuestal, que engloba doce meses consecutivos. Esa duplicidad de calendarios dificulta la ministración de recursos financieros a las entidades federativas cuando se trata de programas con reglas de operación, en virtud de que las metas educativas y las presupuestales definidas en los programas, en ocasiones, se yuxtaponen, es decir, corren de manera paralela ocasionando demora y falta de eficacia, tanto en la dispersión de los recursos financieros las entidades federativas, como en la entrega de apoyos a la población beneficiaria. Sin embargo, en los acuerdos por los que se expiden las reglas de operación, se definen los mecanismos administrativos y se establecen las obligaciones de las dependencias tanto normativas como ejecutoras para que hagan llegar, en tiempo y forma, los apoyos a las poblaciones objetivo beneficiarias de los programas, por lo que si el área ejecutora sigue puntualmente la ruta crítica establecida en las reglas de operación, no existe razón por la cual se demore la entrega de apoyos a la población objetivo.

5. Además, en la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012. Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cual recoge el estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), recomienda a la SEP: i) que es necesario realizar evaluaciones con base tanto en documentos como en evaluaciones complementarias con apoyo en trabajo de campo que permitan conocer el efecto causal del Programa y su eficiencia así como el nivel de satisfacción de las becarias. Esto significa conocer cuántas alumnas continúan y finalizan la educación básica y quienes lo logran, para qué les ha servido dicha educación, y si ha incidido o no en su movilidad social y económica; ii) que este Programa que conoce bien toda esta problemática dialogue con la Secretaría de Educación Pública, para que se prepare de una manera más efectiva en educación sexual a jóvenes de ambos sexos desde el quinto año de primaria en adelante, iii) que la sep prepare a sus maestras/os para que cuando tengan a jóvenes embarazadas en sus aulas no las desprecien y rechacen por representar un mal ejemplo para sus compañeros; iv) que  es urgente que estas jóvenes embarazadas y madres jóvenes cuenten con el servicio de guardería, ya que es muy difícil que continúen estudiando cuando tienen que cuidar a sus niños pequeños.

6. Con base en las  premisas anteriores, esta dictaminadora comparte los argumentos  de los diputados promoventes, relativos a que: i) sí es posible que la SEP asegure los pagos a las beneficiarias de conformidad con la normatividad establecida en las reglas de operación y los anexos, debido a que en las reglas de operación para el presente año se establece que: “Para las alumnas del sistema escolarizado se otorga en los periodos de enero-junio y septiembre-diciembre; y en caso de las alumnas del sistema no escolarizado y mixto, el pago se efectúa durante el periodo enero-diciembre; ii) Que las transferencias a los estados sean oportunas, lo cual implica que tanto la  Secretaria de Hacienda y Hacienda y Crédito Público (SHCP) y como la SEP definan el calendario presupuestal de acuerdo con los  objetivos y las metas del Programa; iii) Que la SEP realice los estudios correspondientes a fin de transferir los apoyos monetarios de manera electrónica para evitar el desplazamiento de las beneficiarias a otras comunidades; iv) y partir de la recomendaciones del Ciesas para diseñar un instrumento de evaluación de seguimiento de las beneficiarias para obtener una visión más amplia del logro del Programa en su bienestar social.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a efecto de que se agilicen los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo al “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”, toda vez que dicha población se encuentra en estado de gestación y no puede solventar los gastos de dicha situación biológica.

Notas:

1 http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/index.htm.

2 Acuerdo Número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).»

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACION PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES ALERGICAS RESPIRATORIAS EN LA POBLACION MEXICANA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa a realizar una campaña informativa para combatir las enfermedades alérgicas respiratorias en la población mexicana

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con puntos de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 13 de noviembre del 2014, la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero y el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de realizar una campaña de información para combatir las enfermedades alérgicas respiratorias en la población mexicana.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnara a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con puntos de acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que realice campañas de información a la población, como medida preventiva contra las enfermedades alérgicas respiratorias y se esté en posibilidad de evitar la automedicación.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución .

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son enfermedades crónicas que comprometen al pulmón y/o a las vías respiratorias. Dentro de ellas se encuentra el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinitis alérgica, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar.

Tercera. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica (ERC). Según estimaciones recientes de la OMS (2004), actualmente hay unos 235 millones de personas que padecen asma, 64 millones que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y muchos millones de personas más que sufren rinitis alérgica y otras ERC que a menudo no llegan a diagnosticarse.

Cuarta. ¿Cuáles son sus causas?

Los factores de riesgo más importantes de las ERC son los siguientes:

• Fumar

• Contaminación del aire en espacios cerrados, por ejemplo la exposición pasiva al humo de tabaco.

• Contaminación ambiental

• Exposición a alérgenos

• Inhalación de polvo y productos químicos en el medio laboral

• Antecedentes familiares de asma u otras alergias.

Quinta.El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) detalló que el número de infecciones en vías respiratorias superiores en promedio para un individuo al año oscila entre 2 y 6, y de ellos 64 por ciento ocurre cuando se registran cambios bruscos de temperatura. La principal complicación de una infección respiratoria de vías superiores se encuentra constituida por la presencia de neumonía, la cual constituye la cuarta causa de muerte a nivel general y de la totalidad de defunciones aproximadamente 50 por ciento ocurre en niños menores de 5 años, indicó.

Sexta. La automedicación es el uso irracional y descontrolado de fármacos sin ningún tipo de precaución ni respaldo farmacéutico. También existe “la automedicación responsable” que, según la Organización Mundial de la Salud, es la práctica mediante la cual los individuos tratan sus enfermedades y condiciones con medicamentos que están aprobados y disponibles sin prescripción, y que son seguros y efectivos cuando se usan según las indicaciones. Tiene diversas consecuencias si no se tienen conocimientos sobre los fármacos, el historial médico del paciente y forma de metabolizar los medicamentos

De acuerdo con una encuesta de la Universidad del Valle de México (UVM), el 78 por ciento de los mexicanos recurren a la automedicación, principalmente por usos y costumbres en el seno familiar y entre amigos que se recomiendan los tratamientos.

Especialistas del sector salud y académico, junto con autoridades sanitarias, advierten que con la práctica de la automedicación, de la cual no existen estadísticas oficiales, se pone en peligro la vida, pues incluso una intoxicación por el mal uso de medicamentos puede provocar un shock y morir.

Señalaron que los principales problemas o síntomas de salud por los que se recurre a la automedicación, son dolores, enfermedades respiratorias, diarreas y falta de sueño, siendo los antiinflamatorios y analgésicos los que registran más abuso, aunque también resaltaron que en el caso de los diabéticos, se sabe que un 40 por ciento ha recurrido a esta práctica.

Por anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que realice campañas de información a la población, como medida preventiva contra las enfermedades alérgicas respiratorias y se esté en posibilidad de evitar la automedicación.

Nota:

1 http://pulsoslp.com.mx/2014/11/28/reporta-issste-alza-en-enfermedades-respirato rias/#sthash.1dMtvtCv.dpuf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

DIFUNDAN LOS DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LAS POLITICAS INSTRUMENTADAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CONSUMIDORES PROBLEMATICOS DEL PAIS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa, en su calidad de presidenta de la Conadic, y al comisionado nacional contra las Adicciones, a difundir los datos relativos a los resultados de las políticas instauradas para garantizar el derecho a la salud, el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores problemáticos del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 11 de noviembre de 2014, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como al Comisionado Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, para que difundan los datos relativos a los resultados de las políticas instrumentadas para garantizar el derecho a la salud, tratamiento y rehabilitación de los consumidores problemáticos del país.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Se exhorta a la doctora Mercedes Juan López, presidenta de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), así como al doctor Manuel Mondragón y Kalb, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, a que hagan públicos los datos que en la comparecencia que ya se ha tramitado ante la Junta de Coordinación Política, así como a la junta directiva de la Comisión de Salud de ésta Cámara de Diputados, para conocer los resultados de las políticas que han sido instrumentadas para cumplir con la obligación Constitucional de garantizar el derecho a la salud y por tanto brindar tratamiento y rehabilitación a los consumidores problemáticos del país.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El abuso de substancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se presenta tanto a nivel nacional como internacional.

Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones de nuestro país.

Asimismo, y con el fin de brindar una mejor atención a la prevención y tratamiento a las adicciones en 2011 se crearon la Comisión Nacional Contra las Adicciones, Conadic, entidad que tiene a su cargo la elaboración y vigilancia de las políticas públicas, la coordinación intersectorial y la observancia de los compromisos internacionales y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, Cenadic, cuyo propósito es propiciar la calidad de los servicios de atención y tratamiento de las adicciones.

Para el caso de México según la Encuesta Nacional de Adicciones, entre 2003 y 2012 han fallecido 31 mil 905 personas por trastornos mentales y del comportamiento por consumo de sustancias sicotrópicas. Así también se muestra que más del 50 por ciento de los fumadores de mariguana son menores de edad y que cada vez se empieza a consumir cocaína y crack a una edad más temprana.

Tercera. A nivel mundial la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que el consumo de drogas sigue causando un daño considerable, reflejado en la pérdida de vidas valiosas y años productivos de muchas personas. En 2012 se informó de un total aproximado de 183 mil muertes relacionadas con las drogas (margen de variación: 95 mil a 226 mil). Esa cifra se corresponde con una tasa de mortalidad de 40.0 (margen de variación: 20.8 a 49.3) muertes por millón en la población de entre 15 y 64 años. Aunque ese cálculo es inferior al de 2011, dicha reducción puede atribuirse al número menor de fallecimientos que indicaron algunos países de Asia.

A nivel mundial, se calcula que en 2012 entre 162 y 324 millones de personas, es decir del 3.5 por ciento al 7.0 por ciento de la población de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita, principalmente sustancias del grupo del cannabis, los opioides, la cocaína o los estimulantes de tipo anfetamínico.

Cuarta. Con fecha de 27 de octubre de 2014 el doctor Manuel Mondragón y Kalb tomó posesión formalmente de la Comisión Nacional Contra las Adicciones. En ese sentido fue convocado con fecha de 6 de noviembre por el diputado federal Fernando Belaunzarán Méndez a través de la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados a fin de mostrar los resultados de la política que se instrumentan en el país para atender los problemas de salud derivados del consumo de problemático de estupefacientes, así como conocer todo lo relativo al tratamiento y rehabilitación de las personas que padecen ésta enfermedad.

Con fecha 10 de noviembre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el oficio JCP/SACAMF/0460/1011214 determina solicitarle al doctor Manuel Mondragón y Kalb una reunión de trabajo en su calidad de comisionado nacional Contra las Adicciones a fin de atender el asunto en cuestión.

Con fecha 13 de noviembre de 2014 se le solicita al doctor Mondragón a través de la junta directiva de la Comisión de Salud, una reunión de trabajo, la cual fue llevada a cabo el miércoles 26 de noviembre a las 17:00 en la sala 3 del edificio I de la Cámara de Diputados.

En dicha reunión de trabajo, los diputados presentes cuestionaron al comisionado doctor Mondragón sobre la importancia de sensibilizar y desarrollar la conciencia de la población para ser partícipes en las políticas públicas establecidas por el estado para controlar el problema de las personas adictas.

El comisionado indicó que las instituciones públicas de educación deben garantizar que en los espacios educativos se instruya a los niños y jóvenes para evitar el consumo de sustancias nocivas, ya que en los últimos años la edad poblacional que mayor consume pertenece a estos grupos. Así bien se consideró la importancia de la participación de los gobiernos estatales y locales para concientizar y prevenir la adicción a las sustancias nocivas.

Quinta. Se considera según las estimaciones de la Encuesta Nacional de las Adicciones el problema latente del consumo problemático de sustancias nocivas con una tendencia hacia cada vez mayor para los jóvenes y niños. Esto mismo fue expuesto por el doctor Mondragón en la reunión de trabajo celebrada en la Cámara de Diputados. Ahora bien, el proponente indica que los datos presentados por el comisionado deben ser presentados públicamente, cuestión que no genera ningún inconveniente para ser dictaminada a favor por ésta Comisión de Salud, en ese sentido queda a disposición del pleno lo siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta a la doctora Mercedes Juan López, presidenta de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como al doctor Manuel Mondragón y Kalb, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, a que hagan públicos los datos que en la comparecencia que ya se ha tramitado ante la Junta de Coordinación Política, así como a la junta directiva de la Comisión de Salud de ésta Cámara de Diputados, para conocer los resultados de las políticas que han sido instrumentadas para cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud y por tanto brindar tratamiento y rehabilitación a los consumidores problemáticos del país.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

IMPLEMENTE DIVERSAS ACCIONES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Ssa a implantar diversas acciones con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con puntos de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 13 de noviembre del 2014, el diputado Astudillo Suárez Ricardo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que implemente diversas acciones con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición, se turnara a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con puntos de acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello, la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud, en este mismo sentido se implementen acciones encaminadas a concientizar a los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanzar una mejor calidad de vida.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

Diabetes de tipo 1

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir con el conocimiento actual.

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita.

Diabetes de tipo 2

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90 por ciento de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones.

Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños.

Diabetes gestacional

La diabetes gestacional es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta por vez primera durante el embarazo.

Sus síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 2, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiera síntomas.

Tercera. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes, cifras que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se habrá más que duplicado. Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes. Casi el 80 por ciento de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos bajos o medios.

Cuarta. La población en México de personas con diabetes fluctúa entre los 6.5 y los 10 millones y ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en ambos sexos con más de 70 mil muertes y 400 mil casos nuevos anuales.Cada dos horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes.De cada 100 pacientes con diabetes, 14 presenta alguna complicación renal. El 30 por ciento de los problemas de pie diabético termina en amputación. De cada cinco pacientes con diabetes, 2 desarrollan ceguera y problemas cardiovasculares.

Quinta.Los datos de la Ensanut 2012 arrojan que del total de diabéticos diagnosticados, 14.2 por ciento (poco más de 900 mil), dijeron no haber acudido al médico para el control de la diabetes en los 12 meses previos a la entrevista, es decir, se puede considerar que no se encuentran en tratamiento y por lo tanto están retrasando acciones de prevención de complicaciones.

Sexta. Es importante mencionar que la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, lanzaron una campaña para el periodo 2009-2013, llamada: “Educación y la Prevención de la Diabetes”.  Dicha campaña se dirige a través de cuatro objetivos:

1. Todos los gobiernos deben implementar estrategias y políticas efectivas para la prevención y el control de la diabetes.

2. Todas las personas con diabetes deben recibir educación basada en evidencia que les ayude a controlar la diabetes.

3. Todo el mundo debe conocer los signos de alerta de la diabetes, cómo prevenir y retrasar las complicaciones, y qué acciones deben adoptar para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2.

4. Todos los países deben celebrar el Día Mundial de la Diabetes.

Séptima. Esta comisión considera que el punto de acuerdo en estudio es viable, toda vez que la diabetes representa uno de los principales problemas de salud pública, ya que durante las últimas décadas el número de personas que la padecen se ha incrementado y actualmente figura entre las primeras causas de muerte en el país, ante ello es indispensable que el gobierno federal refuerce los mecanismos implementados hacia la prevención y control de dicho padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello, la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente acciones encaminadas a concientizar a los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanzar una mejor calidad de vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

IMPULSAR EL AUMENTO DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA EN EL PAIS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 6 de noviembre de 2014 la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Gupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo relativo a impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país.

Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública y de los gobiernos de los entidades federativas, a los integrantes del sistema nacional de salud, así como a las universidades públicas y privadas, en pleno respeto a la autonomía en éstas; para que de manera coordinada, revisen a fondo las políticas en materia de salud y educativas, a fin de impulsar de manera fundamental y planificada la formación de calidad y en número suficiente de médicos y enfermeras en el país, con condiciones dignas de estudio y/o trabajo, cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, como elemento indispensable para hacer realidad el derecho humano a la salud a favor de todos los mexicanos.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Ley General de Salud establece en el artículo 3o., que será materia de salubridad general, la promoción de la formación de recursos humanos para la salud.

En este mismo sentido, el artículo 6o., fracción VI, menciona que el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus principales objetivos impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud.

Tercera. Por otra parte el artículo 7o. fracción XI y XII de la misma ley, establece que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud, así como también coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente con las prioridades del Sistema Nacional de Salud.

Cuarta. La Ley General de Salud establece es su Capitulo III denominado “Formación, capacitación y actualización del personal” lo siguiente:

Artículo 89. Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades sanitarias y con la participación de las instituciones de educación superior, recomendarán normas y criterios para la formación de recursos humanos para la salud.

Las autoridades sanitarias, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia corresponda a las autoridades educativas y en coordinación con ellas, así como con la participación de las instituciones de salud, establecerán las normas y criterios para la capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud.

Artículo 90. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;

III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros, y

IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes o técnicas.

Artículo 91. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, coadyuvarán con las autoridades e instituciones educativas, cuando éstas lo soliciten, en:

I. El señalamiento de los requisitos para la apertura y funcionamiento de instituciones dedicadas a la formación de recursos humanos para la salud, en los diferentes niveles académicos y técnicos, y

II. En la definición del perfil de los profesionales para la salud en sus etapas de formación.

Artículo 92. Las Secretarías de Salud, y de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas estatales de salud y de los programas educativos.

Artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud.

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos.

Artículo 94. Cada institución de salud, con base en las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud establecerá las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos para la salud.

Artículo 95. Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.

Quinta. La OMS estima que los países con menos de 23 profesionales de atención de salud (incluidos únicamente médicos, enfermeras y parteras) por cada 10 mil habitantes, probablemente no alcancen las tasas de cobertura adecuadas para las intervenciones clave de atención primaria de salud que son prioritarias en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sexta. La salud, pese a ser un derecho fundamental desde el punto de vista constitucional, es todavía un logro difícil de cristalizar para nuestra población. Y, en contraste con el crecimiento económico evidenciado en nuestro país en las últimas décadas, aún somos testigos de una gran carga de enfermedad ligada con la pobreza y condiciones sanitarias no justificables. Si bien es cierto que la infraestructura, disponibilidad de insumos y accesibilidad a los servicios de salud y fármacos son componentes fundamentales para brindar una atención sanitaria adecuada, el recurso humano en salud sigue siendo un elemento de extraordinaria importancia para garantizar una atención de calidad. Lamentablemente, este ha sido un aspecto generalmente poco considerado. Los salarios insuficientes, las condiciones laborales inapropiadas, la falta de acceso a la información, corrupción y la falta de reconocimiento, son factores que inciden en la motivación de muchos trabajadores.

Séptima. Esta realidad, a la que se enfrenta el personal de salud en la actualidad, ha sido abordada en el informe sobre la Salud en el Mundo 2006 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que se hace una profunda reflexión sobre el valor del capital humano en una industria de servicios como es la atención de la salud, en la que los trabajadores sanitarios personifican los valores esenciales del sistema: curan y atienden a las personas, alivian el dolor y el sufrimiento, previenen enfermedades y mitigan los riesgos; siendo el vínculo humano entre el conocimiento y la acción sanitaria.

En este informe la OMS también hace énfasis en la necesidad de que las personas tengan acceso a profesionales sanitarios motivados, calificados y bien respaldados; considerándola como una necesidad inmediata para reducir las desigualdades de salud en el mundo; alertando a los países sobre una inminente crisis de personal de salud en los años venideros si no se tomas las medidas pertinentes.

Derivado de que los datos sobre los recursos disponibles para los sistemas de salud son esenciales para que los gobiernos puedan determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades relacionadas con la salud de la población, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación Pública y, de los gobiernos de los entidades federativas, a los integrantes del sistema nacional de salud, así como a las universidades públicas y privadas, en pleno respeto a la autonomía en éstas; para que de manera coordinada, revisen a fondo las políticas en materia de salud y educativas, a fin de impulsar de manera fundamental y planificada la formación de calidad y en número suficiente de médicos y enfermeras en el país, con condiciones dignas de estudio y o trabajo, cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, como elemento indispensable para hacer realidad el derecho humano a la salud a favor de todos los mexicanos.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

PREVENCION Y ATENCION NEONATAL, A FIN DE ELIMINAR LAS CAUSAS DE MORTALIDAD ENTRE NEONATOS PREMATUROS EN MEXICO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa a promover y vigilar las acciones y medidas de prevención y atención neonatal para eliminar las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 6 de noviembre de 2014, Leslie Pantoja Hernández y Mario Alberto Dávila Delgado, diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentaron un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover y vigilar las acciones y medidas de prevención y atención neonatal a fin de eliminar las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnase a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para el estudio y dictamen correspondientes.

II. Contenido

El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover y vigilar entre las instituciones de salud que forman parte del Sistema Nacional de Salud las acciones y medidas de prevención y atención neonatal necesarias para eliminar las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México, con especial énfasis en las complicaciones respiratorias que pudieran sufrir como consecuencia de haber nacido antes de las 37 semanas de gestación.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los instrumentos y las acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo éste uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.De acuerdo con el Banco Mundial, la tasa de mortalidad neonatal es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar 28 días de edad, determinado por el índice de mortalidad neonatal el cual está constituido a través de la división entre la cantidad de muertes en recién nacidos por cada mil nacimientos con vida. Con este índice, las cifras revelan para el caso de México lo siguiente:

En 2010, el valor del índice fue de 8; cayó y se mantuvo constante en 7 para 2011, 2012 y 2013.

Tercera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 210 millones de mujeres se embarazan cada año y que 529 mil mueren a raíz de complicaciones asociadas. En el periodo inmediatamente posterior al parto, las sepsis y hemorragias son la causa más común de muerte materna. De estas muertes maternales, 99 por ciento ocurre en países en desarrollo. De la misma manera, 99 por ciento de las 4 millones de muertes estimadas de neonatos ocurre en países en desarrollo. Las infecciones severas causan más de un tercio de las muertes. Éstas no siempre se registran de manera adecuada; sin embargo, los cuadros más comunes son sepsis, neumonía, tétano y diarrea.

Para el caso de los nacimientos prematuros, la OMS indica que en el mundo nacen aproximadamente 15 millones de niños que no cumplieron 37 semanas de gestación en el vientre materno, recalcando que estos casos van en aumento. En ese sentido, mueren cada año más de 1 millón de bebés debido a las complicaciones en el parto. Así bien se considera que este tipo de nacimiento es la principal causa de mortalidad entre los recién nacidos y la segundo causa de muerte en niños menores de 5 años, sólo por debajo de la neumonía.

Para esto, la OMS indica que este tipo de fallecimientos pueden evitarse con las intervenciones actuales, eficaces y con muy bajo costo, incluso sin la necesidad de recurrir a cuidados intensivos. Por otro lado, en los 184 países analizados por la OMS, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre 5 y 18 por ciento de los recién nacidos.

Cuarta. También en México constituye la primera causa de muerte y explica la mitad de las defunciones infantiles. A pesar de ello, su tendencia ha disminuido durante los últimos diez años, ya que entre 2000 y 2010 se ha registrado 26 por ciento de muertes menos (de 19 mil 394 a 14 mil 337), a pesar de que no ha variado su peso relativo respecto al total. Entre las causas directas que conforman este grupo se encuentran, en orden de importancia, la dificultad respiratoria del recién nacido (4 mil 11 defunciones), la sepsis bacteriana (2 mil 663), los trastornos relacionados con la corta duración de la gestación y con el bajo peso al nacer (mil 268), la asfixia del nacimiento (mil 123) y la neumonía congénita (892). La tasa de mortalidad infantil por esta causa, en 2010, se ubica en 746 muertes por cada cien mil nacimientos.

Quinta. Siendo una de las principales causas de muerte para los recién nacidos y un peligro latente para las madres, la Ley General de Salud contempla lo siguiente en materia de atención materno-infantil:

Artículo 61. El objeto del presente capítulo son la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, posparto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados; y

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Por tanto, hay entonces certeza jurídica para la protección de la salud y la atención oportuna de los nacimientos prematuros, así como de la madre.

Sexta. Por otro lado, existe la aplicación y atención reglamentaria establecida en la Norma Oficial Mexicana 034 para la prevención y control de los defectos de nacimiento la cual señala que los defectos al nacimiento son un conjunto de patologías que alteran la estructura anatómica, la fisiología de la misma, los procesos del metabolismo y del crecimiento y desarrollo de los fetos y neonatos. Algunos de estos defectos pueden ser prevenibles, diagnosticados y manejados oportunamente; esta última acción permite ofrecer a la madre atención con calidad al momento de la resolución obstétrica y, al neonato, posibilidades de una mejor condición de vida.

En los últimos años, los logros obtenidos en el campo de la genética y del diagnóstico prenatal han tenido gran trascendencia, y se orientan a proporcionar la detección temprana de alteraciones fetales o complicaciones maternas que colocan en riesgo al binomio madre-hijo, así como a plantear estrategias dirigidas a reducir el riesgo de recurrencia.

En esta norma oficial mexicana se incluyen los principales defectos prevenibles o susceptibles de diagnóstico temprano, así como las medidas de prevención y control que puedan tener un impacto epidemiológico prioritario en las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal durante un periodo no mayor de cinco años.

Séptima. La OMS indica que el nacimiento prematuro es la principal causa de muerte para los recién nacidos, lo mismo para el caso de México, siendo las dificultades respiratorias la principal causa. Aun así, el número de muertes ha disminuido, sin embargo, el nacimiento prematuro ha aumentado en términos relativos. Por otro lado, se modifica el acuerdo del proponente, pues la Comisión de Salud considera que según los datos mencionados es imposible eliminar por completo las causas de mortalidad entre neonatos por cuestiones exógenas, así bien el término correcto sería mitigar el efecto con la probabilidad de disminuirlo. Por tanto, la aprobación de esta comisión dictaminadora sería a favor con modificaciones, quedando de la siguiente manera:

Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover y vigilar, entre las instituciones de salud que forman parte del Sistema Nacional de Salud, las acciones y medidas de prevención y atención neonatal necesarias para mitigar las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México, con especial énfasis en las complicaciones respiratorias que pudieran sufrir como consecuencia de haber nacido antes de las 37 semanas de gestación.

Notas:

1 Level & Trends in Child Mortality. Report 2011. Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNICEF, WHO, World Bank, UN Desa, UNPD).

2 Organización Mundial de la Salud, nota descriptiva número 363, noviembre de 2013.

3 Principales causas de mortalidad infantil en México: tendencias recientes. Sonia B. Fernández Cantón, Gonzalo Gutiérrez Trujillo, Ricardo Viguri Uribe, 2012: 2.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

SITUACION QUE GUARDA EL HOSPITAL GENERAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la situación que guarda el hospital general de Cuetzalan del Progreso, Puebla

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 13 de noviembre de 2014, Zuleyma Huidobro González, Ricardo Monreal Ávila e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron punto de acuerdo ente el pleno de la Cámara de Diputados para exhortar a la Secretaría de Salud a realizar en el ámbito de su competencia las investigaciones correspondientes respecto a la operación, la planificación y el servicio del hospital regional de Cuetzalan del Progreso.

Asimismo, exhortan al gobierno de Puebla a dotar de recursos humanos, técnicos y materiales al hospital regional de Cuetzalan del Progreso a fin de que pueda prestar de manera eficiente y óptima los servicios para los que fue creado.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para el estudio y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno de Puebla a informar a esta soberanía sobre la situación que guarda el hospital general de Cuetzalan del Progreso para que, en el ámbito de su competencia, realicen las investigaciones correspondientes respecto a la operación, la planificación y el servicio de dicho hospital.

Asimismo, para que en dicho hospital doten de recursos humanos, técnicos y materiales necesarios al hospital regional de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a fin de que pueda prestar de manera eficiente y óptima los servicios para los que fue creado.

IV. Consideraciones

Primera: El artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de todos los mexicanos a la protección a la salud y de manera más reciente la obligación a cumplimentar el ejercicio progresivo de los derechos humanos, la fragmentación del sistema de salud no ha permitido el ejercicio universal e igualitario de este derecho persistiendo entre la población brechas de desigualdad.

Para que avancemos en la construcción de un sistema que se enfoque en los derechos humanos, se requiere de una mayor precisión jurídica del concepto de protección de la salud y sus alcances en los términos de las obligaciones y responsabilidades, bajo un contexto unificado y sin segmentación de los prestadores, para los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Actualmente, los problemas de salud a escala nacional afectan de manera considerable a los grupos más desprotegidos de la población mexicana. El gran desinterés de las autoridades encargadas de velar por el derecho a la salud, es la difícil situación por la que atraviesan los pobladores de Cuetzalan, Puebla, pues se construyó un elefante blanco, inoperante e ineficiente.

Es evidente la falta de planeación y omisión por el gobierno del estado, no sólo por el sobreprecio con que se adquirió dicho hospital sino, también, por las negligencias en su construcción, ya que dicho inmueble se edificó en un terreno pantanoso lo que lo convierte en una bomba de tiempo tanto para los trabajadores como para los pacientes ante su evidente fragilidad.

Existe la posibilidad de que el hospital sea causante de un daño ecológico en la comunidad, al carecer de un sistema de drenaje, así como de tratamiento de aguas residuales, así mismo no solo son los únicos servicios de los que carece, pues difícilmente tienen acceso a otros como lo son agua potable, electricidad, vitales para el correcto desarrollo de las actividades del hospital.

Tercera. La gran problemática que enfrentan en el hospital es la falta de especialistas de las cuatro ramas básicas de la medicina: cirugía, pediatría, medicina interna y ginecoobstetricia, ya que es sumamente grave, así como plazas para enfermeras, laboratoristas, personal administrativo, de cocina, lavandería e intendencia.

Cuarta. Se trata de un hospital que atiende a muchísimos habitantes de aproximadamente 150 comunidades indígenas de la región, incluso del Estado de Veracruz, ya que se trasladan hasta Cuetzalan para recibir la atención médica de forma gratuita.

Se considera que es un tema que se tiene que atender, a efecto de que ciudadanos de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, en especial de las comunidades de Puebla y Veracruz no se vean afectadas por la falta de servicios y atención médica en tan importante institución hospitalaria, ya que es una realidad que en nuestro país no se tenga acceso para regular a los servicios básicos de salud y, por ende, los ciudadanos tengan que recurrir a servicios privados a los cuales en ocasiones es imposible acceder.

Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a realizar en el ámbito de su competencia las investigaciones correspondientes respecto a la operación, la planificación y el servicio del hospital regional de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Puebla a dotar de recursos humanos, técnicos y materiales al hospital regional de Cuetzalan del Progreso a fin de que pueda prestar de manera eficiente y óptima los servicios para los que fue creado.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

REFORMULACION DEL ABORDAJE DE LA FIBROMIALGIA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la reformulación del abordaje de la fibromialgia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 30 de septiembre de 2014, el diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, ambos diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron un punto de acuerdo relativo a la reformulación del abordaje de la fibromialgia.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Se exhorta al titular del Ejecutivo a implementar, mediante sus secretarías, las políticas necesarias para establecer programas y nuevos esquemas sociales y educativos para garantizar los derechos de los enfermos de fibromialgia, encefalomielitis miálgica-Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, y emprender campañas para dar mayor difusión e informar a la población respecto a dichas enfermedades.

Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a implementar programas que erradiquen la discriminación hacia los enfermos de fibromialgia, encefalomielitis miálgica-Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple.

Se exhorta a la Secretaría de Salud para conformar un consenso multidisciplinario integrado por expertos nacionales y extranjeros para garantizar la protocolización de la atención, tratamiento, investigación biomédica progresista, formación de especialistas, creación de unidades especializadas para poder contener y, en su caso, mitigar los daños verificados en esta patología.

Se exhorta a la Secretaría de Salud para que dentro de su reglamento se reconozca la fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple como enfermedades que generan invalidez permanente absoluta y estén armonizadas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que México ha ratificado.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La fibromialgia es una enfermedad que atrofia las zonas musculares y articulares, causante de intensos dolores generalizados, en ese sentido, también es considerada como un síndrome que se manifiesta a través de un estado doloroso crónico generalizado no articular, con afección de los músculos y que presenta una exagerada sensibilidad en múltiples puntos definidos, sin alteraciones orgánicas demostrables.

El Síndrome de Fibromialgia es un trastorno de los mecanismos de percepción del dolor que condicionan a una hiperalgesia a estímulos mecánicos. Los criterios diagnósticos incluyen la existencia de 11 o más de 18 puntos sensibles (definidos como dolor moderado o grave) en presencia de un dolor generalizado de más de tres meses de evolución. Es también considerada como una enfermedad idiopática, puesto que se desconoce su causa o proviene de una irrupción espontánea.

Tercera. Una de las cuestiones más importantes a considerar es que la fibromialgia sea reconocida como una enfermedad. Revisando la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud en su versión tercera, emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), efectivamente se encontró que la fibromialgia está considerada como una enfermedad en la clasificación M79.7. Además también fue reconocida en 1994 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) y clasificada con el código x33x8a.

Cuarta. De acuerdo con la Investigación realizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) en México 9 de cada 10 pacientes con fibromialgia son mujeres y las principales causas son expuestas a través de la disfunción del sistema nervioso central. Éste, después de un golpe, provoca cambios que causan un desbalance entre las vías prodolor y antidolor, de tal manera que las vías prodolor se fortalecen mucho y las antidolor se debilitan. Esto genera que estímulos muy pequeños que no debería de doler, provocan dolor y es causa común el síndrome de intestino irritable, migrañas, dolor lumbar, entre otros”.

Lo síntomas son los siguientes:

• Dolor crónico generalizado

• Insomnio y cuando duermen no descansan

• Fatiga

• Rigidez matutina

• Cambios en el estado de ánimo con tendencia a la depresión

• Dolor de cabeza

• Periodos menstruales dolorosos

• Sensación de hormigueo o adormecimiento en las manos y los pies

• Falta de memoria o dificultad para recordar

Quinta. Es preciso señalar que la enfermedad, al ser considerada como obstaculizadora para realizar algunas actividades de la vida cotidiana, repercute en las relaciones sociales, sobre todo en el ámbito familiar y laboral, por lo cual, el rendimiento a la productividad cae considerablemente y por ende el ingreso, esto considerando que el tratamiento de la enfermedad sea en función de la medicación o procedimientos terapéuticos tal y como indica la Cenetec.

Por otro lado, los profesionales de la salud considerados para dar tratamiento a la enfermedad son los siguientes: Médicos familiares, médicos internistas, reumatólogos, geriatría, medicina física y rehabilitación (Cenetec, 2009). Sin embargo, la afección y sus consecuencias ameritan mayor especialización y calificación de la fuerza laboral en salud, de modo tal que se dé prioridad a la investigación para determinar las posibles causas de la enfermedad.

Sexta.Dentro de la Ley General de Salud, se desprende el artículo 27 el cual considera los servicios básicos para la protección de la salud.

“III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.”

Asimismo en el capítulo 2 referente a la atención médica se expresa lo siguiente:

“ Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud.

...

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.”

Al no conocer las causas fundamentales de la enfermedad y considerándose como un trastorno musculoesquelético y neuropsiquiátrico, la OMS no la considera como una enfermedad contagiosa. La hipótesis conduce a que son problemas asociados con la genética, psicosomáticos, ambientales. En ese sentido, puede estar catalogada dentro de la Ley General de Salud como una enfermedad no trasmisible, señalando lo siguiente:

“ Artículo 158. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.

Artículo 159. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate:

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la evaluación del riesgo de contraerlas;

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento;

IV. La realización de estudios epidemiológicos, y

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia Secretaría, y

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.”

Séptima. La OMS considera a la fibromialgia como una enfermedad desde 1992 según la CIE con el código M79.7, sin embargo, para el caso de México ésta ha sido relativamente poco analizada y estudiada, ya que no existe suficiente evidencia que ayude a dilucidar el problema. Los pacientes que sufren fibromialgia tienden a excluirse de las relaciones sociales y las actividades económicas, provocando marginación y bajos con ingresos con costos de tratamiento y rehabilitación altos. En ese sentido, los integrantes de esta comisión no ven ningún inconveniente para aprobar en sentido positivo con modificaciones, ya que se contiene sobre el acuerdo único, todas las disposiciones de tratamiento y resolución del problema planteado por el proponente.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo a implementar, mediante sus secretarías, las políticas necesarias para establecer programas y nuevos esquemas sociales y educativos para garantizar los derechos de los enfermos de fibromialgia, encefalomielitis miálgica-Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, y emprender campañas para dar mayor difusión e informar a la población respecto a dichas enfermedades.

Notas:

1. Fundación Mexicana para la Fibromialgia A.C.

2. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Tercera Edición del 2008.

3. Diagnóstico y tratamiento de fibromialgia en el adulto, CENETEC 2009

4. Asociación Mexicana de Fibromialgia y Fatiga Crónica A.C.  (AMEFFAC)

Palacio Legislativo, a los 10 días del mes de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

ATENCION Y ACCESO PARA TRATAR LA PROBLEMATICA DE LAS ENFERMEDADES RARAS EN MEXICO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa a implantar medidas específicas en materia de atención y acceso para para tratar la problemática de las enfermedades raras en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 y 73 constitucionales, lo establecido en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló el trabajo de análisis, estudio y dictamen conforme los siguientes lineamientos:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la proposición”, se exponen los objetivos del exhorto y se hace una descripción que resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 30 de octubre de 2014, los diputados Francisco Javier Fernández Clamont y Rosalba Gualito Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Mario Dávila Delgado e Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Eva Diego Cruz y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; Ruth Zavaleta Salgado y Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, presentaron la proposición con punto de acuerdo a través de la cual exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud para que implemente medidas específicas en materia de atención y acceso para tratar las problemáticas de las enfermedades raras en México.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Exhortar a la Secretaría de Salud para que implante políticas públicas específicas en materia de enfermedades raras mismas que se harán de conocimiento de la Cámara de Diputados.

De igual modo, señala que se fomente la disponibilidad de medicamentos huérfanos permitiendo que éstos cuenten con acceso preferencial al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.

Finalmente, considera que la Secretaría de Salud tome las medidas necesarias para que los medicamentos huérfanos sean asequibles a la población.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta Constitución.

En torno a los preceptos establecidos en la Carta Magna deben girar las normas jurídicas de todo el sistema mexicano; para el caso concreto, el mandato constitucional de protección a la salud la consagra como un bien jurídico tutelado que es menester vigilar por todos los órganos que integran el Estado mexicano.

Franz von Liszt señala que todo interés respecto de un bien proviene de la vida, y debe ser consagrado en el orden jurídico y social, ya que todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la comunidad+.

En ese orden de ideas la salud como un bien jurídico, su protección, garantía y acceso es una responsabilidad de procuración compartida entre el gobierno, la sociedad y el individuo

Segunda. De acuerdo con datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, se encuentran registradas entre siete y ocho mil tipos de enfermedades denominadas raras o de baja prevalencia que afectan a un significativo número de la población mundial cuyos síntomas y orígenes, son mayormente desconocidos y requieren tratamientos específicos.

Este mismo organismo internacional estima que los padecimientos de esta naturaleza afectan a un porcentaje del 7 por ciento alrededor del mundo cuyos orígenes son, en su mayoría, genéticos donde los síntomas pueden observarse desde la infancia, no obstante más del 50 por ciento de los pacientes con enfermedades de baja prevalencia son diagnosticados hasta la edad adulta.

La OMS considera que parte de la complejidad de estos padecimientos estriba si en la baja prevalencia pero además en el diagnóstico toda vez que entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico suele transcurrir un período de entre 5 y 10 años con las consecuentes circunstancias adversas para los pacientes que van desde no recibir un tratamiento adecuado, no tener acceso a un tratamiento, provocar el agravamiento de la enfermedad y hasta la muerte.

Tercera. En México entre el 6 y 8 por ciento de la población se encuentra afectada por un padecimiento de esta naturaleza. Este sector poblacional requiere ser apoyado a través del suministro de medicamentos denominados “huérfanos”, lo que representa una circunstancia impostergable de atender no sólo para garantizar una mejor calidad de vida sino para preservarla entre quienes padecen una enfermedad rara.

Por otra parte la Ley General de Salud establece:

Artículo 224 Bis. Medicamentos huérfanos: A los medicamentos que estén destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes.

Artículo 224 Bis 1. La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.

Al cobijo de esta legislación, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud tiene la obligación de implementar las medidas necesarias para que los pacientes con enfermedades raras tengan acceso a un tratamiento que garantice su salud.

No obstante, en nuestro contexto acceder a un medicamento huérfano complica las ya de por sí adversas circunstancias de atención para los pacientes con una enfermedad de baja prevalencia.

De acuerdo con el portal Orphanet, los medicamentos huérfanos van dirigidos a tratar afecciones tan infrecuentes que se complica su proceso de distribución y comercialización lo que deriva en la falta de acceso que compromete severamente la vida de los pacientes.

De esta forma, el acceso al cuidado sanitario se vuelve cada vez más lejano para un paciente diagnosticado con una enfermedad rara bajo un esquema que limita el suministro de medicamentos especiales en el Sistema de Salud.

Cuarta. Si bien la Carta Magna establece como una garantía el derecho a la protección de la salud, también establece en su Artículo 1º párrafo Tercero el prohibir toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social y condiciones de salud entre otros factores.

Siguiendo los preceptos establecidos en la Constitución Mexicana, resulta imperativo que las autoridades competentes promuevan estrategias dirigidas a la cobertura integral para los pacientes con enfermedades raras en el país, toda vez que se garantiza la no discriminación contra los ciudadanos mexicanos.

En este sentido, más de un ciudadano ve vulnerada esta garantía cuando el sistema de salud no considera ni siquiera medidas especiales para garantizar, cuando menos, un diagnóstico oportuno.

Bajo este orden de ideas, el Sistema de Salud Pública tiene como prerrogativa coadyuvar y no constituir un obstáculo para el acceso a los servicios óptimos, diagnóstico y tratamiento al que la población tiene derecho y donde es menester incluir al sector que en México vive con una enfermedad rara.

Quinta. Asimismo, por la complejidad que caracteriza estos padecimientos, y en función del alto costo que implican los tratamientos que constituyen para estos pacientes un soporte de vida, es preciso que la población afectada cuente con el apoyo del Estado Mexicano en una situación que provoca gastos catastróficos, ya que la ausencia de esta asistencia pone en peligro su vida.

A esto se compromete el Estado en su norma máxima como lo es la Constitución pero además también ha sido un compromiso ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas por interlocución de la Organización Mundial de la Salud, donde se han suscrito convenios que garantizan la salud como un derecho fundamental del ser humano.

Por lo tanto, el sistema mexicano sustentado en su orden jurídico pero además comprometido ante organismos internacionales tiene la responsabilidad de garantizar una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

Sexta. La Ley General de Salud en su Artículo 1º establece la obligación regular el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia en términos de operatividad de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Asimismo, este ordenamiento estipula la responsabilidad del Estado para fomentar y asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos para la salud. De igual modo, establece  la obligación de las autoridades competentes en la materia para brindar atención médica integral de carácter preventivo, curativo, paliativo y de rehabilitación así como de garantizar el acceso igualitario a toda la población para recibir la atención médica que requiera.

En este sentido, es menester implementar políticas públicas específicas dirigidas al sector de la población mexicana que padece algún tipo de enfermedad rara o de baja prevalencia donde se considere como prioridad el derecho a un diagnóstico y tratamiento adecuados a las necesidades de cada paciente.

Séptima. Durante los últimos años en nuestro país no se han registrado inclusiones en materia de medicamentos huérfanos en Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, insumos imprescindibles para brindar tratamiento y atención oportuna en pacientes con enfermedades raras o de baja prevalencia.

Por esta razón, las políticas públicas a cargo del sector competente deben incluir un reforzamiento a los cauces institucionales para que el Consejo de Salubridad General valore la necesidad respecto de la inclusión de medicamentos huérfanos y establezca así un acceso preferencial a los mismos, toda vez que por sus particularidades de registro y administración es necesario garantizar su disponibilidad permanente de tal modo que las instituciones de salud puedan suministrarlos ante casos necesarios presentados por sus derechohabientes.

Octava. De acuerdo con lo difundido por el Gobierno Federal en los dos recientes informes así como por lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se define como prioridad de esta administración garantizar el acceso universal a los servicios de salud.

Con base en lo anterior y adicional a la implementación de acciones necesarias que aseguren estos objetivos, tienen que considerarse los sectores poblacionales que padecen enfermedades de baja prevalencia de manera particular, en el sentido de que las autoridades competentes también garanticen para ellos el acceso a servicios de salud a cabalidad, atención oportuna e insumos conforme sus necesidades.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que conforme a lo establecido por el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud, implemente políticas públicas específicas en materia de enfermedades raras, mismas que se harán del conocimiento de la Cámara de Diputados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que conforme a lo establecido en el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud, fomente la disponibilidad de medicamentos huérfanos, permitiendo que estos cuenten con acceso preferencial al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, siempre y cuando cumplan con las normativas aplicables por el Consejo de Salubridad General.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que conforme a lo establecido en el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud, tome las medidas necesarias para que los medicamentos huérfanos sean asequibles para la población.

Notas:

1 Von Liszt Franz “Tratado de derecho penal”, traducido por Luis Jiménez de Asúa,  Ed  Reus, Madrid, 1992, tomo II.

2 www.orpha.net. Consulta realizada el 28 de noviembre de 2014.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO CLINICO PARA PACIENTES CON VIH/SIDA Y CO-INFECCION POR ENFERMEDADES DE TRANSMISION AEREA”, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS “DOCTOR ISMAEL COSIO VILLEGAS”

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la titular de la Ssa a difundir las causas de que se encuentre detenida la obra del proyecto Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para Pacientes con VIH/Sida y Coinfección por Enfermedades de Transmisión Aérea, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Doctor Ismael Cosío Villegas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Ssa, para que difunda las causas por las que se encuentra detenida la obra del proyecto denominado “construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/sida y coinfección por enfermedades de transmisión aérea”, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Ismael Cosío Villegas”.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Mercedes Juan López para que haga del conocimiento público las causas por la que se encuentra detenida la obra del proyecto denominado “Construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/sida y coinfección por enfermedades de transmisión aérea”, para la atención clínica científica de pacientes en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Doctor Ismael Cosío Villegas”, por tratarse de un proyecto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, mismo que contó con la autorización de recursos del Fondo de Protección contra gastos catastróficos-industria tabacalera por 7.5 millones de pesos. Infraestructura y de instalaciones médicas necesarias que garanticen la contención de agentes infecciosos y la bioseguridad del hospital.

III. Consideraciones

Primera.El acceso a la información es pública, así lo determina el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se expresa lo siguiente:

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es publica y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinara los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

...

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicaran, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Así bien, existe la plena garantía a través de la ley suprema constitucional el acceso a la información de la utilización de recursos públicos para la implementación de programas en cualquiera de los ámbitos de gobierno.

Segunda.Por otro lado, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental permite establecer los principales lineamientos sobre los cuales se determinarán las características del derecho al acceso a la información:

Artículo 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.

En el artículo 3o. de la misma ley se constituye la definición de los documentos que serán establecidos como públicos, sin agraviar lo establecido por la fracción VI del mismo artículo:

III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

En esta misma ley se establecen las obligaciones a las cuales estarán sujetas los organismos públicos que utilicen recursos públicos.

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

...

VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;

...

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;

Tercera. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) Ismael Cosío Villegas es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud, que tiene por objeto principal en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, cuyo ámbito de competencia es todo el territorio nacional.

En la siguiente imagen extraída de la página web del instituto se muestra el esquema orgánico establecido por jerarquías y líneas de mando.

Asimismo, en la siguiente tabla la cual es extraída del informe de labores 2013 se muestra en función del Clasificador por Objeto del Gasto por conceptos la distribución del gasto ejercido para el 2012 y el 2013.

Se muestra que para el capítulo 6000 correspondiente a “Inversión Pública” presenta un subejercicio por 112 mil 291.7 pesos, de los cuales 112 mil 155.4 pesos corresponden a recursos provenientes de fideicomisos del sistema de protección social en salud conforme se van ejerciendo al avance de la obra ejecutada del proyecto de construcción de la unidad de investigación  en enfermedades infecciosas y crónico degenerativas y 136.3 pesos de recursos no captados.

En ese sentido, se muestran 2 proyectos de inversión en infraestructura los cuales corresponden a “Construcción y Equipamiento de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico Degenerativas”  y “Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC”, los cuales son representados en el siguiente cuadro:

Sin embargo, de acuerdo con la explicación del proponente, en ninguna parte del informe de actividades del 2013 presentadas por el INER no menciona el gasto ejercido en el programa “Construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea” el cual fue aprobado por el comité técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del INER.

Cuarta. El acceso a la información pública es un derecho ciudadano para medir y evaluar la efectividad del gasto público en las instituciones gubernamentales. Por tratarse de un proyecto público de inversión en infraestructura, sin transgresión de los artículos referentes a la protección de datos personales y demás, la Comisión de Salud considera que los elementos anteriormente mostrados sirven de base para la aprobación del punto de acuerdo del proponente en donde se muestre la situación por la cual no se ha continuado con la construcción de la obra. Asimismo, los integrantes de ésta comisión dictaminadora dan su aprobación en sentido positivo con modificaciones a esta proposición sometiendo a consideración del pleno lo siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Mercedes Juan López, a informar a esta soberanía del estado que guarda el proyecto denominado “Construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/sida y coinfección por enfermedades de transmisión aérea”, para la atención clínica científica de pacientes en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Doctor Ismael Cosío Villegas”.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCION DE TURISMO MEDICO, A FAVOR DE DIVERSOS MUNICIPIOS UBICADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL PAIS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Turismo a reforzar las acciones de promoción de turismo médico en favor de diversos municipios de la frontera norte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 25 de noviembre de 2014, la Diputada Adriana Fuentes Téllez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó Punto de Acuerdo  por el que se exhorta a las secretarías de Salud y de Turismo, para que refuercen las acciones de promoción de turismo médico, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido

La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud, y de Turismo, con la finalidad de que se refuercen las acciones de promoción de turismo en salud, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Ley General de Salud es explícita en relación a la protección social en salud que garantiza el derecho de los mexicanos a recibir este beneficio sin importar su condición social.

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

...

Así bien, para incrementar y mejorar la calidad en la prestación de servicios del sector salud se estipula lo siguiente:

Artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este título.

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

La acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar, al menos, los aspectos siguientes:

I. Prestaciones orientadas a la prevención y el fomento del autocuidado de la salud;

II. Aplicación de exámenes preventivos;

III. Programación de citas para consultas;

IV. Atención personalizada;

V. Integración de expedientes clínicos;

VI. Continuidad de cuidados mediante mecanismos de referencia y contrarreferencia;

VII. Prescripción y surtimiento de medicamentos, y

VIII. Información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico, así como del otorgamiento de orientación terapéutica.

Tercera. En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) se establece como uno de los objetivos fundamentales asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, a través de la creación y fortalecimiento de redes de servicios integrales, sustentadas en un modelo de atención primaria más homologado y resolutivo, para mejorar el acceso efectivo con calidad.

Además, la Organización Mundial de la Salud ha convocado a todos los países a la mejora de la calidad de la atención como la principal vía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entendiendo esta mejora como todo proceso o herramienta dirigida a reducir la brecha a nivel sistémico y organizacional bajo los principios básicos de la calidad, que incluyen la atención centrada en la persona, la mejora continua de los procesos y la seguridad del paciente como prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de salud.

En seguimiento a este llamado, las prioridades señaladas son materia sustantiva de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, que en conjunto con las principales instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, han generado desde hace más de 13 años, políticas nacionales en materia de calidad en salud que han sentado las bases de una cultura de calidad en los servicios de salud.

Cuarta. La promoción de la calidad de los establecimientos que ofrecen servicios de salud, mejora la imagen del sector salud en el país. Así mismo es importante señalar la correlación que realiza el proponente con respecto al turismo y el ofrecimiento de mejores prestaciones de calidad en los servicios de salud, sobre todo por la derrama económica que esto puede generar al externalizar el beneficio.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la llamada industria de turismo de salud, en donde unos 7 millones de personas al año viajan fuera de su país de origen en busca de tratamientos médicos y operaciones quirúrgicas, dentales, oftalmológicas y hasta estéticas o cosméticas, atraídas por tecnología avanzada, enfoques científicos de vanguardia, calidad en el servicio y sobre todo menores costos.

Así también, en el boletín 294/2013 de la Secretaría de Turismo indica que México es líder en turismo de salud comprendiendo tres principales líneas de acción:

1. La configuración de una oferta integral de turismo de salud que permita contar con productos exportables de Turismo Médico y de Bienestar.

2. El fortalecimiento de la imagen de México como proveedor de servicios de Turismo de Salud mediante campañas que promuevan al país como un destino atractivo y competitivo.

3. La generación de un sistema de información e intercambio de conocimiento de la industria que permita contar con estadísticas confiables para medir el flujo y el impacto económico del turismo de salud en el país, así como el intercambio de mejores prácticas.

El impacto económico de la industria del Turismo de Salud en el mundo registra tasas de crecimiento de hasta el 20 por ciento anual. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, tiene un valor entre los 40 mil millones y los 60 mil millones de dólares al año.

Por su parte, la Global Spa & Wellness Summit calcula el valor global de la industria del Turismo de Bienestar, en 438 mil millones de dólares.

Quinta. En México existen un millón de turistas que buscan servicios de salud, la mayoría estadunidenses de origen hispano y provenientes de los estados de California, Arizona y Texas, lo cuales colindan con las ciudades de la frontera norte del país, esto es el punto clave de la propuesta del proponente.

La razón principal por la cual hay una gran cantidad de turismo en salud en el país es el precio de los factores. En el caso de México, los pacientes de Estados Unidos y Canadá llegan a pagar entre 36 y hasta 89 por ciento menos por operaciones y tratamientos médicos que van desde cirugías estéticas de nariz (rinoplastia) hasta remplazos de cadera o de válvula cardiaca, principalmente en Nuevo León, las Baja Californias, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán.

Por otro lado, el principal motivo por el cual se promueve el fortalecimiento de las acciones para desarrollar el turismo de salud en la frontera norte, es por la cercanía relativa en términos geográficos con Estados Unidos y el gran desarrollo económico de éstos que se dio después de la apertura comercial del TLCAN.

Sin embargo, la preocupante detonación de la inseguridad en la frontera norte termina por socavar los avances en materia de turismo que se tuvieron en los estados colindantes con los Estados Unidos. Así bien, siendo la situación geográfica un factor para el desarrollo de ésta actividad turística en materia de salud, los integrantes de la Comisión de Salud consideramos conveniente aprobar en sentido positivo el punto de acuerdo, por 3 razones 1. Explotar el factor geográfico de la frontera norte 2. Aprovechar el desarrollo tecnológico en materia de capital humano y físico que se tiene en el área salud. 3. Incentivar el desarrollo de otras actividades para generar derrama económica.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno lo siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud, y de Turismo con la finalidad de que se refuercen las acciones de promoción de turismo en salud, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país.

Nota:

1 Secretaria de Salud; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud, para el ejercicio fiscal 2014.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

DETECCION TEMPRANA DE CUALQUIER ALTERACION A LA SALUD, PRINCIPALMENTE DE LOS PADECIMIENTOS RELACIONADOS AL CANCER DE MAMA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la titular de la Ssa a diseñar y ejecutar instrumentos de toma de conciencia respecto a la importancia de las acciones preventivas que permitan la detección temprana de cualquier modificación de la salud, principalmente de los padecimientos relativos al cáncer de mama

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Proposición con Punto de Acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 21 de octubre 2014, los diputados Arturo Escobar y Vega, Rubén Acosta Montoya, Héctor Narcia Álvarez, Ricardo Astudillo, Suárez. Ernesto Núñez Aguilar, Enrique Aubry de Castro Palomino, Nabor Ochoa López, Felipe Arturo Camarena García, Javier Orozco Gómez, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Carla Alicia Padilla Ramos, Antonio Cuéllar Steffan, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Mónica García de la Fuente, Rosa Elba Pérez Hernández, Ana Lilia Garza Cadena, David Pérez Tejada Padilla, Mario Francisco Guillén Guillén, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Federico José González Luna Bueno, Tomás Torres Mercado, Lourdes Adriana López Moreno, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Laura Ximena Martel Cantú, Martha Edith Vital Vera, Gabriela Medrano Galindo, Ruth Zavaleta Salgado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa, a diseñar y ejecutar instrumentos de concienciación  sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar de manera temprana cualquier alteración de la Salud, principalmente padecimientos relacionados con el cáncer de mama.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente Proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Señalan los diputados proponentes en el punto de acuerdo objeto del presente dictamen lo siguiente:

1. El cáncer de mama, es entendido como un tumor maligno que invade los tejidos de la mama, dentro de los principales tipos de cáncer de mama, se encuentra el inicial, considerado como el menos invasivo y con un alto porcentaje de ser curable; el invasivo, definido como aquel que se ha diseminado más allá de los conductos y ha llegado al tejido circundante y ganglios linfáticos contiguos y, por último, el metastásico, aquel que se ha diseminado a otras regiones del organismo, como ganglios linfáticos distantes, huesos, pulmones, hígado o cerebro.

2. A nivel mundial, este padecimiento es responsable de un número importante de muertes, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2030, la tasa de mortalidad aumentará a 13.1 millones.

3. Datos del Inegi señalan que de cada 100 mil mujeres de 25 años y más, el 15.81 por ciento padecen cáncer mamario; al respecto la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), señala que el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país y estima que cada año se detectan 128 mil casos nuevos.

4. Hasta la fecha se desconoce con certeza cuales son los factores que producen el cáncer, sin embargo, lo que si está bien definido son los factores predisponentes, tales como la edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto y antecedentes genéticos con esta enfermedad.

5. El aumento constante de la mortalidad por este cáncer durante las últimas décadas, ha llevado a estudiar a fondo diversos métodos de detección oportuna con la finalidad de contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad.

6. Sin embargo, aún nos seguimos enfrentando a la negativa de las mujeres, principalmente, a asistir a una exploración médica, elevando con ello la posibilidad de detectar tardíamente un padecimiento como éste.

7. Sumado a lo anterior, debemos asumir una realidad propia de nuestro país, pues incluso la Organización Mundial de la Salud señala que la mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, debido a la falta de concientización sobre la detección temprana y las dificultades para acceder a los servicios de salud.

8. Se estableció el 19 de octubre de cada año, como el Día Mundial del Cáncer de Mama; precisamente con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los alcances de esta enfermedad, la necesidad de su detección y su impacto en la población; pues sirve de paso aclarar, que si bien dicho padecimiento tiene mayor incidencia en las mujeres, ello no es exclusivo de género, pues los hombres también pueden padecerlo.

9. Son muchas las estrategias vislumbradas, algunas ya se implementan exitosamente, pues sin duda la finalidad primaria es la detección de los signos y síntomas iniciales que permitan disminuir e incluso erradicar los casos de cáncer avanzado con pocas o nulas posibilidades de cura; sin embargo, habrá mucho más que hacer pues, siempre que existan casos de cáncer de mama avanzados, habrá la oportunidad de diseñar más y mejores programas de atención que saque del peligro de padecer dicha enfermedad a las mujeres y hombres de nuestro país.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Ley General de Salud, en el artículo 6º, establece  que el Sistema Nacional de Salud tiene como uno de sus objetivos el de proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Tercera. El cáncer de mama es actualmente el cáncer más frecuente y el de mayor mortalidad entre las mujeres del mundo. El número de fallecimientos por esta causa se ha duplicado en 22 años, y afecta tanto a los países industrializados como a los menos desarrollados. El panorama epidemiológico de esta patología en la población mexicana se transformó en los últimos 50 años y el cáncer mamario ha pasado a ser un problema de salud pública. Sus principales factores de riesgo conocidos están asociados a la exposición prolongada a estrógenos, son indicadores de estilos de vida y patrones reproductivos, y por esto resultan difíciles de modificar. Reducir la mortalidad requiere, entonces, mejorar la detección temprana y las estrategias de tratamiento.

Cuarta. En 2003 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, que abre la posibilidad para un programa de escrutinio poblacional que instrumente el uso de las mamografías como herramienta de detección.

También establece que la población de 20 años y más debe realizarse la autoexploración; a partir de los 25 años, una exploración clínica anual por un profesional de la salud (médico o enfermera capacitados); de los 40 a 69 años una mastografía cada dos años; y en las de 70 años y más, mastografías de seguimiento en las mujeres con antecedentes de cáncer de mama o bien por indicación médica.

Quinta. Sin embargo, en México, el cáncer de mama constituye a partir de 2006, la primera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres mayores de 25 años de edad con más de 4 mil defunciones registradas y una tasa de mortalidad de 15.8 fallecimientos por cien mil mujeres, lo que representa un incremento de 9.7 por ciento en relación con el año 2000.

Las defunciones en números absolutos, continúan en ascenso. En seis años han aumentado 28.5%, al pasar de 3455 en el año 2000, a 4461 en 2006, lo anterior significa que en promedio fallecieron 12 mexicanas por día, es decir, una cada dos horas.

Sexta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje, pero si es de diagnóstico temprano, por lo que se deben instrumentar programas de educación a la población dirigidos a sensibilizar a la mujer sobre la importancia de conocer las características normales de sus mamas y demandar atención médica si descubre anormalidades, enfatizando que únicamente la mastografía reduce las tasas de mortalidad por este tumor.

Los estudios sobre la autoexploración y la exploración clínica de la mama y su impacto en la mortalidad no ha sido consistente por lo que el tamizaje del cáncer de mama se dirige a mujeres sanas y asintomáticas, por lo que es una obligación ética de los servicios de salud proporcionar información equilibrada, honesta, adecuada, veraz, basada en evidencias, accesible, respetuosa y adaptada a las necesidades individuales, presentada de una manera apropiada e imparcial que permita la decisión completamente informada sobre participar o no en la detección.

Séptima. Desde la perspectiva de la salud pública la disminución de la prevalencia de factores de riesgo en la comunidad, implicados en la causalidad del cáncer, puede tener un impacto significativo en la disminución de la morbilidad y la mortalidad,

Octava. Por lo anterior, deben incluirse campañas de comunicación y educación a la población que favorezcan hábitos de vida saludables para reducir el riesgo de cáncer de mama, estos incluyen la alimentación adecuada y el ejercicio físico, evitar el sobrepeso y la obesidad, así como el consumo excesivo de alcohol.

Pese a los avances en equidad de género que han ocurrido en algunos sectores de la población, se ha documentado que existen grupos o familias donde las decisiones para que una mujer tenga acceso a la detección, diagnóstico o tratamiento del cáncer dependen del hombre, en detrimento de la salud y bienestar de la mujer.

Bajo este contexto, es indispensable aplicar el concepto de equidad de género de la salud, ya que ambos sexos deben tener la misma oportunidad de gozar de las condiciones de vida y servicios que le permitan estar en buena salud, sin enfermar, discapacitarse o morir por causas que son injustas y evitables como es el cáncer de mama.

Novena. Para concluir cabe mencionar que en el hombre también se encuentra el cáncer de mama en proporciones muy baja, 1 por 100,  con factores de riesgo como hepatopatías, enfermedades que aumentan los niveles de estrógenos circulantes, algunos casos de carcinoma prostático tratados con hormonas y en personas expuestas a radiaciones ionizantes. El incremento del uso de sustancias para mejorar el rendimiento físico en gimnasios y actividades deportivas puede ser otra causa de ginecomastia. Este cáncer es tratado mediante mastectomía radical en cualquiera de sus estadios.

Décima. En ese sentido, esta comisión coincide plenamente con la proposición planteada, ya que si bien existen políticas y programas que actualmente atienden la detección temprana del cáncer de mama es evidente que debido a la gran problemática, que enfrenta nuestro país en la materia se deben redoblar esfuerzos, con una atenta planificación sostenible que garantice la coordinación, continuidad y calidad de las intervenciones de este padecimiento.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que diseñe y ejecute mecanismos eficientes y permanentes de concientización y prevención, que permitan la detección temprana del cáncer de mama, asimismo resulta indispensable que se impulsen campañas informativas que incluyan a los hombres.

Notas:

1 Detección del cáncer de mama: estado de la mamografía en México. María Esther Brand y Yolanda Villaseñor Navarro Edc. (2006)

2 Ver 7.1 de la NOM-041-SSA2-2002 vigente.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

DIFUSION QUE GARANTICEN LA CONCIENTIZACION A LA POBLACION, SOBRE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Educación Pública a establecer acciones de difusión que garanticen la toma de conciencia entre los pobladores sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 25 de noviembre de 2014, el diputado Aubry de Castro Palomino Enrique presentó Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarias de Salud y de Educación Pública, para que implementen diversas acciones de difusión que garanticen la concientización a la población, sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a diseñar e implantar con la de Educación Pública instrumentos eficientes de difusión de información que garantice la concienciación de la población sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus fatales consecuencias, así como los medios preventivos de ésta, haciendo especial hincapié en el sector poblacional con mayor presencia en la adicción al tabaco, así como en los estudiantes de educación secundaria, el sector de la población más susceptible de incidir en dicha adicción, como principal causa de la EPOC.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a impulsar con las autoridades e instituciones que considere pertinentes campañas dirigidas a las personas fumadoras, cuya finalidad es crear conciencia sobre las afectaciones a los fumadores pasivos, exhortando al consumo responsable de tabaco

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Se comprende también que en la Ley General de Salud, lo siguiente en materia de salubridad general.

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

...

XX. El programa contra el tabaquismo;

...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

...

También se considera lo siguiente en la Ley General para el Control del Tabaco.

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco;

II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco;

III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco;

...

V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores;

VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco;

VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo;

VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus emisiones, y

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Considerando que la adicción al tabaco representa un 80% del total de las EPOC el proponente indica que es necesario hacer conciencia con respecto al consumo del tabaco.

En este sentido se muestra lo siguiente de la misma Ley:

Artículo 7. La aplicación de esta Ley estará a cargo de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República y otras autoridades competentes.

Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de productos del tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos vulnerables.

Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá los lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa contra el Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud;

II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los padecimientos originados por él;

|III. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar al interior de los espacios libres de humo de tabaco que establezca esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

IV. La elaboración periódica de un programa de seguimiento y evaluación de metas y logros del Programa contra el Tabaquismo que incluya al menos las conductas relacionadas al tabaco y su impacto en la salud;

V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones terapéuticas que ayuden a dejar de fumar combinadas con consejería y otras intervenciones, y

VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del tabaco.

De esta manera se establecerán las políticas necesarias de acción y promoción contra la adicción al tabaco para evitar que la población, en este caso la más vulnerable o propensa, padezca de enfermedades relacionadas con el tabaquismo como lo es la EPOC.

Tercera.En términos de reglamentación y operatividad para contener las enfermedades pulmonares (EPOC) se encuentra la NORMA Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, en la cual, tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Cuarta.La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por un bloqueo persistente del flujo de aire. Se trata de una enfermedad subdiagnosticada y potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es totalmente reversible. Los términos bronquitis crónica y enfisema están obsoletos, quedando englobados en el diagnóstico de EPOC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la principal causa de la EPOC es el humo del tabaco (fumadores activos y pasivos).

En la actualidad, afecta casi por igual a ambos sexos, en parte debido al aumento del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de ingresos elevados.

La EPOC no es curable, pero el tratamiento puede retrasar su progresión. Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos, y en particular la exposición al humo del tabaco, las muertes por EPOC aumenten en más de un 30% en los próximos 10 años.

Quinta. En México y países como Nepal, Nueva Guinea y Colombia, la exposición al humo de leña es también causa de EPOC. La inhalación en el ambiente laboral de polvos, gases, humos y sustancias químicas constituyen otros factores de riesgo.

En Estados Unidos el 19% de los pacientes con EPOC tenían una exposición laboral. Las industrias más frecuentes son las manufactureras como la del caucho, plástico, piel, de la construcción, fábricas textiles, fuerzas armadas y la elaboración de productos alimenticios.

Sexta.El tabaquismo y su adicción son considerados como un problema de salud pública, mismo que ocasiona la proliferación de EPOC. Los grupos vulnerables son los más jóvenes, ya que el consumo se ha extendido en los últimos años a este sector de la población sin distinción de género. Por tal motivo es fundamental implementar estrategias que sirvan para concientizar a la población sobre las afectaciones de la adicción al tabaco y sus consecuencias. En este sentido, el punto de acuerdo del proponente se dictamina en sentido positivo.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno lo siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a diseñar e implantar con la de Educación Pública instrumentos eficientes de difusión de información que garantice la concienciación de la población sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus fatales consecuencias, así como los medios preventivos de ésta, haciendo especial hincapié en el sector poblacional con mayor presencia en la adicción al tabaco, así como en los estudiantes de educación secundaria, el sector de la población más susceptible de incidir en dicha adicción, como principal causa de la EPOC.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a impulsar con las autoridades e instituciones que considere pertinentes campañas dirigidas a las personas fumadoras, cuya finalidad es crear conciencia sobre las afectaciones a los fumadores pasivos, exhortando al consumo responsable de tabaco.

Nota:

1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Nota descriptiva N°315  Octubre de 2014

Palacio Legislativo, a los 10 días del mes de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

IMPLEMENTE ACCIONES PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LOS DESPACHADORES DE GASOLINA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Conapred a establecer acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnado para su correspondiente análisis y dictamen el expediente número 5331, que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, a implantar acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina, presentada por el diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI.

Esta comisión dictaminadora con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 87, 157, numeral 1, fracción 1, 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen con base en la siguiente

Metodología

Esta comisión, responsable del análisis y dictamen del punto de acuerdo que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno de esta comisión para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el apartado titulado “Contenido” se resume el objetivo del punto de acuerdo turnado por la Mesa Directiva.

III. En el apartado “Consideraciones” las y los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. En la parte de “Impacto presupuestario” se incluye una valoración del posible impacto por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Antecedentes

Primero. Con fecha 28 de octubre de 2014 se presentó en el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a implantar acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina, por parte del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI.

Segundo. Con fecha 28 de octubre de 2014 dicho punto de acuerdo fue turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, mediante oficio número DGPL 62-II-4-1818.

Contenido

Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implantar acciones a fin de prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina, por medio de incluir en sus programas la atención al personal de las gasolineras para conocer su situación salarial y laboral.

Lo que se propone es proteger a uno de los gremios de trabajadores más vulnerables del país, como lo son las personas que laboran en las gasolineras como despachadores, quienes tienen jornadas de labores injustas, poco retribuidas, carecen de seguridad social, prima de riesgo y pocas oportunidades de capacitación. El proponente considera que este grupo sufre de marginación extrema.

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con el proponente en que las personas que laboran en las gas0lineras como despachadores son uno de los gremios de trabajadores más vulnerables del país. Sin embargo, en el debate dentro de la comisión se presentó una posición que considera que no se configura la discriminación como tal, es decir, no es discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o el estado civil.

Por supuesto estos trabajadores sufren condiciones de desigualdad frente a otros trabajadores mexicanos, que tienen que ser atendidas con urgencia, ya que se afectan sus derechos laborales ven ese sentido, el Estado tiene la obligación de procurar que los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados.

Entonces, estamos frente a una situación que atenta contra la dignidad humana, una actividad que menoscaba los derechos y libertades de las personas, tal como lo establece el artículo primero constitucional:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por esta razón es procedente el punto de acuerdo, en tanto al objetivo de resolver las injustas condiciones en que laboran los despachadores de las gasolineras, eliminar distinciones o exclusiones laborales arbitrarias, que están prohibidas por el principio de igualdad y no discriminación.

Segunda. Las diputadas y los diputados de la comisión presentamos este dictamen en sentido positivo, pero no consideramos que el Conapred sea la instancia indicada para indagar cuáles son las jornadas a que están sometidos estos trabajadores, en qué condiciones higiénicas desempeñan su trabajo, si tienen algún apoyo para alimentación y vivienda, seguridad social, oportunidades de educación y capacitación.

Sí procede la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que se atienda si son respetados sus derechos humanos. En específico la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación le da como objeto al Consejo, en su artículo 17, llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional.

De la misma manera, la ley la faculta a intervenir en este asunto, ya que el artículo 9, fracción IV, define como discriminación el establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, y en la fracción XIII, aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana;

El artículo 20, fracción XXIV puntualiza que el Conapred debe verificar que los poderes públicos federales e instituciones y organismos privados, adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación.

También señalamos que artículo 73 de la ley en comento, faculta al Consejo para efectuar la investigación a que se refiere el proponente, por medio de:

I. Solicitar a las autoridades o particulares a los que se atribuyen los hechos motivo de queja la remisión de informes complementarios y documentos relacionados con el asunto materia de la investigación;

II. Solicitar a otras personas físicas o morales, personas servidoras públicas o poderes públicos federales que puedan tener relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes o documentos vinculados con el asunto.

Para realizar la investigación no será impedimento el carácter confidencial o reservado de la información, sin embargo, el Consejo deberá manejar ésta en la más estricta confidencialidad y con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

III. Practicar inspecciones en el o los lugares en que se presume ocurrieron los hechos, así como en los archivos de particulares, de las autoridades, personas servidoras públicas o entidad de los poderes públicos imputados. En su caso, se asistirá de personal técnico o profesional especializado;

Tercera. En este caso existe violación de los derechos humanos y laborales, por lo que debe exhortarse al Instituto Mexicano del Seguro Social para que en el uso de sus facultades de verificación y comprobación investigue acerca de la situación laboral, salarial, riesgos de trabajo, seguro de vida, licencias de maternidad, guarderías, retiro por cesantía por edad avanzada, invalidez, condiciones de seguridad social en general que les corresponden cumplir a los concesionarios de Pemex.

Cuarta. El Estado tiene la obligación de procurar que los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados, por lo que esta comisión considera oportuno exhortar también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en uso de sus facultades de verificación y comprobación revisen la situación fiscal y pago de impuestos de las gasolineras concesionadas por Pemex.

Lo anterior debido a que, en general, al momento de la prestación de un servicio personal subordinado se causa el impuesto sobre ingresos por salarios, situación que debe regularizarse en la gasolineras, para resolver la situación de desigualdad planteada por el proponente, como para que la autoridad pueda incrementar sus porcentajes de recaudación, que finalmente repercute en el bienestar social de nuestro México.

Impacto presupuestario

De conformidad con lo previsto en el artículo 85, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, un dictamen debe incluir, en su caso, una valoración de impacto presupuestal, por lo que se solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dicha valoración.

Dicho centro remitió como respuesta que la implementación de acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina, no tendría impacto presupuestario alguno, pues esta se realizaría como parte de la función principal que el Conapred debe llevar a cabo, por lo que ya existen recursos provisionados para el cumplimiento de este precepto.

Lo antes descrito fue considerado, estudiado y valorado por los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, quienes se han pronunciado a favor de la propuesta con modificaciones, para ser sometida a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno esta honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implantar acciones, a fin de prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que verifique la situación laboral y seguridad social de los despachadores de gasolina.

Tercero. Se exhorta respetuosamente Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en uso de sus facultades de verificación y comprobación revisen la situación fiscal, pago y o entero de impuestos de las gasolineras concesionadas por Pemex.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, María Esther Garza Moreno, Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo.»

INTENSIFICAR LAS ACCIONES EN LA REPARACION DE LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Cafupe a intensificar las acciones de reparación en la autopista Tijuana-Ensenada

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se hace un atento llamado al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), licenciado Benito Neme Sastré, a que se intensifiquen las acciones en la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada y a la mayor brevedad posible se restablezca de forma segura por esta ruta, la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT y suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de octubre de 2014, el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT y suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, presentó proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se hace un atento llamado al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), licenciado Benito Neme Sastré, a que se intensifiquen las acciones en la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada y a la mayor brevedad posible se restablezca de forma segura por esta ruta, la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El proponente expone que parte importante de la red carretera del estado de Baja California es la autopista que conecta a la ciudad de Tijuana con la ciudad de Ensenada, teniendo gran importancia por sus actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

El pasado 26 de diciembre, a consecuencia de un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter, que tuvo su epicentro en la zona de Camalú, a 70 kilómetros de Ensenada, en esta importante vía se presentó un desnivel de apenas 30 centímetros, pero, para el día 28 del mismo mes, lo que originalmente era un pequeño desnivel en el kilómetro 93+500 se convirtió en un hundimiento de más de 40 metros de profundidad y 300 metros de largo.

El autor de la proposición expresa que las reparaciones de la mencionada carretera ya comenzaron, pero que éstas han sido lentas y su finalización se ha ido retrasando. Al comienzo de las obras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que sería reabierta el próximo 15 de septiembre, pero días antes de llegar a esta fecha, Capufe, organismo público descentralizado del gobierno federal, encargado de los caminos y puentes de cuota, anunció que la apertura se dará hasta mayo de 2015.

Comenta que la ciudad de Ensenada no está incomunicada, ya que existen alternativas para trasladarse desde Tijuana a esta ciudad portuaria, sin embargo estas rutas alternas presentan inconvenientes, el tráfico ligero puede optar por la carretera libre Tijuana-Ensenada, que es de menor calidad que la autopista afectada, al tráfico pesado, es decir, los camiones con cargas superiores a las tres toneladas se les hace ir por la carretera federal (Tecate-Ensenada).

Pero esta solución plantea problemas, pues como se mencionó, la carretera libre es de calidad inferior, lo que repercute en el tiempo y seguridad de los viajeros. Por otra parte, desviar el tráfico pesado hacia la ciudad de Tecate, Baja California, crea problemas serios en esta población, además de hacer el viaje de las mercancías más largo y por lo mismo más costoso.

Por lo tanto el cierre de la autopista Tijuana–Ensenada, repercute desfavorablemente en lo social y en lo económico. En lo social merma la calidad de vida de los habitantes de Tijuana y Ensenada, ya sea para los que por distintos motivos se trasladan de una ciudad a otra, o los que tienen que adquirir productos a un precio más alto por el aumento en los costos de traslado de las mercancías, sin olvidar que los turistas tienen mayor dificultad en acceder desde el norte a Ensenada y esto repercute seriamente en la economía de un importante número de habitantes. En lo económico, el cierre de la carretera se traduce en mermas millonarias, en el sector turístico, los hoteleros han reportado una baja en su ocupación de 20 por ciento, y se estima que sus pérdidas rondan alrededor de los 100 millones de dólares, con la consecuente caída en las divisas que entran a nuestro país y que no sólo afectan a Baja California, sino a todo México.

El diputado menciona, que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada estima que las mermas económicas ascienden a 750 mil pesos diarios, tan sólo en el traslado de mercancías y los transportistas calculan que sus pérdidas económicas van de 20 a 25 por ciento con respecto al año pasado.

Por todo lo anterior presentó la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, licenciado Benito Neme Sastré, a que se intensifiquen las acciones en la reparación de la autopista escénica Tijuana-Ensenada, y a la brevedad posible se restablezca de forma segura por esta ruta la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora coincide con el diputado proponente Jaime Bonilla Valdez, respecto a que se intensifiquen las acciones en la reparación de la autopista escénica Tijuana-Ensenada así como que a la brevedad se restablezca de forma segura por esta ruta la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California. Por ver que dicha carretera era de gran utilidad y después del sismo quedó devastada al igual que por leer algunas noticias en periódicos del 29 de diciembre de 2013, en donde comentan que dicho incidente del colapso en la carretera escénica Ensenada-Tijuana es dramático, debido a que por los 300 metros desplomados de la carretera ésta quedó inutilizable, cerrando el tránsito de norte a sur desde La Fonda y de sur a norte desde el entronque con la carretera libre Ensenada-Tijuana, en donde la recomendación general para los conductores era circular por la carretera libre Ensenada-Tijuana debido a que la de cuota estaba completamente clausurada, esto genera un grave problema porque además de que el viaje es más largo por lo mismo representa más costo.

Es importante comentar que la información proporcionada por el CCE de Ensenada respecto a las pérdidas económicas de 750 mil pesos diarios, y pérdidas económicas de los transportistas por el traslado de sus mercancías de 20 a 25 por ciento con respecto al año pasado, son de transcendental importancia para el estado de Baja California; debido a tal colapso de dicha carretera escénica, impacta de forma negativa en los factores social y económico.

El artículo 23 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal establece que:

“No podrán ejecutarse trabajos de construcción o reconstrucción en los caminos y puentes concesionados, sin la previa aprobación por la secretaría, de los planos, memoria descriptiva y demás documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo precedente, los trabajos de urgencia y de mantenimiento que sean necesarios para la conservación y buen funcionamiento del camino concesionado.

Para los trabajos de urgencia, la secretaría indicará los lineamientos para su realización. Una vez pasada la urgencia, será obligación del concesionario la realización de los trabajos definitivos que se ajustarán a las condiciones del proyecto aprobado por la secretaría.”

En su párrafo segundo menciona que debe darse un trabajo de mantenimiento que sea necesario para la conservación y buen funcionamiento del camino concesionado.

Por otro lado el decreto de fecha 24 de noviembre de 1993 que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en su artículo primero fracción II establece que:

“Artículo Primero. El organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, creado por decreto del Ejecutivo federal de 27 de junio de 1963, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y año, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, tendrá por objeto:

II. Llevar a cabo por sí o a través de terceros, la conservación, reconstrucción y mejoramiento de dichas vías con cargo a su patrimonio.”

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes emiten el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, licenciado Benito Neme Sastré, a que se intensifiquen las acciones en la reparación de la autopista escénica Tijuana-Ensenada, y a la brevedad posible se restablezca de forma segura por esta ruta la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 11 diciembre de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero, José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

PREVENCION, DETECCION TEMPRANA, CURACION Y TRATAMIENTO PALIATIVO DEL CANCER, ESPECIALMENTE DEL CANCER DE PROSTATA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a realizar y emitir por distintas dependencias lineamientos específicos para la prevención, la detección temprana, la curación y el tratamiento paliativo del cáncer, especialmente el de próstata

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 29 de octubre 2014, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar y emitir por distintas dependencias lineamientos específicos para la prevención, la detección temprana, la curación y el tratamiento paliativo del cáncer, especialmente de próstata

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 27 de noviembre 2014, la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar y emitir por distintas dependencias lineamientos específicos para la prevención, la detección temprana, la curación y el tratamiento paliativo del cáncer, especialmente de próstata.

4. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Señala la diputada proponente en el Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen lo siguiente:

1. Según la Unión Internacional contra el Cáncer, UICC, tiene en el cáncer la tercera causa de muerte y estima que cada año se detectan 128 mil casos nuevos, basado en datos de la Secretaría de Salud, Ssa, particularmente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, SPPS.

2. Que según dio a conocer la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.

3. Que para 2008, el cáncer de próstata se colocó como el tipo de cáncer de mayor prevalencia en todo el país, según cifras de Globocan.

4. Que lo grave del cáncer de próstata radica en que entre el 70 y 80 por ciento de los pacientes buscan tratamiento en etapas avanzadas, ya que es una enfermedad silenciosa que no muestra manifestaciones en sus inicios.

5. Que el programa surge luego de identificar que en las primeras etapas de la enfermedad, el cáncer se limita a la próstata y no suele ser mortal; las acciones de detección oportuna son una herramienta que permite incorporar al paciente al tratamiento radical a tiempo, e impide la progresión de la enfermedad.

6. Prevenir o retardar la aparición de cáncer de próstata, mediante acciones de promoción de la salud, la detección y el tratamiento oportuno de la enfermedad, con el propósito de disminuir la mortalidad por esta causa y elevar la calidad de vida en los pacientes con hipertrofia prostática y cáncer de próstata.

Es necesario captar la atención de la población masculina realizando una serie de actividades, un símil con las campañas contra el cáncer de mama, iniciando con acciones fuertes de información y creación de conciencia.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Ley General de Salud, en el artículo 6o., establece que el Sistema Nacional de Salud tiene como uno de sus objetivos el de “proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas”.

Tercera. El cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más frecuente del varón mayor de 50 años. El promedio de vida del mexicano en el año 2008 fue de 75 años, con lo que aumenta la incidencia y la mortalidad por cáncer de próstata, representa la primera causa de muerte (en el hombre) por cáncer en México con una tasa de mortalidad de 13 por 100 mil habitantes (0.0132). 70 por ciento de los pacientes fallece en su casa. Los principales factores de riesgo son la herencia, raza, dieta con alto contenido en grasas animales. Una de las complicaciones frecuentes son las metástasis Oseas. 25 por ciento de los casos son asintomáticos.

A partir de la década de 1980 con la introducción del antígeno prostático específico se ha logrado diagnosticarlo en etapas más tempranas.

Cuarta. La OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo especializado que depende de ella, colaboran con otras organizaciones de las Naciones Unidas y asociados con el fin de:

• aumentar el compromiso político con la prevención y el control del cáncer;

• coordinar y llevar a cabo investigaciones sobre las causas del cáncer y los mecanismos de la carcinogénesis en el ser humano;

• elaborar estrategias científicas de prevención y control del cáncer;

• generar y divulgar conocimientos para facilitar la aplicación de métodos de control del cáncer basados en datos científicos;

• elaborar normas e instrumentos para orientar la planificación y la ejecución de las intervenciones de prevención, detección temprana, tratamiento y atención;

• facilitar la formación de amplias redes mundiales, regionales y nacionales de asociados y expertos en el control del cáncer;

• fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales para que presten servicios asistenciales y curativos a los pacientes con cáncer;

• prestar asistencia técnica para la transferencia rápida y eficaz de las prácticas óptimas a los países en desarrollo.

Quinta. En ese sentido, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 es el instrumento mediante el cual el gobierno de la República formula las estrategias y acciones con las que se propone alcanzar los objetivos que en materia de salud se han establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como documento sectorial rector, el cual establece como una de sus estrategias consolidar la promoción, la protección de la salud y la prevención de las enfermedades, particularmente para reducir el impacto negativo de las conductas y hábitos no saludables.

Asimismo, contempla la Estrategia 2.5. Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata.

Sexta. Esta comisión sensible con el tema y en aras de aportar medidas sobre la problemática del cáncer de próstata y fomentar la prevención y el cuidado de la salud realizó el foro El cáncer en el hombre: impacto social e importancia de la investigación de soluciones innovadoras, el pasado 26 de noviembre de 2014, en el cual se enfatizó en que en uno de los principales obstáculos para abatir el número de enfermos y muertes es la carencia de una cultura de cuidado de la salud, en ese tenor, se busca, detectarlo en sus etapas tempranas para erradicarlo.

Además se deben realizar estudios cada año, a partir de los 45 años de edad y desde los 40 si existe algún antecedente familiar, de acuerdo lo señalado por el Instituto de Cancerología.

Séptima. Por lo anterior, esta comisión coincide en que deben promoverse campañas de comunicación y educación a la población, que induzcan, a tener hábitos de vida saludables para reducir el riesgo de cáncer de próstata, toda vez que indudablemente que es un problema creciente en nuestro país.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se emitan lineamientos específicos a nivel nacional para la prevención, detección temprana y tratamiento paliativo del cáncer de próstata.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se promueva un programa de difusión a nivel nacional para sensibilizar a la población masculina a realizarse pruebas de detección temprana de cáncer de próstata.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN EL MUNICIPIO, A FIN DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, por la Ssa, y de Aguascalientes a realizar un diagnóstico en salud pública en Calvillo para conocer la problemática actual de las altas tasas de incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en el municipio, a fin de que se ejecuten las acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Proposición con Punto de Acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 9 de octubre de 2014, el diputado federal Raudel López López, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Aguascalientes a realizar un diagnóstico de salud pública de Calvillo para conocer la gran incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en el municipio.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Aguascalientes a realizar un diagnóstico de salud pública de Calvillo para conocer la gran incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en el municipio.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo tercero, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y esta misión depende del Estado, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene un mandato legal para ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los mexicanos. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.

Segunda. La insuficiencia renal crónica, es una enfermedad que irreversible en los riñones en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. Las personas que la sufren requieren tratamiento de sustitución de la función renal (diálisis o trasplanté) para conservar la vida.

Se ha percibido desde hace años un incremento al índice de casos de insuficiencia renal crónica en niños provenientes de Calvillo, municipio de Aguascalientes, por lo que se decidió investigar la prevalencia y las características de la enfermedad renal en este municipio.

Desde hace algunos años, un grupo interinstitucional de especialistas de diversas instituciones médicas y de investigación trabaja de manera conjunta en la identificación del problema que ha propiciado la elevada prevalencia de padecimientos renales entre los habitantes del municipio de Calvillo.

Tercera. El proponente resalta que es originario de este municipio, y conoce de cerca el drama que viven no sólo los pacientes sino, también, sus familias al enfrentarse a esta enfermedad. Este desgaste se podría si no subsanar, sí ayudar para dar con los causantes.

Asimismo, en el punto de acuerdo, se menciona que los pacientes con insuficiencia renal deben sobreponerse a condiciones muy adversas. No olvidemos que además de las molestias físicas y del drama emocional que supone padecerla, estas personas deben hacer frente a muchos obstáculos sociales tales como: la posibilidad de perder su trabajo; ser estigmatizados como personas obsoletas e incapaces de reintegrarse a alguna actividad productiva; sufrir una continua tensión familiar; y sobre todo luchar contra el miedo y la incertidumbre de un pronóstico perennemente reservado.

Respecto a su economía y patrimonio se ven totalmente afectados, y en muchos de los casos se pierde por el largo proceso de esta enfermedad, ya que afrontarla, significa un largo proceso y tratamiento largos, que muchas de las veces, deja sin respaldo económico a los afectados.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora considera que los pacientes que viven con insuficiencia renal crónica requieren toda la atención y dirigir esfuerzos en aras de mejorar las condiciones de estas personas, resaltando que como legisladores hay un compromiso ético con los grupos más vulnerables de la sociedad, por lo que se debe allanar el camino de los pacientes con enfermedad renal crónica para devolver certeza y garantizar condiciones de bienestar para quienes lamentablemente padecen esta enfermedad.

Con el propósito que contar con un estudio actual para saber los padecimientos en enfermedades renales en Calvillo, Aguascalientes, para su análisis y en consecuencia las acciones pertinentes por el estado, se realiza este exhorto, que no es más que un compromiso que tenemos los legisladores en velar por la salud de los ciudadanos.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, y del estado de Aguascalientes a realizar un diagnóstico en salud pública en el municipio de Calvillo, para conocer la problemática actual de las altas tasas de incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en el municipio, a fin de que se realicen las acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

PREVENCION, TRATAMIENTO Y ERRADICACION DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESORDENES ALIMENTICIOS, DIRIGIDAS A LAS MUJERES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa a desplegar campañas informativas nacionales y permanentes dirigidas a las mujeres para prevenir, tratar y erradicar el sobrepeso, la obesidad y los desórdenes alimenticios

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de septiembre de 2014, los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron un punto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a desplegar campañas informativas de carácter nacional y permanente dirigidas a las mujeres para prevenir, tratar y erradicar el sobrepeso, la obesidad y los desórdenes alimenticios.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a la Secretaría de Salud a desplegar campañas informativas de carácter nacional y permanente dirigidas a las mujeres para prevenir, tratar y erradicar el sobrepeso, la obesidad y los desórdenes alimenticios.

IV. Consideraciones

Primera. En México la obesidad y el sobrepeso se han convertido en un serio problema de salud pública impresionante grave., no obstante, ocupamos el primer lugar mundial de población con sobrepeso y obesidad.

Ha sido ampliamente abordado el tema de las consecuencias que esta situación genera, tanto en términos individuales, como detonante e diversos padecimientos, enfermedades y muerte; como en términos sociales, en cuanto a la carga que significa para el sistema de salud el costo de la atención de dichas enfermedades.

Se sabe que algunas consecuencias de padecer obesidad y sobrepeso son delicadas y entre ellas hay una mayor predisposición a padecer diabetes,

Segunda. Es importante mencionar que el gobierno federal en su actual administración, ha efectuado acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso, presentando este año la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Obesidad y la Diabetes.

Dicha estrategia nacional inicia con un enfoque integral, pues al mismo tiempo, en la vertiente preventiva, fomenta estilos de vida y alimentación saludables, mientras que, mediante instrumentos de política fiscal, genera dispositivos para menoscabar el consumo de productos o alimentos asociados con el sobrepeso y la obesidad, con énfasis en la población infantil.

Pero se considera que dicha estrategia no es suficiente ya que las acciones para la protección, prevención y promoción de la salud de la población pero en específico de las mujeres requieren de planes, programas y políticas públicas específicas, que atiendan los cambios de cada etapa de su vida, desde el punto de vista de los contextos fisiológicos y socioculturales.

Por consiguiente las estadísticas sobre las principales causas de muerte en las mujeres mexicanas ponen de manifiesto la necesidad de atender con urgencia y especial atención este problema.

Más aún, estudios a nivel nacional señalan que en las mujeres mexicanas adolescentes de todo el país sin excepción alguna, la prevalencia hacia la obesidad y el sobrepeso registro un aumento del 2.4 por ciento, es decir paso del 33.4 por ciento al 35.8 por ciento del total de la población en este rubro de edad en sólo seis años (de 2006 a 2012).

Para el caso de las mujeres mexicanas de más de 20 años de edad, se registra un aumento de la prevalencia de estos problemas, pues en mismo periodo de tiempo, se incrementó el porcentaje en un 1.1 por ciento para posicionarse en un 73 por ciento de la población total señalada. La información anterior es alarmante, a pesar de que se puede decir que los aumentos son mínimos estadísticamente; la realidad nos dice lo contrario porque estamos hablando de la población futura y en edad económicamente activa.

En nuestro país las mujeres representan el 51.17 por ciento de la población total, es decir son poco más de 57 millones de mujeres con una expectativa de vida de 78 años.

Es trascendental señalar que estudios a nivel nacional señalan que, de 2006 a 2012, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en las adolescentes mexicanas, registró un aumento del 2.4 por ciento, al pasar de 33.4 por ciento al 35.8 por ciento. En el grupo de las mexicanas de más de 20 años de edad, en el mismo periodo, se registró un aumento de 1.1 por ciento porcentual, que ubica el indicador de población afectada en 73 por ciento. Además, el 27 por ciento del total de las mujeres en el país están en el rango considerado de “edad productiva” que se encuentra entre los 15 y 49 años de edad y no más de la mitad cuenta con los beneficios de la seguridad social en materia de salud.

Tercera. Asimismo, los proponentes consideran que es una necesidad en nuestro país es atender y prevenir con particularidad la obesidad y el sobrepeso en la mujer a nivel nacional, ya que representan uno de los grupos más vulnerables en nuestro país. Es por ello que se busca que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, preste atención especial y de manera específica a elaborar campañas de información encaminadas a prevenir, atender y erradicar la obesidad y sobrepeso, enfocadas a las mujeres en nuestro país.

Es necesario e indispensable que las niñas, adolescentes, amas de casa, profesionistas, activas o no económicamente o en el mercado laboral, mujeres maduras o adultas mayores; deben contar con la información oportuna para la detección, atención y cuidados de trastornos de la conducta alimentaria, así mismo que en su integración consideren los criterios correspondientes a las diferencias tanto fisiológicas como sociales, culturales y psicológicas, propias de la edad.

El presente punto de acuerdo busca aprovechar una oportunidad invaluable para ser más efectivos en el combate a estos males silenciosos que tanto daño están haciendo a nuestra población; la obesidad y el sobrepeso.

Cuarta. De tales consideraciones se desprende la importancia de la aplicación correcta de los servicios de salud y la garantía en términos jurídicos que tienen los mexicanos para poder recibir la protección en salud. Por consiguiente, los integrantes de Comisión de Salud vemos factible la aprobación del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a desplegar campañas informativas de carácter nacional y permanente dirigidas a las mujeres para prevenir, tratar y erradicar el sobrepeso, la obesidad y los desórdenes alimenticios.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a desplegar campañas nacionales y permanentes de información para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidas a las mujeres, que consideren, de manera diferenciada, las condicionantes específicas de cada etapa de su vida.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

FOMENTAR EL RESPETO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU DERECHO A LA ACCESIBILIDAD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a crear programas y campañas destinados a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 85, 87, 88, 152, 180, numeral 2, fracción I, 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 25 de noviembre de 2014, el diputado Román Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas y campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.

III. La Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables turnó el mismo día el expediente a la Subcomisión de las Personas con Discapacidad, para el predictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura procedió al análisis del asunto y la elaboración del presente pre dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado proponente expone que considera “necesario hacer conciencia en la población, principalmente en los niños, para que se enseñen a respetar los lugares señalados para personas con discapacidad y las rampas de las banquetas, podría pensarse que son problemas mínimos, pero pensemos como muchos ciudadanos discapacitados al intentar bajar una rampa de banqueta obstruida o un lugar señalizado para auto de discapacitado ocupado por alguien que realmente no lo necesita y tristemente hasta se burlan cuando se les hace la observación de que es un lugar para discapacitados. Es momento de ser más duros con estas personas aplicándoles las sanciones correspondientes haciéndoles valer las leyes para que aprendan a respetar y hagan conciencia de lo indebido”.

Explica que la Cámara de Diputados tiene el deber de exhortar a tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas y campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad.

Consideraciones

1. El diputado Román Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó conforme al Reglamento, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas y campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad.

2. Es menester de los tres órdenes de gobierno cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, por tanto es pertinente exhortarles para observar criterios de inclusión y accesibilidad a favor de las personas con discapacidad y el dar las condiciones para su desarrollo personal.

3. La inclusión y la accesibilidad, consagrados en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una garantía para las personas con discapacidad y una obligación del Estado.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, someten a la consideración de esta asambles el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas y campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, María Esther Garza Moreno, Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo.»

ABUSOS COMETIDOS POR POLICIAS DE TRANSITO Y OPERADORES DE GRUAS EN LA CIUDAD DE MEXICO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del jueves 6 de noviembre de 2014, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

2. El 7 de noviembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con número de oficio DGPL 62-II-5-2085, dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de diciembre de 2014, se reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy presenta.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. Expone el diputado Hurtado Gallegos que derivado de las múltiples irregularidades que existían en el uso y operación de las grúas del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal en 2006 puso en marcha un programa de modernización de estos vehículos que consistiría principalmente en equipar con una cámara de video las grúas que transitaban por toda la Ciudad de México, a fin de grabar todos los procesos de arrastre, eliminando los abusos cometidos por los operadores.

2. Que con esta disposición se lograría inhibir los actos de corrupción entre los propietarios de los vehículos y los operadores de las grúas; además de que los primeros tendrían acceso directo a la grabación por internet. Sin embargo esto no se cumple.

3. Indica el legislador promovente que las sanciones más comunes para los conductores que violan el reglamento vial de la Ciudad de México es el traslado de sus vehículos a uno de los 37 depósitos vehiculares con los que cuenta la Secretaría de Transporte y Vialidad.

4. Señala además que las delegaciones de Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo se encuentran entre las principales demarcaciones donde día con día miles de vehículos particulares son arrastrados a los diferentes corralones de la ciudad.

5. Asimismo, es creciente la discrecionalidad con la que actúan miles de policías para colocar el inmovilizador conocido como araña, remitir al corralón o imponer una multa escudarse bajo el Reglamento de Tránsito.

6. A decir del legislador, el Reglamento de Tránsito Metropolitano nunca se ha aplicado cabalmente por la autoridad competente; por lo que miles de ciudadanos inconformes pasan horas tratando de comprobar que su sanción no ameritaba corralón, sin embargo, nunca son escuchados. La única manera de recuperar su vehículo es a través del pago de su multa, la cual oscila entre los 800 y mil pesos.

7. Que no obstante lo anterior, éstos no son los únicos abusos que se cometen durante los arrastres de los vehículos, se conocen casos de niños recién nacidos y de personas de la tercera edad que han sido trasladadas a los depósitos dentro de los vehículos por la irresponsabilidad de los policías.

8. Que el arrastre de los vehículos de la Ciudad de México a los depósitos vehiculares se ha convertido en un negocio muy redituable tanto para el gobierno el Distrito Federal como para las empresas concesionarias encargadas de prestar el servicio

9. Finalmente el diputado promovente señala que derivado de lo expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hace un exhorto al gobierno del Distrito Federal para que implemente exámenes de confianza y programas de capacitación a los policías de tránsito que permitan mejorar el servicio de grúas en la Ciudad de México, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos.

10. Se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, a que en el marco de sus facultades implemente políticas de regularización a los policías de tránsito y operadores de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos estacionados en vía pública, que permita inhibir prácticas irregulares a la hora de aplicar los criterios establecidos en el Reglamento de Tránsito Metropolitano.

11. Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que en un plazo no mayor a 30 días implemente exámenes de confianza a todos los policías de tránsito y vialidad, a fin de disminuir la corrupción y la discrecionalidad de aplicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano.

12. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que en un plazo no mayor a 30 días haga pública la información referente al destino de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito.

13. Se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal a implementar programas de capacitación a los policías de tránsito para lograr tener el personal competente que permita mejorar el servicio de grúas en la Ciudad de México, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos de la ciudad.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la se hace un exhorto al gobierno del Distrito Federal para que implemente exámenes de confianza y programas de capacitación a los policías de tránsito que permitan mejorar el servicio de grúas en la Ciudad de México, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos.

Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen.

IV. Considerando

Primero. Esta comisión coincide con el exhorto expuesto por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, toda vez que contribuye a reforzar las medidas de control y supervisión, para evitar abusos y corrupción de los policías de tránsito y los operadores del servicio concesionado de grúas en el Distrito Federal.

Segundo. Esta dictaminadora considera además que la proposición con punto de acuerdo promovida por el diputado Hurtado Gallegos contiene un sentido congruente con las atribuciones contenidas en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el sentido de coordinar y supervisar los programas, acciones y operativos en materia de vialidad y tránsito, además de dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar, los procesos de evaluación que se realicen a los elementos de la Policía para comprobar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad necesarios para realizar las actividades policiales.

Al respecto, uno de los puntos petitorios de la proposición hace mención a exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que en un plazo no mayor a 30 días implemente exámenes de confianza a todos los policías de tránsito y vialidad, a fin de disminuir la corrupción y la discrecionalidad a la hora de aplicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano.

En ese sentido, la mayoría de los integrantes de la comisión no coincide con la propuesta en el sentido de establecer a una dependencia local un plazo perentorio para implementar cualquier tipo de acción; más aún cuando es del conocimiento que los exámenes de control de confianza se están llevando a cabo. En tal caso, lo que se considera pertinente es exhortar que se concluya a la brevedad dicho proceso.

Tercero. Los integrantes de la Comisión del Distrito Federal consideran que en cumplimiento de las funciones que le competen a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y respecto del orden legal, se hace necesario que las corporaciones policiales y de tránsito actúen en forma ordenada y sistematizada en todos sus protocolos, lo que garantiza además del cumplimiento del orden legal, la implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo el personal policial lo que mejora sus niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de la función, y elimina los riesgos de discrecionalidad que pueden derivar en fuente directa del incumplimiento al orden legal.

Cuarto. A decir del proponente en el periodo de 2009 a 2012 se recaudaron más de 500 millones de pesos por concepto de multas de tránsito.

Quinto. De lo anterior, indica el diputado Hurtado Gallegos que aún no se tiene claro el monto de esos ingresos y cuál es el porcentaje que reciben las empresas concesionadas por prestar el servicio.­

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve lo siguiente:

Es de aprobarse con modificaciones la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por lo que somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen relativo a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudada de México

Primero. Se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal a que en el marco de sus facultades, establezca acciones que inhiban prácticas irregulares en la aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano que llevan a cabo policías de tránsito y operadores de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos estacionados en vía pública; conforme también a los considerandos primero y tercero de este dictamen.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que se concluya con brevedad el proceso de exámenes de confianza a todos los policías de tránsito y vialidad, a fin de disminuir la corrupción y la discrecionalidad en la aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Tercero. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a informar a esta soberanía la información referente al destino de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Alejandra del Moral Vela (rúbrica), presidenta; María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).»

DIFUNDA Y CONMEMORE EL 25 ANIVERSARIO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, POR SER EL DOCUMENTO FUNDAMENTAL DE DONDE EMANA LA PRESERVACION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el documento fundamental de donde emana la preservación de éstos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para el análisis y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por realizarse este 20 de noviembre.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 25 de noviembre de 2014, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por realizarse este 20 de noviembre.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que el momento más relevante respecto al reconocimiento de las niñas, los niños y los adolescentes y sus derechos fue cuando la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989, adoptó en Nueva York la Convención sobre los Derechos del Niño, la que se registra como el tratado más confirmado de la historia, convirtiéndose así en el instrumento de derechos humanos más ampliamente refrendado por la humanidad.

Indica que la Convención sobre los Derechos del Niño, otorga la misma relevancia a todos y cada uno de los derechos de las niñas y los niños. No existe ningún derecho “pequeño” ni tampoco una jerarquía en los derechos humanos. Todos los derechos enunciados en la convención –tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales– son indivisibles, están relacionados entre sí, y su objetivo principal es que el Estado proteja y desarrolle la personalidad integral de la niña y del niño. Éste es el verdadero desafío a que hoy nos enfrentamos.

Muestra de ello se encuentra en la siguiente información; el estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México 2008-2010, indica que los niveles de pobreza de los niños y de las niñas en los años contemplados por el estudio, fueron superiores a los de la población total: la pobreza en niñas y niños fue de 53.5 por ciento en 2008, y de 53.8 en 2010. Este último año afectaba a 46.2 por ciento de la población. El informe recalca que: la diferencia entre los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente, y aquellos de la población general es la primera evidencia de las mayores restricciones que enfrenta la población de menos de 18 años para desarrollarse en un entorno de respeto de sus derechos plenos.

• 21.4 millones de menores de edad viven en pobreza

• 56 por ciento de niñas y niños de 5 años es pobre

• 7 de cada 10 niñas y niños indígenas son pobres

• 3 de 4 niñas y niños menores de 17 años presentan alguna carencia de sus derechos sociales

Lo anterior muestra que la infancia es el grupo poblacional que más enfrenta y reciente la inequidad, la pobreza y la injusticia social, en temas como; la violencia familiar, el problema del narcotráfico en las comunidades, la prostitución infantil, la pornografía, el tráfico de personas, la migración de las y los niños no acompañados, la explotación laboral infantil, niñas y niños en instituciones de cuidados alternativos y en conflicto con la ley, niños y niñas con discapacidad y con VIH/sida, entre otros.

Determina categóricamente que la convención, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, representa un cambio sin precedentes para el sistema jurídico mexicano en general y, en particular, para las legislaturas de los estados, que tienen el deber y la obligación de armonizar sus leyes para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y para promover la equidad al ser de carácter vinculante directo, y de interpretación que concede deberes y obligaciones al Estado a los que México se ha comprometido.

Precisa que la convención ha sido históricamente la base jurídica internacional para las modificaciones y la creación de la reciente Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la que sin duda, será la punta de lanza para la realización del cambio cultural y social que requiere nuestro país, para concretar un verdadero estado de derecho en favor de la niñez y la adolescencia.

Por ello se hace un respetuoso llamado a los legisladores de los congresos locales para que, desde la Cámara de Diputados, se trabaje conjuntamente y se logre que la convención y la nueva ley general respondan a las exigencias y necesidades de la sociedad a que se aboca.

Reconocemos la importancia de la convención, pues desde hace 25 años se nos ha brindado la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia de las niñas, los niños y los adolescentes del país.

Pese al largo camino que queda por recorrer, es importante que los congresos de los estados celebren acontecimientos como éste, pues ello muestra la voluntad común de legislar en favor de la infancia, para que el espíritu y la letra de la Convención sobre los Derechos del Niño, se conviertan en una realidad, sin excepciones, para todas las y los niños de nuestro país, permitiéndonos construir una mejor sociedad y promover una cultura de paz y armonía entre todas y todos.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por realizarse el 20 de noviembre del presente año, por ser el documento fundamental de dondeemana la preservación de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Consideraciones

Primera. El artículo 133 constitucional establece que la Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con ella, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

Tratados internacionales, son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales, interpretación del artículo 133 constitucional.La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estado y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás una responsabilidad de carácter internacional.

Este precepto enuncia el principio de supremacía constitucional por medio del cual se establece que la Constitución es la ley suprema de toda la Unión y es la cúspide de todo orden jurídico; señalando de igual forma a los tratados celebrados entre Estado o Estados y organismos internacionales.

Con la reforma aprobada respecto al artículo 1o. constitucional, la jerarquía de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales es de igual condición a aquellos establecidos en la Constitución. La incorporación de los tratados al derecho interno se da generalmente de manera automática, es decir, no se requiere un acto de producción normativa interna, ya que una vez celebrado por el presidente y ratificado por el Senado, se crean derechos y obligaciones de las partes que celebren el tratado.

El país cuenta con diversos instrumentos y mecanismos de reconocimiento y protección a los derechos humanos. Uno de estos instrumentos, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Asimismo, señala en su artículo cuarto, párrafo noveno que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones deberá velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, con el fin de garantizar de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Diversos instrumentos internacionales establecen el marco de principios y obligaciones relativos al principio del interés superior de la niñez, entre los que se encuentra: la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento internacional, del que el país es parte, contiene un catálogo de derechos, que deben ser cumplidos y garantizados por el Estado por ser una obligación con la comunidad internacional.

De ahí que el cuerpo de normas más relevante es la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado mexicano en 1990, instrumento que precisa que se deben tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el pleno desarrollo de la infancia y la adolescencia, atendiendo siempre al principio del interés superior de la niñez, y para garantizarlo, es necesario trasladar las provisiones y demás principios contenidos en esta norma internacional a la realidad nacional para tener más amplio el panorama en materia de protección de derechos de la niñez.

Segunda.Esta comisión dictaminadora coincide con laproponente al indicar que la convención otorga la misma relevancia a todos y cada uno de los derechos de las niñas y niños. Por tanto, no existe ningún derecho “pequeño” ni tampoco una jerarquía en los derechos humanos. Todos los derechos enunciados en la convención –tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales- son indivisibles, están relacionados entre sí, y su objetivo principal es proteger y desarrollar la personalidad integral de las niñas y los niños.

La convención representa el consenso de diferentes sistemas jurídicos de diversos países alrededor del mundo en aspectos tan esenciales para la sociedad como la relación del niño con la familia; los derechos y deberes de los padres y del Estado; y las políticas sociales dirigidas a la infancia.

Asimismo, la convención cobra gran relevancia debido a la situación que viven niñas, niños y adolescentes en el país, pues muchos de ellos, enfrentan vulnerabilidad de sus derechos por causas como la pobreza, la discriminación, la violencia o la inseguridad.

Basta mencionar algunos datos, sobre la realidad a la que se enfrentan los 40.4 millones de niñas, niños y adolescentes en el país.

Por ejemplo, 26.6 por ciento de la población menor de 18 años en México vive en zonas rurales, mientras que 73.4 vive en zonas urbanas. Para la población en general, la proporción es de 23.2 y 76.8 por ciento, respectivamente y para la población indígena, 52.8 y 47.2, respectivamente. Las niñas y los niños menores de 18 años habitan principalmente en localidades de más de 100 mil habitantes (42.3 por ciento).

Más de 3 millones de niños de entre 5 y 17 años no asisten a la escuela; cerca de 3 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan; 36 por ciento de los niños indígenas de entre 6 y 14 años de edad trabajan el doble que el promedio nacional, calculado en 15.7 por ciento, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre el trabajo infantil; 12.7 por ciento corresponde a la prevalencia de desnutrición crónica en el país, lo que equivale a 1 millón 200 mil niñas y niños menores de cinco años en esta condición; del total de niñas y niños que viven en zonas rurales, casi 27 por ciento padece pobreza extrema, la tasa de mortalidad infantil en este grupo es de 70 por ciento; la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas se estima que es de 26 por ciento en la población entre 15 años y más, lo que significa que es cuatro veces más alta que la del promedio nacional (7.4 por ciento); 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela; en 2010, 520 mil niños, reportó tener alguna discapacidad; miles de niños, niñas y adolescentes dejan su hogar cada año para intentar llegar a Estados Unidos y reencontrarse con sus padres, estudiar y tener una vida mejor.

Tercero.Resulta importante mencionar que la convención sirvió en el país como ejemplo y base jurídica para la redacción de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en el Congreso de la Unión, y promulgada por el titular del Poder Ejecutivo, el 3 de diciembre del año en curso.

Es de reconocer que las acciones legislativas realizadas, son un gran paso en la construcción de una sociedad mexicana más fuerte y con más oportunidades, pues al garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y velar por su interés superior, se procura por el presente y futuro del país.

Sin embargo, es fundamental hacer un reconocimiento a la importancia que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro sistema jurídico, en los ámbitos federal y local, no sólo por sus 25 años de creación, sino que los mismos congresos de las entidades federativas tienen el mandato de difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como adecuar a sus legislaciones locales, el contenido del tratado internacional en comento para armonizarlo con la nueva Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ser el documento fundamental de dondeemana la preservación de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Notas:

1 Tesis P.IX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, pleno; tomo XXV, abril de 2007, página 6.

2 Datos obtenidos del Consejo Nacional de Población, 2012.

3 CNN, México. http://mexico.cnn.com/nacional/2014/07/16/gobernacion-impedira-entrada-a-migran tes-centroamericanos-sin-papeles

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo.

DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS

LEY GENERAL DE EDUCACION Y LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD VISUAL

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación, y de Salud, en materia de salud visual

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1.En la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 25 de junio de 2014, los diputados Carlos Augusto Morales López y Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Educación y la Ley General de Salud.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inicio el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

Los diputados Carlos Morales y Verónica Juárez, destacan que los niños y las niñas deben contar con las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida en sociedad. Sin embargo, existen millones de niños que padecen problemas de la vista, lo que impide su desarrollo pleno e integral.

Una de las garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el derecho a una educación de calidad y con equidad. Por tanto, los niños que tienen problemas de la vista, deben ser tratados y apoyados para que su desarrollo sea completo. Se tiene que garantizar “una vez al año un examen de salud visual oftalmológico periódico a las niñas y los niños inscritos en escuelas públicas de nivel básico (...) [y] la entrega de lentes, para disminuir las estadísticas actuales y brindar una educación de calidad que contribuya al desarrollo del país en aspectos de competencia y prosperidad.

En México, hace aproximadamente 14 años, se llevó a cabo el programa Ver Bien para Aprender Mejor, con el fin de que alumnos con problemas visuales mejoraran el nivel de aprendizaje y no incrementara el índice de deserción escolar.

Por tanto, el propósito de esta iniciativa es que los alumnos de educación básica de escuelas públicas reciban lentes gratuitos, previo examen optométrico, “contribuyendo con ello al cumplimiento en el ejercicio de derechos humanos observados en el artículo 1o.; el derecho a la educación, artículo 3o., y salud, artículo 4o., establecidos en la Carta Magna”.

Con base en los anteriores argumentos, los diputados proponen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Primero. Se adiciona una fracción XV al artículo 12 y una fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12....

I. a la XIV. ...

XV. Realizar, promover y fomentar el programa permanente para la entrega de lentes gratuitos.

Artículo 33....

I. a la XVII. ...

XVIII. En coordinación con la Secretaría de Salud, establecerán un programa permanente de entrega de lentes gratuito para alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico previo examen optométrico, el cual se realizará al inicio del ciclo escolar.

...

Transitorios

Primero. Las niñas y los niños inscritos en las escuelas públicas de nivel básico, cuando así lo requieran, tendrán derecho a recibir lentes gratuitamente, siempre y cuando cumplan con el procedimiento y los requisitos que marca el programa permanente.

Segundo. El presupuesto para el programa permanente de entrega de lentes gratuitos es adicional al presupuesto anual que se otorga para el ramo “Educación”, de tal manera que no impactará en los proyectos de presupuesto de cada entidad.

Dicha asignación se hará por entidad federativa, conforme a la información que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud proporcionen para el anteproyecto del presupuesto, indicando el número de escuelas a nivel básico por entidad, así como de la matrícula por plantel. Se realizarán los cálculos necesarios para que proporcionalmente sea etiquetado y asignado el presupuesto necesario anualmente.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública tendrá un plazo de 80 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley para elaborar el programa permanente de entrega de lentes gratuito.

Cuarto. Se adiciona un capítulo V Bis sobre Salud Visual, con los artículos 66 Bis 1, 66 Bis 2, 66 Bis 3 y 66 Bis 4 en la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo V Bis

Salud Visual

Artículo 66 Bis 1. La prevención y atención de los problemas visuales es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud visual, las causas de las alteraciones de la vista, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos problemas, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud visual.

Para los efectos de esta ley, se entiende por salud visual el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de la ausencia de alguna enfermedad ocular, acompañada de una buena agudeza visual.

Artículo 66 Bis 2. Para la promoción y atención de la salud visual, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I.Servicios médicos destinados a la prevención, atención y tratamiento de padecimientos visuales;

II. Exámenes optométricos periódicos, los cuales coadyuvarán con la Secretaría de Educación Pública para el programa permanente de entrega de lentes gratuitos dirigido a alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad;

La entrega de lentes a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades educativas competentes.

III. La difusión de campañas médicas para la promoción de la salud visual, así como el conocimiento y prevención de las enfermedades visuales;

IV. Acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con problemas visuales, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud visual de la población.

Artículo 66 Bis 3. Las personas con problemas visuales tendrán los siguientes derechos:

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud visual, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

II. Derecho al consentimiento informado en relación al tratamiento a recibir;

III. Derecho a que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado llegado el caso;

IV. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona;

V. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten, y

VI. Derecho a la confidencialidad de la información optométrica sobre su persona.

Artículo 66 Bis 4. El tratamiento de personas con problemas visuales se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la ley.

Transitorio.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y será obligatorio para el ciclo escolar 2015-2016, por lo que se deberá incluir en el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2015.

III. Consideraciones generales

En opinión de la comisión dictaminadora, considera que la iniciativa permite que las niñas y los niños garanticen el derecho a la salud (artículo 4o. constitucional). Sin embargo, uno de los puntos esenciales para este tipo de iniciativa, en el que se requiere mayor presupuesto para el examen de la vista y la distribución de lentes gratuitos, requiere que los promoventes realicen una propuesta de ingreso de recursos. En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior”.

En la Ley General de Educación, en su artículo 32, establece que las autoridades educativas “tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”. Dichas medidas se dirigen a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o en condiciones de desventaja, conforme a los artículos 7o. y 8o. de esta ley.

En lo que respecta al problema de agudeza visual, la Secretaría de Educación Pública realizó un estudio representativo que mostró que 12.7 por ciento de los alumnos de educación básica y secundaria tenía este problema. Para ello se crea el Programa Ver Bien para Aprender Mejor. Dicho programa, establecido por un grupo de empresarios, que están en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; “atiende a alumnos de educación pública que cursan la primaria y secundaria en la República mexicana siempre que las entidades federativas o en su caso el Distrito Federal, se hayan incorporado al programa”. Hasta el ciclo 2012-2013, el programa ha atendido a 613 mil 500 estudiantes con exámenes optométricos de los cuales 259 mil 234 han sido beneficiados. En este momento, se atienden 27 de los 32 estados de la República.

Como puede apreciarse, la inquietud manifestada por los diputados se encuentra atendida por la Secretaría de Educación Pública, dependencia del Ejecutivo facultada para ello, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación y la Ley General de Salud sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia de salud visual.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Notas:

1. Secretaría de Educación Pública (2013) Programa Ver bien para Aprender Mejor. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Programa_Ver_Bien_para_Aprender_Mejor#.VE4V1Pl5OS p

2. Programa Ver bien para Aprender Mejor (2014) ¿Qué es ver bien? Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://www.verbien. org.mx/index.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo respecto a dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II,81, numeral 2, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2014, el diputado Uriel Flores Aguayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante LFPST).

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen, siendo recibida en esta comisión el 19 de enero de.2015.

B. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2014, la diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° y 5° de la LFPST.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen, siendo recibida en esta comisión el 19 de enero de 2015.

II. Contenido de las iniciativas

A. Iniciativa del diputado Uriel Flores Aguayo

El diputado Flores Aguayo da cuenta de diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos por el Estado mexicano con el fin de combatir y erradicar la tortura; no obstante, precisa que “en nuestra realidad jurídica sigue imperando una serie de criterios adversos a la prevalencia de un estado de derecho en el que la población tenga la certeza [de] que dichas normas serán eficaces y aplicadas de manera permanente”.

Agrega que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se prohíben la tortura y los malos tratos (artículo 19, párrafo 4o., vinculado con los artículos 20 y 22 del propio texto constitucional), por lo que “el Estado Mexicano tiene la obligación de legislar en materia de tortura” y para reafirmar sobre esto cita una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que, por su importancia, se cita in extenso:

Tortura. Obligaciones del estado mexicano para prevenir su práctica. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito: indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación.

Adicionalmente, el diputado iniciante hace referencia al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul” y en el que se proponen diversas medidas para la investigación y documentación efectiva de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Con base en todo lo anterior, se proponen en la iniciativa diversas modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura con el propósito de que “la redacción de nuestros textos legales en cuestión de prevención y sanción de la tortura sea clara, precisa y congruente [...]”

B. Iniciativa de la diputada Sonia Rincón Chanona

La diputada Sonia Rincón Chanona indica en su iniciativa que “[l]a tortura es considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.”

Agrega que “[c]on la tortura se destruye la personalidad y el alma de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. Este tipo de agresión es un ataque directo a lo más íntimo de la personalidad humana, que reduce a las víctimas al más absoluto desamparo, las convierte en simples objetos y destruye su dignidad como seres humanos. La tortura hiere el cuerpo e inflige lesiones que pueden no curarse nunca. Las consecuencias de la tortura con frecuencia traumatizan a las víctimas por el resto de su vida. Es bien sabido que la tortura tiene efectos perjudiciales duraderos sobre los esposos, las esposas y los hijos de las víctimas”.

La iniciante muestra especial preocupación por los actos de tortura y otros malos tratos que se realizan por parte de servidores públicos en diversos centros de reclusión, así, indica que “[e]l riesgo de tortura y otras formas de tratos crueles existe dentro de toda instalación cerrada; no solamente las prisiones y las comisarías, sino también, por ejemplo, en centros de detención de menores, de detención de inmigrantes y en las zonas de tránsito de puertos internacionales”.

Señala, que de acuerdo con Human Rights Watch, en su informe mundial 2012, en México la tortura es aún un problema grave y que en general estos hechos se producen en el momento en el que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta ser puestas a disposición del Ministerio Público. Agrega que, de acuerdo con Amnistía Internacional, “[l]a tortura y los malos tratos en México han aumentado en un 600 por ciento en el último decenio, según el nuevo informe publicado en septiembre pasado por Amnistía Internacional”. De igual modo, señala la iniciante que de acuerdo con fuentes de Amnistía Internacional, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 7000 quejas por tortura y otros malos tratos.

Asimismo, la diputada iniciante refiere sobre la prohibición constitucional de este ilícito, así como los compromisos asumidos en ese rubro por el Estado mexicano en la esfera internacional y el deber que existe de armonizar nuestra legislación interna con aquellos, en especial, con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En razón de estas consideraciones, la iniciante propone la reforma de los artículos 3o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura “con el propósito de ampliar el universo de sujetos activos del delito de tortura tal como se prevé en la definición plasmada en la Convención de las Naciones Unidas y con ello coadyuvar a erradicar la tortura en nuestra nación”.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

A. Generales

En diversas ocasiones esta Comisión de Derechos Humanos ha señalado que la tortura constituye uno de los crímenes más graves que atenta contra la comunidad internacional en su conjunto, por lo que se le incluye como uno de los crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.

Se ha dicho también que la prohibición de la tortura forma parte del coto vedado previsto en el artículo 29 constitucional en el que se determina que esta previsión bajo ninguna circunstancia podrá ser objeto de restricción o de limitación alguna, aún y cuando se presente algún estado de excepción.

También se ha indicado que la prohibición de la tortura alcanza el grado más elevado al que una disposición fundamental puede aspirar y es el de norma de ius cogens, es decir, una imperativa de derecho internacional general o como se indica en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, de la que México es Estado parte:

[...] una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

En su reciente visita a México, el señor Juan Méndez, Relator de la ONU sobre la tortura, concluyó que en el país se ejerce la tortura en forma generalizada, especialmente en los casos de investigación de delincuencia organizada.

A similares conclusiones han llegado organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch.

Atento a lo anterior, resulta inaplazable el establecimiento de medidas que, adicionales a las que de hecho puedan estarse implementando, sean necesarias para coadyuvar, a lo largo y ancho del país, a prevenir la comisión de actos de tortura.

Ciertamente, el Estado mexicano se’ ha comprometido a realizar las medidas que sean necesarias para prevenir y sancionar la tortura en nuestro país, así lo ha manifestado internacionalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras su Segunda Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal, en el que se aceptaron estas recomendaciones:

Desde el Poder Legislativo federal se na asumido también el ineludible compromiso de realizar las adecuaciones normativas tendientes a armonizar la ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura con los estándares internacionales en la materia. De este modo, el 28 de julio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en su Décima quinta reunión ordinaria aprobó, con modificaciones, el dictamen favorable a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma a la que esta Comisión de la LXII Legislatura ha dado especial prelación por tratarse de un: proceso legislativo en fase culminante y que, a la fecha, se encuentra en trámite ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En esa minuta se contienen en gran medida las propuestas planteadas en las iniciativas sobre las que recae el presente dictamen, en razón de ello es que se ha estimado conveniente proseguir con el trámite legislativo ya comenzado, no desconociendo el espíritu que guía las propuestas planteadas en las iniciativas de mérito. Por tanto, se da cuenta de los contenidos ya cubiertos en la minuta en el siguiente apartado.

B. Particulares

1. Iniciativa del diputado Uriel Flores Aguayo

La propuesta de modificación normativa planteada por el diputado Flores Aguayo pretende reformar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como adicionar un artículo 2 Bis, a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. A continuación, se presenta un cuadro en el que puede advertirse en la primera columna la propuesta de modificación normativa planteada por el diputado, en la segunda columna su equivalente en la minuta aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 28 de julio de 2014 y, finalmente, en la tercera columna, se plantean los comentarios de esta comisión.

b. Iniciativa de la diputada Sonia Rincón Chanona

La propuesta de modificación normativa planteada por la diputada Rincón Chanona pretende reformar el primer párrafo del artículo 3o. y el primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. A continuación, se presenta un cuadro en el que puede advertirse en la primera columna la propuesta de modificación normativa planteada por la diputada iniciante, en la segunda columna su equivalente en la minuta aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 28 de julio de 2014 y, finalmente, en la tercera columna se presentan comentarios elaborados por esta comisión.

Como puede advertirse, las diversas propuestas de modificación normativa planteadas por los iniciantes se encuentran ya previstas dentro de la minuta en trámite que ha sido aprobada por la Comisión de Derechos Humanos recientemente, o bien, algunas de tales propuestas están ya contenidas dentro de la ley vigente por lo que esta Comisión de Derechos Humanos ha estimado que ambas carecen de materia.

Por todos los argumentos antes señalados, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentada por el diputado Uriel Flores Aguayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° y 5° de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Tercero. Archívense los presentes asuntos y ténganse como total y definitivamente concluidos.

Notas:

1 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tesis Aislada (penal constitucional) de la Novena Época, consultable en la página 416: del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2009.

2 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 7, numeral 1, inciso f).

3 UN. Relator de la ONU llama al gobierno de México a combatir impunidad por casos de tortura. Centro de Información de las Naciones Unidas. Nota del 03/mayo/2014, consultado online el 14/07/2014, disponible en: http://www.cinu. Mx/noticias/mexico/relator -de-la-onu-lIama-al-gob-1/

4 Véase: AI. Informe 2013 Amnistía Internacional. El Estado de los derechos humanos en el mundo. Pág. 228-233. Consultado en la página oficial de Amnistía Internacional el 14/07/2014, disponible en: http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_e s.pdf

5 HRW. Ni seguridad, ni derechos Detención ilegal y desaparición forzada de seis civiles, Iguala, Guerrero Human Rights Watch. Consultado en la página oficial de HRW el 14/07/2014, disponible en: http://www.hrw.org/ reports/2011/11/09/ neither_rights_nor_security-O.: Asimismo: Informe “los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada” Human Rights Watch. Estados Unidos de América. 2013. Consultado en la página oficial de HRW el 14/07/2014, disponible en:

http://www.hrw.org/ sites/default/files/reports/ mexico0213sp_ForUpload_0_0.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2015.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra, Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de la resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de la doctrina.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 7 de enero de 2014, se dio cuenta de la iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, remitida por el Congreso del Estado de Chihuahua, turnándose para el dictamen correspondiente a la Comisión de Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

2. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa propuesta por el Congreso de Chihuahua tiene el propósito de armonizar el marco normativo en materia de educación para adultos, con el fin de que se establezca como parte de esta última la educación media superior, generando con ello la posibilidad de hacer lo propio en las legislaciones locales.

2. A pesar  de que el 9 de febrero de 2012 se púbico en el Diario Oficial de la Federación la declaración del Congreso del Unión que reforma los artículos tercero y trigésimo de la Constitución para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior en México, no se ha modificado el sistema nacional de educación para adultos, es así que en la Ley General de Educación, y en la normativa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, ordenamientos a los cuales se encuentran sujetos los institutos estales, aún se considera solamente la educación primaria y secundaria.

3. De acuerdo con la Ley del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, en su artículo 2, corresponde al Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos prestar los servicios de educación básica en Chihuahua, los cuales comprenden la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas de ese sector de la población, apoyándose en la solidaridad.

4. Por lo tanto, al ser el artículo 43 de la Ley General de Educación el dispositivo que establece que la educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria, el promovente considera procedente el planteamiento formulado para incorporar en el artículo 43 que la educación media superior también es materia de la educación para adultos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Congreso de Chihuahua somete a esta soberanía el presente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma artículo 43 de la Ley General de Educación

Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria, secundaria o media superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y media superior, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

III. Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso.

En la iniciativa propone reformar el artículo 43 de la Ley General de Educación que para mayor ilustración se compara con el precepto íntegro vigente en la siguiente tabla.

Texto vigente

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Texto propuesto

Artículo 43.La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria, secundaria o media superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y media superior, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Esta Comisión Dictaminadora, comprende y hace suyas las inquietudes expuestas en la propuesta del Congreso de Chihuahua ante la necesidad de elevar los índices educativos de la población adulta.

Sin embargo, como una consideración general, se debe señalar que, con fecha 9 de octubre de 2014, esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 43 de la Ley General de Educación, que corresponde a la iniciativa presentada por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, y que posteriormente se turnó al Senado de la República para su análisis y dictamen respectivo, en los siguientes términos:

Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 43. La educación para adolescentes y adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria, secundaria y media superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y media superior, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. En educación se apoyará en la participación y solidaridad social.

Por lo anterior, se destaca que la iniciativa que se dictamina contiene elementos que ya fueron dictaminados, así como los elementos que prevalecen en la minuta que se encuentra en proceso de dictamen por el Senado de la República, por lo que implicaría su duplicidad con aquella propuesta.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, Apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea, que la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  el artículo 43 de la Ley General de Educación, sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.

Segundo. Archívese en presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de febrero de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola , Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el día 23 de septiembre de 2014, el Diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el artículo 7º de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa del Diputado Israel Moreno se centra en el tema de prevención del delito. El promovente menciona que la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales que tiene mayor impacto en nuestra sociedad debido al alto índice de casos de robo, violencia, asesinatos, etc., que se presentan en nuestros tiempos.

El tema de la inseguridad es un argumento que se ha estado manejando con gran frecuencia en la agenda pública del país. La sociedad exige a las autoridades un clima seguro para garantizar la convivencia social.

El diputado hace mención que existe “un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la niñez y de la adolescencia”. Uno de esos sistemas de apoyo es la familia como formadora de las costumbres sociales.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en 2012, “la violencia se ha incrementado fuertemente en México desde 2008. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, ha aumentado de 8.4 en 2007 a 23.8 en 2014. La tasa de homicidio juvenil se ha incrementado desde 7.8 en 2007 a 25.5 en 2015. Los jóvenes representan 38.5 por ciento de las víctimas de homicidios en México de 2000 a 2010. El homicidio de jóvenes de 10 a 29 años se ha concentrado geográficamente, sobre todo en el norte del país”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el tipo de conducta antisocial que comenten los adolescentes es el robo, a nivel nacional se registraron 14 mil 905 casos durante 2010; y para 2011 se incrementó a 17 mil 478 casos.

En virtud de lo anterior, lo que pretende la iniciativa es implementar en los planes de estudio de la educación básica la materia de prevención del delito, la cual “deberá ser adicional a las materias que ya están aprobadas en los planes de estudio actuales”.

Con base en los anteriores argumentos, el diputado propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. a la V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos. Para lo cual la autoridad educativa deberá incluir para toda la República en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la materia de prevención al delito.

III. Consideraciones generales

En opinión de la Comisión Dictaminadora es consciente de que cada día se requieren de nuevos saberes para conocer e interpretar la realidad que se está viviendo. Sin embargo, en lo que respecta a la inclusión de contenidos educativos en los planes y programas de estudio, es responsabilidad del Ejecutivo Federal determinarlos (Fracción III del artículo 3ero. Constitucional).

En la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracción I, se establece de manera exclusiva de la autoridad educativa federal el “determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48”. El artículo 48 de la misma Ley, dispone lo siguiente: “La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley”.

Por tanto, los contenidos temáticos de los programas de estudio de la educación básica, es exclusivo de la Autoridad Educativa Federal y sólo “se considerarán opiniones de las Autoridades locales y de los diversos sectores sociales involucrados” en la educación, conforme a lo establecido en la Ley General de Educación; por ello, no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública está llevando a cabo el Programa de Escuela Segura el cual tiene como objetivo el generar un espacio seguro y confiable “a través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos, esta última orientada a la convivencia democrática, la participación responsable y el desarrollo de competencias encaminadas al autocuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad, la participación social y la resolución no violenta de conflictos”.

También está llevando a cabo el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PACE), el cual es un proyecto de carácter preventivo y formativo, donde se promueven los valores para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales en los alumnos de educación básica. Dicho proyecto “ forma parte de una extensión curricular de la Asignatura de Formación Cívica y Ética”.

Como puede apreciarse, la inquietud manifestada por el Diputado se encuentra atendida por la Secretaría de Educación Pública facultada para ello, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de contenidos educativos sobre prevención del delito.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 SEP (2014) Programa Escuela Segura. Recuperado el 26 de enero de 2015, desde:

http://basica.sep.gob.mx/ escuelasegura/start.php?act=objetivo

2 SEP (2014) Programa Nacional de Convivencia Escolar. Recuperado el 26 de enero de 2015, desde:

http://basica.sep.gob.mx/convivencia/pace.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF; a 5 de febrero de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola , Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 23 de septiembre de 2014, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa de la diputada Lucila Garfias propone impulsar la inclusión de los jóvenes a una educación de calidad. Como principio básico, todo individuo tiene derecho a recibir educación. Por ende, el derecho a la educación es fundamental para “ofrecer a los individuos los conocimientos que permitan comprender y reconocer el significado, alcance, importancia y corresponsabilidad que conllevan per sé los derechos humanos y garantías individuales”.

Partiendo de los ordenamientos que establecen que la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias; estos establecen “el derecho de todo individuo a recibir educación de calidad que le permita adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; contribuyendo al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, siendo un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”.

La importancia de la educación media superior y superior es la de generar y desarrollar en los jóvenes “un digesto personal y social que sirva como herramienta para el acceso al mercado de trabajo y a la comprensión del ámbito social en el tiempo y espacio”.

Por lo tanto, para lograr la inclusión de todos los jóvenes de diversas razas, credos, discapacidades o condiciones económicas, es necesario el fortalecimiento de la educación media superior y superior.

No obstante, uno de los grupos que enfrenta mayores rezagos y desventajas sociales y educativas son las personas con discapacidad. Por ello, es necesario establecer medidas que aseguren el derecho a la educación de éstos jóvenes.

Por lo anterior, la iniciativa pretende que se lleve a cabo una “inclusión educativa de las personas con discapacidad en los niveles medio superior y superior, combatiendo con ello la discriminación y fomentando la igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos”.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único.Se modifican los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 32.Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor inclusión y equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

...

Artículo 33. ...

I. a la IV. ...

IV Bis. Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad , formándolas para que participen efectivamente en una sociedad libre y pluralista;

IV Ter. Promoverán la inclusión de alumnos con discapacidad en el sistema de enseñanza general, facilitando las condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de sus necesidades.

V. a la XVII. ...

XVIII. Promoverán programas de sensibilización sobre el respeto a los derechos y dignidad humana para asegurar la participación e inclusión plena de los alumnos con necesidades educativas especiales.

...

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente, igualdad de oportunidades y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad y jóvenes con discapacidad, esta educación propiciará prioritariamente su integración a los planteles de educación básica y media superior regulares mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, la entrega de los libros de texto gratuitos correspondientes, la prestación del apoyo adicional necesario, así como la adecuación de infraestructura física básica y equipamiento conforme a la ley correspondiente. De no ser posible dicha integración a los planteles de educación regular, las autoridades educativas impulsarán la adopción de acciones afirmativas orientadas a prestar servicios educativos en la modalidad no escolarizada. Para los educandos que, por su tipo de discapacidad no logren esa integración, las autoridades educativas procurarán la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva. Enseñándoles habilidades funcionales que respondan a las demandas sociales y expectativas de la vida adulta, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios adaptados a las necesidades de las y los alumnos.

Las instituciones de educación superior a que la ley otorgue autonomía establecerán convenios con la autoridad educativa federal a fin de establecer planes y programas de estudio y homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación, certificación y transición, dirigidos a alumnos con discapacidad. Dichos convenios considerarán la asignación de recursos suficientes para dichos fines, de conformidad con la matrícula de alumnos de cada institución.

...

...

La educación especial incluye la formación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asignará en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente los recursos necesarios para cumplir los compromisos adquiridos para asegurar la inclusión educativa de los jóvenes con discapacidad.

III. Consideraciones generales

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, coincide con la diputada en que se tiene que salvaguardar el derecho y la gratuidad de la educación que imparta el Estado. La educación, es un “medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad” (artículo 2 de la Ley General de Educación).  Por tanto, “todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”.

El derecho a la educación es esencial para que las personas desarrollen al máximo sus competencias. El derecho a la educación implica, entre otros elementos, la existencia del servicio de educación básica, que los niños y las niñas asistan a la escuela, permanezcan en ella el tiempo estipulado para realizar sus estudios básicos, transiten de un grado a otro y de un nivel a otro de manera regular, logren aprendizajes relevantes para su vida presente y futura y concluyan estos estudios con oportunidad. Además, la educación ofrecida debe ser para todos de calidad con equidad.

El reconocer y valorar a la educación como una garantía individual o un derecho social indivisible del ser humano, obliga al Estado, “a garantizar acceso gratuito de todos los niños y todas las niñas a los niveles educativos obligatorios que les corresponda según su edad; ello implica poner a disposición de la población los recursos materiales y humanos necesarios a tal fin”.

En lo que respecta al término de inclusión, es necesario señalar que éste ha sido limitado a definiciones relacionadas con estudiantes con discapacidades, pero “ha evolucionado hacia la idea de que niñas, niños y jóvenes tienen derecho a una educación inclusiva que implica equivalentes oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y capacidades”.

El derecho a una educación inclusiva permite desarrollar cuatro elementos claves: 1) modos apropiados que consideren la diversidad, aprender a partir de las diferencias; 2) estimular la creatividad de los alumnos al resolver los problemas a partir de múltiples estrategias; 3) lograr un aprendizaje valioso en los estudiantes; 4) responsabilidad para priorizar a los alumnos más vulnerables.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lleva a cabo el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (2015), el cual tiene por objeto “contribuir a asegurar mayor cobertura y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad”.

IV. Consideraciones particulares

Con lo expuesto anteriormente, la Comisión Dictaminadora subraya que es importante realizar un análisis específico de la propuesta presentada fundamentando el sentido negativo de ésta:

1. La modificación en el artículo 32, no es necesario incluir la palabra inclusión, ya que todo el artículo engloba la definición de dicho término. La inclusión tiene que ver con acceso, cobertura, participación de una educación de calidad, igualdad de oportunidades.

“Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos” (artículo 32).

“La inclusión social, es entendida como el hecho de formar parte de la sociedad con pleno uso del derecho, que todo ser humano tiene, a una vida de buena calidad; una inclusión con dignidad, que contemple la autonomía y las diversas maneras de ser. Desde esta visión, la educación es (...) un factor (...) de inclusión, por la cobertura, calidad y equidad con que comparte sus programas formativos”.

2. En la reforma del artículo 33, en lo que respecta a facilitar las condiciones para el acceso y servicios de apoyo a las personas con discapacidad.  En lo que respecta a infraestructura, en la Ley General de la Infraestructura Física y Educativa se establece, que “en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas” (artículo 11). En lo que respecta a lo educativo, en el artículo 41 se determina que “se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios” para integrar a los alumnos con discapacidad.

En cuanto a la promoción de programas de sensibilización, se requiere de una propuesta de ingreso de recursos que permita la implementación de dicho programa. Como lo marca el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior”.

3. En la modificación al artículo 41, se expone lo siguiente:

a) Propuesta de la diputada: “la entrega de los libros de texto gratuitos correspondientes, la prestación del apoyo adicional necesario, así como la adecuación de infraestructura física básica y equipamiento conforme a la ley correspondiente”.

La elaboración de programas y materiales de apoyo didáctico necesarios para la persona discapacitada se establece en el segundo párrafo del artículo 41. Lo que corresponde a infraestructura, se determina en la Ley General de la Infraestructura Física y Educativa, específicamente en el artículo 11.

b) Propuesta de la diputada: “De no ser posible dicha integración a los planteles de educación regular, las autoridades educativas impulsarán la adopción de acciones afirmativas orientadas a prestar servicios educativos en la modalidad no escolarizada. Para los educandos que, por su tipo de discapacidad no logren esa integración, las autoridades educativas procurarán la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva”.

Cabe señalar que cuando no se logre la integración de las personas con discapacidad a los planteles escolares “esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios” (párrafo segundo del artículo 41).  

c) Propuesta de la diputada: Las instituciones de educación superior a que la ley otorgue autonomía establecerán convenios con la autoridad educativa federal a fin de establecer planes y programas de estudio y homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación, certificación y transición, dirigidos a alumnos con discapacidad. Dichos convenios considerarán la asignación de recursos suficientes para dichos fines, de conformidad con la matrícula de alumnos de cada institución.

No es necesario modificar el cuarto párrafo del artículo 41, ya que las instituciones de educación superior son autónomas por ley y “tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas” (artículo tercero constitucional).

d) La educación especial incluye la formación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

Para formar a los padres de familia a través de la educación especial, se requiere recursos. Por tanto, el promovente tuvo que presentar una propuesta de aumento o creación de gasto, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con lo anterior, puede apreciarse que la preocupación del promovente se encuentra atendida por la Ley General de Educación y la Secretaría de Educación Pública facultada para ello; por consiguiente no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero.  Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, en materia de inclusión.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Artículo 2º Ley General de Educación.

2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2013) El derecho a la educación en México. Informe 2009. Pág. 9. Recuperado el 28 de enero de 2015, desde: http://publicaciones.inee.edu.mx/ detallePub.action?clave=P1D218

3 Ramírez Raymundo Rodolfo (2008) Avatares de una noble aspiración: la gratuidad de la educación pública obligatoria. En Anuario Educativo Mexicano. Visión retrospectiva. Cámara de Diputados/ UPN/MA Porrúa. Pág. 324.

4 UNESCO (2007) Inclusión Educativa: El Camino del Futuro. Un desafío para compartir. Recuperado el 28 de enero de 2015, desde: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/News_documents/2007/0710Pa namaCity/Documento_Inclusion_Educativa.pdf

5 Ídem. Pág. 16

6 SEP (2014) Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 2015. Recuperado el 30 de enero de 2015, desde: http://sep. gob.mx/work/models/sep1/Resource/62550be0-b2d6-4c65-9324-0f0ca932e616/a24_12_14 .pdf

7 Moreno Castañeda, Manuel (2009) Acceso al conocimiento e Inclusión Social. Recuperado el 30 de enero de 2015, desde: http://148.202.167.99/rector/sites/default/files/090401%20Acceso%20al%20conocim iento%20e%20inclusi%C3%B3n%20social.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de febrero de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica en abstención), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en la siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de la resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de la doctrina.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el martes 4 de noviembre de 2014, la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en el artículo 2o., párrafos segundo y tercero.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa propuesta está sustentada en el análisis efectuado tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, al artículo 2o. y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, LFMZAAH, como al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y a el primer Informe de Gobierno 2012-2013, derivándose de lo anterior una iniciativa que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su artículo 2o., párrafos segundo y tercero, con el propósito de “establecer mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, para llevar a cabo acciones que les permitan resguardar, explorar, rescatar y preservar nuestro patrimonio cultural; asimismo, preceptuar el establecimiento de museos regionales, entre ellos los correspondientes a aspectos históricos marítimos, tanto de carácter militar como comercial.”

2. En cuanto al sustento jurídico de la iniciativa, la diputada promovente afirma que “México es cuna de numerosas culturas, poseedoras de amplios conocimientos, entre ellos los relativos a las ciencias y a las artes, mismos que maravillaron a los hispanos que colonizaron estas tierras, trayendo su cultura que conjuntamente con la de nuestros pueblos autóctonos formaron el país que conocemos”: afirmación que en la línea argumentativa de la diputada promovente, está inspirada en el segundo párrafo del artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

3. De los seis capítulos que integran la LFMZAAH, la diputada promovente analiza 16 artículos de cuatro capítulos, a saber: a) Capítulo I: Disposiciones Generales –artículos 2o., 5o., 7o.–; b) Capítulo III: De los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos –artículos 28, 30, 32, 33, 35, y 36–; c) Capítulo IV: De las zonas de monumentos, –artículos 37, 39, 40, 41–; y d) Capítulo V: De la competencia –artículos 44, 45 y 46–.

a) Del primer capítulo de la LFMZAAH, la diputada promovente destaca que la ley, además de tener por objeto el interés social y nacional y sus disposiciones son de orden público y que la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, también es pública.”; Para ello, define lo que “son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte,” por lo que “las autoridades de los estados, territorios y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

b) Del tercer capítulo de la referida ley, la diputada promovente retoma definiciones, tales como: “son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.” En ese sentido, asevera que los monumentos históricos cuando se trate de realizar “toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización;” de no ser así, “el Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.” En otras palabras, “son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante” y  “son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley;” y por lo que por determinación de la LFMZAAH son monumentos históricos: los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX.

c) Del cuarto capítulo, como está arriba señalado, la categoría de monumento histórico se adquiere por declaratoria, la cual “el presidente de la República, mediante decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta Ley y su Reglamento.” Para dimensionar el alcance de lo anterior, la diputada promovente define que: i) la “Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia;” ii)  la “Zona de monumentos artísticos, es el área que comprende varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante;” iii) y la “Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.”

d) Por último, del capítulo quinto de la LFMZAAH, la promovente recuenta las competencias de las dependencias responsables de observar y hacer cumplir la ley, así menciona que “el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos,” así como que “el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos”, y, “en caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado el secretario de Educación Pública, resolverá a cual corresponde el despacho del mismo.”

En cuanto a los planes, programas e informes del Poder Ejecutivo que analiza la diputada promovente y cuyos argumentos plasma en la exposición de motivos, se destacan los siguientes:

a) México tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios, que lo ubican como líder de América Latina en este rubro. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), contamos con 187 zonas arqueológicas abiertas al público, mil 184 museos, 7 mil 363 bibliotecas públicas, 594 teatros, mil 852 centros culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad cultural permanente. Sin embargo, un hecho que posiblemente impida el avance en materia de actividades culturales es que aún no se han logrado madurar suficientemente las estrategias para que sean autosustentables, por ejemplo, existen centros históricos en diversas localidades del país que no cuentan con los recursos necesarios para ser rehabilitados y así poder explotar su potencial como catalizadores del desarrollo, por lo que es necesario hacer el esfuerzo para lograr el rescate tanto de monumentos prehispánicos como coloniales, lo que propiciaría su preservación, misma que es tan necesaria ya que se cuenta con una gran riqueza cultural; se debe incrementar las zonas arqueológicas abiertas al público lo que motivaría independientemente de proteger nuestro patrimonio cultural, poner al alcance de investigadores nacionales y extranjeros, como de nuestra población, nuevos elementos de estudio, de igual forma se acrecentarían nuestros atractivos propiciando un mayor número de visitantes, lo cual beneficiaria en primer orden a los municipios del país, lo anterior es primordial aunado al incremento de la vigilancia para resguardarlos debidamente dichos monumentos (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018).

b) La diputada promovente sostiene que “la realidad social por la que atraviesa el país hace imperativa una nueva agenda de política cultural que establezca con claridad las vías para movilizar los recursos culturales de México, a fin de convertirlos en un medio valioso e imprescindible para lograr el desarrollo de la sociedad y contribuir a la superación de sus principales problemas y desafíos

c) Derivado del análisis que la diputada promovente realiza al primer Informe de Gobierno 2012-2013, concluye que puede “apreciar también que es notorio el impulso que el gobierno de la República ha dado a las acciones sobre preservación de nuestra cultura, pero es necesario intensificarlas, ya que como he dicho son numerosos los monumentos arqueológicos e históricos con los que afortunadamente contamos.

d) Finalmente, del comunicado de prensa número 61/2014, 5 de fecha 17 de enero del presente año del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, retoma de las cinco estrategias anunciadas, la que se refiere a hacer de la cultura un agente poderoso en el cumplimiento de las metas nacionales, entre ellas, la creación y puesta en marcha de planes de manejo de zonas arqueológicas y museos a nivel nacional; la construcción y modernización de la estructura operativa de las zonas ya existente.

Por lo expuesto y fundado, la diputada promovente somete a esta soberanía el presente proyecto de dictamen

Único. Se reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, en el artículo 2o., párrafos segundo y tercero

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Así como implementarán en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales las acciones correspondientes a su resguardo, exploración, rescate y preservación, con el fin de proteger nuestro patrimonio cultural.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación. Además se establecerán museos regionales, entre ellos los correspondientes a aspectos históricos marítimos, tanto de carácter militar como comercial.

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso.

En la iniciativa propone reformar los párrafos Segundo y tercero del Artículo 2o. de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que para mayor ilustración se compara con el precepto íntegro vigente en la siguiente tabla.

Texto vigente

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.

Texto propuesto

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Así como implementarán en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales las acciones correspondientes a su resguardo, exploración, rescate y preservación, con el fin de proteger nuestro patrimonio cultural.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación. Además se establecerán museos regionales, entre ellos los correspondientes a aspectos históricos marítimos, tanto de carácter militar como comercial.

Esta comisión dictaminadora, es sensible al propósito de su promovente, ya que dicho tema afecta sobremanera el destino de los monumentos, pues al generarse arraigo social alrededor de los mismos, éstos son cuidados, valorados y generan dinámicas en beneficio de la identidad y del desarrollo social, sin embargo es necesario hacer las siguientes precisiones:

1. En efecto, “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, por lo que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 38, fracciones XX y XXI, preceptúa que corresponde a la Secretaría de Educación Pública: Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país; y Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia. Dichas funciones, según lo establecido en el Capítulo V de la LFMZAAH, recaen en “el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, así como en “el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.

2. Por otro lado, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, LOINAH, en el artículo 2o., establece que además de realizar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio, también mandata que el Instituto propondrá al Secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones, así como establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, archivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley.

3. En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que es improcedente la adición al párrafo segundo del artículo 2o. de la LFMZAAH que se propone reformar, toda vez que el artículo referido establece que son competencia del INAH, por un lado, la investigación, conservación, restauración, protección, recuperación y difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; por otro, determina que las autoridades estatales y municipales, en coordinación con el INAH realizan campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Asimismo, la fracción V del artículo 2o. de la Ley Orgánica del INAH, señala que para el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendado este Instituto, propondrá “...al Secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y dela carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones.

Por otra parte, en términos de lo que establece el artículo 4o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: “las autoridades de los estados y municipios tendrán, en la aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señalen.”

4. En tanto que los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles son propiedad de la Nación y éstos son inalienables e imprescriptibles, corresponde a la SEP, INAH e INBA, emitir las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos que serán aplicables a los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos. Su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Por lo anterior, resulta improcedente la modificación al párrafo tercero del mismo artículo 2o. debido a que, en primer lugar, como lo indica el articulo artículo 28 Ter de la LFMZAAH, son materia de las dependencias del Ejecutivo federal el rescate, conservación y la investigación, su contexto arqueológico y natural, los objetos de carácter prehistórico, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua; por otro, los museos regionales quedan comprendidas todas las materias competencia del INAH, por lo que resulta innecesario distinguir la materia o tema como pretende la reforma.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, Apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en el artículo 2o., párrafos segundo y tercero, sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su Artículo 2o., párrafo segundo y tercero.

Segundo. Archívese en presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 En el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo decimoprimero.

2 Artículo 27 de la LFMZAAH.

3 Artículo 28 Ter de la LFMZAAH.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de febrero de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa presentada el 14 de octubre de 2014 por la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

Esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, habiendo analizado su contenido, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen conforme a lo siguiente:

I. Antecedentes

En fecha 14 de octubre de 2014, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional Esther Quintana Salinas presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4122-IV, del 14 de octubre del 2014.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que los asuntos citados fueran turnados a esta comisión para su estudio y dictamen, la cual fue recibida en fecha 15 de octubre del mismo año 2015.

II. Contenido de la iniciativa

La propuesta en lo conducente la sustenta con los siguientes argumentos:

“... La transparencia y el acceso a la información pública han sido dos de los logros más importantes alcanzados por la sociedad y la política mexicana en los últimos años. Le abonan de manera sustantiva a la calidad democrática del Estado y en las relaciones entre los gobernados y gobernantes, a más de que materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos.

La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. De este modo, se pueden desprender tres elementos fundamentales:

La transparencia se convierte en política pública, ya que el Estado al exhibir u ofrecer información sobre su funcionamiento, se somete al escrutinio público y con esto fortalece la confianza ciudadana, promueve el consentimiento de la sociedad en la toma de decisiones y acciones de gobierno, genera una sociedad más y mejor informada y todo esto repercute en el ejercicio de un voto más responsable.

La rendición de cuentas, es indispensable para que un gobierno se considere democrático porque obliga a los servidores públicos a informar sus decisiones, a justificarlas frente a los gobernados y a la posibilidad de sancionarlos por haber incumplido sus deberes públicos, pero también produce efectos benéficos para los gobernados

El derecho de acceso a la información, es un derecho fundamental, además de una herramienta indispensable en un gobierno democrático, e instrumento fundamental en una política de transparencia. El Estado es sujeto pasivo, pues debe permitir al sujeto activo (gobernado) ejercer su derecho. Se caracteriza porque: no se requiere acreditar interés alguno; ni justificar el uso que se dará a la información; es gratuito; las autoridades son susceptibles de sanción si obstaculizan el ejercicio del mismo y la única limitante que tiene es que la información no está clasificada como excepción.

Asimismo, el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 23, establece la obligación para que los secretarios de Estado rindan cuentas sobre el estado que guarda la administración en cada uno de sus ramos: Artículo 23. Los secretarios de Estado, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Como se puede observar, la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, es una obligación que permite a los ciudadanos conocer la forma en que se va ejerciendo el poder público, así como los avances o en su caso retroceso de los programas y del gasto público.

Sin embargo, y a pesar de la claridad en la que se expresa la obligatoriedad antes señalada, resulta incongruente el contenido del artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que señala el procedimiento que debe observarse para el cumplimiento de la rendición de cuentas establecido en el artículo 93 de la Constitución. Este artículo señala:

Artículo 163

1. La revisión y análisis del informe del estado que guarda la administración pública federal, que presente el titular del Poder Ejecutivo federal, y los que, en su caso, presenten los servidores públicos enunciados en el artículo 93 de la Constitución, se sujetará a lo siguiente:

I. La Cámara remitirá a cada comisión, el Plan Nacional de Desarrollo y los anexos del Informe de Gobierno del ramo que se corresponda:

II. La Cámara solicitará los informes sobre el cumplimiento de los resultados alcanzados en los planes y programas sectoriales y los enviará a las comisiones que corresponda, a fin de que estás los confronten con los objetivos enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo;

III. La comisión podrá solicitar la comparecencia de los funcionarios públicos enunciados en el artículo 93 de la Constitución, quienes comparecerán bajo protesta de decir verdad y podrán ser sujetos de interpelación, ante la propia comisión;

IV. La comisión podrá solicitar mayor información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 de la Constitución, que se correspondan con las materias de su competencia, mediante la pregunta parlamentaria; y

V. La comisión formulará un documento anual en el que conste el análisis de este informe, que deberá remitirse a la Mesa Directiva, para que dé cuenta al pleno, se difunda en los medios electrónicos de la Cámara y sea publicado en la Gaceta.

Como se desprende del artículo del Reglamento de la Cámara de Diputados descrito en líneas anteriores, éste circunscribe la información que debe de proporcionar el servidor público, a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, dejando de lado la posibilidad de hacerla respecto de las acciones realizadas en función de sus atribuciones estipuladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por esto, resulta importante reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de complementar lo estipulado tanto en la Constitución Política como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que los servidores públicos informen a este órgano legislativo sobre el cumplimiento de los resultados alcanzados y que deberán ser confrontados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y ahora también con el cumplimiento de las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Además, con esta iniciativa se garantiza el cumplimiento del principio de legalidad, en virtud de que con este principio se deben de regir todas las actuaciones de la administración pública sometiéndola a la ley y al derecho. Este principio tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la administración pública puede hacer sólo lo que esté permitido por ley. El principio de legalidad se constituye como pieza fundamental del derecho administrativo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de los asuntos que en este dictamen se atienden los miembros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, esta dictaminadora después del análisis de la propuesta considera pertinente señalar lo siguiente:

a) Elementos que deben contener las iniciativas previstas en el Reglamento de la Cámara de Diputados

En primer término, encontramos que la propuesta en estudio, no está estructurada conforme a los requisitos que establece puntualmente el Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 78, numeral 1, concretamente la fracción II, señala: “Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver”.

Se hace hincapié en tal punto al resultar de suma importancia, ya que al cumplir con éste, ayuda a determinar la necesidad del proyecto, puesto que supone identificar las causas y naturaleza del problema en cuestión, con objeto de ir descartando o determinando vías o medios alternativos de solución, pues este ejercicio contribuirá muy probablemente a eliminar la indeseable tendencia a dar solución a todo problema con la expedición de nuevas leyes o reglamentos, cuando los problemas pueden ser resueltos a través de medidas administrativas, sean operativas, ejecutivas, o de promoción y concientización política que se adecuen a los vigentes textos normativos.

Por lo que al no tener la propuesta la estructura mínima, observamos la dificultad para determinar cuál es el problema que pretende resolver con su iniciativa, no debemos pasar por alto que esta es una cuestión metodológica que este conlleva una pregunta inicial y una serie de preguntas tópicas relacionadas con dicho fenómeno tales como el ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, entre otras.

Lo anterior resulta de gran importancia, ya que es indispensable comprobar si dicho proyecto está relacionado con un problema jurídico, político, social, cultural, científico o técnico y con ello se puedan precisar las causas y efectos de un problema, para que a través de un acto legislativo se aporte su solución.

Debemos tener en cuenta que la razón de ser de los requisitos contemplados en dicho numeral es para que las iniciativas de ley, para que cuenten con un mayor sustento, que a la postre fortalecerá el trabajo legislativo y promoverá la calidad del debate.

Por tanto, al no contar la propuesta con tal estructura, no se puede determinar en concreto cuál será precisamente la solución que aportaría en su caso la señalada modificación al Reglamento de la Cámara de Diputados, ya que si se remite a la exposición de motivos se pueden observar argumentos referentes al Plan Nacional de Desarrollo y su cumplimiento, rendición de cuentas, acceso a la información, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y finalmente al principio de legalidad.

b) Proyecto de decreto de la propuesta

Sumado a las consideraciones expresadas en el inciso que antecede, analizada la redacción del proyecto de decreto de la iniciativa en comento resulta más confuso, ya que al aludir en su exposición de motivos cuestiones relativas a la transparencia, rendición de cuentas y sobre todo el acceso a la información, aludiendo incluso su calidad como derecho fundamental, no concuerda con la propuesta planteada en el proyecto de decreto que pretende se agregue a la fracción II del artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados que la Cámara evalúe el desempeño de las funciones de los secretarios de Estado.

Ello en virtud de que el señalado artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados se refiere a la revisión y análisis del estado que guarda la administración pública federal y no a las funciones de los Secretarios de Estado, que si bien en dicho artículo los vincula dada la facultad que el mismo Congreso tiene para pedirles información e incluso que comparezcan a rendirla, pero el hecho de analizar y revisar el estado de la administración pública, así como la obligación de estos para rendir información no conlleva la evaluación de sus funciones, por lo tanto no resultaría armónico con el artículo mencionado este tipo de disposiciones.

c) Derecho a la información

Relacionado con los argumentos del inciso anterior y en virtud de las alusiones hechas por la proponente respecto al derecho de la información, es dable señalar que respecto a este derecho fundamental, el mismo consiste en que cualquier individuo puede, en relación con el Estado, buscar, recibir o difundir –o no buscar, no recibir, ni difundir- informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio, y que los individuos tienen frente al Estado el derecho a que éste no les impida buscar, recibir o difundir o bien, no los obligue a buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio.

Luego entonces, si bien no se discute la importancia de dicho derecho fundamental en la vida democrática del país, para los efectos de la presente iniciativa, no resulta coherente con la propuesta en concreto presentada en la iniciativa dentro del proyecto de decreto que, como ya se señaló, pretende establecer una evaluación en el desempeño de los Secretarios de Estado por parte de la Cámara de Diputados.

d) Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Es dable señalar que el artículo 93 de la Carta Magna y que por cierto alude la proponente en su iniciativa, contiene disposiciones referentes a las comparecencias de los Secretarios de Estado ante el Congreso y su obligación de rendir información al mismo de los asuntos de su competencia, estableciendo textualmente lo siguiente:

Artículo 93. Los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

De dicho texto podemos desprender que Constitucionalmente no se establece que de las obligaciones que tienen los Secretarios de Estado para con el Congreso, sea la de someterse a una evaluación de desempeño de sus funciones, lo que pone de manifiesto que los argumento de la exposición de motivos de la iniciativa no son acordes a lo que se propone reformar.

Bajo la misma línea podemos apreciar lo que al efecto contempla la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 45 numerales 1, 2, 3 y 4 señalan lo siguiente:

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al presidente de la República.

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario del Despacho o jefe de Departamento Administrativo correspondiente comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

Disposición que es acorde al texto constitucional y que sólo se refiere al estudio del informe sobre el estado de la administración pública federal y no sobre algún tipo de evaluación de desempeño de los secretarios de Estado.

En este mismo sentido el Reglamento de la Cámara de Diputados contiene disposiciones específicas de tal tópico, mismas que se encuentran previstas en el artículo 163, numeral 1, fracciones I a V, que señala lo siguiente:

1. La revisión y análisis del informe del estado que guarda la administración pública federal, que presente el titular del Poder Ejecutivo federal, y los que, en su caso, presenten los servidores públicos enunciados en el artículo 93 de la Constitución, se sujetará a lo siguiente:

I. La Cámara remitirá a cada comisión, el Plan Nacional de Desarrollo y los anexos del Informe de Gobierno del ramo que se corresponda;

II. La Cámara solicitará los informes sobre el cumplimiento de los resultados alcanzados en los planes y programas sectoriales y los enviará a las comisiones que corresponda, a fin de que estás los confronten con los objetivos enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo;

III. La comisión podrá solicitar la comparecencia de los funcionarios públicos enunciados en el artículo 93 de la Constitución, quienes comparecerán bajo protesta de decir verdad y podrán ser sujetos de interpelación, ante la propia comisión;

IV. La comisión podrá solicitar mayor información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 de la Constitución, que se correspondan con las materias de su competencia, mediante la pregunta parlamentaria; y

V. La comisión formulará un documento anual en el que conste el análisis de este informe, que deberá remitirse a la Mesa Directiva, para que dé cuenta al pleno, se difunda en los medios electrónicos de la Cámara y sea publicado en la Gaceta.

Se observa de dicho artículo, una disposición armónica a las disposiciones de la Constitución y Ley Orgánica del Congreso.

Finalmente el argumento anterior se encuentra concordante con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (a la que incluso la proponente hace referencia en su exposición de motivos), ya que su artículo 23 es acorde al mencionado 93 de la Constitución Política Mexicana, en el sentido de que no se establece disposición alguna que someta a los Secretarios de Estado a que sean evaluados en el desempeño de sus funciones por la Cámara de Diputados.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Esther Quintana Salinas, del Partido de Acción Nacional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Notas:

1 Muro Ruiz, Eliseo, Algunos elementos de técnica legislativa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, página 61.

2 Reglamento de la Cámara de Diputados, versión comentada, primera reimpresión, Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, julio 2013, página 71.

3 López-Ayllón, Sergio, El derecho a la información como derecho fundamental, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, páginas 164-165.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de febrero de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Por lo tanto consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo el listado con el número siete que se reserva.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY DE PUERTOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Contenido de la Minuta” se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, las comisiones dictaminadoras realizan las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la minuta mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) el 29 de abril de 2011. (LXI Legislatura)

2. Dictamen de Primera Lectura presentado el 25 de octubre de 2011. (LXI Legislatura)

3. Dictamen a Discusión presentado el 26 de octubre de 2011. Proyecto de decreto aprobado por unanimidad de 73 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LXI Legislatura)

4. Minuta recibida el 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura)

5. Dictamen a discusión presentado el 05 de marzo de 2013. Proyecto de decreto aprobado en votación económica. Pasó a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Minuta recibida en Cámara de Senadores el 07 de marzo de 2013. (LXII Legislatura.

7. Dictamen de Primera Lectura presentado el 25 de febrero de 2014. (LXII Legislatura)

8. Dictamen a discusión presentado el 04 de marzo de 2014. Proyecto de decreto aprobado por 95 votos en pro. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)

9. Minuta recibida en Cámara de Diputados el 18 de marzo de 2014.

II. Contenido de la Minuta.

Las comisiones dictaminadoras de la colegisladora, no compartieron los argumentos con los que la Cámara de Diputados desechó la minuta en comento, considerando que de aprobarse la reforma no se violenta disposición alguna y tampoco se propicia sobrerregulación, que entorpezca las actividades que desempeñan en los puertos de la nación, exponen que el espíritu de la minuta es armonizar la Ley de Puertos con lo establecido en el artículo 32 constitucional.

Por tal motivo presentan nuevamente a la cámara revisora la minuta objeto de este dictamen, haciendo modificaciones quedando el proyecto de decreto de la siguiente manera:

Único.Se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis.Para ser Capitán de Puerto deberán cumplirse los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad;

II. Contar con títulos de estudios superiores náuticos debidamente registrado;

III. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la operación marítima portuaria, y

IV. No haber sido sentenciado por delito de tipo doloso, ni estar suspendido, inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar en 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal a través de la Secretaría y las autoridades encargadas de aplicar la presente ley, realizarán e implementarán las adecuaciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para dar cabal cumplimiento al mismo.

III. Consideraciones

El artículo 32. Constitucional establece que:

La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.

Las comisiones dictaminadoras de la colegisladora exponen que la intención de la minuta es armonizar el artículo 32 Constitucional, con la Ley de Puertos, al respecto estas comisiones dictaminadoras consideran necesario hacer la siguiente observación:

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que armonizar es hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin.

Si tomamos en cuenta esta definición, no es posible que exista un desacuerdo entre la Constitución y una ley secundaria. Los principios generales del derecho nos establecen que la Constitución es la norma suprema y que no puede existir una ley que vaya en contra de lo dispuesto en la misma. En ese sentido el 105 constitucional establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

Es por eso que estas comisiones dictaminadoras consideran que no es necesario armonizar el artículo 32 constitucional con la Ley de Puertos y que una vez planteado en la Constitución no es necesario plantearlo nuevamente en una ley secundaria.

Estas comisiones dictaminadoras coinciden en que la minuta en estudio no tiene una razón de ser aprobada ya que el hacer la adición del artículo 17 Bis no conlleva ningún cambio como lo hemos dicho ya que el objeto de la minuta ya se encuentra plasmado en otros ordenamientos.

Es importante establecer que las Comisiones Unidas de Transporte y Marina de la Cámara de Diputados, ya habían dictaminado esta minuta en sentido negativo regresándola a la colegisladora para los efectos del artículo 72, fracción D, constitucional. Estas comisiones dictaminadoras coinciden con las consideraciones expresadas en el primer dictamen de esta minuta, las cuales exponemos a continuación.

El artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señala que corresponde a la Dirección de Marina Mercante “... proponer la designación de los titulares de las capitanías de puerto de conformidad con las normas aplicables...”, de suerte tal que para el nombramiento de los Capitanes de Puerto se atiende el ordenamiento constitucional arriba abreviado. Por tanto, las comisiones unidas que dictaminan concuerdan en que con la disposición constitucional queda plenamente regulado el primer requisito.

El artículo 7 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo establece que en materia de Marina Mercante, la autoridad marítima la ejerce el Ejecutivo federal a través de la SCT, por sí o por conducto de las capitanías de puerto; este precepto constituye al capitán de puerto en un servidor público, titular de una unidad administrativa que depende del Ejecutivo federal; por tanto, las comisiones dictaminadoras opinan que su perfil no requiere ser regulado en una ley, que es para prever cuestiones de carácter sustantivo; sino que por su particularidad es más apropiado establecer el perfil del capitán de puerto en otra norma de menor jerarquía, por referirse a disposiciones para la contratación administrativa del personal de la administración pública federal.

Por lo que se refiere a los requisitos de contar con títulos de estudios superiores náuticos debidamente registrados y tener una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la operación marítima portuaria, se menciona que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para la educación náutica la SCT organizará e impartirá directamente la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante Nacional, con planes y programas de estudios registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, las instituciones educativas de estudios superiores que autoricen la SCT y la SEP podrán ofrecer estudios de posgrado a los oficiales de la Marina Mercante, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación.

Conjuntamente, la fracción XV del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a la SCT le corresponde “establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, servicios públicos de transporte terrestre y de telecomunicaciones, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas”. Con esto, las comisiones unidas que dictaminan advierten que queda instituido que a la SCT le corresponde establecer el nivel académico y la experiencia que debe tener un capitán de puerto.

En cuanto a no haber sido sentenciado por autoridad judicial competente, ni estar suspendido, inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público, en principio es un requisito lógico, ya que un individuo sentenciado estaría imposibilitado por el propio delito y al estar suspendido o inhabilitado para ello, solamente tendrá derecho a participar en una nueva convocatoria, una vez que dicha sanción haya concluido.

Es importante reiterar que en el dictamen anterior de esta Cámara de Diputados en que se desechó la minuta en estudio fue en los términos del artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

De la fracción anterior se desprende que  una vez desechada en su totalidad la minuta regresara a la cámara de origen donde si es aprobada regresara a la revisora que la desecho la cual la tomara otra vez en consideración, sin embargo de acuerdo a lo aquí planteado no expone que la cámara de origen podrá hacer modificaciones, sino que solamente la podrá volver a aprobar en los términos que fue presentada, sin embargo esta minuta fue reformada y regresada a esta cámara de diputados con fundamento en el artículo 72, fracción E, constitucional, por lo que esta comisión considera que existe un error procesal.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea y para los efectos del artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos.

Segundo. Infórmese al Senado de la Republica que el proceso legislativo del decreto en comento ha concluido.

Tercero. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios, Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero, José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez..

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.Continúe la Secretaría, por favor.

PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente .

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Javier Filiberto Guevara cause baja como secretario de la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Norma González Vera cause alta como secretaria en la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Norma González Vera cause baja como secretaria de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Javier Filiberto Guevara cause alta como secretario en la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Celestino Manuel Alonso Álvarez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Norma González Vera cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Faustino Félix Chávez cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Celestino Manuel Alonso Álvarez cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Norma González Vera cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.) Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Marco Antonio González Valdez cause baja como secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Salvador Ortiz García cause alta como secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Salvador Ortiz García cause baja como integrante de la Comisión de Pesca

• Que el diputado Faustino Félix Chávez cause baja como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada Judit Guerrero López cause alta como secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada Judit Guerrero López cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de  la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Salvador Arellano Guzmán cause baja como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón cause alta como secretario en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Salvador Arellano Guzmán cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado José Daniel Ochoa Casillas cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado José Daniel Ochoa Casillas cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Petra Barrera Barrera cause baja como integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Raúl Santos Galván Villanueva cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Raúl Santos Galván Villanueva cause baja como integrante de la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Petra Barrera Barrera cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Genaro Ruiz Arriaga cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Genaro Ruiz Arriaga cause alta como integrante en la Comisión Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Maricela Velázquez Sánchez cause baja como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado José Luis Flores Méndez cause alta como secretario en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado José Luis Flores Méndez cause baja como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Flor Ayala Robles Linares cause baja como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Adolfo Bonilla Gómez cause alta como secretario en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Adolfo Bonilla Gómez cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Jorge Terán Juárez cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Isela González Domínguez cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Isela González Domínguez cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Luis Contreras Rojas cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado José Luis Contreras Rojas cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Maribel Enríquez Ramírez cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que la diputada Ofelia Limón Robles cause alta como secretaria en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Enrique Flores Flores cause baja como secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Ofelia Limón Robles cause alta como integrante en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada Ana Paola López Birlain cause baja como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada Lorena Gutiérrez Landavazo cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Damián Zepeda Vidales cause baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Lorena Gutiérrez Landavazo cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Viridiana Lizette Espino Cano cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo cause baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Viridiana Lizette Espino Cano cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Viridiana Lizette Espino Cano cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Maribel Enríquez Ramírez cause alta como secretaria en la Comisión Protección Civil.

• Que el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado cause baja como secretario de la Comisión Protección Civil.

• Que la diputada Maribel Enríquez Ramírez cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora.

• Que el diputado José Enrique Reina Lizárraga cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora.

• Que la diputada Ofelia Limón Robles alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que el diputado José Enrique Reina Lizárraga cause baja como integrante de la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica) Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquense.

SOLICITUD DE LICENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Alejandra López Noriega, en mi carácter de diputada federal por el distrito 3 del estado de Sonora e integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la presente me permito exponer:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XI; 6, numeral 1, fracción XVI; y 12, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar respetuosamente licencia para separarme del cargo de diputada federal por tiempo indefinido, con efectos a partir del día 10 de febrero del año en curso.

Sin más por el momento, agradezco la atención que se brinda a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2015.—Diputada Alejandra López Noriega (rúbrica).»

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Alejandra López Noriega para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el III distrito electoral del estado de Sonora, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada. Comuníquese.

Continúe la Secretaría, por favor.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados condena el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes, a manos de policías de Pasco, Washington, Estados Unidos.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe la diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes, a manos de policías de Pasco, estado de Washington, Estados Unidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Relaciones Exteriores doctor José Antonio Meade Kuribreña, a demandar a las autoridades de ese país, castigo para los policías agresores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2015.—  Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, secretaria. Para hablar del tema se han inscrito diputadas y diputados en representación de las distintas fracciones parlamentarias, para fijar la posición de sus grupos con respecto al tema que ha referido la secretaria.

Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz, de la agrupación de diputados Morena, para fijar la postura sobre este asunto. Tiene usted la palabra, señora diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venida de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, una obligación de todos los Estados es la protección fundamental de sus nacionales en el extranjero.

En base a esta obligación del Estado se presenta lo que se conoce como acción de protección diplomática y así surgió, en su momento, uno de los casos más importantes ante la Corte Internacional de Justicia, que es el caso Avena y otros nacionales mexicanos, que fue para evitar que se aplicara la pena de muerte a más de 52 nacionales mexicanos detenidos en Estados Unidos, sin que se hubiera llevado a cabo el derecho de asistencia consular o de notificación consular.

Llama la atención que con nuestro socio comercial con quien celebramos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos de América, se tolere o se permitan acciones como las que sufrió precisamente Antonio Zambrano Montes.

Es lamentable que tengamos que recurrir el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados a hacer un exhorto al secretario de Relaciones Exteriores para que se cumpla con una obligación que tiene el propio Estado mexicano. Y debería de ser no sólo el secretario de Relaciones Exteriores, sino el titular del Ejecutivo. Es decir, Enrique Peña Nieto.

Tenemos una larga historia de permitir que se violen derechos fundamentales a los mexicanos en Estados Unidos de América, prueba de ello es que tenemos 32 consulados mexicanos que nada más están pendientes de ver que se garantice su derecho al debido proceso y a la notificación consular por cuantos son detenidos porque son mexicanos, por sospechar que cometen equis o cual delito y siendo en circunstancias en que no se puede comprobar su culpabilidad en la mayoría de los casos y por el simple hecho de ser mexicanos son consignados a las autoridades policiacas.

En muchos casos por los mismos policías han sido golpeados, torturados, maltratados y algunos hasta han perdido la vida. Y en esos casos la sanción para los que cometen estos actos son sanciones menores. En alguno de ellos fue nada más lesiones, cuando precisamente le conminaron una no solamente golpiza, sino lo dejaron de por vida a una silla de ruedas a un connacional mexicano.

También podemos recordar el caso de los asesinatos por la Policía Fronteriza que se encuentra en Estados Unidos de América contra mexicanos. Hemos mencionado muchísimos casos en México.

De estos mexicanos que han muerto en territorio nacional y que hasta la fecha no vemos resultado alguno ni la responsabilidad ni la sanción por parte del gobierno de Estados Unidos de América a estos policías, bien sean fronterizos o policías federales o estatales.

Yo sí hago el llamado al presidente –y Morena– al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, para que reclame responsabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos de América de la debida protección de los derechos humanos y la vida de este connacional mexicano y presente la reclamación por protección diplomática a la Corte Internacional de Justicia.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra el diputado René Fujiwara, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Antonio Zambrano Montes, como ustedes lo saben, era un trabajador agrícola que, como muchos de nosotros y de nuestros paisanos, emigró hace una década a los Estados Unidos, con la idea de labrarse un futuro mejor para él y su familia.

Lamentablemente, como muchos de nosotros lo hemos escuchado, el pasado 10 de febrero, en la comunidad de Pasco, en el estado de Washington, Antonio Zambrano fue abatido a balazos por la policía de la localidad. En lo que según muestran los videos es un acto de brutalidad policiaca y exceso de fuerza.

En Nueva Alianza queremos manifestar nuestra solidaridad con la familia de Antonio Zambrano, haciéndoles saber que los acompañamos en su dolor y que no nos mantendremos indiferentes ante actos de tal crueldad contra nuestros connacionales.

Somos enfáticos al hacer una enérgica condena a la violencia y desmesura de la acción de la policía de Pasco, quienes accionaron sus armas contra un hombre desarmado y con las manos en alto.

Horrorizados, compañeras y compañeros, hemos podido ver los videos en los que Antonio huye, levanta las manos y clama por su vida a los tres agentes que sin piedad deciden disparar en repetidas ocasiones, dejando abatido a nuestro connacional Antonio.

En Nueva Alianza queremos reiterar nuestro compromiso con la protección y la defensa de los derechos humanos y sobre todo exigir que el Estado mexicano actúe, como lo ha estado haciendo, de manera decidida, de acuerdo con los tratados internacionales, para asistir a la familia de Antonio Zambrano.

Hacemos votos para que la investigación en torno a los lamentables hechos que terminaron con la vida de uno de nuestros connacionales sea imparcial y minuciosa, que las acciones de los policías implicados en la muerte de Antonio no queden sin castigo, y evitar que casos tan lamentables vuelvan a enlutar a las familias de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Fujiwara. Tiene ahora la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Diputada Núñez, tiene usted la palabra.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, Antonio Zambrano Montes, un mexicano de 35 años, originario de Michoacán murió el martes pasado a causa de varios disparos hechos a corta distancia, por agentes policiales en Pasco, estado de Washington.

Existen evidencias filmadas de que a nuestro compatriota le dispararon a sangre fría, estando éste desarmado y en el momento en que extiende las manos hacia los policías. Se ha calificado el hecho como uso desproporcionado de la fuerza letal.

Nosotros pensamos que usar esos calificativos es un intento de quitarle relevancia a lo que a todas luces es una ejecución sumaria.

Éste es un hecho injustificado que merece nuestra indignación y nuestra condena. Pero lo que le da mayor dramatismo no es la crueldad y la impunidad con que actúan los policías estadounidenses. Lo que hace más dramático a este tipo de acciones y que nos llena de vergüenza, es que se trata de hechos que se repiten periódicamente.

Y no es casual que Antonio sea michoacano, es la ratificación de que la falta de oportunidades laborales, sumada a la violencia, incrementa la expulsión de mexicanos hacia Estados Unidos en condiciones de extrema precariedad.

¿Cuántas veces hemos subido a esta tribuna a condenar acciones similares? ¿Cuántas veces mueren mexicanos en el vecino país del norte, en incidentes que rara vez se esclarecen, y menos aún se les hace justicia a nuestros conciudadanos?

Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sube a esta tribuna no solo para referirse y condenar la responsabilidad de las autoridades norteamericanas. Queremos referirnos también a la responsabilidad que nos compete como nación, a la negligencia e inoperancia de nuestras autoridades que fallan sistemáticamente en la protección de los derechos de nuestros compatriotas residentes en Estados Unidos.

La brutalidad por parte de elementos de la Patrulla Fronteriza o policías de Estados Unidos ha dejado 74 mexicanos muertos desde el 2006, según propios datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De esos 74 mexicanos muertos, 26 perdieron la vida en manos de elementos de la Patrulla Fronteriza y 48 por autoridades locales, donde participaron departamentos de policía, oficinas del sheriff y oficinas estatales de caminos.

Quisiéramos recordarles, además, que cada día mueren entre uno y dos migrantes cuando intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y esta cifra proviene de una organización estadounidense llamada Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que considera que esta situación se ha agravado por la militarización en ambos lados de la frontera.

Varios representantes de esta Red, con sede en Estados Unidos, explicaron que la militarización es una estrategia fallida y que cuando su organización defiende los derechos humanos de los mexicanos que emigran a Estados Unidos, siempre se encuentran con voces que les recuerdan la deshumanización que los indocumentados sufren dentro de las propias fronteras de México y no le falta razón a este organismo, somos corresponsables de estos hechos ya sea por acción u omisión.

El gobierno mexicano ha ido perdiendo calidad moral para defender los derechos de sus inmigrantes en Estados Unidos por el maltrato a que somete a los inmigrantes centroamericanos y a una política exterior sumisa. México debe recuperar su imagen internacional muy debilitada, establecer marcos jurídicos de protección y garantizar mecanismos de rendición de cuentas.

Por esas razones es que la derecha más conservadora de Estados Unidos justifica leyes contrarias a los migrantes y una actitud racista de la policía con el argumento de que la violencia mexicana se está desbordando.

Señoras y señores diputados, extendemos nuestra solidaridad y sentido pésame a la familia de Antonio Zambrano Montes. Asimismo, condenamos la violencia ejercida contra nuestros conciudadanos en Estados Unidos. Hacemos un llamado perentorio para que el Ejecutivo mexicano asuma sus responsabilidades en la protección de las garantías de sus ciudadanos en el extranjero. Un marco jurídico moderno y ajustado a las nuevas realidades de los flujos migratorios y una política exterior digna y no sumisa son imperativas. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Núñez Monreal. Tiene ahora la palabra, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. De nueva cuenta el asesinato de un mexicano a manos de policías estadounidenses es motivo de reclamo por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de migrantes mexicanos. En este caso se trata de Antonio Zambrano, quien deja dos hijos que tendrán que pelear por una indemnización que cubra sus estudios futuros.

Rechazamos categóricamente la argumentación de una conducta amenazante, por ser contraria al derecho internacional de los derechos humanos, mismo que contempla desde 1990 estándares mínimos sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidos en los principios básicos sobre el uso de la fuerza y uso de armas de fuego.

Este instrumento prevé que los agentes de la ley no deberán usar armas de fuego en contra de personas, excepto en caso de defensa propia o defensa de terceros, contra una amenaza inminente de muerte o heridas de gravedad.

Es lamentable que esos actos de abuso de autoridad y discriminación ejecutados por los diferentes niveles de seguridad en Estados Unidos se sigan dando. ¿Hasta cuándo nuestra Cancillería pegará un golpe en la mesa y exigirá que se respeten los derechos humanos de todos los mexicanos?  Mexicanos que por la incapacidad del gobierno federal tienen que salir de este país, ya que no se están dando las oportunidades de trabajo y nos tiene que convertir a nosotros los mexicanos en uno de los países que más mano de obra exporta.

En Movimiento Ciudadano exigimos que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pida que se castigue con todo el peso de la ley a quienes han atentado en contra de conciudadanos mexicanos, tal como le ha sucedido a quien en vida llevaba el nombre de Antonio Zambrano, que por un abuso de autoridad de parte de la policía de Pasco en Washington, perdiera la vida.

¿Hasta cuándo el gobierno federal va a seguir haciéndose de la vista gorda ante estos hechos sumamente denigrantes y a la vista de todos en una franca violación a los derechos humanos?

Este acto de violencia debe sensibilizar al gobierno mexicano y no tan solo en hacer un exhorto al gobierno estadounidense para que cesen este tipo de actitudes asesinas en contra de mexicanos. El gobierno mexicano debe pedir que se dé una muestra clara de que se respeten los derechos humanos de todos los mexicanos que están trabajando en el vecino país del norte.

Debe exigir al gobierno de Obama que se castigue con la pena máxima este tipo de delitos, así como ellos han castigado a muchos de los mexicanos que han atentado en contra de la vida de autoridades del Estado americano. Nada más por recordar el más reciente hecho con la privación de la vida de nuestro conciudadano Edgar Tamayo, en donde el gobierno mexicano no pudo hacer nada y tuvo que apegarse a las leyes del estado de Texas, nosotros debemos hacer lo mismo como mexicanos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto debe apoyar también a los familiares de Zambrano no tan solo en cuestiones económicas. Este gobierno debe de hacer valer los derechos humanos que se encuentran estipulados en nuestra Carta Magna.

No podemos seguir permitiendo –como mexicanos– que a los que hacen las tareas laborales que los estadounidenses no quieren realizar, ya sea por seguridad social, por salubridad, y lo tienen que ir a hacer nuestros connacionales mexicanos, se les esté dando un trato indigno y que estén perdiendo la vida por situaciones –en muchas ocasiones– hasta de racismo. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar de la fracción parlamentaria del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, presidente; con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados, también como representante de la fracción del Partido Verde, demostrar nuestra indignación por este lamentable hecho, por la pérdida de nuestro paisano, del michoacano Antonio Zambrano, quien fue asesinado brutalmente.

Eso no puede seguir pasando; nosotros hoy reconocemos también en el gobierno de la república ya hayan hecho esta expresión a través de la cancillería de reproche a este acto de brutalidad que se vivió en los Estados Unidos.

Pero también hay que decirlo, ayer estuvimos en una reunión en Morelia, Michoacán donde estuvimos con el presidente municipal de Aquila, a quien damos un afectuoso saludo porque ha sido muy solidario con la familia de Antonio Zambrano, que les ayudó con algo de viáticos para poder tener su traslado.

También un reconocimiento a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también estuvieron desde un principio dando su mano de apoyo a esta familia, incluso agilizando los pasaportes y todos los trámites para que pudieran viajar con normalidad a los Estados Unidos.

También al gobierno del estado a través de  la Secretaría del Migrante, que también ha estado al pendiente y que también han apoyado con recursos económicos a la familia, y por supuesto hoy que hemos visto en diferentes medios el apoyo que ha estado dando la cancillería. Y un reconocimiento a quienes han estado al pendiente de la familia.

Pero lo que no podemos permitir es que sigan pasando este tipo de hechos tan lamentables con nuestros paisanos. Tenemos que aspirar a que algún día este intercambio que hay con los Estados Unidos sea muy natural, que sea lo más normal porque no pueden seguir existiendo actos de racismo, esa violación constante a los derechos humanos; eso es lo que no podemos permitir.

Por eso nos sumamos a este exhorto, aunque repetimos, ya se hizo a través de cancillería, pero ojalá sea mucho más enérgico, se demuestre mucho mayor indignación y creo que esta alta tribuna lo ha dejado muy claro.

Entonces que sepan que vamos a estar también como paisanos, como michoacanos que somos, como diputado federal y junto con otros compañeros diputados del estado, muy al pendiente de la familia y demostrar –por supuesto– siempre nuestra indignación. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Núñez. Tiene ahora la palabra la diputada Amalia García Medina, para fijar la postura a nombre del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Señor presidente, compañeras. Compañeros diputados, diputadas. La pregunta que muchos se hacen es ¿Qué respuesta habría tenido el gobierno norteamericano si a manos de corporaciones policiacas hubiera sido asesinado un ciudadano de ese país?  Podemos imaginarnos la respuesta.

No solamente la respuesta indignada con declaraciones, sino incluso tal vez con algún tipo de acción. Porque Estados Unidos acostumbra defender lo que ellos llaman “legitimo uso de la protección de los derechos, la integridad de los ciudadanos norteamericanos”.

Nosotros no estamos haciendo un llamado a la guerra, ni a una confrontación bélica, sino que estamos haciendo un llamado a lo que ha sido el uso de la fuerza policiaca con armas de fuego, una acción letal para privar de la vida a una persona, a un ser humano, a un mexicano trabajador agrícola.

Lamentablemente, hay que decirlo, que el número de mexicanos asesinados en los Estados Unidos a manos de integrantes de las corporaciones policiacas ha sido constante, no es el primer caso, han sido 74 migrantes en los últimos 9 años.

Pero recuerdo que aquí mismo, en esta legislatura, aprobamos un punto de acuerdo reclamando por el asesinato en Nogales, Sonora, de un joven de 16 años, que del lado de territorio mexicano, en nuestro propio país, fue asesinado por un integrante de la patrulla fronteriza.

Lo que argumentó el integrante de la patrulla fronteriza y su propia corporación, es que este joven con otros estaban aventando piedras y ellos se sentían lesionados, intimidados porque las piedras no alcanzaban a cruzar del otro lado del rio Bravo, e hicieron uso de la fuerza con un arma de fuego y asesinaron al joven José Antonio Elena Rodríguez.

Hubo una nota diplomática y hubo un reclamó, pero es constante el número de mexicanos asesinados sobre los cuales no ha habido una acción adicional posterior para garantizar que haya una sanción, que haya una condena y que no haya impunidad. Solamente de esos 74 casos, en 9 ha habido lo que han llamado “reparación del daño”.

Pero deseo subrayar que en ningún caso, absolutamente en ninguno, ha procedido una sanción que signifique sentencia condenatoria. En todos los casos lo que se ha argumentado es que los policías actuaron en defensa propia porque sentían que estaba en riesgo su vida y su integridad, y si en ningún solo caso ha procedido una sentencia condenatoria es inadmisible que esto continúe sucediendo sin que haya una acción de mayor dimensión.

Quiero referirme a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la cual guardo un enorme respeto, creo que hacen un gran trabajo, y sin embargo deseo decir aquí con toda claridad que me parece absolutamente insuficiente que haya dado instrucciones la Secretaría de Relaciones Exteriores al cónsul de México en Seattle, en el Estado de Washington, para que envíe una carta al fiscal de distrito del condado para que realice una investigación sobre este incidente. Hay que decir que no es un incidente, se trata de un homicidio, lo podemos ver con toda claridad en el video. Subrayo, no es un incidente.

Y, segundo, se ha instruido al cónsul también para que en otra misiva presente una protesta al jefe de la policía de Pasco expresando la condena y la indignación, pero además solicitando la Secretaría de Relaciones Exteriores conocer cuáles serán las medidas disciplinarias que se aplicaran eventualmente a estos policías.

No queremos conocer la medidas disciplinarias, lo que tenemos que exigir es que se aplique el Estado de derecho. En un homicidio a sangre fría, como éste, lo que tiene que proceder es un juicio, tienen que ser llevados a juicio estos policías, tiene que ser un juicio en el que esté presente una sanción y se garantice que no haya impunidad, porque además es un hecho que se ha repetido.

Y podemos legítimamente, y con fundamento, decir que no sólo es un homicidio, sino que se acerca a lo que puede tipificarse como crimen de odio y también como un acto racista y xenofóbico porque se trata de mexicanos, personas de origen mexicano, o de un norteamericano joven recientemente también a manos de corporaciones policiacas, que fue asesinado.

Es fundamental que ante las notas diplomáticas se vaya mucho más allá y que se garantice el respaldo a la familia de este mexicano trabajador agrícola, Antonio Zambrano Montes, para que se vaya a juicio, se llegue a juicio, se respalde a la familia con abogados, para que no haya impunidad y para que proceda una sentencia condenatoria ante esto, que es un asesinato a sangre fría, porque todos los que vimos el video pudimos ver cómo él estaba corriendo, perseguido por los policías y cuando da la vuelta levanta las manos y es asesinado a sangre fría.

Es inaceptable y es fundamental que la Cámara de Diputados en pleno apruebe la llamada para que no haya impunidad y se proceda a la defensa de este mexicano. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Por cierto, mexicano, migrante, procedente de Michoacán. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada, gracias. Tiene ahora la palabra la diputada Yatziri Mendoza Jiménez, de la fracción parlamentaria del PAN.

La diputada Yatziri Mendoza Jiménez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, creo que en cuestión de migrantes estamos muy cortos pues nada será suficiente en pro de su defensa.

En definitiva, debemos condenar enérgicamente estos hechos contra Antonio Zambrano Montes, un mexicano más asesinado de manera inaceptable, abusiva y con tipificado uso de la fuerza por la policía en Estados Unidos.

La pregunta es: ¿cuántos mexicanos más deberán morir para que el gobierno de Estados Unidos revise sus protocolos de uso de la fuerza letal? Para Acción Nacional un hecho como éste no debe pasar, por supuesto, desapercibido.

Es un hecho que hace necesario solicitar que se realicen las gestiones necesarias por parte de nuestras autoridades y que no sea solamente una nota diplomática. Es necesario ser enérgicos, pues estamos hablando de vidas. Es urgente que la policía norteamericana se ajuste a los estándares internacionales de empleados estatales y que se cumpla la normativa aplicable acorde a los lineamientos de la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Es exigible una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y castigar a quien resulte responsable. Permanecer atentos a la información y conclusiones generadas por las diversas instancias y autoridades de ambos países, pero sobre todo las acciones emprendidas y los resultados de las autoridades norteamericanas.

En Acción Nacional condenamos estos hechos. Los actos de abuso de la fuerza ante un argumento de una agresión con piedras jamás se compara con la fuerza de un arma de fuego, y aún más, es necesario condenar esa reacción de la policía, tan rebasada en condiciones de desigualdad.

Están bien las gestiones para indemnizar a la familia y todo lo que se ha hecho es bueno, pero estamos muy lejos de que se repare este daño, porque es una pérdida humana., es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Mendoza Jiménez.

Saludamos con mucho gusto a las personas que acompañan al presidente municipal de Coatlán del Río, Morelos, invitados por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León. Bienvenidas, bienvenidos.

Tiene ahora la palabra el diputado Eloy Cantú Segovia, de la fracción parlamentaria del PRI.

El diputado Eloy Cantú Segovia:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, se ha dicho en esta tribuna y con razón, que es una obligación fundamental de los estados la protección de sus nacionales en el extranjero.

Nosotros, Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo y como un Poder del Estado mexicano, en el Partido Revolucionario Institucional respaldamos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que como Cámara nos pronunciemos y denunciemos lo que se ha calificado atinadamente como un asesinato a sangre fría de un connacional, de un mexicano, Antonio Zambrano Montes, justamente en el condado de Pasco, estado de Washington.

Ya en este sentido se manifestó y se expresó el ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como jefe de Estado. Expresó la condena de México ante el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de los miembros de la policía del condado de Pasco, en el estado de Washington, Estados Unidos de América, en contra del mexicano Antonio Zambrano Montes. Asimismo –agregó– he dado instrucciones, indicaciones al secretario de Relaciones Exteriores para que apoye a su familia, para que sienta el respaldo y el apoyo del gobierno de México, que la familia no se sienta sola y que se dé un puntual seguimiento a la investigación.

Y en este tema lo subrayo, se dé un puntual seguimiento a la investigación hasta el final, hasta que se lleve a juicio, hasta que haya una sentencia condenatoria de este hecho tan lamentable y tan indignante. Y por supuesto –señala– México seguirá velando por los intereses y derechos de sus connacionales en el exterior.

De conformidad con estas instrucciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el consulado de México en Seattle, estado de Washington, entró en contacto con los familiares del señor Zambrano Montes, a quienes se les ha ofrecido toda la asistencia y asesoría legal y consular con el compromiso del gobierno de México de brindar el debido acompañamiento –subrayo– hasta que la investigación y proceso judicial concluyan, a efecto de asegurar que se agoten todas las vías legales disponibles.

De conformidad con estas instrucciones presidenciales, justamente, el cónsul de México en Seattle envió una carta primero al fiscal de distrito del condado de Pierce, en el que le solicita se realice una investigación exhaustiva y se deslinde toda responsabilidad ante este asesinato.

Del mismo modo, el mismo cónsul envió una misiva de protesta al jefe de la policía de Pasco, en la que expresa su condena y consternación por los hechos ocurridos, requiriendo conocer qué medidas se van a imponer a los policías involucrados.

Obviamente se está pugnando porque en esta ocasión no exista impunidad, porque en esta ocasión se lleve a juicio y se sancione penalmente a los policías que en un claro ejemplo de abuso de autoridad asesinaron de manera fría a nuestro connacional, así lo muestran los videos.

Entonces, no se trata de que la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo un exhorto, dando instrucciones a nuestro cónsul para que lleve a cabo las acciones necesarias, a efecto de que se haga justicia en el caso de nuestro connacional Antonio Zambrano Montes y se asista a su familia.

Por eso, qué bueno que en esta ocasión, conforme a este punto de acuerdo, estemos todos unidos solidariamente para sumarnos al Poder Ejecutivo y que sean dos poderes del Estado mexicano los que nos pronunciemos en el mismo sentido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Cantú.

Ruego a la Secretaría dé lectura al acuerdo y consulte a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes, a manos de policías de Pasco, estado de Washington, Estados Unidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al secretario de Relaciones Exteriores, el doctor José Antonio Meade Kuribreña, a demandar a las autoridades de ese país, castigo para los policías agresores.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Presidente

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, señora secretaria. ¿Diputado Orihuela, con qué objeto?

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Pues ya se votó, presidente, pero nada más para manifestar, compañeros diputados y diputadas, que apoyamos este acuerdo, pero quiero manifestar que requerimos cambiar la política actual hacia el campo mexicano, porque de no hacerlo seguiremos teniendo, no solamente en Michoacán, compañeros que siguen emigrando a los Estados Unidos y siguen siendo abatidos.

Yo quisiera que nos concientizáramos y que esta Cámara de Diputados al menos se manifestara por cambiar la política económica que se sigue hacia el campo mexicano. Primero tenemos que cambiar, modificar el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con Canadá y Estados Unidos. Éste es el fondo de por qué emigran muchos compañeros de las zonas rurales a Estados Unidos y caen en esta política genocida que tiene Estados Unidos.

Yo quisiera solamente intervenir en ese sentido. En Morelos hemos tenido muchos casos también de ciudadanos asesinados y podemos tomar acuerdos y exhortar al gobierno federal, pero concienticémonos que se requieren medidas más profundas para cambiar esta situación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrado su comentario, señor diputado.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se reúna y comience el estudio, análisis y discusión de las diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada de personas fueron presentadas en esta Cámara para que se puedan dictaminar durante este periodo ordinario de sesiones que culmina el 30 de abril de 2015.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del grupo parlamentario del PRD, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se reúna y comience el estudio, análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada de personas, fueron presentadas en esta Cámara, para que se puedan dictaminar durante este periodo ordinario de sesiones que culmina el 30 de abril de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, secretaria. Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a las diputadas y a los diputados si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese.

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION A PERSONAS CON LA CONDICION DEL ESPECTRO AUTISTA

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:  «Iniciativa que expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Leobardo Alcalá Padilla, Marco Antonio González Valdez, Cecilia González Gómez, Ana Isabel Allende Cano, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Diana Karina Velázquez Ramírez, Flor Ayala Robles Linares, Abel Octavio Salgado Peña y Amira Graciela Gómez Tueme, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Escobar y Vega, Antonio Cuéllar Steffan, Ana Lilia Garza Cadena y Carla Alicia Padilla Ramos, integrantes del Partido Verde Ecologista de México; Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Genaro Carreño Muro y Raquel Jiménez Cerrillo del Partido Acción Nacional; Josefina Salinas Pérez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Verónica Beatriz Juárez Piña y Margarita Elena Tapia Fonllem, integrantes del Partido de la Revolución Democrática; Juan Ignacio Samperio Montaño, Aída Fabiola Valencia Ramírez y José Francisco Coronato Rodríguez integrantes del Partido Movimiento Ciudadano; Alberto Anaya Gutiérrez integrante del Partido del Trabajo; María Sanjuana Cerda Franco y Lucila Garfias Gutiérrez integrantes del Partido Nueva Alianza y Francisco Alfonso Durazo Montaño integrante de la Agrupación Movimiento de Regeneración Nacional, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XXIX-P y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista conforme a los siguientes:

Lineamientos

La presente iniciativa atiende a la racionalidad lógico-formal con el propósito de relacionar la exposición de motivos con el contenido de la normatividad que se propone.

La política legislativa expone el momento y las circunstancias sobre las cuales deben resolverse los conflictos sociales, ya sea a través de las normas jurídicas o por los órganos jurisdiccionales.

En un Estado Democrático de Derecho, como el nuestro, donde las leyes emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Título Primero consagra “Los Derechos Humanos y sus Garantías” que gozarán todas las personas para su protección, incluidos los que se deriven de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, existen principios y valores aceptados mayoritariamente por la sociedad y, por ende, sustantivos en la producción de las normas jurídicas.

La justicia, la dignidad, la igualdad, la equidad, la inclusión, la autonomía, la no discriminación y la inviolabilidad de los derechos de la persona son, entre otros, valores universales e irrenunciables que exigen, por su magnitud y naturaleza, una atención ineludible del Estado y un máximo de eficacia en su solución por parte de las entidades y organismos de la Administración Pública Federal, Local y Municipal. En materia de derechos humanos estos valores se han reforzado con nuevos principios constitucionales contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 1º. constitucional, a saber: Pro Persona, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.

Lo anterior da sustento a la producción de la presente iniciativa de decreto que busca garantizar la protección y atención a las personas con la condición del espectro autista.

En consecuencia, Estado, gobierno y sociedad, deben considerar a este problema humano como un asunto de la mayor importancia debido a sus crecientes repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales, tanto en el presente como en el futuro inmediato del país.

Exposición de Motivos

I. Situación actual

Problemática

Al día de hoy, los niños, jóvenes, adolescentes y adultos con la condición del espectro autista alcanzan cifras alarmantes, lo cual se traduce en un problema relevante. La Organización Internacional Autism Speaks calcula que, a nivel mundial, la cifra promedio es 1 de cada 88 nacimientos, con un incremento anual del 20 por ciento. En México, se estima la prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos; es decir, de los 2 millones 586 mil 287 nacimientos registrados en el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 25 mil 862 niños tendrán un trastorno del espectro autista; sin embargo, es de hacer notar que no existe una sistemática investigación epidemiológica que permita precisar la cifra.

La citada organización Autism Speaks, sostiene que “el cáncer, el sida y la diabetes pediátricos, combinados, son menos comunes que la condición del espectro autista”.

En nuestro país, según datos de la Organización de la Sociedad Civil denominada Aquí Nadie se Rinde, AC, anualmente se presentan en promedio 4 mil 600 nuevos casos de niños menores de 15 años con cáncer. Respecto de los niños menores de 10 años con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), estadísticas del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA revelan que, entre 1983 y 2013, los casos detectados fueron 3 mil 157, lo que da un promedio de 105.23 niños por año. Por otra parte, el Inegi reporta que durante el año 2011, se registraron 3 mil 840 niños menores de 10 años con diabetes, información que la Secretaría de Salud validó en el 2012 y el Consejo Nacional de Población publicó un año después. Lo anterior, comparado con los 25 mil 682 niños que se calcula que por año tendrán un trastorno del espectro autista, corrobora la gravedad del problema.

Es de destacar que para la atención y el tratamiento de los menores con cáncer, sida y diabetes, existen centros e institutos de salud especializados, además de que en la red hospitalaria, tanto pública como privada, se les brinda atención, contrario sensu a la falta de instituciones, médicos y terapeutas que atiendan, en número suficiente, a las personas que forman parte de la condición autista.

En el caso que nos ocupa, los padres, especialmente las madres de familia y sus familiares, en su mayoría de escasos recursos, al detectar presuntas deficiencias en sus pequeños no saben a dónde acudir, ya que en los hospitales y clínicas públicos no son atendidos. En los pocos centros de atención que existen en el país, hay cupo limitado y otros están hacinados, por lo que, entre las listas de espera y la oportunidad de atención, se presentan múltiples barreras socioculturales que repercuten en la calidad de vida y bienestar de los niños y sus familias.

Esta condición, desde el punto de vista de la ciencia médica, no tiene una razón unívoca y, en consecuencia, se desconoce su origen. Una de las hipótesis más comunes es que se trata de un problema genético y ambiental, lo cual científicamente no está probado.

En el mundo, prevalece el debate entre los especialistas si se trata de una enfermedad o de una condición específica. El hecho tangible es que la condición no tiene una normalización total, pero los expertos coinciden en que existen posibilidades y herramientas para que a través de una habilitación terapéutica integral se puedan superar las limitantes en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de la socialización y la auto-estimulación que realizan a través de movimientos repetitivos calificados de estereotipados.

Las personas con esta condición se desenvuelven de manera diferente en su comportamiento y en su desarrollo emocional y, en innumerables casos, tienen una inteligencia superior y cuentan con habilidades especiales en áreas como la música, la pintura, la memoria, la tecnología y el cálculo matemático. Ello explica que, quienes presentan esta condición, requieren una atención multidisciplinaria.

La realidad imperante en nuestro país en materia de Autismo deja al descubierto problemas como:

– Falta de armonización de disposiciones legales, políticas públicas y recursos presupuestales para atender de manera eficaz a este creciente núcleo social.

– Falta de información precisa sobre el número de casos existentes en las ciudades y en el medio rural y su clasificación por grado.

– Carencia de centros encargados de orientar y apoyar a padres dispersos e impotentes, con información suficiente para detectar señales tempranas de alerta que faciliten un oportuno y eficaz tratamiento terapéutico.

– Vacío de comunicación social que cree una conciencia colectiva y una cultura de inclusión en apoyo a quienes están involucrados en el problema.

– Ausencia de políticas y programas eficientes en el uso y aprovechamiento de la infraestructura institucional de salud y la adecuada preparación de médicos y terapeutas especialistas.

– Escasez de maestros capacitados en el adecuado manejo, integración e inclusión de niños y jóvenes con esta condición en planteles escolares públicos y privados.

– Insuficiencia de innovación de material didáctico y el uso de nuevas tecnologías.

– Inexistencia de opciones suficientes y probadas de capacitación para el trabajo de aquéllos cuya capacidad y habilidad se los permita.

– Estado de indefensión ante la violencia delincuencial y abusos del aparato de prevención del delito.

Por otra parte, no puede soslayarse la desintegración familiar que provoca la condición del autismo. Un número considerable de varones abandona el hogar al conocer la condición del hijo, circunstancia que obliga mayoritariamente a las madres a buscar ingresos o, lo que es más grave, a abandonar sus empleos por la falta de guarderías, de escuelas de tiempo completo y de centros de cuidado terapéutico, públicos y privados, con personal especializado; lo que genera no sólo un problema económico familiar, sino que también tiene una incidencia en el ámbito económico del país.

Resultados institucionales:

Conviene apuntar que históricamente los esfuerzos que se han realizado para lograr una eficaz coordinación transversal entre las diversas instituciones dentro del gobierno federal y con los Estados, no han rendido los frutos esperados.

Sin duda, lo anterior ha propiciado un consenso entre las distintas fuerzas políticas, los sectores social y privado, de que la política social debe alinear, coordinar y eficientar con mayor rigor los esfuerzos del Estado.

En materia de Autismo, los esfuerzos institucionales realizados en nuestro país no han avanzado con la misma celeridad con la que ha avanzado el problema, por lo que se pueden calificar de insuficientes y de escasa efectividad.

En 2008, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaboró las Guías Clínica y Práctica para Trastornos Generalizados del Desarrollo. A la fecha, se desconoce el número de personas que han sido atendidas en esta institución y los programas orientados a la atención temprana y la protección de derechohabientes y familiares afectados.

Durante 2010, la Secretaría de Salud elaboró un Catálogo Universal de Servicios de Salud, cuyo contenido ofrece un listado de intervenciones para los Trastornos Generalizados del Desarrollo en hospitales de primer nivel, lo que permitió en el 2012 la redacción de la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autista y su correspondiente Guía de Referencia Rápida, en las que se destaca que:

“La identificación precoz del niño con Trastornos del Espectro Autista es de enorme importancia, ya que permite el inicio temprano de la terapia y se consiguen resultados mejores que los alcanzados con tratamientos más tardíos. Además el diagnóstico precoz de los Trastornos del Espectro Autista facilita la planificación educativa, las previsiones de ayudas familiares y asistenciales, el manejo del estrés familiar y la puesta en marcha de una adecuada atención médica y psicoeducativa, al tiempo que impide la asignación a programas terapéuticos inapropiados y se evita la tensa y desconcertante trayectoria que siguen muchos padres hasta que se establece el diagnóstico.”

Sin duda, la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autista, según los especialistas, representa el modelo de atención clínica a seguir. Sin embargo, los propios especialistas consideran que se requiere la voluntad política del Estado Mexicano para reconocer el problema autístico como prioritario.

En reuniones celebradas con servidores públicos de mandos medios-superiores de esa dependencia, se ha llegado al consenso que en materia de la condición del espectro autista los esfuerzos son aislados, no se aplican políticas homogéneas ni hay programas integrales en operación. Por tanto, los resultados no son medibles, visibles ni trascendentes.

Ciertamente existen el Instituto Mexicano de Psiquiatría, que atiende a jóvenes mayores de 13 años de edad que requieren ser medicados e incluso hospitalizados; no atienden a niños y niñas con la condición del espectro autista, los cuales son canalizados al Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” dependiente de la propia Secretaría de Salud, cuyo número de niños atendidos es reducido y se carece de personal especializado suficiente. En otros casos se remiten a la red nacional de salud mental, conformada por Unidades Especializadas de Atención; los Centros Integrales de Salud Mental para consulta externa a pacientes con repercusiones psicológicas y/o trastornos mentales. No obstante, el problema subsiste en cuanto a que la demanda de atención sobrepasa la capacidad instalada y la disponibilidad de recursos humanos especializados.

En algunas entidades federativas, las instancias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia han comenzado a preocuparse por el tema, sin contar aún con bases sólidas, criterios uniformes y personal capacitado.

En el caso del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, existe un protocolo sin mayor aplicación, en virtud de que únicamente están registrados dos menores con autismo.

México, tiene un déficit de especialistas encargados de la salud mental, ya que, por cada 100,000 habitantes, existen 1.6 psiquiatras. A nivel mundial, el número de estos profesionales por número de habitantes es de 3.96/100,000, lo que nos demuestra que nuestro país se encuentra por debajo de la media mundial; lo anterior, sin comparar las cifras de psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales. Lo dramático es que del poco recurso humano con que cuenta el país, prácticamente no existe personal especializado en la materia del autismo

En México no existe una institución que realice investigación científica sobre la condición del espectro autista.

En síntesis, desde el punto de vista de los servicios de sanidad, se puede afirmar que la atención para las personas en la condición autística, no es sistemática, eficaz ni cubre todo el territorio nacional. Desde el punto de vista político y social es necesario contar con la voluntad del Estado Mexicano para atender y garantizar los derechos individualizados a este importante núcleo social.

En materia educativa, segunda vertiente toral en la atención de los niños y jóvenes con la condición del espectro autista, la Secretaría de Educación Pública cuenta con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, cuyo objetivo, por mandato del artículo 41 de la Ley General de Educación, es atender a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, así como desarrollar la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos que favorezcan la integración de los menores de edad.

Estos servicios se imparten en los Centros de Atención Múltiple y en las Unidades de Servicios de Apoyos a la Educación Regular, en donde la población escolar con autismo, en 2013, era de 4,747 alumnos inscritos en planteles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y para el trabajo.

A la fecha, la Secretaría de Educación Pública no cuenta con una instancia administrativa que dirija la educación especial ni la integración educativa de personas con autismo.

No existen investigaciones académicas, por grados dentro del espectro autista, para determinar hasta qué nivel de educación formal es útil para cada niño o joven y, en su caso, darles salida hacia una educación y/o capacitación para el trabajo que les permita tener una vida autosuficiente y digna a partir de potencializar sus habilidades en actividades productivas bien remuneradas.

Por otra parte, los niños con la condición del espectro autista en muchos planteles educativos, públicos y privados, no tienen oportunidad de integrarse a las actividades de educación física; a ellos se suman los que no asisten a recibir educación escolarizada dada la carencia de infraestructura deportiva y recreativa adecuada para su condición, como parte del equipamiento urbano.

La Secretaría del Trabajo promueve talleres y cursos de capacitación para personas con discapacidad y su colocación en espacios laborales. No existen datos sobre la participación de personas con autismo leve o de alto funcionamiento.

En la actual administración, la Secretaría de Desarrollo Social tiene la atribución jurídica administrativa de atender los asuntos de la discapacidad y cuenta en su esfera de competencia con el Consejo Nacional para la Discapacidad (CONADIS). A la fecha no se han diseñado políticas públicas ni programas de amplia cobertura para la atención del autismo.

Así pues, el problema rebasa un ámbito específico de acción y se convierte en un asunto que obliga al Estado Mexicano a considerar el actuar efectivo y medible de las instituciones públicas de manera transversal y coordinada en sus tres órdenes de gobierno.

Frente a la compleja realidad económica que vive nuestro país, que obliga a recortes al gasto público que ahondan los desequilibrios y las desigualdades, exacerban el reclamo para la humanización de las actividades del Estado. Por ello, no enfrentar a tiempo el problema de las personas en la condición del espectro autista incrementará, tarde o temprano, el gasto en las finanzas públicas, además de que significará un alto costo social y político en el corto y mediano plazos.

Participación ciudadana

En México, estamos lejos de que la participación ciudadana tenga un peso tal que, desde el punto de vista sociopolítico, incline la balanza en la creación de leyes y sus correspondientes políticas públicas acordes con sus demandas y reales necesidades. No obstante, su voz de reclamo social crece y su impotencia pone a prueba la legitimidad del gobierno por la vía de los resultados.

Es imperativo fortalecer la participación de la sociedad civil de manera organizada, con el objetivo de restructurar la relación entre el gobierno y las organizaciones ciudadanas. Necesitamos reinventar el concepto y la relación de lo que hoy se conoce como gobernanza que supere situaciones de ingobernabilidad y actúe de manera eficiente y fehaciente en favor de los grupos más vulnerables.

Luego entonces, urge estrechar la relación del interés colectivo con el individual para asociar los esfuerzos gubernamentales que deben incrementarse con los que realizan las organizaciones de la sociedad civil, creando y recreando la legislación y a las instituciones.

La condición del espectro autista es un fenómeno poco conocido en el amplio contexto del imaginario social, pero lo más preocupante es la incomprensión y/o la falta de conocimiento de gobernantes y servidores públicos. Por otra parte, al no existir un ordenamiento jurídico que tutele los derechos de las personas con autismo y armonice los esfuerzos públicos, sociales y privados, se continuará con un rezago importante en nuestra sociedad y en relación con lo que se realiza en otras partes del mundo .

Así pues, para quienes viven en la condición del espectro autista les asiste el legítimo derecho a una vida digna, incluyente en la sociedad y tutelada por el Estado Mexicano.

II. Ordenamiento jurídico mexicano

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece...”. Igualmente, señala que “...Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...”. Y agrega “...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas...”.

Por su parte, el artículo 3º menciona que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y municipios- impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior...El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos...Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos...”.

De igual manera, el artículo 4o. dispone que “...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar...a disfrutar de una vivienda digna y decorosa...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez...El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez...”.

Asimismo, en diversas fracciones del artículo 73, se faculta al Congreso para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materias de educación, de protección al ambiente, de derechos de niñas, niños y adolescentes, de cultura y del deporte.

En materias de salubridad y del trabajo, por ser de competencia federal, su aplicación en estados y municipios se cumplimentará de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo Quinto de la Ley de Planeación.

Finalmente, el artículo 133 consagra que “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Aunado a lo antes expuesto, la propia Carta Magna, en su artículo 1º, párrafo segundo reconoce el rango normativo de los tratados internacionales que, a su vez, encuentran su fundamento en el artículo 26 de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, la cual se adoptó el 23 de mayo de 1969 y fue ratificada por los Estados Unidos Mexicanos el 25 de septiembre de 1974.

En tal virtud, el Estado Mexicano ha signado y ratificado diversos tratados y declaraciones en materias de discapacidad, de salud, de educación inclusiva, de niñez, de trabajo y de medio ambiente.

Así pues, dentro de estos instrumentos jurídicos, se encuentra la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de mayo del 2008, en donde los Estados Partes se obligan a “...Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención...Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres o prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad...Tener en cuenta, en todas las políticas y en todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad...”.

La misma Convención reconoce el derecho de las personas con distintas discapacidades a la salud, a la educación, a la habilitación y a la rehabilitación, sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, entre sus aspectos fundamentales.

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Enrique Peña Nieto, responsable de “...guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen...”, el 30 de noviembre del 2013, expresó de manera enfática: “...las familias y los niños con algún padecimiento deben tener la certeza de que mi gobierno seguirá trabajando para construir un país donde se respete y reconozca su energía, su perseverancia, su valor y su experiencia de vida... las niñas y niños del país que tienen una discapacidad, padecen cáncer o autismo cuentan con el apoyo del gobierno de la República y con el cariño de millones de mexicanos que están con ellos... “.

Lo anterior, resulta congruente con el contenido del “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado A Constitucional, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y define como líneas de acción las siguientes:

• “Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación”.

• “Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo”.

• “Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado para garantizar el derecho a la accesibilidad”.

Es evidente que las líneas de acción descritas, sólo podrán tener efectividad en el contexto de la seguridad jurídica que debe brindar el Estado Mexicano.

En consecuencia, se desprende que la autoridad debe proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con la condición del Espectro Autista. De no hacerlo, viola la Constitución, en buena medida porque la razón y la experiencia, como fenómeno social, no han sido recogidas por el Derecho en una ley para la atención y protección de este cada vez más numeroso grupo vulnerable de mexicanos y, por ende, no existen políticas públicas ni recursos presupuestales para tales efectos.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de mayo del 2011, tiene como antecedente la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2005. La abrogación de esta última se basó en el argumento de que “sus disposiciones no fueron aplicadas por las instancias responsables de ejecutarlas, además de no haber sido expedido el Reglamento respectivo”.

El 2 de enero de 2013 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reubicó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Desarrollo Social, quedando ésta última con la atribución de: “Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad”.

Conviene destacar, que la Ley vigente precisa las facultades y obligaciones de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Instituto Nacional de Geografía y Estadística; Consejo para la Cultura y las Artes y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, diversos juristas opinan que tanto en la Ley General de Personas con Discapacidad como en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no se encuentran suficientemente regulados los “derechos de los discapacitados”, a diferencia de la amplia reproducción de las competencias de dependencias y organismos establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Aunado a lo anterior, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad si bien cumple con los términos abstractos y genéricos que exige la producción de la ley, al hacer la conversión de la regla generalizada, los preceptos concretos y singulares a favor de las personas con la condición del espectro autista no se pueden establecer. En ninguna parte del texto se refiere de manera expresa al concepto que nos ocupa o alude a sinónimos como “trastornos generalizados del desarrollo” o “condición de las personas con trastornos propios del autismo”.

En los casos de las leyes de educación; discriminación; protección de niñas, niños y adolescentes, y Ley Federal del Trabajo, se presenta la misma laguna legal. Únicamente en la Ley de Salud, en el Título Tercero, Capítulo V de “Atención materno-infantil”, se hace referencia a la: “...detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas... “; esta expresión, no infiere a la condición autista ni refiere el término “habilitación”, utilizado por los organismos especializados de carácter internacional para denominar el procedimiento de atención a los individuos con trastornos autísticos.

Conviene recordar que el término “rehabilitación”, se aplica por lo general en los casos de las discapacidades físicas o motoras. Así pues, queda en la ambigüedad jurídica el concepto de condición del espectro autista.

Asimismo, el hecho concreto es que, desde la creación de dichas Leyes, las instancias responsables no han aportado elementos que permitan contar con datos concretos, confiables, verificables y públicos de los avances logrados, lo que hace nugatoria la posibilidad de evaluar y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en los propios ordenamientos.

Es menester resaltar que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones contenidas en el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, “recursos para la atención a personas con la condición del espectro autista”, según consta en los anexos 13 y 14 respectivamente.

Del párrafo anterior, se desprenden dos consideraciones importantes: Por primera vez en la historia, quedan incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos para la atención de la condición del espectro autista y, por otra parte, el Estado Mexicano también reconoce, por primera vez, de manera expresa la necesidad de destinar recursos públicos para atender a este importante sector de la población.

III. Derecho comparado

En el ámbito internacional, el fenómeno de la condición del espectro autista, al igual que en México, va en aumento. A través de Internet y de su servicio de redes sociales, diariamente se reproducen cientos de artículos especializados, videos, consultas sobre el tema y demandas de padres de familia que buscan orientación y atención para sus hijos o parientes.

El gobierno mexicano, en diciembre del 2001, propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas establecer un comité especial para examinar las propuestas relativas a una Convención Internacional relacionada con los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

Después de un proceso de análisis amplio e integral, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 13 de diciembre del 2006, aprobó por consenso la “Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”. El 30 de marzo del 2007, en la sede de las Naciones Unidas, se abrió a la firma de los Estados Miembros.

Es importante destacar que, el artículo 33 de la Convención, exige a los Estados Partes que:

• “Designen un organismo gubernamental u organismos gubernamentales en la Administración Pública encargados de su aplicación”.

• “Consideren la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación en la Administración Pública para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a distintos niveles”.

• “Establecer un marco independiente, como por ejemplo una institución nacional de derechos humanos, para fomentar y supervisar la aplicación de la Convención”.

Es ineludible resaltar que la Convención no define explícitamente a la “discapacidad”, calificando al vocablo como un concepto en evolución, luego entonces, se acepta el hecho de que la sociedad y las opiniones que sus miembros sustentan no son “estáticas”, sino que adoptan un enfoque dinámico que obliga a realizar adaptaciones legislativas y programáticas a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos.

De allí que la Convención sostenga que: “...la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás...”.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su 76ª sesión plenaria de fecha 18 de diciembre del 2007, declaró el 02 de abril como el “Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo”, mediante la Resolución A/RES/62/139, exhortando a los Estados Miembros, a las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y al sector privado, a observar tal día con miras no sólo a aumentar la conciencia pública sobre este trastorno, sino también a actuar y tomar medidas.

Actualmente, muchas naciones del mundo ya han declarado el “Día de Concienciación del Autismo”; incluso, en algunas ha quedado inscrito en el articulado de las leyes relacionadas con este importante tema.

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en la ceremonia del 02 de abril del 2013, se pronunció por el compromiso y la preocupación mundial por esta condición:

“...el autismo no está restringido a una sola región ni a un solo país; es un reto de alcance mundial que requiere medidas a nivel mundial...Ahora es el momento de obrar en pro de una sociedad más inclusiva, poner de relieve los talentos de las personas afectadas y velar por que haya oportunidades para que puedan desarrollar su potencial...”.

Caso Estados Unidos de América

Desde hace varios años, el gobierno norteamericano impulsa una permanente y avanzada investigación científica y una legislación específica en materia de autismo.

El 17 de octubre del 2000, el entonces presidente de Estados Unidos de América, William Jefferson Clinton, promulgó la Ley Pública 106-310-Ley de Salud Infantil de 2000 ( Children’s Health Act of 2000), con el objetivo de llevar a cabo un estudio centrado en los niños desde su gestación hasta los 21 años de edad. Para ello, se autorizó, por mandato de la propia ley, la elaboración de los programas federales de financiación de la salud infantil, la inclusión de una iniciativa de investigación en los Institutos Nacionales de Salud y fondos para la investigación y vigilancia del Autismo.

Así pues, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver fue el autorizado para dirigir a un conjunto de agencias federales y encargarse del “Estudio Nacional de los Niños”, el cual pretende examinar el efecto que tienen el medio ambiente y la genética en la salud y el desarrollo de los menores. El Estudio abarca dos fases que se llevarán a cabo en forma paralela: la primera, denominada “Estudio de Vanguardia”, es un estudio piloto que inició las inscripciones de las mujeres embarazadas en el año 2009, las completó en julio del 2013 y seguirá a cada niño hasta los 21 años de edad; la segunda, conocida como “Estudio Principal”, pondrá al descubierto las relaciones de los resultados de la fase anterior con un enfoque científico-estadístico y regido por datos.

Tales institutos y centros operan como instrumentos de coordinación en la política de investigación, en relación con la epidemiología del Autismo y otras discapacidades del desarrollo.

El 19 de diciembre del 2006, George Walker Bush, como Presidente de los Estados Unidos de América, promulgó la Ley Pública 109-416-Ley de la Lucha Contra el Autismo 2006 ( Combating Autism Act), que tuvo un soporte presupuestal de casi un billón de dólares estadounidenses para combatir, entre otras discapacidades, la condición del espectro autista, a través de la investigación biomédica, la educación, el diagnóstico temprano y el traslado oportuno para tratamiento.

Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, haciendo eco de la Resolución de la Organización de las Naciones Unidas del 2007, el 02 de abril de 2012, proclamó el “Día Mundial de la Concienciación del Autismo” e instó a todos los estadounidenses para apoyar a las personas con esta condición y a sus familias. A partir de entonces, el presidente estadounidense ha impulsado una agresiva política de salud pública y de educación en toda la Unión Americana, en favor de niños y jóvenes con la condición del espectro autista.

A partir del año 2014, por disposición de la ley, se obliga a las compañías de seguros a no discriminar las enfermedades preexistentes, entre ellas las de los Trastornos del Espectro Autista.

Por su parte, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, desde el año 2012 está vigente la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo que promueve la investigación, el desarrollo, la identificación y la prestación de servicios para las personas con desórdenes del autismo como una política pública de gobierno. El objetivo parte de detectar de manera temprana el trastorno y brindar la intervención adecuada.

Se observa que hay una continuidad en los esfuerzos iniciados en el 2000, fortaleciendo los procesos de investigación a través de un Comité de Coordinación Interinstitucional del Autismo (IACC), coordinado por el Secretario de Salud.

El Comité de Coordinación Interinstitucional del Autismo es un comité federal que asesora y coordina todos los esfuerzos dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en relación con el trastorno del espectro autista. A través de la inclusión del gobierno federal y miembros del sector público, el IACC ayuda a asegurar que una amplia gama de ideas y puntos de vista estén representados y discutidos en un foro público.

Continente Europeo

En Europa, diversos países han incrementado su atención ante los índices crecientes de nacimientos de niños con autismo. La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California ( California Health and Human Services Agency), afirma que la cifra es de cinco millones de personas en ese continente.

El 09 de mayo de 1996, el Parlamento Europeo adoptó la “Carta de Derechos de las Personas con Autismo”, bajo la forma de declaración escrita, la cual fue presentada en La Haya, Países Bajos, el 10 de mayo de 1992, en el 4º Congreso Autismo-Europa.

En dicha Carta se declara que los derechos de las personas con autismo deberán ser protegidos y puestos en práctica por una legislación apropiada en cada Estado. Los derechos enunciados son:

• Las personas con autismo tienen el derecho a llevar una vida independiente y a desarrollarse en la medida de sus posibilidades.

• Las personas con autismo tienen derecho a un diagnóstico y a una evaluación clínica precisa, accesible y sin prejuicios.

• Las personas con autismo tienen derecho a una educación accesible a todos y apropiada.

• Las personas con autismo, o sus representantes, tienen el derecho a participar en cada decisión que afecte a su futuro. Los deseos del individuo, en la medida de lo posible, deben ser reconocidos y respetados.

• Las personas con autismo tienen derecho a un alojamiento accesible y adecuado.

• Las personas con autismo tienen derecho a acceder a los equipamientos, asistencia y servicios de soporte necesarios para llevar una vida plenamente productiva en la dignidad y la independencia.

• Las personas con autismo tienen derecho a percibir un ingreso o un sueldo que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para cualquier otra necesidad vital.

• Las personas con autismo tienen derecho a participar, en la medida de lo posible, al desarrollo y la gestión de los servicios existentes destinados a su bienestar.

• Las personas con autismo tienen derecho a acceder a consejos y cuidados apropiados para su salud mental y física, así como para su vida espiritual, lo que significa que tengan acceso a tratamientos y remedios de calidad y que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias.

• Las personas con autismo tienen derecho a una formación que responda a sus deseos y a un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios. La formación y el empleo deberían tener en cuenta las capacidades y los intereses del individuo.

• Las personas con autismo tienen derecho al acceso a los medios de transporte y a la libertad de desplazamiento.

• Las personas con autismo deben tener pleno derecho al acceso a la cultura, a las distracciones, al tiempo libre, a las actividades recreativas y deportivas y de poder gozarlos plenamente.

• Las personas con autismo tienen derecho a utilizar y aprovechar todos los equipamientos, servicios y actividades puestos a disposición del resto de la comunidad.

• Las personas con autismo tienen derecho a una vida sexual y compromiso en el matrimonio sin ser forzados ni ser explotados.

• Las personas con autismo, o sus representantes, tienen derecho a asistencia jurídica y al mantenimiento total de sus derechos legales.

• Las personas con autismo tienen derecho a no ser sometidos al miedo ni a las amenazas de un internamiento injustificado en un hospital psiquiátrico o cualquiera otra institución cerrada.

• Las personas con autismo tienen derecho a no estar sometidos a maltratos físicos ni de padecer carencia en materia de cuidado.

• Las personas con autismo tienen derecho a no recibir terapias farmacológicas inapropiadas y/o excesivas.

• Las personas con autismo, o sus representantes, deben tener derecho al acceso a su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa.

Theo Peeters, reconocido experto en autismo y fundador del Centro para la Formación de Profesionales en Autismo, en el Reino de Bélgica, sostiene que “...casi nadie sabe cómo tratar a los autistas y cómo actuar con ellos...Si uno comprende el autismo, si uno tiene formación en eso, se pueden hacer muchísimas cosas...Hay que adaptar el entorno para que las personas con autismo entiendan mejor lo que pasa y los Estados deben poder desarrollar proyectos educativos individualizados para ellas, pero eso no se hace casi en ninguna parte...”.

Caso Reino de Dinamarca

En este país escandinavo, la Ley de Asistencia Social de 1976, que regulaba el subsidio asistencial mínimo y las prestaciones sociales, en el año de 1998 fue sustituida por cuatro leyes para la regulación de la política social: la Ley de Política Social Activa que recoge las normas para el cálculo de las prestaciones y para la participación de los receptores del subsidio asistencial mínimo durante la actividad laboral; la Ley de Servicio Social que regula las prestaciones sociales y subraya el derecho de los beneficiarios a ejercer su influencia; la Ley de Administración Social que norma la tramitación de expedientes por parte de Municipios y Provincias; la Ley de Pensiones que establece la norma que impacta a las pensiones sociales.

Es de resaltar que la política social en este país brinda una importante atención a los niños, jóvenes y adultos mayores. En el caso de las personas con discapacidad, se promueve que tengan la oportunidad, cuando sea posible, de una vida independiente; que tengan acceso a la educación y sean parte de las organizaciones de trabajadores y/o de las comunidades. El gobierno busca, de acuerdo con la idoneidad de la discapacidad, la oportunidad de incorporarlos en las discusiones de planes y programas, o bien, en trabajos dentro del sector público.

El Centro Nacional Danés para la Información y el Conocimiento del Autismo, dirigido por la Asociación de Regiones de Dinamarca, tiene una importancia relevante. El Centro está financiado y dirigido por el Estado, a través de un comité ejecutivo integrado por representantes de las diferentes sociedades de y para las personas con discapacidad y funciona de acuerdo con lo dispuesto en las leyes señaladas.

Las vertientes operativas más importantes del Centro se orientan a la integración de niños con alto funcionamiento en aulas para niños regulares; a la necesidad de elevar la calidad de un abanico de servicios referidos a la orientación, talleres y alojamiento en residencias para personas con Autismo y sus familias; al establecimiento de servicios continuos donde se puedan realizar diagnósticos, evaluaciones, terapias, adecuaciones curriculares, educación y servicios sociales de manera individual.

Igualmente, en el Centro se proyectan de manera continua programas de supervisión y asesoría a autoridades, escuelas, clínicas, familias y centros de menor escala.

Caso Reino de España

Esta nación iberoamericana se distingue por sus avances en programas terapéuticos de integración y socialización de niños, jóvenes y adultos que se encuentran en la condición del espectro autista, siendo su meta principal el incorporar a los más posibles al mercado laboral. En su legislación destaca la Ley 39/2006, del 14 de diciembre de 2006, titulada Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que regula las garantías de igualdad respecto al derecho que tienen los ciudadanos para lograr su autonomía personal. Existe un sistema integral para el logro de este propósito.

La Federación Autismo Andalucía, de acuerdo con los estudios epidemiológicos que ha realizado, valida la cifra de cinco millones de personas afectadas en Europa. Esta organización también se distingue por los estudios de necesidades educativas de niños y niñas con la condición del espectro autista en la Ciudad de Sevilla.

La provincia de Valencia es una de las provincias españolas con mayor atención en el problema. Mediante el Decreto 57/2012, de fecha 05 de abril de 2012, se creó la Comisión Interdepartamental para la Coordinación y la Atención Integral de las Personas con Autismo, con el propósito de desarrollar una política de atención y protección de los derechos de las personas con Autismo.

La llamada “Declaración de Madrid”, resultado del Congreso Europeo Sobre las Personas con Discapacidad, incluidas las personas con autismo, realizado en el año 2002, en su marco conceptual destaca que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Considera que las personas con discapacidad desean la igualdad de oportunidades y no la caridad, por lo que promueve la eliminación de las barreras sociales que llevan a la discriminación y a la exclusión social.

En cuanto a su visión, convoca a superar antiguas concepciones sobre las personas con alguna discapacidad, así como a lograr una sociedad integradora para todos. Respecto de las acciones sustantivas, contempla medidas legales, promoción de cambio de actitudes y de vida independiente, apoyo a las familias y el empleo como clave para la inserción social.

Caso Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

En este país desarrollado que registra una gran y permanente actividad en pro de las personas con autismo, existen diversas disposiciones legales que establecen que el Estado está obligado a cubrir las necesidades de niños y adultos diagnosticados con algún trastorno del espectro autista, entre las que destacan: Autistic Spectrum Disorder Strategic Action Plan for Wales, puesta en vigor en 2008, en el País de Gales; Autism Act, publicada en 2009, con efectos para todo el Reino Unido; y Autistic Spectrum Discorder Strategic Action Plan, promulgada en el mismo año, en Irlanda del Norte.

Asimismo, los británicos se han preocupado por formar en las distintas universidades a médicos y terapeutas especialistas y por crear centros de atención con residencias para personas con autismo. En consecuencia, salud y educación son para la comunidad inglesa medios fundamentales para encarar el reto de impulsar la integración y normalización del mayor número de personas clasificadas en la banda de esta condición.

Por su importancia cabe destacar que doce países de la Unión Europea: Dinamarca, Finlandia, Italia, España, Portugal, Polonia, Rumania, Bulgaria, Francia, Austria, Islandia e Irlanda, han firmado un acuerdo para que a partir del 15 de febrero de 2015 y durante tres años se estudien y desarrollen propuestas de políticas de salud para el autismo en Europa.

El acuerdo contempla la participación de universidades, organizaciones y centros de expertos de investigación científica procedentes de catorce países europeos que se abocarán a estudiar el diagnóstico, la prevalencia y las intervenciones relacionadas para mejorar la atención y la protección a las personas que viven en esta condición.

Región latinoamericana

Caso República Argentina

En este país sudamericano, el movimiento ciudadano integrado en la Asociación Argentina de Padres de Autistas, con sede en la ciudad capital Buenos Aires y que cuenta con 20 representaciones al interior, ha desarrollado una importante tarea a efecto de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias; ha impulsado el movimiento asociativo y una legislación para el autismo y la discapacidad, constituyendo la Federación Latinoamericana de Autismo; cuenta con un asiento permanente en la Organización Mundial de Autismo, constituida en noviembre de 1998, con sede en Bruselas, Bélgica.

Se encuentra en vigor la Ley Nacional de Autismo que tiene su antecedente en la Provincia del Chubut, con la promulgación en 1999 de la Ley N°. 4552, esquema legal que se reprodujo en la Provincia de La Rioja, en el año 2003, con la Ley N°. 7560. Dos años más tarde, entraron en vigor la Ley N°. 13.380 y la “Ley N°. 5809”, en las Provincias de Buenos Aires y de Corrientes, respectivamente. En todas ellas se contempla un Sistema de Protección Integral de Personas afectadas por el Síndrome Autístico, cuya finalidad es la de procurarles asistencia médica, protección social, educación y capacitación para su posible formación profesional e incorporación laboral. Igualmente, impulsa la integración de los afectados a la vida social de la comunidad.

Asimismo, en la Provincia de Córdoba, el 24 de febrero del 2010, se presentó para su análisis, discusión y aprobación la iniciativa de Ley No. 4600 denominada Programa de Protección de Personas que padecen Autismo, que obliga a las autoridades provinciales a otorgar prestaciones médico-sanitarias, educativas, deportivas, recreativas, de ayuda social e institucional. Crea, para tal efecto, un Consejo Consultor con la participación de Asociaciones de Padres de Familia de personas con autismo y otras organizaciones no gubernamentales vinculadas con la materia que tiene, entre otras, la tarea fundamental de coordinar la “Escuela de Padres”.

Caso República Federativa del Brasil

En este país emergente de América Latina, cuyo liderazgo en diversos aspectos sociales resulta relevante, está vigente la Ley que Instituye una Política Nacional de Protección de Derechos de Personas con Trastornos del Espectro Autista, la cual se encuentra registrada en el Poder Legislativo con el número 8.112.

La norma jurídica en comento, establece tres directrices básicas para su operatividad, mismas que consisten en: La intersectorialidad para hacer más eficiente la atención a personas con esta condición de manera transversal; la participación de la comunidad en la formulación de las políticas públicas y el control de los programas; así como una atención integral de las necesidades de salud a partir de un diagnóstico precoz, una atención multiprofesional y el acceso a alimentos y medicamentos.

De igual manera, se prescriben a favor de las personas en la condición del espectro autista, un conjunto de derechos humanos reconocidos por la ONU como el derecho a una vida digna, a una integridad física y moral, al libre desarrollo de la personalidad, al acceso de acciones y servicios de salud, a una alimentación adecuada y a una terapia nutricional, entre otros.

El poder público se responsabiliza directamente en cuanto a la información pública sobre la condición y sus consecuencias; y promueve, a través de los servicios de salud, la información que auxilie en el diagnóstico y en el tratamiento.

En materia de educación, mandata la incorporación de niños y jóvenes con autismo en escuelas normales con maestras llamadas “sombra ” y una enseñanza profesionalizada, previendo no sólo vivienda sino también contempla residencias protegidas para quienes guardan esta condición y sus familias.

En el aspecto laboral, están considerados estímulos para la inserción de personas con autismo en el mercado de trabajo.

De manera puntual, establece prohibiciones tales como el abuso, la explotación y los tratamientos inhumanos y degradantes, así como el no ser privado de la libertad o de la convivencia familiar y no ser sujeto de discriminación por motivo de su condición de persona con autismo.

En el capítulo de sanciones, destaca que cualquier autoridad competente o directivo escolar que se niegue a matricular a un alumno con la condición del espectro autista o cualquier otro tipo de discapacidad, será sancionado con una multa de 3 a 20 salarios mínimos y, en caso de reincidir, perderá el cargo.

Caso República de Perú

En esta nación, la Ley de Protección de las Personas con Trastornos del Espectro Autista, después de un acucioso proceso de análisis y discusión, fue aprobada por el Congreso el día 08 de enero del presente año. El objeto de la Ley es establecer un régimen legal que fomente la detección y diagnóstico precoz, la intervención temprana, la protección de la salud, la educación integral, la capacitación profesional y la inserción laboral y social de las personas con esta condición.

El proceso de elaboración de la norma se encuentra fundamentado en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú y, de conformidad con la Ley 29973, que regula los derechos y la protección de las personas con discapacidad.

Es de hacer notar que el Plan Nacional para las Personas con Trastornos del Espectro Autista tiene un concepto de Transversalidad al establecer la coordinación entre los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo, así como de Transportes y Comunicaciones, bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, la Ley en cuestión es de observancia general en todo el país.

Consideracionesfinales

Primera. La descripción y análisis del problema relacionado con la condición del espectro autista, han quedado detallados de una manera clara y concisa, así como sus repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales.

Segunda. La Ley que se propone tiene como objetivo responder al interés general de la sociedad, y como finalidad atender y proteger los derechos de un importante núcleo social que se encuentra en la condición del trastorno autista y que de acuerdo con las cifras y estadísticas nacionales, tanto en su prevalencia como en su proyección será, en muy poco tiempo, la discapacidad más importante entre los mexicanos.

Tercera. El texto de la iniciativa se apega a los conceptos de seguridad social y de asistencia social que están íntimamente vinculados con la percepción del respeto a los derechos de las personas en un marco de libertad y de orden social.

Cuarta. La complejidad del problema, sus particularidades, el objetivo y la finalidad planteada, justifican la creación de una ley cuyas disposiciones se armonicen y complementen con las normas vigentes en materias de cultura, educación, discapacidad, deporte, medio ambiente, recreación, salud y trabajo; a la vez que fortalezca la participación de los tres órdenes de gobierno para proteger los derechos civiles y humanos que les asisten a los mexicanos con la condición del espectro autista por mandamiento de la Ley Suprema de toda la Unión.

Quinta. La iniciativa propuesta es consecuente con la tendencia mundial en cuanto a la promulgación de leyes especiales para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista.

Sexta. Se busca que sea un acto de aplicación del Derecho desde la perspectiva de la seguridad jurídica, elemento indispensable para una subsistencia digna, libre, sin discriminación y con pleno respeto al recíproco derecho de los demás, sujeto a la observancia estricta de la ley y con la garantía de que el Estado Mexicano velará y actuará para su eficaz cumplimiento.

Séptima. De aprobarse la iniciativa, su aplicación generará nuevos hábitos de conducta social y, sin duda, propiciará cambio cultural entre los mexicanos de respeto a la diversidad de personas y sus comportamientos.

Octava. La validez de la norma jurídica que se propone se crea de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados Federales proponentes sometemos para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista

Artículo Único. Se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista:

Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1.Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República.

Artículo 2.La presente Ley tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;

II. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido a la falta de información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad que impiden su incorporación y participación plena en la vida social;

III.Certificado de habilitación: Documento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta Ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan;

IV. Comisión: Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista;

V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, o bien, de los Estados, el Distrito Federal y los municipios que, de acuerdo con los ámbitos de su competencia, atienden la gestión y, en su caso, la resolución de un fenómeno social;

VI. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y que se caracterizan por garantizar a las personas, dignidad, valor, igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el proceso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con estricto apego a los principios Pro persona, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.

VII. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la compleja interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;

VIII. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos, garantías y libertades fundamentales;

IX. Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física y mental de las personas para lograr su más acelerada integración social y productiva;

X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a toda persona, considerando que la diversidad es una condición humana;

XI. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a la vida social al contar con las facilidades necesarias y acordes con su condición;

XII. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que presentan una condición caracterizada por limitantes en el desarrollo del lenguaje, comunicación, socialización y una auto-estimulación a través de movimientos repetitivos calificados de estereotipados;

XIII. Secretaría: Secretaría de Salud;

XIV. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del sector público y que son ajenas al sector privado;

XV. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades preponderantemente lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los sectores público y social;

XVI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o que, si estos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos;

XVII. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los ciudadanos ante riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento de sus vidas, en el nacimiento, por un accidente o en la enfermedad;

XVIII. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población actual, garantizar el acceso a los sectores más vulnerables y evitar comprometer la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras, y

XIX. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño e implementación de políticas públicas, así como para la gestión y provisión de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus correlativas administraciones públicas locales y municipales.

Artículo 4. Corresponde al Estado asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con la condición del espectro autista.

Artículo 5. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a la presente Ley, deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables.

Artículo 6. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia del fenómeno autístico, son:

I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la condición del espectro autista se puedan valer por sí mismas;

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, como lo son las personas con la condición del espectro autista;

III. Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran con la condición del espectro autista;

IV. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a las personas con la condición del espectro autista, considerando que la diversidad es una condición humana;

V. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que ninguna persona u órgano de gobierno atente, lesione o destruya los derechos humanos ni las leyes, políticas públicas y programas en favor de las personas con la condición del espectro autista;

VI. Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Dar a las personas con la condición del espectro autista la atención que responda a sus necesidades y a sus legítimos derechos humanos y civiles;

VII. Libertad: Capacidad de las personas con la condición del espectro autista para elegir los medios para su desarrollo personal o, en su caso, a través de sus familiares en orden ascendente o tutores;

VIII. Respeto: Consideración al comportamiento y forma de actuar distinta de las personas con la condición del espectro autista;

IX. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la información sobre la magnitud, políticas, programas y resultados de las acciones puestas en marcha por las autoridades participantes en la gestión y resolución del fenómeno autista, y

X. Los demás que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de derechos humanos contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7.Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán, respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, así como sus previsiones presupuestarias.

Artículo 8.Las entidades federativas se coordinarán con el gobierno federal, mediante la celebración de convenios de coordinación en el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo, con el fin de alinear los programas estatales con la política pública en materia de atención y protección a personas con la condición del espectro autista; lo anterior con arreglo al sistema competencial que corresponde a cada orden de gobierno, a fin de lograr una efectiva transversalidad de las políticas públicas.

Artículo 9. En todo lo no previsto en el presente ordenamiento se aplicarán, de manera supletoria, entre otras:

I. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

II. Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

III. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

IV. Ley de Planeación;

V. Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

VI. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de la entidad de que se trate, y

VII. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Capítulo II

De los Derechos y de las Obligaciones

Sección 1ª. De los Derechos

Artículo 10.Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables;

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado Mexicano –federación, entidades federativas y municipios -;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro autista;

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación;

VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, al igual que de los certificados de habilitación de su condición, al momento en que les sean requeridos por autoridad competente;

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias;

VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;

XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios;

XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento;

XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental;

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos;

XX. Gozar de una vida sexual digna y segura;

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y

XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.

Sección 2ª. De las Obligaciones

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el artículo anterior, los siguientes:

I. Las instituciones públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal, para atender y garantizar los derechos descritos en el artículo anterior en favor de las personas con la condición del espectro autista, en el ejercicio de sus respectivas competencias;

II. Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención de la condición del espectro autista, derivado de la subrogación contratada;

III. Los padres o tutores para otorgar los alimentos y representar los intereses y los derechos de las personas con la condición del espectro autista;

IV. Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición del espectro autista, y

V. Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento jurídico que resulte aplicable.

Capítulo III

De la Comisión

Artículo 12. Se constituye la Comisión como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con la condición del espectro autista, se realice de manera coordinada.

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión serán obligatorios, por lo que las autoridades competentes deberán cumplirlos a fin de lograr los objetivos de la presente ley.

Artículo 13. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias de la Administración Pública Federal:

I.La Secretaría, quien presidirá la Comisión;

II.La Secretaría de Educación Pública;

III.La Secretaria del Trabajo y Previsión Social;

IV.La Secretaría de Desarrollo Social;

V.La Secretaría de Gobernación, y

VI.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, serán invitados permanentes de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos suplentes.

La Comisión, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones a otras dependencias del Ejecutivo Federal y a entidades del sector público, con objeto de que informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las personas con la condición del espectro autista.

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras administrativas de sus integrantes para el desarrollo de sus funciones. La participación de los integrantes e invitados a la Comisión será de carácter honorífico.

La Comisión contará con una Secretaría Técnica, misma que estará a cargo de un funcionario de la Secretaría.

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

I.Coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones que, en el ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la materia de la presente Ley, así como elaborar las políticas públicas correspondientes en la materia;

II.Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, entidades federativas y municipios para la eficaz ejecución de los programas en materia de atención a las personas con la condición del espectro autista, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad previsto en la presente Ley;

III.Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado, en términos de la Ley de Planeación, a fin de dar cumplimiento al principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y resultado de los mismos;

IV.Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de la presente Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas;

V.Proponer al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación de programas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de atención de las personas con la condición del espectro autista;

VI.Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 15. El titular de la Secretaría recabará del Consejo de Salubridad General la opinión sobre programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos, así como sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares y especialidades que se requieran en materia de la condición del espectro autista, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Generalde Salud.

Artículo 16.La Secretaríacoordinará a los Institutos Nacionales de Salud y demás organismos y órganos del sector salud, a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones:

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, experimentales de desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y socio-médicas para el diagnóstico y tratamiento de las personas con la condición del espectro autista para procurar su habilitación;

II. Vincular las actividades de los Institutos Nacionales de Salud con los centros de investigación de las universidades públicas y privadas del país en materia de atención y protección a personas con la condición del espectro autista;

III. Realizar campañas de información sobre las características propias de la condición del espectro autista, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad;

IV. Atender a la población con la condición del espectro autista a través, según corresponda, de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros servicios que a juicio de los Institutos Nacionales de Salud y demás organismos y órganos del sector salud sean necesarios. Se exceptúa el servicio de hospitalización;

V. Promover políticas y programas para la protección de la salud integral de las personas con la condición del espectro autista;

VI. Expedir de manera directa o a través de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, los certificados de habilitación y los diagnósticos a las personas con la condición del espectro autista que lo soliciten, y

VII. Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la Secretaría, mismo que deberá permitir contar con un padrón de las personas con la condición del espectro autista que reciben atención por parte del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, así como de la infraestructura utilizada para ello.

Capítulo IVProhibiciones y Sanciones

Sección 1ª. Prohibiciones

Artículo 17. Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias:

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado;

II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los conocimientos necesarios para su atención adecuada;

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas;

IV. Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados;

V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros;

VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación;

VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos;

VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con certificados de habilitación expedidos por la autoridad responsable señalada en esta Ley, que indiquen su aptitud para desempeñar dicha actividad productiva;

IX. Abusar de las personas en el ámbito laboral.

X. Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y

XI. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables.

Sección 2ª. Sanciones

Artículo 18. Las responsabilidades y faltas administrativas, así como los hechos delictivos que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables en los órdenes federal y local.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.El H. Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, armonizarán y expedirán las normas legales para el cumplimiento de esta Ley, y la derogación de aquéllas que le sean incompatibles, en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Cuarto.El Consejo de Salubridad General someterá a consideración del titular del Ejecutivo Federal las políticas, programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos, profesionales y técnicos especialistas en la condición del espectro autista en un plazo que no rebase los 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. Las distintas secretarías, instituciones y organismos, integrantes de la Comisión Intersecretarial en el ámbito de sus respectivas competencias, y conforme a su disponibilidad de recursos, deberán contar con el apoyo de la Secretaría que permitan una eficiente operacióna partir de la identificación y la atención de las personas con la condición del espectro autista.

Sexto. Las acciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deban realizar para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto, se sujetarán a los recursos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, así como a la disponibilidad presupuestaria aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2015.— Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Amira Graciela Gómez Tueme (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco, Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan ( *), publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 15:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 19 de febrero a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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