Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

ASISTENCIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado(a las 11:20 horas) Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 10 de marzo de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo.

Del diputado José Adán Abellaneda

Por el que comunica por el que comunica su decisión de formar parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Del coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Por el que comunica la integración a ese grupo parlamentario del diputado José Adán Abellaneda.

Del diputado Javier Gutiérrez Reyes

Por el que comunica su decisión de formar parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Del coordinador del grupo parlamentario del Partido Del Trabajo

Por el que comunica la integración a ese grupo parlamentario del diputado Javier Gutiérrez Reyes.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los problemas derivados del uso del sistema de pago IAVE.

Con el que remite nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio.

Del Gobierno del estado de Michoacán

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio.

De la Secretaría de Gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Con los que remiten dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio.

De la Auditoría Superior del estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio, relativo a la Cuenta Pública de 2014.

De las universidades autónomas de los estados de Hidalgo, Benito Juárez de Oaxaca y de Tamaulipas

Con los que remiten los informes de resultados de auditorías externas a las matrículas correspondientes al ciclo escolar 2013-2014.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite alcance de la información correspondiente a los Organismos descentralizados (Colegios de Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos e Institutos de Capacitación para el Trabajo) para el cuarto trimestre del ejercicio 2014.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica la integración de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Solicitudes de licencia

De los diputados Verónica García Reyes, Salvador Romero Valencia, Valentín González Bautista, Luis Miguel Ramírez Romero, Silvano Blanco Deaquino, María del Rosario Merlín García y Antonio García Conejo.

Protesta de ciudadanos diputados

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71, y 78; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4 de la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de promover la creación de comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo, relativos a la explosión registrada el 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa de Morelos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la SRE, se impulse una política exterior dirigida a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los niños migrantes que son deportados sin juicio previo por la autoridades migratorias de los Estados Unidos de América.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP y al Conaculta, su intervención en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro, ubicadas en el Foro Lindbergh, de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de Gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo para realizar en la zona donde se estableció la planta recicladora bicentenario, proyectos ambientales viables para clasificar, reciclar y/o procesar los residuos según corresponda.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minuta

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 69 de la Ley General de Educación, en materia de práctica del ajedrez como deporte y actividad extraescolar.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15-E de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Iniciativas

Que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55, 82, 91 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y los artículos 4o. y 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Cristina Ruíz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 268 y 275 de la Ley Federal de Derechos, y 6o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 154 Bis de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Eduardo Solís Nogueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Ma. Guadalupe Mondragón González y Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 119, 120, 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que Establece el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Eduardo Solís Nogueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Cristina Ruíz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el Artículo Octavo Transitorio de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Control y Regulación de Agroquímicos, a cargo del diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 223 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 34 del Código Penal Federal y 188 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículos 39 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 8o., 25 y 29 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Eduardo Solís Nogueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que considere la inclusión de todo el territorio del estado de Baja California y el municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a diseñar y difundir a través de los medios de comunicación, una campaña para explicar que los beneficios de los programas sociales gubernamentales son un derecho de los mexicanos que no se entregan a cambio de votos, a fin de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo estudios, capacitación de médicos e implemente medidas preventivas en materia de osteoporosis, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA, para que lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno en materia de trabajo, a fin de garantizar la inclusión de las mujeres a la vida laboral con igualdad de oportunidades, suscrito por diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que autorice el refinanciamiento de la deuda pública del municipio de Cuernavaca, Morelos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al rescate de la Merced, Distrito Federal, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFT, a fin de revisar la política para la devolución de frecuencias de radio AM, en razón de la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población, suscrito por los diputados Adolfo Bonilla Gómez y Federico José González Luna Bueno, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de marzo de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y dos diputadas y diputados, a las once horas con veinticuatro minutos del jueves cinco de marzo de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional; con la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y ciento cuarenta y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, con la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Deporte, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y cinco de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada el veinticuatro de febrero de dos mil quince.

• Pedro Porras Pérez, y Mario Rafael Méndez Martínez, ambos del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicitan que se retiren de los registros de las Comisiones Unidas de Agricultura y Sistemas de Riego, y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y adiciona un artículo sesenta y nueve Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el quince de diciembre de dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Por la que remite oficio del General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual expresa su agradecimiento por el reconocimiento realizado con motivo de la creación del Ejército Mexicano. De enterado, comuníquese.

• Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio:

— Relativo al estado que guarda el Proyecto Turístico Integral Sistema Verde del Río Atoyac/Museo Internacional del Barroco, en el estado de Puebla. Se remite al promovente, para su conocimiento.

— Por la que se solicita al Ejecutivo Federal, genere un reporte del avance de los compromisos presidenciales en las entidades del sur y sureste del país. Se remite al Promovente, para su conocimiento.

c) De la Unidad Estatal de Protección Civil del estado de Querétaro, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la actualización de los atlas de riesgos estatales. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

d) De la Consejería Jurídica del estado de Oaxaca, con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Para armonizar su legislación civil en materia de adopción plena. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Para que garanticen el acceso a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y de la salud humana. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Relativo a concientizar a la población sobre la necesidad de estar preparados ante el peligro de sufrir la presencia de algún desastre, ya sea de índole ambiental, de salud o social. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Para que actualicen sus atlas de riesgos. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento

e) De la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Para garantizar el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Para implementar campañas de información y concientización relativas a la importancia de mantener el respeto a las personas de la tercera edad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de dos mil quince, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de enero de dos mil catorce, la evolución de la recaudación para el mes de enero de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

g) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

h) Oficios de la Cámara de Senadores:

• Con el que devuelve el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción décima primera del artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Con el que devuelve el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Con el que devuelve el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

i) De la diputada Alejandra López Noriega, del Partido Acción Nacional, por la que informa la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos Javier Gutiérrez Reyes; José Higuera Fuentes; Karina Kelly Sánchez; Elizabeth Flores Vázquez; Silvana Ortíz Ortega; y Shantall Zepeda Escobar diputadas y diputados electos. El Presidente designa una comisión que los acompaña en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

En su oportunidad y desde curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional. El presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos, por el que se expide la Ley General de Aguas.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Regeneración Nacional; Antonio Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Regeneración Nacional; María del Socorro Ceseñas Chapa, Arturo Cruz Ramírez, Roberto Cabrera Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Regeneración Nacional; y José Alberto Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Adriana Hernández Iñiguez.

A las doce horas con veinticinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos diputadas y diputados.

Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Regeneración Nacional; José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; Josefina Salinas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Partido Acción Nacional; y Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro los diputados: Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; y Jesús Antonio Mora González, del Partido de la Revolución Democrática. Si más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se reciben solicitudes de licencia para separarse de sus actividades legislativas los diputados: Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; Karina Labastida Sotelo, y Juan Carlos Uribe Padilla, ambos del Partido Acción Nacional; Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Torres Flores, del Partido del Trabajo; Ángel Cedillo Hernández, y Víctor Manuel Manríquez González, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Socorro de la Luz Quintana León, Adriana Hernández Iñiguez, ambas del Partido Revolucionario Institucional; Javier Salinas Narváez, Armando Contreras Ceballos, Carla Guadalupe Reyes Montiel, todos del Partido de la Revolución Democrática; y Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

En el capítulo de Agenda Política realizan comentarios relativos al ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, las diputadas: Loretta Ortíz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional; Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputadaBeatriz Zavala Peniche

Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional; y Cristina Ruiz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidenta dirige un mensaje a la Asamblea.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al Desempeño de los Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura. De enterado. Comuníquese.

Se recibe solicitud de licencia de la diputada Cecilia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se recibe comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de Juntas Directivas e integrantes de diversas comisiones ordinarias y de investigación. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos tercero, cuarto, y doscientos nueve de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Atención, Desarrollo Integral e Inclusión de las Juventudes. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Turno: Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen.

• Rubén Benjamín Félix Hays y suscrita por diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Turno: Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Economía, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma los artículos cuarto y quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía, para que se establezcan acciones para verificar, revisar, boletinar, sancionar y en su caso, clausurar a las gaseras que no cumplan con las normas NOM-002-SESH-2009, NOM-007-SESH-2010 y NOM-015-SESH-dos mil trece. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realice las acciones necesarias para detener el daño al medio ambiente derivado de las actividades de la empresa Palma Tica de México, SA de CV en el estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, relativo a la conformación de un comité y la elaboración de una agenda de trabajo para implementar políticas públicas para las mujeres en las migraciones. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que impulsen mediante acciones contundentes el uso de energías renovables. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en la Presupuestación Base Cero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, incluya en los aspectos metodológicos, las consideraciones y prioridades que esta soberanía da a conocer. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se implemente una campaña informativa, de orientación y capacitación de la población, acerca de los riesgos del uso de la pastilla de emergencia como método anticonceptivo regular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Roberto Cabrera Solís, José Antonio León Mendívil y Víctor Reymundo Nájera Medina, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que se atiendan y retomen las investigaciones sobre los casos de desaparición forzada durante la llamada “guerra sucia”. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua, a fin de resolver la problemática derivada de la contaminación, intoxicación y envenenamiento por plomo en la sangre, que afecta a los habitantes de las zonas aledañas a la antigua Fundidora de Ávalos, en la ciudad de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se apoye la recuperación y permanencia de artesanos mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realice las acciones necesarias para atender, prevenir y sancionar la venta clandestina por Internet, de medicamentos que se usan con fines abortivos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de los Estados y del Distrito Federal, para que hagan del conocimiento público el número de centros de asistencia social públicos y privados con que cuenta cada entidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María de Lourdes Medina Valdés, Juan Bueno Torio y Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, relativo al establecimiento de una política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y diésel para la zona fronteriza del sur del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, a fin de evitar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno, a fin de elaborar los protocolos para la protección de los árboles. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de realizar mesas de negociación para garantizar el pago de las pensiones, así como la liquidación e indemnización que corresponda a los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes diez de marzo de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con treinta y siete minutos.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado:  Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada.

Continúe la Secretaría con comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Cultura y Cinematografía

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia a supervisar la rehabilitación y reestructuración de la alameda “Trinidad García de la Cadena” en la ciudad de Zacatecas.

Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que realice modificaciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico.

Trabajo y Previsión Social

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a promover la cultura laboral.

Transportes

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en conjunto con las autoridades de Tabasco implementen medidas para evitar, prever y reparar los daños generados a los vehículos que transitan por vialidades en malas condiciones en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2015.— Diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia a supervisar la rehabilitación y reestructuración de la alameda Trinidad García de la Cadena, en Zacatecas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), D y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.Con fecha 12 de febrero de 2015, la diputada María del Socorro Núñez Monreal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Director General del INAH a supervisar la rehabilitación y reestructuración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena” en la ciudad de Zacatecas.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-2144, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/3990, de fecha 16 de febrero, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. Con fecha 18 de febrero, el Ingeniero Rafael Sánchez Preza, Director General de la Junta y Coordinador General del Proyecto de Regeneración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena” remitió senda oficio al diputado Hugo Jarquín, presidente de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de esta Honorable Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, remitiendo copia del mismo a la diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Quinto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 26 de febrero de dos mil quince, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del INAH a supervisar la rehabilitación y reestructuración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena” en la ciudad de Zacatecas.

Segundo. Que cuando en el rubro con el que etiqueta cada una de las dos páginas de su Proposición, por la que se exhorta al Director General del INAH a supervisar la rehabilitación y reestructuración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena” en la ciudad de Zacatecas, la información motivo de la presente proposición con punto de acuerdo, canalizar una preocupación manifiesta de un número de ciudadanas y ciudadanos por mantener la integridad del patrimonio cultural de los mexicanos, como lo son Rebeca Toledo Cisneros, Mónica Eunice Ruiz Rodríguez, Moisés Jiménez Cortés, María Edith Ortega González, Salvador Pintor Rodríguez, Luis Días Leaños y Martín Letechipía, entre otros.

Tercero. Como antecedentes, la promovente del Punto de Acuerdo menciona que el pasado 20 de marzo de 2014, la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, recibió la petición de diversos ciudadanos preocupados por la protección del patrimonio cultural de Zacatecas, sustentada en la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrito por México en 1984, de observancia obligatoria en nuestro país, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución de la República.

Menciona además que las obras de rehabilitación y restauración de la alameda Trinidad García de la Cadena, en curso, son realizadas por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Zacateca s y que como se puede apreciar con las fotografías que se adjuntan a la presente proposición, la alameda Trinidad García de la Cadena ha sido intervenida y modificada en su arquitectura, pórticos, herrería, balaustrada, kiosco, bancas, fuentes, macetones, calles, piso, arriates, flora, y en sus principales elementos ornamentales, afectando a este monumento natural histórico que la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, en su artículo 26, lo considera como zona típica, contrariando la Convención de Venecia de 1964, en la que se suscribió la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, y la Convención de Florencia relativa específicamente al tema de jardines históricos.

Afirma la promovente que para los zacateca nos y los mexicanos en general, es de suma importancia que toda obra que forma parte de nuestro patrimonio cultural, se rehabilite y restaure observando la normatividad aplicable, observando los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por las siglas en inglés), y no atendiendo las ocurrencias de autoridades y vecinos como al parecer (sic) se han llevado a efecto los trabajos relativos a la alameda Trinidad García de la Cadena que se hacen del conocimiento del pleno a través de esta proposición.

Que todos los ornamentos del foro corresponden al estilo art decó, que estaba en boga durante su período de construcción, lo que convirtió a ese parque en un hito a nivel nacional y mundial, en donde se declaran por un lado los ideales modernos y el culto a la tecnología y por otro los valores nacionalistas.

Cuarto. Que en la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el Patrimonio Cultural celebrada en México en 1982, definió que “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”.

Sin embargo, en México desde 1914 el Estado a través de un marco jurídico regula el Patrimonio Cultural, a través de normas para la conservación de monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y a partir de 1986 también los paleontológicos.

El 6 de mayo de 1972 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que entró en vigor a los 30 días de dicha publicación. Con objeto de garantizar el material arqueológico, histórico y artístico. Protege bienes muebles como inmuebles. El patrimonio tangible y prevé protección a monumentos en lo individual o bajo el concepto de zonas. Obligaciones y derechos para propietarios y poseedores de bienes. Se conserva la modalidad de propiedad privada para los bienes históricos y artísticos, así como la obligación de llevar registro nacional de los bienes, siendo la Federación la competente para aplicar la Ley.

Los diversos monumentos, edificios y bienes culturales, son motivo de preocupación en su conservación, difusión e investigación, por lo que desde hace varios siglos son objeto de regulación normativa y de incorporación en la política cultural.

Actualmente, por ley, la responsabilidad primordial en la preservación del Patrimonio Cultural en el país, corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en lo referente a custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los períodos prehispánico, virreinal y siglo XIX y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) en lo relativo al patrimonio artístico del siglo XX. Éste último, creado en diciembre de 1946 con objeto de preservar, fomentar y difundir el patrimonio artístico de México.

Respecto al INAH, la necesidad de preservar, fomentar y difundir el patrimonio histórico de la nación, originó su creación el 3 de febrero de 1939 por Lázaro Cárdenas. Su función primordial fue la vigilancia, conservación y restauración de monumentos históricos y artísticos del país y de objetos que se encuentren en ellos.

Se creó el Departamento de Monumentos Coloniales que se dividió en dos partes: la Dirección de Monumentos Prehispánicos y la Dirección de Monumentos Coloniales.

Hacia 1973, el Departamento de Monumentos Coloniales y de la República, se incorporó a la recién creada Dirección de Monumentos Históricos y años después desaparece. 

Quinto. Que la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas del 15 de diciembre de 2013,establece en su Artículo 26 lo siguiente:

“Artículo 26

Son Zonas Típicas las actuales zonas urbanas de las ciudades de Sombrerete, Pinos, Jerez, Nochistlán y Villanueva. En la ciudad de Guadalupe es zona típica la constituida por la plaza principal y las calles Independencia, Constitución, Madero, Luis Moya y los callejones sin nombre entre la plaza y el arroyo.

En la ciudad de Zacatecas, es zona típica la constituida por las siguientes calles y plazas:

De Jesús, Plazuela de García, en todo su perímetro; calles que desembocan en ésta, a saber: Calle de López Velarde, Calle de Santa Vera cruz, Calle del Progreso y Calle de San Diego; Calle de Abasolo y los Callejones transversales de El Morante y Callejón Ancho; Callejón de San Francisco y Calle de Matamoros, desde la esquina formada con aquél, hasta la Fuente de los Conquistadores; Avenida Juan de Tolosa en toda su longitud y los Callejones que desembocan en ella, que son: Vecindad de Gómez, Callejón del Moral, Callejón del Indio Triste y Callejón Cuatro de Julio; Avenida Hidalgo en todo su desarrollo, y las calles y callejones transversales siguientes: Callejón de Luis Moya, Callejón de las Campanas, Callejón de Osuna, Jardín Hidalgo en todo su perímetro, Callejón de Veyna, Calle de González Ortega (costado norte del Mercado Principal), Callejón de Santero, costado Sur del Mercado Principal; Calle de la Palma, Calle de la Caja, Calle de Rosales, Calle Allende, Callejón de la Bordadora y Callejón de Cuevas; Avenida Juárez en toda su longitud; Jardín Morelos en todo su perímetro, Callejón del Espejo, Avenida Torreón en toda su longitud; Alameda “Trinidad García de la Cadena” en todo su perímetro; Plaza de Santo Domingo en todo su perímetro y las calles y callejones transversales siguientes:

Calle del Estudiante, Callejón del Lazo, Callejón de Cornejo, Calle del Ideal, Calle de San Agustín, Calle Mártires de Chicago, Callejón de Lancáster, Calle de la Moneda, Calle del Hospital, Calle Genaro Codina en toda su longitud y Callejón de García Rojas. Calle Félix U. Gómez, Plazuela de Yanguas, en todo su perímetro; Calle de Yanguas,  a. del Cobre, Calle de Aurelio Elías, Plazuela del Estudiante, Crucero del Estudiante y Calle de Velasco.

Jardín Juárez en todo su perímetro, Calle Miguel Auza, Plaza de Miguel Auza en todo su perímetro y Calle del Dr. Ignacio Hierro.

Calle González Ortega (antigua de Tacuba), en toda su longitud y la Calle transversal de Reforma (antigua calle Nueva); Plaza de González Ortega en todo su perímetro; Calle de Guerrero en toda su longitud y los Callejones transversales de Tenorio; de la Aurora y Correa; Calle Víctor Rosales en toda su longitud; Callejones transversales siguientes; Callejón de Venustiano Carranza, Callejón de Tampico, Callejón de Guadalupe Victoria o de Santa Rosa y Callejón de Santa Lucía, Callejón del Barro, Crucero del Arbotante, Callejón de la Peña; Jardín de las Delicias, Crucero de Venustiano Carranza, Crucero de Tampico y Plazuela del Tepozán.

Calle de Justo Sierra, Rinconada de San Juan de Dios, Crucero de Justo Sierra, Calle de García de la Cadena, Crucero de García de la Cadena, Calle de Zamora, Plazuela de Zamora en todo su perímetro, Calle de Juventino Rosas, Callejón de Quijano; Calle

Insurgentes (antigua Manjarrez) hasta el punto denominado La Perla.

Calle Aldama en toda su longitud, Plaza de la Loza en todo su perímetro, Callejón del Tráfico, Plaza Independencia en todo su perímetro, Calle de la Exclaustración y Calle Libertad.

Avenida Morelos en toda su longitud, y los Callejones transversales de: El Rayo, Chinchavel o del Enano, Del Portillo, De los Perros, De las Carretas y de Ruiz, Callejón de San Benito. Avenida Rayón en toda su longitud y los Callejones transversales de: El Trabajo, Crucero del Moral, Callejón del Resbalón, Del Turquito, Palomares o de San Marcos, Del Chino, Del Moro, Del Triunfo y Plaza de las Carretas en todo su perímetro.

Calle de Juárez (antigua del Ángel), hasta la esquina de la Calle Primero de Mayo; Calle Primero de Mayo con toda su longitud, Calle Venustiano Carranza, incluyendo la antigua Calle de San José Viejo, hasta dar acceso al nuevo Fraccionamiento de la Bufa”.

Sexto. Que la dictaminadora coincide con los propósitos de la autora de la proposición que se analiza, ya que la garantía de preservación del Patrimonio Cultural es determinante para que permanezca en el tiempo y continúe alimentando a generaciones posteriores, a fin de que conozcan y palpen antecedentes históricos que nos distinguen como nación, su realidad presente, que contribuyan a su reafirmación cultural futura, a través de un proceso armónico de asimilación y ubicación en el desarrollo, sin perder identidad. Es por ello, que el Estado mexicano ha implementado diversas formas legislativas y administrativas para protegerlo.

Asimismo, el redimensionamiento bajo el concepto de Patrimonio Cultural por la UNESCO, no limita ese dimensionamiento como símbolo de identidad, en el reconocimiento de una porción representativa de la cultura de nuestra nación y objeto de preservación como parte de ella, lejos de eso, contribuye a entender el desenvolvimiento histórico de sus generaciones y es una forma de preservar el pasado cultural, permitiendo su ubicación en el presente y preservación de identidad futura.

La gran riqueza del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la nación, son también ejemplo de pluralidad cultural de este país, pero sobre todo de nuestra gran riqueza cultural.

Ahora bien, aun cuando se coincide con el espíritu de la promovente, al tiempo que esta dictaminadora considera loable su preocupación, es preciso señalar que, de diversa información recabada por esta Comisión, respecto del proyecto que actualmente se realiza en la Alameda “Trinidad García de la Cadena”, se informa que los trabajos consisten en la Regeneración del espacio y que en su momento fueron socializados previo a su comienzo con vecinos inmediatos, colegios de profesionistas y asociaciones cuyo objetivo son el cuidado y preservación del patrimonio.

Asimismo, en oficio número DG-014/2015 referido en el numeral cuarto del apartado de antecedentes del presente dictamen, se afirma por parte de la autoridad que el presupuesto para llevar a cabo éstos trabajos fueron autorizados por la LXI Legislatura del Estado de Zacatecas; mediante oficios DJ/195/2014 Y DJ/196/2014 ambos de fecha 30 de octubre del año 2014, emitidos por la honorable Junta de Monumentos y que de ello, se informó tanto al Presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento así como al presidente de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la LXI Legislatura del estado, por ser propios de su interés el comienzo de las obras de Regeneración así como la remisión de las autorizaciones y vistos buenos de las entidades normativas que tienen que ver para la intervención del espacio.

También, es preciso señalar que la autoridad remitente, remite una sucinta descripción del proceso que se siguió para llevar a cabo la Regeneración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena”, consistente en lo siguiente:

1. Durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2014, se realizaron reuniones con vecinos inmediatos, asociaciones, medios de comunicación, organismos empresariales, redes sociales, colegios de profesionistas, entre otros con el objetivo y propósito de colegiar, conciliar y tomar en cuenta las opiniones de estos, contrastándolas con las necesidades que el propio espacio requiere, a más de hacer del conocimiento el objetivo y alcance del proyecto.

2. El proyecto de regeneración, revitalización y reordenamiento vial y urbano, sí como el corredor intercultural, fue mediante licitación Pública Estatal, convocada por parte de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, siendo la empresa Cathedral, SA de CV, la ganadora, en tal virtud en fecha 20 de octubre del 2014, y contando con las autorizaciones de las Instancias Normativas competentes dio inicio la regeneración de la Alameda.

3. El proyecto en comento fue aprobado mediante:

- Resolución otorgada por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, mediante oficio SPPB-0628/2014 de fecha 15 de octubre del 2014, dirigido al ingeniero Mario Rodríguez Márquez, Secretario de Infraestructura de Gobierno del Estado.

- Oficio CINAHZ-JURl072/2014 de fecha 15 de octubre del año 2014, emitida por el Centro INAH Zacatecas y dirigido al Ing. Mario Rodríguez Márquez, Secretario de Infraestructura.

- Determinación de recomendación aprobatoria emitida por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Organismo “A” de UNESCO Icomos Mexicano, y dirigido al ciudadano ingeniero Rafael Sánchez Preza, Director General de la Junta de Monumentos, de fecha 29 de septiembre del 2014.

- Oficio 00-01008/2014 de fecha 26 de septiembre de 2014, emitido por la Comisión Federal de Electricidad Zona Zacatecas, referente al visto bueno sobre la propuesta y materia eléctrica, y dirigido al Arq. Luis Mario Báez Vázquez, Subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado de Zacatecas.

- Oficio 5002/2014de fecha 25 de septiembre de 2014 emitido por la Secretaría de agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas y dirigido al Ing. Mario Rodríguez Márquez, Secretario de Infraestructura, mediante el cual se autoriza la manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

- Oficio DG/527/2014 de fecha 15 de octubre del 2014, emitido por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, dirigido al Ing. Mario Rodríguez Márquez, Secretario de Infraestructura, otorgando el Visto Bueno en materia Hidráulica de Agua Potable y alcantarillado sanitario.

- Licencia de Construcción emitida en fecha 07 de octubre del 2014, por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio.

Complementariamente a las autorizaciones y vistos buenos descritos, para mayor claridad y descripción del proyecto de Regeneración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena” la autoridad responsable de la obra, editó material gráfico y digital consistente en diez trípticos y cinco recorridos virtuales que se adjuntan en medio impreso y magnético respectivamente y que remite a esta Dictaminadora en donde constan todos y cada uno de los aspectos mencionados anteriormente.

Asimismo y de una exhaustiva revisión a los portales electrónicos en materia de transparencia, esta Dictaminadora afirma que todas las actuaciones y procedimientos relativos al Proyecto de Regeneración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena”, y en apego estricto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, han sido publicado en el Portal del mismo nombre, lo referente al proyecto y su ejecución, el cual se puede consultar mediante la siguiente liga:

http://transparencia.zacatecas.gob.mxl? s=&dependencia=22&fraccion=41& datefrom=&dateto=&vigente=1

Ahora bien, aun cuando se afirma por parte de la promovente en su tercer párrafo de Considerandos del Punto de Acuerdo objeto del presente Dictamen que “Para los zacateca nos y los mexicanos en general, es de suma importancia que toda obra que forma parte de nuestro patrimonio cultural, se rehabilite y restaure observando la normatividad aplicable, observando los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por la sigla en inglés), y no atendiendo las ocurrencias de autoridades y vecinos como al parecer se han llevado a efecto los trabajos relativos a la alameda Trinidad García de la Cadena que se hacen del conocimiento del pleno a través de esta proposición”, es preciso señalar con toda objetividad que, con independencia de que se trata de un juicio subjetivo de valoración y no se cuenta con los dictámenes por parte de especialistas, opiniones, y en general, documentales que permitan de manera categórica afirmar el dicho planteado líneas arriba y por el contrario, existen elementos documentales y autorizaciones por parte de los responsables de dicha obra que brindan elementos suficientes a esta dictaminadora para afirmar que sí se han llevado a cabo las acciones de protección y salvaguarda.

Por los argumentos y fundamentos que plantea esta comisión dictaminadora en cada uno de los Considerandos, se estima improcedente el petitorio de la presente Proposición.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, considera que es de resolverse y se

Resuelve

Artículo Único. Se d esecha en su totalidad, la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al director general del INAH a supervisar la rehabilitación y reestructuración de la Alameda “Trinidad García de la Cadena” en la ciudad de Zacatecas.

Notas:

1 http://www.academia.edu/419404/EI_patrimonio_cultural_en_Mexico_un_recurso_estr ategico_para_el_desarrollo

2 http://www.oei.es/cultura2/mexico/c7.htm#indice

3 http://www.congresozac.gob.mx/e/ articulo&art=27882&ley=26& tit=O&cap=O&sec=O

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2015.

Signan el presente dictamen los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Ricardo Flores Suárez, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ofelia Limón Robles (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar modificaciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realicen modificaciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 3 de febrero de 2015, la diputada Graciela Saldaña Fraire, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realicen modificaciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Confirma la diputada proponente que el viernes 31 de octubre de 2014 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, una serie de decretos que reforman varios reglamentos en materia ambiental (paquete), así como el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos. Sobre todo el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en materia de ordenamiento ecológico.

Estima la legisladora que la reforma energética aprobada por el Poder Legislativo en agosto pasado representa el mayor reto ambiental del país.

Lograr que el paquete verde incluya previsiones y acciones en materia de ordenamiento ecológico del territorio para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo integral y sustentable es una necesidad imperante si queremos evitar una regresión en las políticas ambientales de México.

Afirma la proponente que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente representa la ley marco del sector ambiental en la que se encuentran establecidos los principios y principales instrumentos de política ambiental del país. Por ello, reforzar con el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en materia de ordenamiento ecológico para evitar cualquier daño y deterioro ambiental que se pueda ocasionar con el desarrollo de las recientes reformas aprobadas, por lo que es una acción imprescindible, incorporando criterios que fortalezcan la gestión ambiental como el principio precautorio en las definiciones de la ley, ya que ésta debe ser la base de un sistema que garantice la protección del ambiente como cimiento para el desarrollo integral y sustentable de la sociedad mexicana.

Indica la legisladora que el ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Se considera que es el instrumento de política ambiental más adecuado para armonizar las actividades humanas con la vocación del suelo de manera que se puedan asegurar condiciones de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo ya que permite orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así como las modalidades de uso de los recursos y servicios ambientales, lo cual lo convierte en la base de la política ecológica.

Comenta la proponente que por su parte la Ley de Hidrocarburos establece que las obras o actividades de dicho sector son competencia federal, no por ello la infraestructura que se establezca en algún territorio deja de tener impactos físicos sobre las regiones en las que se asienta, además de que puede representar un factor de riesgo para otras actividades en caso de siniestro, por lo que requieren ser considerados al momento de la planeación del uso del territorio. Más aun, en una lógica de corresponsabilidad del Estado mexicano (a través de la federación), convenir con otros órdenes de gobierno la realización de ordenamientos ecológicos territoriales en su modalidad regional facilita la coordinación y comunicación entre ambos órdenes en términos de planeación espacial del territorio, por lo que incluir en estos procesos las consideraciones respecto de la infraestructura del sector hidrocarburos (de parte del orden federal) es su responsabilidad pensando en el desarrollo integral y sustentable del país que enmarca el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se considera que no sujetar a estos convenios las actividades del sector hidrocarburos consiente y evidencia una irresponsabilidad y falta de interés por coordinar la planeación del desarrollo nacional. Lo que sin duda alguna dificultará alcanzar la meta de un desarrollo integral y sustentable.

Es por lo anterior que la diputada proponente observa que se requiere considerar la exclusión de la materia de hidrocarburos dentro del marco de planeación a nivel local y regional tal cual como lo plantean los artículos 38 y 40 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en materia de ordenamiento ecológico. Sobre la etapa de diagnóstico al que se refiere el artículo 43 del ya mencionado reglamento, que busca identificar y analizar los conflictos ambientales en el área de estudio cuando se elabora un ordenamiento ecológico regional, es ilógico que queden fuera del mismo las actividades del sector hidrocarburos, que se prevé sean las que mayor conflicto puedan generar en el territorio.

Por lo que esta exclusión debe ser reconsiderada por el Poder Ejecutivo en su propuesta de reformas al reglamento. La etapa de pronóstico abordada en el artículo 44 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en materia de ordenamiento ecológico pretende analizar la evolución de los conflictos ambientales a partir de la previsión de las variables naturales, sociales y económicas como resultados de las actividades que se realizan sobre el territorio, por lo que excluir al sector hidrocarburos, sus actividades e infraestructura de esta etapa no garantiza que se logre una planeación integral del desarrollo en el territorio nacional.

En los artículos 48 y 49, se establecen los supuestos para modificar un ordenamiento ecológico territorial regional, es de particular interés, pues conlleva la posibilidad de modificar por la vía rápida los ordenamientos ecológicos regionales vigentes al momento de la publicación del reglamento lo que pondría en riesgo la planeación territorial previa y por tanto, la garantía de los gobernados a un desarrollo integral y sustentable (con su participación activa).

El artículo 58 que corresponde a los ordenamientos ecológicos locales, excluyen de su competencia la posibilidad de reconocer en cualquiera de las etapas de la elaboración del ordenamiento las obras o actividades del sector hidrocarburos pese a que son actividades de la mayor relevancia para el desarrollo integral local.

Un ordenamiento ecológico nacional no tiene sentido si no se escala de lo local a lo regional, y luego a la escala nacional, por lo que deben incluirse las actividades del sector.

III. Consideraciones

Las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos la importancia del planteamiento de la diputada proponente, y coincidimos con su preocupación por asegurar la estricta vigilancia en el proceso del desarrollo de la industria de los hidrocarburos en México, indicadas en su propuesta; sin embargo se desecha la propuesta de referencia de acuerdo a las consideraciones siguientes:

En concordancia con la preocupación de la proponente, la integridad del ambiente en relación con la gama ecosistemas y los servicios ambientales que nos brindan para el desarrollo de la humanidad, estimamos importante señalar, que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad que se refleja en una gran variedad de ecosistemas, este patrimonio biológico y su correcto manejo, es aprovechado su potencial para el desarrollo económico y social, siendo las políticas públicas en México las que atienden de mejor manera las necesidades del país y se refieren a la preservación y valorización de los recursos naturales.

Concatenado a lo anterior y con respecto a las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población, Conapo, entre los años 2010-2030, la población del país se incrementará en alrededor de 8 millones de habitantes.

Además, para 2030 aproximadamente el 81 por ciento de la población total del país se asentará en localidades urbanas. Se calcula que para 2030, según las estimaciones del Conapo, en el año 2030 se espera que alrededor de 41 millones de mexicanos se asienten en núcleos de población con más de 500 mil habitantes.

Ahora bien, de acuerdo con la información sustentada por la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la gestión sobre la biodiversidad se refiere al desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de los territorios que la sustentan, por lo que en México existen instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales; el modelo de desarrollo territorial en zonas biodiversas se propone como un instrumento de política transversal que revalore los diversos recursos naturales, sociales y económicos con que cuentan comunidades y organizaciones y a su vez, que reconozcan las nuevas condiciones demográficas y socio ambientales.

Es menester confirmar la importancia que representa la conservación de la biodiversidad, lo anterior también en apego al espíritu de la legisladora en su planteamiento expuesto en la presente Proposición con Punto de Acuerdo; sin embargo, esta Comisión Dictaminadora estima que es competencia Federal, ya que la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía Nacional en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos; en tal virtud, el estado tendrá a su cargo de manera exclusiva dichas áreas estratégicas, en las cuales el Estado ejercerá su rectoría y protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, como imperiosa prioridad. De lo anterior y en observancia a la correcta aplicación del Estado en el ejercicio de sus atribuciones en la materia, se creó la nueva Ley de Hidrocarburos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día 11 de agosto de 2014, la cual establece plenamente que la promoción del desarrollo sustentable de actividades referentes a la exploración y extracción de hidrocarburos, tal y como lo indica en el Capítulo III, de la Jurisdicción, Utilidad Pública y Procedimientos, que a la letra dice:

Artículo 95. La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria.

Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en los términos de esta Ley, en todo momento deberán seguirse criterios que fomenten la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, además de cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en materia de medio ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así como de pesca.

Artículo 96. La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Leyes de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera.

Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

La Federación, los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

Es por ello que esta Comisión Dictaminadora estima que la propuesta de referencia pondría en riesgo la correcta aplicación de los preceptos legales. Adicionalmente se advierte que la propuesta de la legisladora no es vinculante para la institución exhortada, siendo ésta el Ejecutivo Federal, para que se modifique el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, ya que dicho reglamento responde exclusivamente a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; por lo que deberá ser a partir de las reformas de Ley, para que el reglamento se encuentre en el mismo tenor, que es la vía legislativa en el Congreso de la Unión y no mediante la exhortación al Ejecutivo Federal para que reforme el reglamento de la Ley, todo ello en clara observancia de las disposiciones ordenadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 89, fracción I, que a la letra dice:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Esto es, el presidente es la institución facultada para expedir los reglamentos de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, para su exacta observancia por los gobernados.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados desecha en su totalidad la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice modificaciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia de Ordenamiento Ecológico.

Segundo. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a promover la cultura laboral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la cultura laboral, presentada por Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en fecha 28 de enero de 2015, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la cultura laboral.

2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 62-II-6-1935, acordó que se turnase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el número de expediente 5929.

II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

1. La proposición materia del presente dictamen plantea el siguiente proyecto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a colaborar en el ámbito de su competencia y establecer conforme a sus facultades un programa que promueva la cultura laboral hacia la inclusión de personas del grupo de edad de 25 a 44 años, con objeto disminuir los índices de desocupación de ese sector y pueda integrarse al mercado laboral del país.

2. En la exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo plantea lo siguiente:

a) La proponente alude a que en nuestra sociedad existe un fenómeno social común y que es la discriminación laboral por edad, la cual se encuentra vinculada con el bono demográfico presente en el país y su proyección en algunos años más. Apunta que la discriminación laboral por edad se acentúa a partir de los 35 años, circunstancia indeseable, pues a esas alturas de la vida las personas cuentan con fuerza física plena y además, con la experiencia propia de la vida, así como la propia de su técnica o profesión.

b) Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población desocupada en el tercer trimestre de 2014 fue de 2.7 millones de personas; de ese total, 1.2 millones de personas pertenece al grupo de edad de 25 a 44 años, con lo que se infiere que dicho grupo representa 44 por ciento de los desempleados de un sexo y otro. Apunta que los empleadores suelen no contratar a personas de este segmento, porque sus honorarios son más costosos a los de jóvenes, y a éstos se les puede remunerar con cantidades decrecientes en comparación a las personas mayores.

c) La proponente menciona que el ciclo económico y las condiciones del mercado laboral convierten a este tipo de personas en subempleados, trabajando en condiciones diferentes a las de su experiencia o su preparación, percibiendo poco y no correspondiendo con todo lo aprendido por ellas durante años.

d) Menciona que la cláusula antidiscriminatoria para nuestro país ha quedado establecida en el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

e)Por otra parte, en la legislación mexicana, el concepto de discriminación ha quedado definido en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

f) En el entendido de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos define las obligaciones del Estado para garantizar su disfrute en igualdad de condiciones, el objeto de este punto de acuerdo es proteger los derechos de las personas del rango 25 a 44 años para que puedan tener acceso a oportunidades de empleo.

g) Por eso, la proponente desea se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la dependencia del gobierno federal encargada de contribuir a que los mexicanos se incorporen de manera formal a un trabajo decente y digno para construir una sociedad más igualitaria e incluyente, cuya misión es fortalecer la política laboral a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la democratización de la productividad y la plena salvaguarda de sus derechos y el de las personas en situación de vulnerabilidad, a efecto de que promueva una cultura laboral, entre los distintos sectores de la economía, a efecto de aminorar los efectos de la discriminación por edad.

h) Aunado a lo anterior, los ejes rectores, las estrategias y las acciones de la política laboral de México quedan establecidos en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. El eje III, “Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores”, prevé que corresponde a la STPS vigilarque a todas las personas sea respetado el derecho a tener un trabajo digno o decente, sin importar su situación en cuanto al sexo, edad , preferencia sexual, situación social, raza, religión o algún tipo de discapacidad.

i) La proponente concluye, argumentando que la discriminación y la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura, que la STPS promueva una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición, no sean obstáculo para la inclusión laboral; donde la responsabilidad social de los centros de trabajo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad sea un valor. La vulnerabilidad laboral de las personas en el país, condicionada por su sexo, edad, discapacidad o cualquier otra condición, constituye un problema que impide a distintos sectores de la población en edad productiva, su acceso, promoción, movilidad y estabilidad en el empleo.

IV. Consideraciones

1. Esta dictaminadora, con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

2.Que la propuesta de la diputada no es viable por las siguientes circunstancias:

a) Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha hecho esfuerzos tendientes a establecer una nueva cultura laboral, la cual busca el armonizar las relaciones de trabajo que aseguren la permanencia y el desarrollo de las fuentes de empleo. Dentro de esa nueva cultura, según vemos publicado en la página de internet (véase la siguiente página de internet, consultada el 5 de febrero del 2015: http://www.stps.gob.mx/02_sub_trabajo/03_dgra/cult_lab.html).de la dependencia, se encuentran valores como

a.1) El trabajo humano tiene un valor ético y trascendente que debe ser respetado y protegido por la sociedad.

a.2) El fundamento que determina el valor del trabajo es, en primer lugar, la dignidad de la persona de quien lo ejecuta, lo cual determina su primacía sobre las cosas, sistemas económicos y administrativos.

a.3) El trabajo, además de ser el medio legítimo de manutención del ser humano y su familia, debe ser también el medio de desarrollo integral de la persona.

a.4) El trabajo es fuente de derechos y obligaciones. Los derechos deben ser respetados y promovidos. Las obligaciones deben ser cumplidas con espíritu de responsabilidad y autoexigencia.

a.5) El lugar mayoritario del trabajo en la actualidad es la empresa, donde confluyen trabajadores, directivos e inversionistas, la cual no podría existir sin ello. La solidaridad entre sus integrantes y su decidida participación favorecen la productividad. La clave para avanzar en la productividad y la calidad para la competitividad radica sobre todo en la coordinación de los sectores productivos.

a.6) Para poder elevar el nivel de vida de la sociedad es necesaria la productividad, que es un proceso en el que intervienen numerosos factores, y que debe permitir una remuneración mejor a las personas que intervienen para lograrla. El trabajo que genera desarrollo es garantía de paz social.

a.7) Los esfuerzos por asegurar mayores beneficios a los trabajadores deben tener siempre en cuenta la situación económica general del país y de las empresas en particular.

a.8) Como el país existe en un mundo económico globalizado, es que se debe impulsar la creatividad, la responsabilidad social, la imaginación de todos los mexicanos, para adoptar una nueva cultura laboral mexicana que permita alcanzar el pleno empleo con productividad y calidad para la competitividad.

a.9) La nueva cultura laboral mexicana debe tener como sustento fundamental el diálogo, la concertación y la unidad de esfuerzos entre las organizaciones sindicales y los directivos empresariales. Invariablemente buscaremos que dicha cultura se oriente a la creación y permanencia de las empresas, a la conservación y promoción del empleo, al aumento de la rentabilidad, a la justa distribución de las utilidades y a la lucha contra la corrupción de líderes sindicales y empresarios.

a.10) El problema clave de la ética social al que deben contribuir en la solución organismos empresariales, sindicatos y gobierno, es el de la justa remuneración de todos los factores de la producción, procurando ante todo que se den las condiciones favorables para la generación de empleo digno y productivo.

b) Asimismo, considera el establecimiento de ciertos principios, como éstos:

b.1) La idea central que ha conducido este esfuerzo es la de alentar la cooperación entre los factores de la producción, así como los procesos educativos y de capacitación, al interior de los centros de trabajo y fuera de ellos, como los medios privilegiados para la valorización del trabajo humano, el aumento de la productividad y la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias.

b.2) El desarrollo de una nueva cultura laboral implica un proceso que supone un esfuerzo continuo, permanente y corresponsable de los factores productivos.

b.3) La revaloración del trabajo humano como elemento fundamental en la empresa para alcanzar niveles superiores de productividad y competitividad. El trabajo que posibilita la superación personal es garantía de paz social.

b.4) La capacitación de los trabajadores y empresarios como un proceso permanente y sistemático a lo largo de su vida activa.

b.5) Estimular la creación de empleos y la preservación de los existentes, y la gestación en la empresa de una mayor capacidad de previsión y adaptación al cambio.

b.6) Generar una cultura nacional de productividad y calidad, que coadyuve a la preservación y fomento de las fuentes de empleo.

b.7) Los trabajadores han de recibir una remuneración justa y tener acceso a servicios de seguridad social de la mayor calidad, indispensables para ellos y sus familias, que les permitan asegurar un nivel digno de vida, durante y después de su actividad productiva.

b.8) La inversión en capital humano y una más eficiente asignación de los recursos productivos son los factores esenciales para aumentar la productividad y la competitividad de la economía mexicana. En este sentido, se deben reforzar las políticas orientadas a elevar los niveles de educación y capacitación de la población, así como aquellas dirigidas a eliminar los factores que limitan el desarrollo económico sano.

b.9) Reconocimiento de la importancia de la educación y la capacitación para introducir un cambio de actitudes y conductas que promuevan la creación de una nueva cultura laboral, y para elevar la productividad de los trabajadores y las empresas.

b.10) Los procesos productivos no sólo requieren de equipos y tecnología de punta compatibles con el aprovechamiento productivo de la mano de obra, sino también de nuevas formas de gestión, organización y capacitación para el trabajo productivo, que además de propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, estimulen la capacidad de innovación, el potencial creativo y la superación intelectual de los trabajadores.

b.11) La educación y la capacitación, además de ser fuentes fundamentales de productividad y eficiencia en las empresas y de mejores condiciones de trabajo y remuneración para los trabajadores, inculcan valores como los de responsabilidad, solidaridad, superación continua, capacidad de adaptación al cambio y trabajo en equipo, entre otros.

b.12) La persona encuentra en el proceso de educación y capacitación el medio para ejercer plenamente su libertad con responsabilidad, para su propia realización y, en consecuencia, la de su sociedad, proceso básico que se debe dar a partir de las familias, las escuelas, los sindicatos y los propios centros de trabajo.

b.13) Debe promoverse que en los planes de estudios de los diversos niveles educativos y en los programas de capacitación se incluyan contenidos que fomenten valores fundamentales como la calidad, la productividad, el respeto, la justicia, la equidad y el reconocimiento del trabajo como una vía para el progreso personal y colectivo.

b.14) Es necesario reforzar los valores en la formación personal, así como en la vida cívica y social. Educar, enseñar, demostrar e impulsar los valores del trabajo como ámbito para la completa expresión y crecimiento de la persona.

b.15) Mediante la educación estaremos incidiendo en un cambio de actitudes y conductas que contribuirán a crear una nueva cultura laboral que rebase los límites de la simple instrucción técnica, capacitación y adiestramiento para el trabajo. Asimismo, se deben preservar y potenciar aquellos valores y tradiciones culturales que definen e identifican nuestra nacionalidad.

b.16) Trabajadores, empresas, sindicatos y autoridades, en un esfuerzo corresponsable, deben privilegiar la educación y la formación para que la nueva cultura de trabajo sea una realidad que enriquezca a la sociedad mexicana.

Por tal razón, y considerando que la dependencia a quien se dirige la presente proposición con punto de acuerdo ya prevé, en sus valores y principios, una cultura igualitaria y sin visos discriminatorios, sustentada en las capacidades innatas al ser humano, quienes dictaminamos consideramos no debe aprobarse ésta.

3. Además, esta dictaminadora estima que, como lo invoca la proponente, el que se discrimine a una persona por su edad para acceder a una fuente de empleo, violenta el artículo 1o. de la Carta Magna, por ese solo hecho constituye una aplicación directa por parte de la autoridad jurisdiccional, en razón de que ésta debe instar a la autoridad administrativa a que se respete la integridad de la persona y a no ser discriminada, según lo vemos lo ha establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente tesis, de los tribunales colegiados de circuito:

Décima época. Registro número 2005203. Tribunales colegiados de circuito. Tesis aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, diciembre de 2013, tomo II. Materia constitucional. Tesis I.4o.A.20 K (10a.), página 1211.

Principio pro homine. Variantes que lo componen

Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el principio pro homine, el cual consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido principio pro homine tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de: a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.) Principio de protección a víctimas o principio favor debilis, referente a que en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad; y b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla.

Revisión fiscal 69/2013. Director general adjunto jurídico contencioso, por ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013, a las 13:20 horas, en el Semanario Judicial de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la cultura laboral, presentada por Rosa Elba Pérez Hernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 28 de enero de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Transportes, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implantar con las autoridades de Tabasco medidas para evitar, prever y reparar los daños generados a los vehículos que transitan por vialidades en malas condiciones en la entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con las autoridades correspondientes del estado de Tabasco para implementar de manera conjunta las medidas necesarias y adecuadas, para evitar, prever y reparar los daños generados a los vehículos que transitan por vialidades en malas condiciones, con baches, grietas e irregularidades estructurales en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 10 de febrero de 2015, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con las autoridades correspondientes del estado de Tabasco, a implementar de manera conjunta las medidas necesarias y adecuadas, para evitar, prever y reparar los daños generados a los vehículos que transitan por vialidades en malas condiciones, con baches, grietas e irregularidades estructurales en el estado de Tabasco.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó dicha proposición a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La diputada promovente menciona que en México los reportes de la Policía Federal indican que las principales causas de los accidentes en las carreteras federales son en 80 por ciento factor humano, 7 por ciento debidas al vehículo, 9 por ciento por factores naturales y 4 por ciento por las características de la vialidad. Dentro del factor estructural de tránsito se encuentran los errores en los señalamientos viales, las carreteras en mal estado o sin mantenimiento, ya sea con baches, hoyos o pavimento deteriorado, y la falta de pintura y reflejantes en las líneas centrales de la carretera.

Comenta que las cifras anteriores difieren con los datos que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ya que el instituto reporta que 16 por ciento de los accidentes carreteros se deben a la falta de mantenimiento en las carreteras de México.

Asimismo, la promovente menciona que una cifra alarmante es que en el país, en promedio cada día 14 personas mueren en accidentes carreteros y 92 resultan lesionadas.

Menciona que el estado de Tabasco sufre un índice de accidentes superior al promedio nacional y se encuentra dentro de los estados con un alto número, con 4 mil 445 accidentes solamente en diciembre de 2014. Cifra que va más allá del daño vehicular. Los daños contra la salud y el índice de mortandad son resultado de la falta de mantenimiento en carreteras y calles.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión coincide con la diputada promovente debido a que es preocupante dicha problemática, sin embargo la diputada no establece cuáles son las carreteras que tienen este problema, no menciona si son federales, locales o incluso concesionadas.

Por lo que el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es considerable hacerlo, debido a que el planteamiento no está definido y no se establece si son carreteras o caminos bajo la jurisdicción del estado de Tabasco o municipales del mismo estado. Las calles planteadas en las consideraciones son exclusivamente responsabilidad del estado de Tabasco.

Esta comisión dictaminadora consideró pertinente que la petición de la diputada promovente sea desechada, en virtud de que en el artículo 40 y 41 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 40.Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41.El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Lo que al leer con atención el artículo 41 constitucional nos queda claro que en lo que corresponde a los estados y a sus regímenes interiores no podrá contravenir estipulaciones del pacto federal.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en conjunto con las autoridades del estado de Tabasco, implementen medidas para evitar, prevenir y reparar los daños generados a los vehículos que transitan por vialidades en malas condiciones en la entidad, presentada por la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 10 de febrero de 2015.

Segundo.Archívese y dese totalmente por concluido el asunto.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Norma González Vera (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), Petra Barrera Barrera, José Angelino Caamal Mena, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Humberto Armando Prieto Herrera, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Miguel Agustín Alonso Raya, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente, me permito informar a usted, que he tomado la decisión de integrarme al Grupo Parlamentario del PRD, por así convenir a mis intereses legislativos.

Por lo expuesto, mucho he de agradecer lo comunique a los órganos de gobierno Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2015.— Diputado José Adán Abellaneda (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.Continúe.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 27 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito comunicarle, para los efectos a que haya lugar, que el diputado José Adán Abellaneda me ha informado de su voluntad de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Anexo copia de la solicitud de integración del diputado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.— Diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto hago de su conocimiento que es mi decisión, a partir de esta fecha, integrarme al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, esto con el fin de que se me brinden las condiciones que como diputado federal me corresponden.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.— Diputado Javier Gutiérrez Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y con fundamento del artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que el diputado Javier Gutiérrez Reyes, se incorpora al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, esto con el fin de que se le brinden las condiciones que como diputado federal le corresponden.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.— Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados (1)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.Continúe.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibieron de diversas autoridades trece contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio. (2)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a los promoventes.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se recibieron oficios de las universidades autónomas de los estados de Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, con los que se remiten los informes de resultados de auditorías externas a las matrículas correspondientes del ciclo escolar 2013-2014. (3)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítanse a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que remite alcance de la información correspondiente a los organismos descentralizados (colegios de bachilleres, colegios de estudios científicos y tecnológicos e institutos de capacitación para el trabajo) para el cuarto trimestre del ejercicio 2014. (4)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítanse a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con los siguientes resolutivos:

Primero. En los términos del párrafo quinto del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura los siguientes senadores:

Emilio Gamboa Patrón

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Fernando Herrera Ávila

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Carlos Alberto Puente Salas

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Manuel Bartlett Díaz

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Miguel Romo Medina

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Fernando Yunes Márquez

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado.Continúe.

REINCORPORACION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido por el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito informarle mi reincorporación al cargo de diputado federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a partir del miércoles 11 de marzo del presente año.

Por lo anterior, atentamente solicito hacer del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados mi reincorporación, así como instruir a quien corresponda para que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos correspondientes.

Sin más por el momento agradezco de antemano su intervención y le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2015.— Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

SOLICITUDES DE LICENCIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en Funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

En mi carácter de diputada federal, por medio de la presente me permito solicitar a usted con base en lo establecido en los artículos 6, fracción XVI, 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados licencia por tiempo indefinido, a partir del 9 de marzo de 2015, para separarme del encargo de diputada.

Lo anterior, por estar en el supuesto legal del Reglamento referido, como establece la fracción III del artículo 12, que a la letra dice: “Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por las siguientes causas: optar por el desempeño de una comisión o empleo de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, por el que se disfrute de sueldo...”

En tal virtud, solicito que se dé curso legal a mi solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el relativo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por último, le expreso mi voluntad para que la presente solicitud de licencia sea sometida a consideración del pleno en la sesión de esta fecha.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 5 de marzo de 2015.— Diputada Verónica García Reyes (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Se sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del encargo de diputado federal a partir del 5 de marzo del año en curso.

Lo anterior, con el propósito de que la solicitud sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.— Diputado Salvador Romero Valencia (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.—  Presente.

El que suscribe, diputado federal electo por mayoría relativa por el distrito 29 federal, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, México, integrante de la LXII Legislatura, por medio de la presente me permito exponer y solicitar:

Que con base en lo establecido en los artículos 6o., fracción XVI, 12; fracción III; y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted licencia para separarme del ejercicio de mi encargo a partir del 5 de marzo del presente año y por tiempo indefinido.

Por lo expuesto, solicito que se dé el curso legal correspondiente a mi solicitud. Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.— Diputado Valentín González Bautista (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; artículos 12, fracción III, 12 y 13, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados; solicito licencia para separarme de mi cargo como diputado federal.

Lo anterior en razón de que fui electo el pasado 15 de febrero del año en curso como candidato a presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, por el Partido Acción Nacional.

Asimismo requiero se ponga en consideración con la finalidad de que surta efectos a partir de la fecha de presentación de este escrito y por tiempo indefinido.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención a la presente, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.— Diputado Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en función de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción XI, 6, numeral 1, fracción XVI, 12, fracción III, y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir del 9 de marzo del año en curso.

Agradeciendo el trámite parlamentario que se sirva dar a la presente, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.— Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción XVI, 12, numeral 1, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicito licencia por tiempo indefinido a partir del lunes 9 de marzo de 2015, para separarme de mi encargo como diputada federal.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2015.— Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en función de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado Antonio García Conejo, que con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted presentar una licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir del 6 de marzo del año en curso.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

Palacio Legislativo, a 6 de marzo de 2015.— Diputado Antonio García Conejo (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Con la fecha de su solicitud, aprobadas. Comuníquense.

PROTESTA DE CIUDADANOS DIPUTADOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión, sería la discusión del primer dictamen, pero tenemos suplentes y en todo caso procederíamos a la toma de la protesta de ley como corresponde.

Entonces, señoras, señores diputados, se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Víctor Sánchez Guerrero, Leticia Salas López, Diana del Carmen Vera Ávila, Nidia Saavedra Pérez, Danner González Rodríguez, Elizabeth Vázquez Hernández, Francisco Antonio Eduardo Mora Molina, Eduardo Enrique Domínguez Maganda, María de los Ángeles Sánchez Lira, José Ignacio Olvera Caballero, Mario César Gaona García, Ulises Iván Valencia Pérez, Lucía Rosales Villegas, Alejandra Gutu Deskens, Micaela Rodríguez Zamora, Érika del Carmen Ramagnoli Sosa, diputados federales electos.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes diputados y diputadas: Diputado Alejandro Rangel Segovia, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Eva Diego Cruz, Arturo Cruz Ramírez, Claudia Elena Águila Torres, Ruth Zavaleta Salgado, Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Soto Martínez y diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadanas, ciudadanos Víctor Sánchez Guerrero, Leticia Salas López. Les ruego a las señoras y a los señores legisladores y a quienes nos acompañan en el recinto ponerse de pie. Ciudadanos y ciudadanas Víctor Sánchez Guerrero, Leticia Salas López, Diana del Carmen Vera Ávila, Nidia Saavedra Pérez, Danner González Rodríguez, Elizabeth Vázquez Hernández, Francisco Antonio Eduardo Mora Molina, Eduardo Enrique Domínguez Maganda, María de los Ángeles Sánchez Lira, José Ignacio Olvera Caballero, Mario César Gaona García, Ulíses Iván Valencia Pérez, Lucía Rosales Villegas, Alejandra Gutu Deskens, Micaela Rodríguez Zamora, Erika del Carmen Ramagnoli Sosa, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Víctor Sánchez Guerrero, Leticia Salas López, Diana del Carmen Vera Ávila, Nidia Saavedra Pérez, Danner González Rodríguez, Elizabeth Vázquez Hernández, Francisco Antonio Eduardo Mora Molina, Eduardo Enrique Domínguez Maganda, María de los Ángeles Sánchez Lira, José Ignacio Olvera Caballero, Mario César Gaona García, Ulíses Iván Valencia Pérez, Lucía Rosales Villegas, Alejandra Gutu Deskens, Micaela Rodríguez Zamora, Erika del Carmen Ramagnoli Sosa: Sí, protesto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí así no lo hicieran, que la nación se los demande.Bienvenidos, bienvenidas. Felicidades. Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

Por el que se reforma la fracción V del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 8o de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a IV. ...

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; así como la implementación de políticas y programas para la creación, preservación y expansión de las áreas verdes de jurisdicción municipal, a fin de mantener una calidad, accesibilidad y proporción que no podrán ser menores a lo que establezcan las legislaciones estatales en la materia, las cuales, a su vez, deberán observar los lineamientos generales que para tal efecto emitan las autoridades federales competentes, según corresponda.

VI. a XVII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la fecha de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitirán los lineamientos generales a los que hace referencia la fracción V del artículo 8o de la presente ley.

Tercero.En un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la fecha en que sean emitidos los lineamientos generales a los que hace referencia la fracción V del artículo 8o. de la presente ley, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar las legislaciones locales que correspondan atendiendo a lo dispuesto en los mismos.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 5 de marzo de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, dígame ¿Con qué objeto?

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): Nada más presidente, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, participar y comentar el sensible fallecimiento de don Armando Ávila Sotomayor, aguascalentense destacado, fue diputado federal en 1979 y fundador de este Palacio Legislativo. Él fue un gran panista, economista, periodista y escritor y lo seguiremos recordando en todo el país como un gran luchador de la democracia de México. Nada más, presidente, gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted y se incorpora su manifestación y su expresión de solidaridad y de duelo al Diario de los Debates.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, diputado López Suárez.

El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacerle de conocimiento a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, nuestra protesta debido a que hoy estamos recibiendo a nuevas compañeras y compañeros diputados que están tomando protesta y alguien dio la indicación de no darles acceso a sus invitados en el área de invitados especiales. Me parece una falta de respeto porque nuestros compañeros y compañeras traían invitados, sabía la administración de esta Cámara y no se les dejó pasar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se registra su manifestación, diputado López Suárez.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ramón Antonio Sampayo, de Acción Nacional, ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): Con el tema, presidente, de la inseguridad en el estado de Tamaulipas. Nada más para manifestar como tamaulipeco el hecho, esta inquietud que tantas veces lo hemos hecho saber aquí en este pleno, que la estrategia aparentemente de seguridad en el estado de Tamaulipas no ha dado resultados, como prueba es el reciente atentado que sufrió nuestra alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, manifestando las autoridades –en el caso particular del estado– que fue una confusión entre bandas delictivas, pero gracias a Dios, de no haber traído el vehículo blindado, hubiera perdido la vida nuestra alcaldesa del municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Queremos nada más dejar en claro, y nos han pedido que representando al pueblo de Tamaulipas, hagamos de nueva cuenta esta manifestación y también que no hagan oídos sordos las autoridades, porque el caso particular de Tamaulipas es realmente desastroso en materia de inseguridad.

También manifestar que aparentemente la estrategia que han diseñado para Tamaulipas no ha dado resultado. Siguen los secuestros, siguen las extorsiones y siguen las luchas de poder entre las bandas delictivas. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por hechas sus manifestaciones, diputado.

La diputada María de los Ángeles Sánchez Lira(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: María de los Ángeles Sánchez Lira –bienvenida– ¿Con qué objeto el uso de la palabra, diputada, dígame?

La diputada María de los Ángeles Sánchez Lira (desde la curul): Diputado presidente, solamente para preguntarle y espero tenga una respuesta satisfactoria, el por qué nuestros invitados y familiares no pudieron acceder al salón como es costumbre hacerlo. Creo que la demanda de quienes están afuera en la entrada de la casa del pueblo no soluciona con el hecho de no permitir el acceso a los invitados del día de hoy a nuestra protesta, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Daremos cuenta de ello. Se está revisando su planteamiento, diputada –bienvenida– Sánchez Lira.

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f),  y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 28 de mayo de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávilade la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 3 fracciones al artículo 6 y se reforma el artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir los conceptos de “Fumador activo”, “Fumador Pasivo” y “No fumadores”. Prohibir el consumo de tabaco en instalaciones y espacios deportivos o para llevar a cabo alguna actividad física.

Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Ley General para el Control del Tabaco

Texto Vigente

Artículo 6.Para efectos de esta ley, se entiende por:

I.Cigarrillo: Cigarro pequeño de picadura envuelta en un papel de fumar;

II.Cigarro o Puro: Rollo de hojas de tabaco, que enciende por un extremo y se chupa o fuma por el opuesto;

III.Contenido: A la lista compuesta de ingredientes, así como los componentes diferentes del tabaco, como papel boquilla, tinta para impresión de marca, papel cigarro, filtro, envoltura de filtro y adhesivo de papel cigarro;

IV.Control sanitario de los productos del tabaco: Conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, con base en lo que establecen esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. Comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población reduciendo el consumo de productos del tabaco y la exposición al humo de tabaco de segunda mano;

V.Denuncia Ciudadana: Notificación hecha a la autoridad competente por cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

VI.Distribución: La acción de vender, ofrecer o exponer para la venta, dar, donar, regalar, intercambiar, transmitir, consignar, entregar, proveer o transferir la posesión de productos del tabaco para fines comerciales, u ofrecer hacerlo, ya sea a título oneroso o gratuito;

VII.Elemento de la marca: El uso de razones sociales, nombres comerciales, marcas, emblemas, rúbricas o cualquier tipo de señalización visual o auditiva, que identifique a los productos del tabaco;

VIII.Emisión: Es la sustancia producida y liberada cuando un producto del tabaco esté encendido o calentado, comprende nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, así como la composición química que forman parte del humo de tabaco. En el caso de productos del tabaco para uso oral sin humo, se entiende como todas las sustancias liberadas durante el proceso de mascado o chupado y en el caso de productos del tabaco para uso nasal, son todas las sustancias liberadas durante el proceso de inhalación o aspiración;

IX.Empaquetado y etiquetado externos: Expresión que se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor del producto de tabaco;

X.Espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco: Aquélla área física cerrada con acceso al público o todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco;

XI.Humo de Tabaco: Se refiere a las emisiones de los productos de tabaco originadas por encender o consumir cualquier producto del tabaco y que afectan al no fumador;

XII.Industria tabacalera: Es la conformada por los fabricantes, distribuidores, comercializadores e importadores;

XIII.Legislación y política basada en evidencias científicas: La utilización concienzuda, explícita y crítica de la mejor información y conocimiento disponible para fundamentar acciones en política pública y legislativa;

XIV.Ley: Ley General para el Control del Tabaco;

XV.Leyenda de advertencia: Aquella frase o mensaje escrito, impreso y visible en el empaquetado, en el etiquetado, el paquete, la publicidad, la promoción de productos del tabaco y otros anuncios que establezca la Secretaría de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

XVI.Paquete: Es el envase o la envoltura en que se vende o muestra un producto de tabaco en las tiendas al por menor, incluida la caja o cartón que contiene cajetillas más pequeñas;

XVII.Patrocinio del tabaco: Toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, o el efecto de promover los productos del tabaco o el consumo de los mismos;

XVIII.Pictograma: Advertencia sanitaria basada en fotografías, dibujos, signos, gráficos, figuras o símbolos impresos, representando un objeto o una idea, sin que la pronunciación de tal objeto o idea, sea tenida en cuenta;

XIX.Producto del Tabaco: Es cualquier sustancia o bien manufacturado preparado total o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinado a ser fumado, chupado, mascado o utilizado como rapé;

XX.Producir: Acción y efecto de elaborar productos del tabaco;

XXI.Promoción de la salud: Las acciones tendientes a desarrollar actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad;

XXII.Promoción y publicidad de los productos del tabaco: Toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, o el efecto de promover productos del tabaco, marca o fabricante, para venderlo o alentar su consumo, mediante cualquier medio, incluidos el anuncio directo, los descuentos, los incentivos, los reembolsos, la distribución gratuita, la promoción de elementos de la marca mediante eventos y productos relacionados, a través de cualquier medio de comunicación o difusión;

XXIII.Secretaría: La Secretaría de Salud;

XXIV.Suministrar: Acto de comercio que consiste en proveer al mercado de los bienes que los comerciantes necesitan, regido por las leyes mercantiles aplicables;

XXV.Tabaco: La planta “Nicotina Tabacum” y sus sucedáneos, en su forma natural o modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilicen para ser fumado, chupado, mascado o utilizado como rapé;

XXVI.Verificador: Persona facultada por la autoridad competente para realizar funciones de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Iniciativa

I. a XXVI. ...

XXVII. Fumador activo. Quien de manera voluntaria inhala el humo generado por la combustión del tabaco.

XXVIII. Fumador Pasivo: a quien de manera involuntaria inhala el humo exhalado por el fumador y/o generado por la combustión del tabaco de quienes sí fuman;

XXIX. No fumadores: a quienes no tienen el hábito de fumar;

Ley General para el Control del Tabaco

Texto Vigente

Capítulo IIIConsumo y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco

Artículo 26.Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas que establezca la Secretaría.

Iniciativa

Artículo 26.Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior; en instalaciones y espacios deportivos o para llevar a cabo actividad física.

...

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La epidemia mundial del tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600 mil son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. Si no actuamos, la epidemia matará a más de 8 millones de personas al año de aquí a 2030. Más del 80 por ciento de esas muertes evitables se producirán entre las poblaciones de los países de ingresos bajos y medianos.

Tercera.Hay más de 4 mil productos químicos conocidos en el humo de tabaco, y se sabe que más de 50 de ellos producen cáncer. Respirar el humo de tabaco ajeno es causa de cardiopatías y de muchas enfermedades graves del aparato respiratorio y cardiovascular que pueden conducir a una muerte prematura en los adultos. También provoca enfermedades que afectan a los niños, y empeora las que ya padecen, por ejemplo, el asma. Las nuevas recomendaciones normativas de la OMS se basan en las pruebas aportadas por tres informes muy importantes publicados recientemente, en los que se llega a la misma conclusión.

Cuarta.El peligro de contraer las enfermedades resultantes de la exposición al humo de tabaco, es el riesgo a la salud más prevenible, si las tendencias actuales continúan, para el año 2030 el humo de tabaco afectará a más de ocho mi­llones de personas por año en el mundo, provocando infartos al miocardio, infartos cerebrales, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, de bronquios y de tráquea.

Con frecuencia se considera que la exposición al humo de tabaco es una elección personal, lo cual se contrapone al hecho de que la mayoría de los no fumadores no desean ser expuestos cuando adquieren plena conciencia de los efectos que éste provoca en su salud (Organización Mundial de la Salud 2008).

Cuando uno se expone al humo de tabaco, ya sea de manera directa o indirecta, se dañan los alvéolos, que son los tejidos pulmonares que se encargan del intercambio de bióxido de carbono por oxígeno en la sangre, por eso, si se previene la exposición al humo de tabaco, se está protegiendo la capacidad cardiorrespiratoria evitando, así, los infartos, entre otras muchas enfermedades.

Quinta.Tomando en cuenta las opiniones de la Comisión Nacional contra las Adicciones y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, como órganos competentes de la Secretaria de Salud, esta Comisión dictaminadora considera que son innecesarias las adicciones a las fracciones XXVII, XXVIII al artículo 6, de la Ley para el Control del Tabaco, toda vez que por técnica legislativa resulta inadecuado definir conceptos que no se utilizan en el texto de la ley, y respecto al término “no fumadores”, se estima que el mismo no genera la necesidad de ser definido.

Sexta.Referente a la reforma del artículo 26, esta comisión dictaminadora estima viable aprobar con modificaciones de redacción, con el fin de que dichas disposiciones se apliquen en espacios deportivos cerrados.

Con lo anterior se protegerá la salud de las personas no fumadoras, toda vez que dicha disposición estaría acorde con lo establecido en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, el cual ha tenido por objetivo proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo y exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control que habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo y la exposición al humo de tabaco.

Se requiere un compromiso político firme para establecer y respaldar, a nivel regional, nacional e internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas coordinadas, encaminadas al bienestar de la sociedad, por lo que esta Comisión considera viable emitir dictamen a favor con modificaciones.

Los integrantes de esta Comisión de Salud de la LXII Legislatura, someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, y espacios deportivos cerrados.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud 2014.

2 Tobacco Smoke and Involuntary Smoking, informe monográfico 83 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer; The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke, informe del director general de Sanidad de Estados Unidos, y Proposed Identification of Environmental Tobacco Smoke as a Toxic Air Contami-nant, informe de la Agencia californiana de protección del medio ambiente.

Palacio Legislativo, a los 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la comisión para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Mario Alberto Dávila Delgado.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores. La epidemia mundial del tabaquismo mata cada año a casi seis millones de personas, de las cuales 600 mil son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno.

Si no actuamos, la epidemia matará a más de ocho millones de personas de aquí al año 2030. Más del 80 por ciento de estas muertes evitables, se producirán entre las poblaciones de los países de ingresos bajos y medianos. La Organización Mundial de la Salud señala que hay más de cuatro mil productos químicos conocidos en el humo del tabaco, y se sabe que más de 50 de ellos son cancerígenos.

Respirar el humo del tabaco ajeno es causa también de enfermedades cardiovasculares y también de enfermedades respiratorias que pueden conducir a una muerte prematura a los adultos. También provoca enfermedades que afectan a los niños y empeoran las que ya padecen. Por ejemplo el caso del asma bronquial.

El peligro de contraer enfermedades resultantes de la exposición al humo del tabaco, es el riesgo a la salud más prevenible. Si las tendencias actuales continúan, para el año 2030 seguiremos teniendo 8 millones de personas que mueren al año a causa de infartos al miocardio, de infartos cerebrales, de enfisema pulmonar, de bronquitis crónica, de cáncer de pulmón, de bronquios y de tráquea.

Con frecuencia se considera que la exposición al humo del tabaco es una elección personal, lo cual se contrapone al hecho de que la mayoría de los no fumadores no desean ser expuestos cuando adquieren plena conciencia de los efectos que el tabaco provoca en su salud.

Cuando uno se expone al humo del tabaco –ya sea de manera directa o indirecta– se dañan los alveolos pulmonares, que son los tejidos que se encargan del intercambio de oxígeno, por, del bióxido de carbono por oxígeno en la sangre.

Por eso si se previene la exposición al humo del tabaco, se está protegiendo la capacidad cardiorrespiratoria y evitando muchas enfermedades.

Se requiere un compromiso político para establecer y respaldar –a nivel regional, nacional e internacional– medidas multisectoriales integrales y respuestas coordinadas encaminadas al bienestar de la sociedad.

Por ello esta Comisión de Salud estima viable emitir el dictamen a favor, con el fin de que a través del artículo 26 de la Ley General para el control del tabaco, quede prohibido a cualquier persona o tener encendido cualquier producto de tabaco en los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior y espacios deportivos cerrados.

Con la presente reforma se protegerá la salud de las personas no fumadoras, y esto es muy importante toda vez que dicha disposición estaría de acuerdo con el convenio marco que ha sido trabajado y ejecutado por la Organización Mundial de la Salud para proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo y de la exposición al tabaco, de tal manera que si nosotros trabajamos en coordinación con las instancias internacionales, estaremos trayendo beneficios a toda nuestra población mexicana.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco.

Artículo único. Se reforma el artículo 26 de la Ley General del Control del Tabaco para quedar como sigue:

Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100 por ciento libres de humo del tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior y en los espacios deportivos cerrados. En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior, los letreros, logotipos y emblemas que establezca la secretaría.

Les pido a las diputadas y los diputados que voten a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias don Mario Alberto. Tiene el uso de la voz don José Arturo López Cándido, de la Agrupación Morena.

El diputado José Arturo López Cándido:Con su venia, señor presidente. Buenos días compañeros y compañeras diputadas y diputados, en Morena votaremos a favor de esta reforma para agregar que quede prohibido encender cualquier producto derivado del tabaco, también en espacios deportivos y en cualquier espacio público, ya que en México la muerte producida por enfermedades del tabaquismo son causadas por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cancerígenas y de úlceras duodenales que equivale a 147 muertes diarias en nuestro país, por lo que consideramos que esta medida preventiva es acertada para disminuir enfermedades de estas características, pero también consideramos que es muy importante impulsar con más recursos para que este proceso que se impulsa, tenga la posibilidad de ser exitoso, y también creo que es muy importante el impulso del deporte, ya que en muchas escuelas esa materia ha desaparecido. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado López Cándido. Doña Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, tendremos el gusto de escucharla.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, contrario a lo que se hubiera podido suponer, y a pesar de las enormes presiones que enfrentamos para conseguir tener una ley que limitara al mínimo el consumo del tabaco, la ley que estamos reformando hoy es una realidad que ha modificado la conducta de los fumadores y que a pesar de la oposición ha demostrado su éxito. No obstante los escuerzos por abatir el consumo de tabaco deben robustecerse, y ésa parece ser la intención de la reforma que hoy estaremos aprobando.

Según cifras de Encuesta Nacional de Adiciones de 2011, 5 de cada 100 fumadores activos iniciaron su consumo antes de los 12 años de edad, 44 entre los 12 y 15 años, 36 entre los 16 y 19 años, para disminuir a 15 a partir de los 20 años y más. Las cifras referidas demuestran que la edad más proclive para el inicio en el consumo es precisamente la adolescencia y debido al enorme poder adictivo que posee la nicotina es muy probable que la persona siga fumando el resto de su vida, de ahí la importancia de detener el consumo de tabaco frente a los niños, a las niñas y a los adolescentes.

Por apegarse al tiempo no abundaré en los efectos nocivos del humo del tabaco. La propuesta que se pone a consideración de la asamblea podría parecer redundante, ya que la ley refiere en su artículo 6, fracción X, el significado de espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco como aquella área física cerrada con acceso al público o todo lugar de trabajo interior o de transporte público en los que por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco.

La redacción de la Ley General para el Control del Tabaco fue consistente con lo que establece en este sentido el artículo 8, numeral 2 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de que en Nueva Alianza consideramos que la Ley General para el Control del Tabaco es lo suficientemente clara en su definición de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, consideramos que la propuesta no afecta la aplicación de la norma y puede coadyuvar a su mejor cumplimiento.

En este sentido, nos manifestamos a favor del dictamen, con la finalidad de que menos personas se vean expuestas al humo del tabaco y sobre todo a crear conciencia de los efectos devastadores que esta desagradable y mortal adicción tiene en millones de individuos en todo el mundo.

Finalmente, me quiero dirigir a ustedes, compañeras y compañeros fumadores; recuerden que sus hijos aprenden de su ejemplo. Si no es por ustedes, dejen de fumar por el bien de ellos. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Sonia. Don Javier Gutiérrez Reyes, del PT.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes:Compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados. Antes que nada quisiera compartir estos datos que a nuestro parecer resultan alarmantes.

Miren ustedes. Entre 80 mil y 100 mil jóvenes de todo el mundo se convierten en adictos al tabaco cada día. Estimaciones señalan que la esperanza de vida de un fumador aumenta nueve años si deja de fumar antes de los 40 años; seis años si deja de fumar antes de los 50; tres años si deja de fumar antes de los 60. Ante estos datos para el caso mexicano, por qué no preguntarse, ¿El Estado no es capaz de ofrecer contundencia en sus políticas públicas para contener y posteriormente disminuir el tabaquismo en la población del país?

En México, nuestro querido país, existen más de 16 millones de personas fumadoras, dentro de las cuales el promedio de edad la empiezan a los 13 años y, por si fuera poco, cada día pierden la vida 160 mexicanos por alguna secuela de fumar.

Compañeros y compañeras, el dictamen que se nos presenta tiene como propósito incorporar los conceptos de fumador activo, fumador pasivo y no fumadores a la Ley General de Salud, dado que la razón principal de ello es lograr enmarcar la diferencia al respecto de lo que se señala, que a la letra dice: con frecuencia se considera que la exposición al humo de tabaco es una elección personal, lo cual se contrapone al hecho de que la mayoría de los no fumadores no desean ser expuestos cuando adquieren plena conciencia de los efectos que este provoca en su salud. Termino la cita. Argumentos marcados por la Organización Mundial de Salud del 2008.

De lo anterior, compañeros, se desprende que a quienes les gusta fumar pueden no considerar que la exposición del humo que emiten por el consumo de sus productos para fumar, no sólo molestan a quienes no están acostumbrados o no nos gusta el olor o la sensación que causa inhalar dicho humo.

Compañeras y compañeros diputados, es pertinente comentar que aunque existen espacios en los que a pesar de estar destinados para fumadores no se alcanza a dimensionar la importancia que poseen por la dedicación de sus actividades y que por sentido común sencillamente no debería de estar permitido fumar. Casos como este son las escuelas públicas, escuelas privadas de educación básica, media superior y espacios deportivos cerrados.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con la intención del presente dictamen, mismo que establece generar alternativas para el cuidado de la salud y protección contra los efectos adversos que produce el humo del tabaco.

De esta manera, quienes particularmente se encuentran, por ejemplo, bajo la probabilidad de quedar expuestos al humo del tabaco en los espacios deportivos cerrados, quedan protegidos ante la ley y con toda esta medida no sólo la práctica de las actividades a las que se están destinando cada uno de estos espacios, sino principalmente en su salud, la que no se pone en riesgo.

Como se observa, esta propuesta resulta una medida integradora debido a que no sólo se persigue la restricción de fumadores en espacios libres de humo y de tabaco, sino que también protege de la exposición del mismo a muchos a quienes su propósito es precisamente cuidar de su salud.

También fomenta una práctica habitual que con el tiempo puede quedar arraigada en la conducta de las personas, el hecho de respetar los espacios en lo que las personas menores de edad, estudiantes y deportistas suelen realizar sus actividades en un gran aliciente para formar una sociedad más consciente y más madura.

Por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Juan Ignacio Samperio Montaño, de MC.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. El tabaquismo no sólo se refiere a su consumo en cualquiera de sus modalidades, ya sea cigarrillo o pipa u otra forma de fumar. Otras maneras de consumir tabaco es masticado, chupado o esnifarlo.

Debemos distinguir que la sustancia altamente adictiva es la nicotina, dicha sustancia es la que se le atribuye la adición y a consecuencia graves daños a la salud. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que el consumo de tabaco es la causa de muerte de más de 5 millones de personas al año. Si se mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco será la causa de la muerte de más de 8 millones de personas para el año 2030.

El tabaquismo pasivo causa 600 mil muertes prematuras por año, esta correlación directa obedece a que en el humo de tabaco hay más de 4 mil sustancias químicas, de las cuales se sabe que al menos 250 son nocivas y más de 50 son cancerígenas.

El tabaco puede producir cáncer pulmonar, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, perturbaciones de la función pulmonar, gastritis, cáncer de riñón, vejiga, hipertensión arterial, trombosis, embolias, partos prematuros y que niños recién nacidos nazcan bajos en talla o peso.

Cerca del 40 por ciento de los niños están regularmente expuestos al humo ajeno en el hogar, 31 por cierto de las muertes atribuidas al tabaquismo pasivo corresponde a niños. Por otro lado, los jóvenes que están expuestos al humo ajeno en el hogar tienen entre una y media y dos veces más probabilidades de comenzar a fumar, que los no expuestos.

Las personas no fumadoras son aquellas que no tienen el hábito de fumar, mientras que los fumadores pasivos inhalan voluntariamente el humo generado por la combustión de algunos de los productos de tabaco.

Las estrategias más eficaces para erradicar el consumo del tabaco en el mundo son las políticas públicas dirigidas a la población en general, contenidas en las disposiciones del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, como las prohibiciones de la publicidad directa e indirecta del tabaco, la creación de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco en los lugares públicos y los lugares de trabajo. Y mensajes sanitarios visibles y claros en los paquetes de los cigarrillos de tabaco.

Las zonas de fumadores separadas o ventiladas no protegen a los no fumadores contra la inhalación del humo ajeno. El humo ambiental puede, incluso, propagarse de una zona de fumadores a una de no fumadores.

Aun así, las puertas entre ambas áreas, que aunque estén cerradas y existan dispositivos de ventilación, solo un ambiente totalmente libre de humo constituirá una protección efectiva.

Indiscutiblemente, la práctica del deporte es sinónimo de salud, de unión familiar y convivencia que en gran medida se practican al aire libre, pero también en lugares cerrados como los gimnasios, en donde el esfuerzo físico nos obliga a aspirar con mayor fuerza, lo cual eleva la posibilidad de introducir con mayor facilidad las sustancias nocivas del humo del tabaco.

Por ello, es menester anular la posibilidad de fumar tabaco en espacios deportivos que sean cerrados. Al respecto y el derecho a permanecer en lugares ciento por ciento libres de humo de tabaco se deben incluir a las instalaciones deportivas y espacios en los que se lleve a cabo algún tipo de actividad física donde se privilegie la realización del ejercicio aeróbico. Por ello Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es necesario resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y el promover políticas eficaces para reducir su consumo.

Está claramente demostrado que el tabaco es nocivo para la salud. Adictivo y perjudicial para el fumador y para la gente que lo rodea.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo mata cada año a casi seis millones de personas, de las cuales más de 600 mil son fumadores pasivos, es decir, que mueren por respirar el humo que generan las personas que fuman.

En el mundo cada seis segundos muere una persona debido al consumo del tabaco. El humo del tabaco es una potente combinación de más de cuatro mil sustancias, incluyendo al menos 69 componentes que causan cáncer.

El tabaco afecta a todos, es responsable de diferentes tipos de cáncer, cardiopatías, asma, enfermedades pulmonares, enfisema y otros padecimientos. Aquellos que están regularmente cerca del humo de otros tienen un riesgo más alto de ataques cardiacos y de cardiopatía, cáncer de pulmón, reacciones súbitas y graves que incluyen las que comprometen ojos, nariz, garganta y las vías respiratorias bajas.

Los bebes y los niños que regularmente están expuestos de manera indirecta al humo del tabaco también pueden contraer enfermedades como asma, infecciones, daño pulmonar, síndrome de muerte súbita del lactante.

En México las muertes atribuibles al tabaquismo aumentaron 10 por ciento en los últimos siete años, al pasar de 60 mil a más de 66 mil decesos cada año. Ser un fumador pasivo significa estar aspirando el humo del tacaco ambiental generado por otras personas. El humo secundario es una mezcla de humo residual que proviene del tabaco en combustión y del humo exhalado por el fumador. El nivel de riesgo es mayor para un no fumador, si se expone por tiempo prolongado a ambientes en los que el humo del cigarro es constante y eso sucede principalmente en los lugares cerrados.

Según algunos estudios el riesgo para los no fumadores de contraer cáncer de pulmón es de 20 a 30 por ciento y en el caso de desarrollar enfermedades del corazón, el riesgo se eleva de un 25 a un 30 por ciento, si viven, trabajan o se encuentran en áreas cerradas en un ambiente donde se fuma.

Los riesgos de contraer enfermedades relacionadas con el tabaquismo por el humo exhalado por los fumadores pueden ser tan altos como un 50 o un 60 por ciento. El peligro de contraer las enfermedades resultantes de la exposición al humo del tabaco es el riesgo a la salud más prevenible, la exposición al humo del tabaco es una elección personal, por ello los no fumadores no desean ser expuestos y más cuando tienen conciencia de los efectos que esto provoca en su salud.

Es por ello, que la Comisión de Salud considera emitir de manera favorable el presente dictamen para incluir en el artículo 26 de la Ley General para el Control de Tabaco la frase: y espacios deportivos cerrados.

Con esto se pretende proteger la salud de las personas no fumadoras, toda vez que dicha disposición estaría acorde con lo establecido en el Convenio marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, el cual ha tenido por objetivo proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo y exposición al humo del tabaco proporcionando un marco para las medidas de control que habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo y la exposición del humo del tabaco. Una política de salud enfocada en la prevención es el modelo más adecuado que puede aplicar cualquier país como una prioridad de Estado.

Compañeras y compañeros legisladores, la exposición al humo del tabaco es dañina, por ello esta reforma ayuda a establecer áreas 100 por ciento libres de humo del tabaco. Es una intervención efectiva para proteger a todos los ciudadanos.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del presente dictamen porque no cabe duda que se vive en un espacio compartido los que fuman con quienes no fuman. Estos últimos inhalan humo de tabaco. Se han dado pasos muy significativos en el control del tabaco, específicamente para proteger a la población de la exposición de su humo.

Por ello es esencial establecer medidas que se asocian con impactos positivos para la salud y la prevención. Con ésta y otras reformas el control del tabaco en México se verá fortalecido. Además, estas leyes son necesarias no sólo en el contexto del control del tabaco, sino desde una perspectiva amplia de la salud pública.

Votemos a favor y sentemos con ello las bases para la construcción de un mejor presente, un futuro más próspero para las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ahora viene doña Elizabeth Vázquez Hernández, del PRD.

La diputada Elizabeth Vázquez Hernández:Con su venia, presidente, buenas tardes. Honorable asamblea. Hago uso de esta tribuna para manifestar la aceptación de mi grupo parlamentario del dictamen de la Comisión de Salud por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco.

La reforma prohíbe a cualquier persona a consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco en los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, en escuelas públicas y en privadas de educación básica y media superior, y en espacios deportivos cerrados.

Con la mayor modificación las diputadas y diputados pretendemos proteger a los deportistas y asistentes que asisten a gimnasios y en general a espacios deportivos cerrados.

Firmas investigadoras han señalado que cinco de cada diez mexicanos hacen alguna actividad física; por género, cuatro de cada diez mujeres hacen algún tipo de ejercicio.

Otro dado: cerca del 37 por ciento de las mexicanas y los mexicanos que no practican ningún deporte semanalmente, padecen sobrepeso.

Luego entonces nuestras reformas pretenden la protección de quienes practican alguna actividad física en contra de las enfermedades respiratorias, de enfermedades pulmonares, obstructivas, crónicas, EPOC; como bronquitis crónica, enfisema, asma, fibrosis pulmonar idiopática.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, las EPOC matan aproximadamente a una persona cada 10 segundos en el mundo.

En México existen cerca de 30 millones de fumadores, de los cuales se estima que 15 por ciento podría tener EPOC. Por este tipo de enfermedades México ocupa el quinto lugar en mortalidad y el cuarto en ingresos hospitalarios. Algunos investigadores del medio médico afirman que de cada 100 mil pacientes asmáticos, 4.5 por ciento fallecen.

En el Distrito Federal 1 de cada 10 adolescentes tiene asma, de éstos 4 de 10 tiene síntomas graves. Un dato adicional: se estima que hay alrededor de 22, 600 pacientes de fibrosis pulmonar idiopática en México, que las opciones de tratamiento para estos pacientes son limitadas y no existe cura. Aproximadamente el 60 por ciento de personas con ese perfil, mueren de la enfermedad.

Tenemos enfrente una reforma que busca atender dos pandemias: la obesidad. Con el fomento de la práctica de actividades físicas, y las enfermedades respiratorias. Es convicción de mi grupo parlamentario enfocar quehacer legislativo en la protección de la salud y esta forma nos da la oportunidad de poner a las personas por encima de cualquier interés.

Hacemos un llamado respetuoso a nuestra colegisladora, a fin de que no mande a la congeladora este proyecto y dé prioridad en beneficios de la salud y de las y de los mexicanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Marcelina Orta Coronado, del PAN.

La diputada Marcelina Orta Coronado:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Existe una relación casual directa entre el consumo del producto del tabaco y el padecimiento de enfermedades como el cáncer de garganta, las enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, la impotencia sexual y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen más de mil 100 millones de fumadores en el mundo, lo que equivale aproximadamente a un tercio del total de la población mayor de 15 años de edad.

Entre ese grupo de edad, el 47 por ciento de los hombres y un 11 por ciento de las mujeres que consumen 14 cigarrillos al día en promedio, lo que supone un total de 5 mil 800 billones de cigarrillos al año, el 74 por ciento de todos los cigarrillos se consumen en países bajos y de medio nivel de ingresos.

Los resultados de investigaciones y estudios realizados a nivel internacional indican las técnicas como la ventilación, la filtración, la renovación del aire y el uso de zonas destinadas a fumadores son insuficientes para proteger de la exposición al humo de tabaco ambiental a los fumadores.

La Organización Mundial de la Salud ha conminado a los países miembros a intensificar la instrumentación de políticas públicas contra el consumo del tabaco a fin de reducir su incidencia e incrementar las acciones de protección de las personas no fumadoras.

La Encuesta Nacional de Adicciones del 2008 demostró que casi 11 millones de mexicanos que nunca han fumado, están expuestos al humo del tabaco ambiental. Se calcula que por 50 mil personas mueren al año por causa del consumo del tabaco. Queda claro que necesitamos revertir las tendencias actuales, a fin de disminuir las altas tasas de mortalidad y morbilidad relacionadas con esta adicción.

En efecto, mediante la firma del convenio marco el Estado mexicano se comprometió a adoptar e implementar medidas eficientes de protección contra la exposición al humo del tabaco, en lugares de trabajo, interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados, y otros lugares públicos, así como a promover activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.

Por otro lado, el acceso a la cultura física y la práctica del deporte es un derecho constitucional que asiste a toda persona, nuestra Carta Magna establece que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. En este contexto es necesario que garantice que toda persona cuente con las condiciones ambientales para desarrollarse activamente, física y sin riesgo. El humo de tabaco podría construir uno muy serio.

Por ello que los diputados de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que se propone prohibir que se tenga encendido cualquier producto del tabaco en espacios deportivos cerrados, así ratificamos nuestro compromiso con el derecho a la protección de la salud, a la cultura física y a las prácticas del deporte que debe asistir a toda persona. Es cuanto, señor diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del PRI, tiene el uso de la voz.

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga:Muchas gracias, presidente. Con su venia. Solamente de escuchar los datos que subieron todos los demás legisladores, solamente por eso per se, tendríamos que haber prohibido el consumo del tabaco en espacios deportivos hace mucho tiempo. Solamente por los datos. No los voy a repetir, porque el tabaquismo también reduce la vida de los personajes entre 8 y 5 años, pero solamente por los datos que subieron, compañeros legisladores, solamente por eso nos estamos tardando en cerrar este tema.

Yo quiero decirles que hace unas semanas me invitaron a un evento de básquetbol en un espacio cerrado. Me sorprendió haber estado ahí cuatro horas hasta que se definió quién iba a ser el campeón, y cuando salimos del gimnasio olíamos muchos a cigarro. Increíblemente que se fume en un espacio deportivo estamos mandando un mal mensaje.

Si nosotros decimos; a ver, el deporte es uno de los mejores vehículos para sacar a los niños de las adicciones; el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, sacarlos de las calles, qué terrible mensaje que este tema no se hubiera ventilado antes. Así es que yo lo celebro. El Grupo Parlamentario del PRI está a favor del dictamen y además si es uno de los objetivos que se ha planteado la presente administración, ha sido mejorar la calidad de vida de los individuos a través del deporte.

No conozco otra más. He tenido la oportunidad de estar cerca del deporte muchísimos años, como Felipe Muñoz también, a quien le mando un saludo y sabe perfectamente que este tema es toral. Tampoco hablaré ya de la Organización Mundial de la Salud, ya la han tocado aquí muy bien los compañeros legisladores, y me da mucho gusto verdaderamente que sea un tema en el que todos estemos de acuerdo.

El fumador reduce su vida de cinco a ocho años, pero es una condición que el fumador decidirá, pero ese día del estadio donde estaba yo viendo los partidos de básquet bol, había niños entre cinco y 12 años y compitiendo jovencitos de 15 años. Lo lastimoso del asunto es que los papás que llevaban a los jovencitos al evento eran los que estaban fumando. Qué mal mensaje estamos mandando.

Yo quisiera preguntarles a todos y les puedo asegurar que no van a recordar a ningún atleta de élite haciendo un comercial de tabaco. Que yo recuerde, ninguno de los que le importa ser un ejemplo para los jóvenes. Entonces qué bueno que en los espacios deportivos haya llegado este tema de cerrarle el paso al tabaquismo.

También tenemos que tener presente, porque ahí platicando con los que dirigían el tema del inmueble, decían; es que contamos ya con filtros, es que contamos ya con ventilación. No es suficiente, si yo salí oliendo a humo de un evento deportivo quiere decir que no es suficiente.

Conjugados los dos, ni la ventilación ni los filtros han logrado abatir el tabaquismo y eso lo podemos demostrar y se los ha demostrado también la Organización Mundial de la Salud en eventos donde se han llevado a cabo eventos deportivos cerrados y la gente sale oliendo a humo. Entonces los filtros no son suficientes.

Creo que el tema es evitémoslo, el mejor filtro y la mejor ventilación es vamos a prohibirlo, que nadie fume en un evento cerrado. Es verdaderamente una situación ilógica, si estamos –como decíamos– promoviendo que el deporte es salud, pues el tabaquismo en un evento deportivo es verdaderamente abominable. El deporte y el cigarro son dos cosas que no se deben mezclar.

Por esto, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que como ya lo he mencionado uno de los objetivos de la presente administración es la de impulsar y fomentar el deporte como un medio por el cual la población pueda acceder a contar con mejor o mejores niveles de salud.

Lo celebro de verdad, a todos los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra felicidades, muchas gracias. Es un tema que a los que nos dedicamos al deporte hace muchos años siempre lo queríamos ver. Gracias a todos. Buenas tardes. Es todo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Gerardo Francisco.

Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González. Espero para referirse al tema.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. Entiendo la preocupación de la Mesa Directiva, pero sí hablaré del tema. Aunque sé por ahí que muchos han de estar diciendo cómo una fumadora por más de hace 15 años sube a hablar a favor de este dictamen.

No solamente es para felicitar a nuestros compañeros diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, sino porque consciente estoy de que uno de los más graves hechos que esta Legislatura ha venido realizando es la falta de legitimidad de las normas jurídicas que se están generando. Lo que significa crear leyes muertas.

Hoy a través de esta reforma a la Ley General para el Control del Tabaco nos invita a ser la vida una muestra de ello en lo personal. Por eso el día de hoy he decidido dejar de fumar, aunque, aunque esto no sea un espacio deportivo.

Consciente estoy de que hacerlo significará un acto de responsabilidad para con mi persona y para mis seres que dependen de mí. Congruencia, señoras y señores diputados, es lo que necesitamos en esta Cámara. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Don Vicente Hidalgo Durán, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Vicente Hidalgo Durán:Con su venia, presidente diputado. Compañeras y compañeros diputados, cuando yo prendo un cigarro para fumarlo no realizo un acto meramente individual, sino de profundo impacto social, desde consumir recursos que se podrían dedicar con mejores fines personales y familiares, afectar a los no fumadores, incluidos seres queridos, fortalecer la aceptación social de una adicción hasta impactar los gastos presupuestales en salud. En un mayor o menor tiempo, por simples irritaciones hasta enfermedades de suma gravedad, como el cáncer, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.

Como bien se dice, los impuestos que pagan las cigarreras son inútiles frente a los onerosos gastos y terribles sufrimientos que origina, empezando por los gastos médicos, atención de discapacidades, huérfanos, viudas, días laborales perdidos.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que en el mundo hay más de mil millones de fumadores, lo que lleva a la muerte anual de por lo menos 6 millones de personas, 600 de las cuales son víctimas inocentes no fumadores. Al final, casi el 50 por ciento de los fumadores morirán por esta adicción, datos terribles que exigen una lucha frontal contra este mal social.

En México existen cerca de 17 millones de fumadores, sin embargo lo más preocupante es que ha ido aumentando entre mujeres, niños y adolescentes. Basta dar un dato, hay 7.1 millones de fumadores entre personas de 12 y 17 años, y como si todo esto no fuera suficiente, el 80 por ciento de los fumadores con los problemas inherentes viven en los países pobres o de bajos ingresos medios. Es decir, el tabaco incide en aumentar la pobreza y los problemas en los países de escasos recursos.

La Organización Mundial de la Salud también ha señalado que si no se adoptan las medidas necesarias y urgentes en los próximos años, la cifra anual de muertos será ya no de 6 sino de 8 millones de personas.

Partiendo de estos datos apoyamos la reforma al artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco, a efecto de que se prohíba fumar en los espacios deportivos. Sin embargo, disentimos de que solo sea en los espacios deportivos cerrados, ya que por una parte las personas que estén alrededor del o los fumadores estarán respirando el humo sea o no cerrado el espacio respectivo.

Pero lo más importante, se debe ir creando una cultura del no uso del tabaco, especialmente en favor de los niños y adolescentes. Y uno de los espacios que deberían ser antípodas al tabaco, son precisamente los espacios deportivos.

Esto, bajo la perspectiva de que la medida más importante en materia de adicciones, incluidas las del tabaco, debe ser su prevención, respecto a lo cual las medidas educativas en las que juega un papel central el ejemplo son centrales para hacer posible el derecho de las personas al nivel más alto posible de la salud.

En tal virtud, estando a favor del dictamen, presento una propuesta de modificación para quedar como sigue:

En el artículo 26 queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100 por ciento libres de humo de trabajo. Así como las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior y espacios deportivos.

De tal manera que no solamente esté prohibido fumar en espacios deportivos cerrados, sino que también en espacios deportivos abiertos, para de ninguna manera afectar la salud deportiva. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El señor diputado ha presentado modificación. Estamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto, por tratarse de un párrafo de un artículo. Luego entonces, procede que la Secretaría le pregunte a la asamblea si admite a discusión de inmediato la modificación.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, queda en sus términos.

Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónica. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.

La diputada Micaela Rodríguez Zamora (desde la curul): A favor.

El diputado Ulises Iván Valencia Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Elizabeth Vázquez Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra Gutu Deskens (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): A favor.

La diputada María de los Ángeles Sánchez Lira (desde la curul): A favor.

El diputado Mario César Gaona García (desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Olvera Caballero (desde la curul): A favor.

La diputada Lucía Rosales Villegas (desde la curul): A favor.

La diputada Erika del Carmen Ramagnoli Sosa (desde la curul): A favor.

La diputada Karen Quiroga Anguiano (desde la curul): A favor.

El diputado José Ángel Ávila Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): A favor.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Señor presidente, se emitieron 386 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 386 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 26 de la Ley General para el control del tabaco. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.Hay 1 millón de razones para dejar de fumar y ninguna para hacerlo.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o de la Ley de Asistencia Social.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En el apartado “Contenido de las iniciativas”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de las iniciativas en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 11 de noviembre de 2014, el diputado federal José Alberto Benavides Castañeda del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de ésta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir en los criterios para otorgar el derecho a la asistencia social, la condición económica. Para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el primero párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

...

De I a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Así también, la Ley General de Salud señala lo siguiente con respecto a la protección de la salud:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

...

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

...

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

...

XVIII. La asistencia social;

...

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

...

Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Tal y como se expresa en la Ley General de Salud, las condiciones socioeconómicas generadas por la falta de ingreso deben ser consideradas dentro de la prestación de los servicios de salud.

Por consiguiente la misma ley contempla la definición de asistencia social a la cual serán beneficiados todos aquellos que contemple la misma:

Artículo 167. Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Artículo 168. Son actividades básicas de Asistencia Social:

I. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

...

Existe entonces certeza jurídica para garantizar la protección social en salud referente a la asistencia social, considerando fundamentalmente los factores personales y sociales, en el cual la condición económica está contemplada por esta fracción señalada.

Tercera.De tal consideración correspondiente a la implementación de la asistencia social como materia de salubridad general y protección social en salud para a aquellos con alguna necesidad, se desprende la Ley de Asistencia Social para determinar los mecanismos y las acciones para la promoción de un Sistema Nacional de Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia.

Asimismo se expresan aquellas personas que son sujetas de asistencia social:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Cuarta. Se considera entonces que el factor económico de las personas de acuerdo con la Ley General de Salud debe ser contemplado para brindar atención en salud y ser sujetos de asistencia social, esto ante la situación de pobreza que perjudica al 53.3 por ciento de la población en el país según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que no se expresa como tal en la Ley de Asistencia Social artículo 4.

Por lo expuesto, se estima conveniente aprobarse el presente proyecto de iniciativa.

Se somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Artículo Único. Se reforma el primero párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

...

I. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Mario Alberto Dávila Delgado, para fundamentar el dictamen.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Con su venia, diputado presidente. Posicionamiento de la reforma al artículo 4o de la Ley de Asistencia Social, incluir en los criterios para otorgar el derecho a la asistencia social, la condición económica. De acuerdo a la Ley de Asistencia Social, ésta se entiende como el conjunto de acciones tendientes a modificar y a mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

En la ley en comento se mencionan los sujetos que tienen derecho a la asistencia social, los cuales son individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Es imprescindible brindar asistencia social, pero se omite el incluir a las condiciones económicas como una condición que sin duda representa una situación de indefensión y que por lo tanto debería de ser tomada en cuenta para que se considere, al otorgar asistencia social ante la situación de pobreza que perjudica a más de 53 millones de personas en el país, y alrededor de 11.5 millones de personas que viven en una situación de pobreza extrema, según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación para la Política del Desarrollo Social, Coneval 2012.

Tomando en cuenta que la Ley General de Salud es una disposición que da origen a la Ley de Asistencia Social, y en ella se expresa que las condiciones socioeconómicas generadas por la falta de ingreso deben ser consideradas dentro de la prestación de los servicios de salud y de asistencia social, en ese sentido es conveniente incluir como sujetos que tienen derecho a la asistencia social, aquellos que tengan carencias económicas, que los excluyen de los servicios relacionados a una vida plena y productiva.

Uno de los ámbitos que debe de ser de mayor interés para este Congreso, lo constituye el área social, por ser ésta donde se han repetido con mayor agudeza los efectos negativos de las crisis económicas que ha enfrentado México.

Por lo anteriormente expuesto, se propone específicamente modificar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para que se incluyan las condiciones económicas de las familias y de los individuos como un factor que otorgue derechos a la asistencia social por parte del Estado.

Solicito a las diputadas y a los diputados de este Congreso que voten a favor de este dictamen, porque indudablemente será de gran ayuda para muchas familias y muchos individuos mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

Don José Arturo López Cándido, de la agrupación Morena, tiene el uso de la voz. – ¿No está el diputado López Cándido? Luego entonces doña Lucila Garfias Gutiérrez, por favor, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el primer informe sobre desarrollo humano publicado hace ya algunos años en 1990 comenzó con una premisa simple la cual ha sido la base para todo el seguimiento posterior que se ha hecho en la materia. La verdadera riqueza de una nación está en su gente.

De esta manera, a partir de un importante cúmulo de datos y una nueva forma de concebir y medir el desarrollo, el informe que de manera regular presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha generado profundos impactos en las políticas de desarrollo en todo el mundo. Ello no es fruto de una improvisación, este enfoque, estudio o impulso del desarrollo humano centrado en las personas en los 90.

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, asesoraba ya a las Naciones Unidas en la conceptualización del bienestar social y permeaban sus opiniones en la perspectiva dinámica del estudio sobre la pobreza, así como en el desarrollo sostenible del ser humano.

Bajo esta óptica para muchos de nosotros no es ajeno este concepto de bienestar e inclusive lo hemos utilizado para nuestros análisis e incluso proyectos de iniciativa. Así también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o Coneval, como lo conocemos, ha realizado desde el 2006 diversas mediciones sobre los niveles de pobreza nacionales.

En estos informes, teniendo como uno de sus principales indicadores la denominada Línea de Bienestar, que aunque centrado en aspectos monetarios permite definir e identificar uno de los datos más agobiantes de nuestro país, y que tampoco es ajeno que casi el 52 por ciento de nuestra población vive, o más bien sobrevive, bajo agravantes condiciones de pobreza, reorientar como sujeto del bienestar al ser humano define también el cómo este ser humano se encuentra y por tanto, para los fines de desarrollo social y de manera coadyuvante, la asistencia social no debe ser suficiente sólo con ampliar el conjunto de bienes materiales que se tengan disponibles; debe ser necesario aumentar y mejorar las condiciones que convierten ese conjunto de bienes en capacidades de realización.

En tal sentido, en concordancia con lo establecido en el artículo 167 de la Ley General de Salud y la penosa realizar que nos exige una mayor actuación ante la deficiencia en el estado de bienestar, la asistencia social deberá impulsar, no sólo proveer de un conjunto de bienes para aquella población más vulnerable; debe fomentar las condiciones que propicien modificar y mejorar las circunstancias que impidan a las y a los mexicanos su desarrollo integral, cualesquiera que sean éstas, ya sean físicas, mental, social y económicas.

En eso consiste generar condiciones de realización, en desarrollar las potencialidades y capacidades de las personas, siendo éste el fin último del bienestar humano. Es por ello que desde enfoque como Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyaremos el dictamen que la Comisión de Salud nos presenta, modificando el artículo 4o de la Ley de Asistencia Social. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted. Don José Alberto Benavides Castañeda, del PT.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda:Con su permiso presidente. Como ya se dijo aquí, en la Ley de Asistencia Social se mencionan los sujetos que tienen derecho a la asistencia, los cuales son individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Sin duda, los casos anteriores mencionan condiciones desfavorables bajo las cuales es imprescindible brindar asistencia social, pero se omite a las condiciones económicas como un aspecto que sin duda represente una situación de indefensión y que por lo tanto debería de ser tomada en cuenta para que se considere al otorgar asistencia social.

Por esta razón propuse el 11 de noviembre del año pasado esta iniciativa, que hoy es un dictamen aprobado por la Comisión de Salud y que espero sea aprobado por el pleno de esta honorable Cámara de Diputados. Y esto, porque de aprobar este dictamen se haría efectiva una precisión dentro del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, el cual incluiría las condiciones económicas de las familias y de los individuos como un factor que otorgue derechos a la asistencia social por parte del Estado.

Actualmente la pobreza es aceptada como un fenómeno social multidimensional que afecta a millones de personas en nuestro país. Dicha pobreza reconoce que las personas poseen una serie de atributos cuantitativos y cualitativos que abarcan además de la dimensión monetaria dimensiones del ser, por la cual puede ser originada debido a múltiples causas y sus efectos pueden ser variados.

Tenemos que reconocer que desgraciadamente nuestro país se ha convertido en una fábrica con una alta productividad para generar pobreza. Persiste el desplome del poder adquisitivo del trabajador, de la ciudad y del campo, del empleado y del técnico, así como de las amas de casa. Más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza y alrededor de 11 y medio millones de mexicanos viven en una situación de pobreza extrema.

La asistencia social en México no ha logrado dotar de los servicios médicos elementales y en cierta medida especializada, así como de hospitales a la población de los núcleos urbanos de mayor concentración.

Por ello, el reto del sector salud, de la asistencia social y de las políticas públicas en esta materia será lograr una cobertura total y una mayor especialización de los servicios médicos ante el creciente proceso de envejecimiento de la población mexicana.

En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que la precisión que se hace con esta inclusión contribuirá en el cumplimiento de los retos existentes de la asistencia social.

Aprovecho para agradecer al diputado Mario Alberto Dávila Delgado, presidente de la Comisión de Salud, así como a los diputados que integran la Comisión que preside por el apoyo a esta iniciativa, incluida mi amiga, mi compañera de fracción, la diputada María del Carmen Martínez Santillán. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Juan Ignacio Samperio Montaño, tiene el uso de la voz. ¿Viene usted en lugar del diputado? Adelante, la diputada Córdova Bernal tiene usted el uso de la voz.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. En la actualidad los grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en desventaja, han atraído cada vez más las miradas de los legisladores, logrando tener una mayor presencia dentro de las agendas legislativas en cuanto a políticas públicas se refiere.

Debemos recordar que el concepto de vulnerabilidad se define como la capacidad disminuida de una persona o de un grupo de personas para hacer frente y resistir a los efectos del peligro natural o por un suceso causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos.

A menudo se asocia la vulnerabilidad con una circunstancia de pobreza, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. Sin embargo, el concepto se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico, se encuentran en situación de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones, sobre todo de bienestar.

El Plan Nacional de Desarrollo define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales.

Dentro de los grupos vulnerables de la población encontramos a los niños, a las niñas y jóvenes en situaciones de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, sobre todo, que más allá de su pobreza, viven también en condiciones de riesgo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno de desajuste social que ha crecido y se ha arraigado en nuestra sociedad, esto denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones de desventaja estructurales.

En la Ley General de Desarrollo Social podemos encontrar que se definen como grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a aquellos grupos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles o condiciones de vida. Y por tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar.

Entre los sectores vulnerables, los que nos atañen mayormente son los que tienen una economía menor al promedio. Y estos son víctimas de la discriminación a causa de este nivel en que viven.

Movimiento ciudadano se pronuncia a favor del presente dictamen que propone que se reforme el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para que se incluyan a todos los sectores de la población y no se haga ningún tipo de exclusión, sin importar sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales. Y así puedan gozar de los mismos derechos y no sean discriminados por causa de su condición. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Estando presente ya el diputado López Candido, esta Presidencia le da el uso de la voz.

El diputado José Arturo López Cándido:Con su venia, señor presidente. Esta iniciativa es de reconocer y permite tener acceso a la salud, no solo por tener una condición física diferente o un problema jurídico, sino también por tener problemas socioeconómicos, lo cual son los más comunes en nuestra población.

El derecho a la salud, como derecho humano, no se verá afectado o limitado por no tener recursos económicos. Aunque el gobierno, consideramos que debe invertir en el sector salud en todos los ámbitos, en cuanto a hospitales públicos, investigación científica, tecnológica y capacitación de personal hospitalario.

El problema económico en el país es preocupante, ya que se limita a acceder a cuestiones básicas de salud y es muy importante tener acceso por las enfermedades propias de la familia, para gozar de una vida plena y productiva.

La situación social y el entorno económico en que se encuentran las personas no tienen por qué limitarse la atención que les puede dar la atención médica y por eso es muy importante con esta reforma aminorar la desigualdad que existe en nuestro país.

Con esta reforma se da un paso más para garantizar el acceso a la salud como un derecho humano y por lo que corresponde al respecto de tratados internacionales de acceso y protección a la salud. Por todo lo anterior Morena votará a favor de esta reforma. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado López Cándido. Don Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México. ¿Está? ¿Está, el aplaudido? No. Luego entonces viene doña Jessica Salazar Trejo.

La diputada Jessica Salazar Trejo:Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, se suma a la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, la cual considera el factor económico de las personas, mismo que ya establece la Ley General de Salud y que permite brindar atención de salud y asistencia social ante la condición de pobreza que perjudica al 53.3 por ciento de la población en México.

Ahora bien, los datos sobre pobreza revelan que este 53.3 por ciento de la población en México, no alcanza para cubrir con sus ingresos las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o el transporte público.

En ese orden de ideas es evidente que el nivel de vida de las familias de acuerdo a las condiciones económicas, no les permite acceder a la asistencia social fácilmente y por ello es pertinente establecer en la Ley de Asistencia Social su protección.

Lamentablemente en nuestro país continúa vigente y cada vez más arraigada una profunda desigualdad social, también como una desproporción de la riqueza, un limitado acceso personal y colectivo a los recursos económicos y sobre todo a una vida digna. Por estas razones es imprescindible establecer este criterio a efecto de garantizar el acceso a la asistencia social.

No obstante lo anterior, es importante señalar que mientras no haya desarrollo económico no creación de empleos suficientes en las zonas de mayor concentración de pobreza extrema donde se carece de una alimentación adecuada y donde más de 28 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta básica, esta reforma será insuficiente en la que si bien es cierto se otorga certeza jurídica para el acceso a este derecho, también lo es que aún faltan mejores condiciones de vida para los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad.

Con un crecimiento del producto interno bruto por debajo del crecimiento demográfico y una caída salarial de más del 70 por ciento, México es hoy el único en América Latina en que la pobreza no se ha reducido y en que sólo se genera la tercera parte de los empleos de su población demandada en cada año.

En nuestro grupo parlamentario seguiremos impulsando una mejor redistribución del ingreso y fortalecimiento de las instituciones democráticas sobre la base de los valores de la universalidad de los derechos humanos: la igualdad, la solidaridad y la equidad, porque estamos seguros que sin una política económica incluyente no hay política social adecuada.

Estamos a favor de la presente reforma y de este esfuerzo que refleja el trabajo realizado por la Comisión de Salud. Sin embargo, creemos y seguiremos impulsando políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a los derechos sociales, así como la obligación del Estado para asumir su papel en este tema.

Es necesario por tanto construir a partir de esta reforma un futuro que garantice mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Diputado Guillén, adelante.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su venia, presidente. La esencia de la política en materia social es el anhelo de construir un país más justo y más igualitario, en donde el acceso a la salud y a la educación pública gratuita y de calidad sea una realidad que alcance a todos y cada uno de los mexicanos.

En un Estado que aspira ser verdaderamente democrático, como el nuestro, todos los hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de crecer y vivir dignamente, de desarrollarnos de manera plena y de no sufrir ninguna limitación en el ejercicio pleno de las prerrogativas que consagra nuestra Carta Magna.

Se trata de enfrentar la desigualdad y la pobreza, de brindar protección a los sectores más vulnerables de la población, de manera tal que sus miembros tengan la misma oportunidad que cualquier otro mexicano de salir adelante, de progresar y de alcanzar sus metas.

La política social responde al reconocimiento de que los miembros de una sociedad determinada tienen derecho a un mínimo vital de bienes y servicios para satisfacer sus demandas, sus necesidades.

Desgraciadamente un buen número de personas en nuestro país no percibe los ingresos suficientes para solventar sus necesidades más elementales.

Por esta razón el Estado está obligado a proveer de servicios públicos a los grupos más vulnerables de la sociedad para que puedan alcanzar un nivel de vida digno. Sin embargo ello debe hacerse en el marco de los derechos sociales, los cuales se caracterizan por ser de carácter universal y no asistencial.

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil u origen étnico, se encuentran en una situación de riego, la cual les impide incorporarse plenamente al desarrollo y a acceder a mejores condiciones de vida.

La vulnerabilidad es resultado de la acumulación de desventajas derivado de un conjunto de causas sociales y de características personales o culturales.

Esta suma de desventajas adquiere varias dimensiones que fluctúan entre la carencia de elementos esenciales para la subsistencia y la insuficiencia de herramientas para salir de situaciones desfavorables, sean éstas estructurales o coyunturales.

En cuanto respecto al dictamen que hoy se encuentra a discusión, se tienen que tomar en cuenta dos ideas fundamentales: en primer lugar, que se consideren vulnerables a diversos grupos de población, entre los que se encuentran los niños, las niñas y adolescentes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, adultos mayores y la población indígena.

Y en segundo término, se debe señalar de hecho que durante los últimos años, a pesar de los esfuerzos orientados a combatir la pobreza, la lacerante condición en la cual viven postrados millones de mexicanos, se ha agravado de manera alarmante.

Recordemos que según el informe de análisis y medición de la pobreza elaborado por el Coneval, en México existen 53.3 millones de personas que presentan carencias en el acceso, o por lo menos uno de los satisfactores básicos.

Lo anterior, demuestra que el fenómeno de la vulnerabilidad ha registrado un crecimiento significativo en nuestro país y que tiene ya varios años arraigado en muchas de nuestras comunidades; lo cual exige del Estado la puesta en marcha de acciones tendientes a modificar y mejorar las condiciones de carácter económico, social, que impiden a los individuos en estado de necesidad, desprotección o desventaja a lograr su incorporación a una vida y plena y productiva.

En este sentido, en el Partido Verde coincidimos con la modificación propuesta por la comisión dictaminadora, pues reconocemos la necesidad de trabajar para encontrar los caminos que lleven a nuestro país a acortar de manera sostenida y responsable, la distancia actualmente existente entre ricos y pobres, brindando una protección más efectiva a los más desfavorecidos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Simón Lomelí Cervantes, del PAN.

Esta Presidencia saluda con un gran afecto a los alumnos de la escuela preparatoria oficial número 267, Regina Ávalos, del Estado de México, invitados por nuestro ínclito amigo don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Simón Lomelí Cervantes:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores: en el presente la economía personal y familiar juega un papel crucial al momento en que los seres humanos desean acceder a un empleo, a la alimentación, la salud, la seguridad social, la educación o a una vivienda.

En nuestro país, 11 millones y medio de personas viven en pobreza extrema, es decir que casi el 10 por ciento de la población se encuentra en esa condición. Asimismo, la realidad de nuestro país nos indica que 53 millones de mexicanos viven en condición de pobreza, en lugar de regalar televisiones, vamos a regalar salud.

Ante esto, resulta evidente que las acciones del Estado deben enfocarse a reforzar el desarrollo de la población más vulnerable, que los programas y acciones de política pública deben poseer un andamiaje jurídico que mandate su aplicación urgente a favor de esas personas y sus familias.

Frente a estas cifras la asistencia social constituye una herramienta necesaria para reducir la polarización de la sociedad mexicana. En Acción Nacional siempre hemos pugnado por que a las personas se les dote de las herramientas necesarias para dignificar su condición humana. Las normas jurídicas son una de ellas.

De acuerdo con la Ley General de Salud se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

No obstante que las cifras de pobreza nos indican la urgencia de asistir socialmente a los más vulnerables económicamente. En la actualidad el acceso a dicha asistencia se encuentra determinada por mandato de ley a los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

El dictamen en sentido positivo que emitió la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, y que hoy se presenta para su discusión en este pleno, propone que se agregue la condición económica entre las condiciones que deben poseer las personas y las familias para acceder a la asistencia social.

Es necesario señalar que nuestro Sistema Nacional de Salud tienen entre sus objetivos el de colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; asimismo que la asistencia social a los grupos más vulnerables forme parte de los servicios básicos de salud, para efectos de cumplir con las finalidades del derecho a la protección de la salud. Tal es la importancia que reviste.

Los legisladores de Acción Nacional, como firmes defensores del bien común y de la dignidad humana, votaremos a favor del presente dictamen que puede dar acceso a millones de personas a los servicios que proporciona el Estado en materia de asistencia social y que podría cambiar su vida radicalmente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Finalmente don Oscar Bautistas Villegas, del PRI.

El diputado Oscar Bautista Villegas:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el brindar protección a grupos vulnerables que nos se encuentran afiliados a los sistemas de seguridad social ni cuentan con ingresos suficientes que les permitan enfrentar su condición de vulnerabilidad, ha generado que se visualice la asistencia social como una política integral encaminada a mejorar las condiciones de vida de toda la población.

Con base en esto, en la sección de desarrollo social para un México incluyente, del Plan Nacional de Desarrollo, se establece que muchos mexicanos enfrentan una serie de factores que los mantiene en círculos donde las oportunidades de progreso son muy escasas, señalando que el 46.2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y el 10.4 en condiciones de extrema pobreza.

Este diagnóstico se conecta con el concepto de asistencia social que brinda la ley en la materia, la cual está definida como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impida el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva donde comprenden acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Es por esta conexión que consideramos que la asistencia social no debe estar al margen de las necesidades que se han ido generando en el país, y mucho menos de las metas que se ha planteado el actual gobierno, incluso como compromiso de campaña toda vez que la sinergia entre lo establecido en la Ley y los objetivos de esta administración depende la integración de millones y millones de mexicanos para beneficio de cada uno de ellos.

Recordemos que las necesidades que actualmente enfrenta la población, particularmente la que dispone de menos recursos, se han vuelto más complejas, para satisfacer se requiere de una multiplicidad de esfuerzos, instituciones, voluntades, personas, dirigidos a terminar con los rezagos que padecen millones de personas en este país.

Es por este motivo que al incluir las condiciones económicas para determinar el acceso a los servicios de la asistencia social resulta ser acertado, ya que las acciones de esta son encaminadas a llevar a cabo la satisfacción de las necesidades esenciales de los grupos sociales menos favorecidos, muchos de los cuales tienen su origen en la carencia de recursos económicos.

Compañeras y compañeros legisladores, uno de los principales objetivos de la presente administración ha sido y seguirá siendo el de hacer efectivo los derechos contenidos en la Constitución de la República, por lo que es indispensable conseguir que se abata la desigualdad en la cual actualmente se encuentran amplios sectores de la sociedad, para lo cual resulta indispensable que se abran los espacios de la asistencia social a la población más vulnerable, abarcando no tan solo los ámbitos sociales, sino también los económicos.

Quiero agradecer en esta ocasión la gran capacidad política, la gran capacidad de interlocución del presidente de esta Comisión y de todos los integrantes. Pero muy en especial a nuestro amigo, el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien ha sabido escuchar las demandas de los ciudadanos de este país y que los ha hecho nuevas leyes, que sin duda tendrán como resultado un mejor México para todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Por eso el día de hoy les pido a todos mis compañeros y compañeras legisladoras votemos a favor de esta nueva ley, que sin duda vendrá a beneficiar a una gran cantidad de mexicanos y mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ajúa, pues. Don Víctor Marroquín Cristóbal, del PRD, ¿Está? Adelante.

El diputado Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal:Con su permiso, señor presidente. Saludo con afecto a todas las compañeras y compañeros diputados.

En referencia al proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, que presenta la Comisión de Salud en este Honorable Congreso, y en representación del partido que represento, considero que la asistencia social es sólo una parte de algo más amplio, la justicia social.

La asistencia social no es otra cosa que la acción sistemática y permanente del Estado en coordinación con la sociedad civil, para hacer realidad la justicia social en favor de los más vulnerables, a efecto de coadyuvar a su desarrollo en bien de ellos y de la sociedad, toda.

La asistencia social no debe conceptuarse como una caridad pública, cuya atención queda al arbitrio de los gobiernos, sino como un derecho del que son titulares los más desfavorecidos frente al Estado, que ha sido incapaz por su acción u omisión de tomar las acciones preventivas necesarias para una justa distribución de los bienes sociales, ya se trate de trabajo digno, salud, vivienda y demás.

En suma, un derecho frente a un Estado que no ha llevado a cabo una de las primeras obligaciones, la de construir un bienestar mínimo para todos, lo que se enmarca como un derecho humano, respaldado por el derecho positivo de nuestro país y el derecho internacional.

No cabe duda que la acción más importante para lograr este bienestar es el de impulsar el acceso a empleos y a salarios dignos, tal como lo ha enmarcado una y otra vez la Organización Internacional del Trabajo, lo que se contrapone con la determinación de los recortes actuales en el gasto público, que en días anteriores los medios de comunicación han señalado que por lo menos 250 mil empleos ya no serán creados, esto en palabras del propio secretario del Trabajo y Previsión Social.

Esta reforma es una traducción en letra y espíritu de los artículos 1o. constitucional que establece una tutela de los derechos humanos en bien de todos, en el marco de una justicia distributiva y del artículo 4o. constitucional que consagra el derecho humano a la salud.

En suma, vamos a votar a favor de esta reforma, no sin anunciar la necesidad de completarla con una tónica que se encamine a la real justicia social, remarcada en nuestro país desde 1917.

El PRD manifiesta su apoyo a este dictamen que busca la reforma del artículo 4o. de asistencia social, para que se destaque de manera expresa el derecho de las personas que por su condición económica requieren de una especial protección y el debido apoyo para su bienestar. Nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

Si no hay ya más oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo evento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.

La diputada Micaela Rodríguez Zamora (desde la curul): A favor.

La diputada Elizabeth Vázquez Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Ulises Iván Valencia Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra Gutu Deskens (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): A favor.

La diputada María de los Ángeles Sánchez Lira (desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Olvera Caballero (desde la curul): A favor.

La diputada Lucía Rosales Villegas (desde la curul): A favor.

La diputada Erika del Carmen Ramagnoli Sosa (desde la curul): A favor.

El diputado Mario Sánchez Ruiz (desde la curul): A favor.

El diputado David Pérez Tejada Padilla (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto López Rosado (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La diputada Danner González Rodríguez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 395 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 395 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o., de la Ley General de Asistencia Social. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dejamos la presidencia en las doctas manos del señor diputado Tomás Torres Mercado.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Estas comisiones, con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción 1; 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 5 de octubre de 2014 la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del diputado Alfonzo Inzunza Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa mencionada a las Comisiones Unidas de Marina y Transportes, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. El 11 de diciembre de 2014, en reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Marina y Transportes, los diputados integrantes aprobaron dictamen en sentido positivo; por tanto, se formula el presente documento que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores.

Consideraciones

Primera. El desarrollo de un ordenamiento pesquero y acuícola integral, es uno de los ejes fundamentales de la política en la materia a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, orientado a la seguridad alimentaria y la sustentabilidad.

De acuerdo con las políticas para el desarrollo de la acuacultura y pesca que impulsa la presente administración pública federal, el ordenamiento pesquero y acuícola integral, así como el cumplimiento y observancia de la normatividad, el impulso a la capitalización pesquera y acuícola, además del desarrollo estratégico de la acuacultura y el fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas, integran los ejes de trabajo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Segundo. Para garantizar fundamentalmente la sustentabilidad de los recursos pesqueros, el sector público toma como referente el potencial de capturas que proyectan cada una de las diversas pesquerías de los litorales del país, contenidas en lo que revela la Carta Nacional Pesquera, conforme a los estudios a cargo del Instituto Nacional de Pesca.

Al disponer de esta información, las autoridades correspondientes llevan a cabo la planeación necesaria para el otorgamiento de los permisos de pesca, bajo criterios de sustentabilidad y recuperación de las pesquerías.

Tercera. Se cumplen así objetivos de lógica común, contenidos tanto en los preceptos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, como en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en lo que corresponde a la autorización y entrega de permisos para pesca, tanto a embarcaciones menores como de altura en las diversas pesquerías del país.

Sin embargo y a pesar de lo ha avanzado en materia administrativa en cuanto a la simplificación de trámites, ocurren todavía dilaciones burocráticas que afectan al proceso de entrega de permisos de pesca requeridos, sobre todo para la expedición de los despachos vía la pesca, entendidos estos como la autorización a una embarcación para que se haga a la mar con el objeto de realizar actividades pesqueras.

Cuarta.Voces diversas son coincidentes en señalar que trámites excesivos y dilaciones burocráticas, constituyen un freno al sano desarrollo de las actividades productivas y consecuentemente se convierten en grave obstáculo para la competitividad y el crecimiento económico, significan una situación que genera incertidumbre en el sector pesquero, toda vez que de manera directa afectan a todo el proceso productivo, desde el periodo de capturas, pasando por el de industrialización, hasta llegar a la comercialización de los productos.

Quinta. Además de los permisos de captura que debe expedir la autoridad en materia pesquera, está también la disposición a cargo de la autoridad portuaria, la cual autoriza la salida de embarcaciones a través de despachos vía la pesca, según lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

En la misma ley, se establece de manera genérica en el artículo 48 que para hacerse a la mar, toda embarcación requerirá de un despacho de salida del puerto, de conformidad con diversas normas, una de las cuales dicta que para este efecto, el reglamento respectivo establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores.

Advertimos entonces que los beneficios del régimen simplificado favorecen únicamente a un segmento de embarcaciones, no así a las de altura que deben contar con despachos de salida vía la pesca.

La propuesta en referencia tiene entre otros objetivos, poner un alto precisamente a trámites excesivos en la entrega de permisos, como una medida que venga a favorecer el proceso productivo de las pesquerías.

Sexta. Por las razones expuestas y fundamentadas los integrantes de estas comisiones someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo Único. Se reforman los artículos 46, primer párrafo y 48, fracción I, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 46. Salvo en el caso de las arribadas forzosas, en la autorización o rechazo de arribo a puerto de embarcaciones, la autoridad marítima requerirá la documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en él señalados sean superiores a los que dispongan los tratados internacionales. El reglamento correspondiente establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.

...

...

Artículo 48. ...

I. Será expedido por la autoridad marítima, previo requerimiento de la documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en él sean superiores a los que dispongan los tratados internacionales. El reglamento establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente;

II. y III. ...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Leonor Romero Sevilla, Jorge Rosiñol Abreu, Víctor Serralde Martínez, Uriel Flores Aguayo (rúbrica).

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González, Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero, José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Está a discusión en lo general y le otorgo el uso de la palabra a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de agrupación Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el propósito del dictamen que se nos presenta el día de hoy, está vinculado específicamente con las cuestiones relacionadas con los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esa actividad comercial cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro.

Posteriormente se señala en el artículo 48, en la parte final del párrafo primero: para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial cuya eslora y desplazamientos sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.

Llama la atención en relación a este dictamen el que se haya otorgado este derecho en aguas interiores. Cabe recordar que las aguas marítimas nacionales se encuentran las aguas interiores, el mar territorial y como zonas de jurisdicción la zona contigua y la zona económica exclusiva.

En este caso se está regulando lo que es la pesca de embarcaciones en aguas interiores y que se les dé, precisamente, la autorización o permiso vía legal para poder realizar actividad de pesca, pesca en la que debería de vigilarse que las embarcaciones nacionales o los pescadores nacionales tuvieran prioridad en estas actividades, siendo una de las actividades en las cuales se necesita precisamente, el Estado mexicano apoyar a los productores nacionales.

Si a eso aunamos toda la cuestión vinculada recientemente con lo de la Ley de Aguas, que también se encuentra vinculada con esta disposición, estamos ante una situación en la cual se pretende concesionar el servicio de aguas a extranjeros posiblemente, y que aunque no se le quiera llamar, como debe de llamarse, como una privatización, se está concesionando el proyecto de ley de 30 a 60 años, pudiendo otorgarse esta concesión o cederse a través de convenio, y si no fuera así, incluso también cederse vía sucesiones.

Obviamente el costo de esto, el de las concesiones, lo pagaría el usuario final que sería el particular, el mismo esquema. Los pescadores nacionales no importan, los usuarios nacionales o los que se encuentran en territorio nacional tampoco no importan, lo que importan son los intereses extranjeros.

Los de Morena estamos en contra de este dictamen por el mismo que cualquier proyecto de legislación que atente contra el derecho fundamental al agua de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene le uso de la palabra, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, hasta por cinco minutos, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputada.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: El presente dictamen tiene como objetivo que las embarcaciones de pesca comercial o ribereña, menores de 24 metros de eslora y 50 toneladas de registro bruto, puedan contar con un despacho de puerto por el régimen simplificado.

Es decir, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en el artículo 46, señala que el reglamento de arribo y despacho de embarcaciones debe contar con un régimen simplificado para embarcaciones menores. De esta manera las embarcaciones no tienen que presentar los documentos y credenciales, ahorrándose tiempo y trámites para hacerse a la mar.

Con la modificación de los artículos 46 y 48 de la citada ley los barcos dedicados a la pesca que cumplan con el tamaño y capacidad ya mencionados podrán contar con el trámite simplificado de despacho de puerto.

La reforma ayudará de manera importante a la actividad pesquera del país, sobre todo las pequeñas embarcaciones y pescadores ribereños, quienes resolverán de manera pronta sus trámites y tendrán mayor seguridad al realizar las actividades pesqueras, ya que la capitanía de puerto tendrá conocimiento de que las embarcaciones no han arribado y controlar que las embarcaciones no queden extraviadas, reduciendo así la informalidad, puesto que muchos pescadores prefieren embarcarse sin cumplir con las normas oficiales debido a la cantidad de trámites que impone la autoridad de la misma ley.

Entre los beneficios de estas medidas estimamos que se promueva la pesca formal entre los pescadores menores, ser regulados de mejor manera los periodos de veda y se fomente la alimentación de las comunidades que tienen como principal fuente de proteína el pescado.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la actividad pesquera debe ser impulsada de manera importante en nuestro país, por diversos motivos hacen falta recursos y políticas para ayudar a la pesca mexicana. Con estas modificaciones desde las leyes estaremos ayudando a que las personas que se dedican a esta actividad puedan realizarla de manera ágil y sin trabas burocráticas.

Por los motivos anteriormente expuestos votaremos a favor del presente dictamen. Nueva Alianza apoya esta iniciativa por considerarla de gran valor para el fomento de la pesca nacional. Es cuanto, muchas gracias diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Talamante Lemas. Diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en nuestros días mucho se ha comentado que los recursos marítimos van en deterioro y cada vez más se proyectan medidas para evitar su sobreexplotación, de tal forma que ésta pueda poner en riesgo inminente la actividad pesquera en su conjunto.

Debemos recordar que aproximadamente el 60 por ciento de los recursos y especies comerciales más importantes del mundo se encuentran sobreexplotada o inclusive agotadas, pero por si fuera poco, tan sólo el 25 por ciento de los recursos pesqueros actuales son los que se consideran constantes.

Frente a ello, nuestro país cuenta con un doble problema que se vislumbra en estar dentro de mínimos parámetros de una pesca furtiva y con esto a la contribución de la sobreexplotación, al mismo tiempo de mantenerse bajo un lento desarrollo de toda la actividad pesquera debido al proceso burocrático en el que se encuentra todo el sector.

Así entonces, si sumamos que la práctica de la pesca aún mantiene tasas mínimas de actividad irregular por no contar con los permisos acorde a la dinámica de los pecadores y la enorme demanda de la población para el consumo de productos, vemos que para el caso de México existen serios problemas para garantizar un ordenamiento acuícola y pesquero y de sustentabilidad.

Es necesario precisar que medidas como las que hoy discutimos en este dictamen tienen que ver con buscar mejores escenarios para evitar capturas de peces fuera de los ordenamientos, para evitar una actividad que siga incrementando la problemática de la sobreexplotación. Pero además, que por falta del pronto otorgamiento de permisos para pesca, la población consumidora sea desde luego la principal afectada.

Compañeras y compañeros diputados, lamentablemente aún nuestro marco legal cuenta con elementos que provocan una actividad pesquera lenta y alejada del marco competitivo y de un crecimiento económico constante, por la dilación en la entrega de permisos para que las embarcaciones puedan hacerse a la mar, es lo que hasta hoy día ha generado.

Con la propuesta de modificación a los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para que toda embarcación cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, se responde a una de las mayores exigencias del sector pesquero de nuestro país. Con ello estamos contribuyendo a que el ritmo para la explotación pesquera se encuentre sujeta a las necesidades comerciales del país.

Además, estamos en la posibilidad de mantener los estándares recomendados para proteger los recursos pesqueros y comerciales del mar, evitar prácticas desleales, ampliar las posibilidades de trabajo, para muchos relacionados a la pesca.

Con esta propuesta legal podrán ser adaptados los mecanismos tecnológicos que pensados para contribuir al cuidado de los mares y sus productos vistos desde la actividad pesquera nacional.

En esencia, estamos frente a una modificación que favorecerá los procesos productivos de las pesquerías y otras actividades directamente relacionadas.

Por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Ricardo Cantú. Diputado José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la voz, diputado.

El diputado José Soto Martínez: Compañeras y compañeros, la pesca en México es una importante fuente de empleo, que genera más de 350 mil directos y más de 2 millones indirectos. También auxilia a los ingresos económicos del país, ya que el sector pesquero mexicano contribuye con el 0.2 por ciento del producto interno bruto, además de ser una importante fuente de alimentos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que más del 60 por ciento de la pesca en nuestro país es ilegal, ya que no se cuenta con el debido permiso, aunado a esto muchas embarcaciones carecen de registro alguno, aunado a que se pescan ejemplares jóvenes o hembras grávidas, siendo éstos ejemplares prohibidos, lo que perjudica gravemente a la especie.

En México ya hay más de 100 mil embarcaciones de pesca ribereña y más de 3 mil de pesca de altura. De las primeras, una proporción significativa es irregular o no está registrada, en consecuencia cerca del 20 por ciento de las pesquerías en México se encuentran colapsadas, mientras que casi el 70 por ciento se ha llevado a su capacidad máxima en el umbral de sobreexplotación.

Esto es un tema de mucha importancia dada la incertidumbre existente y la gran volatilidad biológica de las poblaciones. Es preciso mencionar que en México ninguna especie sobreexplotada o colapsada se ha recuperado.

Debemos proteger no sólo nuestros recursos, sino también a los pescadores, para que no terminen perdiendo su preciada mercancía ni deban de pagar multas y éstas afecten a su economía, por la omisión en el cumplimiento de algunas determinaciones administrativas. Éste es el objetivo de este dictamen, que fue dictaminado por la Comisión de Marina y la Comisión de Transportes, y los felicito a ambos por este dictamen.

Esta reforma propone la incorporación de un régimen simplificado para que se tenga un mejor control y registro de las embarcaciones dedicadas a la pesca comercial, específicamente para aquellas embarcaciones menores de 24 metros y que tengan 50 toneladas registradas, brutas.

Por esta causa, por este motivo y por lo expuesto, nuestra fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor.

Aprovecho también para decirles y denunciar que en el Río Papaloapan hay muchas veces que ha habido mortandad de peces de todas las especies, debido a lo que descargan las fábricas o los municipios, y que desgraciadamente nunca se ha sabido quienes son los que lo hacen. Ya lo denuncié en el 2001 y hoy lo vuelvo hacer. Ya hay un punto de acuerdo pero creo que no va a llegar.

Aprovecho para exhortar a Conagua, a Profepa y a todas las dependencias involucradas para que en ese Río Papaloapan ya dejen de contaminar. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias a usted, diputado. Diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con la venia de la Presidencia. Un ambiente propicio para los negocios es un factor importante para la prosperidad económica.

Hacerle la vida más sencilla a las empresas y a los ciudadanos facilitando la entrada al mercado formal, promueve la competitividad y el crecimiento.

Cuando un ciudadano debe cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, autorizaciones y los documentos necesarios para iniciar y operar su propia empresa y tiene que tratar con muchas dependencias de gobierno, se generan redundancias, retrasos y costos adicionales, además del pago de derechos, cargos e impuestos, los emprendedores incurren en un costo de oportunidad por el tiempo que invierten en cumplir con los trámites administrativos.

Esto puede llevar también a la aparición de intermediarios que gestionan trámites con frecuencia, incurriendo en irregularidades y que encarecen el costo de la apertura de una empresa.

Estudios de la OCDE sobre las cargas administrativas existentes para los ciudadanos y sus empresas sugieren que en nuestro país hay importantes oportunidades de mejora en relación con los demás países miembros. En resumen, simplificar trámites y mejorar el ambiente de negocios facilita la creación de empresas y promueve la competencia y la productividad.

En el caso del sector pesquero, esta Legislatura ha contribuido notablemente al proceso de modernización de su marco regulatorio a través de la modificación de normas y leyes con base en preceptos de desregulación tendientes a elevar la competitividad y promover su armonización con estándares internacionales.

En el caso de la iniciativa, cuyo dictamen está a discusión, el proponente señala la existencia de plazos extremadamente largos de espera y procesos burocráticos complicados para obtener una respuesta en torno a la obtención del permiso para que una embarcación se haga a la mar con el objetivo de realizar actividades pesqueras.

Por este motivo, en el Partido Verde votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen cuyo objetivo es simplificar y hacer más expedito un trámite que obstaculiza el progreso económico sobre todo de pescadores propietarios de embarcaciones menores que son prácticamente quienes más apoyo requieren. Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada.

Diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, Partido de la Revolución Democrática. Hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Abraham Correa Acevedo:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado Abraham Correa Acevedo: Como es de conocimiento de todos ustedes, México es un país que cuenta con una posición geográfica privilegiada en muchos aspectos, uno de ellos es estar posicionado entre los dos océanos más grandes del mundo, el Pacífico y el Atlántico.

Asimismo, México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de costas, siendo 17 los estados y 150 los municipios que presentan frente litoral, esto representa un enorme potencial pesquero para nuestro país y sin embargo no somos un país que haga efectivo ese potencial.

Al mismo tiempo, sabemos –y éste es el sentido de este dictamen– que los menos beneficiados de esta riqueza marítima son los pequeños pescadores, quienes no sólo se enfrentan a la competencia de las grandes embarcaciones, sino también a las dificultades burocráticas que se les imponen.

El presente dictamen a discusión simplifica la documentación requerida para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.

Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del dictamen, pues la simplificación burocrática para los pequeños y medianos pescadores coadyuva al mejoramiento de sus condiciones de trabajo sin duda.

Sin embargo, hacemos un llamado al gobierno federal para que se intensifiquen de manera urgente los apoyos a los pescadores y se otorguen los permisos a quienes en verdad ejercen dicha actividad, pues un caso de actualidad pudiera referirse al del Puerto de San Felipe, municipio de Mexicali, en donde los pescadores, muchos de ellos por supuesto, tienen que rentar los permisos a personas que no realizan tal actividad pero que de una u otra manera al amparo del poder concentraron los permisos y se han venido enriqueciendo a costa del trabajo de los verdaderos pescadores. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Correa. Diputada Leonor Romero Sevilla, tiene usted la palabra por el Partido Acción Nacional. Hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Leonor Romero Sevilla:Con su permiso, señor presidente. Antes de entrar al tema quiero manifestar mi indignación por el lamentable suceso ocurrido en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que fue cobardemente asesinado el contraalmirante José Luis Corro Chávez. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se solidariza con sus familiares y amigos.

Señoras y señores legisladores, el dictamen que se encuentra a discusión busca regular con más precisión a las embarcaciones que se hacen a la mar y que requieren realizar los trámites necesarios para obtener los permisos de pesca, sobre todo para la expedición de los despachos vía la pesca, entendidos éstos como la autorización a una embarcación para realizar actividades pesqueras.

Estamos ante un escenario en donde se busca la simplificación de los trámites administrativos con el objeto de impulsar la competitividad y el desarrollo pesquero y eliminar aquellas prácticas que inhiban la calidad y la eficiencia del sector.

Con este dictamen se busca beneficiar por medio del régimen simplificado a las embarcaciones menores para los despachos que se otorgan vía la pesca.

Lo que se propone en ley es que el reglamento correspondiente establezca un régimen simplificado para las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto respectivamente.

De acuerdo a la ingeniería naval, según es parte el porte de los barcos que incluye su eslora y su desplazamiento, se clasifican en dos: barcos mayores cuya eslora supera los 24 metros y con más de 50 toneladas registro bruto y barcos menores cuya eslora es menor de 24 metros y con 50 o menos toneladas registro bruto.

En relación a las estadísticas que emite la Dirección General de Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a junio de 2014, se tienen registradas 2 mil 572 embarcaciones mayores y 169 mil 642 embarcaciones menores.

En nuestro país la mayoría de los pescadores realizan la pesca comercial en mar abierto, a bordo de embarcaciones menores desde 9 y 15 metros de eslora, con capacidad para alejarse de la costa, hasta 50 millas náuticas. Otras embarcaciones en México dedicadas a la pesca son los sardineros y camaroneros cuya eslora puede varias entre los 15 y 30 metros.

Felicito al diputado Germán Pacheco, por el exhorto que hizo para la promulgación del Reglamento a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. De la misma forma, al presidente de la Comisión de Marina, al diputado Soto y a los integrantes de dicha comisión, así como al diputado Juan Carlos Muñoz, presidente de la Comisión de Transportes y a los integrantes de la misma.

Tenemos que seguir trabajando mucho por la marina mercante y fortalecerla, en construcción naval y en cabotaje, y que la reforma energética realmente beneficie a los navieros mexicanos y no a los extranjeros.

Por lo tanto, en Acción Nacional, consideramos favorable apoyar al sector con el establecimiento de un régimen simplificado para las embarcaciones menores, a fin de favorecer al sector pesquero que tiene una alta contribución a la alimentación de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputada Leonor Romero. Diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponente de la iniciativa que se dictamina.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Transporte que hoy he sometido a su consideración, tiene como propósito fundamental simplificar los trámites para la entrega de despacho de salida a embarcaciones vía la pesca.

La iniciativa de origen presenta dictamen y recoge un sentido reclamo de organizaciones y pescadores de todo el país, quienes temporada tras temporada de captura, se enfrentan a dilaciones de carácter burocrático al momento que requieren tramitar solicitud de despachos de salida para zarpar a la pesca.

Voces provenientes del sector pesquero nacional, son coincidentes cuando señalan que la no simplificación de trámites les genera pérdida de tiempo, lo cual constituye un freno al sano desarrollo de las actividades productivas y consecuentemente representa un obstáculo para la competitividad y el crecimiento de las pesquerías.

Independientemente de los permisos de captura que debe expedir la autoridad en materia pesquera, existe también la disposición a cargo de la autoridad portuaria, la cual autoriza la salida de embarcaciones a través de despachos vía la pesca.

Con relación a ello la Ley de Navegación y Comercio Marítimos dispone que, para hacerse a la mar, toda embarcación requerirá de un despacho de salida del puerto, de conformidad con diversas normas, respecto a la cual preceptúa que el reglamento respectivo establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores.

Se trata pues de un beneficio que favorece únicamente a un segmento de embarcaciones, no así a las embarcaciones de altura. Como está sustentado en la iniciativa de origen, esta situación ha sido causa de molestia y hasta desespero entre los pescadores, muchos de quienes se han visto forzados a zarpar con oportunidad por su cuenta y terminan siendo víctimas de inspectores.

Precisamente al ser víctimas de autoridades normativas correspondientes los pescadores acaban enfrentando el pago de multas y otras sanciones de carácter administrativo. Todo ello sin contar las afectaciones que padece el sector productivo pesquero desde el periodo de captura, pasando por el de la industrialización y hasta la comercialización de los productos.

Es así que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoyamos el presente dictamen por el cual se adicionan nuevas disposiciones a los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para establecer un régimen simplificado a la entrega de despachos vía la pesca. Las embarcaciones de 24 metros de largo y 50 toneladas de capacidad tendrán el mismo tratamiento que las embarcaciones menores, tendrán el mismo tratamiento que las embarcaciones que le llamamos todos nosotros las pangas en todo el país.

Por ello solicitamos a todos ustedes, compañeros diputados y compañeras diputadas, que voten a favor del presente dictamen. Éste será un beneficio para todo el sector pesquero. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Y también el reconocimiento, diputado Inzunza Montoya, iniciante, decía.

Tengo registrados para hablar en pro del dictamen a los señores diputados José Daniel Ochoa Casillas, del PRI; y al diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, del PRD. Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados hasta por tres minutos.

El diputado José Daniel Ochoa Casillas:Con la venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputado.

El diputado José Daniel Ochoa Casillas: Desde la máxima tribuna de la nación mando un cordial saludo a todos los habitantes de Zapopan, Jalisco.

Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo al Programa Sectorial de la Sagarpa, el sector agroalimentario presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad. No es incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos naturales, por lo que se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y el sector agroalimentario.

Para ilustrar lo anterior la dependencia señala que este sector ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional, pues en 1950 la participación del PIB primario en el PIB nacional era del 16.1 por ciento, en 2012, del 3.4 por ciento, lo que no adolece para reconocer que existe un alto potencial de desarrollo agroalimentario, agropecuario, pesquero y agroindustrial.

Sin embargo, estas posibilidades de desarrollo chocan en la realidad con diversos factores que impiden el crecimiento de esta actividad, tales como la falta de financiamiento y estímulos fiscales, así como la competencia desleal proveniente de flotas extranjeras y las trabas burocráticas que desincentivan esta actividad y a sus productores.

Compañeros diputados, de eliminarse estas barreras que frenan el desarrollo de un sector tan importante para la seguridad alimentaria del país y la prosperidad de vastas regiones, será posible ofrecer alimentos de valor nutricional de calidad a precios accesibles para amplias franjas de la población.

En este sentido, resulta valioso el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, el cual busca combatir el burocratismo y apoyar a los pescadores de menores recursos, toda vez que como bien señala el autor de la iniciativa correspondiente, nuestro amigo diputado Alfonso Inzunza Montoya, las trabas administrativas constituyen un freno al sano desarrollo de las actividades productivas y consecuentemente se convierten en grave obstáculo para la competitividad y el crecimiento económico. Lo que significa una situación que genera incertidumbre en el sector pesquero, ya que de manera directa afecta a todos los procesos productivos, desde el periodo de captura, pasando por la industrialización, hasta llegar a la comercialización de los productos menores.

El presente dictamen contribuye al alcance de tales objetivos, puesto que amplía los beneficios de las reglas simplificadas en materia de autorizaciones de arribo y zarpe de puerto hacia los despachos vía la pesca, como para las embarcaciones dedicadas a la actividad comercial cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.

Cabe señalar que hasta ahora dicho régimen, el cual se encuentra detallado en el artículo 67 del reglamento de la ley que ahora se reforma, sólo se aplicaba en beneficio de embarcaciones menores.

Compañeras y compañeros legisladores, la pesca constituye una actividad con un importante potencial de crecimiento que puede contribuir al desarrollo del país, para lo cual es indispensable no sólo contar con esquemas de financiamiento, sino con una normatividad que lejos de inhibirla la promueva con base en criterios que tiendan a la simplificación.

Justo es en este rubro donde el dictamen se distingue por contribuir al desarrollo de la actividad pesquera, razón por la cual los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de la misma. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Ahora tiene usted el uso de la palabra, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos para hablar en pro del dictamen.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted el uso de la voz, señor diputado Medina.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, sin duda es loable que estemos discutiendo y seguramente aprobando una reforma que tiende a simplificar los trámites para la pesca en nuestro país, principalmente por lo que se refiere a aquellas embarcaciones que tienen un eslora y desplazamiento iguales o menores a 24 metros y a 50 toneladas de registro bruto.

Es lamentable que en un país como el nuestro, bañada sus costas por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, con tantos kilómetros de litoral, no tengamos a la pesca como una prioridad y no seamos una potencia pesquera en el mundo.

Por eso es loable este tipo de reformas, pero mi intervención no solamente es para destacarla y para decir que la vamos a acompañar, sino también para llamar la atención a que revisemos las normas, los obstáculos que impiden el desarrollo de la pesca en nuestro país y específicamente en la zona del Golfo de México por lo que se refiere a los litorales de Tabasco y Campeche, donde la actividad petrolera se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para el desarrollo de la pesca.

Resulta que las últimas exploraciones petroleras cada día están más cerca de las playas, de los litorales y entonces las restricciones de seguridad impiden que los pescadores puedan estar en esas zonas cercanas al litoral.

Cada día los envían más lejos, más mar adentro a tener que pescar, con el riesgo que eso significa, con el gasto de combustible y la erogación que para ello significa, y creo que sería importante que pudiéramos revisar este tipo de restricciones, que pudiéramos encontrar un equilibrio entre las razones de seguridad que obligan a tener ciertas restricciones en las plataformas petroleras, y la necesidad no solamente de potencializar la pesca, sino también de que las familias de los pescadores tengan garantizado un sustento como consecuencia del producto de sus trabajos, principalmente –insisto– en los litorales de Tabasco y Campeche.

Ojalá esta legislatura, aunque estamos ya en la parte final, pudiéramos ser sensibles a esta severa circunstancia que presentan, que la enfrentan, sobre todo, los pescadores de Tabasco y Campeche, afectados por la explotación petrolera en las zonas cercanas a la playa de estos estados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Medina Filigrana.

En atención a que no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, ciudadana secretaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Entretanto, saludamos a alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que han sido invitados por la diputada Fernanda Schroeder Verdugo. Gracias por su visita. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos.

Verifique el sistema de votación electrónico la Secretaría. En todo caso, de viva voz particularmente, diputadas y diputados que se han incorporado habiendo sido suplentes.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.

La diputada Micaela Rodríguez Zamora (desde la curul): A favor.

La diputada Elizabeth Vázquez Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Ulises Iván Valencia Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra Gutu Deskens (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): A favor.

La diputada María de los Ángeles Sánchez Lira (desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Olvera Caballero (desde la curul): A favor.

La diputada Lucía Rosales Villegas (desde la curul): A favor.

La diputada Erika del Carmen Ramagnoli Sosa (desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): A favor.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca (desde la curul): A favor.

El diputado José Humberto Vega Vázquez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Abraham Correa Acevedo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se emitieron 381 votos a favor, 3 abstenciones, 5 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71 y 78, y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4o., de la Ley de Vivienda.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71 y 78; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4 de la Ley de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para el estudio y elaboración del dictamen correspondientes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, fracción IV, 19, fracción XVII, 43, segundo párrafo, 71, primer párrafo, y 78, segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley de Vivienda.

En virtud del análisis y estudio del asunto mencionado, esta comisión legislativa, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 a 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen:

Metodología

1. El capítulo “Antecedentes” da cuenta del trámite del proceso legislativo, desde la presentación de la iniciativa, su estudio, discusión y dictamen en comisiones hasta su aprobación por el pleno del Senado de la República.

2. El capítulo correspondiente a “Contenido de la minuta” presenta una síntesis del alcance de la propuesta de reforma en estudio.

3. En el capítulo “Consideraciones”, la Comisión de Vivienda expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

1. Antecedentes

Primero.Con fecha 24 de abril de 2013, Isaías González Cuevas, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

Segundo.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, para el estudio y dictamen correspondientes.

Tercero.El 24 de juliode 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con fundamento en el artículo 14 del Reglamento del Senado, emitió excitativa para que la Comisión de Vivienda formulara el dictamen de la referida iniciativa.

Cuarto.El 9 de octubre de 2014, las Comisiones de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, analizaron y aprobaron con modificaciones el proyecto de dictamen de la iniciativa.

Quinto. El 16 de octubre de 2014, el proyecto de dictamen fue aprobado por la Cámara de Senadores, que fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Sexto.El 22 de octubre de 2014, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva turnó el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda a la Comisión de Vivienda, para la revisión y el dictamen correspondientes.

2. Contenido de la minuta

La minuta tiene como propósito ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa establecido en la Ley de Vivienda, incluyendo los conceptos de espacios habitables y auxiliares a efecto de proporcionar a las familias una estadía agradable y funcional en sus hogares.

La colegisladora expresa que la propuesta legislativa representa un complemento necesario para fortalecer los instrumentos y mecanismos establecidos en el marco normativo del sector vivienda.

Subraya que la vivienda es un elemento clave del desarrollo social cuya concepción no se limita a su uso como inmueble, sino también como elemento generador del desarrollo social. Por eso, el derecho a la vivienda es reconocido internacionalmente como un derecho humano y la Constitución Política lo considera un derecho y una garantía social. En el artículo 4o., párrafo séptimo, se consagra el derecho a la vivienda, en los términos siguientes: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Manifiesta que la satisfacción del derecho a la vivienda permite acceder al disfrute de otros derechos, como los relativos a la dignidad humana, el libre tránsito, seguridad jurídica, privacidad, inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, un ambiente adecuado y derecho a la salud, entre otros.

Instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han reconocido que sería impensable contar con educación, salud y empleo si no se tiene un espacio digno y decoroso donde vivir.

Destaca que la idea de que la dignidad y el decoro de una vivienda, son cualidades difíciles de evaluar, sin embargo un primer parámetro de medición objetivo tiene que ver con la dimensión de la vivienda y el número de sus habitantes.

En virtud de lo anterior, la minuta propone diversas reformas de la Ley de Vivienda para incluir en este ordenamiento dos conceptos fundamentales. En primer lugar, el concepto “espacio mínimo habitable”, considerado el lugar donde se desarrollan actividades de reunión o descanso” y, en segundo término el concepto “espacio auxiliar básico”, definido como el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación.

Con la incorporación de estos conceptos en la Ley de Vivienda, para la construcción de las viviendas de interés social deberá tomarse en cuenta como espacio mínimo habitable una sala-comedor, una cocina, un baño y área de limpieza y por lo menos dos habitaciones.

Concluye la minuta que las reformas tienen también como finalidad adecuar la Ley de Vivienda cuando hace referencia a la Ley de Información Estadística y Geográfica para cambiar su denominación por “Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”.

3. Consideraciones

Primera.Derivado del análisis de la minuta, los integrantes de la Comisión de Vivienda comparten el interés de la colegisladora por especificar el significado de vivienda digna incorporando en la Ley de Vivienda los conceptos de espacios habitables y auxiliares, a efecto de proporcionar a las familias hogares con dimensiones, materiales y equipamientos adecuados.

Segunda.Que efectivamente la vivienda constituye un bien clave del desarrollo social, cuya concepción no se limita a su uso como inmueble sino también, como elemento generador del desarrollo social. El derecho a la vivienda es reconocido internacionalmente como un derecho humano y la Constitución Política en el artículo 4o., párrafo séptimo, lo consagra en los términos siguientes: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Tercera. Que en los últimos años los resultados de la política de vivienda se han centrado en evaluar el número de créditos otorgados y los costos de la construcción. Esto ha ido en detrimento de las viviendas de interés social, en donde la calidad de las mismas y espacios habitables ha venido disminuyendo en sentido inverso a los costos que se reportan, lo que a su vez ha provocado problemas de salud, de violencia intrafamiliar, que los jóvenes al no encontrar privacidad ni espacios para realizar sus actividades buscan éstos fuera de casa, lo que afecta la comunicación e interacción con los padres.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora valora las propuestas de la minuta, ya que las adiciones y reformas que formula sobre la Ley de Vivienda buscan propiciar condiciones dignas de vida a sus habitantes, disponiendo que las casas-habitación cuenten con un espacio mínimo que permita crear un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad, que atienda las necesidades de privacidad y fomente la convivencia y el esparcimiento de la familia.

Cuarta.Que también se coincide con la minuta respecto a que una de las cualidades esenciales que forman parte de la dignidad y el decoro de una vivienda tiene que ver con su dimensión. En tal sentido, la comisión dictaminadora estima pertinente precisar el significado de “vivienda digna y decorosa” establecido en la Ley de Vivienda, para incluir los conceptos de espacios habitables y auxiliares como indispensables para garantizar una mejor calidad de vida de las familias mexicanas.

Quinta. Que en concordancia con el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, que incluye en sus estrategias la de procurar una vivienda digna para todos los mexicanos, cómoda y con servicios básicos tanto en el medio urbano como en el rural, la minuta incorpora con la adición de la fracción IV en el artículo 4, la definición jurídica de espacios habitables, la cual comprende

El lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas.

Sexta. Que con la adición de la fracción V al artículo 4 de la Ley de Vivienda se establece jurídicamente que toda vivienda también debe contar con “espacios auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación”,lo cual equivale al área de usos múltiples referida en las características básicas de la vivienda del Programa Nacional de la Vivienda.

Séptima.Que es pertinente la propuesta de reformar la referencia que hace la Ley de Vivienda a la Ley de Información Estadística y Geográfica en los artículos 19, fracción XVII, y 43 para referirse en su lugar a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en vigor desde 2008.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Vivienda se permite someter a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71 y 78; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4 de la Ley de Vivienda

Único.Se reforman los artículos 2, 6, fracción IV, 19, fracción XVII, 43, segundo párrafo, 71, primer párrafo, y 78, segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2.Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 4. ...

I. a III. ...

IV. Espacios habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recámaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas;

V. Espacios auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación;

VI. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda;

VII. Comisión intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda;

VIII. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda;

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

XI. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce vivienda sin fines de lucro;

XII. Política nacional de vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa;

XIII. Sistema de información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, como el conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los efectos de las políticas públicas en la materia; y

XIV. Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 6. ...

I. a III. ...

IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares;

V. a XII. ...

Artículo 19. ...

I. a XVI. ...

XVII. Participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda y suelo, con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como integrar y administrar el Sistema de Información;

XVIII.a XXIV. ...

Artículo 43. ...

La Comisión integrará y administrará el Sistema de Información, el cual se sujetará, en lo conducente, a las disposiciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y se conformará con la información que proporcionen las dependencias y entidades de la administración pública federal en aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, así como la que permita identificar la evolución y crecimiento del mercado con el objeto de contar con información suficiente para evaluar los efectos de la política habitacional.

...

...

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios auxiliaressuficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

...

...

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de los espacios habitables y auxiliares y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.

La Comisión de Vivienda, diputados:Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), presidente; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, José Alejandro Llanas Alba, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Tomás López Landeros (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar, Lázara Nelly González Aguilar, José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Rocío Esmeralda Gallegos Reza (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Noé Barrueta Barrón, Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Brasil Alberto Acosta Peña, Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Abel Guerra Garza. Don Abel, hasta por cinco minutos, por favor.

El diputado Abel Guerra Garza:Con su permiso, presidente. Para fundamentar el dictamen favorable de la Comisión de vivienda, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos que mencionó el presidente de la Cámara –de la Ley de Vivienda– con el objeto de ampliar los conceptos de vivienda digna y decorosa ya establecidos en la misma Ley de vivienda y en la propia Constitución mexicana.

Se propone agregar los conceptos de espacios habitables y auxiliares como complemento necesario para generar condiciones agradables y funcionales en los hogares mexicanos.

Se entiende por espacios habitables el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reuniones o de descanso, y por espacios auxiliares, donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación.

Los instrumentos internacionales que ha suscrito México, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalan que la dignidad y el decoro de una vivienda son cualidades difíciles de medir, pero un primer parámetro tiene que ver con las dimensiones de la vivienda y el número de sus habitantes, y reconocen que es impensable contar con educación, salud y empleo si no se tiene un espacio digno y decoroso donde vivir.

La Comisión de Vivienda consideró oportuno aprobar las modificaciones y adiciones que se mencionaron a la Ley de Vivienda, para que las casas de interés social cuenten con espacios mínimos que permitan crear un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad, que atiendan además necesidades de privacidad y fomenten la convivencia y el esparcimiento de las familias.

Otra finalidad de la minuta es adecuar la Ley de Vivienda cuando se hace referencia a la Ley de Información, Estadística y Geografía para cambiar su denominación por Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la cual está en vigor desde abril del 2008.

Consideramos pertinentes las modificaciones a la Ley de Vivienda puesto que la vivienda como componente fundamental para el desarrollo urbano, no se limita al uso del inmueble, debe ser un elemento generador del desarrollo social. Agradecemos su voto a favor del dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted don Abel Guerra. Me doy oportunidad para en nombre de la diputada Gloria Núñez Sánchez, Roy Gómez Olguín y Juan Manuel Rocha Piedra, diputados del PRI por el estado de Nayarit, han invitado a alumnos y alumnas de la escuela preparatoria Cristóbal Colón, precisamente en la capital de aquél estado hermano de Tepic. Gracias, por su visita, sean bienvenidos, sean bienvenidas.

Don Rodrigo Chávez Contreras, de la Agrupación Morena, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos para la fijación de la postura de su agrupación.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la voz, señor diputado.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Compañeras y compañeros diputados. El derecho a la vivienda se recoge como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Nuestra Constitución señala en su artículo 4o, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para tal fin, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, garantizando el derecho humano a la vivienda.

Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener disponibilidad permanente a recursos naturales y comunes, como: el agua, la energía, el alumbrado, las instalaciones sanitarias y servicios de emergencia.

Es por ello que la vivienda no se puede considerar como una mercancía, por el contrario, la vivienda constituye un derecho humano básico más allá de cualquier consideración legal y económica, su carencia constituye una injusticia estructural por depender de una inequitativa distribución del ingreso que hace cada vez más distante la brecha entre ricos y pobres.

El derecho humano a la vivienda debe evolucionar en nuestra legislación para reconocer en un sentido más amplio la necesidad que existe de que los habitantes gocen de vivienda digna y decorosa.

Incorporar conceptos como espacio mínimo habitable y espacio auxiliar básico en la Ley de Vivienda para la construcción de hogares de interés social ayudará a mejorar las condiciones estructurales mínimas que requieren los ciudadanos, pero no resuelve problemas significativos que enfrentan, como: la carencia del agua, las largas distancias de los desarrollos urbanos respecto a las fuentes de empleo, los negocios inmobiliarios basados en la construcción de casas abaratadas con mínimos estándares de calidad y la falta de ecotecnologías para la sustentabilidad.

Aunado al hecho de que –de acuerdo al censo de 2010– existen en el país alrededor de 5 millones de viviendas abandonadas, la gran demanda de sólo para la construcción de vivienda, la voracidad de los desarrollos inmobiliarios, la falta de planeación, así como la corrupción, son factores que han permitido el avance de desarrollos inmobiliarios logrando hacer ciudades sin condiciones mínimas donde las zonas residenciales se construyeron muy lejos de los centros urbanos y del trabajo.

Es por ello que debemos abordar las causas del abandono de las viviendas, y de las cuales mencionamos algunas causas: el desempleo, que ha generado en nuestro país la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas; la construcción de desarrollos inmobiliarios lejanos a los centros urbanos; el costo de transporte y el tiempo de traslado; la carencia del agua; la inseguridad; las fallas estructuradas en la construcción, el cofinanciamiento con la banca comercial.

Si bien amplia el concepto, resulta decoroso. Deberíamos preocuparnos más por garantizar soluciones, por ejemplo: enfaticemos el impulso a la producción social del hábitat y la vivienda digna, teniendo como objetivos crear comunidades y mejorar la calidad de vida; integrar procesos organizativos y formativos de alto nivel participativo; fortalecer la economía comunitaria; mejorar la convivencia social de las comunidades; contribuir a la gestión social de la ciudad y el manejo sustentable de los recursos económicos y ambientales; rescatar el sentido de pertenencia, identidad y generar una nueva cultura de participación y convivencia; fomentar e impulsar una nueva cultura de manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales; impulsar el derecho a la vivienda.

Por tanto, es necesario dotar el entorno de viviendas sociales con equipamiento e infraestructura que hagan de las zonas un espacio lo suficientemente habitable como para los moradores puedan tener una estadía agradable y funcional tanto dentro como fuera de sus hogares.

En tal sentido, en este pleno deberíamos apresurar esfuerzos más allá de los alcances de esta propuesta legislativa que sólo representa un complemento necesario para fortalecer los instrumentos y mecanismos establecidos en el marco normativo del sector vivienda, sin que ello garantice una solución tangible para la eficacia del derecho a la vivienda.

Al ampliar nuestro margen de intervención estaremos contribuyendo a mejorar los resultados de la política de vivienda que hoy sólo se limita a evaluar el número de créditos otorgados y los costos de construcción, ya que el impulsar de manera idónea el derecho a la vivienda digna, pues hoy vivimos indirectamente problemas de salud, violencia familiar, y estaremos fomentando nuevas formas de convivencia y participación ciudadana.

Por lo anterior, las y los diputados de Morena apoyaremos las presentes reformas que se formulan a la Ley de Vivienda. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Deseo y así lo hago, a nombre de la diputada María Fernando Schroeder y de la Mesa Directiva, saludar y darles la bienvenida a doña Yolima Herrera García, Astrid Carolina Ordóñez Eraso y a don Luis Gabriel Calderón González, integrantes del Partido Liberal Colombiano. Bienvenidos a este recinto.

Diputada Sonia Rincón Chanona, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Hasta por cinco minutos. Adelante, compañera diputada.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted el uso de la palabra, diputada.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Gracias. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, nuestra Constitución y tratados internacionales de los que México es parte, establecen que una vivienda digna no es sólo una necesidad sino uno de los derechos fundamentales del ser humano. La misma Organización de las Naciones Unidas sostiene para el ejercicio de ciertos derechos, como el goce del nivel más alto posible de salud física y mental. Dependen del acceso a una vivienda digna y adecuada.

Las reformas que se proponen a la Ley de Vivienda tienen un carácter sustantivo y fundamental para coadyuvar y generar una mejor calidad de vida para todas y todos los mexicanos.

Debo decirlo, era urgentísima esta reforma pues la realidad nos rebasó. Creo que todos recordamos el espacio donde crecimos, el lugar donde disfrutamos de nuestra infancia. Puedo asegurar que eran espacios amplios, ventilados, luminosos y agradables para el estudio, la convivencia y el disfrute de la familia.

En los setentas, cuando apenas éramos 52 millones de habitantes, las familias se integraban por más de seis miembros que convivían en hogares de 90 a 100 metros cuadrados en promedio. La dinámica poblacional impactó en todos los sentidos estas circunstancias.

Hoy que somos más de 119 millones de mexicanas y mexicanos, nuestras familias de no más de cuatro miembros habitan en viviendas de 40 o hasta 34 cuatro metros cuadrados de construcción. La realidad que nos toca transformar consiste en establecer las mejores condiciones para que las y los mexicanos gocemos cabalmente del derecho a una vivienda digna.

En países y sociedades que han tenido una dinámica poblacional similar al nuestro, el tamaño promedio de sus viviendas es sensiblemente mayor, por ejemplo, Inglaterra, cuenta con espacios de 76 metros cuadrados; España dispone de 97 metros cuadrados en promedio para las familias de ligeramente menor composición.

Se podrá argumentar que sus economías, urbanización y condiciones geográficas son diferentes. Sin embargo, en entidades como Morelos, Guerrero, Yucatán, los espacios promedio de sus viviendas superan los 68 metros cuadrados.

Se estima que cada año se requieren construir más de 750 mil viviendas para tratar de alcanzar la demanda particular y potencialmente creciente de viviendas populares. Por ello nos encontramos en el momento propicio para que se fomenten mejores condiciones de vida y desarrollo para los sectores sociales de nuestro país.

Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es un imperativo fomentar y garantizar el acceso a derechos humanos fundamentales, como el de la vivienda digna.

Por ello, apoyamos con nuestro voto a favor estas reformas a la Ley de Vivienda, a fin de que se mejoren las condiciones de vida de las familias mexicanas, sobre todo, las de más bajos recursos, con ello procuraremos mejores viviendas, con espacios habitables y auxiliares dignos y decorosos, como nos merecemos todas y todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Rincón Chanona.

Deme la oportunidad de saludar, en nombre de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, saludar a alumnos y saludar a alumnas de la Universidad George Mason, Fairfax, de Virginia, de la Unión Americana, sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario, gracias por su visita.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Compañeras y compañeros diputados, los efectos adversos a una mala planeación respecto del desarrollo de unidades habitacionales para garantizar las mínimas condiciones de salubridad, higiene, seguridad para sus habitantes, hasta hoy día ha sido un tema difícilmente acatado.

Para muchos no es extraño que existan viviendas hasta de 35 metros cuadrados, cuando en promedio se conoce que por vivienda debe considerarse un mínimo establecido para su habitabilidad que dé solución a familias de seis integrantes.

Por difícil que parezca esto es una realidad y no se toma en cuenta la verdadera necesidad de quienes requieren de una vivienda. Sin embargo, sobrepasa a estos propósitos la mezquina razón de dar salida a la exigencia de los grandes constructores de desarrollos habitacionales.

Sin lograr poner un freno e impedir que sigan colocando espacios que no resuelven el enorme problema de la falta de vivienda que tiene este país.

Basta decir que el propio Infonavit y el Fovissste, por ejemplo, colocan a familias derechohabientes en viviendas y departamentos de 45 metros cuadrados. Es de pensarse que otros desarrolladores también promuevan sus viviendas en condiciones similares.

Los resultados ya los hemos visto: hacinamiento, problemas de insuficiencia de servicios y por si fuera poco, se han generado problemas de salubridad e higiene, inclusive, de orden emocional y psicológicos entre los integrantes. De tal suerte que a diario podemos notar de entre muchas consecuencias, las más importantes, que tienen qué ver con la falta de garantías para el buen desarrollo familiar en una vivienda. Agresiones sexuales como el estupro o el incesto ya son hechos comunes entre nuestra sociedad.

Compañeras y compañeros, la minuta que se nos presenta se aborda bajo una de las más necesarias exigencias de nuestro país. Reconocer que por vivienda digna debemos tomar en cuenta un espectro más amplio y con sentido humano, pues para efectos prácticos solamente las grandes constructoras son las que tratan de dar un sentido a estos términos.

Lástima. La interpretación que le dan es errónea, pues hasta la fecha no han garantizado ni las mínimas condiciones de habitabilidad en sus viviendas.

Así entonces, se describe la manera en que el concepto de vivienda digna quedará más amplio. Se entenderá como el disfrute de otros derechos, como lo relativo a la dignidad humana, al libre tránsito, seguridad jurídica, privacidad del domicilio o de la correspondencia, un ambiente adecuado y derecho a la salud, entre otros.

En este sentido, las diputadas y diputados, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, coincidimos con los términos que maneja la minuta en comento. Tales términos engrandecen los derechos a los que son merecedores todas las personas en general, frente a la imperiosa necesidad de considerarlos para obtener una vivienda digna.

Por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor de la minuta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Martínez Santillán. Saludo a invitados especiales, vecinos del municipio, de la cabecera de Calvillo, Aguascalientes, pueblo mágico, pueblo de trabajo, invitados por el diputado Raudel López, amigo, compañero del Grupo Parlamentario del PRI. Sean bienvenidos, es un honor.

Diputada Nelly Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para fijar la postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada Vargas Pérez.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: México ha sido un país de contrastes, por una parte un reducido número de personas que perciben ingresos superiores al ingreso promedio anual, lo cual les permite poseer casas ostentosas, construidas en lugares de alta plusvalía y con todos los servicios públicos.

Por otra parte, se encuentran asentadas colonias y unidades habitacionales que carecen de una planeación de transporte, de vialidades, de costos de peaje, sin alumbrado público, sin suficiente agua, en algunos casos con drenajes al aire libre e inseguras que en conjunto muestran el polo opuesto.

Estas viviendas han sido construidas en espacios muy reducidos para que una familia pueda vivir dignamente, ya que se edifican en aproximadamente 40 metros cuadrados, dos recámaras, cocina, baño y sala comedor y en múltiples ocasiones han sido denunciadas por deficientes condiciones de calidad estructural y de servicios públicos, lo cual atenta directamente contra la calidad de vida de las familias que en promedio se conforma por cinco personas.

A pesar de lo anterior, la posibilidad de acceder a créditos para vivienda es mínima porque los precios son muy elevados y su forma de contratación sujeta a sus adquirientes a pagar una vivienda durante más de 20 años, tiempo durante el cual se quintuplica su precio inicial.

Hoy las tasas de intereses que ofrece el Infonavit son más altas que las tasas bancarias. Hoy las familias optan o por comer o por pagar su crédito al Infonavit.

La vivienda digna debe tener acceso a los servicios públicos elementales. Debe asentarse en lugares que cuenten con la infraestructura necesaria como vías de comunicación, calles pavimentadas, mercados de abasto, escuelas, espacios deportivos y de recreación.

El séptimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Esta premisa constitucional debe ser alcanzada por los mexicanos en respuesta a uno de los reclamos más legítimos y de mayor profundidad, para transformar el tejido social.

El pueblo de México aspira a vivir con dignidad en hogares con suficiente espacio físico, dotados de servicios públicos y con la mayor apertura de acceso crediticio y que permita generar un verdadero arraigo en el lugar que se nace o se vive.

Nosotros tenemos el compromiso de construir las herramientas jurídicas que permitan alcanzar este objetivo, tal como lo mandata nuestra Ley Suprema. Por ello en Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Nelly Vargas. Don David Pérez Tejada Padilla, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por cinco minutos, don David.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, amigo diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputado.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Honorable asamblea. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular en el artículo 25, se menciona y se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda digna.

A pesar de lo anterior, el número de personas que no cuentan con una vivienda adecuada a nivel mundial excede por mucho los mil millones. Es preocupante que tanta gente en el mundo viva en condiciones peligrosas para la vida o la salud, hacinados en viviendas hechas con materiales precarios y asentamientos improvisados, o en otras condiciones que no respetan sus derechos humanos ni su dignidad.

Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Debe satisfacer varias condiciones en las que se encuentre como lo puede ser la disponibilidad de servicios tanto materiales, las instalaciones e infraestructura, ya que la vivienda no es adecuada y sus ocupantes no tienen agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas, energía, así como alumbrado público y otro tipo de servicios.

Por otro lado es el tema que en particular nos atañe a este proyecto de dictamen que es el tema de la habitabilidad, y en este sentido la vivienda no es adecuada si no garantiza tanto la seguridad física como el espacio suficiente, así como la protección contra el frío, el calor, la lluvia, etcétera, que son las inclemencias del clima que ponen en riesgo y en peligro la salud de sus habitantes.

En nuestro país esto queda estipulado en el artículo 4o., constitucional el cual menciona que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”.

Sustentando todo lo anterior, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó en el 2014 que “todos los promotores y desarrolladores de vivienda, de cualquier tipo, deben de cumplir con normas específicas y un estándar mínimo que permitan que esa obra sea considerada adecuada y digna, ya sea de interés social o de cualquier otro tipo”.

A pesar de lo anterior –según la Sedatu– más de 10 millones de mexicanos no cuentan con una casa en nuestro país, y aproximadamente 36 millones no cuentan con una vivienda digna en México. Esto de acuerdo a datos en el año de 2013.

Atendiendo a estas consideraciones, el derecho a una vivienda digna debe de ser observado ya que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí.

Por lo tanto la violación de este derecho puede afectar el que se disfrute una familia de una vivienda, y una amplia gama de derechos humanos y viceversa.

A principios del presente año, de este 2015, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó la Política Nacional de Vivienda. En este programa y en este lanzamiento que realizó, dio a conocer cifras bastante interesantes porque este sector representa una de los motores de nuestra economía.

En el 2014 simplemente se llegó a una meta de 560 mil viviendas construidas; se generaron de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, 136 mil empleos formales.

Y la proyección que dio a conocer el presidente para el presente año, es de una derrama de 370 mil millones de pesos con cerca de 1 millón de acciones en materia de vivienda y que se lleguen a construir como meta mínima medio millón de viviendas en el país.

Por lo anteriormente expuesto, en el Partido Verde apoyamos el presente proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley General de Vivienda, ya que con estas reformas vamos a permitir que se fijen criterios mínimos para la construcción de espacios habitables y auxiliares, los cuales garantizarán una mejor calidad de vida para todas las familias mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Pérez Tejada Padilla. Tiene el uso de la palabra la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dictamen que hoy se presenta consolida la importancia que tiene el derecho a una vivienda digna y decorosa como exigencia de la dignidad humana, que permite el acceso a otros derechos como el libre tránsito, seguridad jurídica, privacidad, inviolabilidad del domicilio, un medio ambiente adecuado y derecho a la salud.

Asimismo estoy segura que el decoro de una vivienda son cualidades difíciles de estimar, y que la primera variable de evaluación para estas condiciones tiene que ver con la extensión o tamaño de la vivienda con relación al número de sus habitantes, ya que una casa-habitación sin espacio no podría asegurar los requisitos mínimos de bienestar y comodidad para todos sus residentes. El derecho a la vivienda es reconocido internacionalmente como un derecho humano y la Constitución Política en el artículo 4o, párrafo séptimo, lo consagra en los términos siguientes:

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. El tener una casa propia es anhelo de todas las familias. Lo es porque en este espacio físico crecen sus hijos y se establecen los lazos permanentes de afecto y solidaridad familiar.

La adición de la fracción V, al artículo 4o de la Ley de Vivienda, establece jurídicamente que toda vivienda también debe contar con espacios auxiliares, es conveniente la propuesta de reformar la referencia que hace la Ley de Vivienda a la Ley de Información y Estadística y Geografía en los artículos 19, fracción XVII, y 43, para referirse en su lugar a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor desde el 2008.

La Organización de las Naciones Unidas dice que la vivienda adecuada se define como un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio suficiente, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuado, una infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de trabajo, así como a los servicios básicos, todo esto a un costo razonable.

En el dictamen se proponen diversas reformas de la Ley de Vivienda, para incluir en este ordenamiento dos conceptos fundamentales: en primer lugar el concepto espacio mínimo habitable, considerado el lugar donde se desarrollan actividades de reunión y descanso; y en el segundo rubro el concepto espacio auxiliar básico, definido como el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación.

Uno de los más grandes problemas que se presentan en las viviendas actuales e4s cuando dos o más personas comparten un solo cuarto, generando problemas de salud físicos y emocionales, impidiendo que la familia realice adecuadamente sus actividades, ya que no cuenta con la privacidad requerida para desenvolverse apropiadamente.

La creación de espacios suficientes en las viviendas permite elevar la calidad de vida de sus habitantes, contribuye a eliminar algunos problemas de violencia intrafamiliar. Es por eso que todos los que estamos aquí hoy tenemos el compromiso de apoyar a las familias, especialmente a las que menos tienen, para que cuenten con una vivienda con espacios para sus hijos, privacidad para cada uno de ellos y los servicios adecuados con calidad en su construcción y dimensión, así como también con certidumbre legal en su vivienda.

Tengo la certeza que para todos los trabajadores es un derecho bien merecido vivir en un hogar jurídicamente seguro, como parte de un patrimonio construido con esfuerzos y sacrificios. Es una de las aspiraciones más anheladas por todas las personas.

El mejoramiento de una vivienda es un acto de verdadera justicia social, pues representa construir el patrimonio familiar y construir juntos un mejor futuro para todos. Es por ello que el Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de este dictamen para que ahora más familias que carecen de una vivienda hagan realidad la esperanza de poseer el espacio digno, con las dimensiones necesarias para el desarrollo y el de sus hijos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Diputada María Celia Urciel Castañeda, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por cinco minutos tiene usted la palabra, diputada.

La diputada María Celia Urciel Castañeda:Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor presidente.

Es un derecho constitucional y humano, por tanto inalienable, que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa, por ello es necesario que presente las características idóneas en cuanto a la calidad de su construcción, del espacio disponible y de acceso a los servicios básicos.

En la medida en la que la ley proporcione mayor claridad acerca de los elementos y características que debe de poseer o los criterios que deben de regir la concepción de vivienda digna, un mayor número de personas podrán tener acceso a ella y estaremos más cerca de consolidar el precepto consagrado en el artículo 4o de nuestra Constitución Política.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía existen 28 millones, 614 mil 901 viviendas, de ellas, 25 millones, 932 mil 350 son casas independientes; 2 millones, 36 mil 147 viviendas poseen un cuarto, en tanto que solamente 351 mil 98 viviendas poseen nueve cuartos y más.

El 35 por ciento de las viviendas del país solamente poseen un dormitorio; el 39.6 por ciento poseen dos dormitorios; el 19 por ciento poseen tres dormitorios, mientras que el 4.3 por ciento poseen cuatro dormitorios y solamente el 1 por ciento poseen cinco dormitorios o más. En promedio hay de 3 a 9 ocupantes por vivienda.

Es indiscutible que el hecho de disfrutar de un lugar para vivir es solamente el primer paso para que los seres humanos podamos lograr un nivel de bienestar aceptable. Es necesario que se trate de un espacio susceptible de ser utilizado cómodamente por una familia y en condiciones de seguridad, pues la vivienda es el principal espacio para su resguardo.

La minuta cuyo dictamen exige la discusión de este pleno de Cámara de Diputados tiene como propósito ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa establecidos en la Ley de Vivienda, incluyendo los conceptos de espacios habitables y auxiliares, a efecto de proporcionar a las familias una estadía agradable y funcional en sus hogares.

Los legisladores de Acción Nacional apoyaremos la aprobación de este dictamen, por considerar que contribuye a la conformación de los elementos precisos para alcanzar uno de los principales objetivos del Estado moderno, el del bien común de carácter público.

El acto de posesión de una vivienda digna fundado en el derecho a su disfrute y en el derecho a la propiedad privada es la expresión material más concreta del cumplimiento de la obligación del Estado moderno de procurar la protección de la dignidad y de la integridad física de todo ser humano, así como de su familia. Por su atención, compañeros, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Urciel Castañeda. Tiene el uso de la palabra la diputada Mirna Hernández Morales, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por el mismo lapso, diputada, hasta cinco minutos.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la política de desarrollo social que se ha venido desarrollando durante la presente administración pública federal tiene como objetivo central hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales, a través del acceso de las y los mexicanos a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la vivienda digna, al disfrute de un medio ambiente sustentable y sano, al trabajo y a la no discriminación.

Nos solidarizamos con el objetivo de la política de desarrollo social y asumimos desde el Congreso de la Unión la obligación destinada a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos sociales y de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, recogidos en nuestra Carta Magna.

El día de hoy destacamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o. el derecho humano que tiene la persona y la familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, para lo cual la ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Al respecto, la Ley de Vivienda contempla que su objeto es establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Es decir, contamos con los instrumentos jurídicos necesarios para impulsar que las y los mexicanos contemos con una vivienda, en aras de promover un desarrollo social, que sin duda será benéfico para toda la sociedad, sobre todo, para aquellas personas que conforman una familia. Instrumentos jurídicos que deben ser adecuados conforme a las necesidades de la sociedad que se transforma día a día.

Por ello, las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71 y 78, y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4o. de la Ley de Vivienda, con el objeto de ampliar la definición de vivienda digna y decorosa, en la cual se incluyen aspectos importantes, como es el que las viviendas cuenten con espacios habitables y auxiliares.

Asimismo, se específica en la ley, para mayor comprensión y evitar lagunas jurídicas e interpretaciones inadecuadas, qué es lo que se entiende por espacios habitables y espacios auxiliares.

La política nacional de vivienda, presentada por el Ejecutivo federal, tiene entre sus principales finalidades promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural.

Aspectos de vital trascendencia que también, por supuesto, es necesario incluir, motivo del presente dictamen, los criterios mínimos sobre los espacios habitables y auxiliares.

Consideramos que son aspectos importantes, porque fortalecen las características que debe tener una vivienda digna y decorosa, nos referimos a la existencia de espacios en los cuales se desarrollen actividades de reunión, descanso, trabajo, higiene y circulación de una familia.

Compañeras y compañeros legisladores, votemos a favor del dictamen que realiza diversas reformas y adiciones en materia de vivienda, con el objeto de elevar la calidad de vida de las personas mediante soluciones habitacionales dignas, decorosas, espaciosas. Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Mirna Hernández. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra el diputado José Adán Abellaneda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por tres minutos, señor diputado.

El diputado José Adán Abellaneda:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado José Adán Abellaneda: El dictamen que hoy nos ocupa constituye un avance relevante en lo que a la determinación del contenido del derecho a la vivienda se refiere.

Como bien lo expresan tanto el proponente como las comisiones dictaminadoras del Senado y esta Cámara de Diputados, el derecho a una vivienda digna y decorosa es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, así como los diversos instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano es parte.

No obstante, es labor del legislador dar contenido a ese derecho, lo que no lo es, ciertamente, una tarea fácil.

En este sentido, desde hace algún tiempo se han venido presentado ante el Congreso de la Unión diversas iniciativas para dejar claro que la vivienda, y destacadamente la vivienda social, que va dirigida a los sectores de menores recursos, no puede traducirse en un mero espacio para el hacinamiento.

O para decirlo en otras palabras, en una mera simulación de respeto al derecho humano a la vivienda. Pues tales viviendas, en lugar de ayudar al desarrollo de las familias y de la sociedad son causa, finalmente, de frustraciones, conflictos y de pérdida del patrimonio familiar, pues en muchas ocasiones acaban siendo abandonadas.

En este sentido, el presente dictamen aborda una de las aristas fundamentales para avanzar en dicha labor, aquella a la que se refiere a la definición sobre la definición y a la estructura de la vivienda.

Cuando se establecen como elementos fundamentales de una vivienda digna, el que ésta cuente con un espacio mínimo habitable, considerado como el lugar donde se desarrollan actividades de reunión o descanso.

Así como un espacio auxiliar básico, definido como el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación. A contracorriente de lo que ha venido sucediendo en nuestro país en materia de vivienda, particularmente en aquella de interés social en la que se ha privilegiado el número de viviendas construidas y su bajo costo sobre la calidad y su reflejo del mandato constitucional, el presente dictamen establece directrices claras para que, desde la propia letra de la ley, la vivienda digna y decorosa no sea objeto de una mera interpretación sino objeto de observancia y cumplimiento pleno, para que así finalmente el disfrute de una vivienda digna sirva a sus ocupantes justamente para alcanzar esta calidad y finalmente terminar proporcionando una sana convivencia y el desarrollo de un proyecto de vida.

En este sentido este dictamen es correcto, en la medida en que en lugar de generalidades sobre la que es el uso de la vivienda digna, da prioridades a este respecto para evitar la arbitrariedad en la determinación de su concepto bajo el dominio interesado de las inmobiliarias que buscan solo el lucro, mismo que deja a un lado la perspectiva humana de la vivienda que a todos tenemos derecho.

Mi posicionamiento en este dictamen es a favor, porque tal como lo dicta la doctrina de los derechos humanos, estos son indivisibles e interdependientes. Así, los derechos humanos no pueden comprenderse de manera aislada y su cumplimiento no puede quedar ajeno al cumplimiento de los demás.

El derecho a la vivienda en este sentido es relevante, no solo porque abarca el derecho a la seguridad física y jurídica de las y los mexicanos, sino porque éste es un factor detonante del desarrollo social, toda vez que de él depende la consecución de otros derechos humanos, como el de la educación, la salud, a la alimentación, a la vida libre de violencia, entre otros.

De este modo aunque persiste una agenda pendiente en esta materia para definir a plenitud el concepto de vivienda digna y decorosa, este dictamen es desde mi opinión un avance sustancial. Muchas gracias por su atención, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Abellaneda.

Sus señorías, en atención a que conforme al artículo 109 del Reglamento, no se ha reservado artículo para la discusión en lo particular, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a a recabarla en lo general y en lo particular en un solo acto, señor secretario.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema de votación electrónica y verifique particularmente el sentido de los votos de las compañeras y los compañeros diputados recién incorporados.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Micaela Rodríguez Zamora (desde la curul): A favor.

La diputada Elizabeth Vázquez Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Ulises Iván Valencia Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina (desde la curul): A favor.

La diputada María de los Ángeles Sánchez Lira (desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Olvera Caballero (desde la curul): A favor.

La diputada Lucía Rosales Villegas (desde la curul): A favor.

La diputada Erika del Carmen Ramagnoli Sosa (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente se emitieron 363 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71 y 78 y se adiciona las fracciones IV y V al artículo 4 de la Ley de Vivienda. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Verónica Juárez Piña, indíquenos ¿con qué objeto la solicitud de la palabra? Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez Piña, por favor.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. Para comentarles a todas mis compañeras y compañeros diputados que hemos dejado en cada una de sus curules la cartilla de derechos que distintas comisiones hemos realizado en torno a los derechos de las niñas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Las comisiones que hemos impulsado este esfuerzo es la Comisión de los Derechos de la Niñez, así como la Comisión Especial contra los Feminicidios, y el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres, de esta Cámara de Diputados, con el objeto de visibilizar la problemática en la que viven miles de niñas en nuestro país, que sufren discriminación, que sufren pobreza, que sufren la violencia generalizada en sus hogares, en su comunidad, a través de los distintos medios de comunicación.

Que sirva este esfuerzo para seguir visibilizando su problemática en defensa de los derechos de las niñas y niños. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por externadas sus consideraciones, diputada Juárez Piña.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Durazo Montaño, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Con el propósito de hacer un llamado a las autoridades de protección ambiental, en virtud de que se registra un nuevo derrame de soluciones altamente contaminadas en la mina de Cananea de Grupo México. Este derrame, no comparable ciertamente con el anterior, pero se reporta que ha afectado ya alrededor de 2 kilómetros de uno de los arroyos que cruzan la mina.

Consecuentemente el llamado es a las autoridades a que tomen cartas de inmediato en el asunto, antes de que este derrame pueda convertirse en una tragedia como la que muy recientemente vivieron los pobladores del río Sonora. Gracias, presidente, por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Además de haber hecho pública esta referencia, señor diputado Durazo Montaño, queda también incorporada al Diario de los Debates.

Y quiero, y lo hago con respeto al contexto, pero sí saludar a doña Rocío Gálvez Espinosa, una luchadora migrante que está haciendo un esfuerzo de la integración de un partido político, justamente el Demócrata Migrante Mexicano, lo hacemos con respeto, doña Rocío.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo

DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS Y MINUTA

LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, le fue turnada la iniciativa que reforma la fracción IX, del artículo 25, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentada el 15 de diciembre de 2014, por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 85, 157, numeral 1, fracción I; 176 numeral 1; 182, numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados

Antecedentes

En la sesión del pleno del 15 de diciembre de 2015 el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de NA, presentó la iniciativa de referencia. El 26 de enero de 2015, la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

La iniciativa propone reformar la fracción IX, del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la finalidad de garantizar el reconocimiento de los compromisos asumidos en los trabajos a nivel nacional e internacional en la conformación de la agenda de desarrollo a discutir después de 2015, derivada de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

Metodología

La comisión realiza el análisis de la iniciativa en comento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la evaluación de la pertinencia de la reforma propuesta en el marco jurídico vigente de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante LCID) los comentarios recibidos por las áreas competentes de la administración pública y de la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

La Comisión de Relaciones Exteriores respecto a los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) desea destacar lo siguiente:

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en adelante ODM) de las Naciones Unidas son objetivos de desarrollo internacional aprobados por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se intentan evaluar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio.

Estos objetivos son los siguientes:

1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2) Lograr la enseñanza primaria universal.

3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

4) Reducir la mortalidad infantil.

5) Mejorar la salud materna.

6) Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.

7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Ahora bien, el iniciante enfatiza que la finalidad de enfrentar la discusión de diversas temáticas en un contexto de cooperación entre países y la forma en que, a partir de ese momento, se pretende se reconfigure, para tener una mayor incidencia de crecimiento económico y social de las regiones del mundo.

Menciona que tal es la importancia que México da a la cooperación internacional para fomentar actividades que apoyen la reducción de problemas como la pobreza, desempleo y el nivel educativo, entre otros, que se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para generar las condiciones, convenios, e intercambio de experiencias relativas al desarrollo y en coordinación con las dependencias del gobierno federal.

Asimismo, que actualmente se desarrolla una dinámica rumbo a la definición de la Agenda de Desarrollo Post-2015 derivada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por lo que la ONU ha propuesto generar una serie de consultas temáticas con el objeto de integrar la referida agenda.

Destacando que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México convocó los días 25 y 26 de febrero de 2014 un taller que incorporó a 30 países, así como a integrantes de organismos internacionales, bancos internacionales de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y académicos en el evento denominado Hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015: Perspectiva General de Inclusión Social y Económica. Con el objetivo de establecer una perspectiva de inclusión social y económica como eje rector de esta agenda, por medio de un enfoque centrado en las personas y con la conformación de políticas públicas que transformen e incidan de forma específica en la atención de los problemas prioritarios del país.

Posteriormente, el 18 de agosto de 2014 se llevó a cabo en la Ciudad de México una serie de encuentros titulados: Construcción de la Agenda de Desarrollo Post-2015, la aportación del sector privado, organizado por la Red Pacto Mundial México y la Organización de las Naciones Unidas como parte de los trabajos de vincular a actores internacionales con el sector privado en un diálogo que pudiera dar a conocer el papel de las empresas en la sostenibilidad global.

Finalmente, indica que estos eventos son muestra de que el gobierno mexicano está ejerciendo su proceso de consultas como lo ha solicitado la ONU hacia 2015 con el fin de tener una agenda temática y de propuestas específicas que incorporen a diversos actores como lo son la sociedad civil, la academia, empresarios y el mismo gobierno donde se puedan alinear los resultados con los retos globales que se enfrentan y se pretenden discutir en la agenda, así como en el plan nacional de desarrollo del país con el objeto de que se tenga una coherencia entre las prioridades globales con las nacionales.

En este orden de ideas, la comisión que dictamina, aprecia oportuno apuntar que en la página web de la ONU (http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html) se precisa que al día de hoy, México ha publicado dos reportes de avances en materia de Objetivos de Desarrollo del Milenio que pueden ser consultados en la misma.

Para robustecer lo anterior, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicó un documento de trabajo que denominó Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el informe de avances 2013 de México que puede ser consultado en la página web de esta Cámara.

Respecto a la materia del proyecto que se dictamina, la comisión aprecia necesario para una mejor ilustración, transcribir a continuación, la propuesta de reforma a la LCID:

Artículo 25.En la orientación de la política de cooperación internacional, el programa deberá:

I.a VIII. ...

IX.Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas , con los compromisos asumidos en los trabajos de la agenda de desarrollo a nivel nacional e internacional, así como con aquellos otros acuerdos y convenciones internacionales que incidan en la cooperación internacional y de los que México forme parte.

Al respecto, cabe destacar que el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Procid) 2014-2018 que establece la ley vigente, ya incorpora los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el mismo fue elaborado con la participación de la sociedad civil, tomando en cuenta la agenda nacional e internacional, a través de la creación de cinco consejos técnicos en los que participaron los gobiernos locales, los sectores: empresarial, social, académico y científico y, de alto nivel. Además, el mismo puede ser adicionado con base en los nuevos compromisos que en su oportunidad se alcancen en la comunidad internacional, siguiendo los procedimientos constitucionales y legales establecidos.

En este sentido, cabe puntualizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM) en su artículo 133 dispone que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Por su parte, el artículo 76, dispone lo relativo a la aprobación del Senado de la República. Es decir, la intervención de estos dos Poderes, resulta indispensable para consumar o modificar un tratado que genere obligaciones al país.

En virtud de lo anterior, la comisión determina que es innecesaria la inclusión en la ley vigente esta reforma porque cualquier instrumento internacional que obligue a nuestro país, por bondadoso que sea, de acuerdo a nuestro sistema normativo, debe aprobarse en términos de la Constitución y de las leyes de aprobación de tratados internacionales vigentes que los reglamentan. En este sentido, la reforma planteada, si bien persigue un fin sin duda benéfico, puede ser realizada a cabalidad con los instrumentos jurídicos vigentes.

Por su parte, la propia ley ya prevé que las políticas y mecanismos de ejecución de la cooperación internacional estarán establecidos en el Procid (artículo 22) que el referido programa es la base para la planeación y ejecución de las acciones de cooperación internacional, así como de las estrategias de recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera (artículo 23), a saber:

Artículo 22. Las políticas y mecanismos de ejecución de la cooperación internacional estarán establecidos en el programa correspondiente.

Artículo 23. El programa es la base para la planeación y ejecución de las acciones de cooperación internacional, así como de las estrategias de recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera.

Al respecto, por considerar que su finalidad se encuentra ya prevista por la normatividad vigente, la comisión con base en los argumentos de carácter jurídico que preceden, estiman desechar el proyecto que se dictamina.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con base en las argumentaciones jurídicas que anteceden, estiman desechar la iniciativa que reforma la fracción IX, del artículo 25, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por lo que someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes:

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma la fracción IX, del artículo 25, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a los 25 días del mes de febrero de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), (secretarios); Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Agustín Barrios Gómez, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Viridiana Lizette Espino Cano (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinosa.»

LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE PRACTICA DEL AJEDREZ COMO DEPORTE Y ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 69 de la Ley General de Educación, en materia de práctica del ajedrez como deporte y actividad extraescolar

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 Y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión celebrada el martes28 de octubre de 2014, el Diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica los artículos 14 y 69 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Fernando Zárate, es sobre la inclusión del ajedrez en la educación básica.

El diputado menciona que la UNESCO en 1995 presentó una propuesta en donde se exhortaba a todos los países miembros que incorporaran el ajedrez como materia educativa en los niveles educativos de primaria y secundaria. Algunos de los países que adoptaron al ajedrez como parte de su política educativa fueron “Cuba, Rusia, Armenia, Venezuela y Colombia”.

Ante tal situación, el promovente hace mención que el ajedrez es un juego accesible para los niños, y que este puede contribuir a la mejora de la “integración social, la lucha contra la discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha contra diferentes adicciones”.

Este juego es de gran importancia ya que los niños pueden desarrollar o fortalecer los valores de la paciencia, persistencia, creatividad, intuición, memoria, motivación, determinación, entre otras.

Por tanto, la propuesta del diputado es con la finalidad de que se “vincule el ajedrez a la educación mediante la incorporación de la enseñanza del juego-ciencia en la currícula escolar, a través del programa de escuelas de tiempo completo, (...), lo que coadyuvará de manera significativa al mejoramiento de la educación de los niños mexicanos”.

Con base en los anteriores argumentos, el diputado propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se reforman los artículos 14 y 69 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a IX. ...

IX Bis. Promover y difundir el ajedrez, como estrategia para mejorar la cohesión y la integración sociales y fortalecer la creatividad, la intuición, la memoria y las capacidades analíticas del educando;

X. a XIII. ...

Artículo 69. ...

a) a h) ...

i) Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Fomentará y difundirá el ajedrez, como estrategia para mejorar la cohesión y la integración sociales y fortalecer la creatividad, la intuición, la memoria y las capacidades analíticas del educando;

j) a o) ...

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, el tema de la práctica del deporte en los planteles escolares de educación básica, es un tema que se considera en la Ley General de Educación, LGE. Existen artículos que establecen a la educación física y la práctica del deporte como un tema prioritario en los estudiantes. En el artículo 7o. de, la LGE, se establece como fin de la educación el “fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte”. Y en la fracción IX del artículo 14 se establece como una atribución exclusiva de las autoridades federal y locales de manera concurrente, el. fomento y la difusión de actividades físico-deportivas.

Además, es importante señalar, que en esta misma legislatura, con la Reforma Educativa aprobada el 11 de septiembre de 2013, se estableció que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, “establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural” (fracción XVI del artículo 33 de la LGE).

En lo que respecta a la modificación y propuesta de los contenidos en los planes de estudio, es necesario subrayar que en la fracción I del artículo 12 de la LGE, se establece la exclusividad de la autoridad educativa federal para “determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica”. De igual manera, en el artículo 48 de la ley, se dispone que “la Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley”. Por tanto, la Cámara de Diputados no tiene la facultad para determinar contenidos en los planes de estudio.

Como consideración particular a la propuesta del diputado Fernando Zárate, es necesario mencionar que no se requiere especificar cada una de las actividades físico-deportivas o actividades extraescolares de los estudiantes en una Ley General de Educación. Además, la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Técnico Escolar de las Escuelas de Tiempo Completo, son las personas encargadas de “planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a que el centro escolar, de manera unificada, se enfoque a cumplir satisfactoriamente su misión”. El Consejo Técnico es el que establece y organiza las actividades de cada ciclo escolar, integrando con ello, las Líneas de Trabajo Educativo.

Con lo anterior puede apreciarse que la preocupación por la práctica del deporte como fin de la educación se encuentra atendida por la Ley General de Educación, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72’Apartado G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 14 y 69 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 14 y 69 de la Ley General de Educación, en materia de práctica del ajedrez como deporte y actividad extraescolar.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 SEP (2015) Consejo Técnico Escolar. Recuperado el 20 de febrero de 2014, desde: http://basica.sep. gob.mx/ seb20 10/ pdf /MCTE/ 4GuiConTecEsc TCEduPri.pdf

2 Ídem. Página 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 24 de febrero de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete(rúbrica), José Enrique Doger Guerrero(rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez, Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez(rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén Gullén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo(rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González(rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 14 de octubre de 2014, la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa que propone la diputada María del Carmen García es para proporcionar a las escuelas el uso de herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de enseñanza-­aprendizaje, en lo que se refiere a los sistemas de educación a distancia.

Para la diputada el tema de la educación es de gran importancia, ya que prepara al individuo para desarrollarse en el ámbito profesional, social y personal.

Actualmente, en México existe un índice alto de analfabetismo, “existen casi seis millones de mexicanos mayores de 15 años en esa condición; de los cuales poco más de tres millones y medio son mujeres y dos millones 300 mil hombres, concentrándose en poblaciones vulnerables, con base en un estudio realizado por Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”.

Ante esta situación, la diputada propone que una de las soluciones para combatir el problema de rezago educativo es la educación a distancia. Este tipo de modalidad puede ser impartida en cualquier nivel de estudios y tiene una flexibilidad de horarios para aquellas personas que están trabajando.

Asimismo, para que se lleve a cabo una educación a distancia de calidad, la promovente alude que son necesarias las herramientas tecnológicas, las cuales son creadas para permitir al alumno el desarrollo de competencias. Las herramientas tecnológicas pueden ser un “correo electrónico, chat, redes sociales (...), aula virtual, videoconferencias, links de apoyo para estudio, bibliotecas electrónicas, etcétera”.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único.Se modifica la fracción VI del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a V. ....

VI. Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación a distancia, brindando facilidades de acceso al uso de herramientas tecnológicas, tanto a alumnos como docentes, con el objetivo de enriquecer el proceso de enseñanza y potencializar el desarrollo educativo;

VII. a XVII. ...

III. Consideraciones generales

En opinión de las comisiones dictaminadoras, la iniciativa permite que las niñas y los niños garanticen el derecho a la educación (artículo 3o. constitucional). Sin embargo, uno de los puntos esenciales para este tipo de iniciativa, en el que se requiere mayor presupuesto para establecer aulas virtuales, bibliotecas digitales o cualquier otra herramienta tecnológica que represente gasto para el Estado. La promovente requiere una propuesta de ingreso de recursos. En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que:

A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

En la Ley General de Educación, en el artículo 32, se establece que las autoridades educativas “tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”. Dichas medidas se dirigen a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o en condiciones de desventaja, conforme a los artículos 7o. y 8o. de esta ley.

Para cumplir el artículo 32, respecto a la equidad educativa, en el artículo 33 se establecen las actividades que las autoridades tienen que llevar acabo en sus respectivas competencias, y una de ellas es establecer y fortalecer la educación a distancia (fracción VI). Esto implica no sólo el uso de herramientas tecnológicas sino toda una estructura tecnológica (plataforma, herramientas, programas, bibliotecas digitales, etcétera) en el que alumnos, académicos y administrativos se relacionan entre sí para llevar a cabo dicha modalidad. Los alumnos al ingresar a esta modalidad es necesario que sepan utilizar una computadora con las herramientas básicas: Microsoft Office, correo electrónico, etcétera, además de que los profesores deben estar capacitados para el desarrollo de dicha modalidad. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública imparte cursos en línea para docentes de la Universidad Abierta y a Distancia de México y a los alumnos les brinda una asesoría personalizada durante su carrera.

Una universidad que tiene educación a distancia, debe contar con la estructura tecnológica necesaria para impartir educación. No obstante, si ésta requiere de mayor presupuesto para brindar al alumno una educación de calidad y mejorar sus servicios en el aula virtual o en la biblioteca digital, es necesario realizar propuestas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación o participar en los Fondos Extraordinarios de Apoyo a la Educación Superior.

En cuanto a la educación básica y media superior, existen programas en la Secretaría de Educación que apoyan a la educación tecnológica, uno de ellos es el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, el cual se basa en la “entrega de forma gratuita tabletas electrónicas a los alumnos de quinto grado de escuelas públicas de educación primaria para su uso personal y el de sus familias”.

Como puede apreciarse, la inquietud manifestada por la diputada se encuentra atendida por la Ley General de Educación y por la Secretaría de Educación Pública facultada para ello; por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, Apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza­ aprendizaje.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 SEP (2015) Cursos en línea. Recuperado el 20 de febrero de 2015, desde:

http://www.unadmexico.mx/ index.php?option=com_content&view=article&id=124&ltemid=545

2 SEP (2015) Asesoría personalizada. Recuperado el 20 de febrero de 2015, desde: http://www.unadmexico.mx/index.php?option=com content&view=article&id=113&ltemid=539

3 SEP (2015) Fondos Extraordinarios. Recuperado el 20 de febrero de 2015, desde http://www.ses.sep.gob.mx/fondos­-extraordinarios-de-apovo-a-la-educacion-super ior-2015

4 SEP (2015) Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Recuperado el 20 de febrero de 2015, desde: http://basica.sep.gob.mx/preguntas/index.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 24 de febrero de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Árgel Gómez Olguín, Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez, Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina, Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su correspondiente análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 84, 157 numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del pleno el presente dictamen, con base en los siguientes

I. Antecedentes

I. En sesión celebrada el catorce de enero de dos mil quince por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, turnó la referida iniciativa a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

El proponente refiere que uno de los sectores más vulnerables en nuestro país es la población infantil y adolescente, empero actualmente la sociedad ha presenciado de manera gradual y sistemática la violación a los derechos de este sector a través de múltiples y sutiles prácticas de violencia que inciden en los procesos de formación y socialización de los menores.

Refiere que la familia es el primer contexto en el que iniciamos nuestro desarrollo cognitivo, afectivo y social y donde construimos una imagen de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Así también la familia ha sufrido diversas modificaciones culturales e históricas que han dado lugar a distintos tipo en cuanto a su conformación.

Es necesario evitar y eliminar aquellas conductas por parte de alguno de los padres o tutores que mediante estrategias, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre, con cualquier persona que tenga relación con el núcleo familiar y con la propia familia, la idea de que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre puede parecer una locura o una perfecta excusa de abandono, sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en muchas separaciones o divorcios mexicanos.

Dicha conducta es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres. Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo contra uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo.

En general, la situación presiona a los hijos, altera sus respuestas emocionales, manipula su forma de pensar al alterar la imagen y relación del pequeño con sus progenitores, derivado de lo anterior, las y los hijos presentan una serie de alteraciones psicológicas y de conducta, que van desde niños que aparentan una madurez superior a la de edad, pero que detrás de la misma se esconde un sufrimiento en silencio, hasta niños que son utilizados como confidentes del conflicto de pareja, produciendo así en el niño un sentimiento de culpa ante el otro progenitor.

Este tipo de conductas están latentes, por ello, es fundamental que el estado garantice el interés superior de la infancia, es por ello que es de suma importancia como legisladores contar con los ordenamientos jurídicos que contemplen las diferentes formas de violencia que coartan la libertad de los derechos de las y los menores de edad; y así avanzar hacia un México más justo, democrático y más solidario.

Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 103. Son obligaciones...

I. a VIII. ...

IX. Evitar conductas que generen cualquier tipo de violencia, rechazo o manipulación y desgasten, impidan, obstaculicen o destruyan las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia o cualquier persona que tenga relación con el núcleo familiar así como con los demás miembros de su familia;

X. y XI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Tras el minucioso análisis de la propuesta, esta comisión dictaminadora estima improcedente la adición planteada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Primera. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expone en el documento denominado La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales, en el cual señala que la violencia contra niños, niñas y adolescentes, tiene muchas expresiones. Si bien el uso de la fuerza a través de las agresiones son desafortunadamente amplias en sus víctimas, también lo es en las otras distintas formas en que es ejercida en nuestro país. Lamentablemente México va ascendiendo rápidamente en el ranking mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y niñas, la violencia más extendida es el castigo corporal con fines disciplinarios y el maltrato infantil (físico o psicológico), seguido de la falta de atención de sus necesidades básicas (omisión de cuidados) y los tratos humillantes (violencia emocional).

Es de saberse que México no cuenta con una cifra exacta de cuántas niñas, niños y adolescentes sufren violencia psicológica por parte de sus progenitores a causa del divorcio; sin embargo, es claro que en nuestro país el maltrato y la violencia que se genera en contra de la niñez es alarmante, por lo que es preciso señalar que existen normas jurídicas que prevén todo tipo de violencia o maltrato al que se enfrenta este sector tan vulnerable, así como las sanciones para quien trasgreda tales disposiciones.

Es por ello que dentro del marco jurídico nacional, se establece en el Código Civil Federal el cúmulo de derechos y obligaciones que plantea la propuesta, es así que en este ordenamiento se encuentra el capítulo denominado De la violencia familiar, el cual comprende por los artículos 323 Bis y 323 Ter primer párrafo, los que refieren:

Artículo 323 Bis. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.

Artículo 323 Ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

Segunda. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también tiene legislada la propuesta en la que se expresan derechos y obligaciones encaminadas a resguardar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes de México materia de estudio de esta iniciativa. Lo anterior, se encuentra previsto en el capítulo octavo, denominado Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, del cual se desprende el artículo 46, en el que se señala que.

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

En este sentido, el ordenamiento antes señalado, de igual forma establece en su artículo 103, fracciones V, VI y VII que

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. a IV. ...

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad;

VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas,así como... los recursos que se dispongan para su desarrollo integral;

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación.

IX. a XI. ...

Tercera. Por todo lo anterior, esta comisión dictaminadora estima que la pretensión que busca la iniciativa ya está contenida en el marco jurídico nacional vigente.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de esta Comisión de Derechos de la Niñez, someten a la consideración de esta soberanía los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Nota:

1. La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales http://www.derechosinfancia.org.mx/ensayoicm2010.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez, Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (licencia).»

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su correspondiente análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del Diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 84, 157 numeral 1 fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil quince por el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

El diputado proponente señala que, la migración internacional es un fenómeno complejo que puede involucrar a dos o más Estados, entre países de origen, tránsito y destino. En este sentido México es conocido como un país emisor y de tránsito de migrantes en busca de mejores condiciones económicas principalmente, en su destino hacia Estados Unidos.

Indica que los menores de edad no acompañados han acaparado los titulares de noticias debido a historias llenas de horror, con una violación sistemática a sus derechos; ante ello el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se ha pronunciado: “Son personas menores de 18 años que se encuentran separadas de ambos padres y no están bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo”.

Apunta que, las violaciones a los derechos humanos de los menores de edad migrantes en México han ido en aumento, desde ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos; extorsionados o secuestrados para ser obligados y unirse a las filas del crimen organizado; aunado a sufrir algún accidente y en el peor de los escenarios la muerte, a esto las organizaciones internacionales lo han calificado como una crisis humanitaria.

Así la presente iniciativa tiene por objetivo priorizar las medidas que pretendan el cuidado de niñas, niños y adolescentes con miras a su protección integral cuando el menor no acompañado y privilegiando el interés superior del mismo, deba ser canalizado a un espacio propio, que cumpla con las condiciones básicas sin descuidar un área básica para dicho sector como es el esparcimiento y el juego acorde a su edad y condición, y con esto evitar un impacto psicológico.

Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración de la Honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 94. Para garantizar la protección integral de los derechos, los sistemas nacional, estatales y municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Asimismo, acordarán las condiciones básicas los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención y cuidados adecuados, sin desatender las necesidades de esparcimiento y juego propias a la edad y condiciones de niñas, niños y adolescentes migrantes, evitando por todos los medios posibles un impacto psicológico.

Consideraciones

Tras un minucioso análisis de la propuesta, esta Comisión dictaminadora no concuerda en términos generales con los argumentos expuestos en la iniciativa referida en el presente proyecto de dictamen, emitiendo las siguientes consideraciones.

Primera. En el marco jurídico Nacional, ya existen diversas legislaciones que protegen a las niñas, niños y adolescentes, es así que encontramos la Ley Migración, la cual señala en su artículo 29 que:

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria.

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes.

El capítulo VII, del mismo ordenamiento, denominado Del Procedimiento en la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad, en el artículo 112 fracción primera, refiere que:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables... a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

Segunda. Siguiendo la línea del marco jurídico nacional, se contempla en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en sus artículos 11 fracciones I, II, III, V, VI, VIII, y 12 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, lo siguiente:

Artículo 11. El Ejecutivo federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:

I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

III. A la atención y promoción de la salud;

V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;

VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez.

Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. Protección y seguridad;

III. Fomento al cuidado de la salud;

IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención o a través de instituciones de salud, públicas o privadas;

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;

VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;

Lo antes expuesto, indica la obligatoriedad que tienen las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a que los centros de alojamiento que albergan a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, brinden un servicio de calidad, procurando contar con infraestructura y personal adecuado para satisfacer las necesidades de los mismos.

Tercera. Aunado a lo anterior, el 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial, DOF, de la Federación el Programa Especial de Migración 2014-2018, PEM, el cual se sustenta en la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con un enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas dimensiones de la migración en México, a fin de contribuir política, económica y socialmente al proyecto de desarrollo del país.

El PEM se plantea en 5 objetivos que incluyen en ellos a los distintos grupos de personas migrantes (emigrantes, inmigrantes, migrantes en tránsito y migrantes de retorno). El primero de ellos aborda las cuestiones estructurales de la migración en México, como la cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración; el segundo destaca el carácter estratégico de la migración para el desarrollo regional y local; por su parte, los tres objetivos restantes abordan cuestiones operativas en favor de las personas migrantes, de sus familiares y de quienes defienden sus derechos humanos, a través del ejercicio efectivo de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales.

En este contexto, el objetivo 3 señala; Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana. Busca la consolidación de los mecanismos de repatriación de población mexicana y retorno asistido de población extranjera, con especial atención a la alojada en estaciones migratorias o en situación de vulnerabilidad; el mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica, así como la profesionalización de los servidores públicos que atienden el fenómeno.

Para lo anterior, es necesaria la coordinación interinstitucional para mejorar la calidad de los servicios con estricto apego a los protocolos y procedimientos que establece el marco normativo y desde los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.

En este sentido, la línea de acción 3.5.2 y 3.5.3 de la estrategia 3.5 del programa refiere:

Estrategia 3.5. Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares destinados al tránsito internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias.

3.5.2. Construir y adecuar la infraestructura física y tecnológica para optimizar la gestión migratoria y cumplir con los estándares de derechos humanos.

3.5.3. Ampliar y mejorar la infraestructura en las estaciones migratorias y estancias para garantizar condiciones de alojamiento dignas, considerando criterios diferenciados.

Cuarta. Con base en lo antes señalado, esta comisión dictaminadora estima inviable la presente iniciativa, ya que en ella se contemplan diversas disposiciones como las que se encuentran en la Ley de Migración, en la que se establecen diversas funciones de los sistemas DIF, las cuales permiten brindar la atención necesaria a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Por lo tanto, esta comisión dictaminadora estima que de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se estaría generando no sólo una redacción confusa, sino que se estarían duplicando normas jurídicas que se encuentran establecidas en la Ley de Migración y en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Por tanto, esta comisión emite los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del Diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez, Martha Guadalupe Villarreal Rangel (rúbrica).»

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162, 176, 177 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 22 de diciembre de 2014, los diputados Leobardo Alcalá Padilla y José Enrique Doger Guerrero, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron lainiciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1964, del 22 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó para dictamen de la Comisión de Competitividad la iniciativa de referencia.

3. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la iniciativa antes referida, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido y objeto de la iniciativa de ley

En la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,se señala que la misma se sustenta en lo siguiente:

El entorno económico actual nos enfrenta a grandes retos, lo que nos exige fortalecer nuestras empresas y sectores productivos... a fin de consolidar una economía estatal más diversificada y próspera, cuyos resultados sean palpables para todos los grupos sociales, apoyando especialmente a los grupos vulnerables, entre ellos, los indígenas.

...

En tal virtud, el 30 de diciembre de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, misma que entre sus disposiciones no contempla aquellas relacionadas con el fomento y desarrollo económico de las comunidades indígenas... demostrando la importancia para legislar en materia de competitividad incluyéndolas.

...

Es por ello que cobra relevancia la presente iniciativa ya que se prestaría un mejor apoyo a las comunidades indígenas que ya tienen sus proyectos y se fomentaría la inclusión en otras comunidades para que creen su propio proyecto productivo y así logren un desarrollo económico para su beneficio.

...

Es de vital importancia incorporar a las comunidades indígenas y darles un impulso especial para que a través de la realización de proyectos económicos productivos, que las aparten del rezago y la marginación, puedan mejorar sus condiciones de vida y ejecutar actividades productivas en sus regiones que contribuirán en el desarrollo económico de las mismas y de sus estado.

En otros términos, se plantea adicionar un Capítulo Sexto, Del Fomento y Desarrollo Económico de las Comunidades Indígenas, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Ley Vigente

No existe correlativo en la ley vigente.

Propuesta de Modificación

Capítulo Sexto del Fomento y Desarrollo Económico de las Comunidades Indígenas

Artículo 27. La Secretaria y los gobiernos locales promoverán el desarrollo de proyectos de inversión y las relaciones económicas de las comunidades indígenas, incluyendo las de éstas con otras poblaciones la comunidad.

Artículo 28. Las entidades federativas y las autoridades municipales competentes, a petición de las comunidades indígenas, procurarán el otorgamiento de asistencia técnica y financiera en la medida de la disponibilidad presupuestal y material.

Artículo 29. La Secretaría, en coordinación con las autoridades federales y locales, coadyuvará con las autoridades indígenas tradicionales, a fin de proporcionarles capacitación para identificar sus necesidades prioritarias, fortalezas y vocaciones económicas de sus comunidades para el desarrollo de programas y proyectos comunitarios.

Artículo 30. Deberá priorizarse el apoyo de los proyectos ubicados en las regiones que correspondan a las comunidades indígenas, proporcionando los apoyos financieros y de capacitación.

Artículo 31. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Turismo, promoverá los proyectos de las comunidades indígenas con vocación artesanal para su difusión y comercialización en los mercados nacionales e internacionales.

III. Consideraciones:

Primero.Que laComisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segundo. Que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“ Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

...

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I.Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades...

...

VII.Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

...

De lo que se colige que nuestro régimen jurídico contempla desde la norma suprema la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas y apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas.

Tercero.Que para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales del Estado mexicano en materia de pueblos indígenas, incluido lo relativo a su desarrollo económico, el 21 de mayo de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 2 prevé que:

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la administración pública federal desarrollen en la materia;

...

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales deberán consultar a la comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V.Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades;

...

XI.Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

...

XIV.Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

...

XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la administración pública federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal;

...

De lo que se desprende que es a la Comisión Nacional de para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la que corresponde proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución, entre las que se encuentran las referentes a impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas y apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas.

Cuarto. Que, por su parte, el artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa establece que la Secretaría de Economía es la autoridad encargada de la aplicación de dicha ley. Mientras que el artículo 1o. de dicha ley señala que el objetivo de la misma es “promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad”. Es decir, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa regula de forma general a las Mipyme, incluidas por supuesto a las de las comunidades indígenas.

Quinto. Que si bien los integrantes de la Comisión de Competitividad comparten la preocupación de los diputados Leobardo Alcalá Padilla y José Enrique Doger Guerrero en relación a la necesidad de fortalecer a las Mipyme de los pueblos indígenas, para así fomentar su desarrollo económico y el consiguiente abatimiento de la pobreza que permea entre dicho sector de la población; sin embargo, juzgan improcedente la iniciativa en análisis pues como quedó demostrado en los considerandos anteriores, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se refiere a las Mipyme en general, por lo que incluye a las comunidades indígenas, siendo innecesaria la adición propuesta; aunado a que conforme a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es a dicha instancia a la que corresponde proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución, entre las que se encuentran las referentes a impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas y apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, reunida en sesión plenaria el 24de febrero de 2015, a las 16 horas, en el patio sur del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, considera que no es de aprobarse la iniciativa en análisis, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

IV. Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,presentada por los diputados Leobardo Alcalá Padilla y José Enrique Doger Guerrero el 22 de diciembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2015.

La Comisión de Competitividad, diputados:Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Adriana Fuentes Téllez, Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez, Gerardo Peña Avilés, Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo, Alberto Leónides Escamilla Cerón (rúbrica).»

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162, 176, 177 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 11 de noviembre de 2014, el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa por la que se reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-5-2100, del 11 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó para dictamen de la Comisión de Competitividad la iniciativa de referencia.

3. Por oficio CC/CDHCU/LXII/471/2014, del 19 de enero de 2015, la Junta Directiva de la Comisión de Competitividad solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, diputado Silvano Aureoles Conejo, la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa por la que se reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

4. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-5-2389, del 22 de enero de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión autorizó la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de referencia.

5. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la iniciativa antes referida, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido y objeto de la iniciativa de ley:

En la exposición de motivos de la iniciativa por la que se reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,se señala que la misma se sustenta en lo siguiente:

“Resulta urgente que el Gobierno federal incremente y fortalezca las políticas de impulso específicas para las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que nuestro país pueda disminuir sus desventajas respecto de países con los que compite directamente... Por la importancia de las Mipymes, es importante instrumentar acciones para mejorar su entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación... Un elemento clave hacia el cual las autoridades mexicanas deben enfocar sus baterías, es sin duda la estimulación de la demanda... la interacción de la micro, pequeña y mediana empresa, con el Estado debe ser mejorada con el objetivo de impulsar y facilitar el desarrollo y consolidación de las empresas... La Ley para el Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa... contempla el destinar el 35% de las adquisiciones... a las Mipymes... este criterio no toma en cuenta el desarrollo diferenciado que se da entre ellas, pues lo común es que el porcentaje de estas adquisiciones sea inversamente proporcional al tamaño de la empresa... es por ello que la iniciativa busca establecer porcentajes fijos que sean reservados para asignaciones a las unidades productivas más pequeñas... proponemos que el 35% establecido en la ley, sea desagregado de acuerdo al tamaño de la empresa: el 15% a las empresas de mediano tamaño, 10% a las clasificadas como pequeñas al igual que las microempresas”.

En otros términos, se plantea modificar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para establecer que el 35% de compras públicas y adquisiciones a las Mipymes se divida conforme al tamaño de éstas: 10% para microempresas, 10% para pequeñas empresas y 15% a medianas empresas.

Texto vigente

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes debe atender los siguientes criterios:

I a VIII...

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las Mipymes de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a normativa aplicable.

Propuesta de reforma

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes debe atender los siguientes criterios:

I a VIII...

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las Mipymes de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, del cual 10% será asignado a microempresas, 10% a pequeñas empresas y 15% a medianas empresas conforme a normativa aplicable.

III. Consideraciones

Primera.Que laComisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la iniciativa por la que se reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segunda. Que conforme al 2º Informe de Gobierno 2013-2014 del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Programa de Compras de Gobierno a Mipymes significó en 2013 compras por “un valor de 102,522 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 9.2% con respecto a lo registrado en 2012... De enero a julio de 2014 se reportaron compras a las Mipymes por un monto de 49,452 millones de pesos, lo que significó un avance de 47.6%, con respecto a la meta programada para 2014”. Sin embargo, nada se dice con respecto a la distribución de las compras por tamaño de empresas.

Tercera.Que es necesario citar lo que establece el párrafo primero del artículo 134 constitucional, que a la letra señala “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Lo que significa que las compras públicas a Mipymes deben observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Cuarta. Que los integrantes de la Comisión de Competitividad comparten la preocupación del diputado Ricardo Monreal Ávila en relación a la necesidad de fortalecer los programas gubernamentales destinados a las Mipymes; sin embargo, consideran improcedente establecer porcentajes fijos de compras a Mipymes dependiendo del tamaño de éstas. Esto es así porque desde el punto de vista de la Comisión de Competitividad, más que establecer porcentajes fijos acordes con el tamaño de las Mipymes, lo que se requiere es fortalecer las capacidades tecnológicas y organizacionales de éstas para que así puedan competir exitosamente. Y ello no se obtiene al señalar porcentajes fijos de compras públicas, sino mediante el encadenamiento de las Mipymes con las empresas tractoras nacionales y extranjeras.

Más todavía, el establecer porcentajes fijos acordes con la escala de producción de las Mipymes no garantiza que éstas puedan cumplir con las condiciones de compras públicas que satisfagan los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en materia del ejercicio del gasto. Por lo que una reforma en tal sentido ocasionaría que la administración pública contravenga los principios referidos.

Finalmente, no pasa desapercibido para los integrantes de la Comisión de Competitividad que la iniciativa en análisis es similar a la que en su momento planteó la Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y que fue desechada en fecha 29 de octubre de 2014.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, reunida en sesión plenaria el 24 de febrero de 2015, a las 16 horas, en el patio sur del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, considera que no es de aprobarse la iniciativa en análisis, por lo que se somete a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:

IV. Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa por la que se reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila el día 11 de noviembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2015.

Así se acordó y votó el dictamen a la iniciativa por la que se reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en sesión plenaria de la Comisión de Competitividad realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2015.

Diputados:Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Adriana Fuentes Téllez, Francisca Elena Corrales (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Uriel Flores Aguayo, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez, Gerardo Peña Avilés, Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo, Alberto Leónides Escamilla Cerón (rúbrica).»

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15-E de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15-E a la Ley Federal del Trabajo, presentada por Rosendo Serrano Toledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado “Análisis de la iniciativa” se examinan el contenido sustancial de la propuesta legislativa y los argumentos en que se sustenta, y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y la valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable al caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con fecha 30 de octubre de 2014, Rosendo Serrano Toledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15-E de la Ley Federal del Trabajo.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 62-II-2-1665, acordó que se turnase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole número de expediente 5365.

II. Análisis de la iniciativa

1. La iniciativa materia del presente dictamen plantea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 15-E a la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adiciona el artículo 15-E de la Ley de Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 15-E. Para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con los trabajadores, la empresa contratista podrá gozar del derecho de crédito por parte de la contratante, el que podrá ejercer ante situaciones jurídicas que le impidan cumplir oportunamente las obligaciones fiscales contraídas.

En caso de que la empresa contratista no ejerza el derecho a que se refiere el párrafo anterior e incumpla con sus obligaciones fiscales, la contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. En la exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

a) La subcontratación no siempre ha tenido aristas negativas, ha sido una figura que ayuda en la dinámica empresarial, disminuye gastos, aumenta productividad, eficienta actividades, se reducen y comparten riesgos, se crean nuevas oportunidades de crecimiento para los empleados; y, las compañías podrán pagar servicios más especializados, en general la tendencia ha generado que se puedan optimizar procesos y alcanzar mejores resultados mediante la externalización de actividades que no constituyen el verdadero núcleo de sus negocios y que pueden ser encargadas a empresas especializadas, además de que su efecto positivo mejora el nivel general de crecimiento económico de los países.

b) Los beneficios que pueda generar la subcontratación en muchas ocasiones sólo se materializan con la empresa contratante, dejando a un lado la empresa contratista, consideramos que deben ser beneficios mutuos, es decir, tanto para la contratante como para la contratista, dichos beneficios no pueden afectar a las autoridades competentes involucradas que los fiscalizan ni muchos menos a los trabajadores, ello significa que se debe priorizar la protección de seguridad social a que tienen derecho, y en consecuencia al cuidar esos aspectos la recaudación se convierte en eficiente.

En ciertas regulaciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social se advierte el traslado de las obligaciones de seguridad social y ambiente, entre otras, de la empresa contratante a la empresa contratista, frente a las autoridades fiscales, pudiendo este traslado generar ambigüedad respecto de las obligaciones de ambas, o el abuso de una empresa para con otra.

c) En la actualidad puede suceder que durante el nacimiento jurídico de la subcontratación o tercerización, las empresas dentro de la actividad empresarial, desarrollen con toda oportunidad el cumplimiento de las actividades, así como de los pagos programados por la inclusión de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y demás gastos que se generen por la administración del trabajo, empero, pudiera darse el caso que al ser la empresa contratista más pequeña y al ser portadora de las obligaciones, sufra por periodos, incapacidades económicas de pago, lo que pudiese generar: 1. Que la subcontratación se extinga; 2. Que el periodo de pago no se liquide; 3. Que los trabajadores no gocen de derechos de seguridad social, u otros; y 4. Que el instituto al pretender ejecutar procedimiento de cobro o revisión, las empresas generen argucias, y al final, no se tenga el resultado de recaudación esperado, y continúe generándose déficit en perjuicio económico en las instancias fiscalizadoras, lo que también implica mayores costos, como eventuales juicios u otras actividades legales.

d) El iniciante concluye proponiendo que no sólo la empresa contratante trasfiera las obligaciones con la contratista sino que en ciertos casos, la contratante le permita o facilite, a través de créditos, el pago de los impuestos o de las obligaciones contraídas de tal suerte, que se cumplan con las obligaciones fiscales y se continúen con los beneficios de la dinámica empresarial, esto es, que el contrato de subcontratación cumpla con su objetivo y vigencia, y se pacte en él la posibilidad de que el contratante preste mediante créditos a la contratista montos equivalentes a las obligaciones fiscales contraídas para efecto de su cumplimiento oportuno, garantizando así el pago puntual y la recaudación efectiva por las autoridades fiscales involucradas.

IV. Consideraciones

1. Esta dictaminadora, con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

2. Que la propuesta por el iniciante carece de fundamentación jurídica, pues pretender establecer que la empresa contratante otorgue créditos a las empresas contratistas es imponer a la contratante obligaciones que pudieran perjudicarle en su economía interna, ya que consideramos que la propuesta excede el alcance de lo que la ley establece en materia de subcontratación, ya que la misma pertenece a la materia fiscal-financiera, por lo que de aprobarse la obligación de otorgar dichos créditos, se estaría ante una inequidad, toda vez que a pesar de generar un contrato en el cual se beneficiarán los trabajadores, la misma empresa contratista lo estará.

Asimismo, y ante la posibilidad del otorgamiento de créditos, esta comisión considera que deben cuidarse diversos aspectos, pues deben establecerse con claridad las causas fiscales que lo originen, así como el monto, plazo, interés, entre otros, razón por la cual esta comisión no puede pronunciarse a favor de la iniciativa.

3. En la actual administración federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implantado un sistema en el cual el primer año estará libre de pagar impuestos, ya que se hará un descuento de 100 por ciento, para el segundo año tendrá un descuento de 90 por ciento, y para los consecuentes irá bajando 10 por ciento anual, hasta que pague 100 por ciento de los impuestos.

Aunado lo anterior es evidente que el lapso de 10 años que brinda la SHCP es suficiente, para saber si podrá tener la capacidad de poder solventar los gastos que genere y cumplir sus obligaciones fiscales.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15-E de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica en contra), José Arturo López Candido, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica).»

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en materia de edad mínima laboral.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado de “Análisis de la Iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 16 de octubre del 2014, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1785, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole número de expediente 5247.

3. Asimismo, mediante oficio número ____________, la Mesa Directiva acordó de conformidad con el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, otorgar una prórroga a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para la dictaminación del presente asunto.

II. Análisis de la iniciativa

1. La iniciativa de referencia materia del presente dictamen, plantea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil.

Único.Se adicionan dos párrafos al artículo 22 Bis; se reforma la fracción I del artículo 5; el artículo 22; los párrafos primero y tercero del artículo 22 Bis; el párrafo primero del artículo 23; el párrafo primero del artículo 173; el artículo 174; el párrafo primero y los incisos b) y c) del artículo 175 Bis; el numeral 6 del inciso primero de la Base Primera y la Base Primera del artículo 176; el artículo 362 y 995 ; todos de la Ley Federal de Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para menores de quince años

IV...

XII...

Artículo 22. Queda prohibid o en todo el paísla utilización del trabajo de los menoresde quince años ; y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, o que dicho trabajo implique un riesgo o peligro en su persona,salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis. Cuando las autoridades del trabajodetecten trabajando a unmenorde quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores.Al patrón o personaque incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor de quince años,por consanguinidad, ascendiente o colateral; hasta el segundo grado.

Los menores de dieciocho años que por sus condiciones de vulnerabilidad tengan la necesidad de realizar alguna actividad laboral o económica en el sector formal o informal, contarán con vigilancia, supervisión, asesoramiento y cuidado especial mediante programas de asistencia para garantizar su integridad, seguridad y el respeto a los derechos estipulados en ésta ley y los tratados internacionales aplicables en la materia.

Todo menor de edad que realice alguna actividad laboral o económica, detectado por las autoridades del trabajo deberá recibir un trato digno, respetuoso y amable, garantizando siempre el interior superior de la niñez.

Artículo 23.Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores de dieciocho necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Artículo 174.Los mayores de quincey menores de dieciochoaños, independientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quinceaños relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a)...

b) Las actividades que realice el menor de quince añosno podrán interferir con su educación, esparcimiento y recreación en los términos que establezca el derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su integridad o salud y en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos; y

c) Las contraprestaciones que reciba el menorpor las actividades que realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince y menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas , de riesgo o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quincea dieciochoaños de edad, aquellos que impliquen:

I. Exposición a:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

II. Labores:

1. ...

2. Q ue realicen bajo tierra, bajo el agua,en alturas o espacios confinados;

3. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores , o maquinaria y herramientas peligrosas, que conllevan su manipulación o el transporte manual de cargas pesadas;

4. ...

5.

6. En vialidades con amplio y bajo volumen de tránsito vehicular (vías primarias y secundarias)

7...

8...

9. En donde los menores queden expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual;

10. Que incluyan:

a) Cualquier forma de esclavitud o prácticas análogas a ella, como la venta de y trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores en grupos delictivos o pertenecientes al narcotráfico;

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, así como el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores en grupos delictivos o pertenecientes al narcotráfico, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes;

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 362.Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quinceaños.

Artículo 995. Al patrón o las personas que viole n las prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones XIV y XV, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de menores se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. En su exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

A) La proponente argumenta que en México el trabajo infantil es un fenómeno que aún sigue perjudicando a un grupo importante de menores en situación de vulnerabilidad, extendiéndose a lo largo de todo el territorio, lo que dificulta su descenso y erradicación fácilmente, sin embargo, sabemos que es una problemática que afecta directamente en su estudio, salud, alimentación y el sano esparcimiento, además de que viola gravemente sus derechos constitucionales y el interés superior de la infancia, esto es, de las niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el 2011 había 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, de los cuales, tres millones 35,466 infantes de 5 a 17 años realizaban alguna actividad económica.

B) Aunado a lo anterior, estos datos son una clara muestra que indica la inserción de niñas y niños al mercado laboral a una edad muy temprana, aun cuando la propia ley lo prohíbe; ya que, tres de cada 10 infantes que trabajan tienen entre 5 a 13 años de edad y el resto son adolescentes de 14 a 17 años; esdecir, el 3 por ciento de la población infantil que trabaja no tiene acceso a las garantías, ni derechos establecidos en la ley laboral,que los proteja en su condición de trabajadores con edad no suficiente, evitando la violación a sus derechos fundamentales, su explotación, criminalización, humillación, y discriminación.

C) Por otra parte el trabajo informal, que tiende en su mayor proporción a concretarse en las calles y espacios públicos (vendedores de diversos artículos), o desde unidades económicas o negocios familiares, prestación de servicios, en el comercio, trabajo en mercados, central de abasto, igualmente cuando fungen como niños acompañantes de los adultos que trabajan, son vulnerables a sufrir algún peligro o abuso.Asimismo, se observan menores realizando actividades de servicios personales y mendicidad, por lo que existen una gran variedad de trabajo que se involucra en la informalidad.

Ante esta situación, México es considerado como uno de los países de mayor pobreza laboral y con más alta tasa de empleo informal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); al respecto es necesario mencionar que tan sólo en el 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó por primera vez los resultados sobre la “Medición de la Economía Informal 2003-2012, Base 2008”, los cuales señalan que el 25 por ciento del PIB mexicano surgió de la economía informal y el 60 por ciento de la población ocupada se ubicó allí: con 31 millones de personas.

D) Ahora bien, en la actualidad, el trabajo infantil es visto como algo cotidiano en la sociedad mexicana, claro ejemplo es el aumento considerable que este fenómeno sufre durante los periodos vacacionales, con una mayor proporción en las calles de menores que aprovechan este espacio para adquirir un beneficio o cubrir una necesidad que les ha sido negada, en lugar de enfocarse en actividades recreativas u culturales, debido a las carencias que padecen.

A fin de eliminar los posibles efectos perjudiciales en la seguridad, la salud y el desarrollo moral de niñas, niños y adolescentes, todo trabajo infantil deberá ser evitado; sobre todo cuando las condiciones que desempeñen dificultan su acceso a la escuela, la salud y la alimentación, o que simplemente afecten en su desarrollo físico, moral y psicológico.

E) La iniciante concluye aludiendo que  es indispensable considerar que niñas, niños y adolescentes que trabajan sin vigilancia ni protección, son propensos a recibir agresiones, burlas, tratos diferenciados por ser menores de edad por autoridades municipales, funcionarios u policías, siendo más susceptibles y vulnerables, motivo por el cual, la presente iniciativa tiene como objetivo garantizar la atención, protección y vigilancia de menores para trabajar, que practican alguna actividad económica; y de niñas, niños y adolescentes que trabajan en la informalidad, supuesto este último no previsto en la ley, permitiendo la debida procuración de sus derechos, regidos por el interés superior de la niñez y las demás prerrogativas que amparen su condición.

Buscando garantizar la protección, supervisión especial infantil, respetando el ejercicio pleno de sus derechos, con el propósito de forjar mecanismos para niñas, niños y adolescentes que trabajan, sin derechos laborales y se encuentran a la sombra de la ley.

III. Consideraciones

Primera. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Segunda. Que el fondo de la propuesta de la diputada iniciante ha sido analizado y dictaminado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la undécima reunión ordinaria, celebrada el día 4 de noviembre del presente año, en donde la citada comisión emitió dictamen favorable a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, presentadas por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez; Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Gutiérrez de la Garza, Claudia Delgadillo González, y José Everardo Nava Gómez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en materia de edad mínima laboral.

Por lo que una vez que se agotó el procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados para la dictaminación del presente asunto, el mismo ha sido aprobado por el pleno con fecha 2 de diciembre de 2014.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero del dos mil quince.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica).»

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículo 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 7 de enero de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma la fracción XII del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. La presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen” mediante el número de expediente 5753.

3. A partir del día 8 de enero de 2014, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada en la Comisión de Juventud.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, con número de expediente 5753, tiene como propósito reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en su fracción XII del artículo 4o. con la finalidad de fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud con los elementos que le permitan implementar políticas públicas relacionadas a la actividad física y recreativa de los jóvenes mexicanos.

El diputado promovente expone que dicha reforma responde a la necesidad de crear espacios, grupos y asociaciones enfocadas a la promoción y práctica deportiva, puesto que datos de la Encuesta Nacional de Valores 2012 realizada por el Instituto, muestra que los jóvenes usan su tiempo libre en ver televisión (51 %), escuchar música (41.6%) y dormir o descansar (30.3%); sin embargo, la actividad física o deporte apenas alcanza un 15.7%. Siendo así, el deporte debe ser contemplado como un elemento fundamental y multifactorial, que tiene la capacidad de fomentar una amplia gama de valores prioritarios en el desarrollo de todo buen ciudadano así como elevar la calidad de vida de los jóvenes en nuestro país.

III. Proceso de análisis

En México, existen preferencias por diversos deportes, de acuerdo a la Encuesta Mitofsky 2013; el fútbol encabeza la lista de practicantes y admiradores con un 64%, seguido del box (47%) y el béisbol (37%). Sin embargo, la población mexicana de 18 años y más, registra una alta tasa de inactividad física, ya que el 47.1 % de la población objetivo nunca ha practicado algún deporte de manera consistente a lo largo de su vida según datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El deporte en nuestro país ha sido representado en competencias de nivel internacional por grandes deportistas, quienes han demostrado una alta habilidad, disciplina y, en muchas ocasiones, han sido premiados y reconocidos por ello; sin embargo al mismo tiempo, México exhibe dificultades para fomentar la cultura del deporte entre niños y jóvenes, siendo nuestro país el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, puesto que uno de cada tres jóvenes entre los 12 y 19 años de edad presenta sobrepeso u obesidad, la falta de una cultura nutrimental y deportiva desemboca en una prevalencia del sobre peso en un 70% de los casos en su vida adulta. Asimismo, la carencia de una política deportiva acorde a las necesidades y situaciones de” la vida cotidiana de los ciudadanos, la escasez de una cultura del deporte y él insuficiente apoyo a los talentos del deporte, son algunos de los conflictos que deben ser abordados por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como a los organismos encargados en la materia, la salud, la familia y las instituciones académicas del país.

El Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef) 2013, estadística realizada por el Inegi, con el fin de contribuir en la elaboración de políticas públicas orientadas al fomento del deporte y ejercicio físico, indicó que México cuenta con la mayor población inactiva física y deportivamente, en comparación de países como Canadá y Estados Unidos. Así mismo, señaló que este tipo de población se focaliza en un 58.2% en áreas urbanas: donde el 42% son hombres y 58% mujeres de 18 años y más. Adicionalmente, se revela que a mayor educación, mayor actividad física presentan las personas, ya que la población que cuenta con educación media superior es activa, alcanzando hasta el 68%, mientras que las personas que registran un nivel educativo básico apenas consiguen ser activos con apenas un 29%.

Los jóvenes mexicanos representan casi una tercera parte del total de la población en nuestro país, contando con 38.2 millones de personas entre 12 y 29 años. De acuerdo a datos otorgados por la Encuesta Nacional de Valores 2012, más de la mitad de los jóvenes prefiere dedicar su tiempo libre a ver televisión (51%), mientras que e141% elige escuchar música y el 30% utiliza ese momento para dormir. Sólo el 8% sale a caminar al parque, y únicamente el 15% lleva a cabo algún deporte o actividad física. Los hombres en edad de 18 a 24 años representan el mayor porcentaje (por grupo de edad y género) de personas activas físicamente, así mismo la Mopradef reitera las cifras al señalar que la actividad tiene una estrecha relación con la edad, ya que las personas en edad de 35 años y más, son más propensas a estar en un estado de inactividad física y deportiva.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), determina que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortandad en el mundo, ya que se puede manifestar a través de enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes. De igual forma, el Inegi, informó que la población activa que realiza algún deporte, lo hacen por salud y recomendaciones médicas, dejando en un plano secundario la estética. La Ley General de Cultura Física y Deporte, establece en su artículo 3o. que, “la cultura física y la práctica del deporte deben ser un derecho fundamental para todos”, además de ser un elemento esencial de la educación y que responda a las necesidades individuales y sociales, así como obedecer los principios de igualdad. Por lo tanto debemos reconocer que el deporte debe practicarse en un lugar determinado, obedeciendo a condiciones coyunturales y a características específicas que pueden ser establecidas por una sociedad.

A partir de las alarmantes cifras de sobre peso y obesidad en México así como de la creciente tasa de personas que padecen enfermedades que la mala alimentación, falta de hábitos deportivos y que la obesidad desencadena, es necesario reconstruir y fortalecer las políticas públicas de deporte y salud enfocada en los jóvenes para terminar con una grave problemática. Asimismo es importante considerar que, de acuerdo a cifras emitidas por la Secretaría de Salud, en México apenas se gasta un 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad mientras que, en Estados Unidos se invierte hasta un 9%.

En este tenor y a pesar de los grandes esfuerzos en políticas públicas, el trabajo no ha sido suficiente para que México deje de ser el primer lugar en obesidad infantil y con el mayor porcentaje de prevalencia en la vida adulta del mundo, teniendo como una consecuencia importante la tasa de mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años por enfermedades desembocadas por la obesidad. Dichas cifras se deben a una serie de hábitos que se han construido en la sociedad; sin embargo las principales causas que lo provocan son, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de comida procesada, donde más del 40% son alimentos panificados (tortilla, pan, pasteles, etc.) así como la abundancia de las bebidas carbonatadas en lugar de consumir agua o jugos naturales. También se le atribuye a que en México, hay una importante falta de actividad física generando así un incremento importante en la vida sedentaria.

Fuentes bibliográficas

• Ley General de Cultura Física y Deporte

• Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

• Encuesta Nacional de Valores 2012

• Encuesta “Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2013”.

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, Sé obtuvieron las siguientes conclusiones:

Si bien es importante la pronta respuesta de políticas públicas acertadas en cuestión de salud y deporte de los jóvenes mexicanos, la Comisión de Juventud considera que la ampliación de facultades del Instituto Mexicano de la Juventud en materia deportiva, no da una respuesta concreta al problema, así mismo que existe una Comisión federal especializada en el tema deportivo, la cual tiene las herramientas y facultades necesarias para combatir los problemas de salud en la población mexicana. La Comisión Nacional del Deporte (Conade), es la institución gubernamental encargada de desarrollar e implementar políticas que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, así mismo una de sus principales finalidades es la integración de una cultura física sólida en las diferentes etapas de la vida de los mexicanos.

No obstante la creación de políticas públicas en materia de juventud y deporte han estado relacionadas de manera histórica desde la creación del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (Injuve) por Miguel Alemán Valdés, cuyo principal objetivo era dirigir y orientar a la juventud en actividades cívicas, sociales, deportivas y extraescolares para su buen desarrollo humano, consolidando actividades y facultades que antes pertenecieran a la Secretaría de Educación Pública. Así, fue hasta 1976, durante la gestión de José López Portillo, que el Injuve se transformó en el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud (Crea) como una necesidad de dar mayor apoyo a programas para los jóvenes y de establecer con claridad una política en su beneficio.

El Consejo Nacional para la Atención de la Juventud se creó como un organismo descentralizado con el fin de poder emprender programas de mayor alcance, constituyéndose como el coordinador de la política de gobierno en beneficio de la juventud cuyo principal objetivo era de fomentar el desarrollo integral de los jóvenes, así pues de la amplia gama de tareas del Consejo destacaba la Promoción Deportiva, la cual si bien constituía un objetivo loable, en algunas ocasiones carecía de unidad con la juventud puesto que había deportes que poca relación tenían con la misma puesto que su mayor público de espectadores y/o practicantes no pertenecían al sector joven.

Por lo que en 1988 Crea desaparece y sus funciones pasan a la Dirección General a la Atención a la Juventud dentro de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) suprimiendo, por decreto presidencial un instituto cuyo principal objetivo viera por el bienestar y políticas públicas en favor de los jóvenes mexicanos. Sin embargo para el año de 1999 en mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo se crea el Instituto Mexicano de la Juventud cuya aparición respondió a la demanda de los jóvenes en materia educativa, asesoría psicológica, prevención de adicciones, asesoría jurídica y difusión de actividades culturales; por lo que éste organismo fue diseñado como un instituto que abarcara las principales necesidades de la juventud mas no trasplantara funciones ya existentes en otras instituciones y que no se duplicaran labores, sino que se fortaleciera la capacidad ejecutiva para coordinar, evaluar, promover e impulsar programas y acciones de la administración pública en sus diferentes instancias y niveles, así como de las organizaciones sociales y privadas que se desarrollan en dicho ámbito.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Juventud presentamos los siguientes

Acuerdos

Primero. Se deshecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Nota

1 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de febrero del año 2015.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Dulce María Muñiz Martínez, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Heriberto Neblina Vega, Francisco Alberto Zepeda González (licencia), Gisela Raquel Mota Ocampo, Jéssica Salazar Trejo (rúbrica), Jorge Salgado Parra (licencia), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Alberto Leónides Escamilla Cerón (rúbrica), Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente número 5156, fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa por la que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1, y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Honorable pleno cameral el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de octubre de 2014, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente dictamen, referimos el siguiente

II. Contenido de la iniciativa

El proponente señala que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), en el artículo 4o., define a la acuacultura como el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.

Alude a la clasificación de la actividad acuícola que la LGPAS establece, previendo que la acuacultura comercial es aquella que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos.

Refiere que la acuacultura de fomento es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua.

Asimismo, consigna que el mismo ordenamiento legal define también a la acuacultura didáctica como aquella que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas que en cualquier forma intervengan en la acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal.

Apunta que el sector oficial reconoce que la acuacultura es una de las actividades de mayor importancia para el desarrollo de nuestro país, gracias a los aportes que ofrece como actividad productora de alimentos y generadora de divisas, además de ser factor de desarrollo regional.

También afirma que los organismos especializados precisan que la acuacultura es el sector de la producción de alimentos ricos en proteína con mayor crecimiento en el mundo, con una generación actual de 55 millones de empleos.

No obstante, señala que en nuestro país, la acuacultura refleja un crecimiento por debajo de la media mundial.

Refiere que estudiosos e investigadores en la materia, insisten en que nuestra nación cuenta con una enorme oportunidad de explotación de las 600 especies que se cultivan a nivel mundial.

Menciona que la acuacultura ofrece a México, mayores oportunidades de empleo; de generación de divisas, y disminuciones en la importación de productos acuícolas.

Destaca que la actividad acuícola genera a nuestro país un promedio de 300 mil empleos directos y 2 millones de fuentes de trabajo indirecto, sin dejar de subrayar los aportes tanto en materia alimenticia en favor de las estrategias de combate a la desnutrición y contra la mala alimentación causante de los problemas de obesidad que existen en gran parte de la población.

Enfatiza en la existencia de una variedad de planes y programas direccionados al fomento de la acuacultura que requieren de un mayor compromiso en búsqueda de áreas de oportunidad, cuya orientación sea la de procurar una gestión eficaz al potencial de desarrollo que ofrece la actividad.

Explica que una de estas medidas, consiste en reformar el marco legal que regula el desarrollo de la actividad, para procurar, al amparo de la legislación, esquemas que le garanticen viabilidad.

Destaca que los esfuerzos que en este sentido se realicen serán complemento a la capacidad tecnológica y de investigación que distinguen a México en el entorno mundial.

Expone que la Comisión de Pesca y Acuacultura de la Conferencia Nacional de Gobernadores aprobó el acuerdo para impulsar la reforma integral de fomento a la acuacultura, el cual considera el impulso de iniciativas legislativas diversas.

En base a esta exposición de los motivos, el iniciador propone modificar el inciso d) –de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que en las áreas naturales protegidas se permita el desarrollo de la actividad acuícola, bajo criterios de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.

Así, la iniciativa contempla el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se modifica el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único.Se modifica el inciso d) fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis.Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en relación al establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo:

I. ...

II. Las zonas de amortiguamiento tendrán como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar conformadas básicamente por las siguientes subzonas:

a) a c) ...

d) De aprovechamiento sustentable de, los ecosistemas: aquellas superficies con uso agrícolas, pesqueros, acuícolas y pecuarios actuales.

En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras, acuícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios, o zonas que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de pesquería artesanal, agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área, y que en su caso contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos.

La ejecución de las prácticas agrícolas, pesqueras, acuícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.

e) a h). ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Después de analizar el contenido de la iniciativa, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresamos las siguientes:

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, consciente de la crisis económica mundial, así como el empeño del Estado mexicano en establecer las estrategias y las políticas públicas que posibiliten el uso integral y sustentable de nuestros, recursos naturales, la promoción del mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, así como el crecimiento y beneficio de los sectores primarios, precisa:

Reconocemos que la acuicultura tiene gran importancia en la vida económica y social de. México, como generadora de alimentos y de divisas por la exportación de sus productos al mercado internacional.

Sostenemos que la acuicultura favorece el desarrollo económico y el nivel de vida en el medio rural; incrementa la producción y la oferta de alimentos nutritivos y accesibles para la población, y promueve el desarrollo regional y nacional.

Señalamos que con la suscripción de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Estado mexicano adquirió el compromiso de lograr una mayor eficiencia en la producción y distribución de alimentos.

Reconocemos que en el concierto de las naciones se ha convenido en que el potencial de la acuicultura debe ser utilizado para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la nutrición; asimismo, las naciones líderes del mundo han establecido el compromiso y prioridad de promover la implementación del desarrollo de la acuicultura a nivel nacional e internacional.

Estimamos prudente observar que el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Producción Ecológica y Etiquetado de los Productos Ecológicos, incluye a la acuicultura como actividad generadora de algunos de los productos ecológicos que regula; sin embargo, resulta importante señalar que el artículo 4 de dicho Reglamento establece que la producción ecológica es un sistema de gestión agraria sostenible que se basa, entre otros en los siguientes principios generales:

– Respeto de los sistemas y los ciclos naturales y mantenimiento y mejora del estado del suelo, el agua, la atmósfera y la biodiversidad, la salud de las plantas y los animales y el equilibrio entre ellos;

– Utilización responsable de la energía y de recursos naturales tale, como el agua, el suelo, las materias orgánicas y la atmósfera; y

– Adaptación del proceso de producción, teniendo en cuenta la situación sanitaria, las diferencias regionales en materia de equilibrio ecológico, clima y condiciones locales, fases de desarrollo y prácticas pecuarias específicas.

Asimismo, en su artículo 5, el reglamento prevé los principios específicos aplicables a las actividades agrícolas y a la acuicultura, entre los que se destacan los siguientes:

– Mantenimiento y mejora de la vida y la fertilidad natural del suelo, la estabilidad, la retención del agua y la biodiversidad del suelo, prevención de la pérdida de materia orgánica, la comparación y la erosión del suelo y lucha contra estos fenómenos, y nutrición de los vegetales con nutrientes que procedan principalmente del ecosistema prevaleciente en el suelo donde se desarrolla la actividad productiva correspondiente;

– Exclusión de la ingeniería genética, la clonación animal, la polipoidía inducida artificialmente y las radiaciones ionizantes en toda la cadena de los productos ecológicos; y

– Mantenimiento del buen estado sanitario del medio acuático de la calidad de los ecosistemas acuáticos terrestres circundantes.

Con independencia de que las disposiciones del Reglamento a que se alude en los párrafos anteriores, no son vinculantes para el Estado mexicano, es pertinente apuntar que la autoridad federal en materia del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, ha reconocido como obras y/o actividades acuícolas que pueden poner en riesgo la preservación de especies o causar daños a los ecosistemas las siguientes:

– Construcción y operación de granjas, estanques o parques de producción, acuícola;

– Producción de postlarvas, semilla o simientes;

–Siembra de especies exóticas, híbridos y variedades transgénicas en ecosistemas acuáticos, en unidades de producción instaladas en cuerpos de agua o en infraestructura acuícola situada en tierra; y

– Construcción o instalación de arrecifes artificiales u otros medios de modificación del hábitat para la atracción y proliferación de la vida acuática.

La misma dependencia del Ejecutivo federal reconoce como excepciones a lo referido en el párrafo anterior: las obras y/o actividades de rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no implique la ampliación de la superficie productiva, el incremento de la demanda de insumos, la generación de residuos peligrosos, el relleno de cuerpos de agua o la remoción de manglar, popal y/u otra vegetación propia de humedales, así como la vegetación riparia o marginal.

Coincidimos en que la pesca y la acuicultura son actividades reconocidas como asuntos de seguridad nacional y como parte fundamental del quehacer económico. y social de nuestro país; no como derivación de lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sino como expresión de nuestra voluntad soberana y en ejercicio de la libre autodeterminación del pueblo de México.

Reconocemos válidos los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca, los cuales demuestran que la acuicultura representa una alternativa para ampliar la oferta alimentaria en el país, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la creación de fuentes permanentes de empleo, estimulando el desarrollo regional.

Estimamos que el desarrollo pleno de la acuicultura en nuestro país, podrá alcanzarse en la consideración de que su real potencial está condicionado, formal y válidamente, por las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de las disposiciones constitucionales relativas a la preservación y. restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, con el objeto de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otros, preservar, restaurar y mejorar el ambiente, así como preservar y proteger la biodiversidad, y establecer y administrar las áreas naturales protegidas.

De tal manera, y no obstante que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 178, prevé que el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo el beneficio a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional; la Cruzada Nacional contra el Hambre cuenta entre sus objetivos, el de aumentar la producción de alimentos y el ingreso económico de los campesinos y pequeños productores agrícolas y, por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo propone la construcción de un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, mediante la estrategia de impulsar la productividad en el sector agroalimentario a través de la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, a través de prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

En ese sentido, consideramos importante destacar lo que el propio Plan Nacional de Desarrollo plantea en el tema del desarrollo sustentable, al señalar que “existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población”.

En congruencia con lo anterior, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, participa en más de noventa acuerdos, tratados y otros importantes protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del país e sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, así como a la generación indiscriminada y excesiva de residuos sólidos contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosque y selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ello implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos que, a la vez aseguren que los recursos naturales, continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar:

a) el 12 por ciento de la superficie nacional está designada como área protegida; sin embargo, 62 por ciento de estas áreas no cuentan con programas de administración;

b) cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen en alguno de los 101 acuíferos sobreexplotados del país;

c) se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 47.5 por ciento actual;

d) la producción forestal maderable del país es menor al 1 por ciento del PIB;

e) para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera sustentable; y

f) se debe incentivar la separación de residuos...”.

Reconocemos que los principales objetivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable son:

– Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales;

– Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola, y

– Proponer mecanismos, para garantizar que fa pesca y la acuicultura se orienten a la producción de alimentos.

Por otro lado, reconocemos el concepto de “acuacultura” establecido en el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y coincidimos en el señalamiento de que se trata de una actividad de producción primaria importante para el desarrollo y crecimiento económico del país; sin embargo, diferimos de la aseveración de quienes sostienen que con la acuicultura son mínimas las posibilidades de degradación del ambiente, y que los acuicultores son productores de alimentos acuáticos que no consumen ni contaminan el agua que aprovechan, ya que el mismo gasto de agua se descarga al cauce natural sin alterar con ello las propiedades físico–químico de ese importante recurso”.

Consideramos que la acuicultura, en realidad, puede tener efectos ambientales negativos y, desde luego, contrarios a los criterios previstos en nuestra legislación en relación con el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos.

En aras de la observancia de las disposiciones constitucionales relativas a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, y con el fin de favorecer el desarrollo sustentable y preservar, restaurar y mejorar el ambiente, así como preservar y proteger la biodiversidad, y establecer y administrar las áreas naturales protegidas, estimamos’ pertinente evitar contradicciones entre las disposiciones de la LGEEPA, fortaleciendo la prohibición de la introducción de especies exóticas invasoras en las áreas naturales protegidas, mediante el rechazo a la permisión para realizar actividades acuícolas en dichas áreas, dados los efectos ambientales negativos que tal actividad genera, los cuales podemos resumir en:

– La contaminación de ríos y lagunas;

– La excesiva explotación de larvas y juveniles del medio natural; y

– La introducción de larvas o juveniles de inferior calidad, enfermos o no compatibles, y especies exóticas que alteran las poblaciones naturales ubicadas en el hábitat correspondiente.

Reconocemos que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, en sus artículos 89 a 97, prevé los criterios a considerarse para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos, así como los actos de administración en que se consideran dichos criterios; y en sus artículos 118 a 133 establece los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua, así como los instrumentos, acciones y atribuciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de los referidos criterios de prevención y control de la contaminación del agua.

Reconocemos también, que el artículo 88, fracción I, del mismo ordenamiento legal, establece que para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerará, entre otros criterios, que corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico.

Las anteriores consideraciones de esta comisión dictaminadora, están referidas entre otros, al contenido de la exposición de motivos en la iniciativa objeto del presente dictamen; no obstante, es necesario precisar la falta de sustento que adolece la iniciativa de referencia, para darle viabilidad al proyecto de decreto que propone.

En efecto, el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección ‘al Ambiente, planteado en la iniciativa que nos ocupa, consiste en reformar los párrafos primero, segundo y tercero del inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, en relación al establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo:

I. ...

a) y b)...

II. ...

a) a c)...

d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas superficies con usos agrícolas; pesqueros y pecuarios o acuícolasactuales.

En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras y pecuarias o acuícolas de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de pesquería artesanal, agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos.

La ejecución de las prácticas agrícolas, pesqueras, pecuarias, acuícolas,agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.

e) a h) (...)

(...)

(...)

Esta propuesta de reforma debemos ubicarla en el contexto de la Sección I, Disposiciones Generales; del Capítulo I, Áreas Naturales Protegidas; del Título Segundo, Biodiversidad, para reconocer el contenido de las disposiciones siguientes:

Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativa mente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.

Artículo 45. El establecimiento de áreas naturales protegidas tiene por objeto:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones;

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológica mente eh área; y

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, .así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

Conforme lo dispuesto en el artículo 46, son competencia de la federación las áreas naturales protegidas consideradas como reservas de la biósfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; santuarios, y áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Asimismo, el mismo numeral señala que los gobiernos de las entidades federativas, en los términos que señale la legislación local en la materia, podrán establecer parques, reservas estatales y demás categorías de manejo que prevea la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características de las consideradas de competencia federal o que tengan características propias de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa.

Por su parte, a los municipios corresponde establecer las zonas de conservación ecológica municipales y otras categorías, de conformidad con lo dispuesto en la legislación local.

El propio artículo 46 de la LGEEPA ordena que en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.Asimismo, mandata que en las áreas naturales protegidas queda prohibida la introducción de especies exóticas invasoras.

La prohibición del último mandato legal señalado en el párrafo anterior, se contravendría con la reforma propuesta en la iniciativa que nos ocupa, pues debe considerarse lo siguiente:

El artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que en el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo 46, la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Además, señala que para los efectos de las disposiciones referidas en el párrafo anterior, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan.

Como se ha señalado, el artículo 47 Bis, objeto de la reforma planteada por el iniciador, señala que “al establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones .del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo:”

Así, la fracción I de dicho artículo prevé las zonas núcleo cuyo objetivo principal es la preservación de los ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, en donde sólo se podrán autorizar actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Las zonas núcleo podrá estar conformadas por:

– Subzonas de protección: Aquellas superficies dentro del área natural protegida cuyas características sólo permiten la realización de actividades de monitoreo del ambiente, de investigación científica no invasiva en los términos del Reglamento correspondiente, que no implique la extracción o el traslado de especímenes ni la modificación del hábitat, y

– Subzonas de uso restringido: Aquellas superficies en buen estado de conservación, donde sólo se permitirán la investigación científica no invasiva y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental, que no modifiquen las condiciones naturales originales y la construcción de instalaciones de apoyo exclusivamente para la investigación científica o el monitoreo del ambiente.

Por su parte, la fracción II del propio artículo 47 Bis de la LGEEPA prevé las zonas de amortiguamiento que tendrán como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas a largo plazo, y que podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:

De preservación; de uso tradicional; de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; de aprovechamiento especial; de uso público; de asentamientos humanos; y de recuperación, señalando las obras o actividades que en ellas se pueden realizar y, en su caso, aquellas que quedan prohibidas.

Adicional a las anteriores, la fracción de referencia prevé, en su inciso d) la subzona De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas superficies con usos agrícolas, pesqueros y pecuarios actuales.

En dicha subzona se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios, o zonas que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de pesquería artesanal, agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área, y que en su caso contribuyan al control la erosión y evitar la degradación de los suelos.

La ejecución de las prácticas agrícolas, pesqueras, pecuarias, agroforestales, y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad ya la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.

En base a lo anterior, la propuesta presentada por el iniciador para reformar los tres párrafos del inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis, resulta inviable, por las siguientes razones:

Primera. Porque la propuesta contenida en la iniciativa que nos ocupa, propone que la subzona de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: corresponda a aquellas superficies con usos agrícolas, pesqueros, pecuarios o acuícolas actuales, agregando la actividad acuícola que no se desarrolla hasta la fecha, y por lo tanto, no es de las actividades actuales que señala el texto en vigor; y

Segunda. Porque con la actividad acuícola inexistente formalmente, genera confusión en la interpretación de la disposición; pues la actividad pesquera está referida a la captura de las especies nativas de peces cuyo hábitat se ubica en el área natural protegida de que se trate, mientras que la acuicultura alude a la siembra y/o cultivo de especies exóticas invasoras prohibidas por el Artículo 46 de la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para efecto de lo señalado en la fracción G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del Honorable pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen con

Proyecto de Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados desecha en su totalidad la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

LEY AGRARIA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria con las atribuciones que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida Proposición con punto de acuerdo.

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido de la proposición” se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del punto de acuerdo en estudio.

III. En el capítulo “Consideraciones” la Comisión de Reforma Agraria expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV. Finalmente, en el capítulo “Acuerdo”, la comisión emite su decisión respecto de la proposición analizada.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014, la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Agraria.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción 1, inciso f) de la Ley Orgánica Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante oficio número DGPL 62-II-4-1860 con número de expediente 5528, fue turnada a la Comisión de Reforma Agraria, para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Agraria; a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

3. La Comisión de Reforma Agraria, integrada a través de su secretaria técnica, las opiniones de sus diputados integrantes, entra al estudio de la Iniciativa con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

4. Con fecha 3 de marzo de 2015, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo.

II. Contenido de la proposición

La diputada Maricruz Cruz Morales propone reformar el artículo 17 de la Ley Agraria adicionando un segundo párrafo y recorriendo los subsecuentes, con finalidad de que las mujeres cónyuges o concubinas de los hombres con derechos ejidales, al estar ausentes o no puedan realizar sus actividades agrarias ya sea por migración o por alguna situación que imposibilite el ejercicio pleno de sus derechos agrarios, se le concedan los derechos de usufructo y administración de las parcelas.

Asimismo menciona que en la actualidad, en las unidades ejidales, debido a diversos factores pero principalmente la migración de los hombres del campo para buscar mejores condiciones de vida para sus familias, las mujeres se han tenido que introducir a las actividades agrarias pero sin la certeza jurídica que le facilite el acceso a programas gubernamentales de apoyo para este sector.

Hace mención de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos a los pueblos indígenas y a las mujeres, sin embargo en está ni en otra ley se garantizan los derechos para libre usufructo y administración de las tierras cuando el titular de los derechos agrarios y comunales se encuentra ausente.

Plantea una desigualdad porcentual respecto a los sujetos agrarios con derechos o títulos parcelarios, pues de estos sólo 25.8 por ciento son mujeres; pretende garantizar la posesión de las tierras y ejercicio de sus derechos para el usufructo y su administración.

Destaca que el motivo de esta modificación al artículo 17 de la Ley Agraria, es generar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres campesinas, en la posesión de la tierra ejidal o comunal, así como al derecho de usufructo y su administración, cuando los dueños de las tierras, hayan migrado de su lugar de origen.

La diputada busca con esta propuesta reducir la pobreza en el medio rural y aumentar la producción agroalimentaria de México, así también pretende lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres campesinas, garantizando sus derechos en los ejidos y comunidades; dando certeza jurídica a la tenencia de la tierra.

Por las consideraciones antes expuestas la diputada Maricruz Cruz Morales, propone la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 recorriendo los subsecuentes de la Ley Agraria; para quedar en los siguientes términos:

Texto vigente

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Propuesta

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

En caso de que el ejidatario abandone las tierras por causa de migración o por alguna incapacidad se encuentre imposibilitado para el ejercicio pleno de sus derechos agrarios, corresponderá el derecho de usufructo y administración de las parcelas, a la cónyuge o concubina.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora postula el análisis de constitucionalidad de la iniciativa materia de dictamen en la fracción II del artículo 71, en relación con la fracción VII del artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando cuenta que el texto propuesto no contraviene lo establecido por nuestra Carta Magna.

Segunda. En 1992 el legislador en turno plasmó la importancia de que los derechos agrarios fueran indivisibles e intransferibles; pero además otorgo el derecho al titular de decidir el destino de los mismos, al momento de cederlos o susceptibles de sucesión.

Tal es el caso del artículo 76 de la legislación agraria que a la letra dice:

Artículo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas.

Por otro lado el artículo 79 de la misma ley establece:

Artículo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.

De lo anterior se desprende que si el titular de los derechos agrarios pretende migrar hacia otra ciudad, puede celebrar cualquier tipo de contrato con su cónyuge o concubina para que ella tenga el uso y disfrute de éstos.

Por otra parte si el mismo quisiera entregarle la titularidad de los derechos agrarios, puede hacerlo mediante la figura de la cesión de derechos o la enajenación de éstos, la primera prevista en la fracción I del artículo 20 y la segunda en el artículo 80 ambos de la Ley Agraria.

Tercera. Por otra parte para el supuesto de que el titular de los derechos agrarios se encontrara en un estado de imposibilidad legal, la cónyuge o concubina podrían en todo caso después de 5 años de dicha incapacidad; promover ante la autoridad competente un juicio de prescripción positiva, consagrado en el artículo 48 de la legislación de la materia, salvaguardando de esta manera el derecho del titular de los derechos agrarios, para que solo en caso de que no haya depositado su lista de sucesión en el Registro Agrario Nacional, la cónyuge o concubina pueda obtener la titularidad de los mencionados derechos.

Visto de otra manera para esta comisión es importante resaltar que cuando una persona cae en un estado de imposibilidad legal o material, la legislación obligada en regularla es la de derecho común tan es así que en caso de que un ejidatario se encontrara en este supuesto, se tendría que observar lo regulado en la legislación Civil conducente; no así en la Ley Agraria.

Cuarta. El tinte de desigualdad de género dentro de los derechos ejidales no tiene razón de ser, pues el titular cede los derechos a quien él piense sabrá trabajar la tierra, explotar y aprovechar lo que se obtenga de ella, si bien es cierto México es un país donde en un principio el núcleo familiar se efectúa de manera patriarcal, en la actualidad la mujer ha tomado la posición a la cabeza de familia, ya sea en zonas urbanas o rusticas, todo respecto a sus costumbres e ideas, así que es por ello que el supuesto abandono del hombre a estas mujeres no debe ser mayor problema, pues existen diversas actividades como las que menciona la propia Diputada como lo son; elaboración de alimentos, fabricación de diversos artículos y realización de actividades comerciales; con las cuales puede subsistir ella y su familia, sin olvidar que el hombre muchas de las veces hace envíos de capital a su cónyuge o concubina con la finalidad de que su familia subsista.

Quinta. Esta comisión sabedora de la transformación constante de la sociedad admite que los argumentos señalados por la legisladora promovente tienen cierta lógica y coherencia; pues trata de resolver problemas que a primera vista parecieran no tener solución legal expresa en la legislación vigente de la materia, mas sin en cambio como se señala en las consideraciones anteriores esto no es así; pues a juicio de esta comisión el planteamiento de la legisladora es improcedente toda vez que antes de reformar la Ley para los términos que la proponente considera se deberían tomar otra medidas de mayor alcance para los habitantes del ejido; como programas de asesoría técnica y legal, por medio de las cual los titulares puedan ceder y/o enajenar, realizar cualquier contrato que no contravenga la ley para dotar del uso y aprovechamiento de dichos derechos a quien él considere conveniente.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, y para los efectos de la fracción G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 17 recorriendo los subsecuentes de la Ley Agraria, presentada por la Diputada Maricruz Cruz Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), secretarios; José Luis Contreras Rojas (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 218, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

I. Antecedentes

1. El diecinueve de diciembre de dos mil doce fue presentada la Iniciativa que reforma los artículos 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

2. En esa misma fecha, diecinueve de diciembre de dos mil doce, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El veintinueve de abril de dos mil trece, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente siendo turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El treinta de abril de dos mil trece, el pleno de la Cámara de Senadores recibió la minuta de referencia siendo turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

5. El diez de diciembre de dos mil catorce el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en votación económica, el dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, ordenándose la remisión a la Colegisladora para los efectos precisados en el artículo 72, fracción D) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El tres de febrero de dos mil quince, el pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa de mérito, ordenándose el turno a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

Expuestos los antecedentes de la minuta, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación fundan el presente dictamen a tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Por las consideraciones expuestas en el proyecto de decreto de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, la Comisión de Gobernación coincidió en la necesidad del fortalecimiento de la participación de las comunidades indígenas en los órganos legislativos a través de la oportunidad real y efectiva de acceder a cargos de elección popular. Dicho fortalecimiento puede darse a través de acciones afirmativas, entendidas como “remedio para incluir a los grupos de minorías en una determinada estructura social, sirviendo de equilibrio y redistribución de oportunidades entre géneros, razas y etnias, por medio de un trato preferencial que implique el aumento de presencia de algún grupo minoritario en una determinada posición, lo cual implica eliminar patrones y tradiciones de segregación y jerarquía, para abrir oportunidades a esas minorías que de modo sistemático les han sido cerradas”.

2. De esta forma, el proyecto de decreto proponía la modificación de las siguientes disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogado el veintitrés de mayo de dos mil catorce, para quedar como sigue:

Decreto por el que se modifica y adiciona el párrafo III del artículo 218, el párrafo I del artículo 220, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 218.

...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades, promoverán la paridad de género y la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

...

Artículo 220.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada y, una correspondiente a los pueblos indígenas, considerando en todo momento la conciencia de identidad indígena para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

VII. Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición de motivos y el cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas radicados en los estados y el Distrito Federal y ordenara su difusión en sus comunidades.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

3. El veintitrés de mayo de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

4. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una estructura en ocho libros donde se contienen el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos; la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios; los organismos electorales, federales y locales; la participación de los pueblos y comunidades indígenas, los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas; las reglas de los procesos electorales, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, .las candidaturas independientes, la propaganda electoral, la fiscalización de sus recursos y los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno.

5. De acuerdo con el espíritu de la nueva legislación en materia electoral, el Congreso de la Unión contribuyó a la transformación del sistema democrático al reforzar el sistema democrático, de las Instituciones Electorales, de los procesos electorales, las candidaturas independientes y de los medios de defensa electoral reafirmando la vocación de nuestro sistema democrático al consolidar los principios rectores del sistema electoral consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. De acuerdo con los artículos Primero y Segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se señala la entrada en vigor de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales misma que será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, abrogándose el anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, promulgado el catorce de enero de dos mil ocho:

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, así como sus reformas y adiciones.

7. Dado que está en vigor la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión de Gobernación coinciden con los argumentos de la Colegisladora al desechar la minuta referencia, misma que ha quedado sin materia por tratarse de un ordenamiento jurídico abrogado.

Por las consideraciones expuestas, y para los efectos del artículo 72, fracción D) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 218, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales abrogado el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 2014.

La Comisión de Gobernación, diputados:Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Rocío Baca Bifaz (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por ello le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo y preciso, compañera secretaria, salvo el listado con el número 10, que se reserva para su discusión.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El siguiente punto del orden del día vinculado justamente con puntos de acuerdo, es la discusión de puntos de acuerdo.

DICTAMENES DE PUNTOS DE ACUERDO

EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones ordinarias análogas a aquélla

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social, de así considerarlo discutan y analicen la expedición de legislación para el fomento cooperativo y economía social, suscrita por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen, bajo la

Metodología

Los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el propósito de comprender la voluntad de la promovente, de examinar y determinar adecuadamente con estricto cumplimiento de lo manifestado en la proposición con punto de acuerdo materia de dictamen, tomaron en consideración los siguientes principios de técnica legislativa:

En los Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para dictaminar, así como de los trabajos que se llevaron a cabo.

En el apartado Contenido de la proposición con punto de acuerdo, se resumen los principales argumentos y propósitos del mismo.

En el apartado Consideraciones se exponen los resolutivos que acompañaron la valoración del instrumento legislativo.

En el apartado Acuerdo se desarrolla la propuesta a consideración que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, somete a la honorable asamblea.

I. Antecedentes

i) En la sesión celebrada el 3 de febrero de 2015 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a los congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social, y de así considerarlo, discutan y analicen la expedición de legislación para el fomento cooperativo y economía social.

ii) Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para el estudio y dictamen correspondiente, mediante oficio número: DGPL 62-II-2-1903 y expediente número 5978.

II. Contenido de la proposición

En el análisis de la proposición con punto de acuerdo propuesto por la diputada Bautista, esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social identificó:

“Las sociedades cooperativas son organismos inmersos dentro de la economía social, la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, CICOPA, la cual es perteneciente a la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, define a las cooperativas como asociaciones autónomas de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de propiedad conjunta”...que...“La OIT calcula que éstas emplean a más de 100 millones de personas en todo el mundo”.

Que en México, de Acuerdo con el Censo Económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre de 2008, habían 9 mil 767 cooperativas y que esas cooperativas dieron empleo a 182 mil 928 personas, afirma la promovente.

Entrando en materia, señala la diputada Bautista que las entidades con mayor número de cooperativas fueron Oaxaca, con 762; Veracruz con 695; y Chiapas con 498 y Sinaloa con 496. Paradójicamente de los estados anteriores, sólo Oaxaca y Aguascalientes cuentan con una comisión ordinaria en materia de economía social, en Oaxaca el órgano legislativo se denomina: Fomento Cooperativo y Ahorro Popular y en Aguascalientes, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

En sus consideraciones la iniciante de la proposición que se dictamina expresa que las entidades que cuentan con una legislación en materia de fomento cooperativo son Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo, Quintana Roo y Zacatecas.

La diputada iniciante, funda su petición en virtud de lo establecido en el artículo 73, fracción XXIX-N, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo particular a lo que se refiere a: “...dichas leyes contribuirán al desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios de sus respectivas competencias.”

Así como en la Ley General de Sociedades Cooperativas en su Título IV relativo al apoyo de las Cooperativas en su artículo 93 señala que tanto los gobiernos federal estatal y municipal así como los órganos político-administrativos del Distrito Federal apoyarán en medida de sus posibilidades al desarrollo del cooperativismo.

Por tanto la diputada promovente concluye que es deber de los Congresos locales fomentar esta alternativa económica, ya que está prevista en la Constitución y leyes secundarias.

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: “La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social, de así considerarlo discutan y analicen la expedición de legislación para el fomento cooperativo y economía social”.

III Consideraciones

Primera. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de la LXII Legislatura en la Honorable Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente iniciativa, según lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción XXIX- N, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84 y 85, así como de los artículos 157 y 158, numeral I, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda. El presente dictamen se circunscribe en la referencia de la economía social y el cooperativismo en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, que establece:

...una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la economía....

Y para lograrlo señala que

...se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada....

Para ello, propone en el PND fortalecer el mercado interno, impulsar a los emprendedores, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, y

...fomentar la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento....

Asimismo, en la Estrategia 4.8.5, el Pla Nacional de Desarrollo establece la necesidad de

Fomentar la economía social” y señala como líneas de acción, realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva.

Y más específicamente propone como objetivo

fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de las empresas de la economía social.

A juicio de esta comisión dictaminadora, el exhorto contribuirá a que las entidades federativas participen, plenamente facultadas para fomentar la economía social y realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva.

Cabe adicionar el impacto positivo en el desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social en las entidades federativas al contar con legislación de fomento de estos importantes rubros de la economía nacional.

Tercera. La fracción XXIX-N del artículo 73 constitucional fue adicionada el 15 de agosto de 2007, en su contenido faculta al Congreso General de los Estados Unidos para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas.

En la segunda parte del texto constitucional prevé una condición para estas normas de carácter general, es decir, la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En relación con esta norma se encuentra la prevista por el artículo 124 de nuestra Carta Magna- comentario al margen, es de señalarse que este artículo es el original, expedido por el Constituyente en febrero de 1917, que prevé:

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

Derivado de ambas disposiciones constitucionales podemos concluir que las entidades federativas cuentan con las atribuciones necesarias para expedir leyes locales en materia de fomento cooperativo y economía social, ya que el Texto Constitucional mandata la concurrencia en la materia.

Cuarta. Por lo que se refriere a las leyes secundarias que norman la materia producto del presente dictamen se encuentran la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la economía social, LESS; y la Ley General de Sociedades Cooperativas, LGSC.

Al respecto, la LESS prevé en el párrafo segundo de su primer artículo:

La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal y de las entidades federativas, así como municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En materia del asunto que estamos dictaminando, la LGSC en sus artículos 90, 91, 92 y 93 señalan políticas públicas del Estado en materia de educación cooperativa, tributaciones fiscales, programas y acciones de fomento:

Artículo 90. Los órganos federal, estatal, municipal y órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca el movimiento cooperativo nacional. Asimismo, apoyarán, la labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país.

Artículo 91. Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan.

Artículo 92. En los programas económicos o financieros de los gobiernos, federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del consejo superior del cooperativismo.

Artículo 93. Los gobiernos federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo.

Quinta. Esta comisión ordinaria coincide en las posibilidades que un órgano legislativo en los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la generación de opciones productivas a personas en situación de desempleo y de empleo informal del que afirman las autoridades hacendarias representan el 60 por ciento de la población económicamente activa.

Otra área de trabajo que los órganos legislativos especializados en economía social tendrían que realizar, es apoyar la labor presupuestaria; es decir, proponer recursos en los presupuestos locales que garanticen proyectos productivos viables en las regiones y localidades en las que no es posible implementar medidas industriales por la falta de condiciones de diversa índole.

A pesar de que en el ejercicio presupuestal del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, y de acuerdo con el portal de transparencia focalizada del instituto, se le asignaron más de 2 mil 200 millones de pesos para proyectos productivos, de estos, a Chiapas llegaron 140 millones, a Oaxaca 125, a Coahuila 119, Jalisco 114, siendo las entidades que más recursos recibieron.

Recursos, que como hemos señalado con los altos índices de informalidad y de pobreza, resultan insuficientes para atender las necesidades de desarrollo económico a nivel local y regional, como lo aconseja la Organización de las Naciones Unidas.

Además, las comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social no sólo podrán generar recursos para el fomento del sector social, sino también podrán ejercer funciones de fiscalización de éstos.

Lo que propiciará la creación y el mejoramiento de las políticas públicas de fomento cooperativo y de economía social.

Asimismo, en ésta comisión dictaminadora consideramos que contar con un órgano legislativo que atienda la agenda del sector social de la economía traerá más beneficios sociales y económicos para la población.

Sexta. Por otra parte, un asunto pendiente de las entidades federativas, es la armonización de las leyes generales de fomento cooperativo y de economía social en sus ordenamientos locales.

Con estos órganos legislativos, las entidades federativas contarán con una instancia que se encargue de esta gran tarea jurídica, y ponerlas en congruencia con la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan.

Finalmente, esta dictaminadora considera que el resolutivo debe de poner énfasis en que la Cámara de Diputados, es absolutamente respetuosa de la autonomía de las entidades federativas, y sus soberanas determinaciones de legislar sobre economía social y cooperativismo; así como de integrar en el Poder Legislativo local, en su cuerpo orgánico, comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social.

Con lo anterior, los estados y el Distrito Federal ratificaran sus responsabilidades para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución y las leyes secundarias, en un marco de armonía legal y programática en materia de fomento cooperativo y economía social, por lo que el resolutivo que propone esta Comisión Dictaminadora, en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social, y de así considerarlo pertinente, discutan y analicen expedir legislación para el fomento cooperativo y economía social.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 17 de febrero de 2015.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), José Antonio León Mendívil, José Arturo López Candido (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia.»

RELATIVOS A LA EXPLOSION REGISTRADA EL 29 DE ENERO DE 2015 EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE CUAJIMALPA DE MORELOS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a la explosión ocurrida el 29 de enero de 2015 en el hospital materno-infantil de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para estudio y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la autoridades federales y del Distrito Federal a garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares de la explosión registrada el 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa de Morelos, y determinar el grado de responsabilidad de la empresa Gas Express Nieto.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 3 de febrero de 2015 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades federales y del Distrito Federal a garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares de la explosión registrada el 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa de Morelos, y determinar el grado de responsabilidad de la empresa Gas Express Nieto.

En esa misma fecha, 3 de enero de 2015, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

La proposición refiere a la explosión generada por una pipa de gas de la empresa “Gas Express Nieto” la mañana del jueves 29 de enero de 2015, en la cual varias personas, infantes y adultos resultaron con lesiones y otras más perdieron la vida al derrumbarse una parte importante de la estructura del hospital. Se requirió además la ayuda de bomberos, ambulancias y patrullas de policía para trasladar a los bebés que estaban internados a otro hospital.

La diputada relata la amplia movilización de los tres órdenes de gobierno para la contención y solución a la crisis generada por la tragedia.

La diputada señala que las autoridades del Distrito Federal suponen que la explosión pudo ser provocada por el deficiente mantenimiento de una pipa que estaba abasteciendo, o bien, que pudo haber negligencia de los operadores, ya que indicaron que la explosión ocurrió en el interior del hospital.

De igual forma la proponente manifiesta su preocupación sobre el historial que tiene la empresa “Gas Express Nieto” respecto a otros incidentes, por lo que se debe esclarecer el hecho y reparar el daño a las víctimas y sus familias, motivo principal del punto de acuerdo que presenta.

Con base a los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión de Gobernación formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. Los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación se solidarizan ampliamente con las víctimas y familiares de la explosión registrada el 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa de Morelos y reconocen los esfuerzos realizados por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para la atención efectiva de la emergencia suscitada.

Segunda. Que de conformidad con los artículos 26 y 33, fracciones XII, XXI, XXII y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción IV, 4, fracción XXVIII y 5, párrafo segundo, 56, fracción VI, 131 y demás aplicables de la Ley de Hidrocarburos; 38 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2, fracción XIV, 3, 5, 87 a 93 y demás aplicables del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo; así como la NOM-007-SESH-2010 y otras Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos complementarios, corresponde a la Secretaria de Energía la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de las obras, instalaciones, vehículos y accesorios que los titulares de los permisos para el transporte y distribución de Gas L.P están obligados a mantener en todo conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Tercera. Con relación al siniestro referido, en el cual estuvo involucrado el auto-tanque con registro AD-DF-008-C/00 y número económico 70 perteneciente a la empresa Gas Express Nieto de México, SA de CV, el cual está adscrito a la planta de distribución ubicada en el Km. 24+500 Autopista México-Puebla. colonia Santa Catarina, delegación Tláhuac, DF, la Secretaría de Energía (Sener) informó al público en general que realizó una visita de verificación extraordinaria en el auto-tanque siniestrado para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, y debido al estado en que se encontraba se determinó la realización de una inspección y pruebas de laboratorio para determinar las causas que originaron la falla en el funcionamiento del auto-tanque.

Los resultados de dicho análisis forman parte de un expediente reservado y confidencial conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el artículo Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

De los resultados que se plasman en los documentos “Análisis de Falla en Sistema de Trasiego de Auto-tanque de Gas L.P.” emitido por la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V., persona moral acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C., e “Informe de Dispositivos Mecánicos, Equipos y Accesorios tomados del Auto-tanque de distribución de Gas LP, marca Izuzu (sic), Modelo 2008, Color Rojo, con placas de Circulación KW-82970”, emitido por Ingeniera e Inspección en Soldadura, S.A. de C.V., persona moral acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C., se concluyó que:

a) El Auto-tanque presentó una fuga en la bomba del sistema de trasiego, la cual se derivó de la fractura de dos de los cuatro tornillos de la junta que conecta de manera hermética la bomba con el tubo de salida.

b) De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que las placas radiográficas obtenidas de la pieza 9 y 9ª si observa la interrupción en la continuidad (fractura) de la cuerda de los tornillos.

Derivado de lo anterior la Secretaría de Energía dio a conocer que inicio el procedimiento administrativo sancionatorio respecto de la revocación del permiso de la planta de distribución ubicada en el kilómetro 24+500, autopista México-Puebla, colonia Santa Catarina, delegación Tláhuac, DF.

Adicionalmente la secretaría informó lo siguiente:

Desde el día del evento, la Sener ha realizado 13 visitas de verificación extraordinarias a la empresa Gas Express Nieto de México, SA de CV:

a) Tres a la planta de Tláhuac (cuyo permiso corresponde al de la pipa siniestrada) con capacidad de 1,500,000 litros;

b) Una al auto-tanque siniestrado.

c) Tres a la planta de Tlalnepantla;

d) Dos a la planta de Ecatepec;

e) Una a la planta de Nicolás Romero;

f) Una a la planta de Tecámac,

g) Una a cada una de las dos plantas ubicadas en la ciudad de Querétaro que suman una capacidad de 1,500,000 litros.

En todos los casos, la Sener consideró que cuenta con elementos de posibles infracciones para iniciar procedimientos administrativos.

En ese tenor, esta comisión dictaminadora considera que el primer resolutivo del Punto de Acuerdo que se dictamina, ha sido atendido ya que como se ha referido, la Sener ha revisado los permisos, autorizaciones, registros, aprobaciones, certificación y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de la empresa Gas Express Nieto.

Sin embargo, esta Comisión estima conveniente hacer un exhorto a la Sener para que informe a esta Cámara cuáles han sido los resultados relativos a la aplicación de normas oficiales mexicanas sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de obras, instalaciones y vehículos de las empresas con permiso para transportar y distribuir gas LP en el territorio nacional.

Cuarta. Los integrantes de la Comisión manifiestan la importancia del enfoque de reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas en términos de la normatividad vigente y conforme a las responsabilidades a que haya lugar.

Tras lo expuesto, esta Comisión de Gobernación dictamina en sentido positivo la proposición con punto de acuerdo referida en el presente instrumento y considera oportuno someter a la consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de su competencia, informe por escrito a esta Cámara de Diputados a fin de conocer cuáles han sido los resultados relativos a la aplicación de normas oficiales mexicanas sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de obras, instalaciones y vehículos de las empresas con permiso para transportar y distribuir gas LP en el territorio nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que en coordinación con las autoridades federales, se lleven a cabo todas las diligencias que garanticen la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 29 de enero del 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa, así como el seguimiento a estos procesos y la determinación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de quienes resulten involucrados.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.

La Comisión de Gobernación, diputados:Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, secretarios; Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Rocío Baca Bonifaz (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS NIÑOS MIGRANTES QUE SON DEPORTADOS SIN JUICIO PREVIO POR LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a impulsar por la SRE una política exterior dirigida a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los niños migrantes deportados sin juicio previo por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal, para que por conducto del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulse una política exterior dirigida a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños migrantes que son deportados sin juicio previo por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América, presentada el 10 de febrero de 2015, por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 85,157, numeral 1, fracción 1; 176 numeral 1; 182, numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En la sesión del pleno del martes 10 de febrero de 2015, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen.

Contenido

El diputado Fujiwara Montelongo propone que se exhorte al Ejecutivo federal, para que por conducto del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulse una política exterior dirigida a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los niños migrantes mexicanos que son deportados sin juicio previo por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

Respecto de la materia de la proposición la Comisión de Relaciones Exteriores desea apuntar lo siguiente:

El proponente destaca que la migración de menores de edad hacia Estados Unidos de América, es un fenómeno que el Estado mexicano debe atender de manera integral y con estricto apego a los derechos humanos toda vez que el tránsito de estos menores se realiza frecuentemente sin el acompañamiento o supervisión de sus padres o tutores, lo que los coloca en una condición de vulnerabilidad e indefensión.

Asimismo, menciona que de acuerdo con informes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización humanitaria internacional, se han denunciado las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los menores migrantes mexicanos no acompañados al ser deportados, sin que medie un juicio previo y que su caso sea evaluado ante un juez migratorio, un trato que resulta discriminatorio frente a otras nacionalidades.

El problema persiste debido a una legislación vigente es violatoria de los derechos humanos, puesto que no da un trato igualitario a todos los menores migrantes no acompañados que son detenidos por las autoridades migratorias.

Destaca que esta legislación establece que los menores mexicanos deben ser entrevistados por agentes fronterizos dentro de las primeras 48 horas después de su detención y los agentes pueden obtener su consentimiento para irse durante la sesión, siendo su deportación la prioridad de estos agentes.

Para menores procedentes de otros países, la ley exige su traslado a refugios de detención dentro de las primeras 72 horas, lugar donde deben ser entrevistados para evaluar si son prospectos para ser asilados sin ser expulsados, sin que medie un juicio migratorio.

En tal virtud, señala que es necesaria una intensa actividad del gobierno mexicano para que mediante mecanismos, legales, políticos y diplomáticos, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de estos menores.

Conforme al mandato constitucional, establecido en el artículo 89, fracción X, corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior del Estado mexicano, bajo la conducción del principio normativo de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, máxime cuando se trata de un sector social vulnerable como son las y los niños migrantes.

Sobre el particular, los integrantes de esta Comisión consideran que resulta fundamental la protección de los derechos humanos de los menores migrantes mexicanos no acompañados, por lo que aprecian procedente el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para este efecto.

Conclusiones

Por lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones pronunciadas, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, por lo que someten a la consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que por conducto del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulse una política exterior dirigida a lograr el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las niñas y los niños migrantes mexicanos que son deportados sin juicio previo por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América por nuestra frontera común.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero del 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo(rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Viridiana Lizette Espino Cano (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinosa.»

DAÑOS OCASIONADOS A LAS OBRAS MURALES DE ROBERTO MONTENEGRO, UBICADAS EN EL FORO LINDBERGH, DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la SEP y del Conaculta en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro en el foro Lindbergh, de Cuauhtémoc, Distrito Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 12 de febrero de dos mil quince, la diputada Zuleyma Huidobro, González, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable, Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro en el Foro Lindbergh en Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-2145, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/3989 de fecha 16 de febrero la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 26 de febrero de dos mil quince, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro en el Foro Lindbergh en Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Segundo. Como antecedentes, la diputada proponente refiere que Roberto Montenegro Nervo es considerado un artista excepcional y de capacidad creativa gigantesca y plausible, autor del primer mural del México moderno, El árbol de la vida, que plasmó en 1921 en el ábside de lo que fue el templo del antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.

Creó dos murales en relieve, ubicados en las áreas frontales de los vestidores del parque Lindbergh, y que de acuerdo con la diputada proponente, por años estuvieron abandonados a pesar de los pedidos de restauración hechos por investigadores como Julieta Ortiz Gaitán, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Montenegro.

En diciembre de 2014 se iniciaron los trabajos de restauración, como parte del proyecto, en el cual se busca recuperar el patrimonio artístico, de art decó, del Parque Lindbergh, en la colonia Condesa.

De acuerdo con Jaime Ortiz Lajous, arquitecto restaurador de Alarife y Asociados, la empresa Sackbé, encargada del proyecto causó daños graves en los murales de Montenegro, lo que representa una afrenta para el patrimonio.

Que los técnicos de la empresa Sackbé se atrevieron a inventar colores y, en su caso, a acabar con los detalles de color, sobre todo en la parte superior, por lo que se solicitó que la delegación que hasta ese momento asumió la supervisión de la obra, la suspendiera de inmediato.

Que se trata de una obra que se considera única y que por sus componentes y características de gran envergadura indudablemente se vuelve histórico, en nuestro tiempo, aunado a que forma parte del patrimonio del país.

Asimismo, que las autoridades saben que es fundamental que se lleve a cabo un proceso de rescate de edificios públicos históricos en el que se articulen los diversos esfuerzos, intereses y visiones, que involucren una eficaz respuesta gubernamental que vea más allá de su dimensión física o de utilidad inmediata, también se debe valorar desde una dimensión sociocultural.

Que no siempre resulta ser una prioridad para las autoridades responsables (federales) el rescate y conservación de este tipo de obras, máxime, cuando el gobierno federal no le apuesta a la cultura y vemos día con día y con gran desacierto recortes presupuestales en este rubro.

Que por los antecedentes arriba mencionados, con fundamento en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Manual de Organización General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a planear y coordinar por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes estrategias y acciones tendentes a proteger, conservar y restaurar las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, por considerarse que se trata del patrimonio cultural del país.

Asimismo, que se debe exhortar respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar acciones tendentes a asegurar y garantizar la protección de las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del parque México, en la colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Tercero. La Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el Patrimonio Cultural celebrada en México en 1982, definió que “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”.

En nuestro país en el año 1914 el Estado regula a través de un marco jurídico el Patrimonio Cultural, a través de normas para la conservación de monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y a partir de 1986 también los paleontológicos.

Podemos mencionar que desde la segunda década del siglo XX, se responsabiliza de establecer normatividad para conservación, bajo la modalidad de “antigüedades mexicanas” que posteriormente se les denomina monumentos, involucrando a la fuente de conocimiento científico, cultural e histórico tangible e intangible.

Por otra parte, el 6 de mayo de 1972, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que entró en vigor a los 30 días de dicha publicación. Con objeto de garantizar el material arqueológico, histórico y artístico. Protege bienes muebles como inmuebles. El patrimonio tangible y prevé protección a monumentos en lo individual o bajo el concepto de zonas. Obligaciones y derechos para propietarios y poseedores de bienes. Se conserva la modalidad de propiedad privada para los bienes históricos y artísticos, así como la obligación de llevar registro nacional de los bienes, siendo la Federación la competente para aplicar la Ley.

En este sentido, el artículo 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece que son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante, para lo cual se atenderá a alguna de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. Para los bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.

Señala la misma Ley, que la obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Asimismo, su artículo 38 estipula que las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los poderes federales en los términos prescritos por la ley y su reglamento.

Los diversos monumentos, edificios y bienes culturales, son motivo de preocupación en su conservación, difusión e investigación, por lo que desde hace varios siglos son objeto de regulación normativa y de incorporación en la política cultural.

Actualmente, por Ley, la responsabilidad primordial en la preservación del Patrimonio Cultural en el país, corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en lo referente a custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los períodos prehispánico, virreinal y siglo XIX y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) en lo relativo al patrimonio artístico del siglo XX. Éste último, creado en diciembre de 1946 con objeto de preservar, fomentar y difundir el patrimonio artístico de México.

Respecto al INAH, la necesidad de preservar, fomentar y difundir el patrimonio histórico de la nación, originó su creación el 3 de febrero de 1939 por Lázaro Cárdenas. Su función primordial fue la vigilancia, conservación y restauración de monumentos históricos y artísticos del país y de objetos que se encuentren en ellos.

Se creó el Departamento de Monumentos Coloniales que se dividió en dos partes: la Dirección de Monumentos Prehispánicos y la Dirección de Monumentos Coloniales. Hacia 1973, el Departamento de Monumentos Coloniales y de la República, se incorporó a la recién creada Dirección de Monumentos Históricos y años después desaparece.

Actualmente, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, es el órgano de gobierno encargado de la Integridad de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de la nación, es decir los bienes federales. Respecto a sus antecedentes, se ubican en las Dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienes Nacionales, la Secretaría del Patrimonio Nacional, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social.

En 1994 fue ubicada en la Secretaría de Educación Pública y en marzo de 1997, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Responsable de un amplio acervo de valor histórico, artístico y cultural, con más de 125 mil inmuebles y bienes asociados, como retablos, pinturas, esculturas, pintura mural, frescos, objetos ornamentales y litúrgicos orfebrería, mobiliario, etc. En este marco impulsa tareas de restauración, conservación y valoración social del patrimonio, así como de investigación, catalogación, inventario y difusión.

Sus actividades son desde planeación, proyección, asesoría y realización de obras, hasta la realización de estudios urbanos, colaboración en elaboración de planes parciales, apoyo a los gobiernos de estados y municipios, realización de inventarios y difusión de los valores, de los bienes a conservar.

Realiza actividades de restauración de monumentos importantes para la nación y también proporciona asesoría a Entidades Federativas y comunidades que lo requieran.

Otra estructura es la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, cuyo propósito es estimular la participación de la sociedad en tareas de conservación del patrimonio. Se integra por personalidades que en sus respectivas Entidades Federativas han hecho labor relevante a favor de la protección del acervo cultural. Es órgano de consulta y apoyo al Conaculta con medidas pertinentes para la preservación del patrimonio cultural.

Cuarto. Esta comisión dictaminadora coincide con los propósitos de la autora de la proposición que se analiza, ya que la garantía de preservación del Patrimonio Cultural es determinante para que permanezca en el tiempo y continúe alimentando a generaciones posteriores, a fin de que conozcan y palpen antecedentes históricos que nos distinguen como nación, su realidad presente, que contribuyan a su reafirmación cultural futura, a través de un proceso armónico de asimilación y ubicación en el desarrollo, sin perder identidad. Es por ello, que el Estado mexicano ha implementado diversas formas legislativas y administrativas para protegerlo.

Estamos ciertos de que la gran riqueza del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la nación, son también ejemplo de pluralidad cultural de este país, pero sobre todo de nuestra gran riqueza cultural y que en el caso que nos ocupa, la obra mural del maestro Roberto Montenegro se considera única por sus componentes y características, por lo que es de suma importancia que las autoridades, conforme a la normatividad aplicable en-la materia, realicen las acciones tendientes a la restauración, protección y conservación de este importante patrimonio cultural.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, considera que es de resolverse y se

Resuelve

Primero. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor a planear y coordinar las estrategias y acciones tendentes a proteger, conservar y restaurar las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, que integran el patrimonio cultural del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar las acciones tendentes a asegurar y garantizar la protección de las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Notas:

1 http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2015/murales-de-montenegro-daniados-en-re stauracion-1073109.html. Consultado el 3 de febrero de 2015.

2 Ídem

3 http://www.academia.edu/419404/El_patrimonio_cultural_en_Mexico_un_recursos_est rategico_para_el_desarrollo

4 http:/twww.oeies/cultura2/mexico/c7.htm#indice

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ofelia Limón Robles (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica).»

ESTABLECER MESAS DE TRABAJO PARA REALIZAR EN LA ZONA DONDE SE ESTABLECIO LA PLANTA RECICLADORA BICENTENARIO, PROYECTOS AMBIENTALES VIABLES PARA CLASIFICAR, RECICLAR Y/O PROCESAR LOS RESIDUOS SEGUN CORRESPONDA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de gobierno a establecer mesas de trabajo para realizar en la zona donde se instaló la planta recicladora Bicentenario proyectos ambientales viables para clasificar, reciclar o procesar los residuos según corresponda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a dependencias de los tres órdenes de gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo interinstitucional, para realizar proyectos ambientales viables y aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos, en la zona donde se estableció la planta recicladora Bicentenario.

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno cameral, el proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar a dependencias de los tres órdenes de gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo interinstitucional, para realizar proyectos ambientales viables y aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos, en la zona donde se estableció la planta recicladora Bicentenario, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 17 de febrero de 2015, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a dependencias de los tres órdenes de gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo interinstitucional, para realizar proyectos ambientales viables y aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos, en la zona donde se estableció la planta recicladora Bicentenario.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dictó trámite al asunto en los términos siguientes: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Una vez analizada la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, exponemos el siguiente

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente manifiesta el grave problema que representa para nuestro país, la generación y manejo de la basura, en virtud de los conflictos ambientales que generan. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) elaboró el “Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) 2008-2012”.

Sostiene que el PNPGIR tiene por objeto, contribuir al desarrollo sustentable a través de una política ambiental de residuos, basada en la promoción de cambios en los modelos de producción, consumo y manejo, que fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos y minero-metalúrgicos; a través de acciones de prevención y minimización de la generación, separación de residuos en la fuente, reutilización y reciclado, la valoración material y energética, hacia la disposición final restringida y apropiada de los residuos como última opción.

Admite que según la Semarnat, cada habitante en México, genera un promedio de 900 gramos de residuos al día, considerando que en el medio rural cada habitante produce 400 gramos diarios, en tanto el habitante metropolitano cotidianamente genera alrededor de 1.5 kilogramos de residuos.

Observa que según estimaciones oficiales, de estos residuos, el 53% son residuos orgánicos biodegradables; el 14% corresponde a papel y cartón, el 6% es vidrio; el 4%, plásticos, el 3% de metales y 1% de textiles, el restante 19% corresponde a otros materiales.

Advierte que el total de los residuos reciclados al año, es de alrededor del 11 % de un total de residuos generados cercano a los 37 millones de toneladas.

Señala que la Semarnat en 2013 definió 53 proyectos y 46 acciones de manejo de residuos y se tienen presupuestados más de 1000 millones de pesos para 2014, de los cuales 680 millones serán aplicados con los gobiernos de los estados para mejor manejo de residuos en favor del medio ambiente.

Expone que en 2010, el gobierno de/estado de México estableció en el municipio de Nezahualcóyotl, la “planta recicladora Bicentenario” para seleccionar y aprovechar hasta el 30% de los residuos sólidos, y con capacidad para separar materiales como PET, cartón, papel y vidrio.

Advierte que con las Plantas de reciclaje o de clasificación de residuos, permiten seleccionar y clasificar tanto los orgánicos como los inorgánicos, recuperando los materiales reciclables para su comercialización y utilizando los residuos orgánicos seleccionados para un compostaje de alta calidad.

Manifiesta que el Secretario de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA), recriminó el abandono de la planta recicladora Bicentenario, en el municipio Nezahualcóyotl, la cual suspendió actividades durante la administración municipal 2009-2012 y el predio se utilizó como tiradero de desechos y cascajo, lo que hoy la mantiene inservible y hundida.

Puntualiza en que dicha recicladora se supuso tendría capacidad para procesar 25 toneladas por hora en cada banda, es decir, más de 1000 toneladas por día, más el funcionamiento continuo durante las 24 horas del día.

Como expresión de la preocupación generalizada por el tema, presentó la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaria de Medio Ambiente local, y al gobierno de1 municipio de Nezahualcóyotl, para que establezcan mesas de trabajo inter institucional, para realizar en la zona donde se estableció la planta recicladora Bicentenario, los proyectos ambientales viables para aprobar el procesamiento de residuos sólidos urbanos.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, después de realizar, el análisis de la proposición objeto del presente dictamen, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocemos con la proponente el grave problema que representa la generación y el manejo de los residuos, pues ambas acciones son motivo de conflictos ambientales que no se solventan sin la eficaz aplicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) así como la observancia del mismo ordenamiento legal por quienes generamos o manejamos dichos residuos.

Estimamos positivo el hecho de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales procure cumplir con las atribuciones que le confiere el Artículo 7 de la LGPGIR, en lo relativo a la formulación, conducción y evaluación de la política nacional en materia de residuos, aunque al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se le haya decretado una vigencia acotada para el periodo 2008-2012, en coincidencia con el período de gestión 2006-2012 del Ejecutivo Federal en turno.

Apreciamos que lo dispuesto en el Artículo 26 de la propia Ley, el cual establece que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias; deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión  de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; los cuales, en congruencia con lo señalado en el artículo 7 referido en el párrafo anterior, debieran tener una vigencia común y contenidos congruentes a los previstos en el programa nacional, so riesgo de que su ejecución pueda desfasarse respecto del ejercicio y objetivos de éste.

Estimamos que de lo anterior, depende en gran medida el logro de los objetivos tanto de los programas locales como del Programa Nacional, sobre la contribución al desarrollo sustentable a través políticas ambientales de residuos, Nacional y locales, basadas en la promoción de cambios en los modelos de producción, consumo y manejo, que fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos y minero-metalúrgicos; a través de acciones de prevención y minimización de la generación, separación de residuos en la fuente, reutilización y reciclado, la valoración material y energética, hacia la disposición final restringida y apropiada de los residuos, según corresponda.

Apreciamos válida la estadística de Semarnat, en cuanto a la cantidad de residuos generados por cada habitante en nuestro país, así como los producidos per cápita, en el medio rural y en áreas metropolitanas; correspondiendo a cada uno de ellos, y en ese orden: 900 gramos; 400 gramos y 1.5 kilogramos de residuos, respectivamente.

Del mismo modo, observamos que el 53% del total de los residuos generados en el son residuos orgánicos biodegradables; el 14% corresponde a papel y cartón, el 6% al vidrio, el 4% a plásticos, el 3% a metales, el 1% a textiles y el restante 19% a otros materiales.

Consideramos oportuno atender que los residuos reciclados al año, representan alrededor del 11% del total de alrededor de 37 millones de toneladas de residuos generados a nivel nacional.

Estimamos importante el señalamiento de que esta Cámara de Diputados aprobó recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal de 2014, para impulsar proyectos y acciones de manejo de residuos y señala que la Semarnat en 2013, definió 53 proyectos y 46 acciones de manejo de residuos, por más de 1000 millones de pesos, de los cuales 680 millones serán aplicados por la federación, con los gobiernos de los estados, para mejorar uh manejo de residuos favorable al medio ambiente.

Reconocemos positivo que el gobierno del estado de México, haya establecido la “planta recicladora Bicentenario” en el municipio de Nezahualcóyotl, en 2010, con el propósito de seleccionar y aprovechar hasta el 30% de los residuos sólidos y separar materiales como PET, cartón, papel y vidrio.

Coincidimos con la diputada proponente en que las plantas de clasificación y reciclaje de residuos, permiten la separación de los orgánicos y los inorgánicos, así como la recuperación de los materiales reciclables para su comercialización, y utilizando los residuos orgánicos seleccionados para un compostaje de calidad.

No obstante, estimamos un despropósito el hecho del abandono en que se dejó la planta recicladora Bicentenario, al suspender sus actividades durante la administración municipal 2009-2012, convirtiendo el predio donde se localiza la Planta, en un tiradero de desechos y cascajo, en el que todavía se tiene una planta inservible y arruinada; de tal manera, se desperdició la oportunidad de aprovecharla para procesar 25 toneladas por hora en cada una de las doce bandas con que contaba, es decir, más de 1000 toneladas por día, sin considerar el funcionamiento continuo durante las 24 horas del día.

En base a las consideraciones vertidas, las diputadas y diputados integrantes de la comisión dictaminadora, estimamos viable el punto de acuerdo planteado por la diputada proponente, pues se trata de retomar el rumbo de políticas públicas que permitan impulsar el óptimo aprovechamiento de los residuos, mediante su reciclaje o procesamiento, según corresponda a cada uno de los órdenes de gobierno.

En adición a lo anterior expuesto, es pertinente observar la creciente preocupación de diversas autoridades y agrupaciones privadas y sociales; por mejorar en la prevención de la generación, valorización y gestión integral de los residuos, sean peligrosos, sólidos urbanos  de manejo especial.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente local, y al gobierno del municipio de Nezahualcóyotl, a que se coordinen para establecer mesas de trabajo interinstitucional, para realizar en el predio donde se estableció la planta recicladora Bicentenario, los proyectos ambientales viables para clasificar, reciclar y/o procesar los residuos, según corresponda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

REINCORPORACION

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, Cecilia González Gómez, diputada federal por el III distrito del Estado de Jalisco, me dirijo muy respetuosamente a usted en relación y con alcance a mi oficio número CGG/224/15, de fecha 5 de marzo de 2015, en el cual solicité se me otorgara licencia a mí cargo, por tiempo indefinido que se me concedió en la sesión del Pleno de esta Cámara de Diputados del día jueves 5 de marzo del año 2015. Y toda vez que, pude atender con prontitud los asuntos partidistas, del organismo político al que pertenezco, le solicito con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se realice mi reincorporación a funciones como diputada federal, a partir del día de hoy, martes 10 de marzo del año en curso, para los efectos legales y parlamentarios a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2015.— Diputada Cecilia González Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado José Higuera Fuentes cause alta como integrante de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado José Higuera Fuentes cause alta como secretario en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado José Higuera Fuentes cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado José Higuera Fuentes cause alta como integrante en la Comisión de Turismo

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Manuel Añorve Baños cause baja como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado José Daniel Ochoa Casillas cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Socorro de la Luz Quintana León cause baja como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Carlos Sánchez Romero cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Carlos Sánchez Romero cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Eduardo Solís Nogueira cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Eduardo Solís Nogueira cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Adriana Hernández Íñiguez cause baja como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Cristina Ruiz Sandoval cause alta como presidenta en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Cristina Ruiz Sandoval cause baja como integrante de la Comisión de Protección Civil.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnados a las Comisiones que correspondan y ello será publicado, es decir el turno, en la Gaceta Parlamentaria. (*)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado(a las 15:24 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 12 de marzo en curso a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico –como se estila– estará abierto a partir de las 9:30 horas. Muchas gracias.

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