Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

ASISTENCIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Se informa a la Presidencia que existen registrados 261 diputados y diputadas. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de marzo de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena

En relación con retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio.

De la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para apoyar las prácticas democráticas y el fortalecimiento del respeto a las leyes electorales.

De las universidades autónomas de los estados de Campeche, Puebla y Querétaro

Con los que remiten los informes de resultados de auditorías externas a las matrículas correspondientes al ciclo escolar 2013-2014.

De la Universidad de Colima

Con el que remite el informe de resultados de la auditoría externa a la matricula del segundo informe semestral 2014.

Con el que remite el informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula 2013-2014.

Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Con la que remite informe anual de las concesiones otorgadas durante el ejercicio fiscal 2014.

Protesta de ciudadanos diputados

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se adiciona un inciso d) al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 86 y 107 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del Artículo 420 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 148, y se adiciona un numeral 2 al artículo 151 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que considere la inclusión de todo el territorio del estado de Baja California y el municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que reduzca el precio de las gasolinas, a fin de reactivar la economía nacional, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el estado de Sonora, en el que participarían el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, suscrito por los diputados Carol Antonio Altamirano y Lilia Aguilar Gil, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente.

Iniciativas

Que reforma el artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículo 9o. y 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Cristina Ruíz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 268 y 275 de la Ley Federal de Derechos, y 6o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación Movimiento Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 154 Bis de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Eduardo Solís Nogueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 119, 120, 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Eduardo Solís Nogueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Cristina Ruíz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Control y Regulación de Agroquímicos, a cargo del diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 34 del Código Penal Federal y 188 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 8o., 25 y 29 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Eduardo Solís Nogueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que crea la Universidad Marítima de México, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1055 Bis del Código de Comercio, a cargo del diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Manuel Rocha Piedra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol, del Conapo y del INEGI, para que reconozcan los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, así como sus zonas conurbadas o periferias contiguas, pertenecientes al estado de Chihuahua, como nuevas zonas metropolitanas, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que revise la fórmula de distribución de las Participaciones Federales e incorpore una nueva fórmula de distribución al Fondo de Aportaciones Múltiples, a cargo de la diputada María de Lourdes Medina Valdes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, para que difunda el porcentaje de avance del “Inventario Estatal Forestal y de Suelos”, de dicho Estado, a fin instrumentar acciones que fortalezcan la preservación de la Selva Lacandona, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas y del DF, para que lleven a efecto una evaluación de los agentes del Ministerio Público, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca y a las autoridades federales competentes, para que preserven y garantice en esa entidad el acceso y goce irrestricto del derecho humano a la educación, y a los docentes de la Sección 59 del SNTE la protección de sus derechos laborales y sociales, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profedet, a fin de implementar acciones para garantizar los derechos laborales, en los casos de término de contratos y/o firma de renuncia anticipada, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que esta soberanía invita a las autoridades educativas y de turismo, a celebrar un Programa de coordinación permanente de visitas guiadas que involucre a la comunidad estudiantil y al turismo nacional e internacional, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la PGR y de la SFP, para que realicen las investigaciones y se finquen responsabilidades penales y administrativas al Gobernador del estado de Sonora, por posibles ilícitos cometidos en esa entidad, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SE, de la Semarnat y de la Sedesol, a fin de que se instale una mesa de trabajo para el seguimiento de la problemática por la que atraviesan los productores de leche en el país, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, tome las medidas necesarias para reforzar la seguridad en el comercio electrónico, a fin de evitar el tráfico libre de armas y mercancías ilegales en nuestro país, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, a fin de tomar las medidas necesarias para impedir el turismo electoral en dicha entidad, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, celebrada el martes diez de marzo de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y tres diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del martes diez de marzo de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el diario de los debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) Del diputado José Adán Abellaneda, por la que comunica su integración al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De enterado, comuníquese.

c) Del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que comunica la integración a ese grupo parlamentario del diputado José Adán Abellaneda. De enterado, comuníquese.

d) Del diputado Javier Gutiérrez Reyes, por la que comunica su integración al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. De enterado, comuníquese.

e) Del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que comunica la integración a ese grupo parlamentario del diputado Javier Gutiérrez Reyes. De enterado, comuníquese.

f) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo probado por la Cámara de Diputados, relativo a los problemas derivados del uso del sistema de pago IAVE. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

• Con la que remite nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio:

— Por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el ejercicio de los recursos públicos para el sector agropecuario correspondiente a dos milo catorce del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

— Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos para dos mil quince.

— Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a emprender una campaña que desincentive la piratería de libros y promueva una cultura de legalidad centrada en el respeto de los derechos de autor.

— Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua que analicen la viabilidad técnica y jurídica de expedir un nuevo decreto por el que se den facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales.

— Por el que ésta exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuitos temas de cultura contributiva.

— Por el que ésta exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dar a conocer públicamente la programación detallada del Plan Integral para el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales Públicas.

— Por el que se exhorta al titular de la Profeco a reforzar las acciones de supervisión, monitoreo y vigilancia durante la temporada navideña y el primer bimestre de dos mil quince.

— Para difundir la celebración del veintiocho de agosto como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

— Por el que se solicita al Ejecutivo federal que genere un reporte del avance de los compromisos presidenciales en las entidades del sur y sureste del país

Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

g) Del Gobierno del estado de Michoacán:

• Con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

— Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Gobernador del estado de Michoacán y al Ayuntamiento del municipio de Morelia, a fin de cancelar definitivamente la construcción del “Libramiento Sur de Morelia”.

— Por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno para que implementen la creación de mecanismos eficientes que garanticen el acceso a los programas alternativos de movilidad, a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y de la salud humana.

— Por el que se exhorta a las entidades federativas y municipios, lleven a cabo programas y acciones permanentes para fomentar la gestión integral de los residuos de manejo especial.

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

— Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas, para que difundan los mecanismos mediante los cuales cada uno de las y los trabajadores de la educación federalizados, pueden verificar la información correspondiente a su nómina. Se remite al promovente, para su conocimiento.

h) De la Secretaría de Gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con las que remiten dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio:

• Por la que se condena enérgicamente la serie de ataques contra el diputado federal Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, perpetrada por trabajadores de la delegación Cuajimalpa. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Por la que exhorta al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para investigar las violaciones de derechos humanos cometidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, contra personas con discapacidad visual durante el desalojo de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

i) De la Auditoría Superior del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y esa institución que revisen y fiscalicen la Cuenta Pública de Putla Villa de Guerrero. Se remite al promovente, para su conocimiento.

j) De las Universidades Autónomas de los estados de Hidalgo, Benito Juárez de Oaxaca y de Tamaulipas, con las que remiten los informes de resultados de auditorías externas a las matrículas correspondientes al ciclo escolar dos mil trece-dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

k) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite alcance de la información correspondiente a los organismos descentralizados (Colegios de Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos e Institutos de Capacitación para el Trabajo) para el cuarto trimestre del ejercicio dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

l) De la Cámara de Senadores, por la que comunica la integración de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. De enterado.

m) Del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional, por la que informa la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

n) De las diputadas y los diputados: Verónica García Reyes, Víctor Reymundo Nájera Medina, Valentín González Bautista, Silvano Blanco Deaquino, María del Rosario Merlín García, y Antonio García Conejo del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional; y Luis Miguel Ramírez Romero, del Partido Acción Nacional, por las que solicitan licencia para separarse de sus actividades legislativas. En votación económica, se aprueban. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos: Víctor Sánchez Guerrero; Leticia Salas López; Diana del Carmen Vera Ávila; Nidia Saavedra Pérez, Danner González Rodríguez; Elizabeth Vázquez Hernández; Francisco Antonio Eduardo Mora Molina; Eduardo Enrique Domínguez Maganda; María del Ángeles Sánchez Lira; José Ignacio Olvera Caballero; Mario César Gaona García; Ulises Iván Valencia Pérez; Lucía Rosales Villegas; Alejandra Gutu Deskens; Micaela Rodríguez Zamora; Erika del Carmen Ramagnoli Sosa, diputadas y diputados electos. El Presidente designa una comisión que los acompaña en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

o) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción quinta del artículo octavo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

En su oportunidad y desde curul realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las y los diputados María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Partido Acción Nacional; y María de los Ángeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática. El presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes de las Comisiones:

a) De Salud:

• Por el que se reforma el primer párrafo del artículo veintiséis de la Ley General para el Control del Tabaco. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Mario Alberto Dávila Delgado.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: José Arturo López Cándido, de Movimiento Regeneración Nacional; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cinco diputadas y diputados.

Elizabeth Vázquez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Maricela Orta Coronado, del Partido Acción Nacional; y Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro los diputados: Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Vicente Hidalgo Durán, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta propuesta de modificación al dictamen, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos ochenta y seis votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo veintiséis de la Ley General para el Control del Tabaco. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Que reforma el primer párrafo del artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Mario Alberto Dávila Delgado. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; José Arturo López Cándido, de Movimiento Regeneración Nacional; Jessica Salazar Trejo, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México; Simón Lomelí Cervantes, del Partido Acción Nacional; y Oscar Bautista Villegas, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e interviene en pro el diputado Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y cinco votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

b) Unidas de Marina y de Transportes, que reforma los artículos cuarenta y seis y cuarenta y ocho de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional; Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Abraham Correa Acevedo, del Partido de la Revolución Democrática; Leonor Romero Sevilla, del Partido Acción Nacional; Alfonso Inzunza Montoya, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen en pro los diputados José Daniel Ochoa Casillas, del Partido Revolucionario Institucional; y Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos ochenta y un votos a favor, cinco en contra, y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y seis y cuarenta y ocho de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Vivienda, por el que se reforman los artículos segundo, sexto, diecinueve, cuarenta y tres, setenta y uno, y setenta y ocho; y se adicionan las fracciones cuarta y quinta al artículo cuarto de la Ley de Vivienda. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Abel Guerra Garza. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Regeneración Nacional; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Teresita de Jesús Borges Pasos, del Partido de la Revolución Democrática; María Celia Urciel Castañeda, del Partido Acción Nacional; y Mirna Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e interviene en pro el diputado José Adán Abellaneda, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y tres votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos segundo, sexto, diecinueve, cuarenta y tres, setenta y uno, y setenta y ocho; y se adicionan las fracciones cuarta y quinta al artículo cuarto de la Ley de Vivienda. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Regeneración Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes en sentido negativo de iniciativas y minuta con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Relaciones Exteriores, que reforma la fracción novena del artículo veinticinco de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

b) Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que reforma los artículos catorce y sesenta y nueve de la Ley General de Educación, en materia de práctica del ajedrez como deporte y actividad extraescolar.

• Que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación, en materia de herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

c) Derechos de la Niñez, que reforma el artículo ciento tres de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

d) Derechos de la Niñez, que reforma el artículo noventa y cuatro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

e) Competitividad, que adiciona un Capítulo Sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

f) Competitividad, que reforma el artículo décimo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

g) Trabajo y Previsión Social, que adiciona el artículo quince-E de la Ley Federal del Trabajo.

h) Trabajo y Previsión Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

i) Juventud, que reforma la fracción tercera del artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

j) Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el inciso d) del artículo cuarenta y siete Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

k) Reforma Agraria, que adiciona un segundo párrafo al artículo diecisiete de la Ley Agraria.

l) Gobernación, que reforma el numeral tercero del artículo doscientos dieciocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En votación económica se aprueban en conjunto. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes de puntos de acuerdo de las Comisiones de:

a) Fomento Cooperativo y Economía Social, por el que se exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) Gobernación, relativos a la explosión registrada el veintinueve de enero de dos mil quince en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa de Morelos.

c) Relaciones Exteriores, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulse una política exterior dirigida a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los niños migrantes que son deportados sin juicio previo por la autoridades migratorias de los Estados Unidos de América.

d) Cultura y Cinematografía, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, su intervención en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro, ubicadas en el Foro Lindbergh, de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

e) Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de Gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo para realizar en la zona donde se estableció la planta recicladora bicentenario, proyectos ambientales viables para clasificar, reciclar y/o procesar los residuos según corresponda.

En votación económica se aprueban en conjunto. Comuníquense.

Se informa que se recibió oficio de la diputada Cecilia González Gómez, con el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado, comuníquese

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios en Juntas Directivas e integrantes de diversas comisiones ordinarias, y Bicameral. En votación económica se aprueban, comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y cinco, ochenta y dos, noventa y uno, y noventa y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo primero de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y los artículos cuarto y quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento ocho de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo segundo de la Ley Federal de Seguridad Privada. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• María Guadalupe Mondragón González y Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo diecisiete Bis a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley que Establece el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios. Turno: Comisiones Unidas de Agricultura y Sistemas de Riego, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el Artículo Octavo Transitorio de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo noventa de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo trescientos cuarenta y tres Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículos treinta y nueve de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veintisiete y veintiocho de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Jaime Chris López Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo estudios, capacitación de médicos e implemente medidas preventivas en materia de osteoporosis. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Patricia Lugo Barriga, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Diputadas del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno en materia de trabajo, a fin de garantizar la inclusión de las mujeres a la vida laboral con igualdad de oportunidades. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que autorice el refinanciamiento de la deuda pública del municipio de Cuernavaca, Morelos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento de Regeneración Nacional, relativo al rescate de La Merced, Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Adolfo Bonilla Gómez y Federico José González Luna Bueno, de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a fin de revisar la política para la devolución de frecuencias de radio AM, en razón de la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves doce de marzo de dos mil quince, a las once horas y levanta la sesión a las quince horas con veinticuatro minutos.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada.Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Protección de la Familia, que presentó una servidora ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados el día 15 de diciembre de 2014, misma que fue turnada a la Comisión de Salud.

Agradeciendo la atención que se brinde a la presente le mando un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2015.— Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, permítame ciudadana secretaria, diputada Lourdes Quiñones Canales, ¿Cuál es el propósito de solicitar el uso de la palabra?

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuevamente las legisladoras del Grupo Parlamentario del PRI levantamos la voz de manera enérgica para pronunciarnos en contra del discurso del gobernador emanado del Partido Acción Nacional, del estado de Baja California, Francisco Vega, quien en el marco del 8 de marzo se refirió públicamente a las mujeres de manera desdeñosa, irrespetuosa, burlona, violenta y discriminatoria.

Las palabras de Francisco Vega ofenden a las mujeres de Baja California y ofenden a las mujeres de México. Como en el 2000 se refirieron a nosotros, integrantes también del Partido Acción Nacional como el viejerío. En el 2006, lavadoras de dos patas revelan el pensamiento misógino, reduccionista, retrógrada y estereotipado, el cual no corresponde a un funcionario público o a políticos, y en esta ocasión, menos a un gobernador.

Es una vergüenza que este tipo olvide que también, gracias al voto de las mujeres él ostenta el cargo. Sus acciones no hacen sino perpetrar la desigualdad, la invisibilidad, la violencia y la discriminación que ha impedido el avance democrático de las mujeres.

Llevamos años de lucha por la reivindicación de nuestros derechos y por el ejercicio pleno de los mismos. El esfuerzo ha sido arduo para lograr reconocimiento y lograr la igualdad. Nadie tiene derecho a escamotearnos lo que legítimamente nos corresponde y menos un palurdo de poca monta.

Solo a un mono neuronal se le ocurre pensar en el siglo XXI que las mujeres únicamente estamos destinadas a cuidar niños, a atender la casa y a acercar las pantuflas al señor. Solo un cretino puede atreverse a utilizar públicamente palabras con doble sentido para referirse a las mujeres.

Quien violenta y discrimina a las mujeres viola la Constitución y la ley. Y quien viola las normas jurídicas es un delincuente. Quien abusa y se esconde tras un micrófono, tras un cargo, tras una frase ambigua es un cobarde.

Exigimos una disculpa pública. Exigimos que el Congreso del estado, la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta Cámara emprendan las acciones conducentes a efecto de sancionar a este cínico que no merece desempeñarse como funcionario público. Los hechos son indignantes y merecen una sanción ejemplar. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo que usted ha expresado, diputada Quiñones Canales, será consignado en el Diario de los Debates.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, señor diputado. Tengo registros adicionales y muchas solicitudes para el uso de la palabra. Yo quiero pedirles...

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Es una alusión personal a Baja California.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permitan a la Presidencia informarles en principio que tengo tres registros adicionales de uso de la palabra, de la diputada María Carmen López Segura, María del Rosario Pariente Gavito y Alfa Eliana González Magallanes.

Pero también debo precisarlo y es para la asamblea, no solamente para quien me ha pedido el uso de la palabra y que habré de otorgársela, diputado Gastélum, de que no ha habido una alusión personal y en términos reglamentarios la referencia a una entidad federativa...

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Fue una alusión al estado de Baja California.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Gastélum, le voy a otorgar el uso de la palabra a la diputada María Carmen López Segura y que nos precise con qué objeto.

También haré una precisión de parte de esta Mesa Directiva y bajo la responsabilidad de quien preside: Baja California es México como cualquiera otra entidad federativa de esta nación. Por favor, diputada López Segura. Adelante.

La diputada María Carmen López Segura(desde la curul): Gracias, señor presidente. Efectivamente secundo las palabras de mi compañera Lourdes Quiñones de Durango y su servidora como dirigente de las mujeres del hoy PRI en Baja California, levanto mi voz enérgica y contundente en contra de las expresiones misóginas del ejecutivo del estado de Baja California. La lucha de las mujeres no es de ahora, tenemos cientos de años, siglos luchando por la igualdad.

Yo lamento muchísimo que un ejecutivo estatal no tenga el tino de expresarse en forma respetuosa y comedida de las mujeres. No se vale denostar en un evento público la capacidad, la inteligencia, la integridad de las mujeres como si él no proviniera de una. Por otro lado, la igualdad entre los hombres y las mujeres es la misma. El cerebro no tiene sexo.

Yo exijo una disculpa pública a todas las mujeres de México y del mundo. La lucha de las mujeres es por la equidad de género, por la igualdad. Tenemos la misma capacidad, la misma inteligencia. Somos jefas de familia que hemos luchado brazo con brazo con los hombres. No somos enemigas, somos iguales.

Por lo tanto, me permito conminar al gobernador del estado a que lea lo que significa equidad. Dice: La creencia de que los hombres y las mujeres deben de tener derechos y oportunidades iguales es la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos.

No estamos en la edad media, no estamos en la época primitiva. Estamos en el siglo XXI y el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Gracias, presidente. Que esto sirva para todos los hombres. Los apreciamos, los respetamos y queremos un trato igualitario, nada más. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Su intervención será también incorporada al Diario de los Debates. Atendiendo al orden del registro que esta Mesa Directiva tiene, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Pariente Gavito.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Me sumo a los comentarios de mis compañeras. Textualmente –y que quede claro– el gobernador Kiko Vega, del gobierno panista, textualmente dijo: Las mujeres están rebuenas; rebuenas pa cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno y a ver, mijito, sus pantuflitas. ¿Ésa es la forma en como un gobernador en el Día Internacional de la Mujer se refiere a nosotras?

Yo soy del sur, no soy del norte, eso no importa. La geografía no tiene nada que ver. Considero que tuvo dos abuelas, la paterna y la materna. Considero que tuvo madre, considero que está casado y que además tiene hijas.

Si en el ámbito familiar así lo educaron y él está educando así a sus propias hijas, eso es muy respetable.

En el ámbito que se refiere, al ámbito político, él tiene una representación que debe de ser respetada como gobernador; como ser humano en su casa puede hacer lo que quiera, pero no puede referirse así. Qué decepcionadas han de estar ahorita las mujeres que votaron por él, por estar rebuenas.

Pero además –señor presidente– a nombre de mis compañeras diputadas del Partido Verde, le hago un exhorto para que la Mesa Directiva tome cartas en el asunto y que este sensible hecho no pase desapercibido y asuma usted este exhorto.

También ya supimos que una exdiputada del PAN, exdiputada, ya metió una queja a Conapred. Exhorto a todas mis compañeras a que hagamos lo mismo. Si no pedimos respeto, lo exigimos. Y él no es, como ser humano lo puede hacer en su casa y con su familia, pero como con la investidura que él representa, el gobernador de un estado, debe de tener respeto a las bajacalifornianas y a todas las mexicanas. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se integra también al Diario de los Debates lo que usted ha externado, diputada Pariente Gavito, y en todo caso la Mesa Directiva dará el trámite que corresponde a las excitativas o exhortos o cualquier otra solicitud que se ha planteado como reglamentariamente corresponde.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del PRD, ¿con qué objeto?

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Con el mismo objeto, presidente. Este tema vergonzoso que estamos comentando en esta Cámara de Diputados, la conducta del gobernador de Baja California, es realmente deplorable; ero o es el único ejemplo.

Tuvimos hace apenas unos días lo que sucedió con el presidente municipal de San Blas, en Nayarit, que para él es suficiente ofrecer miles de disculpas, así lo dio en un noticiero. “Yo les ofrezco miles de disculpas a todas las mujeres, no a ella, sino a todas las mujeres de México y el mundo”. Eso lo hizo para endulzarnos los oídos.

Este ejemplo como el del gobernador de Baja California, o bien el caso, lamentable y terrible caso de Aidé Nava González, quien fuera precandidata del PRD en el municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, son ejemplos de la realidad de nuestro México, de la realidad de nuestro país, que no tiene nada que ver nada más con las siglas de quien encabeza un gobierno. Tiene que ver con el deficiente crecimiento que hemos tenido en la igualdad de las mujeres.

Hace apenas cuatro días conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pero ésta es la realidad que vivimos, casos donde nuestros gobernantes discriminan a la mujer y nos dejan en segundo plano, esa es la realidad lamentable. No basta ofrecer miles de disculpas, no basta, no es suficiente, ni que nosotros le exijamos, como tampoco es suficiente y como tampoco es lo que resuelve que intentamos combatir la violencia con un discurso violento.

Lo que hace falta, presidente, es educarnos y capacitar a nuestros gobernantes. Exigimos que quienes nos gobiernan tengan respeto por los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo que usted ha dicho, lo que usted ha expresado se integra al Diario de los Debates, diputada Alfa González.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación Morena, indíquenos cuál es la finalidad del uso de la palabra, por favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Sumarme a las expresiones que aquí se han dado sobre este tema. Creo que no hay mucho que abundar, presidente, pero hace un par de días, el 8 de marzo, aquí nos rasgamos las vestiduras con el tema de los derechos de la mujer, y me parece, lo digo sin aspavientos, que es inadmisible que un funcionario público de la talla de un gobernador pueda tener expresiones de esta naturaleza, y me parece que es insuficiente que nos desahoguemos aquí en este pleno denunciándolas.

Ruego, propongo, suplico, presidente, que la Presidencia de esta Cámara someta a consideración del pleno una comunicación que le imponga una sanción política al gobernador, de tal manera que sirva de ejemplo para cualquier otro funcionario de cualquier nivel, que sepan que más allá de las acciones que están obligadas a tomar diversas dependencias relacionadas con la discriminación hay una sanción política generalizada de la Cámara de Diputados.

Finalmente, presidente, para terminar, sugiero que con referencias o sin ellas, dé la oportunidad de hablar a las y los diputados panistas de Baja California.

Quisiera escuchar de dónde pueden sacar o construir, cómo pueden construir un argumento para defender esa barbaridad que ha cometido su gobernador. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted. Su planteamiento y también sus expresiones se incorporan al Diario de los Debates.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional, indíquenos por favor el objeto del uso de la palabra.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Señor presidente, con todo respeto voy a ceder el uso de la voz a mi compañera Teresa Jiménez. ¿Quién le saca? A ver, aquí. Vengan acá.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel(desde la curul): Quiero comentarles...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítanme, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Diputada Teresa Jiménez, haga usted el uso de la palabra. Y le pido a la asamblea que en reciprocidad de atención y de poder escuchar a quien expresa su visión sobre este tema lo hagamos de la misma manera. Adelante, diputada.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): Gracias, presidente. Comentarles que el Partido Acción Nacional no permite expresiones en contra de las mujeres, que el Partido Acción Nacional siempre ha creído en la mujer y que antes de llegar al gobierno fue el partido el que luchó por las mujeres.

También recordarles que el gobernador de Baja California es uno de los gobernadores en su gabinete que tiene el mayor número de mujeres; y en eso está, no nada más es de palabra, es de acción. Está la procuradora de Justicia, está la oficial mayor, está la titular del Registro Civil, está la subsecretaria de Desarrollo Social, entre otras mujeres valiosas porque creemos que somos buenas administradoras no nada más en el hogar, sino en la función pública, por eso el Partido Acción Nacional merece respeto a todas las mujeres y por eso seguiremos luchando para la igualdad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Teresa Jiménez. Serán integradas sus manifestaciones también al Diario de los Debates, diputada. Le otorgo el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes Flores Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María de Lourdes Flores Treviño(desde la curul): Gracias, señor presidente. Me siento muy indignada porque la mitad de mi vida la pasé en Baja California. Me siento cachanilla y coahuilense, soy sumamente orgullosa de los dos estados. Y me siento muy agraviada, porque mi madre jamás trabajó, ella fue un ama de casa, orgullosa ama de casa, como son todas las mujeres que estaban en ese evento, y que las hayan insultado de tal manera.

Creo que es tan digno el trabajo de una mujer que trabaja fuera de casa como la que trabaja dentro de casa, porque son administradoras, son contadoras, somos psicólogas, somos todo las mujeres y qué lástima que este señor que sea el gobernador de Baja California, qué lástima que tristemente aquí mis compañera que lo están defendiendo, yo sé que por dentro lo están defendiendo porque fue una ofensa para todas las mujeres de México.

Yo solicito a usted, señor presidente, que esto no quede guardado porque es increíble que sigan metiéndole en la cabeza a las mujeres que nada más sirven para cuidar su hogar, para cuidar a sus hijos y para llevarle las pantuflas a su marido. Gracias a Dios yo le puedo llevar con mucho orgullo las pantuflas a mi marido, pero porque él se ha ganado eso como yo me he ganado el respeto de él. Y yo quiero que todas las mujeres de México se sientan felices, dignas, respetadas como yo me siento. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Flores Treviño. Sus expresiones se incorporan al Diario de los Debates para la historia y para la consulta de lo que ha señalado.

Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Permítame, diputada Karen. Debo mencionarles a ustedes que no solamente por la naturaleza del tema que aquí se ha abordado, sino también atendiendo a la práctica parlamentaria y a un debate informal que luego se da, que es propio de esta asamblea, pido que una vez que haga uso de la palabra la diputada Quiroga Anguiano le daremos el uso de la a la diputada Cristina González Cruz, del PRI; a la diputada Gloria Bautista Cueva, del PRD; a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, de Acción Nacional, como nos lo ha pedido, y a Mirna Esmeralda Hernández Morales, e inmediatamente después pasaremos al desahogo del orden del día Adelante, diputada Karen Quiroga Anguiano, por favor.

La diputada Karen Quiroga Anguiano: Muchas gracias, presidente. Es lamentable lo que sucede, grave lo que se dice, grave lo que se hace. A través de estos últimos días han venido desapareciendo las Comisiones especiales y esto daría lugar para una Comisión especial y por problemas de presupuesto no podemos hacerlo el día de hoy, pero sí tenemos una Comisión de Igualdad de Género aquí en la Cámara de Diputados, encabezada por la diputada Malú Mícher, a la cual le solicitamos así como a todas las integrantes de esta Comisión, que puedan revisar el porcentaje de presupuesto que se aplica en Baja California para la aplicación de programas sociales dirigidos a mujeres.

Queremos que también se revise a través de esta Comisión si se cumple con un porcentaje adecuado en el gobierno de Kiko Vega, para poder atender a las mujeres de Baja California.

Si así piensa el gobernador, seguramente así gobierna. Por lo cual el PRD alza la voz y pide la intervención de la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Igualdad de Género para revisar la administración de Kiko Vega, con respecto a la aplicación de políticas públicas respecto a las mujeres de Baja California. Así como también intervenir al presidente municipal de San Blas.

Es importante que no solamente quede en un pronunciamiento. Estamos llevando a los espacios de poder a hombres que son misóginos. No permitamos que gobiernen con la misoginia con la que hablan, eso es muy importante.

Estamos haciendo aquí una colecta las diputadas del PRD –anunciar– para enviarle un paquete de libros al gobernador Kiko Vega, para que lea por lo menos a una autora de su partido a la cual han relegado políticamente y que lea Dios mío hazme viuda por favor, de Josefina Vázquez Mota. Por lo menos eso que lea. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Quiroga Anguiano. Se incorpora al Diario de los Debates lo que usted ha externado. Le otorgo el uso de la palabra a la diputada Cristina González Cruz.

La diputada Cristina González Cruz(desde la curul): Gracias, presidente. Primeramente expresar que me sumo a las voces de defensa de los derechos de las mujeres que aquí se ha expresado. Pero más aún de las mujeres que día a día, con su trabajo, con su capacidad, con su entrega vienen aportándole tanto a nuestro país.

Es lamentable escuchar que voces del Partido de Acción Nacional vengan a defender lo indefendible, vengan a expresar que el gobernador ha respaldado a las mujeres. Si el respaldar y apoyar a las mujeres es decir que están rebuenas todas para cuidar niños, para atender las casas, qué lamentable, qué tristeza nos da.

Es importante no solamente exigirle una disculpa pública, sino también efectivamente una sanción. En un país en el que hemos realizado muchas acciones, en una lucha donde precisamente el Día Internacional de la Mujer constituye emblemática porque es una lucha constante de las mujeres, hoy tenemos un gobernador misógino, un gobernador que le falta al respecto a las mujeres y a una sociedad incipiente de tener, por supuesto, mejores derechos y mejor capacidad en las mujeres.

Hoy le pedimos, no solamente la disculpa pública, sino también una sanción y estaremos muy atentos, muy atentos que se lleve a cabo esto. El Grupo Parlamentario del PRI no solamente rechaza esta actitud misógina, sino que además estaremos muy atentos al resultado de este proceder y a las consecuencias, que sin duda sabemos que existirán en estas actitudes tan lamentables e indefendibles, y así se lo decimos al Grupo Parlamentario del PAN. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada González Cruz, sus manifestaciones serán consignadas en el Diario de los Debates. Le otorgo el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, sonido en la curul de la compañera diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas(desde la curul): Gracias, señor presidente. Por todos los derechos de todas las mujeres, todos los días, estamos celebrando el mes internacional de la mujer, pero ni por ello se respeta este género.

Tenemos en este país infinidad de leyes que garantizan la protección de la mujer, ahí está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras. ¿Cuántas leyes más necesitamos en este país, para que una por lo menos sirva para respetar a las mujeres? Todo esto es una vergüenza.

Ocupo este micrófono y este tiempo para defender a mi familia, no quiero que vean esto como un abuso o que me aprovecho del privilegio de ser diputada. Creo que tengo derecho a hacerlo, porque en otros momentos he levantado la voz para defender a otras mujeres, a otros hombres y a quienes se les violentan sus derechos.

Hoy lo hago por mi hija que ha sido amenazada de muerte. Pido la solidaridad de todos ustedes porque no es cuestión de partidos lo que pasó en Baja California, ni es cuestión de partidos cuando corre peligro una mujer o un hombre. No es cuestión de partidos.

Se ha levantado una denuncia y cuando estaba haciendo la denuncia mi hija recibe, en ese momento, un quinto mensaje de amenaza. Te dijimos que no hablaras. Tu madre o cualquiera de tu familia se va a ir.

Perro que ladra no muerde. Pero acuso aquí, directamente al secretario del Trabajo, Daniel Juárez López, él es, junto con sus colaboradores, los que le han impedido realizar su trabajo al 100 por ciento. Y porque ella ha denunciado corrupción, por eso es amenazada hoy.

Corre peligro pero yo les digo a todas las mujeres que no están solas. Y a mi hija, que si lucho por otras personas de todo soy capaz por ella. Pero los necesito a todos, compañeros.

En Oaxaca han matado en la puerta de su casa, la semana pasada, al esposo de una amiga. Asesinaron a un ex diputado por querer ser nuevamente diputado. Necesitamos que haya justicia. Acudió a Derechos Humanos a levantar su denuncia también y qué vergüenza que quien está obligado a garantizar los derechos de todos, no solamente de las mujeres, le dijera casi que se aguante porque es su jefe.

Amigas, amigos, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos le pido su apoyo, a la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género le pido su apoyo, a todos ustedes. Todos los mexicanos que sufren injusticias nos necesitan. Muchas gracias y disculpen.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Nuestra solidaridad en su sentidas expresiones, se incorporan también al Diario de los Debates.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Eufrosina Cruz Mendoza.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Yo no voy a defender a nadie, así como al gobernador de Baja California, al presidente municipal de San Blas, al delegado de Cuauhtémoc, dirigente del PRI, que tenía una red de corrupción de mujeres y que hoy desde el PRI lo premian a él, para su mamá que va a ser diputada. Al señor Hank Rhon de Baja California, también que dice que las mujeres somos sus animales preferidos.

A todos ellos hoy como diputadas y diputados tenemos una responsabilidad, pero también los partidos políticos, cuando los partidos políticos asuman su responsabilidad como tiene que ser, ocupando el presupuesto que se destine para el tema de mujeres, que es el tres por ciento para lo que es aprobado, ése día el tema de igualdad se va a ir cerrando la brecha.

No como el Partido del Verde, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Federal Electoral, que el recurso que se destina para el presupuesto de Inmujeres lo ocuparon para comprar mandiles y mandiles de seda; o el PRI que el presupuesto que se destinó para el tres por ciento, el 62 por ciento lo ocuparon para pagar nóminas, para pagar mantenimiento. Yo creo que todos los partidos tienen una deuda con las mujeres y hoy las que estamos aquí tenemos que ir diciéndolo, rompiendo los miedos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias a usted, diputada Cruz Mendoza. Sus manifestaciones se incorporan al Diario de los Debates.

Finalmente en esta temática, y regístrese la sensibilidad de la Mesa Directiva en esta discusión informal, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, una vez que nos haya señalado el propósito de pedir el uso de la palabra.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales(desde la curul): Gracias, señor presidente, es con el mismo tema. Ya basta, presidente que cada año en lugar de celebrar y festejar el Día Internacional de la Mujer, tengamos que estar unidas para seguir defendiéndonos contra temas misóginos. Ya basta de seguir solapando a hombres que llegan a tener una representación importante y cargos de elección popular gracias al trabajo intenso de las mujeres de cada uno de sus partidos.

No es posible que sigamos discutiendo porque no se prepara el candidato en temas misóginos, porque no se prepara en el tema de igualdad de género y cada vez la riegan más, y las únicas explicaciones son: Una disculpa, no las ofendemos, las queremos mucho, las necesitamos en todas las campañas.

Desde hace muchos años hemos venido escuchando de grandes representantes y, por supuesto ilustres panistas, expresiones tan terribles como el viejerío, como las lavadoras de dos patas, como aquéllas de ¿De dónde vamos a sacar el 50 por ciento de candidatas porque las mujeres no están preparadas? Yo me pregunto si a los hombres se les ha pedido preparación para estar en los lugares en los que están. Solamente han necesitado el trabajo arduo, verdaderamente sacrificado de mujeres de todos los partidos tocando puertas para que lleguen a esos lugares.

No es posible que en este mes en que deberíamos de recibir más gratificaciones que reclamos, seguimos insistiendo, señor presidente, diputadas y diputados, el respeto porque somos iguales.

No es posible que mis compañeras, amigas reconocidas y respetables de Acción Nacional, traten de defender lo indefendible. No es posible que sigamos creyendo que esas frases –que las consideramos hasta cómicas– puedan quedarse en la palestra de la comunidad.

Para mí es vergonzoso que Acción Nacional siga defendiendo a los reyes del moche, a los reyes de los machos y por supuesto, en este momento que sigan defendiendo a un gobernador que no tiene vergüenza; a un presidente municipal que no tiene vergüenza.

Queremos, señor presidente, que esto no quede nada más en reclamos. Que no quede nada más asentado en el Diario de los Debates. Que se tomen medidas verdaderamente necesarias para que no volvamos a sufrir esa discriminación que se vuelve violencia. Esto es violencia en contra de las mujeres mexicanas. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Hernández Morales, tengo la obligación de consignar en el Diario de los Debates lo que usted ha expresado. Cualquiera otra solicitud formalizada le daremos el curso que corresponde.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada García Rojas, compañeras, compañeros. Tengo registrada a la diputada Margarita Tapia para otro tema. Sin embargo, deme oportunidad porque así lo van a convenir ustedes que le otorgaremos, diputada García Rojas, el uso de la palabra y cerramos este apartado. Con su permiso, diputada Margarita Tapia, inmediatamente después atiendo su petición.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Sí, ante nada estamos en una Cámara de Diputados histórica con 208 mujeres. Considero que aquí hay 208 mujeres. Aquí es fundamental que vayamos más allá de palabras y vayamos a los hechos, hechos desafortunados como la red de prostitución del Partido Revolucionario Institucional, que sea sancionado; redes también terribles donde hay comentarios no solamente de voz sino de hecho, y hechos totalmente ya sancionados por la ley. También videos.

Y aquí hay que ser conscientes que no es un problema de un partido político, es un problema transversal en la sociedad mexicana, y de lo que deberíamos estar hablando es de que se tiene que capacitar a todos los hombres de los partidos políticos y a las mujeres, en temas de género.

Creo que ese es el tema fundamental. No es ir nada más por palabras, porque quiero comentar que hicimos en la Comisión de Igualdad la petición de que la iniciativa de violencia política fuera tomada en cuenta; y revisen la versión estenográfica de quiénes votaron en contra de esa iniciativa que sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Quiénes? Las compañeras del Partido Revolucionario Institucional.

Más paridad, menos expresiones misóginas, menos machismo, pero con hechos, no con discursos y no por un partido. Es un problema de fondo en el mundo y es transversal. Gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada García Rojas. Honorable asamblea, sobre un tema no agendado hemos escuchado con respeto, como corresponde, y registrando sus participaciones de más de 15 legisladores y legisladoras. Como lo he señalado, diputada Margarita Tapia, le otorgo el uso de la palabra. Tengo registrado que no sería sobre este particular. Dígame con qué objeto.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem(desde la curul): Señor presidente, gracias. El sentido de mi intervención es para pedir un minuto de silencio, porque el día de ayer apareció el cuerpo sin vida de nuestra compañera del PRD Aidé Nava González, precandidata en el estado de Guerrero.

Ella era precandidata para el municipio de Ahuacuotzingo, y me parece, y nos parece a las mujeres del PRD, que esto se viene a sumar a un clima de violencia que hemos estado denunciando, que lamentablemente lo que acaba de decir mi compañera Gloria Bautista y lo que han dicho otras diputadas de otros partidos, abona y habla de este clima de violencia que existe en nuestro país.

Pedir justicia para este asesinato, pedir que esta Cámara de Diputados levante la voz, se pronuncie y pida también que se investigue a fondo este asesinato y pedir un minuto de silencio, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Bien, diputada Margarita Tapia. Honorable asamblea, esta Presidencia en funciones de la Mesa Directiva, comparte el pronunciamiento en términos de condenar los hechos tan lamentables que provocaron la privación de la vida de Aidé Nava González. Y también pedir a las autoridades competentes que realicen las indagatorias que sean necesarias con el propósito de que la justicia se imponga, de que se castigue a quien haya cometido o a quienes hayan cometido estos lamentables hechos.

Por ahora decretamos, obsequiamos su petición de un minuto de silencio en la memoria de Aidé Nava González.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Descanse en paz. Gracias.

Continúe la Secretaría, con contestaciones a puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se recibieron de diversas autoridades seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. (1)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio. (2)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítanse a los promoventes. Continúe.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron oficios de las universidades autónomas de los estados de Campeche, Puebla y Querétaro, con los que remiten los informes de resultados de las auditorías externas a sus matrículas correspondientes al ciclo escolar 2013-2014. (3)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Universidad de Colima dos oficios, con los que remite el informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula del segundo informe semestral 2014; y el informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula 2013-2014. (4)

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Adelante, secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el informe anual de las concesiones otorgadas durante el ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento del artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales. (5)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

PROTESTA DE CIUDADANOS DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos y las ciudadanas María Alicia Martínez Gutiérrez, Rodrigo Rosas Esparza, Daniela Díaz Magaña, Edgar Emilio Pereyra Ramírez, Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, Rafael Reyes Montemayor, Carolina Hernández Ortiz y Miroslava Meza Virrueta, diputados federales electos.

Se designa, para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a los siguientes legisladores: María de Jesús Huerta, Ricardo Medina Fierro, Juan Pablo Adame, Rocío Esmeralda Reza, Beatriz Eugenia Yamamoto, Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, Ignacio Ramírez Juárez, Cristina Olvera Barrios y María Elena Cano.

Se pide a la comisión cumplir con su cometido y a la diputada Cano que vaya por favor, porque está muy distraída.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadanos María Alicia Martínez Gutiérrez; Rodrigo Rosas Esparza; Daniela Díaz Magaña; Edgar Emilio Pereyra Ramírez; Linda Marina Dolores Munive Temoltzin; Rafael Reyes Montemayor; Carolina Hernández Ortiz y Miroslava Mesa Virrueta, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas y ciudadanos María Alicia Martínez Gutiérrez; Rodrigo Rosas Esparza; Daniela Díaz Magaña; Edgar Emilio Pereyra Ramírez; Linda Marina Dolores Munive Temoltzin; Rafael Reyes Montemayor; Carolina Hernández Ortiz y Miroslava Mesa Virrueta: Sí protesto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Sean ustedes bienvenidos. Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMENES

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad de género, presentadas por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con lo siguiente dictamen:

I. Metodología

En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de las referidas iniciativas.

En el capítulo correspondiente a “Objeto y descripción de las iniciativas” se sintetizan las propuestas de reformas en estudio.

En el capítulo “Método de trabajo para el análisis y valoración de las propuestas” se realiza un comparativo como criterio para agrupar los contenidos de las iniciativas, con el propósito de facilitar el trabajo de análisis y dictamen.

En el capítulo “Consideraciones” se expresan las razones que sustentan la valoración de las propuestas de reformas a la Ley Orgánica y se concreta la propuesta final.

En el capítulo relativo al “Texto normativo y régimen transitorio” se plantea el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

II. Antecedentes

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considera pertinente analizar y determinar en conjunto las iniciativas turnadas que tienen como elemento común modificaciones a Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos para crear e integrar una unidad para la igualdad de género en la estructura técnica y administrativa de esta honorable Cámara de Diputados.

Las iniciativas de referencia en orden cronológico de su presentación son:

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 7 de octubre de 2014, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4127-III, el martes 7 de octubre de 2014.

3. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del el jueves 4 de noviembre de 2014, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de las diputadas María del Rocío García Olmedo, Rosalba de la Cruz Requena, María Leticia Mendoza Curiel, Socorro de la Luz Quintana León y María Guadalupe Sánchez Santiago (PRI), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM).

4. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4140-III, el jueves 23 de octubre de 2014.

5. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de 25 de noviembre de 2014, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

6. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4148-V, el jueves 4 de noviembre de 2014.

7. Es de señalarse que dos de las iniciativas en comento; la suscrita por la diputada Elena Tapia y el diputado Silvano Aureoles, así como la de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y el diputado Miguel Alonso Raya, fueron originalmente presentadas el día 3 de marzo de 2014 y turnadas a esta comisión para su dictamen correspondiente, trámite que concluyó con el retiro de ambas, por lo que fueron de nuevo presentadas en los meses subsecuentes y por lo tanto son materia del presente análisis.

8. El 27 de mayo de 2014, el presidente de la comisión, en nombre de la junta directiva, solicitó al secretario de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara la opinión de éste órgano respecto a las iniciativas en comento, a fin de tener mayores elementos técnicos y jurídicos para la elaboración del dictamen respectivo.

9. En respuesta a la solicitud antes referida, con fecha 3 de octubre del presente año, el licenciado Mauricio Arana Terán, coordinador de asesores de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, remitió respuesta a la petición, con un análisis y valoración de la propuesta presentada por la diputada Martha Lucía Micher Camarena y del diputado Agustín Miguel Alonso Raya.

10. El 14 de octubre de 2014, el presidente de la comisión, en nombre de la junta directiva, solicitó al Comité de Administración mayor información respecto a la aplicación de las iniciativas en comento, a fin de tener mayores elementos técnicos y jurídicos para la elaboración del dictamen respectivo.

11. En respuesta a la solicitud antes referida, con fecha 15 de octubre del presente año, el licenciado Fernando Flores Castellanos, secretario técnico del Comité de Administración, remitió respuesta a la petición, con un acuerdo signado por el comité en relación con las acciones, programas y proyectos legislativos en materia de igualdad de género, por el que se autorizan los lineamientos para la distribución y ejercicio del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal de 2014, a acciones, programas y proyectos legislativos en materia de igualdad de género.

12. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2014, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del PAN.

13. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el jueves 9 de octubre de 2014, año XVII, número 4129-V.

III. Objeto y descripción de las iniciativas

A continuación se describe brevemente, en el orden cronológico de su presentación, la mención específica del propósito de cada una de las iniciativas objeto del presente análisis y dictamen.

1. La iniciativa presentada por la diputada Elena Tapia y el diputado Silvano Aureoles, del PRD, adiciona un numeral tres al artículo 47 en el que únicamente determina que la Cámara de Diputados tendrá una unidad de género.

De igual manera adiciona un artículo 55 A.- en el que específica que la unidad de género es un órgano técnico responsable de asegurar la consolidación del proceso de implementación de la perspectiva de género en el quehacer legislativo en general.

También incorpora un artículo 55 B.- el cual contiene un listado nominativo de nueve  fracciones que describen las atribuciones de la unidad que se crea, entre ellas destacan; la de capacitación al personal; armonización del marco jurídico interno con instrumentos internacionales de derechos humanos; formular propuestas para hacer compatible la vida laboral y familiar; fomentar el cumplimiento de la legislación general en materia de igualdad de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; proponer acciones de evaluación de las políticas internas para la igualdad; crear estadísticas oficiales del cumplimiento del principio de igualdad y; establecer convenios de colaboración con los congresos estatales.

En el artículo 55 C que se adiciona, establece que la unidad tendrá nivel de Coordinación General y se habilita a la Junta de Coordinación Política para ser el órgano responsable del nombramiento de la titular y también define en cuatro fracciones los requisitos que deberá reunir las personas  aspirantes a encabezar la unidad de género;

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos;

II. Haber cumplido 35 años de edad;

III. Contar con título profesional en derecho, sociología o antropología; y

IV. Acreditar conocimiento y experiencia legislativa de más de 5 años en temas de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, derecho parlamentario y proceso legislativo.

2. La iniciativa presentada por las diputadas María del Rocío García Olmedo, Rosalba de la Cruz Requena, María Leticia Mendoza Curiel, Socorro de la Luz Quintana León y María Guadalupe Sánchez Santiago (PRI), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), adiciona al artículo 47 el numeral 3 para establecer que la Cámara de Diputados tendrá una Unidad para la Igualdad de Género.

Adiciona un artículo 55 Bis, en el que define que la Unidad para la Igualdad de Género será el órgano técnico responsable de vigilar la conducción transversal con perspectiva de género en la estructura organizacional y desarrollo de las actividades institucionales y laborales, para ello contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. La coloca dentro de la estructura organizacional en el nivel de coordinación y habilita a la Junta de Coordinación Política a través de una adición al artículo 36 de la Ley Orgánica, para ser el órgano responsable del nombramiento de su titular.

En el apartado 2 del propio artículo 55 Bis, establece un listado de las nueve atribuciones de la unidad, que son proponer e instrumentar acciones orientadas a la igualdad sustantiva; vigilar y coadyuvar en la investigación interna de caso que se presenten de acoso u hostigamiento sexual, laboral o cualquiera otra forma de violencia, así como atender, orientar y canalizar las quejas por violaciones internas a los derechos humanos de las mujeres; elaborar un código de ética institucional; coadyuvar en el seguimiento para la aplicación de recursos etiquetados para la Unidad de Igualdad; coordinar la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales con perspectiva de género; desarrollar e implementar herramientas metodológicas, para monitorear y evaluar las acciones realizadas en materia de igualdad; organizar y coordinar la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; proponer modificaciones a la normatividad interna y a las estructuras organizacionales que aseguren la incorporación de la perspectiva de género e; impulsar y consolidar la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

Además propone adicionar un numeral 2 recorrer el orden de los subsecuentes al artículo 1o. del Reglamento de la Cámara de Diputados para puntualizar que la Cámara incorporará la perspectiva de género, de forma transversal en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

3. La iniciativa presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y el diputado Miguel Alonso Raya el PRD propone adicionar un numeral 3 al artículo 47 para establecer que la Cámara tendrá una Unidad para la Igualdad de Género.

Desarrolla el resto de la propuesta en la adición de un artículo 56 Bis en el que establece que laUnidad para la Igualdad de Género será el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional y en el quehacer legislativo.

Propone un listado de doce fracciones para definir sus  atribuciones y que serán las de proponer e instrumentar acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados; planificar, verificar y dar seguimiento a la incorporación transversal de la perspectiva de género en el trabajo parlamentario; diseñar un código de ética institucional; diseñar e implementar una política laboral que favorezca la compatibilidad entre la vida familiar y profesional, así como de corresponsabilidad familiar; coadyuvar en el seguimiento de la aplicación de los recursos etiquetados en el anexo 13 de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; coordinar la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales; desarrollar e implementar herramientas metodológicas, procesos y procedimientos para monitorear y evaluar las acciones realizadas en materia de igualdad; organizar y coordinar la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; proponer modificaciones a la normatividad interna y a las estructuras organizacionales que aseguren la incorporación de la perspectiva de género; desarrollar estrategias para promover el avance progresivo de la igualdad de género en la Cámara de Diputados; impulsar y consolidar la producción y sistematización de información con perspectiva de género y por último; atender, orientar y canalizar las quejas por violación internas a los derechos humanos de las mujeres con la precisión de que en ningún caso la Unidad de Género podrá fungir como representante legal de las trabajadoras.

En ese mismo artículo se ubica a la unidad dentro de la estructura organizacional en el nivel de Dirección General y se  propone que el nombramiento de la persona titular conforme al procedimiento que para estos casos establece el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera. Por último se precisa que deberá contar con los recursos para su eficaz desempeño así como la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

4. La iniciativa presentada por la diputada Lucía Pérez Camarena del PAN  propone adicionar un tercer punto al artículo 47, en el que indica que la Cámara de Diputados tendrá una Unidad de Género para lograr la institucionalización y transversalidad de la perspectiva.

Adiciona también el artículo 55 con un segundo apartado en el que la Unidad de Género será el órgano técnico responsable de lograr la institucionalización de la perspectiva de manera transversal, conforme al principio de igualdad con la pretensión de impactar la cultura organizacional de la Cámara. Se le habilita para contar con estructura y presupuesto propios y se le  ubica dentro de la estructura administrativa en el nivel de Dirección General.

La reforma al artículo 55 incluye un listado taxativo de 8 fracciones que contienen las atribuciones, todas ellas orientadas a avanzar hacia la igualdad sustantiva tanto en el desempeño legislativo, como en la cultura institucional a través de: asegurar la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en la cultura organizacional y quehacer legislativo; revisar el presupuesto de género en la Cámara, para promover que cada área comprometa acciones afirmativas y sustantivas; coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad sustantiva; difundir y publicar información en materia de derechos humanos de las mujeres, no discriminación e igualdad sustantiva; planificar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres y los hombres; diseñar e implementar una política laboral libre de violencia, sin acoso laboral ni hostigamiento sexual; elaborar e implementar una política laboral que permita conciliar la vida laboral con la vida familiar; atender, asesorar, orientar y canalizar las quejas que se presenten por violaciones a los derechos humanos de las mujeres que laboran en la Cámara.

IV. Método de trabajo para el análisis y valoración de las propuestas

De la descripción de la parte sustantiva de las iniciativas, esta Comisión advierte que la existencia de muchos aspectos en común, se aprecia amplia similitud en su contenido, salvo algunos detalles que precisan diferencias en torno al nivel que dentro de la estructura  deberá tener la unidad, o en el procedimiento para la selección y/o nombramiento de la persona titular o incluso en la propia técnica legislativa, que si bien no representan contradicción alguna, si requieren ser analizadas en lo particular para valorar la pertinencia de su incorporación a la redacción del proyecto final resultado del presente ejercicio de dictamen conjunto.

III. Consideraciones

Para esta comisión dictaminadora es evidente que cada una de la iniciativas es abundante en referencias a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las recomendaciones de sus órganos de vigilancia, que en su  mayoría recomiendan al Estado mexicano la creación de este tipo de instancias como una buena práctica que abona no sólo al cumplimento de las obligaciones internacionales sino también al avance y a la construcción de una cultura de igualdad y no discriminación en contra de las mujeres, que sin duda aporta a la reconstrucción de nuestro tejido social.

De tal suerte que coincidimos en que la pretensión de crear la Unidad de Igualdad de Género radica también en la necesidad de establecer acciones y mecanismos que permitan transformar las resistencias internas que prevalecen en torno a la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer cotidiano de este órgano legislativo y a su vez lo entendemos como una oportunidad para erradicar las prácticas laborales y la cultura organizacional que perpetúan la discriminación, el trato desigual así como el hostigamiento laboral y sexual que según algunos recientes señalamientos, ha permeado ya en diversas áreas de trabajo.

Consideramos que efectivamente como lo señalan las y los proponentes a través de la Unidad de Igualdad de Género, se pretende encontrar un equilibrio en el trato y en el acceso a oportunidades entre mujeres y hombres, basado en sus capacidades y no en razón del género.

Creemos que, tal como se advierte en sus justificaciones, contar con una instancia capaz de realizar acciones orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y de resultados facultada para incidir en la normatividad administrativa desde una visión de género que propicie en todo momento un clima laboral igualitario en el marco del respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres.

Reproducimos los argumentos en común que sustentan las propuestas y que acreditan su pertinencia, de ahí que la importancia de contar con unidades de género en las instituciones de la administración pública federal ha sido encausada  por el Instituto Nacional de las Mujeres, quien ha referido que “la existencia de Unidades de Género en la Administración Pública Federal (APF), centradas en promover e implantar una cultura organizacional con enfoque de género y sin discriminación, y en lograr que la transversalidad de género se incorpore de manera permanente al diseño, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas institucionales, posibilita la articulación y da mayor coherencia a la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer del estado, con miras a la construcción de igualdad sustantiva”.

La iniciativas materia del presente dictamen,  responden también a la necesidad de crear una instancia que atienda a lo que el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado, cuando dice que “la instauración y consolidación de Unidades de Género en la APF, bajo criterios homogéneos en relación con su estructura, atribuciones, funciones, capacidad de decisión, líneas de acción y vínculos de coordinación a establecer, da lugar a la conjunción de esfuerzos en torno a objetivos comunes y, permite avances significativos en la incorporación e institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género”.

Obedecen también a los criterios internacionales expuestos desde 1995 en la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), que desde entonces reforzaba ya las nociones de institucionalización y de promoción de la perspectiva de género. En su plataforma de acción se reconoció que los gobiernos y otros agentes sociales, deben promover una política activa y visible de integración de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, de modo que antes de tomar las decisiones se analicen los efectos que éstas puedan tener sobre mujeres y hombres.

La Declaración de Beijing y su plataforma de acción, contemplaba ya entre su objetivos la necesidad de crear o fortalecer mecanismos para el adelanto de la mujer así como la necesidad de integrar la perspectiva de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales, para lo cual sugiere que los gobiernos han de adoptar entre otras las siguientes medidas:

• Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales.

• Integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales.

• Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación desglosados.

Para esta dictaminadora es de destacar que desde 1979, con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw), se señalaba que los estados parte debían tomar las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en todas las esferas, particularmente en la política.

En ese sentido creemos que tal como lo ha señalado la doctora Teresa Incháustegui, la importancia de la CEDAW justamente estriba en que “ha sido la base para la elaboración de reformas constitucionales y jurídicas, así como para la creación de instituciones encargadas de incorporar la perspectiva de género en las políticas del Estado”.

Las iniciativas se enmarcan también como lo advierten las y los proponentes, en una nutrida actividad en materia de derechos humanos de las mujeres de la que el estado mexicano es parte y por lo tanto sujeto obligado a acatar una serie de recomendaciones que abonan al objetivo de estas cuatro iniciativas, por ejemplo la Recomendación General número 6 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhorta a los estados parte a instituir o fortalecer mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos a nivel gubernamental, para asesorar sobre de las repercusiones que tendrán sobre las mujeres las políticas gubernamentales; supervisar la situación general de la mujer y ayudar en la formulación de nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación.

De igual manera, durante la novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, junio de 2004, Consenso de México, los gobiernos de los países participantes firmaron un compromiso por asegurar la plena incorporación de la perspectiva de género en todos los planes y programas de gobierno, con especial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres.

Asimismo, durante la décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, Consenso de Quito 2007, las representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres ratificaron su reconocimiento a la labor de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres “consistente en la formulación, el diseño y la gestión de políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel de los estados de la región y, a la vez, conscientes de que los estados son quienes deben asumir los retos que demanda la garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de la región”.

Se advierte también que el diagnóstico sobre los derechos humanos en México, presentado en 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomienda fortalecer los mecanismos públicos (institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trato, y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país.

En el ámbito nacional, la institucionalización de la perspectiva de género tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 4 reconoce la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley y prohíbe expresamente en el artículo 1, toda discriminación motivada por razones de género. Esta igualdad jurídico-formal debe traducirse en la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano y en la búsqueda de la igualdad sustantiva.

Adicionalmente, debe tenerse presente la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contiene la noción de transversalidad, que describe como:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

Y también prevé mecanismos para su institucionalización:

Artículo 9. La federación, a través de la secretaría que corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de:

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional;

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) establece que entre las atribuciones del Inmujeres se encuentra la de establecer vínculos de colaboración con ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos.

Respecto a los programas que se refieren concretamente a la obligación de implementar unidades de género en la administración pública, destacan:

Por su parte esta comisión también es consciente de que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186 incorpora como una de sus estrategias transversales para el desarrollo nacional la iii) Perspectiva de género y señala que

“la presente administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el primer plan nacional de desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la administración pública federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta manera, el Estado mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional”.

En este mismo orden de ideas, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) tiene entre sus objetivos el de incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, teniendo como una línea de acción, la creación y fortalecimiento de las unidades de género para el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad.

También resulta ilustrativo para normar el criterio de esta dictaminadora, el que hoy en día, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad en la cultura organizacional de las instituciones, actualmente se han creado 22 unidades de igualdad de género en diversas instancias del Poder Ejecutivo federal:

En 36 por ciento de las secretarías la unidad de género tiene nivel de dirección general adjunta:

• Secretaría de Educación Pública.

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

• Secretaría de Gobernación.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Secretaría de Turismo.

• Secretaría de Salud.

• Instituto Nacional de Desarrollo Social.

En 35 por ciento de dirección de área:

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

• Secretaría de Desarrollo Social.

• Secretaría de la Defensa Nacional.

• Secretaría de Economía.

• Secretaría de Marina.

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

• Procuraduría General de la República.

En 18 por ciento de subdirección:

• Secretaría Energía.

• Secretaria Función Pública.

• Secretaría Relaciones Exteriores.

• Petróleos Mexicanos.

En 5 por ciento de jefatura de unidad:

• Instituto del Seguro Social.

En 5 por ciento de dirección general:

• Secretaría del Trabajo Previsión Social

A fin de continuar promoviendo esta importante medida expresada en instrumentos internacionales y el marco normativo nacional referente a los derechos humanos de las mujeres, es relevante es el hecho de que la Cámara de Diputados ha asignado ya recursos que resuelven la inquietud de la suficiencia presupuestaria,  dichos recursos están clasificados en el Ramo 01 Poder Legislativo, en el programa presupuestario R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo, la Cámara de Diputados como unidad responsable.

En el caso del PEF 2015, es elemental la referencia de la Comisión de Igualdad de Género que asegura que en el presupuesto recursos para la creación de nueve nuevas unidades de igualdad entre ellas la de la Cámara de Diputados, así como la operación de las creadas en 2014, es por ello que para 2015 se propuso la asignación de 4 millones de pesos para la operación de la Unidad de Igualdad en la Cámara de Diputados.

La comisión dictaminadora, de conformidad con lo expuesto estima que la iniciativa atiende al imperativo ético de asumir la igualdad de género como una política institucional de la Cámara de Diputados para que este órgano legislativo asuma los criterios y principios de actuación de un parlamento sensible al género, que es “aquel que responde a las necesidades e intereses tanto de hombres como de mujeres en lo que se refiere a sus estructuras, funcionamiento, métodos y tareas.

Por otra parte para esta Comisión es importante retomar lo que la Unión Interparlamentaria ha precisado, que un parlamento sensible al género es aquel que:

1. Promueve y logra la igualdad en el número de mujeres y hombres en todos sus órganos y estructuras internas;

2. Se dota de un marco normativo en materia de igualdad de género adaptado al contexto nacional;

3. Integra la igualdad de género en las labores que realiza;

4. Fomenta una cultura interna respetuosa de los derechos de las mujeres, promueve la igualdad de género y responde a las necesidades y realidades de los parlamentarios, hombres y mujeres, para permitirles conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares;

5. Reconoce la contribución de los parlamentarios hombres que defienden la igualdad de género y se basa en ella;

6. Alienta a los partidos políticos a que tomen la iniciativa para promover y alcanzar la igualdad de género;

7. Imparte capacitación al personal parlamentario y le proporciona los recursos necesarios para promover la igualdad de género, fomenta activamente el nombramiento de mujeres para ocupar puestos de responsabilidad y permanecer en esos puestos, y asegura la integración de la igualdad de género en la labor de la administración parlamentaria.

Coincidimos con los proponentes en que las iniciativas responden directamente a la legitima aspiración de ofrecerle a la ciudadanía en particular a las mujeres, un parlamento sensible al género, en ese sentido, consideramos que el mecanismo idóneo para lograr concretar las acciones y características que nos darán ese calificativo es sin duda, la unidad de género.

Sabemos que países como Costa Rica, han fomentado esta experiencia sensible al género, conformando una unidad técnica de género con una estructura organizacional, moderna y funcional para la incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos de la asamblea legislativa.

En ese sentido cabe puntualizar que para esta dictaminadora es importante que dentro de las atribuciones que se pretenden otorgar a la Unidad para la Igualdad de Género, se prevea la de no duplicar acciones que son competencia del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y/o de la Comisión de Igualdad de Género, aun cuando se tiene certeza de que ninguna de estas dos instancias constituye un órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional y el quehacer legislativo.

Para mayor información destacamos que el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados establece que el objetivo del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg) es “apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género”.

De igual manera es claro que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se creó como una acción afirmativa para impulsar los derechos de las mujeres y erradicar las desigualdades que existen entre los géneros en el marco jurídico nacional.

Es decir, ni CEAMEG, ni la Comisión de Igualdad de Género centran sus actividades en la transformación de la cultura organizacional del órgano legislativo, ni en la búsqueda de un parlamento que responda a las necesidades internas las mujeres y los hombres que conforman sus estructuras operativas, responsables de su funcionamiento, sus métodos y sus acciones. Actividades que son las que se pretende lleve a cabo en la Unidad de Igualdad de Género, materia de la presente iniciativa.

Por todo ello se consideran no sólo oportunas sino necesarias y pertinentes las iniciativas que pretenden crear una Unidad para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, la cual ciertamente deberá contar con estructura y presupuesto propios, así como con infraestructura y recursos específicos para su operación, y tener funciones determinadas. Es necesario que éste figure en la estructura administrativa y en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados.

La Unidad para la Igualdad de Género deberá coordinarse con áreas estratégicas como son la Secretaría General y sus unidades administrativas de recursos humanos, planeación, programación y presupuesto, así como áreas sustantivas y operativas de la Cámara de Diputados, como el CEAMEG.

Entre las principales funciones de la Unidad para la Igualdad de Género se encuentra la de proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados; coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados; proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, sin menoscabo de los principios de imparcialidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional; colaborar con el centro de estudios  para el adelanto de las mujeres y la equidad de género en la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género; contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva; y coadyuvar con el centro de estudios  para el adelanto de las mujeres y la equidad de género en la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

Es de destacar que las iniciativas materia de este dictamen plantean la unidad de género como una instancia responsable de la estrategia orientada a modificar la cultura institucional que nos permita cerrar progresivamente la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres que prevalece al interior de este órgano legislativo y que perpetúa la discriminación en todos los ámbitos de su vida interna.

Como ya lo ha advertido el propio Instituto de las Mujeres en su documento Propuesta para la instauración de unidades de género en la administración pública federal (2013), para la consecución del objetivo, que le da razón de ser y que consiste en la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en las dependencias o entidades de la APF, las unidades de género trabajarán en dos vertientes:

a) Cultura organizacional: implica la implementación del Programa de Cultura Institucional para la Igualdad (PCI), con el propósito de incorporar la perspectiva de género y la no discriminación al interior de la dependencia o entidad.

b) Transversalidad: supone la inserción de la perspectiva de género y el enfoque de igualdad en el diseño, planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de los planes, programas y políticas públicas que lleva a cabo la dependencia o entidad.

De ahí el perfil técnico de la unidad de género y la pertinencia de su ubicación en el artículo 55 dentro del capítulo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General por ser éste el que aborda la organización técnica y administrativa del órgano legislativo.

Por todo lo anterior, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considera procedentes las iniciativas que crean la Unidad para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, a través de la reforma la Ley Orgánica del Congreso, por lo que la iniciativa que también propone reformar el Reglamento, presentada por la diputada María del Rocío García Olmedo, sólo será atendida en lo que corresponde al primer ordenamiento. La comisión emitirá el presente dictamen conjunto en sentido positivo, integrando en una misma redacción las coincidencias, así como aquellas que en lo individual se estimen oportunas, para enriquecer la propuesta básica y dotarla de mayor certeza jurídica.

IV. Texto normativo y régimen transitorio

Por lo antes expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto que adiciona los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona el numeral 3 al artículo 47 y los numerales 2 y 3 al artículo 55, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 47.

1. ...

2. ...

3. En el ámbito de la Secretaría General la Cámara tendrá una Unidad para la Igualdad del Género.

Artículo 55.

1. ...

2. La Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional, de conformidad con el Estatuto respectivo y con las siguientes funciones:

a) Proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados;

b) Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados;

c) Proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, sin menoscabo de los principios de imparcialidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional;

d) Colaborar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género;

e) Contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva; y

f) Coadyuvar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

3. La Unidad estará a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto para la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera, de la Cámara de Diputados y contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Cámara de Diputados, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente decreto, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la reunión ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y dictamen el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

Con fecha 4 de diciembre de 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 7 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y ordenó su turno a la Comisión de Turismo, para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.

Con fecha 4 de diciembre de 2014, la Comisión de Turismo recibió el expediente número 5673, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 7 de la Ley General de Turismo.

El 27 de enero del 2015 se solicitó prórroga a la Mesa Directiva para presentar el dictamen correspondiente, con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fecha 27 de enero de 2015, por medio del oficio número DGPL 62-II-1-2500, la Mesa Directiva autorizó la prórroga solicitada para dictaminar.

Contenido de la Iniciativa

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promueve en todo el mundo la identificación, la protección y la preservación del patrimonio natural y cultural que con lleve un valor universal excepcional para la humanidad.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural es el primer instrumento jurídico que ordena la conservación y la preservación de los sitios naturales y culturales. Fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1972.

Los sitios que cuentan con un valor universal excepcional son considerados como un patrimonio común para la humanidad cuya preservación es responsabilidad de la cooperación internacional con el objetivo de conservar su riqueza histórica y cultural. Lo anterior es consecuencia de las condiciones actuales de la vida social y económica que pone en riesgo a estos sitios provocando su deterioro y hasta su destrucción a causa de fenómenos que alteran su biodiversidad, entre otras.

El trabajo de la convención consiste en colaborar, coadyuvar y analizar el estado en el que se encuentra la conservación de los bienes inscritos en el Lista de Patrimonio Mundial. También pretende garantizar al máximo la conservación y protección del patrimonio universal, al mismo tiempo que contribuye al fomento del desarrollo sostenible.

Para garantizar el legado anterior la convención otorga subvenciones a los estados parte, para financiar y apoyar a los sitios que se encuentran en la Lista de Patrimonio Mundial.

Los sitios se dividen en patrimonio cultural y natural, entre los cuales se consideran

Patrimonio cultural

• Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

• Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

• Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Patrimonio natural

• Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

• Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

• Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Cuando un país logra que su territorio cuente con bienes culturales o naturales en la lista del patrimonio mundial se encuentra obligado a rendir informes sobre las acciones que esté impulsando para lograr la conservación y la preservación de dichos lugares.

A la fecha se encuentran inscritos 754 sitios en los cinco continentes, de los cuales México cuenta con 32 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial; 27 son sitios considerados patrimonio cultural y 5 sitios inscritos son patrimonio natural. México es el país latinoamericano que más sitios inscritos tiene en la lista de patrimonio mundial. Asimismo, es el tercer país que cuenta con el mayor número de ciudades inscritas en la lista del patrimonio mundial, las cuales se encuentran en Campeche, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Morelia, Oaxaca y Zacatecas.

El proceso para que un sitio sea parte de la Lista del Patrimonio Mundial, en primer lugar pasa por la aprobación del Comité del Patrimonio Mundial el cual examina las candidaturas a partir de realizar una serie de evaluaciones técnicas que son suministradas por órganos que fungen como asesores: el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos y el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales.

La convención cuenta con criterios de selección para poder otorgar el financiamiento y el apoyo a los estados parte, los cuales son gestionados por el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco. Con el apoyo y financiamiento se establece la protección de la belleza natural y los paisajes maravillosos de las zonas que son sitios históricos. Lo anterior implica una responsabilidad de los estados parte, para que los sitios se conserven para futuras generaciones.

Los criterios que utilizan los órganos para inscribir a un sitio en la Lista de Patrimonio Mundial se dividen en condiciones para bienes culturales y para bienes naturales. Las condiciones para bienes culturales son las siguientes:

I. Representar una obra maestra del genio creativo humano, o

II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado periodo o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico, o

III. Aportar un testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización que sigue viva o que desapareció, o

IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la humanidad, o

V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra, que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto vulnerables por efectos de cambios irreversibles, o

VI. Estar asociados directa o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas o literarias de significado universal excepcional (el comité considera que este criterio no debería justificar la inscripción en la lista, salvo en circunstancias excepcionales y en aplicación conjunta con otros criterios culturales o naturales).

Las condiciones para bienes naturales son éstas:

I. Ser ejemplos sobresalientes representativos de los diferentes periodos de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de la evolución, de los procesos geológicos significativos en curso, del desarrollo de las formas terrestres, o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos, o

II. Ser ejemplos sobresalientes representativos de los diferentes periodos de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de la evolución, de los procesos geológicos significativos en curso, del desarrollo de las formas terrestres, o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos, o

III. Contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una importancia estética excepcionales, o

IV. Contener los hábitats naturales más importantes y más representativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos que alberguen especies amenazadas que posean un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación.

La protección, conservación y restauración de los bienes de la humanidad requieren recursos económicos, científicos y técnicos; sólo así se podrá dar una difusión del saber que con llevan esos bienes. La convención pretende crear un sistema que sea eficaz para la protección colectiva del patrimonio cultural y natural con valor excepcional.

Una vez que los sitios son considerados como Patrimonio Mundial necesitan de un proceso de conservación continuo, a fin de evitar que un sitio que fue considerado por su belleza natural sea degradado o bien que por un proyecto de desarrollo afecten sus cualidades por las cuales fue considerado patrimonio mundial.

Los criterios utilizados para la inscripción son muestra de la importancia así como del amplio compromiso que adquieren los estados miembros al contar con sitios que son considerados patrimonio mundial, lo anterior implica la cooperación internacional para asegurar la conservación de estos sitios.

Entre los compromisos que México adoptó al firmar este tratado internacional en el artículo 5 de la convención ordena que los estados parte se comprometen a

d) Establecer servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio;

Es de suma importancia considerar la conservación de los bienes dado que son bienes inestimables, únicos e irremplazables en consecuencia la pérdida de uno de estos bienes representa el empobrecimiento del patrimonio mundial, y desde luego del nacional. En suma, estos sitios deben representar un interés excepcional para la humanidad, y en este caso concreto para los mexicanos.

Para que un sitio patrimonio mundial tenga legitimidad los estados parte deben presentar periódicamente un informe sobre el estado en el que se encuentran los sitios, asimismo el informe debe contener las medidas adoptadas para la preservación y conservación del patrimonio cultural y natural.

Es preciso que la Ley General de Turismo se armonice con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pues en el artículo 2 se indica que son de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y las zonas de monumentos.

Con esta reforma se lleva a cabo una de las recomendaciones que se destacan en el informe sobre los resultados del segundo ciclo del Informe Periódico del Estado del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe, pues establece que los países de América Latina necesitan un de proceso de renovación en la legislación para “encontrar a la protección patrimonial un espacio de colaboración con las políticas públicas en materia de incentivos fiscales, en materia de derechos culturales o ambientales en sentido lato, o bien en materia de sanidad, educación, etcétera.

Propone reformar la fracción VIII del artículo 4 y la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Turismo para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.

I. a VII. ...

VIII. Promover la infraestructura, equipamiento y conservación, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los estados, los municipios y el Distrito Federal, y con la participación de los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

Artículo 7.

I. a XII. ...

XIII. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico, cultural y mundial del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente;

Consideraciones de la comisión dictaminadora

La comisión dictaminadora está de acuerdo con los planteamientos esbozados por la proponente, dado que la Ley General de Turismo (LGT) considera en el artículo 2, fracción III, determinar los mecanismos para la conservación, el mejoramiento, la protección, la promoción y el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente; sin embargo es necesario que dicho artículo se armonice con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dado que con la adición en el artículo 4, fracción VIII, no limitaría a la Sectur a poder promover sólo la infraestructura y equipamiento sino, además, la conservación que permita desarrollar la actividad turística.

El artículo 22 de la LGT establece lo siguiente:

Artículo 22.La Secretaría elaborará el Programa Sectorial, que se sujetará a los objetivos y metas establecidas para el sector en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Sectorial de Turismo 2013-2018 establece en la estrategia 5.3 y sus líneas de acción lo siguiente:

Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del patrimonio nacional y a su uso sustentable.

Líneas de acción

5.3.1. Fomentar la gestión eficaz del patrimonio nacional mediante la colaboración entre el sector turístico y las instancias encargadas de su administración.

5.3.2. Promover la difusión de la importancia y el valor del patrimonio natural, histórico, cultural y gastronómico del país.

5.3.3. Generar información y conocimiento para promover una visita turística responsable y sensible sobre el valor y respeto del patrimonio.

5.3.4. Impulsar la puesta en valor de la oferta turística cultural de los pueblos originarios, protegiendo y respetando su identidad y tradiciones.

5.3.5. Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos con enfoque turístico.

Sin embargo, por la temporalidad sexenal del Plan Nacional de Desarrollo, se hace indispensable que la Sectur participe mediante mandato de ley en la conservación del patrimonio, a fin de que sea una acción continua y no temporal.

Tal es la relevancia de la conservación que en la propia LGT establece en el artículo 21 que la Sectur promoverá con la SEP programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero, no así participar en su conservación.

De igual manera, la Convención del Patrimonio Mundial, que se remonta a 1959, cuando la construcción de la presa de Asuán, en Egipto, amenazó hacer desaparecer los impresionantes monumentos de Nubia, lo cual motivó a la comunidad internacional a tomar conciencia del desastre que se podría provocar.

Entonces, el 16 de noviembre de 1972, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, por la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irremplazables de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una pérdida invaluable para la humanidad entera.

Después de la adopción de la convención, la comunidad internacional comenzó a hablar de “desarrollo sostenible” puesto que la conservación del patrimonio natural y cultural constituye una contribución trascendental al desarrollo del sitio y, por ende, de su entorno.

“Un bien declarado patrimonio de la humanidad es un legado de la comunidad internacional y su presencia en un determinado país, le exige a este país un incremento de imaginación, preocupaciones y gastos para conseguir su protección y defensa.

La lista del patrimonio mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.

Con relación a lo anterior, es menester mencionar que la legislación mexicana ha ido acogiendo paulatinamente los argumentos internacionales para el perfeccionamiento de las normas que regulan el cuidado, la protección y la promoción de los bienes considerados patrimonio de la nación y de la humanidad.

De acuerdo con la lista de patrimonio mundial de México, el cual corresponde a bienes naturales y culturales, la LGT señala en el artículo 3, fracción III, en cuanto a promoción turística, que uno de sus objetos es el siguiente:

III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;

De igual manera, la Sectur se auxilia para la promoción de los distintos destinos turísticos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Esto, de conformidad con el artículo 4, fracción II, de la LGT, para incrementar la actividad turística nacional e internacional en el país.

El CPTM es el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional; Es una empresa de participación estatal mayoritaria, que tiene como objeto diseñar y operar las estrategias de promoción turística a escalas nacional e internacional, con la participación de los diversos actores de la actividad turística.

Las funciones asignadas Consejo de Promoción Turística son entre otras las siguientes:

• Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de promoción turística;

• Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas nacionales y extranjeros;

• Fomentar, con la participación de los sectores público y privado, todo tipo de actividades que promuevan los atractivos y servicios turísticos del país;

• Suscribir convenios con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, con organismos mixtos estatales y municipales, y con el sector privado (nacional y extranjero), con el fin de instrumentar campañas de promoción turística;

• Celebrar acuerdos de cooperación turística con órganos gubernamentales y organizaciones internacionales con el propósito de promover turísticamente al país.

México, al participar y firmar en la Convención del Patrimonio Mundial se comprometió a acatar su artículo 5 inciso d) por el cual se comprometió a “establecer servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio”.

Lo anterior cobra relevancia al considerar que la adhesión a dicha Convención, tiene como origen la voluntad soberana del pueblo que está expresada en nuestra Constitución y precisamente en ella reside los fundamentos de los Estados para la adhesión a los tratados internacionales, por lo que el derecho internacional complementa el principio fundamental de pacta sunt servanda con la disposición del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, que claramente establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

De acuerdo con lo señalado, la comisión dictaminadora considera improcedente incluir el término “mundial” en el artículo 7 de la Ley General de Turismo, toda vez que actualmente se encuentra establecido en su articulado la promoción de los bienes considerados como patrimonio cultural, entendiéndose que están incluidos aquellos que cuentan con algún título o distinción de carácter nacional e internacional, otorgado por diversas instancias como es la UNESCO.

El patrimonio mundial incluye además de otros, bienes naturales y culturales, por lo que al Conaculta, el INBA y el INAH compete sólo el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural; al incluir el concepto “mundial” se le estaría atribuyendo el patrimonio natural, el cual no es de su competencia.

Por lo expuesto, la Comisión de Turismo, para los efectos de lo dispuesto en la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I.a VII. ...

VIII. Promover la infraestructura, equipamiento y conservación, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, y con la participación de los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

IX.a XV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 10 de febrero de 2015.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Heidy Guadalupe Estrada Martínez (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Angelina Carreño Mijares, Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, William Renan Sosa Altamira, Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4°, de la Ley General de Turismo, presentada en iniciativa por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 18 de febrero de 2014, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2° y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4° de la Ley General de Turismo.

En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa con el número de expediente 4915 que contenía la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2° y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4° de la Ley General de Turismo, a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

El 23 de octubre de 2014 la comisión dictaminadora presentó expediente 4915 que contenía el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo, que quedó de primera lectura.

El 6 de noviembre de 2014 se dio segunda lectura a discutiéndose el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo, aprobándose en votación nominal en lo general y en lo particular.

En esa misma fecha la Cámara de Senadores remitió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo, para los efectos constitucionales previstos en su artículo 72.

Con fecha 11 de noviembre de 2014 en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza. Galván, del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional y ordenó su turno a la Comisión de Turismo, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

En esa misma fecha la Comisión de Turismo recibió el expediente número 5472 que contenía la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo.

Con fecha 6 de enero de 2015, la Comisión de Turismo solicito prórroga a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para analizar y dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo.

El 12 de enero de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados otorgó prórroga a la Comisión de Turismo para analizar y dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo.

Contenido de la iniciativa

El turismo es una actividad económica que representa una industria completa y compleja, capaz de aportar al crecimiento y bienestar de la población de cualquier país. A pesar de ello, el incremento de las emisiones a nuestra atmósfera y el calentamiento global representan un riesgo inminente para los ecosistemas de todo el mundo, afectando a sectores diversos además del turismo, tal como la agricultura y el comercio.

México cuenta con ventajas asociadas a su ubicación geográfica, a la diversidad de servicios, vías de comunicación, medios de transporte y a su gente, lo que sin lugar a dudas impulsa una derrama económica importante a través de la creación de empleos y el desarrollo de las comunidades receptoras de turismo; no olvidemos que esta actividad representa aproximadamente un 9% del producto interno bruto del país, lo que significa un detonador para proyectos de infraestructura e inversión en diversas Entidades federativas.

No obstante, como toda actividad humana, su acelerado crecimiento conlleva una serie de consecuencias, entre ellas que representa casi un 5% de emisiones de carbono mundial a la atmósfera como producto de los viajes aéreos, marítimos y terrestres, sin considerar los daños causados por la contaminación del agua, suelo y generación de desechos; de esta manera, los efectos causados -por el cambio climático, sin duda alguna recaen sobre el desarrollo del turismo, toda vez que existe una intrínseca relación entre el clima, los recursos naturales y los ecosistemas, incidiendo en eventos desafortunados como incendios, plagas, contaminación del aire, suelo y agua, y fenómenos naturales extremos.

México está posicionado como uno de los destinos turísticos más frecuentados, sea por sus playas, climas, el patrimonio histórico y cultural, las artes, las ciudades, su gente; pero los efectos del cambio ya son visibles en nuestro territorio y así vemos cómo se van perdiendo los hábitats, los humedales, el nivel del mar aumenta y hay una incidencia de huracanes y fenómenos meteorológicos con mayor frecuencia e intensidad.

Como consecuencias negativas no se habla únicamente de la pérdida de los destinos turísticos y la disminución de la afluencia de visitantes extranjeros y nacionales, sino también de afectaciones severas a sectores como el agro pecuario, agrícola, pesquero e incluso energético, de transporte y de seguros. Por lo anterior y más motivos, si nuestro país no cuenta objetivos y metas claros que lleven a la industria del turismo a elevar su competitividad, en coordinación con acciones en contra de los efectos del cambio climático, no estaremos perdiendo únicamente los beneficios económicos, sino que estaremos perdiendo nuestro hogar, lugar que no podemos recuperar si no utilizamos los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente para otorgarles un mayor valor.

La competitividad turística, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, es la eficacia de los destinos para atraer y satisfacer a los visitantes, ofrecer servicios de calidad e innovadores a los consumidores y garantizar al mismo tiempo que los recursos naturales que soportan al turismo son empleados de manera eficiente y sostenible. Esto nos lleva a una idea esencial que es la de transformar la industria del turismo tradicional a una industria del turismo sustentable, entendiendo ésta como una actividad que da uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, bajo estricto apego a las leyes en la materia.

Ante este panorama preocupante, el gobierno federal actual emitió dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, mismo que tiene por objeto formular y conducir la política de desarrollo en turismo nacional bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado, todos operando bajo el principio de transversalidad, entendida ésta como la distribución de competencias y atribuciones entre los diferentes órdenes de gobierno, poderes y sectores de la sociedad.

Bajo este contexto y con el claro compromiso de fomentar la industria turística coordinada con las medidas de adaptación y mitigación previstas en la Ley General de Cambio Climático, se creó un gabinete turístico mediante acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de noviembre de dos mil trece con la firme tarea de analizar, definir, coordinar y evaluar las estrategias, programas y acciones que tengan cualquier vínculo la Política Nacional Turística. Este gabinete se integra por los titulares de las dependencias de Turismo, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el titular del Ejecutivo Federal.

Pero este esfuerzo requiere como lo señala el principio de transversalidad, la acción de diversos actores, incluido el Poder Legislativo. Por este motivo, la que suscribe, propone coordinar la legislación en turismo con la legislación en cambio climático mediante la inclusión de objetivos específicos que otorguen el fundamento jurídico a la autoridad competente para realizar acciones que promuevan la competitividad de la industria turística y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México respecto a la disminución de emisiones y sustentabilidad.

Contenido de la minuta

La iniciativa de mérito refiere que el turismo es una actividad económica que representa una industria completa y compleja capaz de aportar al crecimiento de cualquier país, sin embargo, señala que –como toda actividad humana– su acelerado crecimiento conlleva a casi el 5% de emisiones de carbono mundial a la atmósfera producto de los viajes aéreos, marítimos y terrestres, sin considerar los daños causados por la contaminación del agua, suelo y generación de desechos.

Da cuenta de que, a través de la pérdida de hábitats, humedales, el aumento en el nivel del mar, el aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes y fenómenos meteorológicos, los efectos del cambio climático ya son visibles para México, y que el calentamiento global afecta sectores tales como: el turismo, la agricultura, el comercio, el pesquero, el energético, entre otros.

En virtud de lo anterior, menciona que la relación del cambio climático y el turismo ha sido abordado en la Organización Mundial del Turismo, en 2003 y 2007 mediante la Primera y la Segunda Conferencias Internacionales sobre el Cambio Climático y el Turismo; durante la primera conferencia, celebrada en Túnez se emitió la Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático, la cual tuvo por objeto apremiar a los gobiernos del mundo a contribuir por un turismo sustentable y a que las organizaciones internacionales estudien las implicaciones recíprocas del turismo y el cambio climático; por otra parte, en la Segunda Conferencia se instó al sector turístico a actuar para hacer frente al cambio climático como uno de los mayores retos del desarrollo sustentable para el siglo XXI.

En razón de lo anterior, plantea la necesidad de transformar la industria del turismo tradicional a una industria del turismo sustentable, entendiendo ésta como una actividad que da uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, bajo estricto apego a las leyes en la materia, lo cual está de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial del Turismo sobre competitividad turística, lo que implica la eficacia de los destinos para atraer y satisfacer a los visitantes, ofrecer servicios de calidad e innovadores a los consumidores y garantizar al mismo tiempo que los recursos naturales que soportan el turismo son empleados de manera eficiente y sostenible.

Por lo anterior, la iniciativa propone coordinar la legislación en turismo con la legislación en cambio climático mediante la inclusión de objetivos específicos que otorguen el fundamento jurídico a la autoridad competente para realizar acciones que promuevan la competitividad de la industria turística y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México, respecto a la disminución de emisiones y sustentabilidad.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

Con base en el artículo 81 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece que “los dictámenes que atiendan minutas deberán abocarse sólo a éstas”. De igual manera el artículo 82, numeral 1, del citado ordenamiento estipula que “el dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le dieron origen, o bien, proponer que se deseche. Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por resuelto y todo el asunto se considerará como total y definitivamente concluido”, por lo que la comisión dictaminadora realizó el análisis correspondiente en base a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo, desechando la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2° y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4° de la Ley General de Turismo, promovida originalmente por la senador Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.

Considerando lo anterior, la Comisión de Turismo está de acuerdo con los planteamientos esbozados por la colegisladora ya que es innegable e impostergable contar con mecanismos jurídicos que favorezcan la vinculación del turismo con la condición de sustentabilidad que la propia evolución del ser humano exige para garantizar su convivencia armónica con el entorno natural. Por ello, compartimos la idea de que se requiere modificar la legislación para establecer un andamiaje que estimule el ecoturismo, considerando la importancia que en el ámbito mundial se le está confiriendo para mantener la integridad de los procesos ecológicos y de la biodiversidad.

Considerando que las políticas públicas en el ámbito internacional están incluyendo los impactos ambientales que inciden en el cambio climático y que éstas buscan preservar y en su caso, rescatar de los efectos nocivos propiciados por la actividad del hombre en detrimento de nuestro planeta y que, en la mayoría de las ocasiones repercuten en la actividad turística que para nuestro país “durante el segundo trimestre de 20i4, el Indicador Trimestral del PIS Turístico se incrementó 1% a tasa anual y en términos reales. A su interior los servicios crecieron 1.9% y los bienes disminuyeron (-) 2.4 por ciento.

En el lapso de referencia, el indicador trimestral del consumo turístico interior avanzó 1.2%, comparado con igual trimestre de 2013. Por componentes, el consumo del turismo interno descendió (-) 0.9% y el del turismo receptivo aumentó 20.6 por ciento.

Lo anterior se logró, entre otros aspectos, por las ventajas asociadas a su ubicación geográfica que nos posiciona como uno de los destinos turísticos más frecuentados por su diversidad de playas, climas, patrimonio histórico y cultural, artes, ciudades, pueblos mágicos, gente; sin embargo los efectos del cambio menoscaban de manera sistemática no solo a nuestro medio ambiente sino a todo el orbe, los cuales ya son visibles como son: la perdida los hábitats, humedales, el incremento del nivel del mar, incidencia de huracanes y fenómenos meteorológicos con mayor frecuencia e intensidad.

El turismo sustentable engloba distintas y diversas modalidades, actividades, etcétera, como:

• La recreación mediante la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, en el marco del desarrollo sustentable cuyo fin debe ser el disfrute, la preservación y el menor impacto sobre los ecosistemas naturales.

• Las visitas a las zonas habitadas por grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos.

• Las que se efectúan con fines educativos y recreativos, en las cuales el visitante se involucra con la naturaleza.

• Las que giran en torno de ríos, mares, lagos, lagunas, presas, etcétera, así como de aquellas en las que se realizan recorridos acuáticos.

• Las que se realizan en los principales centros urbanos, que incluyen barrios, callejuelas, etcétera.

• Las que abarcan elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades, tales como sitios arqueológicos, edificaciones históricas, museos, difusión de la cultura en sus diferentes modalidades, así como la promoción y conservación de dichos recursos culturales.

• Las relativas a la cultura culinaria como objetivo preponderante y que además abarcan visitas a lugares en donde se venden o fabrican diferentes productos alimenticios característicos como son: los regionales, típicos, así como las tradiciones y festejos que acompañan la gastronomía del lugar.

• La que se lleva a cabo con motivo de actividades culturales de negocios en las que se incluyen eventos como: congresos, reuniones de negocios, seminarios, cursos, talleres, seminarios, etcétera.

Todas estas modalidades se interrelacionan tanto directa como indirectamente y no son excluyentes él una con la otra, sino por el contrario, se enriquecen y establecen distintos tipos de cultura, las cuales demandan infinidad de recursos como son: insumos, infraestructura en comunicaciones y transportes, capital humano, expertos, proveedores de bienes y servicios, etcétera.

La Ley General de Turismo en su artículo 2°, fracción II, faculta al Ejecutivo federal a “establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo”.

Asimismo, el artículo 3, fracción I, del citado ordenamiento define que son “actividades turísticas las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos”.

Por su parte el Programa Sectorial de Turismo que parte del Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo, conjunta los resultados de una amplia consulta con actores relevantes del sector aportando elementos de diagnóstico y de operación. En él se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definen la actuación de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este sector, por lo que necesariamente las bases para la política y planeación de la actividad turística deben ajustarse al Programa Sectorial con la finalidad de conducir el desarrollo turístico nacional, que incluye al turismo cultural, mediante actividades de planeación y ejecución en un marco claro y definido que orienta el quehacer turístico nacional que involucra criterios de racionalidad, equidad, mejora, etcétera, para todo el sector turismo.

De igual manera la Ley General de Turismo, en su artículo 2°, fracción II, permite “establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los estados, municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo”.

Así la sustentabilidad ambiental “se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable”.

Asimismo y de conformidad con el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, la Secretaría- de Turismo participará con las siguientes líneas de acción para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático:

• Elaborar y difundir diagnósticos de vulnerabilidad, programas de adaptación y sistemas de alerta temprana al cambio climático para destinos turísticos prioritarios.

• Impulsar, con perspectiva de género, proyectos de turismo comunitario sustentable de naturaleza en ANP y/o en zonas vulnerables.

• Fomentar acciones para restablecer el balance del ciclo del agua en los destinos turísticos prioritarios.

• Promover acciones de eficiencia energética en las Mipymes turísticas, principalmente en hoteles y restaurantes.

• Promover la realización de un inventario de gases de efecto invernadero para reducir las emisiones en actividades asociadas al sector.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Turismo somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4°, de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 4.

I - V...

VI. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático, en materia de turismo;

VII - XV ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores trimestrales de la actividad turística durante el segundo trimestre de 2014. Boletín de Prensa núm. 481/14. 6 de agosto de 2014. Aguascalientes, Ags. Página 1/1. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/itat.pdf

2 Plan Nacional de Desarrollo. Eje 4. Sustentabilidad Ambiental. Presidencia de la República. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html

3 Diario Oficial de la Federación 28 de abril de 2014. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014

Salón de sesiones de la Comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 10 de febrero de 2015.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Heidy Guadalupe Estrada Martínez (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Angelina Carreño Mijares, Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de diciembre de 2014, el Diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. Ésta fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, el 19 de enero de 2015, a través del oficio número DGPL 62-II-1-2367, de fecha 15 de diciembre de 2014 y mediante el número de expediente 5799.

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, aprobaron el presente dictamen con fecha 18 de febrero de 2015.

II. Contenido de la iniciativa

a) El diputado promovente argumenta, que en los últimos años, la experiencia en gestión de recursos federales destinados al financiamiento de proyectos en materia de obras de infraestructura física deportiva, ha resultado desalentadora para la mayoría de los 2 mil 440 alcaldes en México, sobre todo cuando se trata de inmuebles destinados a la práctica del deporte o la cultura física, cuya construcción fue ejecutada a 100 por ciento, durante uno o dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores y éstos no requieren presupuesto del orden federal para crear, ampliar y mejorar los espacios destinados al deporte en general y de alto nivel competitivo.

b) Establece también en su iniciativa, que en la mayoría de los casos, las obras de infraestructura deportiva recién creadas, ampliadas y mejoradas, requieren presupuesto federal para proyectos destinados al equipamiento y el abastecimiento de material deportivo.

Sin embargo, el Fondo de Infraestructura Deportiva vigente, previsto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el Ejercicio Fiscal de 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 3 de diciembre de 2013, establece en el artículo 12 que dicho fondo tendrá como finalidad el fortalecimiento del desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.

La secretaría emitirá, a más tardar el 31 de enero, las disposiciones específicas para la aplicación de dichos fondos. Las entidades federativas deberán solicitar los recursos correspondientes a más tardar el 15 de marzo, los cuales serán ministrados 50 por ciento en el mes de marzo y 50 por ciento a más tardar en el mes de agosto. Aquellos recursos que no hayan sido convenidos y ministrados en ese periodo se reasignarán a programas sociales y de inversión en infraestructura. Del total del costo de cada proyecto, se podrá destinar hasta el 30 por ciento de los recursos para equipamiento.

c) Con lo citado anteriormente, el promovente sostiene que el presupuesto público federal vigente en México en materia de infraestructura deportiva se caracteriza por la ausencia de equipamiento deportivo a 100 por ciento y que, por ende, se considera limitativo para el cumplimiento efectivo en la adquisición de equipamiento diverso y material deportivo.

d) El diputado Larrazábal, también toma en consideración que los Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, publicados en el DOF el 31 de enero de 2014, definen lo que deberá entenderse por equipamiento deportivo, el cual; de conformidad con la fracción VII del artículo 5, de los mismos, se refiere al conjunto de bienes muebles instalados, necesarios para el funcionamiento de los espacios deportivos y para la práctica del deporte en general. No incluye vestuario, blancos, prendas de protección, artículos deportivos ni suministros de oficina, entre otros.

e) De igual forma, el promovente afirma que respecto al material deportivo, el decreto de PEF vigente no lo reconoce en ninguno de sus preceptos ni fondos relacionados con la infraestructura física deportiva, sin omitir que el acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado en el DOF el miércoles 24 de julio de 2013 determina que deberá entenderse por equipamiento deportivo y material deportivo:  “Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos”. Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal diferentes a las de seguridad.

f) El diputado sostiene, que la realidad que día con día viven diversas agrupaciones de la sociedad civil, así como los padres y madres de familia, cuando se alude al equipamiento y al material deportivo para el uso óptimo de las instalaciones públicas, es la de suplir una responsabilidad del Estado, al momento de asumir los gastos por concepto de compra de equipamiento faltante y material deportivo requerido para poder hacer uso de la infraestructura existente. Esta situación sintetiza por sí misma, el estado en el que se encuentra el derecho constitucional a la práctica del deporte y a la cultura física en el país.

g) Por lo anterior y en aras de atender adecuadamente las demandas que requiere el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, el iniciante propone reformar los artículos 41 fracción IV, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Larrazábal, propone reformar el artículo 41 fracción IV, con objeto de que las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios entre sí o con las instituciones de sector social y privado promuevan el equipamiento y el material deportivo para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales, de acuerdo a las normas oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la CONADE.

h) De igual forma, establece necesario reformar el artículo 90 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con objeto de considerar de interés público, el equipamiento y el material deportivo requeridos para el uso óptimo de las instalaciones, que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional.

i) Asimismo, la iniciativa contiene reformas al primer párrafo del artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, LGCFD, con objeto de dotar a la Comisión Nacional de Cultura física y Deporte, Conade, de atribuciones para que formule normas y criterios requeridos en materia de equipamiento y de material deportivo para funcionamiento de las instalaciones y la práctica del deporte.

La iniciativa en cuestión se propone en los siguientes términos:

Único. Se reforman los artículos 41, fracción IV, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 41. Las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para

I. a III. ...

IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura, el equipamiento y el material deportivo para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas asociaciones deportivas nacionales y de acuerdo a las normas oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la dependencia correspondiente;

V. a VIII. ...

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones, así como el equipamiento para su funcionamiento y el material deportivo, que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional.

Artículo 94. La Conade formulará las normas y los criterios requeridos en materia de instalaciones deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva; su equipamiento y el material deportivo para su funcionamiento en la práctica del deporte.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Conade, en un plazo no mayor de 180 días hábiles, formulará las normas y los criterios en materia de equipamiento y de material deportivo, recreativo, de rehabilitación y de activación física.

III. Análisis, discusión y valoración de la iniciativa

En reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de fecha 18 de febrero de 2015, las y los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, coincidiendo que la iniciativa objeto del presente dictamen presenta congruencia con el marco normativo vigente.

El análisis anterior derivó en que los servicios generales y las condiciones en las que éstos se presentan, constituyen un factor indispensable para el óptimo funcionamiento de las comunidades, ya sea de tipo rural o urbano; son una condición fundamental para la viabilidad y desarrollo de la vida cotidiana de la población que en ellas habitan.

De tal suerte, que los servicios públicos, como lo son el drenaje, el abasto de agua, la electricidad, la seguridad pública, la correcta planeación en las vialidades, los servicios de limpia y alumbrado público, así como el equipamiento y la dotación del material para hacer uso de la infraestructura de carácter cultural y deportivo, deben ser considerados como componentes básicos para el buen funcionamiento de los mismos y con ello; garantizar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida.

Atendiendo a estas consideraciones, en 2011 se aprobaron importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales el Estado adquiere la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad.

Específicamente en el artículo 4o. de la Carta Magna, se reconoce históricamente el derecho a la cultura física y la práctica del deporte para lo cual se atribuye al Estado la responsabilidad de su promoción, fomento y estímulo del deporte, a través de los instrumentos jurídicos aplicables.

En tal sentido, la Ley General de Cultura Física y Deporte, aprobada en 2013, confieren al Estado, las atribuciones necesarias con la finalidad de generar la protección y garantía del acceso a la cultura física y la práctica del deporte, consagrados por nuestra Constitución, como un derecho para todas las y los mexicanos.  Para tales efectos, es menester dotar a las instituciones de la Administración Pública en todos sus niveles, del marco normativo necesario, con la finalidad de que los derechos humanos sean de fácil acceso para la población.

Atendiendo a esta premisa, las y los diputados integrantes de la Comisión consideran importante que los recursos públicos que se destinen a los programas dirigidos a la construcción, mantenimiento y remodelación de la infraestructura deportiva, cuenten con la posibilidad de destinar un porcentaje de los mismos a la adquisición de material y equipamiento deportivo que permita el funcionamiento viable, bajo criterios de pertinencia y sustentabilidad de las instalaciones deportivas.

El deporte en la actualidad, está considerado como un importante generador de economía y un importante impulsor del desarrollo de las comunidades, es por ello que la infraestructura deportiva ha experimentado en los últimos años, un crecimiento en nuestro país, durante los últimos años, muy significativamente en el ámbito municipal.  Este auge ha traído como consecuencia una participación más activa de los municipios, en la organización y promoción de actividades deportivas, lo cual genera crecimiento en la calidad de vida de los habitantes, la consolidación de las administraciones públicas al proporcionar servicios básicos públicos de buena calidad, lo cual precisa establecer condiciones que generen una oferta de actividades deportivas que beneficie directamente a las y los ciudadanos.

En virtud de las consideraciones expuestas, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforman los artículos 41, fracción IV; 90 y 94, primer párrafo, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. a III. ...

IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura, el equipamiento y el material deportivo para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales y de acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la dependencia correspondiente;

V. a VIII. ...

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones, así como el equipamiento para su funcionamiento y el material deportivo, que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional.

Artículo 94. La Conade formulará las normas y los criterios requeridos en materia de instalaciones deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva; su equipamiento y el material deportivo para su funcionamiento en la práctica del deporte.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contará con 180 días naturales para emitir la norma oficial mexicana correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil quince.

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), secretarios; Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Jorge Salgado Parra (licencia), Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Delvim Fabiola Barcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Ana María Gutiérrez Coronado (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se adiciona un inciso d) al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado José Everardo Nava Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado de “Análisis de la Iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 14 de octubre de 2014, el diputado José Everardo Nava Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la iniciativa que reforma los artículo 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 62-II-2-1612, acordó se turnara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, abriéndose el expediente 5196.

3. Asimismo, la Mesa Directiva acordó de conformidad con el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, otorgar una prórroga a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el dictamen del presente asunto.

II. Análisis de la iniciativa

1. La iniciativa de referencia, plantea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI de del artículo 537 y se adiciona un inciso d) a la fracción I del 539, recorriéndose los subsecuentes incisos, ambos de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforma la fracción VI de del artículo 537 y se adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 539, recorriéndose los subsecuentes incisos, ambos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:

I. a V. ...

VI. Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidad de empleo que garanticen la inclusión de los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable; y

VII. Coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación de competencia laboral.

Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes actividades:

I. En materia de promoción de empleos:

a) a c)...

d) Diseñar en coordinación con las Entidades Federativas y el sector empresarial políticas públicas y programas para generar oportunidad de empleo que garanticen la inclusión de los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable al mercado laboral.

e) Promover la articulación entre los actores del mercado de trabajo para mejorar las oportunidades de empleo;

f) Elaborar informes y formular programas para impulsar la ocupación en el país, así como procurar su ejecución;

g) Orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor demanda de mano de obra;

h) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la federación y las entidades federativas; y,

i) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.

II. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. En su exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

a) El autor menciona que la gran mayoría de los seres humanos considera al trabajo como su principal fuente de riqueza económica. Con él se obtiene bienestar material para el trabajador y sus familiares. Señala el autor de la iniciativa que, si por razones injustas, arbitrarias y sistemáticas, quien trabaja pierde su empleo, se eleva gravemente el riesgo de que no cuente con las condiciones mínimas para conducir una existencia digna. Es por eso que, dice el iniciador, en nuestra era, la oportunidad para ganarse la vida a través de un empleo libremente elegido y aceptado sea considerada como un derecho al que él llama “inexpropiable” de la persona, además de ser una prerrogativa que los Estados democráticos deben defender bajo cualquier circunstancia.

b) Menciona que para nosotros, los mexicanos, el derecho al trabajo es un derecho humano que encuentra su fundamento legal en el primer párrafo del artículo 1 de nuestra ley fundamental, además del párrafo primero del artículo 123 constitucional. Asimismo, menciona que es la Ley Federal del Trabajo la encargada de reglamentar todas las disposiciones tendientes a normar el ejercicio pleno de este derecho fundamental, buscando siempre un equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente de todos los mexicanos en todas las relaciones laborales.

A nivel internacional, argumenta que el derecho humano al trabajo que tenemos los mexicanos se encuentra sustentado en diversos instrumentos internaciones que, a la fecha, el Estado Mexicano ha ratificado, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, vinculado por nuestro país en marzo de 1981, los 78 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, en diferentes momentos, también han sido ratificados por nuestro país y que actualmente 67 de ellos se mantienen vigentes.

c) Señala que, gracias a los esfuerzos del Gobierno Federal, actualmente éste se encuentra impulsando diversas acciones y políticas públicas encaminadas a la generación de empleo para la población mexicana que de acuerdo a la cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otros datos estadísticos que aporta, de los cuales se desprenden los resultados sobre el crecimiento del empleo en nuestro país. Pero, por otro lado, también se reflejan la exclusión, discriminación y múltiples dificultades que, a diario, millones de mexicanos profesionistas, técnicos y obreros (hombres y mujeres) mayores de 35 años enfrentan para obtener un empleo o para reincorporarse al mercado laboral.

Así las cosas, enfatiza que, en los últimos años en nuestro país, la edad se ha convertido en un obstáculo para conseguir empleo, esto como consecuencia de las prácticas discriminatorias promovidas por el sector empresarial en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes de empleo, que en su mayoría van dirigidas a personas entre los 20 a 35 años, y que lamentablemente excluyen a las personas que superan dicha edad dejándola en total incertidumbre y sin oportunidades. Lo anterior se puede apreciar, dice, si se ve por internet o por medio de los periódicos de circulación local y nacional, el que existen anuncios de empleo que niegan, agravian y muchas veces hacen dudar de su capacidad laboral a la población mexicana en edad mayor a los 35 años.

Cita el Reporte sobre Discriminación 2012, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual afirma que el mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de los 35 años. En el caso de las y los adultos mayores esta práctica se potencia; se trata de personas que por no contar con recursos provenientes de una pensión suficiente deben buscar empleo en un contexto de escasez, al que se le suma la ausencia de prestaciones que afectan gravemente este sector de la población.

Menciona, también el informe laboral publicado en julio de 2014 por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual indica que de los 2 millones 484 mil 798 mexicanos (hombres y mujeres) que se encuentran sin empleo en el país, el 45 por ciento corresponde a personas que superan los 30 años de edad, datos que a su vez son similares lamentablemente con los indicadores de ocupación y empleo del primer trimestre de 2014 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, menciona que académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, coinciden que los adultos mayores de 35 años son quienes tienen el mayor riesgo de ser desempleados y sobre todo de las trabas que enfrentan para volver a incorporarse al mercado laborar, que cuando los aceptan suelen emplearlos a cambio de remuneraciones muy bajas, la mayoría de las veces en áreas ajenas a sus conocimientos y talentos que no les generan más que frustración por no poder aplicar su experiencia, ni mucho menos satisfacer las necesidades básicas que tienen para consigo mismos y con sus respectivas familias. Afirma que las cifras aducidas y contenidas en su propuesta señalan que, las políticas empresariales vigentes en el país, se encuentran obstaculizando el acceso a las personas mayores de 35 años al derecho al trabajo.

d) Sentencia que por la falta de medidas legislativas que aseguren el cumplimiento cabal de las normas contenidas en nuestro marco jurídico es que hacen necesaria la intervención de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar en la ley en la materia una regulación más fortalecida que coadyuve, atienda y solucione de manera eficiente el fenómeno de discriminación por edad que lamentablemente lastima a nuestra sociedad mexicana particularmente a las personas adultas.

Para lograrlo, señala, resulta inaplazable proponer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo con el propósito fundamental de establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instancia encargada de llevar la política laboral del país, las Entidades Federativas y el sector empresarial tendiente a diseñar y ejecutar políticas públicas y programa dirigidos a generar oportunidad de empleo que realmente garanticen la ”inclusión” de la población mexicana al mercado laboral y sobre todo permitan aprovechar la vasta experiencia, sabiduría y capacidad de los millones de mexicanas y mexicanos que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo, económico y progreso del país.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto de referencia.

2. Estamos convencidos de que las razones señaladas por el iniciador de tipo económico y de Derechos Humanos son plenamente convincentes. Vemos que, pese a los esfuerzos que el Poder Ejecutivo de la Unión ha realizado para promover la productividad y la generación de empleos es insuficiente si el marco jurídico nacional no aporta las herramientas necesarias para sostener esos buenos propósitos.

3. Es plenamente cierto que la ley apoya el que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la que realice esas actividades. Lo anterior se apoya en lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente en las fracciones V, VII y XVII del artículo 40 de su texto normativo.

Asimismo y en concordancia al segundo Informe de Gobierno que el Ejecutivo federal, en el plano de la equidad y la igualdad en el trabajo ha suscrito, el 5 de mayo de 2014, con el propósito de impulsar acciones a favor del trabajo decente y promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social de las y los trabajadores, así como fomentar la inclusión, la igualdad y la no discriminación laborales, y la prevención y erradicación del trabajo infantil, junto la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, las bases de colaboración de esa dependencia con dicho programa, en el cual se contempla el apoyo a personas adultas mayores en la obtención de un empleo, previa evaluación de sus capacidades, experiencia y aptitudes laborales.

4. No obstante lo anterior, y en base a la opinión que remite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de que en la propuesta de adición del inciso d) a la fracción I del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, existen elementos para estimar que las propuestas vertidas en el presente Dictamen pudieran llegar a tener impacto presupuestario, se considera conveniente establecer un mecanismo que impida que éste pudiera llegar a tener implicaciones que redunden en presiones de gasto del Estado superiores a las ya establecidas por el Presupuesto de Egresos de la Federación y así aminorar cualquier impacto que se pudiera llegar a generar, por lo que se propone la modificación de la redacción de ambas propuestas, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:

I. a V. ...

VI. Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidad de empleo que promuevan la inclusión de los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable; y

VII. Coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación de competencia laboral.

Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes actividades:

I. En materia de promoción de empleos:

a) a c)...

d) Proponer el diseño, en coordinación con las entidades federativas y el sector empresarial, de políticas públicas para generar oportunidad de empleo que promuevan la inclusión de los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable al mercado laboral;

e) Promover la articulación entre los actores del mercado de trabajo para mejorar las oportunidades de empleo;

f) Elaborar informes y formular programas para impulsar la ocupación en el país, así como procurar su ejecución;

g) Orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor demanda de mano de obra;

h) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las Entidades Federativas; y,

i) En general, realizar todas las que las Leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.

II. a VI. ...

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se adiciona un inciso D) a la fracción I del 539 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma la fracción VI de del artículo 537 y se adiciona un inciso d) recorriéndose los subsecuentes incisos en su orden, a la fracción I del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:

I. a V. ...

VI. Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo que promuevan la inclusión de los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable; y

VII. ...

Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes actividades:

I. En materia de promoción de empleos:

a) a c)...

d) Proponer el diseño, en coordinación con las Entidades Federativas y el sector empresarial, de políticas públicas para generar oportunidad de empleo que promuevan la inclusión de los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable al mercado laboral;

e) a i) ...

II. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72, inciso a) y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. El siete de octubre de dos mil catorce, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, se dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XLII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por las senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Lizbeth Hernández Lecona, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por los senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y César Octavio Pedroza Gaitán, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional.

2. En esa misma fecha, siete de octubre de dos mil catorce, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El Senado de la República, en sesión del catorce de diciembre de dos mil catorce, aprobó el dictamen correspondiente instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta correspondiente fue recibida por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del tres de febrero de dos mil quince, siendo turnado a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

Contenido de la minuta

La colegisladora expone que el objeto de la iniciativa proyecto de decreto es proponer que la Secretaría de Gobernación sea el órgano de la Administración Pública Federal encargado de impulsar y coordinar una política de capacitación hacia los integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales, la cual será otorgada después de la publicación de los resultados oficiales y antes de la toma de protesta de éstos; al mismo tiempo, busca elevar a rango de ley las facultades del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para suscribir convenios de coordinación con las autoridades locales para implementar capacitación, certificación y profesionalización para todos los servidores públicos de los gobiernos locales, misma que no es obligatoria y siendo optativa para los integrantes del ayuntamiento y funcionarios municipales en detrimento de la administración de la gestión municipal.

Por lo expuesto, la iniciativa con proyecto de decreto proponía la reforma del artículo 27, fracción XLII, toda vez que no ha sido posible la profesionalización de la administración y la gestión pública municipal para obtener servicios de calidad bajo los principios de eficiencia y eficacia que demanda la ciudadanía.

Expuestos los antecedentes de la minuta, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación fundan el presente dictamen a tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La colegisladora estimó oportuna la reforma propuesta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en virtud de que “la Secretaría de Gobernación cuenta con órganos desconcentrados como el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) cuya misión es orientar y coordinar las acciones de los tres ámbitos de gobierno para diseñar e implementar políticas públicas, programas y servicios que favorezcan las relaciones intergubernamentales subsidiarias e impulsen el desarrollo equilibrado de estados y municipios en beneficio de la ciudadanía”.

2. La Colegisladora estimó oportuna la modificación del proyecto de decreto en razón de la necesidad de observar la secuencia discursiva en la “descripción teleológica de la Secretaría de Gobernación”. En este sentido, se adicionó al artículo 27 del ordenamiento materia de este dictamen una fracción X que refiere a las atribuciones específicas de la Secretaría de Gobernación. Se transcriben en el siguiente cuadro comparativo:

3. La cámara revisora, al realizar el estudio del proyecto de decreto, estimó oportuno abundar sobre la competencia de la Secretaría de Gobernación, a través de sus órganos desconcentrados como es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. El artículo 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 determina que corresponde al Instituto las siguientes atribuciones:

Artículo 73. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal tiene las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Proponer al Subsecretario de Gobierno, mecanismos que permitan la adecuada instrumentación del federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal en las políticas, programas, proyectos y acciones que sean de la responsabilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

III. Proponer al Subsecretario de Gobierno la realización de un programa integral en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal en el marco de los lineamientos que señale el Plan Nacional de Desarrollo y, en general, el Sistema Nacional de Planeación Democrática;

IV. ...

V. Promover la realización de acciones para el fortalecimiento del federalismo entre las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como para el desarrollo y la colaboración regional, estatal, municipal y metropolitana que prevean una mayor participación de la comunidad, de las asociaciones de municipios, así como de las distintas organizaciones sociales y privadas en la materia;

VI. Establecer con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal mecanismos conjuntos de planeación, programación, enlace, comunicación, participación y acuerdo que, con pleno respeto al ámbito de competencia de los demás Poderes de la Unión y de las entidades federativas y municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, permitan la instrumentación adecuada del federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal;

VII. a XVIII ...

4. La minuta proyecto de decreto, a juicio de esta comisión dictaminadora, contribuirá a la búsqueda y aplicación de soluciones eficaces en el fortalecimiento del federalismo. A mayor abundamiento, la profesionalización de los funcionarios municipales indica el sentido de pertenencia e identidad al municipio como primera instancia del sistema republicano. La creación de mecanismos dará a los municipios la capacidad para el desarrollo de sus atribuciones conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en base a la legalidad que incluya a todos los órdenes de gobierno y realizar acciones transversales que fortalezcan el federalismo.

5. Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A) de la Constitución Política de los Estados Unidos, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se adiciona una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a X. ...

X Bis. Diseñar, instrumentar, desarrollar, proponer, fomentar y publicitar programas y herramientas institucionales para la asesoría, capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales en su carácter de depositarios de funciones y servicios públicos, con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales y el desarrollo institucional de los municipios mexicanos;

XI. a XLIII. ...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil catorce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Rocío Baca Bonifaz (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático

La Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido por los artículos 39, fracciones 2 y 3, 45, fracción 1, y 6, incisos e) y f), de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 158, fracción 1, numeral IV, y el artículo 80, fracción 2, del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a consideración de la asamblea el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a), fracción VI, del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• En fecha 3 de febrero del 2015, La Mesa Directiva, dio cuenta del oficio de la Cámara de senadores por el que remite minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a), de la fracción VI, del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.

• En esa misma fecha, la presidencia dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta en cuestión tiene por objetivo central reformar y adicionar el artículo 7 en su fracción VI, el artículo 47 en su fracción II, y la fracción III del artículo 66 de la Ley General de Cambio Climático, para incorporar a los mares, costas y territorio insular como partes de las materias sobre las que habrán de establecerse, regularse e instrumentar las políticas de adaptación y mitigación de cambio climático.

Las comisiones dictaminadoras refieren que nuestro país se localiza en la zona de transición entre las regiones neártica y neotropical; y en las zonas de influencia oceánica Atlántico centro- occidental y Pacífico centro-oriental, aunado a la topografía y clima han determinado la conformación de una gran diversidad de ecosistemas, entre ellos los ecosistemas acuáticos, marinos, así como el territorio insular que comprende islas, cayos y arrecifes, mismos que son de gran relevancia en cuanto a su consideración en las políticas nacionales de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero.

Asimismo las comisiones dictaminadoras mencionan que el estudio, la conservación y uso sustentable de los recursos que provee el ecosistema marino, será de gran utilidad, no solo para garantizar la viabilidad del mismo sino para la preservación de la actividad pesquera en la que actualmente participan miles de personas.

De la misma manera, las comisiones dictaminadoras consideran que la diversidad biológica en la zona costera obedece a que es el punto interfase entre el océano, la tierra y la atmósfera, sin embargo, dada la complejidad de sistemas que en ella interactúan, es difícil establecer una definición de esta zona, no obstante, la CONABIO ha hecho un gran esfuerzo por identificar los elementos que la integran. Atendiendo a ello se aprobó la reforma que define a los ecosistemas costeros y su ubicación.

Las comisiones dictaminadoras mencionan que los ecosistemas marinos, costeros, las islas, cayos y arrecifes mexicanos son particularmente vulnerables a los efectos de cambio climático, toda vez que se ven impactados por una variabilidad climática.

Además, las comisiones dictaminadoras refieren que el incremento de la temperatura superficial del océano y su interacción con la atmósfera, producidos por efecto del cambio climático, aumentan el número y la magnitud de tormentas tropicales y huracanes.

Después de analizar las reformas propuestas, las comisiones dictaminadoras consideran que la adición de un inciso m) a la fracción VI del artículo 7 de la LGCC, se consideraría redundante, toda vez que el inciso a) de la misma fracción dispone que es facultad de la federación establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en materia de ecosistemas acuáticos; entendiendo que como parte de estos se encuentran los ecosistemas costeros, marinos y las islas; derivado de lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran más apropiado reformar el inciso a) de la fracción VI del artículo 7 de la Ley en comento para precisar la referencia a los ecosistemas marinos, costeros, islas, cayos y arrecifes.

De acuerdo con la reforma a la fracción II del artículo 47 de la LGCC, las comisiones dictaminadoras, consideran que la inquietud de los promoventes está debidamente atendida en el artículo 49 de la Ley en comento, toda vez que en este artículo se establece cuáles serán los grupos de trabajo de la CICC, y además se definen las materias que cada uno abordará.

Las comisiones dictaminadoras estiman que la reforma al artículo 66, también establece grupos de trabajo que definirán las metas sexenales de adaptación entre otras, en las áreas de mares, costas y territorios insulares, por lo que consideran es imprecisa, toda vez que se refiere al contenido y estructura de un artículo diferente ( artículo 67), por lo que de aprobarse en los términos planteados, se derogaría el contenido del artículo 66 vigente, relativo a las generalidades del Programa Especial de Cambio Climático.

Consideraciones de la comisión

Esta Comisión de Cambio Climático, posterior al estudio y análisis de la minuta que nos ocupa, manifiesta las siguientes consideraciones:

Primera: Consideramos procedente la reforma propuesta por las comisiones dictaminadoras al artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, toda vez que con ella se logrará especificar como una de las atribuciones de la federación, el preservar, restaurar, conservar, manejar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como los ecosistemas costeros, acuáticos, islas, cayos y arrecifes, además de los recursos hídricos.

Esta Comisión de Cambio Climático considera que es de suma importancia que se encuentre especificado en la ley, todos los sectores que se beneficiarán de la misma, toda vez que de esta manera se logrará una mayor eficiencia en su aplicación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 42 establece que:

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas , cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

Derivado de lo anterior, consideramos pertinente que la Ley General de Cambio Climático sea congruente con nuestra Constitución Política, toda vez que en ella se establece específicamente que las islas, cayos y arrecifes comprenden también al territorio nacional, por lo cual, merecen el beneficio y protección que proporcionan todos los cuerpos normativos que regulan el país.

Segunda: La Conabio, se ha preocupado por obtener las características de cada uno de los ecosistemas que existen en nuestro país, razón por la cual cada uno tiene un concepto diferente en nuestra normatividad, lo cual impide que englobemos a todos los ecosistemas que existen dentro de un solo concepto, toda vez que cada uno posee características diferentes.

Consideramos que es conveniente hacer uso de los conceptos correctos en nuestra ley, para evitar lagunas en la misma, razón por la cual diversos sectores quedarían desprotegidos.

Existen diferencias muy marcadas entre los sistemas costeros del Golfo de México y los del Pacífico, e incluso entre los del Golfo de California y el lado occidental de la Península, resultado de las diferencias de clima, los aportes fluviales y los aportes continentales.

Los manglares son ecosistemas característicos de bahías, lagunas costeras, estuarios y playas protegidas del oleaje, que se distribuyen a lo largo de casi todas las costas del país. La franja intermareal y de dunas costeras constituye el punto central de la interfase tierra y mar, con fisonomías y dinámicas muy diferentes que requieren estudios de la dinámica de los factores que la regulan.

Los arrecifes de coral son reconocidos por su elevada diversidad biológica; se encuentran en ambas costas del país. En el Golfo de México aparecen en tres grandes regiones; la costa de Veracruz, el banco de Campeche y el Caribe (donde forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano). Los arrecifes coralinos del Pacífico mexicano son pequeños y están geográficamente aislados entre sí.

Los ecosistemas insulares de México albergan una biota muy diversa, en su mayoría endémica, además de que son sitios de reproducción, anidación, descanso o alimentación de fauna muy diversa que incluye aves migratorias. Una de las regiones más importantes del mundo en este aspecto es la del Golfo de California y la costa oeste de la Península, en donde existen cerca de 900 islas e islotes.

Entre los ecosistemas acuáticos epicontinentales destacan los ríos y arroyos, que, si bien albergan una pequeña proporción del agua del planeta, han sido muy significativos para el establecimiento y desarrollo de la civilización humana. En México existen alrededor de 50 ríos principales, en cuencas de captación tanto de las vertientes del Pacífico y el Atlántico como interiores —cuyos ríos desembocan en lagos y lagunas—. Su abundancia y caudal se debe a la heterogeneidad de las condiciones topográficas, fisiográficas y climáticas.

Al tenor de lo anterior, consideramos que es necesario especificar el nombre de los ecosistemas, dadas las diferencias de cada uno, así mismo la Ley General de Cambio Climático debe incluirlos, para de esta manera lograr un mejor entendimiento dentro de las atribuciones de la Federación para la preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como de cada uno de los ecosistemas y recursos hídricos.

Tercera: El cambio climático afecta indudablemente todos los ecosistemas de nuestro país, por eso consideramos que es de suma importancia procurar que todos y cada uno de ellos cuenten con la debida atención y protección que garantiza nuestra Constitución Política y cada una de las Leyes que rigen en nuestro país, en este caso la LGCC.

• Manifestamos que los habitantes nos beneficiamos de la explotación moderada de los ecosistemas que componen nuestro territorio nacional, por lo que debemos prevenir que el cambio climático haga estragos en ellos.

En las zonas costeras ocurren actividades humanas que ejercen una fuerte presión sobre ambientes frágiles y de gran diversidad biológica, como la pesca y la acuicultura, la extracción de hidrocarburos y minerales, la transportación marítima y el turismo, el crecimiento urbano desordenado y la producción de contaminantes; todas ellas generan una gran presión en los ecosistemas. En las islas se ha documentado el mayor número de extinciones de especies, las cuales se deben a la flora y fauna introducidas. En el caso de las aguas continentales el principal problema es la sobreexplotación de este recurso, que ha ocasionado la disminución de líquido disponible para uso urbano y agrícola y la desertificación, además de la contaminación, eutrofización e introducción de especies exóticas que han deteriorado estos ecosistemas. 1

• De esta manera, consideramos que la LGCC debe prever la forma de mitigar los efectos de cambio climático, procurando beneficiar a la mayor cantidad de sectores y ecosistemas en nuestro país, toda vez que en los últimos años México, específicamente en las zonas costeras, ha sido azotado por un sin número de tormentas y huracanes causadas por el fenómeno del niño, en consecuencia de los efectos de cambio climático, cuestión que además lesiona e impacta el presupuesto nacional al atender las contingencias que se presentan.

Por lo anterior expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora, somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a V. ...

VI. ...

a) Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, costeros, islas, cayos, arrecifes y los recursos hídricos;

b)a l) ...

VII.a XXVIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 86 y 107 de la Ley General de Cambio Climático

La Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, fracción II y III, 45, fracción I, y VI, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 158, fracción I, numeral 4, y 80, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• En fecha 11 de diciembre del 2014, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio de la Cámara de senadores por el que remite minuta de proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

• En esa misma fecha, la Presidencia dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta dictaminada tiene por objetivo modificar la Ley General de Cambio Climático en sus artículos 47, 86 y 107 para  obtener un marco de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información mejor especificado, toda vez que  las comisiones dictaminadoras consideran  que es un tema de gran importancia, no sólo para los legisladores, sino para la sociedad civil en general.

Las comisiones dictaminadoras, analizaron y dictaminaron la minuta que tiene origen en iniciativas que aportaron los diputados Yesenia Nolasco Ramírez, Rodrigo Chávez Contreras, Sergio Augusto Chan Lugo y Ramón Antonio Sampayo Ortíz y exponen que la reforma al artículo 3o. en las fracciones XXIII y XXXIV, que tiene por objeto incorporar al concepto de Mitigación la alusión a acciones y políticas de intervención antropogénica, no es necesaria ya que lo interpretan como  redundante debido a que propone una disposición ya establecida en la Ley General de Cambio Climático.

De la misma manera las comisiones exponentes, consideran que la reforma del artículo 26, no procedería porque opinan que reitera un principio que ya se encuentra contemplado por la Ley en cuestión vigente, ya que tiene por objeto reformar el concepto de vulnerabilidad, para precisar que los sistemas a los que se alude son los naturales, humanos y productivos, además de incorporar como parte de los principios de la política nacional de cambio climático la transversalidad y direccionalidad de las políticas públicas en las estrategias, planes, programas y demás ordenamientos en la materia con objeto de ampliar su eficacia.

Las comisiones dictaminadoras coinciden que es necesario reformar el artículo 107, el cual a la letra dice:

Artículo 107. La Comisión, en coordinación con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el INECC, deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático. En dicha página de internet los particulares podrán revisar el inventario y el registro.

Derivado de lo anterior, dichas comisiones consideran que no se estima pertinente adicionar un segundo párrafoal artículo 107, como se había propuesto en un principio, toda vez que ello obliga a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) a presentar dos informes anuales, lo que generaría un impacto presupuestario innecesario, además de que la propuesta establece que la CICC rinda su informe en el mes de agosto de cada año, sin justificación alguna.

Las comisiones dictaminadoras consideran que la inclusión de información relativa al ejercicio de los recursos del Fondo de Cambio Climático es oportuna, al igual que la relativa al ejercicio de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a cada dependencia que integra la CICC. Sin embargo, opinan que  es pertinente incorporar dicha disposición al primer párrafo del artículo 107 de la LGCC ya que así se asegura que la CICC presente la información y con ella nutra la que estará disponible en la página de internet que deberá elaborar en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el INECC.

Las Comisiones exponentes coinciden en que no es viable incorporar un  artículo segundo transitorio a la propuesta porque éste, duplica las obligaciones que las dependencias de la administración pública federal tienen que cumplir de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y la propia LGCC, aunado a lo anterior, las comisiones dictaminadoras estiman que la redacción propuesta no podría tener una aplicación práctica, particularmente por lo que se refiere a que los indicadores de impacto y resultados deberán servir de apoyo para comparar gasto-eficiencia, índices de consumo de energía, gases de efecto invernadero generados en comparación al año base y los mitigados a la fecha en que se entregue el informe, avance en el consumo de energías renovables, entre otros elementos.

Además, las comisiones dictaminadoras  plantean reformar los artículos 47 y 86 de la LGCC para dar congruencia a la reforma del artículo 107 que propone la minuta, ya que la fracción XIII del artículo 47 de la LGCC otorga a la CICC la atribución de difundir sus trabajos y resultados así como publicar un informe anual de actividades. Sin embargo omite precisar dónde o de que forma publicará dicho informe anual. En ese sentido se considera pertinente reformar la fracción que nos ocupa para que dicha publicación se haga en el mes de septiembre a través de la página de Internet que prevé el artículo 107.

En opinión de estas comisiones dictaminadoras es necesario reformar el artículo 86 para que sea congruente con la reforma al artículo 107 de la LGCC. La reforma es muy sencilla porque refiere a las disposiciones de la ley, además de las otras disposiciones legales a las que dicho artículo alude.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión de cambio climático, posterior al estudio y análisis de la minuta que nos ocupa, manifiesta las siguientes consideraciones:

Coincidimos con las comisiones dictaminadoras que en el manejo de recursos públicos, el tema de la transparencia y rendición de cuentas es de suma importancia, y que en el ámbito de cambio climático no es la excepción, toda vez que en nuestro país se han aportado recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el cumplimiento de objetivos que plantea nuestra Ley General de Cambio Climático, así como los propuestos por el Ejecutivo dentro del Plan de Desarrollo, razón por la cuál es un deber proporcionar la información adecuada del manejo de dichos recursos.

En nuestra Constitución Política en el artículo 6, inciso A, fracción V, se establece que:

Artículo 6...

A.Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a IV...

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Al  tenor de lo anterior, la Constitución respalda claramente lo que se pretende con la reforma propuesta, ya que en el artículo 107 de la LGCC, se establecerá la inclusión de la información del manejo de recursos, además de que ésta aparecerá en la página de internet que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático deberá elaborar y desarrollar en coordinación con el Inegi y el INECC.

Cabe mencionar que más allá del Título Séptimo de la Ley General de Cambio Climático, que refiere a la transparencia  y acceso a la información, se refuerza en diversos artículos de la misma, dicho tema, específicamente en el artículo 25, párrafo tercero que establece lo siguiente: “Las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios ejecutoras de programas de mitigación o adaptación al cambio climático, deberán proporcionar la información que les requiera la Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades, conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”. Lo que además nos lleva a  indicar a la transparencia como uno de los principios de la aplicación de la política nacional de cambio climático, establecidos en el artículo 26 de la ley en cuestión, y que en su fracción X, a la letra establece: “X. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables;”

• Asimismo esta comisión considera que la reforma propuesta es viable, ya que con ella se cumplirá lo dispuesto en nuestra Constitución Política, como se mencionó anteriormente, y de la misma manera se completará congruentemente con las disposiciones dentro de la Ley General de Cambio Climático en tema de transparencia y rendición de cuentas, así como el acceso a la información, cuestión de suma importancia, para preservar el vínculo de confianza, tanto de los órganos de gobierno, como de la sociedad en general.

• En cuanto a la reforma del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático, esta Comisión considera pertinente modificar dicho artículo para precisar la fecha en que la CICC debe publicar el informe requerido en el artículo 107 de la misma Ley, proporcionando de esta manera la congruencia necesaria para la aplicación de los mismos, además de que coincidimos con las comisiones dictaminadoras en que se logrará la armonía en los tiempos para realizar tales tareas, como se establece en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone que a mas tardar, el 8 de septiembre de cada año, el Ejecutivo federal remitirá al Congreso de la Unión, entre otros, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

• De la misma manera  la reforma al artículo 86 de la ley en cuestión, es necesaria para lograr la coherencia con la reforma al artículo 107 antes mencionado, en opinión de esta comisión coincidimos que, además de sencilla, es coherente realizarla para reforzar el cumplimiento de dichas disposiciones.

Por lo anterior expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora, somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 47, 86 y 107 de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único.Se reforman los artículos 47, fracción XIII; 86 y 107 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 47.LaComisión ejercerá las atribuciones siguientes:

I.a XII. ...

XIII.Difundir sus trabajos y resultados así como publicar en el mes de septiembreun informe anual de actividades en la página de internet prevista en el artículo 107 de esta ley.

XIV.a XVIII. ...

Artículo 86.El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoria, transparencia,evaluación y rendición de cuentas que establecen esta leyy las disposiciones legales aplicables.

Artículo 107.La Comisión, en coordinación con el lnstituto Nacional de Geografía y Estadística y el INECC, deberá elaborar y desarrollar una pagina de Internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático ; el informe anual de la comisión que alude la fracción XIII del articulo 47 de esta ley; las acciones que se llevaron a cabo con recursos del Fondo para el Cambio Climático; los recursos que anualmente se asignan en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las dependencias que integran la Comisión para cumplir con las obligaciones de esta ley y la forma en que se ejercieron; así como los resultados de las evaluaciones de la política nacional de cambio climático. En dicha página de Internet los particulares podrán revisar el inventario y el registro.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Objetivo 4.4 del PND Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la Iniciativa con proyecto de decreto para su dictamen.

2. En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza la propuesta.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta Comisión y enseguida, la emisión del dictamen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 10 de febrero de 2015, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, firmaron su adhesión a dicha iniciativa, 110 diputadas y diputados como sigue: Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 1. Aceves y del Olmo Carlos Humberto, 2. Quiñones Canales Lourdes Eulalia, 3. Funes Velázquez Érika Yolanda, 4. Cruz Morales Maricruz, 5. Ugalde Alegría Aurora Denisse, 6. Sámano Peralta Miguel, 7. Maldonado Hernández Fernando Alfredo, 8. Barrera Fortoul Laura, 9. Valencia González Gloria María del Carmen, 10. Barrera Barrera Petra, 11. Rangel Segovia Alejandro, 12. Salazar Trejo Jessica, 13. Vitela Rodríguez Alma Marina, 14. Mercado Gallegos Sonia Catalina, 15. Cano Ayala María Elena, 16. López Segura María Carmen, 17. Navarrete Vital María Concepción, 18. Luis Olvera Correa, 19. Carreño Mijares Angelina, 20. Ruiz Sandoval Cristina, 21. Flores Gómez José Luis Cruz, 22. Fernández Clamont Francisco Javier, 23. Ponce Orozco Norma, 24. Zamora Morales Fernando, 25. González Cruz Cristina, 26. Garza Moreno María Esther, 27. Villaseñor Gudiño Blanca María, 28. Berzunza Novelo Landy Margarita, 29. Salomón Juan Marcos Issa, 30. Flores Treviño María de Lourdes, 31. Bonilla Gómez Adolfo, 32. Flemate Ramírez Julio César, 33. Gauna Ruiz de León Celia Isabel, 34. Retamoza Vega Patricia Elena, 35. Huerta Rea María de Jesús, 36. Delgadillo González Claudia, 37. Corona Nakamura María del Rocío, 38.Niaves López Ossiel Omar, 39. García de la Cadena Romero María del Carmen, 40. Guevara González Javier Filiberto, 41. Cárdenas Cantú Miriam, 42. Ochoa Willy, 43. Cabañas Aparicio María Elia, 44. Márquez Velasco Silvia, 45. Gómez Carmona Blanca Estela, 46. Araujo de la Torre Elsa Patricia, 47. Garay Cabada Marina, 48. Carreón Cervantes Verónica, Alcalá Padilla Leobardo, 49. García Olmedo María del Rocío, 50. Schroeder Verdugo María Fernanda 51. Gómez Tueme Amira Gricelda, 52. Gómez Olguín Roy Argel, 53. Sánchez Romero Carlos, 54. Morales Flores Jesús, 55. Peña Recio Patricia Guadalupe, 56.Velázquez López Mirna, 57. Fuentes Téllez Adriana, 58. Guerrero López Judit Magdalena, 59. Aguayo López Miguel Ángel, 60. Gómez Gómez Luis, 61. Gómez Gómez Pedro, 62. Barrera Estrada Rodimiro, 63. Villaseñor Vargas Paloma, 64. Galván Villanueva Raúl Santos, 65. Díaz Athié Antonio de Jesús, 66. Pazzi Maza Zita Beatriz, 67. Ayala Robles Linares Flor, 68. Mejía García Leticia, 69. Rellstab Carreto Tanya, 70. Calderón Ramírez Leticia, 71. Barrueta Barón Noé, 72. Vargas Vargas Laura Guadalupe, 73. Barcenas Nieves Delvim Fabiola, 74. Córdova Morán Frine Soraya, 75. Pariente Gavito Rosario, 76. Ortega Pacheco Guadalupe del Socorro, 77. Ordaz Martínez María del Carmen, 78. Escamilla Cerón Alberto Leónides, 79. Sosa Altamira William Renan, 80. Velázquez Díaz María Guadalupe, 81. Hernández Morales Mirna Esmeralda, 82. Padilla Fierro Román Alfredo, 83. Magaña Zepeda María Angélica, 84. Mendoza Curiel María Leticia, 85. Padilla Navarro Cesario, 86. Gamboa Song Lizbeth Loy, 87. Quian Alcocer Eduardo Román, 88. Gutiérrez Álvarez Harvey, 89. Gutiérrez Manrique Martha. 90. Velasco Orozco Víctor Hugo, 91. Athie Flores Kamel, 92. Miranda Munive Emilse. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 1. González Carrillo Adriana, 2. Licea González Margarita, 3. Sosa Govea Martha Leticia, 4. Jiménez Cerrillo Raquel, 5. Quintana Salinas Esther. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1. Salinas Pérez Josefina, 2. Navarrete Contreras Joaquina, 3. Bautista Bravo Alliet Mariana, 4. García Medina Amalia Dolores, 5. Guzmán Díaz Delfina Elizabeth, 6. Bautista Cuevas Gloria. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 1. Vital Vera Martha Edith, 2. Romo Fonseca Bárbara Gabriela, 3. Zavaleta Salgado Ruth, 4. Padilla Ramos Carla Alicia, 5. Villafuerte Trujillo Amílcar Augusto.

3. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fecha 10 de febrero de 2015, para la elaboración del dictamen correspondiente.

4. Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4211-V, de la Cámara de Diputados con fecha 10 de febrero de 2015.

5. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto reformar la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores como se indica en el presente dictamen.

En su exposición de motivos, la diputada Elvia María Pérez Escalante explica el planteamiento del problema en la forma siguiente:

Que uno de los principales temas del pensamiento universal contemporáneo es sin duda el de los derechos humanos.

Que en nuestro país, los derechos humanos se encuentran tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de todas las personas, incluyendo desde luego, a grupos vulnerables como el de las personas adultas mayores.

Que sin embargo, considera la diputada iniciante que es necesario inducir en los educandos y en general en la actual y en las nuevas generaciones, una cultura de respeto a los derechos humanos y en especial a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

Argumenta la autora de la iniciativa que desde el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de derechos humanos, citando textualmente el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que puede observarse, que el tema de los derechos humanos se encuentra ampliamente tutelado y que incluso impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Enseguida señala que en ese orden de ideas y considerando que cualquiera de las manifestaciones de falta de respeto hacia los adultos mayores o a otros grupos vulnerables de la población, constituye un maltrato sin justificación alguna que vulnera sus derechos humanos fundamentales, es por lo que considera que esa problemática debe ser objeto de la prevención que el Estado debe llevar a cabo.

Afirma que la falta de respeto hacia los adultos mayores y otros sectores de la población como las personas con discapacidad sigue presente en la convivencia social y que por ello considera que es muy importante inducir una cultura de respeto hacia esos sectores de la población.

Manifiesta la diputada iniciante que las personas adultas mayores en muchas ocasiones son objeto de conductas y hechos que impactan a su persona y que generan consecuencias emocionales que les impiden disfrutar de su derecho humano fundamental a disfrutar de una vida digna, en paz y en armonía y precisa que no obstante, los esfuerzos por reconocer en el ámbito internacional y en nuestro país los derechos de las personas adultas mayores, siguen siendo receptores de esas conductas negativas en el seno de la familia y como sujetos pasivos de esas conductas antisociales provenientes del entorno que los rodea.

Enseguida, argumenta que en México las normas que protegen los derechos de las personas adultas mayores están vigentes en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y que constituyen un avance muy significativo y alentador, pero que es necesario ir más allá, porque la falta de respeto a sus personas es una forma de maltrato y discriminación que continúa presente en su vida cotidiana.

Así, considera que es necesaria la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.

Propone la institucionalización de una enseñanza que busque evitar incluso la utilización de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes hacia las personas adultas mayores, entre otros, los adjetivos calificativos de viejo, veterano, anciano, antiguo, abuelo, senecto y otros más que muchas veces se utilizan para inferir un maltrato a las personas adultas mayores como formas irónicas de denigración y discriminación, lo que sin duda constituye una falta de respeto hacia todas aquellas personas que dieron lo mejor de sus capacidades para beneficio de las generaciones subsiguientes.

Luego, afirma que se trata de personas adultas mayores y que así deben ser consideradas con todo el respeto que les asiste por su contribución al México de hoy que todos disfrutamos y desde luego, por su propia condición humana.

Argumenta también que la principal causa del maltrato hacia ese sector de población parte de que en el núcleo familiar y en la sociedad en general, se concibe erróneamente que las personas adultas mayores han llegado a una etapa caracterizada por la improductividad y la pérdida de capacidades físicas o intelectuales e inclusive a la pérdida de su capacidad mental como consecuencia de enfermedades como la denominada Alzheimer.

Y además, expresa que es por ello que considera necesario impulsar la adopción de políticas públicas en materia de educación, que logren permear en la cultura social, a fin de erradicar esas conductas de maltrato, violencia, abandono, discriminación y de falta de respeto, incorporando en la asignatura de Formación Cívica y Ética, la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

Exponiendo enseguida la diputada Elvia María Pérez Escalante su convicción en el sentido de que el ejercicio pleno y cotidiano de los derechos de las personas es garantía para preservar la convivencia social pacífica y armónica, basada en el respeto al derecho ajeno; es decir, el respeto que a cada quien corresponde y merece.

Consideraciones

1. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto sujeta a dictamen y determinó que lo procedente es proponer al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presente dictamen.

2. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración lo siguiente:

Que existe coincidencia de los integrantes de la comisión en cuanto al propósito esencial planteado consistente en inducir en los educandos y en general en la actual y en las nuevas generaciones, una cultura de respeto a los derechos humanos y en especial a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

Que es muy importante y necesario impulsar la adopción de políticas públicas en materia de educación, que realmente logren permear en la cultura social de nuestra población, para lograr la erradicación del maltrato a las personas adultas mayores.

Que las políticas públicas en materia de educación son sin duda el instrumento idóneo para concientizar a la población en el respeto de los derechos humanos, la erradicación de la discriminación, la violencia y el maltrato a las personas adultas mayores; así como, el abandono a quienes, contrario a lo que acontece, deben ser objeto de nuestro cuidado, nuestro aprecio, nuestro respeto e incluso nuestro reconocimiento a su contribución al México de nuestros días.

Que la reforma no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que la implantación de dicha reforma, no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

En suma, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se han pronunciado a favor de la propuesta de reforma a la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que contemple también la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores, para ser sometida a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a las personas adultas mayores:

I. y II. ...

III. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores.

IV. a VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXI al artículo 10 y III al 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la iniciativa con proyecto de decreto para su dictamen.

2. En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza la propuesta.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta comisión y enseguida, la emisión del dictamen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2014, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández y del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Al efecto cabe señalar que dicha iniciativa fue suscrita también por el diputado José Luis Flores Méndez del mismo grupo parlamentario.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4153-VII, de la Cámara de Diputados con fecha 11 de noviembre de 2014.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores como se indica en el presente dictamen.

En su exposición de motivos, los iniciantes explican el planteamiento del problema en la forma siguiente:

Que la sociedad de todo el mundo se encuentra en un creciente proceso de envejecimiento y que otros factores como el aumento en la esperanza de vida y el control de la natalidad han influido en este proceso.

Enseguida refieren que desde hace varias décadas, se han hecho esfuerzos para lograr la integración de un sistema jurídico fortalecido en materia de derechos y protección de las personas mayores en muchos países del mundo.

Afirman que por ello, es posible encontrar en el ámbito internacional diversas declaraciones, pactos y tratados internacionales sobre este tema, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad de 1991, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica en 1969, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador” de 1988, además de las diferentes Recomendaciones, Observaciones, Asambleas y Conferencias desarrolladas a nivel internacional, donde de la mejor manera han quedado consagrados los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida.

Señalan que en el caso particular de México, la protección de los derechos de las personas adultas también ha cobrado gran relevancia, dando muestra de ello, los avances normativos e institucionales que actualmente se encuentran vigentes en el país. Que contamos ya con una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores encargada de otorgar y garantizar a favor de este sector de población el ejercicio de sus derechos a una vida con calidad, libre de violencia, a un trato justo y digno, a una seguridad social, física y psico-emocional, al acceso a los servicios de salud, educación, trabajo, alimentación, así como su protección ante cualquier acto de explotación y maltrato.

Enseguida aseveran que la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 que dio rango constitucional los derechos humanos, establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,· salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por otra parte, afirman que un estudio jurídico realizado por el Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, se aprecia que 29 entidades federativas de nuestro país, cuentan con legislación de protección de derechos para las personas adultas mayores, careciendo de una regulación en la materia solamente los estados de Nayarit, Oaxaca y Sinaloa.

Indicaron que a la par de estos avances legislativos, se reconoce la evolución institucional impulsada por el gobierno mexicano en apoyo a este sector vulnerable, primero en 1979 con la fundación del Instituto Nacional de la Senectud, convertido en 2002 en Instituto Nacional del Adultos en Plenitud, que luego se trasformó en el actual Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con el carácter de institución rectora de la política nacional a favor de las personas adultas mayores.

Y destacaron diversas acciones como la creación de unidades gerontológicas, albergues, residencias de día, centros de atención integral, centros culturales y clubes con servicio de atención a las personas adultos mayores y la creación del Instituto Nacional de Geriatría.

Enseguida hacen alusión a las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo federal establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y las acciones encaminadas al bienestar de las personas adultas mayores y su desarrollo previendo promover el envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de su calidad de vida.

Sin embargo, señalan que no obstante que ya se cuenta con políticas públicas y un sistema normativo específico en la materia, es necesario seguir avanzando en la conformación de una legislación más sólida y fortalecida que permita hacer frente a este desafío demográfico que en las próximas décadas generará grandes cambios en la vida de nuestras sociedades.

Precisan los iniciantes que los datos publicados por Naciones Unidas sitúan en casi 700 millones las personas mayores de 60 años, cifra que para el 2030 se extenderá a los mil 400 millones y que en 2050 la cifra será de 2 mil millones de personas ubicadas en este gran sector de población, representando un 20 por ciento de la población mundial.

Luego precisan que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, estima que en México existen 11.7 millones de personas adultas mayores que representan el 9.7 por ciento de la población total; y, que esta cifra se ha duplicado en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014.

En 2014, el Inegi clasificó a esta población con un 31.5 por ciento en etapa de prevejez de 60 a 64 años de edad; con un 41.1 por ciento en etapa vejez funcional de 65 a 74 años; con un 12.3 por ciento en etapa de vejez plena de 75 a 79 años; y, con un 15.1 por ciento en etapa de vejez avanzada de 80 años y más.

Afirman los iniciantes que la población que rebasa los 60 años, ha constituido uno de los sectores de la sociedad mexicana con mayor vulneración o vulnerabilidad a sus derechos humanos. Que en el año 2012 según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 43.2 % de los adultos mayores se encontraban en situación de pobreza multidimensional, el abandono familiar, el maltrato, la discriminación, la exclusión al trabajo, al acceso a la educación y a la vivienda, lo que impacta negativamente la dignidad de los adultos mayores.

Afirman que una de las preocupaciones con mayor relevancia y urgencia de atender por el fenómeno del envejecimiento, lo constituye el aumento en los padecimientos crónicos degenerativos que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía enfermedades como diabetes mellitus, las isquémicas del corazón, cerebrovasculares, crónicas de las vías respiratorias, del hígado y las enfermedades hipertensivas, son los padecimientos que más afectan a este grupo poblacional del país, y que tan sólo en el 2012 representaron 55.1 por ciento de las causas de su fallecimiento.

Estiman que el 58 por ciento del total de los adultos mayores en México, carece de afiliación a instituciones de seguridad social para acceder a los servicios médicos y que es necesario unir esfuerzos legislativos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de seguridad social y de salud que se necesita para mejorar su calidad de vida particularmente en materia de atención geriátrica, rubro en el que dicen que se carece de infraestructura especializada suficiente para brindar un cuidado integral.

Finalmente, los iniciantes concluyen que el objetivo de la presente iniciativa es modificar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el propósito fundamental de fortalecer las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a fin de promover e impulsar la creación de centros de atención geriátrica en los Estados y municipios del país para garantizar la cobertura de los servicios que demanda este sector de población.

Consideraciones

1. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto sujeta a dictamen y determinó que lo procedente era proponer al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presente dictamen.

2. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración lo siguiente:

Que existe coincidencia de los integrantes de la comisión en cuanto al propósito esencial consistente en fomentar y promover la creación de centros de atención geriátrica.

Que es evidente la necesidad de promover e impulsar la creación de centros de atención geriátrica en el país; pero, que se considera también necesario hacer modificaciones a la iniciativa a efecto de evitar reiteraciones que no resultan útiles ni necesarias por una parte y por la otra, complementar el espectro de atención de los centros especializados que propone la iniciante, incluyendo lo concerniente a la gerontología.

Es importante señalar y precisar que la gerontología es la disciplina que estudia los diversos aspectos de la vejez, tales como los físicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales; así como el envejecimiento a nivel poblacional. En otras palabras, la Gerontología comprende un conjunto de necesidades de las personas adultas mayores, incluyendo no sólo aquellas en materia de salud, sino también las sociales y culturales, en tanto que la geriatría, al ser una rama de la medicina, únicamente se especializa en la atención de las enfermedades prevalentes en la vejez.

Por no considerarse útiles ni necesarias las reformas contenidas en la iniciativa respecto de las fracciones III y X inciso a) del artículo 18; las fracciones XI, XII, XIII y XXX del artículo 28; y del artículo 48, se desechan; pero, se somete la aprobación con modificaciones lo propuesto respecto de las adiciones a los artículos 10 y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, quedando en la forma como se observa en el cuadro comparativo siguiente:

Texto original

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

Artículo 14. Las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. y II. ...

Propuesta de adición

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. y II. ...

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica para garantizar la cobertura de los servicios de salud a las personas adultas mayores.

Propuesta con modificaciones

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. y II. ...

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

En suma, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se han pronunciado a favor de la propuesta con modificaciones, para ser sometida a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXI al artículo 10 y una fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores, y

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley;

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores, y

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerán los criterios y mecanismos para el cumplimiento del presente decreto.

Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo, y 108, segundo párrafo, de la Ley Federal de Sanidad Animal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero del artículo 106 y segundo del artículo 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 81, 82, 84, 157, 176, 180, 190 y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

A la Comisión de Ganadería fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 5908, que contiene la iniciativa presentada por el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de enero de 2015.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4197-VII, del jueves 21 de enero de 2015.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, acordó darle turno para estudio y dictamen a la Comisión de Ganadería, en reserva para ser resuelta de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El 21 de enero de 2015, con el oficio número DGPL 62-II-2-1860, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo federal remitió a la Comisión de Ganadería el expediente relativo para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

Este documento de reforma de la Ley Federal de Sanidad Animal tiene como objeto precisar la importancia de incluir el término de oficial en torno al cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y las buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables.

La presente iniciativa de reforma expone la adición de un nuevo concepto en los artículos 106 y 108, ya que la idea de la reforma de esta ley es que se reconozca el apoyo y utilidad que brinda un médico veterinario oficial en el control zoosanitario y bienestar animal, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal e implantar las buenas prácticas pecuarias, que nuestro país requiere para darle seguridad y certidumbre a los consumidores tanto de los mercados internos como del extranjero.

Se propone que todos los establecimientos “tipo inspección federal” deben contar con médicos veterinarios oficiales o responsables autorizados que realicen la inspección o verificación en tal número que garantice la eficiencia de ésta.

Dichos establecimientos autorizados para exportar deberán contar con médicos veterinarios oficiales si la secretaría lo determina o el país importador lo requiere.

La importancia de la inspección veterinaria representa el inicio de la cadena de investigación de la rastreabilidad que se realiza a la producción y su distribución y venta. La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la autoridad de la administración pública, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que expide las disposiciones de sanidad animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, por medio de los profesionista con estudios relacionados con la sanidad animal para coadyuvar con la secretaría en el desarrollo de los programas de extensión y capacitación que en la materia instrumente; en función de facilitar a la secretaría sus funciones, estos médicos veterinarios responsables autorizados que son los garantes del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables, función que es viable que también la realicen los oficiales en aras de fortalecer una adecuada inspección y cumplimiento de las disposiciones de Sanidad Animal y de las buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Con base en lo anterior, se muestra el comparativo de la propuesta de reforma de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Debe decir:

Artículo 106. Los propietarios, el administrador único, los responsables de la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios responsables autorizados o un médico veterinario oficialen su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo, dichas personas estarán obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la secretaría cuando ejerza sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Dichas personas estarán obligadas a establecer las medidas de control necesarias e informar inmediata y expresamente a la secretaría, en el supuesto de que detecten o tengan la sospecha de una enfermedad o plaga de notificación obligatoria, enfermedad o plaga exótica o una posible fuente de contaminación de los bienes de origen animal.

Artículo 108. La secretaría promoverá que los centros de sacrificio de animales y establecimientos de procesamiento de bienes de origen animal obtengan el carácter de tipo inspección federal una vez que se cumpla con lo dispuesto en esta ley y su reglamento.

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un médico veterinario oficial o médico veterinario responsable autorizado, para fines de control de bienestar animal, vigilancia epidemiológica, otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias.

Asimismo, la secretaría autorizará la instalación y funcionamiento de las plantas de rendimiento o beneficio, en las cuales también ejercerá la inspección, verificación y vigilancia por personal oficial, unidad de verificación u organismo de certificación.

Dice la ley vigente:

Artículo 106. Los propietarios, el administrador único, los responsables de la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios responsables autorizados en su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo dichas personas estarán obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerza sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Dichas personas estarán obligadas a establecer las medidas de control necesarias e informar inmediata y expresamente a la secretaría, en el supuesto de que detecten o tengan la sospecha de una enfermedad o plaga de notificación obligatoria, enfermedad o plaga exótica o una posible fuente de contaminación de los bienes de origen animal.

Artículo 108. La secretaría promoverá que los centros de sacrificio de animales y establecimientos de procesamiento de bienes de origen animal obtengan el carácter de tipo inspección federal una vez que se cumpla con lo dispuesto en esta ley y su reglamento.

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un médico veterinario responsable autorizado para fines de control de bienestar animal, de vigilancia epidemiológica, otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias.

Asimismo, la secretaría autorizará la instalación y funcionamiento de las plantas de rendimiento o beneficio, en las cuales también ejercerá la inspección, verificación y vigilancia por personal oficial, unidad de verificación u organismo de certificación.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora, una vez que ha realizado el estudio necesario de la iniciativa, da cuenta que ésta, se ha ajustado a los procedimientos legales señalados y se coincide con el diputado proponente, para dictaminar en sentido positivo la modificación de reforma de los artículos ya mencionados de la Ley Federal de Sanidad Animal, que tiene como finalidad optimizar las actividades de producción y comercialización en los establecimientos TIF.

En cuanto a la naturaleza objeto de esta iniciativa, la Comisión de Ganadería considera factible realizar la modificación de los párrafos primero del artículo 106 y segundo del artículo 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal, pues coincide con los puntos esenciales expuestos por el diputado proponente, en cuanto a la concepción y necesidad de inspeccionar en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuniarias, con fines de control de bienestar animal, vigilancia epidemiológica y otras medidas zoosanitarias, para que como resultado de buenas prácticas pecuniarias, detecten e informen de alguna enfermedad o plaga animal, así como de una posible fuente de contaminación de los bienes de origen animal para consumo humano.

Por lo expuesto, los integrantes de la comisión someten a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal

Artículo Único.Se reforman los artículos 106, primer párrafo, y 108, segundo párrafo, de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 106. Los propietarios, el administrador único, los responsables de la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios responsables autorizados o un médico veterinario oficial en su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo dichas personas estarán obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerza sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

...

Artículo 108. ...

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un médico veterinario oficial o médico veterinario responsable autorizado para fines de control de bienestar animal, de vigilancia epidemiológica, otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2015.

La Comisión de Ganadería, diputados:Salvador Barajas del Toro (rúbrica), presidente; Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Tomás Brito Lara, Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), secretarios; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Claudia Delgadillo González, Antonio García Conejo (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo, Javier López Zavala (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), William Renan Sosa Altamira, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta Comisión Dictaminadora.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre de 2014, el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa por la que se reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

El autor de la iniciativa expone que derivado del proceso evolutivo de los derechos humanos, las naciones han ido creando y adecuando su legislación para su salvaguarda, derivado principalmente de los compromisos asumidos a nivel internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración de los Derechos de los Impedidos, entre otros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos publicada el 10 de diciembre de 1948, estableció los principios universales para la protección de los derechos humanos “considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966 y entrada en vigor el 3 de enero de 1976, retoma los avances en materia de protección y seguridad hacia los derechos humanos de las personas estableciendo que las naciones tienen la obligación con sus pobladores de procurar y cuidar su integridad, por lo que en su articulado se definen entre otros:

Artículo 2. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

Artículo 5. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Así la Declaración de los Derechos de los Impedidos proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975, contempla conceptos y términos con la finalidad de que las personas con discapacidad gocen de protección y un trato igualitario ante la sociedad, por lo que establece definiciones aceptadas universalmente y pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración sirva de base y referencia comunes en la protección de sus derechos, siendo algunos de ellos:

1. El término “impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.

4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para los impedidos mentales.

7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales.

9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. Ningún impedido podrá ser obligado, en materia de residencia, a un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le podría aportar. Si fuese indispensable la permanencia del impedido en un establecimiento especializado, el medio y las condiciones de vida en él deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las personas de su edad.

10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales.

12. Las organizaciones de impedidos podrán ser consultadas con provecho respecto de todos los asuntos que se relacionen con los derechos humanos y otros derechos de los impedidos.

13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la presente declaración.

De lo anterior se desprende que una persona discapacitada debe de gozar de los mismos derechos como cualquier otro integrante de la sociedad.

Así, la obligación de proteger a los discapacitados requiere que las sociedades y los Estados les reconozcan y respeten, además de coadyuvar a su bienestar y dignidad bajo principios básicos y universales como son: la libertad, la justicia y la paz bajo condiciones de igualdad y equidad.

Por su parte la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. establece que:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó “que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional” y por ende su obligatoriedad.

En nuestro país aún persisten ciertos tipos de discriminación hacia la población discapacitada, ya que algunos servicios no cuentan con los elementos y facilidades que disfrutan otros segmentos poblacionales, siendo una de estas el transporte.

El diputado iniciante comenta que aunado a lo anterior y considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instruyó a los países para que identifiquen y eliminen los obstáculos, barreras y aseguren que las personas con discapacidad puedan tener libre acceso a su entorno, al transporte, instalaciones, servicios públicos, tecnologías de la información, así como a las comunicaciones.

El proponente expone que la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en su artículo III.1.a. dispone que los Estados deberán de tomar las medidas para eliminar de manera progresiva la discriminación y promover la integración tanto por los sectores público y privado en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, las actividades políticas y de administración.

Dado lo anterior, la Ley de Aviación contempla en su artículo 33, párrafo tres lo siguiente:

“Los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.”

Por su parte la Organización de Aviación Civil Internacional, a través de su resolución A20-21 “Manual para el transporte aéreo de personas con discapacidad”, en su capítulo 1.3.1., emitió el listado que contiene los artículos que las personas con algún tipo de discapacidad, pueden pasar a través de los puestos de control de seguridad instalados en los aeropuertos, los cuales son:

Andadores, animales de servicio, aparatos de apoyo, aparatos ortopédicos, audífonos, bastones, concentradores de oxígeno portátiles de CO2, cualquier otro equipo y suministro relacionado con la discapacidad, dispositivos de aumento, dispositivos de presión positiva continúa en las vías respiratorias (CPAP) y respiradores, dispositivos médicos exteriores, dispositivos para tomar notas en braille, equipos de asistencia o adaptación, escúteres, herramientas para armar y desarmar sillas de ruedas, herramientas para prótesis, implantes cocleares, medicamentos y suministros relacionados, monitores de apnea para bebés, muletas, oxígeno complementario personal, pizarra y estilógrafo, prótesis, sillas de ruedas, suministros de ostomía, todos los medicamentos, equipos y suministros relacionados con la diabetes, yesos y zapatos ortopédicos.

Sin embargo, estos artículos no garantizan su excepción de pago, por lo que los prestadores de los servicios aeroportuarios, no solo deben circunscribirse a facilitar el acceso a las instalaciones de los aeropuertos, sino que debe incluirse en las propias aeronaves para que las personas con discapacidad puedan utilizarlas de manera gratuita, segura, cómoda, con calidad y funcionalidad acorde a sus necesidades.

Lo anterior cobra especial relevancia al considerar que las personas con discapacidad en la mayoría de las ocasiones requieren de accesorios (sillas de ruedas, andaderas, prótesis, etcétera), para desenvolverse o movilizarse, por lo que su uso les es indispensable y por tanto éstos deben considerarse como una extensión física de su cuerpo que suple algún miembro o atenúa su discapacidad, por lo que el suponer que son parte de su equipaje, equivale a discriminarlos, lo que limita su movilidad, integración y uso durante su estadía en aeropuertos y aeronaves.

Sin embargo, dentro de las políticas generales de los aeropuertos para el acceso a ellos, se considera permitido el ingreso con sillas de ruedas, muletas, bastones, etcétera, y para el uso de sillas de ruedas eléctricas, se debe coordinar su ingreso con la aerolínea respectiva.

No obstante dichas políticas no definen con precisión, cuando los accesorios son indispensables para las persona con discapacidad para su movilidad o desenvolvimiento sean una aditamento que les otorga independencia y/o movilidad y que sin ellos no podrían obtenerlas debido a que las aerolíneas las consideran en la mayoría de los casos como equipaje, lo que implica un pago extra por su transportación.

Por todo lo anterior se propuso la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 33 y un sexto párrafo al artículo 42 de la Ley de Aviación Civil para que no se consideren como equipaje los accesorios de las personas con discapacidad

Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 33 de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 33. ...

...

...

La Secretaría establecerá las medidas reglamentarias y las disposiciones aplicables que atiendan a las personas con discapacidad.

Segundo. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 42 de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 42. ...

...

...

...

...

No se considerara como equipaje y por lo tanto no se cobrará tarifa por este concepto a las sillas de ruedas, andaderas, prótesis, muletas, bastones, accesorios y todo instrumento indispensable de las personas con discapacidad, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de éstas de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta.

Artículo Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con el espíritu de esta iniciativa y considera pertinente hacer las siguientes observaciones:

El Congreso de la Unión ha trabajado tanto en esta legislatura como en anteriores en busca del bienestar de las personas con discapacidad, desde la reforma realizada al artículo 1° Constitucional en donde queda prohibida la discriminación por alguna discapacidad, hasta la expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que: “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

Esta misma convención en su artículo 3° en su inciso f) establece que uno de los principios de la convención es la accesibilidad.

El artículo 4° numeral 1 inciso a de la Convención establece que:

1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

El Congreso de la Unión consciente de su obligación al ser México integrante  de la Convención los Derechos de las Personas con Discapacidad, expidió la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y en la que se establece:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo;

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y

V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

Asimismo, el Ejecutivo Federal público en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de noviembre del 2013, la circular CO SA-09.2/13 “Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo”.

La circular es obligatoria para todos los concesionarios y permisionarios del servicio de transportación aérea y operadores aeroportuarios que conforman el Sistema Aeroportuario Mexicano, así como a los permisionarios de aeródromos civiles de servicio general y a los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que no tengan carácter de concesionarios o permisionarios, así mismo se menciona lo siguiente:

3.1. Las personas con discapacidad visual, tienen derecho de viajar con un perro guía o un animal de servicio en cabina de pasajeros, sin cargo extra...

3.2. Se debe de permitir que las personas usuarias con discapacidad o movilidad reducida aborden con ayudas técnicas de su propiedad que sean indispensables durante el viaje, considerándolo equipaje de mano.

3.6. Las sillas de ruedas se documentarán como equipaje, sin costo adicional al pasajero...

Es importante destacar que la Circular CO SA-09.2/13, determina actos concretos de carácter administrativo y que ésta establece en su punto 15.1 que “...estará vigente en tanto no sea cancelada”, lo que genera incertidumbre al desconocer cuándo perderá su vigencia.

Esta comisión dictaminadora en base a lo antes expuesto considera:

Que la propuesta de reforma al artículo 33 ya se encuentra plasmada en el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y para evitar una sobre regulación considera improcedente dicha reforma.

Con respecto a la reforma del artículo 42 esta comisión considera que la intención del legislador por obtener mayores beneficios para las personas con discapacidad es loable; sin embargo, es preciso aclarar que los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, tienen la potestad de fijar libremente las tarifas que establezcan, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que en su parte conducente establece: “Los concesionarios o permisionarios fijaran libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia”.

En ese sentido, se desprende que son los concesionarios y permisionarios quienes fijan libremente las tarifas por los servicios de transporte aéreo que prestan, las cuales se deben de registrar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El artículo 42 de dicho ordenamiento habla de tarifas, sin embargo las prótesis, sillas de ruedas etc. se consideran una extensión de la persona con discapacidad por lo tanto no tendría que estar en el artículo de tarifas si no en el artículo 50 donde se establece los derechos que tienen los pasajeros de transportar sus objetos personales.

De lo anterior esta comisión dictaminadora considera pertinente modificar la redacción para armonizarla con las disposiciones antes mencionadas,

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil

Artículo Único. Se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje . Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dichos límites serán los fijados de conformidad con los tratados.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Norma González Vera (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González, Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), Petra Barrera Barrera, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Humberto Armando Prieto Herrera, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1 fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre del año 2014, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa que adiciona la fracción XVII al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. La presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud para dictamen” mediante el número de expediente 5700.

3. A partir del día 11 de diciembre de 2014, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada en la Comisión de Juventud.

4. El día 11 de febrero de 2015 mediante el oficio número D.G.P.L. 62-II-7-2048 y con fundamento en el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva autorizó la prórroga solicitada por esta Comisión para dictaminar la iniciativa con expediente 5700 hasta por cuarenta y cinco días hábiles más, a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, con número de expediente 5700, tiene como propósito reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en su artículo 4° con la finalidad de impulsar proyectos productivos agrícolas en beneficio de los jóvenes del campo.

De acuerdo a la exposición de motivos del diputado promovente, dicha iniciativa es derivada de una convocatoria realizada por la honorable Cámara de Diputados a través de esta Comisión de Juventud y el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de abrir espacios de participación juvenil, y de comunicación entre el sector joven y el poder legislativo.

Asimismo, señala que la juventud que habita en el medio rural, vive entre la incertidumbre generada por la falta de perspectivas de un futuro mejor y la desmotivación provocada por la desestructuración social y cultural de las comunidades rurales, ello representa una razón para impulsar proyectos productivos agrícolas sustentables en las zonas rurales, ya que es de vital importancia la presencia e implicación de la juventud rural en el proceso de desarrollo de las comunidades rurales. Para lo cual señala, es necesario adicionar la fracción XVII al artículo 4 de la Ley de Instituto Mexicano de la Juventud, con el fin de que sea atribución del Instituto, el desarrollo social de los jóvenes mediante el impulso de proyectos productivos agrícolas sustentables, involucrando a todos los sectores de la sociedad, con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

III. Proceso de análisis

En México hay 38.2 millones de jóvenes, representando a casi un tercio de la población mexicana, a nivel mundial una de cada seis personas tiene entre 15 y 24 años de edad, la cifra se duplica si tomamos en cuenta a los jóvenes entre 12 y 14 años y de 25 a 29 años, así mismo, es importante destacar que casi un 87% de los jóvenes del mundo, viven en economías en desarrollo, de los cuales más de la mitad viven en zonas rurales de dichos países, lo anterior de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2011). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2012) definió que una población rural es determinada a través del número de habitantes que residen en comunidad, por lo que, si ésta cuenta con menos de 2,500 pobladores será denominada como zona rural. En México la población rural ha disminuido en los últimos cincuenta años por diversos factores, por lo que en 2010 el Inegi registró que el 22% de la población total del país vivía en comunidades rurales, mientras que en 1950 el porcentaje de población rural ascendía a 57%.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, México), 24 millones de mexicanos viven en localidades con una población inferior a 2,500 personas lo cual representa casi una cuarta parte de la población nacional, por lo que el desarrollo rural representa una parte importante en el desarrollo nacional. Las principales actividades económicas de dicho sector son, el comercio local, artesanía, extracción de materia prima, ecoturismo etcétera; sin embargo la agricultura sigue predominando en el campo mexicano, principalmente entre las familias con menores ingresos, en las cuales llega a representar aproximadamente un 42% del ingreso familiar.

De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), México es un país altamente urbanizado ya que, para 2005, el 70.4% de su población vivía en ciudades; sin embargo 24.3 millones de personas vivían en 185,000 comunidades las cuales constaban de menos de 2,500 habitantes, en las que 3 de cada 4 comunidades presentaban altos grados de marginación, siendo así que en ellas residía el 61% de la población rural. Actualmente el Inegi considera que la población rural ha disminuido considerablemente debido a la falta de oportunidades, programas o proyectos atractivos y beneficiosos para dicha población, según datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2% de la población mexicana vive con apenas 1.25 dólares al día, 4.8% con $2 USD y 17.6% se encuentra por debajo de la línea de pobreza alimentaria, siendo que en México, la mayor parte de la población pobre vive en el campo; en 2008, de los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 millones residían en las ciudades mientras que 12.2 millones se ubicaban en zonas rurales. De igual manera, en el país, apenas el 8% de los productores del campo tiene acceso a un crédito, mientras que, en comparación con Estados Unidos, quien otorga créditos al 100% de los productores rurales los cuales tienen una oportunidad más grande del crecimiento de su negocio al invertir el crédito y apoyos en material y maquinaria.

Asimismo, el Inegi (2012) declaró que la falta de oportunidades y rentabilidad de las actividades agropecuarias ha restado atractivo para los trabajadores menores de 40 años de edad, por lo que, hasta 2012, el 75.8% de los productores del sector superaban los 46 años de edad. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2012, de 2007 a 2012 el porcentaje de trabajadores del campo con edades entre 25 y 45 años pasó de representar el 32.9% a apenas un 23.4%. En el caso específico del maíz el 60% del total de productores, rebasa los 54 años de edad de acuerdo a cifras de la Confederación Nacional de Productores, desplazando de una manera grave a los jóvenes en dicho sector productivo.

La poca oportunidad de crecimiento laboral ha obligado a los jóvenes del campo de México a migrar sufriendo de diferentes tipos de violencia y carencias a lo largo de su viaje o estancia en las zonas urbanas del país. De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión pública de la Cámara de Diputados, el crimen organizado ha detectado las carencias que viven los jóvenes en el campo y ha visto en ellos un nuevo campo de reclutamiento, ingresándolos con atractivos salarios inmediatos, puesto que, por cada peso que ganan trabajando el campo generarán entre 10 y 12 pesos por actividades ilícitas; sin embargo si bien los sueldos son atractivos la esperanza de vida entre los hombres involucrados en estas actividades es bastante corta, así, en México alrededor de 468 mil personas se dedican al narcotráfico el cual llena sus filas en su mayoría de hombres jóvenes, con poca educación formal y provenientes de esferas económicas no privilegiadas, características que lamentablemente abundan en las zonas rurales de nuestro país.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud (2012) el 38.7% de los jóvenes trabajó para sostener a la familia o cubrir alguno de sus propios gastos, al menos una hora o un día, es decir, 4 de cada 10 encuestados mencionó que durante la semana tuvo la necesidad de trabajar, siendo los empleos de mayor ocupación los de pago por sueldo, salario o jornal (49.2%), por ganancias de algún negocio (16.2%) y honorarios (15.5%). Por lo que, jóvenes carentes de las condiciones adecuadas para desarrollarse plenamente y que se encuentran incapaces de adquirir las habilidades y destrezas necesarias para ser competitivos, son más vulnerables a la exclusión, ya que al no poder incorporarse exitosamente al mercado laboral, como mecanismo de subsistencia, terminan involucrándose en actividades ilícitas o en el peor de los casos, bajo la influencia de mentiras y amenazas, son reclutados a las filas del narcotráfico, poniendo en riesgo su integridad física y moral.

Los jóvenes de zonas rurales se encuentran altamente propensos a la exclusión y discriminación de acuerdo al artículo de Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara “Los últimos guardianes. Jóvenes rurales e indígenas” a los jóvenes indígenas y rurales se les considera como población en tránsito a la urbanización y no como sujetos portadores de beneficios a la sociedad, en consecuencia los jóvenes en medio rurales se consideran discriminados por su apariencia (18.5%), color de piel (13.9%), sexo (14.4%) y por pertenecer a una región específica del país (10.8%), considerándose a sí mismos carentes de derechos básicos como el poder expresar su opinión, no ser víctima de algún tipo de violencia, acceso igualitario a la justicia o a una vivienda digna.

En este sentido, la tasa de desocupación juvenil es de 51.5%, observándose que los adolescentes de 15 a 19 años y los jóvenes de 20 a 24 tienen el mayor nivel de desocupación, reportando que una de las principales dificultades para obtener un empleo es la falta de experiencia, lo cual da pauta a la generación de otros problemas sociales, tal como el fenómeno “nini”, la OCDE en su informe “Panorama de la educación 2013” señaló que México es el tercer país con más “ninis” con 24.7%. Por un lado, la población rural se ha enfrentado al aumento en la productividad del sector moderno de la agricultura, lo cual no forzosamente ha significado el aumento de la población ocupada, ya que dicho sector poblacional se mantiene estable desde hace décadas según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la LXI Legislatura. A su vez el Inegi estimaba que, para el cuarto trimestre de 2009, la población ocupada en el sector primario era de seis millones, de la cual tres cuartas partes percibían bajos ingresos a diferencia de los ingresos percibidos por los propietarios de tierras con infraestructura de riego, lo cual, desde entonces, ha propiciado una clara separación entre agroindustrias, pequeños productores y productores minifundistas con escasa vinculación al mercado, situación que ha dado pauta a la generación de otros problemas sociales, como la pobreza alimentaría o patrimonial, afectando principalmente a los jóvenes.

Es importante destacar que, el 49% de los jóvenes indígenas y rurales prefieren trabajar en lugar de seguir estudiando por cuestiones de supervivencia, así mismo el 97.5% de los jóvenes en zonas rurales a los 19 años ya han abandonado los estudios con diversas finalidades; sin embargo la principal causa es la inserción en el mercado laboral (30.2%), también se atribuye a la lejanía de los planteles educativos (10.9%) o la inexistencia de los mismos (30.2%), el poco o nulo interés en su propia educación (24.3%) o el impedimento por parte de sus titulares (3.9%). De igual manera los jóvenes rurales sostienen un poco interés por la política puesto que no saben de política o consideran que los gobernantes no cumplen sus promesas; más el desinterés o desagrado de los jóvenes hacia la vida política nace de la carencia de estrategias por parte de las autoridades hacia el sector específico puesto que las principales políticas públicas y estrategias están focalizadas en los jóvenes que viven, trabajan o estudian en zonas urbanas, excluyendo de manera automática a los jóvenes cuyas ambiciones se desarrollan dentro del entorno rural.

Lo anterior no significa que la juventud no tenga interés en el campo, por el contrario, los jóvenes han mostrado tener interés por innovarlo y emprender proyectos en zonas y comunidades rurales, sobre todo con el surgimiento de las nuevas demandas de turismo y recreación y con la difusión del desarrollo sustentable que a través de la valorización de los recursos locales fomenta el cuidado ambiental, garantizando así fuentes de empleo para los jóvenes. Sin embargo, la falta de financiamiento es el principal factor que los empuja al desinterés o dejarlo e ir en busca de oportunidades laborales, generando así migraciones al interior o exterior del país, lo cual no sólo repercute gravemente en su configuración identitaria, sino que se desaprovecha el valioso capital humano, repercutiendo así en la economía del país.

Al respecto, la FAO en México sostiene que “el desarrollo rural incide positivamente sobre el potencial de desarrollo económico global, a través del crecimiento de la demanda interna, la mejor articulación interregional, el equilibrio social y la mayor cohesión e integración nacional”. A su vez, el desarrollo rural necesita la incorporación de una importante potencia económica para el progreso del país a través de la capacidad captad ora y productiva de más de una cuarta parte de la población nacional, siendo la premisa de que si existe un desarrollo productivo de la población rural en donde las condiciones de salud, nutrición, educación, vivienda y el acceso a servicios están en un punto favorable, afectará de manera positiva el crecimiento productivo de las condiciones de vida del país.

Fuentes bibliográficas

• Consejo Nacional de Población

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Encuesta Nacional de Juventud 2010

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012

• Información Económica de coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

• Fondo de Población de las Naciones Unidas México

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

• Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial

• Reglas de Operación del Programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural

• Encuesta Nacional Agropecuaria 2012

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:

Ante las alarmantes cifras mencionadas en el proceso de análisis, manifestamos una fuerte preocupación por la necesidad del mejoramiento de las políticas públicas y legislaciones en la temática del campo, debido al creciente abandono de los jóvenes en busca de oportunidades que, lamentablemente, su zona de origen no puede ofrecerles.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 muestra que el 24% de las unidades de producción en el país tienen problemas en el desarrollo de sus actividades agro pecuarias a causa de vejez, enfermedad o invalidez del productor viéndose en la obligación de abandonar o decrecer la actividad correspondiente; asimismo el 21 % de los productores declaró tener problemas por falta de acceso a créditos monetarios mientras que el 52% expresa sus problemas por falta de capacitación, asistencia técnica o rezago tecnológico.

De tal forma que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación ha manifestado que el campo es considerado como el sector menos rentable de la economía para la banca, por lo que las fuentes de financiamiento son muy escasas, mostrando un claro desinterés económico y provocando que a falta de créditos, apoyos y financiamientos los jóvenes emigren. Aunado a ello el descenso en el ingreso per cápita agro pecuario repercutió en un crecimiento de la población en situación de pobreza pasando de 49.5 millones de personas en 2008 a 53.3 millones en 2012, incrementando la necesidad de fortalecer políticas públicas en favor de un sector tan vulnerable como lo son los jóvenes productores agropecuarios.

Al respecto, la Sedatu en 2014 manifestó tener 130 proyectos de jóvenes emprendedores rurales de todo el país con la cantidad de 260 millones de pesos, resultando los estados de mayor demanda de recursos Morelos, Hidalgo y el estado de México; sin embargo, el proyecto pretende expandir su apoyo a otras zonas en crecimiento como Cancún, Mérida, Monterrey, Villa hermosa y Campeche (Boletín de la Sedatu, 2014)

Pero, a pesar de las distintas becas, talleres y demás espacios con los que el gobierno hasta la fecha ha trabajado, para que los jóvenes en primera instancia no deserten del sistema escolar, se sigue observando que, de acuerdo a la OCDE, México tiene uno de los niveles más bajos de eficiencia terminal educativa. En segunda instancia, a pesar de la canalización de los jóvenes para vincularse a programas de emprendimiento rural, como se estipuló en tres programas (Vivienda Rural, Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios y Vivienda Digna). Debido al contexto anteriormente mencionado en el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizaron para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) un total de $541,379,285.00 en programas cuyas acciones y políticas están centradas en la población joven: Vivienda Rural, Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios y Vivienda Digna. Lo que nos brinda una importante pauta para impulsar el trabajo de los jóvenes en el campo y mejorar positiva y significativamente la calidad de vida del sector joven y rural.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Juventud contiene las principales facultades y atribuciones para el diseño, implementación Y ejecución de políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos con la finalidad de otorgar las herramientas necesarias en diversos ámbitos en los que se desarrollan como la educación, salud, empleo y participación política y social; por lo que, para un buen desempeño en su labor, el Imjuve tiene la obligación de crear espacios y oportunidades de acuerdo a la demanda coyuntural de la juventud mexicana.

Aunado a la iniciativa del diputado promovente el sector joven debe ser reconocido de acuerdo a las necesidades tanto físicas, psicológicas y sociales que tiene como sector en sí mismo. Al respecto, el Programa Nacional de Juventud 2014-2018, el Gobierno Federal reconoce la necesidad de generar nuevas y mejores líneas de acción transversales a fin de crear un México incluyente y justo para todos los jóvenes del país. Por lo que en dicho Programa se establecen estrategias y acciones, destacando las que se enfocan en jóvenes rurales como la promoción de programas de apoyo a jóvenes que han emigrado y viven en centros urbanos, así como difundir acciones educativas que atiendan a jóvenes migrantes, jornaleros, agrícolas, indígenas y/o con discapacidad, dichas acciones que el Gobierno Federal desarrollará a través o en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud.

Ahora bien, considerando que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, es el ordenamiento que tiene por objeto promover el desarrollo rural sustentable del país, concepto en el cual quedan comprendidos la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización y todas aquellas acciones tendientes a elevar el nivel de vida de la población rural.

Asimismo, por ejemplo, actualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) mantiene en aplicación programas de apoyo a los sectores vulnerables del medio rural, entre ellos los jóvenes. Pese a ello, con apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud pudieran estimarse, en un futuro, acciones suficientes para revertir las condiciones de marginación, falta de oportunidades y proclividad a la realización de actividades ilícitas en las que se encuentran gran parte de los jóvenes pertenecientes a las comunidades rurales, toda vez que los datos recabados para la elaboración del presente dictamen revelan la necesidad de emprender nuevas medidas para combatir esa situación.

Sin embargo, con el fin de no entorpecer el curso de los programas vigentes y de hacer los ajustes necesarios para el ejercicio de acercamiento entre el Instituto Mexicano de la Juventud como de las dependencias y entidades competentes, el presente dictamen considera los proyectos actualmente existentes de las Secretarías e Instituciones del poder federal, para que, con el apoyo del instituto la visión y misión de dichos proyectos sea específicamente para los jóvenes entre 12 y 29 años de edad y con ello las necesidades de los mismos sean atendidas para su mayor beneficio y crecimiento.

Por lo anteriormente expuesto la comisión somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 4 de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XIV. ...

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud;

XVI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios, y

XVII. Proponer a las dependencias y entidades competentes que dentro de los programas sociales con los que cuentan, impulsen proyectos productivos agrícolas sustentables, que privilegien en estos, a los jóvenes de 18 a 29 años del medio rural, en todos los sectores de la sociedad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Resumen de las Reglas de Operación del Programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural, Secretaria de la Reforma Agraria, Cámara de Diputados, s/fecha

2 http://www.elfinaniero.com.mx/sociedad/abandono-del-campo-encamina-a-los-jovene s-a-narcotrafico-cesop.html

Consultada el 21/01/2015

3 http://www.gov.harvard.edu/files/uploads/Rios_EstePais_DealersS. pdf

Consultada el 21/01/2015

4 Pacheco, Ladrón de Guevara Lourdes C., “Los últimos guardianes. Jóvenes rurales e indígenas” en Rossana Reguillo (coord.), Los jóvenes en México, México, Fondo de Cultura Económica, Conaculta, 2010.

5 http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/116448/ 314545/file/UEC0092007desarrollo_economico_01.pdf

Consultado 23/01/2015

6 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo 10.- La presente Leyes reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución.

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de febrero del año 2015.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga  (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica en abstención), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica en abstención), Laura Guadalupe Vargas (rúbrica en abstención), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Ricardo Medina Fierro (rúbrica en abstención), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Dulce María Muñiz Martínez, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisco Alberto Zepeda González (licencia), Gisela Raquel Mota Ocampo, Jéssica Salazar Trejo (rúbrica), Jorge Salgado Parra (licencia), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica en abstención), Alberto Leónides Escamilla Cerón (rúbrica), Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo por lo que concierne a las iniciativas para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal:

I. Antecedentes

1. El día 21 de Marzo de 2013, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, presentó a la Mesa Directiva la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó en dicha sesión, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

3. El día 21 de Marzo de 2013, los diputados Alfonso Inzunza Montoya, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentaron a la Mesa Directiva la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

4. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó en dicha sesión, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

5. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó mediante el oficio No. DGPL 62-II-5-583, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

6. El día 11 de diciembre de 2013, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la Mesa Directiva la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

7. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó en dicha sesión, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

8. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó mediante el oficio número DGPL 62-II-1-1470, se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

9. En virtud de que las iniciativas se refieren a la propuesta de reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, por cuestiones prácticas y metodológicas se analizan y deliberan en un solo dictamen.

10. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el día 15 de octubre de 2014, se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentes, el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Contenido

En la iniciativa de mérito que propone la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo se menciona en síntesis que en la actualidad muchas especies marinas se encuentran amenazadas a grado tal que pueden ser objeto de extinción como es el caso del “pepino de mar”, respecto del cual se ha dispuesto por la autoridad competente, el necesario e indispensable respeto a las épocas y zonas de veda establecidas para diferentes especies de la fauna acuática, en aguas mexicanas de jurisdicción federal.

Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de marzo de 1994, se estableció un periodo de veda en las aguas marinas colindantes con la Península de Yucatán; pero contrario a lo esperado, las épocas y zonas de veda no han sido respetadas. Desgraciadamente este tipo de prohibiciones han incrementado la pesca ilegal que amenaza la extinción de las especies.

En consecuencia y con objeto de evitar la extinción de las especies amenazadas e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, es por lo que considera que resulta indispensable, que el Código Penal Federal contemple sanciones a la pesca ilegal del “pepino de mar”, de la misma manera en que se tipifica para las especies acuáticas denominadas “Abulón” y “Langosta”.

Por otra parte, en las iniciativas presentadas por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, así como los diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, se menciona en síntesis que gracias al valor económico que representa en su conjunto, la pesquería de camarón sigue siendo hoy día la de mayor importancia para el sector pesquero organizado del país, en sus vertientes social y privado, debido además a los rendimientos que arroja la captura directa y el cultivo de este recurso.

Dichas iniciativas recogen una sentida inquietud de pescadores organizados, tanto del sector social como privado, quienes lamentan el nivel que han alcanzado los casos de robo de camarón, que siguen ocurriendo a pesar de los operativos de prevención y vigilancia con patrullajes marinos y terrestres y que por ello, se propone una adición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, de manera tal que se establezcan sanciones económicas y hasta prisión a quien de manera dolosa incurra en la captura, transformación, acopio, transportación, destrucción y comercialización del camarón.

Se busca con la medida legal no únicamente combatir las irregulares situaciones que se mencionan en las presentes iniciativas y que afectan gravemente a la pesca legal del camarón, sino en lo fundamental aportar una medida necesaria que contribuya a poner orden en las pesquerías de este recurso.

Por lo anterior se propone en las iniciativas que el artículo 420 del Código Penal Federal se modifique para que quede de la siguiente manera:

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. y II...

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de las iniciativas mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictaminación e información remitida por las autoridades vinculadas a este tema.

IV. Consideraciones

En los mares del territorio nacional existe una gran riqueza biológica, que se traduce en una gran riqueza pesquera y generadora de empleos conforme al principio de sustentabilidad y respeto al medio ambiente que en conjunto son prioritarias para el desarrollo de México.

En la actualidad esa riqueza se encuentra afectada debido a la práctica de la pesca furtiva, de la cual se ocupa en múltiples estudios la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación (FAO) a la que denomina pesca ilegal, no declarada y no reglamentada también conocida por sus siglas (INDNR).

La pesca furtiva es una actividad que por no tener el control la autoridad, daña las medidas de ordenación y conservación de la pesca, conduce al agotamiento de los recursos, debilitando con ello la capacidad del sector pesquero de alcanzar los objetos económicos y sociales, así como la amenaza dirigida a todas aquellas personas que dependen de la pesca.

En ese sentido, en las iniciativas de mérito se propone la protección de cuatro especies marinas que son: El Pepino de mar, Camarón, Almeja Generosa y el Erizo de mar.

Por “pepino de mar” se conoce a las holoturias, cohombros o carajos de mar, que son animales marinos de cuerpo vermiforme, alargado y blando, que viven en los fondos marinos.

Al “pepino de mar”, se le localiza en las zonas de coral, rocas y enterrados en el suelo marino. Son animales marinos inofensivos, se alimentan de sedimento y limpian el fondo de los mares, cuyo principal depredador es el ser humano, porque se aprovecha principalmente para consumo y también como medicina contra el dolor y los malestares musculares, estomacales y respiratorios.

Los principales centros de consumo se localizan en Asia y Europa. En Asia, muy especialmente China, Japón y Corea del Sur, porque el pepino de mar es un producto muy apreciado por los consumidores de esos países.

En México, la captura del pepino de mar comenzó a finales de los años ochenta y se ha incrementado con el paso de los años hasta constituir ya una problemática tan grave que amenaza la extinción de aquellas especies de pepino de mar de mayor demanda, con lo que se pone en riesgo el equilibrio en los ecosistemas marinos.

El precio por tonelada supera los tres mil dólares; es decir, más de 36 mil pesos mexicanos en promedio, lo que hace muy atractiva su captura y también, desafortunadamente, la pesca ilegal.

Para el año próximo pasado, la estimación más aproximada en captura e ingreso económico para la pesquería legalmente autorizada de las zonas colindantes a la península de Yucatán, se ubicó en unas 580 toneladas con una derrama aproximada de un millón setecientos cuarenta mil dólares; es decir, más de 20 millones 880 mil pesos.

En este orden de ideas y debido a la mezcla de factores como el alto valor comercial de este animal marino, el incremento en su captura y consumo y la pesca ilegal que no respeta épocas ni zonas de veda, es por lo que en la actualidad la especie se encuentra en peligro de extinción.

En lo que atañe al Camarón es de notarse que existen épocas de veda decretadas por las autoridades competentes por la escaza población de esta especie marina en determinados meses del año y en ese sentido, es frecuente encontrarse en los medios de comunicación que en las diferentes zonas costeras mexicanas, las autoridades respectivas detienen a pescadores furtivos que no respetan la veda, decomisando el producto de esa pesca ilegal y que llegan a sumar varias toneladas, principalmente de camarón pero ello no llega a tipificarse como delito pues esta especie marina no se encuentra contemplada en la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

Por su parte, la Almeja generosa y el erizo de mar son un recurso que forma parte de una de las pesquerías ribereñas más importantes del país de las costas californianas, debido a su alto valor comercial y elevada demanda en países asiáticos, logrando a su vez un resultado muy atractivo para los productores locales, lo que representa una fuente de empleo adicional de gran importancia para la región.

A partir del año 2006 se presentaron en la dependencia competente más de 50 solicitudes de permisos de pesca comercial para la captura de almeja generosa, algunas para la reexpedición de permisos previendo su vencimiento cercano, modificación de zonas permisionadas o incremento de cuota de captura.

La gran mayoría eran permisionarios de otras pesquerías que motivados por el alto valor económico de este recurso, deseaban tener acceso a este beneficio, independientemente de que existe una planta de empaque de almeja generosa en El Rosario, Baja California y cuatro en Ensenada, Baja California. Por su parte, existen 25 plantas procesadoras de gónada de erizo de mar en Baja California.

La almeja generosa en su totalidad se dirige al mercado de exportación, ya que es altamente apreciada en la gastronomía asiática. Su sifón largo y carnoso es muy apreciado por su delicioso sabor y textura crujiente, además de ser un platillo muy popular en Japón, China y Hong Kong. El erizo de mar es consumido principalmente en Japón y ha adquirido un alto valor comercial y por ende, la pesca de esta especie marina se ha expandido notablemente en los últimos años, lo que ha hecho evidente la sobreexplotación de las poblaciones naturales en nuestro país.

A consecuencia de esta demanda comercial, se ha detectado en varias zonas del litoral bajacaliforniano su pesca furtiva.

Conviene advertir que la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, regula la captura de las especies marinas y establece las infracciones y sanciones administrativas al efecto, pero esto no ha sido suficiente para inhibir la captura ilegal.

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 2013 se contiene un nuevo Acuerdo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sobre el Pepino de Mar con el que se modifica la fracción IX del numeral Primero del aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994, que dispone lo siguiente:

En ese sentido, se considera que es indispensable que la pesca ilegal del pepino de mar, sea tipificada como delito, de manera expresa por el Código Penal Federal, a fin de inhibir estas conductas depredadoras, que deben ser evitadas haciendo uso de todos las acciones, instrumentos, normas y herramientas al alcance de las autoridades competentes.

En la especie, es muy significativo el avance que se obtiene con ambas iniciativas que se traduce en incluir en el catálogo de las conductas consideradas como delitos en la legislación penal federal a quien ilícitamente de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas Camarón, pepino de mar, almeja generosa y erizo de mar, lo que sin duda restringirá la pesca furtiva.

Por ende esta Comisión considera que posteriormente, cuando se pueda determinar si disminuyó o no la pesca furtiva actual, se pueda analizar si debe incrementarse la pena respectiva.

Por lo que los integrantes de la Comisión de Justicia ponemos a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I.y II. ...

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III.a V. ....

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Carlos Octavio Castellanos Minjares, Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con expediente número 5952, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Esta comisión dictaminadora con atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 80, numeral 1, fracción 1, 81, numeral 1, 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral el presente dictamen de la minuta con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 24 de octubre de 2013, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo. En esa misma fecha, la misma fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, para su correspondiente análisis y dictamen.

Tercero. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores con fundamento en el artículo 214 del reglamento del Senado, con fecha 29 de noviembre de 2013, emitió excitativa para que las comisiones presentaran el dictamen correspondiente.

Cuarto. Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, del Senado de la Republica, con fecha 9 de diciembre de 2014, aprobaron el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Quinto. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 3 de febrero de 2015, la Mesa Directiva, dio cuenta con la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Sexto. En la misma sesión la Presidencia de la Mesa Directiva dicto el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Una vez analizado el contenido de la minuta proyecto de decreto objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proceden a exponer el siguiente contenido de la minuta:

II. Contenido de la minuta

La minuta de referencia, en resumen tiene por objeto fortalecer las disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, respecto de los pequeños generadores de residuos peligrosos que son regulados en el artículo 47 de dicha ley, precisando que los pequeños generadores de residuos peligrosos someterán a consideración de la secretaría el plan de manejo respectivo y presentarán para ello un informe anual sobre la cantidad generada y las modalidades de manejo designadas a esos residuos.

Por lo que el senador iniciador sugiere la siguiente redacción en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, artículo 47:

El razonamiento para la propuesta de reforma es el siguiente:

a) El pequeño generador desconoce la forma de cumplir sus obligaciones por lo que recae en incumplimiento de legislación vigente, se hace acreedor a sanciones y o más preocupante, ocasiona peligros, daños y riesgos a la salud y al medio ambiente.

b) La autoridad desconoce su responsabilidad de velar por el control de residuos peligrosos de pequeños generadores, lo cual trae consigo políticas públicas no apegadas a la realidad y no prever mecanismos de valorización y minimización.

c) No existen datos certeros de la generación de residuos peligrosos en México por parte de pequeños generadores, por ende se torna palpable que se propicien daños de salud pública y ambientales, vulnerando con ello garantías constitucionales de dichas materias.

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos del Senado de la Republica, se les turnó la iniciativa proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, derivado de la revisión y análisis concluyen en resumen lo siguiente:

El legislador promovente propone reformar el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esta reforma obligará a los pequeños generadores de residuos peligrosos a presentar un plan de manejo y un informe anual sobre la generación y modalidades de manejo de dichos residuos. Así, en opinión del promoverte, la autoridad podrá tener un mejor control del manejo de los residuos peligrosos por este tipo de generador. La siguiente tabla compara el texto vigente y la reforma propuesta.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras consideran que con la redacción propuesta no se resuelve la problemática planteada por el legislador promovente, respecto de que para garantizar un manejo adecuado de los residuos peligrosos, los pequeños generadores deben contar con las herramientas legales que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece.

Así, las comisiones unidas dictaminadoras estiman pertinente modificar la redacción de reforma al artículo 47 de la LGPGIR que propone el legislador promovente. En primera instancia consideran conveniente incluir las palabras “cuando sea el caso”, tal como lo prevé el artículo 47 vigente de la ley que nos ocupa, así se evita que todos los residuos peligrosos sean sujetos a plan de manejo y se da congruencia al artículo con las demás disposiciones de la ley. En segunda instancia eliminan la obligación impuesta al pequeño generador de presentar un informe anual a efecto de evitar sobre regularlo. En tercera instancia precisan la obligación de informar en la bitácora los casos en que el pequeño generador transfiera residuos peligrosos a las industrias para que los utilicen como insumos o materia prima dentro de sus procesos y publicar la información a que alude el artículo reformado en el Sistema Nacional de Información Nacional para la Gestión Integral de Residuos, conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

“Artículo 47. Los pequeños generadores de residuos peligrosos deberán de registrarse ante la secretaría y contar con una bitácora en la que llevarán el registro del volumen anual de residuos peligrosos que generan y las modalidades de manejo, así como el registro de los casos en los que transfieran residuos peligrosos a industrias para que los utilicen como insumos o materia prima dentro de sus procesos indicando la cantidad o volumen transferidos y el nombre, denominación o razón social y domicilio legal de la empresa que los utilizará.

Aunado a lo anterior deberán sujetar sus residuos a planes de manejo, cuando sea el caso, así como cumplir con los demás requisitos que establezcan el reglamento, y demás disposiciones aplicables.

La información a que se refiere este artículo deberá ser publicada en el Sistema Nacional de Información Nacional para la Gestión Integral de Residuos conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

Con la redacción propuesta, las comisiones dictaminadoras estiman que la preocupación del promovente queda atendida y a la vez se dota a la autoridad de las herramientas legales necesarias para que tenga un mejor control sobre el manejo de residuos peligrosos de pequeños generadores al subsanarse la imprecisión sobre este requisito que tanto la ley como el reglamento contemplan pero que no desarrollan.

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados procede a la revisión y análisis del presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Lo anterior guarda sustento con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagran el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4o. constitucional el derecho a un ambiente sano, que a la letra indica:

“Artículo 4o. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizara el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley.

...”

Así como un ambiente propicio permite el sano desarrollo del ser humano tanto física como psicológicamente, una afectación a los recursos naturales trae consecuencias graves a la salud y el bienestar de los seres humanos, en particular de los grupos más vulnerables, como los niños, las comunidades con altos índices de pobreza, las mujeres y la gente de edad mayor. En un estudio de la Organización Mundial de la Salud se reveló que las condiciones ambientales que se deterioran son un importante factor que ha contribuido a la mala salud y baja calidad de vida. La inadecuada gestión de los recursos naturales, la excesiva producción de desechos y las condiciones ambientales conexas con efectos para la salud que implican retos importantes para el desarrollo sostenible.

El exponencial aumento de la población-consumidores, la vertiginosa necesidad de consumo, el desarrollo de la tecnología en todos sus ámbitos, así como el resultado de la globalización de la economía y el comercio, ha traído como consecuencia un aumento de la necesidad de recursos naturales, incluidos agua y alimentos; en todos los países del mundo, se observa el cambio en la composición y el volumen de sus residuos que generan, y en particular México que es parte de diversos tratados internacionales comerciales.

Los residuos que generamos han tenido afectaciones a los ecosistemas y se encentran estrechamente ligados a las formas de producción y de consumo de las sociedades en que vivimos, por lo tanto su gestión y disposición deben adecuarse a los cambios que se producen en dichos procesos.

Estas actividades fundamentales de la sociedad, merecen un verdadero conocimiento en el desarrollo de tecnologías, los servicios y los mercados secundarios relacionados con la generación y el manejo de los residuos peligrosos, la forma de prevenirlos y los medios existentes para recuperarlos, recolectarlos, acopiarlos, reutilizarlos, reciclarlos, tratarlos o disponer de ellos de forma segura y ambientalmente correcta, con la finalidad de evitar que se dispongan inadecuadamente al ambiente y provoquen pasivos ambientales irreversibles, y con ello la inevitable afectación a los seres vivos.

Cabe mencionar que la definición de “residuo” se enlista en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que en su artículo 8, fracción XXIX establece lo siguiente:

“Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en un recipiente o deposito, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la ley y demás ordenamientos que de ella deriven”.

Para el caso de los “residuos peligrosos”, se tipifica dentro de dicha ley, quedando definidos en el artículo 5, fracción XXXII, que a la letra dice:

“Son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta ley”.

En el marco del desarrollo sustentable, debemos reconocer que todo lo que tenga influencia sobre nuestro ambiente, afectará directamente la condición humana, como se estableció en la declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en la conferencia de las Naciones Unidas de junio de 1972 en donde proclama en su principio número 6 que dice: “Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación”.

De acuerdo con los conceptos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los residuos peligros se clasifican, en el caso de los residuos químicos peligrosos, se generan en la fase final del ciclo de vida de los materiales peligrosos, cuando quienes los poseen los desechan porque ya no tienen interés en seguirlos aprovechando; es decir, se generan al desechar productos de consumo que contienen materiales peligrosos, al eliminar envases contaminados con ellos, al desperdiciar materiales peligrosos que se usan como insumos de procesos productivos (industriales, comerciales o de servicios) o al generar subproductos o desechos peligrosos no deseados en esos procesos.

En el caso de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, éstos incluyen: materiales de curación que contienen microbios o gérmenes y que han entrado en contacto o que provienen del cuerpo de seres humanos o animales infectados o enfermos (por ejemplo sangre y algunos fluidos corporales, cadáveres y órganos extirpados en operaciones), asimismo, incluyen cultivos de microbios usados con fines de investigación y objetos punzocortantes (incluyendo agujas de jeringas, material de vidrio roto y otros objetos contaminados).

Los generadores de los residuos peligrosos (la sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus derivados; las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos; los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no estén contenidos en formol; los residuos punzocortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes) y de aquéllos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Por lo anterior, los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive en el hogar. Aunque, en el caso de los residuos químicos peligrosos, son los establecimientos industriales, comerciales y de servicios quienes generan los mayores volúmenes, mientras que los residuos biológico-infecciosos, se generan en mayor cantidad fuera de los establecimientos médicos o laboratorios, por el gran número de desechos contaminados que producen los individuos infectados o enfermos en sus hogares o en donde abandonen materiales que hayan entrado en contacto con su sangre (o esputo en el caso de individuos tuberculosos).

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que todos los consumidores, debemos conocer acerca de la peligrosidad y riesgo en el manejo de los residuos peligrosos de toda índole, así como saber qué medidas de protección se pueden adoptar para prevenir o reducir dicho riesgo.

En concordancia con la disposición de los residuos peligrosos, estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo: Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que, al desecharse, se convierten en los residuos peligrosos (aceites lubricantes usados; disolventes orgánicos usados; convertidores catalíticos de vehículos automotores; acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio; aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; fármacos; plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos; compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados; lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósiles, y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos) y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Respecto de la estimación de residuos, peligrosos, indicado por las empresas registradas en el padrón de generadores de residuos peligrosos de la Semarnat, es el siguiente:

Como se observa en la información oficial descrita en el cuadro anterior, y sus consecuencias negativas por las actividades humanas, es un reto de gran envergadura el que enfrenta nuestro país para la conservación de los ecosistemas y la salud de los seres vivos, mediante un “ambiente sano”, con el propósito de establecer y satisfacer la demanda de servicios. Los medios de prevención, sin duda resultarán de minimizar la generación de residuos, maximizar la valorización, de manera ambientalmente efectiva, económicamente viable, tecnológicamente factible y socialmente aceptable.

Después de la declaración de Estocolmo, de 1972, se han incrementado los tratados bilaterales y multilaterales, universales o regionales, que expresamente se refieren a la protección del medio ambiente, o que contemplan cláusulas relacionadas con él. Así, por ejemplo, podemos citar la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de 16 de noviembre de 1972; la Convención relativa a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, del 13 de noviembre de 1979 y uno de sus protocolos, el llamado Protocolo relativo a la lucha contra las emisiones de óxido de nitrógeno o sus flujos transfronterizos, de 31 de octubre de 1988; el Convenio para la protección de la capa de ozono, de 1987, y sus protocolos, de 1987 y 1990; el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991.

Para que los gobiernos puedan trabajar junto con los ciudadanos, con actitud propositiva y dispuestos al compromiso activo para lograr la conservación y el uso sustentable del capital natural, es fundamental contar con información clara y accesible sobre el origen de bienes y servicios que reciben como la energía eléctrica, el agua potable, los combustibles, las materias primas e incluso sobre los alimentos y los impactos de su producción en los ecosistemas; es decir, entender las transacciones entre los diversos servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas. También es esencial mayor conciencia sobre el funcionamiento de las ciudades, en especial de los daños que ocasiona la creciente demanda de los bienes y servicios ambientales, la generación de desechos sólidos y peligrosos, la contaminación de agua, aire y suelo y los patrones de consumo de alimentos y otros bienes que exceden la capacidad de recuperación de la naturaleza.

En consecuencia las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con el criterio del colegislador, en el sentido de dotar a la autoridad de las herramientas legales necesarias para que tenga un mejor control sobre el manejo de residuos peligrosos de los pequeños generadores al subsanarse la imprecisión sobre el requisito que tanto la ley como el reglamento contemplan pero que no desarrollan.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 47. Los pequeños generadores de residuos peligrosos, deberán de registrarse ante la secretaría y contar con una bitácora en la que llevarán el registro del volumen anual de residuos peligrosos que generan y las modalidades de manejo, así como el registro de los casos en los que transfieran residuos peligrosos a industrias para que los utilicen como insumos o materia prima dentro de sus procesos indicando la cantidad o volumen transferidos y el nombre, denominación o razón social y domicilio legal de la empresa que los utilizará.

Aunado a lo anterior deberán sujetar sus residuos a planes de manejo, cuando sea el caso, así como cumplir con los demás requisitos que establezcan el reglamento y demás disposiciones aplicables.

La información a que se refiere este artículo deberá ser publicada en el Sistema Nacional de Información Nacional para la Gestión Integral de Residuos, conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal realizará las reformas a que haya lugar en el reglamento de la ley.

Notas:

1. United Nations Environment Programme (unep), GEO-3 Global Environment Outlook, véase <http://www.unep.org/GEO/geo3/>(visitada en septiembre de 2008).

2. Ídem

3. http://www.semarnat gob mx/temas/gestion-ambiental/materiales-y-actividades-riesgosas/residuas-aeliaros os

4. El tratado entre Estados Unidos de América y la URSS sobre cooperación en el ámbito de la “protección del entorno”, del 23 de mayo de 1972, parte del supuesto de que “el desarrollo socioeconómico para beneficio de las generaciones requiere actualmente la protección y el mejoramiento del entorno humano”, para lo cual no sólo estableció el principio de cooperación entre los dos estados, sino que en él se acordó, como fruto de ella, resolver “los aspectos más importantes de los problemas del entorno”, “elaborar medidas para prevenir y estudiar la contaminación y sus efectos sobre el medio, así como...establecer las bases para controlar la influencia de las actividades humanas sobre la naturaleza” (artículo 2), cfr. Barros, James, y Johnston, Douglas M., Contaminación y derecho internacional, trad. de Flora 5etaro, Buenos Aires, Marymar Ediciones, 1977, p. 393.

5. Antes de esta conferencia, se habían suscrito algunos tratados sobre la protección y conservación del medio ambiente, como el Convenio relativo a la conservación de la fauna y flora en estado natural, del 8 de noviembre de 1933. Aunque la principal preocupación fue la preservación de los espacios marítimos, que se hizo, entre otros tratados, por la Convención sobre la prevención de la polución de las aguas marítimas por hidrocarburos, suscrita en Londres, el 12 de mayo de 1954 y las convenciones de Ginebra, del 29 de abril de 1958, a saber: la Convención sobre la Alta Mar y la Convención sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos de Alta Mar.

6. Cfr. Dirección General de Política Ambiental, Tratados internacionales sobre medio ambiente suscritos por España, Madrid, 1993.

7. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Capital Natural de México, Acciones Estratégicas para su valorización, preservación y recuperación, México, 2012

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1, 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como con base en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, 167, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo de resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la Iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, La Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1.En fecha 14 octubre del 2014, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, con número de expediente 5200.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante Oficio No. D.G.P.L. 62-II-6-1653 turnó para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria, el Expediente Número 5200, que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT.

3. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de su Secretaría Técnica, las opiniones de sus Diputados integrantes y entra al estudio de las Iniciativas con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

4. Con fecha 3 de marzo de 2015, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo, misma que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

II. Contenido de la iniciativa

La diputada María del Carmen Martínez Santillán propone la iniciativa de reformar la fracción  VI del Articulo 185 de la Ley Agraria con la finalidad de implementar como requisitos los principios que deben ser cumplidos por los convenios realizados ante los Tribunales Agrarios.

Pues menciona que actualmente durante los juicios se han buscado medios alternativos de solución de conflictos para dirimir las controversias entre las partes como lo son la mediación y la conciliación. En su iniciativa hace uso de doctrina y también del derecho comparado para definir las figuras jurídicas antes mencionadas y ejemplificar el uso de los principios que se quieren incorporar a la redacción del artículo 185 en su fracción IV de la Ley Agraria, en los ordenamientos jurídicos de diversos estados.

Los principios que se quieren incorporar son exhaustividad, congruencia y equidad. El primero corresponde a que la sentencia debe puntualizar cabalmente cada una de las pretensiones realizadas por las partes en el juicio.

El segundo se refiere a que en relación a las facultades del órgano jurisdiccionales pues estas tienen establecidas sus facultades una de ellas es emitir sentencias, las cuales no deben ser contradictorias y su emisión debe tener congruencia, no debe omitir ni añadir nada a lo solicitado por las partes, al dictar una sentencia.

Respecto al tercero se refiere a que este sirva para guiar el criterio del juez cuando el instrumento jurídico no otorgue los elementos suficientes para emitir una sentencia equilibrada y tendiente a ser  una  resolución justa.

La diputada busca dar solución o en su caso prever sucesos legales que se han suscitado en la práctica donde los convenios no cubrieron o satisficieron todas las pretensiones de las partes al momento de ejecutar la avenencia acordada.    La finalidad de la iniciativa es   que los Derecho y Garantías las partes nos sean agraviadas por la Autoridad Agraria  en el momento de que se emita una resolución emanada de la avenencia lograda entre  las mismas, cumpliendo los principios de exhaustividad, congruencia y equidad.

Por las consideraciones antes expuestas la diputada María del Carme Martínez Santillán, propone la iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma  la Fracción VI del Artículo 185 de la Ley Agraria; para quedar en los siguientes términos:

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes

III. Consideraciones de la comisión

Primera.La comisión dictaminadora establece que, la preocupación constante de los Tribunales Agrarios debe ser, que la administración e impartición de la justicia agraria llegue a los campesinos de México de manera rápida y real.

Para ello, es necesario que el juzgador agrario dé observancia debida a los principios procesales que rigen el proceso agrario tales como la exhaustividad, congruencia y equidad.

Segunda.La comisión dictaminadora retoma a José Ovalle Favela, el cual afirma que el principio de congruencia se traduce en “el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones negaciones o excepciones que, en su caso, hayan planteado las partes durante el juicio.”

De lo anterior, al interpretarlo contrario sensu, podría decirse que si en el documento de la sentencia se encuentran plasmados elementos que no fueron planteados a lo largo del litigio ésta carecerá del elemento de congruencia.

El principio de equidad, está presente cuando se deja al libre arbitrio del juzgador, el estudio de los hechos y las pruebas contenidas en la demanda y la contestación o reconvención en su caso.

Lo único que se exige en el dictado de esa resolución, es la motivación y fundamentación, alejada de reglas y formalidades, que si bien aún se encuentran establecidas en la legislación civil federal, estas no deben supletoriamente tomarse en cuenta per se, a menos que siendo de aplicación estricta en el derecho privado, sean compatibles y congruentes con las disposiciones que rigen el derecho agrario en México (licenciado Rubén Gallegos Vizcarro).

Siguiendo a Cipriano Gómez Lara, la exhaustividad no es sino una consecuencia de los principios anteriormente analizados. Una sentencia será exhaustiva en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna.

Tercera. La Comisión de Reforma Agraria armoniza lo anterior conforme a lo que establece la Ley Agraria en el artículo 185 fracción VI, haciendo mención que “en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el Tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribiré el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso aprobado por el tribunal tendrá el carácter de sentencia”.

Cuarta.Con esto la Comisión plantea, que con respecto al convenio surgido en cualquier momento antes de pronunciar el fallo, el principio de congruencia y en observancia a esté, los Tribunales Agrarios deberán dictar las sentencias a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones (artículo189 de la Ley Agraria).

Por otra parte, el maestro Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual define el principio como el que “induce a resolver las causas y pleitos sin atenerse a las formalidades del derecho, sino inspirándose en la equidad y la buena fe.

Por lo tanto cabe conceptuar que este principio estriba en que los convenios que sean calificados y aprobados para obtener el carácter de sentencias por parte de los  Tribunales Agrarios deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la contestación formuladas por los actores, es decir, que lo fallado debe estar de acuerdo con los hechos invocados por las partes en la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria.

Por otro lado,  el magistrado responsable, al resolver la controversia puesta a su consideración, oficiosamente no puede introducir acciones diversas a él a las planteadas por las partes en la audiencia referida, de lo contrario su actuación transgrediría las garantías constitucionales de los demandados.

Quinta.La comisión dictaminadora concluye que la exhaustividad es una consecuencia necesaria de la congruencia y la motivación. Una sentencia es exhaustiva en la medida en que haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna, es decir, el tribunal al sentenciar debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva cuando deje de referirse a algún punto, argumentación prueba; en otras palabras, al dictarse una sentencia debe tenerse mucho cuidado de examinar todos los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas.

Por ello, el principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.

Abona el argumento de esta comisión las tesis jurisprudenciales siguientes:

Convenios en materia agraria. Para su aprobación, la autoridad debe verificar que se colmen los principios de exhaustividad y congruencia que rigen a las sentencias.

Del contenido del artículo 189 de la Ley Agraria se desprende que las sentencias que dicten los tribunales de esa materia, aun cuando no deban sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, tienen que ser consonantes con los principios de exhaustividad y congruencia, que deben regir en todo fallo. Esos principios también se observarán cuando la resolución la constituye un convenio, porque al ser sancionado por los tribunales, en términos de la fracción VI del artículo 185 de la legislación en consulta, adquieren el carácter de sentencia. Ahora bien, como la finalidad de la ley es tutelar a los grupos campesinos, en cuanto a sus derechos y pretensiones, corresponde precisamente a la autoridad que interviene en el caso, y a la que le compete sancionarlos, dar forma tanto interna como externa al convenio, teniendo facultad para ordenar de oficio la práctica de las diligencias que estime conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados por las partes en el litigio. Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia, y llegado el momento de la ejecución, sus alcances se encontrarán delimitados para procurar su     cumplimiento exacto, por lo que el citado órgano agrario, antes de sancionarlo, debe verificar que se colmen los principios ya enunciados.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Amparo directo 62/2004. Francisco de la Cruz López y otros. 5 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Morán Rodríguez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Antonio Artemio Maldonado Cruz.

Sentencias en materia agraria. Deben resolverse a verdad sabida las cuestiones que se plantean ante los tribunales agrarios, basándose en la equidad y la buena fe.

De conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida, entendiéndose por ella la que conduce a resolver las controversias acorde con las constancias de los autos sin sujetarse necesariamente a las formalidades y reglas sobre estimación de las pruebas; inspirándose en la equidad y en la buena fe, cumpliendo con la exigencia de fundamentación y motivación que previene el artículo 16 constitucional.

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

Amparo directo 175/93. Reyes Carlín Rangel. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. Secretario: José de Jesús Ortega de la Peña.

Amparo directo 296/95. Santos Durón Ledezma. 4 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. Secretario: José de Jesús Ortega de la Peña.

Amparo directo 653/96. Manuel Gallegos Robles. 14 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. Secretario: José de Jesús Ortega de la Peña.

Amparo directo 1000/96. Lucía de la Torre Castillo de Quintero y otros. 23 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Pérez Herrera. Secretario: Eduardo Antonio Loredo Moreleón.

Amparo directo 1365/96. María del Refugio González Hernández y otras. 15 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Alberto Durán Martínez. Secretario: Francisco Javier Sarabia Ascencio.

Quinta.Los tribunales agrarios se establecieron como órganos encargados de administrar justicia agraria en el territorio nacional, dando respuesta a la necesidad de que el derecho y los litigios de relevancia se resolvieran por órganos altamente calificados, a través del debido proceso poniendo en práctica los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, que rigen los juicios agrarios.

Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

Artículo Único.Se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 185. ...

I. a V. ...

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ovalle Favela, José. Derecho procesal civil. 6ª ed. Harla, México, 1994. p. 205.

2 Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, “Xalapa, Ver.” “Principio de equidad. Artículo 189 de la Ley Agraria”, Segunda época, año VIII, número 53, enero-marzo 2011.

3 Gómez Lara, Cipriano. Teoría general del proceso. 9ª ed. Harla, México, 1996, p. 295.

4 Diccionario de derecho usual. Tomo L Ed. Haliastra. Argentina. J1)76. p. 448.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a tres de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), secretarios; José Luis Contreras Rojas (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES Y DECRETOS                                                                                                                                                LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUINEA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 5 de septiembre de 2013, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.

2. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 8 de abril de 2014, fue presentado el dictamen de primera lectura de las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos.

4. En esa misma fecha, fue presentado el dictamen a discusión con proyecto de decreto, el cual fue aprobado por 91 votos a favor y se envía a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

5. En sesión celebrada con fecha 22 de abril de 2014 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, (en materia de seguridad sanguínea).

6. Con la misma fecha la Presidencia de la Cámara de Diputados dispuso que la minuta de mérito fuera turnada a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

III. Contenido de la minuta

La iniciativa del senador Fernando Enrique Mayans Canabal pretende fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre (tejido hemático con todos sus elementos) y regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

Como afirma el dictamen de la colegisladora, se prevé que los servicios de Sangre se integren por los diversos establecimientos que realizan actividades relativas a la disposición de sangre y que se conformarán en la red de servicios de sangre compuesta por: a) Centro de colecta, b) Bancos de Sangre C) Centro de procesamiento de sangre, d) Centros de calificación biológica, e) Centro de distribución de sangre y componentes, y f) Servicios de transfusión.

La conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, la verificación sanitaria permanece en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Riegos Sanitarios.

Por lo anterior, se considera reformar los artículos 112, fracción III; 313, fracciones I y V; 314, fracciones I Bis, XXVI y XXVII; 315; 316 Bis 1; el segundo párrafo del 317; el párrafo quinto del 322; la fracción II del 323; 327; el primer párrafo del 329 Bis; las fracciones I y IV y los párrafos segundo y tercero del 338; el segundo párrafo del 339; 341 y 341 Bis; y se adicionan las fracciones XII Bis, XII Bis 1, XIV Bis y XXVIII al artículo 314; un tercer párrafo al artículo 317; el Capítulo III Bis al Título Décimo Cuarto, tres párrafos al artículo 342 Bis 1; un segundo párrafo al artículo 342 Bis 2, los artículos 342 Bis 3, 460 Bis y una fracción VII al artículo 462, todos de la Ley General de Salud.

La minuta en comento contiene el siguiente:

Decreto

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II. a IV. ...

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación y los trasplantes.

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por:

I. Células germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un embrión;

I Bis. Células progenitoras o troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados;

II. a XII. ...

XII Bis. (No existe)

XII Bis 1. (No existe)

XIII. Tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma función;

XIV. Trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren al organismo;

XIV Bis. (No existe)

XV. a XXV. ...

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante, y

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos y sus componentes, y células, en cualquier momento desde la donación, y en su caso, hasta el trasplante o la transfusión.

XXVIII. (No existe)

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Los trasplantes de órganos y tejidos;

III. Los bancos de órganos, tejidos y células;

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, y

V. La disposición de células progenitoras o troncales.

VI. (No existe)

La Secretaría otorgará la autorización a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.

(No existe)

Artículo 316 Bis 1. Los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley deberán contar con el apoyo, a través de un convenio, de bancos de sangre externos, cuando el establecimiento no tuviere uno propio, para garantizar la disponibilidad oportuna de dicho tejido en aquellos casos en que éste se llegara a requerir.

Artículo 317. Los órganos no podrán ser sacados del territorio nacional.

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades de ellos en el país, salvo casos de urgencia.

(No existe)

Artículo 322. La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

.........

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 323. Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:

I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas en vida.

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes, y células progenitoras o troncales.

Artículo 329 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes.

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:

I. El registro de establecimientos autorizados conforme al artículo 315 de esta ley;

II. y III. ...

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células progenitoras o troncales;

V. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en el artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.

El registro de los trasplantes de células progenitoras o troncales estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Artículo 339. ...

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con excepción de las progenitoras o troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

............

(No existe)

Artículo 340. El control sanitario de la disposición de sangre lo ejercerá la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con fines terapéuticos estará a cargo de bancos de sangre y servicios de transfusión que se instalarán y funcionarán de acuerdo con las disposiciones aplicables. La sangre será considerada como tejido.

(No existe)

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células progenitoras hematopoyéticas, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.

Artículo 342 Bis 1. El plasma residual podrá destinarse a procedimientos de fraccionamiento para obtener hemoderivados. Tanto los establecimientos de salud que suministren el plasma residual, como los establecimientos que lo reciban para elaborar hemoderivados, deberán estar autorizados conforme a los artículos 198 fracción I y 315 de esta Ley. Asimismo, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de Salud.

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud contemplarán, al menos, los mecanismos de aprovechamiento, procesamiento o utilización bajo condiciones que garanticen calidad, seguridad y eficacia.

(No existe)

Artículo 342 Bis 2. La Secretaría de Salud establecerá las disposiciones aplicables para regular la disposición y procesamiento de los tejidos y el plasma residual referidos en los artículos 342 Bis y 342 Bis 1 de esta Ley, a fin de garantizar la trazabilidad en cuanto a origen y destino de los mismos. Asimismo, establecerá los mecanismos para promover la accesibilidad a los hemoderivados del plasma residual y de los insumos para la salud a que se refiere el artículo 342 Bis, en condiciones de equidad y seguridad en beneficio para la salud pública.

(No existe)

Artículo 342 Bis 3. (No existe)

Artículo 460 Bis. (No existe)

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. a IV. ...

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito, y

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto.

VII. (No existe)

...

Minuta

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 313. ...

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. a IV. ...

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.

Artículo 314. ...

I. ...

I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados;

II. a XII. ...

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus componentes;

XII Bis 1. Plasma, el componente específico separado de las células de la sangre;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV. ...

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano;

XV. a XXV. ...

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante;

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final, y

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación.

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a:

I. ...

II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células;

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. La disposición de células troncales, y

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa.

La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 316 Bis 1. Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus componentes, los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley que no cuenten con bancos de sangre o centros de procesamiento, deberán tener convenio con algún establecimiento de banco de sangre, un centro de procesamiento o un centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos.

Artículo 317. ...

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.

En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con fines terapéuticos.

Artículo 322. ...

...

...

...

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 323. ...

I. ...

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

No se considerarán actos de comercio, la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y sus componentes.

Artículo 329 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.

...

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley;

II. y III. ...

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células troncales;

V. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.

El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Artículo 339. ...

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo previsto en la presente ley.

............

Capítulo III BisDisposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de seres humanos

Artículo 340. ...

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A) Los servicios de sangre que son:

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario, y

VI. Centro de calificación biológica.

B) Los que hacen disposición de células troncales que son:

I. Centro de colecta de células troncales, y

II. Banco de células troncales.

C) Los establecimientos de medicina regenerativa.

Los establecimientos que lleven a cabo la transfusión sanguínea, serán los responsables de la seguridad transfusional.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran; asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células troncales, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.

Artículo 342 Bis 1. ......

Para dotar de transparencia a los procesos y la valoración de donantes, la obtención de sangre y sus componentes, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, control sanitario y uso terapéutico, se sujetarán a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.

La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Se deberán realizar las pruebas necesarias que determine la Secretaría de Salud de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión.

Artículo 342 Bis 2. ...

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud para garantizar la trazabilidad en cuanto a origen y destino de los tejidos y el plasma residual, así como las relativas a la farmacovigilancia y control sanitarios de los mismos, tomarán en cuenta la experiencia en la materia, de agencias reguladoras nacionales e internacionales y a la evidencia científica y tecnológica.

Artículo 342 Bis 3. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales e incluirá lo siguiente:

I. El registro de establecimientos a que se refiere el artículo 341 de esta Ley, así como de sus respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o subcomités de trasplantes de células troncales;

III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales que se lleven a cabo en el país;

IV. El Sistema Nacional de Biovigilancia;

V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace nacional e internacional para su localización, y

VI. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias.

Artículo 460 Bis. Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior produce algún contagio en la población se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 462. ...

I. a IV. ...

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de lo establecido por el artículo 315 de esta ley, a la entrada en vigor de este decreto, las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los establecimientos de salud a que se refieren la fracción IV de dicho artículo y que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años.

Tercero. Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en la fracción IV del artículo 315 de esta ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. El gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Minuta, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen las siguientes:

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

Tercera. La Primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero de 2003, por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, consideró necesario ampliar el concepto de seguridad transfusional para abarcar la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

Cuarta. La resolución CE136.R6 de la OPS solicita a la directora que coopere con los Estados miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias nacionales de sangre, y en el fortalecimiento de los servicios de sangre para garantizar la seguridad de las transfusiones y resuelve instar a los países miembros (México forma parte de ella), para que entre otras intervenciones:

• Analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso apropiado de la sangre y sus productos en sus países;

• Promuevan la participación de los sectores público y privado, ministerios de educación, trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades internacionales, nacionales y locales emprendidas para implementar el plan regional de acción para la seguridad de las transfusiones, asignando los recursos apropiados para alcanzar los objetivos contenidos en él;

Fortalezcan los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promueven una cultura de donación voluntaria no remunerada.

Quinta. En septiembre de 2006, México firmó ante la Organización Mundial de la Salud su compromiso respecto al Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: “Una atención más segura”, uno de cuyos componentes es la seguridad de la sangre. Este compromiso fue ratificado en septiembre de 2007 (Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud).

Por otro lado, una parte fundamental en el tema es que la 63 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2010) reiteró la solicitud a la directora general de que oriente a los Estados miembros para que en el proceso de actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y los dispositivos médicos conexos, en particular de los empleados para el diagnóstico in vitro, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente; para que fomente la capacidad para dirigir y gestionar los sistemas de suministro de sangre a fin de reforzar los programas nacionales coordinados y sostenibles de sangre y sus componentes; que en caso necesario promueva la creación de redes regionales de colaboración y regulación y que se aliente la investigación de nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre.

Sexta. De conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 Transfusión Sanguínea, se advirtió, que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo.

Algunas características de la política nacional de sangre consideran: Constituir los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

Séptima. Por lo que respecta a las observaciones hechas por la Colegisladora, esta comisión dictaminadora coincide con las modificaciones ya que de acuerdo con los avances de la biotecnología contemporánea de alta complejidad, es necesario actualizar los artículos que hacen referencia a células troncales o progenitoras, por el concepto univoco de células troncales, toda vez que es el término que se utiliza a nivel internacional de acuerdo con los estándares de la Unión Europea.

De la redacción citada se desprende con claridad la modificación, que aunque solo corrige una palabra, la misma es utilizada a nivel internacional y de acuerdo a los estándares de la Unión Europea, por lo que se considera atinada la reforma planteada y aprobada por la colegisladora.

Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII, Legislatura, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos: 112, fracción III; 313, fracciones I y V; 314, fracciones I Bis, XIII, XXVI y XXVII; 315; 316 Bis 1; el segundo párrafo del 317; el párrafo quinto del 322; la fracción II del 323; 327; el primer párrafo del 329 Bis; las fracciones I y IV y los párrafos segundo y tercero del 338; el segundo párrafo del 339; 341 y 341 Bis; y se adicionan las fracciones XII Bis, XII Bis 1, XIV Bis y XXVIII al artículo 314; un tercer párrafo al artículo 317; el capítulo III Bis al Título Décimo Cuarto, tres párrafos al artículo 342 Bis 1; un segundo párrafo al artículo 342 Bis 2, los artículos 342 Bis 3, 460 Bis y una fracción VII al artículo 462, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 313. ...

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. a IV. ...

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.

Artículo 314. ...

I. ...

I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados;

II. a XII. ...

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus componentes;

XII Bis 1. Plasma, el componente específico separado de las células de la sangre;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV. ...

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano;

XV. a XXV. ...

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante;

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final, y

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación.

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a:

I. ...

II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células;

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. La disposición de células troncales, y

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa.

La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 316 Bis 1. Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus componentes, los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley que no cuenten con bancos de sangre o centros de procesamiento, deberán tener convenio con algún establecimiento de banco de sangre, un centro de procesamiento o un centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos.

Artículo 317. ...

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.

En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con fines terapéuticos.

Artículo 322. ..

..

..

...

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 323. ...

I. ...

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

No se considerarán actos de comercio, la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y sus componentes.

Artículo 329 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.

...

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley;

II. y III. ...

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células troncales;

V. y VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.

El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Artículo 339. ...

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

..

..

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...

Capítulo III BisDisposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de seres humanos

Artículo 340. ...

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A) Los servicios de sangre que son:

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario, y

VI. Centro de calificación biológica.

B) Los que hacen disposición de células troncales que son:

I. Centro de colecta de células troncales, y

II. Banco de células troncales.

C) Los establecimientos de medicina regenerativa.

Los establecimientos que lleven a cabo la transfusión sanguínea, serán los responsables de la seguridad transfusional.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran; asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células troncales, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.

Artículo 342 Bis 1. ...

...

Para dotar de transparencia a los procesos y la valoración de donantes, la obtención de sangre y sus componentes, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, control sanitario y uso terapéutico, se sujetarán a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.

La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Se deberán realizar las pruebas necesarias que determine la Secretaría de Salud de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión.

Artículo 342 Bis 2. ...

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud para garantizar la trazabilidad en cuanto a origen y destino de los tejidos y el plasma residual, así como las relativas a la farmacovigilancia y control sanitarios de los mismos, tomarán en cuenta la experiencia, en la materia, de agencias reguladoras nacionales e internacionales y a la evidencia científica y tecnológica.

Artículo 342 Bis 3. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales e incluirá lo siguiente:

I. El registro de establecimientos a que se refiere el artículo 341 de esta Ley, así como de sus respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o subcomités de trasplantes de células troncales;

III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales que se lleven a cabo en el país;

IV. El Sistema Nacional de Biovigilancia;

V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace nacional e internacional para su localización, y

VI. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias.

Artículo 460 Bis. Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior produce algún contagio en la población se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 462. ...

I. a IV. ...

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de lo establecido por el artículo 315 de esta ley, a la entrada en vigor de este decreto, las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los establecimientos de salud a que se refieren la fracción IV de dicho artículo y que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años.

Tercero. Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en la fracción IV del artículo 315 de esta ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, las políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

Palacio Legislativo, a 10 días de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen nuestro apreciable compañero, don Leobardo Alcalá Padilla, hasta por cinco minutos.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras y de mis compañeros, el día de hoy venimos a posicionar un dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.

Hoy y a partir del día 19 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de Estado en materia de disposición sanguínea, misma que debe de articular los tres órdenes de gobierno, a la iniciativa privada, a la sociedad civil en lo general, y con la finalidad de lograr la seguridad y la suficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

En este mismo sentido, la Primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero en el año 2003, por la Organización Panamericana de la Salud, consideró necesario ampliar el concepto de seguridad transfusional para abarcar la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad al acceso, al oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional considerado en la medición, no sólo de la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos, sino también en el beneficio clínico de las transfusiones que así lo prevén.

Asimismo, la resolución de la Organización Panamericana para la Salud solicita a la dirección que coopere con los Estados miembros en la elaboración de sus políticas y estratégicas nacionales de sangre, y en el fortalecimiento de los servicios de la misma, para garantizar la seguridad de las transfusiones. Por ello, se tiene para intervenir:

1. Que analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso apropiado de la sangre y sus productos en sus países.

2. Que promuevan la participación de los sectores público y privado, ministerios de educación, trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades internacionales, nacionales y locales emprendidas para implementar el plan regional de acción para la seguridad de las transfusiones.

Con esto se intentará fortalecer los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promuevan una cultura de donación voluntaria no remunerada.

En este aspecto comentarles, que es verdaderamente patético el hecho de que alguien sufra de algún accidente, el que alguien necesite de alguna intervención quirúrgica, porque no llegan ni siquiera al cinco por ciento los procesos de donación, a no ser que sea de la misma familia.

Hoy como país, como nación estamos en un severo riesgo que de que alguien que necesite de manera urgente algún tipo de sangre o algún tipo de los elementos que componen este elemento vital, puedan no poder vivir gracias o por desgracia, al no tener dicho elemento.

En septiembre de 2006 México firmó ante la Organización Mundial de la Salud su compromiso respecto al primer reto de la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente. Una atención más segura, uno de cuyos componentes de la seguridad de la sangre. Y este compromiso fue ratificado en el año 2007, con una acción específica del 2007 al 2012.

Por otro lado, una parte fundamental en el tema es que la 63 Asamblea Mundial de la Salud, que se organizó en el año de 2010, reiteró la solicitud a la Dirección General de que oriente a los estados miembros para que en el proceso de actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y los dispositivos médicos, en particular, de los empleados para el diagnóstico in vitro, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente para que fomenten la capacidad para poder dirigir y gestionar los sistemas de suministro de sangre, a fin de reforzar los programas nacionales coordinados y sostenibles de sangre y sus componentes.

Es por ello que de conformidad con el Programa de acción específico 2007-2012 de transfusión sanguínea, ya se advierte que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la calidad a quien en su momento, como ya se mencionó, lo necesite.

Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder fortalecer el servicio a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, de justicia, de responsabilidad social y de humanismo.

Es por ello que por otra parte, los servicios de sangre se integren a los diversos establecimientos que realizan actividades relativas a la disposición sanguínea. La conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea: La verificación sanitaria permanecerá en la Comisión Federal de Protección de Riesgos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración el que se reformen los artículos 112, fracción III, el 313, fracción I y V, el 314, fracción I Bis, el 26, el 27, los artículos 315, 316 Bis 1, el segundo párrafo del 317; el párrafo quinto del 322 y la fracción II del 323; que se reforme el primer párrafo del 329, el 323 de las fracciones I y IV y los párrafos segundo y tercero del 338, el segundo párrafo del 339, del 341 y 341 Bis, así como se adicionen a la fracción XII Bis, XII Bis 1 y XIV Bis, así como el apartado 28 del artículo 314, un tercer párrafo al 317 en el Capítulo III Bis, al Título Décimo Cuarto y tres párrafos del artículo 342 Bis 1 y un segundo párrafo al artículo 342 Bis 2, los artículos 342 Bis 3, 460 Bis y una fracción VII al artículo 462, todos de la Ley General de Salud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Tiene el uso de la voz don Rubén Benjamín Félix Hays. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Escuela Primaria General Rafael Ramírez, del municipio de Zimapán, Hidalgo. Invitados por Dulce María Muñiz Martínez, muy apreciable compañera diputada nuestra. Adelante don Benjamín.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se somete a discusión el día de hoy es una muestra que existen temas que son muy técnicos y especializados y que al mismo tiempo son sumamente trascendentes para la vida y la salud de la población.

Fortalecer las disposiciones de la Ley General de Salud en materia de seguridad sanguínea y adecuarlas a la nomenclatura científica, internacionalmente aceptada, es una labor fundamental, no solo para los fines evidentes de protección a la salud de la población, sino también para fomentar la donación y el desarrollo de las especialidades médicas en nuestro país.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, considera no solo viable sino sumamente oportuna la reforma propuesta en la minuta de la colegisladora, la inclusión de conceptos como células troncales, sangre, plasma, tejido, trasfusión y hemoderivado, dota a la ley de mayor certeza jurídica en su aplicación.

Por otra parte, y no menos importante, se integra a la lista de establecimientos que requiere una licencia sanitaria para su operación, los establecimientos dedicados a servicios de sangre y de medicina regenerativa. Lo anterior parece una simple adecuación, pero es de mayor importancia toda vez que la ley vigente sólo menciona a los bancos de sangre y servicio de transfusión.

Sin embargo la tecnología y la ciencia médica avanzan rápidamente y estos conceptos han sido superados por nuevas técnicas y tratamientos que requieren una reglamentación y la vigilancia necesaria por parte de la Secretaría de Salud. Asimismo, consideramos particularmente venturosa la propuesta de la reforma del artículo 327 de la ley, ya que establece que la donación de órganos, tejidos o células, será regida por principios de altruismo, sin ánimo de lucro y de forma confidencial.

En Nueva Alianza somos conscientes de la necesidad de robustecer nuestro marco jurídico y proporcionar a los mexicanos los mejores instrumentos que aseguren un adecuado y seguro funcionamiento de los servicios de salud.

Por esa razón estaremos votando a favor del presente dictamen que constituye un avance para conseguir dicho fin. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, muy apreciable compañero. Ahora viene doña Martha Beatriz Córdova Bernal, de MC, pero esta Presidencia saluda con muchísimo afecto a los alumnos de la Universidad Iberoamericana, plantel Laguna, Facultad de Derecho de Torreón, Coahuila, invitados nada más y nada menos que por el señor diputado Marcelo Torres Cofiño. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con el permiso de los diputados, las diputadas, señor presidente. Es necesario legislar en materia de donación de órganos, pero también es urgente contar con un marco jurídico adecuado, moderno, de obligada y fácil aplicación. Reconocemos que miles de enfermos están en espera de un riñón, hígado, córneas e incluso hasta un corazón.

Tal pareciera que las deficiencias del sistema legislativo, los tuviese destinados a una lenta pero segura muerte. Reconocemos que debemos de sumar esfuerzos para promocionar y concientizar a la mayor cantidad de ciudadanos que estén en condiciones para decidirlo y ayuden para que voluntariamente sean donadores de órganos.

Asimismo se establezca un marco jurídico que dé certeza al manejo de órganos, tejidos y sangre. Sin embargo dicho marco debe apegarse a la Constitución para que se garantice el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos.

El mal manejo de plasma residual para la obtención de hemoderivados, así como la exportación e importación de ellos, dicho más sencillo, la entrada de sangre al país para su fraccionamiento, vulnera la salud pública, ya que se procesan grandes cantidades de sangre para producir hemoderivados como la albúmina, la inmunoglobulina, factores de la coagulación , antitrombina tres, entre otros.

Con la maniobrabilidad de lo anterior se corre un alto riesgo de la propagación de diversos virus –como por ejemplo– el VIH, la hepatitis B y C, entre otros.

En la actualidad en México sólo se solicita el certificado de ausencia de virus en los hemoderivados que son importados. Si esto se amplía a la sangre, se corre el riesgo que certificados de otros países tengan bajos estándares de seguridad.

El plasma residual que es aquel remanente que se tiene en diversos centros de sangre, no cuenta con un proceso de colecta que dé certeza sobre su recolección y pruebas suficientes que otorguen los niveles de seguridad requeridos para evitar algún tipo de contagio de microbios al procesarse para obtener hemoderivados. En adición, es un concepto que no se incluye en la ley.

Se deben diferencias los niveles de seguridad entre la sangre recolectada para su trasfusión y aquella para hemoderivados.

El dejar a criterio de la secretaría los estándares de seguridad y pruebas requeridas, deja la puerta abierta a que sean estándares laxos y que no salvaguarden el derecho a la protección de la salud. Toda vez que en la mayoría de las clínicas y hospitales del país, no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para el manejo y almacenamiento de ella. Por esto y muchas otras razones, Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen, toda vez que no encuentra justificada su viabilidad.

Estos temas tan importantes para la salud de los mexicanos para el manejo de sangre debe ser aún más importante que todas las leyes que hemos querido regular aquí en materia energética, las que hoy se quieren discutir en materia de traslados de agua, créanme que este tema es mucho más importante para todos los mexicanos que todos estos intereses que se han venido viendo en este Congreso.

Debemos demostrar una responsabilidad mayor como legisladores para que no digan que en lugar de sangre en la venas, pareciera que tenemos agua o atole en las venas. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Doña María del Carmen Martínez Santillán, del PT, se le otorga el uso de la voz y le ruego me disculpe, no tenía conocimiento de su inscripción.

Esta Presidencia saluda muy cordialmente a alumnos de la preparatoria Universidad del Valle de México, campus Lago de Guadalupe, y a alumnos del Colegio Williams, plantel Mixcoac, ambos invitados por doña Gloria María del Carmen Valencia González y por doña Aleida Alavez Ruiz.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, tan monstruoso es el hecho de la trata de personas, la prostitución, entre muchas otras, como lo es el tráfico también de órganos. Lamentablemente ésta es una triste realidad en el mundo y aquí en México.

En días recientes hemos sido testigos del sinnúmero de advertencias publicadas en las redes sociales respecto de incrementar los niveles de precaución sobre el fenómeno cada vez más grande en nuestra sociedad sobre el tráfico de órganos.

Muchos autores han investigado sobre el tráfico de órganos a nivel mundial que han reconocido que las autoridades en cualquier lugar del planeta están rebasadas por incrementarse la capacidad de organización de los grupos criminales que entre sus principales medidas para recaudar dinero han encontrado en este sistema, que es el tráfico de órganos.

Por difícil que parezca, nuestro país ya está catalogado como uno de los primeros a nivel continente en el que se recurre a esta práctica, con mucho que nuestras autoridades lo nieguen es un problema que comienza a ser mella entre la población.

Los graves problemas de inseguridad en los que estamos viviendo tienden a generar otras vías para valerse del estado vulnerable en el que la sociedad se encuentra, particularmente aprovechándose de las debilidades que aún existen en las leyes.

Compañeras y compañeros, en ese sentido la minuta que se nos presenta tiene como propósito alcanzar facultades entre las diversas instituciones y dependencias sanitarias dedicadas al cuidado, protección y manejo de órganos humanos, particularmente de la seguridad sanguínea.

Con ello muchas de las instancias y centros dedicados al manejo de la sangre y de los órganos podrán realizar sus actividades en coordinación, con apego a las normas para su eficiente tratamiento y con una considerable prontitud y simplificación administrativa.

De esa manera muchos de los casos de abuso de autoridad o, en el extremo, la inmejorable oportunidad que tiene la delincuencia para poder lucrar con la necesidad de muchos comenzará a desaparecer debido a que el manejo de los órganos y de la sangre será una constante común y sin tanta pesadez para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su familia.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aplaudimos esta propuesta para fortalecer la regularización, el control y la vigilancia sanitaria de la sangre y regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral, incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos.

Es de reconocer el esfuerzo que el proponente y la colegisladora hacen en este documento, enfatizar en el altruismo, en la conciencia de las personas para hacer de la donación un evento totalmente humanitario en la ausencia del ánimo de lucro, de la disposición de la licencia y permisos considerados necesarios para el intercambio de información de la supervisión a nivel interinstitucional para el manejo de los diversos órganos, así como la estricta vigilancia sanitaria para el manejo de los mismos, hacer de esta propuesta una medida legal sin precedentes.

Se marca la pauta para trascender a nivel internacional para seguir el modelo de atención prioritario para el tratamiento de las personas, el manejo de la sangre y los órganos para su transfusión. Por lo anteriormente expuesto votaremos a favor de la presente minuta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchísimas gracias, diputada. Ahora viene doña María del Rosario Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Presidencia ahora sí les da la bienvenida a alumnos de la preparatoria de la Universidad de Valle de México, campos Lago de Guadalupe, invitados por nuestra muy apreciable compañera diputada doña Gloria del Carmen Valencia González. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con su venia, señor presidente. La transfusión de sangre, componentes sanguíneos y células madre es un recurso terapéutico que los médicos utilizan para contribuir al restablecimiento de la salud de sus pacientes desde que se descubrió el método a través del cual la sangre puede ser conservada para utilizarse después en transfusiones diferidas.

En el mundo se donan más de 80 unidades de sangre que ayudan a salvar una gran cantidad de vidas humanas. De la sangre se obtienen también otros productos como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que son utilizados en el tratamiento de un buen número de enfermedades. Es por esa razón que se estima que un solo donante puede salvar entre tres y cuatro vidas, sin embargo, en nuestro país de acuerdo a fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 30 y 40 pacientes de cada 100 mil mueren por falta de sangre.

México representa un déficit significativo en lo que respecta al tema de la sangre disponible para transfusiones, puesto que cada año se registran apenas un millón 700 mil donantes, cifra muy por debajo de los 5 millones de donaciones anuales que según cálculos de la Organización Mundial de la Salud necesita un país de más de 100 millones de habitantes, como el nuestro, para ser autosuficiente en este sentido.

Crear conciencia entre los mexicanos de lo conveniente que resulta donar sangre para un mejor funcionamiento de nuestro sistema de salud se ha convertido en un imperativo, sobre todo si consideramos que las conclusiones del XXXII Congreso Internacional de Transfusiones de Sangre, celebrado en 2012 en Cancún, Quintana Roo, señalan que la problemática de las cifras deficitarias en cuanto al volumen de sangre disponible en un país radica fundamentalmente en el poco arraigo que tiene en la sociedad la cultura de la donación.

La población mexicana que ha demostrado en múltiples ocasiones su altruismo y solidaridad, cuando quiere donar sangre se enfrenta a obstáculos como la falta de información, los mitos asociados a este acto, por ejemplo; que el proceso es doloroso, que se corre el riesgo de contagiarse por alguna enfermedad, o que quienes tienen tatuajes o perforaciones no pueden hacerlo, porque su sangre está contaminada.

Al final de cuentas lo único cierto es que el modelo actual de servicios de sangre no permite asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos ni una distribución adecuada de los mismos, pues la mayoría de los más de 500 bancos de sangre existentes en el país son en realidad ineficientes y poco productivos.

Por cierto, en Chiapas tenemos si no el mejor, uno de los mejores, no sólo del país sino de América Latina. Eso me da mucho orgullo.

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyamos el presente proyecto de reforma a la Ley General de Salud que pretende, por un lado, impulsar la realización de campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, sangre y tejidos para superar las cifras deficitarias que tenemos actualmente. Y, por otro lado, buscar instaurar un modelo que asegure la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso apropiado de la sangre y sus productos en el país, garantizando con ello la tranquilidad, tanto de los donantes como de los donatarios. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y por su participación también. Don José Ignacio Olvera Caballero, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado José Ignacio Olvera Caballero:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud diremos que el derecho a la salud establecido en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, significa que los estados y más concretamente los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, las condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano.

La donación de sangre es un abrazo de vida de un ser humano a otro ser humano. La disponibilidad de sangre segura, ha dicho la Secretaría de Salud, es un tema de orden público y de interés nacional, que aún constituye un gran desafío, pues falta mucho tiempo para que los sucedáneos artificiales de la sangre puedan reemplazar a la sangre humana.

Fortalecer la seguridad sanguínea bajo una perspectiva de autosuficiencia y cobertura universal, es medio indispensable para garantizar la protección a la salud. Sin embargo, a últimas fechas se ha denunciado que en diversas partes del país hay deficiencias en esta materia.

La Organización Mundial de la Salud, por otra parte, ha insistido en que la seguridad sanguínea es un tema de alta prioridad, por lo que ha impulsado la colaboración global para la seguridad sanguínea.

Entre otros aspectos, la OMS impulsa el establecimiento de servicios de transfusión sanguínea bien organizados y de coordinación nacional que cuenten con sistemas de calidad en todas las áreas.

La captación de sangre, solamente de donantes de sangre voluntarios y no remunerados, provenientes de poblaciones de bajo riesgo, la reducción de las transfusiones a través de un uso clínico apropiado de la sangre.

Y bien, atendiendo las preocupaciones de la Secretaría de Salud y siguiendo estas estrategias de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra el presente dictamen que el PRD apoyará con su voto.

Sin duda, ha habido importantes avances en materia de la regulación para la seguridad sanguínea, pero se requieren acciones urgentes para fortalecerla, toda vez que el acceso a la sangre es un derecho básico en el campo de la salud, es un asunto de equidad y responsabilidad, es sinónimo de vida.

Como bien se establece en este dictamen, se busca fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitaria de la sangre, tejido hemático con todos sus elementos, y regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral, incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componente sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos, sino también el beneficio clínico que las transfusiones provén.

Las transfusiones de sangre son elemento indispensable para salvar la vida y contribuir de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. En tal virtud, este dictamen también atiende el establecimiento de los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad a los productos sanguíneos a todos los ciudadanos.

Se establece que los servicios de sangre están constituidos por diversos establecimientos, a cuyo cargo estarán actividades relativas a la disposición de sangre. Y que se conformarán en la red de servicios de sangre compuesta o centros de colecta, bancos de sangre, centros de procesamiento de sangre, centros de calificación biológica, centros de distribución de sangre y componentes y servicios de transfusión.

Complementado lo anterior, la conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Y finalmente, la verificación sanitaria permanece en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios.

Se atiende con toda pulcritud al término de células troncales, que las formas más sencillas son aquellas que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente, sin perder sus propiedades y llegar a producir células especializadas.

Concluimos diciendo que el dictamen que nos ocupa, ante todo debe aplicarse en favor de los grupos sociales de menores recursos, de los más marginados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Ahora viene doña María Lucrecia Arzola Godínez, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada María Lucrecia Arzola Godínez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es para mí un honor estar aquí y hablar sobre este tema que para mí es muy importante, porque yo un día viví, como ser humano, mirar que en una noche se me iba un hermano muy querido porque no había sangre, no había sangre cruzada.

Muy triste porque soy médico y no podía hacer nada por él. No había sangre cruzada. Mi decisión como médico fue decir, sáquenle sangre al que sea y métanle sangre a mi hermano. Por eso, para mí es muy importante venir y tratar este tema y que se legisle.

Así que, compañeros, espero, yo creo que es un tema que no tenemos que discutir mucho, porque es un tema de mucha importancia para todos los mexicanos. Todos un día podemos necesitarla.

Resulta indiscutible la importancia de que se fortalezca la cultura de la donación altruista de sangre, a fin de satisfacer la demanda en beneficio de las miles de personas en las que a causa de una enfermedad o de un accidente, dicha una trasfusión es un asunto de vida o muerte.

Para ello las acciones legislativas deben consolidar el Sistema Nacional de Trasplantes, de modo que integre, vincule todos los componentes del Sistema Nacional de Salud para lograr que cada vez más personas accedan con mayor seguridad a una trasfusión sanguínea con la mayor efectividad posible.

En México, de acuerdo con el Inegi, menos del uno por ciento de los posibles donantes declararon haber realizado alguna acción voluntaria en organizaciones no lucrativas. Asimismo, afirma que las mujeres son más activas en servicios voluntarios, ya que aportan el 52.1 por ciento de las donaciones, mientras que los hombres solo aportan el 47.9 por ciento de ellas.

Para garantizar la eficacia del Sistema de Donación Altruista de Sangre, resulta fundamental que se garantice la transparencia en la disposición y la asignación de tejidos sanguíneos y sus derivados.

Resulta indispensable que la ley establezca de manera obligatoria, un sistema administrativo que procure el trazo en el registro del tejido sanguíneo y sus derivados con lo cual se pueda conocer en todo momento y de manera sencilla la ubicación de posibles donantes y de la sangre donada. Mi hermano no hubiera muerto si esto hubiera sucedido antes.

El dictamen que hoy se somete a discusión en este pleno propone que se incluya como objeto de la educación para la salud, la orientación y capacitación de la población acerca de la importancia de la donación de órganos, tejidos y células. Establece que la Secretaría de salud deberá llevar a cabo campañas permanentes sobre la importancia de la donación altruista de sangre y sus componentes para efecto de trasfusión y otros usos terapéuticos. Incluye definiciones que resultan fundamentales para la mejor regulación en materia de disposición del tejido sanguíneo y sus derivados.

Asimismo, prescribe que el funcionamiento de los establecimientos dedicados a proporcionar servicios de sangre requieran una licencia sanitaria. Concede al Centro Nacional de la Trasfusión Sanguínea, la facultad de controlar el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales.

Los diputados de Acción Nacional votaremos a favor de ese dictamen porque consideramos que puede significar el establecimiento de un conjunto de medidas que mejoren la expectativa y seguridad de protección a su salud, para aquellas personas que en cualquier momento puedan requerir de una transfusión o la aplicación de algunos derivados con fines terapéuticos. Es todo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Doña María de Jesús Huerta Rea, de Nuevo León, del PRI.

La diputada María de Jesús Huerta Rea:Posicionamiento sobre el dictamen de la Comisión de Salud que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de seguridad sanguínea. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladoras.

La Organización Mundial de la Salud enaltece la importancia de la transfusión de sangre toda vez que permite salvar a miles de vidas, por lo que considera que es de vital trascendencia que los servicios de salud procuren mantener un suministro adecuado de sangre segura y garantizar que se utilice como corresponde.

Además señala que sólo 62 países consiguen en un porcentaje cercano al 100 por ciento su suministro de sangre a partir de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que en 40 países siguen dependiendo de donaciones familiares y de no donantes que sí tienen que ser remunerados.

En nuestro país la Carta Magna establece como derecho humano la protección de la salud con el objeto de mejorar e incrementar el bienestar físico y mental de las personas. Por ello los servicios de salud comprenden todas las acciones que se realizan en beneficio de las personas y, por lo tanto, de todos los mexicanos como sociedad con miras a proteger, promover y restaurar la salud de los individuos y de la colectividad.

En el caso que nos ocupa, consideramos importante fortalecer las normas jurídicas tendientes a incrementar la seguridad, transfusión sanguínea en lo que abarca en una forma integral conceptos como disponibilidad, acceso, oportunidad –y sobre todo seguridad– en la trasfusión de sangre, promoviendo una cultura de la donación y los beneficios que traen aparejados.

En esta tribuna tenemos que recalcar que la materia de donación, los datos que nos da la Cruz Roja, son muy lamentables. La donación de sangre está por debajo de 10 donaciones por cada 100 mil habitantes. Es menester acentuar que la donación de sangre de una persona puede salvar la vida de tres personas.

Resaltando también que el varón puede donar hasta cuatro veces al año sangre, y las mujeres únicamente tres veces al año podemos donar sangre. Por ello los legisladores integrantes del grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de seguridad sanguínea, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos.

Esto es así, ya que apoyamos que la Secretaría de Salud en coordinación con las instituciones públicas del sistema nacional de salud, con los gobiernos y entidades federativas, lleven a cabo campañas permanentes de concientización sobre la donación de sangre y sus componentes, para efecto de transfusiones y de otros usos terapéuticos.

Tenemos las herramientas jurídicas para el beneficio de la salud de las personas, sólo falta adecuarlas al momento actual de la sociedad. Por eso votamos porque se especifiquen en las normas jurídicas qué es lo que se entiende por células troncales, sangre, plasma, tejido, trasfusión, entre otros conceptos que este dictamen tienen a bien especificar para el conocimiento de la población.

Compañeras y compañeros legisladores, necesitamos acciones tendientes e incrementar la cultura de la donación; pero también necesitamos garantizar a las personas que la transfusión sanguínea sea segura, con las licencias necesarias, el equipo, la infraestructura e insumos adecuados para realizarlas.

Sin duda con la aprobación de este presente dictamen, contribuiremos a salvar miles de vidas permitiendo aumentar la esperanza y la calidad de vida de todos los mexicanos. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña María de Jesús. Tiene ahora para hablar en pro, el uso de la voz hasta por tres minutos Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, en realidad es obvio que estamos en pro de aumentar la seguridad sanguínea de nuestro país. El motivo de estar en esta tribuna, más allá de hablar en pro, es para externar, para hacer patente una reserva que deseamos presentar algunos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El artículo 317 del dictamen que estamos analizando en su segundo párrafo dice: en el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con fines terapéuticos. Se está hablando en este artículo del traslado de sangre, de plasma, de hemoderivados de nuestras fronteras hacia otras latitudes y viceversa.

Nosotros tenemos esta reserva porque vemos dos cosas que son importantes desde nuestro punto de vista. En primer lugar el pretender hacer hemoderivados a partir de plasma residual.

Para quienes no conocemos el tema lo diré de manera muy coloquial, el plasma residual es lo que queda –como su nombre lo dice– del desecho, lo que no se utiliza de ciertas transfusiones específicas como por ejemplo cuando se trata de plaquetas.

Entonces este plasma residual, en la mayoría de los casos recibe un tratamiento biológico pero tendiente a su eliminación. Nos parece que en todo caso los hemoderivados tienen que hacerse a partir no de un plasma residual sino de un plasma que tenga calidad y que tenga importantes estándares de sanidad.

Y por otro lado, se abre la puerta para el traslado, para el ingreso a nuestro país de hemoderivados presuntamente a partir de este plasma residual que enviaremos al exterior, pero que nos parece grave porque no todos los países tienen los mismos niveles de cuidado en la toma de las muestras de sangre, en las transfusiones que se realizan, y nos parece que sería muy riesgoso para el país dejar abierta esa posibilidad.

Por eso es que nosotros estamos, compañeras y compañeros, sugiriendo que se suprima este segundo párrafo que se le pretende incorporar al artículo 317 del dictamen que estamos analizando.

Y pondré nada más un ejemplo de lo que ha sucedido en otros países: tenemos el caso de Francia, donde allí un ex ministro de salud, de nombre Edmund Erde, quien fue juzgado allá por los años 90 porque fue responsable en los años 84 y 85 de no haber puesto el cuidado necesario y hubo una proliferación de enfermos de VIH y de otras enfermedades que se contaminaron a partir de transfusiones que estaban, como ustedes suponen, contaminadas, eran transfusiones sanguíneas realizadas con sangre contaminada y por el uso de productos antihemofílicos elaborados con lotes sanguíneos a los que no se les aplicó ningún mecanismo de control. Tres cosas encontraron los jueces en aquel momento que no se habían cuidado:

1. La ausencia de selección de donadores de sangre,

2. El retraso en la aplicación de la detección sistemática del virus del SIDA, y

3. El retraso en la desactivación del VIH mediante el calentamiento de los productos antihemofílicos.

Y, si ya hay en la experiencia en otros países, que incluso son potencias mundiales, en que hubo casos que no se dio un tratamiento adecuado a la sangre y a los productos derivados, creo que tendríamos que ser cuidadosos en México de no abrir esta puerta. Hemos tenido afortunadamente hasta este momento medidas atinadas que han preservado la salud de nuestra población, sobre todo de quienes requieren transfusiones.

Nuestra respetuosa sugerencia es que sigamos cerrando la puerta a este intercambio y a esta entrada de productos hemoderivados o de plasma residual hacia nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

«Diputado Tomás Torres Mercado, Presidente en funciones  de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar la siguiente reserva al 317 del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que presenta la Comisión de Salud, para quedar como sigue:

Texto del dictamen

Artículo 317. ...

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.

En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su procedimiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con fines terapéuticos.

No hay correlativo.

Propuesta de modificación

Artículo 317. ...

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.

Se suprime.

En ningún caso podrán introducirse al territorio nacional sangre o sus componentes con fines de procesamiento para obtención de hemoderivados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El señor diputado don Marcos Rosendo Medina Filigrana ha dejado en su intervención una reserva de omisión, luego entonces pregunte la Secretaría a la asamblea, en tanto que estamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Rechazada. Queda en sus términos. Finalmente son Simón Lomelí Cervantes, del PAN, tiene el uso de la voz hasta por tres minutos. Como una llamada de teléfono.

El diputado Simón Lomelí Cervantes:Con su permiso, señor presidente, buenas tardes. Posicionamiento a favor de las modificaciones a la Ley General de Salud en materia de seguridad sanguínea. El dictamen proviene de una minuta que viene del Senado a iniciativa presentada por el senador doctor Fernando Enrique Máyans, del PRD.

Se pretende fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitaria de la sangre, sus derivados y órganos de trasplantes. Se insiste en esta reforma en la seguridad de la sangre y sus derivados, de tal manera que no cause infección en el paciente que la recibe. Se insiste en mejorar el sistema de recolección de bancos de sangre y de centros de procesamiento de la misma.

La Secretaría de Salud será la rectora de todo este sistema de salud y de seguridad sanguínea. La supervisión del sistema de seguridad sanguínea estará a cargo del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y del Centro Nacional de Trasplantes en el caso de los órganos para trasplante. Estas modificaciones serán en beneficio de todos los mexicanos. Se definen algunos términos como el de células troncales.

La donación de un órgano puede mejorar la vida de una persona y la trasfusión de sangre o sus derivados puede salvar la vida de los pacientes, pero podemos salvar más vidas destinando mejor los recursos a la materia que es la salud y no endeudándonos como los gobernadores como los Duarte, de Veracruz; el Duarte de Chihuahua y sobre todo mi paisano, Rodrigo Medina, que con una deuda cercana a los 120 mil millones...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, estamos hablando de sangre y no venga a verterla a la tribuna. Le ruego concluir.

El diputado Simón Lomelí Cervantes:... una deuda cercana a los 120 mil millones de pesos, si la hubiera dado una gran parte a salud otro gallo nos cantaría. Por lo tanto pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Buena tarde.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Buenas tardes, y le recuerdo que el iniciante es el senador Mayans, no Máyans.

Habiendo concluido los oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a alumnos del nivel secundaria Naucalpan, estado de México, invitados por nuestra muy apreciable compañera Aurorita de la Luz Aguilar Rodríguez.

Y Alumnos de la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad, plantel Tlalnepantla, invitados por nuestro muy apreciable compañero, el señor diputado don Luis Ricardo Aldana Prieto. Sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo(desde la curul): A favor.

La diputada Ofelia Limón Robles (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño(desde la curul): En contra.

El diputado José Martín López Cisneros(desde la curul): A favor.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: ¿Algún diputado o alguna diputada que falte por emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 348 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de seguridad sanguínea. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 11 de octubre de 2011, los diputados Miguel Antonio Osuna Millán y María Dolores del Río Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Rodrigo Reina Liceaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y María del Pilar Torre Canales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de la LXI Legislatura, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de bebidas alcohólicas.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 8 de diciembre de 2011, se emitió declaratoria de publicidad.

3. El pasado 8 de diciembre de 2011 se presenta dictamen a discusión el proyecto de decreto aprobado por 304 votos en pro, 2 en contra y 1 abstención. Pasó a la Cámara de Senadores para efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta en comento es recibida en Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2011.

5. Se presenta dictamen de primera lectura el 10 de abril de 2014.

6. El Dictamen a discusión fue presentado el 22 de abril de 2014 con proyecto de decreto aprobado por 85 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)

7. En sesión celebrada con fecha 28 de abril de 2014, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con oficio del Senado de la República por el que devuelve el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha minuta fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

Modificar el nombre del Programa contra el Alcoholismo para quedar como Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol. Sustituir las expresiones “niños, adolescentes”, “obreros y campesinos” por “menores de edad” y “grupos vulnerables”. Prever como acciones del Programa, la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, y el fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad; para lo cual, se tendrán en cuenta entre otros aspectos, la vulnerabilidad de la población, por género, edad y etnicidad, la vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los sectores y niveles de gobierno involucrados. Establecer lo que se debe entender por uso nocivo del alcohol. Señalar las facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol. Aplicar multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente, a quien induzca, propicie, venda o suministre a menores de edad o personas incapaces, mediante cualquier forma, bebidas alcohólicas.

Ley General de Salud

Proyecto de decreto aprobado en la Cámara de Diputados

Artículo 3o. ...

I. a XVIII. ...

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol;

XX. a XXVIII. ...

Artículo 17 Bis. ...

...

I. a XIII. ...

Para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden conforme a las fracciones VI, VII, VIII y X, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá auxiliarse de los informes, evaluaciones o dictámenes técnicos que para tal efecto emitan el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y demás áreas sustantivas de la Secretaría de Salud, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme lo determine el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, para lo cual el personal de dichas áreas podrán realizar actos de verificación, conforme a lo que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional Contra las Adiciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula la presente ley, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los Artículos 185 y 191 de esta Ley, así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del Consejo.

...

Capítulo IIPrograma para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. ...

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, y

V. El fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Artículo 185 Bis. Para efectos de esta ley, se entenderá por uso nocivo del alcohol:

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad;

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas;

III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros;

IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo;

V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica;

VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud.

Artículo 185 Bis 1. Las acciones que se desarrollen en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera;

II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad o por personas incapaces, en términos del Código Civil Federal;

III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y de su dependencia;

IV. Fomentar las acciones de promoción y de educación para conservar y proteger la salud, así como la difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol, con base en evidencia científica;

V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos vulnerables, y

VI. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de programas y políticas públicas contra el uso nocivo del alcohol, basadas en evidencia y en experiencia aplicada.

Artículo 185 Bis 2. Para la ejecución del Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, la Secretaría de Salud promoverá que en los establecimientos públicos, privados y sociales del Sistema Nacional de Salud, en los que se presten servicios de prevención y atención contra el uso nocivo del alcohol, se realicen las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud y de estilos de vida activa y saludable; para prevenir y combatir el uso nocivo del alcohol;

II. La prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, derivación, tratamiento efectivo y rehabilitación del individuo, a causa del uso nocivo del alcohol y de los padecimientos originados por él, evitando toda forma de estigmatización y discriminación;

III. El fomento de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil, para miembros de la familia y otros miembros de la comunidad que pudieran resultar afectados directa o indirectamente por dicho uso nocivo;

IV. La educación que promueva el conocimiento sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida a la población en general, especialmente a la familia, niñas, niños, y adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables;

V. El establecimiento de un sistema de monitoreo interno y un programa de seguimiento y evaluación de metas y logros internos del Programa para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol que incluya al menos el uso nocivo del alcohol, las conductas relacionadas al uso nocivo del alcohol y su impacto en la salud, y

VI. El fomento a la aplicación de intervenciones breves; de servicios de cesación y otras opciones terapéuticas que ayuden a dejar de beber alcohol en forma nociva, combinadas con consejería, grupos de ayuda mutua y apoyo terapéutico a familiares.

Artículo 186. La Secretaría de Salud fomentará las actividades de investigación que permitan obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en los siguientes aspectos:

I. a IV. ...

Artículo 186 Bis. Para poner en práctica las acciones del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

I. El uso de la evidencia científica acumulada a nivel internacional y nacional y la generación del conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol, intervenciones efectivas y evaluación de programas o estrategias;

II. La vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, edad y etnicidad, y

III. La vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los sectores y niveles de gobierno involucrados.

Capítulo II BisProtección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol

Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

II. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud;

III. Proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol, y

IV. Promover ante las autoridades competentes federales y de las entidades federativas, la implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros, tales como:

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol;

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo.

Artículo 187 Bis 1. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

Los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación deberán:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.

La ubicación de los centros, se basará en estudios epidemiológicos de las enfermedades derivadas del alcoholismo en cada región del país.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 187 Bis, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables.

Tercero. La federación y las entidades federativas contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo.

Cuarto. Las autoridades competentes financiarán las acciones derivadas del cumplimiento del presente decreto con los recursos que anualmente se prevean en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin menoscabo de los recursos que para tales efectos aporten las entidades federativas.

Proyecto de decreto aprobado en la Cámara de Senadores

Artículo 3o. ...

I. a XVIII. ...

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol;

XX. a XXVIII. ...

(Se elimina el párrafo último propuesto al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud.)

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional Contra las Adiciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula la presente ley, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los Artículos 185 y 191 de esta Ley, así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del Consejo.

...

Capítulo IIPrograma para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. ...

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, y

V. El fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Artículo 185 Bis. Para efectos de esta Ley, se entenderá por uso nocivo del alcohol:

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad;

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas;

III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros;

IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo;

V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica;

VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud.

Artículo 185 Bis 1. Las acciones que se desarrollen en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera;

II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad o por personas incapaces, en términos del Código Civil Federal;

III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y de su dependencia;

IV. Fomentar las acciones de promoción y de educación para conservar y proteger la salud, así como la difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol, con base en evidencia científica;

V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos vulnerables, y

VI. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de programas y políticas públicas contra el uso nocivo del alcohol, basadas en evidencia y en experiencia aplicada.

Artículo 185 Bis 2. Para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, la Secretaría de Salud promoverá que en los establecimientos públicos, privados y sociales del Sistema Nacional de Salud, en los que se presten servicios de prevención y atención contra el uso nocivo del alcohol, se realicen las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud y de estilos de vida activa y saludable; para prevenir y combatir el uso nocivo del alcohol;

II. La prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, derivación, tratamiento efectivo y rehabilitación del individuo, a causa del uso nocivo del alcohol y de los padecimientos originados por él, evitando toda forma de estigmatización y discriminación;

III. El fomento de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil, para miembros de la familia y otros miembros de la comunidad que pudieran resultar afectados directa o indirectamente por dicho uso nocivo;

IV. La educación que promueva el conocimiento sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida a la población en general, especialmente a la familia, niñas, niños, y adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables;

V. El establecimiento de un sistema de monitoreo interno y un programa de seguimiento y evaluación de metas y logros internos del Programa para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol que incluya al menos el uso nocivo del alcohol, las conductas relacionadas al uso nocivo del alcohol y su impacto en la salud, y

VI. El fomento a la aplicación de intervenciones breves; de servicios de cesación y otras opciones terapéuticas que ayuden a dejar de beber alcohol en forma nociva, combinadas con consejería, grupos de ayuda mutua y apoyo terapéutico a familiares.

Artículo 186. La Secretaría de Salud fomentará las actividades de investigación que permitan obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en los siguientes aspectos:

I. a IV. ...

Artículo 186 Bis. Para poner en práctica las acciones del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

I. El uso de la evidencia científica acumulada a nivel internacional y nacional y la generación del conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol, intervenciones efectivas y evaluación de programas o estrategias;

II. La vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, edad y etnicidad, y

III. La vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los sectores y niveles de gobierno involucrados.

Capítulo II BisProtección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol

Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

II. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud;

III. Proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol, y

IV. Promover ante las autoridades competentes federales y de las entidades federativas, la implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros, tales como:

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol;

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo.

Artículo 187 Bis 1. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

Los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación deberán:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.

La ubicación de los centros, se basará en estudios epidemiológicos de las enfermedades derivadas del alcoholismo en cada región del país.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 187 Bis, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables.

Tercero.Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

(Se elimina)

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades.

El alcohol afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras, y sus efectos están determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos de consumo y, en raras ocasiones, la calidad del alcohol. En 2012, unos 3.3 millones de defunciones, o sea el 5.9 por ciento del total mundial, fueron atribuibles al consumo de alcohol.

Además, el consumo nocivo de alcohol puede perjudicar a otras personas, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y económica considerable para el conjunto de la sociedad.

Tercera. El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito.

Recientemente se han establecido relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida.

El consumo de alcohol por parte de una embarazada puede provocar síndrome alcohólico fetal y complicaciones prenatales. Una proporción importante de la carga de morbilidad y la mortalidad atribuibles al uso nocivo del alcohol corresponde a los traumatismos, sean o no intencionados, en particular los resultantes de accidentes de tránsito, actos de violencia y suicidios.

Los traumatismos mortales atribuibles al consumo de alcohol tienden a afectar a personas relativamente jóvenes.

Tanto en el plano individual como en el social, se han identificado diversos factores que influyen en los niveles y hábitos de consumo de alcohol, así como en la magnitud de los problemas relacionados con el alcohol en las comunidades.

Los factores ambientales incluyen el desarrollo económico, la cultura y la disponibilidad de alcohol, así como la globalidad y los niveles de aplicación y cumplimiento de las políticas pertinentes. Para un nivel o hábito de consumo dado las vulnerabilidades de una sociedad podrían tener efectos diferenciales similares a los producidos en diferentes sociedades.

Si bien no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables converjan en una persona, más probable será que esa persona desarrolle problemas relacionados con el alcohol como consecuencia del consumo de alcohol.

Los efectos del consumo de alcohol sobre los resultados sanitarios crónicos y graves de las poblaciones están determinados, en gran medida, por dos dimensiones del consumo de alcohol separadas, aunque relacionadas, a saber:

• el volumen total de alcohol consumido, y

• las características de la forma de beber.

El contexto de consumo desempeña un papel importante en la aparición de daños relacionados con el alcohol, en particular los asociados con los efectos sanitarios de la intoxicación alcohólica y también, en muy raras ocasiones, la calidad del alcohol consumido.

El consumo de alcohol puede tener repercusiones no sólo sobre la incidencia de enfermedades, traumatismos y otros trastornos de salud, sino también en la evolución de los trastornos que padecen las personas y en sus resultados.

En lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad, así como a los niveles y hábitos de consumo de alcohol, existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones atribuibles al consumo de alcohol entre los hombres asciende al 7.6 por ciento de todas las defunciones, comparado con el 4 por ciento entre las mujeres.

En 2010, el consumo total de alcohol per cápita en todo el mundo registró un promedio de 21.2 litros de alcohol puro entre los hombres, y 8.9 litros entre las mujeres.

Cuarta. Es necesario mencionar que, la Ley General de Salud contempla como materia de salubridad general, el programa de alcoholismo que ha dado como resultado que el Ejecutivo federal lleve acciones vinculadas con el alcoholismo, que no es lo mismo que el uso nocivo del alcohol, es por ello que dicha propuesta es viable debido a que la prevención, reducción y tratamiento debe ser una nueva estrategia a plantear en las políticas públicas debido a que actualmente una de las principales causas de muertes prevenibles asociadas con violencia y accidentes automotrices, afecta las relaciones personales y puede afectar la habilidad de una persona de mantener un empleo. Además, el consumo excesivo de alcohol puede ocasionar graves problemas de salud, incluyendo daño al hígado y al cerebro.

Existen cinco razones cruciales para considerar al alcohol una urgente prioridad de salud pública. Estas son:

1. muertes relacionadas con el alcohol

2. consumo de alcohol

3. patrones de consumo de alcohol

4. trastornos por el uso de alcohol

5. el alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de morbilidad.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, persigue la finalidad de reducir la carga de morbilidad causada por el consumo nocivo de alcohol y, en consecuencia, salvar vidas, prevenir traumatismos y enfermedades y mejorar el bienestar de las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto.

La OMS pone el acento en la elaboración, comprobación y evaluación de intervenciones rentables contra el consumo nocivo de alcohol, así como en la generación, recopilación y divulgación de información científica acerca del consumo y la dependencia del alcohol con las consecuencias sanitarias y sociales del caso.

En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que hace suya la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol y por la que insta a los países a que fortalezcan las respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por dicho uso.

La estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol representa un compromiso colectivo de los Estados miembros de la OMS para aplicar constantemente medidas enderezadas a reducir la carga mundial de morbilidad causada por el consumo nocivo. La estrategia incluye políticas e intervenciones de base científica que pueden proteger la salud y salvar vidas si se aplican correctamente.

También incluye una serie de principios por los que debe guiarse la elaboración y ejecución de las políticas; además, establece las esferas prioritarias para la actuación mundial, recomienda objetivos concretos del programa de acción nacional y otorga un sólido mandato a la OMS para que fortalezca las actuaciones a todos los niveles.

Quinta. Con respecto a la reforma de artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, se considera inviable que se integre un segundo párrafo al artículo en comento, que establezca que “la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, podrá auxiliarse de los informes, evaluaciones o dictámenes técnicos que para el efecto emitan el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones” y los demás órganos administrativos que se mencionan.

Además de que de acuerdo con el artículo 17 Bis 1 de la misma Ley General de Salud, la Cofepris posee autonomía administrativa, técnica y operativa, por lo que no se podría obligar, si fuera el caso, a atender los informes, evaluación y dictámenes a que se hace referencia.

En cuanto a que las áreas sustantivas puedan realizar actos de verificación, es necesario recordar que antes de la creación de la Cofepris, era a través de dichas áreas como la Secretaría de Salud efectuaba sus funciones de vigilancia y control. Fue uno de los objetivos de creación de la Cofepris la concentración de dichas funciones para generar mayor certeza jurídica en los actos de verificación a favor de la ciudadanía y para tener un mayor control administrativo.

Sexta. Los integrantes de la comisión de salud, consideran que esta reforma es de gran importancia ya que propone dar un enfoque integral a la atención y prevención del uso nocivo del alcohol, aprovechando la infraestructura normativa y operativa ya existente en materia de salubridad general, desde una vigilancia epidemiológica, como acciones de prevención y promoción de la salud, así también vigilancia y control sanitarios.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o, fracción XIX; 184 Bis, primer párrafo; 185, primer párrafo y fracción II; 186, primer párrafo y la denominación del capítulo II del Título Décimo Primero; se adicionan las fracciones IV y V al artículo 185; los artículos 185 Bis, 185 Bis 1, 185 Bis 2 y 186 Bis; un Capítulo II Bis al Título Décimo Primero, que se denominará “Protección de la Salud de Terceros y de la Sociedad frente al uso nocivo del Alcohol”, con los artículos 187 Bis y 187 Bis 1 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XVIII. ...

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol;

XX. a XXVIII. ...

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional Contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula la presente ley, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 185 y 191 de esta Ley, así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del consejo.

...

Capítulo IIPrograma para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. ...

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol; y

V. El fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Artículo 185 Bis. Para efectos de esta Ley, se entenderá por uso nocivo del alcohol:

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad;

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas;

III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros;

IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo;

V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica, y

VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud.

Artículo 185 Bis 1. Las acciones que se desarrollen en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera;

II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad o por personas incapaces, en términos del Código Civil Federal;

III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y de su dependencia;

IV. Fomentar las acciones de promoción y de educación para conservar y proteger la salud, así como la difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol, con base en evidencia científica;

V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos vulnerables; y

VI. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de programas y políticas públicas contra el uso nocivo del alcohol, basadas en evidencia y en experiencia aplicada.

Artículo 185 Bis 2. Para la ejecución del Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, la Secretaría de Salud promoverá que en los establecimientos públicos, privados y sociales del Sistema Nacional de Salud, en los que se presten servicios de prevención y atención contra el uso nocivo del alcohol, se realicen las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud y de estilos de vida activa y saludable, para prevenir y combatir el uso nocivo del alcohol;

II. La prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, derivación, tratamiento efectivo y rehabilitación del individuo, a causa del uso nocivo del alcohol y de los padecimientos originados por él, evitando toda forma de estigmatización y discriminación;

III. El fomento de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil, para miembros de la familia y otros miembros de la comunidad que pudieran resultar afectados directa o indirectamente por dicho uso nocivo;

IV. La educación que promueva el conocimiento sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida a la población en general, especialmente a la familia, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables;

V. El establecimiento de un sistema de monitoreo interno y un programa de seguimiento y evaluación de metas y logros internos del Programa para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol que incluya al menos el uso nocivo del alcohol, las conductas relacionadas al uso nocivo del alcohol y su impacto en la salud; y

VI. El fomento a la aplicación de intervenciones breves; de servicios de cesación y otras opciones terapéuticas que ayuden a dejar de beber alcohol en forma nociva, combinadas con consejería, grupos de ayuda mutua y apoyo terapéutico a familiares.

Artículo 186. La Secretaría de Salud fomentará las actividades de investigación que permitan obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en los siguientes aspectos:

I. a IV. ...

Artículo 186 Bis. Para poner en práctica las acciones del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

I. El uso de la evidencia científica acumulada a nivel internacional y nacional y la generación del conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol, intervenciones efectivas y evaluación de programas o estrategias;

II. La vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, edad y etnicidad; y

III. La vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los sectores y niveles de gobierno involucrados.

Capítulo II BisProtección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol

Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

II. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud;

III. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol; y

IV. Promover ante las autoridades competentes federales y de las entidades federativas, la implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros, tales como:

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol, y

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo.

Artículo 187 Bis 1. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

Los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación deberán:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen; y

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.

La ubicación de los centros, se basará en estudios epidemiológicos de las enfermedades derivadas del alcoholismo en cada región del país.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 187 Bis, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables.

Tercero. Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

Nota:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/. Organización Mundial de la Salud.

Nota descriptiva número 349, mayo de 2014.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen, hasta por cinco minutos, el muy apreciable diputado don Mario Alberto Dávila Delgado.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Con su venia, diputado presidente, diputadas y diputados. El uso nocivo del alcohol es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad prematura y a la carga de enfermedades evitables en todo el mundo.

El concepto de uso nocivo de alcohol abarca diversos aspectos del fenómeno de la bebida, uno de ellos es el volumen que se ingiere durante toda la vida y que provoca un efecto acumulativo y daños. El otro efecto es el que se produce de una manera aguda y de estos los más importantes son los accidentes más frecuentemente de tipo automovilístico que provocan muchas lesiones a los ciudadanos y en algunas ocasiones la muerte.

También produce otras alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel hepático y también se relacionan con algunos tipos de cánceres. También está relacionado con alteraciones a nivel social como problemas familiares, como problemas laborales y por supuesto problemas de salud.

El uso nocivo de alcohol viene asociado a un gran número de fenómenos sociales como son delitos, violencia, desempleo, ausentismo laboral y también genera grandes daños en lo económico a las familias, a la sociedad y al país. La carga atribuible al alcohol es en gran medida evitable, por eso es que con datos que se tienen actualmente en el país de todos los daños que produce el alcohol, es motivo por el cual la Comisión de Salud está solicitando a ustedes que este tema de gran importancia lo podamos abordar, y solicitamos que las modificaciones que estamos solicitando en varios artículos sean votadas a favor.

Los artículos que se están modificando son el 3o, fracción XIX; el 184 Bis, primer párrafo; el 185, primer párrafo, fracción II; el 186, primer párrafo; y la denominación del capítulo segundo del título décimo primero. Se adicionan además fracciones IV y V al artículo 185; los artículos 185 Bis, 185 Bis-1, 185 Bis-2 y 186 Bis. Un capítulo dos Bis al título décimo primero; además a los artículos 187 Bis y 187 Bis-1 a la Ley General de Salud.

Las presentes reformas pueden modificar o deben de modificar el nombre del programa contra el alcoholismo para quedar como programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo de alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo de alcohol.

Sustituir las expresiones niños adolescentes, obreros y campesinos por menores de edad y grupos vulnerables. Prever como acciones del programa la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas con uso nocivo del alcohol y el fomento de la protección de la salud considerando la educación, la promoción de buenas actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa positivos en las familias, en las escuelas, en el trabajo y la comunidad en general.

Por lo cual se tendrán que tomar en cuenta otros aspectos. La vulnerabilidad de la población por género, por edad, por etnicidad, la vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre sectores y niveles de gobiernos involucrados.

Establecer lo que se debe entender por el uso nocivo de alcohol, señalar las facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol.

Aplicar multa equivalente de 100 a mil días de salario mínimo general vigente a quien introduzca, propicie, venda o suministre a menores de edad o personas incapaces –mediante cualquier forma– bebidas alcohólicas.

Es por eso que solicitamos su voto a favor, compañeras diputadas y diputados. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputado Mario Dávila.

Está a discusión en lo general el presente dictamen. Por tal motivo le damos la palabra al diputado Alfonso Durazo Montaño, para fijar la postura de su agrupación. Adelante, diputado. Hay un cambio de orador y va a intervenir la diputada Loretta Ortiz, a nombre de su agrupación política. Tiene usted la palabra, diputada, hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, Morena votará a favor del presente dictamen. Es una regulación bastante detallada la que nos está presentando el dictamen, acorde con los estándares internacionales y el derecho comparado de otros países en cuanto al tratamiento de esa enfermedad que es el alcoholismo.

Cabe llamar la atención del dictamen dentro de las múltiples disposiciones que se nos presentan en el mismo, la cuestión de una educación que promueva el conocimiento sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida a la población en general, especialmente a la familia, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables.

Desgraciadamente el problema o la enfermedad del alcoholismo no se ha atendido a través de los medios de comunicación, y con ello hacer una campaña preventiva para precisamente cuidar la salud de la población en general y sobre todo no solamente la salud de los que están enfermos de alcoholismo, sino los efectos nocivos que pueden –a raíz de esta enfermedad de una persona– verse afectada toda una familia, en especial las niñas, los niños y los adolescentes.

Enhorabuena que se adopte este dictamen. Los de Morena nos congratulamos de que se tomen esta serie de disposiciones. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra ahora al diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Partido Nueva Alianza, con un tiempo de cinco minutos.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con su permiso, diputada presidente. En México alrededor del 40 por ciento de las muertes violentas en accidentes, suicidios u homicidios están relacionados con el consumo del alcohol, pero este fenómeno no se circunscribe sólo a esos escenarios. De cada 100 personas, 66 consumen algún tipo de producto alcohólico; seis de ellos ya son dependientes o alcohólicos y lo más alarmante es que 17 de cada 100 son jóvenes de 12 a 18 años, mismos que refieren un comportamiento errático, hostil y agresivo con su familia o amigos por el consumo de bebidas alcohólicas.

Esta sustancia es capaz de producir hábito y por la facilidad del consumo figura entre los principales problemas de salud pública del mundo dada su alta propensión, alterar el funcionalismo de órganos y sistemas, así como la destrucción de tejidos provocando graves trastornos hepáticos, cerebrales o fetales, entre muchos otros.

Asimismo, por su fácil acceso, es la primera sustancia enervante de consumo de todos los sectores de la población mexicana, como ha revelado la Encuesta Nacional de Adicciones. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos proporciona elementos de análisis que debemos considerar para diseñar políticas públicas efectivas que conlleven a disminuir el alto grado de consumo en el país.

Nos preocupa de sobremanera que sean los niños y adolescentes con un mayor patrón de consumo inicial, ya que es, entre los 12 y los 18 años la edad que se tiene el primer contacto con el alcohol.

Resulta por demás alarmante el incremento de mujeres que ingirieron de manera diaria, semanal, mensual u ocasional más de dos copas de alcohol, aumentando esta proporción de un 18.5 por ciento en el 2006 a un 41.3 por ciento, según se observa también en la última medición realizada en el año de 2012.

También es pertinente señalar que el daño potencial del consumo de alcohol aumenta a medida que se suman otros factores de riesgo como conducir, tener sexo sin protección, consumir otras sustancias psicoactivas o la adopción de conductas violentas.

El abuso y dependencia del alcohol no sólo es una enfermedad psicológica, sino que provoca trastornos socioculturales que trascienden al individuo y genera importantes daños a nivel social, por ello la Secretaría de Salud ha impulsado programas para la prevención y atención del alcoholismo.

Si bien esas medidas han logrado algunos objetivos en materia de protección de la salud de las mexicanas y de los mexicanos, la realidad es que estamos ante un panorama nacional que nos obliga a transformar ese enfoque y transitar hacia un modelo de tratamiento integral destinado a la prevención y atención al abuso del alcohol, y no sólo los efectos del alcoholismo en la población.

Estamos de acuerdo con estas reformas de ley general de salud porque se fortalecen los instrumentos normativos en la materia, y ello permitirá que las autoridades gubernamentales responsables del sector instrumenten políticas públicas eficientes y eficaces desde una perspectiva integral, educativa y preventiva.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos la importancia que tiene la salud de las mexicanas y de los mexicanos para lograr un verdadero bienestar social. Resulta insuficiente establecer en las normas principios y derechos sociales si estos no se materializan en políticas y programas que prevengan enfermedades como el alcoholismo.

Disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas no es un asunto moral, de lo que está bien o mal, es un tema de salud pública. Somos respetuosos de la libertad de cada persona que decide el consumo, la frecuencia y cantidad de alcohol que ingiere, pero es obligación de las instituciones diseñar programas efectivos de prevención que alerten a la población de las consecuencias físicas, sociales, familiares y hasta económicas de un consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Las libertades traen consigo responsabilidades personales y familiares, pero también con la sociedad por las consecuencias que tienen la vida de otras personas. El alcoholismo no sólo afecta el cuerpo y la mente de las personas, tiene consecuencias con su entorno y perjudica la convivencia social. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado.

Vamos a tomar un tiempo para saludar a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Veracruz, que aquí nos acompañan y fueron invitados por el diputado Gaudencio Hernández Burgos. Sean ustedes bienvenidos.

También saludamos a alumnos de la preparatoria oficial 114, de Cuautitlán Izcalli, del estado de México, invitados por la diputada Leonor Romero Sevilla, que aquí nos acompaña. Sean bienvenidos también.

Vamos a darle la palabra a la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo para posicionar a su Grupo Parlamentario, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, es de todos conocido que México está ubicado como un país en el que sólo se describen hombres ebrios y mujeres con una túnica humilde, con rasgos provincianos sujeta al criterio que marque su acompañante masculino. En otras palabras, frente a otras culturas actuales en el mundo aún se mantiene la imagen característica de una idiosincrasia equivocada respecto al hombre macho y tomado y una mujer sumisa y abnegada.

Es rotundamente falsa esta idea o imagen de quienes somos habitantes de esta gran nación, sin embargo, faltan cosas en las que podemos mejorar y mostrar al mundo que en realidad estamos muy por encima de muchos. El contraste lo tenemos que hacer con mérito y no con buenos deseos.

En la minuta que se nos presenta se describe con mucho detenimiento la diferencia entre los conceptos de alcoholismo y el uso nocivo de alcohol, y en este sentido coincidimos con el planteamiento señalado, pero desde esta tribuna queremos dejar en claro que por muchas modificaciones que se hagan a las leyes quedaremos atrapados en nuestra cruda realidad si no buscamos las herramientas para cambiar los fenómenos sociales que tanto nos perjudican.

En este caso es el alcoholismo una vez lo que nos ocupa, y sobre este tema debemos redoblar esfuerzos para no sólo mitigar sino erradicar este terrible mal entre nuestra gente. Debemos recordar que en este caso el alcoholismo ha venido siendo considerado parte de nuestra cultura y que con el tiempo, desde épocas de la colonia, el manejo de los procesos de destilación, la producción y el consumo de bebidas destiladas gradualmente se han popularizado, hasta llegar a significar un elemento muy usual entre ciertos sectores de la población y eso hay que corregirlo.

Compañeras y compañeros, hoy en día, como lo menciona el estudio en comento, en la práctica podemos observar los lamentables resultados por el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, también tomemos en cuenta que el alcoholismo como enfermedad sólo se trata en una forma llana y muchas veces no se logran obtener aquellos efectos por los que se origina.

Es pertinente recordar que toda enfermedad tiene un motivo de origen y si en este caso el alcoholismo no logra ser atendido con la suficiente madurez, aunque tratemos de darle los conceptos más apegados a nuestra realidad y entendibles para la población, siempre estará por demás frente a una falta de conciencia de las personas.

Por una parte, discutimos la manera en que el uso nocivo del alcohol puede ser entendido desde la ley. Por otro lado, también se discuten medidas como el limitar los horarios para consumo de alcohol y ubicar los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, mismos que se basarán en estudios de las enfermedades derivadas del alcoholismo en cada región del país.

Lo que sigue haciendo falta es precisar los tipos de políticas públicas por las que el propósito de erradicar el alcoholismo y sus efectos por el uso nocivo de alcohol puede ofrecer alternativas contundentes para inhibir la enfermedad en la población, así como para coadyuvar en la generación de conciencias de muchos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputada, le agradecemos su intervención. Tiene la palabra ahora el diputado Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para fijar postura hasta por cinco minutos.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señora diputada. Compañeras y compañeros diputados, el consumo de bebidas alcohólicas crece de manera alarmante en nuestra población, sobre todo en jóvenes dentro de 14 a 29 años. Por ello es importante que los padres de familia vigilen el comportamiento de sus hijos cuando asisten a fiestas, especialmente en los fines de semana que se reúnen con sus compañeras y compañeros, amigos, en donde se consume lamentablemente grandes cantidades de alcohol hasta llegar a la embriaguez.

Estudios recientes demuestran que el consumo es de 50 por ciento en hombres y 50 por ciento en mujeres adolescentes. La población juvenil es la más vulnerable, pues la publicidad juega un papel preponderante, ya que diversa publicidad va fuertemente encaminada a este sector o nicho de mercado.

Asimismo, es necesario que la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias vigilen que la venta de bebidas alcohólicas al público esté controlada, pues la venta de alcohol adulterado está proliferando en eventos masivos en las llamadas barras libres y en bebidas ya preparadas de importación, que dicen ser de cierta calidad y marca resultando ser bebidas similares.

El sustituir la denominación del Programa contra el Alcoholismo por el de la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol; y el de niños y adolescentes, obreros y campesinos, por menores de edad y grupos vulnerables, es correcto, en virtud de que todos los seres humanos estamos expuestos al consumo de alcohol por diversos factores, evitando la estigmatización que en este momento significa, tendiendo con ello a su generalidad.

Debiendo destacar que la preocupación del consumo excesivo de bebidas alcohólicas se generan en el ámbito familiar, como secuencia de tensión familiar, de violencia intrafamiliar, distanciamiento afectivo o escaso vínculo afectivo con la familia, la pérdida de respeto, poca comunicación, falta de alternativas para aprovechar el tiempo libre, la limitación de estereotipos familiares, la falta de supervisión y una disciplina inconsistente. Por lo que corresponde en el ámbito social, la pobreza, el estrés psicosocial, el desempleo, la falta de los medios necesarios para una adecuada inserción social.

Por lo anterior, estamos de acuerdo en que la Secretaría de Salud y las entidades federativas establezcan un programa eficaz, eficiente y cuantitativo, que realmente prevenga e incida en la reducción del consumo del alcohol, especialmente a los jóvenes y niños.

Debemos de señalar, que el consumo de alcohol es una enfermedad adictiva que necesita tratamiento, que los enfermos tienen derecho a programas de prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación del individuo, esto es, tutelar y proteger el derecho fundamental a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano votará a favor de esta iniciativa, toda vez que es necesario que las dependencias gubernamentales asuman su responsabilidad en bien de los miembros de nuestra sociedad, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, como lo son los adictos a las bebidas alcohólicas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputado. Y por su tiempo también. Le damos la palabra a la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista, para fijar postura hasta por cinco minutos. No se encuentra la diputada.

Vamos a darle la palabra, cambiamos el orador, que viene de parte del Partido Verde Ecologista de México, al diputado Felipe Arturo Camarena García le damos la palabra, hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señora presidenta. Muchas gracias. Compañeros y compañeras legisladores, es evidente que el consumo nocivo del alcohol conlleva una pesada carga social y económica para todas las sociedades.

Diferentes fenómenos como la violencia intrafamiliar, peleas, robos y asesinatos, y solamente para un dato ilustrativo, el 90 por ciento de los delitos cometidos en nuestro país se dan bajo el influjo de bebidas alcohólicas.

Entre las principales causas de muerte en nuestro país también se encuentran los accidentes de auto, involucrándose sobre un 70 por ciento.

Y ésta sería una manera importantísima de poder prevenir tantas y tantas muertes que ha causado el alcoholismo. El consumo nocivo del alcohol puede perjudicar al núcleo familiar, amigos, compañeros de trabajo y también a desconocidos, generándose una carga sanitaria social y económica considerable para el conjunto de nuestra sociedad.

Mundialmente el alcohol es causante de más de 70 tipos de enfermedades entre las que destacan la cirrosis hepática, los desórdenes neuro-psiquiátricos, la diabetes mellitus, el cáncer, daños en el corazón, al hígado, al estómago y desde luego, a nuestro sistema nervioso, causando una desnutrición y hasta una anemia.

En la mujer, durante el embarazo puede producir daños irreversibles en el bebé, como deformidades de cráneo y de cara, retardo físico y mental y bajo peso al nacer.

En el año 2012, unos 3.3 millones de defunciones a nivel mundial fueron atribuibles al consumo del alcohol. Uno de los principales problemas que observamos es la enorme disponibilidad de este producto. En este sentido debemos aumentar la responsabilidad legal relacionada con el servicio de acciones de los encargados y propietarios de bares y establecimientos que se dedican a la venta de bebidas embriagantes.

Aquí vale señalar que en muchas de nuestras entidades federativas, los domingos a partir de las cinco de la tarde se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, pero qué triste y que lamentable es que en autoservicios dicen no hay problema, el hecho de que esté cerrada y no haya venta de bebidas, pues vamos al Oxxo, vamos al Extra o por algún nombre de otro centro comercial o autoservicio se puede permitir la venta de bebidas alcohólicas.

Y lo más preocupante es que sigue creciendo entre los niños y entre los jóvenes desde edades muy tempranas para el consumo de las bebidas alcohólicas. Y dónde está la intervención de las autoridades en sus tres niveles de gobierno para poder trabajar y prohibir y administrar muy bien las licencias en el consumo para las bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos comerciales.

En el año 2010 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que hace suya la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol y por lo que insta a los países a que fortalezcan las respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados desde luego por dicho uso del alcohol.

Es considerado un problema de salud pública para entenderlo y solucionarlo es necesario implementar medidas normativas eficaces. La Ley General de Salud contempla como materia de salubridad general el Programa de Alcoholismo que ha dado como resultado que el Ejecutivo federal lleve acciones vinculadas con el alcoholismo, que no es lo mismo que el uso nocivo del alcohol.

Por lo anteriormente expuesto es muy importante la aprobación del presente dictamen, con la presente reforma y con el escenario que vive nuestro país en materia de alcoholismo y uso nocivo del alcohol. Se dará un enfoque integral a la atención y prevención del uso del mismo aprovechando la infraestructura normativa y operativa ya existente en materia de salubridad general, desde una vigilancia epidemiológica como acciones de prevención y de promoción de la salud, así también vigilancia y control sanitario.

Es urgente reconocer que estamos ante un problema de salud pública y social de gran magnitud, lo que nos obliga a plantear soluciones coordinadas en los tres niveles de gobierno, garantizando así el proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y desde luego prevenir los riesgos a la salud que esto genera.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, porque representa un adelanto para prevenir y combatir el uso nocivo del alcohol.

A mí me llamó mucho la atención que en el anterior dictamen, que también iba a favor de la vida y en donde se señalaba claramente lo importante que significa la donación de la sangre, haya habido grupos parlamentarios que no solamente se abstuvieron, sino que votaron en contra. Qué lamentable que quienes dicen ir en favor de la vida y en favor de la gente y de las clases vulnerables y más necesitadas, también, como en todo lo demás, vayan en contra de todo y a favor de nada.

Por eso el Partido Verde se suma a este dictamen. Muchísimas gracias por su atención a mis compañeros diputados que se encuentran presentes y, a los que no están, ojalá que vengan y cuando vengan no voten en contra, porque es en favor de México, en favor de la salud y en favor de nuestros hijos. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias, diputado Camarena. Le damos la palabra al diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar su postura parlamentaria.

El diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez:Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados. Hace algunos años en una reunión de niñas y niños, platicando de los más grandes sueños que tenían, en tanto algunos de ellos hablaban de juguetes, de viajes, de estudio, cuando llegó el turno a una niña en particular, ella decía que lo que más anhelaba era que su madre dejara de tomar.

Realmente a veces no se valoran las terribles secuelas sicológicas y emocionales que se producen con el consumo abusivo del alcohol, sobre todo el perjuicio de las y los niños y adolescentes. Tampoco sopesamos nuestra conducta al llevar por la vida la idea de que no hay fiesta sin alcohol y nuestra invitación a las y los niños a tomar lo que muchas veces se traduce en el primer paso hacia una de las adicciones más graves, silenciosas y destructivas como lo es el alcohol.

La Organización Mundial de la Salud en su informe mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2014, da cifras verdaderamente preocupantes. Entre otras, señala que cada año mueren en el mundo 3.3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5.9 por ciento de todas las defunciones. El uso nocivo del alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. En general el 5.1 por ciento de la carga mundial de morbilidad y lesiones, es atribuible al consumo de alcohol.

El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo de edad de 20 a 39 años, un 25 por ciento de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol.

Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos.

Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo del alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas, las familias y la sociedad en su conjunto.

La OMS ha informado que en México se da el mayor consumo per cápita de alcohol en el mundo, lo que se traduce en la pérdida de 310 mil años de vida saludable de su población.

En nuestro país la edad promedio en que se inicia el consumo de bebidas alcohólicas, es de 17.4 años, aunque –desde luego– algunos comienzan a una menor edad e incluso en la niñez. Basta referir que de acuerdo a la Secretaría de Salud, 37.1 por ciento de los consumidores de alcohol tiene entre 15 y 19 años.

En tal virtud en el grupo parlamentario del PRD apoyamos el presente dictamen que busca fortalecer las acciones para la prevención y el tratamiento del alcoholismo.

Para lo cual el actuar Programa Contra el Alcoholismo –como materia de salubridad general– se transforma en Programa para la Prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo; así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol.

Apoyamos la ejecución de acciones para la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales.

El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales, en los grupos de población considerados de alto riesgo, por su ingreso económico.

La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol.

Apoyamos que se precise el concepto de uso nocivo. Por tanto, votaremos en lo general en favor de este dictamen, más sometemos a su consideración dos reservas:

La primera para que expresamente se señale en la fracción XIX del artículo 3o del dictamen, que el programa ya aludido debe dirigirse especialmente en favor de las y los niños y adolescentes ante el aumento de la ingesta del alcohol entre estos y, además, por la especial tutela que nos merecen.

La segunda, en relación al fomento de la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación.

Artículo 187 Bis 1, párrafo primero, destacamos que estos centros deberán respetar de manera plena los derechos humanos de las personas, a fin de evitar las escenas de horror que se han puesto al descubierto en algunos de estos centros de atención. Espero contar con su voto a favor. Es cuanto.

«Diputado Tomás Torres Mercado, Presidente en funciones de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar la siguiente reserva a la fracción XIX del artículo 3o., relativo al dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas, para quedar como sigue:

Texto del dictamen

Artículo 3o. ...

I. a XVIII. ...

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol;

XX. a XXVIII. ...

Propuesta de modificación

Artículo 3o. ...

I. a XVIII. ...

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol, especialmente en favor de las y los niños y adolescentes;

XX. a XXVIII. ...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2015.— Diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez (rúbrica).»

«Diputado Tomás Torres Mercado, Presidente en funciones de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 187-Bis 1, relativo al dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas, para quedar como sigue:

Texto del dictamen

Artículo 187 Bis 1. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la Administración Pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

...

Propuesta de modificación

Artículo 187 Bis 1.Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la Administración Pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión, en general en el pleno respeto de los derechos humanos de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2015.— Diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias, diputado. Vamos a saludar a alumnos del Instituto Nacimiento de Aguascalientes, sean ustedes bienvenidos, invitados por la diputada María Teresa Jiménez Esquivel.

Le damos la palabra a la diputada Viridiana Lizette Espino Cano, del Partido Acción Nacional, para fijar postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos.

La diputada Viridiana Lizette Espino Cano:Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores: durante la última década nuestro Sistema Nacional de Salud ha dado muestras de que resulta imperante que los servicios de salud cambien su enfoque curativo por uno de carácter preventivo. Eso permitiría que los estados pudieran invertir los recursos para la salud de manera más eficiente y con mayor eficacia, pues se concentrarían en realizar solamente las acciones de atención médica verdaderamente necesarias para resolver aquellos problemas de salud, que a pesar de las acciones de prevención hayan afectado a la población, que seguramente serían cada vez menos.

Prevenir en salud significa incidir en las causas reales o hipotéticas de un problema de salud que potencialmente, y de no resolverse, puede generar un daño mayor a la salud de las personas y un gran costo para la población. No prevenir trae como consecuencia la pérdida de años de vida productivos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2.5 millones de muertes cada año. Esto quiere decir que unos 320 mil jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa un 9 por ciento de las defunciones de este grupo etario.

El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad, es el primer factor de riesgo en el Pacífico occidental y Las Américas, y el segundo en Europa. El consumo de alcohol está relacionado con muchos problemas graves de índole social y del desarrollo en particular, esto se relaciona con: la violencia, el descuido y el maltrato de menores, así como el ausentismo laboral.

En México el consumo de alcohol promedio entre personas de más de 15 años de edad es de 5.5 litros y se ha incrementado en un 73 por ciento en los últimos 30 años. Es por ello que es necesario transformar el enfoque de las políticas públicas aplicables a la materia.

Las acciones programáticas deben reforzarse con acciones claras en materia de prevención del alcoholismo, es necesario que considere acciones de atención e intervención en los grupos de mayor riesgo de padecer alcoholismo. En virtud de que la base para el diseño de las políticas públicas en materia de prevención del alcoholismo, lo establece Ley General de Salud, se requiere que el andamiaje conceptual sea preciso y claro.

El decreto del dictamen en que hoy ocupa la discusión del pleno de esta Cámara propone modificar el nombre del Programa contra el Alcoholismo para integrar elementos relativos a la prevención y atención del alcoholismo, de las enfermedades derivadas del mismo, la protección de la salud de terceros; y refuerza el concepto de uso nocivo del alcohol, que resulta crucial para enfrentar este grave problema de salud pública. Por ello los invitamos a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputada Viridiana Lizette Espino Cano. Le damos la palabra a la diputada Martha Loera Arámbula, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar su postura hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Loera Arámbula:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el consumo excesivo de alcohol entre nuestra población constituye un problema de salud pública que incide negativamente en las condiciones de vida de la población, en la productividad de las personas y sobre todo en el desarrollo de nuestros jóvenes.

Para ejemplificar lo anterior basta con citar que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Adicciones, en los Consejos Tutelares para Menores de manera alarmante el 24. 3 por ciento de los internos confesó haber cometido un delito bajo la influencia de alguna sustancia, y entre los menores infractores entrevistados el 30 por ciento refirieron consumir habitualmente alcohol.

De acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, siendo de resaltarse que los días jueves, viernes y sábado por la noche se movilizan alrededor de 200 mil conductores que pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, todos bajo la influencia del alcohol, y por este motivo mueren al año aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de dicha bebida.

Consciente de lo anterior, el gobierno de la república propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 la implementación de una política pública exitosa de prevención, protección y promoción, dirigida a cambiar el actuar de las personas en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos tales como el consumo de alcohol, en tanto que éste ponga en riesgo la integridad física o mental.

En concordancia con lo anterior, el Programa Sectorial de Salud vigente estableció como líneas de acción incrementar aquellas acciones para reducir la demanda, disponibilidad y acceso al alcohol y evitar su uso nocivo; controlar y vigilar la producción, importación y comercialización de productos de alcohol; generar campañas preventivas que impulsen la seguridad vial y desalienten la utilización de vehículos motores cuando el piloto se encuentre bajo la influencia del alcohol, y realizar campañas que concienticen sobre su consumo moderado.

De esta forma y tal como se encuentra ampliamente documentado, el alcoholismo representa un problema grave en México, ya que en la actualidad cada vez más jóvenes y adolescentes beben en exceso, enfrentándose a lamentables consecuencias como aquí ya se ha mencionado, tales como violencia, desintegración familiar y bajo rendimiento.

Es entonces justificada la presentación del dictamen que nos ocupa, el cual debe concitar el apoyo de todas las fuerzas políticas aquí representadas. El presente dictamen resulta oportuno, en tanto que alinea las preocupaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, dirigidas a fomentar un consumo responsable y moderado de las bebidas alcohólicas.

Por tal motivo, el dictamen que hoy tenemos a nuestra discusión es un paso fundamental para empezar a fomentar a nivel nacional los métodos de prevención, así como el de llevar a cabo la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol.

Recordemos que más allá de las consecuencias sanitarias el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad, en su conjunto.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos primordial contar con las medidas necesarias para llevar a cabo la prevención y disminución del alcoholismo en la sociedad, con lo que se salvarán miles de vidas y se contribuirá al bienestar de las personas, las comunidades y la sociedad, en su conjunto. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias, diputada. Previa lectura, vamos a consultar a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por un diputado, el diputado Edgar Pereyra Ramírez, que estuvo en la palabra hace dos oradores. Adelante la Secretaría.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Artículo 3o., fracción XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención de alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo de alcohol, especialmente en favor de las y los niños adolescentes.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se somete a consideración de la asamblea, secretaria, por favor, si se admiten.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:En consecuencia, se desecha la propuesta. Le pido a la Secretaría nuevamente dé cuenta de la otra modificación presentada por el diputado Edgar Pereyra Ramírez.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Artículo 187 Bis. Primero. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión, en general, en el pleno respeto de los derechos humanos de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:En consecuencia, se desecha.

Estamos ahora en la discusión en lo general del presente dictamen e informo a la asamblea que se han inscrito en pro los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez y la diputada Zuleyma Huidobro. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para hablar en pro hasta por tres minutos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputada presidenta. Antes que nada mi solidaridad con la diputada Gloria Bautista, compañera de partido, ante las amenazas que está recibiendo, que son inadmisibles, y obviamente mi solidaridad y llamo a las autoridades a darle la protección debida a la diputada Gloria Bautista y a sus familiares, a su hija que fue amenazada.

Miren, quiero felicitar a la Comisión de Salud, no sólo por este dictamen que habla del alcohol, sino también por el que vimos la semana pasada del tabaco. Hay que regular las drogas.

Estas dos drogas legales, el alcohol y el tabaco, generan mucho más muertes que las drogas ilegales, mucho más muertes. Y es más, no hay droga legal que cause tanto daño social, incluso en la salud, como el alcohol.

Y la solución no es prohibir el alcohol. Ya hubo una sociedad que lo intentó, la norteamericana, y le fue muy mal tratando de prohibir el alcohol.

Desgraciadamente, no se aprendió de esa experiencia y siguió el prohibicionismo de otras drogas. Y ahora, como muchos articulistas lo han, hoy les recomiendo que lean a Aguilar Camín en Milenio. Se muere mucho más gente en el combate de las drogas ilegales que en el consumo de las drogas ilegales.

Y lo que estamos buscando, muchos que hemos promovido, por ejemplo, la regulación de la mariguana, es precisamente esto, regular.

Aquí en el Distrito Federal la regulación del tabaco ha dado resultado. Y según la Encuesta Nacional de Adicciones ha bajado el consumo del trabajo gracias a la regulación que se ha hecho del tabaco. Y en cambio, la mariguana no tiene ninguna regulación y no ha dejado de subir su consumo.

Ahorita, en Viena, Austria se está teniendo una reunión muy importante, cada año se tiene, que es la Reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Que además tiene la importancia de que es la previa a la Asamblea Especial de las Naciones Unidas, que fue demandada por el gobierno mexicano, el de Colombia y otros, para discutir el problema de las drogas.

Y quiero saludar la posición del gobierno mexicano. Veo un avance en la posición que expresó el embajador Juan Manuel Gómez Robledo en Viena y quiero reconocerlo. Lo que le voy a pedir al gobierno mexicano es que no sea candil de la calle y oscuridad en su casa.

Y las cosas que ha dicho el embajador Robledo son muy importantes, dice, lo cito: “la estrategia actual no ha dado los resultados esperados a nivel global, ni en cuanto a la reducción del consumo ni en cuanto a la supresión del tráfico de drogas ni la eliminación de cultivos ilícitos ni en cuanto a la erradicación de la violencia asociada”. Tiene razón.

“El consumo de drogas ha aumentado en términos absolutos al situarse en 2012, alrededor de 250 millones de personas, cuando en 2005 había 200 millones”. Efectivamente, no está funcionando, el prohibicionismo es un desastre.

Dice: “aún más importante es el hecho de que millones de personas se han visto afectadas por situaciones de violencia y criminalidad relacionadas de manera directa o indirecta con el problema mundial de las drogas y un alto número ha perdido la vida”. Tiene razón.

Esto es muy importante, que dice nuestro embajador en Viena: “no podemos repetir acciones del pasado y esperar resultados distintos. Debemos trabajar en conjunto para entender las nuevas dinámicas del mercado ilícito y buscar las mejores formas de enfrentarlos y de evitar el daño social. Debemos buscar opciones que no criminalicen a las víctimas en sus diversas modalidades, que sirvan para ayudar a quienes quieren buscar salir del universo pernicioso de las drogas y que limiten el mercado ilícito que siempre encontrará proveedores”.

Y termino simplemente diciendo que muy parecida a la posición de México está también la posición del ministro de Justicia de Colombia en Viena. Yo creo América Latina tiene que ir junto a las Naciones Unidas a buscar un nuevo enfoque, porque nadie como México y nadie como América Latina ha pagado costos por la terrible y grave error de la guerra contra las drogas que ha causado mucho más daños que los que buscaba prevenir, lo que buscamos es la regulación.

Y termino citando al ministro de Justicia de Colombia: El verdadero dilema no es si la política contra las drogas debe ser más dura o más blanda, de lo que realmente se trata es de establecer cuál es la forma más inteligente de desvertebrar las redes criminales y ello por supuesto no se logrará encarcelando a los eslabones más débiles y fácilmente reemplazables de la cadena del narcotráfico.

Pensemos muy bien, viene algo muy importante para nosotros en 2016, hay 100 mil muertos en ocho años, más de 23 mil desaparecidos, un número incalculable de desplazados internos. Paremos esta tragedia nacional, busquemos una alternativa para enfrentar el problema de las drogas de una manera inteligente, la guerra contra las drogas no ha funcionado. Es cuanto, presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias, diputado. Le damos la palabra a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para hablar en pro hasta por tres minutos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Gracias, señora presidenta. Miren, yo aplaudo la decisión de la Comisión de Salud de trabajar sobre el tema de la prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, derivación, tratamiento y rehabilitación del individuo en los temas que tienen que ver con el alcohol.

Pero yo les voy a hablar de la realidad que veo en las comunidades, que veo muy cerca de las escuelas, pero que veo también en la televisión. Si realmente nosotros queremos trabajar en la prevención, en la educación, en los temas educativos, tenemos que frenar y acotar los tiempos en televisión que se dedican precisamente al fomento, a la provocación del consumo de alcohol en nuestras niñas y en nuestros jóvenes. Hoy lamentablemente la franja más vulnerable del consumo de alcohol se está viendo en las jovencitas, incluso desde nivel primaria y secundaria.

Otro tema que se tiene que poner sobre la mesa de discusión y que se tiene que contemplar, compañeras y compañeros, en este tema las tiendas Oxxo. Las tiendas Oxxo operan las 24 horas del día. Un día me di a la tarea de pararme frente a algunas tiendas Oxxo a partir de las 10 de la noche hasta la una de la mañana. Lo que vi entrar y salir en esas tiendas, o lo que veo entrar y salir en esas tiendas son jóvenes menores de edad con sus botellas y sus paquetes de cerveza en la mano.

No hay control. Estas tiendas operan las 24 horas del día como cantinas abiertas. En ningún momento yo observé que el empleado de las tiendas Oxxo les pidiera una credencial de elector a los jóvenes para la venta de alcohol y de cigarros.

Otro de los temas importantes que hay que acotar también es el tema de los clandestinos. Se han incrementado de manera oprobiosa los clandestinos en las zonas rurales y en las zonas suburbanas. Esto se da con el aval de muchos funcionarios municipales, pero también con el aval de muchos funcionarios estatales.

Yo creo que aquí es importante perseguir también –en el tema de transparencia– a aquellos funcionarios que permiten la apertura de estos clandestinos para la venta de alcohol –y no solamente de alcohol, de droga también– que se penalice y que se les aparte de manera inmediata de sus funciones como funcionarios municipales y públicos.

Me parece que aquí está sobre la Mesa esta discusión y acotar a las televisoras nacionales a que eviten en la medida de lo posible provocar e incitar a nuestros jóvenes al consumo del alcohol. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Vargas. Le damos la palabra a la diputada Zuleyma Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Declino, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: ¿Ya no, diputada? Bien. En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Merilyn Gómez Pozos: A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Raudel López López(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se emitieron 365 votos en pro, 1 en contra.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobado en lo general y en lo particular por 365 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de bebidas alcohólicas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

POLITICA DE PRECIOS HOMOLOGADOS Y ESCALONADOS DE LAS GASOLINAS PARA LA ZONA FRONTERIZA NORTE

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California y Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM

Los suscritos, diputados federales de los estados de Baja California y Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya a los municipios de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos del artículo 28 constitucional se prevé que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.

En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.

Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.

El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.

Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.

Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los 9.03 pesos por litro de Magna, 9.84 pesos por litro de Premium y 14.20 por litro de Diesel.

El mecanismo de homologación, en uso en la frontera norte desde 2002, consiste en que los precios de las gasolinas en la franja fronteriza norte de nuestro territorio se fijan cada martes homologándolos con los precios de los combustibles en la zona sur de Estados Unidos de América, tomando como referencia el promedio de los precios en la semana inmediata anterior el tipo de cambio vigente en el mismo periodo.

Por lo que hace a la frontera sur, la reciente baja en los precios internacionales del petróleo, también ha generado una disminución generalizada en los precios de los combustibles. Conforme a los datos obtenidos en la primera semana de febrero de este año, el precio de venta final al público de las gasolinas en ese país ha descendido a precios menores a los correspondientes para la venta de gasolinas en nuestro territorio.

Así, tenemos que considerando los precios de venta al consumidor final de las gasolinas en Belice al 7 de febrero de 2015 y un tipo de cambio de 7.44 pesos por dólar beliceño, en el caso de la gasolina Premium, la diferencia resultó ser de 1.34 (un peso con treinta y cuatro centavos) por litro; por lo que hace a la gasolina Magna (comercializada como Regular en Belice), la diferencia es de $1.59 (un peso con cincuenta y nueve centavos) por litro; y en el caso del Diésel, la diferencia es de $1.16 (un peso con dieciséis centavos) por litro, conforme se desglosa en la tabla siguiente:

Esta diferencia de precios se ha reflejado en que los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco acudan a comprar combustible a la zona libre de Belice que se encuentra a pocos minutos de distancia, con el fin de ahorrar en la adquisición de este producto; el mismo comportamiento se ha observado en relación con ciudadanos beliceños que acudían a comprar gasolina a nuestro país cuando los precios eran más bajos que los de su país.

Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, así como en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, primarias para el comercio internacional como la pesca, la agricultura y el turismo, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.

Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de estas regiones, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos y quintarroenses ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.

En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 kilómetros, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del gobierno federal.

Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en estas regiones y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, como beneficiarios de tal política.

Dado el 5 de marzo de 2015, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.— Diputados: María Elia Cabañas Aparicio, Raymundo King de la Rosa, María Fernanda Schroeder Verdugo, David Pérez Tejada Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

REDUZCA EL PRECIO DE LAS GASOLINAS, A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMIA NACIONAL

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir el precio de las gasolinas para reactivar la economía nacional, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Ricardo Anaya Cortés, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representados en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a que reduzca el precio de las gasolinas, a fin de reactivar la economía nacional.

Consideraciones

Se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, en torno a una de las problemáticas que más afectan a nuestro país y a los bolsillos de los ciudadanos, relacionada con la caída de los precios del petróleo, los incrementos constantes en los precios de las gasolinas, la injusta política de precios a las gasolinas que nos ha impuesto el gobierno federal, y la ordeña de los ductos de Pemex.

En México, a diferencia de lo que ocurre con países como Estados Unidos, los precios de la gasolina y el diesel son administrados por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta peculiar situación nos lleva a esquemas deficientes y poco competitivos, ya que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, los precios en México son insensibles a las variaciones, como la caída actual de los precios internaciones del petróleo.

En cambio, en Estados Unidos, el sistema de precios obedece a criterios de competitividad, siendo altamente sensibles a los shocks externos.

Y cuál es el resultado: pues que en Estados Unidos los precios de la gasolina son notablemente inferiores a los que se cobran en nuestro país, como respuesta a los precios bajos del petróleo a nivel internacional.

Así tenemos que hoy en día el precio de las gasolinas que se venden en Estados Unidos y que importamos, se encuentra en promedio a un precio menor a los 8 pesos por litro y aquí en México las vendemos en un precio cercano a los 14 pesos por litro.

En México, a pesar de tener precios del petróleo más bajos, el precio se ha venido incrementando a través de los llamados gasolinazos, lo cual tiene su razón en las políticas de impuestos que aplica en nuestro país.

Esto es, que actualmente el consumidor de gasolinas paga la carga tributaria que, en su caso corresponda por la venta de gasolina y diesel, la cual incluye IEPS e IVA.

El IEPS se ajusta automáticamente en relación a la variación entre el precio de productor  y  precio al público.

Así, cuando el precio del petróleo sube, la tasa de IEPS disminuye, entendiéndose  esto como “subsidio al consumidor”. Lo que significa que cuando el precio internacional del petróleo sube, los costos de Pemex y de transporte de gasolina aumentan, en tanto que los precios locales no lo hacen, de tal forma la tasa de IEPS se vuelve negativa.

Lamentablemente, la situación actual es contraria, pues con la caída del precio internacional de petróleo ha provocado una disminución en los precios de las gasolinas en Estados Unidos, pero no en México, lo que nos ha llevado a pagar un IEPS cercano a 3.00 pesos por litro de gasolina, con la consecuente afectación a la de por sí ya muy deteriorada economía nacional.

En Acción Nacional consideramos que es histórico que la gasolina se venda en Estados Unidos a menos de ocho pesos y en México a casi 14 pesos, con una diferencia de alrededor de seis pesos, 70 por ciento más cara que en el vecino país.

Las cifras son claras y contundentes: el precio del petróleo disminuyó 53 por ciento de junio de 2014 a marzo de 2015, y en otras partes del mundo como Estados Unidos y Guatemala, el precio de la gasolina ha bajado casi 20 por ciento, mientras que en otros países, como Costa Rica y Panamá, el descenso es de hasta 30 por ciento.

Llegamos a la conclusión de que estos países sí saben manejar sus economías, pues están conscientes que con estas reducciones en los precios de sus gasolinas, contribuyen con el crecimiento económico de sus regiones.

Así lo constata El Fondo Monetario Internacional, quien estima que con una reducción del 50 por ciento en el precio del petróleo, se puede alcanzar un crecimiento de la economía mundial hasta de un punto porcentual adicional.

Podemos afirmar que bajando los precios de las gasolinas y el diesel en nuestro país, nos llevará automáticamente a una reactivación de la economía nacional, en particular por el efecto positivo que se da en industrias que son altamente sensibles a su precio, como son las de alimentos, de productos químicos o la propia metalurgia.

Los legisladores del Partido Acción Nacional y de las demás fracciones parlamentarias ya hicimos nuestra labor y aprobamos la Reforma Energética que promoverá que los precios de las gasolinas se fijen de acuerdo con las condiciones del mercado en los próximos años.

Hoy es responsabilidad del Ejecutivo federal aplicar una reducción en el precio de las gasolinas para reactivar la economía, y para aliviar la terrible carga que le ha generado a las y los mexicanos, con el cobro de impuestos abusivos, y gasolinas caras.

Estamos convencidos que el gobierno federal está en condiciones de asumir la situación de la caída de los precios internacionales del petróleo, pero desgraciadamente vemos que les está pasando el costo y la responsabilidad a los consumidores.

Esta situación continuará a lo largo de 2015, queda claro que el gobierno federal importa gasolinas baratas y las vende caras en el interior de la República Mexicana y que, además, recibe recursos por concepto de IEPS, obviamente a costa de los consumidores de nuestro país, lo que impacta terriblemente en la economía de la sociedad mexicana.

Por ello, es que de manera urgente les solicitamos a las autoridades gubernamentales poner un alto y a que el gobierno federal asuma los costos de esta situación en donde importa gasolinas baratas, las vende caras y además les encaja el IEPS a los consumidores.

Una de las promesas de campaña de este gobierno era bajar los precios de los combustibles y lo que tenemos no sólo es una mentira, sino un incremento abusivo que perjudica la economía de las familias mexicanas.

Por otra parte, a Acción Nacional le sigue preocupando el tema de la ordeña de los ductos de Pemex. En los últimos seis años, Pemex ha sufrido pérdidas de aproximadamente 46 mil millones de pesos debido al robo de gasolina a través de la ordeña de ductos. Esta cifra equivale a poco más del 2.98 por ciento de las ventas totales de esa empresa durante 2013 que fueron por billón y medio pesos.

Lo anterior según datos revelados por Pemex, donde además se detalla que en 2009 las mermas por tomas clandestinas sumaron 3 mil 500 millones de pesos, mientras que en 2014 son ubicadas en 17 mil millones de pesos, lo cual deja ver un aumento de casi 385.30 por ciento en las pérdidas de la petrolera registradas en 2014 frente a las de 2009, a causa del hurto de hidrocarburos.

Entre 2009 y 2014 hubo nueve mil 375 tomas clandestinas; en el mismo periodo de tiempo las pérdidas sumaron 46 millones de pesos; igualmente, el volumen faltante entre 2009 y 2012 ascendió a 13 millones de barriles.

Derivado de lo anterior y ante la necesidad de combatir frontalmente la ordeña de ductos y evitar que la empresa productiva del Estado siga perdiendo anualmente miles y miles de dólares, en los últimos días Pemex ha hecho del conocimiento nacional una nueva estrategia a fin de desincentivar la ordeña de ductos,  la cual consiste en que los ductos distribuirán gasolina y diesel, pero sin que éstos productos se encuentren totalmente terminados.

Es decir, ahora los combustibles carecerán de aditivos y pigmentos durante su traslado por los ductos, llegarán a las Terminales de Almacenamiento y Reparto del País y ahí se complementarán para después ser transportados por pipas hasta su venta final.

Al margen de lo anterior, resulta de suma importancia cuestionar dicha propuesta, tomando en consideración el recorte del gasto sufrido por Pemex, el cual afectará en gran medida a las refinerías del país, por lo que no se entiende o al menos, resulta poco clara dicha estrategia, al recortar recursos a las refinerías y querer terminar los productos en las Terminales de Almacenamiento y Reparto, es decir, ¿cómo se terminarán dichos productos si resulta necesaria la participación o intervención de las refinerías en dicha terminación?

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reduzca el precio de las gasolinas, a fin de reactivar la economía nacional.

Segundo.Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, y del titular de Pemex, para que rectifiquen la política de recorte de gasto presupuestario que se tiene previsto realizar en Pemex Refinación, toda vez que dicho recorte afectará ineludiblemente las labores de terminación de las gasolinas y del diesel, dada la nueva estrategia anunciada por Pemex, con la cual se pretende desincentivar la ordeña de ductos.

Nota:

1 https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2015/02/pierde-pemex-46-mmdp-en-robo-de-co mbustible/

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 12 días del mes de marzo de 2015.— Diputados: Rafael Acosta Croda, Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Marcos Aguilar Vega, José Guillermo Anaya Llamas, Juan Jesús Aquino Calvo, Francisca Rosario Arana Lugo, Consuelo Argüelles Loya, José Alfredo Botello Montes, Juan Bueno Torio, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Genaro Carreño Muro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, José Luis Contreras Rojas, Eufrosina Cruz Mendoza, Sergio Augusto Chan Lugo, Mario Alberto Dávila Delgado, María Eugenia de León Pérez, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Viridiana Lizette Espino Cano, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Mariana Dunyaska García Rojas, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Adriana González Carrillo, Víctor Rafael González Manríquez, José González Morfín, Lorena Gutiérrez Landavazo, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Fernando Alejandro Larrázabal Bretón , Margarita Licea González, Ofelia Limón Robles, Simón Lomelí Cervantes, José Martín López Cisneros, Leticia López Landero, Raudel López López, Patricia Lugo Barriga, José Alejandro Llanas Alba, María de Lourdes Medina Valdés, Tania Margarita Morgan Navarrete, Juan Carlos Muñoz Márquez, Heberto Neblina Vega, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Marcelina Orta Coronado, María Isabel Ortiz Mantilla, J. Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz, Raúl Paz Alonzo, Flor de María Pedraza Aguilera, Peña Aviles Gerardo, Carmen Lucia Pérez Camarena, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias, Esther Quintana Salinas, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Erick Marte Rivera Villanueva , Leonor Romero Sevilla, Nidia Saavedra Pérez, Margarita Saldaña Hernández, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Víctor Sánchez Guerrero, Martha Leticia Sosa Govea, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, José Isabel Trejo Reyes, María Celia Urciel Castañeda, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Ricardo Villarreal García, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Beatriz Zavala Peniche (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

INVESTIGACION EN TORNO A LA PROBABLE ASIGNACION DE CONTRATOS A CAMBIO DE SOBORNOS EN EL ESTADO DE SONORA, EN EL QUE PARTICIPARIAN EL GOBERNADOR GUILLERMO PADRES ELIAS Y SU HERMANO MIGUEL PADRES ELIAS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se investiga sobre la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, donde participarían el gobernador, Guillermo Padrés Elías, y su hermano Miguel Padrés Elías, suscrita por los diputados Carol Antonio Altamirano y Lilia Aguilar Gil, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT, respectivamente

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado jueves 5 de marzo de 2015 el diario norteamericano The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora, al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías, y a su hermano Miguel Padrés Elías.

De acuerdo con el diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).

The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.

Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, en nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522 mil dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en 2011, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en gobernador de Sonora en 2009.

Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el gobernador Guillermo Padrés y sus hermanos Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.

La nota cita la investigación en el sentido de que se “realizaron una serie de operaciones en el sistema financiero nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.

El gobernador Padrés ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias en nombre de la firma holandesa, y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.

Sin embargo, los señalamientos hechos al gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la SHCP es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.

Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho, en el estado de Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.

Las acusaciones en contra del gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el estado de Sonora, en el que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alfonso Durazo, ¿Con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, el propósito de objetar que no se dé paso a la discusión de estos puntos de acuerdo como fue acordado en la Junta de Coordinación Política. No importan los enjuagues de la fracción parlamentaria del PAN y del PRI para omitir la discusión del tema de la corrupción del gobernador de Sonora, a cambio de cancelar alguna investigación a algunos de los muchos gobernadores corruptos del PRI.

Creo que este pleno debe analizar los puntos que se plantearon en la Junta de Coordinación Política y concluir el procedimiento con la votación que corresponda, presidente.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lilia Aguilar, ¿Con qué objeto?

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Igualmente, señor presidente, no solamente como una de las iniciadoras, había un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del día de ayer de que estos tres puntos de acuerdo subirían como de urgente y obvia resolución, y que se discutirían en este pleno. Más aún, le recordaría que el Reglamento dice que podemos llevar esta sesión hasta las 5:00 horas y todavía nos queda un poco de tiempo para poder discutir estos asuntos.

Llamaría a que no rompamos este acuerdo, si hay algún acuerdo entre el PRI y el PAN o si quieren proteger al gobernador de Sonora y no discutir este asunto en el pleno, yo llamaría a usted a que nos acojamos al acuerdo que hubo de la Junta de Coordinación Política y lo discutimos como debe de ser y no estemos protegiendo la corrupción en ningún estado ni de ningún funcionario público.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lorenia.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro(desde la curul): En el mismo sentido, presidente. Decirles que en nada se ayuda esta Cámara de Diputados con trabar discusiones fundamentales, torales para la democracia en el país.

Lo que está sucediendo en el estado de Sonora no es menor, éste es sólo un aspecto de los muchos con los que estamos lidiando las y los sonorenses. No puede quedar este pleno en manos del PRI y del PAN, por encima de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Por ello pedimos que se revise esta resolución y que se abra la discusión de estos temas. Son fundamentales y el PAN y el PRI deben hacerse responsables. No ayudan en nada a que esta Cámara cumpla con su trabajo, que es el de la transparencia y de la discusión de estos problemas muy serios en nuestro país. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia en términos reglamentarios, específicamente basándose en el artículo 23, y más específicamente en el apartado B, ha tomado una decisión una vez que ha escuchado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y procedió ya.

Continúe la Secretaría.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Rosalba Gualito Castañeda cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Karina Kelly Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que la diputada Karina Kelly Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

• Que la diputada Karina Kelly Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Población.

• Que la diputada Angelina Carreño Mijares cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Elizabeth Flores Vázquez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Rosalba Gualito Castañeda cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Elizabeth Flores Vázquez cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Elizabeth Flores Vázquez cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exterores.

• Que la diputada Silvia Ortiz Ortega cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Fernando Zamora Morales cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Silvia Ortiz Ortega cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Silvia Ortiz Ortega cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Fernando Zamora Morales cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que la diputada Shantall Zepeda Escobar cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

• Que la diputada Angelina Carreño Mijares cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Shantall Zepeda Escobar cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Shantall Zepeda Escobar cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Manuel Añorve Baños cause baja como integrante de la Unión Interparlamentaria Mundial.

• Que el diputado Samuel Gurrión Matías cause alta como integrante en la Unión Interparlamentaria Mundial.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno en la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Érika del Carmen Ramagnoli Sosa cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Érika del Carmen Ramagnoli Sosa cause alta como integrante en la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Érika del Carmen Ramagnoli Sosa cause alta como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Faustino Félix Chávez cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Micaela Rodríguez Zamora cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Micaela Rodríguez Zamora cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que la diputada Micaela Rodríguez Zamora cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Jorge Terán Juárez cause baja como integrante de la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Antolín Etienne Rivera cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Antolín Etienne Rivera cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Antolín Etienne Rivera cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional:

• Que el diputado Víctor Sánchez Guerrero cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Alberto Díaz Trujillo cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Víctor Sánchez Guerrero cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Alberto Díaz Trujillo cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Víctor Sánchez Guerrero cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Alberto Díaz Trujillo cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Diana del Carmen Vera Ávila cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Jorge Rosiñol Abreu cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que la diputada Diana del Carmen Vera Ávila cause alta como integrante en la Comisión Especial de puertos y marina mercante.

• Que el diputado Jorge Rosiñol Abreu cause baja como integrante de la Comisión Especial de puertos y marina mercante.

• Que la diputada Diana del Carmen Vera Ávila cause alta como integrante en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Jorge Rosiñol Abreu cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

• Que la diputada Diana del Carmen Vera Ávila cause alta como secretaria en la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Jorge Rosiñol Abreu cause baja como integrante de la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Nidia Saavedra Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Juan Carlos Uribe Padilla cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Nidia Saavedra Pérez cause alta como secretaria en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Juan Carlos Uribe Padilla cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que la diputada Leticia Salas López cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada María Guadalupe Mondragón González cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Leticia Salas López cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada María Guadalupe Mondragón González cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Leticia Salas López cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada María Guadalupe Mondragón González cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno en la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Elizabeth Vázquez Hernández cause alta como secretaria en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Elizabeth Vázquez Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Elizabeth Vázquez Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que la diputada Lucía Rosales Villegas cause alta como secretaria en la Comisión de Competitividad.

• Que la diputada Lucía Rosales Villegas cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Lucía Rosales Villegas cause alta como integrante en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Ulises Iván Valencia Pérez cause alta como secretario en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Ulises Iván Valencia Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Ulises Iván Valencia Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada María de los Ángeles Sánchez Lira cause alta como secretaria en la Comisión de Deporte.

• Que la diputada María de los Ángeles Sánchez Lira cause alta como integrante en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada María de los Ángeles Sánchez Lira cause alta como integrante en la Comisión de Población.

• Que la diputada Alejandra Gutu Deskes cause alta como secretaria en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Alejandra Gutu Deskes cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Alejandra Gutu Deskes cause alta como secretaria en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado José Ignacio Olvera Caballero cause alta como secretario en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado José Ignacio Olvera Caballero cause alta como integrante en la Comisión de Cambio Climático.

• Que el diputado José Ignacio Olvera Caballero cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Mario César Gaona García cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Mario César Gaona García cause alta como secretario en la Comisión de Cambio Climático.

• Que el diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda cause alta como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause baja como secretario de la Comisión de Energía.

• Que el diputado Danner González Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause baja como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Danner González Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause baja como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Danner González Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause baja como integrante de la Comisión de Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos

• Que la diputada Zuleyma Huidobro González cause alta como integrante en la Comisión de Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos

• Que la diputada Zuleyma Huidobro González cause baja como integrante del Grupo de Trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014

• Que el diputado Danner González Rodríguez cause alta como integrante en el Grupo de Trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Mónica Clara Molina cause baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

• Que la diputada Mónica Clara Molina cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Marisol Morales Fernández cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Darío Zacarías Capuchino cause baja como secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Marisol Morales Fernández cause alta como secretaria en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada María del Carmen Valencia González cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado César Reynaldo Navarro de Alba cause baja como secretario en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada María del Carmen Valencia González cause alta como secretaria en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Shantall Zepeda Escobar cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández cause baja como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Shantall Zepeda Escobar cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Nadya de Jesús Cruz Serrano cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik cause baja como secretaria de la Comisión de Juventud.

• Que la diputada Nadya de Jesús Cruz Serrano cause alta como secretaria en la Comisión de Juventud.

• Que la diputada Cristina Ruiz Sandoval cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández cause baja como secretario de la Comisión de Población.

• Que la diputada Cristina Ruiz Sandoval cause alta como secretaria en la Comisión de Población.

• Que la diputada Alicia Hernández Monroy cause baja como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada Leticia Calderón Ramírez cause baja como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Alicia Hernández Monroy cause alta como secretaria en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Norma González Vera cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Brasil Alberto Acosta Peña cause baja como secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que la diputada Norma González Vera cause alta como secretaria en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Raymundo King de la Rosa cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado José Rangel Espinosa cause baja como secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Raymundo King de la Rosa cause alta como secretario en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado José Rangel Espinosa cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Maricruz Cruz Morales cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado José Rangel Espinosa cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Silvia Márquez Velasco cause baja como secretaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo cause alta como secretaria en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las Comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

Diputada Nelly. ¿Con qué objeto?

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero hacer una denuncia pública porque el día de ayer, en Tabasco, continuaron repartiendo de manera masiva las tarjetas platinum que el Verde Ecologista está otorgando de manera personalizada a todos los habitantes del estado de Tabasco.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, su dicho ha sido escuchado por la asamblea. No es el momento, habría que turnarlo conforme la reglamentación que usted conoce.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Presidente, con todo respeto, este es un espacio también de denuncia y me parece que no nos puede coartar la libertad para decir lo que estamos viendo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo que sí puedo es llamarla al orden en términos reglamentarios. Y también le he permitido que haga su denuncia, que ha sido escuchada.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Presidente.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 14:24 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el miércoles 18 de marzo –Estoy levantando la sesión, diputada, porque ya no hay asuntos– a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. No hay asuntos, diputada.

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