Comisión Permanente
Correspondiente al Primer Receso del Primer Año de EjercicioSUMARIO
De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el jueves 14 de enero de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente saliente de la República de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, para participar en la Ceremonia de Transmisión de Mando al Presidente electo. De enterado, remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, y a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite el segundo informe semestral de actividades de 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a las Comisiones de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y de la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015. Se remite a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se turnan a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite trece contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente correspondientes al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. Se remiten a la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2015. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores
De la senadora Graciela Ortiz González, del PRI, por el que comunica de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del martes 22 de diciembre de 2015. De enterado, comuníquese a la Cámara de Senadores
La Presidencia de la Mesa Directiva, hace la declaratoria a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales
Para referirse a la declaratoria, hace uso de la voz:
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de NA
La senadora Martha Angélica Tagle Martínez, sin partido
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM
La diputada Araceli Saucedo Reyes, del PRD
La senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN
El senador Enrique Burgos García, del PRI
INICIATIVAS DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES
El diputado José Luis Toledo Medina. a nombre propio y de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona un artículo 62 Bis a la Ley General de Turismo. Se remite a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para dictamen
El diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores
El senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín, a nombre propio y de las diputadas Norma Rocío Nahle García, y Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Se remite a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen
De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por el que condena el asesinato de la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos. Aprobado, comuníquese
La presidencia de la Mesa Directiva, concede un minuto de silencio en memoria de la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos
Para referirse al tema y al acuerdo, interviene:
El senador David Monreal Ávila, del PT
El diputado Alejandro González Murillo, del PES
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de NA
La senadora Martha Angélica Tagle Martínez, sin partido
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del PVEM
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PRD
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del PAN
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI
EFEMÉRIDES
De senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió efeméride con motivo del 101 aniversario de la Ley Agraria, promulgada el 6 de enero de 1915
Del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democática, se recibió efeméride con motivo del Día del Periodista
De la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera
De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió efeméride con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera en México
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, por el que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas que no se presentaron en tribuna
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por el que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas que no se presentaron en tribuna
Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
ASISTENCIA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:(lista de asistencia) Señor presidente, hay una presencia de 25 miembros legisladores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:25 horas): Se abre la sesión y desde luego con los mejores deseos para todas y todos, en este 2016.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 7 de enero de 2015.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el jueves 14 de enero de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente saliente de la República de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, para participar en la Ceremonia de Transmisión de Mando al Presidente electo.
Con el que remite el segundo informe semestral de actividades de 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Con el que remite el informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015.
Con el que remite diecinueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por la Comisión Permanente correspondiente al Primer y Segundo Recesos del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2015, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2014, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2015.
Reincorporación
De la senadora Graciela Ortiz González.
Declaratoria de reforma constitucional
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Iniciativas
Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, suscrita por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 106 ,107 y 108 de la Ordenanza General de la Armada, suscrita por la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 61 y adiciona un artículo 62 Bis a la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Motoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García, Norma Xochitl Hernández Colín y Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 160 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Andrade y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto, para declarar el 20 de marzo de cada año como “Día Nacional de la Cultura de Paz”, suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 7o. y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, a considerar acciones de accesibilidad universal en las instalaciones educativas que serán rehabilitadas bajo el programa “Escuelas al Cien”, suscrito por la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se hace un extrañamiento al titular del Ejecutivo federal, por haber incumplido con el mandato constitucional de responder en tiempo y forma las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Diputados, con motivo del Tercer Informe de Gobierno, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, y se exhorta al Gobierno Federal para que coadyuve en la investigación del caso, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, a crear una Base de Datos Nacional de la Viudez, a fin de implementar políticas públicas en beneficio de ese sector de la población, suscrito por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger el derecho humano al agua de los habitantes de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, del estado de Veracruz, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los directivos de las Instituciones de Salud y Seguridad Social, a modificar las normas oficiales mexicanas y otras normas internas para establecer un horario máximo para las jornadas laborales de médicos internos y residentes, suscrito por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que informe a esta Soberanía sobre los motivos y las causas por las cuales solo se redujo un 3 por ciento en los precios de las gasolinas y diésel, suscrito por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener, a la SCT y a los gobiernos de las entidades federativas, a fin de realizar una revisión a los protocolos de seguridad y a las normas oficiales en materia de transporte y distribución de gas y combustibles, suscrito por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se condenan las agresiones policiacas consumadas en contra de pensionados y jubilados del estado de Veracruz, suscrito por el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña de difusión alertando a la población en general sobre fraudes con supuestas visas de trabajo para los Estados Unidos de América y Canadá, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la situación que rige en la Bahía de Akumal, municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, suscrito por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, al Gobierno del estado de Coahuila y al Gobierno municipal de General Cepeda, Coahuila, para que hagan públicos los documentos que den fe de las reuniones en que los consejos consultivos, abordaron el tema referente al proyecto denominado “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, ubicado en el Ejido Noria de Sabina, suscrito por las diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Conagua, para que difunda la información referente al Programa de Captación de Agua, suscrito por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional conformado por la Sedatu, el Inegi y el Conapo, a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar si el municipio de Cabo Corrientes es susceptible de incorporarse a la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, suscrito por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo para felicitar al pueblo de Venezuela por su reciente participación en el proceso electoral del 6 de diciembre y saluda a los 167 legisladores electos de la Asamblea Nacional, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Puebla a atender el caso del feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero, suscrito por los diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a instalar el Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus respectivas entidades federativas, suscrito por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Banco de México y a la SHCP, para que proporcionen a la sociedad un diagnóstico de la evolución del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, suscrito por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, para que los Agentes de Tránsito cuenten con la capacitación necesaria en la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV, para que informe y prevenga a las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano sobre la autorización que otorgó el Congreso del estado de Michoacán al Ejecutivo Estatal, para contratar deuda a corto plazo; asimismo se exhorta a la PGR, para que presente una acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 1o. párrafos 4o. y 5o. del decreto 123, Ley de Ingresos del estado de Michoacán para el Ejercicio Presupuestal 2016, suscrito por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a los reiterados casos de abusos cometidos por la Policía Municipal de León, Guanajuato, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a los avances del Fideicomiso del Río Sonora, suscrito por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a fin de terminar con las medidas de enfrentamiento y represión al magisterio que caracterizaron la reciente etapa de evaluación al desempeño docente, suscrito por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se declara al 2016 “Centenario de los Congresos Feministas en Yucatán de 1916”, suscrito por la diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Sagarpa, a finiquitar y distribuir los recursos destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan), ejercicio 2015, suscrito por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de Veracruz, a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se llevará a cabo en dicha entidad, suscrito por el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tabasco y a la Profepa, a efecto de revisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, suscrito por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Cultura, para que considere medidas de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales diversos que tienen la imagen institucional del Conaculta, en tanto se consolida la transición de la nueva Secretaría de Cultura, suscrito por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que impulse una estrategia multilateral que disminuya el fenómeno creciente de la migración infantil y adolescente no acompañada, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo con relación al homicidio de Gisela Mota, Presidenta Municipal de Temixco, en el estado de Morelos, suscrito por la senadora María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que fortalezca las campañas de información respecto a los centros de acopio de árboles de navidad en todo el país, suscrito por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a suspender de manera definitiva, el contrato administrativo multianual abierto para el servicio de “Subrogación para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa “Autotraffic S. A. de C.V.”, suscrito por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su reconocimiento a la Secretaría de Salud y, particularmente, a la Cofepris, por la aprobación de la primera vacuna contra el dengue a nivel mundial, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrito por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fin de vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tiene el estado de Veracruz con sus pensionados y jubilados, suscrito por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo en materia de promoción de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores, suscrito por diversas senadoras de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP, emita una resolución de carácter general, para que se autorice la expedición de certificado o constancia de incapacidad correspondiente, con los cuales se podrá deducir los pagos efectuados por la compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación, suscrito por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados, para que publique y someta a consideración del Pleno, el Programa de Reorganización Administrativa que mandata el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrito por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se condena el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, Alcaldesa del Municipio de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 02 de enero de 2016, suscrito por la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo para condenar el asesinato de la Presidenta Municipal de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo y exigir su esclarecimiento, suscrito por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo en relación con el atentado en el que perdió la vida la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, suscrito por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación con las entidades federativas de los estados afectados por las bajas temperaturas fortalezcan las acciones y programas de atención a la población, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a fin de evitar la práctica recurrente de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población, suscrito por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infodf, para que lleve a cabo las acciones que permitan garantizar el derecho humano de los ciudadanos a acceder de manera pronta y expedita a la información pública concerniente al Fideicomiso de la Central de Abastos de la Ciudad de México, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, para que envíe a esta Soberanía, un informe pormenorizado sobre el estado actual de la infraestructura de la red del Sistema Transporte Colectivo “Metro”, así como las acciones y recursos programados para su mantenimiento, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece, para que lleven a cabo una estrategia coordinada que permita evitar el incremento de los precios injustificados a diversos productos y servicios en el mercado nacional, durante la denominada “cuesta de enero”, suscrito por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agenda política
Comentarios relativos al Acuerdo de París, 12 de diciembre de 2015, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios relativos a los hechos ocurridos en el estado de Morelos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios relativos a la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales de 2016, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Con motivo del 101 Aniversario de la “Ley Agraria”, promulgada el 6 de enero de 1915, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo del Día del Periodista, a cargo del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera en México, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintidós de diciembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva
En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y cuatro legisladoras y legisladores, a las once horas con treinta y un minutos del martes veintidós de diciembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la Sesión de Instalación, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De la Secretaría de Gobernación, con los que remite:
• El Informe Anual sobre la ejecución de los Programas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Cámara de Senadores.
• El Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción “Levante Mediterráneo dos mil quince”. Se remite a la Cámara de Senadores.
• El Informe Anual sobre el Desempeño de las funciones de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria, así como el estado que guardan las principales políticas y programas instrumentados en el periodo de diciembre de dos mil catorce a noviembre de dos mil quince. Se remite a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Senadores.
• Con el que remite el Tercer Informe Trimestral con las acciones implementadas en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, correspondiente al periodo de julio a septiembre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores.
• Ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar y, en su caso, modificar la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo que afecta diversos estados de la república. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
– Por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario a modificar la NOM-141-SSA1/SCFI-dos mil doce, relativa al etiquetado de productos cosméticos preenvasados. Se remite a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
– Por el que se exhorta a distintas dependencias federales y de Oaxaca a implantar una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
– Donde se solicita redoblar los esfuerzos de la comunidad internacional para erradicar el terrorismo en cualquiera de sus formas y se hace un llamado a mantener la unidad mundial contra todo acto que atente contra la paz y la estabilidad internacionales. Se remite a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
– Para solicitar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que establezca medidas y programas especiales a fin de proteger las especies migratorias y sus hábitat. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
– Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público el destino de los recursos para operar proyectos forestales relacionados con reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional a implantar un programa de toma de conciencia y prevención ante posibles desastres marítimos, tsunamis, en los estados costeros. Se remite a la Comisión de Protección Civil, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
– Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su intervención para defender los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
• Diecisiete contestaciones a puntos de acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores, por la Comisión Permanente correspondiente al Primer y Segundo Recesos del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a la Cámara de Senadores.
b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
• Con el que remite, en nueve tomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, en cumplimiento del artículo cuarenta y dos, fracción sexta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento; y a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de las y los diputados.
• Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de noviembre de dos mil quince, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
• Con el que informa que en el mes de noviembre de dos mil quince, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la de Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Senadores.
c) De las Universidades de Guanajuato, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Occidente, de Sonora; Popular de la Chontalpa; Autónomas de los estados de Morelos y de Chiapas, del Instituto Tecnológico de Sonora y del Colegio de Sonora, con los que remiten los informes de resultados de las auditorías externas a la matrícula, sobre la ampliación de la misma y las matrículas correspondientes al segundo semestre del dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
d) De la Cámara de Senadores:
• Con el que remite el Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de dos mil dieciséis, y el Presupuesto ejercido durante el mes de noviembre del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
• Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción trigésima del artículo noventa y tres de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Con el que remite oficios de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, correspondientes al Informe Legislativo y de Gestión, del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura; al Informe de su participación en la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano; al informe de su participación en las reuniones de las comisiones de Equidad y Género, Niñez y Juventud; Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, así como en la Trigésima Primera Asamblea Ordinaria del PARLATINO. De enterado.
• Con el que remite el Informe de actividades del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y el Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. De enterado.
• Con el que remite el Informe de actividades del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Comisión Especial Sur-Sureste. De enterado.
• Con el que remite el Informe de la participación de la Comisión Especial de Productividad en el análisis del Proyecto de Zonas Económicas Especiales llevado a cabo el tres de diciembre de dos mil quince. De enterado.
e) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el que remite la Recomendación General veintitrés/dos mil quince, sobre el Matrimonio Igualitario. Se remite a las Comisiones de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores.
f) Del Congreso del estado de Morelos, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de considerar como entidad elegible al estado de Morelos dentro del Fondo de Apoyo a Migrantes. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
g) Del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:
• Diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, y suscrita por la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, ambas del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo quince de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.
• Diputada Norma Rocío Nahle García, y suscrita por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, ambos de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Senadora Anabel Acosta Islas, y suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios, que reforma el artículo noventa de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Cámara de Senadores.
El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Intervienen para referirse al tema a los legisladores: diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena; diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional; y diputado César Octavio Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional.
Se da cuenta con acuerdos de la Mesa Directiva:
• Relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
• Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
El Presidente de la Mesa Directiva informa que las comisiones de trabajo han manifestado su deseo de instalarse, por lo que indica los salones en los que podrán realizarlo una vez termine la sesión.
Se da cuenta con oficio del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, por el que solicita licencia para separarse de sus labores legislativas a partir del veintidós de diciembre de dos mil quince. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
Se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta y un minutos, y se cita para la que tendrá lugar el jueves siete de enero del dos mil dieciséis, a las once horas.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
Seguimos con el capítulo de Comunicaciones.
COMUNICACIONES
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0002/16, signado por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional el jueves 14 de enero de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendió el presidente saliente de la República de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, para participar en la ceremonia de transmisión de mando al presidente electo Jimmy Morales, la cual tendrá lugar en la ciudad de Guatemala.
Guatemala es un socio estratégico de México, país con el que compartimos 960 kilómetros de frontera y la aspiración de forjar un futuro más próspero para nuestras sociedades. Fue el primer país que el Presidente Peña Nieto visitó en calidad de presidente electo, el 17 de septiembre de 2012, tras lo cual se han realizado 11 encuentros a nivel presidencial, además de la reciente visita a México del propio presidente electo Morales, el 27 de noviembre de 2015. En estos encuentros ambos países hemos fortalecido nuestro marco jurídico bilateral y hemos dado impulso a acciones concretas de colaboración en materias como energía, infraestructura, migración cooperación para el desarrollo y seguridad.
La cercanía entre México y Guatemala se aprecia también en la dimensión de nuestra relación comercial. Guatemala es el segundo socio comercial de México en Centroamérica, con un intercambio de 2,274.7 millones de dólares (mdd), y es el primer destino de exportaciones mexicanas entre los países de la región, durante el período 2010-2014, el comercio bilateral tuvo una tasa de crecimiento media anual de 6.1%, lo que permitió pasar de 1,691.6 mdd comerciado en 2009 a 2,274.7 mdd en 2014, y existe potencial para que éste crezca aún más.
En materia de inversión, México figura como el primer inversionista de América Latina y el Caribe en Guatemala, con un total acumulado de 2 mil 700 millones de dólares, y el tercero a nivel mundial, después de Estados Unidos y Canadá. En Guatemala existe presencia de importantes empresas mexicanas como Telmex, Grupo Bimbo, Maseca, Envases Universales, Grupo Elektra, Banco Azteca, Mabe-Geoca, Tv Azteca, Grupo Fersan, Alucaps y Sigma Alimentos.
La asistencia del presidente Enrique Peña Nieto a esta ceremonia oficial de toma de posesión permitirá a nuestro país reiterar el carácter estratégico de la relación bilateral y confirmar el apoyo que México brinda a la institucionalidad democrática en Guatemala. Igualmente, su presencia refrendará el interés de nuestro país en continuar impulsando acciones para fortalecer la ya amplia agenda política, económica y de cooperación entre ambos países y propiciar el desarrollo incluyente en la frontera común, particularmente a través del plan maestro de modernización fronteriza y los proyectos bilaterales y regionales de integración energética.
La presencia del presidente Peña Nieto en esta actividad oficial también contribuirá al acercamiento al nuevo gobierno para impulsar iniciativas de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que generen oportunidades de crecimiento económico y atiendan, con base en el principio de responsabilidad compartida, asuntos de gran relevancia para la región centroamericana, entre los que destacan los temas migratorios y de seguridad.
Una vez concluido e1 viaje del presidente la República, se enviará a esa soberanía un informe con los resultados de las actividades realizadas, en los términos del citado artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 5 de enero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Estimado señor subsecretario
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, con fundamento en el artículo 16, fracciones I, inciso c) y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sujeción a las facultades de la subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para informar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que el ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el jueves 14 de enero de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendió el presidente saliente de la República de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, para participar en la ceremonia de transmisión de mando al presidente electo Jimmy Morales, la cual tendrá lugar en la ciudad de Guatemala.
Guatemala es un socio estratégico de México, país con el que compartimos 960 kilómetros de frontera y la aspiración de forjar un futuro más próspero para nuestras sociedades. Fue el primer país que el presidente Peña Nieto visitó en calidad de presidente electo, el 17 de septiembre de 2012, tras lo cual se han realizado 11 encuentros a nivel presidencial, además de la reciente visita a México del propio presidente electo Morales, el 27 de noviembre de 2015. En estos encuentros ambos países hemos fortalecido nuestro marco jurídico bilateral y hemos dado impulso a acciones concretas de colaboración en materias como energía, infraestructura, migración, cooperación para el desarrollo y seguridad.
La cercanía entre México y Guatemala se aprecia también en la dimensión de nuestra relación comercial. Guatemala es el segundo socio comercial de México en Centroamérica, con un intercambio de 2 mil 274.7 millones de dólares, y es el primer destino de exportaciones mexicanas entre los países de la región. Durante el período 2010-2014, el comercio bilateral tuvo una tasa de crecimiento media anual de 6.1 por ciento, lo que permitió pasar de mil 691.6 millones de dólares comerciados en 2009 a 2 mil274.7 mmd en 2014, y existe potencial para que éste crezca aún más.
En materia de inversión, México figura como el primer inversionista de América Latina y el Caribe en Guatemala, con un total acumulado de 2 mil 700 millones de dólares, y el tercero a nivel mundial, después de Estados Unidos y Canadá. En Guatemala existe presencia de importantes empresas mexicanas como Telmex, Grupo Bimba, Maseca, Envases Universales, Grupo Elektra, Banco Azteca, Mabe-Geoca, Tv Azteca, Grupo Fersan, Alucaps y Sigma Alimentos.
La asistencia del presidente Enrique Peña Nieto a esta ceremonia oficial de toma de posesión permitirá a nuestro país reiterar el carácter estratégico de la relación bilateral y confirmar el apoyo que México brinda a la institucionalidad democrática en Guatemala. Igualmente, su presencia refrendará el interés de nuestro país en continuar impulsando acciones para fortalecer la ya amplia agenda política, económica y de cooperación entre ambos países y propiciar el desarrollo incluyente en la frontera y los proyectos bilaterales y regionales de integración.
La presencia del presidente Peña Nieto en esta actividad oficial también contribuirá al acercamiento al nuevo gobierno para impulsar iniciativas de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que generen oportunidades de crecimiento económico y atiendan, con base en el principio de responsabilidad compartida, asuntos de gran relevancia para la región centroamericana, entre los que destacan los temas migratorios y de seguridad.
Una vez concluido el viaje del presidente de la República, se enviará a esa soberanía un informe con los resultados de las actividades realizadas, en los términos del citado artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2015.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), director general.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores, y a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
———————— o ————————
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 33, fracción IV de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 230.000.00/1064/ 2015, el LAE J. Jesús Antón de la Concha, oficial mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Suplente de la Presidenta del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, envía el segundo informe semestral de actividades de 2015 del citado Consejo.
Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como un juego impreso que contienen el citado informe y un disco compacto, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 22 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a los fines del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, particularmente el relativo a la entrega de informes de actividades al honorable Congreso de la Unión, establecido en el artículo 33, fracción IV, de la Ley General de la materia, adjunto al presente se hace entrega del correspondiente al segundo semestre de 2015,(1) de forma impresa y en archivo electrónico.
No omito mencionar que dicho Informe se encuentra debidamente aprobado por los integrantes del citado Consejo Nacional por lo que, en apego al artículo 27, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito solicitar su valiosa intervención para que se realicen las gestiones necesarias para remitir dicho informe al honorable Congreso de la Unión y estar en posibilidad de cumplir en tiempo y forma en atención a la disposición de referencia.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 18 de diciembre de 2015.— LAE J. Jesús Antón de la Concha (rúbrica), Oficial Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Suplente de la Presidenta del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y de la Cámara de Senadores.
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La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 108 de la Ley de Petróleos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DG-112/2015, el ciudadano Emilio Ricardo Lozaya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, envía el informe semestral sobre el uso de endeudamiento de ese organismo y sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al periodo de enero-junio de 2015.(2)
Por lo anterior, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como de su anexo, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 23 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
———————— o ————————
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-209 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVI.410/15 suscrito por el ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a considerar un ajuste a las tarifas eléctricas aplicadas en los municipios del norte del estado de Veracruz: Pánuco, Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo y Huayacocotla, y El Ébano en San Luis Potosí.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
México, DF, a 22 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.
Por este medio, me permito hacer referencia a su atento oficio SELAP/UEL/311/2416/15 que contiene punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 1 de diciembre pasado, mediante el cual exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas aplicadas en los municipios del norte del estado de Veracruz: Pánuco, Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo y Huayacocotla y El Ébano en San Luis Potosí.
Sobre el particular, adjunto al presente, los comentarios emitidos por la Dirección General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico de la Subsecretaría de Electricidad.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 22 de diciembre de 2015.— Ingeniero Ismael Orozco Loreto (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía.— Presente.
Hago referencia a su oficio número 100-DGVI.397/15 de fecha 3 de diciembre del año en curso, en el que solicita a la Subsecretaría de Electricidad la información correspondiente al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 1 de diciembre de 2015, el cual se transcribe a continuación:
“ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas aplicadas en los municipios del norte del estado de Veracruz: Pánuco, Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo y Huayacocotla; y El Ébano en San Luis Potosí.”
Al respecto, adjunto al presente me permito enviar a usted una atenta nota sobre el asunto en cuestión, con la finalidad de aportar los elementos necesarios para dar respuesta a la Secretaría de Gobernación.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 16 de diciembre de 2015.— Doctor César Alejandro Hernández Alva (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Para: ingeniero Ismael Orozco Loreto
Director General de Vinculación Interinstitucional
De: doctor César Alejandro Hernández Alva
Director General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico
Asunto: Punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que se exhorta a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas en siete municipios del estado de Veracruz y uno del estado de San Luis Potosí.
l. Antecedente
Mediante el oficio número SELAP/UEL/31l/2416/15 de fecha 2 de diciembre de 2015, la Secretaría de Gobernación envía a la Secretaría de Energía el oficio número DGPL 63-II-4-209 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que comunica el siguiente el punto de acuerdo:
“ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas aplicadas en los municipios del norte del estado de Veracruz: Pánuco, Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo y Huayacocotla, y El Ébano en San Luis Potosí.”
II. Regulación vigente en materia de tarifas eléctricas
Derivado de la reforma constitucional en materia de energía publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, el Ejecutivo federal promulgó y publicó en el DOF el 11 de agosto de 2014 las leyes secundarías aprobadas por el Congreso de la Unión.
Entre las leyes secundarias destaca la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en la que se establecen nuevas disposiciones para la determinación de las tarifas, donde ahora la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene la competencia de expedir y aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de tarifas reguladas, entre otras, las relativas a las tarifas finales del suministro básico.
Asimismo, el artículo 139 de la LIE establece en su segundo párrafo lo siguiente: “El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.”
Por otra parte, el artículo transitorio sexto del reglamento de la LIE establece “Las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica relativas a contratación, tarifas, medición facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias.”
Con fundamento en lo anterior, mediante el acuerdo publicado en el DOF el l de enero de 2015, el Ejecutivo federal autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a establecer las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y, por consiguiente, estas tarifas fueron establecidas por la SHCP con vigencia a partir del 1o. de enero de 2015, mediante el Acuerdo 015/2014.
En tal virtud, el proceso de ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos recae actualmente en el ámbito de competencia de la SHCP.
No obstante y sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico, emite los siguientes:
III. Comentarios
No se considera que existan elementos para recomendar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas en los municipios antes referidos, en virtud de lo siguiente:
• Las tarifas domésticas 1 (clima templado) y 1A a 1F (clima caluroso en verano) están estructuradas en tres rangos de consumo: i) Rango Básico con cargos muy bajos y un nivel alto de subsidio; ii) Rango Intermedio con cargos bajos y un nivel de subsidio un poco menor que el del rango básico, y iii) Rango Excedente con cargos que tienden a cubrir la totalidad del costo de suministro.
• De hecho dicha estructura es justa, pues fue establecida por la SHCP con el propósito de que los usuarios de más bajos recursos, que por lo general se mantienen dentro de los rangos de consumo básico e intermedio, paguen los cargos más bajos y reciban el mayor nivel de subsidio, de manera que las tarifas de uso doméstico 1 a 1F cubren en promedio apenas 35 por ciento de su costo de suministro, mientras que los usuarios reciben subsidios implícitos en dichas tarifas por el equivalente a 65 por ciento restante.
• Es importante mencionar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza anualmente la revisión de los registros termométricos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de constatar la correcta aplicación de las tarifas de verano cálido y, en su caso, proceder a la reclasificación tarifaria de las localidades cuyos registros lo avalen, pero ninguna localidad puede ser reclasificada a otra tarifa sin haber cumplido con la normatividad establecida.
• Con base en las autorizaciones de cambio de tarifas domésticas en el periodo de enero 2002 al 11 de diciembre de 2015, proporcionados por la CFE, se desprende que del análisis efectuado por la empresa en apego a la normatividad establecida en la materia, los 7 municipios del norte del estado de Veracruz están correctamente clasificados en las tarifas vigentes y no hay elementos que permitan reclasificarlos a una tarifa más favorable, en tanto que el municipio El Ébano en San Luis Potosí, fue reclasificado de la tarifa 1B a la 1D en octubre de 2002.
• El esquema tarifario vigente es de aplicación general en todo el país, por lo que se estima que no será factible que la SHCP acceda, por ahora, a aprobar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas exclusivamente en beneficio de los siete municipios antes referidos del norte del estado de Veracruz y uno del estado de San Luis Potosí.
Por otra parte y en el ámbito de la implementación de la Reforma Energética, hay que destacar lo siguiente:
• Actualmente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está inmersa en un proceso de definición y establecimiento de las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, entre ellas las correspondientes a las tarifas finales del suministro básico, que serán emitidas próximamente.
• Una vez que la CRE emita y aplique las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, el gobierno federal podrá proceder, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LIE, que establece en su segundo párrafo los siguiente: “El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.”
• El gobierno federal realiza importantes esfuerzos encaminados a reducir los costos de generación en el corto, mediano y largo plazos para que las tarifas bajen, a través de la sustitución de combustóleo por gas natural, combustible que es mucho más barato y amigable con el medio ambiente, de manera que en 2015 el consumo de combustóleo bajó 47 por ciento en el curso de enero-septiembre en relación a igual lapso de 2013.
• De lo anterior se derivó, entre otros resultados positivos para el comercio y la industria, el Acuerdo 015/2014 que establece, a partir de enero de 2015, una reducción de 2 por ciento a los cargos de las tarifas eléctricas para uso doméstico 1 a 1F respecto a diciembre de 2014 y la suspensión del aumento de 4 por ciento anual que se venía aplicando en años previos, lo que equivale a un beneficio de 6.0 por ciento para las familias mexicanas.
• Adicionalmente, es importante señalar que la implementación de la Reforma Energética conlleva la definición e implantación de estrategias para abrir el mercado eléctrico a efecto de que nuevas empresas, además de la CFE, empiecen a competir a partir del mes de enero de 2016, para generar y comercializar energía eléctrica al menor costo, pues al haber mayor oferta y más competencia en el sector, los hogares, comercios e industrias del país, podrán recibir ofertas de precios más bajos de la energía eléctrica.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
Atentamente
Diciembre 16 de 2015.— Rúbrica.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-327 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-B-1- 458 suscrito por Carlos Muñoz Piña, director general de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita revisar y considerar un ajuste a las tarifas eléctricas en la región de la montaña del estado de Guerrero.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 22 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Maestro Valentín Martínez Garza, jefe de Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—Presente.
Hago referencia a su oficio número SELAP/UEL/311/2420 /15, con fecha 2 de diciembre de 2015, mediante el que remite el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, en el que solicita al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los Secretarios de Energía, Hacienda y Crédito Púbico, y de Desarrollo Social; así como a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, que revisen y consideren un ajuste a las tarifas eléctricas en la Región de la Montaña del estado de Guerrero. Sobre el particular, le comento lo siguiente:
El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, señala que: “La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.
El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.”
En el artículo transitorio vigésimo primero de la LIE se señala que “en tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la Ley de la Industria Eléctrica, se continuarán aplicando, en lo que no se oponga a la misma, las expedidas con anterioridad a su entrada en vigor”.
Actualmente, a los usuarios del sector doméstico se les aplican tarifas preferenciales, ya que no cubren los costos de suministro al pagar un precio menor al costo; estas tarifas cubren menos del 39 por ciento de su costo de suministro y el Gobierno Federal otorga apoyos al consumo de energía al 98 por ciento de los usuarios del servicio público de energía eléctrica a través de menores precios.
Las tarifas domésticas consideran de manera implícita las características socioeconómicas de la población al direccionar y concentrar el beneficio en los usuarios de bajos consumos, asociados a bajos ingreso. Es decir, el diseño tarifario vigente ya otorga un beneficio adicional a las localidades con clima cálido. al aplicar cargos tarifarios más bajos y rangos de consumo más amplios que los de las zonas templadas de nuestro país.
Lo anterior, limita a la CFE la ampliación del sistema eléctrico vía ingresos propios, y condiciona al gobierno federal a realizar importantes transferencias de recursos para cubrir los programas de inversión en infraestructura eléctrica. y así continuar cón la provisión oportuna y suficiente de dicho servicio ante la creciente demanda por energía eléctrica.
Incrementar el nivel de apoyo a las tarifas eléctricas a algún sector de la población, agravaría la situación financiera de la CFE, con el consecuente impacto regional y nacional en los planes de inversión en infraestructura eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda por energía eléctrica con la calidad y oportunidad requeridas.
Cualquier apoyo al consumo de energía eléctrica para algún sector de la población adicional al implícito en las tarifas eléctricas, debe ser otorgado de manera explícita por el gobierno estatal, a través de programas específicos y que se incluyan en sus presupuestos de egresos. De esta manera se evitará distorsionar el costo del servicio eléctrico. así como comprometer la situación financiera de CFE, y se cumplirá con los criterios generales de aplicación de las tarifas.
Una alternativa para reducir la factura por el consumo de energía eléctrica es implementar los programas existentes para el ahorro de energía, mismos que tienen efectos inmediatos en la facturación y beneficios permanentes para los usuarios, por lo que se recomienda acudir a CFE para obtener mayor información al respecto.
Le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 18 de diciembre de 2015.— Carlos Muñoz Piña (rúbrica), director general.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio DGPL 63-II-4-209 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-B-1- 457 suscrito por Carlos Muñoz Piña, director general de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita revisar y considerar un ajuste a las tarifas eléctricas aplicadas en diversos municipios del norte de Veracruz y el municipio de El Ébano en San Luis Potosí.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), jefe de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Maestro Valentín Martínez Garza, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Hago referencia a su oficio número SELAP/UEL/311/2417/15 con fecha 2 de diciembre de 2015, mediante el que remite el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, en el que solicita al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los secretarios de Energía, Hacienda y Crédito Púbico, y de Desarrollo Social; así como a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, que revisen y consideren un ajuste a las tarifas eléctricas en los municipios del norte del estado de Veracruz y el municipio de El Ébano en San Luis Potosí. Sobre el particular, le comento lo siguiente.
El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, LIE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, señala que: “La Comisión Reguladora de Energía, CRE, aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.
El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE”,
En el artículo transitorio vigésimo primero de la LIE, se señala que: “En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la Ley de la Industria Eléctrica, se continuarán aplicando, en lo que no se oponga a la misma, las expedidas con anterioridad a su entrada en vigor.”
Actualmente, a los usuarios del sector doméstico se les aplican tarifas preferencial es ya que no cubren los costos de suministro al pagar un precio menor al costo; estas tarifas cubren menos del 39 por ciento de su costo de suministro y el gobierno federal otorga apoyos al consumo de energía al 98 por ciento de los usuarios del servicio público de energía eléctrica a través de menores precios.
Las tarifas domésticas consideran de manera implícita las características socioeconómicas de la población al direccionar y concentrar el beneficio en los usuarios de bajos consumos, asociados a bajos ingreso. Es decir, el diseño tarifario vigente ya otorga un beneficio adicional a las localidades con clima cálido, al aplicar cargos tarifarios más bajos y rangos de consumo más amplios que los de las zonas templadas de nuestro país.
Lo anterior, limita a la CFE la ampliación del sistema eléctrico vía ingresos propios, y condiciona al gobierno federal a realizar importantes transferencias de recursos para cubrir los programas de inversión en infraestructura eléctrica, y así continuar con la provisión oportuna y suficiente de dicho servicio ante la creciente demanda por energía eléctrica.
Incrementar el nivel de apoyo a las tarifas eléctricas a algún sector de la población, agravaría la situación financiera de la CFE con el consecuente impacto regional y nacional en los planes de inversión en infraestructura eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda por energía eléctrica con la calidad y oportunidad requeridas.
En su caso, cualquier apoyo al consumo de energía eléctrica para algún sector de la población adicional al implícito en las tarifas eléctricas, debe ser otorgado de manera explícita por el Gobierno Estatal, a través de programas específicos y que se incluyan en sus presupuestos de egresos. De esta manera se evitará distorsionar el costo del servicio eléctrico, así como comprometer la situación financiera de CFE, y se cumplirá con los criterios generales de aplicación de las tarifas.
Una alternativa para reducir la factura por el consumo de energía eléctrica es implementar los programas existentes para el ahorro de energía, mismos que tienen efectos inmediatos en la facturación y beneficios permanentes para los usuarios, por lo que se recomienda acudir a CFE para obtener mayor información al respecto.
Le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 18 de diciembre de 2015.— Carlos Muñoz Piña (rúbrica), director general.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta del oficio número DGPL 62-II-3-1979, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar SPPA/ 0997/ 2015, suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a agilizar la reparación y mitigación de las afectaciones ambientales causadas por el incidente del derrame de hidrocarburo crudo en el cuerpo de agua del río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; asimismo, promover ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades por daños causados.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Maestro Valentín Martínez Garza, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me permito hacer referencia al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 1875/ 14, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta subsecretaría el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que señala:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Comisión Nacional del Agua, así como al Ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría de Salud de Nuevo León, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, agilicen la reparación y mitigación de las afectaciones ambientales causadas por el incidente del derrame de hidrocarburo crudo en el cuerpo de agua del río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; asimismo, promuevan ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades por los daños causados.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Nuevo León a que informe a esta soberanía sobre los trabajos de remediación y saneamiento realizados en coordinación con el gobierno federal, en la zona afectada por el derrame de hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, así como los avances alcanzados y el estado que guarda la recuperación ambiental de dicha zona...” (sic).
Al respecto, y con el propósito de dar cumplimiento al mencionado acuerdo, me permito remitir copia de los oficios números PFPA/ 5.3/ 2C.18/ 14337, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); y BOO.OO.0l.-176, de la Comisión Nacional, del Agua (Conagua), mediante los cuales se da respuesta a lo exhortado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de conformidad con el procedimiento instaurado para tales efectos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 14 de diciembre de 2015.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica), subsecretario de Planeación y Política Ambiental.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.
Me refiero a la copia de conocimiento del oficio SELAP/ UEL/ 311/ 1875/ 14, de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a través del cual informa que mediante el oficio número DGPL 62-II-3-1979 el diputado Tomas Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunicó que en sesión celebrada el 11 de ese mes y año se aprobó el punto de acuerdo que señala en los puntos primero y segundo, vinculados a este órgano desconcentrado, lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría General de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, así como al Ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría de Salud de Nuevo León, en ejercicio sus respectivas atribuciones, agilicen la reparación y mitigación de las afectaciones ambientales causadas por el incidente del derrame de hidrocarburo crudo en el cuerpo de agua del río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; asimismo, promuevan ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades por los daños causados.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Nuevo León a que informe a esta soberanía sobre los trabajos de remediación y saneamiento realizados en coordinación con el gobierno federal en la zona afectada por el derrame de hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, así como los avances alcanzados y el estado que guarda la recuperación ambiental de dicha zona.
Sobre el particular y en atención del punto de acuerdo citado, me permito hacer de su conocimiento que la delegación de esta procuraduría en Nuevo León informó que ha realizado el seguimiento puntual del caso de la siguiente manera:
• El sábado 16 de agosto recibe el personal de Pemex Ciudad Victoria el reporte de la toma clandestina en el kilómetro 463+525.20 del oleoducto 24 Ø Madero-Cadereyta, Cadereyta Jiménez, NL, desde las oficinas centrales de Pemex a las 20:44 horas, enviando inmediatamente cuadrilla desde Linares, NL, 21:43 se aproxima personal del sector Ductos Victoria, destacamentado en Linares, al sitio para realizar evaluación. A las 23:50 horas se cierra válvula de la toma clandestina por el personal de Linares. Se suspende valoración del área para realizarla con luz diurna al día siguiente (domingo).
• El domingo 17 de agosto de 2014 se notifica ante esta autoridad la toma clandestina por parte de personal de Pemex, se reanuda recorrido para realizar la valoración de daños, la que continúa hasta el 18 de agosto. Entre las actividades realizadas el 17 de agosto figuraron la instalación de cordones oleofílicos en distintos puntos, colocación de barreras marinas sobre el río San Juan, y contratación de compañía para realizar las labores de limpieza y recuperación de hidrocarburo. Se realiza recorrido participando el delegado de la Profepa en Nuevo León, el alcalde de Cadereyta Jiménez y personal de Pemex del sector Ductos Victoria, para constatar los trabajos.
• Con fecha 18 de agosto de 2014 se inicia el procedimiento administrativo número PFPA/ 25.2/ 2C.27.1/ 0153-14 por personal de la delegación de esta procuraduría, el que se encuentra substanciándose conforme a las etapas procedimentales correspondientes.
• Posteriormente se llevó el seguimiento diario por parte de personal adscrito a la Subdelegación de Inspección Industrial sobre las actividades realizadas por el personal contratado por Pemex, en las labores de extracción de hidrocarburo en la acequia aledaña al río San Juan, así como en el mismo río, además de la recolección de materia impregnada con él.
Se concluyeron los trabajos el 30 de octubre del presente.
• Al mismo tiempo, durante los trabajos de limpieza y recolección de material impregnado, el 22 de octubre del presente inicia los trabajos de caracterización del suelo en la zona afectada que incluyen muestreos en los márgenes de acequia y río San Juan, así como en el punto de la toma clandestina en el kilómetro 463+525.20 del oleoducto 24 Ø Madero-Cadereyta. Concluyeron los trabajos de muestreo el 14 de noviembre de 2014 mediante acta de inspección complementaria PFPA/ 25.2/ 2C.27.1/ 0100-14.
Al momento, la paraestatal se encontraba en espera de los resultados.
Aunado a lo anterior, se formó un grupo interdisciplinario para colaborar con las autoridades ambientales federales, entre otras cosas, en lo siguiente:
• Dar seguimiento a los trabajos de limpieza, saneamiento, y remediación que se hacen necesarios y exigibles a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.
• Con la información obtenida, realizar recomendaciones u observaciones respecto a dichos trabajos, así como en los casos que así sea posible realizar acciones de campo para proponer un adecuado diagnóstico del impacto ambiental generado por dicha emergencia.
• Para las instituciones participantes, que por su naturaleza le corresponde realizar el estudio de impacto ambiental en materia de vida silvestre, y en los casos en que sus atribuciones lo permitan, realizar trabajos de campo tendentes a colaborar con el rescate y manejo de fauna afectada.
Las autoridades participantes fueros la Semarnat, la Profepa, la Conagua, la Conafor, Parques y Vida Silvestre, Agua y Drenaje de Monterrey, el Instituto del Agua, el ITESM, la UANL y el municipio de Cadereyta.
Reuniones celebradas: 28 de agosto de 2014, 5 de septiembre de 2014, 11 de septiembre de 2014 (visita al río San Juan) y 2 de octubre de 2014.
Es de mencionar que también se realizaron reuniones con la Comisión Especial para la atención del río San Juan del Congreso de Nuevo León; la última fue el 15 de octubre de 2014.
Actualmente, la denuncia de hechos se encuentra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República, registrada con el número AP/ 1224/ UEDAPLE/ DA/ 17/ 2014, la que se encuentra en investigación.
Una vez manifestado lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que parte de la información proporcionada tiene el carácter de reservada de conformidad con los artículos 13, fracción V, y 14, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.
Derivado de lo anterior, en atención de su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, solicito a usted atenta y respetuosamente que haga llegar la respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdo Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, Distrito Federal, a 30 de diciembre de 2014.— Licenciada María Guadalupe Armida García Coronel (rúbrica), directora General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Maestro Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación de la subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.— Presente.
Hago referencia a su oficio número SPPA/ 0499/ 2015, respecto del punto de acuerdo en el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, así como al Ejecutivo estatal, para que a través de la Secretaría de Salud de Nuevo León, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, agilicen la reparación y mitigación de las afectaciones ambientales causadas por el incidente del derrame de hidrocarburo crudo en el cuerpo de agua del río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; asimismo, promuevan ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades por los daños causados.
Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta coordinación de asesores de la dirección general el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, me permito adjuntar la respuesta por esta institución.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 23 de septiembre de 2015.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Licenciado José Alejandro Cervantes Beltrán, coordinador General Adjunto, México, DF
En referencia a su memorando número BOO.OO.01.-227, fecha 25 de abril del año en curso, mediante el cual solicita comentarios del organismo de cuenca Río Bravo (OCRB), respecto del punto de acuerdo mediante el cual “la Cámara de diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, así como al Ejecutivo estatal, para que a través de la Secretaría de Salud de Nuevo León, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, agilicen la reparación y mitigación de las afectaciones ambientales causadas por el incidente del derrame de hidrocarburo crudo en el cuerpo de agua del río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; asimismo, promuevan ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades por los daños causados...”
Al respecto, anexo me permito enviarle la información sobre las acciones que está realizando el organismo de cuenca Río Bravo de la Conagua, conforme al formato establecido.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Monterrey, Nuevo León, a 1o. de septiembre de 2015.— Ingeniero Óscar Gutiérrez Santana (rúbrica), director general del Organismo de Cuenca Río Bravo.»
« Asunto: Punto de acuerdo Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, así como al Ejecutivo estatal, para que a través de la Secretaría de Salud de Nuevo León, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, agilicen la reparación y mitigación de las afectaciones ambientales causadas por el incidente del derrame de hidrocarburo crudo en el cuerpo del agua del río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; asimismo, promuevan ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades por los daños causados...” (sic).
Antecedentes
El 18 de agosto de 2014, Pemex (SIPA, Sector Ductos Victoria, STDN) envió comunicado a la Conagua para informar que a las 20:45 del 16 de agosto de 2014 fueron notificados de una toma clandestina descontrolada en el kilómetro 463+525.20 oleoducto de 24” Ø Línea-1 Madero-Cadereyta, de Cadereyta Jiménez, NL. Informando que el evento quedó controlado a las 22:50 del 16 de agosto; iniciando acciones de limpieza y recuperación de producto (crudo), así como la cuantificación de los daños.
Cabe señalar que en fecha 11 de noviembre de 2014 y 25 de marzo de 2015, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, respectivamente, exhortaron al Ejecutivo federal y al estatal para la atención del incidente del derrame del crudo, los que fueron atendidos mediante los formatos solicitados, con memorando de fecha 4 de diciembre de 2014 y 14 de abril de 2015.
Acciones realizadas
• El Organismo de Cuenca Río Bravo realizó campañas de monitoreo en el río San Juan el 21 de agosto, 1 de septiembre y 8 de septiembre de 2014. Del último muestreo, los valores de los hidrocarburos totales de petróleo (CTPH) fueron inferiores al límite de detección del método; para BTEX, los valores muy por abajo de los límites máximos permisibles en las tres campañas de muestreo.
• El 26 y 27 de agosto de 2014 se inició el monitoreo de pozos y norias que se ubicaban en la zona de afectación y que abastecen de agua a las localidades del área. Los resultados de los 19 sitios monitoreados, en BTEX los valores encontrados son inferiores a los límites máximos permisibles que establece la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAl-1994, modo 2000, y para hidrocarburos totales de petróleo los valores son inferiores al límite mínimo de cuantificación. Se determinó que no hubo indicios de contaminación por hidrocarburos en el agua subterránea.
• Supervisión del 3 al 25 de noviembre de 2014 de los muestreos del agua en la acequia, río San Juan, presa El Cuchillo, pozos y norias aledañas a las márgenes del río San Juan en la trayectoria donde fluyó el hidrocarburo por el río, realizados por el Instituto del Agua de Nuevo León.
• Los resultados de esos muestreos Pemex los ingresó al OCRB en marzo de 2015 mediante el oficio número DJ/ CPP/ GJR/ SSJRNM/ PMS/ 362-2015, anexando el informe de caracterización de agua superficial y caracterización ambiental de suelos en las márgenes del río San Juan, por derrame de hidrocarburo (crudo) a causa de una toma clandestina descontrolada en el kilómetro 463+525.20 del oleoducto 24” de diámetro L-l, Madero-Cadereyta, en el ejido San Juan, municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Solicitando en el citado oficio lo siguiente: Respecto “al estudio de agua que se encuentra por debajo del límite máximo permisible, siendo evidencia de limpieza y consecuentemente es procedente y así se solicita el archivo del expediente en que se actúa como total y definitivamente concluido”.
• A fin de dar atención a su solicitud, mediante el memorándum número BOO.811.08.-06 3 (2014), del 4 de junio de 2015, y con fundamento en la fracción XV del artículo 57 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, el OCRB remitió a la Gerencia de Calidad del Agua el informe citado en el párrafo anterior solicitando su opinión técnica al respecto; por lo que mediante el memorándum BOO.7.0.5.-464, del 5 de agosto de 2015, dicha gerencia nos remite su opinión técnica.
• Con arreglo a dicha opinión técnica, el OCRB notificó a Pemex mediante el oficio número BOO.811.08.-173 (2015), recibido el 27 de agosto de 2015, indicando que no es posible acceder a su solicitud de que se declare la conclusión de las acciones de remediación en el río y agua subterránea hasta en tanto se atiendan las siguientes
Recomendaciones
• En el caso del río San Juan, acequia y pozos, se sugiere continuar con el muestreo y analizar los mismos parámetros que los presentados en el informe de caracterización: Hidrocarburos totales dé petróleo en sus tres fracciones (ligera. media, pesada). BTEX, HAP (hidrocarburos poliaromáticos).
• Para descartar la migración del hidrocarburo al agua subterránea, es necesario muestrear y analizar pozos o norias ubicadas en el tramo impactado en agosto de 2014 analizando hidrocarburos totales de petróleo en sus tres fracciones (ligera. media, pesada), BTEX, HAP (hidrocarburos poliaromáticos).
• En el citado oficio BOO.811.08.-173 (2015) se indicaron a Pemex los sitios de muestreo tanto para los muestreos del agua superficial como de las aguas subterráneas.
• Se sugirió hacer los muestreos y análisis con la mayor brevedad y remitirlos al Organismo de Cuenca Río Bravo para la evaluación correspondiente.
Por lo que hace a las acciones administrativas, se realizó visita formal de inspección en fecha 22 de agosto de 2014 con acta de visita 19-009-001(2014).
Derivado de la visita se emitió inicio de procedimiento administrativo con el oficio BOO.00.R07.04.06.-345, de fecha 29 de septiembre de 2014, instruido a Pemex Refinación.
El procedimiento culminó con resolución emitida con el oficio BOO.811.04.06.-503, de fecha 4 de noviembre de 2014, determinándose la inexistencia de elementos para sancionar a Pemex Refinación porque no se acreditó la participación de la paraestatal en las acciones que provocaron el derrame.
Acciones por realizar
• En el oficio número BOO.8.11.08.-173 (2015), remitido a Pemex, se le sugiere hacer los muestreos y análisis del agua superficial y subterránea con la mayor brevedad, y remitirlos al Organismo de Cuenca Río Bravo para la evaluación correspondiente.
Datos del proyecto (en caso de haberlos)
No se cuenta con proyecto para el caso que nos ocupa.
Nombre y firma de la persona que elabora el documento: Sergio Gallegos Espinoza (rúbrica); Nombre y firma del titular del área: Amalio Cardona Rodríguez (rúbrica).»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio DGPL 63-1I-5-327, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVI.411/15 suscrito por el ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a considerar un ajuste a las tarifas eléctricas en la Región de la Montaña del estado de Guerrero.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.
Por este medio, me permito hacer referencia a su atento oficio SELAP/UEL/311/2419/15 que contiene punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 1 de diciembre pasado, mediante el cual exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas en la región de la montaña del estado de Guerrero.
Sobre el particular, adjunto al presente, los comentarios emitidos por la Dirección General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico de la Subsecretaría de Electricidad.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 18 de diciembre de 2015.— Ingeniero Ismael Orozco Loreto (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía.— Presente.
Hago referencia a su oficio número 100-DGVI.396/15 de fecha 3 de diciembre del año en curso, en el que solicita a la Subsecretaría de Electricidad la información correspondiente al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 1 de diciembre de 2015, el cual se transcribe a continuación:
“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas en la región de la montaña del estado de Guerrero.”
Al respecto, adjunto al presente me permito enviar a usted una atenta nota sobre el asunto en cuestión, con la finalidad de aportar los elementos necesarios para dar respuesta a la Secretaría de Gobernación.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 16 de diciembre de 2015.— Doctor César Alejandro Hernández Alva (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Para: ingeniero Ismael Orozco Loreto
Director General de Vinculación Interinstitucional
De: doctor César Alejandro Hernández Alva
Director General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico
Asunto: punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que exhorta a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas en la región de la montaña del estado de Guerrero.
I. Antecedente
Mediante el oficio número SELAP/UEL/311/2419/15 de fecha 2 de diciembre de 2015, la Secretaría de Gobernación envía a la Secretaría de Energía el oficio número DGPL 63-II-5-327 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que comunica el siguiente el punto de acuerdo:
“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía y a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, a revisar y, en su caso, considerar un ajuste a las tarifas eléctricas en la región de la montaña del estado de Guerrero.”
II. Regulación vigente en materia de tarifas eléctricas
Derivado de la reforma constitucional en materia de energía publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, el Ejecutivo federal promulgó y publicó en el DOF el 11 de agosto de 2014 las leyes secundarias aprobadas por el Congreso de la Unión.
Entre las leyes secundarias, destaca la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en la que se establecen nuevas disposiciones para la determinación de las tarifas, donde ahora la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene la competencia de expedir y aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de tarifas reguladas, entre otras, las relativas a las tarifas finales del suministro básico.
Asimismo, el artículo 139 de la LIE establece en su segundo párrafo los siguiente: “El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE”.
Por otra parte, el artículo transitorio sexto del reglamento de la LIE establece “Las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica relativas a contratación, tarifas, medición facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias.”
Con fundamento en lo anterior, mediante el acuerdo publicado en el DOF el 1 de enero de 2015, el Ejecutivo federal autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a establecer las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y, por consiguiente, estas tarifas fueron establecidas por la SHCP con vigencia a partir del 1o. de enero de 2015, mediante el Acuerdo 015/2014.
En tal virtud, el proceso de ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos recae actualmente en el ámbito de competencia de la SHCP.
No obstante y sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico, emite los siguientes:
III. Comentarios
No se considera que existan elementos para recomendar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas en la región de la montaña del estado de Guerrero, en virtud de lo siguiente:
• Las tarifas domésticas 1 (clima templado) y 1A a 1F (clima caluroso en verano) están estructuradas en tres rangos de consumo: i) Rango Básico con cargos muy bajos y un nivel alto de subsidio; ii) Rango Intermedio con cargos bajos y un nivel de subsidio un poco menor que el del rango básico, y iii) Rango Excedente con cargos que tienden a cubrir la totalidad del costo de suministro.
• De hecho dicha estructura es justa, pues fue establecida por la SHCP con el propósito de que los usuarios de más bajos recursos, que por lo general se mantienen dentro de los rangos de consumo básico e intermedio, paguen los cargos más bajos y reciban el mayor nivel de subsidio, de manera que las tarifas de uso doméstico 1 a 1F cubren en promedio apenas 35 por ciento de su costo de suministro, mientras que los usuarios reciben subsidios implícitos en dichas tarifas por el equivalente al 65 por ciento restante.
• Es importante mencionar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza anualmente la revisión de los registros termométricos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de constatar la correcta aplicación de las tarifas de verano cálido y, en su caso, proceder a la reclasificación tarifaria de las localidades cuyos registros lo avalen, pero ninguna localidad puede ser reclasificada a otra tarifa sin haber cumplido con la normatividad establecida.
• Con base en las autorizaciones de cambio de tarifas domésticas en el periodo de enero 2002 al 11 de diciembre de 2015, proporcionados por la CFE, se desprende que del análisis efectuado por la empresa en apego a la normatividad establecida en la materia, de los 19 municipios que conforman la región de la montaña del estado de Guerrero, 17 de ellos están correctamente clasificados en las tarifas vigentes y que no hay elementos que permitan reclasificarlos a una tarifa más favorable. Por su parte, los dos municipios, restantes sí fueron reclasificados, siendo los siguientes: Huamuxtitlán pasó de las tarifas 1 y 1 B a la 1C en julio de 2008 y Xochihuehuetlán pasó de la tarifa 1A a la 1B en septiembre de 2014.
• El esquema tarifario vigente es de aplicación general en todo el país, por lo que se estima que no será factible que la SHCP acceda, por ahora, a aprobar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas específicamente en beneficio de las 19 poblaciones de la región de la montaña del estado de Guerrero.
Por otra parte y en el ámbito de la implementación de la Reforma Energética, hay que destacar lo siguiente:
• Actualmente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está inmersa en un proceso de definición y establecimiento de las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, entre ellas las correspondientes a las tarifas finales del suministro básico, que serán emitidas próximamente.
• Una vez que la CRE emita y aplique las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, el gobierno federal podrá proceder, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LIB, que establece en su segundo párrafo lo siguiente : “El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.”
• El gobierno federal realiza importantes esfuerzos encaminados a reducir los costos de generación en el corto, mediano y largo plazos para que las tarifas bajen, a través de la sustitución de combustóleo por gas natural, combustible que es mucho más barato y amigable con el medio ambiente, de manera que en 2015 el consumo de combustóleo bajó 47 por ciento en el curso de enero-septiembre en relación a igual lapso de 2013.
• De lo anterior se derivó, entre otros resultados positivos para el comercio y la industria, el Acuerdo 015/2014 que establece, a partir de enero de 2015, una reducción de 2 por ciento a los cargos de las tarifas eléctricas para uso doméstico 1 a 1F respecto a diciembre de 2014 y la suspensión del aumento de 4 por ciento anual que se venía aplicando en años previos, lo que equivale a un beneficio de 6.0 por ciento para las familias mexicanas.
• Adicionalmente, es importante señalar que la implementación de la Reforma Energética conlleva la definición e implantación de estrategias para abrir el mercado eléctrico a efecto de que nuevas empresas, además de la CFE, empiecen a competir a partir del mes de enero de 2016, para generar y comercializar energía eléctrica al menor costo, pues al haber mayor oferta y más competencia en el sector, los hogares, comercios e industrias del país, podrán recibir ofertas de precios más bajos de la energía eléctrica.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
Atentamente
16 de diciembre de 2015.— (Rúbrica).»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-0297, signado por la diputada María Bárbara Botella Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CONAPRED/DGAELPP/493/2015, suscrito por la licenciada Sonia Río Freije, directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a desarrollar una base de datos sobre casos de feminicidio, así como diseñar y ejecutar un programa integral para prevenir, atender y erradicarlo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
México, DF, a 22 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Estimado licenciado Solís Acero:
En atención a su oficio número SELAP/300/2603/15, a través del cual se hizo del conocimiento de este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el diverso de número DGPL 63II-8-0297, signado por la diputada María Bárbara Botella Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara baja en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2015, el cual señala:
“Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, desarrolle una base de datos sobre casos de feminicidio, tal y como lo recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, diseñe y ejecute un programa integral para prevenir, atender y erradicar el feminicidio. Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Poder Judicial de la Federación y a los de las entidades federativas, el otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género.
Al respecto, le informo lo siguiente:
El Conapred, en atención a las atribuciones que la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación le confiere, ha realizado desde su creación diversas acciones tendientes a garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación, haciendo especial énfasis en aquéllas personas en situación de vulnerabilidad y discriminación múltiple como es el caso de las mujeres.
De manera lamentable, las mujeres han sido históricamente blanco de exclusión, segregación y violencia, y es por ello que este Consejo ha atendido esta problemática aún vigente, realizando actividades estratégicas que ayuden a prevenir y a eliminar dichas conductas, entendiendo que para lograr que las mujeres vivan libres de violencia, es necesario combatir la discriminación en todas sus manifestaciones. Señala la Convención de Belém Do Pará en su artículo 6 (Resaltado propio):
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
En este tenor, y de conformidad a sus atribuciones, así como a la preocupación por la discriminación ejercida contra las mujeres, este Consejo Nacional ha participado en diversas actividades y ha realizado distintas labores para la protección de su derecho a la igualdad y a la no discriminación.
A este respecto, es preciso mencionar que el Conapred participó en el proceso de preparación de la Sustentación del Estado mexicano sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer realizado en 2012, sobre lo cual se refiere lo siguiente:
Participación del Conapred en el proceso de preparación de la sustentación
Durante el proceso de preparación, el Conapred participó en las reuniones de coordinación y los simulacros convocados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a través del envío de insumos solicitados por ambas dependencias en relación al cumplimiento de las últimas recomendaciones del Comité emitidas en 2006, de los temas de preocupación externados por el mismo y temas identificados que podrían ser de interés para el CEDAW, considerando los 18 informes sombra que fueron enviados al Comité por distintas organizaciones de la sociedad civil, en la mayor la de los casos, bajo coalición.
Para lograr una mayor coordinación de las 24 instituciones convocadas y mejorar la sistematización de la información enviada por las distintas instancias, se formaron cuatro bloques de sub-coordinación con base en las cuatro partes que componen a la Convención.
El Conapred coordinó, junto con la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el Bloque 1, que comprende del artículo 1 al 6 y el cual era el más complejo debido a los temas que incluye, los cuales tenían mayor incidencia tanto en las recomendaciones del Comité como en los informes sombra. A saber:
1 Legislación (armonización y actualización)
2. Institucionalidad
3. Presupuesto
4. Políticas Públicas
5. Cambio Cultural y No Discriminación
6. Información Estadística
7. Acceso a la Justicia
8. Seguridad
El Conapred también participó en el Bloque IV, en relación a capacidad jurídica y relaciones familiares (artículo 15 y 16), particularmente en la elaboración de insumos referentes al tipo de familia que el Estado promueve, el cual buscó ampliarse a diversidad sexual.
Acciones Específicas
Es importante señalar que los feminicidios, como manifestaciones máximas de la violencia de género, requieren de medidas y toma de decisiones que inciden particularmente en las atribuciones y facultades de instituciones encargadas de la administración e impartición de justicia. Sin embargo, es preciso entender que la violencia también puede ser prevenida y erradicada con diversas acciones que eviten que su incremento, conlleve a la violación más grave de derechos humanos, en este caso, de la privación de la vida de las mujeres.
En este sentido, el Conapred como institución rectora en la prevención y eliminación de la discriminación, ha realizado las siguientes acciones específicas en materia de discriminación contra las mujeres:
Programa educativo a distancia Conéctate.
Este programa fue creado por el Conapred, a efecto de ampliar los servicios de sensibilización y formación en el derecho a la igualdad y no discriminación, llegando así a personas e instituciones en todos los estados de la República Mexicana e inclusive a otros países mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
El objetivo principal del programa es informar y sensibilizar al personal de la administración pública federal, estatal y municipal, así como a integrantes de la sociedad civil y pob1ación en general, en materia del derecho a la no discriminación para identificar, prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias que puedan ocurrir en su entorno laboral, social y familiar.
Asimismo, como objetivos específicos se encuentran los siguientes:
a) Conocer qué es la discriminación y las consecuencias que ésta tiene en la calidad de vida de las personas.
b) Identificar los principales grupos discriminados.
c) Identificar actos díscriminatorios que puedan ocurrir en el entorno laboral, social y familiar, para así prevenir y construir una cultura de igualdad y respeto a los derechos humanos.
El programa Conéctate cuenta con dos modalidades:
Cursos autoinstructivos
Cursos tutorados
La oferta educativa del año 2015 está conformada por los cursos que a continuación se enlistan:
1. El ABC de la igualdad y la no discriminación (ASC)
2. Inclusión y discapacidad (IYD)
3. Diversidad sexual, inclusión y no discriminación (DS)
4. Tolerancia y diversidad de creencias (CRE)
5. Jóvenes, tolerancia y no discriminación (JOV)
6. Discriminación por VIH/SIDA (VIH)
7. Guía de Acción Pública contra la Homofobia (GAPH)
8. Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio (VIO)
9. Pautas para un periodismo incluyente (PER)
10. El ASC de la accesibilidad web (WES)
11. Medidas para la igualdad en el marco del Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (MED)
12. Iguales y diferentes: la ciudadanía en procesos electorales (IGD)
13. El derecho a la igualdad y a la no discriminación de la población afromexicana
Como se puede apreciar, del listado anterior podemos destacar que los cursos incluidos en los puntos 1, 8, 11 y 12 específicamente, tienen relación con la materia del punto de acuerdo que se contesta.
Convenios entre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y los gobiernos estatales
El Conapred, en el marco de sus atribuciones y con fundamento en lo establecido por la fracción XLVIII del artículo 20 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, reformada, derogada y adicionada, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 20 de marzo de 2014, tiene la facultad de celebrar convenios de colaboración con los Poderes Públicos Federales, Estatales y Municipales, con los órganos de la administración del Distrito Federal, con particulares, con organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil.
En este tenor, la celebración de dichos convenios tiene la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, y por lo consiguiente, de que se cumpla la obligación que tiene el estado de que se trate, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, particularmente, de personas en situación de discriminación como es el caso de las mujeres.
Para cumplir con estos objetivos, tanto el Conapred como la entidad federativa correspondiente, se obligan a realizar diversas tareas encaminadas a la prevención de la discriminación, a la promoción de la cultura por la igualdad e inclusión social, así como cualquier estrategia, que bajo estos principios coadyuve a la creación de un marco legal por la igualdad y no discriminación.
Las entidades federativas con las que actualmente se han realizado convenios de colaboración son: Coahuila, Tabasco, Morelos, Tlaxcala, Colima, Nuevo León, Sonora y Oaxaca. En el caso de Quintana Roa, Querétaro y Guanajuato, se firmado el convenio de colaboración pero con el organismo estatal de Derechos Humanos, siendo que en el caso de Guanajuato es la Procuraduría Estatal.
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018
Este Programa Nacional fue elaborado por este Consejo como una de sus atribuciones legales, en términos del artículo 20, fracción XXII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) y en atención a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Planeación, tiene como base la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, la cual impacta directamente en la administración pública federal al reconocer la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, cambiando radicalmente la actuación de la administración pública federal.
Considera las disposiciones de la LFPED, que regulan el derecho a la no discriminación y estipula las bases para el establecimiento de una política nacional orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en todos los ámbitos de la vida cotidiana, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Por este motivo, para realizar la prevención y la lucha contra la discriminación, se deben identificar los elementos discriminadores normalizados y transformar la cultura discriminatoria mediante el combate a los prejuicios y estigmas, a fin de modificar no sólo los valores, sino también las prácticas discriminatorias en el terreno de las relaciones interpersonales, comunitarias, sociales e institucionales.
Para estas y otras finalidades tendientes a prevenir y eliminar la discriminación, el Programa en su totalidad, contempla 6 objetivos, los cuales se enlistan a continuación:
Objetivo 1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer público.
Objetivo 2. Promover políticas y medidas tendentes a que las instituciones de la APF ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios.
Objetivo 3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos.
Objetivo 4. Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reducción.
Objetivo 5. Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con participación ciudadana.
Objetivo 6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación.
De los objetivos señalados, se desprenden 35 estrategias, las cuales contienen 242 líneas de acción, de las cuales, 115 son responsabilidad del Conapred. Se consideran 10 indicadores para su seguimiento y evaluación y en total, suman 52 dependencias involucradas en su operación.
Particularmente y en relación al tema que nos atañe, se resaltan las líneas de acción pertenecientes al objetivo 1 tendientes a fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer público:
Estrategia 1.1 Adecuar la normatividad y procedimientos en programas y servicios de la APF para garantizar igualdad de trato y oportunidades
Líneas de acción
1.1.9. Integrar en una NOM la Guía ICI el MEG la NMX de igualdad laboral entre mujeres hombres (NMX-R-025-SCFI-2012).
Estrategia 1.2. Incluir en la normativa laboral de la APF la obligación de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
1.2.3. Establecer criterios normativos que incrementen la contratación permanencia de mujeres en puestos directivos de toma de decisión.
Asimismo, se hace mención de las líneas de acción pertenecientes al objetivo 3, dirigido a garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos:
Estrategia 3.2 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la salud de personas y grupos discriminados.
Líneas de acción
3.2.4. Garantizar la cobertura universal en servicios de salud a mujeres indígenas vio con discapacidad respetando su condición v necesidades terapéuticas.
Estrategia 3.3 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la seguridad social de personas y grupos discriminados
Líneas de acción
3.3.9. Promover la pensión por viudez sin discriminación a hombres y mujeres.
Estrategia 3.5 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos civiles de personas y grupos discriminados
Líneas de acción
3.5.6. Priorizar acción que garanticen la hombres en la tenencia de la tierra v vivienda.
Por otra parte, se hace mención del objetivo 6 de este Programa, mismo que contiene líneas de acción tendientes a promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación:
Estrategia 6.2. Promover la armonización de la legislación nacional y federal con el artículo primero constitucional en materia de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
6.2.10. Impulsar la incorporación de disposiciones que atiendan la situación de mujeres trans en las LGAMVLV y LGIMH.
Estudio colección “Legislar sin Discriminación”.
De acuerdo a las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído en el tema de derechos humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cumpliendo con sus funciones de institución especializada de velar por el derecho a la no discriminación, se dio a la tarea de investigar diversos temas relacionados con este derecho, y así identificar debilidades y áreas de oportunidad en materia legislativa, a fin de coadyuvar a su mejoramiento y armonización en pro de la igualdad y no discriminación.
Resultado de lo anterior, el Conapred elaboró la colección Legislar sin Discriminación. que presenta una investigación con un rol propositivo, dirigido sobre todo al público relacionado con el quehacer legislativo, con el fin de atender la necesidad de dicha armonización legislativa, encaminada, como consecuencia de la reforma constitucional de 2011, a alentar, desarrollar y lograr acuerdos que lleguen a traducirse en beneficios sociales.
Al día de hoy, la colección se conforma por siete tomos, los cuales abordan la problemática de discriminación que enfrentan diversos grupos en situación de vulnerabilidad como son las mujeres.
Dichos tomos se enlistan a continuación:
Tomo I Fundamentos de la armonización legislativa con enfoque antidiscriminatorio
Tomo II Matrimonio y familias
Tomo III Educación inclusiva
Tomo IV Capacidad jurídica
Tomo V Libertad de expresión
Tomo VI Trabajo del Hogar
Tomo VII Derechos colectivos y reconocimiento constitucional de las poblaciones afromexicanas
Los tomos que integran esta colección han sido distribuidos para su lectura y análisis a diversas personas legisladoras de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como de Congresos estatales y pueden descargarse de manera gratuita en el portal del Conapred: http://www.conapred. org.mx.
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010.
En 2005, la Secretaría de Desarrollo Social y el Conapred realizaron la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, como un esfuerzo para medir las formas de percibir la discriminación y sus variantes, así como para conocer la problemática desde una perspectiva general y desde un enfoque específico de igualdad y no discriminación.
Por su parte, en 2010, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó por encargo del Conapred, la segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010. Este esfuerzo de investigación proporcionó datos desagregados por sexo, edad, situación socioeconómica y nivel educativo.
En ese contexto, durante 2011 el Conapred publicó una serie de cuadernos de divulgación que acercan a la ciudadanía a los resultados de la encuesta, entre los cuales se encuentran, los Resultados sobre mujeres.
El diseño de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, implicó el uso de métodos de análisis cuantitativo y de técnicas de diversas disciplinas para conocer y registrar las percepciones y actitudes discriminatorias. La combinación de técnicas para la obtención y recopilación de información permitió construir una visión completa del tema estudiado así como colaborar con la difusión de los derechos humanos de grupos en situación de discriminación.
A través de estos documentos, es visible la situación de discriminación en la que viven diversos grupos de población como es el caso de las mujeres, quienes por diversos motivos corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, estereotipos, violencia de género y misoginia.
Los Resultados sobre mujeres, establecen que la existencia de apreciaciones sociales que naturalizan la asignación de papeles subordinados a las mujeres son caldo de cultivo para realidades terribles que afectan todos los ámbitos de su desarrollo, siendo un tema de urgente atención, la violencia de género, originada en prejuicios y discriminación, tema que se sigue naturalizando y ocultando a menudo, sin notar que al afectar a más de la mitad de la población es generador de violencia social.
Gracias a los resultados presentados por la Enadis 2010, se ha contribuido a la visibilización de conductas discriminatorias cometidas en contra de diversos grupos de población, de las cuales, las personas servidoras públicas y la sociedad en su conjunto deben encargarse para su prevención y eliminación.
Campaña nacional #SinTags, la discriminación no nos define
La campaña nacional #SinTags, la discriminación no nos define es una campaña derivada del Movimiento Discurso sin Odio, (No Hate Speech Movement), el cual es parte del proyecto “Jóvenes que combaten el Discurso de Odio en Línea”, que se ejecuta entre 2012 y 2014, iniciada y dirigida por el Consejo de Europa, basada en campañas nacionales.
La Campaña internacional tiene como método de trabajo, la creación de conciencia, la defensa, y la búsqueda de soluciones creativas. Es un proyecto para la acción y la intervención que pretende brindar herramientas para los jóvenes, así como a sus organizaciones, de las habilidades necesarias para reconocer y actuar contra las violaciones a los derechos humanos.
Así como la campaña mexicana, el proyecto “Jóvenes que combaten el Discurso de Odio en Línea” es en contra de las expresiones del discurso de odio en línea en todas sus formas, incluyendo aquellas que afectan más a las y los jóvenes, como formas de ciberbullying, ciberacoso y ciberodio. Está basada en la educación en derechos humanos, la participación juveníl y el conocimiento mediático. Busca reducir el discurso de odio y combatir la discriminación en su expresión en línea.
Sus objetivos son los siguientes:
Crear conciencia sobre el discurso de odio en línea y sus riesgos para la democracia y para las y los jóvenes, así como promover las habilidades mediáticas y para Internet.
Implicar a la gente joven para que luche por los derechos humanos, en línea y fuera de ésta.
Reducir los niveles de aceptación del discurso de odio en línea.
Movilizar, entrenar e interconectar en línea a las y los jóvenes activistas en pro de los derechos humanos.
Mapear el discurso de odio en línea y desarrollar herramientas para respuestas constructivas.
Desarrollar la participación juvenil y ciudadana en línea.
En nuestro país, el Conapred fue invitado a formar parte de la campaña nacional #SinTags, la discriminación no nos define, la cual es un movimiento de participación voluntaria príncipalmente de las y los jóvenes del país, que busca mostrar cómo el discurso de odio en Internet se ha convertido en algo cotidiano y la forma en que las y los usuarios unidos pueden levantar la voz para prevenir la discriminación y la violencia en la red que se da en perjuicio de diversas personas entre las que se encuentran las mujeres, con manifestaciones de violencia de género, de desigualdad, machismo y misoginia.
Recientemente, esta campaña fue presentada en el foro internacional “No Hate Speech Movement” en la ciudad de Gabala, Azerbaiyán, ante 250 activistas jóvenes de 47 países europeos, representantes del Consejo de Europa y del gobierno de dicho país, en donde se reconoció la importancia de que México sea el primer país no europeo en implementar esta iniciativa como una oportunidad para incorporar a América Latina a este movimiento que se pretende sea global.
El sitio web en donde pueden observarse mayores detalles de la campaña anteriormente referida es http://síntags.mx
Esperando que la información provista sea de utilidad, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Sonia Río Freije (rúbrica), directora general adjunta.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:De la Secretaría de Gobernación, con el que remite trece contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente correspondientes al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-5382, signado por el senador Luis Sánchez Jiménez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/ 0991/ 2015, suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a reforzar la aplicación de las medidas y acciones derivadas de las diversas resoluciones adoptadas en el marco de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y del Plan Estratégico de Ramsar para 2009-2015; así como integrar un grupo de trabajo que evalúe los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de las políticas, los programas y proyectos que se pretendan desarrollar en el sitio Ramsar Isla Santa María-Topolobampo-Ohuira.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-5373, signado por el senador Luis Sánchez Jiménez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SPPN 0996 /2015, suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita realizar la inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables para la prevención de la contaminación y conservación de la calidad de las aguas, en las descargas de aguas residuales al río La Sabana y a la laguna Tres Palos en el estado de Guerrero.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-797, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/1003/2015, suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al informe sobre el estatus hídrico de los estados de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-792, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/1005/2015, suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a analizar la viabilidad de elaborar un nuevo proyecto de decreto que otorgue facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales que cuenten con títulos cuya vigencia hubiese expirado a partir del 1 de enero de 2009, o que contando con títulos vigentes, no solicitaron su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2014.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3560, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/1727/15, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se exhorta a las autoridades educativas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial correspondientes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3563, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/1901/2015, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al número de Observatorios Estatales de Lesiones instalados; el número de Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes en operación y los municipios prioritarios donde se aplican controles de alcoholimetría y límites máximos de velocidad, destacando los recursos invertidos para tales fines.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-737, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP1650/15, suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar los mecanismos de asilo y refugio que permitan dar acogida a tantos refugiados como sea posible, derivado de la crisis humanitaria que se vive en Siria.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio CP2R2A-3143 signado por el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPN 0989/2015 suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al informe sobre el proceso para establecer un área natural protegida bajo la categoría de reserva de la biosfera en las sierras La Giganta y Guadalupe, en Baja California Sur, así como las acciones contempladas para atender a las comunidades que históricamente se encuentran asentadas en dicho polígono.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio CP2R3A.-2543 signado por el senador Luis Sánchez Jiménez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPN 1000/2015 suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de los anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita al gobierno de Quintana Roo, a los municipios de Tulum y Solidaridad, así como a esa Secretaría, a que de manera coordinada afronten el problema de exceso de sargazo en sus playas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio CP2R3A-2560 signado por el senador Luis Sánchez Jiménez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/1004/2015 suscrito por el ciudadano Javier Warman Diamant, director general de Planeación y Evaluación y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a otorgar apoyos técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que se transformen sus técnicas productivas en no contaminantes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número CP2R3A.-3200 signado por el senador Luis Sánchez Jiménez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/1874/2015 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a que en el marco del Día Mundial Contra la Hepatitis, se implante y difunda una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 23 de diciembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número CP2R3A-2838 signado por el senador Luis Sánchez Jiménez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG-UEL-126-2015 suscrito por la licenciada Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a informar sobre la situación del Sistema Nacional de Refinación, así como implantar y, en su caso, actualizar las medidas preventivas y protocolos de actuación ante la posible escasez de gasolinas y diésel.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 23 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En respuesta al oficio número CP2R3A-2873 signado por el senador Luis Sánchez Jiménez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG-UEL-124-2015 suscrito por la licenciada Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a informar sobre el posible uso indebido de bienes públicos en posesión de la empresa, y que no deben distraerse para el traslado o beneficio de particulares.
Sin otro particular, aprovecha la ocasión para reiterarles 1a seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 23 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Cámara de Senadores.
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La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las fianzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente a de noviembre de 2015.
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de la participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2014.(3)
De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2015.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
México, DF, a 30 de diciembre de 2015.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
REINCORPORACIÓN
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:«Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.— Presente.
Estimado señor presidente:
De acuerdo al artículo 116 de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 14, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que suscribe senadora con licencia Graciela Ortiz González, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura, me dirijo a usted para comunicarle la reincorporación al ejercicio de mi encargo como senadora de la República, a partir del martes 22 de diciembre de 2015.
Sin otro particular, agradezco se incorpore la presente petición en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente, a realizarse el próximo jueves 7 de enero de 2016 a efecto de que sea autorizada por la asamblea.
Aprovecho la ocasión para enviarle un fraternal saludo.
Atentamente
México, DF, a 22 de diciembre de 2015.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese a la Cámara de Senadores.
DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Solicito a la Secretaría dar lectura al oficio de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva
Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente.—Presentes.
Me permito remitir a ustedes el expediente y las aprobaciones de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, para los efectos del artículo 135 Constitucional.
México, DF, a 6 de enero de 2016.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las legislaturas de los estados.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.(4)
En consecuencia, del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 22 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados se emite la siguiente declaratoria.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Gracias. Felicidades.
Se han registrado para referirse a este tema, compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta comisión. Y en consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. El aumento de los salarios, aunado a la responsabilidad financiera, son condiciones esenciales para reducir la desigualdad.
Compañeras y compañeros legisladores, hace unos días se cumplieron los requisitos para que el constituyente permanente aprobara el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, 17 estados de la República, entre ellos Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas han aprobado la reforma referida, por lo que las condiciones para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a lo que señala el artículo 135 de la propia Carta Magna, se han cumplido.
En Nueva Alianza nos hemos manifestado a favor de la desvinculación del salario mínimo como una forma de establecer montos de sanciones, trámites, impuestos y multas. Sin embargo, entendemos que ésta sola medida no puede derivar en un aumento del salario mínimo a los niveles deseados y requeridos por la sociedad que representamos.
Si bien es cierto que la homologación del salario mínimo en el país benefició a 51 mil trabajadores que laboran en 2 mil 341 municipios del país y que durante este año se ha experimentado un incremento nominal de un 4.1 por ciento, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aún estamos lejos de cumplir las expectativas que la población tiene con su salario.
En este sentido, en Nueva Alianza queremos ser muy claros al afirmar que el salario mínimo no puede incrementarse solo por un decreto, se requiere que existan condiciones necesarias para que el aumento del salario mínimo se haga de manera responsable y que no ponga en riesgo el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por este motivo somos partidarios de que medidas como esta tenga la decidida participación de todos los sectores involucrados, tanto del sector empresarial como los trabajadores y desde luego el gobierno.
La visión de Nueva Alianza para la política económica del país es amplia e integral, demanda que se identifiquen los factores que incentiven la generación de más y mejores empleos y, de este modo, se combatan los altos niveles de pobreza y se disminuya la brecha de desigualdad que ha mermado la cohesión social.
Por esta razón subrayamos la necesidad de actuar con responsabilidad. Es imperativo que el aumento del salario se sustente en condiciones económicas reales y que no se deje de lado la prudencia, con el único fin de recibir una aprobación basada en el optimismo.
Actuemos con decisión pero con fundamento en el contexto económico que enfrentamos. Hacerlo de otro modo sería iluso y hasta irresponsable. Si queremos resultados, actuemos para conseguirlos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Aprovechamos para reconocer la presencia y dar la bienvenida a este recinto parlamentario del jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, e igual del secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad, doctor Salomón Chertorivski.
Y desde luego que nos da mucho gusto que el día de hoy también, integrándose a la sesión de la Comisión Permanente, se encuentre el coordinador de los senadores del PRI, nuestro amigo senador Emilio Gamboa.
Tiene ahora la palabra la senadora Martha Angélica Tagle Martínez hasta por cinco minutos.
La senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Uno de los temas más importantes que preocupan actualmente a millones de ciudadanas y ciudadanos que forman parte de la clase trabajadora mexicana, es el relativo a la pérdida del poder adquisitivo de su ingreso salarial.
México es hoy un país de grandes contrastes y desigualdades sociales. Casi la mitad de la población enfrenta algún nivel de pobreza. Esta vulnerabilidad en la población trabajadora está asociada a la implementación de políticas económicas que durante sexenios han beneficiado solo al gran capital y no a la clase trabajadora de nuestro país, impidiendo tener un mejor ingreso salarial.
Si bien se han destinado miles de millones de pesos en programas sociales de corte asistencialista, su objetivo no ha sido superar la pobreza, sino más bien seguir manteniendo a millones de personas en la pobreza.
La pobreza creció 58 por ciento en los últimos 42 años. Es indiscutible que no hay mejoras para los mexicanos, y el ingreso dejó, hace mucho, de ser suficiente. Para dar cuenta de ello, el incremento anual en el salario no ha rebasado el 4 por ciento desde hace muchos años. Por ese motivo desde este año 102 millones de personas en México no pueden acceder a comprar la canasta básica que se establece a nivel constitucional.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el único país de América Latina donde el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza. Este mismo organismo señala que en México dos de cada cinco trabajadores, es decir, el 40 por ciento de la población, perciben como máximo dos salarios mínimos, por lo que la realidad de México contrasta con la experiencia de otros países.
Asimismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que por ciento hoy se vanagloria de decir que “México va muy bien”, ha señalado que “México es el país con el salario mínimo más bajo” de los países que integran ese organismo.
Cabe destacar que ambos organismos han concluido en que la pérdida de poder adquisitivo real del salario mínimo en México, se encuentran entre un 75 y 79 por ciento entre los últimos 35 años.
Lo anterior resulta de gran relevancia pues en nuestro país existe un sector poblacional de aproximadamente 7 millones de personas que cuentan con un ingreso de hasta un salario mínimo, es decir, aproximadamente el 13 por ciento de la población ocupada, de la cual 50.3 por ciento son trabajadores independientes, y 45.63 de trabajadores subordinados, de los cuales la mayoría no cuenta con seguridad social.
Sabemos que esta reforma no va a venir a solucionar los grandes problemas que existen en nuestro país, que si no existe la vocación democrática para cambiar la política económica que ha permitido que existan tantos millones de pobres en nuestro país, esta reforma simple y sencillamente no será suficiente.
Pero es importante destacar que a partir de esta reforma no habrá más pretextos. El Ejecutivo federal y particularmente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendrán que tomar un análisis de manera diferente y no utilizar el tema de los salarios mínimos identificados con otro tipo de medidas, pues es a partir de esta reforma que precisamente queda separado este tema.
Y por eso es fundamental que finalmente haya avanzado la reforma y que hoy demos un paso en materia de desindexación de salario. Sin embargo, es momento de exigir la rendición de cuentas, particularmente que venga a comparecer a esta soberanía el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y explique si el 2.9 por ciento autorizado de aumento al salario mínimo es posible, no que los mexicanos puedan vivir con él, si es posible que él pudiera vivir con un salario mínimo al que sólo se le aumentó el 2.9 por ciento para este año. Muchas gracias, y felicidades por esta reforma.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Tagle. Saludamos también la presencia de la secretaria de Educación del gobierno de la ciudad, la licenciada Alejandra Barrales, bienvenida, secretaria. Colega con licencia también de algunos de los aquí presentes, los senadores y las senadoras. Tiene ahora la palabra, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, el artículo 123 constitucional menciona que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden de materia social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones distintas de distintas actividades económicas. Por lo anterior, la principal fuente de ingresos de la mayoría de los mexicanos es el trabajo asalariado, y es el único medio con el que cuentan millones de personas para cubrir sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida.
Por ejemplo, después de ver los resultados de la unidad de cuenta del aún Distrito Federal y el aumento desmesurado de las multas tenemos que la duda razonable que esta declaratoria de paso adelanta para recuperar el poder adquisitivo del salario como hemos constado no será así.
El salario mínimo se estableció en el artículo 123 constitucional en 1917, terminada la Revolución Mexicana, con el objeto de indicar la cantidad de dinero mínima que debe recibir una persona por su trabajo. Pero, aunque algunos funcionarios digan que con 73.04 pesos diarios alcanza para casa, coche y escuela, esto no es verdad. La realidad es otra.
Los ingresos de los trabajadores han perdido relación con el mandato constitucional, porque desde hace más de 30 años se ha aplicado una política de restricción salarial con argumento de evitar la inflación, que significa en todo caso vender mano de obra barata a empresas del exterior.
Hoy la política, ésa, es la causa verdadera de la desigualdad, la pobreza y la descomposición social, fuente de muchas malas y que postran al país en la violencia. Una política salarial de hambre que permite un sindicalismo pasivo, que le quita sus derechos a los trabajadores, el derecho a una vida digna, y condenando a sus hijos a la pobreza, el desarraigo y la delincuencia.
Solo se explica que casi 70 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, de acuerdo al Coneval. Esta política de depresión o contención salarial impacta en la calidad de vida, en el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno.
Y, a pesar de existir consensos incluso en el sector empresarial por aumentarlo, esta medida ha sido aplazada año con año, con el argumento de provocar que provocaría inflación. Dicha afirmación es falsa, ¿por qué?, primero porque el aumento salarial no provoca inflación si se atiende a su productividad, y en México la productividad ha aumentado.
Por ejemplo, del 2005 al 2012 el salario retrocedió 3.2 por ciento en términos reales, mientras que la productividad formal aumentó 4.1 y 4.4 por ciento de acuerdo al INEGI, porque aunque aumentando la productividad no se ha incrementado el salario mínimo.
Los datos internacionales lo confirman; Chile, que tiene una productividad laboral comparable con la de México, otorga un salario mínimo tres veces mayor que el nuestro, en cambio, a pesar de tener una productividad cuatro veces mayor que países como Bolivia y Nicaragua, los salarios en México son similares a los de esos países. Estamos muy lejos de Estados Unidos, donde el trabajo por tres horas equivale a un día de trabajo en México, Canadá y la Unión Europea.
La segunda razón para retrasar el aumento del salario mínimo era porque todas las multas, infracciones o indemnizaciones establecidas en las leyes del país se fijaban en función al salario mínimo, pero los artículos 21 y 22 de nuestra Constitución nos indican que no se podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, y el artículo 22 dice que quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otra pena en este tema.
Por ello Morena acompañó a otros partidos el 11 de septiembre de 2014, una reforma constitucional que establecía una nueva unidad de medida y que fue aprobado. Sin embargo, ésta fue frenada en la Cámara para evitar un incremento salarial en 2015, y lo que provocó que el Ejecutivo lo limitara a un incremento de dos pesos, historia que en este 2016 también se repitió y se incrementó sólo tres pesos.
En este sentido, la verdadera exigencia en el ámbito laboral consiste en que el gobierno actúe con responsabilidad social y establezca políticas que recuperen el poder adquisitivo de los salarios.
Estos aumentos son insuficientes, por ello es una prioridad dar seguimiento real al aumento salarial y a la recuperación del poder de compra, para acabar de una vez por todas con los salarios de hambre que mantienen a nuestro país en cifras y niveles de pobreza indignantes. En Morena seguiremos impulsando reformas para que toda la ciudadanía pueda contar con un salario digno y justo. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Con su venia, señor presidente. La reforma constitucional de la desindexación del salario mínimo es un logro vital que marca un rumbo claro en la tarea de acrecentar el poder adquisitivo de los trabajadores, es un beneficio real en la persecución de mejores condiciones sociales, el cual trata de generar bienestar en la población, disminuir los niveles de pobreza, desigualdad, que existen en el país. Estas cualidades son de una nueva realidad jurídica que estamos implementando, una nueva realidad que compartimos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Los sectores sociales más pobres, los primeros cuatro deciles, que son los ubicados en la base de la pirámide social –según los datos del INEGI– han sufrido caídas abruptas en su participación relativa en el ingreso a lo largo de los últimos 30 años, periodo que como sociedad tenemos la obligación de ir recuperando gradualmente mediante mejores y mejoras salariales, debido a la sensibilidad, importancia y magnitud demográfica del grupo del cual hablamos.
Apoyar esta reforma es dar un primer paso para generar las condiciones necesarias que permitan nuevamente al ciudadano poder adquirir la capacidad de aumentar mayor cantidad de bienes y servicios, significa un incentivo favorable y valioso para generar confianza en el trabajo que desarrollan cotidianamente millones de mexicanos.
Se intenta abonar por una mayor igualdad en lo económico, sin necesidad de convulsiones políticas o financieras, a través de la reorientación de la senda del crecimiento, la distribución del ingreso y una mejor política salarial, sincronizada con los cambios estructurales que está dando el día de hoy la economía mexicana. Esto es una paulatina reducción de la inequidad, que solo se va a materializad inequidad, que solo se va a materializar mediante incrementos progresivos en el salario.
Con el cambio estructural que en los últimos 20 años, a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la economía mexicana ha privilegiado la exportación manufacturera. Pero no solo en el sector maquilador, sino también a través de actividades que requieren el uso intensivo de la fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo calificada.
Ahora, ante la inminente entrada en vigor del Tratado Transpacífico, se debe reaccionar positivamente e intentar alentara a los sectores productivos del país para que logren duplicar esfuerzos y buscar no perder la competitividad y mejorar medidas que apoyen el ingreso a los trabajadores para que se vean recompensados con su esfuerzo.
Decir que un político o un partido en lo particular han contribuido más o menos con esta reforma, sería una real mezquindad. Por ello, quiero felicitar a todos los actores que multiplicaron y coordinaron sus esfuerzos con la consecución de este logro. Y exhortamos a las fuerzas políticas a seguir trabajando en la lucha por mejorar la realidad cotidiana de los mexicanos.
Podemos encontrar por el bien de México muchos otros puntos de acuerdo, el país lo reclama. Nuestra labor es hacer de la política no un escenario de conflictos, sino un lugar donde podamos construir consensos.
Por último, quiero destacar que esta reforma es apoyada por la mayoría de los encargados de las políticas laborales de nuestro país, quienes han visto con buenos ojos el esfuerzo conseguido, primero, debido a que revalora el factor trabajo y la productividad. Segundo, por aumentar la capacidad de compra del mercado interno que en los últimos seis trimestres ha sido el motor de crecimiento económico de nuestra economía. Y tercero, porque de esta manera se da un primer paso hacia la generación de políticas laborales efectivas, sin necesidad de estar conectadas con el fantasma latente de la hiperinflación.
En síntesis, la reforma constitucional de la desindexación del salario mínimo logra materializar un mejor rumbo para millones de trabajadores en busca de un progreso material. Por ello, nos alegra mucho que se esté dando este paso.
Toda política que tenga derroteros de progreso para los mexicanos siempre será prioridad para el Partido Verde Ecologista de México. Demos ahora los siguientes pasos para que el salario deje de ser mínimo y se vulva suficiente y cumpla su función, logremos un México más equitativo y más competitivo. Es cuánto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Herrera. Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Araceli Saucedo Reyes: Con su venia, señor presidente. Con la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, el constituyente permanentemente han sancionado la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.
Corresponde ahora al Ejecutivo la etapa final de promulgación y publicación para que éste pueda entrar en vigencia.
Esta reforma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y proviene de diversas iniciativas, incluida una suscrita por los diputados de nuestro grupo parlamentario de la pasada legislatura.
La importancia de esta reforma radica en desvincular el salario mínimo como unidad de medida de diversas multas, créditos, derechos, contribuciones u otros conceptos financieros y administrativos.
La desvinculación del salario mínimo como unidad de medida es un paso efectivo a una política de recuperación de los ingresos de los trabajadores.
Con la reforma se da paso certero en una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios que favorecen el bienestar y la dignidad de los trabajadores.
Una nueva política salarial es urgente y absolutamente necesaria para establecer nuevas estructuras de igualdad y de equidad en el país.
La reforma podrá generar condiciones para un gran acuerdo nacional, político, económico y social que conduzca a la recuperación de los salarios de los trabajadores menos favorecidos.
Ante esto, la Cámara de Diputados ha convocado a un debate nacional para escuchar todas las voces, convocar a los especialistas, producir estudios, aprender de la experiencia internacional y generar propuestas sólidas que permitan recuperar gradualmente el salario mínimo.
Con la reforma constitucional se abre una gran oportunidad para que los representantes de las organizaciones sindicales reivindiquen su papel, se manifiesten en el mismo sentido de lo aprobado en el Congreso de la Unión y se sumen a la exigencia a los esfuerzos por incrementar el salario mínimo.
El objetivo principal es construir el consenso necesario para hacer realidad un mandato constitucional que determine que los salarios mínimos generales en este país deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.
En el orden material, social, cultural y para poder garantizar esa educación que es obligatoria para nuestros hijos. Es contradictorio ver el fuerte consenso que ha llevado a esta importante medida, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que mantenga una política de contención de los ingresos de los trabajadores, que ha sido inútil controlar las variables económicas para generar ese empleo y mejorar la productividad.
Demandamos desde esta máxima tribuna del país, que se reconsidere y se decrete un nuevo aumento al salario mínimo, que con ello garanticemos esa canasta alimentaria básica para las familias de los mexicanos de este país, pero que constantemente esté alcanzando un nivel de suficiencia constitucional para que esta remuneración pueda tener ese éxito y esa necesidad que hoy se ha planteado en todo el país.
Ante esto algunos sectores han argumentado que tener una política de recuperación de los salarios sería contraproducente y sería una intervención indebida del Estado ante las fuerzas libres del mercado, que debe esperarse a la recuperación económica y al aumento de la productividad en un aumento por decreto por la mayoría e inconformidad en el desempleo, que las empresas se verían impedidas en costear su fuerza laboral y cerrarían masivamente.
Finalmente, que un mayor aumento a los mínimos generaría inflación eliminando la estabilidad monetaria y desencadenando una carrera de precios salarios en que perderían los que menos tienen en este país.
La evidencia nacional, la política salarial de países latinoamericanos y las proyecciones técnicas sustentan la propuesta del gobierno del Distrito Federal, donde demuestra que el aumento a los salarios mínimos sí es gradual si es acompañado de acuerdos que den certeza a los patrones y den medidas de fomento a la producción que garanticen el abasto de productos básicos, permitirá sacar efectivamente de la pobreza a un amplio sector de trabajadores de bajos ingresos, lo que no se ha logrado con otros programas compensatorios y con programas clientelares.
La recuperación salarial es la base del bienestar social, de esta forma ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que hoy enfrenta nuestro país.
La posición de nuestro grupo parlamentario en este tema ha sido insistente.
Es por ello que hoy proponemos –ya que de manera obsoleta, como lo ha venido realizando Conasami–, y sin duda nuestra propuesta es que deba desaparecer, proponemos que sean las instituciones como el INEGI o el Coneval –estos organismos constitucionales autónomos– que puedan, de manera profesional, analizar los diversos factores que intervienen en la determinación del salario constitucional, pero además que sean ellos quienes tengan la facultad de poder así dictaminarlo.
Honorable asamblea, en su declaración de principios, el Partido de la Revolución Democrática finca su compromiso con las grandes mayorías con la justa distribución social de la riqueza en este país. De tal manera que paulatinamente se logren disminuir las grandes diferencias sociales y culturales y que se genere ese acceso a las mayorías con mejores condiciones de vida en el trabajo, en el empleo y en los salarios dignos de las familias. Generar condiciones materiales y culturales para que podamos vivir en un país con equidad y justicia social.
Seguiremos trabajando y acompañando con leyes que beneficien el derecho de los trabajadores para acceder, mediante este esfuerzo, a un salario digno en este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Saucedo. Tiene ahora la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN hasta por cinco minutos.
La senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco. Para el Partido Acción Nacional el trabajo no es un elemento de la producción ni un insumo del capital. El trabajo lo concebimos como una actividad eminentemente humana que permite que cada persona que lo realice se sienta mejor y pueda ayudar en la transformación de su entorno.
De ahí que nos congratula –presidente, con su permiso, compañeras y compañeros diputados– en el PAN la culminación de este proceso legislativo de la reforma constitucional que establece la desindexación del salario mínimo como referencia para fines distintos al estricto cálculo de los trabajadores.
Reiteramos en esta ocasión que para el PAN el salario mínimo ha sido una de nuestras principales prioridades, como consta en nuestra plataforma política y las últimas agendas legislativas que hemos propuesto al Congreso de la Unión.
La reforma que culmina el día de hoy abre la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario y hacer que se cumpla con lo estipulado en la Constitución de que sea suficiente para que los trabajadores puedan sostener de manera digna a sus familias, de establecer en el mercado laboral del país un esquema de ingresos mínimos más cercanos a la realidad de nuestros socios comerciales.
Ya en 1946 el PAN proponía una iniciativa para llamarle, salario familiar, precisamente pensando en que las trabajadoras y los trabajadores, se realizan en el trabajo, pero tienen también derecho a que su remuneración sea digna para sus familias.
Partimos de una realidad innegable, el salario mínimo en México es insuficiente y su objetivo original, que era evitar que las familias quedaran en situación de pobreza, ha quedado totalmente rebasado. Así lo constata el Coneval “la pobreza en México ha aumentado”, y no es un asunto de los programas de apoyo a los niños para que tengan menos carencias, sino de falta de ingresos de los adultos en las familias.
Es innegable que el aumento del salario y la elevación del nivel de ingreso de los mexicanos no puede hacerse por decreto. Tenemos que pensar en la competencia internacional, en las capacidades laborales diferentes y nuevas que necesitamos, en el paradigma de cooperación en las comunidades que producen ingresos que es un nuevo paradigma en el que tenemos que afianzarnos, pensando en que cada trabajador lo hace con su propia inteligencia y con su propia capacidad de transformar el entorno.
Y hay que conjugar las tareas que le corresponden al Estado y a los particulares, para incrementar las inversiones de los empresarios en maquinaria y equipo a disposición de los trabajadores, las cuales son la clave para la elevación tanto de la productividad como de la competitividad.
Pero es innegable también que para que haya inversión en México y para que podamos aumentar el número de células o de grupos que producen y que generan empleos, es necesario generar confianza. La confianza no es de gobiernos o gobernantes de foto, es de obligación de transparencia, de obligación de rendición de cuentas, de obligación de hablar con la verdad, de obligación de sancionar a quien abusa en su espacio laboral; tenga el cargo que tenga, hay que castigarlo.
Nosotros hemos estado muy ocupados en que esta política salarial mejore; en estas épocas recurrentes que lleva la pérdida de más del 70 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo en México, se precarizaron las condiciones de vida de la sociedad. Así es una deuda social que tenemos la responsabilidad y obligación de revertir.
El Partido Acción Nacional en el año 2014 inició una consulta y una campaña para hacer que el salario mínimo se convierta en digno. Nos felicitamos porque esta iniciativa se haya hecho compartida con los demás y que haya culminado por lo menos hoy, en esta desindexación del salario mínimo.
Pero esta reformar debe continua ahora con una política salarial enfocada a una segunda desindexación del salario mínimo, respecto al cálculo de las percepciones contractuales, profesionales, los aranceles y demás modalidades que fijan los salarios que se pagan en México.
La base de cálculo de los aumentos salariales debe ser índice de inflación que mide el banco, y el salario mínimo tiene que fijarse conforme a criterios establecidos en la Constitución General de la República.
En el pasado, muchos sindicatos negociaron contratos colectivos donde los aumentos salariales fueron superiores a los del salario mínimo. Muchas empresas han competido por hacerse de los servicios del personal más calificado, creando un mercado laboral que no tiene referencia al salario mínimo. En términos de mercado, los salarios se establecen conforme a la relación costo-beneficio que acuerdan mutuamente empleado y trabajador.
No obstante lo anterior, cada año vemos –como acabamos de constatar hace algunos días– que el incremento determinado por la Comisión Nacional de Salario Mínimos es casi el incremento salarial de aplicación general en el país, lo cual ya no corresponde a la realidad de un mercado laboral con una amplia competencia y movilidad.
Por todas estas razones, el PAN seguirá adelante y no descansará hasta lograr que el salario sea digno, tenga un monto que garantice un ingreso para los trabajadores y sus familias, que deje de ser la referencia para determinar anualmente los aumentos salariales y que sea útil como indicador sobre las percepciones que debe ofrecer el mercado laboral mexicano.
La promulgación de esta reforma es un paso en la dirección correcta y nos congratulamos de su aprobación, pero tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, tenemos que –como decía Morelos– “moderar la opulencia”, e ir trabajando para que se reduzcan las grandes brechas entre quienes más percibimos de salario y quienes menos lo perciben.
Hay aquí, en la Cámara de Diputados, una ley congelada de salarios máximos que esperamos que trabajen los diputados para que no haya tanta diferencia entre quien más gana y quien menos gana, y unos de ellos, somos nosotros.
También es importante aclarar, insistir, en que el campo es un espacio laboral por excelencia. Los trabajadores del campo también merecen ingresos dignos acordes con lo que producen para el país, el alimento para todos. Vamos, pues, avanzando en este sentido. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Calderón. Tiene ahora la palabra el senador Enrique Burgos García, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se congratula por la declaratoria de constitucionalidad que el día de hoy ha hecho esta Comisión Permanente.
Reconocemos el trabajo legislativo plural llevado a cabo por el constituyente permanente, para que la desindexación del salario mínimo sea hoy una realidad. La reforma a los artículos 26, 41, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sin duda de enorme trascendencia para nuestro país.
Es un gran paso para instrumentar una política real de recuperación del salario mínimo, prevé la creación de la unidad de medida y actualización que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia de otros costos de trámites, multas, impuestos y prestaciones, entre otros conceptos administrativos y financieros, lo que contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.
A lo largo de la historia de nuestro país el salario ha representado un elemento de primerísimo orden en el desarrollo económico y en el bienestar social, siendo el único medio con el que cuentan millones de familias para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar su calidad de vida.
En el ámbito nacional, el artículo 123 de nuestra ley fundamental plantea entre otras cuestiones medulares que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil y que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.
Para atender el principio constitucional desde el inicio de la administración, el presidente Enrique Peña Nieto estableció como uno de sus compromisos primordiales el mejoramiento del ingreso de los trabajadores.
En concordancia con ello, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013 a 2018 señaló como una de las principales acciones avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y establecer un salario mínimo único general en todo el país.
Por su puesto que no es un asunto menor, actualmente la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral del país, haciende a 52.6 millones de personas, de la cuales el 96 por ciento está ocupada, cifra que equivale a poco más de 50 millones de personas. Más aún, del total de la población ocupada, 6 de cada 10 personas ganan de 1 y hasta 3 salarios mínimos.
En este contexto, el Estado mexicano, el Estado mexicano como principal garante de los derechos fundamentales de los mexicanos, ha implementado diversas acciones tendientes a garantizar un sueldo justo en lo fundamental y fortalecer el poder adquisitivo de la mayoría de la población.
La reducción de la brecha de los salarios mínimos en las áreas geográficas A y B y su homologación a partir de pasado 1 de octubre representó un paso de mucha relevancia al hacer realidad un anhelo de muchas décadas, pues los trabajadores de México tendrán como referente, sin importar dónde residan o trabajen, un salario mínimo general en el país.
Reconocemos la voluntad de todos y la del gobierno de la república también, para promover la construcción de una política de recuperación de salarios mínimos en el país, así como los importantes esfuerzos y compromisos que el sector empresarial ha asumido con el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores, pues son las empresas quienes generan empleos y pagan salarios.
Productividad, competitividad, innovación, son y serán temas de continuidad. No obstante debemos reconocer que si bien los avances son muy importantes, es necesario continuar y consolidar los esfuerzos con el propósito de aumentar la productividad laboral y otorgar mayor dignidad a los salarios que percibe la población.
Muy lejos de advertir resuelto el tema del poder adquisitivo de los salarios, es importante reconocer que la declaratoria de reforma constitucional de la que hoy damos testimonio es un paso fundamental de innegable contenido social, en favor de la clase trabajadora. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Burgos.
Pasamos ahora al capítulo de la presentación de iniciativas, y en consecuencia tiene la palabra por cinco minutos... Perdón, agradecemos la presencia y desde luego le damos un nuevo saludo al jefe de gobierno, al secretario, a la secretaria, amigas legisladoras y gente que vino a acompañarlo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.
INICIATIVAS DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES
LEY GENERAL DE TURISMO
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Luis Toledo Medina, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona un artículo 62 Bis, a la Ley General de Turismo, suscrita también por la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Luis Toledo Medina: Señor presidente de la Mesa Directiva, señor coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado, don Emilio Gamboa Patrón, señor coordinador parlamentario de nuestro partido, doctor César Camacho Quiroz. Señoras y señores diputados y senadores.
Nuestro país motiva viajes, inspira historia y acuña sueños, somos afortunados de vivir en una tierra que podemos compartir con todos. Son muchos los destinos nacionales que atraen al mundo, desde la mística Riviera Maya, que corre majestuosa por el Caribe hasta la Ciudad de México, hogar de muchos y la capital de todos, o el Bajío colonia, que combina la modernidad de un país en movimiento con las tradiciones y las bellezas nacionales.
Bien se dice que como México no hay dos, hay mil por nuestra cultura diversa, amplia gastronomía y abundantes ecosistemas, pero todos se funden en un mismo crisol que le llamamos México.
El turismo, señoras y señores, representa la cuarta fuente de ingresos de la economía nacional, contribuye con el 8.7 por ciento del producto interno bruto y con más de 3.6 millones de empleos directos. Se trata de una herramienta para formar crecimiento económico y generación de empleos de calidad.
Por ello debemos llevar a México al máximo aprovechamiento de su capital turístico y hacer de esta una palanca de desarrollo y bienestar social que genere igualdad de las familias mexicanas.
Gracias al esfuerzo del gobierno de la República México se ha consolidado como el segundo destino en América que recibe más turistas y el único país latinoamericano dentro de las 25 naciones más visitadas del mundo. Asimismo nuestro país se integró a la lista de los 10 países más visitados de la Organización Mundial de Turismo.
Y 2016 es un año que pinta bien para el turismo en México. Creceremos 4.9 por ciento más que el 2015, lo que significa una derrama de poco más de 18 mil millones de dólares. Habrá alrededor de 32 millones de viajeros que llegarán a nuestro país, y el gobierno de la República destinará más de 867 millones de pesos en la promoción turística. Dato para dejar aquí es que es el monto más grande que ha asignado el gobierno de la República en los últimos 10 años. Como lo dijo el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto.
El turismo es una importante inversión a favor de México, porque no solo consiste en apreciar y disfrutar de la riqueza de nuestro país o que nuestro país ofrece a nacionales, extranjeros, sino que los mexicanos podamos también apreciar donde hay espacios de oportunidad y de realización personal para nuestras familias.
México tiene una gran vocación turística gracias a su riqueza natural y cultural, tiene el potencial para consolidarse como el coloso internacional del sector turístico. Nuestra nación cuenta con una vasta oferta turística que necesita cada día ser mejor, con vigilancia profunda de atención de los servicios que proveemos a nuestros visitantes.
Y los diputados del PRI lo sabemos, nos comprometemos, además, a actualizar el marco legal para proveer al turismo mexicano de los más altos estándares de calidad. Queremos posicionar a nuestra nación como una potencia a nivel mundial, con calidad de servicios y destinos competitivos para lograr un México más próspero. Nos corresponde, señoras y señores, cultivar la cultura del buen servicio y el cumplimiento de la calidad en que desconfían, en México, como un destino placentero, atractivo y seguro.
Y para coadyuvar al esfuerzo del gobierno de la República, proponemos la creación de un ombudsperson turístico para tener una figura cercana y eficiente al cual los turistas puedan acudir con facilidad. Velar por la calidad de vida de los servicios turísticos de los turistas que nos visitan, y concientizar al sector turístico sobre la importancia de conocer y hacer respetar los derechos de los turistas.
De esta manera los diputados priistas contribuimos a seguir trabajando por un turismo eficiente, respetable y competitivo. Se trata de un sector muy noble que contribuye de manera integral al crecimiento, al tiempo que genera derrama económica, contribuye al gasto social y genera empleos. Invierte para mejorar la infraestructura urbana. Nos permite no solo salvaguardar, sino exportar nuestras tradiciones y culturas. Nos permite aumentar directamente el bienestar de las familias. En pocas palabras, es motor de crecimiento para alcanzar prosperidad para todos.
Señoras y señores legisladores, soy originario de un estado prospero, de un estado que a sus 41 años, pocos cronológicamente pero vastos para la historia que hemos construido, hoy se edifica como un estado de prosperidad para las familias mexicanas, un estado con 900 kilómetros de litoral, con poco más de 90 mil cuartos de hotel generamos un empleo directo y cuatro indirectos por cada cuarto de hotel. Hoy Quintana Roo es, sin lugar a dudas un destino de clase mundial.
México es un destino de clase mundial, somos los quintanarroenses y los mexicanos el punto más cercano entre Asia, África y Europa. La apertura de Cuba, señoras y señores será una gran oportunidad para consolidar al turismo en México y no solo que nos baste ser prestadores de servicios sino excelentes anfitriones. Que nuestros invitados se sientan en casa. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 61 y adiciona el 62 Bis a la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, José Luis Toledo Medina, coordinador y, Arlet Mólgora Glover, vicecoordinadora de la diputación por Quintana Roo, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VIII, IX y X del artículo 61, y se adiciona el artículo 62 Bis de la Ley General de Turismo; de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2013-2018 define la agenda específica de prioridades y acciones que requiere el país, en la cual el turismo es una pieza fundamental para fomentar el crecimiento económico, el desarrollo regional, y la generación de empleos de calidad. Por ello, se debe llevar a México al máximo aprovechamiento de su potencial turístico, generar una mayor derrama económica en el país y hacer de esta actividad una verdadera palanca del desarrollo y bienestar social.
Para ello, el PND instituye como estrategia 4.11.1. “Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico”, estableciendo como líneas de acción: (i) actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico; (ii) promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del gobierno federal; (iii) alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística; y (iv) impulsar la transversalidad presupuestal y programática de las acciones gubernamentales, coordinándolas hacia los objetivos de la Política Nacional Turística, así como la estrategia 4.11.2. “Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico”.
Por su parte, el objetivo 4.7. “Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo”, establece en la estrategia 4.7.5. “Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras”, en donde una de las líneas de acción prevé el desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que integre y coordine las acciones de los gobiernos, poderes y sociedad civil, para que el ciudadano cuente con los elementos necesarios y haga valer sus derechos en cualquier circunstancia; así como fortalecer la Red inteligente de Atención al Consumidor como un medio para que el Estado responda eficientemente a las demandas de la población, y establecer el Acuerdo Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores, buscando una mayor participación y compromiso de los actores económicos en torno a las relaciones comerciales.
Para dar cumplimiento al PND, la Secretaría de Economía emitió el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013, y en el cual se prevén entre otros aspectos, acciones para el fortalecimiento del mercado interno y propiciar mejores condiciones para el consumidor.
Una de las propuestas y líneas de acción que establece el Programa de Desarrollo Innovador, es precisamente, la instrumentación de un sistema nacional de protección al consumidor, integrado por diversas dependencias y entidades de la administración pública federal; gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, municipales y la sociedad civil, con el propósito de establecer convenios específicos de colaboración y concertación de acciones encaminadas a garantizar el beneficio y la protección de los derechos de los consumidores.
De igual manera, el Programa Sectorial de Turismo, PST, 2013-2018, establece una vinculación clara con el PND, y con las estrategias transversales del gobierno de la República.
Ello garantiza la alineación de la Política Nacional Turística hacia una meta clara: posicionar a México como una potencia turística a nivel global con una oferta diversificada de servicios y destinos competitivos.
Como uno de los programas especiales derivados del PND, se aprobó el Programa Nacional de Infraestructura, PNI, el cual contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las actividades prioritarias y concretas en materia de infraestructura, impulsadas por el Gobierno de la República. Al respecto, se estableció como estrategia, colocar al turismo como eje transversal de la política de infraestructura nacional, basada en la capacidad de la actividad para articular las obras de infraestructura de transporte, conectividad, comunicación, servicios básicos y medio ambientales.
La vinculación de la política de infraestructura con las políticas orientadas a promover la competitividad del turismo impacta directamente en la integración económica, el desarrollo regional y el uso eficiente de los factores productivos del país.
La política de infraestructura turística integral ofrece mejores oportunidades de inversión, impulsa la participación del sector privado, y fomenta las asociaciones entre las empresas y el gobierno. En este contexto, el sector turismo se integró al PNI, en el que uno de sus objetivos es desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje estratégico de la productividad regional y como detonador del bienestar social. En este marco se prevé una inversión pública y privada en materia turística en el PNI de 181.2 mil millones de pesos para el periodo 2013-2018.
En este sentido, cabe señalar que el 2013 fue el año más exitoso del turismo en México al ingresar 24.2 millones de turistas (superior en 3.2 por ciento respecto a 2012), lo que representó un ingreso de divisas por 13 mil 949 millones de dólares, monto 4.3 por ciento mayor al alcanzado en 2008, que se había considerado como el mejor para el turismo nacional. Con esta cifra, nuestro país se colocó dos puntos porcentuales por arriba de la media mundial de crecimiento reportada por la Organización Mundial de Turismo (7.5 por ciento), al ubicarse en 9.5 por ciento.
México se consolida como una potencia turística a nivel mundial, al convertirse en el segundo destino de América que más turistas recibe y el único país latinoamericano dentro de las 25 naciones más visitadas en el mundo. Asimismo, el sector turismo se ha constituido como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional, al representar el 8.4 por ciento del producto interno bruto.
La derrama económica por visitantes internacionales al país, durante el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, registró 12 mil 959.9 millones de dólares, lo que representó un incremento de 15.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La llegada de turistas internacionales también se incrementó en 13.6 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 19.5 a 22.1 millones de turistas.
En el primer semestre de 2013, el ingreso de divisas por visitantes internacionales sumó 8 mil 435 millones de dólares, monto superior en 17.6 por ciento respecto al obtenido en el mismo periodo de 2013. Asimismo, el flujo de turistas internacionales fue de 14.2 millones de personas y representó un incremento de 19.6 por ciento al nivel alcanzado durante los primeros seis meses de 2013.
Durante el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, la llegada de visitantes internacionales vía aérea se incrementó en 10.6 por ciento respecto al mismo periodo anterior; siendo Estados Unidos de América y Canadá las naciones con mayor participación de mercado con un crecimiento de 11.8 por ciento y 6 por ciento, respectivamente.
De enero a junio de 2014, los visitantes internacionales vía aérea registraron un crecimiento de 10.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2013. Al interior, los visitantes provenientes de Estados Unidos de América y Canadá presentaron incrementos de 13.1 por ciento y 5.9 por ciento, respectivamente.
México cuenta con un amplio capital para consolidar y aprovechar los beneficios que ofrece el sector turístico. La nueva política de Estado reconoce esta fortaleza y delinea una estrategia que rompe inercias y traza un rumbo claro para que el país cuente con una industria turística eficiente, responsable y sustentable.
A este respecto, la Política Nacional Turística, PNT, tiene como finalidad aprovechar el potencial turístico de México, generar una mayor derrama económica en el país y hacer del turismo una verdadera palanca del desarrollo y bienestar social.
La PNT establece cuatro ejes estratégicos enfocados a: I) ordenar y transformar el sector para hacerlo más eficiente y eficaz; II) avanzar en la innovación y en la competitividad de la oferta turística; III) dar un nuevo impulso al fomento de la inversión turística y la promoción de los productos y destinos mexicanos hacia adentro y afuera del país, así como IV) garantizar la sustentabilidad económica, ambiental y social del sector.
Transversalidad, competitividad y sustentabilidad son los pilares planteados en la nueva política turística que permitirán transformar al sector, a fin de apoyar la construcción de un México próspero y con mayores oportunidades para todos. La PNT presentada por el gobierno de la República sienta las bases para la implementación de acciones públicas deliberadas, que parten de un diagnóstico compartido del estado actual del sector turismo, que sustenta la formulación de una política pública articulada, con objetivos claros, pero sobre todo, efectiva para superar los retos de esta industria.
En ese sentido, constituye una prioridad la protección de los consumidores frente a los riesgos que puedan afectar a su salud, a su seguridad, así como a sus legítimos intereses económicos. Esto se concreta en un proceso de reforzamiento paulatino de la normativa, así como en una efectiva protección jurídica, administrativa y judicial, de los consumidores, especialmente cuando se encuentran en situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión. Además se propone como pieza clave reforzar la vigilancia del mercado, para lo cual el fortalecimiento institucional y su actuación coordinada son determinantes.
La protección de los consumidores como política de Estado se fundamenta en el artículo 28, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
La Ley General de Turismo señala en su artículo 6 que en aquellos casos en que para la debida atención de un asunto, por razón de la materia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias o entidades de la administración pública federal, la Secretaría de Turismo, Sectur, ejercerá sus atribuciones en coordinación con éstas.
En este sentido, en el artículo 7, la fracción XIV de la Ley antes citada establece que a la Secretaria del Turismo le corresponde instrumentar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, normas de procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los consumidores de los servicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios turísticos.
Asimismo, en total alineación al Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 publicado el 13 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en la línea de acción 2.3 establece la estandarización y promoción de altos estándares de calidad en los servicios turísticos con el objetivo de promover y fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, la sustentabilidad ambiental, social y económica de los destinos turísticos.
En el marco del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se integran y coordinan las acciones de Profeco y la Sectur, para que los consumidores de servicios turísticos accedan a servicios de calidad y cuenten con los elementos necesarios para hacer valer sus derechos como consumidores, lo cual les brindarán la preponderancia que les corresponde con base en su aportación a la dinámica y al crecimiento de la economía nacional.
La nueva política pública integral de la defensa del consumidor debe promover que el consumo satisfaga las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad.
Para hacer frente al desafío que representa hoy en día la defensa de los derechos de los consumidores, se requiere la colaboración y coordinación decidida de todas las entidades gubernamentales del país que tienen incidencia en la protección de los derechos del consumidor, como son la Sectur.
Ello hace necesario el establecimiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con una política pública transversal para la atención y protección del consumidor, donde los diferentes esfuerzos del Estado interactúen en función de las directrices y maniobras de la dependencia especializada en los tres órdenes de gobierno y en sus tres funciones.
Es preciso que la estrecha colaboración sea coordinada y supervisada por la Profeco, que es la única dedicada exclusivamente a esta materia y cuenta con presencia en toda la República Mexicana, mediante delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio en las principales ciudades del país.
En este sentido, y alineado con los principios básicos de las relaciones de consumo previstos en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tales como la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de productos y servicios que garanticen la libertad para elegir y observar la equidad en las contrataciones; la información adecuada y clara sobre productos y servicios; la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales a los consumidores, el otorgamiento de información y de facilidades para la defensa de los derechos del consumidor; la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios, y el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento, se propone la creación del ombudsperson turístico con base en el sistema nacional de protección al consumidor.
Para lo cual, el objetivo de esta área será generar condiciones de respeto a los derechos y garantías del turista y tendrá las funciones de enlace, facilitador y vinculación de los derechos de los turistas en el país.
El ombudsperson turístico coadyuvará en la garantía de los derechos del turista y cuando esto no suceda, la Profeco y la Sectur actuarán buscando ser el vínculo institucional para atender a la persona afectada citando a la autoridad competente. También servirá como órgano de vinculación en casos de quejas contra prestadores de servicios que agravien al turista, con miras a la evaluación del conflicto y la solución de la problemática.
Su objeto será velar por la seguridad y protección del turista, entendida esta en la integridad de la persona misma, sus bienes y la protección de sus derechos en toda esfera jurídica.
A través de este proyecto se buscará concientizar al sector turístico sobre la importancia de conocer y respetar los derechos del turista, a efecto de fortalecer la imagen de México, como un país de derechos, respeto y garantías para el turista.
El adecuado asesoramiento al turista, la evaluación de su problemática y el conocimiento normativo permitirá verificar los alcances de actuación del ombudsperson turístico.
La protección de los turistas que utilizan los servicios que ofrecen los prestadores de servicios turísticos, es un eje fundamental que debe regir el desarrollo de cualquier servicio turístico; lo cual no puede darse, sino mediante la instrumentación de acciones que promuevan la competitividad de los prestadores de servicios turísticos, así como dotar de nuevas herramientas a las autoridades protectoras de los intereses de los turistas.
A través del ombudsperson turístico, se buscará la solución directa de las quejas o denuncias presentadas por los turistas nacionales y extranjeros, quienes, debido a su corta estadía, no puedan seguir el procedimiento general aplicable en caso de deficiencias, incumplimiento o violación a sus derechos por parte de los prestadores de servicios turísticos.
En atención a lo anterior, se considera necesario adecuar sentar las bases jurídicas en la Ley General del Turismo y reorientar su objetivo en beneficio primordialmente del turista. En este contexto, resulta impostergable mejorar en materia de protección al turista y de servicios turísticos, así como hacer efectiva la equidad en las relaciones entre éstos y los prestadores de servicios turísticos, para el mejor aprovechamiento de los productos y servicios que ofrece el mercado.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona la Ley General de Turismo
Artículo Único. Se adicionan las fracciones VIII, IX y X del artículo 61 y se adiciona el artículo 62 Bis de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:
Artículo 61. Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como consumidores, tendrán en los términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:
...
VIII. Formular quejas y reclamos inherentes a la prestación del servicio turístico, conforme a la ley, y obtener respuestas oportunas y adecuadas;
IX. Acudir ante los órganos y el área competente en materia de turismo, protección, seguridad y defensa del consumidor, en las oficinas creadas para tales fines por los prestadores de servicios, a formular sus quejas y reclamos inherentes a la prestación de los servicios turísticos;
X. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho irregular cuya responsabilidad sea atribuible a cualquier prestador de servicios turísticos o persona que de cualquier manera lesione sus derechos;
Artículo 62 Bis. Cada prestador de servicios turísticos podrá contar con un ombudsperson turístico que tendrá por objeto atender las quejas y reclamos de los turistas inherentes a la prestación del servicio turístico. Dicho ombudsperson turístico deberá sujetarse a lo siguiente:
I. Representar y obligar a los prestadores de servicios turísticos al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la queja o reclamación;
II. Recibir la queja o reclamación del turista por cualquier medio que facilite su recepción, y responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción, y
III. Presentar dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre, un informe a la Procuraduría Federal del Consumidor de todas las quejas y reclamaciones recibidas y atendidas por los prestadores de servicios turísticos en los términos que la Procuraduría establezca a través de disposiciones de carácter general que para tal efecto emita.
IV. Difundir la información relativa a recomendaciones que el consumidor debe tomar en cuenta para la contratación de servicios turísticos; sus derechos y obligaciones respecto a la prestación de los mismos; las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos; así como cualquier tipo de información oportuna que permita la toma de decisiones informadas para un consumo responsable, procurando que dicha información sea dada a conocer a los turistas a través de los propios prestadores de servicios turísticos.
La presentación de quejas o reclamaciones ante el ombudsperson turístico suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar.
Los prestadores de servicios turísticos deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables del ombudsperson turístico. Los turistas podrán a su elección presentar su queja o reclamación ante el ombudsperson turístico de que se trate o ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
El ombudsperson turístico será supervisado por la Secretaría de Turismo y por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto de la Comisión Permanente, a 7 de diciembre de 2015.— Diputados: José Luis Toledo Medina,Arlet Mólgora Glover (rúbricas).»
Presidencia de la senadora Ivonne Liliana Álvarez García
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García:Tiene la palabra, dígame, ¿Continúa usted, diputado? Muy bien. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante.
El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que quiero presentar ante ustedes, podría pensarse a simple vista que es una iniciativa de forma y que lo único que busca es la armonización entre el texto del 69 y el 93 constitucional, ése es un error de apreciación, es una iniciativa de fondo.
Hace muchos años, el 1 de septiembre se conocía como el día del presidente. Producto de la transición política de este país pasó de ser el día del presidente al día en el que había que insultar al titular del Ejecutivo y eso originó una reforma en el Senado de la República donde ya no es necesaria la presencia del titular del Ejecutivo federal para rendir cuentas ni para decir cuál es el estado que guarda la administración.
Se sustituyó ese ejercicio político de fiscalización parlamentaria por uno que ha llevado a cabo el Congreso ya en un par de legislaturas, la pregunta parlamentaria, la cual está establecida en la Constitución, en el 69, y que tiene la obligatoriedad de responder bajo protesta de decir verdad el Ejecutivo federal, pero es un mecanismo imperfecto.
El artículo 93 también señala la facultad para el Congreso que iniciada la glosa pueda posteriormente mandar llamar o requerir información en un plazo de hasta por 15 días a los titulares de despacho o a cualquier otro titular de un área de gobierno donde requiera ampliación de información.
Ese es espíritu del 93 constitucional, el que recoge el artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y para efectos de la Cámara de Diputados es clara la disposición que dice que el presidente de la República tiene solo 15 días para responder las preguntas parlamentarias.
Desafortunadamente el texto constitucional es omiso, y para efectos del Senado de la República no se contempla ninguna disposición de un plazo fatal en términos del Reglamento que aplica al Senado de la República y por eso ha sido costumbre que los presidentes de la República responden –valga la redundancia– la respuesta parlamentaria, concluido el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre, y eso no tiene sentido.
El espíritu del 93 es: hacemos la pregunta parlamentaria basada en el 69 que va concatenada históricamente al primero de septiembre y si no nos satisface la respuesta o si queremos ampliar la información recurrimos al texto del 93 para en 15 días tener la ampliación de la información, hay un truco y ahí hay un vacío legal.
Lo que propone la iniciativa de referencia, y aprovecho que está con nosotros el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el senador Enrique Burgos, es armonizarlos y establecer en el 69 constitucional que el Ejecutivo federal tiene los mismos 15 días que tiene señalados en el 93 constitucional para responder un requerimiento derivado de ampliación de información de la glosa a cualquiera de las dos Cámaras, para responder la pregunta parlamentaria a ambas Cámaras, en el espíritu de que las preguntas parlamentarias que se pudieran formular al Ejecutivo se respondan en 15 días y todavía tengan las Cámaras la posibilidad de requerir información adicional en el ejercicio de la glosa durante el primer periodo de sesiones de cada año de una Legislatura, si es que no le satisfizo la información o la respuesta referida por el Ejecutivo. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 69, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
En los sistemas republicanos, la pregunta parlamentaria es uno de los instrumentos de control del órgano del Estado que realiza la función legislativa del gobierno, sobre el órgano del Estado que realiza la función administrativa; un medio para la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo.
Para Fernando Santaolalla, las preguntas –al igual que las interpelaciones– constituyen instrumentos de información de los parlamentos para que, a través de estos, los miembros de las Cámaras puedan obtener esclarecimiento sobre todo lo que hace o deja de hacer el gobierno y la administración; “sometido a un régimen de transparencia, el gobierno se sentirá menos propenso a adoptar ciertas decisiones que en otro caso se darían. Incluso, al airear ante la opinión pública los errores y deficiencias del Gobierno se establece un medio de forzarle a la rectificación de decisiones ya tomadas”, por lo que también inducen al ejercicio responsable del poder.
El mismo autor refiere que las preguntas parlamentarias nacieron en Inglaterra durante el siglo XVIII y se desarrollaron en muchos otros parlamentos durante el siguiente siglo, desarrollo que conllevó al establecimiento de normas para el adecuado ejercicio de este instrumento, como es el caso de la diferenciación entre preguntas orales, que se contestan durante el transcurso del propio debate parlamentario, y las preguntas escritas, cuya respuesta requiere de una mayor precisión técnica y, en consecuencia, de un mayor tiempo para su elaboración; en este caso, tanto la pregunta como la respuesta deben hacerse públicas a través de los medios de difusión parlamentarios.
En algunos países hay preguntas a las que se les da el carácter de urgente, en tanto que en España se diferencian las preguntas de contestación ante la Cámara y ante la comisión. En la Cámara de los Comunes en Inglaterra, el question time es el tiempo dedicado a la exposición y contestación de las preguntas, y abarca los primeros 50 minutos de cada sesión, en tanto que en la Asamblea Nacional francesa se reservan sesiones para ese único propósito.
La figura de la pregunta parlamentaria llegó a México con la reforma al artículo 69 de la Constitución, publicada el 15 de agosto de 2008. Antes de esta reforma, el artículo 69 constitucional constaba de un único párrafo, el cual que disponía la asistencia del presidente de la República al Congreso en la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias a fin de presentar un informe por escrito sobre el estado general que guarde la administración pública del país.
Con la reforma de 2008, este párrafo fue modificado para eliminar la obligación del presidente de la República a asistir a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, y solamente quedó la obligación de presentar el informe escrito en la referida fecha. Y se adicionó un segundo párrafo que dispuso lo siguiente:
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
Luego, una posterior reforma a este artículo, publicada el 10 de febrero de 2014, adicionó un tercer párrafo, con lo que quedó configurado el texto vigente del artículo 69 constitucional.
Tenemos entonces que fue hasta 2007 que el presidente de la República asistió al Congreso para presentar su informe, como sucede en cualquier país que se precie de contar con un gobierno republicano; que el titular del Ejecutivo informe al órgano legislativo sobre el estado del gobierno, es un acto fundamental de rendición de cuentas en cualquier Estado con división de poderes. Siendo así, la exclusión del presidente de la República del Congreso en la propia presentación de su informe, resultó excepcional en comparación con cualquier país con modelo de división de Poderes.
No obstante, la exclusión del presidente de la República para asistir al Congreso a presentar su informe, fue la consecuencia de muchos años de desgaste del formato para la realización de tal informe. En efecto, desde la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, diversos legisladores comenzaron a realizar actos con el propósito de interrumpir e incluso obstaculizar el adecuado desarrollo de la sesión del Congreso en la que el presidente asistía a la entrega de su informe.
Pero el acto de rendir el informe presidencial ante el Congreso resultó insostenible a partir de la LX Legislatura, cuando, en su primer año, varios diputados tomaron la tribuna e impidieron que el presidente entrara al salón donde se encontraba reunido el pleno del Congreso, por lo que el presidente de la República tuvo que entregar su informe al presidente del Congreso en un salón contiguo; y en su segundo año, cuando diversos grupos parlamentarios decidieron abandonar la sesión en el momento en que ingresaba el presidente. Fueron actos que negaron la esencia de la función parlamentaria: el diálogo y la rendición de cuentas del jefe del gobierno a la asamblea que representa a la nación, y fue el final de la entrega personal del informe presidencial ante el Congreso, pues luego vino la comentada reforma.
Con la referida reforma de 2008 al artículo 69 constitucional, quedó intacta la obligación del Presidente de la República de entregar al Congreso el informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, pero se eliminó la obligación de presentarse personalmente al Congreso para entregarlo. A cambio de ello, se estableció la figura de la pregunta parlamentaria y la comparecencia de diversos servidores públicos, quienes rendirán informes bajo protesta de decir verdad.
Como puede observarse, en el sistema jurídico mexicano cobra relevancia la figura de la pregunta parlamentaria porque esta, junto con los informes de diversos servidores públicos en comparecencias en el Congreso, vinieron a sustituir el acto republicano del informe presidencial ante el Poder Legislativo.
La pregunta parlamentaria, como lo dispone la última parte de la porción normativa del segundo párrafo del artículo 69, está regulada en la legislación secundaria del Congreso, específicamente en los reglamentos de cada una de sus cámaras. En el caso del Reglamento del Senado de la República, esta se norma en el capítulo tercero del Título Octavo (de los procedimientos especiales); en tanto que en el Reglamento de la Cámara de Diputados se norma en el Capítulo V del Título Cuarto (de los procedimientos en el Pleno).
El artículo 268 del Reglamento del Senado estipula que la Junta de Coordinación Política integra las preguntas que formulan los grupos parlamentarios en proporción al número de sus integrantes y las presenta a la Mesa Directiva para someterlas al pleno y remitirlas al presidente; la respuestas del presidente se turnan a las comisiones correspondientes y a los grupos parlamentarios para su valoración y análisis, y tanto las preguntas como las respuestas se deben publicar en la Gaceta del Senado.
Y por lo que hace al Reglamento de la Cámara de Diputados, el artículo 130 dispone que cada grupo parlamentario ordenará las preguntas de sus integrantes en 4 áreas temáticas: política interior, política exterior, política social y política económica; la Junta de Coordinación Política recibirá las propuestas de los grupos y en un plazo de 10 días hará la propuesta de acuerdo en donde establezca el número total de preguntas, el número de preguntas que corresponde a cada Grupo atendiendo al criterio de proporcionalidad, y el texto de las preguntas admitidas. Aprobado el acuerdo por el pleno, las preguntas se harán llegar a los servidores públicos correspondientes, quienes contarán con 15 días para enviar sus respuestas. El artículo 131 del mismo ordenamiento señala que las respuestas se harán del conocimiento del Pleno y se publicarán en la Gaceta y en la página de Internet; además, el Presidente de la Mesa Directiva turnará a las comisiones relacionadas con la materia, las respuestas para su correspondiente análisis, valoración y, en su caso, recomendaciones, para lo cual contarán con 15 días; estas conclusiones o recomendaciones se enviarán a la Junta para su conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno, y el Presidente de la Mesa Directiva las enviará al Presidente de la República; si el servidor público no contesta la pregunta o no satisface la solicitud de información, los diputados podrán acudir en queja ante el Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Tenemos entonces que, tanto el cuarto párrafo del artículo 93 constitucional, como el artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establecen los plazos con que cuentan los servidores públicos a los que se les envían preguntas parlamentarias para que den contestación a estas; no obstante, en la práctica resulta común el incumplimiento a tales plazos, como puede advertirse de la entrega a destiempo de las más recientes preguntas envidas por la Cámara de Diputados al presidente de la República, las cuales fueron aprobadas por el pleno el 21 de octubre de 2015, por lo que el plazo para que el presidente remitiera sus respuestas se vencía el 5 noviembre, pero no fue sino hasta el 15 de diciembre cuando la Cámara de Diputados las recibió, es decir, 40 días posteriores a la fecha establecida por la Constitución y por el reglamento de esta Cámara.
Desde la perspectiva del suscrito, la entrega extemporánea por parte del Ejecutivo de sus respuestas a las preguntas parlamentarias no es un asunto menor, pues, como hemos, ya señalado, la relevancia de este instrumento de control deriva de que la misma sustituyó a la entrega personal presidente de su informe de gobierno. Si el órgano reformador de la Constitución consideró que la entrega personal del informe ya no tenía mucha razón de ser debido a su permanente desgaste, y que en su lugar el Presidente de la República tendría que contestar por escrito las preguntas que le formularen los integrantes de cada una de las cámaras del Congreso, tenemos entonces que de ningún modo se justifica que el presidente no cumpla con la entrega en el plazo establecido por la norma, aún más porque se trata de preguntas que buscan la ampliación de información relativa al propio informe entregado por escrito por el jefe del Ejecutivo federal, es decir, de información que debe tenerse a la mano porque recae a su obligación constitucional de informar al Congreso el estado que guarda la administración pública. No se trata de preguntas de ocurrencia de los legisladores, sino de ampliación de información del estado que guarda la administración pública, por lo que no se justifica que tales respuestas no se entreguen en tiempo porque la información que se solicita ha sido ya procesada por el Ejecutivo Federal para la elaboración del informe presidencial.
Siendo así, y dada la relevancia que en el sistema jurídico mexicano tiene este instrumento de control del Poder Legislativo en relación con el Poder Ejecutivo, proponemos modificar el segundo párrafo del artículo 69 constitucional a efecto de agregar el plazo con el que cuenta el presidente de la República para entregar a cada una de las Cámaras las respuestas a las preguntas parlamentarias que le sean formuladas. El plazo propuesto es el de quince días, a efecto de homologarlo con el que establece el cuarto párrafo del artículo 93 constitucional relativo al término para la entrega de la información requerida por las cámaras a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal.
Finalmente, se propone adicionar, en el mismo párrafo segundo del artículo 69 constitucional, un enunciado que establezca que el incumplimiento a lo dispuesto en el propio párrafo (la entrega en el plazo señalado de las preguntas parlamentarias por parte del presidente de la República, así como la comparecencia y rendición de sus informes bajo protesta de decir verdad por parte de los secretarios de Estado y directores de las entidades paraestatales) será sancionado en términos de la fracción III del artículo 109 constitucional, es decir, por responsabilidad administrativa.
Estamos convencidos que con esta propuesta se fortalecería el ejercicio del rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo y, en consecuencia, se consolidaría la división de Poderes y el estado de derecho en nuestro país.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 69, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 69, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 69. ...
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito que deberá ser respondida en un plazo de quince días naturales, y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. Cualquier servidor público que incumpla con lo dispuesto en el presenté párrafo será sancionado en términos de la fracción III del artículo 109.
...
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la legislación secundaria que se desprendan del contenido del presente decreto en un plazo de noventa días posteriores a la entrada en vigor del mismo.
Notas:
1 Santaolalla López, Fernando, Sinopsis Artículo 111, Constitución española,
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/ sinopsis/sinopsis.jsp?art=111&tipo=2
2 Ídem.
3 Ídem.
4 El texto original de 1917 se refería a la apertura de sesiones tanto ordinarias (que solamente constaban de un periodo cada año) –para efecto de informar sobre el estado general de la administración pública– como extraordinarias –para efecto de informar las razones de la convocatoria–; esto era así toda vez que el artículo 67 del texto original de 1917 disponía que las sesiones extraordinarias del Congreso serían convocadas por el presidente de la República. Ambas disposiciones (los artículos 67 y 69 constitucionales) fueron modificadas en 1923 para establecer que las sesiones extraordinarias serían convocadas por la Comisión Permanente, por lo que sería el presidente de esta comisión quien informaría sobre los motivos de tal convocatoria.
5 El tercer párrafo estableció que, en el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará al Senado, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.— Diputado Federico Döring Casar(rúbrica).»
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García:Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Adelante, señor senador.
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya:Muchísimas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos una de las mayores responsabilidades que tenemos como legisladores es el seguimiento a la aplicación total de los recursos públicos, a efecto –como también todos sabemos– de observar su debido cumplimiento en los ejercicios fiscales. La vigilancia entonces al gasto público es por ende un imperativo, un imperativo categórico de cualquier legislador.
En ese sentido, compañeras y compañeros, advertimos que uno de los focos rojos en la oportuna aplicación del gasto es la existencia de opacidad en el manejo de los recursos públicos, condición que debe ser analizada exhaustivamente con la finalidad de generar medidas destinadas a minimizar que esto siga ocurriendo. Es decir que haya subejercicios.
De esta manera la presente propuesta, legisladoras, legisladores, tiene como finalidad crear mecanismos legales que enfrenten esta grave problemática que afecta negativamente la aplicación del gasto público.
En tal sentido sabemos que la opacidad es generada en gran medida por los altos índices de corrupción que a su vez inhibe el efecto social de la inversión pública en áreas estratégicas, fomentando así la agudización de la pobreza y de la propia marginación.
De tal suerte, senadora presidenta, compañeras y compañeros, que la existencia –desde el punto de vista de un servidor– de la opacidad en el manejo de los recursos afecta el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas de los fondos y programas.
En virtud de lo anterior, me parece que es imprescindible procurar medidas que limiten las causas de este mal manejo del gasto público que, por el contrario, debiese ser impecable.
Es en este contexto, compañeras y compañeros, que planteo que la existencia de corrupción entonces se vuelve una verdadera problemática para las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno. De ahí precisamente la imperiosa necesidad de establecer acciones que impidan la recurrencia de esta situación que está dañando –obvio– significativamente a la sociedad mexicana.
Es así que el impacto de la opacidad en la gestión del gasto federalizado se manifiesta principalmente por las dificultades para la fiscalización de los recursos no ejercidos oportunamente, así como por la falta de certeza que serán efectivamente ejercidos para los fines previstos y con observancia de la normatividad aplicable, cosa que no sucede siempre, como todos sabemos.
Por lo tanto, como podrán notar, estamos ante una situación que lacera a nuestro país ya que la opacidad en la gestión de los recursos públicos abre una gama muy amplia de posibilidades para que los servidores públicos cometan impunemente actos de corrupción; actos de corrupción que hoy en día tienen a nuestro país sumido en el ostracismo internacional; corrupción que ha mermado profundamente la confianza de las y de los mexicanos por sus instituciones, provocando también una incertidumbre ciudadana que lastima gravemente a la nación.
Y es por todo lo anterior que planteamos una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de establecer sanciones penales severas, severas a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas por la autoridad.
Necesitamos, compañeras y compañeros, establecer medidas eficaces, pero también severas, en lo que hace al manejo de los recursos públicos, para que los funcionarios encargados de ejercer dicho dinero, sepan claramente las consecuencias de hacer uso indebido de los recursos.
Y es por tales motivos, senadora presidenta, que presento esta iniciativa, confiando, por supuesto, que en un primer principio mis compañeras y compañeros senadores respalden mi propuesta, y después también en esta Cámara de Diputados. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, y 78, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 85, y se reforma el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las mayores responsabilidades que tenemos como legisladores es la del seguimiento a la aplicación total de los recursos públicos a efecto de observar el debido cumplimiento de los ejercicios fiscales.
La vigilancia al gasto público es, por ende, un imperativo categórico para cualquier legislador.
En este sentido, advertimos que uno de los focos rojos en la oportuna aplicación del gasto es la existencia de opacidad en el manejo de los recursos públicos, condición que debe ser analizada exhaustivamente con la finalidad de generar medidas destinadas a minimizar la ocurrencia de subejercicios.
De esta manera, la presente propuesta tiene como finalidad crear mecanismos legales que enfrenten esta grave problemática que afecta negativamente la aplicación del gasto público.
En virtud de lo anterior, sabemos que la opacidad es generada, en gran medida, por los altos índices de corrupción, que a su vez inhibe el efecto social de la inversión pública en áreas estratégicas, fomentando así la agudización de la pobreza y la marginación.
Un ejemplo de áreas en la que se cometen actos de corrupción es el caso de los subejercicios del gasto. Técnicamente un subejercicio se define como el saldo negativo entre el monto de recursos ejercidos y el originalmente programado para un período determinado.
Es decir, que el resultado señala la aplicación de un gasto menor al autorizado o modificado para el ramo presupuestario, que en muchos casos se presenta por la intención se los servidores públicos de hacerse ilegalmente de los recursos públicos en detrimento de su correcto ejercicio.
De lo anterior, desprendemos que la opacidad implica, bajo una perspectiva técnica, la incapacidad o la imposibilidad de ejercer la totalidad del gasto autorizado y programado en el plazo establecido para ello por parte de los funcionarios.
De tal suerte, que la existencia de opacidad en el manejo de recursos afecta el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas de los fondos y programas.
Para todos es conocido, que la opacidad representa un problema mayor, sobre todo si partimos de la premisa es producto, en muchos casos, de la corrupción en la que participan conscientemente las y los servidores públicos.
De tal suerte, es imprescindible procurar medidas que limiten las causas de este mal manejo del gasto público, que por el contrario debería ser impecable.
En este orden de ideas, abordaremos, con información de la Auditoría Superior de la Federación, los tres ámbitos principales en los que existen espacios que pueden propiciar la aparición y recurrencia de actos de corrupción:
1. La operación de fideicomisos no paraestatales.
2. Los convenios entre dependencias federales y entidades federativas.
3. Gasto federalizado.
De igual manera, la opacidad en el manejo del gasto es originada, entre otras, por las siguientes causas:
• Normatividad compleja o ambigua en algunos fondos y programas;
• Imprecisión operativa del principio de anualidad en el ejercicio de los recursos;
• Ausencia de sanciones por la falta del ejercicio oportuno de recursos federales transferidos;
• Falta de incentivos para gestiones eficientes, ya que los mecanismos de asignación de los recursos tienen fundamentalmente un carácter inercial;
• Retraso en la firma de convenios de coordinación y anexos técnicos, así como en la priorización de obras y en su proceso de licitación;
• Elevado número de reprogramaciones en el ejercicio, y
• Carencia de calendarización de ministraciones de recursos y entrega de una parte de éstos en el siguiente ejercicio fiscal con cargo al anterior, derivada de los ajustes al padrón de afiliados, y la comprobación de recursos de ejercicios anteriores.
La trascendencia de estos recursos se advierte, por el papel que juegan para las finanzas estatales y municipales; al respecto, para los entidades federativas representan alrededor d un 90 por ciento de sus ingresos totales y para los gobiernos municipales un 65 por ciento, con la particularidad de que, para los municipios rurales y los de mayor marginación significa más del 90 por ciento de sus ingresos totales.
Cabe señalar, que es dentro de este tipo de gasto, en donde se presentan los mayores índices de opacidad en su manejo.
En este contexto, la existencia de corrupción se vuelve una verdadera problemática para las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno, de ahí la imperiosa necesidad de establecer acciones que impidan la recurrencia de esta situación, que está dañando significativamente a la sociedad mexicana.
Es así, que el impacto de opacidad en la gestión del gasto federalizado se manifiesta principalmente por las dificultades para la fiscalización de los recursos no ejercidos oportunamente, así como en la falta de certeza de que serán efectivamente ejercidos para los fines previstos y con observancia de la normatividad aplicable.
Como podrán notar, estamos ante una situación que lacera a nuestro país, ya que la opacidad en de la gestión de los recursos públicos abre una gran gama de posibilidades para que los servidores públicos cometan impunemente actos de corrupción.
Actos de corrupción, que hoy en día tienen a nuestro país sumido en el ostracismo internacional, corrupción que ha mermado profundamente la confianza de las y los mexicanos por sus instituciones, provocando una incertidumbre ciudadana que lastima gravemente a nuestra nación.
Para tales efectos, planteamos una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objetivo de establecer sanciones penales a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas, buscando que la ministración de los recursos federales se efectué de manera oportuna y transparente.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona y refroma el artículo 85; y se reforma el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Único. Se adiciona y reforma el artículo 85; y se reforma el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:
Artículo 85. ...
I. a V. ...
VI. Las transferencias de recursos federales a cuentas bancarias no autorizadas por la Secretaría de Hacienda.
...
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II, IV y VI del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones.
Artículo 86. Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las fracciones II, IV y VI del artículo 85 de esta Ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.— Senador Benjamín Robles Montoya(rúbrica).»
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muy bien. Gracias, señor senador. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García:Tiene la palabra por cinco minutos el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Adelante, senador.
El senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. México es reconocido a nivel internacional por su cultura, gastronomía, folclor, usos y costumbres, así como por sus riquezas arqueológicas, históricas y artísticas.
Sin duda alguna el patrimonio cultural de la República Mexicana integrado por vestigios arqueológicos, es motivo de orgullo y vanagloria por ser prueba palpable de la grandeza de nuestros pueblos originarios y base de nuestra identidad.
Es de todos asumir la responsabilidad de conservar este patrimonio en beneficio de la historia de la humanidad, y preservarlo en las mejores condiciones para que podamos seguir disfrutando de los bienes culturales y poder legarlo en condiciones más óptimas a las futuras generaciones.
En ese sentir es el objetivo de la presente iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, es dotar a las zonas arqueológicas de México de un instrumento técnico que integre los elementos básicos para garantizar su conservación, así como las acciones de efectuar para lograr su protección y mantenimiento integral; las medidas para lograr su uso y aprovechamiento responsable y racional, el trabajo de fomento y ejecución respecto a investigación, difusión y valoración, al igual que las gestiones para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional.
Se pretende robustecer la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos al establecer como imperativo que todas las zonas arqueológicas del país tengan un plan de manejo, ya sea a través de esta herramienta que se abone a la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos.
Un plan de manejo es el documento resultado de un proceso de planeación que dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de los monumentos y zonas arqueológicas a un largo plazo.
Actualmente se calcula que en nuestro país existen doscientos mil sitios de vestigios arqueológicos, de los cuales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene bajo su resguardo 187 zonas arqueológicas abiertas al público, y de éstas, sólo 22 tienen un plan de manejo, situación que es preocupante respecto a la conservación y salvaguarda de dichos sitios arqueológicos.
Por ello, es prioritario adicionar la obligación en la ley de la materia, y considerar esta regla legal para regular el manejo integral, conservación, investigación, recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos.
México no puede perder su liderazgo en materia cultural, ni tampoco poner en riesgo los vestigios de su historia originaria. A nosotros como legisladores, nos corresponde sumar la bases legislativas para lograr el manejo integral y sustentable de los monumentos y zonas arqueológicas, como también se realiza la adecuada conservación de los bienes culturales, aunado a denotar una oportunidad real para contribuir en el crecimiento económico de las comunidades aledañas, de los sitios arqueológicos, así como preponderar la preservación del patrimonio cultural como un bagaje de oportunidades para obtener un beneficio educativo, cultural, histórico, cívico, social y económico para nuestro país y la humanidad. Es cuanto, senadora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República; somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a laLey Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de plan de manejo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país, tiene en su haber un gran patrimonio cultural que data desde los pueblos originarios hasta nuestros días, con lo que hemos construido un acervo nacional con grandes riquezas arqueológicas, históricas y artísticas.
Dicho patrimonio cultural se integra por 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad cultural permanente.
Este legado, coloca a México como líder de América Latina y en una posición privilegiada en el mundo en materia cultural, pero también conlleva una enorme responsabilidad para conservarlo en beneficio de la historia de la humanidad y preservarlo en las mejores condiciones para que puedan disfrutarlo futuras generaciones.
Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es dotar a las zonas arqueológicas de México de un instrumento técnico que integre los elementos básicos para garantizar su conservación así como, las acciones a efectuar para lograr su protección y mantenimiento integral, las medidas para lograr su uso y aprovechamiento responsable y racional, el trabajo de fomento y ejecución respecto a investigación, difusión y valoración, al igual que, las gestiones para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional.
Ahora bien, la ley marco en materia de patrimonio cultural “Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos” establece que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos. Aunado a ello, señala como organismo para preservar dicho patrimonio en México entre otros, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
De esta manera, el INAH es responsable de 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200 mil sitios con vestigios arqueológicos. Tiene bajo su resguardo las 187 zonas arqueológicas abiertas al público, mismas que se encuentran distribuidas a lo largo del territorio mexicano. Entre ellas se destacan 10 bienes culturales suscritos en el Listado de Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad y 13 zonas inscritas en el Registro Internacional de Bienes Culturales Bajo Protección Especial, ambas distinciones declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a saber:
Es de subrayar que los bienes culturales del Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad, pueden incrementar pero también disminuir, esto sucede si se deterioran o son alterados por la falta de conservación y negligencia de los gobiernos y la población. Por eso, es muy importante la preservación de los bienes culturales y hacer conciencia para respetar, cuidar y valorar estos y otros lugares de México.
Por otro lado, cabe destacar que la zona arqueológica de Monte Albán fue reconocida internacionalmente este 2015 por un panel de expertos en patrimonio mundial, como el recinto prehispánico inscrito en la lista de la UNESCO con el mejor plan de manejo del planeta, superando a centros como Las Cuevas con Pintura Prehistórica de Pech Merle, Francia; la Ciudad Prohibida en China; el Taj Mahal en la India, el Valle de los Reyes en Luxor, Egipto y Herculano en Italia.
Lo anterior llama la atención, ya que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no establece como obligación que las zonas arqueológicas de México tengan un plan de manejo.
Datos del segundo informe de ejecución 2014 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 arrojan que se han concluido 22 planes de manejo de zonas arqueológicas. Al respecto es de resaltar que, si bien se denota un trabajo arduo para conservar las zonas y monumentos arqueológicos, también es cierto que, se debe fortalecer la Ley marco en la materia para lograr cabalmente la preservación del patrimonio cultural, en virtud que la herencia de las culturas prehispánicas es parte de la identidad y memoria del pueblo mexicano, así como testigo y prueba palpable de la historia de la humanidad que debe perdurar tanto para las generaciones presentes como futuras.
En ese orden de ideas, se plantea establecer en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos diversas disposiciones que abonen a la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos, a saber:
1. La obligatoriedad para que toda zona arqueológica tenga en su haber un plan de manejo.
Un plan de manejo, es el documento resultado de un proceso de planeación que dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de los monumentos y zona arqueológica a largo plazo. Asimismo, es donde se identifica el universo físico de la zona, es decir, el número de estructuras y cómo están emplazadas, la importancia del sitio y su estado de conservación. En otras palabras, es el documento idóneo que todo sitio arqueológico debe tener para lograr su correcta preservación, estudio y aprovechamiento.
El INAH tiene como parte de su normateca “Lineamientos para el manejo y operación de zonas arqueológicas con visita pública”, mismos que fungen como guía para elaborar los planes de manejo.
Es precisamente, con el ánimo de mantener a México en el puntero de América Latina y el sexto a nivel mundial como el país con más riqueza y reconocimientos por su Patrimonio Cultural, estando por detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania, que se considera necesario robustecer el marco jurídico en beneficio de las zonas y monumentos arqueológicos, ya que dichos lineamientos si bien están vigentes y en observancia, solo 22 zonas arqueológicas de 187 cuentan con un plan de manejo solo considerando los sitios que están abiertos al público, dado que el universo en esa materia su totalidad se conforma por 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país.
Lo anterior, considerando que los lineamientos actualmente no se establecen como imperativos, debido a que no se dispone como obligatorio que todas las zonas y monumentos arqueológicos tengan un plan de manejo dentro de la Ley Marco.
Por ello, es prioritario adicionar dicha obligación en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos por considerarla la regla legal encargada de regular el manejo integral, conservación, investigación y recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos.
En ese sentido, la fórmula para fortalecer la preservación del patrimonio cultural en la citada ley marco es adicionar la obligación: “Los monumentos y zonas arqueológicos deberán contar con un plan de manejo”. En suma, ésta obligatoriedad especificara que los multicitados “lineamientos serán los requisitos que integraran los planes de manejo”, a saber:
• Planeación
Las actividades y proyectos que se realicen en una zona arqueológica deben ser el producto de un proceso de planeación a corto, mediano y largo plazo, en el que se contemple el manejo y operación de la zona en relación con su contexto local, estatal, nacional e internacional. Aunado a ello, debe basarse en la instrumentación de programas operativos anuales, los cuales deberán garantizar y evaluar el cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos en el plan de manejo.
• Investigación
Los proyectos de investigación que se realicen sobre una zona arqueológica tendrán una perspectiva integral e interdisciplinaria, con la finalidad de conocer los procesos sociales e históricos que interactúan y su conformación como contexto arqueológico. De la misma manera, constituirán una herramienta para identificar sus valores culturales y naturales.
• Conservación
La conservación de una zona debe garantizar la preservación material de las evidencias arqueológicas y sus valores, así como favorecer la conservación de su entorno natural; apoyar el desarrollo de las investigaciones que se realicen en ésta; y, respetar las prácticas y usos culturales tradicionales y actuales, siempre y cuando no se contrapongan con su conservación.
• Preservación y mantenimiento
La preservación y el mantenimiento deben ser líneas de acción permanentes, continúas y prioritarias para la operación de una zona arqueológica, ya que son la garantía para su conservación integral y manejo racional, por lo anterior se debe contar con el equipo, las herramientas y el presupuesto necesarios para realizar estas labores.
• Protección jurídica y técnica
Las zonas arqueológicas abiertas al público deberán contar con delimitación, poligonal, zonificación, expediente técnico e inscripción en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, así como con la declaratoria en el Registro Público de la localidad. Asimismo, el manejo y operación de una zona arqueológica requiere de la custodia de los terrenos sobre los cuales se encuentra, por lo cual la regularización de la tenencia de la tierra constituye una prioridad.
Un punto importante a resaltar en este apartado, es que cada zona arqueológica debe lograr un mayor amortiguamiento, es decir, en un primer término, ampliar el polígono fuera de la zona de monumentos arqueológicos para lograr una mayor protección. En segundo término, delimitar dentro del sitio arqueológico un primer polígono que se considere de mayor relevancia por los vestigios existentes y requieren mayor conservación, por lo que se limite el acceso o ejecutar algunas actividades, y finalmente, un segundo polígono que contemple acciones de protección pero no tan restrictivas como en el primer polígono.
• Interpretación, educación y difusión
La interpretación de una zona arqueológica debe tener como objetivo la conservación de su significado cultural y el respeto a sus entornos social y natural, fomentando su respeto y entendimiento. En suma, deberá basarse en sus valores y contemplar los elementos arqueológicos, así como sus entornos social y natural. La identificación de estos valores deberá obtenerse a través de evidencia reunida mediante métodos científicos y académicos, así como de tradiciones culturales vivas.
• Operación
La infraestructura y servicios que se creen para la operación de una zona arqueológica con visita pública deberán, en la medida de lo posible y en absoluto respeto a los entornos social y natural, resaltar sus características y permitir su máximo aprovechamiento.
• Administración
La administración de una zona arqueológica debe asegurar la correcta gestión de los recursos humanos, materiales y financieros en tiempo y forma para satisfacer sus necesidades. Las acciones de la administración incluyen la organización, ejercicio, control, la distribución, comprobación y evaluación de los recursos asignados a la zona.
Continuando ese orden de ideas, es de subrayar que, también se adiciona como “requisito inexcusable la capacidad de carga de cada zona y monumento arqueológico”.
Entendiéndose como capacidad de carga, la tolerancia de un sitio al uso de sus componentes, de forma tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración.
El objeto de establecer fehacientemente la capacidad de carga, es a fin de evitar la concentración masiva en las zonas arqueológicas, disminuir el deterioro de los monumentos y abonar a la conservación del patrimonio cultural.
Ahora bien, de lo previamente enlistado se concluye que cada zona arqueológica deberá tener su plan de manejo. Así, cabe referir que dicho plan de manejo tendrá un responsable y que éste se rodeará de expertos para la elaboración del mismo.
En ese sentido, se considera necesario adicionar que “el responsable de que toda zona arqueológica tenga un plan de manejo, es el Director o encargado de ésta”, asimismo, se adiciona que el plan de manejo “será elaborado por profesionistas especializados en materia de historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración, el responsable técnico de la zona de monumentos arqueológicos” aunado a que deberá contar con el aval de una institución educativa especializada en materia de arqueología y antropología, con el fin de asegurar el máximo cuidado y vigilancia al patrimonio cultural de país.
2. La evaluación de los planes de manejo para una mejora continua
Las zonas y monumentos arqueológicos están expuestos a riesgos constantes, sea, por daños ocasionados por el paso del tiempo y los factores ambientales, o bien, por los perjuicios de acción directa o indirecta del hombre. De ahí que la evaluación de los planes de manejo de las zonas arqueológicas es un factor determinante para que se lleve a cabo la adecuada conservación y aprovechamiento de las mismas.
Por ende, se contempla adicionar como obligación que “anualmente se evaluarán los planes de manejo a través de los programas operativos anuales”. Al igual que, “los planes de manejo deben ser revisados cada 5 años para realizar un diagnóstico y adecuación integral sobre las medidas y acciones en ejecución”, a fin de implementar una mejora continua en la conservación de las zonas y monumentos arqueológicos, bajo la retórica de enaltecer los sitios arqueológicos y otorgarles nuevas perspectivas de visita, estudio y divulgación.
3. La publicidad de los planes de manejo para efectos de transparencia, consulta y participación ciudadana.
La publicidad de los planes de manejo y programas operativos anuales garantiza que los interesados puedan participar activamente en contribuir para que el objeto primordial que es la conservación de las zonas y monumentos arqueológicos se logre de manera contundente.
Esto es, al adicionar como obligación que “los planes de manejo y los programas operativos anuales se publiquen en el Diario Oficial de la Federación”, se dota de legalidad al documento por sí mismo, por otro lado, se otorga certeza jurídica a los interesados sean investigadores, especialistas, visitantes, público en general, sobre las acciones o medidas que se ejecutan en los monumentos y zonas arqueológicas, empoderándolos como vigías sobre el buen manejo en los sitios arqueológicos.
Asimismo, se contempla adicionar como obligación que “los planes de manejo y programas operativos anuales estén disponibles en versión digital en los portales electrónicos oficiales” del INAH y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), así como, del sitio arqueológico si lo tuviera. Con la intención de facilitar la consulta a cualquier interesado.
Cabe destacar, que los bienes culturares en primer término inciden directa o indirectamente en la vida de las comunidades aleñadas de los sitios arqueológicos, situación que inviste a sus pobladores en vigías natos, de ahí que se tornan auxiliares idóneos para coadyuvar en la protección del patrimonio cultural. Como también, en entes privilegiados por el beneficio monetario que pueden recibir dado el derrame económico que representa la visita a monumentos y zonas arqueológicas.
En ese sentido, se hace la acotación que a través del Programa Vigías del Patrimonio Cultural, en 2014 se capacitó a 371 jóvenes en el reconocimiento y la valoración de la riqueza cultural de sus localidades; ello se realizó mediante un seminario, 10 diplomados de formación de vigías, cinco talleres Patrimonio Cultural en Nuestras Manos y dos talleres Diálogo con mi Cultura, en 25 municipios de nueve estados de la república (Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Puebla, Veracruz y Zacatecas).
En suma, se destaca la necesidad de transparencia vía la publicación, consulta y participación ciudadana en los planes de manejo, a fin que la ciudadanía en general esté debidamente informada e integrada en las acciones que coadyuven en la protección del patrimonio cultural, con la finalidad de transitar en un enfoque lineal para detonar el desarrollo sustentable de las zonas arqueológicas y sus alrededores.
4. La inspección y vigilancia de la implementación del plan de manejo.
El patrimonio cultural se ve amenazado por múltiples factores, uno de estos es el crecimiento poblacional o demográfico, lo que permite que los monumentos y zonas arqueológicas, sean cercados por manchas urbanas de localidades adyacentes, ocasionando daños irreversibles por todos los efectos generados por las actividades humanas.
Por mencionar un ejemplo, se cita el caso Walmart en Teotihuacán, el cual demuestra que la falta de un plan de manejo y su correspondiente inspección y vigilancia, permitió la autorización de construcción y apertura de una tienda en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán a escasos 2.5 km, de la pirámide del Sol, dentro del perímetro establecido en el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos.
Ahora bien, la falta de un plan de manejo y su consecuente inspección y vigilancia en este caso en particular, conlleva que la afectación al sitio arqueológico no sólo sea estético, histórico y cultural, por el contrario, ostenta un daño irreversible, acumulativo y continúo ya que perturba diariamente y de forma directa la conservación de los monumentos y la zona arqueológica, esto es, con la construcción de la tienda se ha incrementado la capacidad de carga del sitio arqueológico.
Dicha carga por referir solo algunos aspectos, resulta por la concentración de personas que acuden a la tienda en un vehículo automotor (los gases que generar deterioran de sobremanera los monumentos), al igual que, por el desequilibrio ecológico generado en la zona (cambio de cobertura vegetal por concreto, incremento de temperatura, mutación en los microclimas, despojo de flora y fauna nativa, acumulación de residuos y proliferación de fauna nociva).
Así, con la intención de aprender de la recién enseñanza y en materia de prevenir casos como este, se considera necesario adicionar como obligación que “los planes de manejo estén sujetos a acciones de inspección y vigilancia” por las autoridades correspondientes.
5. La imposición de sanciones por desacato de tener e implementar un plan de manejo.
La imposición de sanciones responde a la necesidad de desincentivar rotundamente el abandono o desatención de llevar a cabo acciones de conservación en los monumentos y zonas arqueológicas. Aunado a que atiende a un mandato del derecho positivo el cual mandata que las normas para que sean perfectas deben contemplar una sanción.
En el caso en particular, se considera adicionar “imponer sanción a quién sea responsable de monumento y zona arqueológica y no tenga un plan de manejo”, asimismo, se discurre adicionar “imponer sanción a los responsables de implementar las acciones y medidas consideradas en el plan de manejo”.
Finalmente, se hace la acotación que, lograr el manejo integral y sustentable de los monumentos y zonas arqueológicas es una responsabilidad mayúscula, pero también, el realizar la adecuada conservación de los bienes culturales denota una oportunidad real para contribuir en el crecimiento económico en primera instancia de las comunidades aledañas y en última instancia, se pondera la preservación del patrimonio cultural como un bagaje de oportunidades para obtener un beneficio educativo, cultural, histórico, cívico, social y económico para el país y el mundo.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de plan de manejo
Artículo Único.- Se adiciona un Capítulo IV Bis, “De los Planes de Manejo”, y los artículos 43 Bis, 43 Ter, 43 Quáter, 43 Quintus, 43 Sextus, 43 Séptimus y 47 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:
Capitulo IV BisDe los Planes de Manejo
Artículo 43 Bis. Para efectos de esta Ley se entenderá por plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas, el documento técnico operativo resultado de un proceso de planeación que dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a su conservación, protección y mantenimiento integral en un corto, mediano y largo plazo, así como, las acciones y medidas para realizar su uso y aprovechamiento responsable y racional, trabajo de fomento y ejecución respecto a investigación, difusión y valoración, al igual que, gestiones para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional.
Artículo 43 Ter. Los monumentos y zonas arqueológicos deberán contar con un plan de manejo. Para su elaboración se tendrá como base los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública. Sin que ello limite a considerar otros documentos sean nacionales o internacionales que abonen a la adecuada preservación de los monumentos y zonas arqueológicas.
El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas tendrá como requisito inexcusable la capacidad de carga de cada zona y monumento arqueológico.
Asimismo, el plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas contemplara la delimitación de al menos dos polígonos dentro de la zona arqueológica para lograr un mayor amortiguamiento y protección. El primer polígono considerara la zona de mayor relevancia por requerir conservación prioritaria, en el cual se limitara ejecutar algunas actividades por el deterioro que puedan generar. El segundo polígono considerara las zonas que contemple acciones de protección pero no tan restrictivas como en el primer polígono.
Artículo 43 Quáter.- El Director o encargado de zona arqueológica es el responsable de que la zona arqueológica a su cargo tenga un plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas.
El Director o encargado de zona arqueológica para la elaboración del plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas se auxiliará de profesionistas especializados en materia de historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración, así como, expertos a fines.
El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas deberá contar con el aval de una institución educativa especializada en materia de arqueología y antropología, con el fin de asegurar el máximo cuidado y vigilancia al patrimonio cultural de país.
El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas estará sujeto a la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Artículo 43 Quintus. El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas se evaluará anualmente a través de los programas operativos anuales.
El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas será revisado cada 5 años para realizar un diagnóstico y adecuación integral sobre las medidas y acciones en ejecución, a fin de implementar una mejora continua en la conservación de las zonas y monumentos arqueológicos.
Artículo 43 Sextus.- El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas así como los programas operativos anuales deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en los portales electrónicos oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como, del sitio arqueológico si lo tuviera.
Artículo 43 Séptimus. El Instituto Nacional de Antropología e Historia realizará acciones de inspección y vigilancia en las zonas arqueológicas a fin de verificar que tengan plan de manejo vigente. Asimismo, verificará que tenga e implemente los programas operativos anuales.
Artículo 47 Bis. Al Director o encargado de zona arqueológica que incumpla durante su encargo de tener un plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado a los monumentos arqueológicos.
A los responsables de implementar las acciones y medidas consideradas en el plan de manejo y programas operativos anuales, que por omisión, descuido o intención genere un daño o ponga en riesgo la conservación de los monumentos arqueológicos se les impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.
Transitorios
Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.A partir de la entrada en vigor de este decreto, los directores o encargados de zona arqueológica tendrán un plazo no mayor de 365 días para que tengan el plan de manejo de los monumentos y zonas arqueológicas concluido, avalado, aprobado y en ejecución.
Tercero. A partir de la entrada en vigor de este decreto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, coadyuvará con los Directores o encargados de zona arqueológica para que en un plazo no mayor de 365 días las zonas arqueológicas del país tengan plan de manejo de los monumentos y zonas arqueológicas concluido, avalado, aprobado y en ejecución.
Cuarto.A partir de la entrada en vigor de este decreto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizará visitas de inspección y vigilancia en las zonas arqueológicas que tengan plan de manejo a fin de verificar que cumplan con lo establecido en el Decreto, otorgando un plazo no mayor a 180 días para realizar las modificaciones acordes.
Quinto.El Ejecutivo federal, contará con un plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para las adecuaciones al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Notas:
1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
2 Consulta página oficial del INAH. Véase: http://www.inah.gob.mx/ es/quienes-somos Diciembre de 2015.
3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Segundo Informe de Ejecución 2014. Véase: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Ejecucion/2_ie_2014_C ONSOLIDADO.pdf noviembre de 2015
4 Plan de Manejo. Numeral 5.14 Lineamientos para el manejo y operación de zonas arqueológicas con visita pública
5 Manual de Conservación Preventiva en Zonas Arqueológicas. Véase: http://www.mener.inah.gob.mx/archivos/cncpcmanualconservacion_arque.pdf Noviembre de 2015
6 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Segundo Informe de Ejecución 2014. Véase http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Ejecucion/2_ie_2014_C ONSOLIDADO.pdf noviembre de 2015
7 Decreto por el que se declara Zona de Monumentos Arqueológicos el área conocida como Teotihuacán. Publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 1964. Página web del diario Oficial de la Federación consultada el 4 de abril de 2014.
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4781998 &fecha=30/04/1964&cod_diario=205904
8 Las normas jurídicas en el derecho positivo para que sean consideradas perfectas “plus quam perfectas”, son aquellas que al transgredirse imponen una sanción, sino es así, se consideran imperfectas, (cuya infracción no solamente no produce la nulidad del acto, tampoco imponen sanciones al infractor). Por lo que es imperativo que la norma tenga una sanción.
Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis.— Senador Jorge Aréchiga Ávila(rúbrica).»
Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Aréchiga. Ya llegué, ya regresé. Túrnese a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores.
LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita también por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Laura Beatriz Esquivel Valdés, todas ellas del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Presento esta iniciativa a nombre de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés y a nombre de la diputada Norma Rocío Nahle García.
Diputadas y diputados, el tema de la legalización, liberación o despenalización de la marihuana es un tema profundo, complejo e importante, cuyo debate mundial y nacional está dividiendo las opiniones entre la sociedad, los gobiernos, las autoridades de salud y las fuerzas de seguridad de los países.
Por esta razón es el momento de abordarlo con una visión de Estado, que regule esta planta ancestral y proteja a las personas de sus efectos y los riesgos que esto implica. La regulación de la marihuana requiere precisar en la ley conceptos, fines y objetivos sobre su uso médico, lúdico o industrial, para determinar cómo accederán a esta y en los casos de su uso médico terapéutico provocar con evidencias científicas la concentración necesaria, su eficiencia y eficacia, así como la reducción de los efectos secundarios a quienes le sean suministrados.
Su uso con fines lúdicos, medicinal o industrial, para la industria textil o de papel, requiere desarrollar políticas públicas capaces de distinguir claramente entre permitir el consumo de quienes ya las usan y acotar la accesibilidad para quienes aún no la consumen y al mismo tiempo realizar campañas para prevenir su consumo y con ello también la descomposición del tejido social.
En este sentido, existen países con experiencia en el manejo de la marihuana en diversas presentaciones y usos, como son: Estados Unidos, Canadá, Holanda. Sin embargo, estos países al menos tienen cinco características:
1. Cobran altos impuestos por su uso, producción, siembra o venta.
2. Tienen un registro claro de consumidores y productores independientemente si es uso lúdico, industrial o médico, y si se siembra en casas, laboratorios o parcelas.
3. El uso público está prohibido. Se ha restringido su uso y se han puesto límites a las concentraciones de no más del 11 por ciento. Más allá se considera una droga dura. Para uso lúdico y el uso médico está plenamente controlado.
4. El turismo de consumo está restringido y en algunos casos prohibido, y
5. No se permite el consumo a menores de edad.
Pese a estas medidas en estos países les conflictos, así como la violencia, no se han reducido y su principal problema en común sigue siendo el tráfico ilícito de la marihuana, el cual ha generado un mercado negro controlado por grupos.
En el caso de Uruguay, en 2014 hicieron una ley que regula toda cadena de valor y el Estado asume control pleno. Aún es pronto para conocer sus resultados, pero la iniciativa que hoy se presenta puede confundirse fácilmente con un tema polémico que se discute actualmente en México y en el resto del mundo; la despenalización de la marihuana.
Sin embargo, en este caso no nos referiremos a esa variedad que se usa para uso médico o recreativo, sino a la variedad que se usa industrialmente y es más conocida como cáñamo. En este sentido proponemos las siguientes reformas.
Artículo 234 de la Ley General de Salud. Se consideran estupefacientes Cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas con concentraciones de tetrahidrocannabinol superior al 0.5 por ciento.
Artículo 235, párrafo séptimo. Los actos a que se refiere el artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, científicos e industriales y requerirán autorización de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Artículo 237. Se genera el cambio de concentraciones de tetrahidrocannabinol superiores a 0.5 por ciento, y en general las particularidades, se realicen actividades señaladas en el artículo 235 de la Cannabis sativa, índica, marihuana, requiere autorización para la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios donde acredite que los procesos de siembra, cultivo, cosecha y elaboración de productos contienen una concentración tetrahidrocannabinol igual o menor a 0.5 por ciento.
Se adiciona un segundo párrafo, en donde se indican: Las disposiciones señaladas en el artículo no son aplicables a la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de productos a partir de la semilla de cáñamo con una concentración de tetrahidrocannabinol igual o menor al 0.5 por ciento, con autorización de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García, Norma Xóchitl Hernández Colín y Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena
Las que suscriben, diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín, en nombre de la diputada federal Laura Beatriz Esquivel Valdés, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 234, 235 y 237 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 237 de la Ley General de Salud; y 198 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A últimas fechas, por diversas razones se ha incrementado la discusión sobre la despenalización de la marihuana con fines medicinales o recreativos. Desde hace algunos años, varios estados de la Unión Americana han autorizado, ya sea el cultivo, el uso o el consumo de la planta en diferentes modalidades. En el resto del mundo, algunos países han puesto restricciones y otros han sido muy laxos. Uno de los argumentos principales que ha motivado la despenalización, es que el tráfico ilícito de la marihuana ha generado un mercado negro controlado por grupos delictivos que ha generado mucha violencia.
La discusión sobre el tema es muy amplio y los argumentos son variados, que van desde que el daño a la salud por el consumo de la marihuana es menor al que provoca el alcohol o el cigarro, que la utilización de la marihuana con fines curativos proporciona beneficios inigualables para el tratamiento del dolor o de ciertas enfermedades o bien que la liberación del cultivo y uso reduciría considerablemente el tráfico ilícito y la violencia, con la posibilidad de incrementar la captación de recursos para el erario a partir de los impuestos con que se grave, dependiendo del uso.
También se ha documentado el uso industrial de una especie de la marihuana, mejor conocida como cáñamo, para la producción de papel o materias primas para la elaboración de textiles. Esta posibilidad no es nueva; al cáñamo se le dio uso industrial durante mucho tiempo hace ya muchos años.
Los antecedentes del uso sistemático de las plantas, inició en la Antigua Grecia, sin descartar que en diferentes culturas se conocieran ya las bondades de muchas plantas para usos diversos. Pero Joachim Jungius, considerado el fundador del lenguaje científico, estableció principios de clasificación de plantas a partir de observaciones precisas y definió algunos términos con exactitud lo que ayudó a eliminar el uso de términos vagos. Este antecedente fue determinante para que el inglés John Ray desarrollara una ciencia denominada botánica y que sería perfeccionada por el sueco Carlos Lineo casi un siglo después.
Según José Antonio Díaz Rojo, en un artículo publicado en la Revista de Lexicografía de 2004, con el título “Las denominaciones del cáñamo: un problema terminológico y lexicográfico”, Carlos Lineo denominó el cáñamo con el nombre científico de Cannabis sativa en 1753 ,planta conocida desde aproximadamente 3 mil años por sus usos medicinales e industriales y en consecuencia con efectos económicos positivos. Pero también está documentado que otra subespecie de la cannabis, la Cannabis indica,también era usada por su efecto psicoactivo.
De la cannabis procede la marihuana o el cáñamo dependiendo la subespecie y de cómo, qué tipo de planta y con qué fines se cultive. En el caso del cáñamo, el uso puede ser exclusivamente industrial para la obtención de gran variedad de productos. La marihuana contiene sustancias psicoactivas, pero el cáñamo no contiene la cantidad de psicoactivos que puedan llegar a representar riesgo alguno como estupefaciente.
De acuerdo con José Antonio Díaz señala existen tres subespecies de cannabis: Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa indicay Cannabis sativa rudelaris, cada una con características distintas. Las más conocidas son las primeras dos: La Cannabis sativa sativa suele conocerse como “cáñamo agrario”, “industrial” o “textil” por sus aplicaciones, ya que de ella se obtiene la pulpa y la fibra empleados para obtener papel, o para la elaboración de cuerdas y prendas, y la Cannabis sativa indica de donde se obtienen la marihuana y el hachís. La marihuana se obtiene de las flores femeninas y el hachís es la resina seca de la planta, comprimida en forma de bloque, tableta o pastilla.
La diferencia entre la Cannabis sativa sativa y la Cannabis sativa indica está en la concentración de la sustancia psicoactiva. Mientras el hachís llega a contener hasta 20 por ciento de Delta-9-Tetrahidrocannabinol conocido como THC, el cáñamo posee apenas 0.5 por ciento de TCH, por lo que su efecto psicoactivo es prácticamente nulo.
Recientemente se ha considerado y discutido ampliamente la despenalización para la utilización de la cannabis sativa indica con fines medicinales por los efectos que las sustancias psicoactivas, especialmente el THC que a partir de diversas investigaciones se ha documentado que produce efectos hipnóticos, terapéuticos contra enfermedades degenerativas como el glaucoma o la esclerosis múltiple, otras como la epilepsia o para aliviar el dolor crónico. También se conocen resultados positivos para tratar efectos secundarios causados por la quimioterapia como las náuseas, vómito y pérdida de apetito. Pero en el caso que nos ocupa, se trata de otra subespecie, la planta Cannabis sativa sativa,la cual tiene importantes usos industriales.
Entre las tres subespecies del cáñamo, Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa indica y Cannabis sativa rudelaris hay algunas diferencias, como son la zonas en las que se cultivan, la forma de crecimiento, las semillas y la estructura de sus fibras. Las tres especies contienen THC en diferentes concentraciones y en determinadas partes de la planta, ya sea en sus hojas y flores utilizadas por sus propiedades psicoactivas. Pero hay un elemento importante que hay que considerar, y es que la cannabis es dioica, o sea que existen flores hembras y machos. De manera hay un conocimiento claro de en dónde se concentra el THC para que las semillas puedan usarse con fines industriales y no recreativos, puesto que se puede cultivar una subespecie cuyo THC sea prácticamente nulo.
Los efectos de la marihuana son producidos tanto por las flores y hojas de la planta hembra como por su resina, donde se concentra el THC, sustancia farmacológicamente activa. La concentración de THC presente en el cannabis utilizado para fines recreativos varía, aunado además a las modificaciones genéticas realizadas a la planta, de acuerdo con el Informe sobre cannabis II, del Ministerio de Sanidad y Política Social de España de 2009, donde refiere: “La marihuana contiene habitualmente entre 1 y 5 por ciento de THC; el hachís, entre 15 y 50; y el aceite, entre 25 y 50. Asumiendo que un cigarrillo de marihuana pesa 0.8 gramos, el contenido de THC estaría comprendiendo entre 8 y 120 miligramos. En comparación, la cannabis utilizada para producir fibra textil tiene una riqueza de THC inferior a 0.3 por ciento”, por lo que los productos derivados del cáñamo prácticamente no contienen propiedades psicoactivas.
Datos muy relevantes hacen del cultivo del cáñamo un proceso industrial de gran efecto económico y ambiental positivo. La siembra y cultivo del cáñamo requiere una cantidad mínima o nula de productos químicos para su producción. Esto hace que la resistencia como producto agrícola sea muy alta y del mismo se puede elaborar una gran cantidad de productos. El cultivo de la cannabis se ha perseguido desde hace años por considerarse su producción eminentemente para la obtención de enervantes, pero en realidad podría convertirse en un motor para la industria que, además de constituir una opción para el desarrollo económico, favorece enormemente la preservación del medio ambiente. Por ello es importante diferenciar el nombre de marihuana como la producida para fines recreativos o medicinales y el cáñamo, la que se refiere a la planta de que se obtienen productos para diversas industrias, como el papel o textiles diversos.
Ahora mismo, uno de los temas centrales de la discusión es la despenalización del psicotrópico para igualar los criterios que se han considerado en otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde en más de 20 estados la venta está legalizada.
En México hay antecedentes de iniciativas que han planteado el problema que se aborda nuevamente, como la de la diputada federal en la LX Legislatura Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata, quien presentó una iniciativa para reformar los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales el 27 de noviembre de 2007, iniciativa que documenta ampliamente los beneficios del cáñamo para uso industrial. También está la iniciativa diputado federal René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Ambas iniciativas no han sido dictaminadas. La primera de ellas se quedó pendiente de la LX Legislatura de acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda precluyó de acuerdo con los términos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados vigente a partir del 1 de enero de 2011, por lo que ambas iniciativas, junto con la presente, pueden considerarse para la elaboración del dictamen correspondiente.
Actualmente, la legislación mexicana prohíbe terminantemente realizar cualquier actividad con la planta cannabis para cualquiera de sus usos, ya sea con fines terapéuticos, recreativos o industriales. Esto último ha representado un obstáculo para el desarrollo económico del país.
La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas establece una serie de restricciones que asumieron los Estados parte para evitar a toda costa el cultivo consumo y distribución de diversas plantas consideradas estupefacientes. Sin embargo el artículo 28, numeral 2, señala con precisión que “la presente convención no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semilla) u hortícolas”.
Por ello, la presente iniciativa busca que en nuestro país se impulse la industria de cáñamo para así beneficiar los sectores económico, social y rural del país.
México atraviesa por cambios en la relación comercial y conceptual sobe el uso de diversos productos, como lo que se han planteado previamente. Nuestro papel como legisladoras es observar aquellas situaciones que requieren un cambio sustancial para mejorar la calidad de vida de los sectores desprotegidos.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y al Código Penal Federal
Primero. Se reforman los artículos 234, 235 y 237, y se adiciona un párrafo tercero al artículo 237 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 234. Para los efectos de esta ley se consideran estupefacientes
...
Cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, con concentraciones de tetrahidrocannabinol superiores a .5 por ciento.
...
Artículo 235. ...
I. a VI. ...
Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, científicos e industriales y requerirán autorización de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana con concentraciones de tetrahidrocannabinol superiores a .5 por ciento, Papaver somniferum o adormidera, Papaverbactreatum y Erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.
...
Los particulares que realicen actividades señaladas en el artículo 235 de cannabis sativa, índica y americana o marihuana requieren la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios donde acredite que los procesos de siembra, cultivo, cosecha y elaboración de productos contienen una concentración de tetrahidrocannabinol igual o menor a .5 por ciento.
...
Segundo. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 198. ...
...
...
...
Las disposiciones señaladas en este artículo no son aplicables a la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de productos a partir de la semilla de cáñamo con una concentración de tetrahidrocannabinol igual o menor a 0.5 por ciento, con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá emitir las normas para el registro y autorización para el uso de los derivados del cáñamo en las concentraciones permitidas, dentro de los veinte días siguientes a la publicación del presente decreto.
Notas:(consultadas el 1 de enero de 2016)
1 Broeckers, Mathias. Cannabis, AT Verlag Aarau. Schweiz. Italia 2002.
2 Díaz Rojo, José Antonio (2004). “Las denominaciones del cáñamo: un problema terminológico y lexicográfico”, en Revista de Lexicografía, 2003-2004, volumen 10 Universidad de Coruña. ISSN 1134-4539. Consulta: 27 de diciembre de 2015. Disponible en: http//ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5486/1/RL_10-4.pdf
3 Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y otros. Informe sobre cannabis II. Realidades, mitos, efectos, tipos, riesgos, abuso, consumo, dependencia, cannabis (2009). En línea. http://www.socidrogalcohol.org/cannabis/documentos/file/47-informe-cannabis,-pn d-2009.html?tmpl=component
4 https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.— Diputadas: Norma Rocío Nahle García,Norma Xochitl Hernández Colín (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.
ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la propuesta de acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Acuerdo de la Comisión Permanente por el que se condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos.
Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos a reforzar y mantener la coadyuvancia y coordinación con las autoridades federales en la investigación y esclarecimiento de este crimen, para que en el ámbito de las facultades de los órganos de procuración de justicia, entre ellos la Procuraduría General de la República, se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables de este artero crimen y así evitar que quede en la impunidad.
Dado el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente; senadores: Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), Fernando Yunes Márquez (rúbrica), vicepresidentes; diputados: Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala, secretarios.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.
MINUTO DE SILENCIO
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a las presentes y a los presentes nos pongamos de pie para brindar un minuto de silencio por el asesinato y la muerte desde luego de Gisela Raquel Mota Ocampo.
(Minuto de silencio)
Gracias. Y para referirse al tema y al acuerdo recién aprobado por esta soberanía, se han inscrito compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Permanente, y en consecuencia tiene la palabra el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT por cinco minutos.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidente. El asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota, representa para el Estado mexicano una provocación para las fuerzas de seguridad pública del municipio y no solamente del municipio sino de todo el país, para la impartición de justicia, pero, sobre todo, es un ataque a la democracia ya que contrario a la voluntad popular, las organizaciones criminales a punta de pistola buscan imponer su ley y sus condiciones para gobernar.
La acción de gobernar en los últimos años se ha convertido en una labor peligrosa, ya que lamentablemente, desde presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, federales, funcionarios estatales, funcionarios federales y hasta ex gobernadores han sido víctimas de ataques por parte del crimen organizado.
Además de ser lamentable, es preocupante que en los tres órdenes de gobiernos y funcionarios de todos los niveles se encuentren entre las víctimas, ya que es una muestra de la debilidad y la vulnerabilidad del Estado. Asimismo, son muestras de cómo el crimen organizado se ha infiltrado en todos los espacios del ámbito público y no conformes con eso buscan tomar un control más directo.
Por todo esto, el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel, es condenable, en sí mismo el asesinato es indignante y sobremanera por la función pública que desempeñaba. Porque entonces significa que los grupos criminales quieren hacer valer su propia ley e imponer en las presidencias municipales a quien mejor les parezca y esto no se puede permitir.
Por otro lado, estos hechos revelan una vez más, en la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal, lo más afectado son los municipios, porque mientras las fuerzas federales combaten a sangre y fuego el crimen organizado, los municipios son víctimas de la extorsión y del narcotráfico, al ser el eslabón más endeble de los tres niveles de gobierno.
Es decir, el hecho de que la estrategia de seguridad priorice más acciones armadas y menos acciones de inteligencia y de integración social generan que el crimen organizado busque protegerse en los municipios y por ello lo somete a sus intereses y de manera indirecta secuestra a toda una sociedad.
Cuando esto sucede, hablar de democracia pierde todo sentido, ya que de nada sirve que el Congreso de la Unión desate extensos debates para construir instituciones electorales, instituciones de impartición de justicia, instituciones de derechos humanos que llegan a considerarse de clase mundial, si de los hechos la voluntad popular es segregada a un segundo punto y lo único que se respeta es la voluntad del crimen organizado.
En ese sentido, además de condenar la muerte de Gisela Raquel, es necesario hacer un serio análisis introspectivo tanto desde este Congreso de la Unión, pero también desde el gobierno federal, ya que en la última década han sido asesinados casi 100 alcaldes, más de mil funcionarios municipales, lo que sustenta la idea de que la estrategia de seguridad no ha funcionado y sería mejor replantearla en nuevos términos y con menores daños colaterales para la ciudadanía.
Como una medida a los hechos ocurridos en Temixco, el gobernador de Morelos decretó la implantación del mando único policiaco en 15 municipios de este estado. Independientemente del debate que esto ha generado entre la población morelense, es necesario garantizar que los mandos únicos no sean infiltrados por el crimen organizado, ya que hay muestra de sobra del poder que tienen para penetrar en la estructura del Estado mexicano.
En el caso de Morelos, es urgente dar salida al problema de inseguridad, porque de acuerdo con el Índice de Paz en México de 2015, esta entidad federativa es la segunda menos pacífica de México, ya que entre los años 2007 y 2009 experimentó un gran aumento de violencia y desde entonces cuenta con la peor tasa de delitos con violencia en México.
En este sentido, me uno a la condena del ataque contra la presidenta municipal de Temixco, todo acto de violencia debe ser rechazado y condenado, pero cuando se comete en contra de funcionario público para tratar de impedir su labor debe ser doble la condena, porque es una forma de atentar en contra de toda la ciudadanía y en este caso el de Gisela Raquel, representaba al pueblo de Temixco y por lo tanto es atentar en contra de un pueblo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Monreal. Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro González Murillo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 2016 es un año atípico marcado transversalmente por un calendario electoral en estados y municipios que pondrá a prueba extraordinariamente la capacidad de las instituciones del Estado mexicano para promover y garantizar la vivencia de la gobernabilidad democrática y el estado de derecho aun en tiempos de anormalidad.
La penosa y excesiva experiencia de un crimen político y los excesos criminógenos de la penosa inexperiencia política en los municipios del estado de Morelos, fueron epicentro de la noticia y sobrecogieron a la sociedad mexicana en tan solo una semana.
Paralelamente las fuerzas políticas nacionales y en alguna medida las locales, se encuentran desde las postrimerías del año que recién concluyó estableciendo acuerdos y tejiendo alianzas de todo tipo, desde las naturales y esperables hasta las más amorfas e impensables.
Los Congresos locales y éste, nuestro honorable Congreso de la Unión, serán cajas de resonancia y disonancia de las posturas políticas mediatizadas por la coyuntura política y social, así como por las conveniencias del momento. Por lo anterior, los tiempos que vivimos de turbulencia y agitación político social deben ser tiempos de clara e indubitable definición.
En Encuentro Social si bien no incurrimos en el exceso de desconfianza que pudiese ser confundible con ingenuidad respecto a lo que se puede y debe o no esperar del comportamiento y tendencias de opinión de los distintos actores corrientes, facciones y partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, queremos sin duda fijar claramente en esta oportunidad la perspectiva de nuestro grupo parlamentario, tan joven como sólido y plural, que no se olvida ni pretende olvidarse de sus principios y dinamismo que le dan forma y lo distinguen por su apertura y honestidad.
Para Encuentro Social con, sin o a pesar de la inminencia de lo electoral, no dudamos nunca en llevar a cabo todas las acciones que permitan fortalecer al Estado, pues ello representa fortalecer y multiplicar las oportunidades para las personas. Ningún cálculo político determina o deforma esta visión.
En consecuencia la lid contra la delincuencia organizada nos merece todo nuestro respaldo con la distancia crítica pero edificante que cada lista nos demanda.
Lo que ocurre en Morelos nos interpreta y nos invita a cerrar filas con las instituciones y contra la lacra del crimen organizado que cada vez más busca cómo lesionar al estado y comprar votos, voluntades y conciencias para fortalecer su influencia destructiva.
El Ejecutivo de la unión en el último lustro, con la comisión de los peligros que para México se ciernen, no únicamente en lo político, sino en lo social, presentó en dos momentos distintos sendas propuestas constitucionales y legislativas para dar una respuesta extraordinaria a una situación muy extraordinaria: el escalamiento de la violencia y la desintegración social provocada por el crimen organizado.
La noción del mando único policial en ambos casos, salvadas las diferencias de estilo y profundidad jurídica, representa una solución de emergencia ante la cada vez mayor y más violenta infiltración de carteles y grupos delincuenciales en los gobiernos municipales.
El cobro del derecho de piso a la protección de fuertes sectores de la administración pública municipal, pasando, incluso, por el aprovechamiento indebido de nuestras industrias extractivas, sin olvidar, por supuesto, el acceso electoral a las presidencias municipales.
La obra del crimen organizado se hace presente extorsionando, usurpando, secuestrando, mutilando, matándose adversarios y a la población civil, la que muchas veces se topa con corporaciones policiacas municipales absolutamente cooptadas, las que lejos de vigilar y perseguir los ilícitos, los prohíjan o ejecutan, respetando únicamente las fronteras geográficas de los municipios de distinto color, pero con iguales dinámicas.
En tales circunstancias el mando único constituye una respuesta enérgica que rescata el imperio del Estado, para proteger la función de seguridad pública municipal y restañar el tejido social.
La coordinación del Ejecutivo de la unión con los estatales, amén de los mejores recursos financieros materiales y humanos que al efecto cuentan, no es un asunto de colores o de facciones.
Hoy día que tenemos gobiernos en los estados de diferente partido, color, y coalición originaria e incluso un gobernador independiente, las posibilidades de coordinación con el gobierno de la República se multiplican y ello redunda, sin duda, en beneficio de la sociedad. Volvemos aquí a insistir, tratándose del bien de México y sus habitantes, los colores no deben importar.
Para Encuentro Social municipio libre no significa feudalismo o inexperiencia política; no exime torpeza ni falta de tacto que deriven en protagonismos y confrontaciones estériles e impresentables.
Bien vemos las muestras de cordura y serenidad que parecen estar asomando en la administración de la capital de Morelos. En Encuentro Social sabemos que saber mandar es saber escuchar, y saber rectificar, esto es, mandar obedeciendo. Esta ocasión, desde la tribuna más alta de la nación, y sin una mezquindad político-electoral lo venimos a dejar claro, respaldamos en estos momentos especialmente difíciles al gobernador de Morelos y al presidente de la República, así como a sus respetivos gobiernos.
Y si con la permanente vigilancia y revisión de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión y la décima época del Poder Judicial Federal, apoyamos la aplicación del mando único para combatir –reiteramos– la lacra, el crimen organizado y restaurar el tejido social. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza condenamos el artero asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco.
Con profunda indignación manifestamos nuestra preocupación por este acto, que no sólo es un hecho de violencia e inseguridad, sino un hecho lamentable que atenta contra la gobernabilidad en México.
El asesinato de Gisela Mota, no sólo es un hecho de violencia e inseguridad, es un acto que atenta contra la estabilidad social y la vida democrática de nuestro país. Para nadie es desconocido que en los últimos años se ha incrementado la violencia causada por organizaciones criminales, lo que ha puesto a México en una de las mayores crisis de seguridad pública.
El aumento de la violencia en contra de los servidores públicos representa un grave peligro para el correcto desarrollo de las funciones constitucionales a cargo del Estado. Actualmente ser presidente municipal es un trabajo de alto riesgo, ya que como lo han indicado las autoridades competentes, se han convertido en objetivos de la delincuencia organizada.
Por ello, exigimos que se continúe la investigación para deslindar las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, y en su momento sean castigados con todo el rigor de la ley.
Compañeras y compañeros, la seguridad es un derecho humano que nuestro país está en grave peligro. Este cobarde asesinato, así como la violencia que se vive a diario en nuestro país, es un desafío al Estado mexicano. Es un reto que solo podemos enfrentar en la unidad de estrategia y operación, dejando de lado ideologías y posturas mediáticas. Lo único que debe ocuparnos es el desarrollo y la seguridad de las y los millones de mexicanos que enfrentan a diario el rostro de la violencia y la inseguridad de nuestro país.
Por ello, en Nueva Alianza continuaremos apoyando y buscando nuevas formas de coordinación institucional para combatir este problema que tanto daña el tejido social y la estabilidad de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra la senadora Martha Angélica Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.
La senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este 2016 lo iniciamos con muy malas noticias. El asesinato de Gisela Mota es algo que nos debe poner sin duda a reflexionar. A Gisela Mota no la mataron en una plaza pública, tampoco en la calle, entraron a su casa, la mataron frente a sus familiares y amigos. Cuando la inseguridad llega hasta las puertas de tu casa algo estamos haciendo mal.
La principal razón de ser del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes y en eso, como Estado, como Poder Legislativo, estamos fallando. Miles de asesinatos, desde que inicio la guerra contra el narcotráfico y que aunque ahora no sean parte de la noticia cotidiana, se siguen dando dado a que la errática política en materia de seguridad continúa, son muestra de que hay un Estado fallido en materia de seguridad.
Al menos 100 ediles muertos, varios funcionarios públicos y también candidatos han sido asesinados durante los últimos años. Y, bueno, la respuesta generalmente de la clase política es pedir seguridad para los políticos y se generan medidas cautelares para protegerlos, ¿Pero qué estamos haciendo para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Me temo que muy poco.
Al paso de los días después del cobarde asesinato de Gisela hemos estado presenciando lamentables dimes y diretes en el estado por un tema, que es el mando único y que quizás vale la pena recordar aquí que el mando único también surgió como respuesta a una de las peores crisis que estamos viviendo.
Si ustedes no recuerdan, fue uno de los temas fundamentales del Decálogo del presidente de la República cuando se presentó el tema de los 43 de Ayotzinapa. El mando único como instrumento de seguridad no puede ser impuesto por una sola persona, cualquiera que sea su cargo, ni el presidente de la República ni los gobernadores, porque viola la Constitución.
Debe de quedarnos claro que el artículo 115 constitucional le da a los municipios la facultad de velar por su seguridad pública, y si lo relacionamos con el artículo 21 constitucional en materia de Ley de Seguridad Pública, tiene que haber necesariamente un acuerdo que sea ratificado por los presidentes municipales. Pero además es importante considerar que en el tema del mando único las realidades de las policías en el país no son las mismas en todos los estados y municipios.
Hay municipios que cuentan con policías fuertes, estructuradas y funcionales, pero hay estados, policías estatales donde es conocido de sobra la corrupción que existe en esos cuerpos policiacos.
Establecer un mando único homologado no es la solución. Lo que es cierto es que no podemos seguir igual. Hoy en día la suplente de Gisela duda en tomar protesta y con toda razón, la inseguridad sigue presente. Y ahí quiero retomar otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres, del cual también los legisladores tenemos un pendiente, porque a varios años de que la senadora Lucero Saldaña presentó una iniciativa, seguimos sin avanzar en la dictaminación de la ley que tipifique finalmente la Ley de Violencia Política por Razones de Género.
Condenar el asesinato de Gisela no es suficiente, compañeros; exhortar a que las autoridades hagan lo que tienen que hacer tampoco es suficiente. Sin embargo, ese es el acuerdo político al que se ha llegado hoy y eso es lo que estamos emitiendo en esta Comisión Permanente.
Les hago un llamado a que ese otro tercer punto que venía en la propuesta original de darnos el tiempo de debatir y analizar sobre la política en materia de seguridad, no sea eliminado. Requerimos los legisladores también hacernos cargo de la parte que nos toca en materia de seguridad, por ser parte del Estado mexicano. Es cuanto, compañeros legisladores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Tagle. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por cinco minutos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario de Morena condena enérgicamente el asesinato de Gisela Mota Ocampo, ex diputada federal y alcaldesa en funciones de Temixco, Morelos, hecho terrible que nos llena de indignación y profundo pesar. Para nosotros sí se trata de un feminicidio.
México vive la crisis de inseguridad y derechos humanos más grande de su historia, lo que ha incrementado dramáticamente los índices delictivos y las tasas de homicidios. La ausencia de una estrategia pública integral del combate al narcotráfico y el crimen organizado en la administración actual ha provocado un incremento de asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país. Solo en lo que va de este sexenio la cifra ronda los 57 mil 410 homicidios dolosos, mientras en el sexenio anterior el Semanario Zeta documentó 83 mil 191 ejecuciones.
En los números se refleja que la estrategia de la aprehensión de las cabezas criminales no disminuye la inseguridad y la violencia en el país. Lo que ha variado en este sexenio es la movilidad de la violencia. Si en la pasada administración la sangrienta guerra de carteles y delincuencia organizada estaba en el norte del país, actualmente la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Salieron de los primeros cincos sitios del estado con mayor violencia, Sinaloa, Baja California, pero entro Jalisco y Michoacán.
La impunidad en México es el primer factor que permite a los sicarios de los carteles de la droga y de las organizaciones criminales continuar su estrategia. El gobierno no ha logrado disminuir la incidencia delictiva relacionada con los homicidios dolosos, tal como se prometió en la campaña y en los primeros meses de la administración.
Lamentablemente la estrategia durante estos 36 meses ha sido decretar a través de discursos repetidos en 2013, 14 y 15, una incidencia delictiva a la baja que se ha reducido en sus máxima expresión. En el foro de Davos, el Ejecutivo expreso: Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador.
Luego en el 2014, el secretario de Gobernación declaro el 29 de julio: La violencia se ha reducido a su mínima expresión. Y en el 2015 continuamos con la misma perorata: Sin duda, los niveles de violencia que se están registrando están disminuyendo, sobre todo, los homicidios y secuestros.
La administración llegó a su tercer informe ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días en el país con homicidios dolosos. En el gobierno se continúa en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos.
Por su lado, los gobiernos estatales hacen lo mismo, todos insisten en dejar de lado al único dato que es consiente y consistente, la falta de denuncias por parte de la ciudadanía en un 90 por ciento de los delitos. El resultado es la inseguridad, porque la seguridad nunca llega a los ciudadanos.
Lo que tenemos no es seguridad coproducida entre gobierno y gobernados, como orienta el paradigma democrático, es la seguridad impuesta mediante un formato que hace del abuso una rutina.
En 2016 comenzó de manera trágica para la vida política de México la violencia sistemática que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, ha dejado decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados.
En la actualidad resulta evidente que en Morelos y otros estados del país existe un mando único. El crimen organizado ha conquistado espacios de poder y la toma de decisiones. Se puede decir que el narco poder, donde se ha implantado, cumple las funciones del Estado, legisla, gobierna y ejecuta.
Gisela Mota ganó la presidencia municipal de Temixco, Morelos en las elecciones del 2015 y asumió el puesto el 1 de enero de este año. Duró apenas un día, pues a la mañana siguiente fue asesinada a balazos en la sala de su casa.
En su discurso enfatizó que el combate a la delincuencia sería frontal. Probablemente este discurso designó, desafortunadamente, su sentencia de muerte.
El asesinato de la alcaldesa ocurre en un contexto de deterioro en las condiciones de seguridad de Morelos. En 7 años el nivel de homicidios se triplicó y la entidad pasó de estar por debajo de promedio nacional de asesinatos, a ocupar el cuarto lugar.
Según datos de la asociación de autoridades locales de México, durante el gobierno actual se han cometido 41 asesinatos de alcaldes, lo que implica que no estamos ante un hecho aislado sino ante una emergencia nacional en materia de seguridad. Y en México tampoco existen protocolos de protección para alcaldes o integrantes de los cabildos, no obstante la larga lista de autoridades municipales asesinadas.
El gobernador de Morelos no ha entendido ni el reclamo de la sociedad ni el rol que desempeña como jefe del Ejecutivo en aquella entidad. Ante la inseguridad que priva en el estado responde a un autoritarismo al imponer una medida de dudosa constitucionalidad.
Incluso se han presentado controversias constitucionales para poner en entredicho su manotazo autoritario, con el que intenta eludir toda responsabilidad política ante el fracaso de su administración. Solo es una distracción y mal hace al confrontarse con las autoridades municipales, esto en nada beneficia a los ciudadanos, la política es el arte de convencer, no vencer.
Por último, el Grupo Parlamentario de Morena, expresa su más sincera condolencia a los familiares de Gisela Mota Ocampo, al mismo tiempo que ofrece su apoyo y solidaridad. Ni una más, ni uno más. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Las estrategias encaminadas a combatir la amenaza que significa el crimen organizado se erigen como una de las prioridades del Estado mexicano, como se ha demostrado con la implementación de diversas políticas de seguridad aplicadas en los tres niveles de gobierno, entre las que destacan la creación de la Gendarmería Nacional y la propuesta de aplicar un modelo de mando único policial.
Este último tema ha generado mayor atención e interés público debido a los hechos recientes suscitados en el municipio de Temixco, Morelos, en donde fue asesinada frente a su familia la presidenta municipal Gisela Raquel Mota Ocampo, quien apenas había cumplido 24 horas de haber asumido el cargo.
El homicidio de cualquier ser humano nos impacta como sociedad, pero sobre todo nos indignan los ataques de criminales quienes buscan consolidar un poder alterno al gobierno institucional, porque quieren perpetuar sus actividades ilícitas a fuerza de amenazar y corromper a los funcionarios públicos.
La trayectoria de Gisela Mota, le permitió conocer el complicado mundo de la administración pública y la política, ocupó diversos cargos al interior del partido en el que militó siempre y que la llevó a ocupar un escaño en la anterior LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados. Todos, señor presidente, compañeros ciudadanos, lamentamos su muerte y el dolor de sus familiares.
Lejos de intimidarnos vamos a trabajar juntos y hacemos un llamado urgente a las fuerzas de seguridad pública para que coordinadamente persigan, capturen y castiguen a los autores materiales e intelectuales de este condenable acto. Sin importar la afiliación política, aquellos quienes trabajamos dentro de la estructura gubernamental, lamentamos la violencia que se padece en distintas regiones del territorio nacional y tenemos la obligación de trabajar todos los días en contra de los problemas que afectan a los mexicanos y para los cuales reclaman mayores soluciones, entre ellos el tema de la seguridad. Es inadmisible que los mexicanos vivan con miedo a perder la vida.
El trabajo honrado es un pilar de nuestra sociedad. Que no quede duda que la mayoría de los mexicanos que realizamos labores desde las más humildes hasta las más encumbradas, representan lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro país, y estas actividades que se contraponen a aquellos que solo desean el beneficio propio a costa de la seguridad y la vida de los demás, ellos que no representan lo que somos y lo que exigimos los ciudadanos que nos esforzamos por salir adelante todos los días por el bienestar de nuestras familias y por el de nuestro país.
A nombre de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, aprovecho el espacio en la tribuna para expresar nuestro pesar por el fallecimiento de Gisela Mota Ocampo y enviar nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
Compañeros legisladores, dejemos atrás nuestras diferencias y honremos la memoria de Gisela Mota y de otras mexicanos que han perdido la vida a manos del crimen organizado.
Es tiempo de decisiones, vayamos con determinación a legislar el modelo de Mando Único Policial para dotar al Estado mexicano de más y mejores herramientas para lograr la paz y la convivencia social que todos anhelamos, que todos merecemos para nuestros hijos. Es cuanto, señor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaxiola. Tiene ahora la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, su señoría. Compañeras y compañeros legisladores. Los hechos sucedidos el pasado 2 de enero, cuando Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada en su casa apenas un días después de haber tomado protesta, merecen nuestra condena y apoyamos la propuesta que hace la Mesa Directiva en este sentido.
También expresamos nuestra solidaridad y condolencia a su familia. Los acompañamos en su dolor. Pero también nos lleva a una reflexión obligada no solo sobre el mando único, sino sobre la estrategia nacional de seguridad que se ha implementado en los últimos años.
Este hecho, lamentable y reprobable, es un desafío más de la delincuencia al Estado mexicano, pero tampoco es un hecho aislado. Tenemos que recordar que más de 40 presidentas y presidentes municipales han muerto en los últimos tres años.
Nos muestra un Estado vulnerado, con capacidades limitadas, ya no sólo para proteger el patrimonio y garantizar la vida de los ciudadanos, sino también ya no podemos suponer ni dar por hecho la integridad y el actuar de las propias autoridades, sobre todo cuando son honestas.
Confirmo mi dicho con el informe del 2015 de Alfonso Ortiz, que es un instrumento que se realiza con apoyo de Naciones Unidas, donde nos muestra la fragilidad del Estado mexicano que ocupa un lugar número 100 entre 178 naciones. Compañeras y compañeros, el tema es la vulnerabilidad del Estado mexicano.
En cuanto al decreto, y quiero abordarlo de una vez, queremos afirmar que el gobernador hizo lo correcto al implementar el mando único. ¿Por qué lo afirmamos? Porque ¿Cuál era la alternativa? Era eso ¿o la nada?
Entendemos también que el mando único no es una solución única ni universal, pero en Morelos, por lo menos la evidencia que se presenta con los datos de Conago y del mismo gobierno del estado, ha tenido resultados. Pero el mando único no puede ser el eje de la estrategia nacional, no es el eje del debate. La realidad de Temixco no es una realidad aislada, cuando hablamos de Temixco hablamos de todo el país.
Frente a esto es necesario pensar diferente. El eje de la estrategia no debe de ser sólo un tema de instrumentos policiacos, el punto es fortalecer la capacidad de actuar y responder del Estado mexicano.
Permítanme presentar los argumentos, acotando que este debate no puede partir de una aproximación o de una interpretación partidista y que debemos de revisar con madurez los datos con que contamos
En primer lugar me gustaría poner a su consideración el tema de los resultados. Si bien reconocemos que varios de los principales cabecillas del crimen organizado han sido capturados en los últimos años, también estamos obligados a reconocer que una vez capturados se han fugado o han sido puestos en libertad por deficiencias en la integración de expedientes.
Pero el tema de fondo es que hoy los carteles de la droga no han visto mermada su potencia económica ni su capacidad delincuencias.
En segundo término quiero también comentar con ustedes que reconocemos un compromiso y una intención de combatir estos carteles, tenemos también que reconocer que el Estado mexicano hoy no cuenta ni con mejores herramientas ni con más para enfrentar las redes delincuenciales.
El crimen organizado en este país es hoy una ingeniería compleja, que incluyen desde el pago de derechos de pisos del taquero en el barrio, en la esquina, hasta operaciones multimillonarias en el sistema financiero internacional, pasando por el secuestro, incluso, han tomado actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca e, incluso, algunas consideradas estratégicas como la minería.
El control y la potencia económica de estos carteles no son un producto de la suerte, son estructuras construidas con la complicidad, y en algunos casos con la complacencia y alimentados por la corrupción y la impunidad.
Es un grave error pensar que corrupción y crimen organizado son dos fenómenos diferentes, son dos caras de la misma moneda. Ante tal escenario se requiere una estrategia de fortalecimiento del Estado y seguridad pública, que no tenga sólo como componente principal el combate a la corrupción, sino que considere elementos como el desarrollo económico y social, la atención a las víctimas y la reintegración productiva.
El decálogo propuesto por el Ejecutivo federal para fortalecer la seguridad y la justicia, debe de ser debatido y atendido, pero entendiendo que esta fórmula pudiera llegar a ser útil, pero no representa la única solución para la delicada situación.
Estamos obligados a una reflexión profunda y seria, madura sobre qué está funcionando y qué tenemos que hacer para mejorar esta situación. Apoyamos –como hemos dicho– la condena que hace esta comisión permanente, pero la condena sin acción y sin consecuencia no es útil, y tenemos que reconocerlo, las palabras no frenan las balas.
Por eso, en el PRD, creemos que debemos entrar en un diálogo urgente con el titular del Ejecutivo, la gobernadora, gobernadores y jefe del gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Unión y los principales actores nacionales vinculados con el tema para construir una nueva política de seguridad, fortalecimiento del Estado y combate a la corrupción.
Estamos seguros que con un diálogo incluyente y maduro, podemos construir fórmulas más eficaces y que nos den mejores resultados. Estamos seguros que con esta nueva política que dialoguemos todos y con estas condiciones, daremos un gran servicio a nuestra nación. Es cuanto, señores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Fernández. Tiene ahora la palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias. Y con su venia, diputado presidente. Amigas legisladoras y amigos legisladores, vengo hoy hablar ante ustedes como diputado federal, representante del municipio de Cuernavaca, pero sobre todo como ciudadano morelense.
El artero crimen que privó de la vida a una joven política de Morelos, cuando recién había asumido el cargo de presidenta municipal en Temixco, sin duda indigna y agravia a la sociedad morelense y a todo México.
De inmediato condenamos este crimen cobarde y manifestamos nuestro pésame y solidaridad con los deudos, así como con los policías heridos en ese día de los que casi nadie habla. Pero este lamentable hecho no es un caso aislado, más bien parece ser la gota que derramó el vaso. Parce ser un eslabón más de la ya larga cadena de delitos que vienen ocurriendo en Morelos.
En ese aciago día, con una celeridad que envidiaría las más prestigiadas corporaciones policiacas del mundo, a escasos minutos de haber ocurrido este terrible crimen ya el Ejecutivo del estado tenía el móvil y a los culpables. Habían sido, así se dijo, los carteles que se disputan esa plaza y que no quieren el Mando Único en Temixco ni en Morelos.
Les informo que el Mando Único en Temixco tenía más de 3 años y tenía el apoyo de la presidenta municipal y de las autoridades, pero a partir de ahí se ha venido tejiendo una trama que sería digna de admirarse, si no se tratara de toda una estrategia que busca de forma desesperada desviar la atención sobre la terrible realidad que atraviesa mi estado.
No. No, amigas legisladoras y amigos legisladores. No, amigos de los medios de comunicación. El debate en Morelos no es si el mando único es viable o no, la voz se alza para que de una vez se reconozca que no ha dado el resultado que se esperaba.
En Morelos, el 86 por ciento de la gente no se siente segura. El debate no es si el mando único permanece o no, la pregunta es por qué ahora sí debemos creer que las cosas van a cambiar, si después de casi tres años con mando único en prácticamente todo el estado, Morelos ocupa el cuarto lugar en homicidios dolosos, el cuarto lugar en secuestros y un deshonroso tercer lugar por el delito de extorsión.
La pegunta es, ¿Por qué, si han declarado en todos lados que detrás de este artero crimen está la delincuencia organizada, por qué no han solicitado ya que la PGR atraiga el caso e investigue con toda la capacidad institucional que tiene?
El debate no es mando único sí o mando único no, lo que preguntan los presidentes municipales recién asumidos en cargo es quién les va a explicar cómo opera la estrategia, pues se sienten solos y con los cuerpos de seguridad municipales desmembrados. Lo que quieren saber es qué pasó con los cerca de mil 200 millones de pesos que durante tres años quitaron de sus prerrogativas y de los que nadie les ha entregado cuentas.
No, amigas y amigos legisladores, el debate no es en el tema del mando único. La pregunta que nos hacemos en Morelos es por qué, si ya sabían que la delincuencia organizada se confrontaba en Temixco, como lo han venido diciendo, ¿Por qué en esos momentos de coyuntura que se significa cuando cambian los poderes, no incrementaron la presencia de la policía del mando único en Temixco y protegieron a la presidenta municipal?
Más aún. Si sabían, como lo han venido diciendo, que algunos presidentes municipales y los equipos de trabajo que los acompañan están ligados a la delincuencia organizada, ¿Por qué no los denunciaron antes de que protestaran el cargo? Y no es un asunto de voluntad política, en Morelos la Ley de los Servidores Públicos obliga a que un servidor público denuncie ante la autoridad correspondiente cuando presuma que otro servidor púbico está cometiendo algún acto fuera de la ley.
Este crimen se suma a otros muchos que han venido ocurriendo en Morelos, como el que ocurrió el 17 de enero de 2013 en Tlaquiltenango, donde fue asesinado en su domicilio Ignacio Domínguez Carranza, su esposa y su pequeño hijo de dos años. Él había sido candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal, y ese día se ofreció que no habría impunidad y a más de mil días de ese terrible acto, no ha pasado nada.
Se suma al asesinato de Ulises Sánchez, hermano del actual presidente de Yecapixtla, ocurrido apenas en julio del año pasado. Y se suma a cientos de personas ejecutadas, cuyas familias desde el anonimato siguen esperando justicia.
No puedo concluir sin referirme a esta lamentable novela que se ha venido entretejiendo en los últimos días y que ha ocupado grandes espacios, sobre todo en los medios de comunicación, me refiero a la inaceptable disputa que existe actualmente entre el gobierno del estado y, sobre todo, el presidente municipal de la capital de Morelos.
Respetuosamente desde aquí les pido que dejen de lado protagonismos, que dejen de lado la soberbia, que de una vez por todas se sienten a trabajar, que de una vez por todas reconozcan que en Morelos las cosas no están bien, que Cuernavaca es punto nodal para que podamos despuntar.
Que se entienda que la política no es un juego ni mucho menos se puede hacer estrategias para engañar al árbitro. Esto es política y en política el interés de la gente está sobre cualquier interés particular o de grupo. Les conmino a que se pongan a trabajar. Con la seguridad no se juega. Y en esta trama que les platico el único que pierde son los ciudadanos y a ellos nos debemos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bolaños. Tiene ahora la palabra la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que nuestras primeras palabras sean realmente de solidaridad y de una condolencia a un asesinato tan artero, como el de Gisela, una mujer que hace muy poco estaba en esta Congreso.
Fue diputada federal, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, una mujer joven, luchadora, valiente, que solamente las balas la pararon, porque en vida demostró que la violencia política en contra de las mujeres sí se puede parar, y sí puede este muro de contención poder brincar y seguir adelante.
Gisela viene de una familia que ha demostrado ser valiente, por eso ella lo era. Lo que hizo doña Juanita, el querer entregar su vida por su hija, manifiesta de que estaba hecha Gisela, pero más aún, lo que hizo su padre, ir a atrás de los que le quitaron la vida hasta lograr su captura. Eso es un verdadero ejemplo y que el PRI resalta y que el PRI pone en la mesa con un abrazo muy solidario a este pueblo y al estado de Morelos.
La violencia política en contra de las mujeres es peor que el ántrax, tenemos que desterrarla, tenemos que hablar claro y tenemos que demostrar la voluntad política que todas las fuerzas tenemos para poder ponerla en la mesa. Pero más aún, desde esta tribuna le tomamos la palabra a la reacción, y subrayo reacción del gobernador Graco Ramírez, al hablar de un tema que ha sido un debate constante en el Senado de República, que es el plan integral, y repito, plan integral, no sé si por economía verbal le nombran mando único, pero es un plan integral que va más allá de una situación que tiene que ver con la policía, va mucho más allá.
El presidente Enrique Peña Nieto lo presentó y en su idea clara habla que ninguna fuerza política nos podemos sustraer de un tema tan importante en donde antes de cualquier política tiene que estar la seguridad de las y los mexicanos. Antes de cualquier política la seguridad de las y los mexicanos.
Y esto obedece a la descomposición que han tenido y la incapacidad que han demostrado las policías municipales. Tenemos que reconocerlo, ahí está el gran cáncer que ha propiciado, no solamente la muerte de Gisela, sino otros temas que han convulsionado a este país. Pero también esta propuesta de mando único surge como respuesta al abandono financiero que tienen los municipios y que es urgente que se cambie tecnología, que se capacite a las fuerzas policiacas, pero sin denostar, este policía es estatal y este es federal y este es municipal. Las grandes diferencias han traído el caos de la seguridad pública en este país. ¿Dónde está nuestra policía municipal?
El debate del mando único está puesto en la mesa. No debemos sustraernos y empecemos a analizarlo. Allá en el Senado de la República se ha suspendido por varias veces. Unas voces dicen que sí, otras dicen que no. Lo interesante en el centro tiene que estar la seguridad de los y las mexicanas.
Fíjense lo inevitable que es analizar en este plan integral la situación de las policías municipales. El policía municipal, vulnerable por su sueldo, por sus prestaciones, porque es el que está en el territorio y es el que no se puede sustraer a la problemática real del crimen organizado en este país.
Puede el estado, de alguna manera la federación, pero el que está en el territorio es el que padece seriamente este conflicto que tenemos que poner en la mesa de la discusión.
Esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto tiene subrayadamente un tema que es el servicio de carrera profesional de la policía.
Esto les va a dar seguridad no solamente económica sino en su familia. Y si un policía está seguro, pues está segura la sociedad. Si un policía está inseguro, dígame usted qué puede proteger un policía que no cuenta con las herramientas necesarias para la defensa de lo más preciado que es la seguridad.
Quiero traer aquí las palabras de doña Juanita. Cómo me ha llamado la atención la madre de Gisela. Seria, serena, cierta a que Gisela hizo lo que le correspondía. Ella sabía que algo pasaba. Lo dijo pero se sostuvo fuerte, como somos las mujeres. Y doña Juanita ahora fuerte como es dijo, y subrayo su expresión, la muerte de mi hija debe servir para que Morelos no siga siendo el estado más violento de este país.
Y el PRI retoma las palabras de doña Juanita y decimos, no queremos que Morelos sea el estado que tiene más alto índice de secuestro. Que Cuernavaca sea uno de los siete municipios con el robo con violencia más alto de este país.
Señoras y señores, ése es el debate, no nos distraigamos. El reparto de culpas no le sirvió a Gisela. El reparto de culpas no le sirva a los y a las ciudadanas. Empecemos a debatir sobre lo sustantivo, Plan Integral de Mando Único. Y desde aquí el PRI condena este asesinato y hago propicio para decir que si el mando único está en la mesa, el tema de violencia política por motivos de género no lo podemos bajar de la mesa, ¿cuántas mujeres más asesinadas? ¿Por qué nuestros derechos políticos no los podemos ejercer en plenitud? La ciudadanía plena de las mujeres no puede seguir estando regateada.
Desde aquí un abrazo muy fuerte a Morelos y a Temixco. Un abrazo muy fuerte a la familia valiente de Gisela. Y le digo a Gisela desde aquí donde esté, que su vida y muerte va a servir para discutir la seguridad que es lo que vale la pena y para luchar por la causa de las mujeres. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Gastélum. Con esta intervención se concluye la lista de oradoras y oradores.
EFEMÉRIDES
ANIVERSARIO DE LA LEY AGRARIA
«Efeméride con motivo del 101 aniversario de la Ley Agraria, promulgada el 6 de enero de 1915, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI conmemoramos el centésimo primer aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, expedida por el entonces presidente de la República Venustiano Carranza, el 6 de enero de 1915, en la ciudad de Veracruz.
A 101 años de su promulgación, reconocemos el valor que posee al ser el primer instrumento jurídico nacional en concentrar de manera sistemática la lucha campesina acontecida durante la Revolución mexicana, que en entre otras cuestiones, buscaba la justa repartición y distribución de la tierra, así como superar el rezago del campo a través de consignas emblemáticas como aquella emitida por Emiliano Zapata que a la letra dice: “la tierra es del que la trabaja”.
La base de la Ley Agraria fueron los postulados e ideas del abogado, político, diplomático y escritor mexicano Luis Vicente Cabrera Lobato, entonces secretario de Hacienda y quien es considerado uno de los personajes más ilustres de principios del siglo XX.
Este documento adelantado a su época, representó un cambio de paradigma al romper con la clasificación tradicional del derecho –público y privado–, sentando las bases para el posterior surgimiento del derecho social, que años más tarde posicionó a México como un referente a nivel mundial con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Por lo que respecta a sus antecedentes, destaca el Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero, documento en el que además de convocar al pueblo mexicano a derrocar por medio de las armas al gobierno de Porfirio Díaz, también hizo el llamado a restituir las tierras a favor de los campesinos.
Asimismo, sobresale el Plan de Ayala de Emiliano Zapata –eje rector de la causa agraria en nuestro país– que tuvo como principal exigencia, la inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos. Así como el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza, el cual contó con el respaldo de Francisco Villa, Álvaro Obregón y el propio Emiliano Zapata.
Bajo estos principios, la Ley Agraria se fundamentó en la propuesta de Andrés Molina Enríquez, y después de un arduo análisis, fue redactada en el heroico Puerto de Veracruz por el abogado, político y escritor mexicano Luis Vicente Cabrera Lobato, quien fungía como colaborador de Venustiano Carranza.
Aunque prevalecen grandes retos para la consolidación del campo mexicano, no está a discusión la trascendencia jurídica y social de la Ley Agraria, prueba de ello es que actualmente hay miles de núcleos agrarios, a través de los cuales, los campesinos, comuneros y ejidatarios coadyuvan en el desarrollo agropecuario del país y abastecen gran parte de los alimentos de las familias mexicanas.
Entre enero y febrero de 2015, igual que en los dos años pasados, se firmaron los 32 convenios de coordinación para el desarrollo rural sustentable, lo que contribuye de manera determinante en la construcción de un nuevo y mejorado rostro del campo mexicano.
La producción nacional de maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y soya, como proporción de la oferta total, subió de 62 por ciento, en 2012, a casi 70 por ciento, en 2014, lo que representa mayor seguridad alimentaria.
En los primeros 35 meses de la actual administración, las ventas agrícolas de México al mundo ascendieron a 74 mil millones de dólares (66 por ciento más que en el mismo lapso de la pasada administración), asimismo, destacan las exportaciones de carne que se triplicaron y las de frutas, cítricos y cacao que se duplicaron.
México es el principal exportador de aguacate, cerveza, guayaba, mango, pepino y sandía; y el segundo de limón y tomate. También somos el segundo productor de chiles y pimientos; y el cuarto productor mundial de berries y pulpo; además, somos el segundo proveedor de productos agropecuarios hacia los Estados Unidos.
Las cifras demuestran que el sector agropecuario es determinante para el desarrollo de nuestro país, pero no podemos negar que a pesar de los constantes y significativos avances, todavía se encuentra pendiente el reto de revertir el rezago social que se observa en gran parte de las zonas rurales.
En el marco de esta conmemoración, los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para consolidar al campo mexicano como el motor de impulso social, regional y nacional, que México requiere. Asimismo, reconocemos la labor de quienes integran el sector: llenos de entusiasmo, hagamos que los campesinos mexicanos escriban su propia historia de éxito.
Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.— (Rúbrica).»
DÍA DEL PERIODISTA
«Efeméride con motivo del Día del Periodista, a cargo del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El 4 de enero de cada año se celebra en nuestro país el Día del Periodista, que tiene como finalidad celebrar el desempeño de comunicadores y periodistas.
Esta celebración se estableció en honor del literato y periodista Manuel Caballero, quien es considerado el precursor del periodismo en nuestra nación.
La labor que estos profesionistas realizan es una de las más importantes para la vida pública de México, es por eso que su reconcomiendo es tan importante.
Sin embargo, en diversas épocas de la historia de nuestro país han existido grupos vulnerables que sin justificación alguna no pueden desarrollar sus capacidades, tal es el caso de los periodistas, quienes en el ejercicio de su profesión y búsqueda de la verdad han visto vulnerados sus derechos, al grado de ser privados de la vida.
En el presente año México ocupo el lugar 148 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, es el sexto a nivel mundial con más muerte a periodistas, el número uno en nuestro continente.
Estos indicadores cuantitativos han provocado que la Organización no Gubernamental Freedom House catalogue al Estado Mexicano como un país no libre para la prensa; para revertir esta situación la sociedad civil, legisladores e impartidores de justicia han unido fuerzas para hacer los cambios que el sistema legal requiere para dar protección a este grupo vulnerable.
Es por tales motivos que este día debe de recordarnos la difícil situación por la que pasan las mujeres y hombres que deciden dedicar su vida al periodismo.
Por ende, es una responsabilidad de todas y todos, dotar a estos profesionistas de un marco jurídico que les garantice el pleno desarrollo de su labor.
Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»
DÍA DE LA ENFERMERA
«Efeméride con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Cada año, celebramos, desde que se instruyó en 1931, de las profesionales de la salud, y que este 2016 se cumplen 85 años.
La suscrita, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la efeméride de la enfermera, del día 6 de enero, en razón de lo siguiente:
Haciendo referencia a la historia, para documentar desde los preceptos de cuando se da la asistencia a la salud, con el apoyo y auxilio de los asistentes de la salud, bajo la denominación actual de las enfermeras.
En el año 580, el Obispo Masona (571- 606) funda en Mérida (Badajoz), un xenodoquio, primer hospital español del que actualmente se tiene noticias. En él ya se encuentran datos y referencias a la labor de enfermería.
En el año 620, se publican las Etimologías de San Isidoro, Obispo de Sevilla. Recopila en veinte tomos todo el saber de su época. A la Medicina le dedica los tomos cuarto y undécimo. En ellos se aprecian apuntes de funciones de enfermería.
En el año 1000 AC, funciona el Hospital de San Miguel de Pamplona y en él se describen las figuras del Padre Canónigo Hospitalario y del Padre Canónigo Enfermero.
En el año 1127, en Roncesvalles (Navarra) aparece la figura del Canónigo Enfermero.
En el año 1128, se recoge la función de hospitalera en un texto referente a los distintos puestos de trabajo en el Hospital de Dios Padre, de Burgos.
En el año 1242, aparecen recogidos los primeros estatutos de los barberos de Montpellier (entonces bajo la Corona de Aragón hasta 1348), que regula el ejercicio de su oficio.
En el año 1310, la Cofradía de Barberos y Cirujanos de la ciudad de Valencia presenta sus primeros estatutos ante el Rey. El examen de los candidatos constará de una prueba de carácter teórico y otro práctico.
En el año 1417, en las Ordinaciones o Reglamentos del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona aparece claramente la división de enfermería y descrito con minuciosidad el puesto de enfermero.
En el año 1428, los cirujanos y barberos obtienen examinadores propios al igual que lo tenían los médicos desde 1329.
En el año 1433, los cirujanos y barberos valencianos se agrupan en un único gremio. En este siglo (XV) se constituirán como un grupo profesional dentro de la medicina, aunque no siempre reconocidos. Durante estos años van a evolucionar social y científicamente.
En el año 1455, se crea la Cofradía de Barberos y Cirujanos de Zaragoza; los primeros capítulos de sus reglas datan de unos años más tarde, 1468. Esta Cofradía estuvo bajo la protección y tutela de los Santos Cosme. Damián y Valentino.
En el año 1489, el gremio de Barberos y Cirujanos de Mallorca establece en sus estatutos profesionales las categorías de mestres, fadrins y mossos. Y atendiendo a sus funciones profesionales en: mestres de botiga, chirurgians y jovens barbers.
En el año 1495, nace en Montemor o Novo (Portugal) Juan Ciudad Duarte (San Juan de Dios), fundador de la más universal orden religiosa dedicada a la asistencia de pobres enfermos. Muere el 8 de marzo de 1550.
En el año 1500, los Reyes Católicos regulan el ejercicio de los barberos y sangradores: Mandamos, que los barberos y examinadores mayores de aquí en adelante no consientan ni den lugar, que ningún barbero ni otra persona alguna pueda poner tienda para sajar ni sangrar, ni echar sanguijuelas ni ventosas, ni sacar dientes ni muelas, sin ser examinada primeramente por los dichos nuestros barberos mayores personalmente.
En el año 1500, se regula el oficio del Proto-Barberato, surgido inicialmente como sección del Proto-Medicato. El Proto-Barberato desapareció por Real Cédula de Carlos III en 1780.
En el año 1524, se publican las Constituciones del Hospital de Santiago. Mención especial merece la parte dedicada a la Enfermería.
En el año 1540, martes 20 de mayo, nace Bernardino de Obregón en el pueblo burgalés de las Huelgas. Fundador de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, (“conocidos como Hermanos Obregones”).
En el año 1541, se imprime el manual titulado Libro del Arte de las Comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas, escrito por el doctor mallorquín Damián Carbón i Malferit, dedicado a la instrucción de matronas.
En el año 1543, Juan Ciudad (San Juan de Dios), instalado en Granada, funda la Congregación de los Hermanos Hospitalarios.
En el año 1550, Camilo de Lelis se consagra al cuidado de los enfermos y funda la orden de los Ministros de los Enfermos, más conocida por Los Camilos.
En el año 1552, el Hermano Antón Martín (de la Orden de San Juan de Dios) establece en la calle de Atocha el Hospital del Amor de Dios, el primer nosocomio de afectos externos que se instala en Madrid, y que posteriormente albergaría una escuela de cirujanos menores y ministrantes.
En el año 1558, Felipe II emplea al sanador Francisco de Somovilla para tratar a la familia real con un salario equivalente al que perciben los médicos reales.
En el año 1579, en las Cortes Castellanas se votó a favor de la contratación del curandero y salubrista Agustín de Alba, para que éste, en cortas estancias de tiempo por las distintas ciudades del reino, enseñara a los cirujanos sus técnicas de curación.
En el año 1625, se imprime instrucción de Enfermeros, para aplicar los remedios a todo género de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en ausencia de los Médicos, manual de Enfermería realizado por la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres (Obregones). Ésta es una segunda edición ampliada por el Hermano Andrés Fernández de otra de 1617.
En el año 1618, se edita en Zaragoza, El libro del Parto Humano del doctor Francisco Núñez, para la enseñanza de comadres y parteras.
En el año 1688, 22 de enero, el Tribunal del Proto- Medicato saca una promulgación que regula el ejercicio y las obligaciones de los Cirujanos Romancistas y Sangradores.
En el año 1750, el doctor Antonio Medina publica su Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas, que vulgarmente se llaman comadres, en el oficio de partear; la primera edición se edita en Madrid.
En el año 1760, en las Ordenanzas de las Constituciones de los Hospitales General y de la Pasión de Madrid, quedan reflejados los puestos de: Enfermero Mayor, Practicante Mayor, Practicante y Barbero. Aparece el oficio de Sangrador como especialidad, ya que para acceder a dicha plaza se ha de ser practicante.
En el año 1767, se observa la exención del servicio militar -a sangradores- en una Real Declaración de Milicias de Carlos III, en la que se dice lo que sigue: Un sangrador aprobado con el título correspondiente, en pueblo donde por corta vecindad y pobreza no haya cirujano, pero en lo demás no será exento el sangrador y en ninguno los barberos y mancebos, aunque lo sean de cirujano aprobado.
En el año 1770, el cirujano donostiarra José Oyanarte publica un interesantísimo libro de instrucción de matronas titulado Avisos a las obstétrices o parteras.
En el año 1776, propuesta del socio señor Matoni a la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla para crear una Academia Pública para instruir Matronas en el Arte obstétrico. Al final la propuesta no llegó a plasmarse.
En el año 1804, la Real Cédula de 6 de mayo supone una regularización de la normativa vigente hasta el momento para matronas, sangradores y cirujanos.
En el año 1833, se publica el manual El Arte de la Enfermería del Hermano de San Juan de Dios, Jesús Bueno González.
En el Año 1843, el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona saca a convocatoria varias plazas a cubrir, entre ellas figura la de Enfermero Mayor.
En el Año 1845, 25 de octubre, por Real Orden, se convalidan todos los títulos de Matronas expedidos por el Proto- Medicato de Navarra antes de 1844.
En el año 1857, 10 de septiembre, aparece publicada la Ley de Instrucción Pública, que regula la enseñanza de Practicantes y Matronas, suprimiendo la enseñanza de cirugía menor o ministrante hasta entonces en vigor.
En el año 1861, se publica el primer Reglamento para la enseñanza de Practicantes y Matronas.
En el año 1866, 7 de noviembre, se suprime la carrera de Practicante y se crea la de Facultativos Habilitados de Segunda Clase, que prestan asistencia médica y quirúrgica.
En el año 1868, jueves 22 de octubre, se derogan los decretos de 7 de noviembre de 1866 y se restablece el título de Practicante, tal como habilitaba el Reglamento de 1861.
En el año 1886, Orden de 20 de enero, del Ministerio de la Marina. Aparece el Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada.
En el año 1888, 18 de noviembre, aparece en la Gaceta de Madrid una nueva Reglamentación de las carreras de Practicante y Matronas.
En el año 1891, 14 de julio, se promulga en Aranjuez el reglamento Benéfico Sanitario que contempla, que bajo la tutela de los facultativos municipales, los Ayuntamientos sostengan a Ministrantes y Practicantes que desempeñen el servicio de cirugía menor, ateniéndose éstos a sus atribuciones específicas.
En el año 1896, se crea la primera Escuela de Enfermeras “Santa Isabel de Hungría” creada por el Dr. Federico Rubio y Gali, en Madrid.
En el año 1902, 5 de abril, sale publicado en base a lo dispuesto por R.D. de 26 de abril de 1901 y 31 de enero de 1902, la reorganización de las enseñanzas de Practicante.
En el año 1913, la Generalitat de Catalunya crea su propia Escuela de Enfermeras.
En el año 1915, mayo, a petición de la Congregación de Siervas de María, Ministras de los Enfermos, se reconoce legalmente el programa para la enseñanza de la profesión de Enfermera. Un hito en la historia de la Enfermería.
En el año 1917, abril, se crea la segunda escuela de enfermeras del país, la Escuela de Santa Madrona por el Montepío de Santa Madrona en Barcelona. También en ese año de 1917 -aunque no empieza a funcionar hasta dos años más tarde se constituye la Escuela de Enfermeras Auxiliares de la Mancomunidad de Catalunya.
En el año 1929, el Premio de la Sociedad Española de Higiene va a caer en manos de Nieves González Barrio, enfermera, con un trabajo acerca de la Organización y Reglamentación del Cuerpo e Institución de Enfermeras visitadoras y acción cultural de las mismas. La autora -ya entonces- solicitaba que debía crearse el título de Enfermera diplomada.
En el año 1936, junio, se aprueba el Reglamento de la Escuela Nacional de Sanidad, señalándose como misión del nuevo organismo la enseñanza y formación del cuerpo de Enfermera Visitadoras.
En el año 1938, 24 de mayo, se publica en Real Orden la prohibición del ejercicio de la profesión de Enfermeras fuera de los establecimientos asistenciales.
En el año 1941, 22 de mayo, se señalan las facultades de la Enfermera y las normas para la obtención del diploma. Unos meses más tarde se aprueba el programa oficial para los ejercicios de enfermeras en las Facultades de Medicina.
En el año 1945, se aprueba el Reglamento del Consejo General y el Estatuto de las Profesiones Sanitarias y de los Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios, manteniéndose las tres secciones: Practicantes, Enfermeras y Matronas.
En el año 1951, se crea la Asociación Profesional de Enfermeras Españolas.
1952, Decreto de 27 de junio, se unifican los planes de estudios existentes hasta aquel momento, esto es, los de Practicantes, Enfermeras y Matronas en uno solo que otorga el de Ayudante Técnico Sanitario (ATS).
En el año 1957, se reconoce la especialidad de Obstetricia. Comienza hasta mediados de la década de los setenta la proliferación de especialidades que hasta un total de nueve irán surgiendo paulatinamente.
En el año 1965, el Consejo General de Ayudantes Técnicos Sanitarios ingresa en el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).
En el año 1977, aparece el R.D. 2128 sobre Integración en la Universidad de las Escuelas de ATS como Escuelas Universitarias de Enfermería. El título que otorgan dichas escuelas es el de Diplomado en Enfermería. La primera promoción fue la de 1977- 1980.
En el año 1981, por Orden de 14 de septiembre, se habilitan los títulos para impartir docencia.
En el año 1984, se hace pública una resolución de la Secretaría de Estado para las Universidades e Investigación, aprobando la propuesta de la Comisión de las pruebas de idoneidad para acceso al cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de Enfermería. Por primera vez, esta disposición permitía a los profesionales de Enfermería a ocupar plazas de Profesores Titulares de sus Escuelas Universitarias.
En el año 1987, se regula la obtención del título de Enfermero Especialista. Se crean las Especialidades de Enfermería Obstétrico-ginecológica (Matrona), Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental, Enfermería de Salud Comunitaria, Enfermería de Cuidados Especiales, Enfermería Geriátrica y Gerencia y Administración de Enfermería. Estas siete nuevas especialidades derogaban a las nueve de ATS y establecían las convalidaciones pertinentes.
1993, Orden de 22 de octubre, se convocan las pruebas selectivas para el programa de formación de la Especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), por el sistema MIR.
Como antecedentes
El seis de enero se celebra en México el día de la enfermera, en virtud de que el médico José Villagrana, director del Hospital Juárez de México, calificó como un “regalo de reyes” para los pacientes la presencia de las enfermeras.
La historia de la enfermería se remonta a las primeras enfermeras monásticas e islámicas en la Edad Media, aunque se considera a Florence Nightingale (1820 - 1910) como la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.
En México, la población ocupada que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares asciende a 302 mil personas; alrededor de 9 de cada 10, son mujeres. La edad promedio de las enfermeras y los enfermeros generales es de 38 años. El promedio de escolaridad de la población dedicada a la atención y cuidado de los enfermos es de 12.2 años de estudio. Siete de cada diez enfermeras y enfermeros residen en localidades de 100 mil y más habitantes y uno de cada diez, en localidades rurales. Nueve de cada diez enfermeras/os prestan su servicio a cambio de un sueldo o salario y la proporción restante trabaja en forma independiente. Cerca de 9 mil enfermeras/os declararon hablar alguna lengua indígena.
En nuestro país, a la llegada de los españoles así como en el inicio de la época de la Colonia la regulación de los establecimientos y el ejercicio de las profesiones enfocadas a la curación y atención de los enfermos estuvieron a cargo del Tribunal de Protomedicato.
El Protomedicato fue un Tribunal que establecieron los Reyes de España en varias ciudades y provincias de sus dominios, con el objeto de vigilar el ejercicio profesional de los médicos, cirujanos, boticarios y parteras. Tenía jurisdicción en todos los problemas de Salubridad Pública, cuidaban de la buena preparación y despacho de medicamentos y disponían de las providencias necesarias en caso de epidemias u otras calamidades.
El Real Tribunal del Protomedicato de España fue la primera institución de la administración de la salud pública española, creado por Ley Fundamental signada por los Reyes Católicos el 30 de marzo de 1477 y las Reales Pragmáticas de 1491 y 1498 vinieron a completar las ordenanzas de este organismo.
En México, esta importante institución de la salud pública fue fundada muy tempranamente, en 1527, ante el mismo cabildo de poderes de los protomédicos de Madrid que le permitieron entrar en funciones creando el Tribunal del Protomedicato, y se reafirmó como tribunal personal por la Ley de 1570. Al crearse en la Real y Pontificia Universidad en 1580, la cátedra de Prima de Medicina, primera del Nuevo Mundo, se especificó que quien la desempeñara ocuparía también el cargo de Protomédico de la Nueva España.
El 11 de enero de 1527 se dejó asentado en el libro de actas del Cabildo de la Ciudad de México el recibo de cédulas y poderes de los protomédicos de su majestad.
Al fundar el gobierno español, la Real y Pontificia Universidad de México en 1553. Por gestiones iniciadas del virrey Don Antonio de Mendoza y del obispo Fray Juan de Zumárraga, se hizo realidad durante el gobierno del virrey Don Luís de Velasco. (Padre). Al tener la anuencia real de Felipe II y la confirmación del Papa Clemente VII, la Universidad obtuvo la calidad de Real y Pontificia Universidad de México. Cinco eran las facultades que albergaba: Artes, Teología, Cánones, Leyes y Medicina.
El Protomedicato estuvo en funciones hasta el 21 de noviembre de 1831, fecha en que se publica “La Ley de cesación del tribunal del Protomedicato y la creación de la Facultad Médica del Distrito Federal”. En aquel momento los protomédicos: presidente el Dr. y Maestro Manuel de Jesús Fables, decano el Dr. Don Casimiro Liceaga y el Dr. y Maestro Joaquín Guerra; el primero personificando el final del período metafísico, y Liceaga significando el principio del período positivo, fundando y dirigiendo a la escuela y los hombres de ese tiempo.
Las funciones del Consejo eran lo suficientemente amplias para tratar de regular el ejercicio de la medicina y la cirugía así como de los farmacéuticos y de las boticas, de los dentistas, parteras y flebotomianos y de tomar todas las medidas conducentes a favorecer la salubridad pública, sobre todo en casos de epidemias. En 1840 el Consejo Superior de Salubridad, fue encargado de Extender el título a quienes aspiraban a ejercer la profesión, el avance de la medicina continuó.
Como podemos observar estas tres corporaciones: Protomedicato, Facultad Médica y Consejo Superior de Salubridad, han sido siempre una misma institución: una junta compuesta por médicos y farmacéuticos, encargada de velar por la salubridad pública.
Por la instrucción formal de las parteras en toda la República, tenían un lugar social distinguido, con una práctica no enfocada al lucro. Finalmente, la mayoría se encontraba en una situación educativa privilegiada en un país donde el analfabetismo predominaba, la educación primaria no correspondía a la gran mayoría de las mujeres a quienes se consideraba “incapaz de estudiar una carrera universitaria”. Ya para el siglo XIX la mayoría de las universidades del país ofrecían la carrera de partera, su preparación era muy heterogénea según el Estado, por la autonomía, legislaba en forma independiente sobre las profesiones.
Desde 1833 en la Escuela de Medicina del Establecimiento de Ciencias Médicas; se exigía para ser partera, ser mujer, con educación primaria, aprobaran al ingreso un examen preparatorio y tener conocimiento del idioma francés. La carrera duraba 2 años y, según consta en el Boletín de Instrucción Pública de 1903 (Tomo I), recibían “una enseñanza objetiva, ya en cadáver, ya en piezas anatómicas artificiales que habrán de pedirse a Europa”.
La situación de las enfermeras era muy distinta. En primer lugar cabe aclarar que con el nombre de “enfermera”(o) se denominan las actividades que mujeres y hombres realizaban en los hospitales fundados desde el siglo XVI en la Nueva España. En la mayoría de las ordenanzas aparecen en la categoría de “sirvientes” porque además de atender a los enfermos se especifica su ubicación laboral: “enfermera lavandera”, “enfermera cocinera”, “enfermera mandadera”. En esas mismas las parteras se ubicaban dentro del personal “científico” o del “administrativo” y su salario era tres veces mayor que el de las enfermeras. Aun cuando la partera tenía una situación social superior a la de la enfermera, se encontraba en condiciones desfavorables en relación con el médico, tratando de conservar las funciones que le fueron propias hasta mediados del siglo XX.
La profesionalización de la Enfermería al empezar el siglo XX, se instituyó por diversas causas, entre ellas, el grupo médico necesitó formar recursos idóneos siendo los siguientes:
1o. Ya no disponía de religiosas que prodigaran atención cristiana y gratuita a sus enfermos.
2o. No podía utilizar a las parteras para atender a sus enfermos puesto que ellas tenían bien definidas sus funciones y nivel jerárquico.
3o. Las enfermeras no estaban acordes con las enormes posibilidades de desarrollo médico que el nuevo siglo prometía.
Este proyecto requería de cambios en la estructura que, hasta ese momento, había tenido la atención a los enfermos y esos cambios se dieron en tres ámbitos principalmente: educativo, ideológico y administrativo.
En el ámbito educativo, desde 1900 se iniciaron los intentos por capacitar a las enfermeras que laboraban en el Hospital de San Andrés en la Ciudad de México.De 1900 a 1905 fueron varias las estrategias del grupo médico para reunir un buen grupo de estudiantes; se pretendía que los aspirantes, hombres y mujeres tuvieran, entre otras cualidades, “un determinado grado de estudios, como haber cursado la escuela normal o los estudios de Obstetricia”. El Dr. Eduardo Liceaga puso gran empeño en ello trayendo incluso a enfermeras extranjeras para hacerse cargo de la educación de las enfermeras ante la necesidad urgente de preparar al personal que habría de trabajar en el Hospital General inaugurado el 5 de febrero de 1905.
Una vez en funciones, el personal médico fue el encargado de dar las clases, designar personal de enfermería para que vigilara el trabajo de las estudiantes y establecer coordinación con la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para validar los estudios que las alumnas cursaban en el Hospital General y al incorporarse a la Escuela de Medicina de la Universidad.
Se reconoce que ya desde 1896 se había iniciado la capacitación de algunas mujeres en el Hospital de San Andrés, con ayuda de enfermeras alemanas que se trajeron para tal fin. Sin embargo, tras la inauguración en 1905 del Hospital General se inició el adiestramiento formal de enfermeras; dos años más tarde, en ese mismo nosocomio, el 9 de febrero de 1907 se fundó la Escuela de Enfermería.
El 16 de noviembre de 1843, llegaron a la Ciudad de México, las Hijas de la Caridad fueron recibidas por compacta multitud entre la que se encontraban comisiones del Ayuntamiento. Tales muestras de simpatía y deferencia de que fue objeto por parte de las autoridades y en general de todas las clases sociales fue debido a la justificada fama de bondad que tenía su instituto, y a la gran falta que hacían en los hospitales que desde los últimos años del periodo virreinal, habían sufrido lamentable y progresiva decadencia.
En el año 1910, con la reapertura de la Universidad Nacional de México, Justo Sierra promovió la Reforma Integral de la Educación Mexicana, favoreciendo el desarrollo de extensión de la enseñanza y la investigación científica para contribuir al desarrollo nacional. Al reabrirse la Universidad Nacional, la Escuela de Medicina se integra a ella el 26 de mayo de 1910 y el 30 de diciembre de 1911 la Universidad de México aprueba integrar la enseñanza de la Enfermería a la Escuela de Medicina en las propias instalaciones de ésta, situación que prevaleció hasta 1945, siguiendo las mismas normas y reglamentos disciplinarios de planes y programas eran aplicados en ambas escuelas
En el año 1911 se incorporó a la Escuela de Medicina de la entonces Universidad Nacional, y se estructuró así su primer plan de estudios de dos años después de la primaria; se instituyó como requisito para cursar la carrera de partera (actividad que nació antes de la de enfermería), de ahí que esta escuela, al integrar la carrera de partera, recibió el nombre de Escuela de Enfermería y Obstetricia.
En el año 1920, José Vasconcelos señalaba “la técnica y el arte” tienen como único fin social servir al hombre del pueblo. La universidad deja de producir profesionales individualistas, en cambio se forjará al profesional capaz y solidario. Como reflejo de estas políticas desde los años 20’s del siglo XX se desarrolla un proceso de integración de programas de servicio social en las universidades. Con estos antecedentes, el servicio social surge como una respuesta de las instituciones de educación superior a la necesidad de reconstruir el país surgido de la Revolución Mexicana. Por ello mismo, constituyó un esfuerzo por hacer realidad el reclamo de justicia social emanado del proceso revolucionario La formación de las enfermeras y parteras bajo los reglamentos de los hospitales Juárez y General de México, incluía el internado, régimen que mantenía a las estudiantes de enfermería las 24 horas del día en el hospital, y el avance académico era seguido por la administración de estos nosocomios. En 1932, Carmen Gómez Siegler con apoyo del doctor Luís Méndez reorganizó el departamento de enfermería, y redujo la jornada a 12 horas. Esta forma de llevar a cabo las prácticas en los hospitales dejó por sentado que con las horas prácticas que realizaban en el hospital estaba cumplido el servicio social.
En 1935 se creó el nivel técnico de la enfermería con duración de tres años de estudios, que también fue requisito para cursar la carrera de partera. Para 1948, gracias a la iniciativa de Everardo Landa y Cayetano Quintanilla, la Escuela de Enfermería se independizó de la de Medicina, y se determinó que la enfermera debía tener título y cédula profesional para ejercer. Asimismo, se inició un movimiento de crecimiento a partir de que sus directores tuvieron la responsabilidad y las atribuciones que les confiere la legislación universitaria para promover su desarrollo.
Hay que resaltar que hoy en día existen en la actualidad 593 escuelas de enfermería en el país, de las cuales 103 imparten el nivel licenciatura, siete el técnico superior universitario y 490 el técnico, hacen falta enfermeras de alto nivel, de manera que el reto es que la enfermería tiene que alcanzar el valor que corresponde a una práctica formal, de profesionistas, pues su misión es el servicio, la investigación y la docencia. Por lo tanto es necesario que sea recordado el día 06 de Enero como el día de la enfermera “por eso estamos formando enfermeras avanzadas, algunas con maestría y doctorado, orientando actividades científicas para que la enfermería sea del nivel humanista y científico que la sociedad merece y, con ello, pretendemos cautivar a los jóvenes para que encuentren en la enfermería una posibilidad de crecimiento y de realización humana”.
Considerando
1. Si bien el día de la enfermera es un día muy importante para nuestro país. Pues son las que cuidan de nuestra salud y en primera instancia son las que nos atienden a los ciudadanos en los diversos hospitales y las que dan la cara a la atención de la salud.
Es obligación del estado según lo consagrado en la Carta Magna en su Artículo 4o. En los Estados Unidos Mexicanos en su tercer párrafo, que toda persona tiene derecho a la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16, del artículo 73 de esta constitución.
Por eso, es importante instruir en los diversos lugares de la nación, que todos los ciudadanos sepan que el día 6 de Enero de cada Año, será recordado como el día de la enfermera.
En virtud de todo lo anterior manifestó, que se ponga a su atenta consideración este punto en el orden del día, en virtud de la trascendencia y celebración, el cual elogiamos las enfermeras de este país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de enero de 2016.— Diputada Rosalba Ramírez Nachis (rúbrica).»
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«Efeméride con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera en México, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI celebramos el “Día de la Enfermera en México”, el cual es observado el 6 de enero desde 1931, año en que fue instituido por el entonces director del Hospital Juárez en la Ciudad de México, doctor José Villagrana, quien consideraba que la presencia de enfermeras era un regalo de Reyes Magos para los enfermos.
En México, una de las primeras enfermeras en destacar fue la monja sor Micaela Ayans, quien junto a un grupo de religiosas, convirtió su convento en un hospital –el que después sería el Hospital Juárez– para brindar atención y cuidado a los heridos que hubo durante la invasión estadounidense (1846 a 1848).
Otro caso fue el de refugio Estébez Reyes -conocida como “Doña Cuca”-, la primera enfermera militar, quien sin conocimientos académicos en la materia pero si con la experiencia práctica, en 1902 formó un equipo de enfermeras llamado los “Ángeles”, el cual se extendió a distintas ciudades del país. Además, estuvo al frente de las escuelas de enfermería como la de Cardiología e Instituto Marillac, el Hospital Inglés (1911) y la escuela de Monterrey (1914).
No obstante, el primer curso de enfermería básica en nuestro país, organizado por doctor Eduardo Liceaga, se dio hasta 1903. Posteriormente, con la inauguración del Hospital General en 1905, surgió la primera escuela de enfermería, la cual inició actividades en 1907, y en 1911 se elaboró el primer Plan de Estudios para la Carrera de Enfermeras y Parteras, cuya enseñanza comenzó en 1912.
Desde entonces, la impartición de esta noble e indispensable actividad se ha ampliado y fortalecido a prácticamente todo el territorio nacional, situación que obedece a la importancia inherente a la enfermería, que en términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.
También comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal, tanto en clínicas, hospitales o en domicilios particulares.
En función de la formación de cada persona dedicada a la enfermería, hay distintos perfiles, desde aquellos que auxilian a los médicos en la intervención quirúrgica de pacientes, en hospitales y sanatorios, hasta los que dan atención directa en la administración de medicamentos, registro de signos vitales, aseo, entre otros.
Pero más allá de las cuestiones referidas, todos coincidimos en que las y los enfermeros se distinguen por su vocación de servicio, buena voluntad, ética y altruismo, así como por su profesionalismo y capacidad.
En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el esfuerzo que realizan diariamente, especialmente en los momentos más apremiantes, incluso si éstos suponen riesgos para su integridad o bienestar. Basta mencionar lo ocurrido en la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa registrada el 29 de enero de 2015, donde las enfermeras Ana Lilia Gutiérrez Ledesma y Mónica Orta Ramírez perdieron la vida por salvar a bebés y personas durante el siniestro.
No es extraño que la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología 2013 (ENPECYT), la enfermería forme parte de las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad mexicana, considerada así por 33.9 por ciento de la población, ubicándose solo detrás de los bomberos.
Por lo que respecta al panorama del sector en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta junio de 2015, la población de 15 años y más de edad ocupada como enfermera o enfermero, asciende a 475 mil 295 personas, de ésta 85 de cada 100 son mujeres.
En relación a la cobertura, el propio instituto refiere que el promedio nacional de enfermeras y enfermeros es de 3.9 por cada mil habitantes, cifra que está debajo de las 5 y 6 que recomienda la Organización Panamericana para la Salud. Sin embargo, dicho promedio si es alcanzado en estados como Tamaulipas, Distrito Federal, Campeche, Colima y Coahuila de Zaragoza.
Por lo que respecta al grado de especialización, el Inegi señala que por cada 100 personas dedicadas a la enfermería, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares. En cuanto a los ingresos que perciben, ganan en promedio 50.7 pesos por hora y 54 de cada 100 ganan más de tres salarios mínimos.
Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la importante labor que día a día realizan las y los enfermeros de nuestro país. Asimismo, hacemos el llamado a concentrar esfuerzos para que desde el Congreso de la Unión, se fortalezcan y amplíen los programas, planes y acciones cuyo objetivo sea apoyar la formación e inserción laboral de quienes tienen por vocación la enfermería.
A las enfermeras y los enfermeros de México, felicidades en su día.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de enero de 2016.— (Rúbrica).»
INICIATIVA Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, por el que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas que no se presentaron en tribuna.(*)
CLAUSURA Y CITA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 13:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 13 de enero de 2016 a las 11 horas.
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RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 2 horas con 26 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 25 legisladoras y legisladores
• Comunicaciones oficiales: 6
• Reincorporación de legisladores: 1
• Declaratoria de Reforma Constitucional: 1
• Iniciativa de legisladoras y legisladores: 5
• Acuerdo de los órganos de gobierno: 1 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
• Legisladoras y legisladores que participaron durante la sesión: 17
1 Sin partido
1 PT
1 NA
1 PES
1 Morena
3 PVEM
3 PRD
3 PAN
3 PRI
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)