Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados. Por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:50 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 3 de diciembre de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictamen de proposición con punto de acuerdo negativo.

De los diputados Waldo Fernández González, Miguel Ángel Sedas Castro y Gonzalo Guízar Valladares

Por los que solicitan retiros de proposiciones con puntos de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2015.

De la Dirección General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Con el que remite el Informe Semestral de Labores del Instituto, correspondiente al periodo del 1o. de junio al 15 de noviembre de 2015.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo décimo noveno transitorio del Decreto por el que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Solicitud de licencia

Del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Efeméride con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que expide la Ley de Amnistía en favor de todas personas que hayan sido procesadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por portación de dosis de marihuana en cantidades iguales o menores a 30 gramos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los diputados Alejandra Gutiérrez Campos y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en Materia de Imagen Institucional, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4-Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Fidel Kuri Grajales y Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 135-A y adiciona un artículo 143-Bis a la Ley Aduanera, suscrita por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 de la Ley General de Salud y 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 158, 159 y 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 213-Bis y un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derechos de Autor, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Fomento Económico y de la Innovación, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 74 del Código Fiscal de la Federación y 264 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2º y 3º de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De Decreto, por el que se declara el 22 de Septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3º, 5º y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 50 y 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Lilia Arminda García Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 5º y 10 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 325-Bis del Código Penal Federal y 14 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los articulos 4o., 98 y 99 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5-A de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 280 y 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 123 de la Ley General de Víctimas y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 41 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que reforma los artículos 2° y 41 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3° de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. .

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 7°, 9° y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 213, 223 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas Yolanda De la Torre Valdez y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma los artículos 15-A y 75 de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Declaratorias de publicidad

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en contra de la Industria Petrolera; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dictámenes a discusión del ley o decreto

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, y a todas las secretarías de estado que operan los programas sociales y productivos, sujetos a Reglas de Operación, y que para acceder a los apoyos, el beneficiario que a partir del Ejercicio Fiscal 2016, acredite la posesión de la propiedad de las tierras, los ejidatarios y comuneros puedan presentar las actas de posesión emitidas por el Comisariado de bienes comunales o ejidales.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a intensificar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos, sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para que se tomen las previsiones para el cumplimiento al Decreto que reforma el artículo 4o. del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos para Personas con Discapacidad Auditiva.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y al Inapam a efectuar las sanciones administrativas pertinentes en los casos de maltrato o violencia por parte de autoridades de las Instituciones Públicas y Privadas de atención a Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a fin de intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional y reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el Golfo de Ulloa en Comondú, Baja California Sur, para evitar la mortandad de la tortuga caguama.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Semarnat y de la Profepa, y conforme a sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para su revisión y en su caso revocar cualquier autorización relacionada con el proyecto “Don Diego”, respecto a la explotación de arenas fosfáticas ubicado en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, a fin de establecer un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la Comunidad de Naica, Municipio de Saucillo en el Estado de Chihuahua, a cargo del diputado Juan Antonio Meléndez Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV, a la SHCP, al SAT, a la PGR y a la ASF, a fin de investigar el manejo de los recursos públicos, tanto de carácter federal como estatal, por parte del Gobernador del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS, para que en coordinación con el Gobierno del estado de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en Ciudad Juárez, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de vigilar y hacer cumplir las normas de trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Semarnat, de la Sagarpa y del Gobierno del estado de Baja California, se lleven a cabo las acciones pertinentes para crear el Distrito Agrícola en el Estero Tercero en la zona del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a PEMEX para que difunda el ejercicio del gasto en materia de seguridad, en la operación de sus instalaciones, así como las medidas adoptadas sobre protección civil en caso de emergencias, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, a fin de implementar las medidas necesarias para contribuir a la preservación, restauración, rescate y mitigación de los daños causados en la Cascada “El Salto”, ubicada en el Municipio El Naranjo, estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al Fonhapo, para que en las reglas de operación se permita la participación activa de las organizaciones sociales, y se incrementen los recursos para los programas de vivienda, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, y a su Secretaría de Salud, para que intensifiquen las medidas de combate al vector transmisor de la chikungunya en la entidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, implemente las medidas necesarias para garantizar el proceso electoral del municipio de Huimilpan, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la integración de una Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas en México, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para que se apliquen los recursos etiquetados en el anexo 3 del presupuesto de egresos del estado, para el ejercicio 2014, a fin de concluir la construcción del Hospital Regional de Especialidades de Tlaxiaco, Oaxaca, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, a efecto de que implementen diversas acciones en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, al gobierno del estado de Coahuila y al gobierno municipal de General Cepeda, Coahuila, para que difunda los documentos relativos a las reuniones que los consejos consultivos a que hace referencia la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, respecto del proyecto denominado “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, suscrito por las diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de Pemex, a definir e implementar las estrategias y acciones eficaces para disminuir y abatir el robo de hidrocarburos, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que emprenda una campaña nacional que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos en los centros de acopio establecidos para que se desechen adecuadamente, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. .

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para que vigile que la minuta por la que se adiciona un último párrafo al artículo 4º y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud, sea dictaminada a la brevedad por la Comisión correspondiente, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la SCT, para que consideren la asignación de los fondos necesarios para la continuación del Proyecto de Infraestructura Ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey”, en el estado de Nuevo León, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sedesol, a flexibilizar las reglas de operación de la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, correspondiente al Ramo General 33, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, realizar campañas de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en el territorio nacional, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SHCP y en coordinación con la Sener, la Secretaría de Economía y la CFE, autorice y reclasifique la tarifa eléctrica de consumo doméstico o residencial 1D, en el estado de Campeche a, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. .

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Sener y de Pemex, para que se defina el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP y al Gobierno del estado de Morelos, para que se establezcan más escuelas de tiempo completo en la zona sur y sur poniente de esa entidad, a cargo de la diputada Rosalinda Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California para que a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad, se atienda la recomendación emitida por la Comisión estatal de Derechos Humanos, respecto de las medidas cautelares necesarias para la protección de los menores internados en la Casa Hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, A.C.”, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la posible autorización de un préstamo por el Congreso Local de Zacatecas al Ejecutivo Local, a cargo del diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Tristán Manuel Canales Najjar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 17 de diciembre de 1973, Conmemoración de la Promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El diputado Alfredo Basurto Román(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá, sonido en la curul del diputado Alfredo Basurto Román, por favor. Con qué propósito, diputado.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para agradecer que se haya incluido en el orden del día de esta sesión sobre la deuda de Zacatecas. Asunto que se enlisto sobre el préstamo que pretende realizar el gobernador de mil 300 millones de pesos, y cómo va el gobernador priista de Zacatecas va a dejar al estado de Zacatecas endeudado con 21 mil millones de pesos, lo que representa el 92.7 por ciento del presupuesto para esta entidad federativa. Agradecerle señor, del fraude y el robo que se va a cometer contra los zacatecanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Como usted lo ha dicho, se ha incluido en el orden del día como un punto de acuerdo al que se le dará tramite a la comisión respectiva y será en el seno de la comisión que se discuta la propuesta misma de punto de acuerdo.

La diputada Blandina Ramos Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Blandina Ramos, por favor.

La diputada Blandina Ramos Ramírez (desde la curul): Gracias, presidente. Como es del conocimiento de esta asamblea, afuera de la Cámara hay una manifestación importante de trabajadores al servicio del Estado, que exigen ser escuchados en relación a la iniciativa a la Ley del ISSSTE.

También se encuentran listas para actuar las fuerzas de seguridad pública. Quisiera solicitarle, presidente, que no solo se vigila la seguridad de este recinto, sino que este poder vigile el comportamiento del personal de seguridad armado y, por sobre todas las cosas, se cuide la integridad de los manifestantes que ejerciendo sus derechos constitucionales, se manifiestan afuera de este recinto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Debo informar que por supuesto no hay ninguna pretensión, ninguna indicación de que la fuerza pública que está solamente de manera preventiva en las afueras de la Cámara, estén en la actitud de agredir o de violar derechos de manifestación a quienes se encuentran ahí.

Y además debo informar a la asamblea que una comisión plural de diputadas y diputados recibió a una representación, precisamente, de las organizaciones sindicales para escuchar sus puntos de vista, y darle curso en lo posible en lo que corresponde a las preocupaciones sobre lo que tiene que ver con las reformas a la Ley del ISSSTE.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Emiliano Álvarez, por favor. Adelante, diputado. Sonido ahí.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer la observación, que no aparece en la Gaceta el voto particular sobre la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra de la industria petrolera que presentamos los diputados de Morena, integrantes de la Comisión de Justicia.

Esto, le pedimos primero que sea publicado, que sea distribuido. Y, en segundo, que se quite en el punto del orden del día la discusión de esta ley, porque se suma al cúmulo de irregularidades que se presentó en la Comisión de Justicia, aunado a que se nos dio unos minutos antes el dictamen, no lo pudimos leer como se debía, creo que es un tema de interés de nación. Y, por lo tanto, le pedimos sea retirado el punto del orden del día.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En primer lugar, el primero de los puntos del voto particular, ya me habían hecho efectivamente el reclamo en lo que corresponde a la bancada del PRD, el diputado Omar Ortega, de manera económica, me había expresado esto, de que no habían sido publicados junto con el dictamen de la comisión el voto particular.

Y ya de inmediato se tomaron medidas para ver qué es lo que había pasado, y que desde luego se le diera la publicidad correspondiente de que fuera publicado en la Gaceta Parlamentaria. Está en este momento ya subido lo que se está exigiendo en versión electrónica y vamos a pedir que desde luego también se hagan las impresiones correspondientes para quienes lo soliciten.

Y, en lo que corresponde al punto del robo de hidrocarburos, el tema del robo de hidrocarburos, en su momento, diputado, cuando se llegue al punto, porque está plantando como declaratoria de publicidad, veremos qué curso se le da allí mismo. Está en el orden del día en esos términos, de declaratoria de publicidad.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián, por favor.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Gracias. Solamente para manifestar mi sorpresa ante la forma en cómo se aprobó el día de ayer el dictamen de Pensionissste en la Comisión de Hacienda, en donde la última versión del dictamen se dio a conocer alrededor de las 9:00 de la noche. Esto significó que los diputados que votaron en la Comisión de Hacienda no conocían la versión final del dictamen; y ahora está ya para su publicación para ser entonces discutido el martes. Los trabajadores en esa reunión que usted acaba de mencionar nos han pedido que ampliemos el espacio de discusión.

Y pido a las bancadas que ayer votaron a favor de ese dictamen que tomen en consideración la solicitud de los trabajadores que están aquí afuera de este recinto exigiendo que se les escuche.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se registran sus preocupaciones y desde luego va a corresponder a los grupos parlamentarios que puedan intercambiar impresiones. Está agendado el punto en el orden del día en términos simplemente de declaratoria de publicidad también.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Lorena Arroyo, por favor.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para comunicar a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados que con motivo de la celebración del Día internacional de las personas con discapacidad, que se celebra el día de hoy, 3 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos ha implementado a lo largo de toda esta semana diversas actividades con el propósito de hacer visibles las limitantes que aún hoy en día existen para las personas con discapacidad, y asimismo generar consciencia sobre el tema.

En sus curules hemos colocado un pin, así como un libro y un folleto conmemorativo de esta fecha. Y les pedimos amablemente que, quienes así lo gusten puedan portarlo como parte de las actividades de concientización que se están realizando en esta Cámara de Diputados.

Asimismo, los invitamos a que asistan a los diversos eventos que hoy continúan realizándose, como la exposición de productos artesanales elaborados por personas con discapacidad que se realiza en la explanada posterior al edificio G, y la exposición pictórica Matices del Alma, Reflejos del Corazón, ubicada en el lobby del edificio A. Gracia, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arroyo. Está, por cierto, en el orden del día, después de las comunicaciones oficiales contemplado el posicionamiento participación de los grupos parlamentarios sobre la efeméride con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo, por favor.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Muchísimas gracias, señor presidente. Para solicitar un minuto de silencio, ya que hoy conmemoramos un aniversario luctuoso más de Juan José Arriola, quien fue el último juglar, un gran escritor amante de las letras. Se le decía que era el orfebre de las palabras y merecería que le diéramos este espacio como un reconocimiento a toda la aportación que ha dado a nuestra cultura. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, si nos permite que podamos concluir el procedimiento relacionado con el acta y luego pasamos a obsequiar lo que usted nos está solicitando.

La diputada Delfina Gómez Álvarez: Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido a la curul de la diputada Delfina Gómez. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Buenos días, señor presidente. En primera, nada más hacer un reconocimiento por considerar a una intérprete, a una persona que está aquí dando precisamente con motivo de la discapacidad la parte de esta información.

Como bancada de Morena, pediríamos que no fuera nada más en este día, que estuviera de manera permanente, ya que eso daría un derecho a todos aquellos que lo merecen y que hacen uso de su propio derecho e interés.

Así que solicitaríamos por Morena que fuera de manera permanente que estuviera una persona dando esta información como está ahorita. Y muchas felicidades a quien lo están haciendo en este momento. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gómez. Se registra también su planteamiento.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Refugio Trinidad Garzón, por favor.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Agradezco me conceda el uso de la palabra, señor presidente. El motivo de mi intervención es que hoy por desgracia el nombre de mi estado, Sonora, está manchado de lodo y quiero evitar que también se manche de sangre.

En los últimos días mi estado ha aparecido en las últimas planas de todos los diarios nacionales, por haber sido gobernado por un gobierno corrupto, un gobernador que no solo se dedicó al desvío de recursos públicos, sino también se dedicó a perseguir a los defensores de derechos humanos. Tal es el caso de Martha Solórzano...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputada, con todo respeto, no estamos en el punto de observaciones sobre el orden del día.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Lo que pasa, señor presidente, discúlpeme, pero esto es urgente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y es mi estado, por supuesto que me preocupa, pero no está en el orden del día.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Precisamente, quiero defender a la defensora de Derechos Humanos, Martha Solórzano. Permítame un segundo terminar con esto, señor presidente, discúlpenme todos los compañeros, pero es grave. Ojalá que me comprendan.

Tal es el caso de Martha Solórzano, a quien aun cuando se encontraba bajo el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Sonora decidió retirarle, de manera unilateral, el beneficio de protección.

Por eso, señor presidente, he presentado ya un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, solicitando la protección de la defensora de Derechos Humanos en cuestión. Sin embargo, por acuerdo de Jucopo se ha decidido prorrogar su discusión hasta fecha indefinida. Esto, desde mi perspectiva, representa una falta de juicio, pues corre peligro la integridad física de la defensora. Es cuanto, señor presidente, gracias, compañeros diputados, muchas gracias.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucción de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes primero de diciembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con treinta y seis minutos del martes primero de diciembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules las diputadas: Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; y Edith Anabel Alvarado Varela, del Partido Revolucionario Institucional, realizan comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, en relación con dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo y atendidos de las Comisiones:

• Del Distrito Federal

– Dictamen por el que se desechan dos proposiciones con punto de acuerdo relacionados con la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

– Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a los planes de los polígonos en la colonia Doctores.

• De Energía, por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, a fin de reubicar las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula, a la nueva terminal de Puerto Chiapas.

Publíquense en el Diario de los Debates, y archívense como asuntos totalmente concluidos.

b) De la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Relaciones Exteriores la proposición con punto de acuerdo por la que solicita la adhesión del Estado Mexicano a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, presentada el veinticuatro de noviembre del año en curso. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de octubre de dos mil quince, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de octubre de dos mil catorce, la evolución de la recaudación para el mes de octubre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura:

• Donde se solicita un informe que contenga las causas y el grado de toxicidad que generó el derrame de cianuro ocurrido en el ejido Juan Álvarez, dentro del municipio de Caborca, del estado de Sonora. Se remite al promovente, para su conocimiento.

• Relativo a emitir la Declaratoria de Desastre para Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatebampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, damnificados por la tormenta tropical “Marty” en el estado de Sonora. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Relativo a emitir las declaratorias de emergencia y de desastre natural, ante las inundaciones derivadas de la depresión tropical 16-E, en los estados de Sonora y Sinaloa, y con ello agilizar la entrega de los recursos destinados a la atención de los daños ocasionados. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Para emitir la declaratoria de desastre natural de los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit afectados por el huracán “Patricia”. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

e) Del Poder Judicial del Estado de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al delito de desaparición forzada de personas. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

f) Del Congreso del estado de Sonora, con la que remite acuerdo por el que solicita a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de Hacienda y Crédito Público; así como a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para que tomen las medidas suficientes y necesarias y se dé marcha atrás a la acción de homologación del Impuesto al Valor Agregado del once al dieciséis por ciento en la zona fronteriza del norte de la República. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

Desde su curul el diputado Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática, informa a la Asamblea que el día de hoy en la madrugada falleció el senador Luciano Borreguín González, del Partido de la Revolución Democrática, y solicita a la Presidencia un minuto de silencio en su honor. El Presidente concede dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

El Presidente hace el siguiente pronunciamiento, “Un día como hoy, en el año de mil novecientos dieciséis, convocado por el entonces titular del Ejecutivo, ciudadano Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos abrió su periodo único de sesiones con el objeto de discutir y aprobar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reformó la del cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete. Recordemos hoy a los ilustres legisladores que integraron, hace noventa y nueve años, el Congreso Constituyente del cual emanó la ley fundamental que rige hasta nuestros días”.

Continúa la presentación de iniciativas y se concede el uso de la palabra a los siguientes diputados:

• Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Agraria. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Reforma Agraria, para dictamen.

• Wendolin Toledo Aceves, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, que reforma el artículo veintisiete de la Ley Federal de Archivos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

A las doce horas con treinta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y seis diputadas y diputados.

• Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos ciento diecisiete, y ciento diecinueve de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos diez, once, y doce de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Recompensas de la Armada de México. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Rafael Valenzuela Armas, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática:

• Que reforma los artículos dieciocho, y diecinueve de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Que reforma el artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Remberto Estrada Barba, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, que reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Pública, para opinión.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos doscientos, y doscientos uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento quince de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Luis Agustín Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, y de la Ley General de Víctimas. Se turna a las Comisiones Unidas de Población, y de Justicia, para dictamen.

• Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos segundo y tercero de la Ley Sobre la Celebración de Tratados. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, que reforma y adiciona los artículos setenta y seis, y ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley Federal de la Zona de Desarrollo Económico de la Frontera Norte. Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Norte, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En votación económica se autoriza que se someta a votación y discusión de inmediato.

En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Álvarez Angli, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano; María Chávez García, de Morena; Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática; René Mandujano Tinajero, del Partido Acción Nacional; y Andrés Aguirre Romero, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados: María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática; y María del Carmen Pinete Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dieciséis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo, y en votación económica se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados:

a) De Transportes:

• Por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de rehabilitar el camino Tuxtepec-Usila, dañado por las recientes lluvias en la cuenca del Papaloapan.

• A fin de reconstruir y modernizar la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en su tramo ciento cuarenta y seis al ciento noventa y tres en sus cuerpos oriente y poniente.

b) De Juventud, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud para que implemente las políticas de prevención necesarias a fin de coadyuvar a disminuir la migración juvenil hacia los Estados Unidos de América.

c) Del Distrito Federal, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que considere en el presupuesto de egresos del Distrito Federal, los recursos correspondientes que permitan concluir la obra de la preparatoria “José Revueltas”, ubicada en la Delegación Venustiano Carranza.

d) De Cambio Climático:

• Relativos al diseño e implementación de programas de difusión de información relativa al cambio climático.

• Por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a promover la creación de Comisiones Ordinarias de Cambio Climático y la expedición de legislación en esta materia.

e) De Energía:

• Por el que se exhorta a los Titulares de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ratifiquen y hagan lo pertinente para evaluar de manera correcta y constante las condiciones climatológicas de la región norte de Veracruz y en El Ébano en el estado de San Luis Potosí.

• Por el que se solicita al Director General de Petróleos Mexicanos, para que reubique la Terminal de Almacenamiento y Reparto ubicada en Boulevard Venustiano Carranza, en Saltillo, Coahuila.

• Para exhortar al Director de la Comisión Federal de Electricidad para que revise y, en su caso, haga una propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los ajustes tarifarios a usuarios de la región de la montaña del estado de Guerrero.

f) De Agricultura y Sistemas de Riego:

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) cumpla con los adeudos pendientes y apoye a los productores de granos básicos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de implementar un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos mediante apoyos para la obtención de fertilizantes.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que implemente acciones que den certeza al “Programa Estratégico para impulsar la Cadena de Valor del Cocotero en México”.

• Por el que se exhorta a los gobiernos de los estados para que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fortalezcan las acciones de capacitación para productores agrícolas.

• Por el que se exhorta a la Aseguradora AGROASEMEX, S.A. a continuar con el apoyo a los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal.

• Relativo a la implantación de acciones en beneficio de la Cafeticultura.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las secretarías encargadas del área agropecuaria de los gobiernos de los estados, para que destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación de diversas plagas y enfermedades de importancia agrícola.

• Por que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, coordine la elaboración de un estudio del territorio nacional para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor.

• Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que difunda un estudio sobre mercado agroalimentario, así como sus recomendaciones.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que difunda los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, así mismo, se exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que haga públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas.

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a flexibilizar las reglas de operación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, a fin de simplificar los procedimientos para acceder a los programas de apoyo a los productores y organizaciones.

El Presidente informa a la Asamblea que el Grupo Parlamentario de Morena ha solicitado que el punto de acuerdo de la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a sumar esfuerzos con el fin de mejorar el servicio que presta a los usuarios, enlistado en el número cuatro sea votado por separado. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento y de ilustración los diputados: Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática; René Cervera García, de Movimiento Ciudadano; y Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo de la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a sumar esfuerzos con el fin de mejorar el servicio que presta a los usuarios. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes en sentido negativo relativos a iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Cambio Climático, que adiciona los incisos l) y m) a la fracción sexta del artículo séptimo de la Ley General de Cambio Climático.

b) De Energía, por el que se reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

c) De Pesca, por el que se adiciona un nuevo inciso a la fracción sexta del artículo veinticuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

En votación económica se aprueban. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere al último de estos se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió de la Comisión Gobernación cuatro dictámenes con proyecto de decreto:

a) Por el que se declara el veinticinco de octubre de cada año, como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.

b) Por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

c) Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el veintiocho de mayo de cada año, Día Nacional por la Salud de la Mujer.

d) Por el que se declara el día veintiocho de noviembre, como Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se da cuenta con Comunicación Oficiales:

a) Oficio del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Partido Verde Ecologista de México, por el que comunica que ha dejado de pertenecer al Grupo Parlamentario. De enterado. Comuníquese.

b) Del diputado César Octavio Camacho Quiroz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica la integración al grupo parlamentario del diputado Cirilo Vázquez Parissi. De enterado. Comuníquese.

c) De la Junta de Coordinación Política, en relación con alta de integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, y de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien, y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la iniciativa, y de las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintinueve y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a realizar una revisión exhaustiva de los permisos de construcción otorgados en zonas que se pudieran catalogarse como de riesgo para la población. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Patricia García García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, para que modifiquen y adecuen sus legislaciones locales conforme a lo previsto en el artículo cuarto Constitucional, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, se cumplan las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Se turna a la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, para su atención , para dictamen.

• María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, incremente las actividades y acciones de prevención contra la enfermedad del SIDA. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a recuperar los espacios deportivos, propiedad de los habitantes de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los Gobiernos de entidades federativas a perfeccionar su marco legal, en materia de movilidad y realicen las acciones necesarias, para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Fabiola Guerrero Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que a través de las áreas correspondientes, se otorguen las facilidades y se realicen los avalúos para regularizar la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y ganaderas del estado de San Luis Potosí y del todo país, considerando los factores socioeconómicos. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Lorena del Carmen Alfaro García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte, a realizar las acciones necesarias para recibir el Centro Nacional Paralímpico, ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que refuerce las campañas de prevención e información sobre salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes las diferentes jurisdicciones sanitarias del país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades, para que en el Programa Paisano, se garantice el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y Procuraduría Federal del Consumidor, a realizar una campaña extraordinaria de la supervisión del peso, precio exacto y sustitución de cilindros, tanques estacionarios y pipas de distribución de gas LP de uso doméstico y comercial que se encuentren en mal estado. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación, implemente un grupo de trabajo Interinstitucional que establezcan medidas que contribuyan a la disminución de accidentes en las zonas urbanas por las que cruzan vías férreas. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Revisión y Análisis de la Legislación y Política en materia de Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo.(Turno a la Junta de Coordinación Política, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y de la Comisión Nacional de Seguridad, para que implementen las medidas necesarias a fin de que en los hospitales militares y navales de dicha entidad, se admita a personas heridas por arma de fuego. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• David Mercado Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a las instituciones del sector salud de los gobiernos Federal y de las Entidades Federativas, se exhorte a los concesionarios del transporte público para pasajeros, se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, relativo a las irregularidades de la empresa OHL México para justificar su sistema de contabilidad. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la secretaria de Salud, a fin de que se garantice el abasto de medicamentos, material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pública del estado de Nayarit. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Francisco Escobedo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que amplíe la cobertura de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de la Función Pública, y a la Procuraduría General de la República, para que se investiguen las denuncias presentadas por daño ambiental, conflicto de intereses, tráfico de influencias, y fraude ocurrido como resultado de los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos para la compra de Etanol Anhidro a la empresa Alcoholera Zapopan S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los tres poderes de la Unión, para que otorguen seguridad social a los trabajadores bajo el régimen de confianza y honorarios asimilados a salarios. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Carmen Salinas Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que incremente las acciones de difusión de cultura vial, a ciclistas, peatones y conductores de vehículos automotores. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a reunirse con los padres de familia y los representantes legales de los cuarenta y tres estudiantes de la normal rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, a fin de integrar nuevas líneas de investigación, con la asesoría del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” para su atención, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a adoptar las medidas necesarias para cumplir el Acuerdo Secretarial seiscientos cincuenta y seis, y se promueva la educación filosófica en todas las áreas de profesionalización de estudios y la realización de eventos que apoyen y celebren el Día Mundial de la Filosofía. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud, la elaboración y ejecución de una estrategia de negociación que tenga como principal propósito mejorar el precio de los medicamentos psiquiátricos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al estado de Jalisco, a expropiar en favor de la comunidad Mismaloya, las tierras disputadas en el juicio de restitución y se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos de dicha comunidad. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que examinen las normas penales relativas a la reparación del daño en materia de homicidios y en su caso, procedan a su reforma. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaria de Salud, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA a fin de incrementar la coordinación y el impulso a la difusión de información y sensibilización del personal a su cargo, para la atención médica y educativa con las personas que padecen VIH-SIDA, así como para mejorar las acciones preventivas. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que se diseñe e implemente un Programa Integral de Movilidad para las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, encaminado a garantizar la seguridad de los usuarios del sistema ECOBICI y demás ciclistas que circulan por las avenidas y calles de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a las Entidades Federativas a legislar en materia de transparencia, con relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República, para que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, se realice con apego a la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a implementar acciones que favorezcan la libre competencia y legalidad de los operadores del transporte aéreo en el estado de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich y Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lleven a cabo una campaña publicitaria sobre el manejo de los televisores analógicos desechados. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que lleve a cabo las acciones necesarias ante las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América y del estado de Texas, a fin de solucionar la problemática que enfrentan los connacionales indocumentados residentes en ese estado. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano, por el que exhorta al Consejo Nacional de Salud, para que emita una alerta sanitaria en el estado de Baja California, ante la presencia de bacterias del genero Rickettsia. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que incremente las acciones del programa de respuesta del VIH, SIDA y ITS. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que solicita la renuncia de los titulares de Petróleos Mexicanos, y de la Comisión Federal de Electricidad, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en los que incurrieron al otorgar la adjudicación del contrato para la construcción de la “Central de Generación de Ciclo Combinado Empalme I”

La Presidencia señala, dentro del contexto de la presentación en tribuna de iniciativas de ley o decretos, que los legisladores que deseen adherirse a los mismos, contarán con un plazo determinado para ello, siempre y cuando tengan la autorización de su autor. Así mismo se invita a los proponentes de efemérides a que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves tres de diciembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con veintinueve minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con el rubro de comunicaciones oficiales. Adelante, por favor.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibió dictamen de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, de la siguiente comisión:

Asuntos Indígenas

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero a garantizar el derecho a contar con traductores en lenguas indígenas en el proceso de consulta en Ayutla de los Libres, Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero a garantizar el derecho a contar con traductores en lenguas indígenas en el proceso de consulta en Ayutla de los Libres, Guerrero

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la Proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio.

III. En las “Consideraciones”, esta Comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de octubre de 2015, los diputados Lluvia Flores Sonduk y Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero a garantizar el derecho de contar con traductores en el proceso de consulta realizado en Ayutla de los Libres, Guerrero.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva acordó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas”, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 15 de octubre de 2015, a través del expediente número 535, la Comisión de Asuntos Indígenas recibió formalmente dicho expediente

II. Contenido de la proposición

Los diputados proponentes plantean que con fecha 25 de junio de 2015, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, correspondiente a la cuarta circunscripción electoral federal, instruyó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, IEPC, a verificar y determinar la existencia del sistema normativo interno en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero y, de ser así, iniciar las consultas correspondientes para establecer si la mayoría de la población del municipio en comento determina la celebración de sus comicios de conformidad con sus propios sistemas normativos.

Los diputados proponentes consideran que dicha resolución del TEPJF es acertada porque salvaguarda el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Sin embargo, plantean que la consulta que realizaría el IEPC enfrentaba una serie de riesgos, destacando el de la falta de traductores a las lenguas indígenas correspondientes.

Afirman que la traducción en las asambleas comunitarias no es un asunto menor cuando se trata de decidir uno de los derechos más importantes de los pueblos y comunidades indígenas, que se refiere a su derecho a la consulta previa, libre e informada, así como el derecho a la libre determinación y la autonomía, en la toma de decisiones de la cosa pública. Debe ser una traducción oportuna, efectiva, idónea y pertinente culturalmente, es decir, con las variantes lingüistas que se hablan en las comunidades sujetas a ser consultadas, donde muchas de ellas son monolingües, tanto de la lengua tu’un savi y me’phaa.

En función de que la consulta debía realizarse los días 10, 11, 17 y 18 de octubre del año en curso, los diputados Lluvia Flores Sonduk y Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, plantearon el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, IEPC, para garantizar plenamente el derecho al uso de la lengua materna de las comunidades indígenas a consultar, para decidir sobre la elección popular por usos y costumbres de sus autoridades municipales en el Municipio de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero, mediante traductores e intérpretes eficaces, idóneos y pertinentes culturalmente que se ajusten a las variantes lingüísticas de las lenguas tu’un savi (mixteco) y me’phaa (tlapaneco), y lograr así una fluida comunicación intercultural evitando cualquier vicio en el procedimiento de la consulta.

III. Consideraciones

Primera. Esta Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo en comento, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen

Segunda. Es de la mayor relevancia establecer que la consulta a la que se refiere la proposición con punto de acuerdo, se realizó en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, los días 10,11, 17 y 18 de octubre del año en curso, de conformidad con la Convocatoria y los Lineamientos correspondientes que emitió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Cabe señalar que el resultado fue en favor de utilizar el método de usos y costumbres para elegir a las autoridades de dicho municipio.

Tercera. Esta comisión dictaminadora considera importante establecer que, como se asienta en el apartado de antecedentes del presente dictamen, la proposición con punto de acuerdo en comento fue recibida para su análisis y dictamen con fecha 15 de octubre del año en curso. Esto significa que al momento de recibir el expediente ya habían ocurrido las primeras dos jornadas de la consulta realizada por el IEPC en el municipio de Ayutla de los Libres y que las restantes dos jornadas de consulta ocurrirían prácticamente al otro día, situación que hacía materialmente imposible realizar el desahogo debido y oportuno de la referida Proposición con Punto de Acuerdo.

Cuarta. Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que se refieren a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que esta Comisión Dictaminadora concluye que el Punto de Acuerdo que se solicita carece en la actualidad de materia.

Consecuentemente, la Comisión de Asuntos Indígenas considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Asuntos Indígenas se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica), Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso, Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), secretarios; Jorge Álvarez López (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Janette Ovando Reazola, Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero a la siguiente proposición con punto de acuerdo publicado el martes 27 de octubre, en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Comunicaciones para dictamen:

1. Por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que restablezca la señal analógica en el municipio de Monterrey, y la zona metropolitana de Nuevo León.

Al respecto, solicito a usted –de la manera más atenta– que dicha proposición sea retirada, pidiendo la devolución al proponente y actualizar los registros parlamentarios de la comisión.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2015.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente proposición presentada el pasado día 26 de noviembre 2015 y turnada a la Comisión de Salud.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y el IMSS a construir el inmueble de la clínica número 58 del Seguro Social en Huatusco, Veracruz.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2015.— Diputado Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Sirva esta misiva para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios así como de las Comisión de Infraestructura, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a las Comisiones de Desarrollo Regional y de Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores a acelerar las acciones para el proyecto del corredor industrial y logístico del istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindar a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2015.— Diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 113.2015.DGVP. 470, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, durante el periodo de enero-septiembre de 2015.

Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 30 de noviembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle adjunto al presente escrito el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en el país durante el periodo de enero a septiembre de 2015, el cual incluye los sectores económicos y las regiones en las que se ubica.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento al honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2015.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.— Dirección General.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En cumplimiento a la fracción XV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como a la decisión tomada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/8422/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, presento a esa honorable asamblea, en mi carácter de directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el informe semestral de labores ordenado por dichas disposiciones, correspondiente a las actividades del instituto del 1 de junio al 15 de noviembre de 2015.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2015.— Licenciada Gricelda Nieblas Aldana (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

MINUTAS EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Noveno Transitorio del “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

Atentamente

México, DF, a 1o. de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-I-1P-23

Por el que se reforma el artículo Décimo Noveno Transitorio del “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo séptimo, se recorren los subsecuentes y se reforma el actual párrafo séptimo del artículo Décimo Noveno Transitorio del “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, para quedar como sigue:

DÉCIMO NOVENO....

...

...

...

...

...

Aquellos permisionarios o concesionarios de uso público o social, incluyendo las comunitarias e indígenas, que presten el servicio de radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que se les autorice la suspensión temporal de sus transmisiones o, en su caso, reduzcan su potencia radiada aparente para que les sea aplicable el programa de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de este artículo. Los plazos que autorice el Instituto en ningún caso excederán del 31 de diciembre de 2016.

En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general en las áreas respectivas, en tanto se inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo. Los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En ningún caso las acciones derivadas de este programa excederán al 31 de diciembre de 2016.

Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias en lo que se opongan al presente transitorio.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al mismo.

Tercero. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, suspenderán la distribución o sustitución de equipos receptores o decodificadores, así como los programas de entrega de televisiones digitales que realice en aquellas entidades federativas en las que se verifiquen procesos electorales durante el 2016. El Instituto Nacional Electoral verificará el cumplimiento de esta disposición y aplicará, en su caso, las sanciones correspondientes. La entrega, distribución o sustitución de equipos receptores, decodificadores, o televisores digitales en contravención a lo dispuesto en este artículo será sancionada en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 1o. de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

EFEMÉRIDE

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad. Se han registrado para referirse al tema quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos, compañeras y compañeros diputados de sus respectivos grupos parlamentarios.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Tristán Canales Najjar, del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Dónde anda? Acá viene, inusualmente por el lado izquierdo.

El diputado Tristán Manuel Canales Najjar:Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy las naciones conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por eso los quiero invitar a reflexionar sobre este tema del que muchos se habla en el mundo, pero del que aún falta desgraciadamente mucho por hacer.

Desde hace 23 años la Asamblea General de Naciones Unidas, se propuso convocar a todos, individuos, organizaciones y gobiernos a reconocer la importancia de la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo y con ello derribar las barreras de la discriminación y la intolerancia para ofrecer a todos los ciudadanos del mundo las mismas oportunidades y un trato digno en un marco de igualdad y de libertad.

Por eso mi intervención de hoy apela al corazón y a la conciencia de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, porque todos los aquí presentes, estoy seguro, creemos firmemente en la defensa y el respeto a la dignidad de las personas.

Por ello desde esta tribuna, la más alta de la nación, quiero expresar mi respeto y admiración personal y de mi partido a todas aquellas personas que aun han tenido alguna discapacidad, han hecho contribuciones invaluables al progreso y al desarrollo de nuestro querido México y de la humanidad entera.

Reconozco también las importantes aportaciones que otras Legislaturas que nos precedieron han hecho para lograr la inserción plena de los ciudadanos con discapacidad a los beneficios que el crecimiento ha traído a nuestro país.

Al mismo tiempo los convoco a valorar en su justa dimensión, los esfuerzos que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha venido realizando para promover la no discriminación y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Es justo reconocer que este gobierno con visión de Estado, ha puesto todo su empeño en tomar importantes medidas para incluir a todos los ciudadanos en el acceso pleno a la actividad cotidiana y productiva. Tenemos avances innegables, pero en esta causa que es de todos, los legisladores debemos redoblar esfuerzos hoy más que nunca. De ahí la trascendencia de perfeccionar el marco legal que garantice la inclusión de las personas con discapacidad al desarrollo. Hoy mi grupo parlamentario presenta cuatro iniciativas de reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Este 2015 la Organización de las Naciones Unidas ha puesto el énfasis en el tema: La inclusión importa; acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. En nuestro país, según cifras del INEGI, son alrededor de 7.9 millones de mexicanos los que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, cerca del siete por ciento de nuestra población total. De ahí el tamaño de nuestro reto para que México pueda abrir oportunidades para todos.

Compañeras y compañeros diputados, es para mí muy satisfactorio, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, anunciar a nombre de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a la que pertenezco, que a partir de hoy todas las sesiones de periodos ordinarios y de la Comisión Permanente, serán transmitidas por el Canal del Congreso bajo el esquema de interpretación simultánea de lengua de señas mexicana.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que esa decisión fortalece el derecho a la información de las personas con discapacidad para que con ello puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y ampliar sus capacidades de participación ciudadana.

Con estas acciones suscribimos plenamente lo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-Moon, en su mensaje para el día de hoy –cito– En el plan global de acción para 2030, juntos, con las personas con discapacidad, podemos hacer avanzar al mundo sin dejar a nadie atrás –fin de la cita.

Para concluir, quiero desde aquí felicitar y reconocer al personal del Canal del Congreso por su extraordinaria labor para hacer posible que desde el día de hoy se cumpla con este viejo anhelo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Canales. Buenas noticias. Tiene ahora la palabra el diputado Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz:Muy buenos días a todas y a todos. Un día importante sin duda en esta efeméride de estar reconociendo los derechos de las personas con discapacidad, pero lo que es más importante es reconocer lo que hemos avanzado y lo que falta por avanzar.

Sin duda, el lenguaje, amigas y amigos, nos retrata y nos dice la concepción de una sociedad sobre los problemas que vivimos. No hace mucho tiempo nos referíamos, las sociedades, conceptos que hoy están en desusos, como el tema de inválidos, tullido, retrasados o incapacitados. Conceptos que hoy rechazamos, antes eran ordinarios, afortunadamente el lenguaje ha ido reconociendo que este es una realidad que discrimina.

Después en un esfuerzo de tratar con mayor generosidad, se incorporó en el lenguaje el término minusválidos o personas con capacidades diferentes. Sin embargo, esto seguía siendo totalmente inaceptable e inadecuados. Ninguna persona humana tiene menos valor que otra, no se puede decir minusválidos y tampoco con capacidades diferentes, porque simplemente es un eufemismo.

En realidad el lenguaje fue cambiando y hoy hablamos ya con plena conciencia de personas con alguna discapacidad, y este es el concepto adecuado para referirnos siempre. Con el término que se antepone de persona, porque ahí está la dignidad, ahí están los derechos.

Hemos avanzado a tal grado que, incluso el concepto mismo hoy es que ya no son las personas, son las sociedades las que están discapacitadas cuando no reconocen los derechos. Por eso, la discapacidad es de una sociedad cuando no reconoce los derechos de las personas.

En México hemos tenido una larga brega, tal vez el acto más elocuente fue en el 2001 cuando don Gilberto Rincón Gallardo, en África, propuso a la ONU una convención, una convención internacional que fue aceptada y que hoy está suscrita por nuestro país, y la gran cantidad de países que pertenecen a la ONU.

Sin embargo, esta Convención todavía es letra impresa y no es una vida cotidiana para las personas con discapacidad en nuestro país. Tan es así, que hemos sido objeto de 58 recomendaciones por parte del Comité Internacional para atender esta recomendación en nuestro país, necesita hacer la tarea.

Una de estas recomendaciones, sin duda, es la armonización legislativa. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha puesto como la prioridad de su trabajo la armonización legislativa, y también el censo nacional para las personas con discapacidad. El Inegi sólo reconoce un 6 por ciento de personas con discapacidad; en todo el mundo la cifra es el del doble, y por eso necesitamos visibilizar, identificar y apoyar a estas personas.

Por último, como un reconocimiento a un gran hombre que ha hecho una gran tarea, es a don Gilberto Rincón Gallardo, es que queremos proponer el día de hoy una iniciativa para que se instituya la Medalla Gilberto Rincón Gallardo de la Cámara de los diputados para todas aquellas personas que se distingan por la lucha y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país.

Es una iniciativa, que estoy seguro que vamos a contar con el apoyo general de todos los partidos, porque es un esfuerzo de esta comisión para poder visibilizar el tema, la lucha, y los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país.

En este momento, señor presidente, quiero hacer entrega de esta iniciativa firmada por los miembros de la Mesa Directiva de nuestra comisión para que pueda solicitar darse el turno correspondiente. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Madero. Se recibe, desde luego, la iniciativa. Está agendada de hecho, en el orden del día, para ser turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen, y de una vez solicito, le pido que se le dé el turno correspondiente, incluida también la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Juan Alberto Blanco, por favor.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para pedirle al diputado Madero si nos puede permitir signar su propuesta de ley. Creemos que no nada más es un mensaje de la solidaridad sino del compromiso que debemos tener con las personas que tienen una capacidad diferente, una discapacidad.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, aunque no estamos en el punto precisamente de presentación de iniciativas, pero obsequiamos la petición en atención a lo planteado en su intervención, por el diputado Madero, y quedará aquí a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva. Tiene ahora la palabra la diputada Erika Irazema Briones, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados y compañeras diputadas. Se nos ha hecho creer que una persona con discapacidad es una persona con limitaciones físicas, psicológicas, motrices, pero sin embargo debemos entender que las únicas limitantes para este grupo de personas es la discriminación, la falta de oportunidades, que existen marcos legales que no son apropiados, las limitantes de este grupo son entonces las que como sociedad imponemos.

Debemos ejercer una cultura de inclusión, que armonicemos todos estos aspectos para que garanticemos la calidad de vida y de oportunidad que se merecen. Desafortunadamente no podemos hablar de condiciones de igualdad, porque las personas discapacitadas no la tienen.

En el empleo, en el transporte, en la salud debemos velar por que los mexicanos y las mexicanas que cuentan con alguna discapacidad tengan un acceso pleno a los derechos sociales e inclusive a los derechos humanos que como tal nos corresponden.

Este día es para recordarnos la tarea pendiente que tenemos con este grupo de condición de vulnerabilidad, una tarea que debe traducirse en el compromiso para promover que se crean oportunidades reales en el que se incluya la gente, con ello debemos promover la potencialización de sus habilidades, es decir que tenemos que empezar a continuar la lucha por su empoderamiento.

Cuando ocurre esto las personas con discapacidad están mejor preparadas para aprovechar oportunidades, y se convierten en agentes de cambio y pueden asumir con más preparación sus responsabilidades. Los compromisos para este día internacional, publicados en la página de la Organización de las Naciones Unidas, son tres: hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos, mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad, incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y en el desarrollo.

Estas tareas son los compromisos que tienen que desembocar en resultados correspondientes al Estado, a los servidores públicos y a la sociedad. Que iniciemos toda una comunión de nuestras fuerzas, que sumemos y que seamos incluyentes. Dejemos atrás la discriminación, los factores excluyentes de cualquier tipo. Construyamos juntos una sociedad en términos de igualdad y de oportunidades.

Hoy es un buen día para que los diputados y las diputadas estemos y refrendemos juntos nuestro compromiso con las personas de discapacidad, para que iniciemos procesos legislativos que ataquen la exclusión. Además, es un mandato constitucional. Los invito, compañeros, a trabajar por las personas con discapacidad.

Concluyo, presidente, solo para dejar en claro una frase que día con día me recuerda la batalla que emprenden las personas con discapacidad y que nos dan lecciones y esperanzas de vida: discapacidad no es aquel que tiene limitación física, sino el que tiene todo y no hace nada por su vida. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Briones. Saludamos la presencia de José Luis Castillo, campeón mundial de box en la categoría de peso ligero, originario de Empalme, Sonora, invitado por la diputada Susana Corella Platt. Sea usted bienvenido, campeón.

Igualmente, saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad del Golfo de México, de Tehuacán, Puebla, invitados por el diputado Sergio Gómez Olivier. También de vecinos de Coyoacán, invitados por el diputado Héctor Barrera Marmolejo, y miembros y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, invitados por el diputado Armando Luna Canales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott.

Datos aportados por el Inegi señalan que en la actualidad un 6.6 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. Afirmando que existen 6.1 millones de hogares en donde se reporta la existencia de al menos una persona con discapacidad; es decir, que en 19 de cada 100 hogares vive una persona que presenta alguna dificultad. De este porcentaje, el 51.4 por ciento son adultos mayores y el 1.6 por ciento son niñas y niños que viven con alguna discapacidad.

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, las principales manifestaciones de discapacidad en México son los problemas para caminar, las dificultades para ver, oír, hablar o comunicarse, atender el cuidado personal y poner atención.

Para su tratamiento son muchos los esfuerzos que de manera conjunta se implementan por las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, cuya finalidad es además de concientizar diseñar los mecanismos de inclusión para las personas que padecen alguna discapacidad.

Virtud a ello, desde el año de 1992, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin principal de sensibilizar a la opinión pública respecto a la integración de las personas con alguna limitación.

La celebración de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de estas personas y los beneficios que se derivarían de su integración a todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades, brindando la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos y la participación en la sociedad.

Si bien es cierto que en México ha habido grandes avances en esta materia, también es cierto que hoy en día seguimos enfrentando manifestaciones constantes de discriminación hacia este sector, por lo que queda de manifiesto que las acciones hasta hoy implementadas han sido insuficiente para lograr la inclusión de los discapacitados a la vida cotidiana, lo cual no se logrará con la simple conmemoración de un Día Internacional, sino con el trabajo constante que se desempeña hacia su favor.

Para el Partido Verde garantizar los derechos más elementales de una persona es prioridad. Es por ello, que en el marco de esta conmemoración internacional invitamos a todos los legisladores a dirigir sus trabajos en beneficio de un grupo de la población, que verdaderamente necesita de políticas públicas incluyentes, para que sean considerados no sólo en la distinción de espacios especiales, sino en la inclusión y protección de sus derechos fundamentales.

Consideramos importante atender a las necesidades de todas las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad. Sin embargo, hoy nuestra solicitud se centra en un grupo aún más vulnerable, las niñas y niños de nuestro país.

Para ello, hemos impulsado y apoyado las diferentes iniciativas presentadas por nuestro grupo parlamentario y por cualquiera que muestre interés para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alguna discapacidad, ejemplo de ello, es la reciente presentación de la iniciativa que busca garantizar que la niñez mexicana que vive con discapacidad, como grupo especialmente vulnerable, tenga acceso a la educación mediante un servicio diseñado para satisfacer sus necesidades específicas, para su adecuada inclusión al sistema educativo en todos sus niveles y al campo laboral, pero sobre todo, para hacer posible su vida de manera independiente.

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en acciones que permitan fortalecer y dotar de las herramientas indispensables a las personas con discapacidad, para que de esta forma se desarrollen de manera exitosa y obtengan con ello una mejor condición de vida. Es cuanto.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra también, hasta por cinco minutos, el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, también para hablar con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Buenos días. Con el permiso, señora presidenta. Compañeros, compañeras diputadas, hoy 3 de diciembre, Día internacional de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad reclaman en este día con mayor fuerza el cumplimiento de sus derechos, mejoras en la accesibilidad en las ciudades y favorecer su inclusión en todos los ámbitos.

Podemos pensar en actos tan sencillos como caminar, mirar, escuchar o hablar. Que sin embargo no le son comunes ni fáciles a una gran parte de la población. Las personas con discapacidad no solo aprenden a vivir con lo que tienen, su lucha cotidiana y la fuerza de su corazón sobrepasa muchas veces sus limitaciones.

Hoy se nos ofrece una gran oportunidad para recordar al mundo la situación de las personas con discapacidad y establecer una visión estratégica y un plan de acción para lograr un desarrollo que los tome en cuenta.

Nos da la oportunidad de abordar la exclusión para centrarnos en la promoción de la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de barreras en la sociedad.

En México viven 5 millones 739 mil 290 personas con alguna dificultad física o mental para realizar sus tareas cotidianas. Esto representa el 5 por ciento de la población de las personas con discapacidades. Conforman uno de los grupos más marginados del mundo, aunque la responsabilidad primordial de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad recae sobre todos los estados.

Sabemos que la legislación por sí sola no garantizará que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos humanos.

Es necesario que los estados formulen políticas y programas eficaces con un gran impacto real en la vida de las personas con discapacidad. Esto incluye la educación y la sensibilización del público en general, cambiando el paradigma para que las personas con discapacidad no sean vistas como objeto de caridad, tratamiento médico o protección social sino como objeto de derechos, capaces de tomar decisiones y defender sus intereses.

La primera discapacidad a vencer es la falta de la visión para poder contrarrestar la inequidad. Expreso mi gran reconocimiento y admiración a estas grandes personas que nos dan grandes ejemplos de lucha por la vida sin ningún temor a nada y a nadie.

Por eso debido a la gran importancia que debemos dar a conocer a toda nuestra población, los trabajos que aquí realizamos, Morena promoverá un punto de acuerdo para que a partir de la fecha sea permanente la presencia de un traductor y con ello favoreciendo a la equidad, la inclusión y el derecho a la información pública que aquí se realiza.

Agradecemos también a los dos intérpretes que nos acompañan el día de hoy, dándoles las gracias.

Por lo tanto, Morena se compromete a hacer uso de todos nuestros sentidos para terminar con la discriminación y exclusión de todas las personas con estas grandes capacidades. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Saludamos la presencia de un grupo de invitados especiales, dirigentes de Puebla. Invitados por el diputado Alejandro Armenta Mier. Sean ustedes bienvenidos. Ahora tiene la palabra también, hasta por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muy buenas tardes, presidente, con su venia; compañeros, compañeras diputadas. Yo quisiera iniciar mi intervención, primero saludando de manera respetuosa a nuestro compañero Noé Romero, intérprete de señas mexicanas, así como nuestra compañera Erika, que hoy nos hacen el favor no solo de participar en este recinto sino también de poder transmitir e informar a toda la población de los temas que son sustantivos para el país.

Asimismo quisiera hacer también ampliamente un reconocimiento hoy, a todas las asociaciones presentes que luchan por la igualdad y sobre todo resaltan los temas de falta de equidad en el trato a los discapacitados en el país.

En México el 6.6 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. Esto es una realidad y así lo dice Disabillity Rights International en su investigación más reciente, advierte que México se considera el peor país para los discapacitados.

Esta organización de derechos humanos afirma que en México es un sector de la población que sufre además actos de tortura, abusos y la inacción de las autoridades. Una realidad que no podemos nosotros dejar de ver. Este día nos sirve para tomar conciencia e impulsar acciones, que creo que eso es lo importante.

La forma de vida moderna nos convierte hoy o muchas veces en seres egoístas y asumimos que todos gozan de nuestras plenas facultades físicas. Solamente recordar que este 6.6 por ciento de la población son personas con discapacidad que se tienen que enfrentar a un país que no es terreno amigable para ellos donde el comercio informal invade las calles, bloquea las esquinas, los carros bloquean los cruces peatonales y donde tomar el transporte público se convierte en toda una odisea. Vivir cotidianamente en este país para las personas con discapacidad es todo un reto.

Este viacrucis no es ajeno a las instituciones, las cuales les cierran las puertas a las personas con discapacidad; niños que son abandonados por sus familias, que no son atendidos por las instituciones de gobierno y que en el mejor de los casos tienen acceso a casas de asistencia social en las que no cuentan con recursos para atenderlos a todos. Debido a su discapacidad los familiares muchas veces los olvidan y el Estado hace como si no estuvieran, como si no existieran; los segregan, lo que conlleva a grandes abusos y sobre todo, compañeros, compañeras, a grandes olvidos.

Las organizaciones reconocen que la discriminación hacia el sector de los discapacitados persiste. Abramos los ojos, no esperemos que nuestra empatía sea tocada hasta que una persona con discapacidad llegue a nuestras vidas o seamos nosotros los que necesitemos de esa ayuda.

Tomemos acciones específicas para mejorar la calidad de vida de estas personas. Realicemos tareas de civilidad que coadyuven a esto. Demos empleo y trato digno a todos por el simple hecho de ser seres humanos. Respeto y dignidad a todas las personas y sobre todo seamos sensibles a los que tienen alguna discapacidad.

Respetemos las pequeñas acciones que ya están puestas en práctica como las rampas y lugares exclusivos para personas con discapacidad, que a todas luces vemos que no son respetadas de manera inconsciente por muchos de los ciudadanos.

En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de que debemos redoblar esfuerzos para acabar con la discriminación y la segregación, todo individuo merece ser tratado con dignidad y con respeto.

Por lo que hago una atenta invitación, compañeros legisladores, a que seamos incluyentes, a que legislemos en favor de mejorar las condiciones de vida de todo ser humano y, sobre todo, hoy con este tema tan importante legislemos para que los discapacitados sean incluidos en todos los temas inherentes al desarrollo de nuestras comunidades. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros.

«Efeméride con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En México, 6.6% de la población tiene alguna discapacidad.

Estamos hablando que al 6.6% de mexicanos, por naturaleza, le cuesta más trabajo llevar su día a día.

Y es que hoy en día no hay nada que celebrar, sino mucho que advertir.

La verdad es que somos seres egoístas y asumimos que todos llevan la vida como nosotros la llevamos, pero la realidad es otra, vivimos en un país que NO es terreno amigable para las personas que tienen alguna discapacidad; donde el comercio informal asalta las calles, bloquea las esquinas, donde los carros invaden los cruces peatonales y donde el tomar transporte público se convierte en toda una odisea día tras día.

Abramos los ojos, no esperemos que nuestra empatía sea tocada hasta que una persona con discapacidad llegue a nuestras vidas o seamos nosotros los que necesitemos la ayuda.

Este tema corresponde también a un esfuerzo social.

No hagamos desidia a que el gobierno dicte acciones específicas para mejorar la calidad de vida de estas personas, sino que todos como individuos seamos conscientes y realicemos acciones de civilidad que coadyuven a esto, demos empleo y trato digno a todos por el simple hecho de ser seres humanos y respetemos las pequeñas acciones que ya están puestas en práctica, como las rampas y lugares exclusivos para personas con capacidades diferentes.

Por su parte, al gobierno le exigiría más acción. En la práctica, los derechos de las personas con discapacidad se vuelven complicados, invisibles e ignorados. Se deben doblegar esfuerzos para que estas personas encuentren dignidad en todas las acciones que realizan y brindar las condiciones permanentes para que se encuentren en un escenario en el cual puedan lograr sus sueños y realizar todo lo que se propongan.

Finalmente, me aventuro a confesar mi ignorancia en el tema y declarar que es un terreno con mucho desconocimiento para mí, por lo cual dejo la puerta de mi oficina abierta para escuchar las demandas de este 6.6% de mexicanos que merecen se legisle para lograr un país donde puedan vivir mejor.

Nota:

1 http://www.conadis.gob.mx/doc/contenidos/inegi_2012.pdf

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora también por cinco minutos tiene la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Nos informan que quien va a hacer uso de la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es la diputada Soralla Bañuelos de la Torre.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. No es la discapacidad la que limita a las personas a tener una vida plena y un desarrollo integral. Es la discriminación, la exclusión y la marginación social lo que realmente limita a las personas con discapacidad.

Compañeras y compañeros diputados, el 27 de julio de 1995, fue una fecha muy importante para mí, porque di a luz por segunda vez a un niño, y junto con la alegría de ser madre por segunda vez, recibí la noticia de que mi hijo tenía Síndrome de Down.

Es muy difícil enfrentar como madre esa noticia, pero más difícil es enfrentar como madre y como padre de un niño con discapacidad las dificultades que este mundo tiene para ellos y para quienes somos sus padres.

Puedo contarles de la gran dificultad de ellos para poder hablar, para poder caminar, pero también les puedo decir de la gran dificultad que representa poder acudir a una guardería y solicitar el espacio para que sea cuidado un niño con discapacidad. Es decir, aquellos padres que tenemos el privilegio y la bendición de tener en nuestras casas a una persona con discapacidad, también sabemos que es una lucha constante a la que nos tenemos que enfrentar.

La primera situación difícil que hay que enfrentar es la situación familiar, porque hay mucha falta de información respecto de las personas que sufren alguna discapacidad. Pero después, una serie de trabas que van desde lo educativo, lo social, lo cultural, lo económico, lo laboral para que esas personas puedan insertarse a la vida social.

Después de 22 años les puedo decir que el sistema educativo nacional no contempla una posibilidad después esa edad para que ellos puedan reunirse, para que puedan tener un espacio social.

Los centros de atención múltiple solamente proporcionan espacios de atención hasta los 20 o 22 años de edad. Y es muy difícil que una persona con alguna discapacidad intelectual pueda insertarse a hacer otro tipo de actividades.

Generalmente están confinados a espacios oscuros, a rincones, y en el mejor de los casos, cuando las familias asumen ese reto de tener a alguien así, también tienen que enfrentarse a una sociedad que no comparte la visión y que no tiene claridad de la necesidad de no discriminarlos y darles igualdad de oportunidades.

Hoy en este país, más de 6 millones de personas tienen alguna discapacidad, y sus padres –estoy segura– quienes lo tienen, están preocupados porque, qué va a ser de su futuro cuando ellos ya no estén.

Necesitamos legislar en materia de derechos humanos, en materia de educación, en materia de políticas públicas que permitan legislar sobre inclusión social, laboral, educativa, económica y política de las personas con discapacidad.

En los próximos días, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estaremos presentando una iniciativa a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para exigir a las entidades públicas que al menos tengan una cuota del 2 por ciento de contratación para las personas que tienen alguna discapacidad.

Esa es una deuda que tenemos con ellos, es un reto que tenemos como legisladores y es un desafío que tengo como madre de una persona que tiene una discapacidad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. También en esta ronda tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado Abdies Pineda Morín. Diputado del Partido Encuentro Social, adelante, por favor.

El diputado Abdies Pineda Morín:Presidenta, asamblea, personas con discapacidad, Encuentro Social manifiesta su voluntad para aprobar las iniciativas que hacen falta para dignificar a las personas con discapacidad, pone a disposición de este pleno y de sus comisiones ordinarias su voluntad para mejorar nuestro marco jurídico que supere la pobreza, marginación y exclusión en la que se encuentran el 10 por ciento de las mexicanas y de los mexicanos.

Nuestra bancada ha sido responsable con este sector, en mi persona presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En ella nos ocupamos en que se consideren a los adultos mayores con discapacidad como sector prioritario de las acciones de asistencia social.

Hemos propuesto que el gobierno federal elabore un compendio con los prestadores de diversos servicios para las personas con discapacidad, nuestro proyecto legislativo propone también que el Consejo Nacional para la Inclusión y del Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Conadis, sea sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social y que ese mismo consejo coordine el Sistema Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Respetuosamente nuestra bancada hace un exhorto a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que haga el mejor de los reconocimientos a las personas con discapacidad, dictaminando el proyecto que presentamos en esta tribuna. Siendo autocrítico con este sector, y en el marco de esta conmemoración, he de recordar que en la pasada discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016 reducimos en 20 millones de pesos el presupuesto del Conadis.

Encuentro Social hace un llamado a la Secretaría de Hacienda para que, en el uso de las atribuciones que la ley le otorga y por medio de reasignaciones, le devuelva los recursos reducidos por esta soberanía al consejo. Encuentro Social se manifiesta a favor de esta medida financiera que redunde en la suficiencia presupuestaria para el cumplimiento del Programa Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para que en un cercano informe ante el comité de expertos de la ONU entreguemos mejores cuentas al mundo sobre la situación de las personas con discapacidad en México.

Encuentro Social expresa su reconocimiento a las mujeres y hombres con discapacidad que todos los días contribuyen a la grandeza de la nación, y entiende que ellos deben ser arquitectos de su propio destino, tal y como lo mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Anunciamos que haremos un respetuoso llamado a las organizaciones de la sociedad civil, para que juntos diseñemos una agenda legislativa que tenga como pilares sus derechos políticos y civiles, la superación de la pobreza, la inclusión social plena, la eliminación de toda forma de discriminación y la certeza jurídica ante la sociedad.

En el marco del Día internacional de las personas con discapacidad, Encuentro Social coloca su voluntad sobre la mesa para alcanzar consensos que otorguen una vida digna a todas las personas con discapacidad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado.

Se informa a la asamblea que se encuentran cuatro dictámenes con proyecto de decreto de diversas comisiones. Pido a la Secretaría dar cuenta.

VOLUMEN II

DECLARATORIAS DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES

EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA INDUSTRIA PETROLERA, Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Industria Petrolera, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN III

EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN IV

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

INICIATIVA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Asentamientos Humanos. También para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita también por la diputada Yolanda De la Torre y la diputada Claudia Edith Anaya Mota. Así como también para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia. Es decir, cinco proyectos de iniciativa. Adelante, por favor, diputada.

La diputada Yolanda De la Torre Valdez:Gracias, líder. Antes de iniciar, señora presidenta, quisiera tener la oportunidad de saludar a diferentes líderes nacionales y estatales que nos visitan hoy, este día en el marco internacional de las personas con discapacidad.

Muchísimas gracias, Alejandro Gallardo, de Morelos; a Martha Corona, de Puebla; a Juan Manuel Maya, del Distrito Federal; a Wendy Morales, desde el estado de México; Armando Quinto, del Distrito Federal; a Cristian Santiago, de Guerrero; a Jesús Rasgado, de Chiapas; a Daniel Cubero, de Tabasco; a Xóchitl Cabrera Coahuila; a Gabriel Cárdenas, de Guanajuato; y a Lucía Corona, del Distrito Federal, en ustedes, amigos y amigas, saludo a los líderes de las personas con discapacidad del Movimiento Asociativo.

Con su venia, señora presidenta. Con su permiso, señor coordinador, diputado César Camacho Quiroz, gracias, líder por todo tu apoyo. Compañeras y compañeros diputados, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad lo que hoy primero quiero hacer es, reconocer a todas y a todos ustedes.

Reconocer el compromiso que han tenido con más de 10 millones de personas con discapacidad en este país y que quedó manifiesto en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, ahí ustedes, las y los diputados de esta LXIII Legislatura le dijeron a la nación que están comprometidos con las personas con discapacidad al aprobar el primer presupuesto con perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad y esto, amigos y amigas, es de verdad histórico.

Estas son de las grandes cosas que hacemos, que vale la pena decirle a la nación, por eso lo primero que hoy quiero hacer es felicitarlos y, de verdad, reconocerles su gran compromiso.

En México tenemos una larga lucha en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sin precisar solamente haré referencia de manera muy breve, con Luis Donaldo Colosio Murrieta empezó en este país el gran Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad.

Fue Luis Donaldo Colosio Murrieta quien generó la formación del Movimiento Asociativo en este país, con más de 800 organizaciones. Fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, el primero que impulsó la primera reforma al Código Civil. Fue con Luis Donaldo Colosio, que desde el poder se visibilizó nuestra causa.

Con el presidente Ernesto Zedillo se construyó el primer Programa Nacional Integral, el Programa Nacional para el Bienestar en la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Después con el presidente Fox, la Oficina para la Atención de Personas con Discapacidad, en Los Pinos. Posteriormente, con un gran hombre, aquí el diputado Madero presentó ya una iniciativa a nombre de la Comisión, coordinada por él, de don Gilberto Rincón Gallardo, que con la calidad ética y moral que tuvo impulsó al seno de las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Y fue la LXI Legislatura donde impulsamos, junto con mi compañera Claudia Anaya, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Hoy, con el presidente Enrique Peña Nieto nueve compromisos Presidenciales, pero además es el presidente Enrique Peña Nieto el primero que presenta el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad plenamente armonizado con la Convención.

Además, la gran reforma de derechos humanos de 2011, de verdad y siempre lo digo, la gran reforma, este país empieza a cambiar y empieza a tener un nuevo paradigma de la visión de los derechos humanos.

Pasamos, y además es de enorme trascendencia, que pasamos de la visión de enfermedad a una visión de derechos humanos. Antes se pensaba que la discapacidad se debería atender como enfermos.

Amigos y amigas, si nuestra va hacia atrás, evidentemente que nos damos cuenta cuánto hemos avanzado, pero si nuestra mirada va hacia el frente sabemos todo lo que falta por hacer. Y como diría Ema Watson, la actriz británica al seno de Naciones Unidas, “si no soy yo, quién”. “Si no es ahora, cuándo”.

Compañeros y compañeras diputadas, si no somos nosotros, esta LXIII Legislatura, entonces quién. Si no somos ahora, si no lo hacemos ahora, entonces cuándo. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI nos hemos permitido presentar estas cinco iniciativas de reforma y adición a diversos ordenamientos del Marco Jurídico, con el fin de armonizarlo con la Convención y estar a la altura de lo que nuestra Ley Fundamental nos mandata.

Estamos presentando reformas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención y Cuidado de Desarrollo Infantil. A la Ley General de Vivienda. A la Ley General de Asentamientos Humanos. A la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE, a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y una reforma al artículo 73 constitucional.

No precisaré el alcance y los contenidos de estas propuestas, porque ahí están en la Gaceta Parlamentaria para su análisis y estudio.

Lo que yo quisiera aprovechar en este poquito tiempo que me queda, es invitarlos a analizar y reflexionar sobre este documento que la Comisión de Derechos Humanos ha puesto hoy en su curul y que tiene que ver con los términos adecuados.

Compañeros diputados, es bien importante que aprendamos a hablar sobre las personas con discapacidad como debe ser. Todos ustedes, estoy cierta de ello, han estado en los barrios, colonias y fraccionamientos de este país pidiendo el voto, abanderando causas, pero lo primero que tenemos que hacer es referirnos a las personas con discapacidad con el lenguaje apropiado, primero personas, porque somos primero personas y la discapacidad es una condición de la persona.

Alguien algún día se le ocurrió y aquí lo dijo ya un compañero diputado, poner en la Constitución y promover capacidades diferentes, y a veces pensamos que decir capacidades diferentes se escucha como bonito, como amable, como generoso, que pareciera que nos vemos lindos. No nos vemos lindos, nos vemos desinformados, porque lo que nosotros somos, somos personas con discapacidad y está perfectamente contextualizado.

Por eso los invito a reflexionar estos términos de lo correcto y de lo incorrecto. Por qué diferenciarnos. Nosotros no les decimos a las personas, personas sin discapacidad diferentes, jamás diferenciamos a los demás, porque sabemos que todos los seres humanos somos diferentes, cuando nosotros utilizamos la diferencia en el lenguaje estamos discriminando y excluyendo. Tampoco somos héroes, ni somos maravillosos.

La discapacidad es una condición que nos tocó vivir, así es la vida y corresponde a nosotros salir adelante y enfrentarla, pero eso no nos hace ni más ni menor. Lo que nosotros enfrentamos son las barreras culturales, lo que nosotros, nuestra verdadera discapacidad corresponde a nosotros superarla, pero no la podemos superar porque afuera hay exclusión y discriminación, porque hay barreras culturales que nos segregan, tampoco la sufrimos.

Los seres humanos todos y todas sufren por lo que quieren sufrir, por amor y desamor, porque se divorcian, porque no se divorcian, porque no tienen el trabajo que desean. Los seres humanos sufren por lo que desean sufrir, cada quien asume por lo que quiere sufrir. Pero hablar que las personas con discapacidad sufrimos una discapacidad no es correcto. Nosotros tenemos que decidir si sufrimos o no, jamás he sufrido por la discapacidad. No nos achaquen sufrimientos que no nos corresponden. No está bien dicho. Dejemos que nosotros asumamos, como ustedes lo hacen, por qué cosas queremos sufrir.

Por eso quise aprovechar este espacio para invitarlos a reflexionar sobre la conceptualización para que aprendamos a decir: Aquí están las personas con discapacidad. Mi discurso era un poco diferente y me dijeron: Yolanda, diles que nos hablen de manera adecuada. A veces van y nos buscan, y buscan nuestro voto y ni siquiera saben cómo se deben conceptualizar. Por eso no les creemos.

Compañeros y compañeras, tenemos la gran oportunidad. Sé que contamos con ustedes. Muchísimas gracias porque estoy convencida que esta Legislatura hará el gran cambio de paradigma.

Como dice la convención: Nada de nosotros sin nosotros. Nada humano me es ajeno. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda De la Torre Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el duodécimo Censo General de Población y Vivienda de 2000, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) definió a la población con discapacidad como aquella que presenta alguna limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano, en ese censo se identificó a un millón 795 mil personas con discapacidad, las cuales representan 1.8 por ciento de la población total.

Entre los motivos que producen la discapacidad, a decir del Inegi, se clasifican en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada, en este sentido señala que de cada 100 personas con discapacidad, 39 de ellas la tienen porque sufrieron alguna enfermedad; 23 están afectados por edad avanzada; 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer; 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente y 8 se encuentran en esta condición debido a otras causas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las personas con discapacidad constituyen 15 por ciento de la población mundial, esta discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, en este sentido la mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar la atención de salud, frente a un tercio de las personas sin discapacidades, también tienen más probabilidades de estar desempleadas que las personas no discapacitadas y son también más vulnerables a la pobreza y son afectadas por patrones de discriminación como las altas tasas de desempleo, los prejuicios sobre su productividad y la falta de acceso al lugar de trabajo.

En México, a decir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2012, 6.6 por ciento de la población del país reporta tener discapacidad. La mayoría de las personas con discapacidad en 2012, son adultos mayores, entre los principales tipos de discapacidad se encuentra la dificultad para caminar, también nos señala que en 19 de cada cien hogares del país vive al menos una persona con discapacidad.

Esta realidad que viven miles de mujeres y hombres en el mundo es abordada tanto en la política pública como en la legislación a nivel nacional e internacional, dentro de los instrumentos internacionales que abordan la discapacidad, podemos señalar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, cuyo principal objetivo es generar un cambio en la forma de considerar socialmente a las personas con discapacidad, para reconocer a cada una su carácter de titular de derechos, así como la facultad y capacidad de tomar decisiones sobre su vida, y su total participación en la formulación e implementación de políticas públicas que puedan afectarle.

A nivel nacional la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de mayo de 2011, establece las condiciones en las que el estado deberá de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera complementaria la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución, es la encargada de desarrollar normativamente el principio de no discriminación y establece como su objeto la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato.

El 30 de abril de 2014, se publicó en el DOF el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPD) 2014-2018.

Este contexto normativo ofrece la oportunidad para fortalecer las políticas que contribuyan a la inclusión de las personas con discapacidad.

El principio de inclusión de los derechos de las personas con discapacidad implica ser tratadas de modo igual por la ley se asocia usualmente con la prohibición de llevar a cabo prácticas discriminatorias y de respetar y hacer respetar los derechos sin distinción alguna que prescribe la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos.

El cumplimiento del principio de inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, implica gozar de sus derechos humanos en términos de igualdad, sin discriminación de ningún tipo, por el contrario, de acuerdo a su condición específica debe disfrutar de ciertos derechos entre los que encontramos:

• El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales.

• El derecho a la igualdad de oportunidades.

• El derecho a una completa igualdad y protección ante la ley.

• El derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza.

• El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.

• El derecho a ser tratado con dignidad y respeto.

• El derecho a la movilidad.

En este sentido la incorporación en la norma del principio de inclusión abona al ejercicio y acceso de los derechos de las personas con discapacidad. Es menester desde el Poder Legislativo armonizar la legislación existente en la materia y en este sentido la presente iniciativa tiene la intensión de adicionar una fracción al artículo 73 constitucional.

Este artículo 73 establece las facultades del Congreso de la Unión y las materias sobre las cuales éste puede expedir leyes. Ha sido un catálogo de temas que evidencian los intereses de los legisladores, y el tema del respeto por los derechos de las personas con discapacidad y la incorporación del principio de inclusión en la norma de manera transversal no pueden ser la excepción.

La inclusión de este tema en el artículo 73 constitucional tiene gran importancia: abrirá la puerta legislativa para que puedan ser aprobadas iniciativas de ley en materia de inclusión que tienen como único objetivo el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos de la personas con discapacidad, compromisos que también el Estado mexicano tiene hacia el exterior por haber ratificado instrumentos jurídicos internacionales en la materia.

El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona la fración XXIX-P al artículo 73, que dota al honorable Congreso de la Unión la facultad para expedir “leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.”

Este ordenamiento ha permitido al Estado mexicano especificar de forma precisa las concurrencias en la materia, dando como origen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su posterior réplica en los marcos jurídicos estatales. Actualmente no todos los estados de la Unión cuentan con legislaciones propias en materia de discapacidad y los ordenamientos existentes se encuentran desarmonizados con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente el Comité sobre la Convención de la ONU, se pronunció en octubre de 2014, sobre el estado que guarda la implementación de la convención en nuestro país, para efectos de esta exposición de motivos, se cita lo siguiente:

El comité recomienda al estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad.

Más aún, no todas las entidades federativas cuentan con dependencias públicas para la atención de las personas con discapacidad y no existe uniformidad en los criterios para su aplicación. La presente reforma establecería un criterio uniforme para la aplicación de las políticas públicas en la materia.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de inclusión de las personas con discapacidad, a fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad

I. a XXIX-W. ...

XXIX-X. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de inclusión de las personas con discapacidad, a fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos.

XXX....

Transitorios

Primero.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes que den cumplimiento al presente mandato constitucional en un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma.

Notas:

1. Datos de la OMS página web http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 05-02-1917, Modificado DOF 12-10-2011, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

3. Observaciones Finales sobre el Caso México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU, 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.— Diputados: Yolanda De la Torre Valdez,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana María Boone Godoy, Andrés Aguirre Romero, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Carlos Iriarte Mercado, Cristina Sánchez Coronel, David Aguilar Robles, Delia Guerrero Coronado, Edith Anabel Alvarado Varela, Edith Yolanda López Velasco, Efraín Arellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Geanni Raúl Ramírez Ocampo, Javier Guerrero García, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, José Alfredo Torres Huitrón, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julio Saldaña Moran, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Mara Isabel Maya Pineda, Marco Polo Aguirre Chávez, María Del Rocío Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Hilda González Calderón, Martha Sofía Tamayo Morales, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Olga María Esquivel Hernández, Ramón Bañales Arambula, Ramón Villagómez Guerrero, Ricardo David García Portilla, Rocío Díaz Montoya, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Silvia Rivera Carbajal, Xitlalic Ceja García, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La diputada Yolanda De la Torre Valdez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Yolanda De la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de no discriminación y accesibilidad al sufragio por parte de las personas con discapacidad al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

La democracia está fundada sobre el principio de igualdad, tal como lo establece la Constitución en su artículo 1o., que garantiza a todas las personas todos los derechos humanos consagrados en la Carta Magna, la acción de la igualdad en la democracia se expresa concretamente el artículo 35 en cuyo texto se lee:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I.Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

Esta posibilidad universal no solo de elegir, sino de también ser electo a cualquier cargo, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias para ello, es el espíritu mismo de la democracia, en palabras del presidente Abraham Lincoln, “el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo..”; donde cada persona tiene la oportunidad de contribuir a la construcción del espacio que se comparte, la naturaleza propia de la democracia la participación única de cada ciudadano en las decisiones que impactan el destino de su país.

Este derecho se encuentra reglamentado bajo el amparo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 2014, la cual establece facultades en materia electoral y cuyos objetivos relacionados con el interés de la Iniciativa, se enuncian en el los incisos a) y c) del numeral 1 del artículo 2, en cuyo texto se lee:

Artículo 2.

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a) Los derechos y obligaciones poli?tico-electorales de los ciudadanos;

....

c) Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y

Por lo que para efectos de la exposición de motivos esta ley se convierte en materia de análisis y reforma, debido a su importancia en la participación política de los diversos colectivos sociales, en particular de las personas con discapacidad para acceder principalmente al sufragio libre, universal, secreto y directo.

Las personas con discapacidad, no siempre han encontrado los mecanismos necesarios para emitir su voto y participar en los procesos electorales, la falta de accesibilidad universal en los materiales electorales, la ausencia de medios alternativos y aumentativos de comunicación para conocer la información política y electoral, la inexistente capacitación a los funcionarios de casilla respecto al trato y los derechos de las personas con discapacidad y la instalación de las casillas en sitios inaccesibles, son algunas de las principales dificultades que enfrenta este colectivo social.

La discapacidad se concibe como una serie de limitaciones en la interacción de las personas con su entorno, derivado de sus propias características físicas, sensoriales, verbales o intelectuales, pero fundamentalmente de las omisiones de la sociedad respecto a sus necesidades para desenvolverse en plenitud. La discapacidad no es resultado único de las características propias de las personas, antes bien estas características abonan positivamente la diversidad humana.

La Iniciativa tiene el objetivo de realizar acciones que permitan a las personas con discapacidad participar en equidad en los procesos electorales, no sólo en la acción propia del sufragio; sino también en el acceso a la información electoral durante las campañas y el día de la elección; y finalmente eliminar de la Ley en comento, algunos términos de carácter discriminatorio o inadecuado para referirse a las personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 29 una serie de obligaciones concernientes a los Estados Parte, en materia de participación en la vida política y pública, en relación a este grupo social, el cual se cita a continuación para los fines que persigue esta exposición de motivos:

Artículo 29. Participación en la vida política y pública:

Los Estados Partes garantizaran a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

Estos derechos no han sido debidamente incorporado al marco normativo de la Ley en comento, más aún es el interés de la Iniciativa armonizar a través de una exposición explícita que garantice debidamente las prerrogativas enunciadas anteriormente, lo cual permitirá abatir la discriminación e incrementar progresivamente la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, principalmente a través del ejercicio efectivo del sufragio y el acceso a la información pública en materia en medios accesibles.

De acuerdo con el documento titulado “Observación General número 2, sobre el artículo 9 accesibilidad” publicado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este término no constituye un nuevo derecho, sino por el contrario un principio a través del cual se accede en plenitud a un derecho previamente enunciado, citando textualmente se lee: “La Convención consagra claramente la accesibilidad como la condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad y disfrutar de manera ilimitada de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. La Convención no crea nuevos derechos; de hecho, la accesibilidad no debe considerarse como un nuevo derecho.” Esta premisa permite exponer que la intención de la Iniciativa no es modificar la estructura del bien jurídico, que la ley protege, es decir el consagrado en el artículo 35 Constitucional; el objetivo que se persigue es dotar a la ley sujeta a reforma, de una serie de acciones afirmativas que garanticen el ejercicio de los derechos mencionados para las personas con discapacidad, a través del principio de accesibilidad universal, en los términos de la Convención.

El 30 de septiembre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicó el documento titulado “Observaciones finales sobre el informe inicial de México”, el cual incluye una serie de recomendaciones y preocupaciones sobre el estado que guarda la implementación de la Convención en nuestro país, en particular relación con el artículo 29 y su aplicación en el territorio nacional, se cita la siguiente recomendación, que a la letra dice:

Participación en la vida política y pública (artículo 29)

55. El Comité se encuentra preocupado por la denegación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y que los procedimientos, instalaciones y materiales no sean accesibles.

56. El Comité urge al Estado parte a modificar la disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Le recomienda también asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

De acuerdo a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, la falta de accesibilidad es considerada una forma de esta conducta que limita y vulnera la dignidad de las personas, de acuerdo al texto de la fracción XXII Bis del artículo 9 en cuyo texto se lee:

Artículo 9. (Primer párrafo derogado)

Con base en lo establecido en el artículo primero Constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

...

XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;

Por lo que la Iniciativa se inscribe como una acción acorde a la Ley citada anteriormente, subsanando la ausencia de los medios accesibles en materia electoral, en claro cumplimiento al mandato del artículo 1 constitucional, así como a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de julio de 2014, establece diversas disposiciones en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, en particular la obligación expresa de Estado en materia, por conducto del artículo 199, en cuyo texto se lee:

Artículo 199. El Ejecutivo federal y el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán que los usuarios con discapacidad, tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, en igualdad de condiciones con los demás usuarios.

La ley citada en el párrafo anterior, mantiene una relación estrecha con la Iniciativa, porque faculta al Estado en su conjunto a realizar acciones que en su conjunto incluyan a las personas con discapacidad, es decir que estos ejerzan el derecho a la información y la comunicación con el uso pleno de de las tecnologías relativas.

Es por tanto que faculta al Instituto Nacional Electoral (INE), para promover explícitamente que la información de carácter electoral, sobre la cual tiene responsabilidad expresa, sea transmitida a las personas en formatos accesibles, según su discapacidad, en particular a través de la Lengua Mexicana de Señas y el Sistema de Escritura Braille, atendiendo a las necesidades los grupos de personas con discapacidad con mayor rezago en cuanto a el acceso a la información se refiere.

Otro objetivo de la Iniciativa es que el INE dentro de sus atribuciones incluya en el proceso electoral mecanismos de accesibilidad durante el ejercicio del voto, mediante la existencia en la mayor medida posible de materiales accesibles, tales como mamparas con una altura que permita el voto secreto de personas de talla pequeña o usuarios de silla de ruedas, lupas o planillas en Sistema de Escritura Braille, Sellos “X” y cualquier otro material de índole similar.

Capacitando a los funcionarios de casilla, sobre los derechos de las personas con discapacidad relativos al proceso electoral, promoviendo la no discriminación y la accesibilidad universal. Para lo cual se reforma el numeral 5 del artículo 280, que impedía expresamente el acceso a la casilla a personas “privadas de sus facultades mentales”, consistiéndose en un evidente acto de discriminación por discapacidad para ejercer el sufragio, así como el numeral 2 del artículo 279 que permite que las personas con discapacidad sean acompañadas por una persona de su confianza que pueda fungir como interprete o auxiliar durante el ejercicio del sufragio, sin que por ello se vulnere la secrecía del voto, al consentir el ciudadano su conocimiento por parte de su acompañante.

Finalmente se renombra el concepto de incapacidad física contenido en el numeral 1 del artículo 141 y el numeral 2 del artículo 279, por el de discapacidad permanente o temporal, debido a que este concepto proviene de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, que la considera como una imposibilidad para ejercer un trabajo, de acuerdo a la fracción IV del artículo 53, en cuyo texto se lee: IV. “ La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo”, sin embargo este es un término inadecuado debido a que tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus artículos 8º y 27, así como la Constitución en sus artículos 1º, 5º y 123, reconocen el derecho al trabajo lícito por parte de las personas con discapacidad, al considerarlo fundamental, libre de discriminación y reconociendo las habilidades para desempeñarlo por las personas con discapacidad. Por lo que para efectos de una correcta expresión del espíritu de los artículos de la LEGIPE en comento, se reemplaza el término por discapacidad temporal o permanente.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se reformanel numeral 1 del artículo 141, el numeral 7 del artículo 218, el numeral 2 del artículo 279, los numerales 1 y 5 del artículo 280 y se adicionanel inciso l) recorriéndose al inmediato posterior, del numeral 1 de artículo 58, el numeral 4 del artículo 160, el inciso e) del numeral 1 del artículo 216 y el numeral 7 del artículo 266, el inciso j) del numeral 1 del artículo 269, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 58.

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

...

l) Diseñar y proponer contenidos de capacitación que promuevan la no discriminación y la inclusión al proceso electoral por parte de las personas con discapacidad, tanto como electores, como funcionarios de casilla,

m) Las demás que le confiera esta Ley.

...

Artículo 141.

1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que tengan discapacidad permanente o temporal que les impida acudir a inscribirseante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su discapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector con discapacidad.

...

Artículo 160.

...

4. El Instituto vigilará que los mensajes y programas con fines electorales, propios del Instituto y de otras autoridades electorales, así como los que por medio de las prerrogativas y derechos contenidos en la Constitución y en la Ley; sean accesibles para las personas con discapacidad, cuando se transmitan por medios audiovisuales, conteniendo interpretación en Lengua Mexicana de Señas o subtitulación en español, entre otras medidas afines.

...

Artículo 216.

1. Esta Ley y las leyes electorales locales determinarán las características de la documentación y materiales electorales, debiendo establecer que:

...

e) Los materiales electorales deberán elaborarse con medidas de accesibilidad y diseño universal y considerar otros elementos que permitan la votación para las personas con discapacidad, tales como planillas sobre puestas en sistema de escritura braille, lupas de aumento, sellos “X”, mamparas portátiles o de altura reducida, entre otros.

...

Artículo 218.

...

7. La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo. La transmisión de los debates por medios audiovisuales deberá contar con interpretación en Lengua Mexicana de Señas.

...

Artículo 266.

...

7. Las boletas electorales deberán considerar medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, entre otras planillas sobre puestas con sistema de lectura braille.

...

Artículo 269.

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente:

...

j) Los materiales que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad, tales como planillas en lenguaje braille, mamparas portátiles o con altura reducida, sello “X”, lupas de aumento para las boletas, entre otras.

...

Artículo 279.

...

2. Aquellos electores que no sepan leer o que sean personas con discapacidad temporal o permanente,podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe y les auxilie en el proceso de votación.

...

Artículo 280.

1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad,garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de esta Ley.

...

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 05-02-17, Reformado el 09-08-12, Consultado 26-11-15, Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 Lincoln, Abraham, Discurso en Gettysburg, Pennsylvania, 19-11-1863.

3 Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, DOF 24-05-14, consultado 25-11-15, disponible en: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf

4 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, consultado 25-11-15, disponible en http://www.un.org/esa/socdev/ enable/documents/tccconvs.pdf

5 Observación general no. 2, sobre el artículo 9: accesibilidad, Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, consultado 25-11-15; disponible en: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/ CRPD/GC/DGC Article9_sp.doc

6 Observaciones finales sobre el informe inicial de México (CRPD/C/MEX/I), ONU, consultado 25-11-15, disponible en: http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-ini cial-de-mexico

7 Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, DOF 11-06-03, Reformado DOF 20-03-14, consultado 25-11-15; disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf

8 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, DOF 14-07-14, consultado 25-11-15, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf

9 Artículo 53, Ley Federal del Trabajo, DOF 01-04-70, reformado 12-06-15, consultado 25-11-15, disponible en: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Yolanda De la Torre Valdez,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana María Boone Godoy, Andrés Aguirre Romero, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Carlos Iriarte Mercado, Cristina Sánchez Coronel, David Aguilar Robles, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Edith Anabel Alvarado Varela, Edith Yolanda López Velasco, Efraín Arrellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyn Parra Álvarez, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Javier Guerrero García, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, José Alfredo Torres Huitrón, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julio Saldaña Moran, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Mara Isabel Maya Pineda, Marco Polo Aguirre Chávez, María Del Rocío Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Hilda González Calderón, Martha Sofía Tamayo Morales, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Olga María Esquivel Hernández, Ramón Bañales Arambula, Ramón Villagómez Guerrero, Ricardo David García Portilla, Roció Díaz Montoya, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Silvia Rivera Carbajal, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Xitlalic Ceja García, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.

LEY DE VIVIENDA Y LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

La diputada Yolanda De la Torre Valdez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Vivienda, y General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda De la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Vivienda, y General de Asentamientos Humanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La discapacidad es una condición que resulta de la interacción de las personas con su entorno, en función de sus características físicas, cognitivas, sensoriales, verbales, entre otras, y las ausencia de medidas que permitan su inclusión en el mismo, es decir la discapacidad no es una situación única de las personas, es consecuencia de la relación de dos factores, las características de las personas y las condiciones del entorno.

Derivado de esta premisa, se plantea un modelo social para la discapacidad el cual consiste fundamentalmente en que la sociedad en conjunto, considere y ejecute acciones de inclusión para las personas con discapacidad, favoreciendo en todo momento el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Por tanto, la presente iniciativa se suscribe en los términos que faculten a los responsables señalados en la ley a generar acciones que fomenten el ejercicio de las personas con discapacidad a la vivienda y el entorno físico donde sea que residan.

La vivienda y el entorno físico determinan fundamentalmente la vida de las personas, ahí coexisten e interactúan el ejercicio de múltiples derechos, principalmente se enuncian, la seguridad, la movilidad, el libre ejercicio de la personalidad y la dignidad humana. Es decir, es lícito argumentar que de la vivienda y el entorno físico depende en gran medida el desarrollo posible de las personas, a través de los principios de progresividad y libertad.

Para clarificar este argumento, se expone lo siguiente: las personas con discapacidad se consideran vulnerables, en correlación con la definición del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. Este grupo social enfrenta diversos rezagos en cuanto al ejercicio en plenitud e igualdad sus derechos humanos, lo cual se debe principalmente a la ausencia de acciones específicas que permitan su inclusión al desarrollo, este tipo de acciones son consideradas en términos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, como medidas de nivelación, que incluyen una serie de conceptos puntuales que precisan su alcance y aplicación, en particular se refiere la fracción I del artículo 15 Quáter: “Las medidas de nivelación incluyen, entre otras: I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y comunicaciones”. La suficiencia de estas medidas determinará el grado de interacción plena de las personas con discapacidad en su entorno, tanto en el espacio público, como en el ámbito privado, es decir el entorno urbano y la vivienda, respectivamente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la vivienda en el párrafo séptimo del artículo 4o.: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. A su vez, la interpretación del ejercicio a un entorno favorable para el desarrollo de las personas, a través del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, se constituye de la interpretación de la sentencia contenida en el párrafo quinto del ya citado artículo que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”. Sustentada esta argumentación con base en la correspondencia entre la actividad humana y el medio ambiente, de ahí que exista la necesidad de crear dentro del marco jurídico nacional un instrumento que permita la regulación de los centros poblacionales, que recibe el nombre de Ley General de Asentamientos Humanos, que persigue los objetivos descritos en el artículo 1o.:

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto

I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población; y

IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

En correlación con lo anterior expuesto, el orden jurídico nacional cuenta con una ley reglamentaria del texto citado del artículo 4o. constitucional, en materia de vivienda, estos instrumentos dan pauta para que la Iniciativa sustente la necesidad de reformar en materia de accesibilidad, considerando este principio como el elemento necesario y suficiente para que las personas con discapacidad, accedan en igualdad de condiciones a los derechos consagrados en la Constitución citados.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el tratado fundamental en materia, el cual señala la accesibilidad como el principio indispensable para el acceso al ejercicio en plenitud de los derechos, tal como lo señala su preámbulo, que se cita a continuación:

v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanosy las libertades fundamentales

La accesibilidad no es considera un derecho solo un principio, en los términos de la observación general número 2, sobre el artículo 9, “Accesibilidad”, en cuyo texto se lee:

El artículo 9 de la convención consagra claramente la accesibilidad como la condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad y disfrutar de manera ilimitada de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. La convención no crea derechos; de hecho, la accesibilidad no debe considerarse como un nuevo derecho.

Asimismo, la convención señala puntualmente las responsabilidades de los estados parte, en relación con la garantía de los derechos en comento, en los artículos 9, 28, el cual se cita a continuación:

1. Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:

...

d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó el 3 de octubre de 2014 una serie de recomendaciones y observaciones sobre el estado que guarda la implementación de la Convención en México, del cual se cita a continuación el texto referido sobre el artículo 28 citado.

53. El comité se encuentra profundamente preocupado por la situación de exclusión, pobreza, falta de acceso al agua potable y saneamiento, vivienda digna y condiciones generales de pobreza en que se encuentran las personas indígenas con discapacidad y la falta de información al respecto.

En correlación directa con estos postulados, es necesario referir que de acuerdo al mandato del artículo 133 constitucional, los tratados internacionales serán considerados ley suprema en la Unión, por lo que el Estado mexicano tiene no sólo la facultad de realizar acciones, sino bajo el mandato del artículo 1o. constitucional, son obligaciones irrenunciables la protección, promoción y garantía de los derechos humanos y por ende la eliminación de toda forma de discriminación. De ahí se desprenden los principios de no discriminación y pro persona, contenidos en los párrafos quinto y segundo, respectivamente, es conveniente para efectos de la exposición de motivos, citar el artículo en comento:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como se citó, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define las acciones que afirman el acceso en plenitud a los derechos humanos, puntualmente señala que la ausencia de ellos es una forma de discriminación que debe ser prevenida y eliminada, como lo señala la fracción XXII Bis del artículo 9, que a la letra dice: “Con base en lo establecido en el 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III, de esta ley, se consideran como discriminación, entre otras: ... XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;”

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en el artículo 16 “el derecho a la accesibilidad universal (sic) y a la vivienda, entendiéndose la primera prerrogativa como el derecho a que el entorno físico, mismo que contiene la vía pública, los mecanismos de movilidad urbanos y de transporte y el diseño de los asentamientos humanos, debe considerar este principio.

Por ello, la iniciativa se considera fundada, en las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. y 4o.; en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los artículos 9 y 28; en la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación en el artículo 9, fracción XXII Bis, y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en los artículos 1o., 3o., 4o. y 16 a 18.

En la publicación más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) se obtienen los siguientes indicadores respecto a los indicadores de pobreza y discapacidad. Respecto a la carencia vivienda digna, en el año 2014 en México había 3.9 millones de viviendas con piso de tierra y 10.2 millones en condiciones de hacinamiento, de la relación entre pobreza y discapacidad, 4.1 millones de personas con discapacidad están en situación de pobreza, 1 millón de personas con discapacidad, aproximadamente tenían carencia de vivienda digna y 1.7 millones no contaban con servicios básicos en sus viviendas. Más aún, 3.9 millones de personas con discapacidad se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo y 3.1 millones no cuentan con seguridad social, el principal instrumento para la adquisición de una vivienda de interés social, adicionalmente que el primer indicador nos refiere que 3.9 millones de personas con discapacidad no están en la posibilidad de que ellos o sus familias sean sujetos de un crédito hipotecario.

Esta realidad nos permite motivar la iniciativa en el sentido que es necesario que la vivienda digna para las personas con discapacidad, este incluida como uno de los objetivos de la Ley de Vivienda, de forma específica y explícita; debido a que a pesar de que esta ley considera prioritario de atención a las personas pobres, no expone con precisión a las personas con discapacidad como un grupo prioritario con necesidades distintas, de acuerdo con lo expuesto; es decir, la política actual en vivienda no considera las diferencias transversales de las personas con discapacidad en situación de pobreza. Que requieren fundamentalmente la accesibilidad universal para acceder a este derecho, más aún las personas con discapacidad o sus familias que cuentan con seguridad social, según el Coneval 48 por ciento de la población con discapacidad total; no encuentran una oferta que les permita obtener una vivienda que satisfaga sus necesidades básicas al no considerarse la accesibilidad como un principio rector en la política nacional de vivienda.

Respecto a la Ley de Asentamientos Humanos, se considera prudente incluir el concepto de accesibilidad en su rectoría y objetivos, principalmente porque ambos ordenamientos guardan una relación estrecha al no poder concebirse una vivienda accesible dentro de un entorno urbano inaccesible y viceversa, es decir ambos factores son correlativos y proporcionales, puesto que las condiciones del entorno determinarán forzosamente a las viviendas.

Por tanto, la iniciativa propone adicionar en la Ley de Vivienda el concepto de accesibilidad e identificar puntualmente a las personas con discapacidad, estableciendo facultades por parte de las autoridades competentes. Adicionalmente se manifiesta incluir en la Ley General de Asentamientos Humanos, el principio anteriormente referido en la rectoría de la Ley con la finalidad de establecer una armonía entre estos ordenamientos legales. Finalmente se expresa la obligación de incorporar a las personas con discapacidad en los procesos de modificación de su entorno.

Por lo expuesto, y de acuerdo con los artículos citados en el proemio, se presenta el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reformanel primer párrafo del artículo 2o., el primer párrafo del artículo 5o., la fracción IV del artículo 6o., la fracciones XII y XIII del artículo 8o., las fracciones II y VII del artículo 19, los párrafos primero y segundo del artículo 44, el primer párrafo del artículo 55, la fracción II del artículo 62, el primer párrafo del artículo 71, el primer párrafo del artículo 72 y la fracción II del artículo 87; y se adicionan la fracción I del artículo 4o. recorriéndose al inmediato posterior, la fracción I Bis del artículo 6o., la fracción I Bis del artículo 62 y la fracción IV del artículo 82 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, garantice la accesibilidad universal particularmente para personas con discapacidad, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II. a XV. ...

...

Artículo 5. Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios, accesibilidad,edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito.

Artículo 6. La política nacional de vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. ...

I Bis. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para las personas con discapacidad, a través de la construcción de vivienda accesible en las zonas urbanas y comunidades rurales.

II. y III....

IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares , garantizando la accesibilidad universal;

V. a XII. ...

Artículo 8. El Programa Nacional de Vivienda contendrá

I. a XI. ...

XII.Los instrumentos y apoyos a la producción social de vivienda, a la vivienda de construcción progresiva, a la vivienda accesible para las personas con discapacidad y a la vivienda rural;

XIII.Las estrategias y líneas de acción para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda para los pueblos y comunidades rurales e indígenas y para las personas con discapacidad.

...

Artículo 19. Corresponde a la comisión

I. ...

II.Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de vivienda observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial , la accesibilidad universal y el desarrollo sustentable.

III. a VI. ...

VII.Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza o discapacidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII. a XXIV. ...

Artículo 44. El sistema de información contendrá los elementos que permita mantener actualizado el inventario habitacional, determinar los cálculos sobre el rezago y las necesidades de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a los servicios básicos , su accesibilidad, así como la adecuada planeación de la oferta de vivienda, los requerimientos de suelo y la focalización de programas y acciones en la materia.

Entre otros indicadores de evaluación, deberán considerarse los siguientes: metas por cobertura territorial; beneficiarios por grupos de ingreso en veces el salario mínimo y modalidades de programas, ya sea que se trate de vivienda nueva, sustitución de vivienda, en arrendamiento o del mejoramiento del parque habitacional; evaluación de los productos habitacionales en términos de su ubicación en los centros de población con respecto a las fuentes de empleo, habitabilidad de la vivienda y adaptabilidad a las condiciones culturales, sociales y ambientales de las regiones; accesibilidad para personas con discapacidady evaluación de los precios de suelo, de las medidas de control para evitar su especulación y sus efectos en los programas habitacionales.

...

Artículo 55. El gobierno federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente los destinados a la población en situación de pobreza y a las personas con discapacidad.

...

Artículo 62. Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar los siguientes criterios:

I. ...

I Bis. Atender a las personas con discapacidad;

II.Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención preferente a las familias con los más bajos ingresos o que cuenten con un integrante con discapacidad.

III. a VI. ...

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes y accesiblesen función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, accesibilidad,eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados

...

Artículo 72. La comisión, con base en el modelo normativo que al efecto formule, promoverá que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente actualizadas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, códigos de procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, accesibilidad, habitabilidad y sustentabilidad de toda vivienda, y que definan responsabilidades generales, así como por cada etapa del proceso de producción de vivienda.

...

Artículo 82. La comisión promoverá la celebración de acuerdos y convenios con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales para

I. a III. ...

IV. Adaptaciones, ampliaciones o modificaciones que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad en la vivienda.

...

Artículo 87. Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán

I. ...

II.Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados o en situación de pobreza, en particular a las personas con discapacidad y personas adultas mayores;

III. a VI. ...

Segundo.Se reformanla fracción XIX del artículo 3o. y la IX del artículo 33 y se adicionan la XVI del artículo 7o. y la X del artículo 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante

I. a XVIII. ...

XIX. El desarrollo, en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito ,y accesibilidad que garantice la interacción plena de las personas con discapacidad y personas adultas mayores en el entorno.

...

Artículo 7o. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. a XV. ...

XVI. Desarrollar programas, reglamentos, evaluaciones y otras acciones que promuevan, supervisen y garanticen la accesibilidad para las personas con discapacidad, en los asentamientos humanos.

...

Artículo 33. Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para

I. a VII. ...

IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de participación de las personas con discapacidad, en todas las etapas de los mismos.

...

Artículo 49. La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá

I. a IX. ...

X. El desarrollo y la construcción de proyectos que contribuyan al mejoramiento del entorno a través de la accesibilidad universal, particularmente considerando las necesidades de las personas con discapacidad, quienes tendrán la facultad de participar en la elaboración y evaluación de los mismos.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El PND define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, citado por Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Definición”, en Grupos Vulnerables [Actualización: 20 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ consultado el 25 de noviembre de 2015.

2 Artículo 15 Ter: Las medidas de nivelación buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación DOF, 11 de junio de 2003, consultado el 26 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/262.pdf

3 Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación DOF 11 de junio de 2003, consultado el 26 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 05-02-17, reformado el 7 de febrero de 1983, consultado el 26 de noviembre de 2015, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

5 Ibídem, reformado el 8 de febrero de 201, 2consultado el 26 de noviembre de 2015.

6 “Las ciudades y poblados en los que vivimos, así? como los campos de los que obtenemos nuestros alimentos han removido a los ecosistemas originales, secado lagos y ríos... Medir el impacto de nuestra sociedad en el ambiente es una tarea compleja. Sin embargo, se han propuesto diversas maneras para hacerlo, entre ellas el Índice del Planeta Viviente (IPV) y el Índice de Sustentabilidad Ambiental (ESI, por sus siglas en ingles). De todas estas formas de medirlo, no obstante, la más conocida es a través de la “huella ecológica”, propuesta en 1996 por el ecólogo canadiense William Rees”. Impacto del hombre en el medio ambiente, SEMARNAT, disponible en:

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/ informacionambiental/Documents/05_serie/ yelmedioambiente/1_impacto_humano_v08.pdf

7 Ley General de Asentamientos Humanos, DOF, 21 de julio de 1993, consultado el 26 de noviembre de 2015, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/133.pdf

8 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, consultado el 26 de noviembre de 2015, disponible en http://www.un.org/esa/socdev/ enable/documents/tccconvs.pdf

9 Observación general número 2, artículo 9, “Accesibilidad”, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2013, consultado el 26 de noviembre de 2015, disponible en www.ohchr. org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/DGCArticle9_sp.doc

10 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, consultado el 26 de noviembre de 2015, disponible en http://www.un.org/esa/socdev/enable/ documents/tccconvs.pdf

11 Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2014, disponible en http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-ini cial-de-mexico

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 05-02-17, reformado el 18-01-34, consultado el 26-11-15, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

13 Ibídem, reformado el 10 de junio de 2011, consultado el 25 de noviembre de 2015, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

14 Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, DOF, 11 de junio de 2003, reformado el 20 de marzo de 2014, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf

15 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF, 30 de mayo de 2011, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

16 Anexo Estadístico de la Pobreza en México, Coneval, 2015, disponible en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

17 Ibídem, disponible en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/ Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

18 Ibídem, disponible en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/ Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Yolanda De la Torre Valdez,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana María Boone Godoy, Andrés Aguirre Romero, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Carlos Iriarte Mercado, Cristina Sánchez Coronel, David Aguilar Robles, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Edith Anabel Alvarado Varela, Edith Yolanda López Velasco, Efraín Arellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Javier Guerrero García, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, José Alfredo Torres Huitrón, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julio Saldaña Morán, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Marco Polo Aguirre Chávez, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Sofía Tamayo Morales, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miriam Dannis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Olga María Esquivel Hernández, Ramón Bañales Arámbula, Ramón Villagómez Guerrero, Ricardo David García Portilla, Rocío Díaz Montoya, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Silvia Rivera Carbajal, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Xitlálic Ceja García, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial para su dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La diputada Yolanda De la Torre Valdez: «Iniciativa que reforma los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas Yolanda De la Torre Valdez y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, diputadas Yolanda De la Torre Valdez y Claudia Edith Anaya Mota, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37, fracción IV y 42, fracción IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El aseguramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, es un esfuerzo permanente, que precisa la participación no solo del aparato gubernamental sino de la sociedad toda.

Garantizar el derecho a un entorno accesible en todos los aspectos que establece el marco jurídico internacional y doméstico vigente en nuestro país, permitirá a las personas con discapacidad vivir en forma independiente, incorporándose a la vida en sociedad y al desarrollo.

Como se sabe, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006, ratificándola el 17 de diciembre de 2007, para entrar en vigor el 3 de mayo de 2008. El artículo 9 de la Convención dispone lo siguiente:

Artículo 9

Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó la creación de una nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, luego de su proceso legislativo, el 30 de mayo de 2011.

En sus artículos 16 al 18 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un entrorno accesible que permita su ejercicio pleno de derechos, particularmente a la vivienda.

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.

Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes acciones:

I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas;

II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, y

III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la realización de sus actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho.

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

Ahora bien, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención, derivado de la firma del Tratado en comento, los estados parte deben presentar al Comité por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas un informe sobre las medidas y acciones que estén llevando a cabo para cumplir con lo establecido en la Convención.

El 30 de septiembre de 2014, el Comité aprobó sus observaciones finales sobre el informe Inicial de México.

En el numeral 19 del apartado III Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones, expresa su preocupación relativa al tema de accesibilidad (artículo 9 de la Convención) para el Comité es preocupante que el marco legislativo existente sobre accesibilidad de las personas con discapacidad no aborde todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención, además de que nuestro país no cuente con mecanismos específicos de evaluación, del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención.

En consecuencia, el comité recomienda instaurar mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad.

En esta tesitura, del artículo 9 de la Convención se desprende que los aspectos que deben contemplarse para asegurar el derecho de accesibilidad a las personas con discapacidad incluyen:

• El entorno físico,

• El transporte,

• La información y las comunicaciones,

• Los sistemas y

• Las tecnologías de la información,

• Las comunicaciones, y

• Servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Sin embargo, en nuestra opinión la Ley General de las Personas con Discapacidad incluye los aspectos que contempla la convención a fin de otorgar el más amplio derecho a la accesibilidad, para ello se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Si bien es cierto, como se puede apreciar en el anterior cuadro comparativo, los aspectos que comprenden el aseguramiento del derecho de accesibilidad se establecieron en la Ley respectiva, sin embargo, también es cierto que es necesario apuntalar en la citada ley mecanismos específicos de evaluación normativa de accesibilidad, tal como lo recomienda el comité.

Por ello, se propone, involucrar a quienes conforman el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad en la tarea de brindar un entorno más accesible para toda la sociedad, es decir, sumar con mayor énfasis en esta materia, a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, bajo la Secretaría de Salud.

Es notar que con la suma de las voluntades, la participación política y presupuestal de quienes integran el Sistema es posible avanzar para asegurar los diferentes aspectos que comprenden el derecho a un entorno accesible, permita el libre ejericio de las decisiones sin coacción alguna.

Por lo anterior, es conveniente reformar el artículo 37 fracción IV de la ley en comento para mandatar como uno de los objetivos del Sistema, el impulsar programas y acciones para generar condiciones no solo de igualdad y equiparación de oportunidades, sino también condiciones de accesibilidad universal.

Asimismo, se propone reformar la fracción IV del artículo 42 de la Ley para establecer como atribución del Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad el instaurar acciones de monitoreo o supervisión y seguimiento, así como establecer mecanismos para captar y atender quejas ciudadanas, al tiempo de impulsar sanciones frente al incumplimiento de las leyes en materia de accesibilidad.

Lo anterior, brindará herramientas a las personas con discapacidad y a la sociedad en general para fortalecer y garantizar el derecho de accesibilidad que ya reconoce nuestro sistema jurídico.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se reforman los artículos 37, fracción IV, y 42, fracción IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 37. El Sistema tendrá los siguientes objetivos:

I. a III. ...

IV. Impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; a través del principio de inclusión.

V. a VII. ...

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a III. ...

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad; impulsando mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas; coadyuvando con las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad vigente;

V. a XVII. ...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Yolanda De la Torre Valdez,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ana María Boone Godoy, Andrés Aguirre Romero, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Carlos Iriarte Mercado, Claudia Edith Anaya Mota, Cristina Sánchez Coronel, David Aguilar Robles, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Edith Anabel Alvarado Varela, Edith Yolanda López Velasco, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Efraín Arellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyn Parra Álvarez, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Gretel Culin Jaime, Javier Guerrero García, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, José Alfredo Torres Huitrón, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julio Saldaña Morán, Leticia Amparano Gámez, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Marco Polo Aguirre Chávez, María del Rocío Rebollo Mendoza, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Gloria Hernández Madrid, María Isabel Maya Pineda, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Sofía Tamayo Morales, Miguel Ángel Sedas Castro, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Olga María Esquivel Hernández, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Ramón Bañales Arambula, Ramón Villagómez Guerrero, Ricardo David García Portilla, Rocío Díaz Montoya, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Silvia Rivera Carbajal, Timoteo Villa Ramírez, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Xitlalic Ceja García, Yarith Tannos Cruz, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.

LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La diputada Yolanda De la Torre Valdez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Infraestructura Física Educativa; y de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Yolanda De la Torre Valdez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de accesibilidad e inclusión para niñas, niños y adolescentes con discapacidad al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es considerada el principal elemento de la movilidad social encaminada al desarrollo, base del progreso y el principal elemento para combatir la discriminación, la escuela se asume como un sitio donde convergen culturas que determinan el contexto educativo, pero donde a su vez se canalizan los intereses políticos, sociales y económicos, propuestos por el Estado. Es decir la escuela no es solo un recinto dedicado a el aprendizaje de conocimientos enfocados al progreso, adicionalmente se convierte en el primer contacto de las personas con la cultura y el deporte, así como el principal elemento de convivencia social.

Las personas con discapacidad se encuentran en un estado de severa exclusión respecto a la educación, los datos contenidos en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014 – 2018, arroja las siguientes estadísticas de acuerdo al Censo 2010 realizado por el Inegi

• La población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que 45 de cada 100 asisten a la escuela, y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56 de cada 100.

• El Censo 2010 reporta que las personas con discapacidad en edad escolar (3 a 29 años), que tienen mayor asistencia escolar, son las que presentan dificultad para ver 53.2%, poner atención o aprender 51.8%, escuchar 47.1%, hablar o comunicarse 44.8%; y con menor asistencia, las que tienen limitaciones para caminar o moverse 39.4%, atender el cuidado personal 29.4% y mentales 28.9%.

• Las niñas y niños con dificultad mental, para atender el cuidado personal, hablar o comunicarse y poner atención o aprender, representan entre el 46.1% y 60.5% de población que no sabe leer y escribir en este grupo etario. El grupo que tienen dificultad para escuchar 29.7%, caminar o moverse 29.1% y ver 12.6%. Las niñas y niños con discapacidades cognitivas y de comunicación son los que enfrentan más restricciones para acceder a la educación y es uno de los grupos sociales menos integrados al ámbito educativo.

• La población con discapacidad, el 27.9% no tiene estudios, 45.4% terminó al menos un año de primaria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior; el 86.6% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica.

La educación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 3º Constitucional, que a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”, de acuerdo al mandado del artículo 1º, los derechos humanos en nuestro país deben estar ajenos a cualquier forma de discriminación que menoscabe su ejercicio en plenitud, por lo que todas las personas, particularmente para los fines de esta Iniciativa, las personas con discapacidad, tienen el derecho de acceder en igualdad de condiciones a la educación pública.

Más aún, el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, refiere el principio de interés superior de la niñez en los siguientes términos: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Este principio asegura que niñas, niños y adolescentes, se encuentren por encima de cualquier otra disposición en cuanto a la garantía de sus derechos humanos, el cual tiene dos vertientes aceptadas:

1. En primer lugar, el interés superior del niño se define como un principio garantista, de modo que toda decisión que concierna a los menores de edad debe ser prioritaria para garantizar la satisfacción integral de sus derechos.

2.El segundo aspecto que cabe considerar es su amplitud. El principio de interés superior trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a todas las autoridades e in stituciones públicas y privadas, además del entorno familiar del niño.

A su vez la Convención sobre los Derechos del Niño, señala en el numeral 3 del artículo 3º, lo siguiente: 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así? como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

A su vez en el numeral 3 del artículo 23, se señala puntualmente que: 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido (sic), la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuitasiempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

A su vez la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala con precisión las obligaciones del Estado Mexicano a fin de garantizar la educación para las personas con discapacidad y los servicios de cuidado infantil, señalando el texto del artículo 24, se lee:

Artículo 24. Educación.

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así? como la enseñanza a lo largo de la vida:

Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

Así mismo relaciona directamente el artículo 7 sobre los aspectos a considerar dentro de las acciones del Estado Mexicano, para la inclusión de niñas y niños con discapacidad, en cuyo texto se lee:

Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será? la protección del interés superior del niño.

Es prudente señalar que los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos son considerados Ley Suprema en la Unión, bajo el amparo del artículo 133 Constitucional.

La Iniciativa se pronuncia en el sentido de incorporar a la Ley General de Infraestructura Física Educativa y a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el principio de accesibilidad en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en correspondencia con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Retomando los postulados contenidos en la Observación General No. 2, sobre el Artículo 9 “Accesibilidad” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual se cita el siguiente texto para los fines que persigue la Iniciativa: En su Observación general No. 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad, el Comité de los Derechos del Niño destaca que la inaccesibilidad física del transporte público y de otras instalaciones, en particular los edificios gubernamentales, las zonas comerciales y las instalaciones de recreo, es un factor importante de marginación y exclusión de los niños con discapacidad y compromete claramente su acceso a los servicios, en particular la salud y la educación..., La atención prioritaria ya no se centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada.

El principio de accesibilidad debe ser considerado como el eje central para garantizar el ejercicio pleno a los derechos humanos, así mismo en conjunción con el principio del interés superior de la niñez, resultan en suma la rectoría para las acciones gubernamentales en materia. Ambos comprometen al Estado, a realizar políticas transversales que atiendan las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, los cuales requieren a través del modelo social de la discapacidad, sujeto de todos los derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, más aún no debe existir coacción alguna para no implementar las acciones necesarias para la consecución de este fin.

Dentro de los postulados del Plan Nacional de Desarrollo, se incluye lo siguiente: “garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia significa asegurar que puedan realizar todo su potencial y contribuir así al desarrollo económico y social del país”, por lo que la Iniciativa comparte este objetivo gubernamental contribuyendo con la introducción dentro del marco normativo sujeto a reforma, de acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad, en particular niñas, niños y adolescentes, procurando su inclusión en los centros educativos y estancias infantiles como el elemento inicial para su desarrollo.

La Ley General de Infraestructura Física Educativa señala sus objetivos en el artículo 2, de donde se citan las fracciones pertinentes a la Iniciativa:

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así? como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, además de los sectores de la sociedad.

A su vez la Ley General para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil define sus objetivos en su artículo 1o. en cuyo texto se lee:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos poli?tico-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así? como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

En consecuencia estos artículos corresponden a los objetivos anteriormente citados, mismos que persigue la Iniciativa, garantizar el acceso pleno a los derechos consagrados en los artículos 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 9 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 y 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 39, 53 y 54 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en conjunto fundamentan la Iniciativa.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reforman el párrafo primero del artículo 6o. y el párrafo primero del artículo 7o. y se adicionanlas fracciones XX y XXI del Artículo 19, recorriéndose al inmediato posterior de la Ley General de Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue:

...

Artículo 6o. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 7o. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad,calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado -Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

....

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:

...

XX. Garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad en los planteles educativos, atendiendo sus necesidades a través de los ajustes razonables,

XXI. Difundir y promover las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad entre las autoridades competentes, y,

XXII. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta Ley y su reglamento, así como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

...

Segundo.Se reforman el párrafo primero del artículo 9º, la fracción I del artículo 19 y se adicionan la fracción XI del artículo 12 y la fracción VII Bis del artículo 50 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad,calidad, calidez, seguridad, protección, y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.

...

Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. a X.

...

XI. Atención para niñas y niños con discapacidad, que promueva su inclusión dentro de los Centros de Atención procurando su participación con sus pares sin discapacidad.

...

Artículo 19. La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá tener al menos los siguientes objetivos:

I. Definir criterios estandarizados de accesibilidad para las personas con discapacidad,calidad, y seguridad;

II-VII. ...

...

Artículo 50. La Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme lo determine el Reglamento, otorgarán las autorizaciones respectivas a los Centros de Atención cuando los interesados cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos siguientes:

I. a VII.

...

VII Bis. La infraestructura, instalaciones y equipamiento deberá ser accesible para niñas y niños con discapacidad, asegurando los ajustes razonables pertinentes.

VIII. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Domínguez Aguayo, Claudia, La educación, disponible en: http://200.10.23.169/images/_publ/Mujer%20indigena%20en%20America%20Latina%20y% 20Politica%20local.pdf, consultado 27-11-15.

2 Contreras Oyarzo, Mariela, El rol social de la escuela, disponible en: http://www.barbecho.uma.es/DocumentosPDF/BARBECHO4/A5B4.pdf consultado 27-11-15

3 Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-108, DOF 30-04-14, consultado 27-11-15, disponible en: http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 05-02-17, reformado 09-02-12, consultado 27-11-15 disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

5 Ibíd, DOF 05-02-17, reformado 12-10-12, consultado 27-11-15, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

6 Allegre, S. y Hernández X, El interés superior del niño, experiencias latinoamericanas, OEI, pp. 3 consultado: 27-11-15, disponible en: http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_0 5_interes_superior_nino.pdf

7 Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, UNICEF, consultado 27-11-15, disponible en:

http://www.unicef.org/ecuador/convencion(5).pdf

8 Ibídem.

9 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2004, consultado 27-11-15, disponible en:

http://www.un.org/esa/socdev/enable/ documents/tccconvs.pdf

10 Ibídem.

11 Observación General No. 2 Artículo 9 “Accesibilidad”, Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ONU, 2013, consultado 26-11-15, disponible en: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/DGCArticle9_sp.doc

12 Ibídem.

13 Agenda de la Infancia y la Adolescencia en México 2014-2018, UNICEF, consultado 26-11-15, disponible en: http://www.unicef. org/mexico/spanish/10xinfancia_Web.pdf

14 Ley General de Infraestructura Física y Educativa, DOF 01-02-08, reformado 07-05-14, consultado 26-11-15, disponible en: http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf

15 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, DOF

16 “Articulo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá? el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional...” Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF 30-05-11, consultado 27-11-15, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

17 “Artículo 39 . Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud...”, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 04-12-14, consultado, 27-11-15, disponible en:

http://www.dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014

18 “Artículo 53 . Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdadsustantivay a disfrutarde los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 04-12-14, consultado, 27-11-15, disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5374143&fecha=04/12/2014

19 “ Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicablesconsiderando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables.”. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 04-12-14, consultado, 27-11-15, disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5374143&fecha=04/12/2014

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de 2015.— Diputados: Yolanda De la Torre Valdez,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana María Boone Godoy, Andrés Aguirre Romero, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Carlos Iriarte Mercado, Cristina Sánchez Coronel, David Aguilar Robles, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Edith Anabel Alvarado Varela, Edith Yolanda López Velasco, Efraín Arellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyn Parra Álvarez, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Javier Guerrero García, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, José Alfredo Torres Huitrón, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julio Saldaña Morán, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Marco Polo Aguirre Chávez, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Isabel Maya Pineda, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Sofía Tamayo Morales, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Olga María Esquivel Hernández, Ramón Bañales Arambula, Ramón Villagómez Guerrero, Ricardo David García Portilla, Rocío Díaz Montoya, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Silvia Rivera Carbajal, Xitlalic Ceja García, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez para su dictamen.

Tiene la palabra la diputada Araceli Madrigal del PRD. ¿Con qué objeto?

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para preguntarle a la diputada proponente si me permite adherirme a su propuesta, y agradecerle la aclaración tan importante que hizo de la conceptualización cuando nos referimos a las personas con algún tipo de discapacidad.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Si la diputada no tiene inconveniente, la diputada promovente, déjese a su disposición aquí en la secretaría. Da su anuencia la diputada Yolanda, está a su disposición.

La diputada María Del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:También tiene la palabra la diputada Rocío Rebollo, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Sonido en la curul de la diputada, por favor.

La diputada María Del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Gracias, presidenta. En el mismo sentido, de poder suscribir las cinco iniciativas que presentó mi compañera, la diputada Yolanda De la Torre.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ha manifestado su anuencia la diputada proponente, por lo tanto, quedan aquí a disposición en esta secretaría.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 49 de la Ley General de Educación.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena:Con su permiso, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Un segundo, por favor. Para precisar ¿Cuál es la iniciativa?

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena: Reformas diversas a artículos de la Ley Federal del Trabajo.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Es una iniciativa con diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Adelante, por favor.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, compañeros diputados. Quiero dedicar este posicionamiento, con todo cariño, a todas las personas con discapacidad, en especial a un exalumno de un servidor, Elver Marrufo Cocom, que hoy ya es un hombre productivo que mantiene a su familia con su empleo.

La lucha de las organizaciones para personas con discapacidad en nuestro país ha conseguido en los últimos años, que tanto el constituyente como el legislador, sean sensibles con su condición para insertar en la norma jurídica las bases para brindar la equiparación de oportunidades y elevar sus derechos a rango constitucional, prohibiendo la discriminación y avanzar en la igualdad de oportunidades en los ámbitos educativo, de salud, deporte, etcétera.

La iniciativa que se presenta persigue dar el último estirón en materia de empleo, para que este sector de la sociedad abandone los esquemas altruistas que le ofrecen de manera sectaria y excluyente, sin ninguna expectativa de que se incorpore a la planta productiva.

Una condición necesaria para alcanzar el desarrollo del país es la certeza en el cumplimiento de los derechos humanos y la equidad en el acceso a las oportunidades de empleo y de igual trato ante la ley.

Para el caso particular de las personas con discapacidad, la propuesta de reforma la Ley Federal del trabajo que aquí se propone, reivindica sus derechos laborales y promueve el ejercicio igualitario de condiciones y oportunidades de trabajo.

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, en México existen 5 millones 739 mil personas con alguna discapacidad. Y casi el 80 por ciento de ellos están desempleados. Estos datos son realmente alarmantes. De acuerdo a una encuesta realizada por el portal de empleo incluyeme, el 47 por ciento de las personas con discapacidad en México, se siente discriminada al momento de buscar un empleo o en el ejercicio del mismo.

Con esta modificación a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, se incentiva y protege el acceso, permanencia y desarrollo al trabajo de las personas con discapacidad en línea con lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueve que las personas gocen del derecho a tener oportunidad de un trabajo libremente elegido o aceptado, prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad y protege los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de circunstancias para tener condiciones de trabajo justas y favorables.

Destaca principalmente el artículo 132, en el que deberá emplearse en todas las empresas públicas y privadas, por lo menos al 1 por ciento de personas con discapacidad el total de su plantilla de trabajadores.

Compañeras y compañeros diputados, la discriminación muchas veces empieza años antes de la edad laboral, con dificultades de acceso a personas con discapacidad, a la educación, dificultades de transporte, y muchas veces los empleadores se resisten a emplear personas con discapacidad por creer que no podrán, adecuadamente, ejercer sus funciones.

Esa actitud se debe a temores y estereotipos que la misma sociedad ha creado. No se trata de abrir los espacios como una concesión gratuita. Como sociedad madura debemos aprovechar el potencial de este sector que se ve golpeado de diversas maneras.

No podemos aplazar y continuar marginando a los grupos considerados per se vulnerables. Si estamos de acuerdo que los cambios legales no han sido suficientes para abrir los espacios de trabajo que se demandan, sí constituye esto un primer paso para hacer realidad la plena vigencia de los derechos humanos, lograr condiciones que permitan a estos mexicanos mayor plenitud a sus potencialidades.

Le toca a esta legislatura convocar a las organizaciones civiles para personas con discapacidad para que estos esfuerzos que han hecho se concreten con estos cambios a la Ley Federal del Trabajo.

Cuánta gente existe que la vida le dio la oportunidad de caminar y no tener ninguna inhabilidad física, y muchas veces llegan a su trabajo con desánimo y con amargura sin rendir efectivamente. El educador Fred Royers decía que éstas son las discapacidades reales y las más frecuentes.

La actitud con la que trabajan las personas con discapacidad hace la diferencia a su favor porque tienen disposición a aprender, coraje y fortaleza para demostrarnos a todos que sí son capaces de hacer las cosas que la gente cree que ellos no pueden hacer. Nos enseñan con su actitud a nunca victimizarnos y que cuando aceptamos nuestros límites vamos más allá de ellos, con persistencia y confianza en nosotros mismos lo podemos lograr. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN

Joaquín Jesús Díaz Mena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las atribuciones que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican la fracción I del artículo 47, fracción IV del artículo 53, artículo 54, fracciones VIII y X del artículo 134 y los artículos 472, 481, 483, 504, 509 y 511 de la Ley Federal del Trabajo; y se adicionan las fracciones XXIX y XXX del artículo 132, el artículo 153 Bis y el título quinto tercero de la Ley Federal del Trabajo.

Exposición de Motivos

A dos décadas de que las organizaciones de y para personas con discapacidad de nuestro país, se cohesionaran para solicitar al Legislativo Federal, la reforma de diversas leyes secundarias, el saldo que arrojó tal esfuerzo fue que en la Materia Laboral las expectativas no fueron alentadoras, pese a que se presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por la Comisión de Asistencia Social de la LX Legislatura.

Con la reforma al artículo 1 constitucional, que elevó a ese rango los derechos fundamentales del individuo, se dio un primer paso por retomar un viejo anhelo de este sector de nuestra sociedad, reformando el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para que por un lado sea reconocida esta actividad de quienes tienen una discapacidad como un instrumento de dignificación y por otro, que haya un avance en la inserción real al mercado laboral con todas las prerrogativas que ello conlleva; indicando que queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores entre otras condiciones la discapacidad.

Sin embargo, la materia exige un trabajo de mayor calado que no se satisface con la creación de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-STPS-2015relativa a las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Sino que es necesario traer a colación la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, de la que México es parte y que sobre el particular señala lo siguiente:

“Trabajo y empleo

1. Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;

b ) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad en condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativa s y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio...”

El texto anterior es lo suficientemente ilustrativo en cuanto a los alcances de la convención en esta materia, razón por la que resulta obligado dar el paso definitivo para considerar el tratado que nos ocupa y armonizarlo con el artículo 1 de la Constitución Federal. Por ello, resulta insuficiente la reforma al citado artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad para acceder a un trabajo, pues ese es uno de varios compromisos contraídos, de tal suerte que se continúa incumpliendo con la convención, porque no se han abordado todos los tópicos ni se han adecuado a la realidad, ya que ésta nos impone un reto que no debemos aplazar por más tiempo.

Al respecto, es necesario rescatar la conciliación que se hace de dos figuras que tienen que coexistir en la Ley Federal del Trabajo, la discapacidad e incapacidad para el trabajo; la discapacidad adquirida por un accidente de trabajo, actualmente catalogada como una incapacidad permanente parcial.

No se debe perder de vista, que la mayor parte de este sector de la población, lo conforman las personas con una discapacidad que no es producida por un accidente de trabajo, y que es la que reclama la misma oportunidad de quienes no la tienen de nacimiento.

Se respeta una de las premisas de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que esté concebida de manera sencilla, pero sobre todo que tenga viabilidad jurídica, por eso, nos apegamos a los conceptos y definiciones que recoge la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, indicando “...que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás..”. Para los fines perseguidos debemos recordar que la discapacidad como concepto fue concebido por el “Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad”, el cual adoptó las definiciones elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se establece que la discapacidad constituye, la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, debió a una deficiencia. En ese orden de ideas la deficiencia comprende tanto la pérdida total, como la anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.

De igual manera se precisa el verdadero significado de la minusvalía, estableciéndose que representa una situación desventajosa para un individuo determinado, como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso en función de edad, sexo y factores culturales.

Con base a lo anterior, se determinó emplear el término persona con discapacidadpara referirse a los titulares de los derechos que se pretende proteger, por lo que habremos de conciliar lo que actualmente expresa la Ley Federal del Trabajo en este concepto, que por su amplitud contempla las diversas discapacidades, física, mental y sensorial.

Conviene destacar que en la Ley Federal del Trabajo siguen algunos lineamientos señalados en documentos internacionales, como es el caso de la Recomendación 99 sobre la Adaptación y la Readaptación Profesionales de los Inválidos de 1955, de la Organización Internacional del Trabajo, que ponen especial énfasis para evitar la discriminación. Empero hace falta incluir las normas más recientes, surgidas como consecuencia del citado Programa de Acción Mundial, que surgieron su incorporación como parte de la política para readaptación y el empleo de las personas con discapacidad.

De ahí que el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo del 1º de junio de 1983, establezca que dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas con discapacidad y promover oportunidades de empleo al mercado laboral formal.

Se reitera que el trabajo que se refleja en esta iniciativa es producto de una permanente consulta con las organizaciones de y para personas con discapacidad, y se funda en que este tipo de trabajadores reclaman igualdad de oportunidades y no de privilegios. Por ello deberán contar con la capacitación que les permita colocarse en el empleo de cualquier otra persona y no quede al arbitrio del patrón su contratación para los trabajos que puedan desempeñar quienes tienen una discapacidad.

Lograr condiciones que permitan a estos mexicanos desarrollar a plenitud sus potencialidades, ha sido y es, una tarea que solo puede fructificar sumando esfuerzos. Le toca ahora a esta Legislatura, seguir los pasos de sus antecesoras, convocando a las organizaciones civiles de y para personas con discapacidad, quienes le dan razón de ser a esta clase de esfuerzos porque han sido ellas las que han nutrido y enriquecido las propuestas, desde hace algunos años.

En razón de lo anterior, es nuestra responsabilidad, sumarnos a lo ya realizado recientemente y publicado el 30 de noviembre de 2012, con la modificación al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, advirtiendo que se recoge la propuesta de iniciativas anteriores, pero no ha redituado los resultados que esperan las personas con discapacidad, por eso, no solamente saludamos el paso dado, sino avanzar con los compromisos contraídos al asumir la tarea nuestra responsabilidad.

Es de destacar que la LXII Legislatura adecuó el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, haciéndolo compatible con los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos; en donde el artículo primero elevó a rango constitucional los derechos fundamentales, haciendo alusión a las relaciones laborales, que deben estar exentas de discriminación, por cualquier condición de la persona, incluyendo la discapacidad; el artículo quinto constituye una garantía individual sobre la posibilidad de dedicarse al trabajo u oficio que mejor le acomode, y el 123 contempla el trabajo como una prerrogativa social. Los tiempos actuales exigen el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, por eso, es imprescindible incluir a las personas que tengan una discapacidad, como una fuerza de trabajo que indudablemente habrá de contribuir al desarrollo de nuestro país.

En esa tesitura procede hacer un análisis exhaustivo y serio, acerca de cuáles deben ser los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que requieren ser reformados para asegurar la incorporación de este sector de la población y sentar las bases de las relaciones entre trabajadores y patrones, que eviten la discriminación o una minusvalía en los centros de trabajo. Por el contrario que motive un espíritu de equidad que los coloque en igualdad de circunstancias.

Como ya se ha mencionado, el sector de las personas con discapacidad en muchos sentidos es un grupo vulnerable, que ha servido como medio de explotación de la conmiseración por quienes sin escrúpulos, han hecho su modus vivendi y que repercute en forma negativa en la imagen de los que efectivamente presentan una discapacidad, por eso se ha pensado adicionar al artículo 47 que debe ser una causal de la rescisión de la relación laboral a cargo del patrón, cuando se percate que un trabajador se haya ostentado con esa condición sin tenerla.

Se hace necesario conciliar el concepto de incapacidad prevista en la Ley Federal del Trabajo, con el de discapacidad, porque en los artículos 53 fracción IV y 54 que corresponden al capítulo relativo a la terminación de las relaciones de trabajo que regulan la incapacidad como una de las causas que la originan, ésta tiene su antecedente en una discapacidad, la que constituye una restricción o inhabilidad para realizar las actividades laborales que el trabajador venía desempeñando; por este motivo es imprescindible incluir el mencionado termino para darle coherencia a ambos conceptos.

Con esta propuesta se definen y reglamentan dos supuestos: Uno, cuando el trabajador sin discapacidad sufre un accidente de trabajo en los términos que la ley establece, y su consecuencia es la incapacidad que le impide continuar desempeñando el trabajo para el cual fue contratado. El otro supuesto, es cuando el trabajador con discapacidad, sufre un accidente de trabajo ocasionándole otra discapacidad, que como en el caso anterior, tampoco le permite seguir desarrollando el trabajo para el cual fue contratado. Como se observa en el segundo caso, la incapacidad motivada por una discapacidad, sería el antecedente de terminación de la relación laboral asociada a la inhabilidad.

Por lo anterior, es necesario asociar los conceptos de discapacidad e incapacidad, porque en ambos casos puede dictaminarse por la autoridad competente la inhabilidad, y como consecuencia de ésta, la terminación de la relación de trabajo. Por lo que se propone utilizar ambos conceptos a partir de las definiciones que se establecen en el Título Quinto Tercero.

Ha sido motivo de reflexión el encontrar los mecanismos que aseguren la apertura del mercado laboral, armonizándolo con el texto de la ley, los cuales consisten en establecer dos criterios basados en el número de trabajadores de una empresa, considerando que la incorporación de personas con discapacidad a esta actividad es un proceso de sensibilización para el sector patronal, pero además, que la planta productiva de nuestro país se encuentra en la pequeña y mediana empresa. En ese sentido se propone que se adicione al artículo 132 una fracción, dentro de las obligaciones del patrón, que prevea la contratación tanto de un número determinado de trabajadores y un porcentaje equivalente al 1 por ciento. En efecto, cuando el número de trabajadores es menos de cien y mayor de veinte, se deberá de emplear a un trabajador en esa condición. Cabe mencionar que para el criterio anterior, fueron consideradas algunas legislaciones en esta materia, de diversos países, que establecen porcentajes del 5 por ciento como mínimo de contratación de esta clase de trabajadores.

Dentro del contexto de la igualdad de oportunidades, que favorezca la integración de los trabajadores con discapacidad, se proponer la creación del articulo 153 E bis que establece, que los trabajadores con discapacidad recibirán la capacitación y el adiestramiento a que tienen derecho, en conjunto con sus compañeros y en igualdad de condiciones, con ello; se evita en lo posible algún tipo de segregación en tan importantes enseñanzas.

Se propugna por una cultura de la discapacidad, el trabajo debe ser uno de los medios que la favorezca, sin perder de vista la diferencia de quien la presenta y el mayor riesgo que tiene en los casos de siniestro, por lo que no solamente el patrón estará obligado a observar ciertas normas para este tipo de trabajadores, sino también sus compañeros, estas son las razones para que en actos de verdadera solidaridad auxilien a las personas con discapacidad, como se propone en el artículo 134 fracción VIII.

Quien ha sido contratado con una discapacidad, naturalmente debe tener la estabilidad en el empleo. Esa circunstancia tampoco debe representar una molestia, ni mucho menos una causa para incapacitarlo, y con ello dar determinada la relación de trabajo, con el propósito de evitar cualquier riesgo, se adiciona la fracción X del artículo 134que establece, que quedan exceptuadas la discapacidades conocidas por el patrón, ya que en dicha adición se consideran todo tipo de discapacidades.

Punto medular de la reforma es el Título Quinto Tercero y de los artículos 180 Bis y 180 Terque se proponen como nuevas normas en la Ley Federal del Trabajo y que regula la actividad laboral de las personas con discapacidad, en aspectos fundamentales como establecer una definición de esta y de incapacidad, así como la prohibición de desarrollar trabajos perjudiciales a la salud y a su vida. Se sigue la sistematización de la ley, optándose por abrir un capitulo que, junto a los ya existentes de mujeres y menores, regule el trabajo de las personas con discapacidad atendiendo a su condición personal, pues es evidente, que quien tiene disminuidas sus potencialidades, debe ser equiparado frente a la ley y establecer condiciones que no lo expongan al peligro en la realización de una actividad laboral.

No olvidemos que un referente obligado la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidades sobre la Mujer, en la ciudad de Beijín, China, uno de los temas que fueron abordados de manera sustantiva, fue el apoyo que deben dar los gobiernos a las mujeres con discapacidad, habiéndose reconocido que por condición están todavía más marginadas y que como cualquier individuo deben acceder al empleo en condiciones de igualdad.

Merece atención especial el Título Noveno, relativo a los riesgos de trabajo, que define en primera instancia su riesgo como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Dentro del primer concepto, el accidente se define como toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o a las muertes inclusive, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar en que este se preste. Se incluyen en dicha definición los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel.

Debemos reiterar a la luz de las normas del trabajo una relación de género a especie, entendiendo la discapacidad como el género y la incapacidad como la especie. En ese sentido, una persona con discapacidad puede estar incapacitada para determinado trabajo, pero no para otro. Como también es posible, que haya personas con discapacidad que tengan una incapacidad total para trabajar.

Queda claro, que de acuerdo con las definiciones internacionales sobre la discapacidad, esta tiene su origen no solamente en accidentes o enfermedades de trabajo, habida cuenta que cuando la ley se refiere a la perturbación funcional posterior, se está refiriendo a una discapacidad. En ese orden de ideas tanto las enfermedades, como todo género de lesiones, pueden traer como consecuencia una incapacidad, concepto estrictamente laboral, ya que de acuerdo con las definiciones previstas en los artículos 478 al 480 de la Ley Federal, se describen los diversos supuestos que pueden impedir la realización del trabajo.

No debe perderse de vista que una persona con discapacidad, también puede sufrir una enfermedad o un accidente de trabajo, la aportación en esta parte, consiste en subrayar que las disposiciones que regulan los riesgos de trabajo serán aplicables a todas las relaciones, incluyendo el de los trabajadores con discapacidad en el artículo 472que se propone reformar; se reitera que las definiciones de los accidentes y enfermedades deben hacerse extensivas a la condición de las personas con discapacidad.

En los artículos 481 y 483 se combinan los conceptos de incapacidad con discapacidad, de acuerdo, con el principio de causa y efecto, pues se ha visto que la discapacidad puede incapacitar para un trabajo pero no para otro.

Uno de los elementos constantes de la reforma que se pretende, es la integración plena de las personas con discapacidad, no solamente en el trabajo, sino que participen en actividades de consulta, así como para prevenir la propia discapacidad, como uno de los elementos de mayor importancia, en los centros de trabajo, siendo los lugares de mayor incidencia.

Por lo anterior expuesto, es que someto a consideración de esta asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican la fracción I del artículo 47, fracción IV del artículo 53, artículo 54, fracciones VIII y X del artículo 134 y los artículos 472, 481, 483, 504, 509 y 511 de la Ley Federal del Trabajo; y se adicionan las fracciones XXIX y XXX del artículo 132, el artículo 153 Bis y el Título Quinto Tercero de la Ley Federal del Trabajo, en los términos siguientes:

Título PrimeroPrincipios Generales Capítulo IVRescisión de las Relaciones de Trabajo

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

I. Engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiera propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes de que carezca o que tenga una discapacidad. Esta causa de rescisión deja de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador.

Capítulo V
Terminación de las Relaciones de Trabajo

Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

IV. La incapacidad por discapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo.

Artículo 54. En el caso de la fracción IV del artículo anterior, si la incapacidad por discapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y doce días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible a sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que correspondan de conformidad con las leyes.

Título Cuarto
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y Patrones Capítulo I
Obligaciones de los Patrones

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXIX. Dar empleo compatible a su condición personal a personas con discapacidad. Si el número de empleados de la empresa o establecimiento es mayor a cien, cuando menos deberá de emplearse al uno por ciento de persona con discapacidad del total de su plantilla de trabajadores; si el número de trabajadores es menor a cien y mayor de veinte deberá de emplear cuando menos a un trabajador con esta circunstancia.

XXX. Proporcionar los apoyos necesarios, a fin de que las personas con discapacidad cuenten con las medidas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento para que realicen con mayor eficiencia su trabajo y garantizar un mayor grado de productividad.

Capítulo II
Obligaciones de los Trabajadores

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo dando preferencia en su caso, a los trabajadores con discapacidad.

X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes de la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen ninguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable, quedando exceptuadas la discapacidad y aquellas conocidas por el patrón, en el momento de la contratación.

Capítulo III
De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores

Artículo 153 Bis.

Tratándose de trabajadores con discapacidad a que se refiere el Título Quinto Tercero de esta Ley, la capacitación y el adiestramiento la recibirán en lo posible, conjuntamente con los demás trabajadores y en las mismas condiciones.

Título Quinto Tercero
El Trabajo de las Personas con Discapacidad

Artículo 180 Bis. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad a la restricción, o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un trabajador.

Artículo 180 Ter. Se entiende por incapacidad a la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita, parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo de una manera temporal o permanente.

Título Noveno
Riesgos de Trabajo

Artículo 472. Las disposiciones de este Título se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales y el de los trabajadores con discapacidad, con la limitación consignada en el artículo 352.

Artículo 481. La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones, enfermedades crónicas o discapacidad, física, mental o sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas anteriores, no es cause para disminuir el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.

Artículo 483. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades, se pagarán directamente al trabajador.

En los casos de incapacidad por discapacidad mental, comprobados ante la Junta, la indemnización se pagará a la persona o personas, de las señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de muerte del trabajador, se observara lo dispuesto por el artículo 115.

Artículo 504. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para los primeros auxilios y adiestrar al personal para que lo preste; así como la forma en que pueden auxiliar a las personas con discapacidad.

VII. Consultar a los trabajadores con discapacidad, en relación con los apoyos a que se refiere la fracción XXX del artículo 132 de esta ley.

Artículo 509. En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, incluyendo personas con discapacidad, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.

Artículo 511. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida, salud y discapacidad de los trabajadores.

II.

III. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene, salubridad y discapacidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio, Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.

Le damos la más cordial bienvenida a 132 alumnos, a docentes y padres de familia, que nos acompañan en este recinto, de las Escuelas Primarias Independencia, Diego Rivera, del municipio de Chicoloapan de Juárez, del estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero, del distrito 39, del estado de México. Esperamos que sea de gran utilidad para su formación cívica esta visita al recinto.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra también por tres minutos el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda:Con su venia, presidenta. México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En las regiones del país que concentran los asentamientos más poblados, el mayor desarrollo económico se presenta la menor disponibilidad de agua.

Gran parte del territorio de México está expuesto a sequías intensas, casi 35 por ciento de la superficie total del país, así como a ciclones tropicales, ya que el país se encuentra rodeado del mar Caribe, del Golfo de México, del Océano Pacífico, del Atlántico, donde todos los años se desarrollan dichos ciclones.

Un gran comienzo por la atención en México a los efectos del cambio climático como un asunto de seguridad nacional, así hay que tratarla; toda vez que los desastres naturales ocasionan daños en la infraestructura estratégica del país, así como en la economía, sin dejar de mencionar que pone en riesgo la integridad física de millones de conciudadanos.

Por ello, resulta esencial analizar las causas y consecuencias de este proceso, que nos posibilita a construir estrategias de prevención, mitigación y adaptación que disminuyan la vulnerabilidad y permitan enfrentar este proceso planetario en mejores condiciones.

Compañeros diputados, debemos contribuir a la construcción de acuerdos legítimos, estables y efectivos desde esta soberanía; que atiendan los riesgos de la seguridad nacional de manera multidimensional.

El concepto de seguridad nacional, como acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad, la permanencia del Estado mexicano, la protección de la nación frente a las amenazas y los riesgos que se enfrentan en nuestro país, así como la preservación de la soberanía y la independencia nacional y la defensa del territorio se encuentra claramente superado.

Comienza a haber un consenso internacional para tratar a la seguridad nacional de una manera más integral, respondiendo a las necesidades de los nuevos tiempos. El concepto de seguridad nacional multidimensional ha sido la respuesta a esta integralidad, es decir, darle un enfoque más amplio a efecto de que aborde términos tales como la seguridad alimentaria, la sanitaria, la educativa y la medioambiental.

En razón de lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa por la que se adiciona una fracción XIII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, a efecto de que se considere un asunto de seguridad nacional a los desastres producidos por los fenómenos naturales como consecuencia de los efectos del calentamiento global. Compañeros, solamente tenemos un hogar, en este tema no hay un plan B. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Javier Octavio Herrera Borunda, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El concepto de seguridad nacional ha experimentado diversas transformaciones conforme a la evolución de los patrones de relaciones entre los Estados, dependiendo en gran medida del contexto propio de cada uno, así como del internacional. En principio, se habla de seguridad nacional con base en la defensa militar del territorio de un Estado ante amenazas externas, sobre todo en el marco de la Guerra Fría; no obstante, en la actualidad es común hablar de diversos tipos de amenazas, muchas de ellas vinculadas a los retos vigentes de la situación mundial.

De tal modo, a partir del final de la Guerra Fría, el concepto de seguridad nacional ha experimentado transformaciones, cambiando de una visión militar a una perspectiva que enfatiza la protección de los seres humanos, principalmente en lo relativo a trata de personas, terrorismo, tráfico de drogas y armas, problemas migratorios, así como amenazas a los recursos naturales estratégicos. En este sentido, la vulnerabilidad de los seres humanos se identifica como el elemento común entre los factores que amenazan la seguridad nacional. Bajo esta premisa, en las últimas décadas se ha incluido en el debate el carácter de los impactos producidos por el cambio climático como una de las amenazas más importantes en términos de seguridad nacional.

El cambio climático, fenómeno producido por la acción del hombre sobre la naturaleza, se encuentra en una etapa muy avanzada, volviéndose inevitable y con consecuencias potencialmente devastadoras. Entre las consecuencias de este fenómeno se encuentran efectos desestabilizantes causados por tormentas, sequías, inundaciones, entre otros, lo cual tiene como probables resultados desastres humanitarios y el detrimento de gobiernos débiles.

Pese a que los desastres naturales siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, en el siglo XXI algunos eventos climáticos serán extremos, más frecuentes y de mayor amplitud e intensidad, por lo cual pueden rebasar la capacidad de respuesta de las autoridades, sobre todo en el ámbito local. De este modo, la idea de incluir los desastres naturales, producto del cambio climático, como una amenaza más a la seguridad nacional, se fundamenta en las amplias consecuencias que estos pueden tener para un país.

En el caso de Estados de pequeña extensión territorial, sobre todo aquéllos que están constituidos por una o varias islas, la posibilidad de una tormenta sin precedentes incluso amenaza su propia existencia; lo mismo ocurre con los países cuyas ciudades y centros de producción o políticos más importante se encuentran en las costas. Aunque estas particulares situaciones no reflejan el caso de México, no por ello nuestro país queda exento de fuertes impactos a causa de desastres naturales que sean consecuencia del cambio climático.

A manera de antecedentes, en el caso de Estados Unidos de América, dentro del programa cuatrienal de gobierno, en el año 2011 se identificaron como nuevas amenazas a su seguridad nacional, a saber: el terrorismo, los ataques cibernéticos y el cambio climático, el cual es contemplado por primera vez como un factor potencial de inestabilidad y conflicto en el mundo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en México durante el periodo del 2008 al 2013, dos millones de personas se vieron obligadas a dejar su lugar de origen por causa de desastres naturales. Además, con base en datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 20 millones de mexicanos habitan en áreas susceptibles de sufrir fuertes impactos de huracanes y tormentas provocadas por el calentamiento global.

Con base en lo anterior, se hace manifiesta la vulnerabilidad de México frente a las consecuencias del cambio climático. En este sentido, es necesario que se establezca un marco legal favorable para fomentar el diseño de políticas públicas que atiendan el cambio climático desde una perspectiva de mitigación, pero también desde una de adaptación, orientada a la prevención y reducción de riesgos.

De tal manera, un gran paso comienza por la atención en México del cambio climático como un asunto de seguridad nacional, toda vez que los desastres naturales pueden ocasionar daños a infraestructura estratégica para la economía mexicana, como la infraestructura petrolera, cuyos centros más importantes se ubican en los litorales de nuestro país. Desde esta perspectiva, no sólo la industria del petróleo se vería afectada, sino toda la economía nacional y las finanzas públicas.

Aunado a lo dicho, México podría experimentar muertes masivas o desórdenes civiles como consecuencia de los desastres naturales; asimismo, la infraestructura productiva mexicana podría verse fuertemente dañada, como en el caso de puertos con gran actividad económica. Por último, pero no menos importante, los efectos del cambio climático también tienen efectos para la seguridad alimentaria del país, pues las sequías e inundaciones pueden generar grandes mermas a la producción agrícola mexicana.

En este sentido, atendiendo al beneficio común en México, es necesario repensar el concepto de seguridad nacional, de manera que se transite hacia un nuevo modelo de seguridad multidimensional, es decir, un enfoque más amplio que aborde este asunto en términos de seguridad alimentaria, sanitaria, educativa y medioambiental.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista busca contribuir mediante la presente iniciativa a otorgar un carácter multidimensional al concepto de seguridad nacional, reiterando la importancia de enfatizar en el bienestar de los seres humanos.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional

Artículo Único.Se adiciona una fracción XIII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 5.Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional:

I. a XII. ...

XIII. Los desastres producidos por los fenómenos naturales, como consecuencia de los efectos del calentamiento global.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de 2015.— Javier Octavio Herrera Borunda,Adolfo Mota Hernández, Erick Alejandro Lagos Hernández, Fidel Almanza Monroy, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Ramón Bañales Arambula, Ricardo Taja Ramírez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

Damos también la más cordial de las bienvenidas a los estudiantes del Centro Universitario Tlacaélel, del municipio de Ixtapaluca, del estado de México, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández. Sean ustedes bienvenidos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano:Buenas tardes, diputadas, diputados. Someto a consideración de esta Cámara iniciativa que reforma, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con mecanismo constitucional que asegure su verdadera autonomía al momento de designar a los ministros del alto tribunal.

Los nuevos ministros saldrían de una terna propuesta por el pleno de la Corte, sometida a consideración del Senado. La terna se integrará con las propuestas de candidatos que surjan de la Judicatura y de las universidades autónomas. Los candidatos deberán ser examinados por el pleno en materia de derechos humanos y materia constitucional.

El Senado de la República, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante de entre la terna presentada por la propia Suprema Corte.

La designación será a través del voto de dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable término de 30 días. Si el Senado de la República no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidente, someterá a una nueva terna en los términos del párrafo anterior, y si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de la mencionada terna designe el pleno de la Suprema Corte de Justicia, como máximo órgano del Poder Judicial.

En todo caso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia deberá observar que sea integrado con equidad de género.

Con lo anterior, no solo ganará independencia la Suprema Corte de Justicia, sino que además evitará politizar los nombramientos, pues tampoco quedaría como una cuota de poder o la discrecionalidad de los partidos políticos.

El Poder Judicial debe fortalecerse como un poder autónomo en el que no exista subordinación ni se admita la intervención de agentes ajenos a la institución. La principal función de la Suprema Corte es impartir justicia y debemos garantizar la libre autonomía, ya sea de otro poder de la Unión, de los gobiernos estatales o de los particulares que consideren ser factores de poder político o económico.

Destaco, que de aprobarse la reforma en cuanto a la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia, se fortalecerá la autonomía e independencia de la misma. Por ello, someto a consideración de la Cámara reformar los artículos 76, 79 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema y argumentos que la sustentan

México siempre ha encontrado fórmulas idóneas, incluso por medio de la influencia del exterior, para establecer en una carta general la organización política, económica, social y cultural de los mexicanos, por lo que la Constitución constituye el documento indubitable, a partir del cual se tenga la protección de los principios fundamentales del hombre, el control de las competencias de la autoridad y la adecuación de las demás normas legales a ella.

México se ha distinguido por ser innovador en el orden constitucional, es tiempo de seguir con los cambios y romper con esquemas tradicionales que los hechos actuales requieren.

La propuesta de reforma rompe con el dogmatismo clásico sobre las formas de designación de un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se esfuerza por establecer una nueva forma de relación de los tres poderes, en aras de un cambio benéfico, recogiendo las experiencias y perfeccionando la doctrina constitucional establecida y arraigada por el Constituyente de 1917.

La forma en la designación de ministros de la Suprema Corte que se propone rompe con el histórico sistema, sin caer en un excesivo pragmatismo, es decir, entiende el llamado colectivo.

Es imperativo fortalecer la Suprema Corte en los puntos específicos siguientes:

1. Su verdadera y real autonomía e independencia de sus miembros.

2. Elegir a sus miembros a propuesta del foro; la judicatura y las instituciones educativas, bajo los principios de honestidad, imparcialidad, autonomía, integridad e independencia.

En esta tesitura y en virtud de la materia de la presente iniciativa, se hace necesario plasmar las diversas acepciones de lo que ha sido la división de poderes en México, así como la evolución histórica de cómo ha sido en relación a la designación de ministros, como sigue:

La división de poderes

Desde la antigüedad, Aristóteles dividió en su Política las funciones del Estado en tres principales: la asamblea deliberante, el grupo de magistrados y el cuerpo judicial, atendiendo, más que nada, a un criterio de lógica división del trabajo.

Para el siglo XVII, John Locke, influido por turbulentos acontecimientos del Parlamento de la Corona Inglesa, escribió Ensayo sobre el gobierno civil,donde cual propuso la creación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Federativo, en el entendido que los dos últimos se encontrarían íntimamente arraigados, precisando que los Tribunales se encontrarían supeditados al Poder Ejecutivo.

Por su parte, Montesquieu elaboró la clásica doctrina de la división de poderes, esto es, la división tripartita del poder: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estableciendo como principal fin el equilibrio del ejercicio del poder y el control mutuo de los poderes constitucionalmente reconocidos, dictando la clásica regla de los pesos y contrapesos, es decir, el control y vigilancia entre ellos asegurando con esto, la libertad política de los hombres.

Todo Estado debe asegurar la libertad de los hombres, como base de un sistema que cumpla las leyes dictadas, en las que la libertad consista en poder hacer lo que se quiere y en no estar obligado hacer lo que no se quiere, es decir, las leyes solo prohíben determinados actos.

Pero lo anterior, sólo es posible en los Estados en que la libertad política es determinante, y no se abusa del poder y los documentos fundamentales aseguran que un poder pueda frenar a otro poder.

El propio Montesquieu acepta que dicha teoría es modificable, y no es absoluta, expresándose así: “Me gustaría investigar cómo se distribuyen los tres poderes en los gobiernos moderados que conocemos y calcular, según eso, los grados de libertad de que cada uno puede disfrutar. Pero no siempre hay que agotar el tema de manera que no quede nada por hacer al lector. No se trata de hacer leer, sino de hacer pensar”.

Como en toda ciencia del derecho, las doctrinas y teorías deben evolucionar en torno a las necesidades sociales, Hans Kelsen se refirió en Teoría general del derecho y del Estado a la división de poderes como una distribución de competencias, que más que separar los poderes, evita que se concentre el poder en uno solo, esto es, se debe visualizar desde un plano protector de derechos y previsor de abuso del poder, pero sin caer en el extremo de considerarla inamovible, ya que si se persiste en tal conceptualización, la misma distribución de competencias se convertiría en una fuente generadora del abuso de poder.

Sobre la distribución de competencias, Hans Kelsen se expresó así:

La legalidad de la ejecución no solo debe ser asegurada por la separación de los poderes, sino que incluso es una consecuencia de ésta.

En esta tesitura, cada Estado soberano en la esfera de su competencia, hace la distinción y la colaboración de los poderes que lo componen. En el caso de México, el sistema de gobierno “presidencialista” se caracteriza por establecer una igualdad y un equilibrio más perfecto entre los Poderes de la Unión, es decir, que ninguno se encuentra subordinado a otro.

El artículo 49 constitucional vigente establece en el primer párrafo:

El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La división de poderes es uno de los tantos principios propios de una república democrática como la nuestra, su importancia es tanta, que se conceptualiza como piedra angular que funda la doctrina filosófica de la Constitución Política.

En una revisión de la carta fundamental se aprecia que sus disposiciones concretas simplemente señalan las atribuciones designadas a cada una de las ramas en que se distribuye el poder público, articulándolas y distinguiéndolas concretamente; pretende que no haya invasión de atribuciones reconocidas a un poder público ajeno al pueblo. Pero igualmente señala en ocasiones situaciones político-jurídicas en las cuales, simultánea o secuencialmente dos poderes pueden y deben intervenir, y en ocasiones hasta los tres poderes, con lo cual refuerza la aseveración relativa a que estamos en presencia de un fenómeno de colaboración entre poderes y no de división.

Lo anterior se reafirma con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este criterio establecido desde la Quinta Época: Registro 28,2427, tesis aislada, instancia pleno, fuente Semanario Judicial de la Federación XIX, materia administrativa, página 97:

División de poderes

El principio de división de poderes no es absoluto y tiene numerosas excepciones, pues no siempre el Legislativo legisla, ni el Ejecutivo ejecuta, ni el Judicial juzga, sino que, cada uno de ellos, en su carácter de poderes emanados de la voluntad popular, ejecuta, autorizado por la Constitución, actos que corresponden a los otros; así, las autoridades agrarias y obreras que tienen facultades para decidir controversias entre los particulares, y, al atribuírselas la Constitución, estableció nuevas excepciones al principio de la división de poderes y dio caracteres judiciales innegables a los procedimientos administrativos agrario y obrero; consecuentemente, sus resoluciones tienen el carácter de irrevocables, pues de lo contrario, carecerían de la responsabilidad necesaria; y más sana teoría del derecho administrativo, extiende tal carácter de irrevocabilidad, hasta las resoluciones administrativas de carácter judicial, cuando por la revocación de ellas se afecten intereses de tercero.

Resulta evidente que la Constitución ha tenido diversas modificaciones a lo largo de su historia, el Poder Judicial no ha sido ajeno a tal fenómeno, precisamente la búsqueda histórica de distribución del poder en beneficio del particular ha llevado al máximo tribunal a circular por diversas formas de estructuración jurídico-políticas.

Como vemos, el Poder Judicial federal ha transitado desde un departamento ejecutivo, hasta un poder constitucional.

El jurista Emilio Rabasa sustentó argumentos que hablaban sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial, refiriéndose a la organización política de México, opinando que el Judicial no es un poder si se encontraba limitado únicamente a aplicar la ley y sometido a la voluntad política de otro poder, en cuanto al procedimiento de integración de sus miembros.

Esto es, un verdadero poder constitucional debe integrarse por voluntad y expresión autónoma independiente de sus miembros, lo anterior, derivado de que las funciones que realiza revisten como necesidad fundamental la imparcialidad.

Es una convicción del diputado suscrito salvaguardar la independencia del órgano judicial y, en consecuencia, dotarlo de las atribuciones necesarias para que administre justicia de forma imparcial y objetiva, manteniendo su organización en equilibrio con los demás poderes.

Tales convicciones no son nuevas y han sido una preocupación desde que se conformó el documento constitucional de 1917; es de admirarse las argumentaciones expresadas del Constituyente José M. Truchuelo:

La independencia del Poder Judicial estriba en desligarlo de todos los demás poderes. Si los demás poderes tienen su origen en la soberanía popular; si el Ejecutivo toma su origen en la voluntad nacional, en la elección directa de todos los ciudadanos; si el Poder Legislativo toma el mismo origen en la voluntad directa de todos los ciudadanos; ¿por qué vamos a sujetar al Poder Judicial a los vaivenes, a los caprichos de la política y a la subordinación del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, cuando precisamente debe tener su base, su piedra angular en la soberanía del pueblo y en la manifestación de la voluntad nacional? No hay absolutamente ninguna razón en nuestro derecho moderno, y más cuando aquí hemos aprobado el artículo 49, que consagra esa división de poderes, porque los tres vienen a integrar la soberanía nacional. No me parece conveniente hacer que esa soberanía nacional tenga un fundamento completamente mutilado, porque nada más el Ejecutivo y el Legislativo son los que, según el proyecto, se originan directamente en el pueblo, y el Poder Judicial, que es parte integrante de la soberanía nacional, no tiene el origen inmediato del pueblo. Por consiguiente, hasta en el derecho constitucional sería defectuoso decir que todos los poderes están basados en la soberanía nacional, porque el Poder Judicial, según el proyecto, según el dictamen de la comisión, no está basado en la voluntad del pueblo, que es la que constituye la expresión más augusta de la soberanía nacional. Ahora bien: ¿cómo hacemos para independizar a ese Poder Judicial de todos los demás poderes? Sencillamente aplicando el concepto técnico, aplicando el principio constitucional de que deben tener los tres poderes el mismo origen, puesto que los tres deben establecer el equilibrio armónico en la soberanía del pueblo. Naturalmente, señores, para que tenga ese origen, debemos buscar la manera más apropiada para que ese poder dimane del pueblo, para que pueda ejercitarse libremente.

Visto lo anterior, es evidente que el Poder Judicial debe encontrarse en una situación de plena independencia y autonomía, haciendo la anotación que dichos conceptos no deben ser confundidos como sinónimos, sino por el contrario, cada uno refleja un objetivo específico a cumplir y para ello se considera pertinente traerlos a cuenta para emitir una opinión debidamente razonada y suficientemente motivada.

Autonomía de los poderes constitucionales

El artículo 39 constitucional ordena:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Es claro que el primer poder, origen genético de cualquier otro, es el poder del pueblo, esto es, la voluntad popular como la única fuerza decisoria de la vida política y jurídica del Estado, que no admite otra voluntad, ya sea del interior o exterior.

Ahora bien, la soberanía, o poder del pueblo, tiene que ser plasmada en la Constitución y debidamente cumplida. Dicha soberanía tiene que ser cumplida o materializada. Por ello, el artículo 41 aclara:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal...

Ahora bien, hay una soberanía, la cual se ejerce por los Poderes de la Unión, los cuales son enunciados en el artículo 49:

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial...

Dichos poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen atribuciones expresamente conferidas, y bajo las teorías de división de poderes y distribución de competencias exploradas con antelación, sirven mutuamente de contrapesos, bajo la principal premisa que actúan por mandato de la norma fundamental.

La fuerza jurídica de dichos poderes radica en que en lo individual actúan bajo mandato y existen otros dos poderes que detienen sus excesos en el ejercicio de sus atribuciones.

De forma esencial, deben tener autonomía, para regularse de forma interna, en virtud de que también el exceso de control mutuo, podría llevar al terreno de un excesivo control o dependencia hacia otro Poder, rompiéndose la naturaleza y fin de la división de poderes.

Autonomía e independencia del Poder Judicial

La independencia judicial se expresa en dos sentidos: externa e interna. La externa se refiere a las influencias provenientes de los otros poderes o particulares ajenos a los órganos judiciales, guarda una estrecha relación con el nombramiento, remoción, financiamiento, opinión pública, pero sobre todo al igual que la interna, depende de los valores y principios intrínsecos del juez o magistrado. Por su parte, la independencia interna se presenta en el seno de dichos órganos.

El juez y el magistrado tienen que ser soberanos en el ejercicio de su potestad. Cualquier interferencia de otro poder o de su superior anularía por completo la soberanía.

La independencia mira su relación con los otros poderes y debe descansan en tres presupuestos: 1. Que la organización administrativa del poder judicial (nombramientos –traslados, asensos, etcétera–) no sea determinantemente por los otros poderes; 2. Que este Poder (el Judicial) sea el que fije a su arbitrio la denotación de jueces y magistrados y administre el presupuesto de justicia (independencia económica); y 3. Que los jueces y magistrados no pueden desempeñar otros cargos simultáneamente y sucesivamente con los judiciales.

La autonomía propone que el juzgador realice sus labores autogobernándose, tanto en el que respecta a sus medios materiales como en sus medios personales sin más referencia que la propia ley.

Tales conceptos revisten vital importancia, en virtud de que la principal encomienda de nuestro más alto tribunal consiste en verificar el cumplimiento del principio de supremacía constitucional; es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación verifica que ningún ente de gobierno se pretenda colocar por encima del documento fundamental que les da vida.

Las garantías de independencia y autonomía, son el supuesto necesario para una justicia imparcial, es un imperativo inaplazable, el mejorar el Poder Judicial para que sea garante moral, legitimado por el pueblo como autoridad última que confirma la legalidad.

Por ello, la preocupación del diputado que suscribe es en el sentido de que debe de ser fortalecida la independencia del Poder Judicial, a través de la mejora sobre los mecanismos de designación de ministros de la corte, que garanticen que los mismos no supediten su función a compromisos ajenos, ya que hoy en día con el actual sistema de designación, se está en un riesgo latente de afectar la imparcialidad de las decisiones jurisdiccionales que emite.

Hay que recordar, que en el artículo 105 constitucional se establecen los procedimientos en los cuales el propio Poder Ejecutivo se convierte en ocasiones como parte, ya sea como actor o demandado,luego entonces se encarga de resolver litis entre los otros dos Poderes Constitucionales, existiendo la posibilidad de que sean cuestionadas las resoluciones en virtud de la existencia de un posible conflicto de intereses.

Como quedó demostrado, el sistema constitucional de división de poderes o distribución de competencias, son una labor constante de perfeccionamiento en cuanto a la distribución del ejercicio del poder, es por ello qué, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser vista como un punto intermedio entre la Constitución y los órganos de Estado creados para el ejercicio del poder; por tanto, su actuar imparcial debe ser protegido y resguardado por él mismo, y los otros dos poderes tienen la encomienda constitucional de cumplir con el mandato expresado en el artículo 17 constitucional en su párrafo sexto, que entre otros mandatos expresa: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”. Visto lo anterior, el Poder Judicial debe fortalecerse como un poder autónomo en el que no exista subordinación, ni se admita la intervención de agentes ajenos a la institución.

La principal función, impartir justicia, debe verse siempre libre de intromisiones ajenas, sea a nivel de otro poder de la Unión, de los gobiernos estatales, o de particulares que consideren ser factores de poder político o económico, el diputado suscrito considera que la reforma en cuanto a la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fortalecerá su autonomía e independencia.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito, Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 96 y se deroga la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministros

Único. Se reforman la fracción VIII del artículo 76 y los dos párrafos del artículo 96; y se deroga la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. ...

I. a VII. ...

VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidente, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta el ministro presidente.

IX. a XIV. ...

Artículo 89. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Se deroga.

XIX. y XX. ...

Artículo 96.Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el pleno de la mismasometerá una terna a la consideración del Senado , la cual se integrará con las propuestas de candidatos que surjan de la judicatura y de las universidades autónomas; los candidatos deberán ser examinados por el pleno en materia de derechos humanos y materia constitucional.

El Senado de la República, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante de entre la terna presentada por la Suprema Corte. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado de la República no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Pleno de la Suprema Corte.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidente, someterá una nueva terna en los términos de los párrafos anteriores. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que en la mencionada terna designe el pleno de la Suprema Corte, como máximo órgano del Poder Judicial. En todo caso, deberá observarse que el pleno de la Suprema Corte de Justicia sea integrado con equidad de género.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputado Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.Saludamos también la presencia de los alumnos de la preparatoria UNAM que nos acompañan, invitados por el diputado José Santiago López.

REFORMA Y ADICIONA 16 ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA INCORPORAR EL FORMATO DE LECTURA FÁCIL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra por tres minutos, la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos ordenamientos legales para incorporar el formato de lectura fácil. Adelante.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Gracias. Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día de hoy presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicional diversos ordenamientos para incorporar el formato de lectura fácil.

Sustancialmente, la iniciativa consiste en que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas que emiten actos materialmente jurisdiccionales incluyan, con independencia del formato clásico de resultandos, considerandos y resolutivos en las sentencias, un formato de lectura fácil cuando alguna de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que le impida o dificulte la capacidad de leer o de comprender un texto, dicho formato consiste en un extracto de la sentencia, bajo un lenguaje simple, directo, personal y respetuoso, mediante el uso de un lenguaje cotidiano, personificando el texto, con el objeto de que pueda comprenderlo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos. Cuando estos últimos se empleen deberán utilizarse, ilustrarse con ejemplos concretos.

Con ello se protegerá a los menores de edad o personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte leer o comprender el texto contenido en una sentencia o resolución para explicar cuáles son sus derechos y beneficios, o bien sus obligaciones en forma sencilla y clara, de tal suerte que reciban la información y que sea fácil de leer y de entender.

Con ello se promueven, protegen, respetan y garantizan los derechos humanos de los más débiles mediante mecanismos de maximización en el ejercicio de sus derechos, a fin de lograr la satisfacción plena de estos.

La iniciativa se enmarca en el principio de progresividad, directamente relacionado con el estándar del máximo uso de recursos disponibles, los cuales no son solo de carácter económico, puesto que la medida implementada a tiende a disponer de los recursos tecnológicos, institucionales y humanos para atender las necesidades concretas de la población menor de edad, así como de las personas cuya discapacidad les impide leer o comprender un texto, ya que debe considerarse que sí es posible realizar un texto sin tecnicismos, que resultará mucho más fácil para los emisores de las sentencias y resoluciones. Elaborar un extracto del sentido de las mismas en un lenguaje sencillo y directo.

Estamos proponiendo la modificación de 19 ordenamientos federales. Presentamos entonces, a consideración de esta Cámara, la iniciativa en cuestión. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Civiles, Federal de Procedimientos Penales, y Nacional de Procedimientos Penales, así como de las Leyes de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; Federal de Justicia para Adolescentes; Federal de Procedimiento Administrativo; Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; Federal de Protección al Consumidor; Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Federal del Derecho de Autor; Federal del Trabajo; Federal para prevenir y eliminar la Discriminación; General de Cultura Física y Deporte; General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones para incorporar el formato de lectura fácil.

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

La emisión de sentencias por parte de los órganos jurisdiccionales federales y locales, así como de resoluciones por parte de las autoridades administrativas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, implica una labor de carácter técnico desde el punto de vista jurídico.

El diccionario jurídico mexicano define la sentencia como la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso. En esa tesitura, señala el propio diccionario, que las leyes que regulan los procesos no obstante que disponen que las sentencias o resoluciones no se sujetarán a formalidades especiales, sí señalan el contenido formal de las mismas que separan en tres partes: la relación de los hechos de la controversia (resultandos), las consideraciones y fundamentos legales (considerandos) y los puntos resolutivos.

Ahora bien, dado que la motivación y fundamentación son requisitos establecidos en general para todo acto de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, los cuales se expresan en los considerandos de las sentencias y resoluciones, ya que en ellos se examina y valoran los hechos expresados en la controversia de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso, así como se expresan los argumentos jurídicos en los cuales se apoya la aplicación de los preceptos normativos que se invocan para resolver el conflicto, ello origina que resulten de difícil comprensión para aquellas personas que no están familiarizadas con los conceptos jurídicos, ocasionando que sean ininteligibles para ellas, lo cual se agrava tratándose de menores de edad o de personas con discapacidad mental o intelectual, lo que si bien no podría considerarse una vulneración de su derecho al acceso a la justicia, si es una barrera que les impide interactuar en forma plena en el entorno social, ya que la comprensión de la información textual es un aspecto fundamental para poder participar en la vida cotidiana.

En ese sentido debe decirse que, no obstante que el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, las actuales estructuras niegan el acceso a la información a un gran número de personas cuyas capacidades para la lectura, la escritura o el entendimiento, están disminuidas, a comparación de otros países, como Suecia, que desde el año de 1993 ha implementado mecanismos para erradicar dicha circunstancia.

Así, las razones por las que algunas personas tienen problemas con su capacidad de leer y de entender puede estar relacionada con su edad (menores de 18 años), con alguna discapacidad mental u otro tipo de discapacidad, por haber recibido una formación cultural limitada, o bien, por ser inmigrantes cuya lengua materna no es la lengua oficial del país de adopción.

En el caso específico, la iniciativa en cuestión está dirigida a las personas menores de edad, considerando para ello las personas menores de 18 años, y a las personas con discapacidad, pero no todas aquellas que tengan alguna discapacidad, sino aquellas que tengan alguna que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto.

En el caso de los menores de edad, el criterio es estrictamente biológico y para determinar la edad en que las personas se consideran mayores de edad, conviene señalar que el Código Civil Federal establece en su artículo 646 que ésta comienza a los 18 años cumplidos, a partir de los cuales se dispone libremente de la persona y de los bienes; por su parte, el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad; con base en lo anterior, existen normas protectoras para los menores de edad a fin de respetar, proteger, promover y garantizar sus derechos.

Con relación a las personas con discapacidad, resulta oportuno señalar que, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 2, fracción XXI, que persona con discapacidad es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

De lo anterior se advierte que, aun cuando el instrumento internacional y la normativa nacional conceptualizan de forma diferente a las personas con discapacidad, ambas consideran elementos comunes para determinar cuándo ello ocurre: las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ya sea en forma temporal o permanente, de carácter parcial o total, que les impide o limita su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás personas.

Considerado lo anterior, resulta oportuno señalar que los tipos de actividades con dificultad más conocidos se relacionan con:

• Caminar o moverse. Hace referencia a la dificultad de una persona para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna artificial.

• Ver. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales.

• Mental. Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones de la conducta o del comportamiento.

• Escuchar. Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado de su problema.

• Hablar o comunicarse. Hace referencia a los problemas para comunicarse con los demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o conversar de forma comprensible.

• Atención y aprendizaje. Incluye las limitaciones o dificultades para aprender una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como limitaciones para recordar información o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana.

• Autocuidado. Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender por sí mismo el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, clasificándolos en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada. Ahora bien, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad al año 2010, se obtienen los siguientes datos:

A manera de ejemplo, debe decirse que a partir de 2010 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuenta con información sobre los grupos en situación de discriminación y/o exclusión que recurren a sus servicios, con base en ello, la estadística señala que 3 por ciento tiene algún tipo de discapacidad.

Por tal motivo, resulta evidente la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, tanto federales como locales, que emiten sentencias y resoluciones en actos materialmente jurisdiccionales, consideren en la redacción de los citados documentos el formato de lectura fácil que permita la comprensión del documento tanto a los menores de edad como a las personas que por su discapacidad tienen dificultad para leer o comprender un texto.

A fin de dilucidar lo que se entiende por lectura fácil, resulta oportuno mencionar que, si bien no existe una definición universal ni conceptual al respecto, sí se han establecido las características generales de los documentos de lectura fácil. En sentido, las Directrices Europeas para Facilitar la Lectura establecen que

...El contenido ha de seguir un ordenamiento claro y coherente. Todas las ideas, vocablos, oraciones o frases innecesarias deberán evitarse o suprimirse.

...

...en la medida de lo posible se evitarán los conceptos abstractos. En caso contrario, tales conceptos deberán ser ilustrados con ejemplos concretos.

A mayor abundamiento, las citadas directrices señalan que para elaborar un documento que sea accesible existen algunas normas de tipo general que se deben observar:

• Use un lenguaje sencillo y directo

Emplee las palabras más sencillas expresadas de la forma más simple. Evite las estructuras complejas y los conceptos abstractos y refleje con claridad las ideas que desea transmitir.

• Evite los conceptos abstractos

Si ha de mencionar conceptos abstractos, sírvase de ejemplos concretos o de comparaciones que faciliten la comprensión del tema.

• Emplee vocablos cortos relativos al lenguaje cotidiano hablado

Evite las palabras largas difíciles de leer o pronunciar. Emplee únicamente palabras de uso habitual para las personas que integran el grupo objetivo. No obstante, emplee un lenguaje de adultos cuando escribe para personas adultas.

• Personifique el texto tanto como sea posible

Diríjase a sus lectores de manera directa y personal. La expresión de “Usted tiene derecho a...” es siempre mejor que “Los usuarios del servicio tienen derecho a...”.

• Haga uso de ejemplos prácticos

Los ejemplos prácticos pueden ser útiles para que las personas entiendan los conceptos abstractos y para relacionar la información con las situaciones de su propia vida.

• Diríjase a los lectores de manera respetuosa

Emplee un lenguaje de adultos al escribir para personas adultas. Considere el uso del pronombre “Tú” o “Usted”. Si duda respecto al empleo de uno u otro, pregunte a las personas con retraso mental (sic) como les gustaría que se dirigieran a ellas.

• Utilice oraciones cortas en su mayoría

• Incluya una sola idea principal en cada oración

No intente expresar más de una idea o tema en cada oración.

...

• Sea sistemático al utilizar las palabras

Utilice la misma palabra para nombrar una misma cosa —incluso aunque la repetición de palabras afecten al estilo de redacción.

• Elija signos de puntuación sencillos

Evite el punto y coma, los guiones y las comas.

• No emplee el subjuntivo

El “futuro incierto” (...podría...,... debería...) es impreciso y se presta a confusiones. Evítelo siempre que pueda.

...

• No emplee palabras de otro idioma

Esto es también aplicable incluso cuando sean palabras de uso común pero de origen foráneo. Si no fuera posible evitarlas por ser de uso generalizado en el lenguaje cotidiano, explíquelas.

...

• Evite el uso de jergas, abreviaturas e iniciales

Evite siempre el uso de jergas profesionales –no tienen sentido y son irrelevantes para la mayoría de las personas que no pertenecen a un determinado gremio. Intente evitar las abreviaturas, salvo que sean conocidas por su grupo objetivo. Explique siempre su significado.

Use los paréntesis cuando sea importante explicar el significado de una palabra que será utilizada por otros. Repita los paréntesis para hacer una observación (por ejemplo: “...constitución, las reglas de una organización,...!).

Por otra parte, resulta oportuno mencionar que en el documento intitulado La publicación de fácil lectura en Suecia 5 se considera que las personas que pueden beneficiarse del formato de lectura fácil son aquellas que tienen algún tipo de discapacidad mental que les impide o dificulta leer o comprender, las personas víctimas de accidentes cerebro vasculares y que como secuela han perdido la capacidad de hablar (afásicas), las personas que desde el nacimiento han perdido la capacidad auditiva y que tienen la lengua de signos como primera lengua y cuya capacidad de lectura en ocasiones es limitada, las personas con dislexia (dificultad de lectura y escritura), así como las personas adultas mayores que por su edad han desarrollado enfermedades mentales. La citada publicación, considera que algunos criterios para realizar un texto fácil de leer y de comprender son, entre otros, los siguientes:

1. Escribir concretamente, evitando abstracciones

2. La acción debe seguir un hilo común con lógica.

3. Ser directo y simple, sin introducciones largas y sin demasiadas personas involucradas.

4. Evitar el lenguaje simbólico o metáforas.

5. Ser conciso, lo que implica no hacer referencia a varias acciones en una sola frase.

6. Evitar palabras difíciles, utilizando un lenguaje que implique dignidad para la persona. Si se tienen que utilizar palabras inusuales, deben ser explicadas a través de claves de contexto.

7. Incluso las relaciones más complicadas pueden ser descritas.

En suma puede decirse que, las características generales del formato de lectura fácil son las siguientes: utilizan un lenguaje simple y directo; expresan una sola idea por frase; evitan las abstracciones, metáforas, los tecnicismos, las abreviaturas, las iniciales y las palabras en otro idioma, cuando ello ocurra se hará uso de ejemplos prácticos; utilizan un lenguaje que reconoce la dignidad de la persona dirigiéndose en forma respetuosa a la persona; personifican el texto tanto como sea posible; estructuran el texto de manera clara y coherente.

En suma, la presente iniciativa va dirigida a proteger a las personas menores de edad o con alguna discapacidad que le impide o dificulte leer o comprender el texto contenido en una sentencia o resolución, emitida por alguno de los órganos jurisdiccionales federales o locales, o bien, por alguna autoridad administrativa de cualquier ámbito territorial que mediante una resolución realice actos materialmente jurisdiccionales en las que intervenga como actor, demandado o promovente. Por ello, es muy importante explicar a las personas menores de edad o con discapacidad que les impide leer o comprender un texto legal, cuáles son sus derechos y beneficios o bien sus obligaciones, por lo que dicha explicación debe ser sencilla y clara, de tal suerte que reciban la información que sea fácil de leer y de entender.

Bajo dicha circunstancia, la iniciativa propone modificar diversos artículos para que tanto los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas que emitan actos materialmente jurisdiccionales, ya sean federales o locales, en sus sentencias o resoluciones incluyan, con independencia del formato clásico de resultandos, considerando y resolutivos, el formato de lectura fácil, cuando alguna de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que le impida o dificulte la capacidad de leer o de comprender un texto. Dicho formato consistirá en un extracto de la sentencia bajo un lenguaje simple, directo, personal y respetuoso, mediante el uso de un lenguaje cotidiano, personificando el texto con el objeto que pueda comprender lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Lo anterior, reconoce el hecho de que no todas las personas pueden leer con fluidez y el modo en que se escribe o presenta la información puede excluir a muchas personas, especialmente a quienes por su minoría de edad o por su discapacidad tienen problemas para leer o para entender la información contenida en una sentencia o resolución que afecta su esfera jurídica, puesto que la forma en que se encuentran redactados los textos en lugar de potenciar el acceso a la información, les niega el acceso a ella, creándose una barrera, obstaculizando la igualdad de derechos y la plena participación en sus respectivas sociedades.

Así, la presente iniciativa servirá, sin duda alguna, para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, pues con las modificaciones propuestas se protege a los más débiles, mediante mecanismos de maximización en el ejercicio de sus derechos, a fin de lograr la satisfacción plena de éstos. Además, la iniciativa se enmarca en el principio de progresividad, directamente relacionado con el estándar del máximo uso de recursos disponibles, los cuales no son sólo de carácter económico, puesto que la medida implementada atiende a disponer de los recursos tecnológicos, institucionales y humanos para atender las necesidades concretas de la población menor de edad, así como de las personas cuya discapacidad les impide leer o comprender un texto; ya que debe considerarse que si es posible realizar un texto con tecnicismos, resultará mucho más fácil, para los emisores de las sentencias y resoluciones, elaborar un extracto el sentido de las mismas en un lenguaje sencillo y directo.

Finalmente, no es óbice mencionar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, además de garantizar el respeto del derecho de acceso a la justicia, debe existir la garantía de que éste podrá ser ejercido por todas las personas, sin importar su condición, generando acciones propicias para ello; por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho acceso a la justicia.

Bajo dicha circunstancia, resulta imprescindible señalar que, el formato de lectura fácil ya ha sido utilizado por la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver el Amparo en Revisión 159/2013; inclusive el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad elaborado por nuestro máximo tribunal estima conveniente que las y los juzgadores, durante la tramitación de los juicios en que se vean involucradas las personas con discapacidad, y en todas las etapas del mismo, les garanticen su accesibilidad al entorno físico, a las comunicaciones y a la información, así como a las tecnologías de la información y las comunicaciones, en consecuencia, tratándose de personas con discapacidad intelectual, pueden optar por:

• Utilizar un lenguaje (oral o escrito) simple, con estructuras gramaticales comprensibles, en todo tipo de notificación, requerimiento, actuación, comparecencia y resolución que se dicte con motivo del juicio, evitando el uso de tecnicismos.

• Emplear formatos de fácil lectura y comprensión (inclusive uso de gráficos o pictogramas) para las resoluciones que se emitan con motivo del juicio de que se trate.170/171

Cabe aclarar que el lenguaje empleado, así como el formato de fácil lectura podrá variar, atendiendo a las necesidades particulares de la persona con discapacidad intelectual, considerando que pueden existir diversos grados de la discapacidad.

En ese sentido, la Primera Sala emitió la siguiente tesis:

Época: Décima Época

Registro: 2005141

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.)

Página: 536

Sentencia con formato de lectura fácil. El juez que conozca de un asunto sobre una persona con discapacidad intelectual, deberá dictar una resolución complementaria bajo dicho formato.De acuerdo con las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad. A partir de las mismas, ha surgido el denominado “formato de lectura fácil”, el cual se encuentra dirigido mayormente a personas con una discapacidad para leer o comprender un texto. Tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos, y empleando un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible. Para la elaboración de un texto de lectura fácil, es recomendable emplear una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Así, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan conocimiento de las mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los cuales dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. En consecuencia, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional intelectual, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, el cual no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta, misma que no sustituye la estructura “tradicional” de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular; Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

II. Argumentos que la sustentan

La iniciativa, substancialmente, tiene por objeto que los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, incorporen el formato de lectura fácil en las sentencias y resoluciones que emitan cuando en ellas intervenga algún menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, ya sea como actor, demandado o promovente.

Lo anterior, a fin de que las sentencias y resoluciones contengan un extracto de las mismas bajo un lenguaje simple y directo, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos; ello mediante el uso de un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible a fin de que los menores de edad o personas con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica.

El formato de lectura fácil no substituye la estructura tradicional de las sentencias o resoluciones, ya que se trata de un complemento de las mismas; además, la redacción del formato de lectura fácil no será idéntica en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta.

En esa tesitura, debe decirse que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual forma, el párrafo segundo considera el principio pro persona, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, los derechos reconocidos y protegidos a todas las personas se ubican en dos fuentes principales: la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

En ese sentido, la legislación nacional ha considerado la necesidad de proteger tanto a menores de edad como a las personas con discapacidad, a manera de ejemplo, los artículos 8o., 79, fracción II, 88, 100, 110, 129, fracción VIII, 147, 171, 173, fracción XIX, inciso c), 177 y 182 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen protecciones para el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción.

Al efecto, a nivel nacional se encuentran vigentes entre otras las siguientes normativas: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre otras.

A mayor abundamiento, debe decirse que, el Estado Mexicano firmó el 30 de marzo de 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El 17 de diciembre de 2007 fue depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, con la reserva de que en el sentido de que en caso de conflicto entre el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención y la legislación nacional, habrá de aplicarse -en estricto apego al principio pro homine- la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas. Para tal efecto, se consideran personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (artículo 1o., párrafo segundo de la Convención).

La citada Convención establece como propósito la de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente; la obligación de los Estados parte de respetar la dignidad de dichas personas; adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada Convención; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminar; así como facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.

Por otra parte, no es óbice mencionar que, uno de los principales resultados del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos fue la aprobación por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (resolución 48/96, anexo). Aunque no se trata de un instrumento jurídicamente vinculante, las Normas Uniformes representan el firme compromiso moral y político de los gobiernos respecto de la adopción de medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, son un instrumento para la formulación de políticas y sirven de base para la cooperación técnica y económica; resumen el mensaje del Programa de Acción Mundial e incorporan la perspectiva de derechos humanos que se ha desarrollado a lo largo del Decenio.

Al respecto el artículo 15 de las mencionadas Normas Uniformes señalan la obligación de los Estados tienen de crear las bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad. Para tal efecto, la legislación nacional debe enunciar los derechos y deberes de las personas con discapacidad; además, debe velar por que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. En ese mismo sentido, reconoce la necesidad de adoptar medidas legislativas para eliminar las condiciones que afecten adversamente la vida de las personas con discapacidad, para tal efecto la legislación podrá mencionar concretamente a las personas con discapacidad en los textos que sirvan para interpretar las disposiciones legislativas vigentes, además de establecer mecanismos jurisdiccionales para proteger los intereses de las personas con discapacidad.

Como se advierte, resulta evidente que conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, tanto los menores de edad como las personas cuya discapacidad les dificulta leer o comprender un texto, están protegidas por el marco constitucional, razón por la cual se propone la presente iniciativa.

III. Fundamento legal

Lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables.

IV. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones para incorporar el formato de lectura fácil

V. Ordenamientos a modificar

Se adicionarán los siguientes ordenamientos:

1. Artículos 222, 223, 268 Bis y 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

2. Artículos 95, 112 Bis, 139, 167, 299, 351 y 566 del Código Federal de Procedimientos Penales.

3. Artículos 67, 68, 206, 401, 403 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

4. Artículos 74, 80, 146 y 188 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Artículo 44 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

6. Artículos 77 y 101 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

7. Artículos 62 y 173 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

8. Artículos 59 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

9. Artículos 50 y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

10. Artículos 111 y 121 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

11. Artículo 47 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

12. Artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

13. Artículo 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

14. Artículo 226 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

15. Artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo.

16. Artículo 77 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

17. Artículo 83 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

18. Artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

19. Artículo 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

VI. Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo a los artículos 222, 223 y 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles y se le adiciona un artículo 268 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.

Cuando alguna de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 223. Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sentencia o de auto que ponga fin a un incidente, y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, dentro de los tres días siguientes de notificado el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u obscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame.

La aclaración de sentencia prevista en el párrafo inmediato anterior, deberá observar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 222 del presente Código.

Artículo 268 Bis. La sentencia definitiva o resolución interlocutoria que se emita respecto de alguno de los recursos previstos en el presente título deberán incorporar el formato de lectura fácil cuando alguna de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 348. Al pronunciarse la sentencia, se estudiarán previamente las excepciones que no destruyan la acción, y, si alguna de éstas se declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el tribunal.

Cuando alguna de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a los artículos 95, 112 Bis, 139, 167, 299, 351 y 566 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como siguen:

Artículo 95. Las sentencias contendrán:

I. El lugar en que se pronuncien;

II. La designación del tribunal que las dicte;

III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.

IV. Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.

V. Las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de la sentencia; y

VI. La condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes.

Cuando la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 112 Bis. Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el inculpado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del procedimiento penal.

Serán procedentes en los casos siguientes:

I. Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida;

II. Delitos culposos, o

III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de violencia familiar.

Procederán hasta antes de que se formulen las conclusiones. El Juez a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se Interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso.

Cuando la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, el acuerdo reparatorio deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto del acuerdo en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo acordado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 139. Las resoluciones que se dicten en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, producirán el efecto de impedir definitivamente el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos que las motiven.

Cuando la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la resolución deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la resolución en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo acordado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 167. Si dentro del término legal no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no sujeción a proceso, según corresponda, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actúe nuevamente en contra del inculpado; en estos casos no procederá el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal del delito o delitos de que se trate.

Cuando la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, el auto de libertad a que refiere el presente artículo deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto del auto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo acordado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 299. El procedimiento cesará y el expediente se mandará archivar en los casos de la fracción IV del artículo anterior, o cuando esté plenamente comprobado que los únicos presuntos responsables se hallan en alguna de las circunstancias a que se refieren las fracciones I, II, III, V y VI del mismo; pero sí alguno no se encontrare en tales condiciones, el procedimiento continuará por lo que a él se refiere, siempre que no deba suspenderse en los términos del capítulo III de la Sección Segunda del Título Décimo Primero.

Cuando se siga el procedimiento por dos o más delitos y por lo que toca a alguno exista causa de sobreseimiento, éste se decretará por lo que al mismo se refiere y continuará el procedimiento en cuanto a los demás delitos, siempre que no deba suspenderse.

Si en el sobreseimiento que se determine la víctima u ofendido es un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, el auto deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto del auto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo acordado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 351. La aclaración procede únicamente tratándose de sentencias definitivas, y sólo una vez puede pedirse.

Cuando la sentencia que deba ser aclarada refiera que la víctima u ofendido es un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la aclaración también deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto del auto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo aclarado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 566. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se fallará el asunto declarando fundada o no la solicitud, dentro de los diez días siguientes.

Si el reconocimiento de inocencia se declara fundada y en el procedimiento la víctima u ofendido es un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, el reconocimiento deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto del auto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo aclarado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo a los artículos 67, 68, 206, 401, 403 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como siguen:

Artículo 67. Resoluciones judiciales

La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso.

Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes:

I. Las que resuelven sobre providencias precautorias;

II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia;

III. La de control de la detención;

IV. La de vinculación a proceso;

V. La de medidas cautelares;

VI. La de apertura a juicio;

VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio;

VIII. Las de sobreseimiento, y

IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo.

En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo.

Cuando las resoluciones mencionadas refieran que la víctima u ofendido es un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, se deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la resolución en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un juez o magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario.

Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias

Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos.

Las sentencias que se emitan en las que la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 206. Sentencia

Concluido el debate, el Juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración.

Las sentencias que se emitan en las que la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado.

El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido.

Artículo 401. Emisión de fallo

Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo.

El fallo deberá señalar:

I. La decisión de absolución o de condena;

II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y

III. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan.

En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días.

En caso de absolución, el tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes.

Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado y ordenará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado.

El tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes.

Cuando en la emisión del fallo la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 403. Requisitos de la sentencia

La sentencia contendrá:

I. La mención del Tribunal de enjuiciamiento y el nombre del juez o los jueces que lo integran;

II. La fecha en que se dicta;

III. Identificación del acusado y la víctima u ofendido;

IV. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado;

V. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba;

VI. La valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de enjuiciamiento;

VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución;

VIII. La determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones;

IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el Tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes, y

X. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento.

Cuando la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 479. Sentencia

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente.

Cuando la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Cuarto. Se adiciona un párrafo a los artículos 74, 80, 146 y 188 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo 74. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;

V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.

El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.

Cuando el quejoso o tercero interesado sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia y, en su caso, la aclaración deberán incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente Capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3o de esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía.

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma.

Las resoluciones que se emitan en los recursos previstos en el presente artículo, deberán incorporar el formato de lectura fácil cuando alguna de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;

III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión; y

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento.

Cuando el quejoso o tercero interesado sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la resolución debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 188. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos.

En el caso de que el quejoso o tercero interesado sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Cuando por cualquier motivo cambiare el personal del tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los magistrados que la hubiesen dictado, si fue aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados que integran aquél, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido.

Firmada la sentencia se notificará por lista a las partes.

En los casos en que proceda el recurso de revisión la notificación a las partes se hará en forma personal.

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso.

Artículo Quinto. Se adiciona un párrafo al artículo 44 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 44. Concluida la investigación, el Visitador General formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.

En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración final.

Tanto en el proyecto de Recomendación como en el acuerdo de no responsabilidad cuando quien aduzca violación a sus derechos humanos se trate de un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, se deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la Recomendación o acuerdo de no responsabilidad en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Sexto. Se adiciona un párrafo a los artículos 77 y 101 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para quedar como siguen:

Artículo 77. La Comisión Nacional, después de analizar y valorar las pruebas y alegatos aportados por las partes, emitirá un laudo que resolverá la controversia planteada por el Usuario.

Cuando el usuario se trate de un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, debidamente representado, el laudo deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto del laudo en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 101. El órgano encargado de resolver el recurso de revisión podrá:

I. Desecharlo por improcedente;

II. Sobreseerlo en los casos siguientes:

a) Por desistimiento expreso del recurrente.

b) Por sobrevenir una causal de improcedencia.

c) Por haber cesado los efectos del acto impugnado.

d) Las demás que conforme a la ley procedan.

III. Confirmar el acto impugnado;

IV. Revocar total o parcialmente el acto impugnado, y

V. Modificar o mandar reponer el acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya.

En todos los casos, cuando el reclamante sea de un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, debidamente representado, la resolución deberá incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

El órgano encargado de resolver el recurso de revisión deberá atenderlo sin la intervención del servidor público de la Comisión Nacional que haya dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen a la imposición del recurso correspondiente.

La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida en un plazo que no exceda a los noventa días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el Presidente, ni a los ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos que sean competencia de la Junta.

La Comisión Nacional deberá prever los mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área que emite la resolución objeto del recurso y aquella que lo resuelve.

Artículo Séptimo. Se adiciona un párrafo a los artículos 62 y 173 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes para quedar como siguen:

Artículo 62. La resolución deberá estar debidamente fundada y motivada, escrita en un lenguaje accesible al adolescente o adulto joven y deberá contener los siguientes elementos:

I. Lugar, fecha y hora en que es emitida;

II. Datos personales del adolescente;

III. Relación de los hechos, pruebas, alegatos y conclusiones;

IV. Motivos y fundamentos legales que la sustentan;

V. Argumentos a partir de los cuales se decide si quedó acreditada o no la existencia de la conducta;

VI. Argumentos a partir de los cuales se decide si quedó o no acreditada la responsabilidad del adolescente o adulto joven;

VII. La medida que en su caso llegue a imponerse, su duración y lugar de aplicación y ejecución, así como la medida de mayor gravedad que se impondría en el caso de incumplimiento;

VIII. Las medidas de menor gravedad por las que, en los términos de esta Ley, puede sustituirse la medida impuesta, así como el orden en que deben ser consideradas por la Unidad Especializada; y

IX. El monto de la reparación del daño a la víctima u ofendido, en su caso.

La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes, afirmaciones dogmáticas, fórmulas genéricas, o rituales no constituyen en caso alguno fundamentación ni motivación.

Cuando la víctima u ofendido sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la resolución debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la resolución en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 173. La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, quienes podrán hacer uso de la palabra, sin que se admitan réplicas. Si fueren dos o más los apelantes, usarán la palabra en el orden que designe el funcionario que presida.

Quienes intervengan en la discusión podrán dejar breves notas escritas sobre su planteamiento.

El adolescente o adulto joven será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, en ese caso, se le concederá la palabra en último término.

En la audiencia, el Magistrado de Circuito para Adolescentes podrá interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones planteadas en el recurso.

Declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el Magistrado de Circuito para Adolescentes pronunciará el fallo que corresponda, en ese momento o a más tardar, dentro de los cinco días posteriores, confirmando, revocando o modificando la resolución apelada.

Cuando en la resolución de la apelación se haga referencia que la víctima u ofendido es un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la resolución debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la resolución en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Octavo. Se adiciona un párrafo a los artículos 59 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para quedar como siguen:

Artículo 59. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo; en su caso, el órgano administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, poniéndolo, previamente, en conocimiento de los interesados por un plazo no superior de diez días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen convenientes.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la Administración Pública Federal de iniciar de oficio un nuevo procedimiento.

La resolución debe incorporar el formato de lectura fácil cuando el interesado sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representado; dicho formato consiste en un extracto de la resolución redactada en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 92. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.

Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.

La resolución debe incorporar el formato de lectura fácil cuando el interesado sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representado; dicho formato consiste en un extracto de la resolución redactada en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Noveno. Se adiciona un párrafo a los artículos 50 y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para quedar como siguen:

Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.

Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.

Cuando una de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representada, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil,; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo 58-13. Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado pronunciará sentencia dentro de los diez días siguientes.

Cuando una de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representada, la sentencia debe incorporar el formato de lectura fácil,; dicho formato debe tener un extracto de la sentencia en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Décimo. Se adiciona un párrafo a los artículos 111 y 121 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como siguen:

Artículo 111. La Procuraduría señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de las partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor.

La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos.

Cuando el consumidor sea una persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representada, el convenio de conciliación debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la conciliación en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo convenido, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el consumidor sea menor de edad y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 121. El laudo arbitral emitido por la Procuraduría o por el árbitro designado por las partes deberá cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentación dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación, salvo pacto en contrario.

Cuando el consumidor sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representada, el laudo debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto del laudo en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo laudado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Undécimo. Se adiciona un párrafo al artículo 47 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para quedar como sigue:

Artículo 47. El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo.

Cuando el titular de los datos sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representado, la resolución debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la resolución en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Duodécimo. Se adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para quedar como sigue:

Artículo 23. Las resoluciones que dicte el ente público federal con motivo de las reclamaciones que prevé la presente Ley, deberán contener como elementos mínimos los siguientes: El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. Igualmente en los casos de concurrencia previstos en el Capítulo IV de esta Ley, en dicha resolución se deberán razonar los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.

Cuando la parte interesada sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representada, la resolución debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto de la resolución en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Decimotercero. Se adiciona un párrafo al artículo 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para quedar como sigue:

Artículo 24. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

Cuando el titular de los datos sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representado, la resolución debe incorporar el formato comprensible a que hace referencia el párrafo inmediato anterior deberá ser el de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27.

Artículo Decimocuarto. Se adiciona un párrafo al artículo 226 de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 226. Los laudos del grupo arbitral:

I. Se dictarán por escrito;

II. Serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes;

III. Deberán estar fundados y motivados, y

IV. Tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Cuando alguna de las partes sea un menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, aun cuando esté legalmente representada, el laudo debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Decimoquinto. Se adiciona un párrafo al artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 840. El laudo contendrá:

I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie;

II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;

III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos;

IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;

V. Extracto de los alegatos;

VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y

VII. Los puntos resolutivos.

Cuando alguna de las partes sea un mayor de quince años y menor de dieciocho años que tenga permiso para prestar sus servicios de conformidad con la presente Ley o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, el laudo debe incorporar el formato de lectura fácil, aun cuando se encuentre legalmente representada en el juicio; dicho formato debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo laudado, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Decimosexto. Se adiciona un párrafo al artículo 77 Ter de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 77 Ter. La resolución por disposición contendrá una síntesis de los puntos controvertidos, las motivaciones y los fundamentos de derecho interno e internacional que correspondan y los resolutivos en los que con toda claridad se precisará su alcance y las medidas administrativas y de reparación que procedan conforme a esta ley. En la construcción de los argumentos que la funden y motiven se atenderá a los criterios y principios de interpretación dispuestos en esta ley.

Cuando la queja haya sido presentada por una persona menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la resolución debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Decimoséptimo. Se adiciona un párrafo al artículo 83 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:

Artículo 83. La tramitación y resolución del recurso de apelación a que hace referencia este Título, se sujetará a los requisitos y condiciones siguientes:

I. Se interpondrá por escrito, por comparecencia o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, dentro de los quince días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación o se tenga conocimiento del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la autoridad, organismo o entidad que lo emitió o que fue omiso en su realización, acompañando en su caso, el documento original que lo contenga y su constancia de notificación, así como señalando los hechos y agravios que se le causaron, y ofreciendo las pruebas que acrediten dichos hechos y agravios.

Si la interposición del recurso de apelación se hace por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, el apelante deberá ratificar dicho recurso por escrito y exhibir la documentación a que hace referencia el párrafo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su interposición;

II. La CAAD, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito o de la comparecencia respectiva, por la que se interpuso el recurso de apelación, o en su caso, a la ratificación del recurso, acordará sobre la prevención, admisibilidad o no del recurso.

Si el recurso fuera obscuro o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la fracción anterior, la CAAD prevendrá al apelante para que dentro del término de tres días hábiles subsane los defectos. De no hacerlo transcurrido el término, la CAAD lo tendrá por no admitido y devolverá al apelante todos los documentos que haya presentado.

Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al apelado para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación correspondiente, rinda un informe por escrito justificando el acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que correspondan.

En el acuerdo que determine la admisibilidad del recurso de apelación se citará a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes;

III. Admitido el recurso de apelación, la CAAD podrá conceder la suspensión provisional y en su caso definitiva del acto impugnado o de la resolución materia de la apelación, siempre y cuando lo justifique el apelante, no se trate de actos consumados, no se ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina deportiva respectiva, ni se contravengan disposiciones de orden público. La CAAD podrá revocar en cualquier momento esta suspensión, cuando cambien las condiciones de su otorgamiento;

IV. En la audiencia de conciliación, la CAAD escuchará a las partes en conflicto y de ser posible propondrá una solución al mismo, que podrá ser aceptada por ambas partes, mediante la celebración de un convenio que tendrá los efectos de una resolución definitiva emitida por la CAAD. En caso de que las partes no quisieran conciliar, la CAAD continuará con la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes;

V. Las pruebas admitidas se desahogarán en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y de ser posible en un solo día. Acto seguido, en su caso las partes formularán alegatos y se citará para la resolución definitiva que deberá emitir el Pleno de la CAAD en ese momento, o dentro de los quince días hábiles siguientes, en razón de lo voluminoso del expediente;

VI. Las notificaciones se podrán hacer a las partes por correspondencia o mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, se podrán utilizar dichos medios para la administración de los expedientes formados con motivo del recurso de apelación;

VII. Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo, agotarán la vía administrativa, serán obligatorias y se ejecutarán en su caso, a través de la autoridad, entidad u organismo que corresponda, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento, y

VIII. En todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento para la substanciación del recurso de apelación, la CAAD aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cuando el apelante sea una persona menor de edad o persona con discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto, la resolución debe incorporar el formato de lectura fácil; dicho formato debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona menor de edad o con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

Artículo Decimoctavo. Se adiciona una fracción al artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a:

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente ley;

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables;

III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

III Bis. Incorporar en sus resoluciones o sentencias que pongan fin al procedimiento o juicio el formato de lectura fácil, el cual debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la niña, niño y adolescente con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos;

IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial;

V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información sobre las medidas de protección disponibles;

VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera;

VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete;

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica;

IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario;

X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva;

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir;

XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.

Artículo Decimonoveno. Se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

Para tal efecto, las autoridades que emitan resoluciones administrativas y sentencias que pongan fin al procedimiento deberán incorporar el formato de lectura fácil, el cual debe tener un extracto en lenguaje simple y directo para que mediante el uso de un lenguaje cotidiano personifique el texto, con el objeto que la persona con discapacidad comprenda lo resuelto, evitando tecnicismos y conceptos abstractos, cuando éstos últimos se empleen deberán ilustrarse con ejemplos concretos.

VII. Artículos Transitorios

Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diccionario jurídico mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, tomo VIII, REP-Z, 1984, página 105.

2 Página electrónica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, visible en la dirección http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P, referente a Discapacidad en México, consultado el 8 de diciembre de 2014.

3 Indicadores sobre el derecho a un juicio justo, del Poder Judicial del Distrito Federal, Volumen II, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2011, p. 46, visible en la dirección electrónica http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/docs/IDHumanos/Indicadores_juicio_justo_ vol_II.pdf, consultado el 8 de diciembre de 2014 y Indicadores sobre el derecho a un juicio justo, del Poder Judicial del Distrito Federal, Volumen III, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2013, p. 50, visible en la dirección electrónica http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/docs/IDHumanos/Indicadores_juicio_justo_ vol_III.pdf consultado el 8 de diciembre de 2014

4 Asociación Europea ILSMH, El Camino Más Fácil. Directrices Europeas para Generar Información de Fácil Lectura, Portugal, 1988, página 8, visible en la dirección http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/directriceseuropeas%20para%20facilitar%20l a%20lectura.pdf, consultado el 10 de febrero de 2015.

5 Tronbacke, Bror Ingemar, The publishing of easy-to-read in Sweden, Suecia, 1993, página 3, visible en la dirección http://www.facillectura.es/documentos/recursos/easysweden.pdf, consultado el 10 de febrero de 2015. La traducción es responsabilidad de la suscrita.

6 Tesis: “Acceso a la justicia. Los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar ese derecho”; (J); 10ª Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1053.

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, México, 2014, p. 71.

8 Artículo 1. Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

...

Artículo 3. Principios generales. Los principios de la presente Convención serán:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

...

Artículo 4. Obligaciones generales.

1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

...

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

...

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley.

1. Los Estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

...

Artículo 13. Acceso a la justicia.

1. Los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

...

Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.

Los Estados parte adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

...

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 3 de diciembre de 2015.— Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Gracias, presidenta. Estimados compañeros, ustedes recordarán que al inicio de instalación de los trabajos de esta honorable Cámara de Diputados nos hicieron llegar el informe del presidente de la República, informe que fue entregado, según consta en los textos que se nos hicieron llegar, algunos en tirajes de mil 500 cuadernillos. Esto significa que para a impresión de esos documentos se necesitaron aproximadamente un millón 350 mil hojas.

Si nos ponemos a analizar nos damos cuenta que para imprimir ese gran tiraje de ese documento, se utilizaron un promedio de 108 árboles, según la empresa Paper Sheet, que está reconocida y que en un estudio certificado, determina que de cada árbol se pueden obtener 12 mil 500 hojas.

Los números son realmente alarmantes en materia de ecología. Estamos afectando nuestro medio ambiente. Estamos generando calentamiento global y una serie de condiciones que nos llevan a una situación alarmante en cuanto a los recursos naturales.

Esto significa que nosotros debemos participar activamente en salvaguardar esos recursos naturales, pues para el tiraje de estos textos que les comento, se debieron utilizar aproximadamente 10 litros de agua por cada impresión que se llevó de cada cuadernillo.

En esta tesitura pensando que la tala de árboles es necesaria para la elaboración de papel, entonces estamos impactando negativamente en la producción de oxígeno para nuestro país.

Si bien es cierto la tala de árboles a gran escala provoca deforestación y un impacto negativo en el medio ambiente, necesitamos aplicarnos y trabajar activamente todos nosotros para aprobar esta propuesta que parece mínima, pero que tiene un alto impacto.

Esta iniciativa versa en el sentido de que el Informe del presidente de la República sea entregado por vía electrónica. México ha avanzado mucho en los preceptos. Hemos avanzado mucho a nivel nacional en lograr grandes conquistas, trabajemos entonces a paso firme en salvaguardar la integridad de nuestros recursos naturales.

Por eso propongo a esta honorable asamblea, que tenga a bien votar, para que se reforme el artículo 69, en el párrafo primero, que establece: En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe vía electrónica. La modificación es únicamente que en lugar de que sea por escrito, sea vía electrónica.

Creo que estamos en el tiempo de las innovaciones tecnológicas. Creo que nuestro país y todo el mundo merecen que cuidemos y resguardemos sus recursos. Creo que ninguno de ustedes estará en contra de que se realice esta modificación al artículo 69 con proyecto de iniciativa de ley. Muchísimas gracias, compañeros; tengan ustedes buenas tardes.

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el principio que el ejecutivo envié su informe vía documento electrónico, conforme a lo siguiente:

Con respecto a la obligación que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal de presentar por escrito su informe anual de actividades respecto al estado que guarda la administración pública del país, obligación que se establece en el artículo 69, Primer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que señala de forma textual lo siguiente:

“En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentara un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.

Exposición de Motivos

I.El informe remitido a éste honorable Congreso de la Unión, con motivo del tercer Informe del gobierno federal, constó de 3 tomos de los cuales se imprimieron, según la referencia contenida en dichos textos con un tiraje de mil 500 juegos, lo que implicó que se utilizaron para efectos de la impresión del documento, un aproximado de un millón trescientos cincuenta y nueve mil hojas.

Aunado a lo anterior, según información de la empresa Paper Sheets, con fecha 1 de mayo de 2013, empresa que se encuentra certificada por el sistema de calidad IS0 14001:2008, mediante un estudio que elaboró, determinó que de un solo árbol se obtiene la cantidad de 12 mil 500 hojas de papel, por lo consiguiente se tuvieron que utilizar cuando menos la cantidad de 108 árboles para la impresión del Informe Anual.

Los números son alarmantes en materia ecológica y de medio ambiente, de conformidad con los estudios de diversas universidades, se estípula que el espacio de área idóneo de un árbol a su alrededor, debe ser, no menor de 5 metros cuadrados, es decir, un máximo de cuatrocientos arboles por hectárea, y que para la elaboración de una hoja de papel se requiere utilizar cuando menos 10 litros de agua, en ese contexto la impresión del tiraje del Informe Anual causa un impacto negativo en el medio ambiente.

En esta tesitura, pensando en que la tala de árboles es necesaria para la elaboración de papel conduce potencialmente a impactos negativos sobre el ecosistema y el medio ambiente en su conjunto, como por ejemplo cuando los árboles mueren de manera natural no hay pérdida neta de oxígeno en el ambiente, pero cuando se tala o se quema un bosque se pierde la mayor parte de oxígeno.

Si bien es cierto que la tala de árboles a gran escala provoca deforestación y un impacto negativo al medio ambiente, toda vez que de forma violenta se realiza la transformación de un área de bosque en terrenos con poca o sin vegetación, por lo tanto, si continuamos con las acciones violentas en contra de la naturaleza como lo es la tala indiscriminada y sin control de los árboles, y como consecuencia se acelera el calentamiento global. Con ello, viene como consecuencia, la pérdida del hábitat natural de diversas especies animales, incluso algunas de ellas endémicas o en peligro de extinción como por ejemplo el jaguar.

Éste tipo de acciones en contra del medio ambiente, provoca afectaciones a nuestro ecosistema, ya que disminuye la biodiversidad de flora y fauna, incrementa la contaminación del aire, del agua, se generan inundaciones de zonas urbanas y rurales, motivo de la erosión en los predios, principalmente con efectos negativos en laderas.

II. La presente iniciativa tiene por objetivo plasmar estos principios y conceptos, donde el Informe que se entrega actualmente por escrito, sea a través de medios magnéticos , por lo que es necesario adecuar el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México ha avanzado en muchos preceptos, sin embargo este que nos agobia, no se ha resuelto aún, se requiere dar un paso firme, para que los informes del titular del ejecutivo sean entregables a través de medios magnéticos, más que estamos en la era de la innovación, de la tecnología y de la carrera de la información y más, cuando los destinatarios del Informe contamos con las plataformas tecnológicas y los servidores de alta velocidad para recibir y procesar ese tamaño de información.

Asimismo no se está considerando el costo económico para el erario público que implica la impresión de los mil 500 ejemplares en que consta el tiraje de la impresión del Informe Anual de actividades del Titular del Poder Ejecutivo, aunado a los recursos humanos, vehículos, servicio de correspondencia y gasto corriente, que se requiere para toda la logística que conlleva la entrega de forma personal, de cada ejemplar del Informe.

En virtud de todo lo anterior manifestó. Que se ponga a su atenta consideración esta iniciativa, para que en vez de que el Informe Anual de Actividades del Titular del Poder Ejecutivo Federal se realice en la forma escrita, como se ha venido presentando año con año, ahora se realice de forma electrónica, por conducto de los medios electrónicos a nuestro alcance, considerando que el objetivo principal es el informar a la población el estado de la administración pública federal, además que esta forma, facilitará la entrega del mismo, tanto al Congreso de la Unión como a los demás receptores de dicho informe, ahorrándose el costo de la logística que ello implica.

Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 69, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el principio que el Ejecutivo envié su informe vía documento electrónico

Artículo Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 69, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 69. ...

Párrafo Primero, En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentara un informe vía electrónica, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión contara con 90 días a partir de su publicación del presenten decreto, para reformar la legislación aplicable en cumplimento de las presentes disposiciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputados: Rosa Alba Ramírez Nachis,Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Salomón Fernando Rosales Reyes, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado Ángel García Yáñez:En el sector público no seremos cómplices de la tala ilegal. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La iniciativa que pongo a consideración de esta asamblea busca reformar el párrafo tercero del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Su objetivo es garantizar que la cadena de suministro de la madera tenga un manejo sustentable para ser adquirida por las dependencias o entidades del sector público.

En Nueva Alianza nos comprometimos a impulsar una verdadera política de desarrollo sustentable. En este sentido se pretende fortalecer el texto vigente de la ley para que en el sector público no exista caridad para quien incumpla con el respeto al medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales.

Sé que la ley contempla que para las adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, debe requerirse que cuenten con un certificado del origen de manejo sustentable de aprovechamiento forestal. Lamentablemente el texto vigente solo se refiere al origen y a la obligación. No cubre todo el proceso de la madera que necesita para su transformación.

Una vez que la madera llega a los aserraderos se mezcla con madera que no tiene certificado y que en ocasiones proviene de tala ilegal ¿De qué sirve entonces el certificado? No queremos que las compras del Estado contribuyan al deterioro del medio ambiente. El compromiso de Nueva Alianza con la protección del medio ambiente es total. En el caso que nos ocupa, es forzoso garantizar que la madera que se compra esta libre de todo tipo de contaminación con madera obtenida de forma ilegal.

Según ha mencionado el titular de la Profepa, el 70 por ciento de la madera que circula en nuestro país es de procedencia ilegal, la sola cifra es de escándalo. Según el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año se pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas en el país. Uno de los factores que contribuye a la deforestación es precisamente la tala ilegal. Todos nos preocupamos cuando se mencionan estas cifras.

Compañeras y compañeros, confió en que acompañaran esta iniciativa en su proceso de dictamen y pronto la veremos convertida en ley. Cambiemos las cosas, está en nuestras manos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente diputado.

«Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

Actualmente, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala que tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministro de oficinas fabricados con madera, el Estado deberá requerir a su proveedor certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera.

Lo mismo se prevé para las adquisiciones de papel para uso de oficina, que con base en esta ley, deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme se mencionó en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.

Así pues, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público obliga a la administración pública que en caso de adquirir madera o productos fabricados a partir de madera (muebles, suministro de oficina, papel para uso de oficina de determinadas condiciones), deberá asegurarse que tales productos cuenten con un certificado garantizando que estos provienen de terrenos forestales en los cuales la extracción de los recursos maderables se realiza de manera sustentable.

Al obligar legalmente a la administración pública a adquirir madera o productos fabricados a partir de madera que cuenten con certificado de manejo forestal sustentable, el Estado reconoce el valor de impulsar las certificaciones sustentables en materia ambiental para reducir la deforestación y fortalecer el trabajo de las empresas o comunidades que manejan terrenos forestales sustentablemente.

En otras palabras, al incluir esta obligación en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Estado envió a consumidores y proveedores de recursos maderables la señal de que la madera que compra, para suplir sus necesidades de muebles y otros suministro de oficina, presenta un valor agregado, ya que incluye aspectos socio-económicos y de protección del ecosistema.

Sin embargo, este certificado de manejo no es suficiente para garantizar efectivamente que la madera comprada por el Estado no proviene de la tala ilegal o de extracción forestal autorizada pero no sustentable.

En efecto, tal y como lo señaló Greenpeace cuando se incluyó este tipo de certificación en la ley en comento, los procedimientos legales para autorizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de madera se prestan a todo tipo de abusos e irregularidades.

Por ende, la certificación de la madera o del subproducto de madera, por parte de un tercero, respecto a su procedencia de un bosque manejado sustentablemente (“Certificado de manejo forestal sustentable”) no es suficiente para garantizar al comprador final de madera que realmente está realizando una compra sustentable; ya que este certificado sólo garantiza que la madera ha sido extraída sustentablemente de bosques certificados, más no garantiza que la misma no haya sido contaminada con madera no certificada (ilegal o legal pero no certificada como sustentable) durante las etapas del transporte, almacenamiento, transformación (en aserraderos) y comercialización.

De esta forma, la madera con certificación de origen de aprovechamiento forestal sustentable, tal y como el Estado está obligado a comprar en la actualidad bajo el imperio de la norma vigente, sólo garantiza la etapa de producción de la madera y no el resto del proceso.

Por lo cual, en México, la madera certificada al momento de ser adquirida por la industria transformadora (aserradero) se pierde con el resto de la madera, autorizada pero no certificada o ilegal.

De hecho, se estima que en México, 50 por ciento de la madera que se comercializa es ilegal; es decir, se extrae sin contar con la autorización para el aprovechamiento de recursos forestales que exige la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por lo tanto, si el Estado pretende que sus decisiones de compra de madera no impacten negativamente al medio ambiente y a la sociedad, entonces deberá de aumentar la calidad de sus criterios de adquisición sustentable; lo cual en este caso implica la compra de producto maderable certificado no solamente en origen, sino a lo largo de toda la cadena hasta llegar al consumidor final.

Argumentación

Si el Estado pretende dar el ejemplo en la lucha contra el comercio de madera ilegal, entonces debe ser contundente en cuanto a la sustentabilidad de sus compras de madera o productos fabricados a partir de madera.

Ahora bien, para solucionar el problema de falta de garantía de las compras “sustentables” de la administración pública en cuanto a recursos maderables o productos fabricados a partir de este material, es necesario realizar una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta reforma debe obligar al Estado que para cubrir sus necesidades de suministro en madera, muebles y suministro de oficina fabricados con madera, deberá requerir a sus proveedores certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Semarnat, que garanticen la trazabilidad sustentable del producto en toda su cadena de suministro.

Es decir, es necesaria una reforma tal que obligue al Estado a que sus adquisiciones de madera y o de productos de oficina fabricados con madera vayan respaldadas con un “Certificado de Cadena de Custodia”.

Estos certificados garantizan que la madera que sale de bosques certificados no ha sido contaminada con madera proveniente de fuentes no certificadas o no autorizadas durante los procesos de transporte, transformación industrial y comercialización.

Así pues, con la Certificación de la Cadena de Custodia se evalúa todo el proceso por el cual pasa el recurso maderable, desde su extracción hasta la elaboración y comercialización del producto final.

Con ellos se garantiza al comprador final que la madera o producto fabricado con madera que ha adquirido, proviene de un terreno forestal autorizado para el aprovechamiento de recursos maderables; el cual además se efectúa de manera controlada, de modo que no se ponen en riesgo el equilibrio ecológico; y que durante las diferentes etapas de la cadena productiva (almacenamiento, transporte, transformación y distribución) su traza no ha sido confundida con la de otros productos maderables no certificados.

Llevar a cabo una reforma que obligue al Estado a limitar su compra de suministro de madera, muebles y suministro de oficina fabricados con madera, únicamente a aquellos productos que cuenten con un Certificado de Cadena de Custodia, que garantice la trazabilidad del aspecto sustentable en su cadena de suministro, permitirá al Estado mostrar a la ciudadanía y a la comunidad internacional su compromiso con el desarrollo forestal sustentable y su apego a la normatividad vigente.

En efecto, un certificado que compruebe el origen de un producto maderable de una cadena de suministro sustentable, asegura una real adquisición sustentable por parte del Estado, lo cual significa la creación y garantía de un mercado legal de madera con valor agregado a favor de las comunidades, ejidos y empresas privadas madereras que realizan gastos adicionales para operar sustentablemente.

La creación de un mercado legal certero para la madera certificada mediante el compromiso del Estado a comprar únicamente madera nacional certificada en cadena de custodia, aseguraría un nicho efectivo e importante de comercialización para los productores y proveedores de madera que actúan apegados a la ley y que se certifican; cuya competitividad se ve afectada en términos de precio, ya que la madera clandestina resulta más barata al no pagar impuestos ni incluir costos de manejo forestal, deprimiendo los precios y desplazando con precios falsamente bajos a los productores legales.

Según datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el valor del mercado de madera ilegal en México es de aproximadamente 4,200 millones de pesos al año y, sólo en términos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Federación está perdiendo 1.3 mil millones de pesos anuales, lo cual corresponde a un poco más de la mitad del presupuesto 2016 asignado y aprobado para la Semarnat como “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, a través de su programa de Protección Forestal.

Además, aunque resulte obvio, es importante señalar que la tala ilegal no sólo impacta en la captación de impuesto y en la eliminación de una buena parte de la producción legal al ocupar su mercado; sino que también tiene impactos directos sobre el medio ambiente.

En efecto, la tala inmoderada para extraer madera es la segunda causa de deforestación en el país, y ésta última presenta una tasa de alrededor 155 mil hectáreas al año. Para tener una idea más concreta del problema de la deforestación en México, con base en estos datos, la superficie deforestada en este país en un solo año es poco mayor al territorio poblado de la ciudad de México, sin los municipios conurbados. Esta área suma 147,900 Ha.

La tala ilegal además de contribuir directamente a la pérdida desequilibrada de los recursos forestales, tiene otros impactos negativos para el medio ambiente como lo son: la pérdida del hábitat de gran variedad de especies de fauna y flora, lo cual implica el riesgo de extinción de tales especies; la pérdida de la calidad de los suelos lo cual implica afectación a los mantos freáticos y, por ende, disminución de las fuentes de agua; la pérdida de sumidores de carbono y, por ende, disminución en la abosrción de gases de efecto invernadero lo cual conlleva mayor afectación del equilibrio climático regional e incluso global. Así pues, la tala clandestina afecta no solamente la conservación del ecosistema forestal en sí; sino que también perjudica los servicios ambientales asociados de los cuales depende el ser humano.

Entonces, la extracción descontrolada de madera en las áreas forestales tiene consecuencias adversas para la economía del sector forestal, las finanzas del Estado y el medio ambiente. Pero además, el mercado ilegal de la madera promueve un círculo vicioso de ingobernabilidad, ya que la corrupción y violación a las leyes debilita el Estado de Derecho y desestimula la inversión del negocio legal. Por tales razones, es imprescindible que el Estado sea tajante en su postura de cero tolerancia al mercado ilegal de madera.

Para tal efecto, el Estado debe de crear un mercado que garantice cierta demanda de madera legal certificada, empezando por su propio consumo; ya que al obligar a la administración pública a suplir sus necesidades en madera, muebles y suministros de oficina fabricados con recurso maderable, con madera legal certificada en cadena de custodia envía a la sociedad una señal positiva en pro de una cultura forestal sustentable y actuaría ad hoc para conseguir gobernanza forestal.

Así, con el propósito de garantizar un nicho de demanda para la madera legal certificada y para evitar la facilidad de blanquear la madera ilegal y/o no certificada, el Estado debe incrementar sus criterios de exigibilidad en cuanto al tipo de certificado que requiere a sus proveedores de madera o de productos fabricados con madera. En este sentido, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el requerimiento actual de un certificado de manejo forestal sustentable no es suficiente para garantizar efectivamente la extracción sustentable de los recursos maderables, sino que es necesario garantizar la entera cadena de producción, transformación y comercialización de tales recursos. Por lo cual, se revela imperiosa una reforma que obligue al Estado a requerir a sus proveedores en madera y productos fabricados en madera que los mismos cuenten con un certificado de cadena de custodia.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

I. a III....

...

Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen la entera cadena de suministro de la madera, desde el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales en el territorio nacional de donde proviene dicha madera, hasta el transporte, almacenamiento, transformación, distribución y comercialización de la madera.En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Greenpeace. (2007). Diputados: Ayuden a nuestros bosques. Disponible en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2007/Septiembre/ayuda-a-proteger-n uestros-bosq/

2 Zúñiga, Iván. (2007). El mercado ilegal de la madera en México. Nota informativa n. 16, Red de Monitoreo de Políticas Públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/descargas/nota_info_16_mercado_ilegal_de_madera.pdf

3 Reforestamos México, AC; Rainforest Alliance; CCMSS; Alianza Ecoforce de México; Conafor. (2010). Productos Maderables Certificados, Catálogo 2010. Disponibles en: http://www.conafor. gob.mx:8080/documentos/docs/5/2501Productos%20Forestales%20Certificados%20Catál ogo%202010,%20México.pdf

4 Zúñiga, Iván. (2007). El mercado ilegal de la madera en México. Nota informativa n. 16, Red de Monitoreo de Políticas Públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/descargas/nota_info_16_mercado_ilegal_de_madera.pdf

5 Madrid, Sergio. (2012). Tres propuestas de solución para enfrentar el mercado ilegal de madera. Exposición, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss. org.mx/biblioteca/371-tres-propuestas-de-solucion-para-enfrentar-el-mercado-ile gal-de-madera.html

6 Zúñiga, Op. Cit.

7 Proyecto de Decreto de Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2015.

8 Zúñiga, Op. Cit.

9 Marisol Rivera Planter, Carlos Muñoz Piña y José Antonio Casis García. Madera certificada en México: perspectivas y posibilidades. Nota Periodística, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/noticias/1136-madera-certificada-en-mexico-perspectivas -y-posibilidades.html

10 Semarnat. (2012). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México - Edición 2012. Disponible en: http://www.semarnat. gob.mx/informacionambiental/Pages/informes.aspx

11 Inegi (2012). Estadísticas a propósito del día mundial forestal, Disponible en:

http://plus.url.google.com/url?sa=z&n=1372828400626& url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2Finegi%2Fcontenidos%2Fespanol %2Fprensa%2FContenidos%2Festadisticas%2F2012%

2Fforestal0.doc&usg=L0iWcyfiaTthO0wGMG1Tz_Vwkj8

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de diciembre de 2015.— Diputados: Ángel García Yáñez, Pedro Garza Treviño, Soralla Bañuelos de la Torre (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada Sylvana Beltrones Sánchez:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. Estoy segura que de todos los estamos reunidos el día de hoy a nadie le es ajeno el tema del cáncer, la sola palabra es un eco de dolor para muchos de nosotros, podríamos contar historias de padres, madres, abuelos, tíos, incluso hijos.

En lo personal, es un compromiso que he adquirido en la lucha contra esta enfermedad, y por eso hoy presento una aportación concreta a la misma, a la que llamo a todos ustedes a sumarse. Se trata de crear un registro nacional de cáncer con base poblacional.

Como todos sabemos, el cáncer es la tercera causa de muerte en el país. Existen muchas estadísticas, están las del INEGI, están también los reportes de Globocan o las cifras de la Secretaría de Salud. Pero la realidad es que no contamos con una cifra oficial certera que nos dé un panorama real de la problemática que hay en nuestro país acerca de estas neoplasias.

Actualmente, los datos de las instituciones nacionales que tratan esta enfermedad se encuentran dispersos y poco sistematizados. Es por ello, de la importancia estratégica de esta iniciativa de reforma que hoy pongo a su consideración.

Todo lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso buscamos tener datos duros, precisos, que nos permitan destinar de forma mucho más eficaz y eficiente los recursos y los programas para prevención, detección y tratamiento de esta enfermedad.

Este registro implica un proceso de recolección continuo y sistemático relativo a la ocurrencia y características de neoplasias en el norte, centro y sur del país, para determinar la carga de la enfermedad y sus variaciones geográficas.

De hecho, ya existen estándares internacionales bien reconocidos como los que establece la Asociación Internacional de Registros que tiene su sede en León, Francia. También la mayoría de los países de América Latina y El Caribe ya cuentan con un registro de cáncer de base poblacional, quedándose México atrás en esta materia.

Además, esta iniciativa encuadra y fortalece el plan sectorial de salud y el programa de prevención y control de cáncer que el presidente de la República Enrique Peña Nieto impulsó el 23 de octubre del año pasado.

La presente propuesta retoma los elementos de estos esfuerzos, pero además también los estándares internacionales en la materia, de manera que se garantice la seriedad, la efectividad, la calidad de la información y la salvaguarda de los datos personales de los pacientes.

Es hora de poner a México al día en esta materia. Mientras no haya una cura contra el cáncer, debemos encaminar aquellas acciones que van hacia las futuras generaciones. Un país competitivo como el nuestro no puede progresar si su gente no está sana. Este registro será un precedente que cambiará la política pública en cáncer.

Estoy segura que esta iniciativa sumará los apoyos para su aprobación, porque su objetivo final es mejorar la salud y la vida de millones de mexicanos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Sylvana Beltrones Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XVI Bis al artículo 3o.; una fracción X Bis al artículo 7o.; y un capítulo III Bis al Título Octavo denominado “Del Registro Nacional de Cáncer” que comprenden los artículos 161 Bis y 161 Bis 1, de la Ley General de Salud con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Algunos lo llaman el “asesino silencioso” y no con poca razón. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte, ubicado después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas cardiovasculares.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó en casi 20 por ciento entre los años 2004 y 2013. En el primer año, se presentaron 64 mil 333 y aumentaron a 78 mil 582 en 2013, llegando así al récord histórico en el número de defunciones por neoplasias.

Los mismos registros del Inegi arrojan que en el periodo de 10 años señalado, han fallecido 718 mil 424 personas a causa del cáncer, de las cuales en 351 mil 923 eran de sexo masculino y 366 mil 458 de sexo femenino.

Según un reporte de Globocan 2012 de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) se estima que en México, en el 2015, morirán 87, 231 personas a causa del cáncer.

A nivel mundial, las cifras también son altas: en el ya mencionado reporte, la Agencia detectó una incidencia de cáncer de 14.1 millones de personas, 8.2 millones de muertes asociadas causadas por éste y 32.6 millones de personas viviendo con cáncer en ese año. En suma, la incidencia de cáncer se duplicó a nivel mundial en el último tercio del siglo XX, y se espera que esta tendencia continúe hasta por lo menos 2030.

Dado que los datos son alarmantes, se entiende que, según información de la Secretaría de Salud, desde 1990 la morbilidad y a la mortalidad por cáncer se consideren un problema de salud pública.

Como tal, este fenómeno requiere de medidas inmediatas, concretas y eficaces que logren poner un freno a su crecimiento y que logren incluso, una disminución considerable en el número de incidencias.

Con esto en mente, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013, se presentan diversas estrategias de educación, prevención, tamizaje, atención y tratamiento. Entre estas se encuentra la siguiente:

Estrategia 2.5. Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata

Líneas de acción

2.5.1. Establecer acciones de comunicación de riesgos de neoplasias malignas.

2.5.2. Promover la detección temprana de neoplasias malignas.

2.5.3. Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, particularmente cervicouterino y de mama.

2.5.4. Elaborar y difundir evaluaciones de desempeño de los programas de tamizaje de cáncer cervicouterino y de mama.

2.5.5. Fomentar la revisión rutinaria para detectar factores de riesgo de enfermedad prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias malignas.

2.5.6. Fortalecer la detección temprana y referencia oportuna para el tratamiento adecuado de pacientes oncológicos en menores de 18 años.

2.5.7. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas.

2.5.8. Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia.

2.5.9. Fortalecer las competencias profesionales del personal de salud en la atención integral del paciente oncológico menor de 18 años.11

El mismo documento menciona que como parte de la realización del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se llevaron a cabo nueve mesas de trabajo sectoriales, el 22 de marzo de 2013 en la Ciudad de México, con la finalidad de discutir y aportar propuestas sobre temas específicos. Una de esta mesas tuvo por tema el cáncer y las propuestas principales fueron las siguientes:

• Desarrollar e implementar un Programa Nacional de Control de Cáncer que mediante la participación intersectorial defina acciones factibles de prevención primaria, tamizaje y detección oportuna, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación.

• Impulsar la creación y continuidad de Registros Nacionales de Cáncer con base poblacional.

• Incrementar la vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas implementadas en el país.

• Fortalecer las estrategias de educación para la salud relacionadas con los principales factores de riesgo, así como con los signos y síntomas iniciales del cáncer en niños y adultos.

• Incrementar y articular una política pública de detección oportuna del cáncer que permita garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno de calidad.

• Desarrollar redes interinstitucionales que bajo un modelo de referencia y contrarreferencia permitan la atención de calidad del cáncer.

• Desarrollar, actualizar e implementar Guías de Práctica Clínica nacionales de manejo multidisciplinario para los pacientes con cáncer.

Como se puede ver, los participantes de esta mesa identificaron como una necesidad primordial para el país, la creación de un registro de cáncer con base poblacional.

Registro de cáncer de base poblacional

El registro de cáncer de base poblacional es un proceso de recolección de datos continuo y sistemático relativos a la ocurrencia y características de neoplasias, con el propósito de ayudar a medir y controlar el impacto de cáncer en la comunidad.

Esta clase de registros se caracteriza por recolectar sistemáticamente la información sobre todas las neoplasias notificables que se presentan en una población geográficamente definida y que proviene de múltiples fuentes. El objetivo que persigue es que la comparación e interpretación de los datos de incidencia del cáncer basados en la población, sirva de fundamento para las acciones tendientes a reducir la carga del cáncer en esa determinada población.

Durante tres cuartos de siglo, los registros de cáncer de base poblacional, cuyo inicio formal data de la década transcurrida entre 1930 y 1940, han contribuido de manera determinante a la epidemiología del cáncer y a la lucha contra éste.

Desde entonces, los registros han jugado un rol importante en diversos ámbitos del control del cáncer, desde la determinación de la carga de la enfermedad y de sus variaciones geográficas –lo que contribuye a la comprensión de sus causas– hasta el análisis de la supervivencia basada en la población y la evaluación de la calidad del diagnóstico y de los cuidados recibidos por los pacientes con cáncer. La acumulación y expansión de los datos registrados han permitido el incremento de los estudios sobre las tendencias geográficas y temporales de la incidencia, la mortalidad, la supervivencia y la prevalencia del cáncer. El conjunto de los datos individuales recogidos también ha nutrido un gran número de estudios epidemiológicos analíticos.

A diferencia de un registro hospitalario, el de base poblacional recoge todos los casos nuevos en un área geográfica, con énfasis en la epidemiología y salud pública. El hospitalario, por su parte, recoge todos los casos en un hospital determinado, en general sin conocimiento de la población de referencia; el énfasis es la atención médica y la administración hospitalaria. Este registro, sin embargo, puede formar el núcleo del esquema del registro de base poblacional.

El RCBP en el mundo

A nivel internacional es reconocido que la existencia de un registro de cáncer de base poblacional es una herramienta idónea para la planificación y evaluación de los programas de control de cáncer. Esto debido a que la evaluación sistemática de la incidencia del cáncer a partir de múltiples fuentes puede proporcionar una visión imparcial de la carga del cáncer en la población y de su evolución en el tiempo.

A pesar del reconocimiento de su importancia, la actividad de registros de cáncer en el mundo presenta grandes desigualdades entre los países de altos ingresos y países de ingresos bajos y medios. El porcentaje de población cubierta por los registros de cáncer incluidos en CI5C (Incidencia del Cáncer en Cinco Continentes) es del 83 por ciento en América del Norte y del 32 por ciento en Europa, mientras que es sólo del 6 por ciento en América Latina, del 4 por ciento en Asia y del 1 por ciento en África.

Este escenario exhibe como urgente la necesidad de ampliar la cobertura de registros de cáncer de base poblacional para obtener datos más completos y fiables, con el fin de dirigir las intervenciones de control del cáncer Por esta razón, la IARC ha promovido la Iniciativa Mundial para el Desarrollo de Registros de Cáncer en Países de Bajos y Medianos Ingresos, que tiene como principal propósito “desarrollar, y crear donde se necesite, la capacidad de aportar información fiable y de calidad sobre la carga del cáncer”, que facilite “el desarrollo y la puesta en marcha de políticas eficaces para el control del cáncer”.

El RCBP en América Latina

Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de población cubierta por los registros de cáncer es sólo del 6 por ciento en América Latina.

En la región, los países que son referencia en este tema son Colombia, Chile y Brasil.

Colombia fue la pionera en la instalación de un registro con estas características, pues creó uno en la ciudad de Cali en 1962. En 2012, contaba ya con ocho registros, cuatro de ellos indexados ante la IACR (abarcando así 10 por ciento de la población nacional) y cuatro no indexados (cubrían el 18 por ciento de la población nacional).

Por su parte, en el mismo año, Chile contaba con cinco registros, tres de ellos indexados que cubrían el 6.2 por ciento de la población nacional y dos sin indexación abarcaban un 7.2 por ciento de población adicional. El Registro Nacional de Cáncer Infantil de Chile cubre el 100 por ciento de la población menor de 15 años y opera desde 2006.

Brasil tenía registros poblacionales en 20 ciudades que cubrían el 19 por ciento de la población total, y operaban en integración con los registros hospitalarios. A partir del año 2006, los registros poblacionales de cáncer reciben financiación directa del Estado, a través de los recursos del Sistema de Vigilancia en Salud para los estados y municipios.

Es importante recalcar que el avance y la experiencia de Brasil, en cuanto a generación de información sobre el comportamiento epidemiológico del cáncer, se evidencian por el considerable número de publicaciones científicas y de informes técnicos de las autoridades sanitarias que hacen uso de los datos recopilados por los registros poblacionales de cáncer ubicados en zonas geográficas estratégicas. Estas publicaciones incluyen varios volúmenes de informes nacionales y estudios de incidencia y sobrevida nacionales y locales.

Situación actual en México

Según el volumen X del Reporte de Incidencia de Cáncer en Cinco Continentes realizado por la IARC, la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ya cuentan con un registro de base poblacional. Es así que México es de los pocos países de la región que no cuenta con uno.

El interés por crear un registro nacional de cáncer está presente en el país desde hace más de dos décadas. En el volumen 32 de la Revista del INC, publicada en septiembre de 1986, se describía ya un Registro Nacional de Cáncer creado por la Secretaría de Salud en 1982. Conforme a los datos recopilados en dicha publicación, en 1983 y 1984, este registro reunió 32,612 casos nuevos de cáncer en 34 hospitales de la Ciudad de México. Mencionan además, que dentro de las metas que se planteaban en el sector salud en ese momento, estaba la de darle base poblacional a ese registro.

De acuerdo con palabras pronunciadas en el XXXII Reunión Anual del Instituto Nacional de Cancerología, que se llevó a cabo en del 22 al 24 de febrero del 2015, el director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Abelardo Meneses García, indicó que actualmente, los datos de las instituciones que tratan esta enfermedad, se encuentran dispersos y poco sistematizados.

Sin embargo, se han tomado ya medidas y a partir de febrero de este año, se puso en marcha en Mérida un registro de este tipo. En él, participa personal de la Secretaría de Salud, la Sedena, la Semar, Pemex, el ISSSTE y el IMSS. Además, cuanta con la asesoría y la supervisión de la IARC.

Por las características de este registro, se calcula que basta con instalar un registro en tres zonas del país, para poder obtener datos relevantes a nivel nacional. Es por esto que el Instituto Nacional de Cancerología ya está impulsando la implementación de un registro en la zona centro (Guadalajara) y en la zona norte (Monterrey); además, para obtener datos de la zona centro-sur, buscan sumar a Puebla en este esfuerzo.

Para lograr la seriedad, efectividad y calidad de estos registros es conveniente que su creación e impulso queden estipulados en ley. Además, es necesario garantizar que éstos cumplan con los estándares internacionales fijados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

Estos estándares los explican a detalle en numerosas publicaciones. Por ejemplo, en el documento titulado Planificación y desarrollo de un registro de cáncer de base poblaciona.14 establecen los siguientes requisitos:

Recuadro 3.1. Requisitos para un registro de cáncer

Dentro de las condiciones necesarias para el desarrollo de un registro de cáncer se encuentran la existencia de servicios médicos de buena calidad y accesibles a la población, para que así la gran mayoría de pacientes con cáncer pueda acceder al sistema de atención de salud en algún momento de su enfermedad. También es necesario disponer de un sistema de notificación de los datos clínicos y patológicos así como de datos fiables sobre la población de referencia. La cooperación de la comunidad médica es vital para el buen funcionamiento de un registro. También debe disponerse del personal y de los equipos necesarios, así como de un presupuesto adecuado, ya que los gastos tienden a aumentar a medida que pasa el tiempo.

Incluyen además, diversos aspectos que consideran esenciales considerar en la planificación de un registro para asegurar el éxito de la iniciativa:

• En el ámbito institucional/profesional:

- El director: la persona que asumirá la responsabilidad profesional del registro, trabajará en colaboración con otras partes interesadas y efectuará la supervisión del personal.

- Los médicos especialistas encargados del diagnóstico y tratamiento del cáncer: los patólogos y oncólogos (radioterapeutas, clínicos y quirúrgicos).

- Los directores de los principales hospitales del área cubierta por el registro.

- Los servicios que se ocupan del registro de las defunciones en el área cubierta por el registro.

• Como parte del marco político/administrativo:

- El departamento de salud del gobierno nacional o local concernido por la planificación y gestión de los servicios de prevención y tratamiento del cáncer

- La integración del registro de cáncer, como parte del sistema de información de salud de estos departamentos.

Asimismo, será indispensable seguir las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Por ejemplo, los siguientes artículos:

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la ley.

Artículo 9. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan una fracción XVI Bis al artículo 3o.; una fracción X Bis al artículo 7o.; y un capítulo III Bis al Título Octavo denominado “Del Registro Nacional de Cáncer” que comprenden los artículos 161 Bis y 161 Bis 1, de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XVI. ...

XVI Bis. El diseño, la organización, coordinación y vigilancia del Registro Nacional de Cáncer.

XVII. a XXVIII. ...

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a X. ...

X Bis. Establecer, promover y coordinar el Registro Nacional de Cáncer.

XI. a XV. ...

Título Octavo
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes Capítulo III Bis
Del Registro Nacional de Cáncer

Artículo 161 Bis. El Registro Nacional de Cáncer tendrá una base poblacional, se integrará de la información proveniente del Sistema Nacional de Salud y contará con la siguiente información básica:

I. Información del paciente, que se agrupa en los siguientes rubros:

a. Datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, observando las disposiciones relativas a la protección de datos personales de los pacientes.

b. Información demográfica.

II. Información del tumor: Incluye la fecha de diagnóstico de cáncer; la localización anatómica; de ser el caso, la lateralidad; la incidencia y el estado de la enfermedad; la histología del tumor primario y su comportamiento.

III. Información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que se ha dado al mismo de parte de los médicos. Además, se incluirá información de curación y supervivencia.

IV. La fuente de información utilizada para cada modalidad de diagnóstico y de tratamiento.

V. Toda aquella información adicional que determine la Secretaría.

La Secretaría integrará la información demográfica del Registro Nacional de Cáncer de todo el territorio nacional divido en regiones norte, centro y sur.

Artículo 161 Bis 1. Los entes integrantes del Sistema Nacional de Salud estarán obligados a proporcionar a la Secretaría la información relativa al Registro Nacional de Cáncer de conformidad con los reglamentos, formatos, metodología y lineamientos que se establezcan para tal efecto, así como lo establecido en las disposiciones relativas a la protección de datos personales.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría emitirá el Reglamento del Registro Nacional de Cáncer así como las disposiciones administrativas relativas a la protección de datos personales de los pacientes de conformidad con la normatividad aplicable en los 60 días posteriores al inicio de vigencia de la presente reforma.

Fuentes:

1 Revista Líderes Médicos, septiembre-octubre 2015.

2 México social: cáncer, letalidad creciente, El Excélsior. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/03/1006220

3 Ídem.

4 Organización Mundial de la Salud. Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Globocan 2012: Global Incidence, Mortality and Prevalence Worlwide.

5 Ídem.

6 Plan Sectorial de Salud http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/ dged/descargas/index/ps_2013_2018.pdf

7 Planificación y Desarrollo de Registros de Cáncer de Base Poblacional en los Países de Ingresos Bajos y Medios, http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/treport-pub/treport-pub43/IARC_p ublicaciones_tecnicas_No43.pdf

8 Ídem.

9 Registros poblacionales de cáncer: avances en Colombia, Chile y Brasil, 2013.

http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v31n1/v31n1a15.pdf

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Cancer Incidence in Five Continents Volume X http://ci5. iarc.fr/CI5-X/Pages/Table21.aspx

13 Registro Nacional de Cáncer, Estado actual y perspectivas. Revista del INC, volumen 32, número 3 y 4 septiembre-diciembre 1986. http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1247523440.pdf

14 Planificación y Desarrollo de Registros de Cáncer de Base Poblacional en los Países de Ingresos Bajos y Medios, 2014 http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/treport-pub/treport-pub43/IARC_p ublicaciones_tecnicas_No43.pdf

Para establecer la información que debe incluir el Registro Nacional de Cáncer se utilizó el siguiente documento: Capítulo 4. Fuentes de información para los registros de cáncer de base poblacional http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/treport-pub/treport-pub43/IARC_p ublicaciones_tecnicas_No43_4.pdf .

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.— Diputados: Sylvana Beltrones Sánchez,Abel Murrieta Gutiérrez, Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alfredo Miguel Herrera Deras, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana María Boone Godoy, Armando Luna Canales, Beatriz Vélez Núñez, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Carlos Iriarte Mercado, Carmen Salinas Lozano, Claudia Sánchez Juárez, Cristina Sánchez Coronel, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Efraín Arellano Núñez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelio Plata Izunza, Evelyn Parra Álvarez, Fidel Almanza Monroy, Flor Estela Rentería Medina, Guadalupe Perea Santos, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Heidi Salazar Espinosa, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Javier Guerrero García, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, José Alfredo Torres Huitrón, José Máximo García López, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julio Saldaña Morán, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Lillian Zepahua García, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Gloria Hernández Madrid, María Isabel Maya Pineda, Martha Hilda González Calderón, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Martha Sofía Tamayo Morales, Miguel Ángel Salim Alle, Miguel Ángel Sedas Castro, Miguel Ángel Sulub Caamal, Olga María Esquivel Hernández, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Ramón Bañales Arambula, Ramón Villagómez Guerrero, Ricardo David García Portilla, Ricardo Taja Ramírez, Rocío Díaz Montoya, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Silvia Rivera Carbajal, Susana Corella Platt, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Timoteo Villa Ramírez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Beltrones. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Si la diputada Sylvana Beltrones nos permite, al Grupo Parlamentario del PRD sumarnos a esta iniciativa que tiene que ver con un problema de salud muy importante, que es la mortalidad en mujeres y hombres, recordando que en nuestro país la primera causa de muerte es el cáncer de mama, la segunda es el cáncer Cervicouterino, y en los varones el cáncer de próstata. Es cuanto, mi querido presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Beltrones. Diputada Beltrones.

La diputada Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): Sí, diputado, por supuesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ah, dice que sí. Anda muy contenta saludando allá, recibiendo felicitaciones. Está por lo tanto a disposición de quienes deseen suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Aunque me dicen algunos de allá el PRD que cuándo los consultó para hablarnos del PRD, pero –bueno– ya están diciendo que sí. Bien. Ahí está a disposición.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Héctor Cristopulos, por favor.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos(desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para hacer un reconocimiento a nombre de los diputados de Sonora, a la diputada Sylvana Beltrones, por esta iniciativa y por supuesto solicitar si nos es posible sumarnos a la misma. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha manifestado su asentimiento la diputada Beltrones, y por lo tanto –me está diciendo que no, eh, de usted no. Bueno, ahí está de todas maneras.

El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Nicolás Bejos, por favor.

El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): Alfredo Bejos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Alfredo Bejos, perdón.

El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): En el mismo sentido, presidente, a nombre de la fracción del estado de Hidalgo, sumarnos a la iniciativa de la diputada Beltrones, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En el mismo sentido. Bien. Saludamos la presencia de un grupo de profesores jubilados de la zona norte del estado de México, invitados por el diputado Fidel Almanza Monroy. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado José Luis Toledo Medina, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135-A y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley Aduanera, suscrita también por la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Luis Toledo Medina:Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, que integramos esta honorable legislatura, hago uso de esta tribuna para poner a consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 135-A y se añade un artículo 143 Bis a la Ley Aduanera con el propósito de crear recintos fiscalizados estratégicos en Quintana Roo. Lo anterior a propósito de las siguientes consideraciones.

Soy originario de uno de los estados más dinámicos de la República Mexicana. Es Quintana Roo, un ejemplo de desarrollo económico y sinónimo de bienestar para muchas familias de México. Con apenas 41 años, Quintana Roo ha superado todas las expectativas de crecimiento y desarrollo en la zona Sur-Sureste de nuestro país. Somos un estado próspero que hoy se suma a la dinámica de transformar a México que propone el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que hoy consolida Roberto Borge Angulo, como gobernador.

En Quintana Roo estamos listos para seguir trabajando por la grandeza de nuestra tierra y el bienestar de nuestra gente. Los quintanarroenses hemos celebrado la conformación de zonas económicas especiales en los estados con más rezago social de nuestro país. El motivo de estas es ofrecer un entorno de negocios excepcional para atraer inversiones, elevar la productividad y generar empleos de calidad.

Nuestra Ley Aduanera contempla la figura de recintos fiscalizados estratégicos, los cuales fijan un modelo que incentiva la inversión productiva en los centros de servicio al comercio internacional y en los complejos industriales, fomentado así la generación de empleos y el desarrollo económico regional.

En el país los estados de Aguascalientes, Tamaulipas, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Sonora cuentan con estos recintos fiscalizados estratégicos, pero en Quintana Roo también los queremos. Queremos diversificar y con ello fortalecer nuestra economía. Queremos darle un valor agregado a Quintana Roo y queremos que el bienestar llegue a todas las familias quintanarroenses.

Quintana Roo tiene las condiciones pertinentes para albergar recintos fiscalizados estratégicos. Somos la tercera frontera de México con la cuenca del Caribe. Somos el punto más cercano de México con Europa, África, Centroamérica y Sudamérica, así como la costa este de Estados Unidos y Canadá. Pero además, somos el punto más cercano con nuestro hermano país de Cuba, que con su apertura económica será un gran reto para nuestro país. Además, Quintana Roo cuenta con una excelente conectividad aérea, portuaria y carretera.

Tenemos la seguridad que muchas regiones del país pueden verse beneficiadas con esta iniciativa que hoy presentamos los diputados quintanarroenses. Hoy nos sumamos a la gran transformación que propone Enrique Peña Nieto, con una sola dinámica: que le vaya bien a México, porque si le va bien a México nos va bien a todos los mexicanos. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Toledo.

El diputado José Luis Toledo Medina: Le solicito se inserte íntegro en el Diario de Debates el texto de la iniciativa que comenté. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 135-A y adiciona el 143-Bis a la Ley Aduanera, suscrita por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, en nuestro carácter de diputados federales de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, coordinador y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que les confiere lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 122, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 6º, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 A, agregándole un último párrafo y de añadidura un artículo 143-Bis a la Ley Aduanera, en materia de fomento a los recintos fiscalizados estratégicos y al establecimiento de zonas económicas especiales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El comercio exterior se define como: “aquella parte del sector externo de una economía que regula los intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y consumidores residentes en dos o más mercados nacionales y/o países distintos, incluso considera los intercambios de capital, y los aspectos referentes a la entrada temporal de personas de negocios. Se trata de transacciones físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros que se registran estadísticamente en la balanza comercial de los países implicados.

En ese orden de ideas, dicho rubro comercial constituye un área estratégica vinculada con el desarrollo económico de las regiones, lo cual se encuentra asociado al aumento en la competitividad de las economías, máxime en estos tiempos en donde la globalización “abarca y expresa fuerzas y procesos que comprenden la mayor parte del planeta o que operan mundialmente; una multiplicidad de nexos e interacciones entre Estados y sociedades del sistema mundial, y de acontecimientos, decisiones y actividades en una parte del mundo, con consecuencias significativas para individuos y comunidades en muy distantes espacios del planeta. Se avanza hacia la unificación de la población mundial. El mundo es estructurado concretamente como un todo, conscientizado como totalidad continuamente construida.”

Bajo esas consideraciones la actividad aduanera, se orienta como un factor clave en la construcción, implementación y desarrollo de los cimientos que sustentan el crecimiento competitivo de una región, en el contexto actual de una sociedad en donde se producen un sinnúmero de relaciones de interacción e interdependencia, cuyos consecuencias pueden tener repercusión en una región diversa en que se generaron.

Ante dicho escenario, la propia naturaleza de las relaciones comerciales globalizadas se orienta a generar escenarios amigables, que brinden facilidades de operación, bajo estándares de seguridad, con políticas arancelarias atractivas y sobre todo bajo la tendencia de homologar criterios tanto técnicos como jurídicos. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en algunas figuras, como lo ha sido las denominadas “zonas francas o zonas libres”, mismas que constituyen:

“(...)la extensión territorial legalmente delimitada que puede comprender una o más entidades federativas o bien, parte de alguna de ellas, en donde por razones de índole geográfica, socio-económica y política, impera un régimen fiscal especial, que consiste, en la exención de impuestos de importación para las mercancías extranjeras siempre y cuando no sean similares a las producidas en dicha zona y en la exención de impuestos de exportación de aquellas mercancías que se produzcan, elaboren o transformen dentro de la misma.”.

De la misma, dichas porciones de territorio se han definido como “(...) porciones del territorio nacional sustraídas a la jurisdicción aduanera y en las cuales, por consiguiente, las mercancías procedentes del extranjero pueden ingresar sin pago de los derechos respectivos y salir para el exterior con análoga franquicia; en cambio si pasan a otra zona del país deberán satisfacer los derechos.”.

Ahora bien, México tiene en su historia, importantes antecedentes de promoción al comercio exterior y la actividad aduanera, en donde es posible encontrar esquemas fiscales como el referido en las líneas previas (zonas libres), por ejemplo puede mencionarse que el primer antecedente básico de lo que son las zonas libres en nuestro país, se encuentra en el decreto expedido el 4 de abril de 1849 por don José Joaquín Herrera, en él, dictó una serie de franquicias para determinadas mercancías en una zona geográfica definida.

Así, en el territorio nacional históricamente se instituyeron y existieron cinco zonas libres: la de Baja California y Parcial de Sonora; la de Baja California Sur; “la de Quintana Roo” La Zona libre de la franja Fronteriza sur colindante con Guatemala y la del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Para las tres primeras zonas su vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1993,” y para las dos últimas fue determinada su vigencia hasta el 31 de agosto de 1995.”

Al respecto, debe destacarse que cada una de los zonas seleccionadas para dicho fin, se ubicaban geográficamente en regiones estratégicas, por citar un ejemplo lo que en su momento constituyó la zona libre de Quintana Roo se vio favorecida por dicha circunstancia, en virtud de ser el punto más cercano de México a Europa, África, Centro y Sudamérica, así como la costa este de Estados Unidos y Canadá. Y la entrada a los países de Centroamérica, dado que la capital se ubica a 17 kilómetros de la frontera con Belice.

Como dato adicional, puede referirse que en la actualidad dicha región –que ya no constituye una zona libre- cuenta con una red logística desarrollada con excelente conectividad aérea internacional, portuaria y carretera, pues dicha Entidad posee tres aeropuertos internacionales (Chetumal, Cancún y Cozumel),15 aeródromos y más de cinco mil kilómetros en vía carretera, así como una importante terminal de cruceros (Cozumel) y dos puertos para traslado de mercancías (Isla Mujeres y Punta Sam).

Asimismo tiene el segundo aeropuerto de mayor importancia en el país, con un movimiento aproximado de 11.2 millones de pasajeros anuales. Lo cual demuestra la importancia de elegir regiones geográficamente viables para la implementación de políticas y actividades vinculadas con el comercio exterior y la actividad aduanera.

Posteriormente, la denominación de “zona libre” fue modificada por la de “Región Fronteriza”y su marco legal se estableció en tres decretos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Diciembre de1993, dicha regulación en realidad estableció un modelo de transición para la desaparición paulatina y gradual del esquema de zonas libres en México.

Para el 30 de diciembre de 2002, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la legislación mediante las cuales se creó la figura de los “ Recintos Fiscalizados Estratégicos.”

Los cuales, lejos de únicamente facilitar el despacho aduanero de las mercancías, fijan un modelo que incentiva la inversión productiva en los centros de servicios al comercio internacional y en los complejos industriales de los recintos, fomentando así la generación de empleos y el desarrollo económico regional donde estas actividades se autoricen.

Como refiere De la Garza, “(...) el régimen de los recintos fiscalizados estratégicos tiene su antecedente en las zonas francas y es un modelo de excepción aduanera en el cual se permite introducir mercancías extranjeras en un área delimitada sin el pago de impuestos, cuotas compensatorias o restricciones no arancelarias (excepto las relacionadas con la salud pública o la seguridad nacional) para que se distribuyan en el mercado interno o global (en el caso de servicios de logística y transporte) o se sometan a procesos de transformación.”.

En la iniciativa respectiva se mencionó que el propósito fundamental de la citada reforma consistía en promover el desarrollo nacional mediante “actividades que (en los recintos) se realicen, fomentando acciones tendientes (sic) al fortalecimiento del comercio exterior, generación de empleo y transferencia de tecnología”

En la misma línea de pensamiento, dentro del dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados correspondiente a la LVIII Legislatura, se mencionó como objeto principal de la reforma en cita el siguiente:

“(...) tiene por objeto fortalecer los niveles de competitividad de la industria manufacturera establecida en México, principalmente de aquella cuyas operaciones se orientan hacia los mercados internacionales, abatiendo los costos de logística y elevando la eficiencia en las operaciones aduanales [...] [ya que tener una] mayor competitividad hace necesaria la adopción de políticas novedosas que permitan a nuestro país no sólo preservar su nivel actual de producción, sino además atraer nuevos proyectos e inversiones que impliquen generación de empleos, transferencia de tecnología y desarrollo de capital humano. De esta forma, el objetivo específico de las reformas [...] es el de otorgar condiciones de competitividad respecto a las operaciones de comercio exterior y aduanal de la industria [...] lo cual provocará que México se ubique en el panorama internacional como un país que ofrece ventajas atractivas que le permitan constituirse como un polo de desarrollo en Latinoamérica, aprovechando desde luego su situación geográfica, pero además su infraestructura, mano de obra calificada, así como la red de tratados de libre comercio que permiten a las industrias y comerciantes acceder a más de 32 economías en el mundo.”.

Por medio de este régimen México concede ventajas competitivas a efecto de que la inversión extranjera se beneficie de manera global en sus procesos industriales, comerciales, logísticos y tenga un acceso privilegiado a mercados que forman parte del bloque del comercio exterior del país.

En México se pueden encontrar los siguientes recintos fiscales estratégicos (información al 2012):

Fuente: Goodrich, Riquelme Asociados, “Recinto Fiscalizado Estratégico. Inversión con Valor Agregado”, p. 16.

Por otra parte, es importante destacar que en la actualidad existe otro modelo para fomentar el desarrollo de actividades económicas relacionadas con el comercio exterior y el sector aduanero, que se ha implementado en diversos países del mundo como China e India, y que han demostrado tener un impacto positivo en su desarrollo económico.

En concreto nos referimos a las Zonas Económicas Especiales,de acuerdo a Farole pueden definirse de la siguiente manera.

(...) are, primarily, formally delimited portions of the national territory and, secondarily, legal spaces provided with a set of investment, trade, and operating rules that are more liberal and administratively efficient than those prevailing in the rest of the national territory. Zones are therefore defined by a specific regulatory regime. This regime may be contained in one or several dedicated laws or through a set of measures contained in a number of texts.

[“(...) primordialmente, son áreas delimitadas del territorio nacional, y en segundo término, espacios legales provistos de un grupo de reglas de inversión, comercio y operación que son más liberales y administrativamente más eficientes que el resto de aquellas que prevalecen en el resto del territorio. Luego entonces, las zonas especiales son definidas por un régimen regulatorio especial. Dicho régimen puede estar previsto en una o en diversas leyes o en un grupo de medidas establecidas en un número determinado de textos.”.](Traducción libre).

Las zonas económicas especiales funcionan en diferentes modalidades, como zonas de procesamiento de exportaciones, zonas francas o zonas de libre comercio, entre otras.

Como herramienta de política económica, las zonas económicas especiales buscan superar las barreras que impiden la atracción de inversión, promover el crecimiento y generar empleos, así como integrar regiones o países al comercio internacional y contribuir a la industrialización.

Ahora bien, las Zonas Económicas Especiales pueden clasificarse de la siguiente manera:

“SEZ can bedivided into 6 types which included the Free Trade Zone, Export Processing Zone, Enterprise Zone, Single Factories, Free Port, and Specialized Zone.”

“(...) pueden dividirse en 6 tipos, que incluyen la Zona de Libre Comercio, Zona de Procesamiento de Exportaciones, Empresas Libres, Factoría única, Puertos Libres, y las Zonas Especializadas.”. (Traducción libre).

Esencialmente, los tipos de zonas que pueden destacarse, son las siguientes:

– Zonas de libre comercio: son la forma más antigua de zonas económicas especiales, en ellas las actividades se limitan a procesos relacionados con el comercio y operaciones ligeras -almacenamiento, ventas, exhibiciones, y empaquetado, etiquetado, control de calidad.

– Zonas de procesamiento de exportaciones: originalmente se establecieron entre 1950-1960, buscaban acelerar la industrialización y el comercio relacionado con la industria en países en desarrollo; generalmente es un territorio cercado de varias hectáreas, con terrenos para uso industrial, situado en las afueras de las demarcaciones aduanales del país y con procesos regulatorios simplificados. Generalmente están enfocados en los mercados de exportación, y a principios de los años 90, las actividades estaban restringidas a las manufacturas, pero en años recientes, se han expandido considerablemente.

– Empresas libres: se otorga un estatus similar a las zonas de procesamiento de exportaciones o a las zonas libres a una sola empresa, para que se establezca en cualquier parte del territorio nacional.

– Puertos libres: hay diferentes versiones de lo que es un “puerto libre”, pero en general, es la forma más exhaustiva de zonas económicas especiales, pues contienen grandes extensiones de terrenos urbanos o rurales, tienen gran infraestructura de comunicaciones -puertos y aeropuertos, principalmente- e incluso pueden ser regiones enteras, con población que vive y trabaja en ellos -y no necesariamente corresponden a una única demarcación territorial o administrativa determinada. Las zonas económicas especiales en China, generalmente son lo que denominaríamos puertos libres.

(Véase: Farole, Thomas, Special Economic Zones in Africa Comparing Performance and Learning from Global Experience, Washington, D.C., The World Bank, 2011.)

Entre los factores para atraer la inversión, mediante las zonas económicas especiales, pueden destacarse los siguientes:

“There were motives in attracting the investment in various forms as follows:

1) The benefit for finance and tax such as income tax exemption or reduction, and duty free tax for import goods.

2) Exclusive residential visa and work permit for foreigner.

3) The special regulation for transaction to home countries.

4) Preserve of environmental.

5) Special law and regulation.”

“Existieron motivos para atraer la inversión en varias formas, como se ve a continuación:

1. El beneficio para las finanzas y la materia tributaria como la exención o reducción del impuesto sobre la renta, y la libertad del pago de impuestos para importar bienes.

2. Visas exclusivas de residencia y permisos de trabajo para extranjeros.

3. Regulación especial para transacciones a los países de origen.

4. Conservación del ambiente.

5. Leyes y reglamentos especiales.”. (Traducción libre).

De lo anterior puede observarse que los objetivos de las zonas económicas especiales son mejorar la inversión, reducir barreras de operación, y otorgar facilidades a los inversionistas.

Ahora bien, El 15 de mayo de 2013 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizó la declaratoria por la que se reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado “A” del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Un dato relevante del citado trabajo parlamentario, lo constituye la inclusión del concepto de competitividad en los artículos 25 y 26 constitucionales.

Por lo que hace al artículo 25 constitucional, se incorporó la siguiente definición del término competitividad:

“el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”.

De la misma manera, se determinó como obligación del Estado “promover la competitividad e implementar una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales”.

Lo anterior como medios para promover la actividad económica que desarrollen los particulares y fomentar condiciones favorables para que la realización de actividades económicas privadas, impacte positivamente en el desarrollo económico del país.

Por otra parte, en el artículo 26 de la Constitución Federal, se fijó como uno de los objetivos del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional a la competitividadseñalándose lo siguiente:

“el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales”.

Así, tanto el marco constitucional como el marco normativo sentaron las bases para que el país contará con más y mejores condiciones para la activación de actividades económicas, industriales y de servicios que fomenten y fortalezcan la competitividad en el país, desde una visión orientada a fortalecer la inversión y la generación de empleo.

Lo antes mencionada en concordancia con la obligación del Estado Mexicano consistente en: promover la competitividad e implementar una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales (artículo 25, último párrafo, de la Constitución Federal).

Pues bien, como ya ha quedado planteado en párrafos precedentes, la dinámica social y económica que hoy impera en el mundo es globalizada, lo que significa que ahora debe planearse desde una óptica local pero con miras hacia una perspectiva global.

Por lo anterior, se estima pertinente establecer las bases normativas a efecto de que en el país puedan mejorarse las condiciones de competitividad de todas las regiones económicas, promoviendo el crecimiento económico desde la óptica de atraer las inversión y la generación de empleos, mediante el comercio exterior y las actividades aduaneras, tanto desde la política de las Recintos Fiscalizados Estratégicos, como de las Zonas Económicas Especiales.

En ese orden de ideas, se considera necesario sentar el sustento jurídico para brindar una mayor promoción a nivel regional, al establecimiento de Recintos Fiscalizados Estratégicos, que permita que al mayor número de ciudades en el país logren acceder a sus beneficios de crecimiento y generación de empleos.

Por otra parte, en relación con el segundo supuesto se estima pertinente prever el sustento legal concreto para el reconocimiento de dicho modelo a efecto de que en el país puedan implementarse las Zonas Económicas Especializadas, cuyas características podrán desarrollarse en una ley específica sobre la materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 135 A y se añade un artículo 143 Bis a la Ley Aduanera

Único. Se reforma el artículo 135 A, añadiéndole un último párrafo y se agrega un artículo 143-Bis a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 135-A.(...)

En concordancia con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria, así como las demás autoridades vinculadas con la promoción de la competitividad y la implementación de una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, procurarán promover e incentivar la implementación de Recintos Fiscalizados Estratégicos en el mayor número de regiones en el país, priorizando aquellas zonas y/o regiones que por razón de su ubicación y características propias sean aptas para la instalación de los citados recintos.

143. Bis. De conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecerá un sistema de Zonas Económicas Especiales que bajo un régimen jurídico especial que incorpore facilidades fiscales, legales, aduaneras, de operación y administrativas, fomente la competitividad y permita la inserción en los mercados internacionales y regionales.

La ley establecerá el régimen jurídico de las citadas zonas, así como sus modalidades y requisitos para su implementación en el territorio nacional.

Para la ubicación geográfica de dichas zonas, se considerarán aquellas regiones del país que por su localización, sus características propias sean aptas para dicho fin, debiendo asimismo estimarse la necesidad de combatir el rezago económico y la disparidad, entre las diversas regiones que conforman el país.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de su competencia, deberá adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente decreto.

Notas:

1 Witker Velásquez, Jorge Alberto, Derecho del comercio exterior, México, D.F., UNAM, 2011, p. 3.

2 Kaplan Marcos, Estado y globalización, México, D.F., UNAM/, 2002. p. 307.

3 Véase: Carvajal Contreras, Máximo, Derecho Aduanero, 15ª edición, México, D.F., Porrúa, 2009, p. 197.

4 Ídem.

5 Ídem, p. 196.

6 Desde una postura crítica De la Garza menciona que la creación de los perímetros libres del cayo Obispo en Chetumal y Cozumel, decretados por el general Lázaro Cárdenas el 9 de mayo de 1934, fue otro intento de promover el desarrollo mediante zonas libres; pero el ambiente proteccionista del modelo de sustitución de importaciones, que era la política económica en boga, propició fuertes restricciones a los perímetros y zonas que daban oportunidad de competir a las mercancías producidas en la localidad –agregando que– así se fueron estableciendo aranceles y controles a la importación –concluyendo que– la eficiencia de los productores internos no resultó satisfactoria y se obligó a los comerciantes y consumidores a adquirir mercancías nacionales más caras, de menor calidad y de variedad limitada. Con esto el comercio fronterizo nacional perdió oportunidades y proliferó el contrabando.

7 Carvajal Contreras, Máximo, Op. Cit., nota 3, p. 197.

8 Ídem, pp. 199-201.

9 De la Garza, Gutiérrez, César, “El recinto fiscalizado estratégico: nuevo paradigma de la logística”, en: Comercio Exterior, Vol. 55, Núm. 5, Mayo de 2005, pp. 451-459.

10 Ídem.

11 Véase: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, México, núm. 1144-I, 4 de diciembre de 2002.

12 Ídem.

13 Farole, Thomas, Special Economic Zones in Africa Comparing Performance and Learning from Global Experience, Washington, D.C., The World Bank, 2011, p. 24.

14 Véase: Farole, Thomas, Special Economic Zones in Africa Comparing Performance and Learning from Global Experience, Washington, D.C., The World Bank, 2011,

15 Véase: P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai y W. Rattanawong, “Special Economic Zone: Facts, Roles, and Opportunities of Investment” en: Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2014 Vol II, IMECS 2014, March 12 - 14, 2014, Hong Kong.

16 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: José Luis Toledo Medina,Arlet Mólgora Glover (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal cual lo solicitó el diputado proponente.

Saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Primaria Basilio Pérez Gallardo, del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por la diputada Marcela González Salas. Igualmente a alumnos de la preparatoria UNAM, plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera, invitados por el diputado José Santiago López. Al igual que la presencia de estudiantes de derecho del séptimo semestre de la Universidad de Xalapa, Veracruz, invitados por el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

VOLUMEN V

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo:Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Con su venia, señor presidente. La reciente actuación del fiscal especializado en delitos electorales, doctor Santiago Nieto Castillo, nos hace concebir esperanzas respecto a que podemos transformar para bien las instituciones que tenemos. Todo es cuestión de buscar a las personas con el perfil, valores y autonomía adecuados, suficientes para que puedan honrar sus cargos de la manera más justa, clara, transparente e independiente para todos los actores políticos y en especial para la sociedad.

Desafortunadamente, las expectativas generadas con la creación del Instituto Nacional Electoral una vez más naufragaron en el mar de los intereses políticos. El consejero presidente y los consejeros del instituto tuvieron en su momento histórico para hacer valer todo lo que se ha avanzado y construido en materia de democracia aquí en nuestro país.

Sin embargo, no pudieron ser el árbitro neutral que el proceso requería, tomaron decisiones que dejaron decisiones que dejaron mucho qué desear, ya que perjudicaron a la mayoría de los jugadores y únicamente beneficiaron a los que se atrevieron a jugar sucio, al sólo limitarse a imponer multas multimillonarias, en lugar de haber sido más estrictos y apegados a derecho en las múltiples y reiteradas faltas que se cometieron.

Tan fue así, que las sanciones fueron subiendo conforme el proceso avanzaba, con este hecho se reconocía que existían las faltas, pero el árbitro no se atrevió o no quiso expulsar al infractor, esto nos dejó muy mal sabor de boca entre el electorado.

Un precedente sumamente adverso y negativo para las próximas elecciones, pues la tentación de algunos que hacen trampa o aprovecharse de los vacíos y lagunas legales existentes, definitivamente se va a dar, ya que es bien sabido ese viejo adagio que dice: En política lo que cuesta sale barato.

¿Qué es una millonaria multa, cuando a cambio se obtiene una gubernatura o la misma Presidencia de la república, como ya ocurrió? O para aquellos que llevan más de una década en abierta campaña a la Presidencia, ¿acaso creen que las multas por sí solas frenan los abusos en la difusión de su imagen?

No hay que olvidar que es precisamente el INE el encargado de designar a los consejos locales, por lo que debemos de fortalecer al instituto, facilitándole las herramientas para que puedan contar con las personas adecuadas en las responsabilidades inherentes a los cargos y puestos necesarios para realizar su encomienda.

Hoy día, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy ambigua al respecto, pues sólo se limita a enunciar los requisitos clásicos de siempre, en el caso de los consejeros locales.

Sin embargo, ni el artículo 100 de la mencionada ley ni en ningún otro de sus artículos se reguló lo relativo al perfil que acredita la idoneidad para el cargo de consejero de los organismos públicos locales electorales.

Por lo que la presente iniciativa pretende subsanar la omisión, a fin de que los candidatos a formar parte del Consejo cuenten con el perfil adecuado para que puedan desempeñar correctamente sus funciones.

Por otro lado, el alto costo económico de la democracia en México, tan solo en este año, el presupuesto del INE y los partidos políticos fue de poco más de 18 mil 500 millones de pesos. Mil 500 millones por arriba del presupuesto que tuvo la Procuraduría General de la República.

Esto nos compromete más aun como legisladores a propiciar un mejor marco jurídico para el desarrollo y consolidación de nuestra democracia. En ese tenor debemos reglamentar la definición de un perfil y un examen de confianza para los aspirantes a consejeros electorales locales que nos permita tener a los mejores consejeros posibles que puedan garantizar la aplicación de las reglas y normas electorales en cada elección. Que no les tiemble la mano en los procesos y se aseguren de actuar con independencia, neutralidad y objetividad, apegados todo el tiempo a derecho.

Debemos impulsar el marco jurídico que nos permita tener a los mejores y más aptos ciudadanos como consejeros locales. Tenemos que evitar que los consejos estatales vuelvan a ser parte del aparato de gobierno, botín de los gobernadores.

El INE es un órgano autónomo e igualmente los consejeros estatales deben serlo. Y la única manera de no dejar este objetivo al azar es teniendo un perfil bien definido y aplicar pruebas de confianza a los candidatos a ser consejeros locales.

Señores legisladores, son tiempos de romper paradigmas y estigmas, son tiempos de privilegiar la objetividad y transparencia en nuestras instituciones, de dotarlas de los mejores hombres y mujeres, dándoles las herramientas para desarrollar sus tareas. Solo así devolveremos la confianza a los ciudadanos y tendremos la democracia por la que tanto hemos luchado en México. Diputados, si estamos aquí hagámoslo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Patricia Sánchez Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de consejeros de los organismos públicos locales electorales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Planteamiento del problema

En virtud de la reforma constitucional en materia política-electoral del año 2014, referida líneas arriba, el Instituto Nacional Electoral está facultado para al consejero presidente y a los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales.

Con dicha novedad legislativa, el constituyente permanente blindó a los organismos públicos locales electorales de injerencias perniciosas, tanto en su integración como en su actuación, que afectaran la imparcialidad que, entre otros principios, debe regir su actuación.

Por otra parte, el constituyente permanente determinó en la parte relativa del artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), numeral 2o, que “...Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley...”.

En este orden de ideas, el Congreso de la Unión estableció en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que “El consejero presidente y los consejeros electorales de los organismos públicos locales serán designados por el Consejo General del instituto, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por esta ley”, en el numeral 1, y “Los requisitos para ser consejero electoral local”, en el numeral 2.

Sin embargo, ni en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en ninguno otro de sus artículos, se reguló lo relativo al perfil que acredite la idoneidad para el cargo de consejero de los organismos públicos locales electorales, por lo que la presente iniciativa pretende subsanar esa omisión.

Argumentos

Considerando que los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales realizan, en el ámbito de su competencia, la función estatal de organizar las elecciones, los mismos realizan una aportación fundamental a la democracia estatal, a través de su desempeño, por lo que el perfil de dichos servidores públicos debe estar compuesto por los conocimientos, las habilidades y las competencias que les permitan desarrollar su elevada responsabilidad, en estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Dado que la electoral es una función especializada, los consejeros electorales locales deben tener desarrolladas capacidades técnicas en materia electoral y un claro entendimiento de la estructura estatal y del orden jurídico público.

Por otra parte, los consejeros electorales locales deben generar confianza en la ciudadanía, a efecto de que ésta tenga la seguridad de que en las elecciones habrá piso parejo para todos los participantes y de que el sufragio emitido en las urnas será computado con pulcritud y exactitud.

Además, los consejeros electorales locales deben ser capaces de dialogar para generar acuerdos y consensos con los actores electorales e impulsar la construcción de una cultura democrática.

Por ello, consideramos que además de tener conocimientos especializados, los consejeros electorales deben tener desarrolladas competencias ciudadanas y, siguiendo el modelo desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, poseer las habilidades para la vida siguientes: comunicación asertiva, toma de decisiones, manejo de problemas y conflicto y pensamiento crítico, por lo que proponemos adecuar la Ley General de Instituciones Electorales mediante los cambios que se enuncian en el cuadro comparativo siguiente:

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforma el artículo 101, numeral 1, inciso d); y, se adiciona el artículo 100, numeral 2 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

Artículo 100.

1. ...

2. ...

a) a k) ...

2 Bis. El perfil que se debe cubrir para acreditar la idoneidad para el cargo de consejero electoral local, es el siguiente:

a) Tener conocimientos en la materia político-electoral y en la legislación aplicable al ámbito público;

b) Poseer competencias ciudadanas que conlleven a actuar con apego a valores éticos, convivir en paz y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos;

c) Contar, al menos, con dos de las siguientes cuatro habilidades: pensamiento crítico, comunicación asertiva, toma de decisiones y manejo de problemas y conflicto.

Artículo 101. ...

1. ...

a) a c)...

d) La Comisión podrá allegarse de información complementaria para el desarrollo del proceso de designación de las propuestas de integración de cada uno de los consejos locales de los Organismos Públicos Locales. En todos los casos, las personas contenidas en las propuestas deberán cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el puesto que establecen la Constitución y esta ley;

e) a i) ...

2. a 4 ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Patricia Sánchez Carrillo,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Miguel Herrera Deras, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Claudia Sánchez Juárez, Emma Margarita Alemán Olvera, Gabriela Ramírez Ramos, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gámez, Luis de León Martínez Sánchez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Salim Alle, Nadia Haydee Vega Olivas, Pedro Garza Treviño, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, presento a esta soberanía iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 7, 37 y 43 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, misma que tiene por objeto impulsar y establecer un marco normativo que proteja a las diferentes culturas de la imitación industrial de sus artesanías, procurando la creación de más empleos y por supuesto de mayores ingresos.

La relevancia económica de la micro, pequeña y mediana industria en nuestro país, reside en que estas generan el 72 por ciento del empleo y el 52 por ciento del producto interno bruto en nuestro país. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías calcula que aproximadamente existen en nuestro país 12 millones de artesanos que representan el 10 por ciento de la población y de estos aproximadamente el 70 por ciento son mujeres, y de estos también más de 7 millones son indígenas.

En este contexto coincido plenamente con mis compañeros diputados que han postulado ante esta tribuna, que la actividad artesanal debe ser protegida e incentivada.

Sin embargo, la presente iniciativa pretende ir mucho más lejos. Propone que debemos comprender la importancia de que nuestra composición pluricultural y pluriétnica implica características distintivas y el significado social que está inmerso en esta actividad propia, en muchas ocasiones de los pueblos originarios de México.

La expresión artística y la identidad está totalmente pues ligada a nuestro patrimonio cultural, todo ello tiene una implicación mayor, el Estado tiene que obligarse no solo a proteger, sino a lograr preservar y potenciar su incorporación a través del fomento comercial y la competitividad de nuestros artesanos.

Con ello pretenderíamos disminuir la pobreza en la que viven gran parte de ellas, así como el rezago de los pueblos y comunidades que se dedican a esta noble tarea de la artesanía.

Para lograrlo se requiere la implementación de políticas públicas que fomenten la participación del sector público pero también del sector privado, así como el acceso a programas gubernamentales y las estrategias que permitan generar cadenas de producción y por ende alcanzar metas vinculadas a mayor empleo y mayor ingreso.

Los artesanos mexicanos se enfrentan a la falta de financiamiento y asesoría para mejorar sus formas de producción, pero además también sus formas de comercialización. Se enfrentan a insuficiencia de los canales de distribución, a la devaluación del trabajo que se invierte en la producción y a la desarticulación de los mercados internos y externos. También por supuesto se enfrentan a la intermediación.

A pesar de las grandes aportaciones a la cultura, a la economía o al sector turístico, cada vez más nuestros artesanos se enfrentan a un limitado fomento de comercialización de sus productos.

Se enfrentan también a la imitación extranjera que se apropia de sus diseños y productos que se diseñan aquí, se elaboran en China y se venden aquí mismo. Todo esto en complicidad con las autoridades aduanales en muchos casos en nuestro país, pero pongo el caso de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, donde se autorizan pedimentos alterados con el registro entrecomillado de “material de donación para fortalecer la presencia cultural de ese país en México.

Paradójicamente no es por falta de interés en sus productos sino por la falta de fomento comercial de la actividad, falta de asesoría técnica, falta de asesoría administrativa y asistencia ante autoridades gubernamentales y del sector privado.

Por lo anterior pido apoyo, compañeras y compañeros diputados, a los artesanos de la alfarería, de la cerámica, de textiles, de la madera, de la cestería, de la metalistería, de la orfebrería, de la joyería, de fibras vegetales y cartonería, de papel, de talabartería y peletería, de maque y laca, además de lapidaria y cantería, de arte huichol de hueso y cuerno, de concha y caracol, de vidrio y de plumaria.

Por ello propongo, compañeras y compañeros, la protección y fomento a la actividad artesanal para hacerla competitiva, reconociéndola como una actividad generadora de riqueza cultural y generadora de riqueza económica prioritaria y con parámetros de producción sustentable.

Propongo que se les brinde asesoría en las áreas técnicas, administrativas, de comercialización y gestoría, a efecto de asistirlos ante autoridades gubernamentales y del sector privado. También propongo que se implemente un plan nacional artesanal. Y además, que se promueva la inversión de recursos económicos para el desarrollo del fomento artesanal, que no se quede solamente en letra de ley.

Además, compañeras y compañeros diputados, propongo que se incorpore algún régimen de salud como el Seguro Social o el régimen estatal de protección social en salud. Están indefensos en estos términos. Es cuanto, señor presidente, gracias compañeras y compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

La relevancia económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, reside en que estas generan el 72 por ciento del empleo y 52 por ciento del producto interno bruto, PIB, del país.

En México hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8 por ciento del empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 y representan 15.3 por ciento de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34 mil 960 y generan 15.9 por ciento del empleo.

La Organización Mundial de Comercio, OMC, estima que las artesanías representan cerca de la cuarta parte de las microempresas de los países en desarrollo.

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, calcula que existen aproximadamente 12 millones de artesanos, que representan casi el 10 por ciento de la población; de éstos, aproximadamente el 70 por ciento son mujeres y siete millones son indígenas.

En ese orden de ideas, la actividad artesanal en el contexto globalizador de nuestros días, debe ser protegida por el Estado y potencializada tanto por las instituciones de crédito, como por el acceso a los programas gubernamentales que permitan generar cadenas de producción, que la incorporen al contexto de la competitividad y al mismo tiempo se logre abatir la pobreza y el rezago de los pueblos y comunidades que se dedican a ella.

Por tal motivo la presente iniciativa tiene por objeto impulsar al sector y desarrollar un marco normativo que fomente la actividad artesanal, protegiéndola al mismo tiempo de la imitación industrial y fortaleciendo a las diferentes culturas, para alcanzar metas vinculadas con la creación de más empleos y mejores ingresos para los artesanos de México.

Argumentación

En diciembre de 1987 se expidió Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, desde entonces a la fecha ha tenido diversas reformas, sin embrago, es menester adecuar el marco jurídico a la realidad actual no sólo de las y los artesanos del país sino a la que se enfrentan, por la globalización y la modernidad.

El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, señala como una de sus líneas de acción, “estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas”.

El estudio Diagnóstico de la capacidad de los artesanos en pobreza para generar ingresos sostenibles, elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), aporta valiosos elementos para comprender la situación de los artesanos en nuestro país, como grupo social y bajo la óptica de atender sus propias necesidades.

De tal suerte que en la actualidad se pueden identificar dos grandes tipos de artesanos:

• Los dueños de talleres modernos, orientados a la producción de objetos decorativos y mobiliario, que en algunos casos emplean la maquila como método de producción.

• Los artesanos tradicionales herederos de las prácticas familiares de organización y producción, en su mayoría indígenas.

La mayoría de artesanos rurales son indígenas y viven en situación de pobreza; en el plano económico para ellos es una forma de generar ingresos complementarios a su actividad principal, que puede ser, el cultivo de su parcela, no como un proyecto productivo central, independiente y rentable por sí mismo, por lo que no se realiza con una clara intención de generar ganancias sino para ayudar a solventar sus necesidades inmediatas.

Cuando los artesanos deciden expandir su producción como fuente de sustento, enfrentan dificultades tales como la falta de financiamiento y asesoría para mejorar sus formas de producción y comercialización, insuficiencia de los canales de distribución, devaluación del trabajo que se invierte en la producción, la desarticulación de los mercados internos y los intermediarios.

El valor de los productos artesanales radica en que son elaborados totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o medios mecánicos y con materias primas procedentes de recursos sostenibles, pero siempre con la contribución manual directa del artesano como el componente más importante del producto terminado.

Esta naturaleza especial de los productos artesanales los llena de características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y con significados religiosos y sociales.

Al mismo tiempo forman parte de la expresión artística de las comunidades y un medio a través del cual se transmiten conocimientos, técnicas, concepciones estéticas, elementos de identidad y formas de vida.

La actividad artesanal tiene grandes aportaciones a la economía del país en el sector turístico, pero cada vez más se enfrenta la competencia desleal.

La economía de por lo menos ciento setenta y tres comunidades indígenas de Michoacán que dependen de la actividad artesanal, se encuentra en peligro, sólo por citar un ejemplo, ante la demanda de guitarras de Paracho, hoy en día la piratería y la imitación la colocan en el riesgo de la desaparición.

Cerca de 11 mil 500 familias que en las últimas tres generaciones han vivido de las manufacturas típicas, han comenzado a abandonar la actividad ante la baja venta de sus productos.

Paradójicamente, la escasa comercialización que se registra en las artesanías del estado no se debe a la falta de demanda o interés del turismo, sino a la presencia de los productos piratas de origen chino, que causan una competencia desleal, al ingresar al país en forma de contrabando.

Las artesanías chinas que se comercializan en Michoacán, simulan ser productos de manufactura local, pero son copiados de la tradición indígena y entran al país en forma ilegal.

La mayor parte de los ingresos documentados de esos productos ocurre con la complicidad de autoridades aduanales en la zona de Lázaro Cárdenas, donde los productos manufacturados llegan mediante pedimentos alterados y con el registro de “material de donación para fortalecer la presencia cultural de China en México”.

Con esto se afecta a las comunidades indígenas asentadas en la zonas de la meseta Purépecha, la costa Sierra Nahua y la sierra Mazahua, en donde no hay mayor forma de empleo que la transformación manual de madera, barro, bordados, tejidos y vidrio.

Para los artesanos de Michoacán el ingreso económico por la venta de sus productos ha disminuido hasta en un 80 por ciento, dado que en muchos de los locales comerciales de mercados y centros artesanales de las principales ciudades del estado, se ha optado por comercializar los productos de origen chino que se ofrecen a un precio más bajo.

De la ejemplificación anterior se desprende la necesidad imperiosa que debemos tener en México, por proteger nuestra composición pluricultural y pluriétnica, así como nuestras manifestaciones culturales donde la actividad artesanal requiere la implementación de mejores políticas públicas.

Lo que se observa es que existe por un lado un limitado fomento a la actividad artesanal y su comercialización; y por otro la copia e imitación extranjera que se ha ido apropiando ilegítimamente de los diseños de nuestros artesanos.

Esta competencia desleal de copias e imitaciones poco a poco se ha industrializado para ofrecer menores precios, dejando a los artesanos en situación de indefensión y en condiciones de sobrevivencia económica, desalentando la magnífica elaboración de sus productos y vulnerando nuestra propia cultura.

Al desarrollar un marco normativo que fomente la actividad artesanal, protegiéndola de la imitación industrial y fortaleciendo a las diferentes culturas, se logrará alcanzar metas vinculadas con la creación de más empleos y mejores ingresos para los artesanos.

México es una de las seis civilizaciones más antiguas con origen autónomo en el mundo. Nuestro mosaico pluricultural, lingüístico, étnico, tradicional, de fiestas, usos, costumbres, cocina, música, danza, artesanías y arte popular, es muestra clara de nuestras raíces.

Por ello las artesanías mexicanas son un símbolo de tradición y ocupan un lugar preponderante en las actividades productivas de los pueblos indígenas y la cultura popular.

Al conservar nuestros rasgos característicos en cada región, veremos reflejados nuestros orígenes.

Actualmente existen 17 ramas artesanales

Alfarería y Cerámica, Textiles, Madera, Cestería, Metalistería, Orfebrería, Joyería, Fibras Vegetales, Cartonería y Papel, Talabartería y Peletería, Maque y Laca, Lapidaría y Cantería, Arte Huichol, Hueso y Cuerno, Concha y Caracol, Vidrio, Plumaria.

Este sector es por tanto, una fuente importante de ingresos de comunidades rurales y urbanas.

Problemas que enfrenta la actividad artesanal

• Una producción sin ganancias suficientes para cubrir los costos de producción;

• Escasa oferta de financiamiento y asesoría;

• Falta de canales de distribución;

• Intermediarismo;

• Falta de manejo sustentable de materias primas que las coloca en riesgo de extinción;

• Valoración insuficiente de las artesanías;

• Una grave situación en sus condiciones laborales y de vida.

Productos artesanales que tienen mercado de exportación

La talavera (Puebla), barro negro (Oaxaca), repujado (Zacatecas), textiles bordados a mano, tejidos de mimbre (Tabasco), muebles de madera, cerámica y artículos de decoración en barro (Michoacán).

El 98 por ciento son pequeñas y medianas empresas que usan materia prima de origen natural, mineral y animal y el principal destino de la exportación artesanal es Estados Unidos.

México es el principal exportador artesanal de América Latina a la Unión Europea.

Los recursos que se ejercen a través del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, Fonart, con un promedio anual de entre 50 y 60 millones de pesos, para 121 mil artesanos, está lejos de lograr crecimiento e impulso suficiente para el millón y medio de personas que se dedican a esta actividad.

Si a lo anterior le sumamos, tal y como he mencionado, la imitación extranjera de objetos artesanales; se afecta severamente su crecimiento por el establecimiento de esta competencia desigual industrializada, que oferta a menores precios sus copias, razón por la cual resulta evidente la necesidad de intervención del Estado para conservar nuestra cultura.

Actualmente existe una limitada regulación para el desarrollo de la actividad artesanal y la protección de las artesanías. La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, tiene por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica.

También señala que se debe facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificando trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales.

Como se observa, nuestra legislación se limita básicamente a simplificar los trámites para la constitución de microindustrias del sector, donde a diferencia de otro tipo de sociedades mercantiles, lo que se establece son menores requisitos legales relacionados con su gobierno corporativo integrándose por un máximo de 15 socios o empleados.

El principal beneficio es que, en lugar de requerir de un notario público para constituirse pueden hacerlo a través de las Secretarías de Economía de los estados mediante el llenado de un formato que hace las veces de acta constitutiva y una vez obtenido el visto bueno de esa Secretaría, se procede a su inscripción en el Registro Público del Comercio correspondiente a su domicilio social.

Adicionalmente, la empresa queda inscrita en el padrón nacional de la microindustria, pero en realidad, contar con una forma más económica de iniciar, formalmente, sus operaciones sociales, no les proporciona una estrategia o política pública adecuada que fomente su crecimiento, y mucho menos la debida protección ante la proliferación de imitaciones, o la asesoría legal que se requiere frente a un contrato social, más allá de que les sea más sencillo constituirse.

Los artículos artesanales, son elementos insertos en la cultura y producto de nuestra historia por ello se trata de una propiedad colectiva de los pueblos y comunidades que los elaboran con sus diseños y técnicas, las cuales se aprenden y reelaboran de generación en generación.

Las aportaciones de esta propuesta

• La protección y fomento de la actividad artesanal para hacerla competitiva; reconociéndola como una actividad generadora de riqueza cultural y económicamente prioritaria, con parámetros de producción sustentable.

• Brindar asesoría a los artesanos en las áreas: técnicas, administrativas, de comercialización y gestoría, a efecto de asistirlos ante autoridades gubernamentales y el sector privado.

• La implementación del Plan Nacional Artesanal que determine la Secretaría de Desarrollo Social.

• Promover la inversión de recursos económicos de asociaciones público y privadas para el desarrollo y fomento artesanal.

• Promover ante el sector Salud, la inscripción formal de los artesanos a la seguridad social.

La problemática actual presenta una mayor complejidad respecto a los escasos estímulos para la producción y comercialización, así como la protección que requiere la artesanía en contra de la copia e imitación de la industria extranjera.

El artículo segundo de la Constitución referente a los derechos de los pueblos indígenas, establece como uno de estos el “...preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad...”, tal y como es el caso de la artesanía elaborada por manos indígenas.

Este mismo artículo señala en el Apartado B, la responsabilidad de la federación, los estados y los municipios para “... apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos...”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, señala en el artículo 23, la responsabilidad de los Estados para reconocer a las artesanías como factores del mantenimiento de la cultura de los pueblos indígenas, autosuficiencia y desarrollo, razón por la que se deberá fortalecer y fomentar.

Por su parte, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en 2003, constituye para el tema, uno de los instrumentos que con mayor precisión y claridad establece los elementos básicos para la protección y fomento de la artesanía y la actividad artesanal. Entre las finalidades de esta Convención se encuentra la salvaguarda y el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate.

Define al Patrimonio Cultural e Inmaterial como “...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana...”.

Como se observa, esta definición no se refiere al objeto en cuanto a tal, sino a su representación y uso que se le da, a los conocimientos y técnicas que expresa, es una expresión construida colectiva y generacionalmente, por sus características una de sus expresiones, son las artesanías.

Por lo tanto, las artesanías poseen un valor patrimonial cultural material e inmaterial, que debe ser conservado y protegido, ya que a través son la expresión de la creatividad, identidad y patrimonio cultural de México.

El sector artesanal debe tener mayores garantías de protección e, incentivos que aseguren sus procesos de producción, comercialización y difusión,se les que brinde asesoría técnica en la administración de sus actividades y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Por otra parte, se debe garantizar también que se preserve el medio ambiente y se otorgue su incorporación al régimen de seguridad social para fomentar la actividad artesanal y hacerla competitiva.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito, diputado José Guadalupe Hernández Alcalá , integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Artículo Único. Se reforman los artículos 1 y 43, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 1; las fracciones VI, VII y VIII al artículo 7; y la fracción XI al artículo 37; todos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda la República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, con parámetros de producción sustentable; mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto.

Además de fomentar la actividad artesanal, la presente ley tiene el propósito fundamental de hacerla competitiva, asegurar al artesano sus procesos de producción y distribución, por tratarse de una actividad generadora de riqueza cultural y económicamente prioritaria.

Artículo 7o. La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I. a V. ...

VI. Promoverá la inversión de recursos económicos de asociaciones público y privadas para el desarrollo y fomento artesanal.

VII. Promoverá ante el sector salud, la inscripción formal de los artesanos a la seguridad social.

VIII. Fomentará la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, a fin de propiciar su aprovechamiento sustentable que pudieran verse amenazados con los procesos productivos derivados de la actividad artesanal.

Artículo 37. Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la Comisión realizará las siguientes funciones:

I. a X. ...

XI. Brindar asesoría a los artesanos en las áreas: técnicas, administrativas, de comercialización y gestoría, a efecto de asistirlos ante autoridades gubernamentales y el sector privado, para garantizar la protección de sus derechos de autor e impedir la imitación industrial que les permita alcanzar metas vinculadas con la creación de más empleos y mejores ingresos.

Artículo 43. Con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerán las acciones programáticas para apoyar el desarrollo de las microindustrias, acorde con sus características y posibilidades. Asimismo, se diseñarán mecanismos que propicien una eficiente vinculación entre la microindustria y el sector educativo y de investigación tecnológica, a través del Plan Nacional Artesanal que determine la Secretaría de Desarrollo Social.

Transitorios

Primero. La Secretarías de Economía y de Desarrollo Social, con apoyo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, generarán un régimen fiscal especial que otorgue al artesano productor beneficios de forma directa, así como la generación de asociaciones público privadas que permitan impulsar el fomento de esta actividad.

Segundo. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Registro del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanía

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: José Guadalupe Hernández Alcalá, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones:Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes compañeros diputados y compañeras diputadas, los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos y abarcan todos los aspectos de la vida como: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico y el no ser objeto de violencia, entre otros.

En el ámbito internacional, una serie de conferencias internacionales realizadas en el marco del alcance de los derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, han alterado sobre la importancia del respeto de los derechos sexuales y reproductivos, definiendo a la salud sexual y reproductiva como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.

En nuestro país, el derecho a la protección a la salud se señala en el ampliamente citado párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución. A pesar de lo anterior siguen existiendo diversas formas de violencia dirigidas explícitamente hacia las mujeres, por ejemplo, en algunas regiones sigue habiendo niveles demasiados altos de mortalidad materna.

Habiendo dicho lo anterior, reconocemos que las ciencias de la salud tienen como principal objetivo el control de los procesos naturales para mejorar la salud humana y es innegable reconocer los incuantificables beneficios que en este campo han logrado conquistar.

Sin embargo, en lo referente al parto, se han venido utilizando prácticas de forma sistemática, mecánica y medicada, las cuales muchas veces deriva en situaciones de riesgo y violencia para las mujeres.

Luego entonces, lo anterior implica que en los centros de salud se practique una forma de violencia por pocos conocida, pero muchas veces implementada la violencia obstétrica.

Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, la violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, que incluyen los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva; y la cual se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y, después del parto, en los servicios de salud.

Como ya mencionamos anteriormente, prácticas de la ciencia de la salud, como la cesárea, pueden salvar vidas, pero también las arriesga cuando es innecesaria. En nuestro país cientos de mujeres son sometidas a una cirugía que no necesitan y comprometen su salud y la de su bebé.

Casi la mitad de los partos en México son realizados por cesárea, tres veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y los motivos señalados por las organizaciones no gubernamentales son preocupantes, dinero y comodidad. Los médicos que aplican las cesáreas explican que ésta reduce los riesgos del parto natural, sin embargo el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, considera que en realidad tiene que ver con los beneficios económicos y la facilidad para los médicos.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, por la que se reforma la fracción I del artículo 61 y se adiciona una fracción V al artículo 64 de la Ley General de Salud; y se adiciona una fracción VI, recorriendo las demás en su orden, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Estas modificaciones tienen como finalidad que en la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio se evite en todo momento el uso de la violencia obstétrica y promover el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo de manera informada durante el proceso de parto. Consecuentemente se pretende establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la violencia obstétrica, como un tipo más de violencia contra las mujeres.

Y es que en cada situación de violencia obstétrica se puede observar la vulneración de más de un derecho, es por ello que urgimos a promover la reflexión y sensibilización del personal de salud sobre este tema, en particular para lograr cambiar prácticas violatorias de los derechos de las mujeres. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Rosa Alicia Álvarez Piñones, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción I del artículo 61 y se adiciona una IV al artículo 64 de la Ley General de Salud; y se adiciona una fracción VI, recorriendo las demás en su orden, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014 se registraron 2 millones 463 mil 420 nacimientos en el país, de los cuales aproximadamente 87 por ciento ocurrieron en un hospital o clínica, 5.4 fue en algún domicilio, 0.77 en algún otro lugar y 5.8 por ciento no se especificó el lugar de nacimiento. Lo anterior hace referencia a una tasa de natalidad nacional de 19, número que refleja la cantidad de nacidos vivos por cada mil habitantes; ante esto, una de las responsabilidades de la política pública debe ser brindar las condiciones necesarias para que las mujeres accedan a mejores condiciones de salud durante el embarazo, el parto y el pauperio en todo el país.

Con base en lo anterior, en el marco de cooperación y en cumplimiento de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, suscrita desde 1995, y en aras de garantizar los estipulados constitucionales nacionales, se ha trabajado para promover el derecho al acceso a la salud de los mexicanos y en particular de las mujeres en todo su proceso reproductivo, como una forma de proteger sus derechos humanos y fortalecer su empoderamiento. Cabe señalar que, en nuestro país, el derecho a la protección a la salud se encuentra en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Carta Magna, donde se dispone: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”

En el caso particular de la salud de las mujeres, se han sentado las bases para definir la salud sexual y reproductiva como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales de las mujeres. No obstante, pese a los esfuerzos nacionales y al trabajo realizado en Naciones Unidas, persisten diversas formas de violencia dirigidas hacia las mujeres; por ejemplo, en algunas regiones del país, especialmente las más alejadas, se siguen registrando altos niveles de mortalidad materna, lo cual es un factor que vulnera sus derechos humanos en materia de salud.

En esta lógica, internacionalmente se ha generado una serie de conferencias realizadas desde el enfoque de derechos humanos, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que han alertado sobre la importancia del respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su capacidad para decidir sobre su cuerpo.

Lo anterior coloca las bases para centrar los esfuerzos gubernamentales en la protección de los derechos de las mujeres, para consagrar en las leyes y en las políticas nacionales lineamientos que reafirmen las normas internacionales de derechos humanos en materia de salud reproductiva de las mujeres, a fin de generar buenas prácticas y sumar esfuerzos para prevenir cualquier tipo de violencia contra ellas.

Desafortunadamente, en el ámbito nacional la problemática de salud, principalmente en lo referente al parto y la salud reproductiva de las mujeres, se han denunciado casos de violación de derechos humanos, pues en algunos lugares del país, se han utilizado prácticas médicas de forma sistemática, mecánica y medicada durante la labor de parto, sin considerar las condiciones particulares de cada madre y neonato, lo cual ha derivado en situaciones de riesgo y violencia para las mujeres.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo anterior forma parte de la violencia obstétrica, la cual se define como una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, vulnerando los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva en el ámbito de la atención del embarazo, parto y pauperio en los servicios de salud.

En este sentido, se señala que la violencia obstétrica es toda aquella conducta, acción u omisión, realizada por personal de salud, que afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, y se ubica en dos modalidades:

• Física: cuando se realizan prácticas invasivas y suministros de medicación que no están justificados por el estado de salud de la mujer en proceso de parto, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades de parto biológico.

• Psicológica: refiere al trato deshumanizado, grosero, discriminativo y humillante que recibe una mujer cuando solicita asesoramiento sobre su salud, comprende, de igual manera, la omisión de información sobre la evolución del parto.

De acuerdo con el Inegi, de enero de 2009 a septiembre de 2014, 46 por ciento de los nacimientos en el país fueron mediante cesárea, pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda que esta tasa no se exceda de 15 por ciento. Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud, dicho aumento no es beneficioso, ya que sólo se incrementa el riesgo de mortalidad, tanto para la madre como para el recién nacido.

Los médicos que aplican la cesárea justifican esta práctica en razón de la reducción de los riesgos del parto natural, sin embargo, el GIRE considera que en realidad esto se encuentra asociado con los beneficios económicos y la facilidad de instrumentación para los médicos, pues es más factible inducir el parto con oxitocina o programar una cesárea que esperar el proceso natural del parto, ello restringe a la madre el derecho de elegir sobre su cuerpo y el tipo de procedimiento al cual acceder, lo cual representa un acto inminente de violación a sus derechos humanos.

Actualmente, sólo Veracruz, Guerrero y Chiapas consideran delito la violencia obstétrica. No obstante, aún no existe una ley específica para regular este problema, el cual comienza a ser visibilizado en las leyes generales de salud, de protección a las mujeres, por organizaciones de la sociedad civil y a nivel federal, mediante la intervención de diversas iniciativas para consolidar una terminología general del concepto de violencia obstétrica para que puedan elaborarse reglamentaciones en torno a éste.

Con base en lo anterior, se debe trabajar para mejorar los sistemas de salud pública en todo el país, solucionar los problemas de insumos, personal y presupuesto para proporcionar una mejor atención a los ciudadanos y, en particular, a las mujeres en todo lo que compete a su salud reproductiva, incluyendo la erradicación de la violencia obstétrica y la inclusión del parto humanizado, entendiendo este último como la decisión de elegir entre un parto con o sin medicamentos, basándose en la información fidedigna que el médico le proporcione a la madre sobre su estado de salud.

La violación de los derechos de las mujeres que hacen uso de los servicios de salud no puede continuar, los tratos deshumanizados, los abusos de medicalización y la patologización de los procesos naturales deben erradicarse, pues estos actos constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres, ya que, como se ha manifestado, se vulnera más de un derecho. Por ello se insta a la consolidación de un concepto de violencia obstétrica para promover los partos humanizados y así se logre sensibilizar al personal de salud y con ello se garanticen los derechos de las mujeres en el tema.

Por lo expuesto se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 61 y se adiciona una V al artículo 64 de la Ley General de Salud; y se adiciona una fracción VI, recorriendo las demás en su orden, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Primero.Se reforma la fracción I del artículo 61 y se adiciona una V al artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 61.La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, evitando en todo momento el uso de la violencia obstétrica y promoviendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo de manera informada durante el proceso de parto;

Artículo 64.En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán

I. a IV. ...

V. Acciones para prevenir la cesárea practicada sin necesidad, evitando el uso de la violencia obstétrica y garantizando el derecho al parto humanizado.

Segundo.Se adiciona una fracción VI, recorriendo las demás en su orden, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 6.Los tipos de violencia contra las mujeres son

I. a V. ...

VI. Violencia obstétrica. La que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.

VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Rosa Alicia Álvarez Piñones,Alfredo Anaya Orozco, Ramón Bañales Arambula, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Álvarez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género, para su dictamen.

Tiene ahora la palabra...

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Salomón Fernando, por favor.

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Sí. Gracias, diputado presidente. Nada más con la finalidad de felicitar a la diputada Rosita y pedirle que la bancada del PRI de Michoacán quiere adherirse a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Álvarez, diputada Álvarez. Acá está muy entretenida. Diputada Álvarez. Deje que termine de dar besos. Le pregunta el diputado Fernando Salomón si permite que suscriban su iniciativa y la bancada también.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones: Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Que sí. Ya dejó de repartir besos y dice que sí. Y está a disposición, por lo tanto, de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:Buenas tardes, los que aún se encuentran aquí. Calma. Históricamente el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. Es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

Según la OIT, el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse el trabajador, que no puede ser disminuida ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.

Esta es una legítima aspiración de cualquier trabajador, acceder mediante el empleo a un nivel de vida decoroso, holgado, digno, con expectativas de desarrollo personal, familiar y colectivo. Sin estas condiciones y sin aspiraciones el trabajo y buena parte de la existencia pierden su razón profunda de ser.

Como otros, el derecho a un salario mínimo suficiente es un derecho humano; sin embargo, sabemos que en México el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales. Hemos visto la pérdida que año con año ha sufrido el mismo, el poder adquisitivo de los salarios.

Esto ha orillado a millones de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces, han aumentado las jornadas dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y, sin duda, ha disminuido el nivel de vida de la población.

Según la investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de 1997 a la fecha el precio de la canasta alimentaria recomendable registra un incremento acumulado de 4 mil 773 por ciento, mientras que el salario creció en solamente un 940 por ciento. Lo que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de 4 a 1, en comparación con el incremento de los salarios mínimos.

Más de 23 millones de trabajadores en México reciben de 0 a 3 salarios mínimos y 12 más están en el rango de 3 a 5, lo cual se traduce en que el 71 por ciento de la población sobrevive con estos salarios.

El informe de medición de pobreza en México del 2014 del Coneval, estima el número de mexicanos en pobreza de 55 millones 341 mil 600 mexicanos y de ellos 11 millones 442 mil 300 en pobreza extrema.

También vemos que el reparto de utilidades se ha convertido en una práctica de simulación y de fraude. Es un derecho que prácticamente está en extinción en diversos sectores del país, como el comercio y los servicios, donde tiendas de autoservicio departamental y de conveniencia prácticamente han nulificado esta prestación, en tanto en el sector manufacturero ha descendido el mínimo al número de trabajadores que reciben este reparto, así como el monto del mismo.

La regulación de este derecho tiene muchos huecos que algunos patrones aprovechan para tratar de evitar el pago de utilidades. Muchos contratan a sus trabajadores por honorarios para no tener que darles prestaciones. Las empresas más grandes crean subsidiarias de servicio cuyo único fin es administrar la nómina. Algunos optan por contratar su personal utilizando los servicios de una empresa Outsourcing de recursos humanos.

Según estudio del CAM de la Facultad de Economía de la UNAM, más del 60 por ciento de trabajadores no recibe aguinaldo y 15 por ciento no recibe lo correcto. Datos duros, como los anteriores, basados en cifras oficiales son contundentes. Enfrentar esta realidad es un asunto de decisión política, para construir acuerdos y atender con urgencia y pertinencia, ya que de nada sirven las reformas si no se traducen en medidas que ayuden a poner un piso más parejo y combatir la desigualdad.

Se necesita tomar decisiones y entrar al fondo del debate. Se necesita alcanzar un verdadero acuerdo nacional. Esta es una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país.

En la presente iniciativa se propone la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, productividad y reparto de utilidades, como un organismo constitucional autónomo, dotado de autonomía técnica, dedicado a analizar los diversos factores que intervienen en la determinación de un salario constitucional, como puede ser la inflación, el precio de la canasta básica, las líneas de pobreza, la productividad, el crecimiento económico y la generación del empleo y cualquier otro factor que incide en el costo de la vida constitucional, y tendrá que fijar el porcentaje adecuado a repartir de las utilidades de las empresas.

Concluyo. Desde Morena proponemos esta iniciativa constitucional, para que pueda haber una verdadera recuperación estable y sostenida del salario mínimo en cuanto a su poder adquisitivo, para así compensar verdaderamente a los trabajadores por su fuerza laboral aportada en la productividad, con el reparto de utilidades que tienen derecho para que sus condiciones laborales sean mucho más dignas y justas.

Iniciar hoy una política salarial que nos ayude a recuperar el poder adquisitivo del salario y mejorar el ingreso de los trabajadores, especialmente de los que menos ganan, es una deuda que tenemos pendiente con ellos desde hace más de 30 años. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios mínimos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. Es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

La primera vez que se abordó el tema del salario mínimo en México, fue en 1906 dentro del programa del Partido Liberal Mexicano, organización que en ese entonces era presidida por Ricardo Flores Magón; el documento proponía un ingreso mínimo que garantizara vida digna y decorosa a todos los trabajadores del país e incluso los tasó en un peso plata, es decir, una onza de plata que sería equivalente a 400 pesos actuales.

Lo anterior nos refiere con claridad al espíritu que se retomó para el texto constitucional de 1917, la preocupación activa por mejorar el nivel de vida marcado por el poder adquisitivo real del salario; fue en ese mismo constituyente donde frente a la trascendencia de esta incorporación de derechos se estableció en el artículo 123, apartado A, fracción VI:

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.”

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.

Esto no sólo es una materia de derecho constitucional sino una legítima aspiración de cualquier trabajador: acceder, mediante el empleo a un nivel de vida decoroso, holgado, digno, con expectativas de desarrollo personal, familiar y colectivo. Sin esas condiciones y sin aspiraciones, el trabajo y buena parte de la existencia pierden su razón profunda de ser.

Otras normas internacionales han dimensionado este derecho, más allá del terreno laboral: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), artículo 23, numeral 3; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), artículo XIV, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) que reconoce también en su artículo 7, el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Como otros, el derecho a un salario mínimo suficiente es un derecho humano.

Sin embargo, sabemos que en México, el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales, hemos visto la pérdida que año con año ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios. Esto ha orillado a millones de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces han aumentado las jornadas dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y sin duda ha disminuido el nivel de vida de la población.

Desde hace 30 años el crecimiento inflacionario ha sido más elevado que el aumento salarial; tan sólo para 2013 el salario se elevó 3.9 por ciento esperando una inflación anual de 4.65 por ciento. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), desde marzo de 2005 hasta abril de 2013, la canasta básica ha aumentado 70.5 por ciento en la zona urbana, pasando de 711.46 a mil 179 pesos. El salario mínimo por su parte sólo aumentó 38.37 por ciento, pasando de 46.80 en 2005 a 64.76 pesos en 2013.

La gráfica siguiente muestra el comparativo del salario nominal (cantidad de dinero que recibes por realizar un trabajo determinado) y el salario real (poder de compra del salario nominal: cantidad de bienes y servicios que puedes adquirir).

Es evidente la declinación y el desfase entre el aumento del salario mínimo y el poder adquisitivo.

Según investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM de 1987 a la fecha, el precio de la canasta alimentaria recomendable (CAR) registra un incremento acumulado de 4,773 por ciento, mientras el salario creció 940 por ciento, lo que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de 4 a 1, en comparación con el incremento a los salarios mínimos.

De acuerdo con la investigación del CAM, el incremento al salario mínimo promulgado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) a principios de año, son rebasados por la inflación en los primeros cuatro meses, por lo que el resto se acumula a la pérdida histórica de poder adquisitivo. Esta misma situación se ha repetido cada año desde al menos 1987 en que el salario presentó aumentos nominales menores al de los precios de los alimentos por lo que la pérdida acumulada del poder adquisitivo es ahora de 78.66 por ciento.

Podemos también observar en la siguiente gráfica que la mayoría de los trabajadores asalariados reciben solamente de uno a tres salarios mínimos:

Es evidente además que el tema tiene que ver con la formalización del trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los resultados de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que en el primer trimestre de 2015, todas las modalidades de empleo informal sumaron 28.7 millones de personas y representó 57.6 por ciento de la población ocupada.

El salario mínimo en México resulta un caso atípico en el contexto global. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), otras economías similares a la nuestra como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, elevaron sus salarios base de 2002 a 2011, superando entre dos y tres veces el nivel de subsistencia. En ningún caso, la recuperación salarial condujo a una situación de inflación o desempleo; al contrario, la igualdad del ingreso mejoró significativamente y, aunada a otras políticas redistributivas y de fomento económico, permitió elevar el bienestar de las personas. Según Cepal, el fortalecimiento del salario mínimo ha contribuido al descenso en la desigualdad del ingreso en Argentina, Brasil y Uruguay; esto ha tenido lugar conjuntamente con crecimiento del empleo y procesos de formalización laboral.

También la Cepal nos detalla que México es el único país de América Latina en que la pobreza aumentó y en donde el salario real mantiene a los trabajadores en un estado permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la persona. En Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), el salario mexicano es dos veces menor que el salario mínimo en Brasil, El Salvador, Perú, Honduras, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

El Informe de medición de pobreza en México de 2014 del Coneval, estima el número de mexicanos en pobreza en 55 millones 341 mil 600 y de ellos, 11 millones 442 mil 300 en pobreza extrema.

Datos duros como los anteriores, basados en cifras oficiales son contundentes. Enfrentar esta realidad es un asunto de decisión política para construir acuerdos y atender con urgencia y pertinencia. De nada sirven las reformas si no se traducen en medidas que ayuden a poner un piso más parejo y combatir la desigualdad; se necesita tomar decisiones y entrar al fondo del debate. Se necesita alcanzar un acuerdo nacional.

El incremento de los salarios sólo es sostenible mediante el incremento de la productividad, pero la caída estrepitosa de los salarios no es producto de la caída en la productividad sino de políticas específicas. Ya se ha mencionado que la recuperación de los salarios en América Latina no ha dado como resultado ninguna de estas tendencias negativas. Tampoco se puede ligar la productividad al salario: ésta no ha caído setenta por ciento como el salario y aunque ha habido incrementos magros en la economía, esto no ha servido para mejorar el ingreso de los trabajadores.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Cepal la productividad laboral de México tiene un crecimiento modesto durante los últimos 15 años que, sin embargo, es de las más altas en América Latina y contrasta con el salario mínimo más bajo. La productividad laboral de nuestro país se compara con la de Chile, por ejemplo, pero el salario mínimo sólo es comparable con Nicaragua y Bolivia. Un ejemplo es el caso chileno, donde en 2013 su productividad suma 20 mil dólares y su salario mínimo es de 366 dólares, mientras que México, con una productividad similar tiene un salario mínimo de 120 dólares.

Un aumento del salario mínimo como proporción de la mediana del salario está asociado con un aumento de largo plazo en la productividad del trabajo y en la productividad total de los factores. Hay dos posibles razones de este efecto positivo en la productividad. Una es la sustitución de trabajo no calificado por trabajo calificado y la segunda es que los empleadores hagan ajustes que aumenten la productividad, tales como inversiones en entrenamiento o en nuevas tecnologías, en respuesta a los mayores costos asociados al aumento del salario mínimo.

Ligado a la productividad de las empresas, tenemos el reparto de utilidades, como derecho constitucional de los trabajadores a participar en las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado de acuerdo a su declaración fiscal. Actualmente 10 por ciento de estas ganancias por obligación tiene que ir a los trabajadores, derecho plasmado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) artículo 117 y 523, fracción VIII. Aquí también los datos duros no favorecen a los trabajadores.

De 33.5 millones de trabajadores subordinados y remunerados que hubo en 2014, 5.44 millones, es decir, 16.2 por ciento, reportó haber recibido la totalidad de las prestaciones que la ley obliga a los patrones, es decir, el pago de aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades, por parte de la empresa, según muestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, cuarto trimestre 2014).

El reparto de utilidades se ha convertido en una práctica de simulación y fraude; es un derecho que prácticamente está en extinción en diversos sectores del país, como el comercio y servicios, donde tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, prácticamente han nulificado esta prestación. En tanto, en el sector manufacturero ha descendido al mínimo el número de trabajadores que reciben este reparto, así como el monto del mismo.

De diciembre de 2012 al mismo mes de 2013, al menos 2 mil 500 empresas del país modificaron su esquema de contratación, afectando el reparto de utilidades de cerca de cuatro millones de trabajadores asalariados, según un estudio sobre la situación laboral de los mexicanos realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, como consecuencia de la reforma laboral que entró en vigor en diciembre de 2013, entre los que destaca otorgar contratos por tiempo determinado, temporada y capacitación inicial.

La regulación de este derecho tiene muchos huecos, que algunos patrones aprovechan para tratar de evitar el pago de utilidades. Muchos contratan a sus trabajadores por honorarios, para no tener que darles prestaciones; otros, como empresas más grandes y sofisticadas, crean subsidiarias de servicio cuyo único fin es administrar la nómina. Dichas empresas no perciben utilidades.

Algunos optan por contratar su personal utilizando los servicios de una empresa outsourcing de recursos humanos. En este caso, el trabajador tiene derecho a una parte de las utilidades de la empresa outsourcing, pero no de las generadas por aquella en donde está trabajando.

Finalmente, como son utilidades “fiscales”, en ciertas industrias hay mecanismos legales a través de los cuales se puede evitar o disminuir al máximo dicha utilidad, por ejemplo, haciendo inversiones en capital de trabajo o ciertas provisiones contables para ello.

Se calcula que dos tercios de los empleadores retienen estos recursos, negándose a entregarlos a los trabajadores que establece la ley. Se trata de miles de millones de pesos que no llegan al bolsillo de los trabajadores: una parte suele repartirse bajo la modalidad de bonos a los altos ejecutivos, otra se suma a los dividendos que se entregan a los accionistas. En el caso de las empresas trasnacionales regresan junto con el resto de las utilidades a la matriz.

El instrumento más común que se usa hoy es la tercerización u outsourcing y en especial las llamadas empresas de servicios que subcontratan a la totalidad del personal, a pesar de estar prohibido por la LFT. Las llamadas empresas de servicio son un invento de despachos de abogados con la principal finalidad de omitir el pago del reparto de utilidades, afectando también al fisco y a las instituciones de seguridad social.

Así, los trabajadores no son reconocidos como asalariados de la empresa real, sino de la ficticia, y si las utilidades se generan en la primera, en la segunda no hay prácticamente nada para repartir.

El más reciente estudio del CAM sobre cumplimiento de la LFT señala que se ha incrementado por arriba de 60 por ciento el número de asalariados que no recibe nada de utilidades, además de que hay un 15 por ciento que no recibe lo correcto.

De esta forma, está quedando como una prestación simbólica el pago de utilidades en México, ya que no es relevante: en promedio, sólo tres de cada 10 trabajadores lo reciben y, en su mayor parte, es solo por trámite y tiene relevancia nula en sus ingresos; este es otro problema que queremos abordar también con esta iniciativa.

Actualmente la institución que se ocupa de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), integrada de manera tripartita por el gobierno, los patrones y los trabajadores; la pluralidad en la integración de la comisión pareciera justa y funcional, pero la realidad y los resultados en el incremento del salario demuestran lo contrario, según lo hemos demostrado anteriormente.

La Conasami ha funcionado como un instrumento de política económica, no como una institución laboral. La política salarial que ha acompañado a las políticas neoliberales se ha caracterizado por mantener el objetivo económico de mantener la estabilidad monetaria, conteniendo la inflación.

Fue creada ad hocen el contexto de los pactos económicos y sociales firmados por el gobierno federal en la década de los 80, en el siglo pasado: el de Solidaridad Económica de 1987 y el de Estabilidad y Crecimiento Económico de 1988. La crisis desatada en diciembre de 1994 sencillamente la dejó atrás: no hubo manera de mantener un esquema de mayor reducción a los salarios. Desde inicios de este siglo, ha emitido resoluciones emparejando el salario mínimo con la inflación esperada, manteniendo al salario en un mismo nivel, sin caídas más abruptas: en parte, porque ya no queda espacio para mayores reducciones y porque se han mantenido deprimidos a los salarios por otras vías como ha sido la informalidad. De cualquier forma en casi tres lustros el salario se ha mantenido estancado en un nivel muy bajo.

La fijación del salario no ha obedecido a cuestiones de necesidad o de estudio de las necesidades de la clase trabajadora para acceder a un salario suficiente. La práctica hasta ahora vigente ha sido atar el aumento salarial, con la inflación pronosticada por el gobierno; lo que en todas las ocasiones resulta menor a la inflación observada. Por estas razones, la determinación de los salarios mínimos no ha tenido fundamentos legales ni técnicos; ha sido una política discrecional, vertical y autoritaria.

La Conasami ha tomado la vía del capitalismo excluyente, pues el deterioro de los ingresos de los trabajadores determina a su vez la reducción del mercado interno, en tanto en el modelo económico vigente los ejes del crecimiento se encuentran en las exportaciones y la inversión extranjera. El gobierno definió a los bajos salarios como un atractivo más para atraer la inversión extranjera, que mejor que mano de obra calificada a salarios de hambre, lo que a su vez genera una falsa y endeble competitividad internacional.

El tripartismo con que fue diseñada esta comisión favorece al Ejecutivo, legitimando la política de contención salarial: la representación de los trabajadores, ostentada por el sindicalismo oficial puede avalar o no los incrementos, pero eso es intrascendente en tanto los patrones y el gobierno mantienen el dominio de dos de los tres sectores convocados en la comisión. Con ausencia de libertad y democracia sindicales en una comisión tripartita como lo es la Conasami, en realidad el gobierno define los salarios mínimos mediante decisiones verticales del presidente de la República. O sea, los salarios se fijan desde hace décadas por decreto.

Lo anterior hace que la Conasami no tenga razón de existir ya que definir los salarios mínimos, que es su más importante función, está delegada al Consejo de Representantes quien está dirigido por el presidente de la comisión y éste es nombrado por el presidente de la República (artículo 551 de la LFT). Es pues el titular del Ejecutivo, quien en realidad define los salarios mínimos.

De acuerdo a la Cuenta de Hacienda Pública Federal, en 2015, la Conasami tuvo un presupuesto autorizado de 42 millones 766 mil 547 pesos. El principal capítulo de gasto de la Conasami es el de servicios personales por 31 millones 959 mil 944 (84.68 por ciento del total) y 10 millones 750 mil 003 pesos de gastos de operación. Podemos encontrar en el mismo presupuesto que 29 millones 436 mil 741 pesos del presupuesto son etiquetados en estudios económicos para determinar el incremento al salario.

Hay que recordar que en los pasados 15 años, sin considerar estudio alguno, el incremento al salario mínimo se fija de acuerdo con la inflación prevista para el año siguiente, como ya se dijo, muy por debajo de la inflación real. El promedio de incremento salarial en estos últimos años es de 2 pesos diarios, o sea 730 pesos de aumento anual.

Además de la comprobada ineficiencia de la Conasami, la presidencia ha sido ocupada los últimos 22 años por Basilio González Núñez, quien en 2015 completará percepciones anuales por 2 millones 826 mil 109 pesos, o sea 94 mil 204 pesos mensuales, muy por arriba de los 2 mil 13 pesos que gana un trabajador en México.

Esto pues, parece una burla, cuando para fijar los salarios mínimos la comisión tripartita sólo ha requerido el índice de inflación programable, según las instrucciones del titular del Ejecutivo. Con esto se comprueba que los 42 millones 766 mil 547 pesos destinados a este organismo no tienen razón de ser. Por eso, en esta iniciativa se plantea la desaparición de la Conasami.

Las consecuencias de estos salarios tan bajos, han sido el crecimiento del sector informal en más del 50 por ciento de la población económicamente activa (PEA), la pérdida del poder adquisitivo del mismo, la migración forzosa hacia Estados Unidos de América, con pérdida de vidas por la política anti migratoria de ese país, el crecimiento de la delincuencia organizada en diferentes modalidades, la falta de oportunidades a mejores niveles de vida entre las familias y la más importante: el crecimiento de la población en pobreza y pobreza extrema.

Es por esto, que el Congreso debe generar condiciones para un gran acuerdo nacional político, económico y social, con empresarios y trabajadores a fin de crear condiciones que lleven a la recuperación salarial. La labor en estos momentos es detener la caída salarial y su estancamiento, comenzando su recuperación de forma gradual pero sostenida, garantizando a los trabajadores los derechos adquiridos como lo es el reparto de utilidades justo. Esta es una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país.

En la presente iniciativa se propone la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, como un organismo constitucional autónomo, dotado de autonomía técnica, dedicado de una forma profesional a analizar los diversos factores que intervienen en la determinación de un salario constitucional, como pueden ser la inflación, el precio de la canasta básica, las líneas de pobreza determinadas por Coneval, la productividad, el crecimiento económico, la generación del empleo y cualquier otro factor que incida en el costo de la vida que debe enfrentar el trabajador para acceder a un salario suficiente, de acuerdo a la definición constitucional. Dentro de sus funciones también tendrá que fijar el porcentaje adecuado a repartir de las utilidades de las empresas, así como revisar las bases normativas para fijar las excepciones de empresas sin obligación de repartir utilidades.

Desde Morena proponemos esta iniciativa constitucional para que pueda haber una verdadera recuperación, estable y sostenida del salario mínimo en cuanto a su poder adquisitivo, para así compensar verdaderamente a los trabajadores por su fuerza laboral aportada en la productividad, con el reparto de utilidades a que tienen derecho, para que sus condiciones laborales sean mucho más dignas y justas.

Iniciar hoy una política salarial que nos ayude a recuperar el poder adquisitivo del salario y mejorar los ingresos de los trabajadores especialmente de los que menos ganan, es una deuda que tenemos pendiente con ellos desde hace 30 años.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades

Artículo Único.Se reforma el artículo 123, apartado A, fracciones VI y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a V. ...

VI. Los salarios mínimos se fijarán en forma anual y podrán revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso de su vigencia con justificación fundamentada y de conformidad con la ley, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, que será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para realizar los estudios y diagnósticos en el nivel nacional necesarios para la determinación de los salarios mínimos, así como las bases normativas aplicables al reparto de utilidades entre patrones y trabajadores.

El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades estará integrado por un presidente y cuatro consejeros, que serán ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en el sector académico y profesional, con experiencia mínima de diez años en materia laboral y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de elección popular. Serán nombrados por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.

El presidente y los consejeros del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades desempeñarán su encargo por un periodo de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola vez. Sólo podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

VII. a VIII. ...

IX. ...

a) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos Productividad y Reparto de Utilidades determinará el porcentaje de utilidades que deba repartirse anualmente entre los trabajadores.

b) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración las excepciones de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación en un número determinado y limitado de años para fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales.

c) El Instituto podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen

d) y e)...

X. a XXXI. ...

B. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades deberá integrarse dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros por un periodo de dos años, dos por un periodo de tres años y uno por un periodo de cuatro años, que será su presidente.

Tercero.El Congreso de la Unión deberá expedir en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto las reformas que correspondan a los ordenamientos necesarios para la implementación del presente decreto, en materia del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.

Cuarto.El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades contará con un término no mayor de noventa días a partir de su integración para expedir las normas administrativas, que sean necesarias para su funcionamiento.

Sexto.En un plazo no mayor a ciento ochenta días, el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades propondrá al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión las medidas y recomendaciones necesarias para establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Séptimo. En tanto no se cree el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades establecido en el artículo 123 constitucional, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos continuará ejerciendo sus funciones.

Octavo.Los trabajadores de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pasarán a formar parte del Instituto de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, respetándoles su antigüedad y derechos laborales adquiridos.

Notas:

1. http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/minimum- wages/lang—es/index.htm

2. cam.economia.unam.mx/el-salario-minimo-en-mexico-de-la-pobreza-la-miseria-perdi da-del-78-66-del-poder-adquisitivo-del-salario-reporte-de-investigacion-117/agt o. 2014

3. Inegi primer trimestre de 2014.

4. Inegi-ENOE Encuesta del primer trimestre de 2015.

5. http://mexico.cnn.com/mundo/2013/12/05/mexico-el-unico-de-america-latina-en-el- que-aumento

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez,Alicia Barrientos Pantoja, Araceli Damián González, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Guadalupe Hernández Correa, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Jesús Emiliano Álvarez López, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Norma Rocío Nahle García, Norma Xóchitl Hernández Colín, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Roberto Guzmán Jacobo, Rogerio Castro Vázquez, Vidal Llerenas Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jesús Emiliano Álvarez, por favor. Adelante.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sólo para solicitarle al diputado Ariel Juárez, me deje suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Juárez dice que desde luego que sí. Entonces, está a disposición para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Mirza Flores Gómez:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy represento ante esta tribuna aproximadamente la voz de 2 millones de mexicanas y mexicanos, que desafortunadamente se encuentran desprotegidos por la Ley Federal del Trabajo.

La iniciativa que hoy presento tiene como objetivo reivindicar los derechos laborales de las y los trabajadores domésticos. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Ley Federal del Trabajo define a los trabajadores domésticos como las personas que a cambio de un salario prestan sus servicios de cuidado, limpieza y atención en hogares de terceros.

Sin embargo, estas condiciones laborales, previstas en la ley en comento, presentan graves deficiencias, lo que pone a este grupo de trabajadoras y trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, ya que no cuentan con el acceso pleno al uso de los derechos a la salud, a la pensión, al ahorro, a la alimentación, a la vivienda digna y acceso a las guarderías.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2013, el INEGI informó que hay 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado. De éstas, 96 de cada 100 son mujeres.

Estas trabajadoras domésticas no tienen un contrato por escrito donde se estipulen claramente las condiciones de trabajo. Es importante mencionar que las condiciones de trabajo no las ponen en situación de la articulación que prevé la Ley Federal del Trabajo.

Otro dato duro arrojado por la Encuesta refleja las precarias condiciones de trabajo de este sector. El 13 por ciento cumplen una jornada laboral superior a las 48 horas por semana. Los principales problemas que las trabajadoras domésticas enfrentan no solo son las excesivas horas de trabajo y los salarios reducidos, incluyen conductas discriminatorias por parte de sus empleadores, y en algunos casos maltrato físico y psicológico.

Las empleadas domésticas deben tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores previstos en esta ley. Como es el derecho a jornadas laborales reguladas, descanso semanal, vacaciones pagadas, aguinaldo, cobertura de seguridad social, derecho al periodo de maternidad y lactancia, y lo repito, el acceso a sus hijos a las guarderías.

Es importante mencionar que la legislatura pasada se suscribieron seis iniciativas de ley con el mismo objeto, garantizar un empleo digno a las y los trabajadores domésticos, las cuales se encuentran pendientes de resolver en las comisiones correspondientes y otras han sido desechadas en virtud de no dictaminarse en el plazo establecido por la ley.

Las reformas que propongo a la Ley Federal del Trabajo no contravienen ningún principio constitucional, por el contrario, buscan cumplimentar las disposiciones previstas en el artículo 123 constitucional.

Para avanzar a una solución se requiere por lo menos de dos partes que se comprometan. La primera apelo a la sensibilidad de mis compañeras y compañeros legisladores, para aprobar las modificaciones propuestas con la finalidad de mejorar las condiciones de las empleadas domésticas. Por la otra, se requiere de un compromiso ciudadano para valorar el trabajo doméstico, tanto el remunerado, como el no remunerado.

Para concluir, solamente voy a hacer mención a la frase que las mujeres activistas han traído a las agendas políticas: ni criadas, ni sirvientas; trabajadoras. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 331, 332, 333, 334, 335, 337; se adiciona el 32 Bis y se deroga el 336 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

Las condiciones laborales de las y los trabajadores domésticos presentan graves deficiencias, no gozan dé los derechos de salud, a la pensión, al ahorro a la alimentación o a la vivienda digna. La ley federal del trabajo define a los trabajadores domésticos como las personas que, a cambio de un salario, prestan sus servicios de cuidado, limpieza y atención en hogares de terceros.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2013, el Inegi informó que hay 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado; de éstas, 96 de cada 100 trabajadores domésticos no tienen un contrato por escrito donde se estipulen claramente las condiciones de trabajo. Es importante mencionar que 9 de cada 10 trabajadores domésticos son mujeres; por ello, en la mayoría de las ocasiones se hace referencia a “las trabajadoras del hogar”.

Otro dato duro arrojado por la encuesta y que refleja las precarias condiciones de trabajo de éste sector vulnerable de la sociedad, es que un porcentaje de 13% de las y los trabajadores cumplen una jornada laboral superior a las 48 horas por semana.

Siguiendo con el estudio de la ENOE 2013, el principal problema que, los trabajadores domésticas, consideran como grupo son: exceso de trabajo y paco sueldo, seguido por conductas por parte de los empleadores y sus familiares o personas cercanas a el que los afectan en su dignidad y derechos, como el maltrato físico y psicológico, aunado a lo anterior, la labor de estas trabajadoras, su ubicación en la escala social, su condición de mujeres y en ocasiones su calidad de indígenas, hacen que sean un grupo vulnerable y víctimas de discriminación.

En esa misma encuesta se mostró que de enero a octubre de 2010, 42.7% de las trabajadoras domésticas perdieron su empleo por problemas de salud, infortunadamente solo el 2.2% tienen cobertura de seguridad social, en los términos que marca el artículo 13 fracción II de la Ley del Seguro Social. Esto significa, entre muchas otras cosas, que no pueden acceder a licencias de maternidad, al derecho a una pensión, al pago de incapacidades, entre otros beneficios.

Los trabajadores y trabajadoras domésticas deben tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, como es el derecho a jornadas laborales reguladas, descanso semanal, condiciones de empleo, cobertura de seguridad social, lo cual se podría lograr si estos trabajadores contaran con un contrato firmado ya que la falta de existencia de este genera en las trabajadoras domésticas una falta de certeza acerca de las límites de sus funciones y las términos de su contratación.

Desde la ley se hace una discriminación al trabajo del hogar. De los 13 artículos sobre trabajo doméstico de la Ley Federal del Trabajo en ningún lado se habla de la seguridad social, contrato de trabajo o un horario establecido.

Es importante mencionar que durante la LXII legislatura se suscribieron seis iniciativas de ley en el mismo objeto garantizar el acceso a un empleo digno a las y los trabajadores domésticos, las cuales se encuentran pendientes de resolver en las comisiones correspondientes, otras fueron desechadas. Ejemplo de ello es la iniciativa suscrita por la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del PRD la cual fue desechada en virtud de no haber sido dictaminada en el plazo reglamentario, de conformidad con el artículo 23, numeral 1 inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de las Estados Unidas Mexicanos; y en cumplimiento del acuerdo de la Mesa Directiva, con la cual declara la preclusión de iniciativas no dictaminadas en el plazo reglamentario correspondiente.

También es importante reconocer que en esta LXIII Legislatura, el 22 de noviembre del año en curso, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante este pleno, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con el mismo objetivo.

Recordemos que el artículo 1o. de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, establece que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringir se ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Aunado a lo anterior, el artículo 123 establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley e impone la obligación al Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán por los siguientes principios:

• La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

• La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años.

• Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.

• Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

Por otra parte, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un documento rector para la formalización del trabajo doméstico en los países miembros de la ONU. México se adhirió al C189 en 2011, desafortunadamente, el documento descrito no ha sido ratificado por el Senado de la Republica, hecho-que impide su aplicación obligatoria en el país.

Para avanzar en una solución se requiere de la sensibilidad de los legisladores y aprobar las modificaciones que se proponen sirvan para mejoran las condiciones de las empleadas domésticas pero también se requiere de un compromiso ciudadano, para valorizar a las empleadas domésticas y avanzar en la mejora de su situación, mientras estos hechos no sucedan, ni las empleadas domésticas ni sus eventuales patrones tendrán certeza del camino a seguir.

Las reformas que se proponen a la Ley Federal del Trabajo no contravienen ningún principio constitucional, por el contrario, busca cumplimentar las disposiciones emanadas de la norma fundamental, por lo anteriormente expuesto y fundado; someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

“Único. Se reforman los artículos 331, 332, 333, 334, 335, 337; se adiciona el 332 Bis y se deroga el 336 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 331.Trabajadores domésticos son las mujeres u hombres que prestan los servicios de limpieza, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia, y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico directo.

También se considerarán trabajadores domésticos a las personas que presten servicios de asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador; así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas con discapacidad. Para efectos de la presente Ley, los trabajadores domésticos podrán prestar sus servicios de acuerdo a las siguientes modalidades:

I) Trabajadores domésticos que presten sus servicios para un solo empleador y residan en el domicilio donde realicen sus actividades.

II) Trabajadores domésticos que prestan sus servicios para un solo empleador y que no residan en el domicilio donde realizan sus actividades.

III) Trabajadores domésticos que prestan sus servicios para diferentes empleadores y que no residan en el domicilio de ninguno de los empleadores.

Artículo 332. No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I.

II.

III. Las personas que realicen tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando se trate de una prestación de carácter exclusivamente terapéutico o para la cual se exija contar con habilidades profesionales específicas.

Artículo 332 Bis. Las condiciones de trabajo para los empleados domésticos comprendidos en las fracciones I y II del artículo 331, se-regirán conforme al Título Tercero de la presente Ley.

En lo que respecta a los trabajadores domésticos comprendidos en la fracción III del artículo 33l, se observará lo siguiente:

I. Gozarán de un período de descanso anual con derecho a sueldo, en proporción de un día de descanso por cada veinte días de trabajo efectivo, que serán gozados en días corridos.

II. Tendrán derecho al pago de una gratificación económica anual equivalente al 50% del sueldo pagado un mes de trabajo efectivo.

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que residan en el domicilio donde prestan sus servicios, deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas y de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334. Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la .habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos se estimarán equivalentes al 25% y la habitación a otro 25% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 335. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores, que en ningún caso podrá ser inferior a dos salarios mínimos vigente.

Artículo 336. Derogado

Artículo 337. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Garantizar el respeto de la dignidad humana del trabajador; queda prohibido todo tipo de discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; así como realizar cualquier tipo de actos de violencia en contra del empleado doméstico.

II. Celebrar contrato por escrito en triplicado, debiendo entregar un tanto a la o el trabajador, y el otro lo registrará ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

III. Proporcionar los trabajadores comprendidos en la fracción I del artículo 331 habitación cómoda e higiénica. También deberá de proveer alimentación sana y suficiente.

IV. En el caso de los trabajadores comprendidos en la fracción II y III del artículo 331, se pactará en el contrato de trabajo la obligación alimenticia; en los términos del artículo 334.

V. El patrón deberá otorgar los medios necesarios para que el trabajador doméstico desempeñe sus labores en condiciones de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

VI. Las trabajadoras domésticas embarazadas gozarán de los derechos establecidos en el artículo 170 de la presente ley.

VII. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de diciembre de 2015.— Diputados: Mirza Flores Gómez, Julio Saldaña Moran (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Necesitamos incluir el arte en la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.

El proceso educativo no es una tarea únicamente académica, incluye también aspectos que los estudiantes deben explorar para un mejor y más completo desarrollo y de esta manera lograr su integración y adaptación de forma dinámica y creativa a la sociedad a la que pertenece.

La presencia del arte en la educación a través de una adecuada educación artística, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y de los jóvenes. En Nueva Alianza sabemos eso y asumimos el compromiso de consolidar las expresiones de generación artística y cultural como parte primordial del proceso educativo.

En ese sentido, someto a la consideración de este pleno la presente iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, a fin de incorporar los términos, artística o artístico, a todas las partes que corresponda, esto como parte esencial de la educación básica obligatoria.

La educación artística desempeña un papel fundamental en la creación de competencias para la vida de las niñas y de los niños y jóvenes, se caracteriza porque enriquece el sistema cognitivo. Si queremos hablar de una educación integral debemos de integrar al arte y a la educación física.

Cumple una función significativa y predominante en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los educandos ya que despierta sensibilidad, emociones y complementa su formación académica.

Ofrecer a los alumnos una buena educación artística enriquece su vida y favorece su desarrollo integral. Ayuda a mejorar su estado emocional, espiritual y la propia autoestima.

A través de expresiones artísticas los estudiantes tienen la posibilidad de explorar sus habilidades y destrezas en diferentes áreas que no son meramente académicas. De esta manera logran estimular su creatividad e imaginación, lo que les ayuda a alcanzar mayor confianza en sí mismos y crearse una identidad que les permite sentirse orgullosos de quienes son.

Más allá de lo anterior, practicar alguna actividad artística les da la posibilidad de exteriorizar sus inquietudes y los problemas particulares por los que atraviesan ya sean de origen económico, social, cultural, físico o emocional. Todo ello es una barrera de protección y de prevención para las conductas negativas, delictivas e inseguras.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que mediante el aprendizaje de cualquiera expresión artística se fomenta la paz y el desarrollo de la sociedad mexicana. El aprendizaje artístico en las escuelas constituye una de las estrategias más poderosas para promover la expresión de la diversidad cultural y crear sociedades más humanas, incluyentes e igualitarias. Uno de los grandes aportes es la formación de seres humanos sensibles, empáticos, creativos que desarrollen elementos positivos para la interacción social.

Compañeras y compañeros, vivimos en un mundo globalizado en donde la sensibilidad y la preocupación por la humanidad son cada vez menos importantes. Por ello es necesario rescatar el interés y el reconocimiento por los demás para reconstruir nuestro tejido social. La educación artística puede darnos eso. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Soralla Bañuelos de la Torre, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 33, 38, 48 y 71 de la Ley General de Educación, en materia de expresión artística en la formación educativa en la enseñanza de la educación básica y media superior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, rezaba Pitágoras en el siglo sexto AC, sin embargo en pleno siglo XXI DC, esta frase sigue teniendo vigencia, ya que desgraciadamente en nuestro país existen altos índices de delincuencia y muchos jóvenes son juzgados debido a diversos factores, uno de estos y de los más importantes es fortalecer el sistema educativo de calidad.

Debemos definir a la educación de calidad como una educación que ofrece a los niños, jóvenes y a todas las personas que aprendan las capacidades útiles para su entorno que necesitan y poder desarrollarse correctamente en el seno de su sociedad; debe adecuarse a las vidas, las aspiraciones y los intereses tanto de los estudiantes como de sus familias y sociedades y, finalmente, es incluyente y está basada en los derechos humanos.

Como sabemos la educación en México ha sido una preocupación nacional, permanente y prioritaria desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, la estrategia en los primeros años de vida de la Secretaría fue multiplicar escuelas, lograr un amplio concurso colectivo en las tareas educativas prioritarias, articular el esfuerzo de los estados y los municipios y, en una palabra, diseñar una educación pública nacional.

La educación es un ámbito decisivo para el futuro del país, la acción educativa del gobierno y de la sociedad es una de las grandes prioridades nacionales. Existe un claro consenso entre los sectores acerca de la necesidad de transformar el sistema educativo, por una educación de calidad.

En México la educación es un factor indispensable para el desarrollo del país, constituye la base del progreso y el cambio social en los individuos, por lo que es de primordial importancia el papel que desempeña la educación que se imparte en las escuelas en la formación educativa en la enseñanza de la educación básica y media superior para el mejoramiento y progreso de la sociedad.

El sistema educativo puede concebirse como una herramienta para preparar a los niños y jóvenes para su papel en un mundo cada vez más incierto, la educación obligatoria tiene un papel muy importante a la hora de ayudar a niños y jóvenes a desarrollar la confianza en sí mismos, existe una reconocida necesidad de alentarlos para que desarrollen una amplia gama de competencias e intereses, con el fin de identificar y favorecer su potencial, así como de fomentar su creatividad.

Es entonces, que de realizarse estos cambios se generarían una seria de retos tanto en el ámbito político como en el ámbito legislativo, al introducir la expresión artística en la formación educativa en la enseñanza de la educación básica y media superior.

Como antecedente internacional, es importante destacar que en los últimos años las organizaciones internacionales han mostrado un creciente interés hacia la educación artística, interés que ha dado lugar a avances políticos fundamentales, asimismo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha sido la fuerza motriz del desarrollo de iniciativas y políticas en materia de educación y cultura durante la última década.

En el año de 1999, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) pidió a todas las partes interesadas del ámbito de la educación artística y cultural que hicieran lo necesario para garantizar que la enseñanza artística ocupara un lugar especial en la educación de todos los niños y niñas, desde la guardería hasta el último año de la enseñanza obligatoria.

Del llamamiento anterior, le siguió una conferencia mundial celebrada en Lisboa que supuso la culminación de cinco años de colaboración internacional entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y sus socios en el ámbito de la educación artística. Esta conferencia confirmó la necesidad de fundamentar la relevancia de la educación artística en todas las sociedades, e impulsó la publicación de “ The wok factor: global research compendium on the impact of the arts in education(Bamford, 2006) y La hoja de ruta para la educación artística (UNESCO, 2006).”

La hoja de ruta antes mencionada, busca servir de apoyo y de guía para fortalecer la educación artística, y en ella se afirma que la educación artística ayuda a hacer respetar el derecho humano a la educación y la participación cultural, a desarrollar las capacidades individuales, y a mejorar la calidad de la educación y a promover la expresión de la diversidad cultural.

Además en la cooperación europea e internacional, se han realizado una serie de conferencias e iniciativas más modestas, algunas de las cuales han dado lugar a cambios en la política relativa a la educación artística y cultural. Entre ellas se encuentra la organizada en 2001 por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos sobre el contenido y la situación de la educación artística y cultural en los centros de educación secundaria europeos, un Simposio Europeo e Internacional sobre Educación Artística, y una conferencia internacional sobre la cultura de los jóvenes, la educación, la ciudadanía y la formación del profesorado.

Derivado de lo anterior, se realizaron numerosas investigaciones que confirmaron que existe una jerarquía según la cual la lectura, la escritura y el cálculo numérico son áreas prioritarias. Además, dentro del ámbito de las artes, algunas formas específicas (especialmente las artes visuales y la música) tienen prioridad sobre otras (como el arte dramático o la danza). Como parte de la iniciativa del Consejo de Europa Cultura, Creatividad y los Jóvenes, se llevó a cabo un estudio sobre educación artística en Europa, mismo que concluyó que; aunque todas las declaraciones nacionales de política sobre educación subrayaban rutinariamente la importancia de la dimensión cultural y la necesidad de promover las capacidades artísticas y creativas de los jóvenes, en la práctica, tanto el estatus como la oferta de educación artística tienen bastante menos relevancia, las disciplinas principales eran el arte y la música.

En la mayoría de los sistemas nacionales, las artes eran obligatorias en la educación primaria y durante los dos o tres primeros años de educación secundaria. Después de esta etapa, y de forma casi universal, las artes eran optativas. En todos los casos estudiados las artes ocupaban una posición inferior a la de las matemáticas y la ciencia.

En algunos países se intentó reducir la proporción de educación artística en los programas educativos en favor de materias consideradas más relevantes para el éxito económico o académico.

Estudios internacionales posteriores llegaron a conclusiones similares (Sharpy Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004). En particular, se reconoció que puede resultar difícil promover las cualidades expresivas de la danza si esta se incluye dentro de una materia centrada en el ejercicio físico y el deporte, encontraron que las artes visuales y la música se estudiaban como materia obligatoria en los 21 países estudiados. Aproximadamente en la mitad de los países/Estados incluidos en ese trabajo los alumnos cursaban una o más disciplinas artísticas hasta los dieciséis años. En los países/Estados restantes los alumnos estudiaban arte hasta los catorce años o las materias artísticas tenían carácter optativo para los alumnos de más edad de la enseñanza secundaria.

Por lo que, el bajo estatus de las materias artísticas se ve reflejado en la relativa falta de atención prestada a la evaluación y el seguimiento de la enseñanza artística. Las investigaciones también han resaltado la preocupación por el tiempo asignado oficialmente a la educación artística, y el que realmente se le dedica en los centros, puesto que resulta insuficiente para elaborar un programa educativo amplio y equilibrado (Robinson, 1999; Sharpy Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004). Se ha señalado que la falta de tiempo, de espacio y de recursos son un factor clave que impide el éxito de la educación artística (Bamford, 2006).

Además en un estudio publicado en Education Next y Educational Researcher, demostró cómo impacta en la educación el acercamiento de los estudiantes al arte, científicos sociales de la Universidad de Arkansas hicieron un experimento en el que comprobaron los beneficios de impartir el arte en las escuelas. En el estudio, se afirmóque los alumnos expuestos a la cultura y las artes en la educación, tales como; museos y centros de artes escénicas, y demás expresiones artísticas no sólo tienen niveles altos de compromiso con las artes sino que además este acercamiento genera más tolerancia, empatía histórica, mejora la memoria educativa y fomenta el pensamiento crítico en el individuo.

En otro estudio de la Universidad de Florida, también se confirmó los efectos de la música que son muy positivos, hasta el punto de potenciar la creatividad, reducir la ansiedad y ayudar en desórdenes neurológicos como el Alzheimer o el párkinson. Cuando los investigadores hacen que la gente escuche música ven fuegos artificiales: múltiples áreas del cerebro se iluminan al mismo tiempo al procesar el sonido, los neurocientíficos ven como las áreas del cerebro son iluminadas procesando información simultáneamente en complicadas secuencias interrelacionadas y muy rápidas, por lo que tocar un instrumento involucra casi todas las partes del cerebro al mismo tiempo, especialmente las cortezas visual, auditiva y motora.

Como podemos observar, resulta de gran importancia la educación artística en nuestro país, y es por ello, que la educación artística debe ser obligatoria en la enseñanza de la educación básica y educación media superior, ya que la educación artística debe utilizar los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información; la enseñanza de la historia del arte debe ir acompañada de encuentros con los artistas y de visitas a lugares emblemáticos relacionados con la cultura, debe de existir una mayor supervisión y coordinación de la educación artística en México, incluyendo la supervisión del impacto de la enseñanza artística en las competencias de los estudiantes en nuestro país.

En nuestro sistema educativo en México se tiene la perspectiva de que la cultura es algo secundario a la educación, de que hay otras materias y otros aspectos que son más importantes, que todo lo que se refiere a la cultura, al conocimiento, viene en un segundo o en un tercer plano, por lo que resulta necesario cambiar esta visión.

La actividad cultural en la educación en México ha sido tomada como solo un pasatiempo entendiendo esto último como la forma de aumentarle tiempo escolar a los alumnos entreteniéndolos con algunas materias relacionadas con las bellas artes sin tener una finalidad de que el alumno descubra y disfrute de las bellas artes, como un paréntesis de la actividad didáctica, sin embargo en realidad la actividad cultural (teatro, música, danza, pintura, literatura, cine) y cualquier otra actividad artística poseen una importancia más transcendental que académica para la formación integral de las personas, ya que despierta otra sensibilidad y emociones siendo el complemento perfecto para su formación.

Es entonces, que tanto la literatura, como el teatro, la filosofía, la ecología, la pintura y la escritura como un trabajo creativo, y no como tarea escolar, permiten acrecentar el horizonte no solo cognoscitivo sino también porque no decirlo espiritual de las personas y en particular en los que están en sus primeras etapas de formación.

Además las artes y la cultura constituyen un referente para conocer y enfrentar de mejor forma los problemas inherentes a la vida en la sociedad, además de que proporciona una visión integral de los aspectos importantes de la vida humana, es entonces, que debe jugar un rol de suma importancia en nuestro sistema educativo, por lo que no se puede dejar de lado a las artes y a la cultura, ya que éstas deben ir íntimamente ligadas al proceso educativo.

Entre las aportaciones que las artes y la cultura tienen en la educación, está el dotar de un referente a los conocimientos y habilidades que se transmiten en las aulas, así como el complementar a la información que se recibe en la escuela, el hogar, el trabajo y la calle de un sentido más crítico que permita aprender y discernir la realidad, amplia el horizonte intelectual, y contribuye con una mejor enseñanza y a devolverle al formador el papel de promotor, animador social, artístico y cultural en la escuela.

Por lo que, la actividad artística, en cualquiera de sus expresiones, es un buen comienzo para que los educandos en primer lugar empiecen a percibir el mundo desde lo artístico y en segundo lugar que encuentren un canal distinto para poder exteriorizar sus inquietudes.

Se debe entender que la cultura no solamente es realizar varios postgrados, cursos y diplomados para obtener un certificado y enriquecer nuestro currículum vitae, ni tampoco es cumplir de manera mecánica los objetivos de la clase, por cultura se debe entender entre una de sus diversas acepciones el educar la sensibilidad ya sea leyendo grandes obras, mirando una pintura, disfrutando de una cinta cinematográfica, una puesta teatral, entre otras expresiones artísticas, es entonces, que la cultura y las artes no solo son una fuente de conocimientos sino también a la sensibilización de las personas.

Es entonces, que se debe generar un consenso sobre la importancia en materia de expresión artística en la formación educativa obligatoria, es decir, en la enseñanza de la educación básica y media superior, para el desarrollo de una sociedad creativa y sensibilizada a la cultura; fomentar una actuación y reflexión en común y reunir los recursos humanos y financieros necesarios para aumentar el grado de integración de la educación artística en los sistemas y centros educativos.

En consecuencia, la cultura y las artes son componentes básicos de una educación de calidad que permite al individuo desarrollarse plenamente. La educación artística es un derecho universal para todos los educandos comprendiendo a las personas que suelen quedar excluidas de la educación, como por ejemplo; los inmigrantes, las minorías culturales y las personas con algún tipo de discapacidad.

Estos derechos tienen su fundamento y se encuentran contemplados tanto a nivel internacional como nacional en nuestro país, mismos que a continuación se exponen;

A nivel internacional se encuentran estos derechos establecidos en los artículos 22, 26 y 27 en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 29 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 22

“Toda persona, como miembro de la sociedad (...) tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Artículo 26

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.

Artículo 27

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 29

“La educación del niño deberá estar encaminada a... (a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades (...)”.

Artículo 31

“Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”.

A nivel nacional se encuentran contemplados estos derechos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los incisos a), b) y c) de la fracción II y fracción V del artículo 3, así como en el párrafo décimo segundo del artículo 4, y fracción XXV del artículo 73:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; y

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Artículo 4.

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

“XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativay las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República.”

Como podemos observar el proporcionar a todas las personas las mismas oportunidades para desarrollar su actividad artística y cultural, constituye un objetivo primordial a nivel internacional y nacional, la educación artística debe convertirse en una parte obligatoria de los programas educativos. Asimismo, entendemos que esta formación artística en la educación básica y media superior es un proceso a largo plazo, por lo que debe ser metódica y desarrollarse e ir mejorando año con año.

Todos tenemos derecho al acceso y fomento de la cultura y las bellas artes, asimismo todas las personas tenemos un potencial creativo. Las artes nos proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona aprende a participar en experiencias, procesos y desarrollos creativos, también contribuye a desarrollar una educación de calidad que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más humanas y fructíferas con la educación y las artes.

Por lo que es importante trabajar en el sistema educativo mexicano en las artes y en el respeto a la identidad cultural de los alumnos, proporcionarles los conocimientos, las aptitudes artísticas que necesitan para participar plenamente en la vida social y enseñarles a respetar y comprender a todas las culturas.

Cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de la capacidad de reflexionar críticamente, de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento. Las artes son la manifestación de la cultura y, al mismo tiempo, el medio a través del cual se comunican los conocimientos culturales. Cada cultura tiene sus propias prácticas culturales y expresiones artísticas específicas, y la diversidad de culturas y sus consiguientes productos artísticos y creativos generan formas contemporáneas y tradicionales de creatividad humana que contribuyen a la sociedad.

Por lo tanto, cualquier enfoque de la educación artística deberá necesariamente de tomar como base la cultura o tradiciones a las que pertenece la persona que aprende. Generar en dicha persona una confianza basada en la apreciación profunda de su propia cultura es el mejor punto de partida posible para explorar, respetar y apreciar otras culturas. Para ello, es vital percibir el carácter constantemente cambiante de la cultura y las artes y su valor en contextos tanto históricos como contemporáneos.

De igual forma, la educación artística también constituye un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital artístico y cultural, la utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados.

Es lamentable que en muchos países y en particular en el nuestro, se estén perdiendo aspectos materiales e inmateriales de la cultura y las artes porque no se valoran en los programas de nuestro sistema educativo y, por ende, no se transmiten a las generaciones futuras, corriendo incluso el riesgo de irlas perdiendo poco a poco.

Arte y cultura son conceptos distintos, sin embargo, muy habitualmente son emparejados para referirse a los productos artísticos y culturales que definen los rasgos más importantes de una civilización, especialmente en sus componentes más elitistas y sublimes, pero también en que define su forma de vida y su manera de entender a sí misma y al mundo (cosmovisión, ideología). Los aspectos ideológicos inseparables en el tratamiento del arte y la cultura hacen que en los estudios sobre ellas se refieran sistemáticamente a la religión, las doctrinas políticas y económicas, la ciencia y tecnología y todo tipo de relaciones sociales.

El concepto de cultura es aún más genérico, e incluye todas las actividades humanas (desde la gastronomía hasta todas las manifestaciones del folclore, las tradiciones populares, las tendencias de la moda y las propuestas de todo tipo de subculturas, formas de ocio, tribus urbanas).

Mientras que el uso más habitual del término “ arte” es mayoritariamente restringido en su uso bibliográfico a las denominadas tradicionalmente artes mayores (pintura, escultura y arquitectura), las bellas artes clásicas incluyen también la danza, la música y la literatura; y se han añadido “nuevas artes” (séptimo arte -cine-, octavo arte o noveno arte -fotografía, cómic, televisión, publicidad).

La cultura posee una serie de características: es aprendida, es inculcada y es adaptativa. El arte es una forma de manifestación de la cultura; nace, se desarrolla, es parte constitutiva y llega a ser elemento representativo por excelencia de un contexto cultural.

Las llamadas artes o bellas artes producen obras u objetos que son valorados socialmente al ser manifestaciones estéticas de una cultura (esto quiere decir, que se dirigen a nuestra sensibilidad produciendo efectos en ella), expresan los valores y elementos que estructuran a una sociedad.

Por otra parte, las artes proponen como se ha mencionado anteriormente una serie de prácticas y valores que inciden significativamente en la sensibilidad de los individuos: “En síntesis, en la creación de necesidades estéticas, o lo que es lo mismo, la formación de la sensibilidad, intervienen sociedad, el individuo y la cultura; esta última a través del sistema artístico en el que crece y nace la persona”.

Entendiendo además que la cultura es una construcción en constante transformación, la renovación de los valores artísticos y hábitos estéticos dependen de las artes, que cuestionan e innovan la manera de percibir lo establecido como valores o prácticas que se constituyen como norma.

Aunado a esto el conocimiento y la sensibilización acerca de las prácticas culturales y las formas de arte refuerzan las identidades y los valores personales y colectivos, y ayuda a preservar y fomentar la diversidad cultural. La educación artística fomenta tanto la conciencia cultural como las prácticas culturales, y constituye el medio a través del cual el conocimiento y el aprecio por las artes y la cultura se transmiten de una generación a otra.

La sociedad actual exige trabajadores más creativos, flexibles, adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva situación. La educación artística proporcionara a las personas, que aprendan otras habilidades que se requieren de ellas y, además, les permitirá expresarse de mejor forma, evaluar críticamente el mundo que les rodea y participar de mejor forma y activamente en los distintos aspectos de la existencia humana.

Hoy en día existe una brecha cada vez mayor entre los procesos cognitivos y emocionales: en los entornos de aprendizaje, se da cada vez más importancia al desarrollo de capacidades cognitivas y se otorga, en cambio, cada vez menos valor a los procesos emocionales, este énfasis en el desarrollo de las capacidades cognitivas ha sido en detrimento del aspecto emocional, y es una de las muchas causas de la decadencia del comportamiento en la sociedad actual.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción VII y XVI del artículo 33, el artículo 38, el tercer párrafo del artículo 48, y se reforma el párrafo segundo del artículo 71, todos de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 33....

I. a VI. ...

VII. Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles artísticos y culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria;

VIII. a XV. ...

XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo , artísticoy cultural, y

XVII....

...

Artículo 38.La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas , artísticasy culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 48. ...

...

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que –sin menoscabo del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás expresiones artísticas y culturales propias de la entidad y municipios respectivos...

...

Artículo 71. ...

Este consejo promoverá y apoyará actividades escolares y extraescolares artísticas y de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Hoja de Ruta para la Educación Artística, Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 6-9 de marzo de 2006

2 C:\Users\Usuario\Desktop\La diversidad cultural es un factor esencial de la Educación para Todos.htm

3 Oficina de Información Pública, memoria, Educación artística, “Educación artística”, preparado para la 57 semana (09-15/10/2006) del 60 aniversario de la UNESCO.

4 LEA International en: www.unesco.org/culture/lea

5 Sergio Cervantes Quiroz, Revistacirculo.com, La importancia de la educación artística, última fecha de consulta miércoles 19 de junio del 2013.

6 Agencia Educativa en el Ámbito Educativo, Audiovisual, y Cultural (EACEA), Comisión Europea, Educación artística y cultural en el contexto escolar en Europa, 2010.

7. Valdés de Martínez, Sara Carmen. Introducción al arte, Libros del ARRAYÁN. México, Segunda reimpresión, 1998. Pág.11

8 Susana Emanuel, Et. al. Culturas y Estéticas Contemporáneas. México. Macchi. 2001. Pág. 17

9 Acha, Juan. El consumo artístico y sus efectos. México. Trillas. 1988. Página 35.

10. Mónica Schwarz Rodríguez Centro, Musicoterapia en prematuros. Una visión actualizada Autores Irene Gil Prado, /institución Salus Infirmorum Ciudad/país Cádiz, España, año VII, número 19, 2013.

11. Informe evaluativo, Evaluación internacional de los procesos de evaluación de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior en México, 2014-2015, Acuerdo de colaboración entre el INEE de México y el IIPE-UNESCO Buenos Aires, Abril 2015, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), México, D.F.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputada Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Saludamos la presencia de integrantes de la Organización Juvenil, procedentes de Tepeaca, Puebla, invitados por la diputada Genoveva Huerta Villegas. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Diputado presidente, amigas y amigos diputados. Hoy a nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios, venimos a proponer una iniciativa que parte de un principio de equidad, de justicia, de un sentido humano para atender el fenómeno migratorio en este país.

No hay mejor instrumento para demostrar el interés en la práctica de beneficiar a un grupo vulnerable como es a través de un presupuesto público. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo, amigas y amigos diputados, reconoce la importancia de tener un programa transversal para poder atender el fenómeno migratorio en México.

El Banco Nacional, nuestro banco, el Banco de México, reconoce que ahora es la primera fuente de ingreso por encima de los ingresos petroleros: las remesas de los migrantes. Argumentos como esos hay muchos más –tenemos nada más un minuto y medio ya–.

Hoy venimos a proponer, como Comisión de Asuntos Migratorios, una reforma para que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le hagamos justicia en la atención presupuestal a este tema de asuntos migratorios. Es decir, que se agreguen dos. Un anexo, ustedes saben que el presupuesto de gasto público en su documento estipula el cómo debe de integrarse la parte programática y presupuestal.

En este caso, estamos proponiendo nosotros a través de una fracción, un anexo para atender específicamente, de manera transversal, los recursos públicos destinados al fenómeno migratorio, lo cual va a permitir, sin duda, para reforma el artículo 2 de la propia ley y el 41 de la misma, nos va a permitir tener certeza y, por supuesto, dar una imagen, nosotros, de que en México no solamente se destinan 300 millones de pesos en un fondo para apoyo a migrantes. No solamente se destinan programas como el Tres por uno, que son exitosos, sino que nos va a permitir reconocer en la estructura programática y presupuestal un monto más significativo que de hecho se ejerce por diferentes dependencias y entidades.

Lo que estamos proponiendo aquí es que haya unicidad, un propósito único que nos va a permitir el orden en materia de ejercicio de gasto público, y por otro lado nos va permitir tener, poder medir, lo que se puede medir, se puede evaluar; lo que no se mide, no se puede evaluar. Poder evaluar este gasto que debe de estar orientado, precisamente, a nuestros hermanos migrantes.

Es un acto de elemental justicia social reflejada para el próximo año 2016, esperamos que con el voto del pleno que venga estructurado este anexo y que venga destinado un recurso para atender el fenómeno migratorio. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 41 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios

Gonzalo Guízar Valladares, miembro de la Cámara de los diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, en nombre propio y de las diputadas y los diputados integrantes de dicha comisión, con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Honorable Asamblea:

La presente iniciativa no es la primera vez que se presenta a esta soberanía. La última ocasión lo fue por la presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara en la LXII Legislatura, con fecha 3 de junio de 2015, turnada por la Mesa Directiva para estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo derecho a dictaminarla precluyó el viernes 21 de agosto de 2015.

Esta iniciativa ha sido trabajada desde hace algunos años, de la mano con organizaciones especializadas en temas presupuestarios y migratorios —como es destacadamente el caso, de Fundar, y se ha discutido con instituciones académicas, organismos internacionales y dependencias del ejecutivo federal.

Se trata de una iniciativa que busca de mejor manera atender a millones de mexicanos que, expulsados de sus lugares de origen por falta de oportunidades y a veces de meras condiciones de sobrevivencia, salen en busca de ellas y con su trabajo, como lo reconoció recientemente el gobernador del Banco de México, mantienen en equilibrio la economía nacional.

Hay que señalar y destacar que esta iniciativa no genera nuevos costos. Se trata de corregir una falla estructural en el Presupuesto de Egresos de la Federación: la dispersión de recursos para atender la materia migratoria, sin etiquetar y en programas de muchas dependencias, con que lo año con año, a pesar del crecimiento de la demanda de atención por las razones que a todos nos son conocidas, se generan subejercicios, desviaciones y opacidad que dificultan cualquier ejercicio de evaluación de lo que hace el Estado mexicano en la materia, mientras crece y se complejiza esta problemática que atraviesa todo tipo de temas relacionados con violaciones de derechos humanos, que tienen a México permanentemente en el ojo de denuncias, señalamientos y recomendaciones de organismos internacionales.

Todos sabemos y repetimos que México es territorio de origen, de destino, de tránsito, de retorno voluntario y forzado de migrantes y transmigrantes, pero también, un territorio con una intensa migración interna, a más de un país con migración interna por motivos laborales y de desplazamientos forzados por fenómenos de violencia, obras de infraestructura y desastres naturales.

Esta compleja realidad hace que nuestro país sea uno de los que en el mundo reflejan de forma más clara el carácter pluridimensional de la migración, como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala en el informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México 2014, que “...como consecuencia de las marcadas desigualdades económicas y de oportunidades entre los principales países de origen y países de destino de migrantes en la región, la pobreza y las dificultades para acceder a condiciones de vida digna, la violencia ocasionada por la delincuencia organizada y común, las violaciones a los derechos humanos, la discriminación en contra de ciertos grupos vulnerables de población, las necesidades de reunificación familiar, los desastres naturales, así como la posición geográfica de México plantean para el Estado mexicano grandes desafíos respecto a cómo gestionar desde un enfoque de derechos humanos la afluencia de flujos migratorios mixtos”

México es en la actualidad el segundo país de emigración a nivel mundial, con un estimado de 13 millones de migrantes internacionales, lo cual significa que más de 10 por ciento de la población del país vive fuera del territorio mexicano.

De acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, de los 46 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos en la actualidad, se estima que más de 30 millones de estos migrantes provienen de México, lo cual significa que uno de cada tres migrantes en Estados Unidos es mexicano.

Es de especial preocupación el dato de las estimaciones del PEW Hispanic Center de que en marzo de 2010 había 11.2 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. De ellos, 6.5 millones eran mexicanos; es decir, los mexicanos representan el mayor grupo de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, con 58 por ciento.

Los migrantes mexicanos generan grandes beneficios en términos de remesas para México. Para 2012, México seguía siendo el principal receptor de remesas en el continente americano y el cuarto mayor receptor de remesas a escala mundial, después de India, China y Filipinas, con un estimado de 23 mil millones de dólares para ese año.

El año pasado, de acuerdo a cifras recientes del Banco de México, al alcanzar los 24 mil millones, las remesas representaron para el producto interno bruto, PIB, de México la segunda fuente de ingresos externos después de los ingresos que perciben por las exportaciones de petróleo (The World Bank, Migration and development brief 20. Washington, DC, 2013, página 2).

La migración económica de mexicanos representa, además, una importante válvula de escape al conflicto social en nuestra país.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Migración, anualmente ingresan en México alrededor de 140 mil migrantes en situación irregular, la mayoría proveniente de Centroamérica. Esta cifra no incluye los movimientos locales entre las riberas del río Suchiate, en Chiapas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra de migrantes en situación irregular podría situarse en aproximadamente 400 mil migrantes al año. La mayoría de estos migrantes irregulares pretende llegar a Estados Unidos o a Canadá.

México es también un país de destino para miles de migrantes, en especial centroamericanos, que se dirigen, principalmente, a estados fronterizos para trabajar como jornaleros en labores agrícolas o como trabajadoras domésticas en las principales ciudades de la frontera sur.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 961 mil 121 migrantes internacionales.

Con cifras del Instituto Nacional de Migración, INM, entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2 millones 423 mil 399 eventos de repatriaciones (deportaciones) de mexicanos desde Estados Unidos. Sólo en 2012 se llevaron a cabo 369 mil 492 eventos de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

Las autoridades migratorias estadounidenses informan que del año fiscal 2009 a 2011 llevaron a cabo 1 millón 878 mil 293 eventos de deportación de migrantes mexicanos. El retorno de migrantes mexicanos representa un gran reto para el Estado mexicano que tiene que encontrar soluciones que permitan la protección y la integración social y económica de esos connacionales.

El gobierno de México tiene además el deber de atender a sus connacionales en el extranjero, de generar condiciones económicas y sociales que eviten la emigración obligada de millones de mexicanos, y el de garantizar una estancia y paso seguro para migrantes extranjeros en nuestro territorio, siempre garantizando la protección de sus derechos humanos.

Desde su campaña, el presidente Enrique Peña Nieto se propuso velar por los derechos de las personas migrantes. En consonancia con ello, el 2 de diciembre de 2012, como uno de sus primeros actos de gobierno, se firmó con los principales partidos políticos el Pacto por México, que en el Compromiso 30 de los 95 que componen, dice a la letra:

• Derechos de los migrantes. Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en el país.

La atención de un fenómeno tan complejo requiere la coordinación de numerosas instancias oficiales y la asignación de presupuestos de diversas dependencias, así lo reconocen diversos documentos y manifestaciones oficiales, entre otros:

• La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el documento de 2013 México frente al fenómeno migratorio: una visión para el siglo XXI, reafirma su compromiso con un modelo atención centrado en la persona, reconociendo a los migrantes como sujetos de derechos y aliados para el desarrollo, y en él establece que “...es indispensable instaurar políticas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las dimensiones humana, social y económica del fenómeno y su repercusión en el desarrollo”. De manera más específica señala: “El Programa Especial de Migración (PEM) representa la oportunidad para crear una política migratoria con el nuevo enfoque de respeto a los derechos humanos, desarrollo sustentable, género, interculturalidad y seguridad; con acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles de gobierno, así como entidades de la sociedad civil”.

• El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce la necesidad de que el problema migratorio sea atendido a través de un programa de carácter transversal e intersectorial, así lo dispone la estrategia 5.4.4 del objetivo 5.4 (objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional):

Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implantación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.

Esta estrategia, como su primera línea de acción, señala:

• Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria.

• El 8 de julio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó en Chiapas los cinco ejes de su nueva política migratoria para la frontera sur del país. Ahí mencionó la necesidad de una coordinación interinstitucional para atender ese fenómeno y anunció la creación de la Coordinación de Atención Integral a la Migración en la Frontera Sur. Esto, para dar atención, ayuda humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos.

• El Plan Nacional de Desarrollo reconoce la necesidad de acciones transversales para atender la migración en todas sus expresiones, y dispone que se debe “....elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, la implantación, el seguimiento y la evaluación de la política y la gestión migratorias”.

Es evidente, pues, que se reconoce que el fenómeno migratorio debe atenderse a partir de acciones transversales y coordinadas. Lo que al parecer ya no resulta tan evidente, aunque lo es, es que para cumplir estos objetivos institucionales de manera transversal, se requiere también un presupuesto transversal. Esta necesidad obedece a que en el presupuesto federal hay aproximadamente 80 programas, de diversas dependencias, que tienen relación con el fenómeno migratorio.

Un anexo transversal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que permita atender institucionalmente, de manera coordinada e integral por múltiples dependencias el fenómeno migratorio, que permita además la transparencia en el gasto y la evaluación de las acciones.

Anexos similares hay en la ley para otros programas que igualmente involucran a múltiples dependencias, como igualdad entre mujeres y hombres; atención de niños, niñas y adolescentes; desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; y desarrollo de los jóvenes.

La Comisión de Asuntos Migratorios acordó, como uno de los puntos más relevantes del Plan de Trabajo aprobado para esta legislatura, revisar, actualizar en lo que sea conducente y resulte necesario, hacer suya y presentar de manera colegiada la presente iniciativa, con el fin de avanzar a contar con mejores condiciones para atender la preocupación expresada por el Gobierno Federal, los reclamos de Organizaciones Sociales y Organismos Internacionales, de dar una mayor y mejor atención, con carácter integral, a la población migrante.

Por lo fundado y motivado, sometemos a consideración el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforman los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se adiciona la fracción III Bis del artículo 2o. y se anexa el inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para efectos de esta ley se entenderá por

...

...

...

III Bis. Anexos transversales: anexos del Presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y los Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio;

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá

I. ...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán

...

...

...

...

w) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención del fenómeno migratorio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Gonzalo Guízar Valladares,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Cynthia Gissel García Soberanes, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Galván Martínez, Gretel Culin Jaime, Guadalupe Perea Santos, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Jorge López Martín, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Leonel Gerardo Cordero Lerma, María Luisa Sánchez Meza, Miguel Alva y Alva, Modesta Fuentes Alonso, Nora Liliana Oropeza Olguín, Sergio López Sánchez, Telésforo García Carreón, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo:Compañeras y compañeros diputados, el fortalecimiento a las instituciones y al estado de derecho son tareas inalienables y urgentes para concretar la transición política que desgraciadamente se ha prolongado demasiado, se estancó –y lo que es todavía peor– fue secuestrada por los partidos políticos.

Así pues, para consolidar la transición democrática es fundamental que las instituciones reconocidas en la Carta Magna y sostenidas con financiamiento público como lo son los partidos políticos, cumplan con su función de ser medio para promover la participación ciudadana en los asuntos públicos de nuestro país, y que además no se conviertan en una burocracia partidaria interesada en mantener sus privilegios.

La crisis de credibilidad por la que atraviesa la política y los partidos políticos ha sido señalada desde hace siete años al menos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Castañeda Gutman contra el Estado mexicano.

Y nos dijo la Corte: A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partido políticos, los Poderes Legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión, y realizar propuestas para revertir la situación, concluyó la Corte en aquella ocasión.

Hoy, atendiendo a este llamado a la responsabilidad, es que propongo lo siguiente: si el sistema de partidos es fuerte, como lo es y como ustedes dicen que es, quiere decir que el Estado cumplió ya su función subsidiaria y que por lo tanto se hace necesario reformar los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en lo que respecta al financiamiento de sus actividades ordinarias permanentes, que actualmente dice que el importe de recursos será aquel que resulte de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Entonces, la pregunta que brota es: ¿Es sano, mis amigos, para una democracia en construcción y en un país débil en sus finanzas públicas que el financiamiento público a los partidos aumente año con año por el solo hecho de crecer el número de afiliados al padrón electoral cuando la confianza y la credibilidad en los partidos políticos y la correspondiente votación electoral de los ciudadanos van a la baja?

Compañeros, podemos salir juntos, sociedad, partidos políticos y Estado, de la actual crisis por la que atravesamos, siempre y cuando veamos ésta como una gran oportunidad y no como un riesgo. Lo que sí es un riesgo es seguir igual, con oídos sordos y sin escuchar el reclamo social.

Por lo que mi propuesta y la de muchos mexicanos es que la fórmula para obtener financiamiento público para el sostenimiento anual de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos sea ya la de multiplicar no el total de afiliados al padrón, sino la votación total emitida en una elección federal inmediata anterior en la que se eligió a diputados por el principio de mayoría relativa, ahí sí por el 65 por ciento del salario mínimo general vigente en el país. Es decir, que la base no sea el padrón sino la votación.

Invito a todos mis amigos a que le demos fortaleza al voto ciudadano, para que su orientación incida no solo en quienes nos van a gobernar sino también en el financiamiento a los partidos políticos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo

Manuel Jesús Clouthier Carrillo, en mi carácter de ciudadano mexicano y con el de diputado federal en esta LXIII Legislatura; con fundamento en los artículos 1o., 35, fracción II, y 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en términos de lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, 71, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional y legal en materia electoral federal.

I. Exposición de Motivos

La actual situación económica, política y social por la que atraviesa la región y nuestro país demanda urgentemente de parte de la sociedad la austeridad de los gobernantes de nuestro país y de su clase política. La sociedad nos percibe lejanos ante las necesidades de la población al ubicarnos en medio de privilegios y canonjías derivadas de la incesante corrupción, abuso del poder y tráfico de influencias en los últimos tiempos.

No hace falta expedir más leyes y reglamentos, eso sobra. Lo que ha hecho y sigue haciendo falta es voluntad política para aplicar la ley.

Ante ello, y sí la sociedad en general vive a diario en un ambiente de restricción y austeridad en el gasto, y los gobiernos por fin han comenzado a comprender que deben conducirse con eficacia y eficiencia en el manejo del mismo, toca también que los partidos políticos nacionales pongan el ejemplo y se comprometan a que sus prerrogativas no aumenten año con año y en cada proceso electoral, sino que las mismas, y específicamente las destinadas a su gasto burocrático ya no sea en base a los millones de ciudadanos integrantes del padrón electoral, sino directamente proporcional al número de votos emitidos en la elección federan inmediata anterior.

Lo anterior es debido a que si los partidos políticos “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática” como se los ordena el artículo 41 constitucional, fracción I, resulta evidente que no están cumpliendo con dicha encomienda como se desprende de los bajos porcentajes de participación ciudadana en los últimos procesos electorales. Por ejemplo, en el último proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados, solo voto el 47 por ciento del listado nominal nacional. Así también, se registraron porcentajes de participación ciudadana muy bajos en las entidades de Baja California (29.5 por ciento), Chihuahua (32.25 por ciento), Aguascalientes (36.3 por ciento) y Sinaloa (37 por ciento), por citar algunos. De ese tamaño es el problema y el reto que tenemos frente a nosotros.

Hoy, muchas de las luchas políticas que se viven a lo largo del país dentro de los partidos, ya no es por ganar elecciones sino por controlar política y económicamente a través de la nómina interna al partido político en el orden correspondiente. Literalmente hemos tolerado que se enquisten burocracias partidistas y no entidades de interés público que en verdad contribuyan con sus acciones a la vida democrática y a la participación y acceso de los ciudadanos a la vida pública de su país.

El rol del dinero público y privado en la política es un debate interminable y con distintos ángulos. Se agudiza lo anterior en un país como el nuestro con incipiente vocación democrática así como en transparencia y rendición de cuentas.

¿Cuánto y hasta cuándo debe subsidiar una sociedad a los partidos políticos cuando estos no están cumpliendo a cabalidad el fin para el que fueron creados y reconocidos a nivel constitucional y que la sociedad no se siente representada por ellos?

La transición política mexicana se ha prolongado demasiado y es tiempo de comenzar a concluirla para así dar paso a su consolidación. Lo anterior no será posible en la medida que la clase política y gobernante continué enviando mensajes distintos y siga sin poner el ejemplo y comprometerse en representar realmente el sentir del ciudadano y en lo que le ordena la Constitución.

La presente iniciativa tiene como único y firme propósito elevar la calidad de nuestro sistema político y democrático en aras de elevar la participación ciudadana en los asuntos públicos de su país. El hecho de vincular el financiamiento a los partidos políticos con la votación válida emitida generará los incentivos necesarios que para que los partidos políticos nacionales y estatales apuesten por que en cada elección postulen a los mejores ciudadanos de sus ciudades y regiones logrando contar después de la elección con los mejores representantes y funcionarios posibles.

El diseño constitucional y legal mexicano vigente mantiene en una zona de confort económica al sistema de partidos políticos al otorgárseles mayor cantidad de recursos para gasto burocrático que para el destinado a gasto electoral. El que no existan consecuencias jurídicas-electorales directas e inmediatas al financiamiento que obtienen, y que en razón de la actual fórmula es creciente debido a la variable del número de integrantes del padrón, en nada abona a una profunda reflexión sobre el papel que nuestra Carta Magna les encomendó, y sí mucho en el mantenimiento de una burocracia partidaria institucionalizada.

¿Qué justificación democrática sostiene que la actual fórmula para determinar el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes (burocracia) deba mantenerse cuando los porcentajes de participación ciudadana en elecciones y procesos electorales son mediocres y tienden a la baja?

¿Es sano para una democracia en construcción el que su financiamiento público aumente año con año solo por el hecho de crecer el número de su padrón electoral cuando la confianza y credibilidad en la política por parte de los ciudadanos va a la baja?

Parte trascendental del espíritu de las leyes es que no solamente vayan acorde con la actualidad de una nación en una época determinada, sino que también vayan adelante y perfeccionen lo que en un momento fue útil y necesario, para así transitar, en el caso concreto, a lograr que nuestra democracia sea de incentivos, de una profunda reflexión con un debate robusto y constante, siempre tendiente a ampliar las libertades y cumplir con nuestras responsabilidades; en el que el actuar o no de sus ciudadanos sí tenga repercusiones directas en sus instituciones y gobiernos, y dejar de ser el país en el que nunca pasa nada.

II. Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 78, 97 y 102, numeral 2 del mismo ordenamiento referente a los requisitos y elementos para la presentación de iniciativas de diputadas y diputados:

Se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos.

III. Texto normativo propuesto

Primero.Se reforma el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

II.

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando la votación válida emitida en la elección federal inmediata anterior en la que se eligió a diputados por el principio de mayoría relativa,por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo general vigente en el país. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Segundo. Se reforman el artículo 51, inciso A), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará la votación válida emitida en la elección federal o local inmediata anterior en la que se eligió a diputados por el principio de mayoría relativa, según sea el caso, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo general vigente en el país.

IV. Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.A partir del año 2016, en forma escalonada y para determinar el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, se multiplicará la última votación válida emitida federal o local, según sea el caso, por un salario mínimo general vigente en el país; en el año 2017 por el 85 por ciento del salario mínimo general vigente, y para quedar finalmente en el año 2018, por el 65 por ciento del salario mínimo general vigente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA EN FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO PROCESADAS POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POR PORTACIÓN DE DOSIS DE MARIHUANA EN CANTIDADES IGUALES O MENORES A 30 GRAMOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Iniciativa que expide la Ley de Amnistía en favor de todas las personas que hayan sido procesadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por portación de dosis de marihuana en cantidades iguales o menores de 30 gramos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Juan Fernando Rubio Quiroz, diputado federal de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento enel artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía en favor de las personas que hayan sido procesadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por portación de dosis de marihuana iguales o menores a treinta gramos, con base en lo siguiente:

Planteamiento del problema

La portación de marihuana en cantidades que representan dosis destinadas al uso personal e inmediato, está autorizada en la Ley General de Salud, sin embargo, las políticas prohibicionistas del consumo de marihuana y, en general, de todo tipo de estupefacientes, han conducido a una serie de abusos por parte de la autoridad policiaca, ministerial y judicial, de tal manera que muchas personas, hombres y mujeres y en particular jóvenes, se encuentran hoy bajo proceso, detenidos o siendo investigados por posesión simple de marihuana, aunque se trate de portación para consumo personal y a pesar de que no existan pruebas que demuestren que estas personas se dedican a la venta o distribución de marihuana.

Argumentación

Con base en lo establecido en los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con la permisividad de portación de dosis personales de diversos narcóticos y, específicamente en el caso de la marihuana, nos conduce a un régimen no persecutorio cuando se trata de portaciones para consumo personal e inmediato, sin embargo, este criterio ha sido borrado del mapa a causa de la ominosa política de seguridad que ha confundido el consumo personal con narcomenudeo.

La persecución de que han sido objeto todo tipo de personas y jóvenes en particular, y de acuerdo con el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, en México, entre 2009 y mayo de 2013 fueron detenidas a nivel federal 140 mil 860 personas por consumo de drogas e iniciadas 87.746 averiguaciones por posesión simple además de las 52 mil 74 averiguaciones iniciadas por consumo.

Lo anterior, ha sido más grave a partir de que el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó, en su sesión del 30 de enero del 2006 y refrendado con fecha 18 de noviembre de 2011, situar al combate al narcomenudeo como uno de los Ejes Estratégicos, teniendo como consecuencia, el fortalecimiento de los programas y acciones de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y el destinar el veinte por ciento de los recursos del Fondo de Seguridad Pública en cada entidad, para sustentarlo. En el segundo caso, el Consejo aprobó la conformación de los Centros de Operación Estratégica en las entidades federativas para sustituir a las Unidades Mixtas, con el objeto de coordinar “los esfuerzos estatales y federales hacia una actuación uniforme, que homologue criterios y procedimientos para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos”.

Esta política, que ha privilegiado la coerción por sobre la conciliación nacional y que ha quedado demostrado en múltiples ocasiones que no ha funcionado, exacerbando los niveles de violencia y atomizando a los grupos de la delincuencia organizada, ha vulnerado principalmente a las personas jóvenes, quienes son objeto de amenazas, extorsiones y malos tratos por parte de los cuerpos policiacos, poniéndolos en una situación de vulnerabilidad extrema.

Es por lo anterior que hacemos la presente propuesta de amnistía, en un acto de congruencia, convencidos de que uno de los pasos para la reconstrucción del tejido social es, precisamente, la reconciliación nacional, la cual debe garantizarse a partir de un gran proceso de reconocimiento de los errores que ha cometido el Estado, principalmente con sus jóvenes.

Esta ley está destinada a las personas que hayan sido detenidas y estén injustamente recluidas por portar dosis de marihuana que representan una cantidad que está destinada al consumo personal, ya que se trata de usuarios que no se dedican a la venta y distribución de marihuana, actividad que está tipificada como narcomenudeo.

Esta ley pretende poner énfasis a una visión de descriminalización del consumo personal, suprimiendo el castigo que se impone a la conducta de los usuarios, lo cual violenta su derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Tal como lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, “la forma en la que un individuo desea recrearse, pertenece a su esfera más íntima y privada, ya que sólo él puede decidir de qué manera quiere vivir su vida”.

La criminalización del consumo viola la dignidad humana, la autodeterminación de las personas y la libertad individual, porque cada persona adulta es dueña de su propio cuerpo, por tal motivo mientras no se afecte a terceros, cada individuo tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Por lo expuesto, someto a consideración del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de todas las personas que hayan sido procesadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por portación de dosis de marihuana en cantidades iguales o menores a treinta gramos

Único. Se expide la Ley de Amnistía en favor de todas las personas que hayan sido procesadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por portación de dosis de marihuana en cantidades iguales o menores a treinta gramos, para quedar como sigue:

Artículo 1.Se decreta amnistía en favor de todas las personas, no reincidentes, en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal o del orden común, por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por portación de dosis de marihuana en cantidades iguales o menores a treinta gramos, del día veinte de agosto del 2009 al día de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo 2.Quienes se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1, podrán beneficiarse de la amnistía.

Artículo 3.La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento.

Artículo 4.Las personas a quienes aproveche esta ley, no podrán en lo futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía.

Transitorio

Único.Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputados: Juan Fernando Rubio Quiroz,Alberto Martínez Urincho, Arturo Santana Alfaro, Candelario Pérez Alvarado, Carlos Hernández Mirón, Érik Juárez Blanquet, Érika Irazema Briones Pérez, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, Felipe Reyes Álvarez, Karen Hurtado Arana, Lluvia Flores Sonduk, Lucia Virginia Meza Guzmán, María Cristina Teresa García Bravo, María Elida Castelán Mondragón, María Luisa Beltrán Reyes, Natalia Karina Barón Ortiz, Olga Catalán Padilla, Omar Ortega Álvarez, Tomas Octaviano Félix, Waldo Fernández González, (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

DECLARA EL 25 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de cuatro dictámenes con proyectos de decreto de la Comisión de Gobernación. Se informa a la asamblea que por acuerdo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y atendiendo a le economía procesal en la fundamentación y posicionamiento de los dictámenes, ser hará en una sola intervención. Al final de la discusión se votarán por separado cada uno de los proyectos de decreto, hasta por tres minutos. Pido a la Secretaría dar cuenta de los proyectos de decreto que se discutirán a continuación.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 25 de octubre de cada año, “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 4 de noviembre de 2014, las senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale del Grupo Parlamentario del PRI y María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 25 de octubre de cada año, “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos de esa soberanía, para su análisis y dictamen.

El 28 de abril del presente se sometió a primera lectura en el Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen producto de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos; siendo discutido y aprobado durante segunda lectura de 18 de septiembre, con un total de 90 votos a favor; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado a esta Cámara de diputados para darle continuidad al trámite legislativo.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 24 de septiembre para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión el pasado 8 de octubre.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar el 25 de octubre de cada año, “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

Motivación

Las iniciantes sustentan que “desde tiempos antiguos la figura de personas de talla baja ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades, llamándoles bufones, fenómenos y seres mágicos”.

Que “existe poca conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, como también limitada información seria sobre la real naturaleza del enanismo.”

Que “las personas de talla baja viven día a día situación de rechazo y discriminación por su condición.”

Que “un mundo hecho a la medida de personas altas marca una barrera que impide a las personas con enanismo o talla baja, el acceso a fuentes dignas de trabajo, al transporte, a la educación y a la salud.”

Que “el objetivo es crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de enanismo.”

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que los trabajos en pro de prevenir y eliminar la discriminación de cualquier tipo, son objetivos fundamentales del Estado mexicano e implican un tema de orden público y de interés social, en tanto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, garantiza a toda persona el pleno reconocimiento a sus derechos humanos, a la vez que prohíbe terminantemente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como Comisión somos conscientes de que la discriminación va más allá de los actos o críticas en contra de un grupo de personas, puesto que la discriminación también implica una omisión cuando el resultado de la misma se convierte en un obstáculo, en una restricción o impedimento que en la práctica menoscaba el reconocimiento que nuestra Constitución hace a toda persona de gozar y ejercer plenamente sus derechos humanos y libertades.

Coincidimos con las iniciantes en la necesidad de generar una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de enanismo.

En virtud de lo anterior y toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, los integrantes de la Comisión de Gobernación consideramos que a través del establecimiento de dicha efeméride contribuiremos positivamente en concientizar a la sociedad respecto de las dificultades cotidianas de una persona de talla pequeña, así como al diseño de las estrategias y los mecanismos necesarios para su atención e inclusión.

Así, al declarar el 25 de octubre como “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”, se reafirma el compromiso de México para garantizar la protección a los derechos humanos de todas las personas por igual, y se da un paso adelante respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de otro ser humano.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprueba la minuta a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA”

“Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 25 de octubre de cada año, “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Notifíquese a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Avila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica en contra), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene ahora la palabra, por 10 minutos, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar los dictámenes de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Seré más breve que eso, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es hasta diez minutos.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Muy bien, gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Durante el presente periodo ordinario, la Comisión de Gobernación recibió cuatro minutas remitidas por la Cámara de Senadores, en las cuales se instituyen diversas efemérides, mismas que debo adelantar tuvieron gran éxito en la Cámara de origen, pues todas y cada una de ellas fueron aprobadas por unanimidad de votos.

En la primera de ellas, se aprobó denominar la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social, reafirmando el compromiso del Congreso de la Unión en la protección integral del trabajador y de su familia, así como para mantener una promoción permanente a la cultura de la seguridad social en nuestro país.

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que las acciones para sensibilizar e involucrar a las actuales y futuras generaciones respecto a los derechos que la sociedad mexicana ha materializado, entre ellos el de la seguridad social, merecen ser celebrados y difundidos, pues si bien son logros alcanzados, es necesario mantener un recordatorio de que aún falta mucho camino por recorrer para el fortalecimiento del ejercicio de estos derechos.

Coincidimos con la necesidad de rescatar los principios basados en el fomento y la difusión de la previsión social como un derecho de los trabajadores, en el que se garantice la protección integral del trabajador como persona y de su familia, mediante derechos como la asistencia médica, la pensión por jubilación y la cobertura de incapacidades, por mencionar sólo algunos.

En ese mismo sentido, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación proponemos declarar el 28 de mayo de cada año como el Día Nacional por la Salud de la Mujer, subrayando la necesidad de mantener políticas públicas con perspectiva de género dentro de la agenda nacional, en beneficio de todas las mujeres mexicanas y de sus familias.

Mediante el establecimiento de esta efeméride, se contribuye a tomar conciencia sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades a que todas y todos los mexicanos tenemos derecho, comenzando por temas tan elementales como la salud y se contribuya a la vez a consolidar una visión de Estado con perspectiva de género.

Asimismo, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos la necesidad de seguir trabajando por un México incluyente, por lo que proponemos instituir el día 25 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, en respuesta a la solicitud expresa de este grupo social y atendiendo a los mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 1o.

Consideramos que a través del establecimiento de dicha efeméride, contribuiremos positivamente a sensibilizar a la sociedad respecto de las dificultades cotidianas de una persona de talla pequeña, así como sobre el diseño de estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión, reafirmando el compromiso de México para garantizar la protección a los derechos humanos de todas las personas por igual y dando un paso positivo hacia la eliminación de todas las formas de discriminación.

Por último, acordamos instituir el día 28 de noviembre como el Día Nacional del Artista Intérprete, ya que el arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones, pues efectivamente a través de ellas podemos conocer la profundidad de tradiciones, valores y aspiraciones.

México produce una inmensidad de obras artísticas que encuentran distintos canales de expresión, producto del trabajo y el talento de grandes actores y directores.

Sin duda, los artistas intérpretes forman parte importante de la cultura que se genera en el mundo, por lo que consideramos que una celebración de mérito reafirma el compromiso del Congreso de la Unión en la promoción a la cultura como factor de unidad y pluralidad en nuestro país, lo cual es de gran trascendencia para el desarrollo positivo de la sociedad mexicana.

Por estas consideraciones, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación someten a su consideración los asuntos señalados y pedimos su apoyo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, muchas gracias diputada Guillén.

Están a discusión en lo general y en lo particular, y se han inscrito para fijar posición de sus respectivos grupos parlamentario diversas compañeras diputadas y diputados. Tiene, en consecuencia, la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, a ver, ya lo anuncié, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por cinco minutos.

El diputado Mariano Lara Salazar:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vengo a posicionar a favor de los cuatro dictámenes que presenta la Comisión de Gobernación para declarar los Días nacionales de las personas de talla pequeña, de la semana de seguridad social, el de la salud de las mujeres y el del artista intérprete.

En cuanto a las personas de talla pequeña se declara que será el 25 de octubre de cada año el Día nacional de las personas con esta condición. El artículo 1 de nuestra Constitución, en su último párrafo establece claramente la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anula o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

En Nueva Alianza tenemos como uno de nuestros principios fundamentales, la inclusión, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas, por este motivo y por elemental congruencia, nos manifestamos en contra de todo tipo de discriminación.

Se menciona que existen más de 200 cuadros distintos que pueden causar el enanismo. La iniciativa que dio origen a esta minuta refiere a que existen aproximadamente 11 mil personas con algún tipo de enanismo en nuestro país. La cifra es una estimación, dado que las personas que viven con enanismo es desconocida en el país, el Inegi no cuenta con un censo de personas de talla pequeña.

Tenemos que cambiar esta situación, no solo porque es una forma de cumplir la ley, sino porque es lo justo, razón por la cual Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen.

En cuanto a la Semana Nacional de la Seguridad Social, se establece que sea la última semana de abril de cada año. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Recogiendo estas máximas aspiraciones, es que el año 2009 se emite la Declaración de Guatemala, como un esfuerzo regional para hacer consciencia de la importancia que adquiere la seguridad social como un derecho humano fundamental y gran impulsor en la lucha contra la pobreza.

En Nueva Alianza reconocemos los alcances que tiene este derecho fundamental como promotor a la justicia y el desarrollo de nuestra sociedad. Coincidimos plenamente con los postulados que esta medida impulsa, la cual es pertinente y oportuna cuando observamos que 70 millones de mexicanos se encuentran sin acceso pleno al bienestar que brinda la seguridad social.

Es por ello, que aprobamos con determinación el dictamen, vigilantes que al institucionalizarse esta semana y, más aún, al fortalecerse la seguridad social con las acciones que se deriven, nuestro país avance en su tarea de garantizar el ejercicio de los derechos sociales a todos sus ciudadanos.

Asimismo consideramos necesario establecer el Día Nacional de la Salud de la Mujer, no solo por las implicaciones que tiene el impulso a la igualdad sustantiva sino a que es un imperativo categórico proteger la salud de las mujeres.

La mujer representa el pilar más importante sobre el que descansa nuestra sociedad, mediante la integración y la formación de la familia. Reconocerlas, protegerlas y empoderarlas son principios fundamentales de Nueva Alianza.

Para nosotros garantizar sus derechos y propiciar su desarrollo integral ha sido columna vertebral de nuestra ideología y lo hemos demostrado con hechos, con esa convicción y en congruencia con nuestro ideario de principios, estamos a favor de declarar el día 28 de mayo como Día Nacional de la Salud de la Mujer.

Al establecer esta fecha se busca crear conciencia, promover la atención integral, así como incrementar y mejorar acceso a servicios de salud con calidad y calidez. En Nueva Alianza sabemos que es necesario implementar acciones para mejorar la salud de las mujeres mexicanas con pleno respeto a sus derechos.

Finalmente, pero no menos importante, me refiero al Día del Artista Intérprete que se establezca el día 28 de noviembre de cada año. Las interpretaciones o ejecuciones de actores, cantantes, músicos y bailarines son parte de nuestro símbolo de identidad cultural.

México es un país generador de grandes y talentosos artistas intérpretes con trayectorias reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, quienes a lo largo de su historia han difundido ampliamente la cultura mexicana por todo el mundo. Reconocer su trabajo, talento y aporte a nuestra sociedad es una justa retribución por su labor.

En Nueva Alianza estamos convencidos que mediante cualquier expresión artística se fomenta la paz y desarrollo armónico de la sociedad mexicana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por cinco minutos.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes. Honorable Mesa Directiva. Compañeros legisladores. Retomando a Antoine de Saint-Exupéry, que dijo en alguna ocasión: No tengo derecho a decir o a hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen.

Para el Partido Encuentro Social trabajar en pro de la dignidad humana es una tarea esencial. Cuando estos dictámenes se discutieron al interior de la Comisión de Gobernación, había voces que hablaban de no seguir sumando días al calendario, en donde se llamará la atención a tal o cual situación.

A nosotros nos parece con toda claridad, que visibilizar la situación que viven algunos ciudadanos, un buen número de ciudadanos de nuestro país es empezar a hacer un poco de justicia.

En México, ni siquiera tenemos claro cuál es la cifra de las personas de talla pequeña, menos aún, tenemos políticas que puedan atender la problemática. He tenido la fortuna de convivir con varios de ellos, especialmente en el estado de Jalisco, dentro del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y me ha tocado vivir de cerca toda la situación que ellos tienen que enfrentar debido a su condición. Una condición de la que no son culpables, pero que parece que nuestra sociedad aún no está preparada para darles la mejor respuesta.

El día de ayer, en el foro sobre discapacidad organizado por la Comisión de Grupos Vulnerables, nos llamaba la atención, precisamente, respecto a esta situación de las personas con talla pequeña. “No queremos trabajar divirtiendo a los demás o a costa de la burla de los demás, queremos producir, queremos aportar, queremos vivir de manera digna”.

En el municipio de Tlaquepaque, en el ayuntamiento hay un hombre que todo mundo se lo pelea, precisamente, por su capacidad de trabajo y su entrega, por su brillantes. En el Instituto Jalisciense de las Mujeres, hay otro hombre que recibe a todos los llegan a este espacio con la mejor de las sonrisas y con la mayor capacidad.

Lo cierto es, que estamos obligados desde este recinto tan importante a poner atención a esas personas que no se les ha hecho justicia y que a partir de generar este día, que por cierto, se define en base a la historia de un actor muy famoso que nace el 25 de octubre, Billy Barty, este día podamos voltear a verlos, para que a partir de ahí se empiecen a generar cambios importantes, hasta que un día podamos decir, ya no hay nada que hacer, no te debo nada, como ciudadanos no les debemos nada. Hoy no estamos en esa capacidad.

También, en la Comisión de Gobernación, se aprobó un dictamen con respecto a la importancia de tener un día en donde se atienda la seguridad social, una semana de seguridad social y un día de atención a la salud de las mujeres. El grupo más grande de personas afiliadas a la seguridad social, son niños y jóvenes.

La atención al tema de las mujeres se ha centrado en las adultas, pero no se ha atendido a las niñas. En meses pasados, en el mes de julio, hubo en la Cámara de Diputados un Congreso en donde estuvieron presentes personalidades de todo el mundo, incluido un Premio Nobel de Economía, el doctor James Heckman, y él lo dijo con toda claridad: las inversiones tempranas, esas que se hacen en los primeros años de vida, particularmente a nuestras niñas, presentan un retorno más alto porque hace las inversiones en capital humano mucho más productivas.

Hacer énfasis en la seguridad social, que por cierto aún no es una realidad, a pesar de ser un derecho humano fundamental para todos los mexicanos, es voltear a ver y responder a un tema en el que tenemos una deuda importante.

Por último, también se aprobó un dictamen con respecto al día del artista intérprete o ejecutante. Este es un tema fundamental porque hoy nos preocupamos por la violencia que se suscita en nuestro país.

En la medida en la que nosotros desarrollemos en nuestros niños, en nuestros jóvenes esa capacidad y ese talento, los pondremos en contacto con la belleza y con el bien. Karol Wojtyla lo dijo: el artista vive una relación peculiar con la belleza. En un sentido muy real puede decirse que la belleza es la vocación a la que el Creador le llama con el don del talento artístico.

Impulsar ese talento, es impulsar una sociedad respetuosa de la belleza y del bien. Impulsar el talento artístico en México, es reconocer un legado que engrandece y que ennoblece a nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, por cinco minutos.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés:¿Se oye? No, ¿verdad? ¿Le pueden subir? Hubo un tiempo en que la música existía sólo cuando alguien la interpretaba, después se retornaba al silencio. En la época actual esto es inimaginable, las nuevas tecnologías nos permiten disfrutar a todo momento de la música de nuestros grandes compositores e intérpretes.

El presente proyecto es el reconocimiento a un sector vital para la sociedad. Freud menciona: La función del arte es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe. Es encomiable que en el crítico momento en que vivimos cuando menos se procure exaltar una parte de la comunidad artística.

La iniciativa original proponía que se declarara el 28 de noviembre Día del Artista Ejecutante, sin embargo supongo que la comisión dictaminadora se percató que al documento le faltaba una coma, ya que la Convención Internacional establece el concepto artista, intérprete o ejecutante.

Esta precisión es una cuestión que las sociedades de gestión colectiva han demandado ya desde hace muchos años, pues cuando se trata de pagar derechos y regalías se ha manejado de manera indistinta artista, intérprete o ejecutante, sin embargo hay diferencias sustanciales que habría que analizar.

Por tanto considero oportuno hacer un exhorto para que las comisiones correspondientes, tanto de Cultura y Cinematografía como de Educación y Servicios Educativos, consideren la necesidad de reformar la Ley Federal de Derecho de Autor para que se especifique claramente a quien pertenecen los derechos patrimoniales de una obra artística y la forma en que se les otorgará el pago que les corresponde.

El Grupo Parlamentario de Morena siempre se ha manifestado a favor de iniciativas que procuren bienestar y equidad en la sociedad, es por ello que vamos a votar este dictamen a favor.

Protejamos a nuestros artistas. Nosotros somos en gran medida todo aquello que hemos visto, escuchado, bailado, disfrutado. Los artistas forman parte de nuestra historia personal, familiar, nacional. Dejar morir en la pobreza e indefensión a nuestros artistas es morir un poco. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Esquivel. Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, por cinco minutos.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me refiero a los dictámenes que hoy se someten a nuestra consideración. El primero de ellos hace referencia a un tema que debemos atender de manera muy puntual. Lamentablemente, en México las personas de talla pequeña deben afrontar día a día grandes prejuicios respecto a su persona, que impide su inclusión a la sociedad. Siguen siendo víctimas de discriminación, bullying, y otro tipo de menosprecio. Este tipo de personas no solo tiene que lidiar con su condición física, sino también con una sociedad que los rechaza y los excluye.

Si bien es cierto que en los últimos años, en cuanto a la concientización de las necesidades de las personas con discapacidad y gracias a esto se han implementado programas para su inclusión dentro de la sociedad, aún falta mucho por hacer para lograr las condiciones necesarias que les propicien una mayor calidad de vida.

Es por ello que el Partido Verde de México votará a favor del dictamen por el que se declara Día nacional de las personas de talla pequeña, para que ese día sirva como recordatorio del apoyo que requieren todas estas personas.

Respecto al Día nacional de salud de la mujer, el Partido Verde también votará a favor. Debemos fortalecer el trabajo en este rubro, a fin de conseguir la implementación de acciones positivas a través de la legislación, políticas y programas de prevención con la finalidad de permear en la sociedad una cultura de salud de la mujer y de la importancia que tiene de realizarse constantemente chequeos médicos.

Por otra parte, del Día nacional del artista intérprete votaremos a favor, ya que consideramos importante reconocer el talento de los artistas y, en segundo lugar, el trabajo que deben llevar a cabo día a día.

Sabemos que el trabajo de los artistas no es fácil, hay mucha competencia en su ámbito y en muchas ocasiones no se les reconoce el trabajo que realizan, y llegan a ser demeritados.

Por último, declarar la Semana de la Seguridad Social, significa reconocer el conjunto de medidas que una sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de asegurarles el acceso a la asistencia médica y proporcionarles las garantías necesarias en caso de vejez, desempleo, invalidez, enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad, paternidad.

La seguridad social es de suma importancia, ya que de ahí se derivan los apoyos que pueden recibir los individuos, generando bienestar entre ellos, cubriendo las necesidades de todos los mexicanos.

Sabemos que con estas declaraciones de día y semanas no se resuelven los temas, pero la finalidad es reconocer, recordar y, sobre todo, generar conciencia y cultura en temas que son muy sensibles para toda la sociedad mexicana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Izquierdo. Tiene ahora la palabra el diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD, por cinco minutos.

El diputado David Gerson García Calderón:Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de las diputadas y los diputados, el día de hoy se somete a consideración de este pleno cuatro dictámenes, que tienen por objeto el establecimiento de acciones afirmativas en relación a temas muy sensibles y que sectores de nuestra sociedad demandan como una necesidad, para que los gobiernos apliquen políticas públicas.

Por eso, el primer dictamen que declara el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas con Talla Pequeña fue motivo de discusión al interior de la Comisión de Gobernación, pero en el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos convencidos de que hacer visible las deficiencias que en materia de políticas de accesibilidad para todas las personas deben ser solventadas, y esto lo constituye un primer paso decisivo para que todas y todos los mexicanos que sufren este tipo de discapacidades puedan contar con elementos de política pública que disminuyan las dificultades generadas por una sociedad poco sensible a este tema.

El segundo dictamen que declara a la última semana del mes de abril como la Semana Nacional de la Seguridad Social, nos debe de llevar a la reflexión respecto de la necesidad del fortalecimiento de las instituciones de seguridad social, que en nuestro país han sufrido un desmantelamiento progresivo. Es decir, a la renuncia de las obligaciones que el Estado tiene para con la clase trabajadora.

Es menester que durante la celebración de esta semana, como legisladores, seamos llamados a retomar en conjunto con la sociedad el Estado social, democrático y de derecho, y cuyo enfoque debe de centrarse no sólo en la procuración de los beneficios de salud, sino en el derecho a una vivienda digna, a una pensión suficiente, entre otros, en beneficio de las y los mexicanos.

La tercera, que se declara el 28 de mayo como Día Internacional por la Salud de la Mujer, desde 1987 llama nuestra atención sobre los problemas que aquejan a las mujeres durante el proceso de gestación, que ha derivado en la muerte materna y que sea considerada esta como un gravísimo problema de salud, no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial.

Nuevamente la acción afirmativa se encuentra dirigida a hacer un llamado a hombres y a mujeres, a gobiernos, y en nuestro caso, a legisladoras y legisladores, respecto al fortalecimiento de las medidas de salud que deben ser implementadas como políticas de Estado, para la erradicación de este problema.

Por último, el dictamen que declara el 28 de noviembre como Día Nacional del Artista Intérprete, cuyo objetivo tiene como finalidad que todas las instituciones públicas y privadas, de gestión, las agrupaciones artísticas y todas las formas de organizaciones de la sociedad civil puedan garantizar el acceso que permita la perpetuación de este tipo de actividades, encaminadas a la difusión de nuestros valores históricos y culturales, en un contexto en donde la globalización y la difusión de la información provocan que el arraigo nacional y el tejido social se vean cada vez más disminuidos.

Es por ello que en el Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de este conjunto de dictámenes que hoy nos presenta la Comisión de Gobernación, ya que constituyen un primer paso contundente para el fortalecimiento del libre goce de los derechos humanos en nuestro país, y que detrás también de esos dictámenes, hay que decirlo de manera muy clara, se encuentran sectores de la sociedad que demandan que el gobierno aplique políticas públicas tendientes a garantizar su legítimo derecho. Muchas gracias, diputados y diputadas. Y muchas gracias a la Mesa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Tiene ahora la palabra el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN, por cinco minutos.

El diputado Santiago Torreblanca Engell:Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través del Canal del Congreso. Realmente, muchas personas se cuestionan si vale la pena estar estableciendo días conmemorativos. Hay gente que dice que es pretencioso, que es superficial, que no resuelve los problemas de fondo.

Yo creo que sí es importante, porque en el momento en que se establece un día nacional o internacional se convierte en tema de conversación, se crea conciencia, se vuelve parte de la actividad cotidiana de ese día. Se trae el tema a la mesa no de los políticos sino de los ciudadanos.

Todos los temas, todos los días nacionales que si así lo votan ustedes, nos plantea la Comisión de Gobernación, tienen qué ver con dos cosas fundamentales: uno, el respeto a la dignidad de la persona humana. Y dos, la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, para que las cosas puedan llegar a suceder.

El primer ejemplo de ello, el establecimiento de una Semana nacional de la seguridad social. La seguridad social es una de las expresiones máximas de solidaridad, de cohesión social.

En la solidaridad social no únicamente intervienen las instancias gubernamentales sino toda la sociedad en su conjunto, que organizada realiza aportaciones para que en el momento que una persona llegue a necesitar el apoyo de los demás, ésta se otorgue de esta manera.

Actualmente las cifras no son alentadoras en la materia. Más del 51 por ciento de la población no cuenta con ninguna garantía de seguridad social, no es únicamente responsabilidad gubernamental, que claro que también nos compete a nosotros como legisladores, es responsabilidad social, presionar y buscar la afiliación voluntaria y presionarnos a los políticos para que busquemos esquemas que permitan a la gente, sin importar su esquema laboral, gocen de este derecho fundamental.

Con relación al establecimiento de un Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña. Me parece relevante, si uno analiza la literatura o la cultura popular, las personas de talla pequeña siempre han pasado de lo ridículo, inclusive a lo malévolo, como la novela de El Enano, de Pär Fabien Lagerkvist, el novelista, eso no debe ser así.

Las personas de talla pequeña no solo son personas que tienen una dignidad igual a la de cualquier otro, son personas que han demostrado que en cualquier ámbito de la vida en que se desarrollen pueden ser igual o más talentosa que cualquiera de nosotros.

¿Por qué el establecimiento de un Día Nacional de la Salud de la Mujer y no del hombre? Porque la salud de la mujer tiene particularidades únicas y que tienen que ver con la responsabilidad personal. En el momento en que ponemos sobre la mesa la importancia de la salud de la mujer estamos invitando a las mujeres, a las familias y al Estado a que creen mecanismos de prevención, de diagnóstico oportuno y de atención a ellos.

Les doy un dato, las dos principales causas de muerte exclusivas de las mujeres son el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, son prevenibles. Realmente con una política adecuada de prevención y una educación adecuada podrían desaparecer por completo; la importancia de poner los temas sobre la mesa.

Hablemos de los artistas intérpretes y debo agregar yo ejecutantes. Es maravilloso cada vez que uno escucha una interpretación se vuelve a crear la obra, la partitura del compositor es una base, cada vez que una orquesta, que un cantante, que un músico en lo particular la ejecuta, vuelve a crear una obra completamente diferente, es lo increíble del arte, se crea y se deshace en cada momento. Cada vez que escuchamos una obra de arte es mágico.

Yo estoy lleno de orgullo de que una diputada del Partido Acción Nacional es una gran intérprete del violín. –Genoveva Huerta, desde aquí te mando saludos y te mando un abrazo.

Finalmente, quiero señalar la importancia de seguir respetando la dignidad de la persona humana en todos sus ámbitos. Cada persona es única, irrepetible y vale por sí misma. Espero que con el establecimiento de estos días y con el establecimiento de esta semana, nos acordemos de ellos y nos recordemos del valor que tiene cada uno de ellos.

Acción Nacional va a favor del recuerdo y del reconocimiento de todas y cada una de las personas por su integridad. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torreblanca. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del PRI, por cinco minutos.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas:Con el permiso de la Directiva; diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Quiero agradecer la oportunidad de exponer ante ustedes el posicionamiento de mi partido, aunado a una felicitación a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Gobernación, integrantes de diversos partidos políticos que la conformamos y en especial a la diputada presidenta Mercedes del Carmen Guillén por el trabajo desempeñado en la comisión.

Como resultado de los trabajos de la Comisión de Gobernación se aprobó denominar la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social. Esto es de especial trascendencia ya que reafirma el compromiso de México en la protección integral del trabajador y su familia, además de que fomenta la cultura de seguridad social en nuestro país.

El propósito de este dictamen es reconocer los derechos de los trabajadores mexicanos. Con esto recordamos que aun falta camino por recorrer en el fortalecimiento del ejercicio de estos derechos, pero seguiremos pugnando porque sea una herramienta de justicia social y de promoción a la dignidad humana.

Los trabajos para sensibilizar e involucrar a las nuevas generaciones respecto a los derechos de la sociedad mexicana han materializado; entre ellos, el de seguridad social merecen ser celebrados y difundidos.

Como ya se refirió, se propuso declarar el 28 de mayo de cada año como el Día Nacional por la Salud de la Mujer. Con ello, compañeros diputados, contribuimos a mantener las políticas públicas con perspectiva de género dentro de una agenda nacional en beneficio de todas las mujeres mexicanas y sus familias.

Somos conscientes de la necesidad que tenemos como nación de avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres comenzando por cuestiones básicas y prioritarias como lo es la salud.

La finalidad del presente es reafirmar el tema de salud como un derecho al que debemos acceder todos sin restricciones ni exclusiones. Los trabajos para prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación son objetivo fundamental del Estado mexicano e implica un tema de orden público e interés social.

Nosotros reafirmamos el compromiso de este Poder Legislativo de respetar los principios constitucionales en materia de derechos humanos.

Los efectos negativos, como lo menciona el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual, puede orillar al aislamiento, a vivir violencia, e incluso en caso extremos, a perder la vida.

Tenemos la necesidad de seguir trabajando por un México incluyente, y en respuesta a solicitud expresa de este grupo social, se propone establecer el día 25 de octubre, como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, así ratificamos el compromiso de México para garantizar la protección a los derechos humanos de todas las personas por igual. Con esto, se da un paso respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de otro ser humano.

Para finalizar, se propone el día 28 de noviembre como el Día Nacional del Artista Intérprete, ello brindará la oportunidad de que instituciones públicas, sociedades de gestión colectiva, agrupaciones artísticas o cualquier otra forma de organización social, lleve a cabo programas que permitan destacar y difundir las actividades de interpretación o ejecución de artistas mexicanos. Artistas, sin duda, con gran talento y trayectoria, lo cual, reconocemos como el valor más grande que tiene México. Su gente.

Por lo anteriormente expuesto, pido a los compañeros y compañeras que el día de hoy aprobemos estos dictámenes. Es cuanto, señor presidente. Buenas tardes a todos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cavazos. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos en lo general y lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucción de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto por el que se declara el día 25 de octubre de cada año como el Día nacional de las personas de talla pequeña.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto mencionado.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de estudiantes y padres de familia de la escuela primaria Tr Andare de Río Grande –espero que se así se pronuncie– de la Comunidad San Diego Pueblo Nuevo, del municipio de San José del Rincón, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por votar? Está abierto el sistema. Aún sigue abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y no se nos vayan a salir del salón, porque va a haber otras tres votaciones. Para que vean, les decía el otro día. No es sorpresa.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Todavía falta alguien? Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 383 votos en pro o 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 votos, es decir, por unanimidad de los presentes el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 25 de octubre de cada año como el Día nacional de las personas de talla pequeña. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 3 de febrero de 2015, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de esa soberanía, para su análisis y dictamen.

El 28 de abril del presente se sometió a primera lectura en el Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen producto de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos; siendo discutido y aprobado durante segunda lectura de 15 de octubre, con un total de 83 votos a favor; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado a esta Cámara de diputados para darle continuidad al trámite legislativo.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 27 de octubre para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión al día siguiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

Motivación

El iniciante sustenta que “con la Constitución de 1917 se plasmaron para la clase trabajadora, los beneficios que deben gozar de la seguridad social, mismos que con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1974, se ampliaron con el seguro de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar no sólo de los trabajadores sino también de campesinos, no asalariados y otros sectores sociales, incluidos sus familiares”.

Que “hoy en día la seguridad social se concibe como un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, por lo que México al igual que diversos países de América Latina, debe seguir pugnando porque sea una herramienta de justicia social y de promoción de la dignidad humana.”

Que el “Senado de la República (...) ha celebrado exitosamente en 2013 y 2014”, la Semana de la Seguridad Social “con el desarrollo de diversas Mesas de Reflexión y Análisis sobre diversos aspectos de la Seguridad Social y del impacto de la reforma de salud en sus principios, en las que participaron servidores públicos, legisladores, especialistas y académicos reconocidos en el ámbito nacional e internacional.”

Que la “iniciativa de declarar dicha Semana, surge de la Declaración de Guatemala, que oficialmente fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de Guatemala.”

Que “dicha Declaración aspira a atenuar el desconocimiento existente de los principios de la seguridad social, a través de un cambio cultural que sensibilice e involucre a las actuales y futuras generaciones en su conocimiento.”

Que la “Cámara de Senadores, no puede mantenerse omisa a este exhorto que con dicha Declaración se formula a los Estados para que declaren la última semana de abril de cada año, como la Semana de la Seguridad Social, en honor a la entrada en vigencia de fecha 27 de abril de 1955, del Convenio 102 (Norma Mínima) de la Organización Internacional del Trabajo.”

Que “al igual que diversos Congresos de países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, que ya han declarado dicha Semana y que cuentan con un marco jurídico adecuado; el Congreso mexicano puede y debe mediante Decreto declarar la Semana Nacional de la Seguridad Social, como muestra de una clara política de apoyo a las actividades que incrementan la cultura de la seguridad social en nuestro país.”

Que “desde nuestra Constitución de 1917, se previó originalmente el deber de las instituciones de seguridad social para infundir e inculcar la previsión social, mismo que hay que rescatar.”

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que los trabajos en pro de sensibilizar e involucrar a las actuales y a futuras generaciones respecto a los derechos que la sociedad mexicana ha materializado, entre ellos el de la Seguridad Social, merecen ser celebrados y difundidos, pues si bien son logros alcanzados, también es necesario reconocer que aún queda mucho camino por recorrer en el ejercicio de estos derechos.

Coincidimos con el iniciante en la necesidad de rescatar los principios basados en el fomento y la difusión de la previsión social como un derecho de los trabajadores, en el que se garantice la protección integral del trabajador como persona y de su familia mediante servicios como la asistencia médica, la pensión por jubilación, la cobertura de incapacidades, por mencionar algunos derechos.

De igual manera celebramos la aceptación internacional en la materia, así como la generación de una mayor cultura en torno a este importante tema, en beneficio de los mexicanos, a la vez que reconocemos el esfuerzo que el Estado mexicano ha materializado durante el último siglo en la consecución de esquemas de seguridad social que atiendan las necesidades más básicas del ser humano.

Instituciones como el ISSSTE, el IMSS o el ISSFAM, por mencionar algunos de ellos, han respaldado a la sociedad mexicana y han velado por sus Derechos Humanos, garantizando la salud del trabajador y la de los suyos.

En virtud de lo anterior, esta Comisión considera pertinente denominar a la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social, reafirmando así el compromiso del Congreso de la Unión en la protección integral del trabajador y de su familia, así como de mantener una permanente concientización y promoción a la cultura de la seguridad social en nuestro país.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprueba la minuta a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO LA SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ARTÍCULO ÚNICO. El H. Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro del plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverá en el ámbito de sus atribuciones las acciones correspondientes para adherirse formalmente a la Declaración de Guatemala de 2009.”

Notifíquese a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Avila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría habrá el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se declara la última semana de abril de cada año como la Semana nacional de la seguridad social.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto mencionado.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema, por favor, está abierto. ¿Falta alguien más de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 364 votos en pro, 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por 364 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL 28 DE MAYO DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL POR LA SALUD DE LA MUJER”

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1 , fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 5 de marzo de 2015, las senadoras María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del PVEM, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de esa soberanía, para su análisis y dictamen.

El 23 de abril del presente se sometió a primera lectura en el Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen producto de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos; siendo discutido y aprobado durante la segunda lectura de 30 de abril, con un total de 66 votos a favor; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado a esta Cámara de diputados para darle continuidad al trámite legislativo.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 3 de septiembre para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión el pasado 8 de octubre.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Motivación

Las iniciantes sustentan que la finalidad de declarar el día nacional por la salud de la mujer “es continuar con las acciones que garanticen los derechos tutelados por la Constitución mexicana y trabajar para un mejor desarrollo integral de los servicios de salud para la mujer.”

Que “de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el enfoque de salud pública basado en el género, parte del reconocimiento de las diferencias entre el hombre y la mujer.”

Que “de acuerdo con datos a nivel mundial de la OMS, las mujeres viven de 6 a 8 años más que los hombres, en 2007 la esperanza de vida aumentó para las mujeres en 35 países, elevándose a 85 años de vida, no obstante, en países del continente africano, esta esperanza de vida se reduce a tan solo 54 años de vida.”

Que “la igualdad de condiciones en materia de atención a la salud, se debe evaluar a partir del desarrollo de la vida de hombres y mujeres.”

Que “en México, de acuerdo con un ensayo mayor del Instituto Nacional de Salud Pública, denominado Educación y Salud de la Mujer. Reflexiones desde una Perspectiva de Género, señala que las mujeres enferman y mueren de una manera diferente a los hombres.”

Que “la finalidad de emprender acciones a favor de la salud del género femenino, debe entenderse no con el propósito de obtener más que los hombres, sino que a partir del rezago que la materia tiene por los años que no se estructuró un sistema con perspectiva de género, igualar las condiciones y oportunidades a que todas y todos los mexicanos tienen derecho.”

Que estas “acciones (...) generan mayor concientización entre los creadores de políticas públicas y los programas para incluir cambios con perspectiva de género que beneficien la salud de las mexicanas; generan la medición y evaluación de políticas y reorientación y formulación de nuevas, con base en los resultados obtenidos; así como promoción del respeto de los derechos de las mujeres.”

Que “la importancia de eliminar la desigualdad entre los hombres y las mujeres en la diferenciación de las enfermedades por género, implica una mejor atención, diagnóstico oportuno y programación de recursos conforme a las afecciones propias de los grupos poblacionales de que se trate, logrando el más alto nivel de salud posible en nuestro país”.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos que la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, puesto que tal derecho es esencial para el desarrollo pleno de su personalidad.

Consideramos que es necesario fomentar la protección a su salud en un entorno de bienestar, para estar en posibilidades de participar en igualdad de condiciones dentro de todas las esferas de la vida pública y privada.

Coincidimos con las iniciantes en la necesidad de mantener a las políticas públicas con perspectiva de género dentro de la agenda nacional, en beneficio de las mujeres mexicanas.

De igual manera y ahondando en el terna, hacemos nuestras las consideraciones de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en lo referente a que la salud no es sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social; y que esta se determina tanto por factores biológicos como por el contexto social, político y económico en que se vive.

Por ello coincidimos en que mediante el establecimiento de este tipo de efemérides, se contribuye a fomentar conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en las condiciones de igualdad de oportunidades a que todas y todos los mexicanos tienen derecho, comenzando por temas tan elementales como la salud humana.

Así, al declarar el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer”, se reafirma el derecho de todas las mujeres a recibir la atención médica y los servicios conexos a que tienen derecho, contribuyendo en la promoción e integración de este sector de la población desde una visión de Estado con perspectiva de género.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprueba la minuta a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 28 DE MAYO DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL POR LA SALUD DE LA MUJER”

“Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Notifíquese a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Avila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se declara el 28 de mayo de cada año Día nacional por la salud de la mujer.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto mencionado.

(Votación)

Se pregunta a la asamblea si hace falta de emitir su voto alguna diputada o algún diputado. Está abierto el sistema electrónico de votación.

Una vez más se pregunta si falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto, se encuentra abierto el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 375 votos a favor y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 375 votos el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año Día Nacional por la Salud de la Mujer. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA NACIONAL DEL ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE”

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el día 28 de noviembre como “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de noviembre, “Día Nacional del Artista Intérprete”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 50 y 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de noviembre, “Día Nacional del Artista Intérprete”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos de esa soberanía, para su análisis y dictamen.

El 28 de abril del presente se sometió a primera lectura en el Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen producto de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos; siendo discutido y aprobado durante segunda lectura de 15 de octubre, con un total de 82 votos a favor; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado a esta Cámara de diputados para darle continuidad al trámite legislativo.

El expediente con la minuta de mérito fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Gobernación el pasado 27 de octubre para efectos de su análisis y discusión, siendo recibido en las oficinas de esta Comisión al día siguiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

• Declarar el 28 de noviembre, “Día Nacional del Artista Intérprete”.

Motivación

Los iniciantes sustentan que “la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y comprende, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, el sistema de valores, las tradiciones y las creencias”.

Que “la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, diversidad que se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad”.

Que “la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 33ª reunión celebrada en París en 2005, emitió la convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en donde se afirma que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad que acrecienta una gama de posibilidades y nutre las capacidades y valores humanos, constituyendo así, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones, destacando la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales.”

Que “nuestra Constitución Política en sus artículos 2°, 3°, 4° y 73 establece las bases para desarrollar la política cultural, a fin de que se nutran los proyectos y concepciones liberales y de su permanente vinculación con la comunidad internacional, sus ideales, instituciones y convenios, lo cual permite a la nación fortalecer su identidad reconociendo su composición pluricultural.”

Que “México es un país generador de grandes y talentosos artistas intérpretes con trayectorias reconocidas tanto a nivel nacional e internacional.”

Que “dada la importancia de un sinnúmero de artistas intérpretes en la sociedad mexicana”, instaurar el “28 de noviembre de cada año como el “Día Nacional del Artista Intérprete”, en “reconocimiento a la destacada labor que a lo largo de la historia no sólo de nuestro país sino a nivel regional ha realizado este gremio, particularmente, dada su importante contribución para estrechar los lazos de hermandad entre nuestro país y los pueblos del mundo, en especial, con los de Iberoamérica.”

En virtud de lo anterior una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación coincidimos con las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos del Senado, respecto a que el arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones; pues efectivamente, a través de ellas podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, valores y aspiraciones.

Ello pues tanto el arte como la cultura de un país, son el reflejo de las vivencias que a diario se presentan en una sociedad, siendo los artistas intérpretes, los ejecutores y expositores de esa pluralidad de ideas, sentimientos y reflexiones.

México no es ajeno a este fenómeno, todo lo contrario, pues desde hace siglos ha producido inmensidad de obras artísticas que encuentran distintos canales de expresión, de entre los que podemos destacar la pintura, la música, la literatura, pero también a grandes actores y directores por mencionar algunos casos.

En este sentido, México se ha adherido a instrumentos internacionales enfocados a la protección y al fomento a la cultura, y en el caso particular, a la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 1961, ratificada por México el 17 de febrero de 1964.

Por lo anterior esta Comisión considera pertinente declarar el 28 de noviembre, “Día Nacional del Artista Intérprete”, ya que los artistas intérpretes forman parte importante de la cultura que se genera en el mundo, por lo que con la celebración de mérito se reafirma el compromiso del Congreso de la Unión en la promoción a la cultura como motor de cambio en nuestro país, lo cual es de suma importancia para fomentar el desarrollo positivo de la sociedad mexicana a través de la expresión humana.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprueba la minuta a estudio en el presente dictamen, sometiendo a consideración del Pleno de la Cámara el siguiente:

POR EL QUE SE DECLARA AL DÍA 28 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA NACIONAL DEL ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE”

ARTÍCULO ÚNICO.El Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notifíquese a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Avila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica en contra), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se declara Día nacional del artista intérprete o ejecutante el día 28 de noviembre de cada año.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto mencionado.

(Votación)

¿Algún diputado o alguna diputada falta de emitir su voto? Háganlo, por favor. Adelante. ¿Alguien más? Todavía está abierto el sistema electrónico. Adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Martínez Neri, ¿ya votó? Diputado Neri, ¿ya votó?

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Aún falta algún diputado, alguna diputada? Adelante, diputada. No hay problema. Está abierto el sistema a la hora que usted quiera.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahorita, no a la hora que ella quiera.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Señor presidente, se emitieron 384 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad de 384 votos, el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara Día nacional del artista intérprete o ejecutante el día 28 de noviembre de cada año. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental(*), y a solicitud de la comisión dictaminadora, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea, si se autoriza el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, antes mencionado, se someta a discusión y votación de inmediato.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y, General de Contabilidad Gubernamental.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Herminio Corral Estrada, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Herminio Corral Estrada:Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas y compañeros diputados. El 12 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera, relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, el cual se erigió en un marco de estricto apego a la Carta Fundamental y al Pacto federal, respetando la autonomía de los estados, de los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones e impulsando la coordinación de estos a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano en el que participa la federación, las entidades federativas y los municipios.

Aquella reforma buscaba resolver diversas problemáticas en los entes públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de administración eficiente, eficaz y transparente de los ingresos y gastos públicos, introduciendo incentivos adecuados para promover estos objetivos.

Asimismo, se buscó la homologación en los diversos órganos de gobierno de la presentación de la información financiera, con lo cual se incorporaron reglas que llevaran a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno a actuar de manera más ordenada y transparente en la administración de los recursos públicos.

Posteriormente el 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Esta reforma fue formulada a partir del intenso análisis que el Congreso llevó a cabo a los distintos problemas financieros que presentaban las entidades federativas y donde quedó de manifiesto el problema de la deuda de los gobiernos subnacionales.

En esa virtud se consideró la necesidad impostergable de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar en el mediano y largo plazos un manejo adecuado de las finanzas públicas con el fin último de generar condiciones que permitan el crecimiento de nuestra economía en beneficio de la población.

Conforme a dicha reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno pueden afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan, la obligación de los mismos de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y transparente en un registro público único, un sistema de alertas que califiquen el nivel de endeudamiento de dichos entes. La posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y municipios, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con tales disposiciones.

Por tal razón, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, realizamos en las semanas recientes, diversos trabajos para analizar y proponer varios ajustes a la iniciativa que se dictamina, respaldados por consultas con los distintos actores políticos del país, a efecto de generar una legislación responsable y benéfica para todos los gobiernos locales.

Lo anterior, dio como resultado un proyecto que recoge la pluralidad de las opiniones que todos los grupos parlamentarios expresaron, y promueve mejores condiciones para la posición de las finanzas públicas de los gobiernos estatales y municipales.

En este sentido, el primer objetivo que la Comisión de Hacienda plasmo en el proyecto de decreto que se pone a consideración de esta asamblea, es el de generar finanzas públicas locales sanas y la certeza del uso de los recursos de los cuidadnos. Para ello, el proyecto de decreto establece un marco que genera reglas en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, para garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas, de las entidades federativas y los municipios.

De igual forma, se establecen reglas para el correcto uso de los recursos públicos en el ámbito local, de manera análoga a lo mandatado para el gobierno federal por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, la ley que se propone expedir sienta las bases generales para que los entes públicos puedan incurrir en endeudamiento responsable, señalando los límites de afectación, de participaciones y las modalidades de contratación de empréstitos y obligaciones.

Lo anterior, consideramos que apoya a la estabilidad de las finanzas públicas locales. Se creará un registro público único de deuda, el cual deberá registrar todos los empréstitos u obligaciones de todos los entes públicos, detallando como mínimo la información relativa al deudor, al acreedor, el monto, la tasa de interés, el plazo, el tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para fortalecer la transparencia.

El gobierno federal podrá otorgar su garantía a los estados y municipios que deseen celebrar un convenio, en el cual se establecerán las estrategias de ajuste para fortalecer sus finanzas públicas. El aval federal reducirá el costo de financiamiento para los estados y municipios.

Por otra parte, los integrantes de todos los grupos parlamentarios que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideramos necesario la existencia de una comisión bicameral para dar seguimiento puntual al endeudamiento de los estados y municipios que cuente con la garantía federal.

La comisión analizará y revisará los convenios, teniendo la facultad de emitir las observaciones pertinentes. Además, se establece un sistema de alertas para medir el endeudamiento, dicho sistema constituirá un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso de los recursos provenientes de financiamiento. A su vez, el sistema de alertas establecerá un techo de financiamiento autorizado a todo ente público.

Por lo que respeta a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los estados y municipios, la Comisión de Hacienda y Crédito Público propone establecer que todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y de sus obligaciones de pago en un registro público único de deuda de manera oportuna, pero también de manera transparente.

El registro será público y estará a disposición de cualquier ciudadano a través del portal de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A nivel constitucional, se establece la obligatoriedad para que las legislaturas locales cuenten con entidades estatales de fiscalización. De igual forma, la ley establece sanciones tanto para los servidores públicos responsables del manejo indebido de los recursos y de la deuda pública.

Por su parte, la comisión considera que las nuevas obligaciones que se incluyen en el nuevo ordenamiento, los estados y municipios manejarán de forma eficiente sus recursos para destinarlos a proyectos productivos en beneficio de los ciudadanos.

También se señalan los requisitos necesarios para que las entidades federativas contraten obligaciones, destacando la obligación de requerir el voto de dos terceras partes de los Congresos locales, previo análisis del destino y capacidad de pago.

Y, en relación a las obligaciones de corto plazo, éstas se podrían usar para cubrir necesidades de liquidez, pero se señala que ellos no podrán representar más del 6 por ciento de los ingresos totales. También se regula la obligación de obligaciones bajo un esquema bursátil, siendo necesario compararlos con un esquema de financiamiento bancario.

Compañeras y compañeros, el endeudamiento es una forma de financiamiento que hace posible realizar proyectos, que con los ingresos propios u ordinarios no pueden lograrse, aunque es obvio que si no existe una adecuada planeación o se presenta una mala administración puede producir consecuencias lesivas en las finanzas de los estados y municipios.

El dictamen que se pone a su consideración busca generar condiciones más adecuadas para que las obligaciones y empréstitos contratados por los estados y municipios estén encaminados al interés colectivo, generando directa e indirectamente beneficios en favor de la sociedad que impulsen el crecimiento de la economía de los respectivos entes públicos y que, en su caso, permitan la generación de ingresos con los que se pueda amortizar los créditos contraídos dentro de los plazos pactados y que redunde en el uso responsable del endeudamiento público a costos más bajos. Muchas gracias por su atención, y con permiso de la Mesa Directiva.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Herminio Corral Estrada.

Tiene el uso de la tribuna para fijar postura el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Se informa a la asamblea que estamos ya en el apartado de discusión en lo general del dictamen que está a discusión.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias, diputado presidente. Amigas y amigos, hoy venimos a fortalecer un esquema en materia de transparencia, es lo que la sociedad reclama. Sin duda la transparencia y la rendición de cuentas tienen que ver mucho con las finanzas públicas sanas. No puede haber un país que se diga democrático o de primer mundo si tiene opacidad en su sistema de fiscalización, en su sistema de rendición de cuentas. Es un doble discurso, es inmoral.

Hoy se trata de fijar postura en un tema, por ejemplo, para tener un registro único de deuda, que los gobiernos municipales tengan la oportunidad de la exigencia de la sociedad y pronto de la ley; de tener la oportunidad de establecer un esquema que le permita transparentar, compartir deuda, transparentarla y por supuesto dar buenas cuentas a los ciudadanos. Un sistema de alerta de carácter financiero.

No más despilfarro en las finanzas públicas sanas. Ya basta de discursos. Nosotros tenemos la responsabilidad, como un poder público, de fiscalizar, de autorizar y, por tanto, que esa ley tiene que ver mucho en la armonización del marco jurídico que obliga a las entidades federativas, a los gobiernos municipales de declarar su deuda y que no sea motivo de debate público ni de desconfianza social.

Que declaren la deuda bancaria, que declaren sus empréstitos. No puede haber doble contabilidad gubernamental en un tema tan sensible para la sociedad. Es el momento de reflexionar y por supuesto que Encuentro Social va a favor de este dictamen, con algunas salvedades, como todo.

No estamos de acuerdo, le falta más contundencia a este dictamen. No hay sanción para los responsables, llámense presidentes municipales, llámense gobernadores. Es una norma imperfecta, digamos, sanción a los operarios, a los operativos de la deuda, a los mecanismos, a las personas subalternas, pero no a las personas responsables de orientar, de mandar, de tener el concepto de superior jerárquico. Tenemos que ir más allá.

Por supuesto que estamos a favor, pero tenemos salvedades en este dictamen. Ahí está la salvedad. Nosotros, como Partido de Encuentro Social participamos desde luego en nuestra doctrina filosófica de que la rendición de cuentas, la transparencia es un imperativo. No porque lo marque la ley, primero porque lo marque la convicción, que lo marque la convicción personal.

Puede ganar muchas leyes, pero si no hay voluntad política en los que gobiernan, en los órganos decisorios, en las personas que deciden, los mecanismos de deuda se autorizan, el problema es de principios y valores.

Entonces, qué bueno que en el marco jurídico se manda esta iniciativa, para tener un sistema financiero que se regule en materia de fiscalización, mejor dicho, para poder llevar a cabo una supervisión, un observatorio ciudadano, que le permita a los gobiernos municipales, que son cumplidores.

Porque también esa es la otra parte, hay gobiernos municipales que sí cumplen con sus compromisos de deuda, hay gobiernos estatales que sí cumplen con sus compromisos de deuda. Pues a esos gobiernos municipales estimularlos para que tengan mayor capacidad crediticia y puedan servirle mejor a la sociedad, porque endeudarse públicamente no es un delito, un delito es desviar los recursos, enriquecerse de manera impune ante la sociedad.

Lo que la sociedad reclama es que no hay servicios públicos de calidad y hay una enorme deuda pública. Lo que la sociedad reclama es que no hay carreteras federales en buen estado, no hay puentes en buen estado, no hay satisfactores indispensables en buen estado, no hay servicios de salud en buen estado, no hay medicamentos en hospitales. Pero hay un gobierno municipal endeudado, hay un gobierno estatal endeudado. No es posible.

Si esta deuda pública sirve para mejorar, por supuesto que se debe autorizar con un mecanismo como estos. Se debe medir, se debe alertar y se debe controlar, y en materia de rendición de cuentas es indispensable el control, es indispensable que el ciudadano tenga la veracidad de la información financiera del gobierno que eligió a través del voto. Es un deber democrático.

Y hoy Encuentro Social, con esa convicción democrática viene a decirles que venimos a favor, excepto las salvedades que acabamos de comentar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guízar. Tiene el uso de la tribuna el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, para Nueva Alianza las finanzas públicas son el pilar fundamental para desarrollar la economía nacional, tanto a nivel federal como en los estados y los municipios. Regular un endeudamiento responsable y sustentable que permita detonar el desarrollo de inversiones, es una prioridad en nuestra agenda legislativa.

El dictamen que hoy se pone a consideración del pleno, plantea establecer un nuevo marco jurídico que armonice los criterios para el manejo de las finanzas públicas en su conjunto, y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el crecimiento progresivo de los estados y municipios.

Bajo dicho contexto, la reforma propone principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto público a nivel local, teniendo como fundamento la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para el Grupo Parlamentario que represento, la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que necesita toda administración para evaluar los resultados en la ejecución de recursos y programas, para generar en los entes gubernamentales una mayor eficiencia, eficacia y honradez en el ejercicio del gasto público.

El dictamen de mérito tiene su origen en el hecho de que en los últimos años los estados y los municipios han abusado de financiamientos que han resultado ser insostenibles y poco redituables, ante la falta de normas que pongan límites y que obliguen a la transparencia y la rendición de cuentas.

Ejemplo de lo anterior, en el caso de estados cuyo endeudamiento representó para 2014 el 5.2 por ciento de su producto interno bruto. Es decir, sus obligaciones financieras en relación con sus ingresos totales representan el 102 por ciento y lo anterior implica que su endeudamiento es mayor a su capacidad para obtener recursos.

Bajo dicha coyuntura, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza analizó con responsabilidad la iniciativa de disciplina financiera para fortalecer el marco jurídico y en tal sentido estamos a favor de la propuesta, que prevé recursos para atender daños causados a la infraestructura y a la población, ocasionados por desastres naturales, tomando en consideración las características de cada entidad federativa y destinar los recursos a un fideicomiso público que se constituya para dicho fin.

Coincidimos con la medida que establece que al existir ingresos excedentes se destine por lo menos un 50 por ciento al pago de deuda pública, el 50 por ciento restante podrá destinarse al gasto en inversión pública productiva o a la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensa la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes, lo que dotará a las haciendas municipales de estabilidad financiera.

En Nueva Alianza consideramos de vital importancia que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los municipios sean congruentes con los criterios generales de política económica, instrumento que establece las estimaciones y variables financieras que proyectan la economía nacional en cada ejercicio fiscal.

Finalmente, con este dictamen fortalecemos el esquema de un endeudamiento responsable al implementar el Registro Público Único como herramienta para conocer el tipo de financiamiento u obligación contratada por entidad federativa y municipio, así como el sistema de alertas que permitirá, en todo momento, conocer el estatus de endeudamiento de los estados y realizar acciones preventivas.

Por lo anterior, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen para emprender una reforma que se centre en el uso y destino de las obligaciones y empréstitos, bajo el establecimiento de principios, criterios y normas que conduzcan a un ejercicio responsable, equilibrado y eficiente de los recursos públicos que recaudan y ejercen los estados y municipios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Valles Mendoza. Para fijar postura, en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Lomelí Bolaños, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, con relación al dictamen que hoy se discute, el voto será a favor del mismo, ya que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, desde el principio de esta Legislatura ha tenido y seguirá teniendo como una de sus principales líneas de acción impulsar todas aquellas iniciativas que generen condiciones para la utilización más eficiente y racional de los recursos públicos.

En este sentido, considero que las disposiciones de esta nueva Ley de Disciplina Financiera, que aplicará tanto a los estados como a los municipios, y que reglamentará el mandato constitucional aprobado en mayo de este año. Obligará a los niveles de gobierno, antes mencionados, a conducirse bajo los criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.

Todos sabemos que cuando existen reglas claras, la fiscalización sobre los entes públicos, así como las transparencias y las rendiciones de cuentas se vuelven más accesibles y generan un escenario de confianza entre los ciudadanos hacia las instituciones, sobre todo en un área tan sensible como es el ejercicio de los recursos.

Por ello, las disposiciones de esta ley en tema como la contratación de financiamientos y obligaciones, la disciplina financiera, las condiciones de liquidez, entre otros, contempla y permitirá un desarrollo más armónico de las finanzas públicas con base en las mejores prácticas, tanto a nivel nacional como internacional.

Ahora, solo resta que las autoridades estatales y municipales sean conscientes de que la época en donde se podía manejar los recursos de los ciudadanos a su libre albedrío, derrochando el dinero público para sus propios intereses y no los de la colectividad, han quedado atrás. Y si deciden hacerlo, se aplicarán los mecanismos y sanciones que ahora se contemplan para resarcir los daños ocasionados.

Dicho esto último, para que no se olvide en el colectivo social las atrocidades administrativas que se llevaron a cabo en las anteriores administraciones municipales, como en el caso de Guadalajara, Jalisco; Tijuana; Baja California; León, Guanajuato, Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Cancún, Quintana Roo, y lamentablemente la lista es interminable.

Compañeros legisladores, votemos y vigilemos el cumplimiento de esta ley. México y sus ciudadanos lo merecen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lomelí Bolaños. Tiene el uso de la voz, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso del diputado presidente. La legislación que hoy vamos a discutir es un esquema en el que mediante una serie de restricciones a la administración del presupuesto de las entidades de registro de ingresos y del manejo de la deuda, se establece una serie de restricciones importantes con respecto a su actuar en materia financiera y en materia de deuda. Se destaca por primera vez que haya una comisión bicameral del Legislativo que sea encargada de vigilar al Ejecutivo.

Muchas de estas cuestiones evidentemente van a ayudar a resolver el problema. No completamente porque falta una discusión de fondo sobre federalismo y sobre atribuciones de estados y municipios que efectivamente tienen pocas fuentes de ingreso.

Pero hay algo que preocupa aun más. Nosotros solamente vamos a resolver una parte muy pequeña del problema de deuda. Como ustedes pueden ver en la gráfica que les presentamos, de 2001 a la fecha el endeudamiento de las entidades federativas solamente ha crecido alrededor de 350 mil millones de pesos. Pero el del gobierno federal en más de cuatro billones de pesos. Es decir, el problema de la deuda pública federal es 10 veces más grave que el de estados y los municipios.

Lo que ahora estamos haciendo es poner en los estados y municipios restricciones que no tiene el gobierno federal. Por ejemplo, hace tres semanas aquí se aprobó que las asociaciones público-privadas no fueran aprobadas por el pleno de los diputados en esta asamblea. Se argumentaba que era por razones de eficiencia. Pues en la ley que hoy estamos votando las asociaciones público-privadas tienen que ir al pleno de todos los estados de la República y ser aprobadas por una mayoría calificada.

Hay dos varas con las que medimos. Para los estados disciplina financiera. Para la federación gracia y facilidades para endeudarse. Porque también aprobamos en este Congreso que el gobierno federal no tuviera que sujetarse a la regla de disciplina financiera de Ley de Responsabilidad Hacendaria, porque ahora se puede violar con los famosos proyectos de alto impacto que nadie conoce y que no están en el déficit. La buena noticia es que en esta ley que hoy votamos, el déficit no va a poder ser mayor al dos por ciento de los ingresos de las entidades federativas. Eso solo para las entidades, pero no para el gobierno federal.

Propusimos aquí también en la discusión del Presupuesto de que si sobraban recursos que tienen que ver con los requerimientos financieros, es decir, si sobrara lo que el gobierno tiene que pagar de deuda, pues que se pre pagara la deuda.

Eso hoy también se los estamos imponiendo a los estados y los municipios. Si un estado determina que va a pagar un monto y el monto es menor, tiene que pagar deuda, pero la federación no, la federación es el gran padre de una enorme sabiduría en materia de finanzas públicas, que solo ha endeudado al país 4 billones de pesos en los últimos años.

Es importante que se inicie hoy una discusión profunda entorno a la necesidad de regular la deuda del gobierno federal. Por qué no, propongo, esta Comisión Bicameral que va a revisar las finanzas públicas de los estados y de los municipios, en materia de deuda, también tenga facultades para poder revisar a la federación. Porque, por cierto, durante este año, la federación tampoco cumplió la regla de déficit, porque no cumplió la manera en que tenía que otorgar deuda a Pemex, a CFE y a los fallosos proyectos de alto impacto.

Insisto, esta es una legislación que sí va a ayudar a detener los abusos de los estados y los municipios, pero que pone el dedo en la llaga en donde sí es el principal problema de finanzas públicas de este país. Porque en los últimos años, del 2000 a la fecha, lo que se han encargado los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI, es endeudar a México, esa es la proporción.

No echemos la culpa a las entidades federativas de un problema macroeconómico, sí lo son de problemas específicos de gobernadores irresponsables que se han endeudado sin poder pagar. Pero hoy México va hacia la ruta de un endeudamiento que no puede sostener con un Congreso que no se hace responsable de la necesidad de limitarlo.

Vamos a proponer que todas y cada una de las restricciones que hoy queremos imponer a los estados, también se apliquen al gobierno federal. Ahí si seriamos responsables, con esa medida si podemos detener el deterioro de las finanzas públicas que vive este país.

Que no se nos olvide, la deuda del gobierno federal en los últimos años ha crecido 10 veces más que la de los estados y la de los municipios. Gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Va terminando de pedir línea. Con cinco minutos.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con su venia, diputado presidente. Con el objetivo de alcanzar estándares de disciplina financiera, un manejo responsable de la deuda y regular los términos de contratación de empréstitos, esta legislatura aprobará la ley de disciplina financiera a entidades federativas y municipios.

Un instrumento eficaz del Estado para regular el endeudamiento a través de tres principios esenciales de las democracias modernas. El principio de responsabilidad, el principio de transparencia y el principio de colaboración. Colaboración que surge del proceso parlamentario desde el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y el Ejecutivo para reequilibrar la responsabilidad hacendaria, responsabilidad porque se establecen distintos controles que a partir de ellos cambian las condiciones de política pública y de acceso al financiamiento de los estados, finanzas sanas, federalismo hacendario y funciones públicas protegidas son los pilares con los que se está buscando que esta reforma vele por el cuidado de la estabilidad de las finanzas públicas y de las haciendas públicas.

Los estados podrán reducir sus tasas de interés, reducir o mejorar las condiciones del gasto y llevar a cabo una mejor administración de su presupuesto, todo respetando el poder popular soberano, la autonomía de los estados y la decisión de los funcionarios que cumplen con la tarea de administrar las haciendas.

Estamos hablando de una reforma cuyos cinco componentes complementan la reforma constitucional logrando acotar los endeudamientos excesivos con reglas de disciplina financiera que promuevan el sano desarrollo de las finanzas públicas mediante de principios de responsabilidad hacendaria, con un sistema de alertas vinculado a los niveles de endeudamiento parar alcanzar una detección oportuna del riesgo en el endeudamiento o de los entes públicos.

Con la contratación de financiamientos y obligaciones, a fin de que se realice al menor costo financiero posible, con una deuda estatal garantizada que se constituirá con el aval de la Federación para apoyar los estados y los municipios, con un registro público único para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.

Este dictamen arroja importantes beneficios para la transparencia. Consignan la obligación de estados y municipios de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de manera oportuna y transparente, en un registro público donde todos los movimientos y financiamientos se concentrarán para así diagnosticar de mejor manera las condiciones financieras de los estados.

Además, esta reforma legislativa plantea la creación de una comisión bicameral legislativa para analizar la estrategia de ajuste que están llevando a cabo las finanzas públicas en los estados y municipios para examinar de cara a la sociedad, cómo se están conduciendo estos gobiernos y cómo una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas puede atraer mayores resultados.

Otro de los puntos claves de este dictamen son las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal a la General de Deuda Pública y a la General de Contabilidad Gubernamental. Reformas que establecen una clara diferencia entre la deuda estatal, federal y municipal; y propone que sea mediante las reglas de contabilidad gubernamental que se construya el control de la hacienda pública.

Siguiendo el espíritu de transparencia de la reforma constitucional votemos a favor de este dictamen, votemos a favor de un gasto federalizado transparente, el cual representa 8 de cada 10 pesos que se van a los estados y municipios, y que con esta reforma se transparentará en un uso, destino y comprobación.

Votemos a favor de gastar menos y gastar mejor, reforzando la transparencia y la capacidad de pago de los estados y municipios, siempre responsable y siempre justificada. Recordemos, los gobiernos harán públicos todos sus pasivos, de tal manera que la ciudadanía podrá exigir el buen manejo de las finanzas de las demarcaciones que habita. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sarur. Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, por cinco minutos.

El diputado Waldo Fernández González:Con su permiso, señor presidente. Celebramos la aprobación de este dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ya que estamos culminando un largo y complejo proceso de negociación para así evitar el uso irresponsable del endeudamiento.

Sabemos que es un clamor popular transparentar el uso de recursos públicos y eficientar la rendición de cuentas, así como la fiscalización. Es de todos sabido que el endeudamiento cuando se usa de manera eficiente es un instrumento que detona desarrollo, que financia crecimiento y que permite responder a las necesidades sociales.

Con esta reforma tenemos la oportunidad de generar condiciones jurídicas que fomenten la disciplina y la transparencia financiera. Reconocemos que en la legislatura pasada se aprobaron importantes reformas que abonan a que los mexicanos contemos con un andamiaje jurídico que nos permita conocer en qué se ejerce cada peso de los recursos públicos.

Prueba de ello es la aprobación de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios, que tiene como finalidad garantizar que estos se conduzcan con responsabilidad al contratar deuda y que esta sea ejercida con seriedad y sensatez en beneficio, desarrollo y progreso de los estados y sus habitantes.

Como sabemos, la aprobación de la reforma constitucional fue el primer paso para hacer posible que entidades y municipios se ajusten a un marco jurídico homogéneo que permitan que estos no abusen de la contratación de deuda, tal como ha sucedido en algunos estados del país, poniendo en riesgo el adecuado manejo de las finanzas públicas.

Ahora toca a esta LXIII Legislatura cumplir con el mandato constitucional previsto en las fracciones VIII y XXIX-W del artículo 73 en el que se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, con la finalidad de garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas en los tres órdenes de gobierno.

Quiero mencionar que mi grupo parlamentario siempre votará a favor de todas aquellas iniciativas que representen un beneficio para los mexicanos. En ese contexto, nuestro trabajo en la dictaminación de la iniciativa fue proactivo y propositivo, logrando cambios significativos en la redacción, como la inclusión del término de responsabilidad hacendaria y financiera en el objeto de la ley, la definición de deuda contingente, financiamiento neto, instituciones financieras, entre otros cambios que sin duda abonan al perfeccionamiento de la ley que hoy se discute.

Quiero destacar que la posición del Grupo Parlamentario del PRD estuvo siempre marcada por dos criterios: primero, que la deuda de las entidades y municipios debe ser regulada por los casos que han llamado la atención. Pero el segundo criterio es que no todas las entidades tienen la misma circunstancia, pues la mayoría tiene un manejo responsable de sus finanzas.

Al respecto, es necesario mencionar que estamos de acuerdo con la regulación de esta materia, pues tenemos que reconocer que la deuda es una herramienta de gran utilidad para detonar el crecimiento y desarrollo que tanto se requiere en algunas zonas de nuestro país.

Por esta razón, fuimos coincidiendo con quienes proponían la regulación de conductas abusivas y, al mismo tiempo, fuimos impulsando flexibilizar posiciones que ponían en riesgo la operación de los servicios y de inversión de las entidades.

Es por ello que con este marco jurídico se permitirá homologar el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable de endeudamiento. Para ello, se creó un sistema de alertas vinculado a los niveles de endeudamiento, de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez, el cual permitirá una detección oportuna del riesgo en el endeudamiento de los entes públicos.

Además, para la contratación de financiamientos y obligaciones bajo principios de transparencia y eficiencia, se realizará al menor costo financiero y los recursos se destinarán a inversión pública.

Asimismo se establece la obligación a los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten. Para ello se origina un registro público único. Así también se estableció en la definición de inversión público productiva la realizada en equipo médico de laboratorio, así como lo relativo a funciones de seguridad y defensa.

Se estableció que las iniciativas de ingresos y egresos de las entidades no deberán de exceder las estimaciones de participaciones y transferencias federales. Se establece que la previsión para desastres naturales se ajustará al observado históricamente, en vez de una cifra general y que en los artículos transitorios se dispusieron de plazos suficientes para que las entidades con fenómenos recurrentes puedan alcanzar esta política prudencial.

Se incluyó la obligación de realizar estudios actuariales en las entidades sobre los gastos de las pensiones estatales. Los servicios personales de las entidades derivadas de cambios legales quedarán exceptuados del límite a su crecimiento.

Algo muy importante que se establece es que las entidades con finanzas sanas podrán disponer con facilidad de sus ingresos excedentes, evitando así una sobrerregulación que a todas luces era excesiva e injusta.

Se evitarán abusos en el reingreso de las entidades federativas en el caso de entrega tardía de recursos. Se formalizaron las facultades de la Comisión Bicamaral y se establece el número de sus integrantes.

Por estas modificaciones al proyecto del gobierno federal podemos señalar que la Comisión de Hacienda realizó un trabajo amplio, complejo y con apertura, mismo que fue posible gracias a la participación de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y a la disposición de sus coordinadores e integrantes para poder lograr los acuerdos necesarios para la aprobación de esta importante reforma.

Aun cuando hubiera sido conveniente aprovechar que se abrió la discusión de la Ley de Coordinación Fiscal, para corregir comisiones u omisiones injustas, como la del caso del Distrito Federal.

En síntesis, les agradezco a todos los diputados el trabajo realizado en esta comisión, en pro del mejor manejo de los recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Tiene ahora la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Minerva Hernández Ramos:Con su permiso, diputado presidente. Apreciados diputadas y diputados, el dictamen que está a consideración recoge las premisas que desde la LXI Legislatura, los entonces senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional impulsamos para establecer lineamientos de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en la contratación del crédito público de las entidades federativas y de los municipios. De estos postulados, se derivaron las reformas constitucionales publicadas el pasado mayo, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad de sus finanzas públicas.

Compañeros legisladores, alcanzar los consensos y lograr los acuerdos que se plasmaron en el dictamen que hoy nos ocupa, no fue una cuestión menor, se requirió de capacidad técnica y de tiempo para avanzar los en los puntos más finos, así como de voluntad y flexibilidad para conciliar posturas divergentes.

Este proceso reflejó nuestra convicción federalista, pues en países como el nuestro en el que las entidades federativas gozan constitucionalmente de la libertad financiera, poner en marcha reglas que los restrinjan, requiere de acuerdos políticos de una envergadura mayor.

Con la Ley de Disciplina Financiera propuesta, estamos evitando realmente un problema sistémico de sostenibilidad de la deuda subnacional. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional afirmamos que cuando el endeudamiento se usa eficiente y responsablemente se convierte en una palanca de desarrollo que financia crecimiento y permite responder a las demandas sociales.

Caso contrario, la deuda que no se administra con esos criterios no responde a principios de solvencia y coloca a cualquier ente público en situación de riesgo y desestabilización de sus finanzas.

Actualmente, se ha puesto en evidencia la falta de transparencia de algunas operaciones financieras subnacionales, pues son muy conocidos los casos en que algún ente público venía endeudándose fuertemente, pero que había un severo y deliberado ocultamiento generalizado de su información.

El notable descenso en los ingresos petroleros y la disminución real del gasto federalizado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016, son condiciones que nos indican que se mantendrá constante el incremento de la deuda subnacional.

Recientemente el endeudamiento de entidades y municipios ha tenido un comportamiento exacerbado, el saldo histórico de las obligaciones financieras subnacionales se ha incrementado desmesuradamente en los últimos años.

En 2001se registraba un total de 100 mil millones de pesos, que ya para 2015 están rebasando los 500 mil millones de pesos. La información disponible a nivel estatal sugiere que las entidades están presionadas fuertemente por rubros de gasto, como educación, salud y seguridad pública.

En el caso de los municipios, los excesos se deben al limitado periodo de gobierno de sus alcaldes, a la falta de incentivos que tienen para cuidar el bien público y a su indefensión frente a las atribuciones que los niveles de gobierno estatal y federal tienen en su demarcación.

Un problema latente de las finanzas públicas nacionales es la deuda a corto plazo. Solo hay información parcial y heterogénea en las cuentas públicas de las entidades y su examen refleja que representa cifras muy significativas.

Sin dejar de mencionar que existen además pasivos que no son registrados actualmente, como por ejemplo el caso de los actuariales derivados de pensiones que agravan los problemas de endeudamiento.

En este contexto, la presión adicional que el servicio de la deuda representa sobre las finanzas de los entes señalados pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y no por el peso del endeudamiento en sí, sino porque se suma a otras presiones fiscales que por diversas razones el federalismo fiscal ha traído consigo.

A raíz de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, se modificó sustancialmente el equilibrio entra la soberanía de las entidades subnacionales y la autoridad regulatoria de los poderes federales, por lo que para brindar plena seguridad jurídica a los tres órdenes de gobierno involucrados se vuelve aún más imperativo contar con un marco normativo de responsabilidad hacendaria y de disciplina financiera como el que se está sometiendo a consideración en este pleno.

En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que el simple hecho de aprobar esta ley no detendrá el endeudamiento irresponsable ni eliminará el endeudamiento a corto plazo o el de proveedores, así como tampoco terminará con la deuda del sistema de pensiones. Pero de lo que sí estamos muy seguros en Acción Nacional es que la ley que se discute hoy establece principios de transparencia financiera, de balance presupuestario, de control del crédito público, de plena publicidad de los niveles de endeudamiento, de rendición de cuentas de los entes obligados ante las legislaturas locales, y en casos específicos en que estos tengan elevados niveles de deuda, de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión por medio de la comisión bicameral correspondiente.

Con esta ley se abre la puerta a la transparencia para que a través de un Registro Público Único se inscriban la totalidad de financiamientos y obligaciones contratados por las entidades federativas y los municipios, y no solamente aquellas que tengan como garantía o fuente de pago las participaciones o aportaciones federales. Es decir, se transparentan en su totalidad las obligaciones de los gobiernos locales.

Por su parte, con la creación de la comisión bicameral se va a revisar la celebración de los convenios entre entidades y municipios interesados en contratar deuda con la federación, con el propósito de que pueda cumplirse con los criterios de responsabilidad y de disciplina mínimos para que estos recursos puedan cumplir con lo mandatado en la Constitución.

Se lograron entendimientos y acuerdos para diseñar las funciones de esta comisión bicameral, que será una instancia de control del Poder Legislativo, de la cual obtuvimos los consensos necesarios para que ambas Cámaras se encontraran inmersas en este tema de importancia nacional.

Antes de culminar, compañeros legisladores, quiero hacer un reconocimiento al trabajo realizado por mis compañeros diputados, integrantes de los diversos grupos parlamentarios, porque gracias a su respaldo y sensibilidad fueron posibles las más de 40 modificaciones a diversos artículos para la perfección de este instrumento.

Yo los invito a que votemos a favor de este proyecto y seamos promotores de la Ley de Disciplina Financiera, acorde con el principio de respeto a la soberanía de las Legislaturas locales, para armonizar además el cuerpo normativo en las respectivas entidades y municipios del país. Que seamos promotores, para que inclusive quienes se encuentran en este momento en proceso de obtención de financiamiento, se acojan ya a la letra de esta ley. Impulsemos el desarrollo de los gobiernos locales, sin que se comprometa el bienestar presente y futuro de las y los mexicanos. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra, el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, por cinco minutos.

El diputado Yerico Abramo Masso:Con su venia, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, a dar el posicionamiento respecto a la Ley de Disciplina con proyecto de decreto, que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y reforma las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y en general de Contabilidad Gubernamental, presentada por el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Antes que nada, quiero destacar el enorme esfuerzo realizado por todas las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de los distintos grupos parlamentarios con representación en esta Cámara de Diputados, para la concreción de este dictamen. Fueron largas jornadas de trabajo, de discusión y de debate, pero debate respetuoso, para llegar finalmente al dictamen que hoy se presenta en este pleno.

La aprobación de este dictamen, representa un anhelo largamente acariciado por la ciudadanía en general, que da forma reiterada, ha demandado una mayor transparencia y eficiencia de las autoridades municipales y estatales en el manejo de los recursos públicos.

El objetivo de esta nueva ley, es establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria, que permita a las entidades federativas y municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando siempre condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.

La nueva ley permitirá homologar el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de nuestro país. Para cumplir con este objetivo la iniciativa basa sus acciones en cinco componentes.

Uno. A través de reglas de disciplina financiera que promuevan el sano desarrollo de las finanzas públicas mediante principios de responsabilidad hacendaria. Ejemplo de ello es la limitación de ejercer gasto que este fuera del presupuesto determinado por ley o con cargo al ingreso excedente.

Se limita el crecimiento de servicios personales a un tres por ciento real. Esto, amigas y amigos, es un gran logro porque por fin se va a poner orden a los ayuntamientos y estados para que las nóminas no crezcan indiscriminadamente y eso genere una deuda que no se pueda controlar, dejando fuera seguridad pública y gastos del sector salud a través de un sistema de alertas vinculado a los niveles de endeudamiento de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez que permita una detección oportuna del riesgo de endeudamiento.

También regula a través de la contratación de financiamientos y obligaciones bajo principios de transparencia y eficiencia de forma que su contratación se realice al menor costo financiero, siempre destinando los recursos obtenidos a inversión pública.

Lo anterior garantiza que la deuda sea destinada a inversión pública productiva, refinanciamiento, reestructura. Dicha deuda deberá ser autorizada por dos terceras partes de los Congresos locales analizando la capacidad de pago y destino.

Respecto a las obligaciones de corto plazo no se requerirá autorización cuando representen menos del seis por ciento de los ingresos totales aprobados en las Leyes de Ingresos sin incluir financiamiento, y serán destinadas exclusivamente para cubrir insuficiencias de liquidez temporal la deuda estatal garantizada a través de la cual la federación, de acuerdo a la autorización constitucional, otorgará su aval con el único objetivo de apoyar los estados y sus municipios para reducir la tasa de interés de sus créditos. Lo anterior a cambio de generar convenios de disciplina financiera con estados y municipios. Dicha deuda estará limitada al 3.5 por ciento del PIB y respaldará deuda hasta el 100 por ciento de los ingresos disponibles del estado o municipio, el registro único para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones y deuda de los gobiernos.

No más deudas cajoneras, compañeras y compañeros legisladores. Esto pone alto a las deudas del cajón que cada que termina una administración, independientemente de cualquier partido político o los tiempos, se terminarán las deudas de que ya se fue el alcalde o el gobernador, y el que llega se lleva la sorpresa de que no había registro de los pagos a proveedores y eso lleva el riesgo a veces de un endeudamiento no registrado que pone en riesgo las finanzas públicas.

Esto es una de las acciones más importantes de esta ley, se acaba la simulación financiera, se fortalece el estado de derecho, se fortalece la transparencia y da a las y los ciudadanos, la rendición de cuentas más clara que nunca se haya tenido en este país.

Cabe destacar, que el cumplimento de las disposiciones de esta ley por parte de la autoridades estatales y municipales, será sancionado de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como otras sanciones penales y el pago a la indemnización correspondiente.

Finalmente, con la aprobación de este dictamen aportamos mayores elementos para una administración pública estatal y municipal más transparente y con mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Así con responsabilidad, las y los diputados que estamos aquí, daremos una gran respuesta a la ciudadanía mexicana que hoy nos pide respuestas, y hoy con esta ley estamos cumpliendo. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abramo. Se informa a la asamblea que con esta intervención concluye el plazo para la presentación de propuesta de modificación para este dictamen que está a discusión.

Tiene ahora la palabra, para hablar en contra, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia, presidente. Diputadas y diputados. Es loable que se impulse una ley que busque la transparencia y la rendición de cuentas, más en un tiempo de crisis en donde los propios estados están preocupados por la insolvencia en que están por caer por una deuda injustificada que se ha construido en los últimos años. Una deuda descontrolada que ahora se pretende frenar a través del dictamen que hoy se presenta.

De nueva cuenta traemos propuestas que en el tiempo se van a ir desdibujando para no generar ninguna consecuencia de responsabilidad sobre quienes han mal administrado el recurso público, y más aún, quienes han contraído una deuda irresponsable sin ningún beneficio, a mediano o a largo plazo, para las propias entidades o municipios que gobiernan.

Aquí se habla de responsabilidad financiera, del manejo responsable de los recursos públicos, y para ello se propone esta ley. Sin embargo, habría que preguntarse quiénes son los responsables del actual nivel de deuda de los estados, qué gobernadores con el aval de sus congresos en los cuales están representados diputados de las distintas fracciones parlamentarias han abonado a un manejo irresponsable de la deuda.

Repito, es loable la propuesta que se presenta, pero desde nuestro punto de vista, tiene inconsistencias. Inconsistencias que aquél estado que se quiera oponer a esta ley, encontrará una puerta a través de una controversia constitucional. La ley va más allá de lo que la propia Constitución determina como atribución de este Congreso.

El Congreso está limitado a la atribución que le genera la reforma del artículo 73, que fue publicada el 26 de mayo de 2015. Ahí mandata al Congreso para legislar en empréstitos y obligaciones, en endeudamientos, límites y modalidades, pero siempre atendiendo a un límite establecido por la propia Constitución.

Hay artículos que pueden tacharse de inconstitucionales, el artículo 9, que afecta los egresos de las entidades federativas, el artículo 10, que en la última propuesta que se presentó ayer en la Comisión de Hacienda, es una propuesta no garantista de los derechos de los trabajadores.

Señala el artículo 10 que en los gastos de servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de las nuevas leyes, no podrá incluirse los pasivos que generen las demandas de los trabajadores hacia los gobiernos estatales y municipales.

Es recurrente que los estados y municipios, cada vez que cambia gobierno, cambie o sustituya a su personal, generando pasivos laborales a partir de las resoluciones de las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje, llegando al cinismo de hacer inembargable cualquier bien del estado, y dejando en estado de indefensión a todos los trabajadores que cada tres años o cada seis años son expulsados de su fuente de trabajo.

Esta ley abona en ese sentido y violando un principio constitucional de que prevalece el derecho del trabajador a su sueldo o a sus derechos, se le pospone para que primero se atenga a necesidades como casos de siniestro que quedaría en proyecto, nada más, o en caso de pasivos, la ley propone primero pagar los pasivos y después los derechos de los trabajadores que han sido despedidos en los estados y municipios.

Hay varias inconsistencias que los propios estados tendrán para presentar controversias constitucionales.

En cuanto a la responsabilidad pues remite a las leyes vigentes, y las leyes vigentes sirven para lo mismo. No hay gobernadores, no hay diputados en los Congresos locales que se les haya imputado responsabilidad por el mal manejo del recurso público y por el alto déficit que tienen sus estados ante esta situación de crisis.

Habría que trabajar más y establecer verdaderamente un marco de responsabilidad para quienes han votado leyes de deuda pública en los estados y quienes utilizan el cargo público para lucrar. Tenemos el ejemplo de Zacatecas, el gobernador está por salir y está ya contratando una deuda de mil 700 millones de pesos.

Esta ley va a tardar en aplicarse, y en lo que se aplica sigue el arca abierta para todos los servidores públicos que distorsionan y que desvían el recurso público. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Tiene ahora la palabra el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro por tres minutos.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías:Compañeros diputados o cuando menos compañeros diputados presentes, porque no están todos los que debieran estar acá para escuchar tan importante iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Al rato van a regresar.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Y es un reconocimiento a los que aquí están, señor presidente, con su permiso. Éste es un tema al que todos le hemos dado importancia porque nadie puede estar de acuerdo en que los estados y municipios se endeuden de manera irresponsable.

La deuda en sí no es mala si se usara para lo que dicen los dictámenes de los Congresos locales, para inversiones sociales productivas, pero se ha utilizado en municipios y estados para financiar gasto corriente o para financiar programas sociales no productivos. Y eso no tiene que ver con partidos, lo han hecho de todos los partidos, todas las gentes.

Por eso la propuesta del Verde es a favor de este dictamen, por qué, porque queremos responsabilidad y transparencia en el ejercicio de los recursos, no hay quien no quiera eso. Alguien acá comentaba que no es suficiente. Quizás no sea suficiente porque siempre hay mucho por hacer, pero es un gran avance y es una iniciativa que ha enviado el presidente de los mexicanos, don Enroque Peña Nieto, hay que reconocerlo y mucho habrá de ayudarnos.

Que a los diputados hay que imputarlos por autorizar la deuda; pero si los diputados no se la gastan, se la gastan los gobernadores y los presidentes municipales. Quienes lo hayan gastado de mala manera pues vamos sobre ellos, tampoco debe haber impunidad y es parte de hacer así una regla, para qué, para poderlos controlar. El hogar es siempre la primera patria y en la casa nos enseñan a gastar de manera responsable. ¿Por qué si en la casa lo hacemos, no lo hacemos en el ejercicio de responsabilidades públicas donde utilizamos el dinero de los demás?

Hoy más que nunca vengo feliz y contento a votar a favor de límites para el endeudamiento, de beneficios en el sentido de poder controlar a quienes lo gastan de otras maneras y hoy me pongo de acuerdo para poder hacerlo de manera general a futuro.

Diputado, yo les agradezco siempre a los que me hacen gritos. Si el tamaño de su talento fuera el tamaño de sus gritos, qué grande sería este país. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salazar. Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su venia, presidente. Hoy participo para ratificar la decisión de nuestra fracción parlamentaria de Morena de abstenernos en torno al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con relación a la iniciativa que se discute.

Esta ley es centralista y concentradora, les impone obligaciones a entidades soberanas y municipios libres, establece cualidades y requisitos sustantivos y formales para la emisión de leyes y decretos que son responsabilidad exclusiva de los poderes locales.

Esta es una de nuestras principales observaciones a esta ley, sin embargo, esta ley es resultado del abuso y la responsabilidad en materia financiera, de la existencia de poderes absolutos en los ámbitos locales de gobierno, de la ausencia de una visión a mediano y largo plazo por parte de los ejecutivos locales y los ayuntamientos.

Es resultado de la corrupción y el desvío de recursos públicos para fines muy distantes a la inversión productiva. No existe relación entre los exorbitantes niveles de endeudamiento público de estados y municipios y el mejoramiento de los indicadores esenciales del desarrollo.

Entre 2009 y 2015 la deuda subnacional de estados y municipios se ubicó en alrededor del doble, al pasar de 252 mil 153 millones de pesos a 510 mil millones a marzo del presente año. Con ello, esta deuda pasa del 2.2 al 2.9 del PIB. Evidentemente, este crecimiento no es igual, 5 entidades federativas concentran 57 por ciento del incremento observado, es decir, 148 mil millones de pesos.

Pongo como ejemplo el estado de Veracruz, que en 2009 tenía una deuda de 9 mil 331 millones y actualmente registra más de 40 mil millones de deuda. Esta es tan solo una muestra del derroche y la impunidad de servidores públicos estatales, que como premio reciben consulados o son distinguidos funcionarios federales.

Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario de Morena votará en abstención por las siguientes razones. El objetivo de la iniciativa coincide parcialmente con nuestros propósitos de buscar un uso más honesto, eficiente y eficaz del gasto público; es decir, la forma en cómo se usan los recursos de todos los mexicanos.

No podemos oponernos al interés general de la iniciativa de buscar un mayor orden en las finanzas de los estados y municipios. Es necesario establecer límites a los excesos.

Sostenemos la necesidad de avanzar en un nuevo marco jurídico que defina criterios de comportamiento para el ejercicio de los recursos públicos desde los cargos estatales y municipales.

Queremos transparencia plena en todos los ámbitos de gobierno, tanto en lo local como en lo federal. Estamos de acuerdo con este objetivo general de ordenar las finanzas públicas. La iniciativa, sin embargo, tiene elementos que se deben corregir.

Esta Cámara no conoce a detalle el diagnóstico que sirvió de base para que el presidente de la República, obviamente inducido por funcionarios de Hacienda, promoviera esta iniciativa. Se tiene alguna información de los estados, pero falta mucha. Es necesario que a los diputados se nos proporcione información a detalle, más allá de generalidades.

Esta iniciativa establece disposiciones que dan una gran autoridad a la Secretaría de Hacienda, reduciendo los márgenes de autonomía que con responsabilidad deben ejercer los gobiernos estatales.

Finalmente, el dictamen deja pendiente de definir la relación entre deuda y la salud financiera de los estados y municipios en relación con la calidad de la política económica. Los estados y municipios podrían esforzarse por tener una mejor administración, pero si como lo hace con las pequeñas empresas la política económica les quita la capacidad para salir adelante, es muy probable que no cumplan con los parámetros que se establecen en esta ley.

En fin, consideramos que esta iniciativa tiene buenos propósitos, pero falta generar la discusión al respecto a identificar los efectos no deseados. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor.

El diputado Carlos Hernández Mirón:Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, la regulación en materia de responsabilidad y disciplina financiera para normar el endeudamiento de las entidades federativa, ha sido uno de los elementos fundamentales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ello en la medida en que si bien el cierre del 2014 el endeudamiento global era manejable, pues rondaba aproximadamente el 3 por ciento del PIB y equivalía a un poco más de 500 mil millones de pesos, era preocupante y alarmante en algunos estados y municipios ya que había comprometido el futuro de sus localidades al dejarla sin suficiencia y viabilidad presupuestal y financiera, lo que implicaba carencia y ausencia de servicios en infraestructura, fundamentalmente, y por ende, en oportunidades y bienestar para su población.

Para el sistema financiero nacional este evento acrecentaba el riesgo sistémico y amenazaba su estabilidad en conjunto, entre otras cosas. Conscientes de estas implicaciones, diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios, hemos trabajado en este producto legislativo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, pues considera que contribuye a modernizar y racionalizar los recursos provenientes del endeudamiento.

Compañeras y compañeros legisladores, permítanme resaltar por qué votaremos a favor de esta iniciativa, principalmente el conceder mayores plazos para mejorar el conocimiento y las habilidades de la entrada en vigor de esta Ley General en Contabilidad Gubernamental.

Se flexibilizó la restricción de incrementar la partida de los servicios personales una vez aprobados el presupuesto anual, y se exceptuó para los casos de laudos laborales implementación de nuevas leyes federales o reformas en las mismas.

Se incorporó la posibilidad de que los municipios convinieran con las entidades correspondientes para que, tomando como base sus participaciones, se extendieran los beneficios del mecanismo de deuda estatal garantizada a los municipios de un estado, así como se firmara un único convenio ante la federación que definiera los objetivos y parámetros generales a cumplir para alcanzar el balance presupuestal sostenible.

Se precisó, de igual manera, y excluyó como inversión productiva todo el mobiliario y equipo recreativo del concepto 5200, correspondiente a mobiliario y equipo educativo.

Se recortó de 0.15 a 0.10 el Fondo para daños en infraestructura por eventos naturales, el cual permitirá solventar la reconstrucción de infraestructura en las entidades federativas.

Asimismo, los montos partirán de la base de siniestralidad histórica ocurrido en los últimos 5 años.

Se mandató que las entidades deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente, los ahorros y las economías generadas por dichas medidas, por concepto de costo financiero de la deuda pública menor al presupuesto tendrá como destino, en primer lugar, corregir el balance presupuestal de recursos disponibles negativos, y posteriormente a los programas prioritarios.

Compañeras y compañeros diputados, sin duda podemos hacer un resumen mucho más amplio de los beneficios de esta iniciativa. Solicitamos nosotros, como grupo parlamentario, que vayamos a favor de la iniciativa debido a que se tuvo alto trabajo, desempeño no solamente de las diputadas y diputados integrantes de la comisión sino también de muchos responsables de finanzas de los gobiernos estatales.

Reconocimiento a la diputada presidenta de la comisión, Gina Blackledge, presidenta de la comisión, así como también de los compañeros diputados legisladores como Jorge Estefan Chidiac, nuestro compañero Vidal Llerenas, que a mí me tocó platicar muchas cosas de este tema con él, y obviamente diputadas y diputados integrantes. Es cuanto, diputado presidente, agradezco mucho el tiempo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del PAN, en pro.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar:Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados, en el contexto de la aprobación de esta Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios el Partido Acción Nacional quiere dejar claras algunas situaciones, ejemplos, contextualizar algunos ejemplos negativos de lo que ha pasado a la falta de tener un control adecuado sobre lo que los estados y municipios contratan como deuda pública.

El 23 de septiembre de 2014, el activista chihuahuense Jaime García Chávez, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República y autoridades financieras en contra del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques por el desvío de 83 mil millones de pesos de los fondos estatales, así como la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos. Ambos, fueron depositados en la Unión de Crédito Progreso, después que se conformaría este en Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, entre cuyos socios e encuentra el propio gobernador Duarte.

Además de la denuncia interpuesta por García Chávez, esta denuncia encabezada por la unión ciudadana contra la corrupción en el estado de Chihuahua, integrada por una red amplia y plural de asociaciones civiles y líderes políticos y sociales, que revelan la situación crítica por la que atraviesa Chihuahua, en lo que respecta a seguridad, desarrollo económico.

La galopante corrupción y la falta de transparencia con que se manejan los recursos públicos en esta entidad, consecuencia de una falta de una ley clara como la que estamos aprobando aquí. La manera en que el gobernador de Chihuahua se ha conducido, rebasa los límites del conflicto de intereses para ubicarse en conductas delictivas.

El Partido Acción Nacional propone que esta Legislatura apruebe esta ley, que frene la voracidad de estos funcionarios que sin recato y vergüenza alguna han hipotecado el futuro de los mexicanos.

El estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar de endeudamiento a nivel nacional después del Distrito Federal y de Nuevo León, en menos de seis años. En cinco años la deuda del estado de Chihuahua creció 334 por ciento, pasó de 12 mil 547 millones a 41 mil 994 millones. La deuda del estado de Chihuahua, representa el 8.6 por ciento del PIB estatal, que ocupa el primer lugar a nivel nacional...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Blanco, nada más permítame, porque no sé con qué propósito el diputado Ramírez Marín, está solicitando la palabra. Si alguna interpelación o algo. Si nos permite, por favor. Está detenido el reloj de su tiempo. Su tiempo de participación, por supuesto. Adelante. A ver, diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor presidente. Solamente para dejar constancia, que el diputado que hace uso de la palabra, se encuentra leyendo casi textualmente un punto agendado como punto de acuerdo en el orden del día, y es para que quede constancia en que estamos de acuerdo que el diputado lo haga. No nos pesa que esté haciendo un truco y presentando por la puerta falsa lo que iba a decir y donde obviamente no le iba a alcanzar el tiempo.

Solamente para dejar constancia que está claro; no está interviniendo como parte del dictamen. Está haciendo lectura de su punto de acuerdo y nosotros no tenemos objeción en que concluya.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aunque es parte de su tiempo en la intervención. Adelante, diputado. Adelante, diputado.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: Claro. Sí estamos aprobando, estamos apoyando la creación de esto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado, continúe.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: Además la deuda del estado de Chihuahua con un 8.6 por ciento del PIB estatal, ocupa el primer lugar a nivel nacional –el estado de chihuahua– con mayor deuda en relación al tamaño de su economía –de Chihuahua–, 8.6 por ciento del PIB contra un 2.9 por ciento del promedio nacional.

Quiero decirles que como pueden apreciar, el problema de endeudamiento del estado de Chihuahua, así como de otros estados, ha adquirido dimensiones exorbitantes no solo por el tamaño del pasivo estatal, sino también por la total irresponsabilidad, tanto en el manejo de las declaraciones realizadas como en algunos ejemplos reprobables de la forma de gobernar que han mostrado algunos gobernadores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permitan que concluya el orador por favor.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: El estado de Chihuahua, el estado de Nuevo León, el estado de Coahuila, entre otros, son un claro ejemplo de la urgente necesidad de legislar al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, el Partido Acción Nacional los invita, compañeros diputados y diputadas, a aprobar la propuesta de ley como una clara y urgente necesidad de regular y ordenar las finanzas estatales y municipales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Blanco. Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, en pro por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez:Muchas gracias, señor presidente. Lamento profundamente que la despedida de algunos diputados sea por la puerta de atrás. Sea tratando un tema en el cual miente y en el cual tiene mucha cola que le pisen.

Venir a decir aquí basura, es lo que a él le ha caracterizado siempre; si no, yo les pido que revisen el relleno sanitario en Chihuahua. El relleno sanitario de Chihuahua, hay quien le pidió a los empresarios 5 millones de pesos, hay quien le entregó toda la información, y hay quien piso la cárcel por corrupto. Y ese es quienes han venido hoy aquí a hablar del estado de Chihuahua.

No se trata de venir a hacer señalamientos sin sentido, a hacer señalamientos sin la prudencia política suficiente y necesaria para sacar adelante un tema como lo es la disciplina financiera de estados y municipios.

Quiere saber o yo les comparto donde está la inversión en Chihuahua. La inversión en Chihuahua está debidamente documentada y esta precisa en la disminución de los índices de inseguridad. Esta precisa en la construcción de hospitales. Esta precisa en la generación de empleo. Esta precisa en el crecimiento económico, y me parece a mí, que quien hoy me antecede la palabra miente como ha sido su forma de vida.

Decir que la deuda pública...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Domínguez, discúlpeme, no sé con qué propósito me está pidiendo...

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez: Es la introducción al tema, presidente, como lo hizo el anterior, es la introducción al tema para poder hablar de disciplina financiera.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Al término le doy la palabra diputado Piña.

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez: Él, de manera precisa, nosotros hicimos de acuerdo a las reglas que vamos a aprobar ahora, una restructuración de la deuda. Y la deuda esta restructurada de manera adecuada, de acuerdo a las nuevas reglas...

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Domínguez, dicen que lo que es parejo no es chipotudo, entonces ahorita concedimos una petición de palabra del diputado Ramírez Marín, mientras estaba en el uso de la palabra el anterior orador.

Queremos conocer con qué propósito, el diputado Piña, nos está pidiendo el uso de la palabra. Discúlpeme, vamos a ver de qué se trata para que pueda continuar. Sonido en la curul del diputado Piña, por favor.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Gracias, diputado. El reglamento permite la interrupción solamente para moción de orden, pero en este caso, al igual que el diputado Ramírez Marín lo hizo saber, el diputado que hace uso de la palabra está hablando de un tema que no tiene que ver con el orden del día, pero quiero decirle que los diputados del PAN también se lo permitimos, en reciprocidad al magnánimo permiso que nos dieron los diputados del PRI. Adelante, continúe, diputado. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Adelante, por favor, diputado Domínguez.

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez: Cuanta generosidad, me sorprenden. Pero decir con precisión, muchos diputados hemos trabajado en el tema de la transparencia. En las campañas electorales estuvimos todos invitados por Transparencia Mexicana, por el Instituto Mexicano de la Competitividad, a participar en el programa Tres de Tres, y nos obligamos en 60 días, después de tomar protesta, presentar nuestra declaración patrimonial, circunstancia que quien me antecedió no lo ha hecho.

Nosotros estamos a favor de esta ley y de esta reforma, porque somos claros y ciertos que el presidente de la República tiene una alta responsabilidad con el país, que las reformas de México las ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto, que estamos claros que para nosotros la transparencia es primero, que para nosotros el manejo eficiente de los recursos públicos es primero y que las mentiras hay que echarlas en el cajón, porque nosotros miramos hacia adelante y miramos hacia el futuro de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Domínguez.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo...

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes. Diputado Blanco, usted ya tuvo su turno, pero ¿con qué objeto solicita el uso de la palabra?

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Diputado presidente, por alusión personal, quisiera hacer uso de la tribuna...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pues no fue aludido...

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Sí, señor, sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No fue aludido expresamente de manera personal, con todo respeto. Si quieren revisamos la versión estenográfica, pero no fue aludido en referencia estrictamente a su persona, con todo respeto. Y si la versión estenográfica demuestra lo contrario, le doy –por supuesto– antes de que concluya la sesión, la palabra.

Agostada la lista de oradores –decía– consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión en lo particular, los siguientes artículos de los cuales pido a la Secretaría dé cuenta de ello a la asamblea.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Artículo primero. Se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 28, párrafo primero.

Artículo 33.

Artículo segundo. Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 25.

Artículo 3o. de la Ley General de la Deuda Pública, para quedar como Ley Federal de Deuda Pública.

Artículo 9.

Transitorios del proyecto de decreto, noveno.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Se pregunta a la asamblea si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto. El sistema electrónico se encuentra abierto. Está abierto el sistema electrónico de votación. Sí, diputado Llerena.

Se pregunta si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto. De lo contrario, ciérrese el sistema electrónico de votación. Le informo, señor presidente, que se emitieron 325 votos en pro, 1 en contra y 34 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 325 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos 28, párrafo primero y 33, fracción II del artículo 1o.; así como la adición de una fracción IX al artículo 25 del artículo 2o. del dictamen. Y la presentación de la adición de un párrafo al artículo 9o. del artículo 3o. del dictamen. Tiene la palabra hasta por 10 minutos para que en una sola presentación nos haga sus propuestas de modificación. Adelante, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias, diputado. Haré en conjunto las propuestas de modificación. Insisto, creo que es una ley que tiene cosas muy positivas, pero como todo y no sorprendentemente, hay un tema en la administración pública nacional de los últimos años que es algo así como que son los fondos de infraestructura educativa –estos que quiere Nuño para su campaña– que hemos votado legislación aquí en esta Cámara para que no haya ninguna rendición de cuentas, ningún control y pasar todas las leyes posibles. Es el caso de esta ley.

Si uno lee el transitorio Decimoséptimo dice: Los recursos que sean otorgados a los entes públicos a través del esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, que hay que ponerlos en la Constitución que nada puede ser ya fiscalizado de esto, quedarán exentos del reintegro que deba realizar la tesorería de la federación señalado por el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y estará a lo dispuesto a dicho programa, porque lo que sucede es que en esta ley se ha aprobado que las aportaciones, no solo los convenios, sino también las aportaciones en un momento dado tengan que ser devueltas a la federación, de los estados a la federación. Eso no sorprendentemente excluye a estos famosos fondos de infraestructura educativa, que pues ya no son sujeto a nada, incluso no son sujeto a esta ley.

Por eso propongo modificar el artículo 28, para que quede como sigue: Tratándose de la contratación de financiamientos u obligaciones a través del mercado bursátil, el propio documento de colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario y dejar claro que bajo la opción bursátil se deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas por esta ley.

Es decir, no puede haber excepciones a esta ley. Y esta ley en su transitorio ya establece una excepción que no sorprendentemente son los bonos de infraestructura educativa, que en la Ley de Ingresos se votó aquí que no se consideran como deuda, no se registraran y no fueran votadas por los Congresos locales. Es uno de los mayores actos de poca transparencia que ha habido en el país.

También me permito hacer una reserva, en el que como decimos, esta ley sin duda es un avance en control en términos de deuda nacional. Y para tal efecto me parece oportuno modificar el artículo 9, en que dice que el Congreso de la Unión autorizará los montos de endeudamiento directo y externo que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal.

Es un párrafo que hace referencia a la posibilidad del Congreso de emitir lineamiento en deuda para que diga: Todas las obligaciones a cargo de las entidades federativas que establezca esta ley en materia de deuda también deberán aplicarse a la federación. Por qué no establecer en esta ley que todos los lineamientos que estamos estableciendo para el gobierno de las entidades, pues también se puedan establecer para el gobierno federal.

Como dijimos, el incremento de la deuda del gobierno federal del 2000 a la fecha es 10 veces mayor que el incremento de la deuda de las entidades federativas. Entonces, en el artículo 9, que hace referencia a las facultades del Congreso, pues establecer también que todas estas obligaciones también sean obligaciones del gobierno federal.

Y las dos reservas que me quedan por expresar ante ustedes, la primera tiene que ver con el artículo 33, que norma la deuda al Distrito Federal. La deuda al Distrito Federal es uno de los grandes pasivos que tiene el gobierno federal con la ciudad, porque es la única entidad federativa que el Congreso de la Unión norma su deuda.

Y por alguna razón, en las distintas leyes de ingreso se ha quedado que la deuda del DF debe producir directamente un incremento de los ingresos públicos. Es la única entidad federativa que tiene esta obligación.

Se dice que es porque es deuda federal y aprobada por el Congreso, pero en la ley que estamos aprobando parte de las deudas de los estados también serán deudas soberanas, serán deudas que están respaldadas por el Congreso de la Unión, es parte del chiste de la ley que ahora se aprueba.

Entonces, no hay motivo por darle al DF un tratamiento distinto, si también habrá otras deudas que también serán respaldadas por el gobierno federal. En todo caso la deuda que sea respaldada por el gobierno federal, pues también tendrá que tener la obligación de producir directamente un incremento en los ingresos públicos.

Persiste en esta ley la idea de discriminar a una entidad de la federación, cuando ya todo el lineamiento que se está estableciendo en términos de deuda, pues ya establece un marco claro que asimila la manera en que el gobierno federal respalda la deuda del DF con el resto de las entidades federativas.

Y finalmente, me parece un momento oportuno para insistir en el tema del Fondo de Capitalidad. El Fondo de Capitalidad es un fondo que se ha hecho para resarcir los gastos que tiene la ciudad por ser capital del país, por los tres y medio millones de personas que vienen todos los días al Distrito Federal y que no son contabilizados por el Inegi como población del DF y que tienen que recibir recursos públicos de esta ciudad que genera una enorme riqueza para los mexicanos y que ha sido sistemáticamente discriminada a raíz de la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal del 2008, que claramente, desproporcionadamente, quita recursos año con año al DF en favor de otras entidades federativas.

Por lo tanto, en un acto de justicia y que está a discusión la Ley de Coordinación Fiscal, se incluya en el artículo 25 de dicha ley un numeral número 9 en el que se establezca el Fondo de Capitalidad como una de las partes de la Ley de Coordinación, de tal manera que año con año, de manera automática, cuando se presente el presupuesto pues esté esta Ley de Coordinación Fiscal.

Ésas son las propuestas que presentamos y me parece muy importante reflexionar en estos tres puntos, en que la Ciudad de México ya requiere otro tratamiento fiscal, en que el tema bursátil es claro y que no podemos permitir que exista una deuda pública que son la bursatilización de los fondos de infraestructura educativa, que ley tras ley en este Congreso hemos votado para que no sea registrada y para que no sea considerara por deuda.

Luego vamos a arrepentirnos, cuando veamos el abuso que se hace de un fondo que no está sancionado por el Congreso y que no sabemos cuál es su origen.

Y finalmente, insistir que en realidad el problema de deuda de este país no está en los gobiernos estatales, que efectivamente han abusado. Ya vemos el caso de Zacatecas, como vimos el caso de Colima y como muchos otros, ha habido abusos. Pero quien ha endeudado este país es el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hoy tiene más o menos el 50 por ciento de producto endeudado de este país. Hay un incremento de más de 10 veces la deuda nacional en comparación a la subnacional.

Quien ha ejercido el populismo se llama Peña Nieto y este Congreso no ha sido capaz de controlarlo. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas propuestas por el diputado proponente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al noveno transitorio del proyecto de decreto.

El diputado Waldo Fernández González:Esta reserva la presenta en conjunto la diputada Gina Andrea Cruz y el diputado Yerico Abramo y un servidor.

Una de las principales provocaciones de todo proceso parlamentario es emprender y lograr una conversación, emprender una comunicación en el estilo del ágora clásico, lo que significa reconocer a toda plenitud y educación la lección de que toda actuación pública debe de ilustrar moralidad y ser ejemplo indiscutible de ética y de responsabilidad pública.

Asimismo, debe indicar la aceptación de que el buen gobierno no es el gobierno del caudillo o del déspota ilustrado que remacha en una acción vertical. El gobierno justo es un gobierno de leyes construido por hombres de leyes en el marco de un auténtico estado constitucional y de derecho, que nace a partir de un momento constituyente y del ejercicio del método parlamentario, del diálogo y el contraste de la argumentación que aspira a resolver en una ley lo que puede ser verdaderamente justo.

Esta reflexión es justa y merecida, se trata de reconocer que estamos en el proceso de aprobar una ley que viene de una reforma constitucional que traduce en una legislación completamente nueva y que tiene por desafío provocar responsabilidad hacendaria y disciplina financiera en la administración de los recursos públicos.

Se trata de una ley de carácter preventivo y prescriptivo, menudo reto el que hemos asumido en este proceso parlamentario y que creo que hemos logrado.

La reserva que someto a consideración de esta soberanía es la modificación de un plazo en el artículo noveno transitorio, que tiene que ver con un ajuste derivado de la conversación parlamentaria, el cual busca reconocer y calibrar correctamente, que como parte de las medidas para disciplinar la actuación financiera de las entidades públicas, para que sean prudentes y responsables, se hace necesario ajustar los incentivos de quienes sí cumplen para otorgarles mayor libertad en el mercado del crédito público y en el manejo autónomo de sus finanzas y límites.

Por lo anterior, propongo otorgar un año más de espacio para que quienes estén en la situación de crédito y balance sostenible puedan usar sus excedentes hasta el 2018, como convenga a sus intereses. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se acepta por la asamblea en consecuencia la modificación propuesta por el diputado Waldo Fernández.

Con ello concluimos la discusión y la presentación de reservas y propuestas de modificación que se habían anunciado.

Por lo tanto se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 28 y 33 referidos a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en términos del dictamen, así como con la modificación aceptada por la asamblea relacionada con el artículo noveno transitorio del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Se pregunta a la asamblea ¿Sí hay alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? El sistema electrónico se encuentra abierto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 308 votos en pro, 1 en contra y 32 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados y ya referidos por 308 votos, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hice un compromiso público ante la asamblea en referencia a la petición de uso de la palabra que me hizo el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, en el sentido de que sí había sido referido. Revisando la versión estenográfica, por el diputado que en ese momento estaba haciendo uso de la palabra, y el artículo 120 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es muy claro cuando dice que la moción para alusiones personales procede cuando en el curso de la discusión la diputada o el diputado hubiera sido mencionado implícita o explícitamente por el orador.

Entonces, en cumplimiento del compromiso que ante la asamblea hice, tiene la palabra el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, desde su curul, por favor.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es usted muy amable al concedernos la oportunidad de hacer el uso del micrófono una vez analizada la versión estenográfica y el Reglamento de la Cámara, con el afán de contribuir a un diálogo entre partidos y sin llegar a una profundidad más en relación a lo que se mencionó sobre mi persona.

Lo único que quiero aclarar, y que quede bien claro, es que son verdades a medias y falsas invenciones, mentiras que no abonan al desarrollo y a la armonía de esta Cámara. Es todo lo que quiero señalar, que quede anotado en el Diario de los Debates. Diputado presidente, muchas gracias por darme la palabra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Blanco, así será. Se asentará en el Diario de los Debates.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 4 de diciembre del año en curso, asimismo le solicito sea llamado mi suplente, el ciudadano Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, a tomar la Protesta del cargo de diputado federal.

Lo anterior con el propósito que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2015.— Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica).»

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Están a discusión los siguientes, señor presidente.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VI Distrito Electoral del estado de Chihuahua, a partir del 4 de diciembre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No le quieren conceder licencia.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: A ver, de nuevo, señores diputados, porque están durmiendo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada, comuníquese. Continúe la Secretaría.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano cause alta como integrante en la Comisión de Cambio Climático.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos cause alta como integrante en la Comisión Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Armando Luna Canales cause alta como integrante en la Comisión Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanza cause alta como integrante en la Comisión Puntos Constitucionales.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Carolina Monroy del Mazo cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado José del Pilar Córdova Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Radio y Televisión.

• Que el diputado Fernando Navarrete Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Radio y Televisión.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza cause alta como integrante en la Comisión de Distrito Federal.

• Que la diputada Sandra Méndez Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Distrito Federal.

• Que el diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza cause alta como integrante en la Comisión de Distrito Federal.

• Que el diputado Benjamín Medrano Quezada cause alta como integrante en la Comisión de Distrito Federal.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se va a registrar como acto anticipado de campaña.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: De nuevo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, secretario.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Junta Directiva y de integrantes de diversas comisiones ordinarias que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, el pleno está dormido, no vota. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

Las adhesiones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria serán aceptadas. Asimismo, se invita a los proponentes de efemérides para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para incorporación al Diario de los Debates.

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez(a las 18:02 horas): Se levanta la sesión. Y se cita para la que tendrá lugar el martes 8 de diciembre del 2015 a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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