Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 297 diputadas y diputados, por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: (a las 11:52 horas): Se abre la sesión.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cuata, por favor. ¿Sí, diputada?

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Buenos días, compañero. Los maestros me piden que les recuerde que parece que al secretario de Educación, el presidente y todas las autoridades que los representan, ya olvidaron que una maestra o maestro les enseñó a leer y a escribir. Pedimos –me dijeron– alto a la represión, libertad de los 52 normalistas de Michoacán, recluidos en cárceles de Sonora y Morelos, así como los cuatro maestros de Oaxaca presos en una cárcel de alta seguridad. Los maestros no se oponen a la evaluación, sólo quieren las herramientas y capacitación verdadera para hacer escuelas de verdadera calidad. Gracias, es todo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sus expresiones han quedado registradas en el Diario de los Debates, diputada.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián, por favor. ¿Con qué propósito, diputada Damián?

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Para manifestar mi consternación y preocupación por el ridículo aumento al salario mínimo, y pues aquí solicitándole a la Presidencia que convoque a una reunión de trabajo para que revisemos la situación de los salarios mínimos, junto con distintos actores sociales... ya me dicen que ya está, perdón. Eso sería.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igualmente, diputada, se registra la preocupación, y con toda seguridad se comparte, pero en el momento oportuno.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Roberto Cañedo, por favor.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Sólo para secundar a mi compañera Blanca Margarita a que se deje que el Estado mexicano deje de remprender a los ciudadanos mexicanos que protestan pacíficamente en las calles, a los maestros.

Y pedir de manera respetuosa y urgente a la Comisión de Puntos Constitucionales que se aboque a la discusión de la iniciativa que presenté el pasado mes de octubre sobre el hecho de la adición al artículo noveno, para que los cuerpos policíacos de gendarmería y castrenses dejen de ser utilizados como medios de disolución social y se aboque al diálogo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Igualmente quedan registradas en el Diario de los Debates las expresiones y preocupaciones manifestadas por el diputado Cañedo.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Lunes 14 de diciembre de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo negativos.

De los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Armando Luna Canales, Natalia Karina Barón Ortiz, David Mercado Ruiz, Marbella Toledo Ibarra, Francisco Javier Pinto Torres y Sergio López Sánchez

Por los que solicitan el retiro de iniciativa y proposiciones con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres ocurridos en el municipio de Escuinapa Sinaloa provocado por los remanentes del Huracán Patricia.

De la Secretaría de Salud del Estado de Durango

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para difundir la estrategia para la atención de la emergencia obstétrica.

De la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que las entidades federativas integren en el POA 2016 la perspectiva de género.

De las universidades de Colima, Veracruzana, Autónomas de Hidalgo, del Estado de México y Querétaro

Con los que remiten los informes de resultados de la auditoría externa y resumen de la matrícula del segundo informe semestral 2015; la Tabla resumen sobre la ampliación de matrícula, la variación e informe de la misma.

Del Banco de México

Con el que remite informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros confiere al Banco de México.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite Acuerdo por el que hace un llamado a los legisladores federales, y a los congresos locales, a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que explique los criterios empleados que permitieron la aprobación de un Presupuesto de Egresos para el Año 2016 ajeno a la demanda ciudadana de recortar al menos el 50 por ciento del Presupuesto para el INE, Partidos Políticos y Congreso de la Unión, presentada por los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.

Con el que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.

Con el que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 Constitucional, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo de Jóvenes y se reforman la denominación del Capítulo II del Título VII y el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que presenta el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrito por los diputados Alejandra Gutiérrez Campos y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en Materia de Imagen Institucional, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4-Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Fidel Kuri Grajales y Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 de la Ley General de Salud y 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 158, 159 y 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 213-Bis y un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derechos de Autor, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Fomento Económico y de la Innovación, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 74 del Código Fiscal de la Federación y 264 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto, por el que se declara el 22 de Septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 5o. y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 50 y 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Lilia Arminda García Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 5o. y 10 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 325-Bis del Código Penal Federal y 14 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los articulos 4o., 98 y 99 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5-A de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 280 y 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 123 de la Ley General de Víctimas y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. .

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 213, 223 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15-A y 75 de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 17-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Manuel de Jesús Espino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o. y 133 de Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 147 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Efrain Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, del Código Penal Federal y la Ley de Propiedad Industrial, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Cristina Ismene Gaytán Hernández y Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés y Vidal LLerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Adopción, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley de Migración, a cargo del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, a cargo de la diputada Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Salas Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 8o., 13 y 20 de la Ley del Servicio Exterior, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 81 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto, por el que se declara el 9 de diciembre como “Día Nacional Contra la Corrupción”, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 53 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Población, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Ascensos de la Armada de México, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto, para declarar al 2016 como “Año de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Teodoro Barraza López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 169 a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Claudia Sánchez Juárez y Román Francisco Cortés Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 114 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Hugo Alejo Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo” de la Honorable Cámara de Diputados.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

Dictámenes a discusión de ley o decreto

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de candidaturas independientes.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No Discriminación.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión.»

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Reynoso, por favor, acá. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Gracias, diputado. En el marco del Día Internacional del Migrante, que estaremos festejando el próximo viernes 18 de diciembre, me parece que no podemos pasar desapercibido lo que tanto medios locales como medios nacionales han estado informando del fraude que se llevó a cabo en el estado de Chiapas con el diputado migrante.

Me parece que es una burla para todos nuestros hermanos, nuestros connacionales, que han trabajado durante muchos años, que hay legisladoras y legisladores que hemos pugnado por los derechos políticos de los mexicanos en el exterior y que en la primera oportunidad que se tenga, y que se tiene, comentan un fraude electoral y que además a causa de esto fue desaforado el diputado local electo por el Partido Verde en el estado de Chiapas.

Solamente sentar el precedente, presidente, de esto, pedirle a la procuraduría que agilice la investigación y que este no sea un pretexto para que sigamos avanzando en el tema de los derechos y de la representación de la comunidad mexicana en los Congresos locales y por supuesto en el Congreso federal.

Creo que es importante que el 18 de diciembre festejemos –y que el 18 de diciembre lo reconozcamos– la economía que han aportado a México, que reconozcamos además a los migrantes por lo que le han aportado a la infraestructura en sus comunidades y al desarrollo de sus municipios. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Han quedado igualmente, diputada Reynoso, registradas las preocupaciones planteadas por usted, y que en su momento puedan tener el curso correspondiente.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden día, es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de diciembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cinco diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del jueves diez de diciembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Derechos Humanos, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a formular las recomendaciones correspondientes en torno a los casos presuntas violaciones a los derechos humanos en los municipios de Apatzingán Michoacán, presentada el diez de noviembre del año en curso.

• Remberto Estrada Barba, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Turismo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentada el primero de diciembre del año en curso.

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Comunicaciones, la proposición con punto de acuerdo relativo al impulso de conexión de internet para sitios públicos y lugares comunitarios, presentada el veinticuatro de noviembre del año en curso.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) Del Gobierno del estado de Puebla, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que las entidades federativas integren en el POA 2016 la perspectiva de género. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para suministrar el medicamento que contiene el principio activo fingolimod a los pacientes que padecen esclerosis múltiple. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

d) Del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para separarse sus actividades legislativas por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Primera Circunscripción Plurinominal, a partir del quince de diciembre del año en curso; llámese al suplente. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Antonino Morales Toledo, diputado federal electo en el Quinto Distrito Electoral del estado de Oaxaca. El Presidente designa una comisión que lo acompañe a su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Cultura y Cinematografía, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Taboada Cortina, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza; Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena; José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Genoveva Huerta Villegas, del Partido Acción Nacional;

A las doce horas con cuarenta y ocho minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y ocho diputadas y diputados.

y María Angélica Mondragón Orozco, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados: Jorgina Gaxiola Ledezma, del Partido Verde Ecologista de México; Marco Polo Aguirre Chávez, del Partido Revolucionario Institucional; José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática; Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena; Brenda Velázquez Valdés, del Partido Acción Nacional; y Araceli Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: segundo, de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y cuarenta y uno Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En votación nominal, por cuatrocientos veintiséis votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados. A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra al diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha, asimismo informa a la Presidencia que retira su reserva del artículo segundo, de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; ambos se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen. En votación nominal por trescientos sesenta y nueve votos a favor; veintiséis en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular los artículos: segundo, de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y cuarenta y uno Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Puntos Constitucionales, por el que se reforma la fracción vigésima novena-G del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Ordoñez Hernández, para fundamentar y presentar propuestas de modificación al dictamen, a nombre de la Comisión, las cuales en votación económica se aceptan. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Alfredo Basurto Román, de Morena; Jesús Sesma Suarez, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional; y David Sánchez Isidoro, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. En votación nominal por cuatrocientos votos a favor; y dos abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción vigésima novena-G del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación, y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Desde su curul el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia un receso para que la Comisión pueda procesar con los grupos parlamentarios un posible acuerdo que permita dar fluidez a la Sesión. El Presidente obsequia dicha solicitud y a las catorce horas con cincuenta y dos minutos, declara un receso.

A las quince horas con veintitrés minutos, se reanuda la sesión.

Continúa la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia antes mencionado. Se concede el uso de la palabra al diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar y presentar propuestas de modificación al dictamen, a nombre de la Comisión, las cuales en votación económica se aceptan. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza; Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Cuitláhuac García Jiménez, de Morena; Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional. En votación nominal por trescientos cuarenta votos a favor; siete en contra; y cincuenta y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente da lectura al posicionamiento que se consensó con los distintos Grupos Parlamentarios sobre el Día de los Derechos Humanos.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta de las minutas enviadas por la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma la fracción segunda del apartado A), del artículo treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Por el que se reforman el artículo cuatrocientos veinte del Código Penal Federal, y el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal del Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día nueve de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se reforma la fracción primera, apartado B, del artículo trece, y se adiciona una fracción cuarta Bis tres, al artículo tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforma la fracción tercera del artículo ciento doce de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo ochenta y uno de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de mil novecientos trece, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, al ciudadano Rodolfo Neri Vela. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión. Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el dictamen los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; y Silvia Rivera Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos setenta y siete votos a favor; y seis en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de mil novecientos trece, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, al ciudadano Rodolfo Neri Vela. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente informa a la Asamblea que un día como hoy, hace veinticinco años, el ciudadano Octavio Paz, recibió el premio Nobel de Literatura.

La Secretaría informa a la Asamblea que hoy jueves diez de diciembre a las once horas, se recibió comunicación de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, con la que, de conformidad con el artículo ciento veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, opta por el cargo de Senadora de la República a partir de esta fecha. De enterado. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios en Junta Directiva y de integrantes de diversas Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día lunes catorce de diciembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con tres minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con el capítulo de comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Derechos de la Niñez

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Sonora a aplicar o intensificar los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a los funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Gobernación

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar el 19 de noviembre “Día de Duelo Nacional” con motivo de los acontecimientos ocurridos el 19 de noviembre de 1984 en la comunidad de San Juan Ixhuatepec en Tlanepantla de Baz, estado de México.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, a publicar la declaratoria de emergencia para los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, y entregar los recursos del Fonden al municipio de Mulegé, como consecuencia de las afectaciones presentadas por las lluvias severas registradas en los meses de septiembre y octubre en el estado de Baja California Sur.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre a diversos municipios de la Sierra de Zongolica, en la región montañosa de Veracruz.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir al secretario de Gobernación para que inicie un proceso de consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil con objeto de formar una terna de candidatos y candidatas a ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a declarar la región de tierra caliente de Guerrero como zona de desastre natural, por la pérdida de cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a realizar acciones en materia de seguridad nacional.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre para mitigar los efectos de la tormenta tropical Marty e iniciar la reconstrucción en las comunidades y municipios afectados de Guerrero.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar la declaratoria de desastre natural de los municipios de Colima, Jalisco y Nayarit afectados por el huracán Patricia el 23 y 24 de octubre de 2015.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre en diversos municipios de Jalisco.

Igualdad de Género

• Dictamen por el que se desechan, por temporalidad, las proposiciones con punto de acuerdo relativas a exhortar al titular del Poder Ejecutivo a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres en el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Relaciones Exteriores

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la sentencia dictada en contra de Leopoldo Eduardo López Mendoza, líder venezolano de la oposición, en virtud de que no es definitiva y se encuentra sub judice.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la solicitud de no enviar al Senado, para su aprobación, el Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos.

• Dictamen por el que se desechan proposiciones con puntos de acuerdo relativos a la solicitud al Ejecutivo federal para que retire la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México a formar parte del Comité contra la Tortura de la ONU.

Salud

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que declare alerta epidemiológica por rickettsiosis en Mexicali, Baja California.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la atención médica del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, en el Hospital regional Adolfo López Mateos.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar los riesgos de autorizar el cultivo, transporte y el consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar estudios e investigaciones sobre los efectos del uso de cigarrillos electrónicos.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la definición de la agenda, los modos y los medios del debate sobre el uso individual y lúdico de la marihuana.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, y al Delegado del mismo instituto en Sinaloa, José Adalberto Castro Castro, a hacer público un informe sobre las causas de muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Regional de Culiacán, en las últimas dos semanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Sonora a aplicar o intensificar los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a los funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes, presentada por la diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza , presentada el 8 de septiembre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes citado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Angélica Reyes Ávila, en la sesión del 8 de septiembre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que el robo de menores de edad en México es una realidad que alcanza cifras preocupantes, la mayor de ellos con fines de explotación sexual y pornografía infantil, dentro de las principales causas del robo de infantes se encuentra el tráfico o la trata de personas, operación que se caracteriza por el reclutamiento, traslado y alojamiento de cualquier persona, considerando a su vez el secuestro, engaño, fraude; así como el abuso de autoridad.

Esta actividad se ha convertido en un ejercicio muy lucrativo para la delincuencia, tanto común como organizada, que opera desde el ámbito particular y gubernamental.

En ese sentido, señala que nuestro marco jurídico, contempla figuras y procedimientos legales que permiten disfrazar una conducta en principio delictiva, para llegar a un resultado ajustado a derecho. Nos referimos concretamente al sistema de adopción vigente en nuestro país.

La adopción es tan solo una faceta del estado civil de las personas humanas, que se traduce en un mecanismo que legitima la entrega de la patria potestad a los padres no biológicos, que acuden a este camino legal para llenar un vacío en su existencia cuando se les ha negado, por la naturaleza o por otro factor, su capacidad de procreación.

Precisan que, tal y como lo maneja el Código Civil de Familia para el Estado de Sonora, la adopción es una forma de parentesco civil y resulta del acto jurídico, por el cual una persona o la pareja de cónyuges o concubinos asumen, respecto de uno o varios menores o incapacitados, los derechos y obligaciones inherentes a un hijo biológico.

El procedimiento para adoptar a un menor se encuentra regulado de manera genérica en todas las disposiciones jurídicas de las entidades federativas, con algunas diferencias, tal proceso se desarrolla de la manera siguiente:

Basta la presentación de una solicitud al juez competente; que sea benéfica para el adoptado; que los adoptantes acrediten tener los medios bastantes para proveer a las subsistencia y educación del menor o del incapacitado, como si se tratara de hijo propio, que son personas de buenas costumbres; además que gozan de buena salud física y mental, entre otras.

De manera general se expresa que en el procedimiento de esta figura concurren numerosos intereses, empezando por el principal como lo es el interés superior de la niñez, previsto y consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política.

Añaden que, es oportuno mencionar que en la adopción hecha por extranjeros o por mexicanos que residan en otro país de manera permanente, se regirá por las disposiciones de la Ley General de Población; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores; la Convención de La Haya sobre Protección de Menores y Cooperación en materia de Adopción Internacional, así como cualquier otro instrumento de derecho internacional vigente en la República Mexicana.

En pocas palabras, el procedimiento de adopción está diseñado con tanta complejidad, (por sus características, por el número de requisitos, trámites y autoridades que intervienen), que parece imposible que pudiera cometerse alguna anomalía, para favorecer intereses mezquinos, o que alguno de los intervinientes, opere con tanta simulación que no pudiera ser percibido por todos los actores.

Sin embargo, lamentablemente algunas autoridades se aprovechan del cargo, para que en contubernio con particulares logren burlar los mecanismos legales para lograr una adopción fraudulenta de menores de edad o, en su caso, proceder a la suplantación de padres para proceder a su registro como progenitores legítimos.

Esta situación se presentó en el caso de una red de funcionarios del estado de Sonora, quienes tenían responsabilidad de custodiar y proteger a los menores de edad. En lugar de cumplir con dicha responsabilidad, algunos funcionarios se asocian con particulares para cometer los delitos de robo y venta de niños a personas que esperaban adopciones. Operación que les redituó grandes ganancias por la desesperación de las familias de adoptar a un menor de edad.

Añaden que, la Procuraduría estatal, desarrolló un plan estratégico para descubrir a los autores de los hechos delictivos, pero el daño es mayor porque se presenta una afectación a identidad de las víctimas. Quienes en muchos de los casos, acumulan años de vivir con sus padres afectivos, relación que propicia lazos de amor, comprensión y desarrollo, lo que resulta muy doloroso en el proceso de devolver a los pequeños a sus progenitores biológicos.

Precisan que el problema que podemos percibir es la deshonestidad con la que fungieron dichos servidores públicos. Deshonestidad y falta de profesionalismo que atenta contra la vocación de servicio público. Es pertinente resaltar la importancia que tienen los controles de confianza hacia estos funcionarios que tienen a su cargo tareas tan sensibles como es la custodia de menores de edad. Estos controles de confianza deben proveer de elementos para la aceptación o no de personas en estas funciones.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Sonora a instruir a quien corresponda para que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a los funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niños o adolescentes y se prevengan con ello violaciones de los derechos humanos de ese sector vulnerable de la sociedad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la procuradora general de la República a atraer la investigación de los hechos ocurridos en Sonora y que involucran a diversos integrantes de esa administración estatal vinculados a la venta y el tráfico de niños.

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, coincidiendo con la preocupación de la proponente respecto a intensificar las medidas de control de confianza a las que se someten los servidores de los gobiernos estatales, con actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes.

Segunda. Tal y como lo consagra el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, éste velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, crecimiento en un seno familiar adecuado, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la protección de la niñez.

En este sentido, nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Entre los instrumentos internacionales encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

9a. Época; 1a. Sala; SJF y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; página 310

Interés superior del niño. Es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4o. constitucional.

“De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño”.

Primera Sala

Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González.

Tercera. Es importante destacar que las necesidades sociales de nuestra época no son privativas o características de un determinado país, si no que la intensa intercomunicación ha hecho que éstas sean las mismas en todas las latitudes y por tanto, no debemos de ignorar ni menospreciar, las soluciones que podemos implementar a hechos tan desagradables como los descritos en la propuesta.

Es de desearse que en un próximo futuro se reestructure y mejore el marco normativo para proteger a las niñas, niños y adolescentes, en especial cuidar a aquellos que han sufrido algún abuso y no caigan de nuevo en este tipo de violencia por la avaricia y la mal control por parte de la autoridad al no cuidar el actuar de los servidores públicos que tienen estrecha vinculación con la protección y custodia de los menores.

Cuarta. Consideramos necesario tomar medidas enérgicas para poder realizar la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad de aquellos servidores que aprovechándose de sus cargos públicos han realizado cualquier acto con el propósito de que una persona menor de edad sea dada en adopción sin cumplirse las disposiciones legales correspondientes.

Esta comisión dictaminadora comparte las inquietudes de la proponente, sin embargo, no podemos realizar otra solicitud, ya que el pasado 10 de septiembre de 2015 se presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados, un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución relativo a la investigación sobre una presunta red de tráfico de menores en el estado de Sonora, propuesto por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mismo que fue aprobado, para que se remitiera a las autoridades competentes.

Asimismo, durante la discusión del punto de acuerdo presentado por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se adhirieron al mismo y la diputada Angélica Reyes Ávila solicitó a la proponente la incorporación del primer punto resolutivo referente a que “se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a los funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niños o adolescentes y se prevengan con ello violaciones de los derechos humanos de ese sector vulnerable de la sociedad”.

La adición fue aceptada en votación económica por el pleno de la Cámara de Diputados, como consta en el Diario de los Debates de la sesión del pleno del 10 de septiembre de 2015.

Quinta. En ese orden de ideas, el pasado 16 octubre de 2015, se publicó en la Gaceta Parlamentaria la respuesta del maestro Íñigo Fernández Baptista, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, al punto de acuerdo de la diputada Silvana Beltrones Sánchez, respecto de los hechos ocurridos en el estado de Sonora, dando, con ello, respuesta al exhorto.

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el mismo ha sido atendido de acuerdo a lo expresado líneas arriba y por lo tanto ha quedado sin materia.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, para que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán, Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suárez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nalleli Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Irma Rebeca López López (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Jaqueline Nava Mouett, Ximena Tamariz García, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez, Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

«Dictamen la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena , presentada el 6 de octubre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes citado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este Dictamen fue presentada por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, en la Sesión del 6 del mes de octubre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Consecuente con lo anterior, la proposición con punto de acuerdo mencionada en el proemio de este dictamen tiene por turno a la Comisión de Derechos de la Niñez, con carácter de Comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Contenido de la proposición

El proponente señala que el pasado 4 de diciembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en esta nueva Ley se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; esto significa que para los destinatarios de esta norma se reconocen todos los derechos de menores de edad, sea que deriven de fuente nacional o de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Destaca que, nuestro país ya cuenta con un marco jurídico más sólido para avanzar hacia una efectiva protección de los derechos de la infancia y adolescentes que viven en México; así como de instituciones más fuertes y coordinadas para responder a los enormes desafíos que representa el efectivo y equitativo acceso a sus derechos, es de resaltar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010, en México había un total de población de 112 millones 336 mil 538 mexicanos, de los cuales, 43 millones 541 mil 908 mexicanos eran niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte señala que, de acuerdo con la UNICEF, entre los desafíos que aún enfrentan la infancia y adolescencia en el país están:

• Poco más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en México (21 millones) vivían en pobreza en 2012, y de ellos casi 5 millones padecían pobreza extrema.

• Todavía hay 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela, a pesar de que la cobertura en educación básica y el promedio de escolaridad han aumentado. La tasa de mortalidad en menores de 5 años (por cada mil nacidos vivos) sigue siendo alta en estados como Guerrero (19.4), Chiapas (19.5), Puebla (19.7) y Oaxaca (20), a pesar de que la tasa nacional ha disminuido considerablemente (de 41 en 1990 a 16 en 2012) por cada mil nacidos vivos.

• Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes, han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela.

• En 2013 fueron repatriados de Estados Unidos a México, 15 mil 561 niños, niñas y adolescentes que migraban solos, expuestos a toda clase de peligros y violaciones a sus derechos.

• 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, a pesar de los esfuerzos en los últimos años por reducir la tasa de trabajo infantil.

Es de suma importancia reconocer que ante escenarios como estos, la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, constituye un avance sin precedentes en México en términos normativos, ya que esta ley ordena por primera vez en la historia la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se destaca la creación de Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que de acuerdo con el artículo 121, establece que:

Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección... integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”; asimismo, “Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección.

Complementa que, el artículo 122 señala que las Procuradurías de Protección, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Procurar la protección integral de niñas, niña y adolescente que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos:

II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables;

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada;

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia; entre otras.

Lo anterior, de acuerdo al artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y mandata que el “Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico”, a fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.”

Destaca que, a la fecha, ya han transcurrido más de los noventa días naturales y no se ha formalizado la creación de la mencionada Procuraduría; o sea, hasta esta fecha, ya han pasado alrededor de 200 días naturales, y no se ha reformado el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Es por ello, que finalidad de la propuesta presenta es la de impulsar las acciones que ordena la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, poniendo el interés superior del menor y de los adolescentes.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; como lo establece el artículo Sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Consideraciones

Primera. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segunda.Hay que tomar en cuenta queel artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el 4 de diciembre de 2014 en el Darío Oficial de la Federación, establece a la letra que:

Sexto. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto. Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.

Este transitorio establece claramente la obligación del Sistema Nacional del DIF para crear la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en un plazo no mayor a noventa días naturales.

Un tema fundamental que tomó en consideración la dictaminadora es que con fecha dos de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Acuerdo mediante el cual se expide el, el cual claramente da cumplimiento a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual da pie a la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con todas y cada una de sus respectivas unidades administrativas.

En este sentido el Acuerdo establece que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dependerá de la estructura orgánica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables.

Consecuentemente, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen toda vez que la materia del presente ya existe y, por ende, que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Derechos de la Niñez se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo materia del Presente Dictamen por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; como lo establece el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo.Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre del 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suarez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nalleli Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Irma Rebeca López López (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Jaqueline Nava Mouett, Ximena Tamaris García, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez, Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar el 19 de noviembre “Día de Duelo Nacional” con motivo de los acontecimientos ocurridos el 19 de noviembre de 1984 en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, en Tlanepantla de Baz, México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal decrete el 19 de noviembre “Día de Duelo Nacional” con motivo de los acontecimientos ocurridos ese día de 1984 en la comunidad de San Juan Ixhuatepec en Tlalnepantla de Baz, estado de México.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 18 de noviembre de 2015, la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal decrete el 19 de noviembre “Día de Duelo Nacional” con motivo de los acontecimientos ocurridos el 19 de noviembre de 1984 en la comunidad de San Juan Ixhuatepec en Tlalnepantla de Baz, estado de México.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el mencionado punto de acuerdo a esta comisión, el cual fue recibido en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 19 de noviembre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

La proponente realiza una remembranza histórica de los eventos ocurridos en la comunidad de San Juan Ixhuatepec en el municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México, el 19 de noviembre de 1984; señalando que “una serie de 16 explosiones con distintos niveles en los estallidos arrasaron la comunidad de San Juan Ixhuatepec, como resultado de una fuga de gas licuado en la planta de Pemex y que afectó en cadena a empresas gaseras particulares como Unigas, Gas Presto y Gas Metropolitano entre otras.”

Señala que “incontables pérdidas humanas se derivaron de esos lamentables hechos, que los medios de la época cuantifican en alrededor de 500, pero como suele suceder en estos casos, las cifras oficiales tienden a ser imprecisas; se reportaron 4,500 heridos, 200 mil damnificados y 1 millón 200 mil evacuados.”

Que “las colonias más afectadas fueron El Arenal, El Copal, Lázaro Cárdenas (La Presa), Constitución de 1917, San José, San Isidro, La Laguna, Marina Nacional, División del Norte, Unidad habitacional CTM, El Risco-CTM, San Juanico, Lomas de San Juanico, San José de Los Lavaderos, Urbana lxhuatepec, Ticomán, entre otras.”

Que “en cuanto a las pérdidas materiales las cifras oficiales reportaron que 30 casas quedaron totalmente derruidas, 105 casas registraron daños estructurales lo que las hacía inhabitables, 470 se afectaron en menor medida; todos los cristales de ventanas y puertas de las viviendas de las comunidades aledañas quedaron destrozadas.”

Que “31 años han pasado, la tragedia es recordada por todas las familias que habitan en la región.”

Que “es muy importante no olvidar, ni a los caídos, ni la solidaridad de los mexicanos, ni la capacidad de nuestro país a sobreponerse ante las más difíciles situaciones.”

En virtud de lo anterior, la proponente formuló el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para que decrete el 19 de noviembre “Día de Duelo Nacional” con motivo de los acontecimientos ocurridos el 19 de noviembre de 1984 en la comunidad de San Juan Ixhuatepec en Tlalnepantla de Baz, estado de México.

Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Gobernación consideramos que el objeto de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen ha quedado rebasado.

Ello debido a que desde los trágicos eventos acaecidos hace poco más de 31 años, se ha realizado un importante avance en torno a la seguridad con la que se deben desarrollar esta clase de actividades, destacando para tales efectos, disposiciones normativas que regulan la manera en la que habrá de conducirse una planta de este tipo.

Señalando al efecto los siguientes instrumentos legales y su fecha de publicación:

• Ley de Hidrocarburos, DOF: 11/08/2014.

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, DOF 11/08/2014

• Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, DOF: 05/12/2007.

• Lineamientos para realizar Análisis de Riesgos de Proceso, Análisis de Riesgos de Ductos y Análisis de Riesgos de Seguridad Física, en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 10/08/2010.

• Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los simulacros de los planes de respuesta a emergencias. 06/09/2011

De los cuales conviene transcribir a la letra algunas disposiciones en ellos contenidos, relativos al tema de la seguridad y la contingencia de emergencias:

Ley de Hidrocarburos

Artículo 66. El Centro Nacional de Control del Gas Natural es el gestor y administrador independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural y tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético en territorio nacional, así como realizar las demás actividades señaladas en la presente Ley y en el respectivo Decreto del Ejecutivo federal.

Artículo 129. Corresponde a la Agencia (Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos) emitir la regulación y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria de Hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de la industria de Hidrocarburos

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Artículo 1, segundo párrafo:

La agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de:

I. La seguridad industrial y seguridad operativa;

II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y

III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes.

Artículo 5o. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del sector;

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos;

De los artículos transcritos se observa que el Congreso de la Unión ha tomado cartas respecto a la seguridad en materia de hidrocarburos, así como en el manejo que se le da a los mismos, diseñando además instituciones que vigilan de manera específica el desarrollo de estas actividades, como es el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que se encarga de velar por la protección de las personas y del medio ambiente.

Por otra parte, no debe perderse de vista que el establecimiento de efemérides en este tipo de asuntos, tiene como objeto el recordar acontecimientos notables a manera de concientización por hechos generales que dada su naturaleza, laceran a la sociedad por las repercusiones que generan en la colectividad, haciendo necesario un recordatorio permanente que logre erradicar de la generalidad dichas conductas lascivas.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que en 1984, la Cámara de Diputados instaló una comisión especial, constituida para atender el problema de San Juan Ixhuatepec, la cual agotó su objeto sin producir efeméride alguna; por lo que esta comisión considera que a pesar de que es necesario seguir recordando el 19 de noviembre como un día trágico en la colectividad mexicana, no es necesario el establecimiento de un día de luto nacional, puesto que el objetivo buscado ha quedado rebasado.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez, Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcenas (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, a publicar la declaratoria de emergencia para los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, y entregar los recursos del Fonden al municipio de Mulegé, como consecuencia de las afectaciones presentadas por las lluvias severas registradas en los meses de septiembre y octubre en el estado de Baja California Sur

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo la publicación de la declaratoria de emergencia para los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos y se haga la entrega de los recursos del Fonden al municipio de Mulegé, como consecuencia de las afectaciones presentadas por las lluvias severas registradas en los meses de septiembre y octubre en el estado de Baja California Sur.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 6 de octubre de 2015, la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo la publicación de la declaratoria de emergencia para los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos y se haga la entrega de los recursos del Fonden al municipio de Mulegé, como consecuencia de las afectaciones presentadas por las lluvias severas registradas en los meses de septiembre y octubre en el estado de Baja California Sur.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a esta comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 9 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

La proponente señala que durante las fechas del 18 al 20 de septiembre, y 3 de octubre del presente, los habitantes del estado de Baja California Sur, experimentaron lluvias intensas generadas como consecuencia de un fenómeno hidrometereológico inusual, provocado por la depresión tropical 16-E y los remanentes del huracán Marty, lo que trajo como consecuencia inundaciones, deslaves y corridas de arroyos.

Asimismo manifiesta que dichas situaciones pusieron en un estado de vulnerabilidad y de grave peligro a los habitantes de los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos y que si bien, el pasado 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la correspondiente declaratoria de emergencia para el municipio de Mulegé; las declaratorias relativas a Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, aún no han sido publicadas.

En virtud de lo anterior, la proponente formuló los siguientes puntos de acuerdo:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a que lleve a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, pertenecientes al estado de Baja California Sur, para que dichos municipios puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación para que liberen de manera urgente los recursos considerados en el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) para la atención del municipio de La Paz, capital del estado de Baja California Sur, afectado y ya declarado en estado de emergencia a causa de la presencia de las lluvias severas de septiembre y octubre del año en curso.”

Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Gobernación consideramos que el objeto de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen ha quedado sin materia, toda vez que la Secretaría de Gobernación realizó las declaratorias tanto de emergencia como de desastre natural, los pasados 6, 16 y 19 de octubre del presente, para los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, e incluso se han emitido los avisos de término de la emergencia en fechas 12, 16 y 27 de octubre, de acuerdo a lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federación de las mencionadas fechas.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre a diversos municipios de la Sierra de Zongolica, en la región montañosa del estado de Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que declare zona de desastre a diversos municipios de la Sierra Zongólica, en la región montañosa del estado de Veracruz.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de punto de acuerdo somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 24 de septiembre de 2015, el diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que declare zona de desastre a diversos municipios de la sierra Zongólica, en la región montañosa del estado de Veracruz.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 8 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

El proponente solicita a la Secretaría de Gobernación, declarar zona de emergencia los municipios de Veracruz afectados por el azote de las tormentas que derivaron en el desgajamiento de cerros y la incomunicación de diversas localidades; así como, el que se liberen los recursos de apoyo a la población del Fondo Nacional de Desastres y se amplíe la atención hacia estas localidades.

Consideraciones

El proponente señala que derivado de las intensas lluvias acaecidas en lo que va del mes de septiembre en el estado de Veracruz, se ha provocado un sin número de afectaciones en las únicas vías de comunicación terrestre en la zona denominada Sierra Zongólica.

Los municipios pertenecientes a la región de la Sierra Zongólica, quedaron incomunicados al desgajarse un cerro sobre la carretera Fortín-Huastusco debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, razón por la cual las localidades de Magdalena Tilapan y Rafael Delgado resultaron las más afectadas al quedar completamente incomunicadas.

Un total de 13 municipios fueron afectados, siendo la Sierra Zongólica una de las regiones más pobres del estado, en donde se asientan los municipios de Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpan, Xoxocotla y Zongólica.

Existe un riesgo latente de que treinta mil personas resulten vulnerables por la temporada de lluvias en la zona afectada; y podría extenderse a la zona de Orizaba que comprende municipios como Orizaba, Nogales, Ixtaczoquitlán, Mendoza, La Perla, Atzacan, Ixhuatlancillo, Magdalena, Tlilapan.

Por ello se solicita de manera urgente declarar como zona de desastre la Sierra Zongólica, atendiendo de emergencia las localidades de Magdalena, Tilapan y Rafael Delgado.

En ese orden de ideas, y tomando en consideración que en fecha 15 y 25 de octubre; 1, 7 y 12 de noviembre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Emergencia derivada de la presencia de lluvia severa en diversos municipios del estado de Veracruz, esta comisión dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ya se encuentra atendida.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir al secretario de Gobernación para que inicie un proceso de consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil con objeto de formar una terna de candidatos y candidatas a ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo a que instruya al Secretario de Gobernación a iniciar un proceso consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de conformar una terna de candidatos y candidatas a ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 6 de octubre de 2015, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Gobernación a iniciar un proceso consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de conformar una terna de candidatos y candidatas a ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a esta Comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 09 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

El proponente señala que el pasado 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación informó que Ricardo Bucio Mojica había renunciado a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; por lo que de conformidad con el artículo 27, fracciones V, X, XI y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, exhortaba al Titular del Poder Ejecutivo para que instruyera al Secretario de Gobernación a iniciar un proceso consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de conformar una terna de candidatos y candidatas a ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Consideraciones

Toda vez que el pasado 17 de noviembre de 2015, el Secretario de Gobernación informó mediante boletín número 657, publicado en la página de dicha Secretaría, que el presidente de la República nombró a la ciudadana Alexandra Haas Paciuc como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esta Comisión ha llegado a la conclusión de que la proposición de mérito ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidro, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcenas (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres, María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a declarar la región de tierra caliente de Guerrero como zona de desastre natural, por la pérdida de cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que declare a la Región de Tierra Caliente de Guerrero, como zona de desastre natural, por la pérdida de cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de punto de acuerdo somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 15 de septiembre de 2015, la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que declare a la Región de Tierra Caliente de Guerrero, como zona de desastre natural, por la pérdida de cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 8 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

La proponente solicita se exhorte al gobierno federal para que declare a la Región de Tierra Caliente de Guerrero, como zona de desastre natural, por la pérdida de cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas.

Consideraciones

La proponente señala que la Región de Tierra Caliente de Guerrero, representa una de las de mayor producción de maíz en la entidad.

En 2014, “Guerrero registró una producción de un millón y medio de toneladas de maíz, situación que implica la autosuficiencia de la entidad en la producción de maíz, además de que una buena parte se utiliza para la comercialización”.

En ese sentido, refiere que la Secretaría de Desarrollo Rural en Guerrero, ha informado que debido a la sequía de las últimas semanas, alrededor de 75 por ciento de los cultivos de maíz se perdieron en la mayoría de los municipios de la zona en comento.

Derivado de lo anterior, los campesinos y ganaderos solicitaron el apoyo del gobierno del estado de Guerrero, a fin de que emita la declaratoria de emergencia por sequía ante el Fondo de Desastres Naturales.

Refiere la proponente, que la Secretaría de Protección Civil de Guerrero, advirtió que la sequía prevalecerá por lo menos hasta mediados del mes de septiembre, continuando con la temporada de huracanes, es decir, tendrá una duración mínima de 40 días.

Por último, hace énfasis en que el cultivo de maíz representa para la Región de Tierra Caliente una de las principales actividades productivas que satisfacen las necesidades alimentarias de la región, sino que además es una de las principales fuentes de empleo, la cual se ha visto afectada en las últimas semanas.

En ese orden de ideas, y en atención a que en fecha 2 de septiembre del año que transcurre se emitió la Declaratoria de Desastre Natural en el Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero, a consecuencia de la sequía ocurrida del 1 de junio al 31 de agosto de 2015 en 32 municipios del estado de Guerrero, mismos que a continuación se detallan: Acapulco de Juárez, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Atlamajalcingo del Monte, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Copala, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Cuautepec, Florencio Villarreal, General Canuto A. Neri, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Mochitlán, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Tlapehuala, Zapotitlán Tablas, Zirándaro de los Chávez y Zitlala, declaratoria emitida a efecto de ejercer los recursos con cargo al presupuesto del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero y de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Tomando en consideración lo anteriormente vertido, esta comisión dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ya se encuentra atendida.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez, Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a realizar acciones en materia de seguridad nacional

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, a realizar acciones en materia de seguridad nacional.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 19 de noviembre de 2015, el Diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, a realizar acciones en materia de seguridad nacional.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el mencionado Punto de Acuerdo a esta Comisión, el cual fue recibido en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 20 de noviembre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

El proponente señala que el “pasado viernes 13 de noviembre se registraron diversos atentados terroristas en puntos de la ciudad de París dejando una ola de miedo e inseguridad. Los ataques costaron la vida de 129 personas y centenas de heridos, muchos de ellos de gravedad.”

Que “se han efectuado por parte de las autoridades francesas 23 arrestos a personas presuntamente relacionadas con actividades ligadas al terrorismo y 104 arrestos domiciliarios.”

Que “ese mismo día, el presidente Francois Hollande decretó el estado de emergencia y el cierre de todas las fronteras.”

Que “países como Estados Unidos, Rusia y la propia Francia han unido fuerzas para detener y evitar otros atentados terroristas que pongan en riesgo la vida de inocentes.”

Que el “Estado mexicano ha emitido por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores una alerta de viaje a Francia, evitando desplazamientos innecesarios, así como de ejercer extrema precaución en lugares públicos y actuar con prudencia, siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.”

Que “el Estado mexicano se encuentra bajo las amenazas del terrorismo, enfrentando nuevos obstáculos como el Narcoterrorismo con sospechas de que existen vínculos con los grupos terroristas como Hezbollah, el grupo Hamas y Al Qaeda con el fin de utilizar a México como trampolín para infiltrarse al territorio de Estados Unidos.”

Que “los Estados Unidos Mexicanos tiene la encomienda constitucional de proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos, aun residiendo fuera del territorio nacional, por medio de las embajadas en otros países.”

Que “como miembro de organismos internacionales a favor de la paz como la Organización de las Naciones Unidas, tiene el deber de mantener las acciones necesarias que provean de espacios libres y de seguridad para los mexicanos.”

Que “es necesario considerar las posibles repercusiones que estos ataques pudieran tener en el precio de los barriles de petróleo a nivel internacional.”

Que “el Fondo Monetario Internacional calcula que 6 países de la región tendrán un déficit de 700,000 millones de dólares en los próximos 5 años, afectado por la caída del precio del petróleo y el conflicto en Siria durante el conflicto surgido este año.”

Que “las tasas de crecimiento se desplomaron junto con la caída de cerca del 60% en los precios del petróleo desde junio de 2014, causando enormes daños en las finanzas públicas. Esto tuvo una repercusión crucial en México, mismo que aceptó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al déficit provocado por el conflicto en Medio Oriente.”

Que “es necesario que se establezcan con claridad los controles económicos y contingencias necesarias con el fin de prever efectos o impactos no previstos en las finanzas públicas del Estado Mexicano y evitar cualquier afectación a la población.”

En virtud de lo anterior, el proponente formuló los siguientes puntos de acuerdo:

“1. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a activar los protocolos de seguridad y demás Estrategias contempladas por el Estado Mexicano a bien de asegurar la integridad de los mexicanos, así como establecer los registros puntuales de ingreso y salida de personas dentro y fuera del territorio nacional.

2. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe al pueblo de México sobre los impactos que como consecuencia de este conflicto se pudiera ocasionar en el sistema económico nacional con respecto a los ingresos petroleros, e informar las acciones que llevará a cabo esta autoridad a fin de evitar cualquier tipo de afectación económica a la población.”

Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Gobernación consideramos que el objeto de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen ha sido atendido.

Ello debido a que el pasado 26 de noviembre, en el marco del Encuentro Nacional de Procuración de Justicia, el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia, señaló que el Estado mexicano ya toma medidas preventivas orientadas a puntos específicos como en el caso de aeropuertos, puertos, Embajadas y en la zona fronteriza, para evitar que sean vulneradas por el Estado Islámico.

Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud del proponente en torno a que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para activar los protocolos de seguridad y demás estrategias contempladas por el Estado mexicano; así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe al pueblo de México sobre los impactos que como consecuencia de este conflicto se pudiera ocasionar en el sistema económico nacional con respecto a los ingresos petroleros, e informar las acciones que llevará a cabo esta autoridad a fin de evitar cualquier tipo de afectación económica a la población; en términos de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos 71 y 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados, remítase el expediente de mérito a la Mesa Directiva para efecto de modificar el turno a las Comisiones competentes.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el primer punto de la proposición con punto de acuerdo, en lo que toca a la competencia de esta Comisión, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Remítase el expediente de mérito a Mesa Directiva para los efectos señalados.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez, Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre para mitigar los efectos de la tormenta tropical Marty e iniciar la reconstrucción en las comunidades y municipios afectados de Guerrero

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación emita declaratoria de desastre para mitigar los efectos de la tormenta tropical Marty e iniciar el proceso de reconstrucción, en las comunidades y municipios afectados del estado de Guerrero.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 13 de octubre septiembre de 2015, los diputados Lluvia Flores Sonduk y Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación emita declaratoria de desastre para mitigar los efectos de la tormenta tropical Marty e iniciar el proceso de reconstrucción, en las comunidades y municipios afectados del estado de Guerrero.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 15 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposión

El proponente, solicita a la Secretaría de Gobernación, emita declaratoria de desastre para mitigar los efectos de la tormenta tropical Marty, asignando los recursos necesarios para enfrentar, desde el enfoque participativo de las comunidades, el desastre ocurrido en el Estado de Guerrero.

Consideraciones

El proponente señala que derivado de la tormenta tropical “Marty”, se originaron diversas afectaciones a las comunidades más pobres del estado de Guerrero.

Según reportes de protección civil, en los últimos días confluyeron diversos fenómenos y situaciones que incrementaron las condiciones de vulnerabilidad de miles de habitantes del estado de Guerrero.

Destacan deslizamiento y hundimientos de cerros, desbordamientos de ríos, caídas de puentes, interrupción de luz eléctrica y servicio de telefonía, caminos y casas habitación dañadas.

El promovente señala que los lugares más afectados son los ubicados en la Región de Costa Grande son los Municipios de Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Tecpan y el municipio de Tierra Colorada.

De igual forma, el reblandecimiento de la tierra provocado por las lluvias generó el colapso de viviendas y bardas en los municipios de Tecpan de Galeana y en la capital, Chilpancingo. Además se reportan por lo menos 11 derrumbes carreteros en las regiones de la montaña y la sierra.

En ese orden de ideas, y tomando en consideración que en fecha 30 de septiembre de 2015 se dio a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil, declaró en emergencia en diversos municipios del estado de Guerrero por la presencia del Huracán “Marty” ocurrido los días 28 y 29 de septiembre de 2015, publicándose tal Declaratoria de Emergencia en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2015.

Posteriormente, en fecha 10 de octubre de 2015, la Dirección General de Protección Civil (DGPC) comunica que de acuerdo al más reciente análisis realizado por la Dirección de Administración de Emergencias de esa Unidad Administrativa, las causas de la Declaratoria ya no persisten; por lo que con base en el artículo 12, fracción II de los lineamientos, en opinión de la propia Dirección General de Protección Civil, se puede finalizar la vigencia de la Declaratoria de Emergencia, debido a que ha desaparecido la situación de emergencia por la cual fue emitida.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, esta Comisión Dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, ya se encuentra atendida.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica en contra), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar la declaratoria de desastre natural de los municipios de Colima, Jalisco y Nayarit afectados por el huracán Patricia el 23 y 24 de octubre de 2015

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, realice la declaratoria de desastre natural de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit afectados por el huracán Patricia, el pasado 23 y 24 de octubre de 2015.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 27 de octubre de 2015, los diputados Juan Romero Tenorio y María Antonia Cárdenas Mariscal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentaron la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que realice la declaratoria de desastre natural de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit afectados por el huracán Patricia, el pasado 23 y 24 de octubre de 2015.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 28 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

Los proponentes, solicitan se exhorte a la Secretaría de Gobernación, realice la declaratoria de desastre natural de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit afectados por el huracán Patricia, el pasado 23 y 24 de octubre de 2015.

Consideraciones

Los proponentes señalan que los pasados 23 y 24 de octubre del año que transcurre, llegó a las costas de los Estados Unidos Mexicanos el huracán Patricia, provocando precipitaciones intensas en las costas de Colima, el occidente y sierra de Jalisco, así como el sur de Nayarit.

Al momento de tocar tierra, el Centro Nacional de Huracanes, confirmó que el huracán Patricia era considerado como categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson y lo catalogó como “extremadamente peligroso”.

Según afirmaciones del director de la Comisión Nacional del Agua, el huracán Patricia es el más intenso que se haya registrado en la historia de México.

Manifiesta, que el huracán Patricia se degradó rápidamente a nivel de “tormenta tropical”, el número 1 de la escala de Saffir-Simpson al momento de ingresar a territorio nacional, sin embargo dejó severos daños en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit.

En ese orden de ideas, y ante los hechos ocurridos, el pasado 30 de octubre, se emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los municipios de Arandas, Atengo, Atotonilco el Alto, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautla, Cuautitlán de García Barragán, El Salto, El Limón, Ejutla, El Grullo, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juchitlán, La Huerta, Mascota, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Gabriel, Tenamaxtlán, Tlaquepaque, Tolimán, Tomatlán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Zapopan y Zapotitlán de Vadillo del Estado de Jalisco, por la inminencia y alta probabilidad de impacto del huracán Patricia.

De igual forma, en la misma fecha se declaró como zona de desastre por lluvia severa e inundación a los municipios de Manzanillo y Tecomán y por lluvia severa a los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán y Villa de Álvarez del Estado de Colima.

Asimismo, en la fecha se referencia se declaró Emergencia Extraordinaria para los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, San Blas, Tecuala y Xalisco del Estado de Nayarit, por la inminencia y alta probabilidad de impacto del huracán Patricia.

Dichas declaratorias fueron emitidas en tu totalidad con el fin de que los municipios afectados puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación.

Tomando en consideración lo anteriormente vertido, esta Comisión Dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por los Diputados Juan Romero Tenorio y María Antonia Cárdenas Mariscal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ya se encuentra atendida.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre diversos municipios de Jalisco

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que declare como zona de desastre a diversos municipios del estado de Jalisco.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 27 de octubre de 2015, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que declare como zona de desastre a diversos municipios del estado de Jalisco.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 28 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

La proponente, solicita se exhorte a la Secretaría de Gobernación, declare zona de emergencia diversos municipios del estado de Jalisco, así como se liberen los recursos de apoyo a la población del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Consideraciones

La proponente señala que derivado de los monitoreos de diversos institutos meteorológicos encargados de rastrear el comportamiento de los fenómenos hidrometeorológicos, destaca el reporte dado a conocer por la Comisión Nacional del Agua, a través del cual informan que el huracán Patricia es considerado dentro de la clasificación 5, siendo este el más peligroso y más intenso; haciendo incapié en “que nunca hemos visto en el territorio nacional, no existe un antecedente de los huracanes que hemos tenido en el territorio nacional de esta magnitud, de esta intensidad”

De igual forma refiere que las zonas que se prevé serán las afectadas son aquellas que se encuentran en la costa, principalmente del estado de Jalisco.

En ese orden de ideas, y ante los hechos ocurridos, el pasado 30 de octubre, se emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los municipios de Arandas, Atengo, Atotonilco el Alto, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautla, Cuautitlán de García Barragán, El Salto, El Limón, Ejutla, El Grullo, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juchitlán, La Huerta, Mascota, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Gabriel, Tenamaxtlán, Tlaquepaque, Tolimán, Tomatlán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Zapopan y Zapotitlán de Vadillo del Estado de Jalisco, por la inminencia y alta probabilidad de impacto del huracán Patricia, declaratoria emitida con el fin de que dichos municipios puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden de la Secretaría de Gobernación.

Tomando en consideración lo anteriormente vertido, esta Comisión Dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ya se encuentra atendida.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha el asunto origen del presente dictamen, toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

Notifíquese a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica en contra), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se desechan, por temporalidad, las proposiciones con punto de acuerdo relativas a exhortar al titular del Poder Ejecutivo a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres en el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la H. Asamblea el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de los puntos de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de las proposiciones en las que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 8 de octubre de 2015, las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Cecilia Guadalupe Soto González, de los Grupos Parlamentarios Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, en el proceso de designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN);

2. Con fecha 8 de octubre de 2015, la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República, a fin de promover acciones afirmativas de género en la integración de la SCJN;

3. Con fecha 13 de octubre de 2015, el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al principio de equidad de género en la integración de la SCJN;

4. Con fecha 15 de octubre de 2015 la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo a fin de que la terna que envíe el Ejecutivo Federal para integrar la SCJN, se consideren criterios para avanzar en un representación paritaria de dicho órgano, y;

5. Con fecha 15 de octubre de 2015, la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al Senado de la República, para que en la elección de ternas de Ministros de la SCJN, se considere la paridad de género.

2. Fecha en que la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con punto de acuerdo fueran turnadas a la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis y Dictamen correspondiente.

2.1. En fecha 12 de octubre de 2015, se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

2.2. En fecha 12 de octubre de 2015, se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

2.3. En fecha 15 de octubre de 2015, se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

2.4. En fecha 16 de octubre de 2015, se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

2.5. En fecha 16 de octubre de 2015, se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

III. Contenido de las proposiciones con punto de acuerdo

Las proposiciones con punto de acuerdo, en su conjunto tiene por objeto, exhortar al Ejecutivo federal y al Senado de la República a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, y a considerar respectivamente la promoción de acciones afirmativas de género, sustentadas en los principios de igualdad y de paridad en el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se deberá cubrir las vacantes que a partir del 30 de noviembre de 2015 dejarán la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García de Villegas y el Ministro Juan N. Silva Meza, por lo que como acción afirmativa de género, en cumplimiento a los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, se sugiere que quienes se propongan por parte del Ejecutivo Federal para ocupar dichos cargos, sean mujeres con una trayectoria profesional y sólida en el Poder Judicial Federal preferentemente, y a su vez los integrantes del Senado de la República, tal y como lo mandata la Constitución, designen a las mujeres que cumplan con el perfil requerido y con ello generar las condiciones de paridad e igualdad en la conformación de nuestro máximo tribunal de justicia.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero la tutela de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Es decir, el marco constitucional define la protección de los derechos de todas las personas, para gozar de los derechos humanos que establece la carta magna, así como los tratados internacionales, constituyéndose con ello el principio de igualdad en su más amplio sentido universal.

Asimismo, en el artículo 4o. de la ley suprema en referencia, establece el principio de igualdad en los siguientes términos:

El varón y la mujer son iguales ante la ley...

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

Segunda. Ahora bien en lo referente a la terna que el Ejecutivo Federal tiene que enviar al Senado de la República, para la designación de los Ministros de la Suprema Corte cabe hacer las siguientes apreciaciones:

En primer término es de suma importancia el diferenciar lo que se debe entender por Igualdad, equidad y paridad, para ilustrar el fin que se pretende con la ejecución de la acción afirmativa que garantice la reivindicación y empoderamiento de las mujeres en la participación activa dentro del Poder Judicial de Federación, con la designación de dos mujeres ministras.

Así, la igualdad es un concepto que incluye el empoderamiento y el mismo trato de oportunidades; la equidad, significa reconocer la necesidad de un trato diferenciado en razón de las condiciones de vulnerabilidad o desventaja; y, la paridad, debe entenderse como el equilibrio en la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, en especial en lo que se refiere a los espacios públicos como el que nos ocupa, dentro del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país.

Es decir; en el caso que nos ocupa, hablamos de establecer la paridad que debe prevalecer en la integración de los 11 ministros que constituyen el pleno de la Corte, dando cumplimiento a la recomendación de la CEDAW, que en el cuerpo del presente dictamen se refiere.

Ahora bien, partimos de la idea de que si bien es cierto que el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los requisitos que se deben cumplir para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo estos los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o jefe de gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Concatenado a ello el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

...

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;

En ese sentido cobra relevancia el analizar el contenido del artículo 1o. de la Carta Magna, con la finalidad de establecer la relevancia por dar cumplimiento a los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, al ser instrumentos legales vinculantes que obligan al Estado Mexicano al cumplimiento de sus recomendaciones, en los siguientes términos:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Aunado a que el artículo 133 de nuestra ley suprema, a la letra dice: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Segunda. Que en el derecho interno mexicano rige la Ley General de Igualdad entre Mujeres y hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, y que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Tercera. En dicho contexto; si tomamos en consideración que el 23 de marzo de 1981, el Senado de la República de nuestro país ratifico la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, tratado internacional de carácter vinculante que obliga al Estado mexicano en su artículo 7 a, a lo siguiente:

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”.

De igual manera el Comité de la CEDAW, en relación al sexto Informe de México, en su recomendación numero 29 establece:

El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública.

Por su parte la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 dentro de sus Objetivos Específicos establece:

G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones”.

De igual forma las Nuevas Acciones emitidas en Beijing+5, XXIII Periodo de Sesiones AGNU de 2000, entre otras cosas establece:

66.a) Establecer y promover el uso de objetivos expresos a corto y largo plazo u objetivos medibles y, en los casos pertinentes, cuotas para promover el avance hacia el equilibrio entre los géneros, incluida la plena participación y acceso de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los ámbitos y niveles de la vida pública, especialmente en los puestos de adopción de decisiones...

Cuarta. Es de considerarse también que fue en la cumbre de Atenas hace ya 24 años, donde diversas ministras y ex ministras pusieron sobre la mesa la reivindicación de la democracia paritaria; es decir, la incursión y participación de las mujeres en los órganos de decisión. En dicha cumbre se señaló que la igualdad formal y real entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano y declaraban la necesidad de lograr un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres.

En concordancia con distintos informes de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres, CEDAW, por sus siglas en inglés, los cuales arrojan datos, de que aun la brecha de desigualdad en el empoderamiento de las mujeres en cargos superiores o de influencia en la toma de decisiones en nuestro país es amplia con relación al empoderamiento del que gozan los hombres.

El Apartado B del artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres establece:

Que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política del país y, en particular, garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

El Estado mexicano dentro de su marco jurídico cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; así como, proponer los lineamientos y mecanismos que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la Igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, fomentando y promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Quinta. Aunado a ello, derivado de la reforma política de 2014, que garantiza que los partidos políticos en la postulación de sus candidatos, deberán garantizar la paridad de género 50/50; la participación democrática de las mujeres en la toma de decisiones se ha garantizado, sin embargo, en lo que respecta a la participación de las mujeres en cargos de la administración de justicia, aun es lenta pero está en proceso, aun cuando hoy en día existen destacadas mujeres con trayectorias de mucho mérito en la ocupación de aquellos servicios públicos como el de la administración de justicia, haciendo carrera judicial en el inequitativo mercado de competencia por un espacio en el máximo Tribunal, dado que de un total de 395 jueces federales de distrito, solamente 96 son mujeres y los restantes 299 son hombres. En tanto que magistrados de circuito, de un total de 740, son hombres 610 y solo 130 son mujeres. En el caso de la Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un total de 11 ministros, tan sólo 2 son mujeres, lo que representa el 18 por ciento. Desde la primera designación de una mujer como ministra en nuestro país han pasado 54 años, y hasta la fecha solo 9 mujeres han podido acceder a un lugar dentro de la integración del pleno de la Corte con el cargo de Ministra, lo que refleja la brecha tan significativa, para lograr un verdadero empoderamiento de la mujer en órganos constitucionales tan importantes como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sexta. Al respecto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomienda lo siguiente, a efecto de que en los criterios para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y garantizar la paridad e igualdad de la participación de las mujeres: “que en los criterios y el procedimiento de selección se garantice que la integración del poder judicial, las fiscalías y defensorías, pueda reflejar la diversidad de las sociedades y, en particular lograr que los grupos pertenecientes a minorías o grupos insuficientemente representados, estén adecuadamente representados”. Agrega el informe: “En este sentido, por ejemplo, la Comisión Interamericana observa con preocupación la desigual participación de las mujeres en las entidades de justicia”

Séptima. Al hablar en el presente dictamen que en la designación que el Senado de la República realice, derivado de las ternas que el Ejecutivo federal le remita para el nombramiento de los ministros de la Corte, que deberán ocupar sus cargos derivado de la conclusión del periodo de dos ministros; se considera que con la finalidad de garantizar una participación en condiciones de paridad y equidad ante la constitución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de las mujeres, toda vez que actualmente de los 11 ministros que la integran, solo dos son mujeres y de ese total, una de ellas concluye su periodo el próximo 30 de noviembre de 2015, quedando solo una mujer al frente; y en cumplimiento a la recomendación de la CEDAW, Tratado Internacional del que nuestro país es parte y por ende se encuentra obligado a dar cumplimiento a la recomendación número 29 ya descrita en el cuerpo del presente. Y bajo el argumento de que con la consolidación de que el Ejecutivo federal tenga a bien hacer llegar al Senado de la República, las ternas integradas en su totalidad por mujeres destacadas en el ámbito jurídico reuniendo el perfil que señala el último párrafo del artículo 95 constitucional, constituiría la ejecución de una acción afirmativa, bajo el entendido, de que ésta constituye una estrategia destinada a alcanzar la igualdad de oportunidades a través de medidas que permitan contrastar o modificar aquellas discriminaciones que son resultado de prácticas, roles o estereotipos de género, creando un precedente que tiende a convertirse en una realidad para el empoderamiento de las mujeres dentro de la participación del máximo tribunal de nuestro país.

Octava. Como marco referencial a continuación un artículo que refleja la transición por la que ha pasado el roll de la mujer jurisconsulta en el Poder Judicial de la Federación; denominado “La historia de las mujeres en la Suprema Corte” del abogado y colaborador de la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz en la Suprema Corte, Julio Martínez Rivas, publicado en la revista Nexos el 7 de octubre de 2015, donde da una reseña la cual se transcribe a continuación:

La primer ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien sería designada en 1961.

Cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar ligado ante la “Suprema Corte y Confección”. Para contextualizar la designación de esta ministra, vale recordar que en 1955, apenas seis años antes, México celebró las primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto.

La ministra Salmorán cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, titulándose con la tesis “La condición de las mujeres en el derecho del trabajo”. Desde entonces consagró su vida entera al derecho laboral, asumiendo diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en 1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció una mujer).

La siguiente mujer designada fue la abogada de Pemex, Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien lamentablemente, nunca pudo resolver ni una solo sentencia en el tribunal constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su designación, la ministra Ayala falleció.

También en 1976 el presidente López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes (1916-1984) quien hasta entonces se había desempeñado como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal.

A finales de los años 40, la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones del Pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.

En 1983, a propuesta del presidente De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra Moreno, adscrita a las Salas Segunda y Cuarta, había sido Secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte, así como Juez de Distrito en materia administrativa.

En 1985, se propuso al cargo a la ministra Victoria Adato Green, abogada penalista muy activa. Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, subprocuradora y, posteriormente, procuradora de Justicia de la Ciudad de México.

Tras la reforma constitucional de 1994 la ministra Adato Green se retiró de la Suprema Corte, incorporándose como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la CNDH.

Si bien en 1985, la ministra Adato Green fue designada ministra numeraria, el mismo año se integró a la Corte como supernumeraria la agrarista Martha Chávez Padrón, primera doctora en derecho con mención honorifica de la UNAM. Además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos, la ministra Chávez Padrón fue senadora y diputada federal por el PRI.

También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquís de Duarte. Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por el PRI, así como dirigente de la CNOP y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido.

El presidente De la Madrid propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco mujeres de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después, cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.

Así, la última mujer designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita Luna Ramos, mujer chiapaneca formada completamente en el Poder Judicial de la federación; ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, juez de distrito, magistrada de circuito y consejera de la Judicatura Federal.

Novena. Si bien la Suprema Corte enfrenta un gran desequilibrio en cuanto a la participación de las mujeres en su integración, la futura salida de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas agudiza aún más este desequilibrio; es por ello que se considera viable el ejercicio de exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que la terna que tenga a bien enviar al Senado de la Republica se integre en su totalidad por mujeres que cumplan con el perfil que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es justo en el Poder Judicial Federal donde se presentan infinidad de los reflejos sociales, culturales e interinstitucionales con respecto a la discriminación por motivo de género, donde se debe reforzar la participación de las mujeres, como una Acción Afirmativa encausada al empoderamiento de las mujeres y lograr el anhelado equilibrio democrático participativo, bajo el principio de la Igualdad. Toda vez que los mecanismos de Acción Afirmativa son medidas establecidas por organismos internacionales y nacionales, a fin de acelerar la igualdad de facto entre ambos sexos, buscando compensar la discriminación sufrida por las mujeres y brindando igualdad de oportunidades con respecto a los hombres en los procesos de toma de decisiones.

Décima. Es por ello que esta Comisión considera procedente el que la Cámara de Diputados exhorte de manera respetuosa y en respeto a la División de Poderes, al Ejecutivo Federal, a efecto, de que en la presentación de las dos ternas para ocupar el cargo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea considerado única y exclusivamente mujeres y con ello ejecutar una acción afirmativa en cumplimiento a la suscripción de los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte y que a su vez, el Senado de la República nombre a las mujeres que cumplan con el perfil para el cargo, tal como lo mandata el último párrafo del artículo 95 de nuestra Carta Magna.

Undécima. Dentro de la exposición de motivos, las y los legisladores promoventes hacen mención:

La participación de las mujeres en los tres Poderes que integran la República, para el caso del Estado mexicano, ha sido históricamente débil, no en la calidad de sus participaciones, sino en la cantidad de espacios públicos de decisión a los que pueden acceder y en los que pueden incidir.

El Poder Judicial no ha sido la excepción, sobre todo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha sido limitado el número de mujeres que han tenido el honor de llegar a ser ministras.

El poder de nominar candidatos a ministros compete al presidente de la República. El precepto, en su configuración original de 1917, confería dicho poder a las legislaturas de los estados. No obstante, el alto número de candidatos que el sistema permitía en los hechos, motivó el establecimiento de un filtro que estipulaba una votación previa entre los diputados y senadores, con el objeto de que sólo los dos aspirantes que hubieren obtenido el mayor número de votos pudieran ser considerados para la elección y designación definitivas. El sistema se modificó en 1928, confiriendo al presidente el poder de nominar a un único candidato para ocupar la vacante existente.

La reforma constitucional de 1994 estableció los perfiles actuales del sistema. Mantuvo la nominación presidencial pero modificó su forma, la nominación individual se transformó en una nominación compuesta que propicia que cada vez que se produzca una vacante, el Presidente deberá enviar al Senado una lista con el nombre de tres personas para que éste elija y nombre a quien deberá ocupar la toga respectiva.

El sistema de termas vigente comenzó a utilizarse en noviembre de 2003. Con este método se han nombrado a seis ministros.

Cabe precisar que a diferencia de las cuotas, la paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la representación descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión de los rumbos que debe tomar el país. Parte de un entendimiento inclusivo de la democracia y de un enfoque integral de la igualdad. El objetivo de la paridad es reflejar en los órganos democráticos y de toma de decisiones la composición de la población, la cual debe cumplirse dentro de todas aquellas instituciones públicas en las que se toman decisiones por ende dentro de la conformación del Poder Judicial, en el caso particular que nos ocupa; en las ternas que el Ejecutivo Federal mandará para aprobación del Senado de la República, en las que de considerarlo procedente, deberán integrarse exclusivamente por mujeres.

Decimosegunda. La comisión dictaminadora ve con optimismo las propuestas de las y los legisladores proponentes por los razonamientos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, por lo que;

Decimotercera. Esta comisión considera que los puntos de acuerdo en estudio son viables; toda vez, que con ellos se lograría reivindicar la paridad de género al interior del Poder Judicial de la Federación, al colocar en el máximo tribunal del país a dos ministras sumando en total tres con la que está en ejercicio del cargo actualmente, lo que representaría el 27 por ciento en la participación de las mujeres dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el cargo de ministras.

Decimocuarta. Por lo que respecta a la pretensión del exhorto al Ejecutivo Federal con la finalidad de presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, cabe hacer mención que con fecha 13 de noviembre del año 2015, por conducto del consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, el referido Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República las dos ternas de las y los candidatos que propone para ocupar los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, base del presente dictamen.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, pone a consideración los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo relativas a exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, en el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enunciadas en el apartado de antecedentes.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/ stories/cedaw/cedaw/ca_08.pdf

6 Ibídem

7 http://www.un.org/womenwatch/daw/ cedaw/text/sconvention.htm

8 6 Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2010.pdf

9 https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/documents/publicaciones/ Que-PJF.pdf (Qué es el Poder Judicial de la Federación).

10 “La historia de las mujeres en la Suprema Corte”, del abogado y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte, Julio Martínez Rivas, publicado en la revista Nexos, el 7 de octubre de 2015.

11 http://equidad.scjn.gob.mx/

Palacio Legislativo, a los 26 días del mes de noviembre del 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila, Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la sentencia dictada en contra de Leopoldo Eduardo López Mendoza, líder venezolano de la oposición, en virtud de que no es definitiva y se encuentra sub judice

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo respecto a la sentencia dictada en contra del disidente venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen en sentido negativo, de conformidad con los siguientes apartados:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la proposición.

III. Punto de acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de acuerdo.

Antecedentes

I. Con fecha 29 de septiembre de 2015, el diputado Hugo Éric Flores Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo relativo a la sentencia judicial decretada al líder opositor venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza.

II. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada a esta comisión para su estudio y dictamen.

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en sus consideraciones lo siguiente:

“Desde el 2014, la organización no gubernamental Amnistía Internacional, emitió un pronunciamiento en torno a las múltiples violaciones a los derechos humanos que prevalecían en la República Bolivariana de Venezuela, señalando “la grave situación por la que atraviesa el país”.

Dicha organización, denunció y documentó casos de tortura, abusos, detenciones arbitrarias, indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, durante las protestas en el estado de Táchirael el 12 de febrero de 2014. De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, hasta marzo de año 2014, las manifestaciones habían dejado un saldo de al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas y 2 mil 157 detenidos.

Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el gobierno Venezolano señaló a Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”.

El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia. En una entrevista exclusiva vía telefónica que realizó la cadena televisiva CNN en Español, Leopoldo López habló sobre su encarcelamiento, denunciando las duras condiciones penitenciarias que ha soportado en su primer año como preso político pues se ha enfrentado a tortura y a situaciones inhumanas.

Del proceso contra Leopoldo López, ha trascendido que se trata de un proceso plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Pese a que él es un civil, pasó 17 meses y 5 días en una prisión militar antes de iniciar su juicio.

Se puede resumir que Leopoldo López fue injustamente condenado a 13 años y 9 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, supuestamente por instigación a la violencia, cuando el mundo fue testigo de la represión del gobierno venezolano en contra de manifestantes, lo que provocó que 43 personas perdieran la vida, más de 1,000 terminaran heridos y casi 4,000 detenidos.

En octubre de 2014, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Venezuela la liberación de Leopoldo López. En 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que no encontró justificación para el arresto y encontró que el derecho de Leopoldo López para ser presentado ante un tribunal fue violado. El grupo afirmó que el proceso en su contra fue debido a su posición política, por lo que su detención es considerada como arbitraria.

Que según lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios Normativos:

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proposición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas y hacer recomendaciones al respecto.

Que el pasado 18 de septiembre, el Senado de la República condenó la injusta sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López y hace suya la Resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que ha señalado violaciones en el debido proceso. En este sentido, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse sobre la injusta sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López; a través de una proposición con punto de acuerdo que a continuación se describe:

“Compañeros y compañeras legisladores, no podemos permanecer indiferentes ante tal contravención de los derechos humanos e inobservancia de la democracia en nuestro continente en pleno siglo XXI”.

Es por esto que coincidiendo en posturas y en respaldo al punto de acuerdo propuesto en el Senado el pasado 18 de septiembre, someto de esta soberanía, la siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados expresa su desaprobación ante la sentencia judicial decretada al líder venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza.

Segundo. Solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores emita su pronunciamiento sobre la sentencia judicial decretada al líder Leopoldo López, y se une, en la medida de sus posibilidades, a coadyuvar para que la Secretaría cumpla su visión de “hacer de México un país con una presencia constructiva en el mundo, a través de una política exterior responsable y activa y no permanecer impasibles en el presente caso”.

Consideraciones

I. Los diputados integrantes de esta comisión, en la primera reunión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2015, analizamos, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con punto de acuerdo sometida por el diputado Hugo Éric Flores Cervantes.

II. La Comisión de Relaciones Exteriores, al analizar el punto de acuerdo de mérito, valoró el hecho de que la sentencia a que se refiere la proposición fue recurrida por el agraviado, Leopoldo E. López Mendoza y, por lo tanto, la resolución se halla en revisión por el Tribunal de Casación de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, la sentencia hoy impugnada no es definitiva y, por lo tanto, esta honorable Cámara de Diputados está impedida para pronunciarse al respecto.

III. Según lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo en la conducción de la Política Exterior, deberá observar los siguientes principios normativos:

• La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora someten a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, relativa a la sentencia dictada en contra de Leopoldo Eduardo López Mendoza, líder venezolano de la oposición, en virtud de que dicha sentencia no es definitiva y se encuentra sub judice. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente: María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la solicitud de no enviar al Senado, para su aprobación, el Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputado le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto a que no sea enviado para su ratificación al senado de la República el convenio bilateral de transportes aéreos entre México y Estados Unidos.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el presente Dictamen, en sentido negativo, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la proposición.

III. Punto de acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de acuerdo.

Antecedentes

I. Con fecha 3 de septiembre de 2015, los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Concepción Villa González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo relativo a la ratificación del convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos.

II. En la misma fecha, 3 de septiembre de 2015, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen. Por lo que en ese acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la proposición

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El Convenio de Chicago, sobre aviación civil internacional firmado en 1944 tuvo por objeto actualizar las normas de aviación. Firmado después de la Segunda Guerra Mundial, este convenio regulaba de manera liberal los aspectos de navegación y tráfico aéreo. En este documento se establecieron las cinco primeras “libertades del aire”, en la actualidad existen nueve. Estas libertades, en Derecho Aeronáutico, son una serie de derechos relativos a la aviación comercial que garantizan a las aerolíneas de un país entrar en el espacio aéreo de otro país y aterrizar en éste.

1) Libertades Técnicas:

• Primera Libertad: El derecho de volar sobre el territorio de otro estado sin aterrizar.

• Segunda Libertad: El derecho de aterrizar en el territorio de otro estado por razones técnicas.

2) Libertades Comerciales:

• Tercera Libertad: El derecho de desembarcar pasajeros, correo y carga, tomado en el territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

• Cuarta Libertad: El derecho de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

• Quinta Libertad: El derecho de tomar y el de desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados.

3) Otras Libertades:

• Sexta Libertad: El derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial entre otros dos estados vía su propio territorio.

• Séptima Libertad: El derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial enteramente fuera de su territorio.

• Octava Libertad: El derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial dentro del territorio de otro estado (cabotaje).

• Novena Libertad: Permiso referido a aerolíneas de un estado para operar en régimen de 7° libertad a partir del tercer estado más allá de su territorio.

En noviembre de 2014 los gobiernos de México y E.U., modificaron el Convenio Bilateral en Materia de Aviación. Tras su firma, se estableció que las aerolíneas cargueras de Estados Unidos y de México eliminaran restricciones al aplicar la quinta y séptima libertad; con esto, podrán despegar desde Estados Unidos, cargar mercancía en México y continuar volando hacia un tercer país, esquema conocido como quinta libertad del aire. Del mismo modo, podrán partir desde México hacia un tercer país, sin haber estado previamente en Estados Unidos; dicho esquema se conoce como séptima libertad del aire. Las aerolíneas mexicanas tendrán los mismos beneficios para operar en Estados Unidos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró que no se autorizarán la 8ª y 9ª Libertades Internacionales (cabotaje), es decir, vuelos entre ciudades mexicanas operados por aerolíneas estadounidenses. Este Convenio modificado tiene que ser ratificado en el Senado y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016.

A partir del anuncio de las modificaciones al Convenio Bilateral de Transportes Aéreos, varias organizaciones sindicales y colegios en esta materia, formaron el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN). Ellos declaran estar en contra del convenio aéreo bilateral porque las nuevas libertades, se autorizarán con menos restricciones y porque esto representa, en la práctica, la autorización de la política de cielos abiertos.

La quinta libertad aérea representa la posibilidad de que, cualquier aerolínea, tanto de Estados Unidos como de México, pueda realizar servicios aéreos desde cualquier punto, o varios puntos, entre ambos países y continuar a un destino posterior. Eso significa para las aerolíneas estadounidenses una mayor ventaja competitiva, ya que, además de poseer una mayor flota, podrían realizar y vender, vuelos que vengan de EU y aterricen en la Ciudad de México -por citar sólo un ejemplo- a cualquier destino de Centro o Sudamérica.

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), emitió un comunicado con fecha del 23 de septiembre de 2015, en donde niega que este convenio bilateral contemple la apertura de cielos. En el mismo sentido, aseguró que se mantendrían las libertades aéreas ya autorizadas, mientras que las nuevas se autorizarían, estudiándose caso por caso, y sin perjudicar a la industria aérea nacional. Sin embargo, han omitido mencionar que en un acuerdo paralelo fechado el día 28 de mayo de 2015, el gobierno de México y el de Estados Unidos se ofrecen y otorgan más libertades aéreas, de las que se habían negociado en el texto del memorándum de consulta.

La SCT afirma que solo se busca flexibilizar el tráfico aéreo para, “aumentar la conectividad y el crecimiento económico de las naciones”. De igual manera, declara que: “el convenio generará oportunidades significativas, tanto para que las aerolíneas cargueras mexicanas incrementen su penetración en mercados internacionales, como para que el país aproveche su ubicación estratégica y esto sirva como una plataforma logística donde, además de que se reciban y envíen un mayor número de mercancías, se añada un valor agregado a las mismas”.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con el Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., realizaron un estudio sobre las condiciones de competencia en la industria aérea nacional. De acuerdo con los resultados, México no está en condiciones de competir con las aerolíneas estadounidenses. La liberalización del Convenio Binacional de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos, requiere que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantice equidad para que la industria aérea nacional esté en condiciones de competir en igualdad de circunstancias.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo que representa la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en los casos de investigación al sector aéreo, el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN), señaló: “Si la Cofece está considerando la entrega del control de slots, o sea, horarios de despegue y aterrizaje, puertas de salida y otras concesiones, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM) a competidores estadounidenses a través del nuevo convenio bilateral, se estaría poniendo en grave riesgo la fuente de empleo de cientos de trabajadores de la aviación nacional”. Nos oponemos a una política de “cielos abiertos”, pues la aviación nacional no está en condiciones de competir con la de Estados Unidos, la cual tiene una flota mucho mayor al igual que oferta de asientos; ellos cuentan con 75.3% del mercado y México solo el 24.7%, Estados Unidos posee siete mil aviones, a diferencia de México que solo cuenta con 350 aviones en su flotilla.

El FDAN declara que el Convenio Bilateral no cumple con las salvaguardas de seguridad de temporalidad, gradualidad y posibilidad de concretar alianzas profundas (antitrust immunity). De igual manera asume el compromiso de establecer y mantener las políticas internacionales de asignación de horarios de despegue y aterrizaje en el AICM, que en principio exigieron y a las que se comprometieron a cumplir los dos países. Este convenio será presentado en las semanas siguientes ante el Senado para su ratificación.

De aprobarse el Acuerdo Bilateral en materia de Aviación en los términos en que actualmente se está negociando por los Estados parte, se otorgarían facilidades a la industria estadounidense para entregarles slots y rutas que pondrían en riesgo miles de empleos de la industria aeronáutica nacional. Estadísticas señalan que por cada avión que deje de volar se perderían aproximadamente 120 empleos directos. Debido a ello, es necesario se respeten las salvaguardas de equidad entre los dos países y se establezcan en el Convenio antes de su ratificación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo, Lic. Enrique Peña Nieto a que no sea enviado para su ratificación al Senado de la República, el Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos, hasta que el Gobierno Estadounidense cumpla el compromiso de garantizar las condiciones de equidad para la industria aérea mexicana mediante acuerdos de alianzas profundas (Antitrust Immunity).”

Consideraciones

I. Los Diputados y Diputadas, integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria de la misma, celebrada el 28 de octubre de 2015, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con Punto de Acuerdo sometida por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Concepción Villa González.

II. Es importante considerar que el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, señala como facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior y aprobar, en su caso, los tratados internacionales, por lo que se entiende que, una vez analizado el tratado de marras, el Senado habrá de contar con los elementos suficientes para su dictamen, ya sea en sentido positivo o negativo. Por lo tanto, esta Soberanía no está en aptitud de hacer la solicitud al Ejecutivo en el sentido de que deje de enviar al Senado, para su análisis, el citado tratado internacional.

A mayor abundamiento, el artículo 76 constitucional, antes citado, en su parte relativa expresa:

“Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado:

I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal...

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos...”

I. Debido a lo anterior, esta Comisión considera de suma importancia que las comisiones facultadas de dicha cámara legislativa realicen su labor de análisis y dictamen de tratados correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la solicitud de mérito, en virtud de que, por disposición constitucional, el Ejecutivo Federal tiene la ineludible obligación de presentar los tratados internacionales al Senado para su análisis y posible aprobación. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica en abstención), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica en abstención), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desechan proposiciones con puntos de acuerdo relativos a la solicitud al Ejecutivo federal para que retire la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México a formar parte del Comité contra la Tortura de la ONU

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, dos proposiciones con punto de acuerdo, mediante las que se solicita al Ejecutivo Federal el retiro de la nominación del Señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea presente Dictamen, en sentido negativo, de conformidad con los siguientes apartados:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de Acuerdo.

Antecedentes

I. Con fecha de 29 de septiembre y 13 de octubre de 2015, los Diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentaron a consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al titular del Ejecutivo Federal el retiro de la nominación del Señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Relaciones Exteriores por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, en sentido negativo.

II. En virtud de que, una vez revisadas las dos proposiciones con punto de acuerdo, se advirtió de que se trata de la misma proposición, se emite un solo dictamen de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la proposición

Los proponentes señalan expresamente en sus consideraciones:

1. “El Estado mexicano nominó, el pasado 29 de abril, a Miguel Sarre Iguíniz, como candidato de México para participar en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

2. Experto reconocido, con amplia experiencia e independencia en materia de tortura y derechos humanos, su propuesta para ser integrante del Comité contra la Tortura responde a que su trayectoria cuenta con haber sido miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, un órgano emanado de un tratado internacional del sistema de protección a los derechos humanos de ONU (sic).

3. Por ello, la notificación, sin justificación alguna, que el pasado 16 de junio de 2015 envió el Gobierno mexicano al Comité contra la Tortura a través de la Cancillería para retirar la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz, nominando en su lugar al Señor Claude Heller Rouassant, generó gran extrañeza e indignación entre las organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos humanos y acompañan a víctimas de tortura.

– Es así que el 23 de junio y 10 de julio, del presente año, enviaron sendas cartas al entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. José Antonio Meade Kuribeña. Ya la embajadora de Austria en México, respectivamente, en las que expresaban su malestar por el retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz y la nominación de Claude Heller Roussant.

4. Así también, más de 80 organizaciones, 75 de ellas integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derecho Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que trabaja por los derechos humanos en 21 estados de la República Mexicana, emitieron una comunicación pública en el mismo sentido.

5. Por compartir las preocupaciones expresadas en estos tres documentos, queremos unirnos a la solicitud que han planteado al Titular del Ejecutivo Federal a través de la Cancillería y vamos a transcribir sus principales argumentos en relación con el retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iníguez y la nominación de Claude Heller Roussant:

a) ...las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro rechazo por el retiro y sustitución de candidaturas que el gobierno mexicano ha realizado en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

b) El Comité contra la Tortura es un órgano creado por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho Comité tiene entre otras facultades la de llevar a cabo revisiones periódicas a Estados parte de la Convención y la de conocer casos contenciosos que víctimas de tortura y otros malos tratos presentan en contra de Estados que han reconocido la competencia del Comité en este rubro. México es Estado parte de la Convención y aceptó la competencia contenciosa del Comité.

c)... el Comité adoptó sus observaciones finales en la última revisión realizada al Estado mexicano. En 2012, en las que formuló diversas recomendaciones dados los niveles de incidencia de la tortura en México y la impunidad en torno a esta grave violación a los derechos humanos. Asimismo, el Comité ya se encuentra conociendo casos contenciosos presentados en contras del Estado Mexicano, mismos que se encuentran pendientes de ser resueltos por dicho órgano.

Exponen entre sus argumentos las directrices de Addis Abeba que establecen la importancia de la independencia y la imparcialidad de quienes integren los comités, relatorías y demás instrumentos que se han creado a partir de los tratados de derechos humanos:

Los miembros de los órganos creados en virtud de tratados no solo serán independientes e imparciales, sino que deberán parecerlo a juicio de un observador razonable.

Asimismo, las directrices exponen que:

Los conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales [...]

6) Es importante comentar, que hay un reconocimiento de las organizaciones que firman las cartas y el comunicado de que el señor Claude Heller ha sido un diplomático mexicano de carrera con larga trayectoria, quien ha desempeñado varios cargos como embajador y representante de México ante organismos internacionales. Sin embargo, señalan que de la revisión de esa trayectoria no se encuentra ninguna experiencia ni especialización en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, por lo que consideran que:

a) ... su cargo como Embajador Eminente de México pone en tela de juicio la independencia que, de acuerdo a lo antes señalado en las Directrices de Addis Abeba que deben tener los integrantes del Comité contra la Tortura frente a los Estados parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes;

Manifiestan su inquietud de que:

b)... con el manejo político de las nominaciones, el Estado Mexicano busque tener un mayor control sobre el Comité contra la Tortura, afectando la independencia del organismo, lo que a su vez produciría efectos negativos no solamente en la protección de la integridad personal de la población en México, sino en la protección de todos los Estados parte de la Convención señalada;

Y recuerdan, la postura de confrontación con el Relator Especial sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la ONU, Juan Méndez, que mantuvo el Gobierno Federal cuando éste presentó su Informe:

En mayo de 2014, tras una visita a México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: “Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.

c) ....no pasamos por alto que este actuar del Gobierno Federal se enmarca en la presentación del informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes a raíz de su visita a México en 2014, en el cual señaló que la tortura continúa siendo una práctica recurrida por las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno y manifiestan su preocupación de que ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la incidencia de dichos organismos a fin de invisibilidad el problema de la tortura en México, esto en lugar de acatar las recomendaciones de dichos organismos y promover un mayor escrutinio de los mismo sobre la situación de la tortura en México.

Solicitan a Cancillería que revise:

d)... la situación de las nominaciones del Estado Mexicano en la integración de órganos internacionales, a fin de promover perfiles expertos e independientes para la elección de integrantes del Comité contra la Tortura y de futuras elecciones en otros órganos internacionales de protección a los derechos humanos y que el Gobierno Mexicano señale las razones por las que se retiró la candidatura del señor Miguel Sarre Iguíniz y remitirlas a las organizaciones firmantes de la presente comunicación.

Informan que han solicitado a los países miembros de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes NO respaldar la candidatura propuesta por el Gobierno Mexicano;

Y por último: solicitan al Presidente Enrique Peña Nieto retire la candidatura del Sr. Claude Heller para integrar el Comité contra la Tortura.

7. Órganos de derechos humanos de la ONU, han emitido desde principios de 2007, diversas recomendaciones al Gobierno Mexicano para cuestionar el paradigma militarizante de la seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones a derechos humanos, especialmente la tortura, as desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales y han exigido legislación conforme estándares internacionales del uso legítimo de la fuerza que permitan contar con medidas de control para que no se cometan arbitrariedades y abusos por agentes del Estado, es decir, para prevenir la tortura.

8. Por otra parte, en 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en México.En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el periodo 2003 a 2013.

Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigó a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes.

El informe de marras señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes.

9. El Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU ha convocado a su 15ªReunión para el 8 de octubre de 2015, con el objetivo de elegir, de conformidad con el artículo 17, párrafos 1 a 5, de la Convención Internacional en la materia, a cinco miembros del Comité contra la Tortura cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2015; es por ello, que estamos presentando tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el retiro de la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.”

Consideraciones

I. Los diputados y diputadas, integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria de esta Comisión, celebrada el 28 de octubre del año en curso, analizamos, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminarían las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo.

II. En las proposiciones con punto de acuerdo referidas, que hacen el mismo planteamiento, solicitan que se retire la nominación del señor Claude Heller para ser electo como integrante del Comité contra la Tortura de la ONU. Sin embargo, desde el pasado 8 de octubre del presente año el señor Claude Heller fue electo por el propio Comité contra la Tortura de la ONU, de entre 14 candidatos. Por lo tanto, y dado que la elección ya fue realizada por el propio Organismo, se determina que las proposiciones con punto de acuerdo han quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, someten a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo, en virtud de que han quedado sin materia. Por lo tanto, archívense las mismas como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que declare alerta epidemiológica por rickettsiosis en Mexicali, Baja California

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha 15 de septiembre de 2015, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud declare alerta epidemiológica por rickettsiosis, en Baja California y que en coordinación con el gobierno de Baja California, vigilen la aplicación y cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica, de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial, en relación con el brote epidemiológico de rickettsiosis, en Mexicali, Baja California.

El 15 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente, con número de expediente 087.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El diputado proponente comenta que la muerte por el brote epidemiológico de rickettsiosis, en Mexicali, Baja California se ha incrementado, lo que resulta muy preocupante

2. Subraya que es necesario que se aplique lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial y la alerta sanitaria implementada en el estado para controlar el brote epidemiológico de rickettsiosis, en Mexicali, Baja California.

El resolutivo propuesto es el siguiente:

Primero. Esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que declare alerta epidemiológica por rickettsia, en el estado de Baja California, y para que vigile la aplicación de la norma oficial mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial en relación con el brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Baja California, para que aplique lo estipulado en la norma oficial mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial y la alerta sanitaria implementada en el estado para controlar el brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en una revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, además de la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor.

1. Según datos de la Secretaría de Salud el primer caso documentado de rickettsia en Mexicali, se presentó en 2009; desde su aparición, los casos detectados y los fallecimientos a causa de la enfermedad han ido en aumento; como lo demuestran las cifras del sector salud:

En 2009: Fallecieron 9 Personas; 2010: 12 Personas; 2011: 8 Personas; 2012: 15 Personas; 2013: 19 Personas; 2014: 25 Personas; y a septiembre 2015, ya se reportan 20 decesos a causa del padecimiento.

2. Por lo antes expuesto estas enfermedades se han convertido en un fenómeno preocupante en Baja California, particularmente en el municipio de Mexicali, aunque a la fecha ya se han presentado casos en los municipios de Ensenada y Tecate.

3. Por otra parte, la Ley General de Salud establece en su artículo 181 que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud; así mismo, que el Ejecutivo Federal podrá declarar, mediante decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria en materia de salubridad general.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”... “Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

2. En materia de tratados internacionales, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, como ejemplo se citan los tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos.

3. En México, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Sinave, se realiza la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes.

4. La Ley General de Salud contempla como materia de salubridad general la vigilancia epidemiológica, y que la Secretaría de Salud establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, mediante las disposiciones establecidas en la norma oficial mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica.

5. La norma oficial mexicana NOM-017-SSA2-2012 define una alerta epidemiológica como el “comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente a la salud de la población y o de trascendencias social, frente al cual es necesario ejecutar acciones de salud inmediatas y eficaces, a fin de minimizar o contener su ocurrencia.” Las condiciones de presencia de la rickettsia en Baja California, aún no cumplen con las normas oficiales para la declaratoria de emergencia epidemiológica con fundamento en el Sinave 2015 como se explica a continuación;

6. Se definió la alerta como un evento epidemiológico inminente que representa un daño a la salud de la población y o de trascendencia social, dichos eventos pueden ser:

• La aparición súbita de riesgos que requieran intervención inmediata por representar potencial daño a la salud de la población.

• Cualquier evento que genere exposición humana a substancias tóxicas u otro agente o substancia.

• Ocurrencia de brotes, independientemente de su naturaleza o causa; de padecimientos transmisibles o no.

• Identificación de enfermedades de declaración obligatoria, como: casos de cólera, sarampión, fiebres hemorrágicas, poliomielitis, entre otras.

• Enfermedades relacionadas con liberación intencional de agentes químicos o biológicos.

• Padecimientos que sean de elevada trascendencia y vulnerabilidad a la salud de la población como; influenza estacional o aviar; peste o fiebre amarilla.

• Las que consideren los titulares de los comités de vigilancia epidemiológica en el ámbito estatal y nacional.

7. Las alertas epidemiológicas se emiten en diferentes niveles: Nivel local. Es el nivel en el que generalmente se detecta y actúa ante la emisión de una alerta. No está facultado para emitir alertas. Nivel jurisdiccional. Constituye el primer nivel de análisis de riesgos potenciales a la salud de la población para su mitigación. Estos pueden ser de índole local o con potencial de dispersión a otras áreas. Las alertas a este nivel deberán ser elaboradas en el seno del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológico y avaladas por el nivel estatal. Nivel Estatal. Este nivel tendrá competencia para la emisión de alertas que involucren eventos que afecten solamente su ámbito de administrativo (local, jurisdiccional y estatal de acuerdo con la estructura organizacional de cada entidad federativa). Las alertas deberán ser elaboradas en el seno del Comité Estatal de Vigilancia y enviar copia al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica para verificar que cumpla con los lineamientos específicos. Nivel Federal. Las alertas en este nivel son elaboradas y avaladas en el seno del Conave, comité único facultado para la emisión de alertas de orden nacional o internacional. El Diputado proponente, solicita se exhorte a la Secretaría de Salud para que haga la declaratoria de alerta epidemiologia y la aplicación de la NOM-032-SSA2-2010, sin contemplar los lineamientos establecidos dentro del protocolo de declaratoria de alerta epidemiológica en ninguno de los niveles establecidos por la norma oficial mexicana.

8. Ahora bien, dentro de la exposición de motivos del punto de acuerdo que hoy nos ocupa, se hace mención que en muchas ocasiones no se da el tratamiento adecuado y oportuno a enfermedades difíciles de identificar en sus síntomas, lo cual contribuye de manera directa a su agravamiento, ya que genera repercusiones de mayor gravedad en la salud del paciente, que incluso pueden llevarlo a la muerte.

9. También se considera en la propuesta la necesidad de declarar alerta epidemiológica de las medidas por rickettsia en Baja California y que a la vez se observe el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-032-SSA2-2010, para la vigilancia epidemiológica de las medidas tomadas para el control del brote de ricketsiosis, en la ciudad de Mexicali.

10. En la misma norma a que hace referencia el diputado proponente, se define como rickettsiosis al grupo genérico de enfermedades producidas por el vector (garrapata café del perro) que transmite el parásito ricketsia y que causa estas enfermedades, denominado por la misma ley como rickettsiosis. Para este padecimiento la norma oficial mexicana considera un esquema de tratamiento para pacientes, precauciones especiales que la ciudadanía debe arraigar con el objeto de controlar el aumento de padecimientos, de los cuales primordialmente se desprenden dos acciones: Sanitarias de tratamiento de la enfermedad y Sanitarias de higiene para prevención de la misma.

11. Actualmente la Secretaría de Salud de Baja California está llevando a cabo una campaña intensa, tanto en medios electrónicos y de manera física sobre el combate de la rikettsia, concientizando a la gente a que tome las precauciones necesarias a fin de proteger a la gente de este padecimiento.

12. Como resultado del análisis esta comisión dictaminadora, considera que el punto de acuerdo en estudio no es viable ya que, como se resaltó anteriormente, el gobierno estatal de Baja California y el gobierno federal con base en el Programa de Acción, Prevención y Control de las Rikettsiosis, se le ha dado seguimiento con el objetivo de incrementar los esfuerzos, estudios, programas, campañas, entre otras acciones necesarias de primera instancia para atender el tema en relación con el brote epidemiológico que se está presentando en la ciudad de Mexicali, así como también en otras áreas afectadas del país.

13. Aunado a lo anterior, y para darle más veracidad al argumento antes esgrimido, la Secretaría de Salud por medio de la Dirección General de Epidemiologia, elaboró los Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de la Rickettsioisis por Laboratorio, en los que se especifica puntualmente la clasificación de la enfermedad y su debida atención, a la cual se le ha dado suficiente publicidad por ambos órdenes de gobierno.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud declare alerta epidemiológica por rickettsiosis, en Baja California, y a la par con el gobierno de Baja California, vigilen la aplicación y cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial, en relación al brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado federal José Alfredo Ferreiro Velazco.

Segundo.Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Nota:

1 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlRickettsio sis2013_2018.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la atención médica del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, en el hospital regional Adolfo López Mateos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 6 de octubre de 2015, el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la atención médica del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, en el hospital regional Adolfo López Mateos.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 423/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

El proponente considera que el derecho a la salud debe ser progresivo, de acuerdo al nivel de desarrollo y de los recursos disponibles para llegar a la satisfacción del mismo. Sin embargo, estima que hoy se ha convertido en una materia recurrente en la violación de los derechos humanos en México.

Señala que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la violación al derecho a la salud presume: a) el abandono de paciente; b) el aislamiento hospitalario o penitenciario por tener la condición de seropositivo o enfermo de VIH; c) la deficiencia en los tramites médicos; d) la falta de notificación de estado de salud de VIH; e) la investigación científica ilegal en seres humanos; f) la negativa de atención médica; g) la negativa de atención médica por tener la condición de seropositivo o enfermo de VIH; h) la negativa o inadecuada prestación de servicio público; i) la negligencia médica y j) la violación del derecho a la protección a la salud.

Además señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que “las instituciones encargadas de proteger el derecho a la salud en nuestro país muestran profundos problemas para atender las demandas de la población mexicana, lo cual se observa en las diversas quejas que al respecto recibe dicha Comisión. Las más frecuentes son la omisión de proporcionar atención médica, negligencia médica, abandono del paciente, aislamiento hospitalario, integración irregular de expedientes clínicos, deficientes trámites médicos, violencia obstétrica, suministro de medicamentos, servicios de hospitalización, información sobre el estado de salud e implementación de infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud, entre otros”.

El diputado cita el informe del ISSSTE sobre el fallecimiento de su Director General, el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, publicado en el boletín de prensa, de fecha 23 de mayo de 2015, señala que tras su muerte, el 4 de septiembre de 2015, circuló un video donde claramente se observa que se se violan los protocolos de atención médica (NOM 027-SSA-2013).

El legislador expone en su proposición que el ISSSTE informó que se investigará la muerte de su Director, Sebastián Lerdo de Tejada y que la prestación de sus servicios médicos “responde a protocolos generales de atención” por lo que darían seguimiento al caso por la supuesta falta de su implementación.

El diputado considera que tras el lamentable fallecimiento del director del ISSSTE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra habilitada para iniciar una Queja de Oficio sobre el caso, según lo previene el Artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3°, primer párrafo, 4°, 6°, fracciones II y VII, y 15, fracciones I y III de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el artículo 89 de su Reglamento Interno.

Finalmente formula los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que con fundamento en los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., primer párrafo, 4o., 6o., fracciones II y VII, y 15, fracciones I y III, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el 89 de su Reglamento Interno, inicie una queja de oficio donde se investigue la presunta violación de los derechos humanos del entonces director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, durante su atención médica en el hospital regional “Adolfo López Mateos”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al director de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que haga pública la investigación relacionada a la revisión de los protocolos de actuación médica sobre la atención recibida por el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, en el hospital regional “Adolfo López Mateos” el día de su fallecimiento.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. Esta comisión dictaminadora coincide con el proponte en la necesidad de que las instituciones del estado mexicano, especialmente las que tienen a su cargo la salud, velen por la protección integral de este derecho de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 4o. de nuestra Constitución.

2. De igual manera, los diputados integrantes de esta Comisión expresan su convicción de que en todas las instituciones de salud debe eliminarse cualquier práctica que pueda vulnerar o poner en peligro este derecho, tales como las que menciona el proponente: a) el abandono de paciente; b) el aislamiento hospitalario o penitenciario por tener la condición de seropositivo o enfermo de VIH; c) la deficiencia en los tramites médicos; d) la falta de notificación de estado de salud de VIH; e) la investigación científica ilegal en seres humanos; f) la negativa de atención médica; g) la negativa de atención médica por tener la condición de seropositivo o enfermo de VIH; h) la negativa o inadecuada prestación de servicio público; i) la negligencia médica y j) la violación del derecho a la protección a la salud.

3. Esta comisión coincide con la importancia de que la práctica y la atención médica se realicen de acuerdo a estándares de servicios adecuados.

4. Ahora bien, en el caso concreto del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, existen circunstancias que pudieran ameritar su revisión por parte del ente involucrado y, en ese sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó mediante comunicado el 4 de septiembre de 2015 lo siguiente:

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Publicado el viernes, 4 de septiembre 2015 13:25

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México, D. F., a 4 de septiembre de 2015.

La prestación de los servicios médicos en el ISSSTE responde a protocolos generales de atención. El seguimiento de los mismos es de cumplimiento obligado por quienes están involucrados.

En razón de lo anterior, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que el Comité de Quejas Médicas, órgano colegiado y de conformación interdisciplinaria, así como la Comisión de Vigilancia y el Órgano Interno de Control, han iniciado una investigación para revisar el cumplimento de dichos protocolos durante la atención recibida por el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, en el Hospital Regional “Adolfo López Mateos” el día de su fallecimiento.

El ISSSTE reitera su respeto irrestricto al personal médico y de apoyo en materia de salud que diariamente pone su vocación y su trabajo al servicio de sus más de doce millones de derechohabientes.

En razón de lo anterior esta Comisión considera que primero se debe desahogar el procedimiento administrativo de investigación por parte de la autoridad administrativa a fin de que se esclarezcan los hechos y en su caso se deslinden responsabilidades. Revisadas las conclusiones por los posibles afectados y de considerar que existió una violación a los derechos humanos, tendrán la libertad de presentar en cualquier momento queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de la propia Comisión.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta Honorabls. Asamblea los siguientes:

IV. Resolutivos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de J. Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José G. Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona, Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz, José R. Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar los riesgos de autorizar el cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de noviembre de 2015, el diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, con pleno respeto a sus facultades y división de poderes, considere los posibles riesgos que se corren en el país si en la resolución del amparo en estudio, se autoriza el cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 798/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Desde hace 27 años, la marihuana se ha mantenido como la primera droga de consumo en el país. Esto lo reflejan datos proporcionados por el gobierno federal y organizaciones civiles que se han dedicado a documentar estos procesos.

Asimismo, de los datos obtenidos en las últimas tres Encuestas Nacionales de Adicciones y la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014, se observa que esta planta es más consumida que otras sustancias como la cocaína, inhalables, alucinógenos y anfetaminas, siendo los hombres sus principales usuarios.

Conjuntamente, la agencia de investigación Parametría, en su más reciente encuesta nacional en vivienda (2014), muestra que la mayoría de los mexicanos continúa oponiéndose a la legalización de la marihuana pese a los comentarios a favor de la despenalización de algunos políticos, ex gobernantes, académicos, analistas y organismos internacionales.

Cuatro de cada cinco mexicanos (79 % de la población) a nivel nacional está en contra de la legalización de la marihuana, esta opinión se mantiene desde hace un año; sólo uno de cinco entrevistados (17 %) se declara a favor de regular su uso, dos puntos porcentuales menos que en 2012.

En el Distrito Federal por dar un ejemplo, la oposición a la regulación es similar, pero la aprobación es mayor en comparación con la tendencia nacional: 22 % de los habitantes de la capital avalan la despenalización.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, con pleno respeto a sus facultades y a la división de poderes, considere los posibles riesgos que se corren en el país si en la resolución del amparo en estudio, se autoriza el cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.En sesión de 4 de noviembre del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 237/2014, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En este asunto se determinó que debe otorgarse autorización a los quejosos para el consumo personal de marihuana, sin que ello constituya una autorización para su comercialización, ni para el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos.

2.La sentencia del Ministro Arturo Zaldívar consideró que efectivamente el derecho fundamental en cuestión permite que las personas mayores de edad decidan, sin interferencia alguna, qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también permite llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección. Lo que no significa que tal derecho no pueda ser limitado con la finalidad de perseguir objetivos protegidos por la Constitución mexicana, como la salud y el orden público.

Sin embargo, se encontró que el sistema de prohibiciones tal y como está configurado no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público, pues existen otras alternativas para alcanzar dichos objetivos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

3. Además, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege el sistema de prohibiciones administrativas al consumo de marihuana, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Así, a pesar de que se reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, no se encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo, por lo que la prohibición resulta inconstitucional.

4. La resolución enfatiza que no se minimizan los daños que puede ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad, sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo. Así, la posibilidad de decidir responsablemente si se desea experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona, pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cabe aclarar que la sentencia sólo beneficia a los quejosos y tiene como efecto que se les otorgue la autorización que solicitaron para la realización de las actividades relacionadas con el autoconsumo, sin incluir la comercialización, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.

5.Esta Comisión de Salud considera que queda sin efecto el punto de acuerdo propuesto por el legislador, por extemporáneo, toda vez que con fecha 4 de noviembre del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 237/2014, determinando que debe otorgarse autorización a los quejosos para el consumo personal de marihuana, sin que ello constituya una autorización para su comercialización, ni para el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que se alude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea los siguientes

V. Resolutivos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que con pleno respeto a sus facultades y división de poderes, considere los posibles riesgos que se corren en el país si en la resolución del amparo en estudio, se autoriza el cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos, presentada por el diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar estudios e investigaciones sobre los efectos del uso de cigarrillos electrónicos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de noviembre de 2015, el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud que en ejercicio de sus facultades, realice los estudios pertinentes y las investigaciones sobre los efectos y las consecuencias en la salud, en el corto y largo plazo, derivadas del uso de los llamados “cigarros electrónicos” y que, con base en los resultados, se emitan los lineamientos y la reglamentación específica para regular, en su caso, su uso adecuado.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión, con número de expediente 800/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La proposición refiere que, hoy en día, las adicciones han cobrado un especial interés público no sólo en el ámbito estricto de la salud, sino también en otros aspectos que van desde los económicos hasta los sociales. Lo anterior derivado, en parte, de su cada vez más alta incidencia entre la población y, peor aún, también por su cada vez más temprana aparición entre la juventud del país.

No obstante lo anterior, se han desarrollado “alternativas” en el tratamiento para combatir el tabaquismo. En el 2003 apareció, desde el mercado chino, un producto llamado “cigarro electrónico”, dispositivo que, en primer lugar, se ofreció como una alternativa moderna para dejar de fumar, para después evolucionar a conveniencia y convertirse en una alternativa para “fumar” en los lugares prohibidos gracias al desconocimiento real e informado de su funcionamiento y sus implicaciones.

La realidad es que en nuestro país, cualquier persona –incluso adolescente– los puede adquirir a costos muy bajos que van desde 100 pesos hasta más de mil pesos por pieza o bien con cartuchos de carga que cuestan desde 20 pesos la unidad. De igual manera los pueden conseguir con gran facilidad porque se expenden vía internet, en lugares establecidos o bien en puestos ambulantes o semifijos de la vía pública, todo ellos, sin control alguno.

Por todo lo expuesto, es obligación de la presente soberanía incidir en el asunto, como una medida de protección y garantía de la salud de quienes los utilizan, asimismo de quienes por su juventud están inducidos directa o indirectamente a adquirirlo o bien, de quienes de manera transversal están expuestos a sus emisiones. Afortunadamente contamos con las instituciones y la capacidad para solicitar que mediante estudios profesionales, científicos y absolutamente serios, el dilema existente, el desconocimiento prevaleciente y la polémica sobre su uso, se aclare.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a que en ejercicio de sus facultades, realice los estudios pertinentes y las investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias en la salud, en el corto y largo plazo, derivadas del uso de los llamados “cigarros electrónicos” y que con base en los resultados que se obtengan, se emitan los lineamientos y la reglamentación específica; para regular, en su caso, su uso adecuado.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.Actualmente México es uno de los países en los que la venta de cigarros electrónicos se encuentra prohibida por el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, en el que se estipula que se prohíbe “Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco”.

2.En este mismo sentido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido comunicados de prensa donde recuerda que los e-cigs “no cuentan con registro sanitario como medicamentos o dispositivos médicos”, por lo que su uso supuestamente terapéutico no ha sido comprobado por dicha institución.

3. En cumplimiento del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, fracción VI, la COFEPRIS ha realizado decomisos y suspensión de actividades de establecimientos que se dedican a producir y comercializar estos cigarros electrónicos. De manera preventiva, la policía sanitaria ha aplicado las medidas de seguridad por no contar con la documentación legal que establece la ley general y su reglamento.

4.Esta Comisión de Salud considera que queda sin efecto el punto de acuerdo propuesto por el legislador, toda vez que la Secretaría de Salud en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ya se encuentra realizando actividades para erradicar la venta de dichos cigarros, como lo son supervisiones y cateos a establecimientos mercantiles, con base en el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, lo anterior, para detener la venta de este producto en el mercado mexicano.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes

V. Resolutivos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en ejercicio de sus facultades, realice estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias en la salud en el corto y largo plazo, derivadas del uso de los llamados “cigarros electrónicos” y, con base en los resultados que se obtengan, se emitan los lineamientos y la reglamentación específica para regular en su caso, su uso adecuado; presentada por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la definición de la agenda, los modos y los medios del debate sobre el uso individual y lúdico de la marihuana

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 10 de noviembre de 2015, la diputada María Elena Orantes López integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo para que esta Soberanía proponga una agenda tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso individual y lúdico de marihuana; y para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a realizar y hacer pública una estimación del impacto que tendría la eventual liberalización del uso lúdico de la mariguana en los ingresos tributarios y el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando como referencia el paquete económico de 2016 y las estimaciones de la Encuesta Nacional de Adicciones sobre el número de consumidores de cannabis.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión, con número de expediente 885/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La diputada promovente señala que el tema de la liberalización de la marihuana, abordado con una visión de Estado, no puede discutirse sin considerar daños sociales, costos económicos, ni ajeno a la libertad del individuo para definir su modo de vida. La Corte ya se pronunció y los derechos de los individuos fueron reivindicados sobre la perspectiva prohibicionista, ahora toca definir un debate responsable y responsabilizarnos como sociedad, ciudadanos y representantes populares, mandantes y mandatarios.

Añade que la eventual liberalización del consumo de cannabis podría propiciar un replanteamiento en los equilibrios en el mercado, entre las distintas organizaciones delictivas, pero que no se cuenta con información pública que permita anticipar reacciones. Toda apertura en consumo de drogas, planeada o improvisada, implica un aumento en el consumo durante etapas primigenias y una disminución paulatina posterior hasta llegar a una estabilización de la prevalencia.

Destaca la necesidad de añadir al debate la estimación de la redistribución y costos presupuestales, así como las posibles ganancias tributarias, a partir de un escenario de responsabilidades políticas reales.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia por la definición de la agenda, modos y medios del debate en torno al uso lúdico de la marihuana.

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social para que en un periodo no mayor a 6 meses, elabore y haga público un estudio en el que, tomando como referencia el Paquete Económico de 2016 y el número de consumidores de marihuana reconocido en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se estime el impacto hipotético que hubiese tenido la liberalización del consumo lúdico de cannabis, tanto en los ingresos por concepto de impuestos como en el presupuesto de 2016. Ello, a partir del gasto que se podría anticipar en salud, educación, desarrollo social, seguridad pública y procuración de justicia para contener el riesgo de una crisis epidemiológica de consumo de marihuana.

Tercero. Esta soberanía, a partir de la información que elabore y haga pública el Ejecutivo federal, referida en el artículo segundo de este acuerdo, y en ejercicio del artículo 35, fracción VIII, numeral 1, apartado b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someterá a votación entre sus integrantes la posibilidad de convocar a consulta popular para definir entre mantener el esquema vigente sobre límites al consumo de marihuana o impulsar una liberalización más amplia del consumo de cannabis. Ello, a partir de conocer los costos y preparar la infraestructura y la capacitación necesarias para evitar un problema de salud pública.

Cuarto. Esta soberanía exhorta al Poder Ejecutivo para que diseñe de manera urgente una política pública para atender los impactos potenciales y previsibles de tan trascendental decisión.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. En sesión de 4 de noviembre del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 237/2014, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En este asunto se determinó que debe otorgarse autorización a los quejosos para el consumo personal de marihuana, sin que ello constituya una autorización para su comercialización, ni para el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos.

2. Algunos legisladores están de acuerdo en abrir la discusión sobre el uso lúdico de la marihuana, a fin de dejar claro en la ley cómo, cuánto y bajo qué circunstancias se puede emplear esta hierba, establecer reglas claras para garantizar el consumo lúdico o recreativo y, desde luego, para fines terapéuticos.

3. Los diferentes grupos parlamentarios que integran está Cámara, han hecho pronunciamientos sobre la discusión en el consumo de la marihuana y han afirmado que este tema debe estar en las agendas legislativas a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

4. El Poder Legislativo emprenderá las acciones para que, en coordinación con el Ejecutivo federal, se debata este tema, en el que participen autoridades en materia de salud, educación, justicia de menores y otras involucradas con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5. Esta Comisión considera que los diferentes grupos parlamentarios están realizando los trabajos para una agenda legislativa que incluya el tema del uso de la marihuana para efectos lúdicos, por lo que no se considera necesario aprobar el primer resolutivo del punto de acuerdo en cuestión. Asimismo, estimamos que ya se están realizando los trabajos necesarios para allegarse de la información que permita contar con un mayor panorama sobre el tema de la eventual legalización de la marihuana para uso lúdico.

6. El Ejecutivo federal, a través de su titular el presidente Enrique Peña Nieto convocó el nueve de noviembre del año en curso a la realización de un debate especializado a través del cual sociólogos, médicos, académicos, legisladores y la sociedad civil conocedora, ayuden a definir cuáles deberán ser las políticas públicas que México asuma frente al tema de la marihuana y su consumo, por lo que la propuesta de la diputada promovente ha quedado sin objeto.

7. Esta Comisión de Salud considera que no es viable aprobar el punto de acuerdo propuesto por la legisladora, toda vez que con fecha 4 de noviembre del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 237/2014, determinando que debe otorgarse autorización únicamente a los quejosos para el consumo personal de marihuana, sin que ello constituya una autorización para su comercialización, ni para el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos, así mismo los puntos que solicita la promovente se basan en datos hipotéticos, lo que nos dejaría en un estado de indefensión al no contar con datos concretos sobre la materia de la legalización de la marihuana.

8. Finalmente, consideramos que convocar a una consulta popular para determinar el esquema vigente sobre el uso de la marihuana, no es materia de un punto de acuerdo. Si bien el artículo 35, fracción VIII, numeral 1 apartado b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Cámara de Diputados para llevar a cabo este plebiscito, no es éste el medio idóneo para solicitarlo.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se alude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea los siguientes

V. Resolutivos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía proponga una agenda tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso individual y lúdico de marihuana y para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a realizar y hacer pública una estimación del impacto que tendría la eventual liberalización del uso lúdico de la mariguana en los ingresos tributarios y el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando como referencia el paquete económico de 2016 y las estimaciones de la Encuesta Nacional de Adicciones sobre el número de consumidores de cannabis, presentada por la diputada María Elena Orantes López integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, y al delegado del mismo instituto en Sinaloa, José Adalberto Castro Castro, a hacer público un informe sobre las causas de muerte de 12 recién nacidos en el hospital regional de Culiacán, en las últimas dos semanas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

El 27 de septiembre de 2015, la diputada Claudia Sofía Corichi García, integrante de la LXIII Legislatura federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya y al delegado del mismo instituto en Sinaloa, José Adalberto Castro Castro, a hacer público un informe sobre las causas de muerte de 12 recién nacidos en el hospital regional de Culiacán, en las últimas dos semanas.

El 27 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente, con número de expediente 342.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Esta proposición tiene por objeto exhortar a funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a informar las causas de muerte de los 12 recién nacidos acaecidos durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2015, en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán, Sinaloa.

El resolutivo propuesto es el siguiente:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, y al delegado del mismo instituto en Sinaloa, José Adalberto Castro Castro, a hacer público lo antes posible un informe sobre las causas de muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas dos semanas.

Segundo. La Cámara de Diputados exige justicia para las familias de los recién nacidos fallecidos y agraviados en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas dos semanas.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, además de la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor.

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la información en el artículo 6, apartado A, numeral I.

2. La diputada proponente refiere que “la información que hasta ahora han declarado las autoridades competentes en la materia, señala que la causa de estos agravios es un supuesta contaminación bacteriana,” argumento con el que se da cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la información, reconociendo la propia proponente que la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Regional de Culiacán fue a causa de una bacteria, lo que deja sin objeto la petición de informe dado que, además, en diversos medios se ha respaldado dicha información.

3. Por lo que hace al segundo resolutivo mediante el cual se “exige justicia para las familias de los recién nacidos fallecidos y agraviados en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas semanas”, es de subrayarse que hablar de justicia y sobre todo tratar de llegar a una definición uniforme de la misma resulta ser un tema que han tratado de esclarecer los estudiosos del derecho desde antaño hasta nuestro días. La justicia es un tema por demás polémico, la diputada proponente omite precisar cómo y con qué se lograría hacer justicia. Su propuesta de exhorto resulta ser imprecisa al no señalar qué tipo de justicia solicita.

4. Respecto a la “exigencia” esta comisión precisa que de acuerdo con el reglamento por el qué se rige esta Cámara de Diputados, las proposiciones de las cuales podrá conocer el pleno se deben regir por el artículo 79, el cual señala en su numeral 2, fracción I, que “deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo”.

5. La diputada proponente informa que la causa de muerte de los niños recién nacidos en el Hospital de Culiacán se dio por la contaminación de una bacteria, al respecto y mediante un proceso de investigación realizado por la comisión dictaminadora, el 23 de septiembre en entrevista con medios de comunicación, el director general del IMSS informó de manera extra oficial, que el deceso de dos recién nacidos en el hospital antes mencionado se debió a la presencia de una bacteria que se manifestaba en recién nacidos internados en terapia intermedia. Agregó el director del IMSS que la bacteria sólo se presentaba en 2 de los 12 bebes que presuntamente perdieron la vida en el hospital. Sin embargo, José Antonio González Anaya, recalcó que no se puede asociar la muerte de los menores a la presencia de la bacteria, debido a que los dos menores contaminados se encontraban en terapia intermedia, es decir que eran prematuros, de bajo peso y presentaban otros padecimientos que pudieron ser la causa del lamentable fallecimiento. El funcionario mencionó que otros tres menores se encontraban graves, sin mencionar que se tuviera la presencia de la bacteria, 6 más en vigilancia médica y 6 dados de alta.

6. El director general del IMSS indicó que en el Hospital I del IMSS, en Culiacán, se han aplicado y se siguen aplicando los protocolos de investigación y que, además, un equipo de investigación en Culiacán está realizando las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de lo sucedido en dicho nosocomio y minimizar los riesgos sanitarios.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

7. Analizando detalladamente la proposición con punto de acuerdo, la diputada proponente solicita: “La Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, y al delegado del mismo instituto en Sinaloa, José Adalberto Castro Castro, a hacer público lo antes posible un informe sobre las causas de muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas dos semanas”.

Sin embargo, José Antonio González Anaya ha informado de manera oficial que desde el viernes 18 de septiembre se detectó la presencia de una bacteria en algunos bebés que se encontraban en el área de terapia intermedia. El director del IMSS informó que como parte del Protocolo de Investigación fue enviado al Hospital de Culiacán el Pediatra director del Centro Médico de Occidente, José de Jesús Arriaga Dávila, para encargarse de la investigación, según reportes del IMSS. También se trasladó el jefe de Epidemiología del Centro Médico Nacional la Raza, Gustavo Sánchez, así como un equipo técnico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quienes dictaminaron que la situación de contaminación no era la causa de muerte de los bebes, sino, las condiciones de salud de los recién nacidos en terapia intermedia. Álvaro Pérez, comisionado de Operaciones Sanitarias y Rocío Alatorre, la comisionada de Evidencia de Riesgo, que llegaron a Culiacán desde el 19 de septiembre, descartaron que posiblemente se hayan contaminado con el ingreso de otra persona infectada y tomaron las muestras correspondientes que fueron notificadas a la ciudadanía el 23 de septiembre; efectivamente se corroboró la presencia de una bacteria en dos de los bebes fallecidos, según el informe del director general del IMSS .

8. Respecto a la segunda parte de la proposición con punto de acuerdo: “La Cámara de Diputados exige justicia para las familias de los recién nacidos fallecidos y agraviados en el Hospital Regional del IMSS en Culiacán en las últimas dos semanas”.

9. Esta comisión dictaminadora no ha encontrado el sentido de origen y de orientación a lo que la diputada proponente se refiere con justicia, por no existir claridad en la proposición y en la solicitud integrada en sus resolutivos.

10. El 22 de septiembre de 2015, fue presentado en el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a difundir las causas del deceso de 11 recién nacidos en el hospital regional número 1 de Culiacán, Sinaloa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES. Turnado para su dictaminación con esa misma fecha a la comisión correspondiente.

11. En esa misma fecha, 22 de septiembre, se presentó otra proposición con punto de acuerdo en el Senado con las siguientes características: proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en la cual se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social para rendir un informe detallado de las causas del deceso de doce recién nacidos en las últimas dos semanas en el Hospital Regional I del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; así como también indicar las medidas a realizar a fin de evitar que siga incrementándose el número de muertes de neonatos en este nosocomio. Firmado por el senador Francisco Salvador López Brito y, enviado ese mismo día a comisión para dictaminación.

12. El diputado local, Víctor Díaz Simental, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Sinaloa, informó desde el 23 de septiembre que al interior del Congreso Local se conformó una comisión especial para hacer una investigación sobre el caso de los fallecimientos en el IMSS de Culiacán. Considerando irresponsable no hacerlo.

Por lo anterior, los integrantes de esta comisión consideran que el punto de acuerdo es inviable dadas las consideraciones plasmadas con antelación, dado que ya existen declaraciones oficiales al respecto, así como puntos de acuerdo dictaminados en sentido positivo en el mismo tenor.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Primero. Se desecha el punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social, José Antonio González Anaya, y al delegado del mismo Instituto en Sinaloa, José Adalberto Castro Castro, a hacer público un informe sobre las causas de muerte de 12 recién nacidos en el hospital regional de Culiacán en las últimas dos semanas. Por ya existir declaraciones oficiales al respecto, así como puntos de acuerdo dictaminados en sentido positivo en el mismo tenor.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 http://lasillarota.com/mueren-dos-bebes-asociados-a-una-bacteria-en-imss-de-cul iacan#.Vk-ANNIvdBw

2 www.proceso.com.mx/?p=416181

3 http://www.debate.com.mx/culiacan/Cofepris-llega-a-Culiacan-para-revisar-IMSS-2 0150919-0241.html

4 www.almomento.mx/investigan-muerte-de-12-recien-nacidos-en-hospital-del-imss-en -sinaloa/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la proposición con punto de acuerdo presentada el pasado día 26 de noviembre de 2015 y turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, que señalo a continuación:

• Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a retirar su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras disposiciones, para crear la Secretaría de Cultura, presentada el 8 de septiembre de 2015.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a ese órgano de gobierno sea retirada la proposición con punto de acuerdo que se detalla a continuación y que fue presentada por el suscrito el día 6 de octubre de 2015. No omito señalar que dicha proposición fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen bajo el número de expediente 419.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a fin de incluir en su legislación civil y familiar altos estándares en materia de derechos humanos, señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Agradeciendo de antemano su atención, me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputado Armando Luna Canales (rúbrica), Presidente.»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Apreciable presidente:

Aunado a un cordial saludo, me permito distraer su atención para solicitar, en mi calidad de promovente, que sea retirada la proposición con punto de acuerdo relativa a la vigilancia y control de estancias infantiles del estado de Chiapas, misma que fue presentada el 12 de noviembre del 2015, turnada a la Comisión de los Derechos de la Niñez y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 12 de noviembre del 2015. Lo anterior para los efectos jurídicos a que haya lugar.

Sin otro en particular, agradeciendo la atención prestada a la presente me despido de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, David Mercado Ruiz, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva, a su digno cargo, que se sirva instruir a quien corresponda a fin de que sea retirada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones del sector salud del gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas se exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, de 50 por ciento de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen, en las modalidades de colectivo urbano, conurbado o metropolitano, suburbano, mixto o foráneo (interurbano, intermunicipal o nacional), presentada por el suscrito y turnada a la Comisión de Salud, el martes 1 de diciembre de 2015.

Sin más de momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputado David Mercado Ruiz (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El pasado 1o. de diciembre de 2015 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria año XIX, número 4416-VII, en donde quedó registrado un punto de acuerdo presentado por quien suscribe, mediante el cual se exhorta al gobierno de Guerrero, a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y a la Comisión Nacional de Seguridad a implantar medidas para que en los hospitales militares y navales de la entidad se admita a heridos por arma de fuego.

Debido a que no ha sido dictaminado, solicito que sea retirado a fin de que pueda presentarlo de nueva cuenta sin que fenezca, debido al cierre del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicios de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2015.— Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con el carácter de diputado proponente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente sea retirada del proceso parlamentario la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Expediente: 598.

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lo anterior por así convenir a nuestros fines y a efecto de que se realicen las acciones conducentes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.— Diputado Francisco Javier Pino Torres (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Solicito a usted, de la manera más atenta, que sea retirada la proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Oaxaca para que a la brevedad se apliquen los 29 millones de pesos, etiquetados en el Anexo 3 del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio de 2014 y se concluya con la construcción del hospital regional de especialidades de Tlaxiaco, suscrita por un servidor.

En consecuencia, solicito la devolución al proponente y que se actualicen los registros parlamentarios en la Comisión de Salud, a la cual fue turnada para dictamen.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2015.— Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense igualmente los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-0341 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.-274 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de Asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al dictamen técnico del siniestro ocurrido por exceso de lluvias con un volumen de precipitación pluvial de 200 milímetros en 20 horas, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, provocada por los remanentes del huracán Patricia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Distinguido subsecretario, en relación a su oficio SELAP/300/2651/15, en el que informa del oficio DGPL 63-II-8-0341, donde el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado comunica el acuerdo aprobado por ese órgano legislativo, mismo que se transcribe:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dictaminar técnicamente el siniestro ocurrido por exceso de lluvias con un volumen de precipitación pluvial de 200 milímetros en 20 horas, que representan 50 por ciento del volumen total de lluvia en la temporada, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, provocada por los remanentes del huracán Patricia...”

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior esta Comisión Nacional del Agua, envío a usted:

• Dictamen técnico emitido con oficio número BOO.8.-690 del 10 de noviembre de 2015.

• Correo electrónico de envío a la SEGOB-CNPC el 10 de noviembre de 2015.

• Declaratoria de emergencia por la presencia de lluvias severas, ocurridas los días 29 y 30 de octubre de 2015 en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de Asesores.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Salud del Estado de Durango.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la LXIII Legislatura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La promoción de la salud es una función central de la Salud Pública, que coadyuva a los esfuerzos invertidos para afrontar las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la salud. El reto es incorporar en las políticas públicas de otros sectores, acciones que impacten sobre los determinantes favorables a la salud, ya que es importante reforzar los mensajes claves y la difusión de medidas preventivas para disminuir enfermedades en nuestra Entidad.

Por lo anterior y con relación al punto de acuerdo único aprobado en sesión ordinaria del día 21 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relacionado con los beneficios que derivan del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, le informo que por parte de los Servicios de Salud de Durango y por acuerdo del ciudadano contador público Jorge Herrera Caldera, gobernador constitucional de nuestro estado, a través de su Secretaría Particular, se exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de los 39 municipios, así como al personal de salud de las cuatro jurisdicciones sanitarias que integran el estado de Durango, para que dentro de .las acciones de los Comités Locales de Salud del Programa de Entornos y Comunidades Saludables establecidos en las unidades de salud, se dé difusión a la población en general, de los beneficios de que toda mujer embarazada que necesite asistencia por emergencia obstétrica, deberá ser atendida de manera inmediata y gratuita, en cualquier establecimiento hospitalario, aunque no cuente con seguridad social.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Durango, Durango, a 4 de diciembre de 2015.— Doctor Eduardo Díaz Juárez (rúbrica), secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Durango.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua.

Diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Respecto del oficio DGPL 63-II-8-0132, dirigido al ciudadano gobernador del estado, licenciado César Horacio Duarte Jáquez, le informo que la presente administración, desde su inicio asume el compromiso de incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos plasmándolo en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 a través de los siguientes objetivos esenciales:

1. Eje: Gobierno Responsable, Tema: Finanzas Públicas, Subtema: Egresos, Objetivo Estratégico 1: “Establecer un Presupuesto de Egresos con perspectiva de género”;

2. Eje: Gobierno Responsable, Tema: Gestión para Resultados, Objetivo Estratégico 6: “Incorporar la perspectiva de género mediante la construcción de indicadores de género”.

A fin de concretar lo anterior, en la entidad se han implementado diferentes acciones, entre las cuales destacan:

1. Desagregación por sexo, grupos y rangos de edad de la población objetivo de los programas presupuestarios.

2. Capacitación constante a las servidoras y servidores públicos involucrados en los procesos de planeación, programación y presupuestación de todos los entes públicos que conforman el gobierno del estado.

3. Construcción de indicadores de género en las matrices de indicadores de los programas presupuestarios diseñados en el marco del presupuesto basado en resultados.

4. Integrar en el decreto del presupuesto de egresos un Apartado específico, en el que se destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres a través acciones afirmativas compensatorias o estrategias transversales para incorporar e institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas.

5. Manejo de lenguaje incluyente.

6. Establecer Lineamientos normativos claves para la consolidación de tan importante proyecto, a fin de reducir las brechas de desigualdad a quiénes se encuentren en situación de desventaja y de menor representatividad.

Es por ello, que podemos garantizar que en el Estado de Chihuahua, existe una progresividad presupuestal en los programas y políticas para la igualdad de género; los programas presupuestarios que conforman el presupuesto de egresos cuentan con indicadores de género en sus matrices de indicadores para resultados (MIR) y a través del Apartado de Perspectiva de Género en el Presupuesto de Egresos se difunden y transparentan los Recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres, acciones que están sujetas al seguimiento y monitoreo trimestral, publicadas en las páginas de Transparencia por cada ente ejecutor.

Como evidencia a lo antes expuesto podemos decir que dentro del Presupuesto de Egresos autorizado por el Honorable Congreso del Estado, se ven reflejados recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio fiscal 2013, como un primer esfuerzo por un monto de 224 millones 698 mil pesos; para el año 2014 prácticamente se duplicó la cantidad con 449 millones 504 mil pesos; para el año 2015 se asignó un total de 556 millones 94 mil pesos consignados para este significativo propósito. Recursos que sin duda se incrementarán para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis.

A la fecha contamos con 44 entes públicos que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, 119 indicadores de género plasmados en la MIR de 69 programas presupuestarios, en tanto que los beneficiarios o población objetivo se encuentran debidamente desagregados por sexo y clasificados por grupos y rangos de edad.

De igual forma, le reitero nuestro compromiso de informar rigurosamente, a partir del ejercicio fiscal del año 2016, en forma trimestral, el avance en el grado de cumplimiento a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Otra acción importante llevada a cabo es el acuerdo que emite el C. Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 24 con fecha del 25 de marzo de 2015, donde se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública estatal para crear un área especializada denominada Unidad de Igualdad de Género, con el propósito de impulsar y dar seguimiento a los procesos de transversalización de la perspectiva de género.

Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de noviembre de 2015.— Ingeniero Jaime Ramón Herrera Corral (rúbrica), secretario de Hacienda.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Universidad de Colima.— Rectoría.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, M. en A. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, hace referencia a los lineamientos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, artículo 40, fracción III, que se menciona a continuación:

Artículo 40. Los programas destinados a educación media superior y superior, sujetos a reglas de operación, deberán contener las siguientes disposiciones:

III.Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.

PEF 2015

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Al respecto, para dar atención a los requerimientos relacionados con las disposiciones sobre la auditoría de la matrícula, adjunto al presente remito para su consideración, el Informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula de la Universidad de Colima, por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, Asociación Civil, AMOCVIES, AC.

Se remite además el informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del semestre agosto 2015-enero 2016 vs. agosto 2014-enero 2015, y el formato “Informe SEP de matrícula” del segundo semestre.

No omito mencionar que, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información relacionada con la auditoría de la matrícula, así como de los proyectos y montos autorizados a la institución que represento, se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio web: www.uco/mx/conocenos/rendicion-cuentas/ apartado: “Artículo 28, VIII. Otra Información”.

Confiando encuentre correcta la presente información, me es grato reiterarle la seguridad de mi consideración y alta estima.

Atentamente

Colima, Colima, a 7 de diciembre de 2015.— M. en A. José Eduardo Hernández Nava (rúbrica), rector.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Universidad Veracruzana.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En cumplimiento al artículo 40, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, me permito enviar a usted, de manera impresa y electrónica el Informe de Resultados de la Auditoría Externa al segundo Informe Semestral 2015 a la Matrícula de la Universidad Veracruzana, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC (AMOCVIES).

Se anexa el formato Informe de matrícula, desagregada por nivel y por programa educativo, correspondiente al segundo semestre de julio-diciembre de 2015, con fecha de corte de información al 14 de septiembre del año en curso.

Finalmente se envía el Reporte de variación de la matrícula, establecida respecto al mismo segundo semestre del año anterior.

Es pertinente hacer de su conocimiento que la información correspondiente se encuentra disponible en el portal de transparencia en nuestra página web: http://www.uv.mx/ transparencia/buscador-tematico/institucional-infpublica/ auditorias/

Con mi reconocimiento, reciba saludos cordiales.

Atentamente

“Lis de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz”

Xalapa, Veracruz, a 10 de diciembre de 2015.— Doctora Sara Ladrón de Guevara (rúbrica), rectora.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Universidad Auntónoma del Estado de Hidalgo.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado señor presidente:

Con fundamento en el capítulo III, Sección Séptima, artículos 101 y 102 del Estatuto General de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, que otorga a la Contraloría General las atribuciones correspondientes como órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer de su conocimiento que:

En cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015, en el que dispone que las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública, entrego a Usted: Informe de la Auditoría Externa a la Matrícula de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo así como el Informe Semestral Específico sobre su ampliación, correspondientes al Segundo Semestre del año 2015.

Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, diciembre 9 de 2015.— Maestra Laura Elena Islas Márquez (rúbrica), contralora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Universidad Auntómoma del Estado de México.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y comentar que en cumplimiento al artículo 41, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), me permito enviar lo siguiente:

• Informe de resultados de la auditoría externa al segundo informe semestral de matrícula 2015 de la Universidad Autónoma del Estado de México.

• Resumen de matrícula segundo semestre 2015.

• Tabla resumen sobre la ampliación de matrícula.

• Variación de matrícula: explicación cualitativa e

• Informe de matrícula.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes agradeciendo su fina atención.

Atentamente

Toluca, México, a 7 de diciembre de 2015.— M en C.C. Juan Carlos Matadamas Gómez (rúbrica), director de Control Escolar de la UAEM.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Universidad Autónoma de Querétaro.— Rectoría.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura Federal.— Presente.

Anticipándole un cordial saludo, enseguida, anexo al presente, encontrará usted la siguiente documentación:

1. Informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula con su ampliación.

2. Formato de informe SEP.

3. Informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula.

Cabe señalar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue designada como revisora de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones y me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

“Educo en la verdad y en el honor”

Ciudad Universitaria, a 9 de diciembre de 2015.— Doctor Gilberto Herrera Ruiz (rúbrica), rector.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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VOLUMEN II

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros confiere al Banco de México.(1)

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2015.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, el Senado de la República dirigió el siguiente mensaje:

Primero. El Senado de la República exhorta a los tres niveles de gobierno a fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, a favorecer la transparencia y a reducir la opacidad dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Segundo. El Senado de la República hace un llamado a las y los legisladores federales, y a los congresos locales, a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como a elaborar las leyes necesarias para dar vida al sistema nacional anticorrupción.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la sociedad a romper las cadenas de la corrupción mediante su denuncia y el fomento de la transparencia, en aras de la protección de la democracia y el estado de derecho de nuestro país.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a explicar los criterios empleados que permitieron la aprobación de un presupuesto de egresos para el año 2016, ajeno a la demanda ciudadana de recortar en al menos el 50% del presupuesto del INE, partidos políticos y el Congreso de la Unión.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruiz, senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que explique de manera clara y puntual los criterios empleados que permitieron la aprobación de un presupuesto de egresos para el año 2016, ajeno a la demanda ciudadana de recortar en al menos el 50 por ciento del presupuesto del INE, partidos políticos y el Congreso de la Unión, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal entregó al Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, después de culminar su proceso de análisis y discusión en las comisiones respectivas fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 13 de noviembre y enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que surtió sus efectos el pasado 27 de noviembre.

Segunda.En el mes de septiembre un grupo de senadores presentamos dos exhortos al Congreso de la Unión, por los que solicité reducir en al menos el cincuenta por ciento el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos, además de un recorte a los recursos destinados a la Cámara de Diputados y de los Senadores.

Para reforzar dichas acciones, un grupo de senadores presentamos una reforma para modificar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para que los partidos políticos dejen de representar la enorme carga económica que hoy significan y con ello reducir el costo que genera directamente para el ciudadano el financiamiento de las actividades ordinarias que realizan los partidos políticos, aun en años en donde no hay procesos electorales.

Lo anterior también, atendiendo el reclamo ciudadano y en congruencia con la medida propuesta por el Ejecutivo Federal para apretarse el cinturón y evitar los dispendios que año con año se autorizan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tercera.El 1 de octubre con el ánimo de acompañar las exigencias de la ciudadanía con acciones legislativas se presentó una petición en la plataformachange.org en donde se solicita reducir en al menos el cincuenta por ciento el presupuesto de los partidos políticos, Diputados, Senadores, y el Instituto Nacional Electoral (INE), lo anterior en el marco de la discusión del Paquete Económico en el Congreso de la Unión.

Lo antes señalado por considerar que los aumentos propuestos van en contra de la política de austeridad y que como legislador he exigido al Gobierno Federal se detengan. Los ciudadanos están cansados de pagar los excesos.

Cuarta. El pasado 12 de noviembre ante las organizaciones de la sociedad civil se entregaron a la presidencia de este Senado, más de 100 mil firmas obtenidas en la plataforma Change.org. Al día de hoy, más de 143 mil ciudadanos se han sumado a esta exigencia para que sea una realidad la reducción del gasto de toda la clase política.

Dicho lo anterior es de gran importancia señalar que nunca antes la clase política había tenido tantos recursos y nunca antes había estado tan desprestigiada ante la ciudadanía.

Los legisladores que aprobaron el presupuesto de egresos para el año fiscal 2016 debieron predicar con el ejemplo y no haber tolerado ninguno de los aumentos ahí propuestos.

En donde podemos apreciar de acuerdo a lo Publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde el poder legislativo recibirá más de 14 mil millones de pesos. Lo cual implica un aumento para la Cámara de Senadores del 10% respecto del presupuesto 2015, y para los diputados representa un aumento del 3%, sin duda un exceso innecesario.

En ese orden de ideas, hemos observado como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos han aumentado su gasto de manera intolerable. Lo aprobado para 2016 es 180% superior a lo que se asignó hace 12 años. Así el presupuesto aprobado para 2016 representa más de 15 mil 400 millones de pesos para el INE sin sujetarse a las medidas de austeridad indicadas por este gobierno y exigidas por la ciudadanía.

Dichas aprobaciones representan en todo momento un grave error y atentan contra la política de austeridad que como legisladores le hemos exigido al Gobierno Federal.

El mensaje que los representantes de la ciudanía han mandado a sus representados ha sido claro y contundente, no han entendido ni atendido la petición para recortar dichos recursos y evitar con ello siga el derroche de recursos que son sustraídos del bolsillo de la gente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que explique de manera clara y puntual los criterios empleados que permitieron la aprobación de un presupuesto de egresos para el año 2016 ajeno a la demanda ciudadana de recortar en al menos el 50 por ciento del presupuesto del INE, partidos políticos y el Congreso de la Unión.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 3 de diciembre de 2015.— Senadores: Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

MINUTAS

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de DecretoCS-LXIII-I-1P-31

Por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación y el ejercicio de las facultades de las autoridades, en todo el país o en lugar determinado, con motivo de una amenaza excepcional conforme a los supuestos previstos en el siguiente artículo, a efecto de hacer frente a la situación de emergencia.

Artículo 2. La restricción o suspensión sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Invasión. La entrada de fuerzas armadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro Estado, a cualquier parte del territorio nacional;

II. Perturbación grave de la paz pública. Situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o de una parte de ella; y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones;

III. Grave peligro o conflicto. Circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico, y

IV. Restricción o suspensión. Restricción o suspensión del ejercicio de derechos y sus garantías en términos del artículo 29 constitucional.

Artículo 4. La restricción o suspensión tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

Artículo 5. La restricción o suspensión sólo podrá decretarse por la única razón que los derechos y garantías restringidos o suspendidos fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional, y siempre y cuando sea por el menor tiempo posible.

Artículo 6. La restricción o suspensión sólo podrá declararse o prorrogarse de conformidad con esta Ley, la cual no podrá modificarse, suspenderse o derogarse durante la vigencia de un decreto de restricción o suspensión. Asimismo, deberán observarse las obligaciones que imponen los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como el Derecho Internacional en la materia.

Artículo 7. No podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los siguientes derechos:

I. A la no discriminación;

II. Al reconocimiento de la personalidad jurídica;

III. A la vida;

IV. A la integridad personal;

V. A la protección a la familia;

VI. Al nombre;

VII. A la nacionalidad;

VIII. Los derechos de la niñez;

IX. Los derechos políticos;

X. Las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna;

XI. El principio de legalidad y retroactividad;

XII. La prohibición de la pena de muerte;

XIII. La prohibición de la esclavitud y la servidumbre;

XIV. La prohibición de la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

XV. La prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual;

XVI. La prohibición de las detenciones arbitrarias;

XVII. EI derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente;

XVIII. La prohibición del desplazamiento o expulsión forzados;

XIX. Aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el Derecho Internacional, y

XX. Las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción ni de suspensión, conforme al debido proceso.

Artículo 8. Durante la restricción o suspensión se deberán seguir observando, sin excepción, los siguientes principios:

I. Pro persona;

II. No discriminación por ninguna condición;

III. Legalidad;

IV. Irretroactividad de leyes, y

V. Debido proceso.

Artículo 9. Toda medida para la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada, motivada, y proporcional a la situación que se deba afrontar, considerando su gravedad y naturaleza, y observar en todo momento los principios de legalidad; necesidad; temporalidad; excepcionalidad; racionalidad; proclamación; publicidad; no discriminación; pro persona; compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de Derecho Internacional en la materia; e intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

Artículo 10. Una vez decretada la restricción o suspensión, toda persona que se encuentre en el territorio nacional está obligada a cooperar con las autoridades para la protección de personas, bienes e instalaciones a los que haga referencia el decreto en cuestión.

Artículo 11. En ningún caso podrán establecerse en el decreto de restricción o suspensión, preceptos que pretendan modificar cuestiones distintas al ejercicio de derechos humanos.

Todas las autoridades tienen la obligación de coadyuvar con el Titular del Ejecutivo Federal para asegurar lo más pronto posible el restablecimiento de la normalidad.

Capítulo IIProcedimiento para la Declaración de la Restricción o Suspensión

Artículo 12. El Titular del Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión.

El proyecto de decreto a que se refiere el presente artículo deberá contener:

I. El fundamento y la motivación del decreto de restricción o suspensión;

II. La delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión;

III. El tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión;

IV. Los derechos que serán restringidos;

V. Las garantías que serán suspendidas;

VI. La relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas en el proyecto de decreto y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión;

VII. En su caso, la solicitud de autorizaciones que se estimen necesarias para que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación, las cuales únicamente podrán versar sobre atribuciones materialmente legislativas del Congreso de la Unión, de conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 29 y el segundo párrafo del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

VIII. Las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar y las obligaciones de las autoridades coadyuvantes.

Artículo 13. Una vez recibida la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si el primero no estuviere reunido, deberá citar a sesión a más tardar en las siguientes 24 horas.

Artículo 14. La iniciativa con proyecto de decreto de restricción o suspensión se calificará como asunto de urgente y obvia resolución.

En las sesiones en que se discuta la iniciativa con proyecto de decreto de restricción o suspensión, ésta será el único punto a tratar.

El Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Permanente, deberá resolver, en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 15. Si la iniciativa con proyecto de decreto fuese presentada a la Comisión Permanente y en ésta se solicitasen las autorizaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 12 de esta Ley, quien ejerza la presidencia de la Comisión Permanente, convocará inmediatamente a sesión extraordinaria, a efecto de que el Congreso de la Unión resuelva dentro del plazo previsto en el artículo anterior.

Artículo 16. El Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, podrá solicitar al titular del Ejecutivo Federal información adicional a fin de poder resolver con la mayor prontitud sobre la restricción o suspensión.

Artículo 17. En caso de no ser aprobado el proyecto de decreto de restricción o suspensión, la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo, salvo que se motive en hechos distintos o supervinientes.

Artículo 18. Si durante la vigencia del decreto, el Titular del Ejecutivo Federal considera que éste debe ser modificado, propondrá la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido.

Artículo 19. Para la modificación del decreto, deberá seguirse el mismo procedimiento previsto para su aprobación.

Artículo 20. Una vez aprobado el decreto se remitirá inmediatamente al Titular del Ejecutivo Federal quien procederá a su promulgación e inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como a difundirlo a través de dos medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local, para garantizar la mayor publicidad, a más tardar, al día siguiente de su aprobación. Asimismo, el Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá informar de inmediato a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Secretarías Generales, mediante comunicación que contenga los motivos de la restricción o suspensión, el tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión y los derechos y garantías que serán restringidos o suspendidos.

Una vez que entre en vigor el decreto, el Ejecutivo Federal podrá determinar los esquemas de coordinación entre los órdenes de gobierno para la ejecución de las medidas decretadas.

Capítulo IIIDe la Revisión de Constitucionalidad y los Medios de Impugnación

Artículo 21. En términos del párrafo quinto del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará, de oficio, sobre la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo Federal con fundamento en las autorizaciones a las que se refiere la fracción VII del artículo 12 de esta Ley, durante la restricción o suspensión.

Los decretos tendrán que ser notificados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicados en el Diario Oficial de la Federación, y difundidos a través de dos medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local, para garantizar la mayor publicidad,

Para el ejercicio de esta facultad será aplicable, en lo conducente, el procedimiento previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las acciones de inconstitucionalidad. En el procedimiento correspondiente todos los días y horas serán hábiles y deberá resolverse dentro de los quince días siguientes.

En caso de que la vigencia del decreto sea menor a quince días, el procedimiento se deberá sustanciar a más tardar en la mitad del plazo establecido en el decreto.

Artículo 22. Recibida la notificación a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que analice el decreto en cuestión.

Artículo 23. El ministro instructor someterá a la consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de resolución respectivo en los términos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 24. La decisión que recaiga sobre la constitucionalidad de los decretos tendrá efectos retroactivos, debiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, mediante la anulación, en su caso, de todos los actos dictados en ejecución de los decretos considerados inconstitucionales, sin perjuicio del derecho de los particulares de solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual y de ejercer todas las acciones a que haya lugar.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de algún decreto o su invalidez, lo informará de inmediato al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, y al Titular del Ejecutivo Federal, quien deberá ordenar la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial de la Federación y difundirla a través de dos medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local, para garantizar la mayor publicidad.

Artículo 25. Los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los decretos de restricción o suspensión serán impugnables a través del juicio de amparo. En estos casos no será procedente la suspensión, salvo que el acto reclamado corresponda a derechos y garantías que no hayan sido materia del decreto de restricción o suspensión, o se trate de los comprendidos en el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 26. Las acciones legales que tengan por objeto demandar reparaciones por daños o afectaciones derivados de los actos del Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión sólo podrán ser tramitadas ante los órganos jurisdiccionales competentes, una vez concluida dicha restricción o suspensión.

Artículo 27. El decreto emitido por la Comisión Permanente o por el Congreso de la Unión, por el que se suspende el ejercicio de los derechos y garantías, y contiene las autorizaciones a las que se refiere la fracción VII del artículo 12 de esta Ley, en su caso, podrá ser impugnado a través de los medios previstos por el artículo 105 constitucional. En el procedimiento correspondiente todos los días y horas serán hábiles y deberá resolverse dentro de los treinta días siguientes. En caso de que la vigencia del Decreto sea menor a treinta días, el procedimiento se deberá sustanciar a más tardar en la mitad del plazo establecido en el Decreto. En caso de que se declare la invalidez del Decreto impugnado se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de esta Ley.

Capítulo IVDel Control Parlamentario

Artículo 28. Durante la vigencia del decreto de restricción o suspensión, el Titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, informes detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas, sobre su aplicación y sobre la evolución de la situación.

Los informes deberán ser entregados por lo menos cada treinta días, durante todo el tiempo que permanezca vigente el decreto de restricción o suspensión.

Capítulo VDe la Conclusión del Decreto de Restricción o Suspensión de Derechos y Garantías

Artículo 29. La restricción o suspensión concluirá:

I. Cuando haya concluido el plazo fijado en el decreto que le dio origen, o en aquel o aquellos que modificaron su plazo de vigencia;

II. Cuando hayan desaparecido las causas que le dieron origen;

III. Por decreto del Congreso de la Unión, o

IV. Por decreto del Ejecutivo Federal.

Artículo 30. Cuando se actualice alguno de los supuestos de conclusión de restricción o suspensión descritos en las fracciones I, II o IV del artículo anterior, el Titular del Ejecutivo Federal expedirá el decreto respectivo, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo difundirá a través de dos medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local, para garantizar la mayor publicidad, lo comunicará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Secretarías Generales.

Artículo 31. Cuando a consideración de alguno de los miembros del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, se actualice el supuesto de la fracción II del artículo 29 de esta Ley, podrá proponer al pleno la iniciativa de decreto de conclusión de restricción o suspensión.

Se seguirá el mismo trámite parlamentario establecido para la aprobación del decreto de restricción o suspensión.

Artículo 32. El Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si éste no se encontrara reunido, revoque o ponga fin a la restricción o suspensión.

Artículo 33. Una vez publicado el decreto que pone fin a la restricción o suspensión, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante la vigencia de éste quedarán sin efecto de forma inmediata.

Artículo 34. El Titular del Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, un informe final sobre las causas, motivos, delimitación geográfica, tiempo, medidas administrativas y legales, restricciones o suspensión de derechos y garantías, consecuencias y otros, que fueron adoptadas durante la restricción o suspensión, y el estado que guarda el país o la región afectada una vez concluida la vigencia del decreto de restricción o suspensión, a más tardar siete días después de decretada su conclusión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Gobernación, por lo que no requerirá de ampliaciones presupuestales adicionales y no se incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Cualquier modificación a su estructura orgánica se realizará mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones aplicables.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Derechos Humanos, para dictamen.

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de DecretoCS-LXIII-I-1P-33

Por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, entendiéndose por éstas a aquéllas que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni por naturalización y que, encontrándose legalmente en territorio nacional, incurran en alguno de los supuestos previstos en este ordenamiento, para lo cual se respetarán los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

La presente Ley no será aplicable a las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional y, conforme al derecho internacional, gocen de privilegios e inmunidades.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Artículo 2. La aplicación de esta Ley, así como la sustanciación y ejecución de los procedimientos en ella establecidos corresponderán al Ejecutivo de la Unión por conducto de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 3. Para la aplicación de esta Ley, la Secretaría de Gobernación podrá solicitar el apoyo de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de su competencia.

Las instituciones de seguridad pública brindarán el auxilio necesario, en el ámbito de sus atribuciones, para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 4. Podrán ser sujetas del procedimiento de expulsión las personas extranjeras que participen en los asuntos políticos del país o que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos en términos de los artículos 8, 9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. La información relacionada con la expulsión de personas extranjeras será confidencial y reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Capítulo SegundoDel Procedimiento

Artículo 6. Las personas extranjeras podrán ser expulsadas del territorio nacional, previo desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 33 constitucional.

El procedimiento de expulsión que establece esta Ley no podrá exceder del plazo de quince días naturales. Transcurrido el plazo citado sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la Unión, se tendrá por concluido el procedimiento y se levantarán las medidas cautelares que hubieren sido impuestas, salvo que el procedimiento haya sido suspendido por orden de autoridad judicial competente, con motivo de la interposición de algún medio de impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad.

Artículo 7. Cualquier autoridad podrá comunicar a la Secretaría de Gobernación los hechos que pudieran dar lugar al inicio del procedimiento de expulsión.

Artículo 8. Durante la substanciación del procedimiento de expulsión, la persona extranjera deberá ser asistida, desde el primer acto, por un intérprete particular de su elección; a falta de éste, será proporcionado por la Secretaría de Gobernación.

Artículo 9. En caso de que dos o más personas extranjeras hayan incurrido conjuntamente en la misma causa que motive el inicio del procedimiento, éste se llevará a cabo de manera individual.

Artículo 10. Cuando la Secretaría de Gobernación cuente con indicios de que la persona extranjera haya incurrido en alguno de los hechos a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley, recabará la información pertinente de las autoridades competentes.

Artículo 11. Con base en la información recabada, el Secretario de Gobernación, o la autoridad en quien éste delegue la facultad, podrá desechar el expediente o dictar el acuerdo de inicio del procedimiento.

Artículo 12. El acuerdo en el que se determine el inicio del procedimiento de expulsión, contendrá:

I. La razón por la que se inicia el procedimiento y los fundamentos que den lugar al mismo;

II. El lugar, fecha y hora de la audiencia, la cual deberá tener verificativo dentro de los tres y cinco días naturales siguientes a la fecha de la notificación;

III. El derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo para preparar su defensa, dentro del previsto para fijar la fecha de la audiencia;

IV. El derecho que tiene la persona extranjera a acceder al expediente, ofrecer pruebas y a manifestar lo que a su derecho convenga;

V. El derecho que tiene la persona extranjera a contar con un intérprete, recibir asistencia consular, a contar con un abogado y a mantener comunicación con persona de su confianza;

VI. La autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación ante la cual se celebrará la audiencia;

VII. Las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece el artículo 4 de esta Ley, en términos del artículo 15.

Artículo 13. La notificación del acuerdo de inicio del procedimiento deberá realizarse por escrito y de manera personal, en la cual se le deberá informar sobre su derecho de audiencia y se anexará copia del acuerdo a que se refiere el artículo 12 de esta Ley.

La notificación podrá practicarse en cualquier lugar en que se encuentre la persona extranjera. Para efectos de esta notificación se considerarán todos los días y horas como hábiles.

Si la persona extranjera se niega a recibir la notificación, el notificador asentará ese hecho en el acta circunstanciada, en presencia de dos testigos. En todo caso, deberá referirse en el acta que se hizo del conocimiento de la persona extranjera su derecho de audiencia.

Capítulo TerceroDe las Medidas Cautelares

Artículo 14. En el acuerdo de inicio del procedimiento, la autoridad administrativa competente de la Secretaría de Gobernación deberá sustituir la detención que en ningún caso podrá exceder de treinta y seis horas por las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece el artículo 4 de esta Ley.

La Secretaría de Gobernación podrá imponer una o más de las medidas cautelares siguientes:

I. Exhibición de garantía económica, la cual consistirá en depósito en efectivo en institución financiera o mediante fianza, por el monto que fije la autoridad competente de la Secretaría de Gobernación;

II. Vigilancia de la autoridad que se designe al efecto;

III. Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que sustancie el procedimiento;

IV. Prohibición o restricción de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares o de comunicarse con determinadas personas, cuando estén relacionados con los hechos que hayan dado lugar al inicio del procedimiento.

V. Retención del pasaporte, o

VI. Alojamiento, en los términos y condiciones que prevé la Ley de Migración. Esta medida cautelar tendrá carácter excepcional y será aplicable cuando:

a) Exista la creencia fundada de que la persona pudiera sustraerse del procedimiento;

b) Haya incumplimiento de otras medidas cautelares dictadas con anterioridad, o

c) La persona implique un riesgo objetivo para terceros o para la sociedad, en cuyo caso, el alojamiento deberá verificarse en condiciones de seguridad de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 15. En la determinación de las medidas cautelares la Secretaría de Gobernación deberá considerar lo siguiente:

I. Las circunstancias de los hechos en que haya incurrido la persona extranjera que actualice alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley por el que se haya iniciado el procedimiento;

II. La proporcionalidad de las medidas en relación con los fines que persiguen;

III. Las circunstancias particulares de la persona extranjera, y

IV. Otros datos que resulten relevantes para la determinación de las medidas.

Artículo 16. Desde el momento de la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento deberá informarse a la persona extranjera de su derecho de recibir asistencia consular, y se le darán todas las facilidades para que mantenga comunicación con sus representantes consulares.

La Secretaría de Gobernación deberá notificar a la representación diplomática o consular la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento de la persona extranjera de manera inmediata, e informará de ello a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 17. La persona extranjera podrá designar, desde el inicio del procedimiento o de su detención, abogado particular. De no designarlo o no contar con asistencia jurídica, la Secretaría de Gobernación deberá solicitar al Instituto Federal de Defensoría Pública que le proporcione un abogado.

Capítulo CuartoDe la Audiencia y la Resolución del Procedimiento

Artículo 18. Las autoridades competentes que intervengan en el procedimiento de expulsión a que se refiere esta Ley, asumirán la carga de la prueba respecto de sus afirmaciones.

Artículo 19. La audiencia se celebrará el día y hora señalados en el acuerdo de inicio de procedimiento ante la instancia competente de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 20. Las pruebas que ofrezca la persona extranjera deberán desahogarse en la audiencia, salvo aquéllas que por su propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo caso dicha audiencia podrá diferirse, por una sola vez, con la finalidad de preparar su desahogo, sin que pueda exceder el plazo que establece el artículo 6 de esta Ley. En todo caso, se levantará el acta respectiva.

El extranjero contará con la asistencia jurídica de su abogado.

Artículo 21. Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de veinticuatro horas para que los presente por escrito.

Posteriormente, se dictará acuerdo en el que se dé por cerrada la etapa de alegatos.

Artículo 22. La Secretaría de Gobernación podrá concluir el procedimiento antes de la celebración de la audiencia cuando la persona extranjera se allane a los hechos que se señalan en la fracción 1 del artículo 12. En este caso, se procederá en los términos del artículo 27.

Se sobreseerá el procedimiento en cualquier caso en que éste quede sin materia antes de que concluya el plazo a que se refiere al artículo 6 de esta Ley.

Artículo 23. Una vez concluida la audiencia, la Secretaría de Gobernación recabará la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y podrá solicitar la de otras autoridades que estime pertinentes.

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación podrá resolver en cualquiera de los sentidos siguientes, dentro de los cuatro días naturales siguientes:

I. Declarar que existen los elementos suficientes para expulsar a la persona extranjera del territorio nacional, o

II. Declarar que no existen los elementos suficientes para expulsar a la persona extranjera del territorio nacional.

Artículo 25. En los casos de la fracción II del artículo anterior, se dará por concluido el procedimiento de manera definitiva, se levantarán las medidas cautelares y se notificará personalmente en un plazo no mayor a 24 horas a la persona extranjera.

Artículo 26. Si en la resolución emitida se considera que existen elementos suficientes para la expulsión, la Secretaría de Gobernación someterá a consideración del Ejecutivo de la Unión el expediente correspondiente, quien determinará dentro de los cinco días naturales siguientes sobre el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que el Ejecutivo no ejercite dicha facultad dentro de los 5 días naturales siguientes, se entenderá que la persona extranjera no será expulsada y se procederá conforme a lo señalado en el artículo anterior.

Artículo 27. Si el Ejecutivo de la Unión estimara procedente la expulsión de la persona extranjera, suscribirá el acuerdo correspondiente, el cual contará con el refrendo del titular de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Al momento de la notificación, la autoridad administrativa, si fuere el caso, detendrá al extranjero y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea expulsado del país, lo cual deberá suceder entre las veinticuatro y treinta y seis horas posteriores a la notificación.

Contra el Acuerdo del Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la persona extranjera sólo procederá el juicio de amparo. Las medidas cautelares impuestas podrán continuar vigentes hasta que transcurra el plazo para la interposición de dicho juicio, o durante su tramitación, y hasta la sentencia definitiva.

Artículo 28. La persona extranjera detenida tendrá derecho a mantener comunicación con persona de su confianza, su intérprete, su representación consular o diplomática y con su abogado.

Capítulo QuintoDe la Ejecución de la Resolución

Artículo 29. La expulsión será ejecutada por la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración.

La expulsión de una persona extranjera, en términos de esta Ley, implica también la prohibición de reingresar al territorio nacional por el tiempo que determine la Secretaría de Gobernación. Antes del tiempo determinado, sólo podrá autorizar el reingreso al territorio nacional, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, cuando las circunstancias que dieron lugar a la expulsión hayan dejado de existir.

Artículo 30. La expulsión de la persona extranjera se realizará preferentemente al país del cual sea nacional o residente.

Artículo 31. En ningún caso la persona extranjera podrá ser expulsada a un país, sea o no de su nacionalidad o residencia, donde su vida, libertad o seguridad han sido amenazadas, o se encontrara en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o cuando este acto ponga en riesgo sus derechos humanos.

En este caso la persona extranjera, con auxilio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá encontrar un país que permita su ingreso. Durante este periodo, permanecerá en las instalaciones migratorias que se designen para tal efecto.

Artículo 32. Cuando se acuerde la expulsión del territorio nacional de una persona extranjera que esté sujeta a un procedimiento penal o haya sido condenada por un delito que merezca pena privativa de libertad y se encuentre cumpliendo una sanción de prisión, el acuerdo de expulsión se ejecutará una vez terminado el procedimiento o cumplida la pena, según corresponda.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, por lo que no requerirán de ampliaciones presupuesta les adicionales y no se incrementarán sus presupuestos regularizables para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Artículo Primero. Se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante los periodos de descanso previo y posterior al parto, a que se refiere el artículo 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo.

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes al periodo de descanso posterior al mismo, sin importar que el periodo de descanso anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el periodo de descanso anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo.

A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de las Dependencias o Entidades y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de descanso previo al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADOR

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DE JÓVENES Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para Jóvenes y se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción I, 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para Jóvenes, y reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica, ENADID, 2014, indica que el monto de la población joven –de 15 a 29 años– es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto de 1990 (23.9 millones), su proporción respecto al total disminuyó de 29.4 en 1990 a 24.9 por ciento en 2014. Lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes.

En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, 1 de cada 3 (34.1 por ciento) son jóvenes de 20 a 24 años y 3 de cada 10 (29.1 por ciento) tienen de 25 a 29 años.

A. Ocupación

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2015, fue de 7.4 por ciento, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.2 por ciento). Un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (8.6 por ciento) y los jóvenes de 20 a 24 (8.3 por ciento) tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.2 por ciento de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia.

Por otra parte solo el 7.1 por ciento de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, tienen la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. Otro aspecto por señalar es que 61.1 por ciento de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal y se hace más notorio cuando su escolaridad es baja: 91.3 por ciento de los jóvenes ocupados con primaria incompleta se encuentra en esta situación, mientras los que cuentan con estudios medio superior y superior es de solo 44.2 por ciento. La vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo: la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario mínimo es de 18.2 por ciento; uno de cada tres (33.5 por ciento) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (16.4 por ciento) no reciben remuneración. En suma, estas tres categorías representan 68.1 por ciento de la población joven que se ocupa de manera informal.

B. Inserción laboral y empleo

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la población joven de México en etapa productiva es el ingreso al campo laboral, en donde cuestiones como la falta de experiencia o la ineficiencia en la capacitación repercuten de manera significativa en la inserción de los jóvenes a algún empleo.

De acuerdo con el académico de la UNAM, Eduardo Loria Díaz, a pesar de lo que se podría suponer, las tasas de desempleo se agravan cuando los jóvenes poseen un nivel educativo medio superior y superior. En tal sentido, de acuerdo con estadísticas de 2014, el desempleo entre la población con primaria cursada es de 5 por ciento, mientras que los que poseen un nivel medio y superior llega al 12 por ciento por ciento. Este fenómeno se podría explicar, debido a los malos sueldos ofrecidos para los jóvenes, ya que mientras los jóvenes que cuentan con instrucción básica están dispuestos a aceptar los salarios bajos ofrecidos por cualquier empresa, los que tienen una educación superior o medio aspiran a obtener trabajos bien remunerados.

En palabras, las garantías de acceder a un empleo digno y bien remunerado se reducen de manera notable, debido a la situación de un mercado laboral, la oferta de vacantes es escasa. En tal sentido, se ha convertido en una labor complicada para las autoridades generar vacantes laborales, puesto que hoy en día la población de 15 a 29 años representa la tercera parte del total de la población que habita en México.

C. Acciones afirmativas en materia de juventud

Para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población.

Uno de estos grupos más desprotegidos y valorados es el de los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar son discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, el Estado debe implementar acciones específicas que impulsen en materia de educación y empleo que todas las personas jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculos.

Responder de forma adecuada a todas estas inquietudes y expectativas laborales resulta prioritario y estratégico para sentar las bases que posibiliten un desarrollo integral y nacional, acorde con las necesidades y los intereses de cada sector de la población, con énfasis para todos los sectores juveniles, y que reconozcan también las aceleradas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, en el que se encuentran no sólo estas generaciones, sino el país en su conjunto.

Hay evidencia de que una nación que no invierte en sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país. Es decir, cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las potencialidades y al reconocimiento de la heterogeneidad y capacidades de los jóvenes, es una garantía que permite hablar de desarrollo integral, justo y duradero. Una perspectiva holística de juventud debe surgir de considerar a los sectores juveniles como sujetos activos y no pasivos de las acciones y las situaciones que les afectan como es el generar espacios de oportunidad entre el sector educativo y laboral.

D. Hacia una política laboral en materia de juventud

El gobierno mexicano ha implementado diversos esfuerzos para controlar esta problemática, promoviendo políticas de Estado orientadas a incentivar la creación de empleos de calidad en el ámbito de la formalidad mediante programas, como lo fue el Programa de Primer Empleo (PPE), que inició el 1 de marzo de 2007, creado con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y permanentes de quienes se vayan incorporando por primera vez al mercado laboral. A pesar del beneficio, los empleadores no echaron mano de él. El presupuesto asignado superó los tres mil millones de pesos y, en marzo de 2010, el programa tenía un saldo disponible superior a los mil millones, por lo que fue cancelado.

Este programa no resultó atractivo para los empleadores, debido principalmente a que el trabajo formal no sólo implica el pago de las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones tales como aguinaldo, bonos, vacaciones, etcétera, sobre los cuales no se contempla deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo, los patrones debían estar al día con sus pagos al IMSS y a la Secretaría de Hacienda. Según información del Instituto, más de 40 por ciento de las compañías evaden el pago de las cuotas obrero-patronales o no están al corriente. De tal manera que, embarcarse en el programa significaba para muchos empleadores, incurrir en costos considerables.

Más importante aún es que el programa tampoco atendió un valor medular en la toma de decisiones del empleador: la contratación se liga estrechamente con la productividad laboral que el empleado pueda brindarle y al ambiente de negocios que se respire. El relativo abaratamiento de la mano de obra pretendido por el programa, al no considerar el beneficio per se, de la contratación, lo que se tradujo en un incentivo poco efectivo.

Otro ejemplo de política pública que intentó brindar oportunidades laborales a los jóvenes se concretó recientemente con la adición del Capítulo VIII intitulado “Del Fomento al Primer Empleo” (LFPE), reformas vigentes a partir del 2011, que plantean deducir a las empresas un porcentaje del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) atribuible a trabajadores no registrados previamente en el IMSS.

La vigencia del incentivo tiene un máximo de tres años por cada puesto de trabajo creado, siempre y cuando este sea mantenido por lo menos año y medio. Al ser una deducción adicional, el patrón no tendría que solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo es más expedita, ya que simplemente lo reporta en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

Sin embargo esta previsión fue retirada con la reciente reforma fiscal, por lo que esta política dejó de ser una oportunidad de desarrollo profesional y económico; ahora no hay incentivos o ningún otro beneficio real para la creación de empleos de calidad para los jóvenes.

Es aquí donde reside la pertinencia de impulsar políticas públicas que permitan la generación de empleos formales, bien remunerados, que satisfagan los intereses y necesidades de la población trabajadora. Por ello, considero una prioridad incentivar el empleo de los jóvenes con estudios técnico superior y superior, quienes gracias a sus esfuerzos y los de su familia, han logrado ser profesionistas.

Es necesario que las instituciones académicas asuman el compromiso de los jóvenes que hayan accedido a educación superior privada o pública, realicen una vinculación objetiva al medio laboral, y no se sujete a seguir engrosando sus filas con profesionistas con cedulas y títulos sin condiciones laborales o experiencias que les permitan utilizar los conocimientos adquiridos en su medio profesional.

E. Contenido de la Iniciativa

Esta propuesta no solo se concentra en la creación de empleos y la colocación de los que se encuentran en busca de uno, para disminuir los índices de desocupación; es la realización de una la política de Estado, encaminada a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, de su familia y su comunidad.

Por tal motivo, presento esta iniciativa con la finalidad de que sea valorada por las comisiones dictaminadoras para su aprobación; considerando entre los aspectos más importantes los siguientes:

• Tiene como objeto fomentar la inclusión laboral de los jóvenes egresados de educación superior menores de 29 años, en el sector público o privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

• Propone establecer beneficios y estímulos para los patrones que contraten a jóvenes egresados de educación superior.

• De aprobarse esta iniciativa, los estudiantes desarrollarán competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que el ámbito laboral demanda.

• Establece pautas a las autoridades laborales en los tres órdenes de gobierno para estimular y promover la incorporación de los jóvenes a un empleo en el sector formal adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno.

Con base, en las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo de Jóvenes

Artículo Segundo. Se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, para quedar como sigue:

Título PrimeroDisposiciones Preliminares

Capítulo ÚnicoObjeto, principios y definiciones

Artículo 1. Las presentes leyes de orden público, interés social y de observancia en el territorio nacional; tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes egresados de educación superior, en el sector público y privado, a efecto de generar experiencia profesional.

Artículo 2. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el reglamento y/o normas legales necesarias, para realizar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento de la presente ley.

La interpretación administrativa de esta Ley en el ámbito federal, corresponderá a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por:

I. Educación Superior. El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.

II. Empresa. Una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Instituto. Instituto Mexicano del Seguro Social;

IV. Patrón. La persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores;

V. Prácticas profesionales. El conjunto de actividades propias de la formación profesional para la aplicación y la vinculación con el entorno social y productivo;

VI. Puesto de nueva creación. Todo aquél que incremente el número de trabajadores asegurados ante el Instituto a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y en los términos dispuestos por la misma;

VII. Salario base. El monto de las cuotas obrero-patronales a cargo del patrón y la base para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador de primer empleo o sus beneficiarios legales;

VIII. Secretaría. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

IX. Servicio social. Programa de carácter obligatorio administrado por la universidad o institución de nivel Técnico Superior en que se esté cursando el grado, para poner en práctica los conocimientos que ha adquirido el estudiante en su preparación profesional, y

X. Servicio. Servicio Nacional de Empleo.

Artículo 4. La presente ley tiene por objeto:

I. Promover la creación de nuevos puestos para los jóvenes;

II. Diseñar políticas para incorporar laboralmente a los jóvenes;

III. Fortalecer el vínculo entre universidades, el sector público y privado que permita la incorporación de los jóvenes al ámbito laboral;

IV. Apoyar en las empresas en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr el crecimiento profesional de los jóvenes;

V. Orientar a los jóvenes egresados de educación superior en la búsqueda de un empleo de calidad acorde a sus perfiles, expectativas y entorno, y

VI. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención de jóvenes egresados en busca de empleo, así como los destinados para desarrollar competencias, habilidades y certificaciones laborales.

Artículo 5. A efecto de lograr un mejor funcionamiento, las acciones a que se refiere el artículo anterior, podrán realizar convenios de colaboración entre las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, universidades e instituciones educativas de educación superior, organizaciones empresariales y de la sociedad civil, a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con los servicios locales de empleo.

Título Segundo Del Fomento al Primer Empleo

Capítulo Primero De las autoridades, acciones y preferencia

Artículo 6. La Secretaría expedirá los lineamientos generales para que los jóvenes puedan acceder a programas de fomento al primer empleo, en las empresas o dependencias del sector público y privado.

Artículo 7. Los programas y acciones tendrán como finalidad contribuir a la formación integral de los jóvenes a través del ejercicio de los conocimientos técnicos, de esta manera, los estudiantes desarrollarán competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que el ámbito laboral demanda.

Artículo 8. Los jóvenes que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio o dependencia del sector público o privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación.

Capítulo SegundoDe los Incentivos, Beneficios, Elegibilidad e Inscripción

Artículo 9. Para impulsar el fomento de puestos de nueva creación para jóvenes e incentivar los patrones a contratarlos, las autoridades responsables deberán:

I. Apoyar a los patrones que contraten a jóvenes a que se refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

II. Estimular y promover la incorporación de los jóvenes a un empleo en el sector formal adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno; e

III. Impulsar la capacitación de los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades según el perfil del empleo y expectativas.

Artículo 10. Los patrones que contraten a los jóvenes en los términos de la presente Ley, tendrán acceso a los servicios y beneficios de los trabajadores de un puesto de nueva creación.

Artículo 11. Tienen derecho al apoyo y a los beneficios a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, los patrones que cumpliendo con los requisitos previstos, contraten a jóvenes para ocupar un puesto de nueva creación y que los inscriban ante el Instituto en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

Artículo 12. Las contrataciones deberán tener concordancia entre la profesión o carrera técnica acreditada por los jóvenes y el puesto de nueva creación, ser de calidad y de acuerdo con los perfiles, expectativas y entorno. La relación de trabajo con jóvenes que se incorporan a su primer empleo, se hará constar por escrito, mediante un contrato individual de trabajo garantizando la Seguridad Social del Trabajador, estableciendo las Condiciones Generales de Trabajo.

Artículo 13. Para ser elegible a un puesto de nueva creación para los jóvenes, estos deberán contar con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de 18 años y menor de 29 años de edad;

II. Ser residente del territorio nacional;

III. Contar con Clave Única de Registro de Población;

IV. Contar con título profesional o certificado que acredite la terminación de sus estudios como Técnico Superior o de Educación Superior, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con fecha de máximo un año previo a la entrada en vigor de la presente Ley;

V. No contar con registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto, por haber laborado previamente;

VI. No percibir otros ingresos económicos por concepto de subsidio o relación laboral diversa, y

VII. No ser beneficiario de subsidio al desempleo o similar por parte de otra instancia.

Artículo 14. Para la inscripción de las empresas o patrones en el padrón estos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar legalmente constituidas conforme a las leyes de su entidad;

II. Contar con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables;

IV. Entregar la documentación e información que reglamentariamente se determine;

V. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen, y

VI. Entregar informes, datos y documentación que les sea requerido con relación al puesto de nueva creación o el trabajador de primer empleo colocado.

VII. Los demás que determinen esta ley, el reglamento y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 15. Los interesados en inscribirse en el padrón como empresas o patrones con interés de contratar a jóvenes, deberán presentar su solicitud de inscripción dentro del plazo que establezca el reglamento o leyes aplicables, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que cuenta con los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo TerceroDe la Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental

Artículo 16. La Secretaría, preverá los medios indispensables para incentivar y promover la concurrencia y vinculación de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la presente Ley.

Artículo 17. Para impulsar la coordinación interinstitucional en la aplicación de esta Ley, la Secretaría deberá:

I. Establecer el registro denominado de los jóvenes para conocer la integración de los mismos en la apertura de puestos de nueva creación;

II. Establecer mecanismos e instrumentos de cooperación y vinculación, así como promover la celebración de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno para diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas y acciones de fomento al primer empleo;

III. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales, encaminados a incentivar el desarrollo integral de políticas públicas en materia de fomento al primer empleo, y

IV. Establecer a través del Sistema Nacional de Empleo, el sistema de colocación de los jóvenes que decidan convertirse en trabajadores de primer empleo, buscando en todo momento la coordinación de las instancias obligadas a participar en los fines de la presente Ley.

Artículo 18. Las relaciones laborales entre los jóvenes y patrones se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Trabajo y en la normatividad laboral vigente; tendrá una duración mínima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados.

Durante ese tiempo el joven disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al termino de este periodo, de no acreditar competencia el joven a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

Artículo Segundo. Se reforma el título del Capítulo II, De los Patrones que contraten a Personas que Padezcan Discapacidad, Adultos Mayores, así como el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo IIDe los Patrones que Contraten a Personas que Padezcan Discapacidad, Adultos Mayores y Jóvenes

Artículo 186. (...)

(...)

El patrón que contrate jóvenes egresados de educación superior, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 60 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales de cada año, los recursos necesarios para el fomento al primer empleo de los jóvenes, en cumplimiento de la presente Ley.

Tercero. El Ejecutivo federal deberá emitir el Reglamento de la Ley de Fomento al Primer Empleo de jóvenes y las normas legales correspondientes, en un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota:

1 Inegi, Estadísticas con motivo del Día Internacional de la Juventud, 2015

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los cuatro días del mes de diciembre de 2015.— Senadores: José María Martínez Martínez (rúbrica), Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), Martin Orozco Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Continúe la Secretaría con el capítulo de declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEYES O DECRETOS

INSTITUIR LA MEDALLA DE HONOR “GILBERTO RINCÓN GALLARDO” DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para instituir la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo, de la Honorable Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

19 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL ABUSO INFANTIL

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año día nacional contra el abuso sexual infantil.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEYES O DECRETOS

EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

VOLUMEN III

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en representación de los integrantes que conformamos la Comisión de Economía de esta Cámara de Diputados presento ante esta soberanía el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Esta iniciativa de zonas económicas especiales fue presentada por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

El dictamen que hoy sometemos a su consideración es resultado del consenso entre las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios. Es muy importante resaltar que es el resultado del consenso de las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios. Además, se consultó a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, gobiernos estatales y dependencias del gobierno federal.

A todos los que enriquecieron esta iniciativa, en nombre de la Comisión de Economía, les agradecemos su interés y su apoyo. El desarrollo del sur sureste del país se ha convertido en uno de los desafíos más importantes que México enfrenta y abatirlo es precisamente la finalidad que persigue esta iniciativa.

En el presente dictamen se establece un marco jurídico de regulación, planeación, establecimiento y operación de zonas económicas especiales, como un instrumento que contribuya al abatimiento de la desigualdad y permita cerrar las crecientes brechas de desarrollo regional a partir de un crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social.

La implementación de las zonas tendrá efectos positivos en términos de desarrollo de actividades económicas de alta productividad, atracción de inversiones, encadenamiento productivo, integración a las cadenas de valor globales, aumento de la demanda por servicios locales, generación de empleos de calidad y en general un aumento de los niveles de bienestar de la población de cada región.

La Comisión de Economía ha considerado necesario realizar algunas modificaciones, con el objeto de precisar diversos aspectos normativos y mejorar el régimen jurídico de operación de las zonas y sus áreas de influencia.

Dentro de las modificaciones destacan las siguientes:

Primero. En lo que respecta a los criterios territoriales de elegibilidad para el establecimiento de zonas, se considera conveniente precisar que se trata de uno o más municipios, cuya población se ubique entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Segundo. Se precisa que la carta de intención deberá contar con la autorización del Congreso del estado correspondiente.

Tercero. Esta comisión estima conveniente precisar que en los convenios de coordinación se especifique, cuando menos, la temporalidad mínima de las facilidades e incentivos de carácter fiscal que otorguen las entidades federativas y los municipios.

Cuarto. Se incluye expresamente el apoyo al desarrollo económico, social y sustentable de la zona y el área de influencia que abarcará acciones complementarias en materia de educación, cultura, deporte, transporte público u otras de beneficio comunitario.

Quinto. Esta dictaminadora consideró necesario modificar la naturaleza del consejo consultivo para constituirlo como un órgano técnico de seguimiento permanente a la operación de las zonas, denominándolo consejo técnico.

Sexto. Se incorpora la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Séptimo. En lo relativo a la duración del permiso que se otorga a las sociedades mercantiles constituidas conforme a la legislación mexicana para construir, desarrollar, administrar y mantener una zona económica especial se propone otorgarlo por un periodo de hasta 40 años, prorrogables únicamente hasta por un periodo similar.

Octavo. Por último, con la finalidad de que el Congreso de la Unión tenga una participación activa en la valuación, constitución y desarrollo de las zonas, se establece un mecanismo a través del cual el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, brindará información puntual de manera periódica al Poder Legislativo.

Así también la comisión intersecretarial deberá invitar a sus sesiones a un representante de cada Cámara del Congreso de la Unión.

Diputadas y diputados, por supuesto que las Zonas Económicas Especiales no son una solución definitiva a todos los problemas de desigualdad entre regiones en nuestro país, pero sí les puedo asegurar que son un planteamiento serio, innovador y exigente que busca adoptar experiencias internacionales exitosas para detonar el desarrollo regional y generar condiciones de igualdad y progreso para millones de mexicanos.

Por México y por los mexicanos con mayores condiciones de pobreza, solicito a todos ustedes diputadas y diputados, el voto a favor de esta minuta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Dávila.

Está a discusión en lo general. Y se han inscrito para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, diputadas y diputados, en consecuencia tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por cinco minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Diputadas y diputados, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Encuentro Social la oportunidad de participar en este importante modelo de desarrollo económico denominado Zonas Económicas Especiales, apoyando, desde luego, esta nueva ley federal de la materia.

En primer lugar quisiera yo detonar dos cosas que se me hacen interesantes: un bosquejo general, algo específico; entramos en el primer tema. Sin duda que la zona económica especial, o especiales, son una prioridad para generar riqueza en las zonas principalmente marginadas del país, la zona sur-sureste. Sin duda, que reconocemos en esta iniciativa del Poder Ejecutivo federal, que del 90 al 2010, un ejemplo claro de que no se ha democratizado la productividad, es de que el ingreso per cápita en los estados del norte como del Bajío, se incrementó en 40 años casi, en un 47 por ciento.

No así, en el sureste del país tan solo 7 por ciento del producto interno per cápita. ¿Qué significa esto? Que hay una gran marginación, y si le agregamos que más del 30 por ciento de los gobiernos municipales, municipios, están en esa zona instalados, sin duda que nos damos cuenta, que es una prioridad generar riqueza, es una prioridad llevar justicia, es una prioridad atender esta emergencia.

Como decía el presidente de la comisión hace unos momentos, sabemos que no es la solución total, pero sí es un acto real, es un acto de conciencia, de responsabilidad en el gobierno federal. Así lo entiende Encuentro Social, así lo reconocemos en este momento.

Respeto a los derechos de los indígenas, considera la parte considerativa de este dictamen que nos ocupa. Hay, en promedio nacional –dice el dictamen– el 10 por ciento de los indígenas se instalan en el resto de los estados. En los estados del sureste del país hay una población del 27 por ciento correspondiente a este importante segmento de la población indígena. Es decir, es necesario que exista una opinión y este dictamen considera respeto irrestricto precisamente al grupo indígena de nuestro país.

También reconozco el trabajo de la Comisión de Economía, porque una ley, aproximadamente de 50 artículos, amigas y amigos, tiene modificaciones en el dictamen, se le metió mano al dictamen, más de 30 modificaciones que le dan certeza jurídica, no solamente al Poder Ejecutivo; le dan certeza jurídica al inversionista en potencia y, por supuesto, a las zonas instaladas en esas áreas geográficas estratégicas denominadas en esta ley zonas económicas especiales. Y si hablamos de manera análoga en relación a cómo han funcionado en otros países créanme que, si no han acabado con la pobreza, sí han servido para rescatar de la pobreza a muchos habitantes.

¿Cuál es el éxito de estas zonas económicas especiales? Involucrar a la sociedad de la región que se involucren en capacitación y, por supuesto, obligar a los inversionistas. Y ahí está la importancia de que este mismo dictamen considera ahora lo que estamos viendo, un consejo consultivo un consejo técnico, que va a estar integrado por la sociedad civil organizada, el sector productivo organizado, de tal suerte que tiene opinión de ley para que sean cuidados y salvaguardados los intereses en términos de sustentabilidad, en términos fiscales, porque las zonas tiene que ver mucho con el estímulo fiscal de la Secretaría del ramo a nivel federal y, por supuesto, tiene que ver mucho con el medio ambiente, opiniones. Y de ahí que se forma en este dictamen, de ahí la importancia de que haya una comisión intersecretarial, pero por otro lado un consejo técnico que le permita al sector productivo organizado instalado en la zona económica especial participar y ser tomados en cuenta.

Creo que tiene bondades, tiene cuestiones por supuesto perfectibles, pero que en lo general y en lo particular podemos decir como Partido Encuentro Social que este dictamen servirá para mandar un mensaje de justicia social al sureste del país. Estamos hablando, amigas y amigos, de una oportunidad que se nos da, propiciada por el gobierno federal, reconociendo desde luego que los programas sociales, que los programas asistencialistas no han funcionado como debe ser porque sigue habiendo una alta marginación en esa zona del país.

Es decir, la ley en sí misma que hoy se va a autorizar, de acuerdo a la votación del pleno, en su caso, reconoce en sí misma que los programas sociales no han sido suficientes, no se ha podido descentralizar la productividad y no se ha logrado la justicia social que tanto anhelas los mexicanos y, por supuesto, las mexicanas. Por mi parte, es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Sin duda, nuestro país cuenta con una geografía económica polarizada que conlleva grandes desigualdades sociales.

Para Nueva Alianza, revertir esta desigualdad y propiciar claras y certeras oportunidades de desarrollo que impulsen una mayor actividad económica en todo el país, es un reto que asumimos con el mayor de los compromisos.

Porque estamos seguros que para abandonar la pobreza que golpea a millones de personas se requieren acciones específicas que permitan satisfacer las demandas económicas y sociales de la ciudadanía. Por ello, votaremos a favor de la creación de la zonas económicas especiales, porque si queremos reducir las brechas de desigualdad y pobreza regionales, debemos comenzar por generar las condiciones que posibiliten detonar un crecimiento económico más igualitario en todo el territorio nacional.

Esta ley establece las condiciones, incentivos, alcances y regulación para el establecimiento y la operación de las zonas económicas especiales, que generen crecimiento y desarrollo en regiones con altos índices de pobreza y desigualdad.

El objetivo es generar bienestar para las comunidades de las regiones donde se establezcan, mediante políticas públicas integrales que impulsen el desarrollo de los estados más rezagados del país.

Al identificar las necesidades por región, se promueve la inversión, la productividad, la competitividad y se focalizan los esfuerzos mediante incentivos económicos, simplificación regulatoria, provisión de infraestructura competitiva, además de beneficios fiscales temporales para crear las condiciones específicas que generen el crecimiento que tanto se requiere.

Sin duda, vendrán grandes inversiones para el desarrollo de la infraestructura, lo que impulsará la creación de empleos y una mayor capacitación y educación de esos recursos humanos. Todo ello coadyuvará para resarcir las condiciones de pobreza multidimensional en que viven más de 53 millones de mexicanos. La participación del sector privado, una política industrial sustentable, con vertientes sociales y regionales son factores que sin duda contribuyen al desarrollo económico y social.

Para Nueva Alianza, los grupos en situación de vulnerabilidad son una prioridad. En ese sentido, celebramos que la ley tome en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en las zonas y su área de influencia y prevea la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en los procedimientos de consulta.

Otro de los puntos relevantes de la ley es que establece la creación de un consejo técnico integrado como órgano colegiado por representantes de los sectores privados y sociales, que actuará como instancia asesora y de vinculación en el sector público en el desarrollo y funcionamiento de la zona. Se encargará también de la evaluación del desempeño económico y social de las zonas y áreas de influencia, así como el de emitir recomendaciones y sugerir acciones pertinentes.

Con estas medidas se pretende un crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de los estados con mayor rezago social, reduciendo significativamente la pobreza y la desigualdad.

Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza entendemos la importancia de las zonas económicas especiales. Es importante que sean consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional.

En este sentido, mantenemos nuestro compromiso de impulsar los cambios que el país requiere para brindar mejores oportunidades y condiciones de vida para todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras, nuestra Constitución Política, en su artículo 2, señalar que la nación mexicana es única e indivisible.

A su vez, el artículo 26 de la Ley Fundamental establece como tal, ineludible del Estado, organizar un sistema de planeación que imprima dinamismo, competitividad, permanencia, equidad, crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación.

Nadie pone en duda la validez de las disposiciones anteriores. Sin embargo, la realidad de muchas de las regiones de nuestro país, sobre todo, las del sur muestran que están quedando relegadas respecto al crecimiento económico y de competitividad de otras zonas del país, como si los estados y los municipios del sur no fueran parte de la única nación mexicana ni tuvieran derecho a gozar de los beneficios de una economía pujante, tal como lo prevé el artículo ya mencionado de nuestra Carta Magna.

Los datos nos indican que en el sur del país se encuentran las tres entidades más rezagadas en términos de bienestar social y desarrollo económico, con una incidencia de pobreza patrimonial del 72.2 por ciento.

De igual forma, en el sur de México reside el 60 por ciento de los municipios con el nivel de marginación más alto de toda la República Mexicana, lo que se debe, entre otras cuestiones, al limitado desempeño de las actividades económicas y productivas.

El anterior panorama es sólo un ejemplo de la deuda histórica que tiene el Estado con los mexicanos que habitan esa región. Bajo este contexto, la Ley de Zonas Económicas Especiales que hoy estamos discutiendo, contribuye a una vía para impulsar con acciones concretas la economía de esta región, pues aunque la ley por ser de ordenamiento de carácter general, no lo limita ni lo suscribe a zonas específicas al campo de la aplicación de la misma, las primeras beneficiadas con el régimen jurídico particular que se propone, se encuentran al sur del país.

Así podemos mencionar al puerto de Chiapas, puerto de Lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Guerrero, Michoacán, así como el corredor interamericano del Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos y Veracruz.

En la actualidad, a nivel internacional existen más de 3 mil 500 zonas económicas especiales, como en China, Corea, Corea del Sur, India, Malasia, Irlanda, Polonia, entre otros países.

La Organización Mundial del Trabajo ha señalado que la presencia de las zonas económicas especiales cada vez es más relevante. Durante 1975 y 2006, el número de las zonas económicas aumentó de 79 en 29 países, a 3 mil 500 en 130 países.

En las últimas tres décadas, países como Corea del Sur, China y Chile han alcanzado tasas elevadas de crecimiento, disminuyendo sus niveles de marginación y generando nuevas alternativas de empleo para quienes viven en el área de influencia de las zonas especiales.

En Centroamérica, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana ya implementan esta figura como parte de un orden jurídico y se tienen casos exitosos en otras partes del continente americano como la zona franca de Manaos, en Brasil, y la zona franca de Colón, en Panamá, donde se reportan crecimientos significativos del producto interno bruto.

Lo anterior nos ejemplifica que las zonas económicas especiales, a pesar de ser la primera vez que se implementan en nuestro país tienen arraigo a nivel mundial y han propiciado resultados satisfactorios para la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de cadenas de valores y productividad, reduciendo así la brecha a nivel económico que existe entre las distintas regiones que integran un país.

Pero además, la creación de la zonas económicas especiales en el contexto de los estados y municipios del sur de México permitirá a las autoridades retomar, en gran medida, el control sobre una zona donde el crimen organizado ha echado raíces, ha contribuido precisamente al estancamiento de las actividades productivas y económicas, pues todos sabemos que el alto nivel de inseguridad y los efectos asociados a ésta frenan la llegada de inversiones, pero sobre todo, estropean la vida de los hombres y mujeres, incluso de jóvenes y niños induciéndolos a la comisión del delito al aprovecharse de su pobreza y desesperación en los que estos se encuentran, al no poder contar con una alternativa digna y legal para sacar adelante a sus familias.

La razón anterior, en un contexto internacional y local muestran las bondades que para un país tiene la regulación de las zonas económicas especiales.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coincide con el espíritu en lo general del dictamen. No obstante, creemos que las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y otras instancias involucradas se presten a la discrecionalidad, lo que puede generar conductas para favorecer a ciertos empresarios para la explotación de estas zonas sin la adecuada transparencia y rendición de cuentas que se necesitan, propiciando, por tanto, posibles actos de corrupción.

Por tal motivo, Movimiento Ciudadano se abstendrá en el presente dictamen y estaremos vigilantes para evitar posibles abusos de inversionistas que solo buscan su beneficio. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lomelí. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso del diputado presidente. Primero habría que reconocer aspectos positivos de la Comisión de Economía, en esta ocasión sí se integró un dictamen con las observaciones dentro del dictamen, no un adendum, eso es positivo y además hubo apertura también para que distintas posiciones de distintos diputados de varios partidos se incluyera

Creo que es algo importante cuando sucede destacar, porque cuando no sucede, pues destacamos lo contrario. Es también algo positivo decir que hay por primera vez en tiempo, un intento –habría que decir pequeño– de hacer política industrial. Es un intento cuyo futuro es incierto, quedan muchas dudas, queda la duda de si este instrumento es el adecuado para esas zonas del país, francamente creo que falta una estrategia de desarrollo integral en las zonas donde sí se generen las capacidades humanas, empresariales, de infraestructura, para que se genere desarrollo.

Aquí lo que se está proponiendo es una zona donde habrá probablemente inversiones industriales en regiones apartadas del país, regiones en donde no hay este tipo de industrias. Esto generará empleo, pero sí tendría dudas muy serias en torno a la calidad de ese empleo, a las cadenas productivas que se puedan desarrollar en este medio ambiente.

En la Comisión de Presupuesto, cuando se discutió el impacto presupuestal de este dictamen, se dijo que no había impacto presupuestal. Eso en sí es una mala noticia, es decir, básicamente me parece que el problema está en que en el presupuesto anterior no aprobamos los recursos en infraestructura que requieren estas regiones del país.

Entonces, sin infraestructura, sin capital humana, sin el desarrollo de cadenas productivas, pues el impacto será sin duda limitado. Y al final del día lo que nos encontramos es una carencia de política industrial en el país, eso es lo que falta.

Todavía hace unos días el presidente Peña decía, que la política industrial de México eran los acuerdos comerciales, aquella idea de que la mejor política industrial era no tener política industrial, porque alguna forma de manera mágica, el libre comercio, iba a generar que las ventajas comparativas del país se desarrollaran e iban a morir las industrias que no la tuvieran.

Cuando los países que sí han desarrollado una gran capacidad exportadora –Corea– lo que han hecho es precisamente generar ventajas comparativas endógenas, es decir decidir qué es lo que el país quiere producir con base al valor agregado y al desarrollo que eso genera, y precisamente absorber tecnología para poder desarrollar esas capacidades.

Es lo que los países que han sido exitosos en los últimos años han hecho en materia comercial. Justo es lo que nos falta en todo este escenario. No hay una política ni de absorción de tecnología ni de inversión en infraestructura en las regiones más pobres del país.

Por año y por años no hemos mirado el sur y la política comercial de México que solamente, como decía Peña Nieto, ha sido una política de apertura comercial, no ha propiciado que generemos una industria adecuada.

Lo que falta en el futuro es una ley de industria que haga de la transformación una tarea esencial al país. Será solamente la manufactura la que va a generar empleo de alta calidad en un país con las características de México y esto es justo lo que está faltando. No son una política de desarrollo para las zonas más pobres del país. Es simplemente tratar de tener un proyecto de una zona industrial con ciertas características que beneficien a la industria, la que hoy se está aprobando.

Necesitamos una política industrial que haga énfasis en dos temas. En el contenido nacional como una prioridad en la industria de la transformación nacional y la absorción de tecnología como el mecanismo que sí va a generar manufactura de alto valor agregado, y esto poderlo integrar en comunidades que sean capaces de absorber estos empleos, esta industria y que al final sí tengamos desarrollo. Ahí es donde hemos fallado.

Por eso este país no crece, por eso seguimos siendo la economía en el mundo en donde el crecimiento queda como una promesa. Porque no generamos patentes, porque no generamos industria de alta calidad, porque seguimos teniendo el libre comercio como la única estrategia y no somos capaces ni de aprovechar las oportunidades de qué genera ni poder responder a los que hoy no pueden participar en este tipo de economía.

Que sirva este intento, que sirva este pequeño paso que se está dando para que México sí tenga en los próximos años una política industrial que genere desarrollo. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Lorena Corona Valdés: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se pone a discusión es de trascendental importancia al crear por primera vez en México una figura que ha tenido éxito en otros países y cuyo objeto es detonar el desarrollo de regiones rezagadas con alto potencial productivo y logístico.

La creación de las Zonas Económicas Especiales, en México, es un proyecto novedoso con respecto a los programas y a las políticas que se han implementado hasta ahora para impulsar el crecimiento de la economía a nivel regional.

En el mundo existen más de 3 mil 500 zonas que operan en la actualidad: en aquellas donde se han implementado adecuadamente los índices de desarrollo y crecimiento económico, han aumentado de manera importante.

Es necesario decir que la creación de las Zonas Económicas Especiales no son una solución por sí mismas para el crecimiento de la economía de las comunidades donde se ubiquen, requieren del esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno. Por ello se celebrarán convenios de coordinación para una efectiva articulación de las medidas necesarias para el desarrollo y la operación de las Zonas Económicas Especiales.

Con esta iniciativa se busca que donde se establezcan las Zonas Económicas Especiales, haya condiciones distintas a las que hay en el resto del territorio nacional, para atraer inversiones y generar empleos de calidad.

Considerando algunos incentivos se destacan: beneficios fiscales y laborales; un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo de capital humano, financiamiento e innovación. La ley establece que estos beneficios tengan una vigencia de ocho años, a fin de dar certeza a quien decida arriesgar su capital y crear empleos donde hoy no los hay.

Además da flexibilidad para establecer un paquete de estímulos a la medida en cada zona económica. La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, busca dar certidumbre a la inversión en las zonas que se establezcan, y continuidad en las acciones, y políticas públicas necesarias para su consolidación, más allá de una administración.

Por otra parte la creación de dichas zonas se orienta a democratizar la productividad y remontar rezagos históricos de las regiones más marginadas del país. Por ello estas zonas se van a ubicar en las 10 entidades federativas que presentan mayores rezagos en su desarrollo social.

Debemos de reconocer que en el ámbito regional es donde predominan mayores desequilibrios. Esto se ha traducido en contrastantes niveles de pobreza, mientras que en la frontera norte, tres de cada diez personas son pobres, en el sur son casi siete de cada diez. La productividad laboral en los estados del norte del país es casi tres veces superior a la productividad promedio en el sur del país.

Uno de los elementos importantes para que funcionen las zonas económicas especiales es la fuerza laboral capacitada. Los estados con mayor pobreza tienen rezago con desarrollo humano, y de acuerdo con el Inegi, Oaxaca es la entidad con mayores rezagos educativos en todo el país, seguido –entre otros– por Chiapas y Guerrero.

Simplemente en Chiapas, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más, es de 6.7, lo que equivale a poco más de la primaria concluida. Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario del Verde, impulsó en el proceso de dictaminación que las zonas económicas especiales, la educación se fortaleciera a nivel local, con el propósito que en los estados donde se establezcan, el nivel educativo alcance la educación superior, y así sucesivamente, a fin de que quienes habiten en las zonas aledañas, tengan la oportunidad de participar en las cadenas de valor.

El titular del Ejecutivo federal ha manifestado la intención de crear tres zonas económicas especiales: uno, en Puerto Chiapas; dos, Puerto Lázaro Cárdenas; tres, el corredor interoceánico de Istmo de Tehuantepec, lo que beneficiaría a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Con ellos se pretende que las regiones enclavadas en el sur-sureste del país no se limiten a estrategias de desarrollo predominantemente asistenciales, sino que se articule una política económica que promueva la inversión, el empleo y el crecimiento de la región.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, por último quiero destacar el trabajo realizado por la Comisión de Economía para la aprobación de este dictamen, siempre hubo apertura para escuchar a todas las voces de los grupos parlamentarios de esta Cámara, facilitó el trabajo conjunto del Poder Legislativo con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no hay pretexto para no tener un voto favorable. Los que se opongan es porque no quisieron participar en los trabajos de la Comisión de Economía.

En consecuencia, el Partido Verde Ecologista de México, votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos que las zonas económicas especiales generarán un gran potencial, no sólo para el desarrollo de las regiones más rezagadas del país, sino que estimamos también, tendrá un impacto económico positivo en todo México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corona. Y tiene ahora la palabra la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La diputada Lluvia Flores Sonduk: Con su permiso, señor presidente. Es evidente que la disparidad que existe en las entidades federativas de nuestro país basta observar algunos estados para ver su desarrollo económico. Cuando uno mira hacia el sur, lo único que ve es subdesarrollo y una pobreza que permea en la mayoría de los pobladores.

En esa tesitura resulta loable pensar que en nuestro territorio existan zonas económicas especiales a fin de detonar el desarrollo económico, necesario para los estados que más lo necesitan. Por ello, en mi grupo parlamentario, siempre ante ponemos el bienestar de los mexicanos.

Y es en ese contexto que hoy aplaudimos la discusión del dictamen por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y se adiciona el artículo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales.

Resulta necesario señalar que el crecimiento económico es fundamental para la generación de empleos, para disminuir la pobreza, además brinda oportunidades de desarrollo y propicia un mayor bienestar social. Solamente mediante el crecimiento económico podremos reducir la enorme brecha de desigualdad que existe en nuestro país. Con ello se podrá también generar una mayor distribución de la riqueza.

La productividad es motor del crecimiento de una economía, mediante la eficiencia con la que son empleados los factores de producción de bienes y servicios. Es necesario reconocer que la economía de nuestro país ha perdido impulso en la productividad, lo que incide sobre la capacidad de las empresas para permitir con éxito tanto en el mercado nacional como en el resto del mundo.

Lo que se busca con esta propuesta es atraer empresas de elevada productividad, mediante políticas complementarias que fortalezcan el encadenamiento productivo y que detonen el desarrollo económico de las regiones.

Por lo que estamos a favor de que se establezcan zonas económicas especiales focalizadas en espacios geográficamente definidos, mediante los esfuerzos de diversos agentes de sectores público y privado, mediante acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas para el país.

En este tenor, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, logramos que se incluyeran en el dictamen las siguientes propuestas:

– Logramos establecer reglas más claras para el otorgamiento de permisos y sus prorrogas.

– Se fortaleció al Consejo Consultivo de las Zonas Económicas que ahora se llama Consejo Técnico, mediante la incorporación de autoridades de los municipios y del mismo estado.

– Logramos acotar la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente, en materia de la intervención de la administración integral de la zona que se presentaría en caso de incumplimientos de reiteradas obligaciones del administrador.

– Establecimos que los procedimientos sean más claros en materia de infracciones y sanciones, para dar mayor certidumbre a los inversionistas.

– Se propuso que se realizarán políticas públicas y acciones complementarias para el fortalecimiento de la educación, capacitación, adiestramiento a nivel local.

– El fomento al desarrollo económico y social en el área de influencia en las comunidades aledañas a las zonas especiales.

– Logramos que el gobierno federal envié su informe a más tardar cada 15 de mayo de cada año. Un informe sobre la operación de cada zona y los resultados obtenidos en el desarrollo económico y social del área de influencia.

– Se acordó establecer la participación de nuestras comunidades y pueblos originarios en los estudios de impacto ambiental y social.

Así tenemos que, mediante este ordenamiento jurídico que se discute el día de hoy, tiene como fin fundamental promover las condiciones e incentivos necesarios para impulsar el crecimiento de las zonas más rezagadas del territorio nacional, en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que pido su voto razonado en favor y bienestar de nuestra nación, de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle: Señoras y señores legisladores, este dictamen a discusión es sin duda uno de los más relevantes que se votará en la presente legislatura, ya que constituye como un mecanismo con una serie de medidas encaminadas a lograr el equilibrio regional tan anhelado por Acción Nacional durante muchos años, y revertir las diferencias económicas y sociales que prevalecen entre el norte, el centro y el sur del país.

Acción Nacional tiene como una de las principales banderas el federalismo y el desarrollo regional, y hoy en día vemos un claro desequilibrio en México.

En Acción Nacional reconocemos que pese a los múltiples esfuerzos de política social el rezago en los estados, en donde se pretende establecer las zonas económicas, nos obliga a implementar una nueva estrategia: que pase de la visión actual del gobierno 100 por ciento asistencialista a una que genere certidumbre jurídica para la inversión, oportunidades de empleo y mayor calidad de vida.

En congruencia con lo anterior, Acción Nacional presentó distintas propuestas para mejorar la iniciativa original que envió el Ejecutivo federal, las cuales en su mayoría fueron integradas por la Comisión de Economía, logrando enriquecer el dictamen que hoy nos ocupa.

Hago un paréntesis para agradecerle al presidente compañero diputado Jorge Dávila, por la apertura, y al director de Banobras Abraham Zamora, también por la apertura de haber incluido nuestras propuestas.

El Grupo Parlamentario del PAN propuso la existencia y regulación de un cuerpo colegiado de especialistas, que vigilen y supervisen la actuación de las zonas económicas y de los administradores integrales.

El cuerpo colegiado propuesto finalmente forma parte integrante del dictamen, identificándose como Consejo Técnico de la zona. Además de lo anterior, Acción Nacional propuso que dicho Consejo Técnico fungiera como una instancia intermedia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el administrador integral, para evitar la discrecionalidad y promover la transparencia de las operaciones en las zonas económicas especiales.

En el tema de presupuesto y recursos económicos para estas zonas, no puedo dejar de mencionar algunas comparaciones y este es el tema, amigas y amigos legisladores. Los cuatro estados que hoy presentan las zonas económicas especiales, como Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Chiapas, 72 mil millones de pesos de presupuesto, de acuerdo a los números del Inegi, crecimiento en Chiapas, negativo 2.1 por ciento. Michoacán, 54 mil millones de pesos de presupuesto, crecimiento 2.0 negativo al día de hoy. Oaxaca, 59 mil 114 millones de presupuesto, 0.8 de crecimiento. Y qué decir de Veracruz, compañeros, el que tiene más presupuesto, 94 mil 668 millones, crecimiento 00 de acuerdo a los números del Inegi.

Y por qué no hacer comparaciones, Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, por el gobernador Miguel Márquez Márquez, 59 mil millones de presupuesto, por debajo de Veracruz y debajo de Chiapas, igual que Michoacán, igual que Oaxaca, 9.1 por ciento de crecimiento. Valdría la pena que Guanajuato pudiera ser un buen modelo a nivel nacional, incluyendo las zonas económicas.

Y por último reiterar que el compromiso de Acción Nacional es por México, es por el empleo y mejor calidad de vida de sus habitantes. Por eso nuestro voto en Acción Nacional es a favor de las zonas económicas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salim. Y tiene ahora la palabra el diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, diputados y diputadas, con el dictamen que hoy presentamos nos sumamos al proyecto del presidente de la República, en el sentido de que México requiere de un enfoque de política económica de dimensión nacional con ejecuciones regionales, lo que significa impulsar un acuerdo que involucre a los tres niveles de gobierno y a los Poderes de la Unión, además de vincularse con los sectores productivos y demás actores sociales.

Hoy es una realidad el proyecto de democratización de la productividad a nivel regional, para que los habitantes del sur tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que el resto del país.

Durante los últimos 20 años las entidades cercanas a la frontera elevaron su producto interno bruto per cápita hasta un 47 por ciento. Mientras que el sur solo lograron el 7 por ciento. Por ello el objetivo es disminuir las brechas de desarrollo entre poblaciones y territorios, por lo que es necesario establecer un marco jurídico que sirva de base para el diseño de políticas públicas públicas eficientes y funcionales que considere estrategias regionales que armonicen objetivos nacionales con objetivos generados desde las áreas locales.

Este proyecto que se somete a consideración del pleno tiene por objeto establecer zonas económicas especiales como una política dirigida a focalizar los esfuerzos de diversos agentes de los sectores público y privado que generen acciones que impulsen el desarrollo en las regiones con menor nivel de ingresos en nuestro país.

Como se señala en el artículo primero del proyecto de ley, el propósito es impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones para que tengan mayores rezagos en el desarrollo social a través del fomento a la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

De aprobarse el presente dictamen, se establecerá un entorno favorable para la instalación de empresas e industrias a partir de beneficios fiscales, ventajas competitivas y condiciones que den certidumbre para los posibles inversionistas apoyando con ello a los estados que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política del Desarrollo Social, presentan en porcentaje más alto de población en pobreza y pobreza extrema del país.

Con esta reforma cada zona económica especial podrá ofrecer estímulos fiscales directos tanto a la inversión como al empleo, lo que permitirá ir mejorando la calidad de vida de la población.

Para fomentar la inversión, se contará con un régimen aduanero especial, se ofrecerán facilidades adicionales para el comercio exterior y se brindará financiamiento especial a través de la Banca de Desarrollo.

Para brindar una mejor atención, cada zona económica especial contará con una ventanilla única para los trámites, lo que reducirá tiempos y ofrecerá eficiencia. Asimismo, se otorgarán apoyos para la capacitación laboral, para los procesos de innovación tecnológica y para la planeación urbana, moderna y desarrollo ordenado de viviendas en el área de influencia.

Como legisladores debemos sentirnos comprometidos con la patria; más por tener la oportunidad de ser parte de la transformación de nuestro país y contribuir con las herramientas legales que fomenten progreso y desarrollo, en especial del sur y del sureste de nuestra tierra por décadas rezagado. El desarrollo de esa región es imprescindible para aprovechar y generar riqueza y no solo combatir la pobreza.

Les exhorto a los diputados a que impulsemos la equidad en las regiones, el aprovechamiento de sus potencialidades. No podemos negarle a México y sobre todo a nuestros estados del sur y del sureste la oportunidad de participar en el progreso nacional de forma equilibrada.

Como michoacano me siento orgulloso por tan importante propuesta de beneficio al desarrollo nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ixtlahuac. Ahora para hablar en contra tiene la palabra el diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Adán Pérez Utrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En 1821 Alexander Von Humboldt dijo: México es el país de la desigualdad; acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población. A dos siglos de distancia nada más cierto y nada más vigente que la realidad de la zona sur-sureste del país para corroborarlo.

Con el 27.5 del territorio nacional, el sur-sureste del país es la zona más rica e importante en recursos naturales. Los estados de esta región tienen una posición geográfica privilegiada: abundantes cantidades de agua, petróleo, flora, fauna, minerales y tierras aptas para el cultivo; pero también es el área con las más profundas y marcadas desigualdades. Sus rasgos característicos son la pobreza y la marginación.

Según el Coneval, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, concentran a 17 millones y medio de personas viviendo en condiciones de pobreza, y a más de 6 millones en pobreza extrema. Pasa el tiempo y pese a la innegable realidad, el rostro del sur sureste de México no cambia. Su atraso, sus heridas, golpean todos los días el rostro de nuestro país.

En Movimiento Ciudadano consideramos inaplazable eliminar las brecha regionales de la desigualdad, crear nuevos polos de desarrollo que atraigan inversiones, generen empleos, detonen las cadenas productivas y oferten bienes y servicios locales accesibles y que dejen beneficios directos a la población del sur y sureste del país, prioritariamente a la de escasos recursos.

Votaremos en abstención a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, porque no se definen las reglas básicas de operación que garanticen la transparencia y la eficacia de los propósitos de esta ley.

Además hay que puntualizar algunos vicios e inconsistencias que hubo durante el proceso de dictaminación. La Mesa Directiva envió la iniciativa del Ejecutivo federal a la Comisión de Economía para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para emitir opinión, y de manera inexplicable a la Comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste, no se le tomó en cuenta para emitir al menos opinión sobre este proyecto, pese a que el impacto será básicamente en esta región del país.

Peor aún, cuando desde la Comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste solicitamos la rectificación del turno otorgado por la Mesa Directiva a esta iniciativa, no tuvimos una respuesta favorable, lo cual en estricto sentido no sólo nos impidió opinar en la dictaminación de un proyecto de legítimo interés para la comisión encargada de la frontera sur sureste, lo que resulta un despropósito ciertamente. Es como si el de la reforma educativa no se hubiera considerado a la Comisión de Educación Pública, así de absurdo.

Lamentamos que un proyecto macro como la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales no haya sido producto de un debate amplio, transparente y, sobre todo, incluyente. Debieron haber participado legisladores, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil a través de foros, talleres, reuniones de trabajo, pero de nueva cuenta prevalece el hermetismo y la cerrazón.

Esperamos que para la promulgación de los decretos de declaratoria de cada zona económica, para el próximo año y para cuando comience la construcción de la infraestructura interna y externa, así como la implementación de la inversión en cada una de ellas, el proceso sea abierto y de cara a la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez. Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro.

El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. El tema que hoy nos ocupa es de vital importancia para el país, me estoy refiriendo a la dictaminación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la cual contribuirá al abatimiento de la desigualdad que permita cerrar las crecientes brechas de desarrollo regional. Es evidente la disparidad que existe entre las entidades federativas de nuestro país, basta observar algunos estados para ver su desarrollo económico.

En esta tesitura, resulta loable pensar que en nuestro territorio existan zonas económicas especiales, a fin de detonar el desarrollo económico de los estados que más lo necesitan.

Es indispensable señalar que el crecimiento económico es fundamental para la generación de empleos, para disminuir la pobreza, además brinda oportunidades de desarrollo y propicia un mayor bienestar social.

Solamente mediante el crecimiento económico podemos reducir la brecha de la desigualdad en nuestro país. Con ello, se podrá también generar una mejor distribución de la riqueza que es, lo que en mi grupo parlamentario nos interesa.

En ese contexto, estamos a favor de que se establezcan zonas económicas especiales focalizadas en espacios geográficamente definidos mediante los esfuerzos de diversos agentes de los sectores públicos y privados, por medio de acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas.

Lo que se busca con esta propuesta, es atraer empresas de elevada productividad para que a través de políticas complementarias se propicie el fortalecimiento del encadenamiento productivo y, en consecuencia, se detone el desarrollo económico de estas regiones.

Basta señalar las experiencias internacionales, en las que se ha implementado de manera adecuada este tipo de zonas. Han arrojado, entre otros, los siguientes beneficios: se ha incrementado la competitividad regional, han generado economías de aglomeración, han atraído inversión nacional y extranjera, han creado empleos directos e indirectos, han permitido el desarrollo de infraestructura, han incrementado las exportaciones y han generado un sin número de efectos positivos en beneficio de las localidades donde se instalan, generando un entorno regional y geográfico productivo para el país.

Cabe destacar que dentro de este dictamen se consideran los siguientes elementos:

Las zonas se ubicarán entre las 10 entidades federativas con mayor incidencia de pobreza multidimensional. Se otorgarán beneficios fiscales en materia de contribuciones, que se consideren necesarios para impulsar el establecimiento y el desarrollo de la zona. Se contará con un régimen aduanero especial en las zonas, una ventanilla única para los trámites.

Se contará con infraestructura de primer nivel. Se crearán programas de apoyo al financiamiento. Se fortalecerá la seguridad pública en la zona y se fomentará el desarrollo económico social y urbano del área de influencia. Se establecerán sanciones a los administradores que incumplan lo previsto en los permisos. Se contempla un capítulo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Para efectos de operación, cada zona tendrá un consejo técnico que fungirá como intermediario entre la Secretaría y el administrador integral. Se propone la creación de una Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales.

Es por ello que se requiere contar con el marco jurídico idóneo que permita a los tres órdenes de gobierno y a los sectores privado y social para que estos sean actores fundamentales en detonar el crecimiento económico para esas regiones, y que sirva como una herramienta indispensable para disminuir las visibles desigualdades que existen entre los diversos estados de la república mexicana.

Estoy seguro que con la aprobación del presente dictamen se promoverán las condiciones e incentivos necesarios para impulsar el crecimiento de las zonas más rezagadas del territorio nacional en beneficio de todos los mexicanos.

Por lo anterior, es importante aprobar este dictamen para aumentar la calidad de vida de las familias mexicanas que habitan en estas regiones. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Tiene ahora la palabra el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, en pro. Diputado.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Gracias. Con su venia, presidente. El desarrollo e impulso de las zonas económicas especiales, constituye una política de fomento económico y desarrollo industrial.

La democratización de la productividad es uno de los elementos más importantes para superar la pobreza, que la productividad sea una realidad para toda la población, para todas las regiones del país. Hacerlo de una manera incluyente, es decir, que las oportunidades y el desarrollo llegue a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población.

En los últimos 20 años, se observa una separación del país desde el punto de vista económico, en el que los estados del norte de México, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, mostraron un crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante en el orden del 47 por ciento en términos reales.

Sin embargo, cuando volteamos a ver al sur en estos mismos 20 años, vemos que la productividad y el crecimiento del PIB per cápita en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y zonas de Veracruz, prácticamente se ha mantenido sin cambios.

Las zonas económicas especiales son una iniciativa valiente y necesaria, se ubicarán en áreas delimitadas geográficamente con ventajas naturales y logísticas que las convertirá en regiones altamente productivas. Buscarán cerrar brechas entre entidades y regiones, elevar y democratizar la productividad mediante beneficios fiscales, aduanales y de infraestructura de primer orden, entre otras medidas.

En un principio estas zonas se ubicarán en Puerto Lázaro Cárdenas, abarcando municipios colindantes de Michoacán y Guerrero. En el corredor interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos y Salina Cruz en Oaxaca. Y una más en Puerto Chiapas. Zonas que a pesar de su alto potencial productivo y sus evidentes ventajas logísticas, por alguna extraña razón los mercados no han podido detonar al máximo su potencial.

Por ello, se requiere que el Estado intervenga para generar los incentivos necesarios que lleven a estas regiones a los siguientes estadios de desarrollo.

La pobreza duele en el sureste mexicano, no podemos seguir estáticos, debemos revertir esta situación. Es por eso que el Partido Verde va a impulsar las zonas económicas especiales, transitaremos del asistencialismo insuficiente, que solo contiene la pobreza, a un crecimiento incluyente basado en una real política de generación de riqueza. Para ello se requiere de una estrategia integral, efectiva y de largo alcance.

Abandonemos ya el discurso demagógico que mantuvo al sur del país al final de las prioridades nacionales.

Con la creación de las zonas económicas especiales, el presidente de México nos está dando a los estados del sur las herramientas para que podamos construir nuestro propio destino, para poder superar las condiciones de la dolorosa pobreza y marginación con base a nuestra propia capacidad, a nuestro propio potencial y con base a nuestro propio esfuerzo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Herrera. Tiene ahora la palabra la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del PRI, en pro.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, por años hemos presenciado, casi con resignación, la división de nuestro México en diversas e inequitativas realidades, que cuando se miran con consciencia nos duelen y nos duele mucho.

Mientras que en el norte, desde hace décadas se ha logrado posicionar un ritmo de industrialización competitivo, palpable en el poder adquisitivo y en el estilo de vida de su gente, en el sur del país el avance ha sido raquítico, lo que se refleja en el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, donde a duras penas cientos de miles de familias sobreviven con carencias de todo tipo.

Tal como se señala en el dictamen que ahora discutimos, sabemos que de 1980 a 2013 el PIB per cápita de los estados del sur creció una séptima parte del observado en las regiones del norte y del bajío. Estamos hablando de un 47 por ciento contra un 7 por ciento en el sur, y esto es mucho más que sólo una cifra.

Tenemos claro que esto no se debe a la falta de recursos naturales ni humanos, tampoco a la falta de iniciativa ni a las ganas de superarse de oaxaqueños, chapanecos o guerrerenses. La explicación real, es que como país no hemos sabido incentivar la industrialización de estas entidades ni su nivel de competitividad, y en cambio sí hemos permitido que la inercia de los vacíos condujera el desarrollo de estos estados.

A la luz de este escenario, el presidente de la República Enrique Peña Nieto remitió a esta Cámara de Diputados, la iniciativa por la que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales como un importantísimo paso para crear el diseño normativo adecuado, para el establecimiento de las llamadas zonas económicas, a fin de que su operación resulte en beneficio de todos los mexicanos, pero en especial de quienes históricamente han permanecido excluidos del desarrollo.

En ese sentido, las zonas económicas se deben traducir en el incremento de la competitividad regional, la atracción de la inversión productiva, la creación de nuevos empleos directos e indirectos, la aceleración del crecimiento de las exportaciones y la diversificación de la producción, entre otros beneficios. Lo anterior, permitirá en el mediano y largo plazo reducir las brechas de desigualdad y pobreza regionales.

En principio, el proyecto que ahora discutimos servirá de marco para el establecimiento de zonas económicas en el país, y en el futuro se crearán por decreto presidencial en principio tres zonas económicas especiales: Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas y el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Por supuesto, el proyecto que los oaxaqueños hemos recibido con mayor interés es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que para nosotros representa una oportunidad de oro para detonar el tan anhelado desarrollo de nuestro estado y ténganlo por seguro no lo vamos a desperdiciar.

El corredor permitirá, además del desarrollo de las vocaciones productivas que le permitan aprovechar su ubicación geográfica estratégica, el flujo de combustibles del Golfo de México al Pacífico, para participar en los mercados de Centroamérica, Sudamérica y Asia.

Es la respuesta más consistente planteada por el presidente Enrique Peña Nieto ante los desafíos macroeconómicos globales, devolviendo la atención al mercado Asia-Pacífico, donde se genera el 57 por ciento del PIB mundial.

Compañeras y compañeros legisladores, votando a favor de esta política de largo aliento del Estado mexicano, suscribimos por ello con compromiso con la historia, pues marca el inicio de una matriz de esfuerzos conjuntos, mediante la cual podemos saldar la deuda que por siglos hemos tenido con esos millones de mexicanos a quienes se les ha negado el acceso a una vida digna y de oportunidades.

Quiero decirles que contrario a lo que ha dicho aquí el Movimiento Ciudadano, la comisión dictaminadora realizó un ejercicio responsable de consulta y diálogo con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, empresariales y académicas, lo que tuvo por resultado el dictamen enriquecido que hoy estamos discutiendo.

Los insto, compañeros, a cumplir cabalmente este deber legislativo, ético y moral, permitiendo que se disminuyan las brechas regionales y que el desarrollo al fin toque las vidas de todos los mexicanos por igual.

Es tiempo de decirlo fuerte y claro en palabras de Mario Benedetti, lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Benítez.

Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: artículo 1, párrafo segundo, artículo 1 y 12, también por otro diputado. Artículo 10 con adición de una fracción y artículo 33, fracción XIII del artículo 1, que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Y en consecuencia se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema se encuentra abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estén muy pendientes para que no se ausenten del salón de sesiones, porque va a haber votaciones en unos cuantos minutos, y sirve que escuchan a los oradores, no estaría nada mal

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Pregunto nuevamente si falta algún diputado por emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá viene una diputada saludando o pidiendo que la esperen. No entendí bien su expresión física. Parece que ya de los que podían llegar a votar.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguien por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 366 votos a favor, en contra uno y 54 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 366 votos.

Tiene ahora la palabra para presentar propuesta de modificación el diputado Juan Romero Tenorio, relacionada con el artículo 1, párrafo segundo, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Diputadas y diputados. De nueva cuenta una ley que impacta o pretende impactar el desarrollo económico de nuestro país.

Morena no se opone al desarrollo económico. Hemos insistido que es necesario fortalecer la economía nacional a través de procedimientos que fortalezcan a la iniciativa privada y a la iniciativa social.

Hemos hecho una reserva al artículo 1, párrafo segundo, únicamente para incluir al sector social en este proyecto de zonas económicas; ello atendiendo a un principio constitucional, artículo 25, párrafo cuarto, que determina que el desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado. De ahí la propuesta de adición de una palabra en el segundo párrafo: Incluir al sector social.

¿Por qué es importante incluir al sector social? Porque el objeto mismo de la ley lo exige. Es para desarrollar zonas económicas en regiones atrasadas de nuestro país. Preguntaríamos quién vive en estas zonas atrasadas de nuestro país. Ejidatarios, comuneros, pequeños agricultores son los que viven en estas zonas y son los que serán afectados por una política que se propone a través de esta ley. Es impensable impulsar esta ley sin el sector social.

Como referencia únicamente. En nuestro país el sector social prácticamente controla la mitad de nuestro territorio como propiedad ejidal. Tenemos 29 nueve mil 500 ejidos constituidos en el territorio nacional.

Organizaciones rurales poseen 100 millones de hectáreas, lo que representa el 51 por ciento del territorio nacional; 80 por ciento de bosques, 33 por ciento de los litorales nacionales y agrupan en sus organizaciones a más de 3 millones de gente trabajadora, gente productiva, que esta ley excluye. Hay que incluir al sector social en las Zonas Económicas. Es el sector social el que motivará e impulsará políticas públicas para generar mayores economías en regiones atrasadas de nuestro país.

Hemos apostado a esta reserva esperando el apoyo de ustedes para no dejar fuera a un sector importantísimo en la economía nacional. Nuestra visión debe de ser amplia, incluyente y progresiva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. Y no habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la asamblea.

Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Galván Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar propuestas de modificación a los artículos 1 y 12.

El diputado Fernando Galván Martínez: Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados. Hago el uso de esta tribuna para presentar mis reservas al proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Al respecto, quiero señalar que una vez más encontramos ausencias significativas en el proyecto que se pretende aprobar el día de hoy. Si bien es cierto, que esta ley representa un avance relevante en el desarrollo económico en las entidades federativas que tienen mayores índices de pobreza multidimensional, también es cierto que no se está tomando en cuenta a los grupos sociales en lo que recaen dichos índices. Me refiero a nuestras comunidades y pueblos indígenas.

Asimismo, a uno de los sectores productivos que sufren de diversas limitaciones normativas y de facto que les impiden desarrollarse en la igualdad de circunstancias con respecto de otros sectores económicos del país.

Es evidente que una vez más se está descuidando a los grupos de población más golpeados por el sistema económico que rigen en México. Si realmente queremos avanzar en la implementación de zonas económicas especiales, con el fin de contribuir al pleno desarrollo de los estados más pobres de nuestra nación, es imprescindible que se incluyan expresamente estos grupos a la propuesta que hoy se pretende aprobar.

También resulta absolutamente necesario incorporar a la norma en lo referente a la población de encadenamiento productivo, los insumos de carácter local. Lo anterior, en virtud de que una de las actividades fundamentales de las entidades como Oaxaca, por ejemplo, es precisamente la producción de insumos y materias primas.

La reserva que se propone a esta honorable asamblea, refiero el apoyo y fortalecimiento del sector social de la economía en la zona y su área de influencia en el entendido de que el impulso de actividades específicas de este sector debería de estimular la producción de empresas que benefician a las comunidades en situación de pobreza, así como la conformación de empresas competitivas y de la conformación de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicio socialmente necesarios.

Esto además, abonaría al impulso de las producciones locales y de las organizaciones sociales como son las asociaciones de artesanos, productores de bienes, pequeños productores, y de la constitución de gremios cooperativistas que inciden directamente en el crecimiento de una zona determinada.

En suma, mi propuesta de reserva tiene vital importancia a razón de que se prevé enmendar ausencias significativas en la ley al incorporar a los grupos sociales que realmente deben ser los que reciban los beneficios, sin duda los reconocemos, que traerán las zonas económicas especiales a nuestro país.

Así se propone el artículo 1, segundo párrafo, artículo 12, fracción II, incisos f) y g); y la adición de un inciso e) a la fracción II del artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para que los programas de desarrollo observen políticas públicas y acciones complementarias que se ejecuten en el apoyo y fortalecimiento del sector social de la economía en la zona y su área de influencia. Es cuanto, señor diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Galván. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 con la adición de una fracción.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso del diputado presidente. Justo lo que habíamos comentado es que el tema de contenido nacional tiene que ser la clave de una iniciativa en este sentido. Es decir, si queremos evitar un esquema meramente maquilador, en donde sea sólo la mano de obra –y sólo la mano de obra– de menor recursos la que sea empleada en este tipo de áreas donde se quiere incentivar la industria, pues el resultado para el país va a ser pobre.

Tenemos que hacer que el contenido nacional sea la gran preocupación de la industria de la transformación en México. Para eso estamos proponiendo una modificación –un segundo–, que en el párrafo tercero –a ver, un segundito, acá está–, dice como sigue:

Cuarto. Sujetarse a lo previsto a las reglas para determinación y acreditación del contenido nacional conforme a la legislación aplicable, tratándose de procedimientos de contratación pública y de carácter nacional.

Es en el artículo 10, en el párrafo III, es el inciso número 4). Insisto, sujetarse a lo previsto a las reglas para la tramitación y acreditación del contenido nacional conforme a la legislación aplicable tratándose de procedimientos de contratación pública de carácter nacional. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se trata de la adición de un párrafo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No habiendo oradores inscritos para el efecto, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta presentada de adicción.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucción de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al artículo 10 por el diputado Vidal Llerenas Morales. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se acepta y se reserva para su votación nominal de conjunto con la adición aceptada por la asamblea.

Tiene ahora la palabra el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 33, fracción XIII, hasta por tres minutos.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Diputado presidente, buenas tardes. Diputadas y diputados. Una vez más estoy en tribuna para defender los derechos de los mexicanos, por ahora con el dictamen de la Comisión de Economía que hoy se pone a discusión sobre la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Se refleja que dicha ley hay una inclinación por preservar e incrementar los beneficios económicos de los empresarios allegados al gobierno actual para beneficiarse de las maravillosas ventajas que otorga esta ley al sector privado.

Esta mañosa ley se propone cambios y de políticas públicas que no fortalecen sustancialmente a nuestro país y en lugar de aumentar el bienestar de los mexicanos, promueven los negocios privados en concentración de la riqueza a manos de unos cuantos.

Dicha iniciativa pretende atraer capitales que tengan interés en inversiones privadas en propiedades, dándoles un amplio margen de facilidades que caen en el abandono del país, con grandes incentivos, entre ellos fiscales, aduanales y financieros.

Si estas facilidades se dieran a todos los mexicanos otra cosa sería.

Se ha visto cómo algunos inversionistas privados emplean a la gente que vive en la región pagándole sueldos miserables y, en muchas de las ocasiones, prefieren emplear a personas que no son del lugar, trayéndolos de otros lados y en un porcentaje menor distinguen contratar extranjeros, sin que se vea reflejado en un cambio favorable en la economía de los mexicanos que más lo requieren.

Es por eso que en mi reserva al artículo 33, fracción XIII, agrego que se privilegie a los trabajadores nacionales.

Estamos convencidos en Morena que los objetivos del desarrollo nacional son de tal magnitud, que no solo pueden quedar en manos privadas, ni siquiera en manos de empresas paraestatales, debe ser una obligación del Estado mexicano, que hasta ahora no se ha cumplido fehacientemente, las demandas de millones de mexicanos a otro nivel de vida.

La mayoría de las veces la memoria les falla. Les recuerdo que van tres años del Plan de Desarrollo Nacional y no se ve progreso alguno. Que quede claro, el Grupo Parlamentario de Morena no se opone a impulsar políticas públicas bien diseñadas, que impulsen el desarrollo a partir de que haya verdaderamente oportunidades iguales en todo el país.

Con este dictamen ojalá y no sea el entregar a nuestro país a intereses privados, atraídos por las facilidades otorgadas en las zonas económicas especiales, para empatar sus intereses con acuerdos como el Transpacífico.

En Morena hemos insistido en la necesidad de aumentar la inversión pública, la eficiencia de los recursos presupuestales, asimismo considerando la transparencia y la rendición de cuentas.

Dado lo anterior, apoyamos dicha iniciativa solo, siempre y cuando no se ponga en riesgo a la soberanía nacional y que se garanticen beneficios reales para los pobladores que habitan estas regiones. Este dictamen no es –espero– que sea una expresión más del neoliberalismo instalado en México. El infierno está lleno de buenas intenciones. Esperemos que esto lleve a buen puerto y no sea otro proyecto más de fracaso de esta política económica.

Por ello, la reserva que estamos poniendo en el artículo 33 dice: Contratar al personal necesario que requiera para sus funciones, incluyendo al personal directivo, conforme a la legislación laboral, privilegiando a los nacionales. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que se abstengan de la votación. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Una mayoría rara, pero al final de cuentas mayoría. Sólo se cuentan a favor o en contra. Se admite a discusión. Y no habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la asamblea.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 12 en términos del dictamen, y de los artículos 1, 10 y 33, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Todos ellos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo 12 en términos del dictamen, y los artículos 1, 10 y 33 con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Se encuentra abierto el sistema electrónico todavía. ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Se encuentra todavía abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por unos cuantos segundos más.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 430 votos a favor, en contra 0 y 0 abstenciones, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad de 430 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

A ver, perdón, antes diputado Castro. A ver, sonido en la curul del diputado Wences, por favor.

El diputado Victoriano Wences Real (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para dejar constancia que con fecha 10 de diciembre presenté dos reservas de este dictamen que se acaba de aprobar, pero de forma irregular lo sacaron del orden del día, lo bajaron. Solamente comentar que aquí todos somos pares y que tenemos la misma oportunidad de presentar reservas y demás, y también a los señores coordinadores de la fracción del PRD no pueden retirar ninguna reserva de ningún diputado de esta fracción. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registra su expresión en el Diario de los Debates. Ahora sí, diputado Castro.

El diputado Francisco Martínez Neri(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, perdón. Antes, sonido en la curul del diputado Martínez Neri.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Presidente, para manifestarle que hubo un error en la administración y que eso ocasionó que esa reserva no fuese programada. No es desde luego voluntad de la coordinación, ni mucho menos separar o eliminar una intervención. Quiero hacer esa aclaración porque, pues el compañero tenía hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez Neri. En realidad lo que hemos hecho aquí ha sido dejar inscritas las que son ratificadas por los respectivos grupos parlamentarios.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá, sonido en la curul... ¿Quién me está pidiendo? Ah. La curul del diputado Jorge Ramos, por favor.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Presidente, gracias. Primero para destacar la trascendencia de este acuerdo, en términos de que por primera vez se aprueba una visión con criterio regional en el desarrollo de nuestro país y por eso como grupo parlamentario apoyamos esta iniciativa.

Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de acentuar que en el norte del país existen condiciones para poder crear una zona económica especial con características distintas, pero que al país le permitiría potenciar más la vecindad que tenemos con el estado de Baja California, en particular con Estados Unidos.

Creo que esto abre para nosotros y reabre una discusión que tenía tiempo descansando para que a partir de este diseño de ley hagamos la propuesta respectiva para la frontera norte de México.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Se registra también su consideración. Ya llegará el momento también para Sonora, que creo que también necesita por ahí la frontera de Nogales algo especial, pero ahorita sale esto y qué bueno que ha salido por unanimidad y en los términos en que ya lo conocimos. Adelante, diputado Castro, por cinco minutos, por favor.

El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, presidente de la Mesa Directiva. A continuación les presentamos este dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En este sentido es importante decir que en México se destina del 15 al 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de proyectos de inversión física. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas obtenidas en México Evalúa, la obra pública en México tiene efectos limitados para promover el crecimiento económico y la equidad de oportunidades.

Las razones por las cuales no tiene ese impacto que se espera, se deben a la enorme desconexión entre el nivel de gasto público realizado y los resultados obtenidos particularmente en cada sector.

Estos elementos comunes que explican esta gran falta de calidad y eficiencia del gasto público del país –es importante decirlo–, uno, es que se usa de manera política el Presupuesto y el otro es que hay un arreglo disfuncional del gasto federal y la falta de mecanismos de control, rendición de cuentas y los escasos indicadores relevantes para medir el impacto real del gasto.

La obra pública en nuestro país ha tenido una enorme contracción de 2012 a 2014, siendo el 2013 el año crítico al llevar una variación de menos del 4.5 por ciento. Si bien teóricamente la obra pública debería de tener un impacto positivo en la vida de los habitantes del país, la obra pública ha sido tristemente imagen de afectación cotidiana de la vida de la gente, el desplazamiento de ecosistemas, el daño de cultivos, el acaparamiento de aguas de la comunidad y otras situaciones.

Hoy el dictamen que estamos presentando pretende, quizá de una manera mínima pero intenta, con este dictamen que se destine un porcentaje mínimo de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse.

Con este dictamen la Cámara de Diputados contribuye para que la Federación, los estados y los municipios cuenten con una adición importantísima, lo que sin duda constituye mejores condiciones para el país, y contribuir a la generación de empleos y cadenas de bienes y servicios que impulsen la participación del sector público y privado en los diferentes sectores de la economía.

Los beneficios, quiero destacarlos, son: una derrama de recursos en el proceso de construcción; incentivar la economía indirecta al lograr que la comunidad que trabaje en ella y requiera mejores servicios, se derrame y poder cubrir las necesidades; dar empleo y mejores condiciones económicas a los habitantes de la comunidad.

También es importante destacar que en el presente dictamen se logró un consenso en la Comisión de Transparencia de todas las fuerzas políticas que participan en ella. Por eso pedimos a esta soberanía que voten a favor de la presente. Es cuanto, señor a presidenta.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario diputadas y diputados. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social.

El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, ocupo la más alta tribuna de la nación para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con respecto del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas.

La comisión, con oportunidad, le propone a este pleno que la nueva fracción señale que en las convocatorias a licitaciones públicas se establecerá un porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse.

Vemos con buenos ojos que las licitaciones pueden convertirse en mecanismos que detonen el desarrollo económico y social en los lugares en los que se lleven a cabo proyectos de inversión productiva.

Con ello, los gobiernos de los tres órdenes tendrán que vigilar que esta disposición se cumpla con la intencionalidad con la que modificamos esta ley los legisladores. Encuentro Social se pronuncie porque en las normas reglamentarias y administrativas de esta reforma se especifiquen los mayores porcentajes posibles y las mejores condiciones de contratación, que eleve los niveles de vida de los habitantes de los lugares en los que se generará una obra o se brindarán servicios.

Con esta reforma, si se aplica en términos dará paso a la sustitución de la empresa socialmente responsable –entre comillas– por la empresa sustentable local integrada que hace de la fuerza local su principal motor de crecimiento. Este tipo de empresas le urgen al país, ya que el desempleo es el principal problema que daña a nuestras familias.

Se calcula que a nivel nacional, hasta el mes de octubre de este año, en empleos eventuales se encuentran 4 millones 160 mil 241 trabajadores. En la informalidad, 29 millones 679 mil 773 personas. Este factor económico y la caída del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016 en 16.6 por ciento en el gasto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán de incentivar una mayor participación de los sectores privados y sociales de la economía.

Encuentro Social votará a favor de este dictamen y espera que haya talento suficiente en el Poder Ejecutivo para hacer coincidir esta modificación legal con la nueva ley de zonas económicas especiales, para generar cadenas productivas en las que todos los actores salgan beneficiados con ganancias para los empresarios, salarios y condiciones laborales dignas para los trabajadores locales, así como el cumplimiento de metas en los programas de los gobiernos en los que se desarrollen proyectos licitados mediante la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y esperamos la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Mi bancada convoca a los demás grupos parlamentarios a votar a favor del dictamen en discusión. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra, para hablar del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Karina Sánchez Ruiz: Fomentar el empleo a nivel local es una forma de fomentar el desarrollo. Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen que estaremos votando el día de hoy busca adicionar la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo anterior es con la finalidad de que en las convocatorias para licitaciones públicas se incluya el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse.

El artículo 134 constitucional, en sus párrafos tercero y cuarto, establece la obligación que tiene el sector público de llevar a cabo licitaciones públicas para realizar adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, al igual que la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra.

Las especificaciones de este proyecto constitucional se encuentran incluidas en diversas leyes, entre las cuales se encuentra la que hoy con nuestro voto estaremos reformando. Para Nueva Alianza, es un compromiso ineludible crear incentivos para la generación de más y mejores empleos, y de este modo, así poder combatir los altos niveles de pobreza disminuyendo las brechas de desigualdad que tanto afectan la cohesión social.

Al adicionar un requisito para que en las convocatorias de licitación pública se incluya un porcentaje de mano de obra local, se contribuye de forma explícita a fomentar el empleo a nivel local.

Lo anterior, no solo incrementa el empleo sino que abona a la transparencia del ejercicio del gasto de gobierno, ya que exigen mejor claridad en las licitaciones y establece criterios decisorios que tienen una estrecha relación con el desarrollo de las comunidades. La creación de empleos dignos y la recuperación del poder adquisitivo del salario y de las y los mexicanos, son condiciones esenciales para el desarrollo nacional. Contribuir en esta encomienda, es una responsabilidad del Estado mexicano.

La Ley de Obras Públicas, ya refiere en el artículo 30, la obligación de incorporar por lo menos un 30 por ciento de mano de obra nacional, lo cual, es coincidente con el objetivo que persigue la minuta que hoy estamos votando.

Nuestro país se encuentran en el lugar número 61 del índice de competitividad global 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial, en comparación con el año anterior hemos caído 6 lugares. En contraste, un país con características socioeconómicas similares al nuestro, como Chile, ocupa el lugar número 33.

Lo anterior es una muestra de que a pesar de tener como principal socio comercial a Estados Unidos, México no ha sabido aprovechar sus condiciones naturales para incrementar el nivel de vida de las y los mexicanos. Es necesario hacer ajustes como los que hoy se están incluyendo en la minuta que estamos aprobando, para que esas reformas tengan una repercusión directa en el incremento de las fuentes de empleo.

Para Nueva Alianza, es imperativo que las inversiones que se logren atraer a las entidades federativas tengan un impacto directo en el incremento de los niveles de vida la población. La creación de empleo es una forma más efectiva para el fomento del crecimiento y desarrollo. De nada nos sirve fomentar la calidad en la educación si carecemos de las oportunidades laborales para las y los mexicanos.

Estamos convencidos de que la economía de mercado es la forma más eficiente de organizar las relaciones socioeconómicas, pero para que esto contribuya a una distribución equitativa de las oportunidades, es imprescindible la participación decidida de un Estado fuerte, dotado de un marco normativo sólido, mediante disposiciones como la que contiene la minuta que hoy discutimos se busca que tanto estados como municipios puedan mejorar sus condiciones para generar crecimiento atrayendo inversiones mediante sistemas regulatorios claros y eficaces.

En Nueva Alianza estamos decididos a contribuir al desarrollo de cada entidad federativa y a crear condiciones idóneas para promover la inversión. Por este motivo nos manifestamos a favor del presente dictamen. Los retos de México son nuestro impulso. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora también tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración tiene el propósito de fortalecer el mercado laboral mexicano con oportunidades de empleo para las personas que viven en las zonas donde se va a realizar obra pública o servicios que sean visitados por el gobierno mexicano.

La adición de una fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos, tiene el propósito antes señalado. Es común ver a lo largo y ancho del país, que cuando se va a realizar una obra pública se contraten trabajadores que provienen de otras regiones.

Con las reformas de este dictamen se puede y se debe buscar generar oportunidades de empleo a las personas que viven en los lugares donde las obras se realicen. Esta incorporación a las actividades laborales deberá ser en todos los niveles que se requieran, desde albañilería hasta de dirección, de ingeniería o las que correspondan. No solamente contratar mano de obra barata, sino también mano de obra especializada en las regiones específicas.

Para los estudiantes o los egresados de las escuelas cercanas a los centros donde las obras se realicen será benéfico, porque les permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas de sus actividades directamente productivas.

Con esta reforma se pretende que los empleos que se generen sean ocupados por personas que vivan en esas zonas, pero también quizá lo que vale la pena destacar es que no solamente beneficia a esa localidad, sino también el tejido social de esas comunidades. Por eso, la fracción Ciudadano votará a favor.

Y quisiera terminar con una reflexión, este dictamen salió por acuerdo del pleno de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, yo les pido, desde esta tribuna, a mis compañeras y compañeros del PRI y del Partido Verde, que nos hagan quórum en la comisión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su permiso, presidenta. En relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, diputadas, diputados, ante la situación por la que atraviesa nuestro país y en consideración a las reformas votadas en este recinto para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, es necesario diseñar e implementar herramientas y mecanismos del control, necesarios para poder vigilar la administración de los recursos en las inversiones públicas, sobre todo aquellas que generan grandes impactos en la economía nacional.

Para el Grupo Parlamentario de Morena, la propuesta a discusión considera un avance y votará a favor del mismo. Sin embargo, queremos dejar constancia que la incorporación de la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de alguna manera obliga a las empresas licitantes a establecer dentro de los requisitos de participación el porcentaje mínimo de la mano de obra, que deberán incorporar a las obras a servicio a realizarse.

Pero esta medida no da plena certeza para que la empresa ganadora emplee la mano de obra local. Es decir, se le obliga a que establezca el porcentaje con un requisito pero es ambiguo, puesto que el rango puede ser de cero a cien, permitiendo justificar a la empresa que el municipio, el estado o lugar donde se ejecuten los trabajos no cuentan con la mano de obra calificada.

Es importante aclarar que el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Relacionadas con las Mismas establece que el carácter de las licitaciones públicas puede ser nacional, internacional, abierto en este sentido.

La incorporación de esta fracción solo se aplicaría a la licitación pública nacional, dejando a libre albedrío a las empresas trasnacionales a establecerlo o no. La ausencia de control, vigilancia y seguimiento al desarrollo de inversión pública ha impedido la generación de empleos bien remunerados, el crecimiento de la economía y el desarrollo de nuestro país.

El dictamen a discusión fortalecería el objetivo del promovente si la cámara de origen lejos de rechazar la propuesta de establecer como obligatorio que las empresas contrataran el 70 por ciento de la mano de obra local, éste se hubiera homologado al último párrafo del artículo 30 de la misma ley, el cual establece que en las licitaciones públicas podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante.

Asimismo, deberá incorporarse por lo menos por 30 por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Para Morena votar a favor del presente dictamen representa fortalecer mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas en lo que respecta a obras públicas y desarrollo del país. Pero más que eso es poner en marcha dichos mecanismos, pues como es de conocimiento de esta asamblea, la propuesta se presentó desde noviembre del 2012. Aprobar este pequeño cambio le tomó al Congreso tres años. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos a favor del dictamen, toda vez que es de suma trascendencia para las localidades de nuestro país.

Nada grave amasa a los habitantes de una localidad que se realice una obra pública en su comunidad y que no se utilice la mano obra local, sino que las empresas lleven a los trabajadores de otro lugar. En ocasiones, los actores locales prácticamente son borrados del mapa y esto no ayuda a la economía municipal.

Sabemos que una de las problemáticas que enfrentamos en nuestro país es la falta de empleo. Actualmente no está regulada obligación alguna para que en obra pública se use preferentemente la mano de obra local y la derrama económica sea benéfica a la región.

Con esta reforma estamos asegurando los escenarios para impulsar el desarrollo del sector empresarial en cada localidad de nuestro país, que en muchas ocasiones se ve desplazado por grandes empresas que traen de otra parte el recurso humano, sin que exista una derrama o beneficio a cada localidad o región.

Estos cambios contribuyen con el desarrollo económico de las entidades federativas y de sus municipios, impulsan la creación de fuentes de empleo en aquellas regiones que a pesar de contar con recursos humanos disponibles no han logrado ocuparlos eficientemente y se encuentran desperdiciados. Las empresas locales se verían beneficiadas al contar con la cercanía y disposición de mano de obra, en lugar de pagar costosos traslados de trabajadores de diferentes regiones.

Esta reforma estimula al sector empresarial para que a través de sus empresas e industrias volteen la mirada hacia los recursos humanos locales y permitan así incorporarlos con sus fuentes de trabajo al desarrollo de sus regiones y por ende al desarrollo nacional.

Para el Partido Verde con este dictamen se deja patente que con esta reforma se da un paso, paso que es necesario dar, sin embargo habrá que hacer una revisión a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para que sea una ley que nos permita avanzar hacia un sistema de contratación de obra más eficiente, transparente y democrático, cuyo objetivo no solo sea el incremento económico, sino también el desarrollo de todas las comunidades y las regiones de nuestro país. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra, el diputado Rafael Hernández Soriano, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Respecto a la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor por las siguientes consideraciones.

Una vez que cualquier legislación ha sido promulgada, es obligación de las y los legisladores promover la modificación de aquellas disposiciones que no se ajustan o han dejado de ajustarse a las necesidades que la realidad nos exige.

El dictamen que hoy nos ocupa representa ese deber al incorporar como requisito de participación en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la obligación de que en la convocatoria de las licitaciones públicas se señale el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse, lo cual es trascendental para la promoción de la economía regional así como para la defensa de los trabajadores mexicanos que sean contratados para la realización de estas obras y servicios.

De esta forma, mediante la adición señalada, se fortalecen dos funciones primordiales del Estado. Una de estas es la de promover e impulsar el desarrollo económica y otra también muy importante y relevante es la defensa de los derechos laborales de las y los mexicanos.

En este sentido estamos a favor de este dictamen porque gira la mirada a las economías y la promoción de empleo regionales. Economías que hemos dejado de atender desde hace ya mucho tiempo y que hemos o han comprometido.

Las economías locales y regionales son el elemento básico, por eso quienes apuestan solo por la macroeconomía y las leyes del mercado no pueden seguir ignorando el núcleo sustancial del desarrollo económico nacional.

La invisibilización de las economías locales regionales en las proyecciones macroeconómicas las ha sumido en el desarrollo y la desaceleración. También consideramos que al incentivar la contratación de mano de obra regional estamos desde luego fortaleciendo las cadenas productivas, estamos contribuyendo a que se disminuya la migración interna en nuestro país y con ello estaría avanzando proporcionalmente a generar el desarrollo en las zonas apartadas, alejadas de las grandes urbes, y probablemente con algunas propuestas que hemos revisado en esta sesión de la Cámara, como el desarrollo en algunas regiones del país; también estamos fortaleciendo la urbanización de regiones que tanto lo necesitan.

En este marco lo que aporta este dictamen es el rostro social a la economía, el reconocimiento de la necesidad de impulsar y proteger el desarrollo personal, familiar, local y regional, desde la normativa gubernamental, estableciendo en la ley que nos ocupa porcentajes mínimos de mano de obra local que deberán ser definidas conforme a las condiciones que cada caso concreto lo amerite.

Avanzamos así, compañeras y compañeros diputados, hacia una economía inteligente. Aunque el camino es tan largo, como también es profunda la pobreza y amplias las posibilidades que tenemos enfrente. Por eso lo que estamos por aprobar en unos minutos, representa un avance, y votaremos a favor de esta reforma sin detenernos pensando en que ya es un asunto concluido.

Necesitamos más desarrollo pero es un avance importante para regiones hasta hoy olvidadas. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional, para hablar también sobre el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Gracias, presidenta. Nosotros en el PAN estamos también de acuerdo con la adición que se está proponiendo a esta Ley de Obras Públicas.

¿Por qué estamos de acuerdo? Por supuesto, no cabe duda, que la infraestructura y la inversión que se hace en infraestructura es toral para nuestro país, porque es una palanca de desarrollo, y sobre todo es una palanca de desarrollo regional.

Sin embargo estamos de acuerdo en la incorporación de esta fracción al artículo de la Ley de Obras Públicas que se está discutiendo, porque sobre todo beneficia y favorece al desarrollo de las pequeñas comunidades, al desarrollo del municipio.

En el PAN tenemos una vocación municipalista que nos ha hecho siempre favorecer de manera importante todas aquellas iniciativas que van precisamente a ese punto fundamental de desarrollo para nuestro país.

Esta Ley de Obras Públicas, por supuesto debe revisarse constantemente, y tenemos que revisarla en cuanto a porcentajes mínimos, límites y requisitos, pero sobre todo, debemos revisarla en cuanto a transparencia.

Por eso la claridad que se pone en la incorporación de esta fracción, le da la posibilidad a todos aquellos que liciten obras públicas de comprometerse abierta, clara y transparentemente a decir cuál es el mínimo de mano de obra local que van a contratar en caso de resultar electos triunfadores en esa licitación.

Por supuesto, la transparencia es importante en todo lo que hagamos en nuestra vida, pero de manera muy importante en aquello que tiene que ver con el ser humano, con el desarrollo individual, porque siempre tenemos que recordar, compañeros, que el hombre es el centro de las leyes, y que las leyes se hacen para el hombre y no el hombre para las leyes.

Considero que es importante entonces que se especifique claramente cuál será el mínimo de mano de obra local que se tendrá que contratar en caso de ganar una licitación. Es fundamental que esto suceda en nuestro país, porque por una parte evidentemente se favorece el empleo, se favorece la mano de obra local.

Por otro lado se crean también cadenas de producción que de manera importante pueden ir apoyando al crecimiento de la comunidad, se apoye el desarrollo de esa localidad, pero sobre todo, sobre todo, se invita a que los habitantes de esa comunidad que van a ser contratados para la construcción de una obra, empiecen a sentir que esa obra es suya.

Cuántos de nosotros hemos escuchado a viejos en las comunidades, a padres, a abuelos que nos dicen: yo construí esta factoría. Yo trabajé en este potrero, yo hoy traje la primera máquina a esta factoría. Esto es parte del pueblo, y esto es fundamental para que las comunidades crezcan y para que el tejido social se haga más fuerte, que la fábrica, que la empresa, que el complejo que se edifique pase a formar parte de la comunidad, y que incluso los habitantes y las familias de esa comunidad se integren adecuadamente en ese trabajo que, de manera muy importante, también, está generando mano de obra y está generando un mejor desarrollo.

Atrae también escuelas, universidades, centros de investigación que pueden después ser parte de esa misma comunidad porque sus egresados forman parte de ella. Esto, no cabe duda que es la parte sustantiva de esta iniciativa, con la cual estamos de acuerdo, que crezcan las fábricas, que crezcan los ingresos, pero sobre todo que crezcan las familias y las personas.

Y aprovecho este momento, señora presidenta, para mandarles un mensaje a mis compañeros priistas y verdes de la Comisión de Transparencia: solamente una cosa, compañeros diputados, la ausencia no construye. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos.

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos: Con el permiso de la Presidencia y de la directiva. Es para mí un honor, compañeros legisladores, estar en esta tribuna con un tema realmente importante para las localidades y las regiones de nuestro país. Buenos días a todos.

Y quiero comentarles que el grupo parlamentario, al cual represento, el Partido Revolucionario Institucional, hace primero que nada un pleno reconocimiento al presidente de la Comisión de Transparencia y a los integrantes de la misma por haber trabajado este dictamen en forma unánime. Nuestro reconocimiento para él y para todos los integrantes.

Esta minuta que envía el Senado a nuestra Cámara ha sido trabajada ampliamente por los integrantes de la misma y sin duda todos coincidimos ampliamente en que teníamos que votar a favor de esta minuta que para las comunidades, para las regiones, para las entidades, para los municipios representa un avance en materia de transparencia.

Nuestro partido es un partido comprometido ampliamente con la rendición de cuentas, con la transparencia y, sobre todo, en brindar la oportunidad de la mano de obra calificada a que tienen derecho la clase trabajadora en cada una de las entidades federativas.

Sin duda esta visión que impulsamos en nuestro partido, el Revolucionario Institucional, hace que este tipo de minutas procedan y sobre todo el den certidumbre a quienes son las base trabajadora de nuestro país.

Esta iniciativa de reforma fue promovida por el senador Óscar Román Rosas González, y suscrita por el senador Raúl Aarón Pozos, ambos integrantes de nuestro partido y durante la sesión ordinaria que se celebró en la Cámara de Senadores, fue aprobada por unanimidad, igual que nuestra Cámara.

Esta minuta hace referencia a que en cada entidad federativa cuando haya una licitación pública, en materia de obra, tiene que ser respetado un mínimo para la clase trabajadora de la entidad.

¿En que beneficia esto? Beneficia en mucho, sin duda, la reconstrucción del tejido social de nuestro país en mucho representa que haya trabajo para nuestra gente. ¿Y en qué beneficia también a quienes son los beneficiarios de la obra púbica? En que no tienen que trasladar mano de obra de otras entidades federativas, y ahí hay un ahorro sustancial. Sin duda, es un ganar.

Esta modificación es trascendental para la defensa de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas de cada una de las localidades. El PRI está a favor del fortalecimiento de las oportunidades laborales, de los trabajadores de las entidades de nuestras nación, dado que hoy en día mucha de esa mano de obra en la actualidad, como ya lo comenté, viene de fuera de cada localidad.

Es por eso que la ausencia de la mano de obra local en el desarrollo de las actividades, de la ley que nos ocupa, representa un agravio significativo para nuestras comunidades. No se trata de una medida excluyente, sino de protección a los esfuerzos laborales y de incentivar el desarrollo regional.

Hoy en día en la ley, no se establece esta obligación para que en la ejecución de una obra pública emplee mano de obra del lugar de origen. La fuerza de trabajo local y la derrama económica para la región debe significar área de oportunidad para su gente. Sin duda, esta reforma induce al sector empresarial para que en la contratación del recurso humano, voltee la mirada hacia los trabajadores locales y permitan la incorporación de los mismos a estas fuentes de trabajo, al desarrollo de su región y de su municipio.

Con esto se abrirá la válvula de escape a un fuerte alivio para todas aquellas zonas del país que a pesar de contar con recursos humanos suficientes y capacitados, no encuentran ocupación por falta de oportunidades.

Por otro lado, ya dijimos, las empresas se verán beneficiadas al tener a la mano ese recurso de mano de obra calificada. Sí, nuestro propósito en esta iniciativa es invitar a todos los legisladores y legisladoras, para sumarse y emitir el voto a favor por representar un beneficio permanente para quienes van a ocupar en las licitaciones la posibilidad de encontrar un empleo en cada entidad y en cada localidad.

Quiero cerrar mi participación diciendo que nuestra bancada siempre estará a favor de la transparencia que propugnamos siempre por un gobierno abierto y un Parlamento abierto y este tipo de iniciativas siempre contarán con la aprobación de cada uno de los legisladores.

Señora presidenta, si me lo permite, desde esta máxima tribuna quiero hacer un reconocimiento al equipo de Nuevo León, a Los Tigres, por haber obtenido su cuarto campeonato y a la mejor afición del país, a la afición felina. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general y en lo particular, para presentar una propuesta de modificación, la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece tres categorías de licitaciones públicas: nacional, internacional bajo la cobertura de tratados, e internaciones abiertas.

En la licitación pública dice la ley que podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de os trabajos que determine la convocatoria o el componente convocante, dice que deberá incorporarse por lo menos el 30 por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

La convocatoria a la licitación pública establece las bases en que se desarrolla el procedimiento, entre las cuales se localiza lo establecido por la fracción XX del mismo artículo, que dice: El señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos.

Reitero, la ley ya establece que en el caso de la mano de obra se incorpore por lo menos el 30 por ciento, pero no es el único componente para el cual se exige un porcentaje. La adición de la fracción XXI, artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se propone el dictamen que introduce el principio de regionalización en las licitaciones públicas de obra, que abona el impulso del desarrollo regional del desarrollo local, pero es parcial.

La fracción XX del mismo artículo, exige a los licitantes el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria, equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos, por lo que limitar el principio de regionalización sólo a la mano de obra, sí en el caso nacional se incluyen los componentes antes indicados.

La ley fija el 30 por ciento para la mano de obra en el contenido nacional referente, aplicable para el contenido regional. Si la ley, refiriéndose al contenido nacional incluye material, maquinaria y equipo, por qué limitar la reforma a la mano de obra.

Por eso se propone la modificación al artículo 31, fracción XXI, en el porcentaje mínimo de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo de materiales permanentes locales, qué licitantes deberán incorporar en las obras a realizarse.

Por eso en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana y en cada lugar, digamos, como es mi estado de Oaxaca, que en estos momentos, digamos que entra dentro de las zonas económicas especiales, los oaxaqueños quisiéramos que en mano de obra, únicamente, a veces los gobiernos de los estados o de la República mandan empresas extranjeras a los estados, o mandan, digamos, nada más empresas nacionales que no quieren dar participación a las empresas locales.

Por eso estamos pidiendo esa modificación. Que las empresas locales, digamos, en cada uno de los estados tengan participación en estas obras.

Ahora digamos que se van a detonar en cada uno de los estados, como es, digamos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y digamos, y Veracruz, quisiéramos que en cada uno de los estados hubiera el contacto de las empresas que forman parte en cada una de las regiones. Eso es lo que queremos en Oaxaca, que le den oportunidad a las empresas regionales para que haya un desarrollo realmente, como debe ser en cada uno de los estados. Gracias, compañeros, por escucharme. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Consulte a la asamblea si se admite a discusión la modificación presentada por la diputada Eva Cruz Molina.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se desecha.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o alguna diputada falta por votar? Por favor, todavía está abierto el sistema electrónico. ¿Diputados, falta alguien por votar? Está abierto el sistema; adelante. Otra vez: ¿Falta alguien por votar, diputados, diputadas? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 409 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado en lo general y en lo particular por 409 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.

Esta Presidencia informa que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su correcto procesamiento, ha entregado dos dictámenes con proyectos de decreto.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEYES O DECRETOS

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de candidaturas independientes.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN IV

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEYES O DECRETOS

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, la mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se autoriza.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de candidaturas independientes(*). Se informa que la fundamentación de ambos proyectos de decreto se llevará a cabo en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Por lo que se refiere a la votación, se realizará por separado de forma sucesiva.

Para efecto de dar la fundamentación al dictamen, tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la constante y permanente evolución de las reglas y mecanismos a través de las que se conforman los órganos de representación política, ha ido permitiendo de manera más o menos gradual, la posibilidad de que en las contiendas electorales participen a la par de los partidos políticos ciudadanas y ciudadanos cuya presencia, calidad moral y trabajo con la sociedad, les permite competir para acceder a un cargo, y en algunos casos ganar la elección correspondiente.

Las denominadas candidaturas independientes, al igual que las reglas y modalidades del ámbito electoral, llegaron para quedarse, y para que a partir de un constante ejercicio de perfeccionamiento se les permita empoderar al ciudadano a través de sus causas.

Por ello, este Congreso de la Unión no puede quedar a la zaga de un tema tan importante de la agenda pública nacional como son las modalidades en las que se genera la participación política, particularmente la de aquellos que buscan ser parte de los órganos de representación ciudadana sin hacerlo de manera obligatoria a través de la vía institucional o de partidos políticos a quienes hasta hace muy poco el propio diseño les otorgaba el monopolio de las postulaciones de las y los candidatos. Y por ende, la conformación de los órganos de representación.

Es una realidad que la voluntad ciudadana se materializa con la elección de los gobernantes por medio del sufragio libre y secreto, y para que éstos puedan funcionar de manera eficaz, se requiere del elemento de credibilidad y confianza, es decir, el de la legitimidad.

Con ello, las reglas electorales y su constante evolución han permitido que actualmente los ciudadanos que cumplen con una serie de requisitos, puedan acceder a los órganos de representación política sin la necesidad de hacerlo bajo las siglas de algún instituto político.

Esta regla y la posibilidad de un real acceso a los órganos de representación por parte de las ciudadanas y ciudadanos independientes, obliga a abrir el debate acerca del papel que los mismos desarrollarán en la conformación y organización de dicho órgano al haber sido electos, y por ende, al haber emanado del mismo mandato que elige aquellos representantes bajo las siglas de un partido político. Particularmente el acceso de ciudadanos independientes para integrar este Consejo nos obliga a los legisladores a realizar una profunda revisión de los procedimientos y mecanismos bajo las cuales se conforman comisiones, comités, órganos de gobiernos y administrativos en esta Cámara de Diputados y en el Congreso en general.

Motiva al presente dictamen la posibilidad de dar un seguimiento y paso a paso a la reforma constitucional en materia electoral, ya que la propuesta contenida en el mismo, prevé que los candidatos independientes electos y, en consecuencia integrantes de la legislatura en curso, podrán hacer uso de la tribuna, tener prerrogativas parlamentarias, y hacer uso de su facultad de representación para fijar un posicionamiento a favor o en contra de cualquier proyecto, como cualquier otro legislador, sea o no integrante de algún grupo parlamentario de los aquí representados.

Para la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, resulta un atractivo y particularmente un interesante movimiento normativo, el adecuar las normas secundarias que conforman el marco jurídico de esta Cámara, para que las atribuciones constitucionales y legales de los representantes populares que fueron electos mediante candidaturas independientes puedan ser ejercidas de manera adecuada, garantizando la libre expresión de corrientes ideológicas, así como para fomentar la participación de otras fuerzas políticas en la integración de la Mesa Directiva con los principios de inclusión, de equidad, de pluralidad y de proporcionalidad.

Lo anterior porque es una realidad que el valor de un diputado o de una diputada independiente debe ser exactamente el mismo que de cualquier otro que forma parte de un grupo parlamentario.

En este sentido resulta necesario que esta dictaminadora clarifique que no se pronuncia acerca de si la regla principal de la conformación de los órganos internos, que se basa preponderantemente en una lógica numérica, es o no benéfica, por el contrario, la aplicación de esta lógica numérica resulta por demás razonable en la conformación de comisiones y en la gobernabilidad del Congreso.

Pretendemos, y por ello, que esta dictaminadora coincide con la intención y espíritu de los promoventes; y es evitar que esta reglas sea inequitativa, pues a pesar de que un legislador independiente tiene la misma calidad y esencia de representatividad ciudadana que cualquier otro el hecho de que no pertenezca a un grupo parlamentario en específico lo pone en riesgo de quedar afuera de los acuerdos y esquemas de negociación.

Este proyecto de ninguna manera pretende convertir a un cúmulo de diputados independientes en grupo parlamentario. Un legislador independiente no tiene por definición pertenecer a grupos parlamentarios y, por ende, tampoco coordinador, vicecoordinador o representación en las Juntas de Gobierno, de Coordinación Política o equivalente. Sin embargo, trae como respaldo el hecho de obtener una constancia de mayoría y validez de la elección en su distrito, es decir, tiene exactamente el mismo estatus que los demás.

Se trata entonces de armonizar los principios fundamentales de representación a partir de un peso específico como fuerza política y del derecho del legislador a conformar y a deliberar en los espacios diseñados para ellos, con independencia de si pertenece o no a un grupo parlamentario.

Con la aprobación del presente dictamen estaremos dando un importante paso en la organización interna del Congreso no sólo a reconocer y valorar la esencia de los legisladores independientes, sino de las ciudadanas y de los ciudadanos a los que de manera digna y eficaz merecen ser presentados, y un espacio de participación equitativa y proporcional en esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Triana.

En el apartado de fijación de posturas tiene el uso de la tribuna el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo hasta por cinco minutos. Parece ser que el diputado no se encuentra en el pleno. Entonces, damos el uso de la voz al siguiente orador inscrito, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con el proyecto de decreto que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular las funciones de los diputados independientes.

Democratizar la toma de decisiones y dar cabida a una mayor participación de todas y todos parece una buena manera para oxigenar el quehacer legislativo. En ese sentido, resultaba insostenible dejar de reconocer el liderazgo y la representación de los diputados independientes y del resto de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados.

Las y los diputados de Encuentro Social, consideramos razonable y necesario que se garanticen los espacios y tiempo de discusión y debate de los diputados independientes. Resulta contradictorio que las candidaturas independientes surgieron para abrir y propiciar nuevos cauces a la participación ciudadana, sin embargo, la normatividad interna del Congreso no permite diputados independientes, la libre expresión de sus posturas ideológicas.

En ese mismo sentido, la reforma que nos encontramos discutiendo también busca fortalecer la inclusión del resto de los grupos parlamentarios en la integración de la Mesa Directiva, para tal fin propone que la Mesa Directiva se integre por cuatro vicepresidencias, mismos que se elegirán con base en la inclusión, equidad, pluralidad y proporcionalidad existente en cada legislatura.

En ese sentido, los grupos parlamentarios no deben ser un fin en sí mismo, solo deben ser un instrumento al servicio de la ciudadanía. No tendría por qué haber diferencias entre diputados independientes y de partido.

Las y los diputados federales de Encuentro Social habremos de votar a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular las funciones de los diputados independientes, pues consideramos que el fortalecimiento de nuestra democracia es una tarea permanente, la cual debemos asumir los legisladores federales con esfuerzo, generosidad y visión de miras.

Garantizar la representación y la libre expresión de las ideas de los diputados independientes es una obligación moral que debemos asumir cada uno de nosotros como legisladores. La libre expresión por sí sola no es suficiente, pero sin ella lo demás es inútil. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ferreiro.

Esta Presidencia da la bienvenida a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, Veracruz, ganadores del primer lugar en el evento nacional de innovación tecnológica 2015, en la categoría servicio, invitados por la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Bienvenidos y felicidades. Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, vivir en democracia es un principio del derecho y parte fundamental para el desarrollo y bienestar de la nación.

En Nueva Alianza sabemos que un gobierno democrático es una representación delegada por el pueblo, que reconoce tanto a las mayorías como a las minorías. Bajo esos principios entendemos que las candidaturas independientes son un logro de la ciudadanía, que fortalece la vida democrática del país.

Con la reforma del Estado se dio un paso significativo en materia de participación ciudadana y en el fortalecimiento de nuestra democracia. La nueva reforma política permite a los ciudadanos de manera individual solicitar su registro como candidatos de manera independiente a cualquier cargo de elección popular, sin necesidad de pertenecer a algún partido político.

El cambio abrió la posibilidad para que por primera vez en esta LXIII Legislatura cuente con un diputado independiente, que el Congreso de Jalisco tenga un diputado independiente, y en el estado de Nuevo León tenga un gobernador independiente.

La incorporación de diputados independientes obliga a replantear el marco normativo de esta Cámara de Diputados, a fin de que la pluralidad se manifieste de manera efectiva en el trabajo parlamentario.

En Nueva Alianza, apegados a nuestros principios, somos firmes promotores de pluralidad, equidad, inclusión y el respeto pleno a todos nuestros derechos. En ese sentido, votaremos el presente dictamen que pretende que los diputados independientes ejerzan sus atribuciones constitucionales de manera adecuada.

Es decir, que puedan hacer uso de la tribuna, tener prerrogativas parlamentarias y ejercer su facultad de representación para la integración de la Mesa Directiva, con base en principios de inclusión, equidad, pluralidad y proporcionalidad, pues si bien en la ley todos los diputados tenemos los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, hay lagunas que existen en el marco normativo de la Cámara que frenan la posibilidad de ejercer toda la responsabilidad legislativa, se trata de igualdad legislativa ante una nueva realidad, que son los diputados independientes.

Por ello, debemos de armonizar las prácticas y reglamentos que rigen la vida interna del Congreso, a fin de garantizar la inclusión de los diputados independientes en las diversas estructuras político-legislativas, como las comisiones y los órganos de gobierno.

Compañeras y compañeros, reconocer los derechos de los diputados que llegan a este órgano de representación por vía independiente, no es una graciosa concesión de los partidos políticos, es una obligación, un derecho y una responsabilidad que debemos asumir cada uno de nosotros los legisladores aún sin pertenecer a un instituto político, porque para rendir cuentas a los ciudadanos que nos eligieron, debemos contar con la certeza de participar en todas las actividades inherentes a nuestro cargo.

Este es un paso más para la consolidación de la reforma política y los retos que plantea, a fin de alcanzar una verdadera democracia. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pinto Torres. Para fijar la postura a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, hasta por cinco minutos.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras, la existencia de los partidos políticos tiene como origen la naturaleza gregaria del ser humano.

Desde el principio de los tiempos los seres humanos nos hemos juntado para emprender, para hacer, para cambiar a este mundo. Así que desde la prehistoria los hombres primitivos se reunían ya para construir sus aldeas para recolectar frutos para irse de cacería, para defenderse, después para estudiar y finalmente se reunieron para hacer política.

En particular, la historia registra en Bizancio el origen de los partidos Políticos. En Constantinopla, en el hipódromo había los verdes y los azules, que siendo partidarios de unos y otros corredores finalmente acabaron con posturas políticas diferentes que presionaban al emperador y así lograban sus objetivos. Éste es el origen de los partidos y esto sigue vigente y sigue dando resultados en todos lados.

Sin embargo, la política, los partidos son parte de la política que es perfectible, evoluciona, no se puede quedar estática. Decía Winston Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Como diciendo, es lo que tenemos y hay que mejorarlo entre todos.

De tal manera que últimamente se ha observado en todo el mundo, sin excluir a México, cierta contaminación, cierto enviciamiento de los partidos políticos. Hay endogamia, hay intereses inenarrables, hay complicidades. Y sobre todo, paulatinamente, en todo el mundo, no solo en México, los institutos políticos han venido dando la espalda a la sociedad y la sociedad ha respondido y ha reclamado espacios, espacios que pretenden que ciudadanos libres, sin pertenecer a ningún instituto, sin estar atados a ninguna dirigencia cupular, sin compromisos de esos que no se deben adquirir en busca del bien público y lleguen a puestos de poder.

Es por eso que en México poco a poco se han ido abriendo espacios. Celebro, como muchos de ustedes, la existencia, en este momento, de diputados, gobernadores sin partido, creo que es un gran avance. De tal manera que esta tarde estamos dando aquí en la Cámara de Diputados una muestra histórica de congruencia y de capacidad de escuchar a la gente que clama por espacios para sus hombres y mujeres libres, sin ataduras con partidos políticos.

Por eso me permito presentar ante ustedes y hablar en favor y pedir el voto en beneficio de esta propuesta que brota de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la que me honro en formar parte, para votar a favor de estos cambios de la Ley Orgánica de este Congreso General y abrir los espacios que se merecen los diputados independientes, espacios en la Mesa Directiva, en las secretarías, en las comisiones, en manejo de recursos, en tribuna, en acceso a pregunta parlamentaria y por supuesto en general tener mismas consideraciones y apoyos.

Creo que esta medida que estamos tomando hoy, porque estoy seguro que se aprobará por parte de todos, representa un gran paso en el mejoramiento de nuestra democracia y una respuesta que esta tarde los diputados mexicanos de todos los colores partidistas estaremos dando a la anhelo, al reclamo, a la demanda de nuestros compatriotas mexicanos. Es cuanto tengo que decirles. Agradezco su atención. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tamez Guajardo. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia presidente, diputadas y diputados. Toda acción que tenga a favorecer los derechos fundamentales será apoyada por Morena, y no solamente en cuanto a las candidaturas independientes. Aquí como se ha expuesto es una lucha de la sociedad civil buscando abrir espacios de participación ciudadana y las candidaturas independientes es resultado de esta presión ciudadana por abrir espacios políticos, romper la hegemonía que tenían los partidos en cuanto al registro de candidaturas y permitir que el sistema político se oxigenara con nuevas propuestas ciudadanas. Propuestas ciudadanas que han acreditado cumplir con los requisitos legales y presentarse ante esta Cámara como candidatos independientes y posteriormente diputados independientes.

La propuesta que hoy presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias atiende a reconocer este derecho fundamental de los diputados independientes de ser parte de la vida activa de la Cámara de Diputados en sus órganos legislativos y del trabajo parlamentario que se realiza en esta Cámara de Diputados.

Solo no podíamos abonar algo más favorable para los diputados candidatos independientes, porque esto abona a la democracia. Cualquier espacio democrático que permita una participación libre de los ciudadanos es un espacio que debe garantizarse por todos los diputados.

Estamos conscientes que aun falta mucho que hacer. Que hay garantías constitucionales que no pueden concretarse porque no existen los procedimientos, no existen los recursos económico o no existe la voluntad política para ello.

Pero atendemos a un principio democrático establecido después de la reforma de 2011 y la reforma constitucional en materia de derechos humanos que nos obliga como autoridad del Estado a maximizar los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.

Esto forma parte de nuestra obligación como autoridad legislativa. Cada acción legal, cada acción que se tome en esta Cámara de Diputados debe tener en la mira maximizar los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos.

Por eso Morena vota a favor de esta propuesta. Es una propuesta loable. Es todavía aun más perfectible garantizar la libre participación de todos los diputados y las diputadas en este recinto parlamentario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero. Tiene el uso de la tribuna el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Bienvenidos sean los candidatos independientes. Bienvenidas las nuevas generaciones de políticos y las nuevas propuetas que emanen directamente del sentir del pueblo. Bienvenidas sean las nuevas formas de hacer política que oxigenen a la democracia de nuestro país y que sacuda a los institutos políticos, a las cúpulas y a las estructuras sedimentadas.

Llegó el momento de redefinir las reglas y de aceptar que en la historia de nuestras instituciones se han cometido graves errores. Errores que han propiciado la apatía y, más triste aun, han generado el descontento y la desconfianza de la gente. Y nosotros, señores legisladores, tenemos la obligación de responder y de velar por los intereses de los mexicanos de una manera genuina y a cabalidad.

Es un momento también de reflexión y de reorientar nuestro trabajo como representantes, de tal modo que en la construcción de la democracia la transparencia, la honestidad y la auténtica representatividad sean elementos que definan a cada una de las acciones que emprendemos al frente de cualquier administración pública.

Un candidato independiente representa otra forma de hacer política, un candidato independiente es un candidato que propone un nuevo esquema de valores y mecanismos de representatividad que en muchas ocasiones rompe con las reglas, aunque juega dentro de ellas; representa al pueblo, ciertamente y en la mayor parte de los sectores que están cansados y escépticos a los institutos políticos.

Un candidato independiente es muchas veces una respuesta al malestar de la vida pública, a la partidocracia mexicana y a un sistema que ha privilegiado tradicionalmente el monopolio de la representación política a través de los partidos.

Señoras y señores legisladores, yo también soy parte de una nueva generación de políticos, no solamente por mi juventud. Creo en las instituciones, milito orgullosamente en el Partido Verde Ecologista de México, pero no por eso vamos a cerrar los ojos y no vamos a reconocer que hoy los candidatos independientes muestran una realidad que no podemos ignorar, y nos dejan una enseñanza.

Tenemos que estar a la altura de un México que exige progreso y reclama transparencia en su sistema de representación política. Por eso a nombre del Partido Verde Ecologista de México celebramos y votaremos a favor, ya que es justo y necesario subsanar las lagunas que nuestro marco actual normativo en el Congreso, y con ello ser congruentes con la diversidad y con todas las expresiones que emanan de nuestro país generando condiciones de equidad de la participación de los diputados independientes, construyendo de esta manera un esquema político más participativo, más justo y con miras hacia una verdadera democracia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valera Fuentes. Tiene el uso de la tribuna el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de esta Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen que presenta la comisión legislativa de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para regular lo relativo a las atribuciones y derechos de los diputados independientes.

Hoy se presentan modificaciones a la Ley Orgánica General del Congreso de la Unión y a su Reglamento. No podemos más que ver con buenos ojos un dictamen que le da derechos y obligaciones a los diputados independientes.

No podemos negar que el Partido de la Revolución Democrática con toda precisión ha sido de los pilares que han impulsado a los candidatos independientes, ciudadanos, este partido con sus siglas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, antes de esta reforma constitucional, que por cierto, también el Partido de la Revolución Democrática avaló para poder tener esta ley electoral que permite la sana competencia entre partidos políticos y también entre candidatos independientes.

Hoy, nos llena de gusto que los diputados independientes podrán formar parte de las comisiones legislativas, podrán ser parte de la Mesa Directiva de la Cámara, hacer preguntas parlamentarias y presentar proposiciones e iniciativas a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara.

Pero también debemos de reconocer que tenemos tareas pendientes que realizar. Hoy, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 50 al 79, relata con precisión las facultades de los Poderes, y entre ellos, este Poder Legislativo, y todo está emparejado a la facultad que tienen los grupos parlamentarios.

Para definir posiciones, para ver con precisión su afiliación, su ideario político, y los diputados independientes en este sentido no tienen mucho qué hacer en estas propuestas, porque estamos regulados a través de la democracia y, en su caso, de la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Por eso es importante decir que hoy logramos un avance importante en la Ley Orgánica de este Congreso y en su reglamento, pero falta modificar, por supuesto, la Constitución Política Mexicana, y hacer un capítulo aparte para el tema de los independientes.

Hoy, con agrado el Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen, porque estamos convencidos que hoy es el momento del cambio, hoy es el momento para que otras fuerzas ciudadanas demuestren que es importante gobernar México con todas las voces de las que forman parte. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ortega Álvarez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Amigas legisladoras y amigos legisladores, la construcción de la democracia en México nos ha llevado mucho tiempo y aún no hemos concluido.

Hemos logrado avances importantes, pero también hay que decir que ha habido regresiones. En el siglo pasado nuestro país se caracterizó por la lucha constante por la democracia. La Revolución comenzó con el ideal maderista de sufragio efectivo, pero fue hasta los 90 que se logró tener elecciones medianamente aceptables. Fue hasta el 2000 cuando se pudo concretar la alternancia en el gobierno federal.

Como he dicho, la democratización de México no es una tarea concluida porque no basta con luchar por tener órganos electorales independientes o tener fiscales independientes. Ahora el reto es dejarlos funcionar como tales para que puedan actuar correctamente sin presiones políticas de nadie. El reto es tener elecciones libres con certeza en el cómputo de los votos.

Ahora también requerimos para una verdadera democracia un país con menos desigualdad, con menos pobreza, en donde el poder no se use para anular la legitima voluntad de los ciudadanos, donde el dinero no valga para comprar la dignidad de nadie.

En los años recientes se logró aprobar las candidaturas independientes y ya son una realidad, la última reforma política trazó el camino para abrir las puertas a todos los ciudadanos sin partido que deseen participar. Pero esta no previó como se organizarían a su interior los poderes para este cambio.

En esta legislatura con apenas tres meses y medio, hemos impulsado reformas y cambios importantes. Hemos discutido y lo hemos hecho fuerte. Hemos logrado consensos absolutos en algunos temas como fue la creación de la Comisión Especial para el tema de Ayotzinapa, la recién aprobación de la Secretaría de Cultura. Y como este caso, de la reglamentación de que los diputados que sean electos de forma independiente, tengamos garantizado su voz y su participación en esta Cámara.

Hemos también logrado consensos parciales como ha sido la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero también con total claridad nos hemos opuesto a la confirmación de la toxica reforma fiscal.

En otras palabras, amigas y amigos legisladores, hasta donde nos ha sido posible estamos haciendo política de la buena, de la que argumenta, de la que debate, de la que señala y de esa que construye. Hoy celebramos el consenso en este dictamen, hoy todos reconocemos que tenemos un compañero diputado independiente, a nuestro amigo Manuel Clouthier.

Por eso, esta iniciativa rectifica el cambio de sistema, que en los hechos, si les da cabida dentro de esta Cámara de Diputados a todos los legisladores que lleguen por la vía electoral independiente.

Compañeras y compañeros legisladores, mi reconocimiento en el consenso y en el acuerdo de este tema y de esta iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PAN, a través de mi persona. Hoy con la aprobación de este dictamen somos parte del cambio y eso es muestra de que esta legislatura está dispuesta a entrar a otros temas que también requieren de cambios.

Podemos hacer que de esta Cámara de Diputaos se diga, que de la justica nos lleva al valor de la decisión. Hoy estamos reconociendo en cada legislador a un represéntate legítimo de la gente que lo eligió. Y por eso merecen todos, los que tienen partido y los que no lo tienen, ser escuchados y poder participar en esta tribuna, en este pleno, en estas comisiones y en la Mesa Directiva.

Por todo lo logrado por los consensos acordados en esta materia, muchas gracias a los diferentes grupos parlamentarios, enhorabuena, que estamos haciendo honor a la convicción de que esta es la casa de todo México, la casa de todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Marko Antonio Cortés. Tiene el uso de la tribuna el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola: Con la venia de la Presidencia. Pareciera que las décadas, los lustros en nuestro país se han agolpado para encontrar en la sociedad las expresiones más genuinas de lo que quiere la gente ver en sus representantes, que no es otra cosa que los resultados como legisladores y como gobiernos.

Es hasta 1977, cuando apenas se esboza en nuestra Constitución General de la República el poder llevar el concepto de partido político al texto de nuestra Constitución. De ahí se desbordan un sinnúmero de cambios que vienen a fortalecer las instituciones democráticas de México, que siempre han sido reforzadas y también impulsadas por el Partido Revolucionario Institucional.

Es a la par el PRI quien subrayó y generó en su tiempo y ahí mismo, en el pasado siglo, las instituciones como el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todo el entramado que hoy sostiene al sistema democrático de nuestro país.

Dice John Rawls, padre de la socialdemocracia, que toda la sociedad se reencuentra cada determinado tiempo para poder iniciar un nuevo punto de partida, un nuevo contrato social, como argumentaría Juan Jacobo Rousseau, y este es el llamado de la sociedad moderna y de los mexicanos precisamente para conocer expresiones genuinas, como lo son los candidatos y candidatas independientes.

Si bien las fuerzas políticas vienen a conglomerar, a aglutinar y a compactar la vía para acceder al poder público y por ello son legítimas y fundamentales como basamento de toda democracia en el mundo, es también una nueva forma de entendimiento y de comprensión el hecho de que tengamos ciudadanos que encuentran el vehículo exclusivamente ciudadano para allegarse del poder público.

En nuestra legislación debemos reconocer, nos insertamos también a un fenómeno mundial naciente, solamente de 224 países, de 224 naciones 89 insertan en su sistema democrático a las candidaturas independientes.

Hoy, en el marco de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, como jefe político de la nación, se insertan estos profundos cambios democráticos también en el quehacer de nuestra dinámica política.

En este sentido, podemos decir que en nuestro sistema de representación popular que enmarca el artículo 89 de nuestra Carta Magna, en donde los ciudadanos ejercen su soberanía a partir de sus representantes populares, no debemos confundirnos, una es una parte del fondo que estamos tratando. Es decir, las elecciones son asuntos de forma, democráticas, pero resuelven la manera, el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas al poder, pero los ciudadanos en un fondo aún mucho más profundo encuentran que estos cambios tengan eco particular en una democracia con resultados, en una democracia eficaz y efectiva.

Es por ello, que el Grupo Parlamentario del PRI respalda esta armonización que se propone y que se impulsa conjuntamente para que nuestra Ley Orgánica se adecúe a la realidad palpitante que vive nuestro país.

Como mensaje directo a las fuerzas políticas en su conjunto, pero también como la expectativa que los ciudadanos tienen de que los candidatos y candidatas independientes también ofrezcan y den resultados concretos a la gente.

Por ello no podemos dejar pasar ni obviar que ésta es la primera legislatura que encuentra en su seno a uno de ellos, a uno de ellas, de los candidatos independientes, y es por ello que es menester poder reformar nuestra Ley Orgánica para equiparar los derechos, las atribuciones, las facultades y darle las herramientas suficientes a los candidatos independientes hoy y mañana para que puedan tener resultados y también podamos, en ejercicios colectivos, congresuales darle buenos dividendos a la sociedad de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guerra Urbiola. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la tribuna el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por tres minutos.

El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. El que habla, Cándido Ochoa Rojas, en nombre de la fracción del Partido Verde Ecologista de México viene a fijar la postura en favor de regular las actividades de los diputados independientes.

Como ustedes saben, durante la historia de nuestro país han existido varias épocas en las que se establece la figura de, primero la candidatura independiente. Sin embargo, hoy que tenemos ya un diputado electo bajo esta fórmula, es que se hace necesario adecuar la legislación para el ejercicio de la función.

Las leyes deben ser acordes a la dinámica social, a lo que la sociedad exige. Ésta es la que va mandando. Hoy estamos ante la presencia de una postura de sensibilidad y responsabilidad de los partidos políticos, quienes en el afán de atender la demanda de la sociedad que fue la que expuso al elegir a un diputado independiente, atienden ahora la regulación de sus actos, adecuan la normatividad de lo que él debe hacer y cómo debe conducirse.

Porque como ya lo señalaba el diputado que me antecedió, la ley está establecida por fracciones o para fracciones. Insisto, la norma debe adecuarse a la dinámica de la sociedad, eso es algo normal, es algo regular, si se queda estancada debe ser abrogada, debe ser actualizada.

Por eso hoy estamos ante la presencia de una atención a la demanda de la sociedad, de un gesto de responsabilidad de los partidos políticos que sin temor de ninguna especie asumen la regulación del ejercicio del diputado independiente.

Veremos qué nos demanda la sociedad en el futuro, si hay más o hay menos, pero hoy los partidos políticos se han aperturado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ochoa Rojas. Tiene ahora el uso de la tribuna, con una propuesta de modificación al dictamen, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia presidente, diputadas, diputados. Como lo señalaba, tenemos que abonar a perfeccionar nuestras propias leyes que se legislan a propuesta de Ejecutivo, diputados o a la propuesta misma de los ciudadanos, ateniendo a los principios constitucionales, he reservado el numeral 2 del artículo 30 del dictamen que se presenta, para informar a la asamblea el párrafo dos, señala que las diputadas y los diputados que emanen de una contienda electoral y que hayan solicitado su registro como candidatos independientes, se mantendrán en esos términos durante su ejercicio en la Legislatura que corresponda.

Esto es, poniendo un ejemplo, si hoy el diputado Clouthier quisiera afiliarse a Morena, simplemente con esta ley no podría porque el Reglamento de la Cámara de Diputados lo obliga a ser diputado independiente.

Esta postura obviamente va en contra de principios constitucionales, principio de igualdad. Cualquier diputado de cualquier otro grupo puede tramitar su incorporación a otro grupo parlamentario, ¿por qué un diputado independiente no podría hacerlo? Principio de igualdad. Principio de igualdad que no se respeta con esta disposición porque sujeta al diputado independiente a ser independiente durante el ejercicio de su Legislatura.

Si hablamos de garantías constitucionales, también violentamos su derecho a la asociación, artículo 35, fracción III, señala que todos pueden asociarse individual y libremente para formar parte en los asuntos políticos de la nación. Estamos violando la garantía constitucional de libre asociación del diputado independiente al obligarlo a que se mantenga con esa naturaleza durante el ejercicio de su Legislatura.

Ante esta disyuntiva de garantías constitucionales que se violentan con esta disposición no tenemos otro rasero más que aplicar el principio contenido en el artículo 1o. constitucional. Toda interpretación que se haga de derechos o garantías constitucionales se hará siempre a favor de la persona. Atendiendo a este principio, todo diputado independiente debería tener ese derecho libre de asociarse con quien más le plazca, de acuerdo a su postura política.

Por eso propongo en esta reserva que se elimine el numeral 2 del artículo 30 que establece esta restricción y que es una restricción que va contra una interpretación amplia de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 1o. Lo único que pido es tener una congruencia entre el discurso que manejamos en tribuna con lo que estamos legislando.

Es eliminar un numeral que permite en forma libre a cualquier diputado independiente asociarse con el grupo que más convenga a sus intereses. Sus vínculos con su electorado será otro tema que él tendrá que justificar por los ciudadanos que votaron por él durante un proceso electoral.

La propuesta va a que esta Cámara no puede restringir derechos constitucionales de miembros que la integran después de haber pasado el filtro de cumplir con los requisitos de candidato independiente y haber obtenido el voto favorable de los ciudadanos.

No podemos nosotros asumir una posición que restrinja estos derechos. Esta es la propuesta de reserva que presento y esperamos contar con el apoyo de todos los diputados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Juan Romero Tenorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha.

Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recuerda a la asamblea que estamos votando el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.

(Votación)

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Pregunto: ¿Alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 412 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de candidaturas independientes.(*)

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. En un solo acto vamos a proceder en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 397 a favor, 1 abstención, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 397 votos el proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de candidaturas independientes. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No Discriminación.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No Discriminación.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Informo a la asamblea que en esta intervención, del diputado Jorge Triana, también se habrá de referir al dictamen del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión. Adelante, señor diputado.

El diputado Jorge Triana Tena: Gracias, diputado presidente. Por economía parlamentaria y con el fin de abonar al tiempo de procesamiento de este cumulo de dictámenes, vamos a fusionar estos dos proyectos en una sola intervención.

Por un lado está la Comisión dictaminadora de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, donde establecemos que es viable la creación de este Centro de Estudios de Derechos Humanos y de las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión.

Como ustedes saben, la existencia de centros de estudios especializados al interior de esta Cámara, ha sido un valioso aporte para la actividad legislativa de las últimas cuatro décadas. Estos se han venido posicionando gracias al alto grado de expertis y profesionalismo con el que elaboran estudios, diagnósticos, análisis y en general los insumos que forman parte de cada uno de nuestros conocimientos parlamentarios.

Esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, considera oportuna la creación de este centro de estudios y creemos que es bueno que se incorpore a los otros cinco con los que actualmente cuenta la Cámara para el correcto desarrollo de sus actividades.

Los trabajos de este nuevo centro de estudios abundarían transversalmente el trabajo realizado por los otros. De tal suerte, que en conjunto los seis se convertirían en el núcleo central del pensamiento teórico y analítico que fundamentalmente el quehacer parlamentario del Poder Legislativo hacen.

Y también por el resultado a hacer marcos normativos que garanticen en su totalidad el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, en materia de derechos humanos, específicamente.

Por otro lado y en otro orden de ideas, se propone la constitución ordinaria de las familias. La familia es el núcleo social por excelencia y con independencia de los individuos que la conforman, la manera en que se vinculen y los intereses en común. Su protección debe ser parte determinante de las agendas públicas.

Es el papel del Estado importante para proteger y garantizar las mejores condiciones para garantizar y la permanencia en su núcleo social.

Asimismo el delimitar de manera clara los objetivos y funciones de esta nueva comisión esta dictaminadora considera que cualquier juicio de valor subjetivo queda fuera del ámbito de su participación parlamentaria, pues parte fundamental de la actividad sería impulsar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Además, dar un enfoque progresivo de derechos humanos a la promoción del derecho de la igualdad de oportunidades, la integración de la perspectiva de género, la educación para la paz, entre otras obligaciones internacionales y en las que el núcleo familiar forma parte fundamental.

Es a partir de diagnósticos coincidentes, como lo anteriormente expuesto, es que esta dictaminadora considera viable la incorporación de esta comisión y del centro también en el quehacer parlamentario y, con ello, estaremos enviando un mensaje a nuestros representados, en el sentido de que a las y a los legisladores nos preocupa, pero también nos ocupan en los hechos el cuidado del tejido social y, particularmente, de las familias como núcleo del devenir del ser humano por excelencia. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Triana Tena.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios diversos diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

En ese sentido, tiene el uso de la tribuna la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Informo a la asamblea que la diputada Melissa Torres se referirá a ambos dictámenes.

La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenemos la convicción que un buen núcleo familiar es la base de una sociedad solidaria y comprometida con sus semejantes, especialmente hoy día que la descomposición social que padecemos los mexicanos tiene su origen en la falta de solidaridad y compromiso social.

Lo tenemos tan claro que propusimos una iniciativa el mes pasado, para la adición de una fracción al Apartado 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de crear una comisión ordinaria que se abocare al tema de la familia y fortalecer así, desde el ámbito legislativo, la institución familiar, ello también en consideración que el Senado de la República cuenta, desde la pasada legislatura, con una comisión ordinaria de la familia y desarrollo humano.

Nuestra propuesta habla respecto al núcleo familiar como piedra angular sobre la que se funda toda sociedad y donde se forma en valores al individuo. También entiende la necesidad de recuperar los valores, hoy desviados por la posmodernidad y el individualismo, los que han derivado en diversas latitudes en sociedades poco solidarias, que huyen del compromiso y la responsabilidad familiar.

Las diputadas y los diputados federales de Encuentro Social irrumpimos en la escena parlamentaria nacional con una visión política en equilibrio. Libertad en el desarrollo de la persona humana sí, pero con un enfoque de principios y valores en temas como la institución familiar y el matrimonio.

Es decir, traemos en la información genética de nuestro partido y nuestro grupo parlamentario, la noción de la familia como pilar vital en la formación humana, por lo que sabemos que su degeneración, en todo caso, erosiona todo proyecto posible de cultura, de bienestar y de paz.

Para nuestro grupo parlamentario, la familia debe ser el lugar donde nuestras niñas y niños deben encontrar amor, valores, comprensión y todo el apoyo necesario para su formación integral y su sano desarrollo, por lo que la cultura de no violencia y no discriminación, creemos, se darán por añadidura si nos comprometemos, desde la Cámara de origen popular, en su recuperación y fortalecimiento.

Esto lo sabemos en Encuentro Social y por eso propusimos nuestra iniciativa. Sin la institución familiar somos presa de la desintegración social y la desvalorización. En este sentido tenemos claro que la formación de personas libres, con sólidos valores, es la principal tarea de la familia, por lo cual, para nuestro grupo parlamentario es de gran relevancia su fortalecimiento como uno de los factores necesarios para la creación de un nuevo pacto social.

Y en consecuencia, sin mezquindad, sin revanchismo vamos a votar en pro de la creación de la comisión ordinaria que ahora se somete a votación. Queremos que el Congreso sea la caja de resonancia de las inquietudes de las familias y las personas a las que representamos y nos debemos. Por ello, vamos a dar todo nuestro apoyo, respaldo, acompañamiento y defensa a la nueva comisión que hoy votamos en pro para que la familia sea el mejor lugar de encuentro, el encuentro social. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Torres Sandoval.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Disculpe, señor diputado, no estamos en tema de discusión, estamos en el apartado de fijación de posturas. Para referirse a los dos dictámenes tiene el uso de la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Hortensia Aragón, por favor.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Señor presidente, solo para pedirle de la manera más respetuosa si puede usted consultar si a quien fija posición en un tema se le puede hacer una pregunta o no.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos del artículo 104, compañera diputada, en el apartado cuarto se establece que el orador no podrá ser interrumpido por moción de cuestionamiento. Adelante, señor diputado.

El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me voy a referir de manera conjunta a los dos dictámenes que presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En primer lugar abordaré el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción LIII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de la Comisión Ordinaria de la Familia, la No Violencia y la Discriminación.

El artículo 4 de nuestra Constitución establece que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Uno de los principios de Nueva Alianza reconoce es que la familia es la célula fundamental del desarrollo de la sociedad, en la que se establecen el origen de las relaciones sociales con los individuos y las bases de convivencia. Esta percepción la corroboran cifras del Inegi, que refiere que en México los hogares familiares constituyen la principal forma de organización de convivencia con un 89.8 por ciento.

La adición que se pretende aprobar el día de hoy es consistente con el principio constitucional al inicio y pretender contribuir a resolver las diversas problemáticas que afectan a la familia con un enfoque que aleje de la violencia y promueva la no discriminación.

Convencidos de que la nueva comisión contribuirá a robustecer el universo normativo que toca a la familia al impulsar la creación de políticas públicas enfocadas a la protección de la familia como base del tejido social, manifestamos nuestra anuencia con el texto del dictamen.

Para Nueva Alianza resulta indispensable que ante un escenario de precariedad social, se garantice la protección efectiva de los derechos humanos. Qué mejor manera de contribuir a ello que desde la familia.

Ahora bien, haré referencia al segundo dictamen para crear el centro de estudio de los derechos humanos de la población vulnerable y su inclusión. Desde 1948 que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dio inicio a una etapa de internacionalización y estudio de los derechos humanos, teniendo como base el firme propósito de generar en gobernantes y gobernados, la más alta consciencia acerca del respeto y la máxima dignidad posible por la persona humana.

El antecedente había sido una dolorosa experiencia, las atrocidades experimentadas durante la segunda confrontación mundial del siglo XIX supuso que los estados nacionales tuviesen la observancia y protección de los derechos fundamentales en una plataforma que garantice el goce colectivo de los derechos entre su población.

Atender nuestra realidad y sobre todo contribuir a disminuir esas brechas existentes en materia de derechos humanos, ha sido uno de los sustentos políticos de Nueva Alianza que se ha traducido en líneas de trabajo muy precisas y base de nuestra agenda legislativa.

El dictamen que se nos presenta es un vasto documento que ilustra lo anterior y nos auxilia a dimensionar la necesidad de profundizar en los distintos contextos, necesidades y alternativas que mejoran los derechos en el país a fin de cumplir con nuestra responsabilidad legislativa.

Por ello el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyará con su voto a favor la reforma al numeral tres del artículo 49 de nuestra Ley Orgánica, coincidiendo plenamente en la necesidad de que esta Cámara de Diputados y la sociedad mexicana en su conjunto, cuenten con las investigaciones especializadas en derechos humanos que auxilien a enriquecer el debate parlamentar, y sobre todo los instrumentos normativos que constituyen nuestra máxima responsabilidad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lara Salazar. Es el turno del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, para referirse a los dos dictámenes en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores. Vengo a título personal y a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano a presentar y a anunciar que vamos a apoyar con nuestro voto y con nuestro dicho estos dos dictámenes que presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Son dictámenes que a mi ver no tienen ningún problema. Obedecen al sentido común. Es más, responden a clamores de una sociedad que quiere que tengamos instituciones más justas e igualitarias.

Me refiero en primer lugar al dictamen que crea la Comisión ordinaria de las Familias, la no Violencia y la Discriminación. ¿Quién puede negar que la familia es la célula base de la sociedad? ¿Quién puede negar que la familia es la primera agrupación a la que pertenece naturalmente el ser humano y de ahí parte su sociabilidad, su solidaridad, su aprendizaje? De tal manera que tenemos que cuidarla entre todos y qué mejor manera de ayudar a ese cuidado que con la creación de esta comisión.

Así como en el cuerpo humano cuando una célula se descompone y se enferma, se reproduce indebidamente y da lugar al cáncer, en una sociedad cuando una célula familiar se descompone, esto se reproduce y puede dar lugar al final o al exterminio de sociedades enteras.

Quiero, sin embargo, hacer un elogio y una crítica a este dictamen. El elogio, señoras y señores, va en el sentido de que sea Comisión ordinaria de las Familias. Aprecio y celebro que se haya cambiado la forma singular a plural, porque no solo existe en este país la forma tradicional de familias, existen muchas formas de familia que por capricho, por ejercicio del libre albedrío, por el destino que hizo sus jugadas o porque así lo quiso la gente, se ha agrupado en forma diferente y merece el mismo respeto que la familia tradicional.

Es más, añado, el no haber puesto en plural “familias” hubiera ido contra el otro enunciado “no discriminación”; así comparto con ustedes este comentario jubiloso, este comentario de reconocimiento a que se hable en plural “de las familias”.

La crítica es constructiva, no puedo dejar de decirla, se llama: Comisión Ordinaria de las Familias, la no violencia y la no Discriminación. Cuándo vamos a aprender en este país, amigos, a poner nombres más breves, lógicos, a nuestras leyes, reglamentos e instituciones. Ya basta de nombres largos y redundantes. Para mí esto crea confusión, confusión lo dije en comisión y lo repito en este como una crítica constructiva, cosa que no impide mi apoyo a este cambio legislativo que crea esta noble comisión.

En segundo lugar, se está creando, y es la segunda propuesta, Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión, sin obstáculo de que también critique lo largo y lo redundante del nombre, creo que siendo el tema de derechos humanos una asignatura pendiente, qué mejor de abonar a su plena vigencia en México que creando en este honorable Congreso un centro de estudios que nos de luz a los legisladores para hacer más y mejores leyes. Es cuanto tengo que decir. Les agradezco su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tamez Guajardo. Tiene el uso de la tribuna la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para referirse a los dos dictámenes. La diputada Araceli Damián González indica que se referirá al dictamen de la creación de la Comisión de las Familias, y habrá un orador que se referirá al otro dictamen. Adelante, diputada.

La diputada Araceli Damián González: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que presenta el día de hoy ante esta soberanía la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara de Diputados mediante el cual se pretende aprobar una Comisión de la Familia, a la que se intenta disfrazar agregando el tema de la no violencia y la no discriminación, parece ser uno más de los arreglos cupulares y de grupo y una concesión a los grupos religiosos que buscan imponer de nueva cuenta dogmas que atentan contra el Estado laico mexicano.

Más allá de ser una concesión del partido en el poder, a su nuevo partido satélite, la creación de esta nueva comisión pretende establecer una meta-comisión que no sólo invade esferas de competencia de otras comisiones, sino que también busca ser un filtro para detener temas espinosos que incomodan a la derecha religiosa y que entorpecerán el trabajo legislativo.

Esta comisión invade competencias de las comisiones de Salud, Seguridad Social, Derechos de la Niñez, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Vivienda, Igualdad de Género y Población.

Esta comisión tiene una fuerte carga ideológica y desconoce que los principios de no discriminación y no violencia son obligaciones que debemos seguir todos los legisladores en cada una de las iniciativas y acuerdos turnados a las comisiones.

Las diputadas y los diputados, independientemente de nuestras ideologías no podemos aprobar la creación de esta comisión, puesto que viola el numeral tres del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso, en el cual claramente se indica que para las comisiones ordinarias su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

¿Cuál es la correspondencia con la administración pública de esta comisión? Aunada a esta clara violación del artículo 39 es inadmisible que en plena crisis se pretenda crear una nueva comisión cuando esto implica mayores gastos.

La aprobación de esta comisión estaremos demostrando a los mexicanos por qué somos el poder del Estado con menor credibilidad. Las diputadas y los diputados de Morena no avalaremos la creación de esta comisión de corte confesional y religioso y no toleraremos esta clara violación a la misma Ley del Congreso.

Quienes apoyan esta iniciativa mantienen un falso discurso y una doble moral, desconocen que los arreglos familiares son diversos en el México actual y están lejos de limitarse a los vínculos filiales y conyugales. Las mexicanas y los mexicanos vivimos en parejas solas, sin hijos, heterosexuales, homosexuales en familias nucleares de parejas diferentes y del mismo sexo, con hijos o hijastros.

Existen familias monoparentales extensas, polinucleares, incluso, poligámicas y las compuestas por corresidentes emparentados o no emparentados. Por ello, debemos legislar, pero para todos, en todas las comisiones que tengan un verdadero objetivo y un material de trabajo, las cuales deben ser, velar por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Gracias.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Presidenta.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputado Jorge Triana, ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Con el objeto, diputada, de hacer una moción de ilustración, si usted me lo permite.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Adelante, por favor.

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): La presidencia de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarais ha entregado oportunamente a la Mesa Directiva una adenda a este proyecto que estamos discutiendo en este momento, de tal suerte que muchos de los dichos de la oradora que acaba de hacer uso de la palabra quedan por supuesto sin materia, la comisión se va a llamar Comisión de las Familias, a secas. Repito, Comisión de las Familias. Y, por si queda duda, lo vuelvo a repetir: Comisión de las Familias, y nada más. Gracias, diputada. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Efectivamente lo acaban de presentar y en un momento más se le dará el trámite correspondiente.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputado Jesús Valencia, ¿Con qué objeto? Sonido en su curul.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Nos pudieran orientar a qué tipo de familias, que se especifique en el dictamen a qué tipo de familias se refieren.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:A todas.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Que se especifique en el dictamen, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Una vez que se le dé trámite, por favor, ya se ha recibido.

El diputado Macedonio Tamez Guajardo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Adelante, diputado Macedonio Tamez, ¿Con qué objeto?

El diputado Macedonio Tamez Guajardo(desde la curul): Es una moción aclaratoria.

Me adhiero a lo dicho por el diputado Jorge Triana Tena, en el sentido de que al cambiar de singular a plural se incluye a todas las formas familiares que pueden ser, no digo infinitas, pero sí múltiples, de tal manera que sinceramente no veo mayor motivo de discusión. Gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ha quedado ya explicado, sin embargo le damos la palabra al presidente, por favor.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Adelante, por favor.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Familias mexicanas, todas ellas. Muchas gracias, diputada.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Continuamos. Tiene la palabra también hasta por cinco minutos el diputado Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Con su permiso, diputada presidenta. Qué lamentable tener siempre que escuchar a quienes están absolutamente en contra de todo y sin razón, pueden lo mismo argumentar que no existe sentido para que el tema o el nombre de la comisión sea tan amplio. Como el hecho de que aún y con todos los detalles que se exponen se sigue siendo discriminatorio. Me parece que el término de la Comisión de las Familias es el término más amplio e incluyente y menos discriminatorio que se puede conceder a una comisión tan útil e importante como debe de ser esta.

En el marco del Día Internacional de la Familia, el secretario general de las Naciones Unidas, señaló que el desarrollo social y económico equitativo depende de que haya marcos jurídicos equitativos y normas sociales que respalden los derechos de las mujeres y los niños.

Las leyes y prácticas discriminatorias que no reconocen los mismos derechos a todos y que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y los niños, no tienen cabida en las familias, las comunidades, las sociedades y las naciones contemporáneas.

Sin duda alguna, la creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, es un parteaguas en el trabajo legislativo en favor de todas las familias que existen en México, de forma incluyente y no parcialmente, al observar a cada uno de sus integrantes.

El crear una comisión ordinaria con esas características, es el reconocer a la familia como el núcleo primario de la sociedad, pero también, el grado de complejidad en su integración y los problemas a los cuales se enfrentan en la actualidad.

De acuerdo al Inegi, la composición de las familias en nuestro país ha sufrido una transformación con respecto a décadas anteriores, del mismo modo, las acciones conductuales de sus integrantes también han representado cambios significativos, Es por ello, que como legisladores tenemos la obligación de impulsar la creación de un andamiaje legal que dé certeza y seguridad a las familias mexicanas. Que incorpore criterios de no violencia y no discriminación al interior de las mismas.

Por otra parte, crear también el Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión, de la Cámara de Diputados, es un esfuerzo que corresponde con nuestra obligación de velar por el pleno goce y ejercicio de los derechos de toda población, privilegiando en toda la primacía del principio Pro persona consagrado en nuestra Carta Magna.

Recordemos que en el 2011, esta soberanía aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual nos planteó un nuevo paradigma que transformó la forma de ejercer nuestras garantías al establecer la supremacía de los derechos humanos, los tratados y convenciones internacionales en materia de protección de las personas, principalmente, de aquellos grupos más vulnerables.

Sin duda alguna, la reforma a nuestra Constitución Política, generó un gran reto en su implementación. Por ello, es necesario que esta Cámara cuente con un centro de estudios cuya naturaleza sea continuar trabajando en el perfeccionamiento del marco legal, a través del análisis especializado y focalizado en temas de derechos humanos, población en situación de vulnerabilidad y la inclusión de todos ellos.

También debemos añadir que con los trabajos de este centro de estudios, los legisladores y servidores públicos obtendremos el conocimiento necesario en cuanto a los principios sobre los que descansan los derechos humanos, que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y pro persona.

Adicionalmente, es importante señalar que un elemento crucial para implementar la reforma constitucional y avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos es la capacitación de los servidores públicos y estamos seguros que a través de la creación del centro de estudios que se está proponiendo se lograrán dichos objetivos.

En el Partido Verde Ecologista de México celebramos, tanto la creación de la Comisión de las Familias, como el establecimiento del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad, lo anterior porque uno de nuestros principios rectores es trabajar en todo aquello que genere instituciones y sociedades sanas, estables e incluyentes, en donde se respeten los derechos humanos, garantías individuales de las personas, para lo cual sin duda alguna la familia es indispensable. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra también, por cinco minutos, el diputado Omar...

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:¿Con qué objeto, diputado Llerenas?

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Que si el único cambio que se está proponiendo es que en el nombre aparezca familias y no hay entonces como se había pedido una definición del concepto de familia y de familias, incluso propondré que sean familias diversas el concepto, y me parece que sin un cambio y sin una definición de qué se entiende por familia y no se asegura a la diversidad de las familias en el país, creo que sería un error aprobar ese dictamen. Por lo tanto, que se clarifique qué es lo que se cambió del dictamen y ahora vamos a votar.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Si me permite, por favor, en el momento procesal oportuno lo revisamos. Después de la fijación de las posturas, y sea va a dar cuenta en la propuesta de modificación, por favor. Tiene la palabra ahora, hasta por tres minutos, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, yo debo reconocer ante esta tribuna el logro que se tuvo en esta propuesta de la comisión legislativa ordinaria de las familias.

Fue una solicitud que hizo el grupo parlamentario al que represento, que se agregara de manera textual, de manera plural el nombre de familias, atendiendo a dos temas fundamentales. Uno, a las determinaciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce, entre algunas, que se entenderán como familias las del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer y también las conformadas de manera homoparental, de manera textual lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto quedó reflejada en esta iniciativa al señalar con precisión en los considerandos, el objeto y fin de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo, de los tratados internacionales.

Por eso tenemos que ser muy claro, al agregar el término de familias estamos agregando a todos y no solamente la de manera tradicional, la de manera mocha y represiva o restrictiva que se refería solamente a una familia con un hombre y una mujer.

Hoy estamos dando un paso importante a generar las condiciones para esta Comisión de Familia. También es cierto que ya logramos avanzar con el tema de paridad de género, tenemos una Comisión de Niñez y por qué no ahora generar una Comisión de las Familias, para garantizarles a todos sus derechos humanos, que estos son inviolables y darles las garantías que se requieren de manera clara y contundente, así como lo señala el artículo 1o. constitucional que a la letra me voy a permitir leerles: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por un origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El día de hoy el Partido de la Revolución Democrática votará a favor de estos dos dictámenes, de la creación del centro, pero fundamentalmente en la creación de esta comisión importante, legislativa ordinaria, que le va a dar derechos plenos a todas las familias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputada Araceli Damián, ¿con qué objeto? Adelante, diputada. ¿Con qué objeto?

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Pues quería hacerle una pregunta al orador pero ya se bajó. Él está hablando de derechos de las familias y los derechos sociales, económicos son individuales. Los individuos somos los portadores de los derechos, no las familias. Es más, este dictamen ni siquiera sabemos bien a bien qué es lo que estamos discutiendo. Se va a cambiar el nombre y ya no queda ni siquiera claro...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Su postura, sin embargo, en la fijación de posturas no se permite, de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados hacer preguntas a los oradores, de acuerdo al artículo 104. Tiene la palabra ahora también por tres minutos, la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada María García Pérez:Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, nos congratulamos este día, ya que en sesión de fecha jueves 19 de noviembre de 2015 fue presentada la iniciativa por la que se adiciona la fracción LIII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que propone la creación de la Comisión Ordinaria de las Familias.

La iniciativa en análisis señala que la familia es un espacio privilegiado de formación humana, en donde aprendemos a comunicarnos, obtenemos la seguridad y los más altos valores como la solidaridad, el amor, el respeto, el orden, la disciplina y muchos otros de los valores que nos inculcan dentro de nuestras familias.

Por lo antes mencionado, en nuestro sistema jurídico mexicano basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí y también a delimitar las relaciones conyugales de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.

En esta tesitura, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon declaró en el Día Internacional de la Familia en este año 2015, lo siguiente, y lo cito textualmente: El desarrollo social y económico equitativo depende de que haya marcos jurídicos equitativos y normas sociales que respalden los derechos de las mujeres y los niños.

Las leyes y prácticas discriminatorias que no reconocen los mismos derechos a todos y que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y los niños, no tienen cabida en las familias, las comunidades las sociedades y las naciones contemporáneas. De tal forma que al aprobarse esta iniciativa para la creación de la comisión ordinaria de las familias, será la punta de lanza para trabajar e impulsar el andamiaje jurídico e integrar las cuestiones relativas a la familia en la política mexicana y los programas integradores de desarrollo para la familia.

Asimismo, impulsaré el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte al observar en su quehacer los principios de interés superior de la niñez, el enfoque progresivo de derechos humanos, la promoción de derecho a la igualdad de oportunidades, la integración de la perspectiva de género, la educación para la paz entre otras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Por lo antes mencionado, los exhorto respetuosamente a unir la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en esta honorable Cámara de Diputados, a votar en pro de este proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la comisión ordinaria de las familias.

Por lo siguiente, quiero pedirles a todos ustedes que, si bien es cierto la familia es la célula de toda sociedad, es importante que estemos pendientes pero que se cree ese marco jurídico donde realmente veamos que nos interesan nuestras familias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Para hablar también de los dos proyectos de dictamen tiene la palabra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos, la diputada Yolanda De la Torre Valdez.

La diputada Yolanda De la Torre Valdez: En México los derechos humanos son un asunto de Estado. Son una causa que nos convoca y nos une a todos; o a eso debe llevarnos, a que trabajemos en un solo frente. Enrique Peña Nieto, Los Pinos, 10 de diciembre de 2015.Enrique Peña Nieto, Los Pinos, 10 de diciembre de 2015.

Con su permiso, diputada presidenta. Con su venia, diputado coordinador César Camacho Quiroz. Compañeros y compañeras. Iniciaré el posicionamiento sobre la creación del nuevo centro de estudios en esta Cámara.

Los derechos humanos es una tarea de todos, especialmente de los Poderes de la Unión; del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Requiere de la participación de la sociedad en su conjunto donde las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol trascendente, porque no hay valor más importante que la vida y la dignidad del ser humano.

Porque los derechos humanos deben ser para nosotros, las y los legisladores, la columna vertebral que guíe el quehacer legislativo, razón y motivo de ser y estar aquí representando a las y los mexicanos.

La gran, gran reforma de junio de 2011 cambió el paradigma de nuestra Ley Fundamental. Hoy nuestra Constitución tiene como principio rector la perspectiva de derechos humanos y la dignidad de las personas, sobre todo nosotros estamos obligados a legislar con perspectiva de derechos humanos y ello significa respetar y proteger la vida, la dignidad y las libertades fundamentales de las personas.

En el año 1981 esta Cámara de Diputados dio un nuevo giro a la fundamentación en su quehacer parlamentario al crear por primera vez en su historia, una instancia de pensamiento analítico y teórico como lo fue el Instituto de Investigaciones Legislativas.

Hoy y desde entonces el propósito fue la investigación, la difusión verbal o escrita de los temas y funciones del Poder Legislativo. Hoy lo conocemos como Centro de Estudios de los Derechos e Investigación Parlamentaria.

Y tuvieron que pasar 34 años para que hoy las y los diputados, los 500 diputados que integramos esta Cámara, podamos tener el apoyo para nuestro quehacer legislativo de cinco centros que han sido, además, semillero de grandes aportaciones al mejoramiento de las condiciones de vida de miles de hombres y mujeres.

Por ello la gran importancia de este órgano legislativo al contar con un nuevo centro de estudios que de manera integral aborde el estudio de la realidad social, y desde el ámbito de la investigación y la generación del conocimiento de estudios de derecho comparado, especialmente de la realidad social de nuestro país, aporte al Poder Legislativo los conocimientos, las habilidades y experiencias necesaria que nos permita legislar con perspectiva de derechos humanos.

Estoy convencida de la gran aportación y del gran legado que vamos a dejar, no solamente a esta legislatura, sino permanentemente a las legislaturas que nos sucederán. Por eso quiero agradecer especialmente a César Camacho, a Jorge Carlos Ramírez Marín, a Jesús Sesma, a Francisco Martínez Neri, a Luis Alfredo Valles Mendoza y a Alejandro González Murillo, haberse sumado y haberse emocionado con este proyecto, porque será de gran trascendencia no sólo para nosotros, sino un gran legado para México.

El segundo posicionamiento tiene que ver con la Comisión de las Familias. La familia es el espacio privilegiado de formación humana, en donde aprendemos a comunicarnos, obtenemos la seguridad y los más altos valores de solidaridad, amor, respeto, orden, generosidad, justicia, disciplina, formación, entre otros más.

Las familias mexicanas o la familia mexicana es la base de nuestra sociedad, y no sólo es una estructura de carácter filial o biológico, es en sí, el centro de la educación, las tradiciones y la identidad nacional.

La propuesta que hemos puesto a su consideración los diputados César Camacho, Jorge Carlos Ramírez Marín y la de la voz, en su exposición de motivos explica perfectamente la trascendencia de contar con esta comisión.

Los diputados que impulsamos esta iniciativa, consideramos necesario contar con ella. Lo importante es que a partir de esta comisión, vamos a estar obligados, afortunadamente, a generar una nueva ley general para las familias.

Que sea con perspectiva de derechos, que incluya el desarrollo, que genere, que sea una ley de cuarta generación, que genere política pública para el fortalecimiento de las familias; tendremos una gran oportunidad de legislar con transversalidad y con perspectiva de derechos para las familias mexicanas. Por su atención y todo su apoyo, muchísimas gracias.

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputada Jorge Triana, ¿con qué objeto?

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, diputada. Para recalcar una vez más la entrega del adéndum de parte de la comisión a la Mesa Directiva, el nombre correcto de la comisión es: De las familias.

Asimismo, hacer una reconocimiento a la iniciativa que se presentó en tiempo y forma por parte de la diputada Melissa Torres, del Partido Encuentro Social, que en fecha jueves 5 de noviembre, y a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social presentaron una iniciativa de reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, simplemente para anunciar que se están recogiendo estos elementos, en este dictamen que se va a votar. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se registran sus comentarios para que queden asentados en el Diario de los Debates.

Y continuamos informando a la asamblea que se recibió de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, propuesta de modificación de la que pido a la Secretaría dar cuenta y consultar si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Propuesta de modificación:

En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se admite a discusión. Y se pide que consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se acepta y se incorpora al dictamen.

Y tiene la palabra para hablar en pro el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Miguel Alva y Alva: Compañeros y compañeras, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena vengo ante ustedes a manifestar el posicionamiento para la iniciativa para la creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión.

La trascendencia de que los Centros de Estudio se investiguen y ayuden a conocer el pasado y su entorno actual es para que el presente sea enriquecedor y el futuro conozca sus raíces. Los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados tienen la finalidad de servir como órganos de apoyo al trabajo legislativo con el fin de proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información analítica necesarios.

Sus estudios son el instrumento ideal para contribuir a proyectos con un previo análisis de la factibilidad del mismo, nos dan la posibilidad de poder contar con un sustento sólido del quehacer investigativo y posibilitan tener escenarios con mayor detalle para la toma de decisiones.

Los diversos grupos políticos tenemos como necesidad común la asistencia de profesionales expertos de estudios en estudios de opinión para dilucidar la estrategia que más nos convenga.

En este sentido, solo un centro de estudios con alta calidad académica puede ofrecer información de primera mano para una toma de decisiones perfectamente analizada. Este centro está enfocado en derechos humanos y grupos vulnerables. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico, se encuentra en condiciones de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

El Coneval, ha definido a la vulnerabilidad en dos niveles: población vulnerable por carencias sociales y población vulnerable por ingresos que estén por debajo de la línea del bienestar.

De acuerdo con las estadísticas, en el 2014, había un 72.4 por ciento de la población nacional que presentaba al menos una carencia social, o sea, un 86.8 por ciento de personas. En términos llanos, lo anterior significa que en 2014, únicamente 20 de 100 personas en nuestro país son consideradas como no pobres y no vulnerables.

La carencia social que mayor rasgo presenta es la relativa a la seguridad social, hay 70.1 millones de personas en esta condición, lo cual representa un 58.65 por ciento del total nacional. En segundo lugar, se encuentra la carencia por acceso a la alimentación y se ubicó en 23.4 por ciento de la población nacional. Y en tercer sitio se encuentra la carencia por acceso a servicios sociales básicos en la vivienda, como drenaje, agua, etcétera, con un indicador del 21.2 por ciento de la población.

Con estas cifras podemos concluir el proyecto de creación del centro es una necesidad, como un apoyo al diseño de políticas públicas que tenga como finalidad disminuir estas carencias sociales que incrementan la vulnerabilidad de la población mexicana.

En Morena, nos comprometimos con los pobres, con los excluidos de la seguridad social y con toda persona en situación de riesgo social. Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra también para hablar en pro, la diputada María Candelaria Ochoa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, la fracción ciudadana va a votar a favor de las dos iniciativas, a favor del Centro de Estudios de los Derechos Humanos, porque es un tema que nos importa a todos, o que debería importarnos más, a pesar de los acuerdos y convenios internacionales, todavía tenemos temas pendientes. Pero también sobre la Comisión de las Familias, y quiero recalcar las familias, porque a pesar de que está en el título, hemos venido aquí a la tribuna y se sigue diciendo la familia.

Solo recordar algunos temas importantes en esta materia. Seis de cada 10 mujeres declararon haber sido violentadas en su familia; el 30 por ciento de las familias están encabezadas por una mujer; tenemos familias con padres ausentes; la solidaridad, la igualdad, el respeto y el amor son valores que se enseñan y que también se practican en primer lugar en las familias, pero también en la sociedad.

No es la familia el núcleo de la sociedad, también la sociedad es un núcleo en donde tenemos que estar presentes con estos principios, con la solidaridad, la igualdad, el respeto y el amor, porque lo que decimos en público es un reflejo de lo privado, pero lo que hacemos en privado es un reflejo de lo público. Y también la sociedad mantiene un gran reto y hoy es trabajar en reconstruir el tejido social.

Los espacios privados no se deben reducir a los valores de la formación ciudadana, la formación ciudadana también se adquiere y se practica en los espacios públicos. Por ello debemos y estamos obligados a no discriminar, a ser incluyentes, a promover la no violencia y el respeto.

Hemos configurado un conjunto de leyes y reglamentos que estamos obligados a promover y a respetar. Los derechos humanos no se negocian, tenemos que superar la idea tradicional y moderna, por cierto, de una familia.

Nos urge trabajar para que todas y todos entendamos que todas las familias deben ser respetadas e incluidas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidenta, ¿Qué se está votando?

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputada, estamos ya en la votación del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, para su conocimiento.

(Votación)

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema electrónico está abierto. Una vez más preguntamos si falta algún diputado por emitir su voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, por el artículo 39, con la modificación aceptada por la asamblea, se emitieron 376 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por la modificación aceptada por 376 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión en lo general y en lo particular.

Y tiene la palabra para presentar una propuesta de modificación el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, en relación con el transitorio cuarto, hasta por cinco minutos. A ver, un momentito, diputado Castro. En el lenguaje universal de las señas nos entendemos. Gracias. Adelante, diputado, ahora sí, por favor.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Buenas tardes, diputadas y diputados. La reserva que presento a continuación es para agregarle al artículo cuarto transitorio, que decía: a efecto de lo anterior, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión deberá realizar las previsiones necesarias dentro del término señalado.

Nosotros ateniéndonos al artículo 18, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, queremos proponer que se adicione a lo señalado, previo estudio de impacto presupuestario establecido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en términos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de tal manera que tengamos certidumbre de cuál va a ser el impacto en el presupuesto de la creación de este centro de estudios, para eso es la reserva que estoy presentando. Someto a consideración de esta soberanía su aprobación. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muy bien. Se acepta y se incorpora al dictamen en los términos en que ha sido votado por esta asamblea, por esta soberanía.

No habiendo ya más reservas ni oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

Se pregunta a la asamblea si falta de votar alguna diputada o diputado de los presentes. Se encuentra abierto el sistema electrónico de votación. Adelante, diputado. Se pregunta a la asamblea si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto. Sigue abierto el sistema electrónico de votación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se les recuerda que este es un lugar libre de humo, porque por ahí nos reportan que como que a escondiditas algún fumador que no puede reprimir sus ansias lo hace dentro del salón de sesiones, allá del lado izquierdo viendo desde la Presidencia, allá en las escaleritas de acceso. Por respeto a quienes no fuman y especialmente a los que no soportan ni el olor del humo del cigarro. Ya.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente le informo que se emitieron 407 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 407 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INSTITUIR LA MEDALLA DE HONOR “GILBERTO RINCÓN GALLARDO” DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y en virtud de que se ha cumplido con el requisito de las declaratorias de publicidad del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para instituir la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, de la honorable Cámara de Diputados(*), consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato. Ya nos quedan menos que hace ratito.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza la discusión del dictamen antes mencionado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2, al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para instituir la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, de la honorable Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por cinco minutos el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Triana Tena:Con su permiso, diputado presidente. “Tendremos que luchar sin tregua para que las personas con discapacidad participen íntegramente en las decisiones que les atañen, formen parte del desarrollo, rompan el pernicioso ciclo pobreza/discapacidad, estén plenamente incluidas y logren que se deje de enfocar el respeto a sus derechos como una concesión o una dádiva”.

Éstas, fueron las palabras que Gilberto Rincón Gallardo pronunció en mayo del 2008 con motivo de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, y que representa parte fundamental de su pensamiento a favor de la inclusión en todos los roles de la sociedad de las personas con discapacidad y que motivan a esta comisión dictaminadora a que el día de hoy instauremos un galardón que lleve su nombre, el galardón Gilberto Rincón Gallardo.

La trayectoria de Rincón Gallardo trascendió enormemente a la esfera de las ideologías e identificaciones políticas. Su trayectoria y pensamiento, cuya esencia fue la del respeto y dignificación, así como de la plena inclusión de las personas con discapacidad, son compatibles con los ideales fundamentales de la democracia y de la libertad en general.

De Rincón Gallardo se recuerda su pluralidad y apertura de ideas, cuya esencia fundamental le permitió desde siempre identificarse con las luchas políticas por la igualdad desde sus inicios. El joven Rincón Gallardo se le recuerda apoyando la candidatura presidencial de Luis H. Álvarez, en la década de los 50, al igual que su incorporación a las luchas obreras encabezadas por la izquierda mexicana.

Fundó el Partido Democracia Social, del que fue candidato a la Presidencia de la República en el 2000, mismo año en el que el presidente de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, que fue antecedente del Conapred y el presidió. Del trabajo realizado surgió el anteproyecto de lo que posteriormente sería la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.

Presidente de la Delegación Oficial de México durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en Durban, Sudáfrica, en 2001, presentando la iniciativa para la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias a esta intervención la Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

Asimismo, fue miembro del Consejo Consultivo de la Unicef México. Falleció el 30 de agosto de 2008 a la edad de 69 años.

Señoras diputadas y señores diputados, es gracias a mexicanos ejemplares, como Gilberto Rincón Gallardo, que nuestro país tiene un bien ganado prestigio en la construcción y establecimiento de políticas públicas y andamiaje legislativo que permita la inclusión de las personas con discapacidad, haciendo énfasis en el respeto a su dignidad como personas en plena libertad y protección de los derechos humanos.

Por ello, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no sólo considera esta propuesta del diputado Gustavo Madero Muñoz y de la Comisión de Grupos Vulnerables, sino sumamente viable y sobre todo con gran carga de nobleza y generosidad al nombrar este galardón con el nombre del legislador, el luchador social, el político congruente; y que sea esta Cámara de Diputados la que año con año entregue la Medalla Gilberto Rincón Gallardo, que sin duda será uno de los reconocimientos más importantes que otorgue el Congreso para este y los años venideros. Muchísimas gracias, diputado presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Triana.

Y se han anotado para fijar su posición por sus respectivos grupos parlamentarios distintos compañeros diputados. Y tiene entonces la palabra el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por tres minutos.

El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, señor presidente. Es para el de la voz un alto honor representar al Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para fijar su postura con respecto del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto porque se adiciona el numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo de la honorable Cámara de Diputados.

Gilberto Rincón Gallardo. Repasar su obra para instituir una presea con su nombre es un acto que dignifica a este órgano parlamentario, pero, sobre todo, para el ciudadano emanado de las fuerzas opositoras que contribuyó a la modernización del Estado mexicano con iniciativas humanas y progresistas a las que no fue posible negarles la vida pública.

Rincón Gallardo, construyó desde la calle Romita, en el Distrito Federal, los gérmenes que ampliaron la visión de los derechos humanos, incluyendo el principio de no discriminación. Los trabajos que Rincón Gallardo dirigió son el pilar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el sustento de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y las bases de creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Rincón Gallardo, hombre con capacidad de hacer lo imposible posible. Muestra de ello, es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que llevo al seno de la organización de las Naciones Unidas y que el mundo entero, hoy en día, la ha adaptado como una directriz para transformar el enfoque sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La convención es junto con la Doctrina Estrada, los mayores aportes de México al derecho internacional público. Honrar el nombre de Rincón Gallardo, como diría José Martí, nos honra a quienes acordemos instituir la condecoración. Su nombre también es inspiración para que se imponga el distintivo empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo, como estrategia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para reconocer a los centros de trabajo que aplican una política de buenas prácticas laborales, en igualdad de oportunidades, de inclusión, de desarrollo y sin discriminación hacia las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH y otros sectores vulnerables.

Diputadas, diputados, una acción que dignificará la memoria de Rincón Gallardo sería que el Estado mexicano atendiese con celeridad, atingencia y eficiencia las recomendaciones que el Comité de la Organización de las Naciones Unidas le formuló a México sobre el primer informe de aplicación de la Convención.

Don Gilberto falleció el 30 de agosto de 2008, a los 69 años de edad. Encuentro Social por supuesto que votará a favor de la creación de esta condecoración para preservar en nuestra memoria la obra pública de un mexicano notablemente universal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pineda. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados ciudadanos vamos a votar en favor de esta iniciativa, que busca instituir la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo de la honorable Cámara de Diputados, por el valioso legado en favor de los derechos de las personas con discapacidad y reconocer anualmente el trabajo de personas u organizaciones que promuevan activamente la inclusión de las personas con discapacidad en la política, el desarrollo, la erradicación de la pobreza y del ciclo pobreza-discapacidad, así como el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Hay que reconocer en este momento la trayectoria que tuvo el licenciado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, pues fue un político y luchador que contribuyó para erradicar la discriminación y garantizar la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en México y a nivel internacional.

En su carrera política destaca que fue diputado en las legislaturas LI y LV y también fue candidato a la Presidencia de la República. Fue fundador del Partido Democracia Social, columnista en distintos medios y presidente fundador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Lo más relevante en su aportación en favor de las personas con discapacidad que hiciera el licenciado Rincón Gallardo, fue cuando presentó a nombre del Estado mexicano la iniciativa para la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, en Durban, Sudáfrica, en septiembre de 2001.

Como consecuencia de esta propuesta, la Organización de las Naciones Unidas estableció un comité especial, que varios años después presentó el documento que sería adoptado el 30 de marzo de 2007, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, motor de las transformaciones que están cambiando la forma de ver y de tratar a las personas con alguna discapacidad.

Los diputados ciudadanos nos sumamos, porque efectivamente esta iniciativa pretende buscar que haya más igualdad y que caminemos hacia una dirección donde las personas con discapacidad sean tratadas con toda justicia, porque aún hace falta mucho por hacer para las personas con discapacidad.

Y no quiero retirarme de esta alta tribuna sin dejar algunas observaciones muy puntuales de todo lo que hace falta por hacer. Es muy importante que se establezca en la Constitución sus derechos plenamente de las personas con discapacidad, no sólo en los derechos humanos, como lo consigna el 1o. constitucional, sino que se establezcan los derechos singulares de las personas con discapacidad.

Por ejemplo, el derecho al trabajo, no sólo con buenas intenciones, como lo señalan algunos artículos o algunas leyes, con la exención de impuestos, sino como una obligatoriedad y en un porcentaje que establezca para que las empresas les den empleo, pero también el derecho a la educación.

El Estado debe estar obligado a brindar educación, hasta una profesión o un oficio a todas las personas con discapacidad, porque en la actualidad ese derecho no existe y este derecho también debe de establecerse en la Constitución.

Y por otra parte, debe existir una asistencia plena para las personas que tengan una discapacidad permanente total. No es posible que familiares tengan que ocupar todo su tiempo y que estas personas con discapacidad no tengan ningún apoyo del Estado.

Por eso, quiero dejarlo con toda firmeza y con toda convicción, nos unimos a esta buena propuesta que se ha hecho en esta Cámara de Diputados, pero creemos que no es suficiente para alcanzar la plenitud en los derechos de las personas con discapacidad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Martínez Neri:Con su permiso, presidente. Uno de los políticos más brillantes de la izquierda mexicana ha sido, sin duda, Gilberto Rincón Gallardo. Quienes militamos en la izquierda recordamos a Gilberto como un político moderno, tenaz y pacifista que tuvo una larga carrera política y que militó en el PCM, el PSUM, el PMS y el PRD.

Gilberto fue encarcelado en muchas ocasiones, pero la represión de la que fue objeto jamás quebrantó sus ideales, sus principios y su fortaleza.

Gilberto ha sido uno de los principales ideólogos de la socialdemocracia en México y cuando lo recordamos inmediatamente pensamos en el luchador incansable de las libertades individuales y del combate a la discriminación.

Quiero destacar que las ideas de Gilberto Rincón Gallardo trascendieron a su discapacidad. Por eso, nos parece que la mejor forma de distinguirlo debe ser para enaltecer sus méritos y sus aportaciones en favor de los derechos humanos.

Nosotros vamos también a votar el dictamen impulsados por la gran motivación que nos genera el hecho de que Gilberto Rincón Gallardo tenga un reconocimiento permanente en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Y tiene ahora la palabra el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: Se perdona todo menos la ingratitud y por eso necesito empezar agradeciendo a todos los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. A los coordinadores parlamentarios. A todos los que suscribieron esta iniciativa porque permite visibilizar un tema fundamental de discriminación, pero sobre todo con una nueva visión, la visión de la inclusión en base a los derechos humanos. No como dádivas, no como un gesto misericordioso, sino como el reconocimiento pleno a los derechos de las personas, por eso en este agradecimiento me siento orgulloso que esta Cámara haya aprobado esta iniciativa.

En la figura de don Gilberto Rincón Gallardo, que como ya hablaron aquí fue un gran luchador social, uno de los temas que sobresale es que dicen que es el mexicano que más veces ha estado en la cárcel, por ser precisamente un gran luchador y defender sus ideas.

Fundó hasta su partido político y aspiró a ser presidente de la República, cuando no lo logró con Vicente Fox se sumó a esta agenda y logró esta iniciativa que primero fue a partir de un consejo ciudadano, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación que acabó formando la Conapred y él la encabezó.

Fue a partir de ahí cuando propuso la idea en el 2001 en África, para la Convención Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Una idea que nos motiva a que esta medalla anualmente la Cámara de los Diputados permita hacer el ejercicio para reconocer la labor de las personas, de las organizaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida, la defensa de los derechos, la ampliación de las oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad.

En el PAN nos sentimos orgullosos porque fue precisamente en el 2003 cuando se aprobó la Conapred y esta Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y porque ahí fue la iniciativa que finalmente la ONU adoptó. Nos sentimos muy orgullosos porque esa convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

Termino con esta frase que es muy elocuente y que ya citó precisamente Jorge Triana. Es la cita con la que Gilberto Rincón Gallardo participa en la ONU en el 2008 y dice: “Tendremos que luchar sin tregua para que las personas con discapacidad participen íntegramente en las decisiones que les atañen, formen parte del desarrollo, rompan el pernicioso ciclo de pobreza discapacidad, estén plenamente incluidas y logren que se deje de enfocar el respeto a sus derechos como una concesión o como una dádiva”. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Madero. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pregunta a la asamblea si existe alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto. Está abierto el sistema electrónico de votación. Adelante, diputado. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 369 votos, 0 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, 369 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo, de la honorable Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

19 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL ABUSO INFANTIL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se declara el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil(*), consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza el dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez antes mencionado, se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se autoriza.

En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el día 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mariana Arámbula Meléndez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez: Con su venia, presidente. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, por nuestros niños que son el presente.

Me siento muy contenta porque el día de hoy México avanza en materia de protección a la niñez, después de un intenso trabajo en la Comisión de Derechos de la Niñez, en nuestra última reunión plenaria votamos a favor, y por unanimidad decretar el 19 de noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, considerando que es muy importante recalcar que los abusos y la explotación de los niños son un problema alarmante que no distingue país, raza, cultura o condición social.

Por tal motivo, se ha hecho más indispensable pronunciarse frente a este gran problema y tomar las medidas necesarias a nivel familiar, local, nacional e internacional, y hoy los invito a sumarse a mi propuesta y que cambiemos el discurso por la acción. Los niños no son el futuro si no les garantizamos un presente, porque creemos firmemente que los niños necesitan un sano desarrollo, y sólo conjuntando esfuerzos de las diferentes instancias de gobierno, academia, asociaciones civiles y padres de familia, podremos fortalecer la vigilancia por los intereses, derechos y protección de la niñez mexicana.

Levantemos la voz y digámosles: no están solos. Es el momento de cambiar esas cifras tan alarmantes e indignantes que tienen en números rojos a nuestro país.

El decretar un Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil nos va a permitir exigir que se realicen acciones, se empiecen a tomar medidas preventivas, se creé programas públicos y se asigne más presupuesto en materia de la niñez, y con esto podamos darle entrada a todo lo que es su protección y seguimiento a los casos de abuso sexual infantil.

Recordemos que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, y que alrededor de 4.5 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual infantil en nuestro país, de los cuales únicamente el 2 por ciento de los casos se conocen en el momento en el que se presenta el abuso.

Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta situación, denunciemos, protejamos, levantemos la voz y juntos digamos ni un niño más abusado. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arámbula. Y tiene ahora la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por tres minutos.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, honorable Cámara de Diputados. Es un honor para mí poder compartir el sentir del Partido Encuentro Social, con respecto a un tema que es crucial.

En el tiempo que comparta con ustedes algunas ideas 12 niños serán abusados sexualmente en Latinoamérica. Una de cada 4 niñas, uno de cada 6 niños en México vivirán esta atrocidad antes de cumplir los 18 años. Eso es algo que tiene que mover forzosamente nuestras consciencias y que tiene que ponerse en la mesa para que no se oculte, porque en la medida en la que se oculta en esa medida el crimen, el dolor, la decepción, la ignominia avanza en nuestro país y daña lo que más amamos, daña precisamente a nuestros niños.

Por si esto no fuera suficiente, cuando una familia se rompe, cuando una familia deja de contar con la presencia de papá y mamá, en ese momento las posibilidades de vivir el abuso sexual infantil se incrementan tremendamente.

Celebro que trabajemos en dos temas el día de hoy. Celebro que trabajemos en fortalecer a nuestra familia, celebro que la familia de México pueda contar con un respaldo muy fuerte desde la legislación y desde las políticas públicas para que pueda hacer su tarea. Su tarea, entre otras cosas, tiene que ver con enseñar a los niños lo que sí se vale y lo que no se vale. Su tarea tiene que ver con decirles a los niños que merecen ser amados. La tarea de la familia de México tiene que ver con decirles a los niños que vale la pena ser amados y que merecen ser tratados con dignidad.

Cuando una persona tiene esta enfermedad, la enfermedad que hace mirar a los niños con atracción sexual, cuando una persona tiene este problema no se le nota, no podemos decirle a los niños cuídate de tal persona, lo que si podemos decirle a los niños desde la familia que es la mejor manera de protegerlos es: puedes tener confianza, creemos en ti, te amamos, mereces ser tratado con respeto.

Sí en México se decide como hoy, celebraremos que se decida, que el 19 de noviembre es el Día Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, tendremos oportunidad de enséñales a esos papás, a esos abuelos, a esas tías, a esos maestros, como hacer para que ni un solo niño más tenga que pasar el abuso sexual, para que ni un solo niño más tenga que aceptar que su cuerpo sea cruelmente tratado porque ha sido manipulado, porque ha sido engañado, porque ha sido asustado y porque no estuvo ahí una familia para poder protegerlo.

El día de hoy al aceptar que esta es una tarea pendiente que tenemos los legisladores de México, el día de hoy podremos lograr juntos que ni un solo niño más padezca, ni un solo niño más llore en el silencio y tenga pesadillas hasta la ancianidad debido al dolor, al abuso, a la ignominia, producto del abuso sexual infantil.

En el Partido Encuentro Social nuestra prioridad es la familia y cada iniciativa, cada propuesta, cada idea que le abone a fortalecer y a impulsar fuertemente el trabajo y la responsabilidad de la familia, estaremos dispuestos a apoyarlo y a unirnos y a celebrar juntos estas buenas ideas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por tres minutos.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y respeto. Lo más valioso de una sociedad son sus niñas y niños, y su protección es nuestra responsabilidad.

El dictamen que estamos aprobando el día de hoy, que estaremos aprobando el día de hoy busca declarar el 19 de noviembre de cada año, como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Dicha fecha ya se celebra a nivel internacional y, por supuesto, nos manifestamos a favor de que así sea.

El párrafo noveno del artículo 4o. constitucional garantiza que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones. Del mismo modo y al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro país se ha comprometido a defender y garantizar los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil abarca todas las formas de vejaciones físicas y emocionales, incluyendo el abuso sexual, descuido o negligencia, o explotación comercial o de cualquier otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

En Nueva Alianza estamos comprometidos a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de México. Por eso estamos a favor de acciones, como las que propone este dictamen, ya que dan visibilidad a un problema que usualmente se queda en la impunidad.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en nuestro país alrededor de un 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10 por ciento de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela; 16.6 por ciento violencia emocional; y 5.5 por ciento ha sido víctima de violencia sexual.

Según la misma fuente, los abusos sexuales suceden preponderantemente al interior de la familia, sin distinción de grupos étnicos o clases sociales. Las heridas del abuso sexual afectan el desarrollo de las niñas y niños que lo padecen y permanecen con ellos el resto de su vida.

Es momento de hacer visibles a las víctimas de estas circunstancias, no podemos permanecer insensibles ante tales evidencias. El silencio es cómplice de la impunidad. Es nuestro deber proteger y salvaguardar la integridad de las niñas y niños de México.

En Nueva Alianza asumimos ese compromiso y estamos decididos a contribuir en la creación de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de la niñez. Que nuestras niñas y niños puedan estar libres de violencia, ese es el primer paso.

Todas las acciones tendientes a proteger los derechos de la niñez, deben tener un enfoque interdisciplinario y transversal, que atienda las diversas realidades y problemas que afectan y limitan su sano desarrollo.

Hacer visible el grave problema que significa el abuso sexual infantil, es imprescindible para su erradicación. En Nueva Alianza no abandonaremos a nuestras niñas y niños, cambiemos las cosas, está en nuestras manos, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Y tiene ahora la palabra la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

La diputada Paloma Canales Suárez: Con el permiso de la Presidencia. La relevancia de conmemorar en México el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil va en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los Estados deberán de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación y el abuso sexual.

Se requiere fomentar una cultura de prevención del abuso sexual infantil entre la población e impulsar la creación de políticas públicas sobre la materia. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en nuestro país existen más de 16 mil niños y niñas que son obligados a ejercer la prostitución, siendo los destinos turísticos las zonas donde comúnmente se presenta este fenómeno.

Adicionalmente, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. De ahí la necesidad de crear conciencia para proteger a la infancia de este problema que nos involucra a todos, garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de este sector vulnerable.

En 2014 la Unicef advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad. Ante la contundencia de estos datos, como legisladores estamos obligados a implementar todas aquellas acciones legislativas necesarias para combatir el abuso sexual infantil.

Con la aprobación de lo hoy propuesto nos colocaremos como el tercer país en Latinoamérica que junto con Costa Rica y Perú habrá designado el 19 de noviembre como el Día nacional contra el abuso sexual infantil.

Por lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de este dictamen, lo cual representa el compromiso que tenemos para combatir el tráfico de niñas y niños con fines de explotación sexual. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Canales. Tiene la palabra la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Las niñas y los niños están hartos de ser considerados el futuro. Quieren vivir en un mundo sin abusos en el presente.

Cuando se habla de abuso infantil la condena moral y social es inmediata. Nadie duda de lo aberrante que resulta la incursión de la sexualidad adulta sobre los espacios de la niñez. El abuso sexual está caracterizado como un comportamiento que ocurre sin el consentimiento de la persona o bajo la coacción de una de las partes. Es un evento de alta incidencia que acontece en distintos estratos socioeconómicos, diferentes culturas, ámbitos y etapas de la vida.

En el caso particular que discutimos hoy, es un acto que lesiona la integridad física del infante, pero que lesiona también su desarrollo, pues los estudios sobre el tema dictan que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y a largo plazo, no solo para las niñas o niños que son víctimas, sino también para sus familias y comunidades.

Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, discriminación y dificultades en la escuela. El silencio que envuelve la práctica de abusos sexuales dentro de las familias dificulta su conocimiento en el corto tiempo y de hecho los informes de las víctimas pueden ser retrospectivos, frecuentemente obtenidos en el proceso terapéutico.

El silencio al respecto por parte del menor, obedece a diversos motivos, miedo a que no se le crea, chantajes por parte del adulto que lo violenta, vergüenza por la posible publicidad del asunto, sentimientos de culpa, temor a la pérdida de referentes afectivos y sobre todo la manipulación que realiza el adulto sobre la realidad que percibe el menor, lo que provoca confusión sobre el abuso al que está siendo sometido. Para muchas niñas y niños el abuso sexual se convierte paulatinamente en algo normal sin que se den cuenta.

La Organización de las Naciones Unidas asegura que en el mundo existen 275 millones de niños que son maltratados con golpes, insultos, humillaciones y abandono, además una cantidad significativa son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas, otros son víctimas de tráfico humano.

También la ONU indica que México se ubica en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores. Tan solo en los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes menores de 14 años.

Durante los últimos años nuestro país se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil y no hay pruebas de que esas tasas se estén disminuyendo, las agresiones contra los niños aumenta cuando son pequeños, porque son más vulnerables a ser lastimados, más aún si la violencia es emocional.

La Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración del Rio de Janeiro y el llamado a las acciones para prevenir y eliminar la explotación sexual de los niños y niñas, son instrumentos internacionales ratificados por México que nos obligan a prevenir y a responder a la violencia sexual contra las niñas y los niños.

En este sentido, resulta de gran relevancia que hoy la Comisión de los Derechos de la Niñez presente este dictamen que busca establecer el 19 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, lo cual es consecuente con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño señalados en el cuerpo del dictamen que hoy analizamos y establecido como precepto constitucional en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, en la que se establece el interés superior de la niñez garantizando, entre otros derechos, el de la salud y el sano esparcimiento que le permita un desarrollo integral.

Sabedores de la importancia que reviste el tema que hoy discutimos y de la necesidad de darlo a conocer en el ámbito social, los diputados ciudadanos habremos de apoyarle conscientes también de la importancia de coadyuvar a la plena protección de los derechos de todos los niños de este país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Toledo. Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos. A ver si logra la proeza de ajustarse a los tres minutos.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El dictamen que sometemos a su consideración para decretar el 19 de noviembre como Día Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil, nos obliga a centra nuestros esfuerzos para la erradicación de esta práctica nociva y deleznable que afecta a la sociedad.

La violencia sexual contra los niños y niñas representa una grave violación de sus derechos, la cual conlleva a efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren.

Esta práctica implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño y la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, un adulto u otro menor de edad hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder habitualmente a través de un engaño, la fuerza la mentira o la manipulación.

De manera lamentable, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios en menores de 14 años.

Alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país, de los cuales únicamente dos por ciento de los casos se conoce en el momento que se presenta el abuso. De ellos, se estima que en el 27 por ciento de los casos el agresor es el padre o figura paterna del menor; en 18 por ciento el abuelo; en 16 por ciento un tío o conocido, y en 12 por ciento es el hermano mayor.

Ante esta situación, compañeras y compañeros, no podemos cerrar los ojos. De ahí que el dictamen que se presenta establece como urgente y necesario declarar esa fecha como un símbolo de lucha nacional en concordancia con lo establecido en las conmemoraciones internacionales para combatir esta práctica violatoria de los derechos humanos de los infantes.

No podemos hacer caso omiso a la realidad en que vivimos, en donde cada vez más los teléfonos móviles e internet, ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, pues algunos adultos utilizan internet para buscar relaciones con menores.

Existe también un aumento en el número de circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Ante esa realidad no podemos ni debemos ser omisos. Es necesario actuar en consecuencia.

Es así que el día de hoy los invito a votar a favor de dicha iniciativa. Hagamos un voto de conciencia ya que todos o la gran mayoría de los que estamos aquí somos padres o tenemos sobrinos, hermanos menores y haríamos cualquier cosa para garantizar su seguridad y resguardo de su integridad.

Por ello en el Partido de la Revolución Democrática coincidimos y tomamos en cuenta que la instauración de un día nacional en contra del Abuso sexual Infantil, será una acción adecuada que seguirá promoviendo el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una vida con derechos plenos, con el fin de protegerlos contra toda forma de abuso físico o mental, descuido o trato negligente o explotación, incluido el abuso sexual.

Asimismo esta conmemoración permitirá seguir estableciendo acciones para atender y prevenir que hechos tan lamentables se sigan presentando. Por ello, compañeras y compañeros diputados les invito a votar a favor de esta iniciativa, no sin antes felicitar a la diputada María Arámbula, quien fue la que propuso esta ley en el seno de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia. Y por último tiene la palabra la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez:Con su permiso, señor presidente. Una de las acciones más viles y deplorables que violentan la integridad de una persona, es el abuso sexual, acto trágico y lamentable, pero cuando la víctima es una niña, un niño o un adolescente, se lastima además, uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Fijar un día para reflexionar en torno a un grave problema que atenta contra la niñez, es una oportunidad para que unamos todos esfuerzos contra esta grave situación que viven miles de familias mexicanas y que el día de hoy tenemos que reconocerlo.

Declarar el 19 de noviembre de todos los años como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, es una excelente oportunidad para difundir mecanismos de prevención que nos ayuden a combatir este acto cruel y atroz en contra de la infancia, pero sobre todo, cuando en muchas ocasiones no son denunciados por miedo al agresor o por desconocimiento a las normas que castigan estas acciones.

Esta iniciativa nos permite hacer valer nuestra obligación con un sector tan vulnerable como lo consagra el artículo 4o de nuestra Constitución Política al tiempo que contribuimos al fortalecimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual obliga a las autoridades federales, municipales y estatales, a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar los casos que a los menores de edad se vean afectados.

El establecimiento de esta fecha nos permite sumarnos a los esfuerzos que se realizan a nivel mundial para atender el problema del abuso sexual en contra de las niños, niños y adolescentes, y nos permitirá refrendar en nuestro compromiso con la convención del niño, el cual establece en sus artículos 19 y 34, que los estados deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas apropiadas para proteger a los menores contra la forma de prejuicio de abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, inclusive, por supuesto un tema de suma importancia como lo es el abuso sexual.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, es indignante que seis de cada diez niños sufran algún tipo de maltrato y hoy tenemos que decirlo juntos, no lo podemos permitir. El Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que declarar el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, es un paso simbólico, pero trascendente.

Es urgente que en todo Estado mexicano se tengan leyes más perfectas, políticas públicas más decididas, pero por supuesto, una mayor sensibilización y mejor socialización del problema. Garantizar los derechos de la infancia no sólo implica una responsabilidad legal, sino también conlleva a un compromiso moral con el futuro y el presente del país, y también es responsabilidad de cada uno de nosotros.

En el PRI, en mi partido, y lo dejamos claro, vamos justo por el bienestar de la niñez de México y de todos nuestros niños mexicanos y todas nuestras niñas mexicanas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gamboa. Y agotada la lista de oradores y no habiendo más inscritos se entiende como suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pregunta a la asamblea si hay alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? El sistema electrónico de votación sigue abierto. Adelante diputado, está abierto el sistema. Cierre el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 375 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación del diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, anexo a la presente, copia del escrito del diputado Antonino Morales Toledo, diputado electo en el V distrito electoral del estado de Oaxaca, suplente del diputado con licencia José Antonio Estefan Garfias, con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, manifiesta su deseo de ser integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a partir de la fecha del presente oficio y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2015.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.— Presente.

Por este medio, con fundamento en el artículo 6o., fracción XII del Reglamento de la Cámara de Diputados y en virtud de que el pasado 10 de diciembre rendí protesta de ley como diputado electo en el V distrito electoral federal del estado de Oaxaca, en sustitución del diputado José Antonio Estefan Garfias, a quien se le concedió licencia, le manifiesto mi deseo de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que usted digna y honrosamente coordina.

Por lo anterior, le solicito se realicen los trámites administrativos conducentes para que sea incorporado al grupo parlamentario.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2015.— Diputado Antonino Morales Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. De enterado comuníquese.

INICIATIVA

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto registradas que no fue presentada en tribuna para turnarla a la comisión que correspondan.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto registrada en el orden del día del lunes 8 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del cuarto distrito electoral por Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea, la presente iniciativa, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Un país seguro se encuentra íntimamente vinculado con el respeto de los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo, lo que garantiza una mejor calidad de vida; por ello, es tarea apremiante de los legisladores, ser partícipes en el resguardo de los derechos fundamentales, como es la salud, reconocida por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual -como bien sabemos-, se entiende como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

Dada la naturaleza humana, todos estamos expuestos a las enfermedades, sin embargo, ese riesgo es más frecuente en las personas adultas mayores, quienes por el tiempo van perdiendo capacidades funcionales y sufren enfermedades crónicos degenerativas, que requieren de tratamientos largos y generalmente una progresión lenta.

En ese sentido, resulta necesario considerar que los cambios biológicos y físicos que se producen por la edad, traen consigo la necesidad de consumir medicamentos en este sector de la población.

A nivel nacional, de los 112.3 millones de habitantes que contabilizó el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 10.1 millones son personas adultas mayores, lo que representa 9.0 por ciento, es decir, casi 1 de cada 10 habitantes del país.

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para la Prescripción Farmacológica razonada para el Adulto Mayor, México, Secretaría de Salud 2010, diversos estudios han demostrado que más del 90 por ciento de las personas adultas mayores toman, cuando menos, un medicamento por semana, más de 40 por ciento usan 5 diferentes, y 12 por ciento usan diez por semana.

Ahora bien, el medicamento, de acuerdo con la “norma oficial mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad de fármacos y medicamentos (modifica a la NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el 3 de agosto de 1996”, se define como:

Toda sustancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas.

Y una de las informaciones más importantes que debe contener el medicamento, es la fecha de caducidad, la cual nos indica el fin del periodo de vida útil del medicamento, misma que por su importancia debe leerse; sin embargo, el planteamiento de la problemática que da origen a esta iniciativa, estriba en los casos de personas que ya no ven bien, como son los adultos mayores y las personas con discapacidad visual, quienes muchas veces no alcanzan a percibir la fecha de caducidad en los formatos que actualmente se manejan.

Sobre el tema, en el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, en el artículo 9 señala que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurarles el acceso, entre otras cosas, a la información.

En ese sentido, es necesario remitirnos nuevamente a la información que arroja el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que refiere que por cada 100 personas con discapacidad, 27 declararon tener dificultades para ver, aún usando lentes, lo cual representa alrededor de 1.6 millones de individuos. Número sólo superado por quienes tienen limitaciones de movilidad; es decir las limitaciones visuales ocupan el segundo lugar en el país.

Como se aprecia de estas cifras, muchas personas son las afectadas si persiste la situación actual, en que muchos medicamentos ostentan la caducidad en letra pequeña o impresa de manera imperceptible, para quienes padecen una enfermedad o discapacidad visual.

En este orden de ideas debemos tener presente que la Ley General de Salud, en su artículo 233 establece:

Quedan prohibidos la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida.

Por ello se requieren disposiciones que permitan a la ciudadanía coadyuvar en el cumplimiento de la vigilancia de la disposición antes trascrita.

Atendiendo a lo anterior, se propone la presente Iniciativa, con la finalidad de que en los envases del medicamento se prevea la fecha de caducidad, en un tamaño y color que permita visualizarla claramente, además de que sea inserta en código braille, con la finalidad de coadyuvar a que tanto las personas adultas mayores como las que tienen discapacidad visual, puedan verificar esta importante información.

Cabe señalar que el sistema braille permite que las personas con discapacidad visual se sientan cómodas y seguras, y de esta forma se resguarda el derecho a la autonomía que debe tener para disfrutar de diversos derechos de la mejor manera que sea posible asegurarles.

No se ignora que para el presente caso, se puede aducir que la iniciativa corresponde a un tema reglamentario; sin embargo, se estima de trascendencia tal, que amerita su consideración en el nivel legal porque permite hacer eficaz el derecho a la protección de la salud y además prevé una regulación similar a la Ley General para el Control del Tabaco, la cual contiene también la obligación de incluir información que trasciende en la salud de las personas. Así, por igualdad de razón, se estima que la utilidad social es equiparable a lo que acontece con la publicidad sobre tabaco, de manera que deben ser previstas en un rango legal las características de la información sobre la fecha de caducidad, a fin de proporcionar la seguridad y confiabilidad en el consumo del medicamento, para que se disfrute del más alto nivel de salud.

El planteamiento que se realiza en esta Iniciativa puede válidamente correlacionarse con el concepto de promoción a la salud, a que se refiere el artículo 110 de la Ley General de Salud, mismo que dispone que tal promoción tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

En ese sentido, acceder oportunamente a la información correlacionada con la salud, como lo es conocer con precisión la caducidad de un medicamento, es un aspecto de promoción a la salud que permitirá que las personas obtengan un mejor conocimiento y mayor control sobre aspectos que pueden incidir directamente en su salud y bienestar, motivo suficiente para emprender acciones legislativas que propicien que la ciudadanía se involucre en el tema, al dotársele de mecanismos que le permitan verificar la eficacia de la prohibición de venta de medicamentos caducos.

Por los argumentos expuestos, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud

Artículo Único.Se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 233 Bis. Para efectos del artículo anterior, los envases deberán contener la impresión de la fecha de caducidad en un tamaño que represente el 25 por ciento de su superficie, con un color contrastante e indeleble, que permita su fácil visualización, además de insertarse en código braille.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La norma oficial mexicana aplicable deberá prever la forma de dar cumplimiento al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2015.— Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: (a las 18:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 15 de diciembre a las 10 horas, a ver si empezamos más o menos a tiempo. Y a las 12 horas a Sesión Solemne, con la que se otorga al ciudadano Rodolfo Neri Vela, la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, correspondiente al primer año de ejercicio de la legislatura. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 08:30 horas. Para los que lleguen a desayunar aquí o a tomar café.

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