Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:41 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 10 de noviembre de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a modificación de turnos de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Informe Final de la Evaluación de Procesos 2015 del Programa Presupuestario P002 “Fortalecimiento de la Integración y Competitividad de México en las cadenas globales de valor” a cargo de la Secretaría de Economía.

Con el que remite el informe final de la Evaluación de Procesos 2015 del Programa Presupuestario F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”, a cargo de la Secretaría de Economía.

Con el que remite el informe final de la Evaluación del Proceso 2015 del Programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico”; y las evaluaciones de diseño de los programas F004 “Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”; S248 “Desarrollo Regional Turístico Sustentable y U002 “Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios” a cargo de la Secretaría de Turismo.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Con el que informa que los documentos denominados “Consideraciones sobre el Proceso Presupuestario 2016” y “Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre” se encuentran disponibles para su consulta en la página oficial de la institución.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite veintidós proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 a la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Omar Fayad Meneses del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Solicitud de licencia

Del diputado Jesús Rafael Méndez Salas.

Protesta de ciudadanos diputados

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Por el que se crea el Consejo Editorial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Iniciativas

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 216-Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma la denominación del Capítulo IV, y adiciona un artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior dentro de la República Mexicana, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes.

Que reforma el artículo 226 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrito por los diputados Alejandra Gutiérrez Campos y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 20, 21 y 90 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 59 y adiciona un artículo 59-C a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y Erick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Tómas Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto, por el que se declara el 8 de noviembre de cada año como “Día del Urbanista Mexicano”, a cargo del diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 183 y 184 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 48 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Partido de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 36 y 40 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 234 y adiciona un artículo 234-Bis al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 84-Bis a la Ley General de Población, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un Artículo Sexto Transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 32 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 10o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Fomento de Programas Sociales, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la realización de un análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente, por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías generales de justicia del país para que realicen e instrumenten un protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género, que se aplique a todas las mujeres víctimas de violencia de género, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a fin de aplicar el Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, en apoyo a los productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las lluvias registradas en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que no permitan la realización de proyectos u obras dentro de los terrenos destinados a la mitigación del impacto ambiental causados por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o construcciones cercanas a esta zona, suscrito por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que diseñe mecanismos para transparentar los recursos y apoyos que serán otorgados a los productores agropecuarios de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del Huracán Patricia, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Conaliteg, para que verifiquen la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos en el sistema Braille, en todo el país, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores a fin de que emita el dictamen al proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que diseñe y ejecute instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama en hombres, suscrito por los diputados Rosalinda Muñoz Sánchez y Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que difunda la información completa del Cemabe, respecto del estado que guarda la infraestructura física educativa en las escuelas que fueron censadas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Megalópolis, suscrito por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se dé cumplimiento a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la ampliación de los convenios de colaboración con instituciones académicas nacionales para implementar programas de mejoramiento educativo de los diputados y de los servidores públicos que laboran en actividades parlamentarias de esta Institución, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y procuradurías de justicia del DF y de los estados de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, a fin de atender los altos índices de linchamientos que se llevan a cabo en sus entidades, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Unidad Especializada de Investigación y Persecución de los Delitos en contra de Personal de Salud, Magisterio y demás trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar al titular de la Semarnat, para que a través de la Conagua, lleve a cabo los trabajos conducentes para desazolvar el vaso de la Presa Emilio López Zamora, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional..

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH a formular las recomendaciones correspondientes en torno a los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en los municipios de Apatzingán el 6 de enero de 2015 y Tanhuato el 22 de mayo de 2015, en el estado de Michoacán, suscrito por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a la Segob, para que vigilen que se aplique la ley y se castigue a los responsables del fraude en la sección 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conafor, para que en coordinación con las autoridades municipales diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopán, Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Equidad e Inclusión Educativa, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a que en sus proyectos de obra pública contemplen la creación de espacios públicos para animales de compañía, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se invita al titular de la Sedatu,para que integre mesas de trabajo con organizaciones sociales del Movimiento Urbano Popular, para proponer modificaciones a las reglas de operación 2016 de los programas de vivienda, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena las medidas establecidas por el PRI en el estado de Veracruz para la selección de sus candidatas para el proceso electoral 2016, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, y a las entidades federativas para que coordinen un plan de contingencia ante el descenso de la temperatura durante la temporada invernal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de DF y a la ALDF, a fin de solicitar al IEDF que la consulta ciudadana sobre el llamado “Corredor Cultural Chapultepec- Zona Rosa”, se extienda a todos los habitantes de la Ciudad de México, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la definición de la agenda, modos y medios del debate en torno al uso individual y lúdico de la marihuana, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la unidad de igualdad de género al interior de este órgano legislativo, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR para que cumpla con su responsabilidad constitucional en el “caso Iguala” y atienda las observaciones de la CNDH, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE para que realice las acciones necesarias a fin de atender a los ciudadanos mexicanos reclusos en los Estados Unidos de América y que próximamente serian puestos en libertad a través del Programa de Liberación Temprana, suscrito por los diputados Cynthia Gissel García Soberanes y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, realicen reuniones de trabajo para acordar y unificar criterios para atender la problemática de la discriminación laboral por motivos de edad, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al DIF a fin de realizar inspecciones continuas en los albergues e instituciones dedicados al alojamiento de niños y niñas, suscrito por las diputadas Rosa Alba Ramírez Nachis y Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Como lo indica, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de noviembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cuatro minutos del jueves cinco de noviembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que se comunica modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal el diez de septiembre de dos mil quince. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Se modifica el turno a la iniciativa mencionada. Actualícense los registros parlamentarios.

b) Del Banco de México, con la que remite el informe con el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de dos mil quince, así como la ejecución de la política monetaria, y las actividades del Banco de México, en el contexto de la situación económica nacional e internacional, de conformidad con lo que establece el artículo cincuenta y uno, fracción segunda, de la Ley del Banco de México. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Social que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Alex Le Baron González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas. Se turna a la Comisión Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Erika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecisiete de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Juan Manuel Celis Aguirre, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, y suscrita por los diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo o posesión de Cannabis Sativa, Índica o Marihuana. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, que tiene por objeto establecer y precisar diversos elementos enfocados a fortalecer la atención e integración de las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Oscar Valencia García, y suscrita por los diputados Álvaro Rafael Rubio y Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento treinta de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• J. Apolinar Casillas Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Eduardo Francisco Zenteno Núñez, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos séptimo, y cuarenta y ocho de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ciento ocho y ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y dos de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Luis Gilberto Marrón Agustín, del Partidos Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política, realizan comentarios relativos al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil dieciséis, las diputadas y los diputados: Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaDaniela De Los Santos Torres

Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Norma Rocío Nahle García, de Morena;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; César Flores Sosa, del Partido Acción Nacional; y Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional.

Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se recibe solicitud de licencia del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática, para separarse de sus funciones legislativas como diputado federal electo por la Segunda Circunscripción, a partir de esta fecha y por tiempo indefinido. En votación económica se aprueba. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática; Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano; César Octavio Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional; Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; y Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios en Juntas Directivas de diversas Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y de la proposición registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sexto de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se atienda la necesidad de construir un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

La Presidencia señala, dentro del contexto de la presentación en tribuna de iniciativas de ley o decretos, que los legisladores que deseen adherirse a los mismos, contarán con un plazo determinado para ello, siempre y cuando tengan la autorización de su autor. Así mismo se invita a los proponentes de efemérides a que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes diez de noviembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta y un minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva, por el que se comunica la modificación de turno de iniciativas y proposiciones.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención del “cortejo o grooming” por Internet, presentada por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el 24 de septiembre de 2015.

“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.”

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 68 Bis y se modifica la fracción IV del artículo 148, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el 8 de julio de 2015.

“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.”

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2o. de la Ley de Planeación, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 19 de agosto de 2015.

“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.”

• Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 4 de noviembre de 2015.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social.

México, DF, a 10 de noviembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos a las iniciativas y proposiciones mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito hacer de su conocimiento que con oficio número 113. 2015. DGVP. 440, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe final de la evaluación de procesos correspondiente a 2015 del programa presupuestario P002, “Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, a cargo de dicha dependencia.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y tres discos compactos con el informe de referencia, a efecto de que por su amable conducto sean enviados a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de dicho órgano legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de las obligaciones señaladas en los artículos 28, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 y décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; los numerales 11, 21 y 27; y el anexo 2 del programa anual de evaluación correspondiente a 2015, me permito adjuntar de manera electrónica en tres tantos, el informe final de la evaluación de procesos 2015 del siguiente programa presupuestario cargo de la Secretaría de Economía:

Programa presupuestario P002, “Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, así como a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito hacer de su conocimiento que con el oficio número 113. 2015. DGVP. 441, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe final de la evaluación de procesos de 2015 del programa presupuestario F003, “Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa”,(1) a cargo de dicha dependencia.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y un ejemplar impreso con el informe de referencia, a efecto de que por su amable conducto sea enviado a la Presidencia de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de las obligaciones señaladas en el artículo 28, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; el décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; los numerales 11, 21 y 27; y el anexo 2 del programa anual de evaluación de 2015, me permito anexar un ejemplar impreso del informe final de la evaluación de procesos 2015 del siguiente programa presupuestario cargo de la Secretaría de Economía:

Programa presupuestario F003, “Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa”

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 28, fracción III, primer párrafo, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; y las fracciones I, II y IV del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito hacer de su conocimiento que con el oficio número SPPT/396/ 2015, el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, remite el informe final, los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de las siguientes evaluaciones:

• Evaluación de procesos del programa F001, “Promoción de México como destino turístico”;

• Evaluación de diseño del programa F004, “Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables”;

• Evaluación de diseño del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable S248; y

• Evaluación de diseño del programa U002, “Pueblos mágicos y destinos prioritarios”.

Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En referencia al artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que las relaciones del Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión corresponde a la Secretaría de Gobernación, y a fin de cumplir el artículo 28, fracción III, primer párrafo, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I, II y IV del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en los numerales décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; y los numerales 11, 25 y 27 del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal de 2015, me permito enviar el informe final, los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de las siguientes evaluaciones:

• Evaluación de procesos del programa F001, “Promoción de México como destino turístico”;

• Evaluación de diseño del programa F004, “Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables”;

• Evaluación de diseño del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable S248; y

• Evaluación de diseño del programa U002, “Pueblos mágicos y destinos prioritarios”.

Lo anterior, a fin de solicitar su amable colaboración para que, de no haber inconveniente, se hagan llegar los informes en comento a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión y, para el caso de los programas S248 y U002, de manera adicional a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2015.— Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica), subsecretario de Planeación y Política Turística.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social y de Turismo, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de consolidar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas del gobierno federal y fortalecer la toma de decisiones en materia presupuestal, hago de su conocimiento que este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró el documento denominado Consideraciones sobre el proceso presupuestario de 2016, el cual contiene un análisis sobre las prioridades, hallazgos y recomendaciones en materia de desarrollo social del gobierno federal, así como similitudes entre programas, información de los programas y acciones federales de desarrollo social prioritarios, que puede ser relevantes para la integración del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, mismo que se encuentra disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica:

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/ Documents/Consideracionespresupuestales 2016.pdf

Por otra parte, considerando la importancia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (Cruzada) como eje de la política de desarrollo social enfocada a la población en pobreza extrema de alimentación, con el objetivo de generar información que permita mejorar de manera continua el diseño e implementación de la misma, el Coneval diseño el Esquema General de Evaluación de la CNCH 2013-2019, del cual se deriva el Informe de Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el cual presenta los resultados a la mitad del sexenio, entre los que destacan avances, fortalezas y áreas de oportunidad de la Cruzada y al que se puede acceder en el siguiente hipervínculo:

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ECNCH/Paainas/Resultados Intermedios Cruzada. aspx

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2015.— Doctor Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:De la Cámara de Senadores, se recibieron 22 proposiciones con puntos de acuerdo, por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, María Hilaria Domínguez Arvizu, senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación superior es un instrumento fundamental para construir y generar una sociedad más igualitaria, equitativa y con oportunidades, de ahí la importancia de que todos los sectores de la población tengan garantizado su acceso.

Es indiscutible que teniendo una educación superior de calidad, podremos aspirar a mejores escenarios de desarrollo profesional, individual y social; sin duda, este nivel educativo contribuye sustancialmente al progreso colectivo y profesional, por ello la necesidad de garantizar mayores recursos económicos en 2016.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el estado de Nayarit el grado promedio de escolaridad de la población es de 9 años, es decir, han concluido el tercer grado de secundaria; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que de cada 100 personas de 15 años y más: 7 no tienen ningún grado de escolaridad, 57 tienen la secundaria terminada, 20 han logrado concluir la educación media superior y 16 han cursado la educación superior.

En relación la cobertura en licenciatura, la entidad ocupa la posición número 19 a nivel nacional, sólo el 26.9 de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo está matriculado en alguna institución de educación superior en el estado.

Los municipios que presentan mayor nivel de rezago educativo de nivel superior, se encuentran localizados en la Región Sierra con el 25% y Región Norte con 8.3%.

Frente a esta problemática, la Universidad Autónoma de Nayarit atiende las necesidades de educación media superior y superior desde una perspectiva crítica, propositiva y plural, con compromiso social. Se trata de una institución pública y autónoma con reconocimiento nacional e internacional debido a la mejora continua de su calidad, lo cual le ha permitido posicionarse como líder en la generación y aplicación del conocimiento y en la formación de estudiantes con compromiso social, capaces de transformar su entorno, construir alternativas y mejorar sus condiciones de vida de ellos, sus familias y de la sociedad.

Dicha Universidad, cuenta con unidades educativas que se encuentran localizadas estratégicamente en la región, entre estas, destacan las de Tepic, Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, San Blas, Compostela, Ahuacatlán, Ixtlán del Río, Valle de Banderas y Puente de Camotlán.

Con esta red educativa, más de 11 mil estudiantes -11 mil 066 adscritos a las 15 unidades académicas preparatorias y 239 del nivel técnico de la Escuela de Música, son atendidos por 606 profesores, bajo planes educativos y materiales tecno-pedagógicos que promueven el estudio continúo y el compromiso de fomentar las actitudes y habilidades necesarias para desarrollarse en el ámbito profesional.

En lo que respecta a la educación superior, la Universidad Autónoma de Nayarit da servicio a más de 13 mil 614 estudiantes con una oferta de 33 programas. La institución, cuenta con el campus “Ciudad de la Cultura” y las unidades académicas en Acaponeta, Ixtlán del Río y Ahuacatlán, asimismo, la extensión académica de Turismo en en Valle de Banderas.

Tiene una oferta educativa pertinente que está articulada con las vocaciones productivas de la región, en áreas de Ciencias Básicas e Ingenierías, Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Artes, Ciencias Sociales y Humanidades. Estos planes han sido evaluados y certificados por diversos organismos para la Acreditación de la Educación Superior, es decir, los alumnos se encuentran cursando programas de calidad.

La matrícula total con que cuenta, es superior a 27 mil estudiantes, los cuales en su mayoría son hijos de campesinos de escasos recursos, esto demuestra su pertinencia social y su vigencia en la construcción de una mejor sociedad. Esta tarea deja de manifiesto que es necesario robustecer la infraestructura universitaria, ampliar los planes educativos, fortalecer las actividades extracurriculares y acrecentar la red de unidades regionales.

Por la educación integral que se imparte y la pertinencia ante las necesidades locales, sus alumnos han obtenido el Premio Santander con Proyectos de Negocios con Impacto Social, también han sido acreedores a un Premio Nacional de la Juventud, en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena y su Unidad de Agricultura, ha sido ganadora de diversas becas para las Mujeres en la Ciencia L’Oréal–UNESCO-Conacyt-AMC, además la carrera de medicina está acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica.

Estoy convencida que desde el presupuesto 2016, se debe coadyuvar y garantizar recursos suficientes para impartir una educación media superior y superior de calidad, que impulse la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. Como legisladores federales tenemos la obligación de contribuir a la educación, es decir, debemos apoyar a las instituciones educativas en la búsqueda de soluciones a los problemas municipales y estatales.

En este sentido, la Universidad Autónoma de Nayarit es medular en el crecimiento económico y desarrollo de la entidad, en consecuencia, es necesario que en el Presupuesto para el año 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos para que amplié sus servicios educativos en beneficio de los estudiantes del estado y sus familias, además de matricular a un número mayor de estudiantes, ya que en este ciclo escolar solicitaron su ingreso más de 10 mil, sin embargo sólo cuenta con la infraestructura para atender a 4 mil.

Uno de los principales ejes para consolidar una educación de calidad es apoyar las experiencias exitosas y la Universidad Autónoma del Estado de Nayarit es una de ellas, nos corresponde apoyarla para que pueda superar sus limitaciones, precariedades y garantizarle solvencia económica, lo cual se hace indispensable para continuar por el camino de la prosperidad, el crecimiento económico y el desarrollo social.

Por lo anteriormente expuesto y a fin de contar con un sistema de salud innovador y accesible, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit, a fin de garantizar y ampliar los servicios educativos de esta institución a los habitantes de la entidad y la región.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 4 días del mes de noviembre del año dos mil quince.— Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora y Manuel Cota Jiménez, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, María Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año de 1942 como consecuencia de la gran depresión y de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de Norteamérica firma con México un tratado Binacional conocido como el Programa Bracero, mismo que duró hasta 1964.

Se calcula que entre los años de 1945 y 1964 un número de 4.6 millones de mexicanos trabajaron en los Estados Unidos de América. Es importante señalar que a estos trabajadores se les hicieron retenciones de sus salarios como fondo de ahorro, mismas que debieron recibir al regresar a México, pero por diversas razones no sucedió así.

Por ello, el 9 de Noviembre en 2004 en la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa de Ley para la Creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005. Cabe señalar que la Secretaría de Gobernación fue la responsable de administrar los recursos del Fideicomiso.

La ley permitió que los diputados de ese entonces, asignáramos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 300 millones de pesos para los años de 2005 al 2008 respectivamente.

Con la finalidad de que un número mayor de personas pudiera recibir el apoyo social, el 1° de septiembre de 2008 se publicaron modificaciones y reformas a la Ley para la Creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Una de las modificaciones fue el que se abrieran mesas receptoras de documentos en los Estados, en donde los trabajadores se acreditaban para recibir el apoyo sin tener que venir al DF.

Por otra parte, se asignaron al Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ser ejercidos en el Ejercicio Fiscal de 2009, la cantidad de 700 millones de pesos. Desde la creación del Fideicomiso y hasta junio de 2009 se realizaron pagos de 38,000 pesos por trabajador en una sola exhibición. Pero muchos a pesar de contar con la documentación requerida quedaron pendientes. En junio de 2009 se modifica la Ley en perjuicio de los braceros ya que estableció que los 38,000 pesos se les pagaran en parcialidades de 4000 pesos anuales.

El 22 de abril de 2010, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, presentó un nuevo Punto de acuerdo para modificar y facilitar el funcionamiento del pago del apoyo social y para exigir el pago de 38,000 pesos a los Braceros Mexicanos en una sola exhibición. Como resultado se publicó un Decreto con las nuevas modificaciones a la Ley del Fideicomiso el 29 de abril de 2010.

En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2012 se asignaron 3 mil 816 millones 200 mil pesos, y se les pagó el apoyo a 211 mil braceros aproximadamente.

En la LXII Legislatura ya no se creó la Comisión Especial de ex Braceros de la Cámara de Diputados, ni se asignó presupuesto alguno al fideicomiso, quedando pendientes de pago alrededor de 141 mil braceros que ya habían presentado documentos.

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea incluido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social Para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Senadores: María Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos suficientes para la adquisición de ambulancias de alta especialidad, con el fin de mejorar los servicios de salud que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila de Zaragoza.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se destinen recursos suficientes para la adquisición de ambulancias de alta especialidad, con la finalidad de mejorar los servicios de salud que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con una superficie de 151 kilómetros cuadrados; de conformidad con el censo de población de 2010, el Estado tiene 2.7 millones de habitantes. De los municipios con mayor población se encuentran Saltillo con más de 709 mil, Torreón con 608 mil, Monclova con 215 mil, Piedras Negras 150 mil y Acuña con 134 mil habitantes.

En materia de prestación de servicios médicos, Coahuila adolece de la prestación de un servicio adecuado para el desarrollo de las familias y para sus miembros, haciendo nugatorio uno de los principales derechos con los que cuenta el hombre; esto es, el derecho a la protección de la salud.

La atención médica que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social es de suma importancia para el Estado de Coahuila; sin embargo, sé que los recursos para hacer frente a estos retos son insuficientes, por lo que resulta indispensable fortalecer el acceso a la prestación de los servicios médicos para que el usuario desde su traslado pueda recibir una atención que permita disminuir el riesgo cuando se encuentre en estado crítico.

Para que el IMSS cumpla con su objetivo, es indispensable fortalecerlo con recursos económicos para que la prestación del servicio médico sea integro. Pese a ello, en Coahuila las distancias entre las unidades de medicina familiar (UMF) y de los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) son muy distantes, esto representa un gasto y un riesgo adicional para los derechohabientes por los costos extraordinarios de traslado y la tardanza en la atención.

De manera particular y como ejemplo, puedo afirmar que el Hospital General de Zona de Medicina Familiar Número 7 -ubicado en el municipio de Monclova- el servicio de hemodiálisis es insuficiente, debido a que hay pocos equipos y operan a su máxima capacidad, rebasando la demanda que es de 80 a 100 personas mensuales. Aunado a estas deficiencias, se tiene otros problemas como la falta de personal médico especializado para dar cobertura en cada una de las áreas. En el mismo caso se encuentra el Hospital General de Zona Número 11 ubicado en el Municipio de Piedras Negras, ya que brinda cobertura para el servicio de hemodiálisis a diez municipios. En ambas instalaciones médicas el tratamiento de hemodiálisis comprende cuatro horas por sesión. Debido a la demanda, fue necesario reducir el tiempo del tratamiento a tres horas, trayendo como consecuencia un aumento en el riesgo de mortandad. Igual sucede con el equipamiento para el traslado de personas en estado crítico, ya que no se cuentan con suficientes ambulancias de alta tecnología que permitan una atención rápida de calidad.

Por lo anterior, solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la colegisladora, para que sea considerada durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, recursos suficientes para las instalaciones Médicas número 7 y 11 a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se considere la construcción de un área especializada de oncología en el Hospital General de la Zona ubicado en Monclova. Adicionalmente es importante la adquisición de ambulancias equipadas para los Hospitales Generales de Zona con Medicina familiar número 2 Saltillo, número 7 Monclova, número 11 Piedras Negras, número 16 y 18 Torreón, número 24 Nueva Rosita, ubicadas en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Reconozco el esfuerzo y desempeño de las instituciones federales y de las locales, sin embargo, hacen falta muchos recursos para brindar una atención médica de calidad, ya que hay poblaciones en nuestro país que sufren un calvario para atender a un miembro de la familia, derivado entre otras cuestiones a que Coahuila es uno de los Estados con mayor superficie territorial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar número 2 de Saltillo, número 7 de Monclova, número 11 de Piedras Negras, número 16,número 18 de Torreón, número 24 de Nueva Rosita, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de que cuenten con ambulancias de alta especialidad para el proceso de atención del paciente en estado crítico.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para el equipamiento del área especializada de oncología en el Hospital General de la Zona ubicado en Monclova.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el 28 de octubre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos para ser destinados al Fondo para el Cambio Climático.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de cincuenta millones de pesos para ser destinados al Fondo para el Cambio Climático, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Cambio Climático establece en sus artículos 80 a 86 el Fondo para el Cambio Climático, que tiene por objeto el poder captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático a nivel nacional, lo que nos prepara para hacer nuestra aportación a nivel mundial y poder disminuir los terribles cambios que está sufriendo nuestro planeta ocasionado por el cambio climático.

En su artículo 81 de la mencionada ley establece que el Fondo para el Cambio Climático estará constituido principalmente por los recursos anuales que sean señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; igualmente es susceptible de recibir ingresos por parte de instituciones privadas, asociaciones, etcétera, por lo que es muy importante hacer énfasis que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016,debe establecer de manera expresa y etiquetada, recursos suficientes para que el Fondo para el Cambio Climático pueda cumplir con los objetivos para lo cual fue creado.

El destino del presupuesto que le sea asignado al Fondo para el Cambio Climático, está contemplado por el artículo 82 de la citada ley que a la letra establece: Artículo 82. Los recursos del Fondo se destinarán a:

Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país;

Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;

Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático; particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de metano y gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón, así como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable;

Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático;

Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático;

Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la materia, conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, el Programa y los programas;

Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el Registro o bien, cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, y

Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.*

El Fondo para el Cambio Climático tiene objetivos específicos y de una importancia trascendental para nuestro país, se trata de destinar recursos a determinadas acciones que son el punto medular del tema de los efectos negativos del cambio climático. México debe ser un país donde las cosas no se queden solo en palabras, por eso, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión debe destinar los recursos suficientes para que los objetivos planteados en la Ley General de Cambio Climático en lo que respecta al Fondo para el Cambio Climático.

En más de una ocasión el gobierno federal ha manifestado sus intenciones de apoyar las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, no solo a nivel nacional, sino también internacional. En un punto de acuerdo anterior presentado en 2015, señalé que el Presidente de la República, durante la inauguración de la quinta Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), anunció una contribución de 20 millones de dólares para el Fondo de Medio Ambiente Mundial. En el mismo sentido, en septiembre de 2014, durante la Cumbre Climática (Climate Summit 2014) realizada en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que México aportaría 10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima. México debe empezar por cumplir sus leyes y obligaciones, debemos dar prioridad a las acciones de adaptación al cambio climático y con ello evitar gastos mayores para atender desastres.

Por todo lo anterior, resulta indispensable que la asignación de presupuesto durante el Ejercicio Fiscal para 2016 al Fondo para el Cambio Climático contemple recursos presupuestales para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se destinen y etiqueten cincuenta millones de pesos para el Fondo para el Cambio Climático, y se dé cumplimiento a lo establecido por el Título V, Capítulo VII de la Ley General de Cambio Climático.

Nota:

* Ley General de Cambio Climático, artículo 80, visto en Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2015 en: http://www.diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130515.pdf

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz, en el estado de Coahuila de Zaragoza.

La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadoraSilvia Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Cámara de Senadores la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El desarrollo nacional de acuerdo a la Constitución federal le corresponde al estado; es decir, deben participar los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones y facultades, cuyo objeto es garantizar y lograr un desarrollo integral y sustentable para fortalecer al propio estado mediante la competitividad, el crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza para lograr el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas.

Sin embargo, no se pueden lograr estos fines sin que exista la competitividad que genere un mayor crecimiento económico, promoviendo una mayor inversión que a su vez genere empleos. Es así que para lograr la competitividad se necesita en primera instancia de vías generales de comunicaciones adecuadas, idóneas y aptas para su utilización. Es importante que los caminos tengan las condiciones óptimas.

La participación del gobierno en materia de infraestructura carretera es de suma importancia, ya que la construcción y mantenimiento de una vía de comunicación resulta muy costosa. Es importante recordar que el estado tiene que atender otros rubros como la salud, la educación o la seguridad pública, dejando en posteriores lugares a la infraestructura carretera.

Desafortunadamente mi estado no es la excepción, ya que el tramo carretero que va de San Juan de Sabinas a Melchor Múzquiz es inseguro y se encuentra en pésimas condiciones. Este tramo tiene una longitud de 23.5 kilómetros, se recorre en un tiempo aproximado de 30 minutos en condiciones “normales” o buen estado de la carretera; sin embargo, en el periodo de lluvias este tramo ha sufrido daños considerables que permiten recorrer este trayecto hasta en un tiempo de una hora, es decir, el doble de tiempo dependiendo el tipo de vehículo, incluso este tiempo se amplía un poco más. Las condiciones actuales en que se encuentra son deplorables debido a que tiene demasiados baches y en partes ya no hay pavimento. Otro problema que se presenta es la escasa o nula señalización, lo que hace que los operadores no tomen las previsiones necesarias para evitar accidentes, esto se hace más peligroso si tomamos en cuenta las averías de los vehículos, especialmente los de carga.

Esta región de Coahuila –misma que se encuentra compuesta por los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso y San Juan de Sabinas– tiene una actividad minera que a lo largo de la historia se ha considerado como una actividad principal. Con la fundación de Minas de la Trinidad en 1577 nace lo que hoy conocemos como la ciudad de Monclova. El descubrimiento y explotación del carbón se da desde 1828; el cobre en la mina Pánuco desde 1870; óxido de zinc, plata y plomo en Sierra Mojada desde 1879 y plata, plomo y zinc en Reforma-Santa Teresa desde 1890; más reciente, la explotación de fluorita, celestita, sales de sodio-magnesio, yeso, barita y dolomita.

La zona cuenta con una excelente infraestructura minero-metalúrgica y las vías de comunicación no deben ser la excepción. El estado de Coahuila participó en el año 2013 con 4.68 por ciento del valor de la producción minera nacional. Asimismo, existe un gran número de áreas sin explorar que geológicamente son favorables para emplazar yacimientos tanto metálicos como no metálicos.

Por la importancia económica de la región, es necesario impulsar la construcción de caminos, así como mantenerlos en buen estado. Resulta indispensable asignar los recursos económicos suficientes para que esta carretera cumpla su función de tal forma que se encuentre en condiciones óptimas para quienes hagan uso de esa vía, ya que existen retrasos al desplazarse, daños a los vehículos por cuestiones de uso irregular, accidentes e inseguridad, por lo que solicito a la colegisladora, para que a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la asignación de recursos suficientes para la reconstrucción y mantenimiento del tramo carretero que va de San Juan de Sabinas a Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza, en beneficio de la población y de la actividad minera de la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se designen recursos suficientes para la reparación, equipamiento y mantenimiento del tramo carretero que va de San Juan de Sabinas a Melchor Múzquiz, en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar fondos para crear un “bosque urbano” entre Frontera y Monclova, Coahuila.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se destinen fondos para la creación de un bosque urbano entre Frontera y Monclova, Coahuila, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy, alrededor de tres cuartas partes de la población a nivel mundial viven en ambientes urbanos que frecuentemente se visualizan solo como construcciones y estructuras.

La importancia de los servicios ambientales es que trae consigo beneficios que proporcionan a las personas sensaciones de bienestar al estar expuesto a las áreas verdes. Igualmente contribuye a la reducción de las “islas de calor” (zonas de temperatura alta dentro de las ciudades). Asimismo, las áreas verdes contribuyen a mejorar la condición biológica, psicológica y social de los individuos.

Frontera se localiza en la región centro del estado y cuenta con una extensión territorial de 506.8 kilómetros cuadrados y una población de 75 mil 215 habitantes. Limita al norte con San Buenaventura y Abasolo; al sur, con Castaños, al este con Monclova y al oeste con Sacramento; se caracteriza por un clima seco semicálido durante la mayor parte del año, su temporada de lluvias comprende las estaciones de primavera, verano y otoño.

El municipio de Frontera cuenta con una estación de ferrocarril, la cual lo conecta con la red nacional de ferrocarril, teniendo así acceso a las fronteras, puertos y ciudades más importantes del país.

Por su traza y ubicación, Ciudad Frontera se encuentra llamada a convertirse en una de las poblaciones más importantes de Coahuila, ya que como pueblo cuenta con 96 años de su fundación y como municipio cuenta con 62 años. Tiene una disponibilidad de comunicaciones y de insumos para la industria semipesada, como el ramo siderúrgico y la metalmecánica.

Actualmente, en Ciudad Frontera –en el ejido Pozuelos– inicia la tubería de agua potable que abastece a 70 por ciento de la población de Monclova, contando con magníficos medios de comunicación como lo es el aeropuerto (AHMSA-Monclova), construido en 1948, a un costado de la carretera federal número 30 rumbo a San Buenaventura. Igualmente, la estación de los ferrocarriles se encuentra unida con el ramal Saltillo-Piedras Negras.

Por otro lado, Monclova es una ciudad ubicada en el centro del Estado de Coahuila, cuenta con cerca de 300 mil habitantes, limita al norte con el municipio de Abasolo; al sur con el de Castaños, al este con el de Candela y al oeste con Frontera.

Dicho municipio destaca por contar con la mayor producción de acero de todo México, de ahí el mote de la Capital del Acero. Se pueden distinguir dos tipos de suelo en el municipio: a) Xerosol. Suelo de color claro y pobre en materia orgánica y el subsuelo es rico en arcilla o carbonatos, con baja susceptibilidad a la erosión. b) Regosol. No presenta capas distintas, es claro y se parece a la roca que le dio origen. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentre.

En el municipio se localiza la fundidora de acero más importante del país, Altos Hornos de México, SA, que junto con otras unidades industriales, provee una parte considerable de las necesidades de la industria nacional en las ramas eléctrica, automotriz, de la construcción, alimenticia, petrolera, de bienes de capital, así como los sectores agrícolas y de transporte.

En la última década, Monclova ha visto los frutos del esfuerzo de la iniciativa privada por incrementar el desarrollo económico y social.

Por otro lado, es importante destacar que la Organización Mundial de Salud recomienda tener una extensión de 9 a12 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes para garantizar una buena calidad de vida. Considerando esto, ni Monclova ni Ciudad Frontera cumplen ese requerimiento, por lo que es indispensable crear un área verde entre estos municipios.

Los servicios ambientales que prevé un bosque urbano son importantes, ya que la vegetación urbana crea un microclima, generando capacidad para retener el suelo y facilitar la absorción del agua de lluvia. Los bosques urbanos funcionan también como componentes del sistema de control de inundaciones.

Es importante destacar que la captación de agua de lluvia y su filtración al subsuelo, propicia la recarga de los mantos acuíferos, favoreciendo con ellos las reservas de agua para los municipios.

La existencia de arbolado urbano constituye el habitad de un gran número de poblaciones de aves y otros animales que encuentran refugio dentro del entorno urbano.

Por último, es importante señalar que los bosques urbanos ayudan a reducir la contaminación del ruido a través de su absorción, desviación, reflexión, refracción y el reemplazo por sonidos más placenteros.

Por lo expuesto someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre Frontera y Monclova, Coahuila de Zaragoza.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer el Programa de Desarrollo Humano Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Rosa Adriana Díaz Lizama, senadora de la República de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la honorable colegisladora, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignan más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El programa social Prospera antes Oportunidades es uno de los programas gubernamentales de mayor innovación y éxito en los últimos años. Su objetivo es fomentar el desarrollo humano de la población en pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos económicos.

La población objetivo del programa son los hogares en condición de pobreza extrema, entendiendo al hogar como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.

Los hogares en condiciones de pobreza extrema se identifican utilizando una metodología de focalización basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de residencia rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y demográficas que se defienden en las reglas de operacionales del programa, las cuales están estructuradas con criterios técnicos y científicos que garantizan su correcta aplicación, evitando su condicionamiento a cualquier fin político o clientelismo, a la vez que garantizan el blindaje electoral.

Dentro de los principales objetivos del programa se encuentra el otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior, niños y jóvenes de las familias beneficiarías, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos.

También tiene el fin de asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así mejorar la las familias beneficiarías, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos.

Prospera asegura el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la nutrición de todos sus integrantes, primordialmente la población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas de la tercera edad; fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarías.

Desde los inicios de su aplicación ha quedado demostrada la eficacia del programa, siendo considerado como un modelo de combate a la pobreza en América Latina y el mundo, siendo reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por ello, Prospera es modelo para la implementación de programas similares en otras partes del mundo.

La economía de las familias mexicanas no debe ser un tema de menor importancia para el congreso de la Unión, específica mente de la Cámara de Diputados, especialmente la economía de las familias que menos tienen, razón por la cual se debe considerar mayor cantidad de recursos al programa oportunidades dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Los senadores del Grupo Parlamentario del PAN somos conscientes de la importancia de la elaboración de un presupuesto de egresos responsable y con la viabilidad; siendo que el combate a las situaciones de pobreza extrema; se promueve el desarrollo de capacidades y la conciencia social; se propicia el ahorro y la generación de ingresos adicionales para el hogar; es un motor cada vez más atractivo de las familias, especialmente de las mujeres, en iniciativas de desarrollo comunitario como educación, participación de adultos y acciones relacionadas a fomentar la salud, higiene y prevención de adicciones y enfermedades; se fortalece el papel de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la entrega de apoyos que mejoran su autoestima y su participación en la toma de decisiones al interior del hogar; se disminuye la violencia intrafamiliar, el analfabetismo y el índice de deserción escolar, aumentando por el contrario el grado de escolaridad de niños y jóvenes especialmente en las mujeres. Además, debido a sus reglas de operación y participación de los tres niveles de gobierno y evaluación de diversos comités técnicos y científicos se ha demostrado que es un programa electoralmente blindado y eficaz en el cumplimiento de su objetivo.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano “Prospera”, con el objetico de ampliar su cobertura a la población en condiciones de pobreza de nuestro país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de octubre de 2015.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo.

La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado Políticas de Igualdad de Género en el sector educativo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de 2008, la Secretaría de Educación Pública desarrolla acciones para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género en el sector educativo. Uno de los resultados de estas acciones fue la publicación, en 2009, del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México como producto del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que permitió a esta secretaría contar con información relativa a violencia de género en los niveles de primaria y secundaria, con representatividad nacional.

La investigación reveló diversas formas de violencia y discriminación de género que se desarrollan en el ámbito escolar. De igual forma mostró que tanto los docentes como los directivos se esfuerzan por apoyar, impulsar y brindar las mismas oportunidades a niñas y niños, pero no siempre cuentan con los conocimientos y las herramientas necesarias para identificar los problemas de discriminación y violencia de género y proporcionar las respuestas apropiadas cuando surgen esta clase de problemas.

De 2008 a 2009 se realizó el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad, en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través del cual se realizaron jornadas sabatinas en escuelas de nueve entidades federativas en contextos de vulnerabilidad y violencia, para toda la comunidad, con el objetivo de reducir la violencia de género. Asimismo se apoyaron proyectos artísticos, culturales y formativos con perspectiva de género en primarias y secundarias con la participación de actores sociales. Con organizaciones de la sociedad civil se llevó a cabo el proyecto Equidad, el respeto es la ruta, que tuvo el objetivo de formar promotoras y promotores en materia de género y prevención de la violencia de género para contribuir a la disminución de la violencia en las escuelas secundarias.

Además, en colaboración con el Programa Universitario de Género (PUEG) de la Universidad Autónoma de México se elaboraron libros sobre equidad de género y prevención de la violencia para preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, los cuales se acompañaron de una estrategia de formación para el personal educativo; asimismo se revisaron los libros de texto gratuitos para identificar contenidos e imágenes que reprodujeran estereotipos de género o situaciones de discriminación y violencia.

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (SPEPE), de la Secretaría de Educación Pública, (antes Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas), es desde 2008 el área responsable de transversalizar la perspectiva de género en esta secretaría. También ha sido la responsable de implementar el programa presupuestario E032 Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género (que para 2016 de acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación cambia su nombre a Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo) mediante acciones estratégicas que contribuyen a contar con espacios educativos libres de violencia y discriminación.

A partir de 2013 el programa E032 ha reorientado sus acciones hacia la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género, de derechos humanos y de erradicación de la violencia de género en los procesos educativos y de gestión de la política educativa. Lo anterior para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que cuenta con la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género; al Programa Sectorial de Educación; y a diversos programas especiales en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia.

De acuerdo a los informes que se publican, se conoce del programa E032, que éste ha analizado un conjunto de brechas de las que se desprende que para lograr una educación de calidad es necesario disminuir esas y otras brechas de género y eliminar la segregación por áreas de estudio, establecer acciones para incrementar el índice de absorción y disminuir las tasas de deserción, especialmente en las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, rurales y de sectores populares urbanos que enfrentan problemas para completar su educación.

Para ello se han planteado cuatro objetivos:

1. Diseñar políticas que identifiquen y erradiquen los estereotipos que inciden en la desigualdad, la exclusión, la violencia y discriminación de género y contra las mujeres en el sector educativo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos.

2. Establecer la transversalidad de las perspectivas de derechos humanos, género y prevención, atención y sanción de la violencia de género, en los procesos normativos, operativos y administrativos de todo el ciclo de la política educativa (diagnóstico, planeación, presupuestación, operación, evaluación y rendición de cuentas) para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

3. Prevenir y atender los actos de discriminación y violencia laboral, docente e institucional de género, para contribuir a su erradicación.

4. Contribuir en garantizar que el proceso educativo se desarrolle en igualdad de condiciones, trato y oportunidades entre mujeres y hombres para favorecer el acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo y la conclusión oportuna de sus estudios.

Algunas de las acciones destacadas que se han realizado desde 2013 a la fecha son:

• Creación y fortalecimiento de las Unidades de Igualdad de Género y Derechos Humanos de las Autoridades Educativas Locales.

• Estudios e investigaciones para conocer la situación de las mujeres en el sector educativo.

• Armonización con perspectivas de género y derechos humanos de los documentos normativos del sector educativo.

• Diseño de la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el marco Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

• Campañas institucionales para la promoción de la igualdad de género.

• Acciones para la incorporación en documentos y procesos normativos que organizan la gestión educativa; así como la actualización de algunos de los materiales que se elaboraron en la administración anterior tal es el caso del libro Igualdad de género y prevención de la violencia en educación media superior.

• Se ejecuta una estrategia integral de capacitación para el desarrollo de capacidades en igualdad de género y derechos humanos.

Desde su inicio en el ejercicio de 2009 al Programa Presupuestario E032, denominado Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género, se le asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un total de 56 millones de pesos para su ejecución, mientras que para el ejercicio fiscal de 2010 se incrementaron en 7.8 por ciento los recursos presupuestados para este mismo programa, lo que significó un total de 63 millones de pesos.

Si bien la dinámica del Programa Presupuestario E032 en materia de asignación presupuestal se mostró positivo durante los siguientes años, fue en 2013 cuando se presentó el primer decremento de recursos presupuestados a ese programa, pues para ese ejercicio fiscal se presentó un decremento de 63 por ciento de recursos presupuestales respecto a los aprobados en 2012, al pasar de 140 millones de pesos a 76.39 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2014 se aprobaron solamente 76.39 millones de pesos, es decir el mismo monto del ejercicio anterior, y se trató de un presupuesto insuficiente para alcanzar los montos presupuestales aprobados en años anteriores. Actualmente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016, el cual fue entregado a la Cámara de Diputados, presenta una asignación de sólo 14.54 millones para el Programa E032 Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo, lo que representa una significativa disminución de 82 por ciento respecto al propuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2015.

Por lo anterior, podemos concluir que el presupuesto que ha sido asignado al Programa E032 ha mostrado una tendencia a la baja a partir de 2013. Lo que representa una grave afectación para realizar proyectos y acciones orientados a logar que la acción educativa se realice en el marco de la igualdad de género, erradicando cualquier tipo de discriminación y violencia en los centros escolares de todos los tipos, niveles y modalidades educativos.

Es así que algunos de los proyectos y acciones se encuentran en riesgo debido a la drástica reducción presupuestaria está la continuidad en el proyecto que impulsa la transversalidad de la política de igualdad de género y derechos humanos con las autoridades educativas de los estados, los organismos desconcentrados y el acompañamiento a las áreas del propio sector; asimismo en la generación de estudios, investigaciones evaluaciones y estadística especializadas en la materia; la realización de la acciones para impulsar la educación integral en sexualidad para prevenir el embarazo en adolescentes; procesos de capacitación a las y los servidores públicos del sector educativo; o la evaluación de las acciones institucionales realizadas en el sector educativo para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En relación con la violencia escolar, tanto fuentes de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como la Secretaría de Educación Pública señala que alrededor de 90 por ciento del alumnado de primaria y de secundaria declaró haber sufrido humillaciones o insultos en la escuela. 43.2 por ciento del personal docente ha detectado casos de violencia en su escuela. 43 por ciento de las mujeres víctimas de violencia escolar indican que son maestros y autoridades los agresores. Esto indica que en las escuelas hay una práctica generalizada de la violencia que debe ser erradicada.

Bajo esta tesitura, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas de estudio y los materiales educativos, eliminando estereotipos y discriminación de género y utilizando lenguaje incluyente. Asimismo es necesario valorar y establecer acciones afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad en materia educativa que persisten; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres. Además, se debe promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte libres de estereotipos de género.

Con base en lo anterior, resulta trascendente y necesario seguir fortaleciendo la transversalización de la perspectiva de género a nivel nacional, a fin de diseñar estrategias para sensibilizar, tanto a maestras como maestros de todos los niveles y modalidades educativas, así como a las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, acerca de la construcción de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres para alcanzar la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es importante destacar que estos proyectos y acciones están orientadas a dar cumplimiento al marco normativo nacional e internacional, así como al marco programático en materia de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República, someto a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores.— Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita senadora, Martha Angélica Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar los recursos propuestos por la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) fue creada por decreto presidencial del 19 de julio de 1994 con la intención de dar mayor garantía de legalidad a los procesos electorales al prevenir, investigar y perseguir la comisión de los delitos electorales federales, se integra por tres Direcciones Generales que se complementan para prevenir, investigar y perseguir la comisión de delitos electorales federales, para procurar justicia penal electoral federal de manera pronta y expedita.

Su papel en la vida democrática de nuestro país ha resultado fundamental y es necesario seguir fortaleciendo para que siga cumpliendo de manera efectiva su cometido.

Con la estructura actual la Fepade atendió en 2015, el proceso federal y 17 procesos electorales locales; en los cuales se eligieron 9 gubernaturas, mil 140 diputados (MR/RP) y mil 9 ayuntamientos.

En 2016 se llevaran a cabo 13 procesos electorales locales que se realizarán en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roa, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, durante 2016, en los que se renovarán 12 gubernaturas, se elegirán 552 diputaciones (MR/RP) y mil 190 ayuntamientos.

Para 2017 se atenderán 4 procesos electorales locales en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, elección en la que se renovarán 3 gubernaturas, 55 diputados (MR/RP) y 270 ayuntamientos.

Para estar a la altura de atender los retos planteados y en forma paralela adecuar su marco de actuación a las diversas reformas constitucionales, tales como la reforma en materia penal y la Ley de Amparo; se requiere reforzar y fortalecer las áreas sustantivas de la FEPADE como son la Dirección General de . Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, que ampliaría su configuración de 138 plazas a 161; la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, que pasaría de 38 a 47 plazas, y la Dirección General de Jurídica en Materia de Delitos Electorales que incrementaría su fuerza laboral de 33 a 39 plazas.

Lo anterior, dado que la Ley establece la competencia de la Fepade para que conozca de aquellas elecciones que organice el Instituto Nacional Electoral, y tomando en consideración que es dicho órgano autónomo quien organizará la capacitación de los funcionarios y aprobará la instalación de casillas en los citados procesos electorales locales.

Para atender su Programa Estratégico Institucional 2015-2018 contempla el rediseño del sistema actual de desarrollo humano y profesional del personal sustantivo de la Fepade; que permita actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y experiencia profesional de los servidores públicos, fomentando el estudio especializado de la materia penal electoral, considerando la ampliación de atribuciones de la Fepade, que le confiere la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) en particular la creación de un Sistema Nacional de Coordinación con las Fiscalías Electorales Locales y los temas relacionados con la violencia política contra las mujeres; y bajo los criterios de racionalidad y austeridad presupuestal, las necesidades presupuestales de la Fiscalía ascienden a 244 millones 422 mil 637 pesos.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 presentado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, contiene el presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se incluye el presupuesto de la Fepade, que se integra de la siguiente manera: Capítulo 1000 Servicios Personales 149 millones 475 mil 312 pesos; Capítulo 2000 Materiales y Suministros 4 millones 111 mil 213; Capítulo 3000 Servicios Generales 16 millones 593 mil 526; y Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 653 mil 220 pesos; resultando un total de 170 millones 833 mil 271 pesos, lo que representa una diferencia de 73 millones 589 mil 366 pesos.

En el caso del Capítulo 1000 la diferencia respecto de las necesidades de Fepade asciende a 68 millones 300 mil pesos, lo que representa contar con el capital humano profesional indispensable para implantar de manera adecuada los proyectos institucionales y el redimensionamiento de su estructura organizacional, que se integra de 288 plazas, de las cuales 92 realizan funciones de Ministerios Públicos, que atienden todo el país. En el capítulo 2000 existe una diferencia de 377 mil 512 pesos, lo que afecta la operación de la institución.

Respecto al capítulo 3000, la diferencia es de 4 millones 815 mil 74 pesos, que afecta sensiblemente a diversos proyectos en áreas sustantivas, entre otras:

Instrumentación del Programa Nacional de Capacitación a Servidores Públicos, Funcionarios Partidistas, Militantes, Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanía en general en Materia de Delitos Electorales.

Establecimiento del Sistema Nacional de Información Penal Electoral.

Integración del Grupo Técnico Consultivo para la Formulación de Políticas Integrales, Sistemáticas y Evaluables para la Prevención y el Combate de los Delitos Electorales.

Constitución de los Comités Nacional y Estatales para la Evaluación de las Políticas de Prevención y el Combate de los Delitos Electorales.

Suscripción de convenios de coordinación entre dependencias del gobierno federal y las Entidades Federativas para la Asistencia en Materia de Procuración de Justicia.

Instrumentación del Programa Nacional de Blindaje Electoral de la Federación y las Entidades Federativas del País.

Instrumentación del Programa Nacional de Despliegues Ministeriales coordinados entre la Federación y las Entidades Federativas para la persecución de los Delitos Electorales.

El Capítulo 4000 se destinará a la coordinación de proyectos conjuntos con organismos internacionales a fin de suscribir convenios de colaboración y cartas de intención en materia de combate a los delitos electorales sin embargo existe una diferencia de 96 mil 780 de pesos.

El desarrollo institucional que se plantea la Fepade, busca responder de manera eficaz e inmediata a las responsabilidades emanadas de las nuevas atribuciones, ampliando su actuación del ámbito federal al local, la responsabilidad en la persecución de los delitos que puedan presentarse en los procesos de Consulta Popular; la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, así como la atención de los procesos electorales que ya se encuentran calendarizados para el 2016, para lo que se requiere de un proceso que integre los recursos humanos, materiales y económicos necesarios e indispensables.

Es un imperativo que atendiendo las necesidades y requerimientos de la Fiscalía y de acuerdo al artículo 25 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que a la letra dice: Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación, se le otorgue el presupuesto que propone para el ejercicio fiscal 2016 en aras de atender y coordinar eficientemente los diferentes procesos electorales, sobre todo ahora que existe una campaña de difusión de las labores de la Fepade entre los ciudadanos y los partidos políticos, para incrementar el número de denuncias relacionadas con los delitos electorales.

En consecuencia, es indispensable para el funcionamiento eficiente y eficaz de la Fepade, que se le proporcionen todos los recursos presupuestales que estimó para 2016, a fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales comprometidos y atender el ineludible compromiso que implican 13 procesos electorales locales que se desarrollarán el próximo año.

Por lo expuesto y conforme a lo establecido en el acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República, someto a esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales, necesarias a fin de garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Nota:

1 En URL: http://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/LGMDE 270614.pdf

Dado en la Honorable Cámara de Senadores, el miércoles 4 de noviembre de 2015.— Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a crear el programa emergente de “Empleo Campeche”, dentro del Ramo 20, asignándole recursos suficientes para su operación.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) ,y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Óscar Román Rosas González, senador de la república a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en lo establecido Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presenta ante este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Campeche está pasando por momentos difíciles, la caída de los precios del petróleo, la disminución en la producción de hidrocarburos, y los bajos niveles de crecimiento económico que se registran en el país, han generado un clima adverso en la economía del estado; el estancamiento del empleo, pero sobre todo, la desocupación y la pérdida de empleos formales son hoy el rostro de miles campechanos.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, el precio del petróleo observó una reducción de más del 50 por ciento en el 2015, ubicándose en 47 dólares por barril promedio, éste descenso en el precio de la mezcla de importación es comparado con el precio promedio que se observó hace una década. En 2005 el precio del crudo mexicano en mercados internacionales promedió 42 dólares

La producción petrolera ha disminuido significativamente en la zona marina, pero en especial en la sonda de Campeche. Los litorales campechanos aportaron a la producción nacional volúmenes históricos de hidrocarburos, en 2004 registró la producción más alta con 2.44 millones de barriles por día.

La sobreexplotación de los activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap provocó la disminución constante en la producción de hidrocarburos, si Campeche en 2004 aportaba el 70por ciento de la producción petrolera con 2.4 millones de barriles por día, en 2015 aportará 1.1 millones de barriles por día, significando el 48.5por ciento de la producción nacional.

No obstante, el descenso de la producción y la caída de los precios del petróleo, Campeche sigue aportando cuantiosos recursos a las finanzas públicas del país, mismos que se traducen en infraestructura, programas sociales y bienestar para toda la nación.

Los recursos presupuestarios del gobierno federal producto de los ingresos peroleros han sido un componente fundamental del gasto público. De un análisis histórico de las leyes de ingresos aprobadas para distintos ejercicios fiscales podemos apreciar la contribución de los ingresos petroleros a las finanzas públicas.

En 2006 se presentó la contribución más alta de los ingresos petroleros al gasto público, de 2 billones de pesos presupuestados los ingresos petroleros representaron el 45por ciento, es decir 901 mil 877 millones de pesos. A partir de 2009 la contribución de los ingresos petroleros al gasto público se estabilizó en niveles de 33 y 30por ciento hasta el año 2013.

Para 2014 la ley de Ingreso de la Federación, estimó un recaudación de 1.2 billones de pesos por ingresos petroleros, los cuales representaron el 27por ciento del gasto público. Finalmente, para 2015 se estimaron ingresos petroleros por 1.18 billones de pesos, los cuales representan 25por ciento del gasto público presupuestado.

Si tomamos en cuenta quede Campeche se obtiene el 45.8por ciento de la producción petrolera nacional y el valor total de los ingresos petroleros del sector público es de 1.18 billones de pesos, los litorales campechanos aportan 531 mil millones de pesos al gasto público, recursos que son distribuidos por la federación.

La aportación de la economía de Campeche a la nación en términos del PIB ha sufrido disminuciones considerables, como consecuencia colateral del descenso en la producción y los bajos precios del petróleo.

El año 2003 la economía de Campeche registró el Producto Interno Bruto estatal más alto de su historia con 884 mil 336 millones de pesos, ubicándolo en la segunda posición nacional con una participación del 8.75por ciento de la economía nacional. Sin embargo, en los años subsecuentes su participación en la economía ha disminuido para ubicarse en sexta posición con una participación del 4.6por ciento del PIB.

De manera paralela los indicadores de la actividad económica estatal han pasado de preocupantes a representar un verdadero problema para la estabilidad económica y social en el corto plazo para los campechanos.

La variación anual de la actividad económica, calculada trimestralmente por el Inegi, muestra que Campeche es la entidad federativa con el mayor porcentaje de crecimiento negativo en el país. Para los primeros meses del 2015 registró un decrecimiento de -6.8por ciento respecto del 2014, sin embargo, en el último trimestre del 2014 la economía estatal cerró con un decrecimiento de -7.1por ciento.

Campeche no es el único estado que viene presentando un decrecimiento de su actividad económica estatal, también lo hace Chiapas con -4.7por ciento, Michoacán con -2.7, Tabasco con -0.7, Baja California Sur con -0-5, Durango con -0.3, Sonora con -0.2 y Yucatán con -0.1.

Ahora bien, si tomamos como referencia la nota metodológica del Inegi, sobre los insumos para el cálculo del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), entendemos que se trata de cálculos adelantados del PIBE (Producto Interno Bruto Estatal), los cuales muestran, para el caso de Campeche, un clima sombrío.

Los indicadores económicos arriba descritos y analizados podrían parecer elementos segregados, sin embrago para una economía fundamentalmente petrolizada que aglutina los principales agentes económicos y demandaba los mayores niveles de ocupación son una clara alarma de que las cosas no están bien.

Hoy, dicha industria pasa por un proceso de transformación y re-direccionamiento de recursos e inversión, sumándole estancamiento productivo y caída de los precios internacionales, ello implica que la fuerza de trabajo empleada disminuya notablemente afectando directamente a miles de familias campechanas.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analizada por el Inegi, de agosto de 2014 a agosto de 2015 se generaron en el país. 744 mil 653 empleos formales, es decir se incrementó el número de trabajadores formales (permanentes y eventuales) de 16 millones 906 mil 767 a 17 millones 651 mil 420.

Los estados que registraron el mayor número de empleos formales fueron el Distrito Federal con 144 mil, Nuevo León 70 mil, Jalisco 59 mil, Guanajuato 49 mil, Chihuahua 48 mil, Baja California 44 mil y Coahuila 34 mil empleos, respectivamente. Estos estados captaron el 60por ciento de los empleos formales generados en el último año.

Las otras 25 entidades federativas, se distribuyeron el 40por ciento de los empleos formales generados que ascendieron a 297 mil 861 en el periodo de análisis.

Es importante destacar que hay estados en los cuales la creación de empleo formal fue insuficiente y limitada, en cambio, en otros estados como Campeche y Veracruz, es evidente la precarización del empleo formal y la disminución significativa de trabajadores asegurados.

Campeche, es un caso particular puesto que no sólo no se generó ningún empleo formal, por el contrario es el estado con el mayor porcentaje de pérdida de empleo formal a nivel nacional.

En agosto de 2014, Campeche tenía 153,714 trabajadores asegurados ante el IMSS, para 2015, del mismo mes, el número de trabajadores registrados disminuyó a 141 mil 823. En una año Campeche perdió 11 mil 891 empleos directos.

Como porcentaje de los trabajadores asegurados en la economía local, se perdió el 7.7por ciento del empleo formal en un año. Lo anterior impacta directamente a casi 12 mil familias campechanas, que de momento se han quedado sin la cobertura en seguridad social y sin una fuente de ingresos para el sostén de sus hogares.

Cabe mencionar que de la totalidad del empleo formal perdido en el último año Campeche, por si sólo, concentra el 75por ciento de la disminución del empleo directo a nivel nacional. De seguir ésta pérdida de empleo en el estado, la situación económica y social del estado se puede tornar grave.

Es necesario que se implemente un programa específico que detenga esta caída alarmante del empleo formal en Campeche, provocado por fenómenos externos e internos asociados a la industria petrolera.

Existen programas exitosos que se han empleado para enfrentan la reducción de ingresos de ciertos sectores de la población afectados a causa de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. Tal es el caso del Programa de Empleo Temporal (PET), que mediante apoyos económicos temporales apoya a la población que por diversas situaciones tienen una caída inesperada en sus ingresos.

Así el estado de cosas, se vuelve fundamental que la federación se solidarice y apoye a la entidad federativa que por décadas ha aportado de manera generosa, para toda la nación, cuantiosos recursos que se trasforman en infraestructura y bienestar.

Campeche ha dado para todos, ahora toca que Campeche reciba un gesto de reciprocidad para su gente en momentos tan difíciles como éste, donde diversos factores se han conjugado en detrimento de la estabilidad social y económica de los campechanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de éste Senado de la República, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, crear dentro del Ramo 20 el Programa Emergente de Empleo Campeche.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destinar recursos presupuestarios por 200 millones de pesos para el Programa Emergente de Empleo Campeche.

Notas:

1 Pemex, Base de Datos Institucional. En: http://ebdi.pemex.com /bdi/bdiController.do

2 Se trata de los activos Cantarell y Ku-MaloobZaap.

3 Calculo realizado con base en la producción 2014 y las cifras estimadas por Pemex al primer semestre de 2015. En: http://www.pep.pemex.com/Reportes/Lists/Produccion/Attachments/363/Ejecutivopor ciento202015-04-05por ciento20PEP.pdf

4 Cálculos realizados con las leyes de ingresos de la federación de los años citados y herramientas de cálculo de la SHCP. En:http://www. shcp.gob.mx/INGRESOS/Paginas/leyIngresos.aspxy http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp

5 Inegi. En:

http://internet.contenidos.Inegi.org.mx/ contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvInegi/productos/integracion/ estd_perspect/sep_2014/camp/702825060374.pdf

6 Inegi En:http://www.Inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default. aspx

7 Inegi: En: http://www.Inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx

8 Inegi. En: http://www.Inegi.org.mx/sistemas/bie/ cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=833&c=27571

9 Sedesol. En: http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Empleo_ Temporal_PET

Senado de la República, a 28 de octubre de 2015.— Senador Óscar Román Rosas González.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que incremente en una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de egresos para el Ejercicio 2015.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16, Medio ambiente y recursos naturales, a efecto de que se incremente en una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 70% del territorio nacional está cubierto por ecosistemas forestales (Inegi 2011). En los ecosistemas forestales habitan más de 11 millones de personas en pobreza y marginación (Pronafor 2014-2018). El 28% de las comunidades forestales son indígenas, también se asocia dentro del sector a 43 etnias y 23,111 ejidos y comunidades de los cuales 8,420 poseen bosques y selvas (CEFP 2008). Lo anterior se traduce en la posibilidad de sustraer de la pobreza a más de 11 millones de personas mediante el manejo sustentable de los bosques. La pobreza y hambre que viven las personas de este sector ocasiona presiones sobre el recurso forestal degradándolo (cambio de uso de suelo, tala clandestina, incendios forestales, etc.). El desarrollo forestal conserva y restaura los recursos naturales que son clave para el desarrollo rural y el combate contra la pobreza y el hambre. La inversión en el sector forestal mexicano a través de plantaciones forestales, así como en hacer más eficiente la producción silvícola, reducirá la presión sobre las áreas naturales protegidas, evitará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y desarrollará la economía nacional.

Anualmente, México importa 7, 749 millones de dólares en productos forestales, exportando solamente 1, 829 millones de dólares, generando un déficit en la balanza comercial de - 5, 919 millones de dólares (Semarnat 2013). La situación anterior se presenta a pesar de que en México hay 119 millones de hectáreas con potencial de producción forestal (Pronafor 2014-2018) y 11.04 millones de mexicanos que podrían encontrar una fuente de sustento en el manejo forestal sustentable. México tiene todas las condiciones para abastecer su propio mercado. Además, el agua usada en la agricultura y en zonas urbanas proviene de zonas forestales, estas últimas, a su vez, prestan servicios ambientales que coadyuvan en la lucha contra el cambio climático.

El desarrollo forestal debe ser una prioridad nacional ya que este sector trasciende en la calidad de vida de más de más de 11 millones de personas, tiene la capacidad de detonar economías locales y mejorar la economía nacional. El buen manejo de los bosques asegura que estos recursos como factor del desarrollo rural se perpetúen y estén a la disponibilidad de las próximas generaciones de mexicanos. Investigaciones en bosques mexicanos (Jardel et al. 2002), o los estudios elaborados por Markku Kanninen (Premio Nobel 2007), entre otros, señalan que el manejo forestal es considerado como una actividad que integra la producción sostenible de recursos y productos forestales con la conservación y restauración de los ecosistemas forestales, bajo una perspectiva económica viable y socialmente justa y equitativa; demuestran que las comunidades que aprovechan sustentablemente sus recursos, los conservan mejor.

Actualmente se ha logrado incentivar la inversión de la industria privada en el medio y se ha comenzado a revertir el déficit en la balanza comercial y en la producción forestal, además, el Plan Nacional de Desarrollo contiene metas específicas en cuanto a incrementar la productividad y la restauración de zonas forestales. Se estima que se ha reducido la pobreza en el medio y se han incrementado las plantaciones comerciales. Sin embargo el presupuesto destinado al sector forestal sigue siendo insuficiente para alcanzar las metas y para revertir la pobreza rural del medio.

El sector forestal es uno de los principales actores que realizan acciones para la contención del cambio climático y para el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha contraído en materia de medio ambiente. México ha alcanzado reconocimiento internacional por estas acciones.

Sector forestal dimensionado en el rubro social, económico, ambiental e internacional

Social

En México hay 8 mil 420 comunidades forestales (Conafor 2015), 43 etnias compuestas de alrededor de 5 millones de individuos. En el Sector Forestal habitan 11.04 millones de mexicanos en pobreza y marginación. El sector forestal está estrechamente ligado con el desarrollo rural, en el año 2010, 22.2 por ciento de la población total de México fue catalogada como población rural, lo cual quiere decir que 22.2 por ciento de la población depende de los recursos naturales directamente (Inegi 2010) y por lo tanto los recursos naturales dependen de esta población.

En México hay una estrecha relación entre los recursos naturales y las poblaciones rurales. Por ejemplo, 19 millones de habitantes usan la leña como combustible único para cocinar (Inegi 2004 citado por Masera y Díaz 2005). Con un consumo diario per cápita estimado en 3 kg de leña, se puede inferir que en México, los más pobres consumen al día 57, 000 toneladas de leña.

El agua usada en las comunidades para uso agrícola, proviene de zonas boscosas, Salati y Nobre (1992) demostraron que hasta 50 % de la precipitación de su región de estudio proviene de la evapotranspiración de sus mismos bosques. Además las zonas boscosas recargan los mantos acuíferos de los cuales las zonas urbanas obtienen agua.

Existen pocos ecosistemas terrestres que se acerquen a los bosques y selvas en términos de la gran variedad y número de servicios ambientales que proporcionan a la sociedad (Daily, 1997). Sin embargo, la pobreza y marginación existentes en zonas forestales ocasionan una fuerte presión social sobre los recursos naturales: cambio de uso de suelo para agricultura de temporal y ganadería extensiva (que degradan el recurso y mantienen en la pobreza a las comunidades); tala clandestina, incendios, etc. La tasa de deforestación promedio anual es de 150 mil hectáreas anuales (Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2014-2018).

Una de las principales causas de cambio de uso de suelo es la agricultura de temporal, lo que degrada el recurso y mantiene sumidas en la pobreza a las comunidades rurales. La gravedad de lo anterior se magnifica si se considera que una hectárea de agricultura de temporal no genera económicamente lo que un solo árbol aprovechado sustentablemente.

El desarrollo forestal sustentable, permite a las comunidades conservar mejor sus recursos naturales y un desarrollo económico muy superior a los ingresos por agricultura de temporal o ganadería extensiva.

Económico

Después de 30 años se ha logrado incentivar la inversión de la industria forestal y en plantaciones forestales comerciales en México y se ha comenzado a revertir el déficit en la balanza comercial y en la producción forestal. El Plan Nacional de Desarrollo contiene metas específicas en cuanto a incrementar la productividad y la restauración de zonas forestales, sin embargo el presupuesto destinado al sector forestal sigue siendo insuficiente para alcanzar las metas y para revertir la pobreza rural del medio y conservar los recursos naturales.

Comparado con otros sectores vinculados con el desarrollo rural y la producción primaria, el sector forestal es el que recibe menos inversión, a pesar de su importancia social, económica y ambiental y de ser fuente de materias primas y servicios ambientales para los demás sectores.

A pesar de la gran riqueza en recursos naturales, y de que la nación destina miles de millones de pesos en importación de productos de origen forestal (papel, productos de madera, resinas, materias primas, etcétera), existe gran pobreza entre los poseedores de la enorme riqueza de los recursos naturales y tenemos una balanza comercial deficitaria de casi 6 mil millones de dólares.

Se destina una cantidad enorme de dinero a la importación, cuando tenemos todas las condiciones naturales para abastecer nuestro propio mercado. Habría un mayor desarrollo canalizando recursos económicos a la modernización de la industria forestal en México, los sistemas de aprovechamiento forestal sustentable, la educación forestal y ampliar los sistemas de producción silvícola y el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

En el 2013, el valor de la producción forestal fue de 7, 130 millones de pesos. Lo que equivale a 419 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10.9% con respecto al 2009. Por lo que en caso de impulsar mejor la productividad, se pueden obtener mejoras notables en el corto y mediano plazo en la economía rural y nacional.

El valor de la producción no maderable (resinas, tierra de monte, recolección de hongos, gomas, ceras, etc.) fue de 467.4 millones de pesos, aproximadamente 27.5 millones de dólares (ídem).

A pesar de todo el potencial, el sector forestal solamente representa el 0.3% de acuerdo al valor del PIB nacional (ídem).

Ambiental

El 33% del territorio nacional tiene bosques y selvas, es decir 64.8 millones de hectáreas (INEGI 2011) y el 70% del territorio nacional es de vocación forestal.

México es el cuarto lugar entre los 17 países denominados mega diversos del mundo. Entre 10 y 12% de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio sumando más de 200 mil especies. Las áreas forestales son hogar de innumerables especies de flora y fauna. Por ejemplo, se estima que los bosques templados contienen cerca de 7,000 especies de plantas. México contiene el 50 % de especies de pinos del mundo y cerca del 33% (200 especies) de encinos (Conabio 2015).

Los bosques son zonas de recarga para los acuíferos de donde se extrae agua de consumo humano, pero además contribuyen a mejorar la calidad de esta agua y de ecosistemas riparios y lacustres.

La presencia de vegetación impide la pérdida de suelo, representando así un factor de suma importancia contra la desertificación de ecosistemas.

Internacional

El Sector Forestal es el más elemental en los compromisos internacionales de México en materia de medio ambiente, como es el combate al cambio climático y la implementación de la estrategia REED+. En la actualidad México cuenta con reconocimiento internacional por las acciones emprendidas para atender los compromisos en materia ambiental.

Algunos otros compromisos internacionales que México ha hecho y para los cuales, el desarrollo del sector forestal mexicano es factor fundamental para cumplirlos (Pronafor 2014-2018):

• Convenio Internacional de Maderas Tropicales 2006.Ratificado 29 de enero de 2007.

• Instrumento Jurídicamente No Vinculante Sobre Todos los Tipos de Bosques .Resolución 2007/40 del 17 de octubre del 2007 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

• Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (1993).

Comisión Nacional Forestal

Por la importancia económica y social que el dinamismo del sector forestal representa para México, se creó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2001, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su objeto, conforme al artículo 3° de dicho Decreto, es: “...desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable”. La misión de Conafor es elevar el nivel de productividad y de competitividad de la cadena forestal, impulsando así un crecimiento con calidad en las zonas urbanas y rurales (Conafor 2006).

Para efectos presupuestarios, Conafor es unidad responsable en términos del artículo 2° fracción LVII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A partir de un análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación en los años 2012 a 2015, incluido el monto del proyecto de Presupuesto 2016, próximo a aprobarse, se advierte la tendencia de crecimiento de los recursos asignados para este organismo, tal como se muestra en la tabla 1 e imagen 1.

Como se puede apreciar, de 2015 a 2016 el crecimiento porcentual es de sólo 0.6 por ciento, muy por debajo al promedio de crecimiento del periodo 2012 – 2015 de 4.6 por ciento.

Es necesario invertir en el desarrollo forestal que está estrechamente ligado con el combate a la pobreza y al hambre además de a la conservación de los propios recursos naturales.

La inversión en este sector debe asegurar que el sector se desarrolle de acuerdo a los objetivos sexenales planteados en el Programa Nacional Forestal 2014-2018 (Pronafor 2014-2018), mostrados en la tabla 2

Un incremento en el monto destinado para Conafor, del Ramo 16 Medio Ambiente será un factor preponderante que posibilite las metas del Pronafor, el cual:

1. Es congruente con el Programa Nacional de Desarrollo (PND) en su meta “México Próspero” cuyo objetivo es impulsar un incremento verde incluyente que preserve nuestro patrimonio natural y genere riqueza y su vez obedece a los objetivos 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país” , 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” y 4.11 “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama en el país”

2. Se alinea al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT 2013-2018) a través de los siguientes objetivos: recuperar la funcionalidad de las cuencas (que se recuperan a través del desarrollo forestal y rural ), Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, mediante el desarrollo y ejecución de una estrategia nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de bosques y selvas (Redd+), Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, entre otros.

3. El incremento para la unidad responsable en cuestión es para impulsar el desarrollo forestal pero trasciende al desarrollo económico y social, principalmente de comunidades indígenas y rurales.

Se debe considerar que el incremento de 41.2 por ciento representaría un monto total asignado de 11 mil millones. Si se considera que esta inversión ayudaría a eliminar la pobreza de más de 11 millones de personas del sector forestal, esto representaría una inversión de menos de $1, 000 moneda nacional per cápita que además de combatir la pobreza y el hambre, ayudaría al desarrollo rural, la economía nacional y la protección de nuestros recursos naturales.

La efectividad de la inversión ya se ha comprobado anteriormente: cuando la Conafor se creó, el número de personas en pobreza y marginación era más de 12 millones (Semarnat 2001), a pesar del limitado presupuesto con el que cuenta la institución, se ha logrado ejercer el manejo forestal sustentable, sacando de la pobreza a aproximadamente un millón de personas.

En el año 2013, con un aumento presupuestal en el sector de 1.8 por ciento con respecto al año anterior, el valor de la producción forestal aumentó 0.2 por ciento (Semarnat 2013).

Mantener una tendencia creciente en la inversión del sector forestal significa conservar la dinámica de crecimiento que presenta este en ciertas áreas y propiciar que las metas sexenales forestales se logren.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16, Medio ambiente y recursos naturales, a efecto de que se incremente en una tasa equivalente al 41.2 por ciento respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015.

Bibliografía:

CEFP 2008.Gasto Programable de la Comisión Nacional Forestal y Distribución de Apoyos Asignados por Proarbol 2007-2008. Distrito Federal.

Disponible en:

www.cefp/045/2009.gob.mx

Conabio 2015.Biodiversidad Mexicana.

Disponible en:

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ bosqueTemplado.html

Conafor 2006. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal. Unidad de Asuntos Jurídicos.

Disponible en;

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/ 303Estatuto%20Org%C3%A1nico%20de%20la%20Conafor.pdf

Conafor 2015. Boletín 160 “Conmemora la Conafor el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas”. Zapopan, Jalisco.

Disponible en:

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/ 6439D%C3%ADa%20Internacional%20de%20las%20Poblaciones%20Ind%C3%ADgenas.pdf

Daily, G.C. 1997. Nature’s services: Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Nueva York, EUA. 392 p.

Jardel P., E. J., S. H. Graf M. y M. Gómez 2002. Manejo forestal comunitario y conservación en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. V Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Asociación Mexicana para la Conservación de las Áreas Naturales Protegidas A.C. y Gobierno del Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco,

México, 17-20 de octubre de 2002.

Inegi 2011. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Serie V. Aguascalientes, Ags.

Inegi 2010. Volumen y crecimiento. Población total según tamaño de localidad para cada entidad federativa, 2010.

Disponible en:

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/ rur_urb.aspx?tema=P

Masera O y Díaz R. 2005.Programa para el Uso Sustentable de la Leña en México: De la construcción de estufas a la apropiación de tecnología.

Disponible en:

http://www.conanp.gob.mx/dcei/entorno/images/ agos206/pdf24/intprogr6088c.pdf

Salati, E. y C.A. Nobre. 1992. Possible climatic impacts of tropical deforestation. Climate Change. 19:177-196.

PPEF 2016.Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Disponible en:

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF/R16-II

Programa Institucional Conafor 2014-2018. DOF.

Disponible en:

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/ 5381Programa%20Institucional%20de%20la%20Conafor%202014-2018.pdf

Programa Nacional Forestal 2014-2018.DOF.

Disponible en:

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/ 5382Programa%20Nacional%20Forestal%202014-2018.pdf

Promarnat 2013-2018.DOF.

Disponible en:

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/ PROMARNAT%202013-2018.pdf

Semarnat 2001. DECRETO por el que se crea la Comisión Nacional Forestal. DOF.

Disponible en:

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/ 302Decreto%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20la%20Conafor.pdf

Semarnat 2013. Anuario Estadístico de la Producción Foresta 2013. Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. México, D.F. pp.230

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2015.— Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben, senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I,164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, como parte de los proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, el proyecto ingresado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, con número de Folio 00000375, denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, con un monto solicitado por 14 millones 198 mil 800 pesos (catorce millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N).

Consideraciones

La UNESCO durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales que se realizó en México en 1982, declaró que “la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 2 que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con integridad”; y que “esta acción deberá incluir medidas: a ) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b ) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;...”

Por su parte, el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

... IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

La poesía como “manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa” tiene vida propia en los pueblos indígenas y no sólo en México, sino prácticamente en todo el mundo.

Partiendo de esta premisas jurídicas y conceptuales, las y los suscritos recibimos el 27 de octubre del año en curso, en el recinto de este Senado, al Comité Organizador del “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”; evento que se tiene proyectado para los días 17 a 22 de octubre de 2016 en la Ciudad de México y en Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y estado de México. De este evento puede destacarse lo siguiente:

Que este Primer Encuentro se realizará en México, debido a que por más de 20 años, nuestro país se destaca porque ha venido promoviendo el desarrollo de la literatura contemporánea de sus lenguas originarias, de tal manera que actualmente es un referente a nivel internacional; varios de los escritores de las diversas lenguas de México han participado en recitales de poesía en diversos países del mundo. Además cuenta con eventos culturales como el Recital de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor de la UNAM, el Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y el Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de América de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Será un Encuentro de voces, sueños, esperanzas y aspiraciones; un espacio para compartir las diversas visiones sobre el origen y destino del mundo, a través de la creación poética que surge desde las raíces y el corazón de nuestros pueblos.

Se reunirán 80 poetas de los distintos pueblos originarios del mundo, representativos de los 5 continentes, en la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, durante 6 días, para llevar a cabo distintas jornadas literarias con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la crisis ambiental que vive el planeta a través de las diferentes manifestaciones poéticas de los pueblos originarios en un encuentro mundial.

Para financiar este encuentro, se encomendó como organismo responsable a la asociación civil denominada “Fundación Cultural Macuilxochitl” que presentó el 28 de octubre del año en curso, ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, un proyecto de “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, con un presupuesto solicitado por 14 millones 198 mil 800 pesos (catorce millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N).

Por lo expuesto, las y los suscritos determinamos proponer al Pleno una proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, encargada de realizar el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y cuyo plazo para su aprobación vence el 15 de noviembre próximo, la inclusión de este proyecto en este Presupuesto como parte de los recursos destinados a proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, como parte de los proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, el proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, ingresado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, con folio 00000375, con un monto solicitado por 14 millones 198 mil 800 pesos (catorce millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N).

Notas:

1 http://www .unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/Fuente consultada el 28 de octubre de 2015.

2 http://dle.rae.es/?w=poes%C3%ADa&o=h

Fuente consultada el 29 de octubre de 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, octubre de dos mil quince.— Senadores: Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa, René Juárez Cisneros (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, Blanca Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Martha Elena García Gómez presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dar inicio al programa integral de prevención y control de cáncer en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del “Ramo 12” del sector salud.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Las que suscriben, senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Juana Leticia Herrera Ale, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todas senadoras de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República y someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El acceso a los servicios de salud en el país es un derecho universal establecido en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablando en particular del tema del cáncer, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) La incidencia de cáncer a nivel mundial podría aumentar en 50 por ciento para el 2030.

El motivo del incremento está relacionado con las dinámicas poblacionales de envejecimiento de la población mundial, así como de la baja efectividad de los programas para prevenir estilos de vida no saludables y control de adicciones como tabaquismo y consumo de alcohol.

En México la situación y proyección no son distintas. La mortalidad nacional al año 2013 estuvo ubicada como la tercera causa de muerte entre los mexicanos con 12.8 por ciento del total de las defunciones, sólo por debajo de las enfermedades cardiacas (24.3 por ciento) y la diabetes mellitus (14.3 por ciento). Del total de las muertes por cáncer el 45.5 por ciento de las muerte por cáncer corresponde a la población en edad de trabajar (15-64 años) y 54.6 por ciento a población mayor a esta edad.

La tasa de mortalidad por cáncer por cada 100 mil habitantes se incrementó de 58.7 en el año 2000 a 65.1 para el 2013. Dichas tasas de mortalidad mostraron que para este período, los cánceres de hombres próstata, pulmón y de estómago, ocuparon los tres primeros sitios. Por su parte, para la población de mujeres los más altos fueron el cáncer de mama, cérvico uterino y estómago.

En materia de gasto público en Salud, éste está contenido y distribuido en el Proyecto de Egresos de la Federación en varios ramos, como Administrativos, Autónomos, Generales y en el de las Entidades no Coordinadas. Debido a que la salud se encuentra sectorizada y abordada desde diferentes institutos como el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y demás entidades federativas, es complejo que estén plasmados lineamientos únicos nacionales para el ejercicio del gasto en salud, más allá de los ejes plasmados en el Plan Sectorial de Salud. Por tal motivo, salvo el caso del VIH/SIDA, no hay programas asignados para la atención de algún padecimiento en general y es atribución de las diferentes unidades e instituciones médicas, asignar dichos recursos de acuerdo a sus planes e informes anuales.

En cuanto al Ramo 12 en Salud observamos que en el presupuesto dispuesto para el año 2016 se tiene contemplada una reducción de poco más de 5 mil 100 millones de pesos. Si bien esta decisión de recortar en Salud obedece a la implementación del “Presupuesto Base Cero” a través de la reducción del gasto administrativo y la fusión de funciones duplicadas, los ahorros previstos pueden y deben derivar en una política de salud más completa, organizada y transparente que se traduzca en más y mejor salud para los mexicanos.

En esta lógica y a fin de garantizar una atención integral de cáncer, que contemple prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y control de la enfermedad, con el objetivo de disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer, es importante que existan políticas públicas con asignación presupuestal específica, que permitan un uso eficiente y transparente y homologado de los recursos para la prevención, diagnóstico, control y tratamiento de las neoplasias en el país.

La situación creciente de cáncer como problema de la salud pública en el país hace imperativo que exista un programa nacional que atienda de manera integral la enfermedad en sus múltiples aproximaciones: prevención, detección temprana, atención adecuada y oportuna, y control de la enfermedad con calidad de vida.

En este sentido, el pasado 23 de octubre de 2014, en el marco de la Inauguración de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), el Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto dio la instrucción a la Secretaria de Salud Federal, Dra. Mercedes Juan López de crear el Programa Integral para la Prevención y Control de Cáncer en México, mismo que ya se venía trabajando tiempo atrás, pero en este último año los especialistas del Incan se dieron a la tarea de concretar el documento que hoy se encuentra solamente a la espera de contar con los recursos que le den viabilidad y garanticen su ejecución.

El Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer es la respuesta concreta para atender la tercera causa de mortalidad de los mexicanos y que atendiendo a las tendencias, se estima que para el 2020 de no existir intervenciones de prevención y diagnóstico oportuno, el costo macroeconómico indirecto de los cánceres alcanzará 30 mil 871 millones de pesos por muerte prematura, subsidios por incapacidad temporal o permanente y costo de oportunidad de los cuidadores del paciente; mientras que estos mismos costos indirectos para la población económicamente activa como ingresos perdidos por muerte prematura, subsidios temporales o permanente y por costo de oportunidad será de 19,884 millones de pesos para el 2020.

Hasta ahora no existía en México un programa nacional que hiciera frente al problema del cáncer de manera coordinada y efectiva. Ahora ya está listo el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México cuyo propósito es que, de ser ejecutado cuanto antes, para el 2020 ya exista la capacidad para ofrecer prevención adecuada, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos que brinden a la población en riesgo y a pacientes con cáncer una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida. Para llegar a ello el programa contempla 7 objetivos muy concretos:

1. Educación e información sobre el cáncer y prevención primaria a la población

2. Reducir la incidencia y mortalidad del cáncer

3. Mejorar la tasa de supervivencia de los enfermos con cáncer

4. Hacer accesible y universal el tratamiento óptimo contra el cáncer.

5. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y la de sus familiares

6. Definir prioridades en la investigación del cáncer

7. Apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

La atención del cáncer no puede esperar, es una lucha contra el tiempo, es por ello que debe ser implementado cuanto antes el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México.

Derivado de lo anterior es que el objetivo de la proposición es: Que se designe una partida presupuestal específica que garantice la ejecución inicial del Programa, con lo se generará el bienestar en salud, así como importantes ahorros acorto plazo.

Por los argumentos debidamente fundados y expuestos con anterioridad, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República en el marco de la Inauguración de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a efecto de dar inicio al Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del ramo 12 del sector salud.

Notas:

1 Cancer Incidence and Mortality Worldwide: Lyon International Agency for Research Cancer, 2011 (IARCCancerBase No 10). Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Researchon Cancer; 2013. Disponible en: http://globocan.iarc.fr, acceso el 12/12/2013.

2 Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud–SINAIS, cubos dinámicos. Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx . “

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de octubre de 2015.— Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza (rúbrica), Itzel Ríos de la Mora (rúbrica), Anabel Acosta Islas, Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Martha Elena García Gómez, María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia, Héctor Yunes Landa, senadoras y senador integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95,103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, a establecer una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional, con base en las siguientes:

Consideraciones

La Ley General de Protección Civil establece que el Sistema Nacional de Protección Civil “es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.

El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.”

La misma Ley nos indica las dependencias y entidades de la administración pública federal que integrarán el Sistema Nacional. Entre estas, se encuentra el Cuerpo de Bomberos que funciona en distintas entidades y municipios, con la finalidad de dar respuesta principalmente a los incendios que se suscitan en inmuebles, bosques, etcétera, causando pérdidas materiales y humanas que impactan en la vida diaria de nuestro país, además de atender emergencias causadas por diversas índoles, salvando con ello vidas humanas y de seres vivos.

En México, el Heroico Cuerpo de Bomberos (carácter que le fue concedido por decreto presidencial en 1951) tiene sus orígenes en la ciudad de Veracruz, donde se fundó el primer Cuerpo, funcionando desde hace más de 100 años al servicio de los ciudadanos.

Lamentablemente y a pesar de las importantes labores que realiza, el Cuerpo de Bomberos desempeña sus funciones con muy escasos recursos, careciendo incluso de una normativa que regule sus tareas y que en la misma forma le asigne un presupuesto estable y suficiente, a pesar de que la Ley General de Protección Civil mencionada anteriormente los incluya en el Sistema Nacional de Protección Civil.

Estas condiciones hacen que nuestros Bomberos trabajen con equipo insuficiente y/o en un estado que no es el ideal para sus importantes labores diarias.

En ese sentido, en el Foro “Retos y Perspectivas de los Bomberos en México” realizado el jueves 6 de noviembre del pasado año 2014, Senadores de diversas fracciones parlamentarias nos reunimos con integrantes del Cuerpos de Bomberos de diversas entidades con el fin de escuchar sus casos y las solicitudes que les gustaría realizar a los legisladores. De esta mesa de trabajo se pudieron extraer algunas situaciones en las que trabajan los bomberos, como lo es que los patronatos que se crearon para apoyar a su trabajo ya no pueden hacerse cargo de los sueldos y/o apoyos; los municipios en los que laboran ya no pueden asumir el coste de los sueldos; así como casos en lo que los bomberos trabajan sin remuneración alguna.

Lo anterior, como lo mencionamos anteriormente, a causa de una falta de una personalidad jurídica de los bomberos y a causa de una carencia de presupuesto fijo, o de un financiamiento insuficiente a través de patronatos y ayudas provenientes del sector público o privado.

Por otro lado, un considerable número de cuerpos de bomberos queda bajo los presupuestos de los ayuntamientos, y muchas veces quedan bajo la dirección de protección civil municipal, dirección que en muchas veces posee un presupuesto bastante limitado que no permite realizar sus actividades de manera adecuada.

En ese tenor, el pasado martes 8 de septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, entregó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el cual contiene la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016.

Las suscritas consideramos conveniente establecer una partida dedicada al presupuesto de los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, dentro del ramo de Protección Civil en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016.

Nuestros bomberos merecen un trato digno y respetuoso, con una remuneración justa y un presupuesto que solvente sus gastos con la finalidad de tener el equipamiento, capacitación, remuneración y prestaciones necesarias para continuar su trabajo, salvaguardando la integridad de todos los ciudadanos y de nuestras familias.

En mérito de lo expuesto, solicitamos a esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, con la finalidad de que en la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, se establezca una partida presupuestaria dentro del ramo de Protección Civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional.

Senadoras: Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza (rúbrica), Itzel Ríos de la Mora (rúbrica), Leticia Herrera Ale (rúbrica), María Elena Barrera Tapia, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), senador: Héctor Yunes Landa (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García Gómez, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García Gómez, senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrante de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el honorable Senado de la República, exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto, al tenor de las siguientes consideraciones:

Diversas son las razones por las cuales niñas, niños y menores de 18 años de edad en México se encuentran hoy en día viviendo en albergues públicos y privados, sin embargo la situación física y jurídica de estos establecimientos es impredecible, pues operan sin normatividad uniforme, bajo una supervisión no estandarizada con recursos que no son auditables ni se conoce su procedencia, bajo la conducción de personas que no han pasado por ningún examen de idoneidad y con un registro – donde lo hay- poco confiable; por mencionar una cifra, por lo menos 25,700 niños a nivel nacional en situación de vulnerabilidad son atendidos por este tipo de estancias de acuerdo a diversos estudios.

En México a finales del 2013 se tenía registro de 25 mil 700 niños en situación de abandono, orfandad o que están separados de sus padres según datos proporcionados por el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF)

La cifra aumentó durante el 2013, puesto que para el año anterior se tenía registro de 17 mil 522 menores de edad en esa situación los cuales se ubican en albergues públicos y privados a los largo del país, lo que se traduce en un aumento del 46.67 por ciento.

De entre los menores que se ubican en estos centros en el país, al menos 11 mil 1981 se encuentran ahí por razones de abandono o por maltrato por parte de los padres. 199 por orfandad, 99 por crimen organizado y 16 mil por ingreso voluntario o por disposición del Ministerio Público o tráfico de menores.

De la misma forma trasciende que de los más de 25 mil, 12 mil 869 son niñas y 12 mil 831 niños. Se conoce que el gobierno federal destinó 39 912 mil 500 pesos de subsidios para los 922 centro de acogida que existen en el país, 117 de ellos administración por el Estado y 805 de manera privada.

Desde hace 30 años aproximadamente, debido al número en aumento de menores desamparados, así como por falta de presupuesto e infraestructura, el gobierno federal realizó convenios con organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada para la gestión y manutención de albergues, sin embargo no atendió debidamente su superación y a lo largo de estos años no se tiene un control sobre sus características, no si se cumplen con los mínimos que garanticen condiciones de especialización y dignidad.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por su parte, ha planteado un panorama desalentador, puesto que ubica a más de 400 mil niños y adolescentes en México en situación de abandono, y de ellos tan solo 30 mil están ubicados en alguna institución.

Es impostergable que el Estado Mexicano y la sociedad en general optimicen la operación de este tipo de establecimientos, a través de una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios, así como mejoras legales orientadas con normas internacionales y nacionales ya existentes.

Pese a la existencia de la NOM-032-SSA3-2010, sobre Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad que tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Se debe recordar que diversas han sido las situaciones oprobiosas que han impactado a la sociedad mexicana, las cuales han demostrado el vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación de los establecimientos públicos y privados que dotan a personas menores de edad de asistencia social.

Casos sobre irregularidades encontradas en albergues sobran. Enumeramos algunos: En el año 2008, 15 menores de edad fueron sustraídos de la casa hogar “Casitas del Sur. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en enero de 2009 cateó y aseguró dos inmuebles del albergue, de donde 126 menores fueron rescatados.

Un mes después, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia ciudadana en la que se “narraba el tráfico de menores de edad de la casa hogar “Casitas del Sur”, así como hechos similares en el Centro de Adaptación e Integración Familiar (CAIFAC), en Monterrey, y en la casa hogar “La Casita”, en Cancún”.

El 17 de junio de 2014 las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos de su director.

Ese mismo año, el caso de “Mamá Rosa” evidenció mediante una orden de cateo, al ingresó del albergue, un cúmulo de numerosas y graves irregularidades que son inscritas en la falta a la ley, corroboradas por las condiciones deplorables en las que se encontraban viviendo los albergados, principalmente menores de edad.

En este último caso, la PGR ha documentado ampliamente la comisión de delitos graves en contra de personas menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos mayores que ingresaron a este lugar siendo niños.

Los casos anteriores permiten conocer un escenario en el cual no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de establecimientos, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados los mismos y que convierte a las niñas, niños y adolescentes en víctimas de tratos crueles e inhumados y tortura.

Ante este escenario, el Estado está obligado a cumplir con lo establecido primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo y protegiendo los derechos de todos los mexicanos, y en este caso, de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad que hoy en día viven en algún tipo de albergue, pero que sin embargo la mayoría de los mismos se encuentran en situaciones precarias, sin un registro oficial y violando las garantías de los mismos.

A nivel internacional se ha garantizándola protección de los derechos de la niñez, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) instrumento internacional para establecer que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han firmado, incluido México que ratificó la Convención en septiembre de 1990.

Con la CDN, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios de protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho. México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

La CDN define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

A nivel nacional, el marco jurídico de protección a este sector de la población se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo sexto, en el que se establece lo siguiente:

Artículo 4º... “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

A partir del 2014, se promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano forma parte.

El principio del interés superior de la infancia abarca todas y cada una de las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Dentro del objeto de la Ley se incluye el mandato para crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de sus derechos cuando estos hayan sido vulnerados; al igual que la obligación de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia.

Sin embargo y a pesar de que en la mencionada Ley, en su artículo 109, se establece que:

Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

El Estado ha sido omiso en su obligación de proteger a la niñez frente a una problemática creciente de crimen, orfandad, maltrato y abuso, situación que se agrava porque tampoco supervisa o regula la actividad en los albergues a los que envía a miles de menores para su cuidado.

En la misma Ley en su artículo 111, se señalan las obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social, entre las que destacan: “Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa”.

Se requiere en lo inmediato que el gobierno federal actualice el único censo de menores albergados que se ha realizado en el país. En 2011, cuando se llevó a cabo ese conteo, existían cerca de 20,000 niños en más de 600 establecimientos asistenciales.

En esas instituciones se atiende a la infancia que ha sufrido maltrato, abandono, violencia familiar o abuso sexual, es decir, menores que han visto vulnerados sus derechos humanos y que, lamentablemente, en casos como el de La Gran Familia han sido revictimizados por quienes debían protegerlos.

De hecho, Naciones Unidas revela que los niños institucionalizados tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir abuso sexual en comparación con aquellos que tienen acceso a alternativas de protección basadas en la familia.

El caso que hoy nos ocupa se refiere al rescate por parte de la Fiscalía Estatal de Oaxaca de 24 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en la casa-hogar “Hijos de la Luna”; y la consignación de cuatro directivos de ese albergue por delitos graves que no alcanzan fianza.

Los diversos tipos de violencia que padecieron estas niñas y niños a manos de los responsables de la casa-hogar van desde abuso sexual infantil y violación equiparada agravada hasta violación física y psicoemocional, razón por la que los probables responsables alcanzarían penas de 9 a 35 años de cárcel.

En el operativo se puso a salvo a 10 niñas y 14 niños, quienes quedaron bajo el resguardo del Sistema DIF Oaxaca, en tanto se realizan valoraciones médica y psicológica, ya que varios de ellos refieren abusos por parte de María del Socorro Ramírez González, Mamá Coco; Aarón Iván Larracilla, José María Larracilla Ramírez y José Pastor Larracilla Carranza, conocido como Papá Pastor.

La situación de los albergues para niñas, niños adolescentes migrantes, es otro de los puntos más vulnerables del sistema de protección a la niñez, en ellos al igual que los centros de asistencia social, padecen de una problemática específica que a raíz del incremento de las detenciones de menores migrantes en el lapso de 2013 al 2014, desembocó en una crisis humanitaria.

La ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece todo un Capítulo -el Décimo Noveno- relativo a la niñez migrante, en el que contiene una serie de medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

De acuerdo con los artículos transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 3 de junio venció el plazo de 180 días naturales para que los Congresos locales adecuaran la ley, que entró en vigor el 5 de diciembre y contiene un capítulo sobre la protección a niños migrantes.

El DIF informó el 2 de junio, un día antes de vencer el plazo, que sólo son 12 los estados que han armonizado la Ley: Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.

Pero en los estados con más afluencia de migrantes, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, no se ha iniciado el proceso de armonización de la ley. El gobierno federal tampoco ha cumplido con la publicación del reglamento que tenía como plazo 80 días naturales desde la publicación de la Ley, que vencía el 23 de febrero. El DIF informó el 2 de junio se publicó el anteproyecto de Reglamento en una página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el cual podrá ser consultado por la sociedad civil y personas interesadas en el tema.

Estos datos nos permiten entender la magnitud del problema en la que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes mexicanos así como de otros países de Centroamérica, situación que merece una atención especial e integral por parte de las autoridades de nuestro país para poder dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Son responsabilidad y obligación del Estado Mexicano valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues, orfanatos y en cualquier otro espacio de asistencia social.

Es tiempo de hacer algo por este sector tan vulnerable de la población en el Estado Mexicano de ser omiso este estaría faltando a su compromiso internacional y nacional de proteger a los niños, las niñas y adolescentes.

En mérito de lo expuesto se sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.El honorable Senado de la República exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su obligación para llevar a cabo el Registro Nacional de todos los Centros de Atención de Asistencia Social, tanto públicos como privados a la brevedad y diseñar los protocolos que garanticen que su funcionamiento y sus responsables estén apegados a la ley en la materia.

Segundo.Se exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que esta pueda ser aplicada de manera eficiente en función del interés superior de la niñez.

Senadores: Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Elena García Gómez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, etiquete la asignación de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y protección al medio ambiente, a fin de que los programas dirigidos a las materias puedan ser efectivos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Las que suscriben senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, y el senador Jesús Casillas Romero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se etiquete la asignación de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y protección del medio ambiente, a fin de que los programas dirigidos a las materias puedan ser efectivos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es un dato ya conocido que para 2030 se estima que la población urbana total pasará de 71.6 por ciento a 83.2 por ciento, y como se ha mencionado durante nuestro quehacer legislativo, no podemos seguir invirtiendo para privilegiar el uso de vehículos automotores, cuando la gran mayoría de los mexicanos no lo tienen y se desplazan a pie.

Los ciudadanos necesitan banquetas para transitar con seguridad, más ciclovías, contar con un trasporte conectado, en el que el adjetivo no sea masivo, si no seguro y efectivo.

Distintas instancias, tanto gubernamentales como de la sociedad civil y académicas han manifestado que la prioridad en cuanto a la movilidad urbana sustentable es en este orden:

a) Peatones

b) Bicicletas

c) Transporte público

d) Transporte de carga

e) Autos y motos

Por lo que planificar el uso de los recursos públicos que atiendan las necesidades reales a partir de un destino razonable, permitirá dar prioridad a lo que más se necesita, ciudades humanas. Invertir en la movilidad urbana sustentable es invertir también en la seguridad.

En México, derivado de haber incentivado el uso de automotores, sin contar con educación vial e infraestructura para los peatones, ha contribuido a que los accidentes de tránsito sean la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Las ciudades y los países que apuestan al transporte motorizado privado, traducen su inversión en mayor congestión vial, que a su vez, provoca la necesidad de incrementar las inversiones en rubros de infraestructura, que en lugar de conectar, solo sirven para soportar la afluencia vehicular en el mejor de los casos.

Con la presentación de este punto de acuerdo, hacemos un llamado para que a partir de la construcción de las políticas públicas y la razonable asignación y posterior ejecución de los recursos, fomentemos el respeto mutuo entre todos los usuarios del espacio público, especialmente, de los más vulnerables, peatones y ciclistas.

La importancia de asignar recursos a través del rubro de infraestructura coadyuvará al mejoramiento de: 1) Intersecciones consideradas como inseguras; 2) Estaciones de transporte público: 3) Infraestructura ciclista e; 4) Infraestructura peatonal.

El Poder Legislativo omitió dotar de presupuesto a esta área durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este 2015. La Cámara de Diputados en la LXII Legislatura reconoció que “a pesar de que es un eje estratégico para el desarrollo del país, el PEF no contaba con una asignación para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable”.

En segundo término, exhortamos con respeto a la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se considere aumentar los recursos, que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deba asignar al “Fondo para el Cambio Climático” a fin de que se promuevan y ejecuten proyectos que con base en el desarrollo de la movilidad sustentable tengan como finalidad la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI).

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México (2014-2015), señala que los congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros urbanos, conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende de la salud de la población. La emisión de GEI es provocado en un 20. 4 porciento por el sector del transporte, de este porcentaje el 16. 2 proviene exclusivamente del subsector automotor, en su mayoría por automóviles particulares.

La Estrategia Nacional del Cambio Climático señala en una de sus líneas de acción que en materia de Movilidad se debe:

1. Promover la evolución hacia sistemas de transporte público, seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible y cómodo al fortalecer la interconectividad regional y nacional con la generación de redes multimodales eficientes con el apoyo del gobierno federal, como parte de una política integral de desarrollo urbano y movilidad que reduzca los tiempos y distancias de viaje.

2. Generar incentivos, infraestructura programas para favorecer el transporte no motorizado, articulado dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios ambientales y de salud inmediatos.

Enfocar recursos bajo el eje de movilidad en el Fondo para el Cambio Climático, resulta idóneo cuando observamos que en el artículo 82 fracciones II y VIII de la Ley General de Cambio Climático se dispone que los recursos del Fondo se destinarán a:

“II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación adaptación al cambio climático incrementando el capital natural con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;

VIII. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.

El transporte, la movilidad y el cambio climático tienen una relación estrecha, a nivel mundial se señala que la mitad de las emisiones de GEI provienen del transporte en ciudades. Destinar recursos de forma eficiente y razonable contribuye a construir un mejor hábitat para todos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, dentro de la asignación correspondiente al Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se asignen recursos presupuestarios suficientes para el impulso a la movilidad a fin de que el “Programa de Impulso a la movilidad urbana (PMUS-007)” pueda ser efectivo en sus fines.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, se etiqueten recursos suficientes para el ejercicio del “Fondo de Cambio Climático” a fin de que se puedan generar proyectos de movilidad sustentables a nivel nacional con la finalidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Notas:

1 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014- 2018.

2 Movilidad Urbana Sustentable. CONUEE. Disponible en: http://www.conuee.gob.mx/pdfs/forosdetransoorte/01 EMUSSEDATU.pdf

3 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014- 2015. Disponible en:

http://www.onuhabitat.org/ Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Fi nal.pdf

4 IMCO. Invertir pera movemos. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Ivertir_para Movemos-Documento comoleto1.pdf

5 Comunicado. Cámara de Diputados Boletín No. 4540. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esI/Comunicacion/Boletines/2014/0ctubre/ 31/4540­Comision-de-Desarrollo-Urbano-avala-opinion-sobre-PEF -2015-solicitara-aumento-de-480-mdp

6 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014- 2015. Legislar para Transformar. Disponible en: http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20M exico%202014-2015%20-%20Final.pdf

7 Estrategia Nacional del Cambio Climático. Disponible en: http://iecc.inecc.gob.mx/uploads/documentos-descarga/6.pdf

8 Movilidad sostenible contra el cambio climático. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.ora/article15311.html

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2015.— Senadores: Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Blanca Alcalá Ruíz (rúbrica), Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Teófilo Torres Corzo, senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México enfrenta uno de sus mayores retos: “Fomentar la Productividad y Competitividad Laboral entre la población mexicana”. Hoy en día, somos testigos de la elevada cantidad de jóvenes y adultos que perciben que la educación no proporciona habilidades, competencias ni capacidades suficientes para una inserción y desempeño laboral exitosos; percepción, que ocasiona que gran número de ellos, no estudie ni trabaje.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica ( Inegi), durante el Segundo Trimestre del año 2015, 52.6 millones de personas mayores a 15 años, realizaron una actividad económica, participaron en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio; es decir, el 59.7% de la población total del país.

En el caso particular del estado de San Luis Potosí, la Tasa de Ocupación durante el mismo periodo, fue de 1 millón 117 mil 729 habitantes, mientras que la Tasa de Desocupación, señala que 32 mil 959 personas, buscaron trabajo sin encontrarlo.

Estas cifras demuestran que San Luis Potosí cuenta con una Tasa de Desocupación de 2.9, respecto a la media nacional, que es de 4.3; esto significa que posee una de las Tasas de Desocupación más bajas del país. Por tal motivo, debemos continuar impulsando a la sociedad potosina para que desarrolle en mayor medida sus capacidades laborales y personales, y se inserte exitosamente en el sector productivo estatal.

En ese contexto, el Gobierno del Estado creó el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí ( ICATSLP), que tiene como principal objetivo, formar estructuras de capacitación para los habitantes, que les permitan obtener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para dominar un oficio determinado.

Por ello y a fin de apoyar las actividades del Instituto, presento el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí; en razón a que los procesos de capacitación para y en el trabajo deben ser considerados como uno de los ejes centrales para atacar la pobreza y el desempleo que se presenta en algunas zonas de este estado.

La capacitación formal para el trabajo es el proceso educativo que permite adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desempeñar tareas que contribuyan al desarrollo personal y colectivo. Esta preparación se ofrece a adolescentes y adultos, a efecto de que puedan incorporarse productivamente al mercado laboral o bien, auto emplearse.

En 1989 la Secretaría de Educación creó el “Programa para la Modernización Educativa 1989-1994”, que en su Capítulo 5, apartado 2, contempló por primera vez la necesidad de diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de “ Capacitación Formal para el Trabajo”. En él, se dio origen a los Institutos de Capacitación que funcionarían de manera descentralizada y con la participación activa de los gobiernos estatales, así como de los representantes de los sectores productivos de las distintas ramas de la actividad económica.

En 1991 se crearon los primeros seis Institutos de Capacitación para el Trabajo en los estados de Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; política pública que ha sido adoptada por otras entidades federativas para dotar a su población de mayores y mejores elementos para que accedan al empleo formal de manera competitiva, y respondan a las necesidades del sector productivo y social. Este fue el caso de San Luis Potosí, que mediante Decreto del Ejecutivo Estatal en marzo de 1997, creó el primer Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí.

El ICATSLP es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que imparte e impulsa “capacitaciones para y en el trabajo”. Es decir, proporciona conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, a jóvenes y adultos con diverso nivel socioeconómico, situación laboral y grado de escolaridad, a fin de que se incorporen al sector productivo o generen un negocio propio.

Las capacitaciones que proporciona el ICATSLP, son herramientas que coadyuvan a los interesados a posicionarse en el sector productivo o realizar actividades remunerables, estables y socialmente útiles, que incrementen sus ingresos, impacten en mayor medida a su economía familiar e impacten positivamente en su calidad de vida, la economía estatal y el desarrollo nacional.

Actualmente, el ICATSLP participa de manera activa en proyectos emprendidos por los Clústeres Logístico y Automotriz de San Luis Potosí, con la Secretaría de Desarrollo Económico; de Comunicaciones y Transportes; del Trabajo y Previsión Social, así como con el Servicio Nacional de Empleo y empresas del Sector Automotriz y Logístico del Estado.

También imparte cursos de Capacitación Acelerada Específica en empresas como AGC Automotive México, ASI Employment, Contitech Mexicana, Cummins, Industria Vidriera del Potosí, Leiser, Mabe, Magna Automotive System, Remy Componentes, Robert Bosch México Sistemas Automotrices, Valeo Sistemas Eléctricos, entre otras.

De igual manera, quiero destacar la atinada decisión que la empresa BMW GROUP tomó para establecer su primera planta de manufactura avanzada en el Estado de San Luis Potosí, en donde el ICATSLP no sólo se constituye como el centro de formación inicial de la empresa, sino también como un participante activo del sistema de formación profesional dual, –en cooperación con diversas instituciones académicas–, similar al trabajo que se ha desarrollado desde 2008 con la empresa Toyota.

La matrícula del ICATSLP ha aumentado en los últimos años, ejemplo de ello es que durante el ciclo escolar 2014-2015, registró un máximo histórico de 73,260 personas capacitadas, colocándolo dentro de los 6 primeros institutos a nivel nacional, en este rubro.

Por lo anterior, en 2013 el Instituto logró la autorización para la Construcción de las oficinas de Dirección General, –formalizado a través del Convenio SEMS-ICAT/2013 para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de los servicios educativos a cargo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí–, con un monto base de $3,856,000.00; recurso que resulta limitado para el cumplimiento de las metas del proyecto.

A partir de esa fecha, se gestionó con los diversos órdenes de gobierno la donación de un predio para la construcción de dicha obra; pero, fue hasta el año de 2014 que se logró la autorización por parte de la honorable junta directiva del instituto para adquirir un predio con las características necesarias para las oficinas generales.

Así, en septiembre de 2015 se formalizó la adquisición del predio en la zona surponiente de la capital del Estado y se realizó el proyecto arquitectónico de la “Construcción y Suministro de Mobiliario y Equipo de Oficinas Generales de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de San Luis Potosí” (Anexo 1). Cabe señalar que dicho proyecto fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto; sin embargo, debido a la falta de recursos económicos, no ha sido posible llevar a cabo la construcción y equipamiento del mismo.

A continuación, presento un cuadro resumen de la obra en mención:

De igual forma, es importante destacar que el proyecto contempla alternativas graduales en la gestión de recursos; es decir, pretende que la obra se realice en tres etapas:

En concreto, este proyecto busca impulsarla generación de espacios dignos y funcionales, que permitan a la Dirección General del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de San Luis Potosí, administrar, coordinar, evaluar, supervisar, y controlar sus recursos materiales y humanos de manera eficiente.

Por lo anterior, presento ante esta soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, se destinen recursos al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, a fin de que a través de una estructura de servicio flexible, equitativa, de calidad y pertinente, podamos contribuir al desarrollo humano, así como a la inserción de los habitantes en el mercado laboral, en pro del desarrollo social y económico del País.

Por lo anteriormente expuesto, someto consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí.

Notas:

1 Población económicamente activa que se mide con la tasa de ocupación.

2 Inegi. Panorama Sociodemográfico de San Luis Potosí. 2010. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/enoe_ie/enoe_ie2015_08.pdf

3 Ídem.

4 Programa para la modernización Educativa 1988-1994. http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/ frames.asp?page=36&id=109

5 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de noviembre de 2015.— Senador Teófilo Torres Corzo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores María Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para infraestructura educativa; a la Secretaría de Educación Pública federal y al gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en la materia.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Educación los resolutivos primero y segundo y a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos senadores María Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El pasado primero de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto anunció el Programa de Certificados de Infraestructura Educativa (PCIE), a través del cual se planea realizar una inversión por casi 50 mil millones de pesos para el mejoramiento de 30 mil escuelas del país (construcción equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física) en los niveles básico, media superior y superior. El proyecto plantea un esquema financiero con aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de los estados, a través del cual se destinará una gran cantidad de recursos para la mejora de las escuelas del país.

El anunció advirtió que para mediados del mes de octubre del presente año, se estarían firmando los acuerdos con las distintas entidades del país, con el fin de que alrededor de 50 mil millones de pesos se comiencen a ejercer en este mismo año, con énfasis en los siguientes tres años.

Segundo. A principios del mes de octubre del año en curso, la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado de Yucatán, aprobó el Decreto por el cual se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado, a participar en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, mediante la Afectación de las Aportaciones que le corresponde al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples.

Tercero. El 19de octubre del año en curso, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y los gobernadores de los Estados, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), firmaron los convenios respectivos al impulso de los Certificados de Infraestructura Educativa, con la finalidad de ampliar y mejorar las condiciones de las escuelas del país.

Considerandos

El problema de infraestructura educativa

En materia de infraestructura educativa nacional, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en México son escasas las escuelas que poseen todos los espacios físicos de apoyo para la educación; ya sea salones de clases, bibliotecas, espacios recreativos, etcétera.

Por ejemplo entre el 95% y 99% de las escuelas indígenas, no cuentan con ninguno de los espacios ya mencionados. En el mismo sentido sólo el 55% de las primarias del país cuentan con dirección administrativa, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños.

En términos de mantenimiento sólo el 50% son planteles que se encuentran en buen estado, y conservados. Referente a los inmuebles, existen 15 mil escuelas que no cuentan con escritorios para los profesores.

En resumen, sólo un 69% de los salones de clases se catalogan como espacios favorables para el desarrollo de las actividades educativas, es decir más del 30% de las escuelas del país no se encuentran en las condiciones óptimas para el desarrollo de la educación.

En el caso particular del Estado de Yucatán, de acuerdo al Informe Anual Sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015, del total de los inmuebles educativos en el estado: un 0.1% son escuelas provisionales o móviles; el 21.2% son inmuebles sin barda o con barda incompleta; el 0.5% son inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua; un 0.5% de los inmuebles se encuentran sin alguna fuente de energía eléctrica; 1.3% de los inmuebles no poseen sanitario o algún sustituto; 31.9% son inmuebles sin drenaje; el 57.5% se encentran sin cancha deportiva; y en el 63.8% del total de los inmuebles educativos, no se ha realizado alguna construcción u obra mayor de rehabilitación durante los últimos tres años.

Las cifras anteriores revelan la situación actual de las condiciones de los inmuebles educativos en el Estado de Yucatán, cifras que están tan solo por debajo de las de estados como Oaxaca y Guerrero, los cuales poseen alto grado de rezago educativo, pero que de la misma manera son indicadores que deben ser mejorados con el fin de atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes.

En este contexto, resulta urgente para los gobiernos estatales y Federal, establecer estrategias y acciones a seguir, que permitan afrontar y erradicar con eficacia el problema.

Compromisos financieros

En este orden de ideas, si bien es cierto que la finalidad planteada en los antecedentes es loable, ya que tiene como objetivo principal abatir el rezago en materia de infraestructura educativa del país, que se reflejará en la mejora de la calidad educativa de los niños y jóvenes mexicanos, también es cierto que en el manejo de los recursos públicos debe existir una gran responsabilidad de los servidores públicos, para administrar y ejercer correctamente los recursos públicos, y evitar en todo momento comprometer recursos presentes y futuros en perjuicio de la población y las nuevas generaciones; resulta fundamental evitar contraer deudas a mediano y largo plazo que tendrían que pagar los niños y jóvenes de hoy.

El caso que se plantea no es un tema menor, ya que en la propuesta del presidente de la república, respaldada por diversos gobernadores estatales, entre ellos de gobernador del Estado de Yucatán, se están comprometiendo más de 50 mil millones de pesos; dinero que sería pagado con recursos públicos. Lo anterior merece una profunda reflexión por parte de las autoridades involucradas. Reflexión que debe tener como objetivo el análisis de otras alternativas que permitan aminorar el impacto proyectado en deuda pública para los mexicanos. Es necesario evaluar la relación costo-beneficio, ya que el fin que se persigue, a través del medio del cual se pretende cumplir, generará un costo muy alto que no pagarán los ciudadanos y gobernantes actuales; serán los futuros contribuyentes y gobiernos los que enfrentarán los altos endeudamientos, lo que sin lugar a dudas generará el incremento de diversos problemas económicos y sociales para las entidades.

Cuando un inversionista adquiere un instrumento financiero, espera recuperar el capital invertido más una serie de intereses; éstos son el atractivo de los instrumentos, ya que otorgan una ganancia mayor sin exponerse a un alto riesgo. Ahora bien esta ganancia es pagada por quien oferta el instrumento, y una vez llegado el tiempo del vencimiento el oferente debe pagar el precio del instrumento más los intereses que género y que se pactaron”.

En el caso de infraestructura educativa, los instrumentos serán emitidos por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pretendiendo captar 50 mil millones de pesos. Lo anterior, significa bursatilizar el Fondo de Aportaciones Múltiples; dicho en otras palabras, se obtendrán recursos del futuro, a través de los instrumentos financieros llamados “Certificados de Infraestructura Educativa”, los cuales serán adquiridos por inversionistas. A cambio, se harán acreedores a un interés pactado, y además a la devolución de su inversión principal.

Esta es la manera como los inversionistas estarán financiando la infraestructura educativa por los próximos años, pero a cambio, los Estados que participen en el esquema de financiamiento, estarán adquiriendo una deuda económica-social a largo plazo, la cual se pagará con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Debemos tener presente que el FAM, forma parte del Ramo 33, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir son recursos de los contribuyentes recaudados por la federación, destinados para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema.

Esta es la razón que fundamenta la necesidad de replantear el proyecto anunciado por el Presidente de la República, y buscar otras fuentes de financiamiento para los Estados, que eviten afectar en lo más mínimo, o que pongan en riesgo los recursos destinados para los apoyos de desayunos escolares, alimentarios y de asistencia social.

La protección y garantía de un derecho, no implica la violación de otros; los derechos no se contraponen, se complementan.

Existen otras fuentes de financiamiento a través de la cuales se puede afrontar el problema de infraestructura educativa; brindar una de ellas es la finalidad de la presente proposición.

(El caso del Estado de Yucatán)

Para el caso particular del Estado Yucatán, el Congreso del Estado autorizó disponer del 25% de la parte aplicable del FAM, durante los próximos 25 años, con el fin de obtener en el corto plazo recursos superiores a mil millones de pesos para infraestructura educativa.

Lo anterior sólo significará incrementar la deuda del estado, puesto que las distintas administraciones que han gobernado a Yucatán han tenido el hábito de utilizar recursos futuros para financiar las administraciones en turno. La adquisición de este tipo de deuda se ha caracterizado por allegarse de recursos a corto plazo, utilizarlos, y a cambio generar una deuda a largo plazo, por más de 10 años, lo que significa que los gobiernos que contratan la deuda se benefician políticamente de las “obras realizadas por la entidad”, durante su gestión, pero la obligación de pagar las deudas del préstamo principal y de los intereses pactados, lo heredan a las administraciones futuras.

Ejemplo de esto son los diversos contratos de empréstitos de 15 a 25 años que se ha venido realizando desde 2009 por una suma aproximada de 9,140 millones de pesos.

Fuente de financiamiento alterna

Debido a ello y con el fin de atender la realidad que afronta el Estado de Yucatán, se deben de establecer propuestas que resuelvan el problema, y que generen otros más que desencadenen conflictos sociales para futuros gobiernos.

Derivado de un análisis realizado sobre el estado que guardan los recursos obtenidos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente por el impuesto sobre bebidas saborizadas, y por el impuesto a alimentos con alto contenido calórico y carbono, se presenta la siguiente exposición.

En el año 2013, el Senado avaló la miscelánea fiscal que incluyó nuevos gravámenes a chicles, botanas, pasteles, y a bebidas saborizadas; este último gravamen se contempla como un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que consiste en gravar en un peso por litro a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores con cualquier tipo de azúcares.

También se aprobó aumentar a 8 por ciento el impuesto a alimentos con alto contenido calórico (los que contengan más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos).

Ambos impuestos se comenzaron a aplicar a partir del primer día del año 2014.

El fin de dichos impuestos ha sido el de disminuir los niveles de obesidad y sobre peso, principalmente entre la población infantil.

En ese sentido, las dos cargas tributarias referidas significaron una mayor recaudación por parte del gobierno. El IEPS, tan sólo en 2014, incremento en un 51.1%, en términos reales, lo que en recursos económicos significó una recaudación por 124 mil 16 millones de pesos.

Respecto del impuesto a bebidas azucaradas, para 2014 se estimó una recaudación por 12 mil 455 millones de pesos, y se recaudaron 18 mil 254 millones de pesos, es decir 5 mil 854 más de lo estimado. Mientras que para 2015, se estima una recaudación por 18 mil 171 millones de pesos, lo que significa que tan solo en dos años se estarían recaudando más de 36 mil 425 millones de pesos.

Asimismo, por concepto del impuesto a alimentos con alto contenido calórico, para el 2014 se estimó una recaudación por 5 mil 600 millones de pesos, sin embargo, la recaudación real fue por un monto de 12 mil 384 millones de pesos, es decir, 6 mil 529 millones de pesos más de lo estimado.

Para el 2015 se estimó para el mismo impuesto, un monto por 15 mil 348 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con información del primer trimestre del año, los recursos recaudados ascienden a los 4 mil 438 millones de pesos, cuando se estimaron 3 mil 921 millones de pesos, es decir, se recaudaron 516 millones de pesos más de lo esperado. Con la información anterior se estima una recaudación aún mayor a la pronosticada para todo 2015.

En resumen, del año 2014 a lo que va de 2015, por concepto de impuesto a bebidas azucaradas se han recaudado más de 36 mil millones de pesos, y por concepto del impuesto sobre alimentos con alto contenido calórico se han recaudado alrededor de 25 mil millones de pesos, cifras que en suma ascienden a casi 60 mil millones de pesos recaudados de manera adicional y por encima de lo previsto de manera original por el Gobierno Federal.

Y aunque lamentablemente la transparencia del uso y destino de los recursos obtenidos ha sido poca, para el caso del impuesto a bebidas saborizadas se sabe, por ejemplo, que sólo el 5% de los 32 mil millones de pesos que se recaudaron en los primeros 18 meses, fue destinado al rubro de salud. Lo anterior presume la existencia de 30,000 millones de pesos, en las arcas de la federación, sin uso ni destino cierto.

En este sentido, de acuerdo con el análisis expuesto, se concluye que el Gobierno Federal posee recursos adicionales a los gastos normalmente proyectados, que bien servirán para hacer frente a las principales carencias económicas y sociales que demanda el país.

Y si bien, uno de los destinos principales de dichos recursos es el de combatir el sobrepeso infantil, por ejemplo con la inserción de bebederos escolares, el abatimiento de la infraestructura educativa es otro destino de carácter urgente, que ayudará no tan sólo a mejorar el incremento de la calidad educativa, además, contribuirá de manera sustantiva en el mejoramiento de las condiciones físicas de los niños y jóvenes, ya que significa contar con espacios físicos que fomentan la cultura de desarrollo física y deportiva de los niños y jóvenes.

El rezago de los inmuebles educativos del país puede revertirse con la inversión de infraestructura educativa, inversión que no solo tiene como alternativa la adquisición de deudas para los mexicanos, si no el uso de recursos públicos con los que se cuentan, dinero que hoy en día existe en las arcas del Gobierno Federal.

(El caso del Estado de Yucatán)

En este contexto, y dado que el Estado de Yucatán al igual que otras entidades federativas, planea obtener recursos en el corto plazo por más de 1,000 millones de pesos para financiar la infraestructura educativa, a través de deuda proveniente de los nuevos “Certificados de Infraestructura Educativa”, resulta fundamental analizar una vía alterna para resolver los problemas de infraestructura educativa del Estado, y evitar problemas económicos y sociales para los futuros gobiernos de Yucatán.

La alternativa que se plantea consiste en que lejos de contratar más deuda para el Estado, se financie la inversión en infraestructura educativa con un porcentaje de los recursos obtenidos a la fecha, por el impuesto a las bebidas saborizadas.

La propuesta consiste en financiar los 1 mil millones de pesos (que el gobierno del Estado de Yucatán planea adquirir a través de deuda) de los más de 30,000 millones de pesos recaudados a la fecha por dicho gravamen. Los 1 mil millones de pesos, vinculados con la educación, en el FAM, constituyen una alternativa posible y potencial, pero que a diferencia de la intención del gobierno de Yucatán, no generará más deuda social a la entidad, ni a las generaciones presentes ni futuras. Sin lugar a dudas una propuesta factible, con responsabilidad financiera y social.

En resumen, resulta primordial atender los rezagos en los inmuebles educativos de Yucatán, pero las mismas deben ser resueltos a través de alternativas que no generen un efecto económico negativo, en cadena, a mediano y largo plazo, que se hereden a las administraciones siguientes y generaciones siguientes.

En este sentido, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y del Gobierno del Estado de Yucatán, para que rescindan el convenio firmado el pasado 19 de octubre, con el objeto de impulsar los certificados de infraestructura educativa y la pretensión de mejorar las condiciones de las escuelas del país, mediante la adquisición de deuda pública para el Estado. Lo anterior, con el fin de prevenir los posibles déficits en el Estado y los problemas de gasto público previsibles en el futuro.

Segundo.El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que durante el presente año destine al Gobierno del Estado de Yucatán, 1 mil millones de pesos, de los recursos recaudados a la fecha por impuesto sobre bebidas saborizadas, con el fin de atender los problemas de carencias en los inmuebles educativos, y elevar el nivel académico de los niños y jóvenes yucatecos.

Tercero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes, provenientes del impuesto sobre bebidas saborizadas, para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas, incrementar la cobertura de los servicios de agua potable en comunidades rurales, y proveer bebederos con suministro de uso continuo de agua potable e inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo del Estado de Yucatán y del resto del país.

Notas:

1 http://ediciones-sm.com.mx/ ?q=blog-como-la-infraestructura-escolar-influye-en-la-calidad-educativa

2 Una Hipoteca Educativa, Diario de Yucatán. 10/10/15

3 http://laextranoticias.mx/solo-5-del-impuesto-al-refresco-se-destino-al-sector- salud/

Senado de la República a 3 de noviembre de 2015.— Senadora María Marcela Torres Peimbert, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, senadora de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se destinen mayores recursos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios, o conocido como Subsemun, es un recurso federal que se le suministra a municipios o demarcaciones del Distrito Federal que tiene como objeto, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo siguiente: profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y el desarrollo de políticas públicas para la prevención del delito.

De igual forma, comprende un fortalecimiento del desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, promover una política preventiva y fomentar la participación de la sociedad civil organizada para generar una estrategia de prevención social del delito. Este proyecto surge en 2011 como un cambio de paradigma en la seguridad, ya que se dejaría a un lado el concepto de seguridad pública para hablar de la seguridad ciudadana, idea que prioriza la cohesión social, la prevención social de la violencia y la delincuencia y la participación ciudadana.

La selección de municipios que son beneficiados por el Subsemun es basada en: el número de habitantes y la incidencia delictiva incluyendo las variables de homicidios dolosos, secuestros y otros delitos. En 2015, Morelos fue beneficiado con este subsidio en los siguientes municipios: Ciudad Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán, Xochitepec y Yautepec.

En el 2014, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos junto con el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia publicaron un Atlas de la seguridad y violencia en Morelos que recapitula la situación en el estado.

Morelos ocupó el lugar 17 a nivel nacional en delitos ocurridos absolutos según la ‘Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en el 2012 y el lugar 11 con mayor nivel de cifra negra que corresponde a los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa. De igual forma, reportan que 1 de cada 4 personas ha sido víctima de algún delito.

En el estado, la tasa de homicidio se duplicó a partir del 2010, teniendo un porcentaje mayor en el 2012 y que ha ido disminuyendo pero no con la celeridad que debería ocurrir. La tasa de homicidios dolosos aumentó 20 puntos del 2011 al 2012. Y aunque disminuyó para el 2013, la variación sólo fue de 10 puntos, registrando así, cifras mayores a la media nacional a partir del 2009.

El secuestro sigue siendo un delito que se hace presente en Morelos. La tasa de secuestros en el estado aumentó de manera desproporcionada a partir del 2009, aumentando en el 2012 y llegando a su máximo en el 2013. Delitos como la extorsión también han aumentado a partir del año 2009, superando la media nacional. La tasa de robo de vehículo también es mayor que el nivel nacional a partir del 2006 y la tasa de violaciones ha aumentado 3 puntos del 2011 al 2013. Cifras, en la mayoría de los años, superiores a las nacionales

En contraste a las cifras, según datos del Secretariado Ejecutivo, en Morelos existen 77 patrullas adquiridas con recursos del FASP y SPA. Tenía a finales de noviembre del 2014, 5,476 policías y una academia policial.

Es así que el panorama sobre seguridad en el estado de Morelos es preocupante, es necesaria una intervención puntual por parte del Subsemun en todos los municipios del estado. Los cuerpos policiacos necesitan más y mejores equipos y una capacitación pertinente. De igual forma, son necesarios los programas de prevención de la violencia que abonan a disminuir los índices de inseguridad y que hasta el momento, se están desarrollando con éxito en nuestro estado.

Desde la Cámara de Senadores se reconoce la ardua labor de la Secretaría de Gobernación que bajo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública articula el Subsemun abonando a la seguridad de las familias mexicanas, se pone a consideración del Senado de la República la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación amplíe el Subsemun a todos los municipios del estados de Morelos.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen mayores recursos al Subsemun con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos.

Notas:

1 Definición del Subsemun, http://www.secretariadoeiecutivosnsp. gob.mx/en/SecretariadoEjecutivo/Subsemun

2 Puede ser consultado en: http://www.uaem.mx/sites/default/ files/atlas.pdf

Dado en el recinto del Senado de la República, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.— Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a no disminuir los recursos destinados al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que no disminuya los recursos destinados al Ramo 16 “medio ambiente y recursos naturales” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento jurídico por virtud del cual la Cámara de Diputados –de forma exclusiva– determina el monto y destino de los recursos que el Estado requiere para cumplir con sus objetivos.

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluye el Ramo 16, relativo a los recursos que se aplican al sector relativo al medio ambiente y recursos naturales. Igualmente, dentro de dicho ramo existen proyectos que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la colegisladora analiza y aprueba para cada entidad federativa, municipio y órgano político-administrativo en el Distrito Federal, de conformidad con los montos establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades.

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se establecen anualmente ciertos objetivos, entre los que destacan el conservar el capital natural de México, fomentar las políticas públicas que permitan cumplir las metas en materias como la biodiversidad, desarrollo sustentable, cambio climático, ordenamiento ecológico del territorio, recursos hídricos, entre muchos otros.

Es importante destacar que existe una Asociación Nacional de Autoridades Ambientales que agrupa a las Secretarías de Medio Ambiente ya las Procuradurías Ambientales de los Estados, siendo vínculo permanente con el Congreso de la Unión y con la Conferencia Nacional de Gobernadores para agilizar los mecanismos legales y presupuesta les en materia ambiental.

Asimismo, es menester señalar que con los recursos aprobados en dicho ramo, se deben cumplir los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable y el crecimiento verde como meta fundamental de los órdenes de gobierno, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013­2018 y de manera específica, con la Meta Nacional de México Próspero.

Dicho anexo se creó para atender de forma eficaz y eficiente el tema de medio ambiente, distribuyendo recursos entre las entidades federativas y las autoridades ambientales, a efecto de poder ejecutarlo a través de los programas y unidades responsables respectivas.

Tales objetivos se alcanzan a través de la realización de proyectos, entre los que destacan aquellos en materia de educación ambiental, acciones de conservación, protección y restauración de bosques y suelos, el fortalecimiento institucional de las instancias estatales encargadas del cuidado del medio ambiente y la procuración ambiental, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias, entre otros.

No obstante la importancia del sector, hay una reducción considerable en dicho ramo, en específico en 2015 se aprobaron recursos por 67 mil 976 millones de pesos y en el proyecto para 2016 se consideran recursos por 57 mil 490 millones de pesos, esto es 10 mil 486 millones de pesos menos, representando una disminución del 18 por ciento y en consecuencia una modificación importante en la estructura programática del sector.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la proposición siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que no apruebe una reducción en los recursos destinados al Ramo 16 “medio ambiente y recursos naturales” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, a efecto de poder hacer frente a las necesidades del sector.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del municipio de Sabinas, estado de Coahuila, al municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Cámara de Senadores la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del municipio de Sabinas, Coahuila al municipio de Anáhuac, Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La red carretera nacional se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, comunica casi todas las regiones y comunidades del país y su importancia es vital para la competitividad y crecimiento de nuestra nación.

En México, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada, siendo uno de los elementos esenciales para asegurar la viabilidad del turismo y el modo de transporte más usado para el comercio.

La infraestructura carretera tiene un papel fundamental para lograr niveles de bienestar para la población, respondiendo a los requerimientos de las actividades productivas para el movimiento de productos, satisfaciendo las necesidades más urgentes de la sociedad.

Las carreteras no sólo permiten ir de un lugar a otro de forma rápida y segura, sino también son importantes en el comercio, pues posibilitan el desplazamiento de mercancías y potencializan la economía de los municipios con una estrategia de inversión a largo plazo. Facilitando la integración social como geográfica del territorio.

En la actualidad, la red carretera del estado de Coahuila tiene carencias que reducen su competitividad, lo que perjudica a la economía regional; por lo que su mejoramiento es urgente a efecto de eliminar los desequilibrios económicos existentes en la zona.

Es necesario que en Coahuila se mejoren las vías de comunicación y eliminar el aislamiento de las comunidades rurales, generando empleos directos e indirectos e impulsar el potencial del desarrollo nacional y regional.

La principal justificación para la modernización de la vialidad que corre del municipio de Sabinas, Coahuila, al municipio de Anáhuac, Nuevo León, es evitar el paso de vehículos que tengan que hacer escala en las poblaciones ubicadas a lo largo de la misma y así permitir al tránsito de largo alcance, generando un transporte económico y seguro.

Asimismo, se considera que esta vía ayudará a mejorar las condiciones económicas de las poblaciones y ofrecerá mayor seguridad, eficiencia y comodidad en el transporte de productos y pasajeros, pretendiendo reducir los tiempos de recorrido y mejorar los niveles de servicio y seguridad en función a las mejoras en las características geométricas del trazo, con respecto a la ruta actual e impulsar el desarrollo regional de la zona.

Por último, es importante señalar que la ruta de Sabinas-Anáhuac cruza por dos entidades federativas y recorre lugares importantes como lo son la presa Venustiano Carranza (Don Martín) y Salinillas, por lo que es urgente que sea equipada con teléfonos S.O.S., cámaras de seguridad, rampas de emergencia, reductores de velocidad, señalamiento vial, iluminación y una adecuada pavimentación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera que corre del municipio Sabinas, Coahuila al municipio de Anáhuac, Nuevo León.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de La Laguna para reducir la presencia de arsénico en el agua para consumo humano.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de la Laguna para reducir la presencia de arsénico en el agua para consumo humano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante el pleno de la pasada Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, presenté un punto de acuerdo exhortando a la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento al derecho que tiene toda persona a contar con agua potable de calidad, a efecto de que de conformidad con sus facultades y atribuciones y en coordinación con los otros órdenes de gobierno dote del vital líquido a los habitantes que comprenden la región de La Laguna en Coahuila de Zaragoza.

Como lo manifesté en su momento, el acceso al agua resulta indispensable para el desarrollo y bienestar de la población, ya que el cuerpo humano está formado en gran parte de este líquido, con un porcentaje entre un 58 a 67 por ciento en los adultos y entre un 66 a 74 por ciento en los recién nacidos.

El derecho al agua es fundamental tal y como sucede con el derecho a la alimentación, a la salud o a un medio ambiente sano. Sin embargo el acceso al agua debe cubrir las necesidades básicas de manera suficiente y bajo condiciones óptimas en cuanto a su sanidad, atendiendo en todo momento a una cantidad que permita la plena satisfacción de las necesidades.

En México el 12 por ciento de la población no tiene acceso sostenible a fuentes de agua apta para el consumo humano. Por lo anterior dentro de nuestras leyes se incorporaron los criterios de los instrumentos internacionales en que México es parte.

Es importante destacar que dentro del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo solamente el 2.53 por ciento del total es agua dulce; de ese pequeño porcentaje hay que tomar en cuenta que la mayor parte se encuentra inmovilizada en los glaciares. En la actualidad, uno de los desafíos mundiales es la satisfacción de las necesidades básicas de agua para el ser humano, de acuerdo con algunos estudios, cada persona necesita ciento sesenta litros de agua cada día.

El derecho al agua está contenido en la Observación General número 15, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existen ciertos factores que deberán estar presentes en cualquier circunstancia para asegurar el derecho al agua, de tal suerte que debe atenderse y cubrir las siguientes características:

a) Disponibilidad.

b) Calidad.

c) Accesibilidad.

Particularmente, debo recalcar que el derecho al agua debe cubrir una característica fundamental como la calidad.

Esta calidad no está garantizada en los municipios de la Región de la Laguna, debido a la contaminación del agua con arsénico donde se exceden límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la zona, el agua potable que se distribuye mantiene una concentración de arsénico de 50 microgramos por litro de agua y en otros lugares de la zona llega a alcanzar entre 200 y 300 microgramos de arsénico por litro. Los niveles de arsénico detectados en las redes de distribución y en los pozos de agua están muy por encima de los límites permitidos por normas nacionales e internacionales. La mayor amenaza para la salud pública es que por el consumo de agua se puede causar cáncer y lesiones cutáneas, también se asocia a problemas de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.

El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud pública. Los esfuerzos de la Organización por reducir la exposición al arsénico incluyen el establecimiento de valores guía, el examen de los datos científicos disponibles y la formulación de recomendaciones para la gestión de los riesgos.

Es de suma relevancia garantizar a toda persona el derecho fundamental a acceder y utilizar el agua potable, en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible según lo dispone la Constitución federal en su artículo 4o.

Para lograr con el objetivo, es importante que de los recursos federales contenidos en el Fondo Metropolitano se le destinen recursos suficientes en obra de infraestructura para dotar de agua de calidad a la región de la Laguna y así garantizar el derecho al agua de calidad.

Los recursos del Fondo Metropolitano tienen como propósito destinar prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.

Resulta importante resaltar que el fondo metropolitano debe estar en concordancia con los planes estatales de desarrollo, cuya aplicación de los recursos es a cargo de los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano, sujetándose para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental.

Es importante recalcar que la zona metropolitana de la Laguna está integrada por importantes poblaciones y en donde destacan cuatro municipios: Torreón y Matamoros por parte del estado de Coahuila y Gómez Palacio y Ciudad Lerdo por parte de Durango.

Por lo anterior, dentro del presente ejercicio fiscal la zona metropolitana de la Laguna tiene un presupuesto asignado de 604.4 millones de pesos. Las instituciones que operan el Fondo Metropolitano de la Zona son:

1) El Consejo para el Desarrollo Metropolitano de La Laguna

2) El Instituto Municipal de Planeación y la Competitividad de Torreón.

3) Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

4) Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Torreón y Matamoros)

5) Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Gómez Palacio y Ciudad Lerdo)

6) Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.

7) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Es importante que dentro del Fondo Metropolitano para el próximo 2016 se incrementen los recursos para que se pueda dar cumplimiento al derecho al agua. Por ello es mi más sincero exhorto a la colegisladora para que dentro del análisis y discusión del presupuesto de egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 se incrementen los recursos para garantizar el derecho al agua de calidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la proposición siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se adicionen recursos suficientes para el Fondo Metropolitano de la Zona de la Laguna para garantizar el derecho al agua de calidad.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

INICIATIVA DE SENADOR LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito Omar Fayad Meneses, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 numerales 1, 2 y 4 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La actividad acuícola es al igual que las actividades agrícolas y pecuarias, una actividad que genera alimentos de alta calidad nutricional, indispensables para mejorar la nutrición y por ende la calidad de vida de los mexicanos. El pago de derechos asociado a la concesión del agua por su aprovechamiento, ocupación de zona federal, instalación de medidores y pago de derechos por descarga, así como los análisis de la calidad del agua que deben realizarse en laboratorios acreditados, para demostrar su mínimo impacto, son costos que merman los ingresos de los acuicultores , lo que se constituye en un obstáculo para el desarrollo de esta actividad, que los expertos de la FAO, reconocen como la alternativa del futuro para satisfacer las necesidades alimenticias de la población.

La reformas propuesta al artículo 192-D traería como beneficios, la contribución a la seguridad alimentaria, generación de empleo, arraigo de la población.

También la alineación las políticas gubernamentales que dictan la necesidad de “aumentar la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores rurales; que es el principal objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Además que en El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la Repúblicaseñala en su Objetivo 4.10

“Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, la Estrategia 4.10.4 del Plan Nacional de Desarrolloestablece: “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país a través de prácticas sustentables en las actividades y acuícolas y agrícola, pecuaria”.

El aprovechamiento del agua en actividades acuícolas, no representa un consumo, a diferencia de la agricultura en donde el agua se infiltra al suelo o es absorbido por las plantas y en la ganadería consumido por los animales. En esta actividad el agua entra a los estanques es almacenada en algunos casos y devuelta casi en los mismos volúmenes, pues solo se pierde por evaporación

Por otra parte se estará fomentando la regularización de las unidades de producción acuícola de todo el país y con esto el cumplimiento de la ley con el consecuente fomento al estado de derecho en México

La calidad del agua proveniente de la acuicultura, de acuerdo a múltiples estudios avalados por laboratorios acreditados, no rebasa los límites establecidos en la Norma oficial NOM-001-SEMARNAT-1996.

La carga de materia orgánica que pudiera originarse por esta actividad que proviene de las excretas de los peces, o el alimento no consumido, son en concentraciones que puede tener hasta una depuración natural en el medio ambiente o ser utilizado en la agricultura, a manera de fertilizante, dando un valor adicional a su aprovechamiento

La siguiente tabla compara las modificaciones que se proponen en relación con lo vigente:

Es conveniente señalar que la adición a la fracción I del artículo 224, contempla incluir a las personas morales dedicadas a las actividades acuícolas, por lo que se consideró necesario, hacer el señalamiento expreso a las personas morales del sector social, mismas que están señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consideración de fomentar la expansión económica de organizaciones de bajos recursos, tal y como el texto constitucional señala:

Artículo 25...

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adicionan los artículos 192-d, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 192-D.No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192-A, fracciones II, III y V del presente Capítulo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas ,pecuarias o de acuaculturay el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes.

Artículo 224 ....

I. Por la extracción o derivación de aguas nacionales que realicen personas físicas y las morales del sector social señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,dedicadas a actividades acuícolasagrícolas ypecuarias, para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero, sin desviar las aguas de su cauce natural. Así mismo por la extracción o derivación de aguas procedentes de esteros, marismas, bahías y aguas oceánicas con contenido salino, toda vez que no se cuenta con infraestructura hidráulica federal que provea el suministro del agua.

II. al III...

IV .Por los usos acuícolaagrícolas y pecuario definidos como tales en la Ley de Aguas Nacionales y siempre que sus procesos se efectúen de forma indivisa, incluyendo a los distritos y unidades de riego, así como a las juntas de agua, con excepción de las usadas en la agroindustria, hasta por la dotación autorizada a los distritos de riego por la Comisión Nacional de Agua o, en su caso hasta por el volumen concesionado

V. a IX...

...

...

Artículo 282....

I. a V...

VI. Por las descargas provenientes de la acuacultura y del riego agrícola

VII. a VIII. ...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de octubre del año de dos mil quince.— Senador Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a partir de esta fecha licencia al ejercicio del encargo de diputado federal de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Mi reconocimiento y fraterno deseo de éxito a las diputadas y los diputados de los distintos grupos parlamentarios de esta LXIII Legislatura, por su trabajo a favor de todos los mexicanos, así como a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Asimismo agradezco el respeto y apoyo del coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza por las tareas encomendadas al suscrito, mi reconocimiento a su desempeño.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2015.— Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Rafael Méndez Salas, para separarse de sus funciones como diputados federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

PROTESTA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Fernando Galván Martínez y Mariano Lara Salazar, diputados federales electos en la segunda circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputado Francisco Escobedo Villegas, diputado Edgardo Melhem Salinas, diputado Cesar Augusto Rendón García, diputada Brenda Velázquez Valdez, diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, diputada Araceli Madrigal Sánchez, diputado Jorge Álvarez López, diputado Moisés Guerra Mota, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla y diputada Melissa Torres Sandoval.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se pide a la comisión cumplir con su encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: También galerías, por favor, a las amigas y amigos que nos visitan, gracias.

Ciudadanos Fernando Galván Martínez y Mariano Lara Salazar, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Fernando Galván Martínez y Mariano Lara Salazar: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades. Gracias. Pueden tomar asiento, gracias.

Vamos a pasar ahora al punto de proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación... ¿Todavía no nos ha llegado? Bien. Entonces, están recabando firmas y vamos a esperar a que nos llegue.

Entonces, pasamos ahora al punto de presentación de iniciativas de diputadas y diputados.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Exposición de Motivos

Los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y aquellos contenidos en tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado deben interpretarse de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad y de interdependencia. Éste último se encuentra íntimamente vinculado a la naturaleza del derecho a la vivienda, pues se erige como piedra angular para el disfrute y goce de diversas actividades implícitas para la dignidad de las personas. En ese sentido, para lograr el ejercicio efectivo de otros derechos –igualmente fundamentales- como el del acceso al agua, a la salud, la alimentación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, entre otros, la vivienda presupone las bases que configuran el entorno ideal.

Históricamente la necesidad de dotar de habitación a toda persona se ha profundizado a medida que las ciudades han experimentado incrementos demográficos sustanciales y con ello han transitado a la era moderna. Ya en la revolución industrial se avisaban los primeros intentos en el mundo de otorgarle un carácter jurídico-social formalmente estructurado al derecho de vivienda.

En México, el origen del pensamiento jurídico en materia de vivienda se encuentra en postulados del Partido Liberal Mexicano, que en el año de 1906 señalaban la imperiosa tarea de dotar de servicios de habitación a trabajadores asalariados.

Asimismo, con la Constitución Política de 1917, nuestro país se destacó en el entorno mundial, al ser pionero en incluir en su texto normativo fundamental disposiciones en materia de vivienda y de obligación social por parte del Estado; se trataba de las garantías sociales que pretendían otorgar habitaciones a trabajadores. Siendo así que a través del artículo 123, fracción XII, se constitucionalizaba el derecho de los trabajadores de gozar de viviendas cómodas e higiénicas, como se observa de su redacción original:

“Artículo 123.

...

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. ...”.

La Constitución Política de Weimar le siguió a la Constitución mexicana y en 1919 consagró el derecho a la vivienda en su artículo 155.

Posteriormente, en el año de 1970 por primera vez la Ley Federal del Trabajo de nuestro país integró en su texto los derechos de vivienda de los trabajadores y el 28 de diciembre de 1972 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley del ISSSTE referentes a la creación del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

En ese mismo año, se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el 21 de abril se promulga su ley, que brinda atención en materia de vivienda a la población económicamente activa.

No fue sino hasta el año 1983 cuando por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero, se estableció en el artículo 4 de la Constitución Federal la redacción que continua vigente hasta la fecha y que a la letra dispone:

“Artículo 4.

...

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

...”

Como puede observarse, muchos han sido los esfuerzos para constitucionalizar el derecho a la vivienda, de otorgarle un ámbito de ejercicio más amplio y convertir las entonces llamadas garantías sociales de las que gozaban trabajadores, en garantías individuales, y recientemente en derechos humanos a la luz de las reformas constitucionales de junio del año 2011.

Es al momento que se pretende transitar de garantías sociales a derechos humanos individualizados e inherentes a la condición de toda persona cuando la redacción que se encuentra vigente en el texto constitucional adolece de algunos aspectos, pues responde a una realidad que existía en 1983 y que a la fecha no ha sido actualizada para armonizarla con los estándares internacionales vigentes en materia de vivienda y de derechos humanos.

En ese sentido, se analizará la redacción constitucional actual en 2 ejes:

1. El vocablo familiapor el de personacomo sujeto de derecho a la vivienda

2. La vivienda digna y decorosa por la vivienda adecuada

A continuación se vierten los argumentos que se consideran necesarios para fundar la presente iniciativa.

I. El vocablo familia por el de persona como sujeto de derecho a la vivienda

La familia es – si no la más- una de las instituciones sociales más importantes y núcleo fundamental del desarrollo de la civilización humana; deviene de las relaciones más primarias de toda persona y por ello es merecedora de la protección del entramado jurídico que sustenta a nuestra sociedad. No obstante, la familia antes de ser una institución jurídica, es un concepto sociológico, la doctora Ingrid Brena Sesma la describe como “la familia no es, desde luego, una creación jurídica, sino un hecho biológico, derivado de la procreación reconocido, diseñado social y culturalmente, al que se le han atribuido diversas funciones políticas, económicas, religiosas y morales”.

Tal importancia ha sido históricamente admitida por las civilizaciones humanas y hoy la percibimos en nuestros ordenamientos jurídicos. México por supuesto ha optado por elevar a rango constitucional a la familia como un compromiso de protección y al mismo tiempo de certeza jurídica para las relaciones que existen entre sus miembros y con respecto al patrimonio que construyan, de esa manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer párrafo de su artículo 4 establece:

“Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su preámbulo a la familia, como “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.”

Si bien el Estado tiene la obligación de instrumentar legislaciones que atiendan de manera integral todo lo relativo a la organización y desarrollo de la familia, y mejor aun cuando se sustentan en el mayor rango normativo, también debe proveer disposiciones acordes a la realidad, de lo contrario quedarían a merced de la inaplicación efectiva.

Es muy importante reflexionar por lo que toca al artículo 4 constitucional, esta vez en su séptimo párrafo que a la letra establece:

“Artículo 4.

...

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

...”

Siguiendo la redacción anterior, se desprende que:

• El sujeto materia del derecho a la vivienda es la familia

Al respecto, los términos del artículo nos remiten a lo que se considera Patrimonio de la Familia que ha quedado asentado en el Código Civil Federal, Título Duodécimo, artículos 723 al 746, en donde se expresa que la casa habitación es objeto del patrimonio de la familia, y en específico el artículo 730 que a la letra dice:

“Artículo 730. El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia, conforme al artículo 723, será la cantidad que resulte de multiplicar por 3650 el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en la época en que se constituya el patrimonio.”

Puede observarse entonces que el límite máximo del patrimonio de familia será de doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos (255,865.00 M.N.) de acuerdo a la reciente homologación en el país de salario mínimo fijada en $70.10 pesos. Lo anterior supone el primer problema y una grave desigualdad para todas aquellas familias cuyos patrimonios sean superiores al total calculado, es decir, familias con ingresos económicos de nivel medio y alto, las cuales no podrían ejercer este derecho, lo que representa una clara violación al artículo 1 constitucional que consagra la igualdad para toda persona de gozar de los derechos humanos reconocidos en su texto y en tratados internacionales, sin distinciones ni clasismos.

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y el los tratados internacionales de los que Estado Mexicano sea parte...”.

El avance ideológico en materia de derechos humanos es sin lugar a dudas uno de los logros más importantes de la humanidad, se sostiene en la premisa que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Son derechos reconocidos como inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

Si bien es cierto existen derechos humanos colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda debe ser entendido necesariamente como individual, pues recae directamente en el bienestar de cada persona, luego, la vivienda proveerá a cada individuo de un medio para su salud, el desarrollo de su personalidad, un entorno para su correcta educación, etcétera.

No es, sin embargo, intención de la presente iniciativa vulnerar la institución familiar cuya importancia ha sido enfatizada en párrafos anteriores, por el contrario, se pretende reforzarla, protegerla y garantizar la vida en familia, y por ello, es necesario que asumamos a la vivienda como requisito material indispensable para lograr la adecuada convivencia familiar.

En el mismo orden de ideas, la redacción vigente es muy clara, primero existe la familia y luego se inicia el procedimiento que les permita acceder al derecho de vivienda digna y decorosa; entretanto se corre el riesgo de afectar a tan importante institución pues si bien la familia ya se ha constituido, queda en el desamparo sin un entorno seguro para su esparcimiento y el goce de una vida digna.

Igualmente, se condiciona un derecho humano –la vivienda- al estado civil y a la situación social respecto a integrar un núcleo familiar de una persona, ignorando que los derechos humanos son atemporales en el sentido de no encontrarse sujetos a un determinado tiempo y espacio, su vigencia existe desde el momento en que una persona es reconocida como tal por la Ley y se continua a lo largo de su vida.

En ese sentido, el derecho de vivienda debe ser garantizado a toda persona desde su concepción hasta su muerte y de esa manera se fortalecerá la institución jurídica familiar, pues el Estado quedará invariablemente obligado a garantizar el derecho a la vivienda sin atender a las condiciones familiares pre existentes y sin importar si el derecho se exige cuando el individuo es integrante de un núcleo familiar o se encuentra transitando a formar una familia propia; incluso, cuando la persona no se halle en situación familiar en lo absoluto.

Los derechos deben tender a fortalecer las instituciones jurídicas y no al revés, que las instituciones jurídicas sean condiciones expresadas para reclamar derechos, más aun cuando éstos son humanos.

Es preciso entonces revisar las legislaciones nacionales y las normas contendidas en tratados internacionales en relación al derecho de vivienda para darnos cuenta que recientemente ha existido una tendencia mundial por aceptarlo como un derecho individual y por consecuencia puramente humano.

En la legislación internacional el derecho a la vivienda es reconocido específicamente como individualy se encuentra consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanosy en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Declaración Universal de Derechos Humanos

“Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

“Artículo 11

1. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para síy su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

En ese sentido, se observa también una armonización de diversas legislaciones nacionales de Estados que han signado estos importantes instrumentos internacionales y que colocan a la persona como sujeto del derecho de vivienda:

Constitución de Portugal

Artículo 65. De la vivienda

1. Todos tendrán derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad, y que preserve la intimidad personal y familiar.

Constitución de España

“Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”

Constitución de Paraguay

“Artículo 100-Del derecho a la vivienda

Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna.”

Constitución de Uruguay

“Artículo 45. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.”

Constitución de Colombia

“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”

Si bien es cierto que de los ejemplos presentados encontramos al derecho a la vivienda individualizado, se observa también que el sujeto varía de país en país respecto a la nacionalidad o a la condición de habitante o residente. En México la Constitución Política Federal protege a toda persona que se encuentre en el territorio nacional, por ello, el derecho de vivienda debe estar garantizado para toda persona, siempre con las condiciones que la Ley establezca.

Siguiendo la tesis del derecho a la vivienda para toda persona, los destacados juristas José Alberto Del Rivero Del Rivero y Miguel Alberto Romero Pérez válidamente señalan que “...para el caso de una sentencia de desalojo, la acción recae en la persona que acredita la propiedad, o bien la posesión; es decir, para efectos de ley, el destinatario como primer referente es la persona y no la familia. Los fallos jurídicos se dictan a los titulares de hipotecas (individuos, personas morales, pero en ningún caso a la familia)...”.

Existen en México los medios de control de constitucionalidad depositados en las hoy llamadas garantías constitucionales como el Juicio de Amparo que han sido creados para la correcta exigencia de los derechos humanos, sin embargo, se vulnera a estas herramientas si los derechos están redactados en términos contradictorios. Se entorpece el reclamo de vivienda mediante Juicio de Amparo que pueda hacer cualquier persona que por alguna razón no integrara una familia, pues el titular del derecho es confuso, pero no así, se promueven acciones en juicio contra personas individuales o morales que en ningún momento representan núcleos familiares.

Establecer a la familia como sujeto del derecho de vivienda resultaba adecuado si lo que se pretendía era dar al mismo un carácter social destinado para las clases trabajadoras que visualizó el constituyente de 1917 y por tanto, lo exigía la coyuntura histórica de esa época, pero se vuelve evidentemente restrictivo a la luz de los nuevos paradigmas que resultan de las reformas en materia de derechos humanos de 2011 y a la legislación internacional que México ha ratificado que pugnan por la protección de toda persona, no de colectivos, sino de aquellos que como individuos tenemos inherentes a nuestra condición.

El derecho de vivienda ha sido asumido en la legislación internacional como un derecho inherente a la condición de cualquier persona, relacionado íntimamente con su actividad privada, el desarrollo de su personalidad y a su seguridad física e integridad mental; no debe quedar sujeto a condiciones que signifiquen obstáculos para su ejercicio pues se corre el grave riesgo de vulnerar no solo a la vivienda sino al cúmulo de derechos con los que se relaciona.

I. La vivienda digna y decorosa por la vivienda adecuada

Existe en nuestra legislación un serio problema con el uso de los términos “digna y decorosa” que se recogen del texto constitucional del artículo 4 referente a la vivienda, pues tales vocablos no se encuentran sujetos a ningún parámetro. Si bien el legislador en 1983 consideró prudente dotar a la vivienda de un amplio margen de cualidades y requisitos, es cierto que se omitió establecer en la Ley las características específicas que se deben satisfacer para establecer lo que se debe entender por “digna” y por “decorosa”.

Dicho así, la dignidad y el decoro de las viviendas existen en nuestra Constitución como un postulado de buenas intenciones, un ideal social sin el amparo correctamente estructurado de una norma que de manera integral defina tales vocablos. El problema no es menor, pues se crea incertidumbre jurídica en los principios, los servicios, la seguridad de tenencia, las condiciones de habitabilidad, de asequibilidad y de adecuación cultural que deben tener las viviendas.

Nuestra Constitución en su artículo 1 dispone que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,...”; tal redacción abre la necesidad de armonizar –y a actualizar- los vocablos empleados en su artículo 4 con los tratados internacionales que ya han aportado conceptos mucho más avanzados.

En el panorama mundial existe un consenso generalizado y adoptado por definir a la vivienda con el vocablo “adecuada”, mismo que ha sido definido de manera integral por la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, organismo encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Este instrumento dispone en sus numerales que:

– “4. A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y la situación reinante en muchas regiones del mundo.”

– “6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia ‘para sí y su familia’ supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y actividad económica que eran de aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 1966...”

– “7. ... el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.

...

En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada”

Asimismo la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000 han reconocido en su párrafo 5:

– “ El concepto de ‘vivienda adecuada’... significadisponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”

De tal suerte que el derecho a una vivienda adecuada ha quedado firmemente establecido en los instrumentos internacionales y a partir de ello es posible distinguir 7 ejes rectores a los que debe sujetarse:

1. Seguridad jurídica de la tenencia

2. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura

3. Gastos Soportables

4. Habitabilidad

5. Asequibilidad

6. Lugar

7. Adecuación Cultural

Tales criterios internacionales son congruentes con el principio de interdependencia, pues el vocablo “vivienda adecuada” considera la interrelación que se da entre los derechos humanos, los reconoce como requisitos para su goce y correcto ejercicio y no se limita a la dignidad y el decoro, sino que enriquece el concepto aportando elementos de seguridad en la tenencia de una vivienda y los gastos soportables.

Al cambiar el concepto “digna y decorosa” por el de “adecuada” nuestro texto constitucional se armoniza con la legislación internacional y al mismo tiempo se vincula con los criterios y parámetros aceptados internacionalmente.

Se crea certidumbre jurídica para el sujeto de derecho pues se fija el contenido del derecho, es decir, la prestación y por ende las obligaciones específicas del Estado para satisfacerlo.

Consideraciones Finales

Con la presente iniciativa se pretende:

1. Individualizar el derecho humano a la vivienda a fin de armonizarlo con los estándares internacionales vigentes y con ello ampliar de inmediato la protección jurídica del Estado hacia toda persona, en concordancia con lo que establece el propio artículo 1 constitucional.

2. Actualizar el derecho de vivienda con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

3. Ampliar el ámbito de protección del derecho de vivienda y con ello, las herramientas jurídicas –garantías- para hacerlo efectivo

4. Establecer a la “vivienda adecuada” como el parámetro al que debe sujetarse cualquier vivienda en nuestro país, enriqueciendo el concepto a la luz de las definiciones establecidas en los instrumentos normativos internacionales

5. Crear certidumbre jurídica al definir exactamente al sujeto titular del derecho de vivienda, las características de la prestación y la obligación a la que se sujeta el Estado

6. Afianzar a México en el compromiso permanente a la observancia de los derechos humanos contenidos en su texto constitucional y en los tratados internacionales que ha ratificado

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El texto original del artículo 123 Constitucional fue consultado en:

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/ pdf/1917.pdf

2 El texto referido en la Constitución de Weimar establecía: “Artículo 155. El reparto y utilización del suelo serán vigilados por el Estado en forma que se impida el abuso y se tienda a proporcionar a todo alemán una morada sana y a todas las familias alemanas, especialmente a las de numerosa prole, una morada y un patrimonio económico que responda a sus necesidades. En la regulación que se establezca respecto a patrimonios familiares, se prestará especial consideración a los ex combatientes. La propiedad territorial cuya adquisición sea indispensable para satisfacer necesidades de alojamiento, fomento de la colonización interior y las roturaciones o desarrollo de la agricultura, podrá ser expropiada. Se suprimirán los fideicomisos. El cultivo y explotación de la tierra es un deber de su propietario para con la comunidad. El incremento de valor del suelo que se obtenga sin emplear trabajo o capital en el mismo, quedará a beneficio de la comunidad. Todas las riquezas naturales y las fuerzas físicas económicamente utilizables quedan bajo la inspección del Estado. Las regalías de índole privada se traspasarán al Estado mediante medidas legislativas.”

La Constitución del Imperio (Reich) Alemán, de 11 de agosto de 1919 puede ser consultada de forma íntegra en el siguiente vínculo:

http://www.unav.es/constitucional/Materiales/ Constitucion%20de%20Weimar%20(1919).pdf

3 “Personas y Familia”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2ª. Edición, México IIJ-UNAM, Porrúa, 2004, tomo XII, p. 743.

4 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Ratificado por México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

Texto consultado en:

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/ Pages/CRC.aspx

5 Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Texto consultado en:

http://www.un.org/es/documents/udhr/

6 Ídem. Artículo 25

7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Ratificado por México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

Texto Consultado en:

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/ Pages/CESCR.aspx

8 Constitución de la República Postuguesa. Texto vigente consultado en:

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=179476

9 Constitución Española. Texto vigente consultado en:

http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/ constitucion/index.html

10 Constitución Nacional de la República del Paraguay. Texto vigente consultado en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm

11 Constitución de la República Oriental del Uruguay. Texto vigente consultado en:

http://www.tcr.gub.uy/normativas.php

12 Constitución Política de Colombia 1991. Texto vigente consultado en:

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/ Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm

13 “La Vivienda como Derecho Constitucional”, Del Rivero Del Rivero, José Alberto; Romero Pérez, Miguel Alberto; Colección Francisco J. Santamaría, Pensamientos y Estudios Jurídicos; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1ª. Edición, México 2010, p. 11.

14 Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 4, el derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991).

Texto consultado en:

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm4s.htm

15 Ídem. Fuente recogida de la redacción del numeral 7.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Marco Antonio Gama Basarte,Daniela De Los Santos Torres(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que adiciona el artículo 216-Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

De conformidad con el estudio del Grupo de Trabajo, integrado por 22 expertos de 10 países, y convocados por el Programa de Monografías del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) especializado en el cáncer, el cual clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2A), basado en evidencia de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno, la presente iniciativa propone que en los empaques de carne procesada para la venta al público se inscriba la leyenda: “El consumo de este producto puede producir cáncer. Se recomienda una dieta balanceada”, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal. Asimismo, cuando la venta sea a granel, se deberá exhibir un anuncio dirigido público con la leyenda: “El consumo de carnes procesadas puede producir cáncer. Se recomienda una dieta balanceada”.Ello,con el objeto de poner a disposición del consumir, información que le permita balancear los riesgos y beneficios del consumo carne roja y carne procesada, y poder brindar las mejores recomendaciones dietéticas posibles a la población.

Argumentos

Primero.“Una dieta basada en el bajo consumo de alimentos muy energéticos ricos en grasas saturadas y azúcar y en la ingesta abundante de frutas y hortalizas, así como un modo de vida activo, figuran entre las principales medidas para combatir las enfermedades crónicas recomendadas por expertos independientes a las Naciones Unidas.

La carga que suponen las enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y la obesidad, aumenta rápidamente en todo el mundo. En 2001 las enfermedades crónicas representaron aproximadamente el 59 por ciento de los 56.5 millones de defunciones comunicadas en todo el mundo, y el 46 por ciento de la carga de morbilidad mundial”.

Segundo. “El cáncer es una enfermedad que ha acompañado al hombre desde épocas remotas, debido a que se trata de una alteración celular que provoca un aumento descontrolado de células anormales; su crecimiento invasivo y propagación a través de los tejidos perturba el funcionamiento normal del organismo. Este padecimiento puede afectar tanto a niños como a los adultos y no hace distinción de razas, nivel socioeconómico o sexo. Debido a su alta incidencia y a que sus consecuencias impactan no solo al paciente sino también a la familia y la comunidad, que demandan atención especializada, desde 1990 se considera un problema de salud pública”.

Tercero. “Existen más de 100 tipos de cáncer, los cuales se denominan dependiendo de la parte del cuerpo donde inicia su desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012 murieron 8.2 millones de personas por esta enfermedad; los varones principalmente por cáncer de pulmón, estómago, riñón, colon y esófago; mientras que las mujeres por seno, pulmón, estómago, colon y cervical. Asimismo, destaca que aproximadamente 70 por ciento de las muertes por cáncer se presentan en países de ingresos bajos y medios (World Health Organization [WHO], 2013 y 2014a) donde se dificulta la atención de esta enfermedad”.

Cuarto. “Se estima que cerca del 30% de los distintos tipos de cáncer pueden ser prevenidos; si bien en algunos está implícito un factor genético, su desarrollo es multifactorial, por lo que su aparición puede depender de la exposición a agentes externos como radiaciones, sustancias químicas (como los asbestos), infecciones por virus y bacterias como el virus del papiloma humano o la hepatitis B y C, así como estilos de vida poco saludables, entre los que destaca el tabaquismo que es considerado el principal factor de riesgo de cáncer a nivel mundial, provocando 22 por ciento de las muertes anuales. Se podría pensar que el tabaco está relacionado únicamente con el cáncer de pulmón (causal del 70 por ciento de los casos), esófago, laringe, boca y garganta, pero su consumo también incide en la aparición de neoplasias de riñón, vejiga, páncreas, estómago y cervical (WHO, 2013 y 2014b)”.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en el que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores (neoplasias).

En un periodo de diez años, han fallecido 718 mil 424 personas a causa del cáncer, de las cuales en 351 mil 923 casos se trató de personas del sexo masculino; mientras que en 366 mil 458 se trató de casos de mujeres.

En términos relativos las defunciones por cáncer representaron, en promedio, este periodo, 13.1 por ciento del total; desagregado por sexo, del total de defunciones de hombres en el periodo considerado, 11.5 por ciento fueron causadas por el cáncer, mientras que entre las mujeres, el porcentaje es de 15.1 por ciento”.

Quinto.“Después de una revisión exhaustiva de la literatura científica acumulada, un Grupo de Trabajo de 22 expertos de 10 países, convocados por el Programa de Monografías del CIIC, clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2A), basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno.

Esta asociación se observó principalmente con el cáncer colorrectal, pero también se han visto asociaciones con el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata”.

Desde luego debemos considerar que el consumo de la carne varía mucho entre los países, desde un pequeño porcentaje hasta un 100 por ciento de las personas que comen carne roja; ello, dependiendo de las razones culturales, las cuestiones económicas y hasta los motivos religiosos. Sin embargo, la alta ingesta, asociada a otros factores puede traer afectaciones serias a la salud de los individuos.

Ahora bien, según expertos del CIIC determinaron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%. Y dado el alto porcentaje de personas que consumen carne procesada, este tipo de dieta tendrá un impacto global en la incidencia del cáncer, por lo tanto, en deterioro de la salud pública.

Sexto. Los hallazgos de la investigación refuerzan las recomendaciones de la OMS sobre los riegos en salud pública por la determinada ingesta de alimentos, el sedentarismo, la obesidad y el desbalance de las dietas de los actuales consumidores.

Sin duda, es de reconocerse el valor nutricional de la carne roja. Sin embargo, el estudio de los expertos de la OMS debe propiciar que el gobierno mexicano -mediante la adecuación de su legislación y la reorientación de las políticas públicas- realice evaluaciones de riesgo, a fin de balancear los riesgos y beneficios de consumir carne roja y carne procesada, así como proporcionar a los consumidores información vital para su salud y brindar las mejores recomendaciones dietéticas posibles a la población.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Federal, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un artículo 216 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 216 Bis. Para los efectos de esta Ley, se considera a la carne procesada, aquella carne roja o aves o menudencias o subproductos cárnicos, que se ha transformado a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación.

La venta al público de la carne procesada, deberá ostentar en el empaque, la leyenda: “ El consumo de este producto puede producir cáncer. Se recomienda tener una dieta balanceada”, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal. Cuando la venta sea a granel, se deberá exhibir un anuncio dirigido al público con la leyenda: “ El consumo de carnes procesadas puede producir cáncer. Se recomienda tener una dieta balanceada”.

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las leyendas que se refieren en el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud, deberán estar a la vista de los consumidores dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 OMS, “Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases Report of a joint WHO/FAO expert consultation (WHO Technical Report Series916)”,ver: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/ WHO_TRS_916/en/, 28 de octubre de 2015.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadística a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero)”, pág. 1, 30 de enero de 2015, ver: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/cancer32.pdf, 28 de octubre de 2015.

3 Ibídem.

4 Ibídem, pág.2.

5 Fuentes, Mario Luis, “México social: cáncer, letalidad creciente”, Diario Excélsior, México, 3 de febrero de 2015, ver: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/03/1006220, 29 de octubre de 2015.

6 Organización Mundial de la Salud, Comunicado de prensa del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, “El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer evalúa el consumo de la carne roja y de la carne procesada”, ver: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/es/, 28 de octubre de 2015.

7 El Grupo de Trabajo del CIIC consideró más de 800 estudios que investigaron asociaciones para más de una docena de tipos de cáncer con el consumo de carne roja y de carne procesada en muchos países y poblaciones con dietas diversas. La evidencia más influyente provino de grandes estudios de cohorte prospectivos realizados en los últimos 20 años.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputado Alberto Martínez Urincho(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado José Adrián González Navarro:Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, en México una de cada diez personas tiene 60 o más años de edad, lo que representa el 9.6 por ciento de la población.

De acuerdo al censo de población y vivienda 2006, del INEGI, entre el 2000 y 2010 la población de personas adultas mayores creció 3.8 por ciento, y derivado de la tasa de crecimiento de la década señalada se tiene previsto que esta población se duplique en 18.4 años, por lo que en el 2029 tendremos por lo menos 20 millones de personas de rango de edad que para el 2050 la cuarta parte de nuestra población se integrará de personas adultas mayores.

El envejecimiento de la población en México y sus indicaciones para la salud demandan de una atención especial e inmediata.

Debemos tener claro que ya es suficiente procurar la sobrevivencia en edades avanzadas sin promover el envejecimiento sano y activo de la población, mismo que es susceptible de ser planeado.

Derivado de la radiografía estadística en materia de adultos mayores, y tomando en consideración el perfil epidemiológico del adulto mayor, emitido por la Secretaría de Salud, se concluye que este grupo poblacional es altamente vulnerable debido a las enfermedades no transmisibles o crónicas, y las discapacidades que tienen como efecto la disminución o pérdida de las facultades físicas o mentales.

En este marco considero fundamental no perder de vista que una persona adulta mayor que es beneficiaria de programas sociales, como el que coordina la Secretaría de Desarrollo Social denominado Pensión para adultos mayores, consistente en el apoyo económico de 580 pesos mensuales no es restrictivo para que una persona de esta edad pueda ser beneficiaria de otros programas sociales, con recursos provenientes de las entidades, como en el caso de Nuevo León en la Secretaría de Desarrollo Social del estado a través del Programa de Apoyo directo de Adultos Mayores otorga 700 pesos mensuales a través de una tarjeta electrónica o vale de papel a las personas adultas con mayores de 70 años o más.

Sin embargo, los apoyos mencionados revelan que nuestros adultos mayores difícilmente pueden pagar actividades relacionadas con la cultura física y la práctica de algún deporte, debido a que sus necesidades están relacionadas principalmente con la atención de medicamentos y el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Por ello, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos que pese a los logros del Estado mexicano en el proceso de reconocimiento constitucional, de la cultura física y la práctica del deporte como un derecho humano y la expedición de la Ley General de Cultura Física y Deporte, aún hay pendientes como el de garantizar que la vejez activa y saludable de la población de 60 años o más cumplidos y transitar del envejecimiento discapacitador a un modelo de envejecimiento activo y sano.

Por lo anterior, la iniciativa que hoy pongo a su consideración, pretende reformar la fracción II, del artículo 19 y la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, impulse políticas específicas y programas que promuevan la cultura física y la práctica del deporte destinados al desarrollo e integración de las personas adultas mayores. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

En México uno de cada diez personas tiene 60 años o más de edad, lo que constituye un total de 10, 055, 379 adultos mayores y representan 9.06 por ciento de la población. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre el año 2000 a 2010, la población de personas adultas mayores creció una tasa anual de 3.8 por ciento y derivado de la tasa de crecimiento en la década señalada se tiene previsto que esta población se duplique en 18.4 años por lo que en 2029 tendremos por lo menos 20 millones de personas en ese rango de edad y para 2050 la cuarta parte de nuestra población se integrará de ancianos y ancianas.

De este segmento de población por cada 100 mujeres hay 87 hombres, indicador que confirma la sobremortalidad masculina en dicha población. Respecto de la dependencia por vejez; por cada 100 personas en edad productiva hay 9.7 personas dependientes por tener 60 años o más. Por lugar de residencia, el citado censo del Inegi, evidenció que 74.0 por ciento de la población adulta mayor vive en localidades urbanas y 26.0 por ciento en rurales; las entidades federativas con el mayor número de habitantes adultos mayores son el Distrito Federal con 11.3 por ciento, seguido por Oaxaca con 10.7 por ciento y Veracruz con 10.4 por ciento y los estados de la República que menos concentran población adulta mayor son Baja California Norte con 6.8 por ciento de población, Baja California Sur con 6.6 por ciento y Quintana Roo con 4.8 por ciento.

En lo que respecta a la esperanza de vida de las personas que hayan cumplido 60 años, en el caso de las mujeres se tiene previsto que vivan por lo menos 22.9 años y en caso de los hombres 20.9 años. En materia de discapacidad, 20.7 por ciento o 2,078,540 de los adultos mayores tienen al menos una discapacidad; es decir, alguna dificultad derivada de la edad les impida caminar, moverse, subir o bajar; ver aun usando lentes; hablar, comunicarse o conversar; oír, aun usando aparato auditivo; vestirse, bañarse o comer; poner atención o aprender cosas sencillas o alguna limitación mental. Lo anterior de acuerdo con datos del Censo 2010 del Inegi y el documento Numeralia de los adultos mayores en México 2012, del doctor César Luis Cárdenas Varela y César Alfredo González González del Instituto de Geriatría.

La citada fuente revela que el estado de salud de 14.2 por ciento de la población adulta mayor es considerado como malo o muy malo y en lo que atañe a la hospitalización, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 y Numeralia, revelan que los principales motivos de ésta son enfermedad o cirugía. Las enfermedades diagnosticadas por médicos o personal de salud, son:

Fuente: elaboración propia con información de Numeralia de los adultos mayores en México, Instituto de Geriatría 2012. http://bvs.insp.mx

En 2012 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que 43 por ciento de las personas adultas mayores que viven en nuestro país se encuentran en situación de pobreza multidimensional; es decir, cuando los ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, de conformidad con los Lineamientos y Criterios Generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de junio de 2010.

Por otro lado, la Encuesta Nacional Salud y Nutrición (Ensanut 2012), segunda edición 2013, Resultados nacionales, del Instituto Nacional de Salud Pública, páginas 111 y 120 que para 2050 se estima que los adultos mayores conformarán cerca de 28.0 por ciento de la población. El envejecimiento acelerado de la población representa un reto importante para el sector salud, ya que concomitante a este fenómeno aumentarán también de forma acelerada la demanda de atención a la salud y por consiguiente el gasto en este rubro. Al mismo tiempo este fenómeno requerirá de un modelo de atención específico del sector salud, para contender adecuadamente con las nuevas necesidades de esta población, tanto en lo que se refiere a servicios asistenciales y residenciales, como en lo que respecta a la alta prevalencia de discapacidad y dependencia, las cuales afectan predominantemente a los adultos mayores.

En el apartado de conclusiones la Ensanut, considera que el envejecimiento actual en México y sus implicaciones para la salud demanda atención especial e inmediata. Ya no es suficiente con tan sólo procurar la sobrevivencia en edades avanzadas. Es imperativo promover el envejecimiento sano y activo de la población, mismo que es susceptible de ser planeado y sustentado, al igual que se hace para otras etapas de la vida. La persecución de una vejez sana y activa implica fortalecer los programas de promoción, prevención y diagnóstico oportuno en el ámbito de la atención primaria de la salud, en etapas tempranas.

Derivado de la radiografía estadística en materia de adultos mayores y tomando en consideración el Perfil epidemiológico del adulto mayor en México 2010 de la Secretaría de Salud, se concluye que este grupo poblacional es altamente vulnerable debido a la edad avanzada, las enfermedades no transmisibles o crónicas (ENT) y las discapacidades que tienen como efecto la disminución o pérdida de las facultades físicas y mentales.

En este marco, se coincide con el reto que debe asumir el Estado mexicano en el sentido de garantizar una vejez activa y saludable a la población con 60 años o más cumplidos y con ello, transitar de un modelo de envejecimiento discapacitador al de envejecimiento activo. Al respecto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en su calidad de organismo rector de la política nacional en materia de derechos de las personas adultas mayores, cuenta con una serie de servicios como el de asesoría jurídica; capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre; servicios de atención médica de primer nivel (detección, control y seguimiento de enfermedades comunes en las personas adultas mayores); centros culturales; clubes Inapam; albergues y residencias diurnas; vinculación laboral para personas adultas mayores y educación para la salud. Sin embargo, en ninguno de los citados servicios se contempla el relativo a la práctica de algún deporte.

Por lo anterior, se considera fundamental garantizar a las personas adultas mayores que viven en nuestro país, un envejecimiento activo a través del impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas a su desarrollo e integración, por lo que se propone reformar la fracción II del artículo 19 y de igual forma se propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objeto que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, formule programas para promover la cultura física y la práctica de algún deporte entre las personas adultas mayores.

Argumentos

Una de las preocupaciones de la mayoría de los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el costo financiero de los servicios de atención médica y los respectivos tratamientos de las enfermedades no transmisibles (ENT) que amenazan los progresos en el cumplimiento de los ocho objetivos que integran las Metas del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM), Declaración aprobada por 189 países y suscrita por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Mileno de las Naciones Unidas de 2000 y que se intenta alcanzar este 2015.

Los ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y la diabetes, poseen una característica única son de larga duración y de evolución lenta. De acuerdo con la OMS, las ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. Estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero la evidencia muestra que más de 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 70 años de edad. Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el envejecimiento, una urbanización rápida y no planificada, y la mundialización de unos modos de vida poco saludables. Por ejemplo, esto último, en forma de dietas malsanas, puede manifestarse en forma de tensión arterial elevada, aumento de la glucosa sanguínea, hiperlipidemia, y obesidad. Son los llamados “factores de riesgo intermedios” que pueden dar lugar a una dolencia cardiovascular, una de las ENT.

Como parte de los factores de riesgo que la OMS publica en su sitio web http://www.who.int/ se encuentran los comportamentales modificables, como:

1. El consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de las ENT.

2. El tabaco se cobra casi 6 millones de vidas cada año (por la exposición al humo ajeno), y se prevé que esa cifra habrá aumentado hasta 8 millones en 2030.

3. Aproximadamente 3.2 millones de defunciones anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente.

4. Más de la mitad de los 3.3 millones de muertes anuales por uso nocivo del alcohol se deben a ENT.

5. 1.7 millones de muertes en 2010 debidas a causas cardiovasculares se han atribuido a la ingesta excesiva de sal/sodio.

Ahora bien y sin desdeñar la totalidad de los factores expuestos, para efectos de la presente expresión legislativa, me referiré a la actividad física insuficiente. Al respecto, es importante subrayar que de acuerdo con la Encuesta telefónica sobre hábitos deportivos 2014, elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, estas prácticas dependen en gran medida de factores sociodemográficos, baja escolaridad y nivel de ingresos.

El informe es revelador ya que en este se revela que los hábitos deportivos se van perdiendo conforme las personas van envejeciendo. Del total de los entrevistados con 60 años o más cumplidos, sólo 24 por ciento practica un deporte. 48 por ciento de los hombres realizan más actividad física que las mujeres, ya que sólo 37 por ciento de ellas lo practica. Las personas que no cuentan con estudios no tienen dicho hábito; aunque el hábito de practicar un deporte se incrementa cuando se tiene estudios universitarios. En lo que respecta al nivel de ingresos, el 70 por ciento de los encuestados que tiene un salario superior a los 12 mil pesos si practica algún deporte y por el contrario, sólo tres de cada 10 encuestados con un sueldo menor a 1500 pesos mensuales se ejercita con algún deporte. Entre las personas que no practican ningún tipo de ejercicio, la principal causa para no hacerlo es la falta de tiempo y otros mencionaron la edad y la salud. Sobre el tema de la percepción que tienen las personas entrevistas con respecto al apoyo que otorga el gobierno a los deportistas, 63 por ciento de los entrevistados dijo que el gobierno los apoya poco o nada. Finalmente, la encuesta del Cesop, destaca que el hábito de practicar un deporte entre los entrevistados tiende a ser un hábito heredado o adquirido por costumbre de la madre o el padre.

Adicionalmente a los argumentos planteados es importante enfatizar que en México, una persona adulta mayor que no reciba ingresos superiores a mil 092 pesos mensuales por concepto de pago de pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997 y la ley abrogada por ésta; por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y bajo el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente; por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 1 de abril de 2007; así como por esquemas similares en que se dé una pensión por años de servicio o edad por parte de entidades de la administración pública federal paraestatal; puede ser beneficiada por el programa social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) conocido como Pensión para Adultos Mayores consiste en un apoyo económico de 580 pesos mensuales con entregas de mil 160 pesos cada dos meses. Este apoyo con recursos de origen federal, aprobado por cada uno de las diputadas y diputados integrantes de esta soberanía, no es restrictivo para ser beneficiado o beneficiada con recursos provenientes de programas con recursos de procedencia estatal como en el caso del estado de Nuevo León en el que la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa denominado Apoyo directo al Adulto Mayor, apoya a las personas adultas mayores a los 70 años o más con 700 pesos mensuales a través de una tarjeta electrónica o vale papel. Fuente: http://www.sedesol.gob.mx y http://www.nl. gob.mx/.

Los apoyos descritos confirman que una persona adulta mayor que es beneficiaria de programas sociales tanto federal como estatal o con alguno de ellos, difícilmente podría costear actividades relacionadas con la práctica de algún deporte debido a que sus necesidades están relacionadas con la adquisición de medicamentos y el abastecimiento de productos de primera necesidad principalmente.

Por otro lado, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la adición de un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) por la que se reconoce que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y que corresponde al Estado mexicano su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Asimismo, mediante la reforma a la fracción XXIX-J del artículo 73 de la CPEUM, se faculta al Congreso de la Unión, para legislar en esta materia, estableciendo para ello la concurrencia entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la participación de los sectores social y privado. A partir de dicho reconocimiento constitucional, el Congreso de la Unión, expidió el 7 de junio de 2014 la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), con el objeto de reglamentar el derecho fundamental a la cultura física y la práctica del deporte y las finalidades generales previstas en su artículo 2, que a la letra determinan:

“ Artículo 2. Esta ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en los estados, el Distrito Federal y los municipios;

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura física y el deporte;

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje;

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, recreativo-deportivas, del deporte en la rehabilitación y de cultura física-deportiva;

IX.Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las asociaciones deportivas nacionales;

X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Pese a los logros del Estado mexicano en el proceso de reconocimiento constitucional y la expedición de la LGCFD, aún hay pendientes en esta materia como el impulso de políticas específicas destinadas al desarrollo e integración de las personas adultas mayores. Por ello se considera indispensable que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cuente con atribuciones para formular programas que promuevan la cultura física y deporte entre las personas adultas mayores que viven en México en aras de garantizarles un envejecimiento sano y activo.

En este contexto y a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad el 1o. de octubre de cada año, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 45/106, en atención a las iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de la ONU. Esta conmemoración tiene por objeto reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial, de acuerdo con la información publicada en el portal web http://www.cinu.mx/ del Centro de Información de las Naciones Unidas México, Cuba y República Dominicana (CINU).

Finalmente en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la presente iniciativa pretende hacer un reconocimiento a cada una de las personas adultas mayores que viven en México y visibilizar el envejecimiento activo a través del derecho fundamental a la cultura física y la práctica del deporte.

Por lo anterior, se propone reformar la fracción II del artículo 19 Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto que la Junta Directiva de la Conade, establezca conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas adultas mayores. De igual forma, se propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, formule programas que promuevan la cultura física y deporte entre las personas con sesenta años o más de edad.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se reforman las fracciones II del artículo 19 y XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

“ Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Conade relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e investigación de la activación física, la cultura física y el deporte;

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad y adultas mayores;

III. a XXXIV. ...

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I. a XVII. ...

XVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad y adultas mayores;

XXIX. a XXX. ...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones legales en los términos previstos de la presente reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: José Adrián González Navarro,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Brenda Velázquez Valdez, Eloisa Chavarrias Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Gabriela Ramírez Ramos, María del Rosario Rodríguez Rubio, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del Capítulo IV, y adiciona un artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Desde que en Occidente la pérdida de la libertad personal se estableció como la vía para instaurar un sistema de penalidades ante la comisión de un delito, existe un debate permanente sobre cuáles son las condiciones en que una persona debe vivir esta penalidad que impone la sociedad política y jurídicamente constituida.

El debate sobre la reclusión de las personas ha tenido diversos momento, incluso, se ha llegado a extremos que van desde su apartamiento del tejido social en medio de tratos degradantes, hasta las propuestas contemporáneas que abordan la reinserción social, las oportunidades de trabajo, la reducción de penas y la formación académica en reclusión.

Sin embrago, un tema común pero a la vez difícilmente tratado ha sido el de las familias de las personas en prisión. La sola mención de este tema remonta a figuras que han traspasado los siglo y que nos llevan a pensar en qué pasa con los hijos, las esposas, las madres y los hermanos de los así llamados sentenciados.

Hoy estudios en sociología, medicina, antropología, sociología del delito y política criminal, muestran que las familias son víctimas secundarias respecto de la pena impuesta al sentenciado, y los espacios familiares de las personas en situación de prisión enfrentan una problemática, en la cual, las personas pasan por diferentes riesgos y tensiones, colocándolas en situaciones de incertidumbre, vulnerabilidad, depresión y necesidades limite.

En el caso mexicano, dadas las características de los delitos, es posible afirmar que un sector superior al 60 por ciento de las personas que están en prisión, fueron sentenciados por delitos de menos de 8 mil pesos. De ese modo, un porcentaje significativo de estructuras familiares, sistemas de familias o tipos de hogares que de por si enfrentan condiciones de marginación social, pasan de forma súbita a enfrentar la perdida de ingresos. Los gastos derivados de tener un familiar en prisión y barreras visibles e invisibles que los apartan, los estigmatizan y alejan de la convivencia social.

Actualmente existen patronatos en algunas entidades federativas derivados de sus respectivas leyes de ejecución de sentencias, sin embargo, no están orientados a la participación familiar y de la sociedad civil. Asimismo, no se trata de un ordenamiento nacional, sino local, y aunado a que enfrentan diversos problemas de estructura, eficiencia y eficacia.

Por otra parte y en el mismo sentido, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, señala la creación de un patronato, sin embrago, está acotada a la figura de excarcelados o con beneficios de pre liberación, pero no a la estructura familiar ni tampoco prevé la participación de la sociedad civil.

Por todo ello y como un factor elemental de justicia restaurativa, ante el pleno de esta soberanía me permito someter una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en el título de su capítulo cuarto que llevaría el título, capítulo cuarto. Asistencia a liberado y a familiares de internos; y para adicionar un artículo 15 Bis para quedar del siguiente modo: “se promoverá en cada entidad federativa la creación de un patronato de asistencia a familiares de internos y sentenciados. El objeto de estos patronatos será otorgar asistencia integral a las familias de los internos, poniendo especial atención a niñas, niños y adolescentes.

“Los gobiernos de las entidades federativas sustentarán dichos patronatos de asistencia a familiares de internos o sentenciados, de conformidad con sus posibilidades presupuestales, y fomentarán la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas”.

Las mejores vocaciones de ayuda, solidaridad y apoyo a las familias, pueden desplegarse si tenemos un proceso sistemático para reglamentar una acción de asistencia integral que sume esfuerzos de otras agencias de gobierno y de la sociedad civil organizada.

El altruismo, la filantropía, la asistencia privada, la asistencia pública y otras formas de intervención social que se desarrollan desde lo público y lo privado, pueden encontrarse en esta necesaria atención a las familias que vive en condiciones de riesgo, desprotección, pero sobre todo, de una necesidad pasmosa.

Si hablamos de cambiar nuestro sistema d justicia, también debemos cambiar el modo en que nos relacionamos con las familias de las personas sentenciadas. También debemos de acercar programas sociales y acciones de inclusión, pues ha de recordarse que la familia es la base de la sociedad. El tiempo de la nueva justicia penal es ahora, no mañana ni pasado. Ahora mismo. Nuestro tiempo ha llegado. Las excusas y demoras deben quedar atrás.

Así, por último, dentro de varias décadas cuando las futuras generaciones se pregunten qué fue lo que hicimos quienes habitamos el país en las primeras décadas del siglo XXI, espero que observen que una de las mejores herencias que dejamos fue una justicia penal con rostro humano, más transparente y cercana; una justicia penal solidaria con el dolor de las víctimas.

En suma, ojalá que en el futuro volteen a ver nuestro legado y puedan con orgullo decir: “cumplieron su tarea, pero sobre todo, actuaron con bondad y estuvieron a la altura de los tiempos que les tocó vivir”. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma la denominación del capítulo IV y adiciona el artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación del capítulo IV y se adiciona un artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

Las políticas sociales en México, en torno a la figura de la familia, priorizan e incluyen dentro de sus agendas, programas específicos de combate a la pobreza y las adicciones que erosionan directamente al entorno familiar. Sin embargo, el país adolece de programas que desde una óptica progresista sobre la familia, aborde temas vinculados a su vulnerabilidad, cuando la privación de la libertad de alguno de sus miembros se da como consecuencia de haber delinquido.

Es por ello, que el objetivo de esta Iniciativa es crear un patronato de asistencia a familiares de internos, en donde se otorgará asistencia integral a las familias de los internos, dando especial atención a niñas, niños y adolescentes, con la participación de organizaciones de la sociedad civil así como universidades públicas y privadas.

Argumentos

En México, condenar a una persona es también condenar a su familia. Cuando un individuo es encarcelado, es común que la estabilidad emocional y económica de sus familiares se vea seriamente afectada. Los efectos negativos se manifiestan de varias formas: inseguridad de empleo y de vivienda; depresión, y otros trastornos psicológicos, así como crisis económicas y alimentarias. Generando con ello una segregación social y un desamparo institucional.

Considerada históricamente como un espacio idóneo y hasta privilegiado para la reproducción y convivencia, la familia del siglo XXI, ha visto amenazadas sus responsabilidades de subsistencia, protección, cuidado, educación y socialización como núcleo, cuando condiciones adversas tales como pobreza, adicciones o conflictos vinculados a la legalidad, se hacen patentes entre alguno de sus miembros.

Para las familias, la prisión es una situación difícil de afrontar no sólo por el interno, sino también para su propio núcleo. Ellas, deben sobrellevar el aislamiento de uno de los suyos con todas las cargas económicas, emocionales, sociales y afectivas que ello significa.

Desde esta óptica y bajo una conceptualización donde se asume a la figura de la familia como un núcleo sustancial e irrenunciable, tanto para el interno penitenciario como para su pareja e hijos.

Nuestro planteamiento, se avoca a asumir la integración de una política social amplia, con el fin de conocer la cruda realidad de las familias de los internos, en sus condiciones socio-económicas, educativas y afectivas, en su realidad cotidiana, partiendo para ello de una premisa: la exigencia que se reviste ya como una emergencia social para establecer una aproximación metodológica sobre las condiciones socioeconómicas de las familias de internos recluidos en el sistema penitenciario Mexicano. Estos núcleos, enfrentan la ausencia de políticas de Estado para la prevención, atención e intervención dentro del ámbito de desarrollo social, pese a ser grupos de alta vulnerabilidad frente a la pobreza y la realidad delictiva.

Dentro del mapa de las actuales políticas sociales, este grupo de familias permanecen prácticamente dentro de esquemas de invisibilidad para el Estado y la sociedad en su conjunto.

Es por ello que se formulan las siguientes interrogantes, sin respuesta:

1. Cuando un miembro de la familia es encarcelado en los penales de la República, ¿cómo se afecta la estabilidad de la familia?

2. Cuando uno de sus miembros está en prisión ¿de qué manera se impactan las emociones de las familias?

3. ¿Cuáles son los impactos económicos que afronta los familiares de una persona recluida en el sistema penitenciario Mexicano?

4. La familia de un interno penitenciario ¿cómo logra salir adelante dentro del ámbito económico una vez que alguno de sus miembros está en prisión?

5. Las familias de internos penitenciarios ¿tienen programas de apoyos económicos, educativos o laborales por parte del Estado Mexicano o de las Organizaciones No Gubernamentales para afrontar la posible vulnerabilidad en la cual están inmersas?

6. ¿Existe un menoscabo en el desarrollo educativo de las familias cuando alguno de sus miembros es recluido en prisión?

7. La experiencia carcelaria ¿de qué modo trastoca los roles de sus distintos miembros en la vida de una familia?

8. ¿Cómo se desarrollan las relaciones al interno de la familia cuando uno de sus miembros está en prisión?

9. Las funciones de afecto de la familia ¿se fortalecen ante la crisis carcelaria que obliga a la ausencia de alguno de sus miembros?

10. Por el contrario, las funciones de afecto de la familia ¿se debilitan porque alguno de sus miembros está en prisión?

11. ¿Cómo se afecta la relación interno-familia durante el período de reclusión penitenciaria?

12. La familia del recluso ¿conoce la realidad carcelaria o la vida que cotidianamente tiene su familiar en la prisión?

13. En el caso de las relaciones de pareja ¿qué tanto y cómo se impacta la convivencia íntima como consecuencia de la reclusión?

14. Desde el punto de vista de las familias ¿cuál es la consecuencia más negativa para su núcleo derivada del hecho que uno de los suyos está en prisión?

15. Cuando uno de sus miembros está en la cárcel ¿se afectan las normas y los valores una vez que la realidad delictiva es un tema presente en el hogar porque alguno de sus miembros está en prisión?

16. Cuando una familia tiene alguno de sus miembros en prisión ¿se menoscaban las relaciones al externo de este núcleo como consecuencia de una estigmatización en algunos círculos sociales ajenos a la propia familia?

17. ¿Cómo considera la familia las informaciones que los medios de comunicación divulgan a propósito de la realidad que enfrentan las familias con uno de sus miembros en prisión?

18. La familia con alguno de sus miembros internado en el penal ¿qué importancia le da al proceso de reinserción social del interno penitenciario perteneciente a su núcleo?

Consideraciones a la relación cárcel y familia:

1. Las familias de los internos recluidos en los penales de la República, transitan por estados de emergencia alimentaria y condiciones caracterizadas por una insolvencia económica que les impide acceder a un contexto de vida digno en materia de vivienda, salud y desarrollo educativo.

2. La economía doméstica de las familias de reclusos ubicados en el sistema penitenciario mexicano, es mermada por los gastos derivados en el apoyo a su familiar recluido en la cárcel. El interno, significa para la familia nuevas erogaciones en materia de costos legales en su proceso judicial, alimentación, y salud.

3. El acceso a sistemas de crédito se dificulta entre las familias de internos. Por un lado, estos núcleos devengan ingresos mínimos y, por el otro, las nuevas erogaciones derivadas del encarcelamiento de uno de los suyos frenan cualquier posibilidad de programación crediticia.

4. La “colectivización” del trabajo familiar es un proceso al cual se integran gran parte de las familias de internos penitenciarios en aras de mantener su propio funcionamiento interno. Los padres, esposas e hijos de los reclusos reorganizan su distribución de ingresos-egresos dentro del hogar, involucrándose para tal efecto, en diversas actividades informales para hacer frente a sus propios gastos y los del interno.

5. Estos núcleos familiares tienen un exiguo acceso a programas derivados de políticas públicas dirigidas a familias en vulnerabilidad por pobreza o riesgos educativos.

6. El encarcelamiento de uno de los suyos coloca a las familias en condiciones de fragilidad en términos de inestabilidades emocionales; capacidad de respuesta frente a los conflictos y unidad grupal.

7. La normatividad y reglas en los roles de familia cambian y, con ello, las responsabilidades para supervisar las mismas trae cargas específicas para los miembros de la familia directa del interno penitenciario.

8. La estigmatización es una realidad que socialmente resisten las familias de internos penitenciarios, con críticas y acusaciones en contra de ellas y con un impacto directo sobre sus posibilidades de encontrar un buen empleo.

9. Las familias de internos suelen tener percepciones ambivalentes con respecto al funcionamiento de los medios de comunicación en sus informaciones cotidianas respecto de los penales y las familias de internos penitenciarios. Por un lado, sostienen que éstos cumplen eficientemente con su función al informar sobre los eventos violentos que al interno de las prisiones se tienen. Por el otro, cuestionan si estos mismos medios “podrían hacer más” para exponer cuáles son las condiciones de vida que tienen las familias de internos.

10. El proceso carcelario trastoca la comunicación en pareja, tornando difícil incluso la convivencia íntima.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la denominación del capítulo IV y se adiciona un artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Capítulo IV
Asistencia a liberados y a familiares de internos

Artículo 15. ...

Artículo 15 Bis. Se promoverá en cada entidad federativa la creación de un patronato de asistencia a familiares de internos. El objeto de estos patronatos será otorgar asistencia integral a las familias de los internos, poniendo especial atención a niñas, niños y adolescentes.

Los gobiernos de las entidades federativas sustentaran dichos patronatos de asistencia a familiares de internos de conformidad con sus posibilidades presupuestales y fomentarán la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputados: Waldo Fernández González,Cristiana Ismene Gaytán Hernández(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Están presentes alumnos, docentes y padres de familia, de la Escuela Secundaria Técnica 120 Pedro Sainz de Baranda, de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero.

Asimismo, alumnos y maestros de la secundaria Diurna número 123, José María Velasco, de la delegación La Magdalena Contreras, invitados por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, y también jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Sean todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto legislativo.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley General de Salud.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones:Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeros diputadas y diputados. Llevar una dieta sana a lo largo de nuestra vida, ayuda a evitar la mal nutrición en todas sus formas, así como contraer distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones.

A pesar de lo anterior, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en nuestros estilos de vida, han ocasionado un cambio en nuestros hábitos alimenticios.

La alimentación poco saludable es pues la principal causa de las enfermedades transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2, y determinados tipos de cáncer.

En ese sentido, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, agencia perteneciente a la Organización Mundial de la Salud determinó que el consumo de carnes procesadas como salchichas, jamón, hamburguesas y salami, entre otros, causa cáncer, y comer carnes rojas, como por ejemplo: vaca, ternera, cerdo y cordero, pueden causar cáncer.

Llegar a esta conclusión no fue sencillo, ya que se requirió de una revisión exhaustiva de la literatura científica acumulada, en el que participó un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países, convocados por el Programa de Monografías de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

Los expertos concluyeron que cada porción de cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 por ciento. Para un individuo el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal por su consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida, dijo el doctor Kurt Straif, jefe del Programa de Monografías de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

En vista del gran número de personas que consumen carne procesada el impacto global sobre la incidencia del cáncer es de importancia para la salud pública. Asimismo, otro estudio que fue publicado recientemente en la revista American Cancer Society revela que una dieta rica en carne, combinada con mecanismos de cocción a altas temperaturas o sobre un fuego, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de riñón y que esta relación puede verse influida por la susceptibilidad genética a dicho tipo de cáncer.

Lo anterior es preocupante, ya que si hacemos una revisión histórica en cuanto al consumo de carne en nuestro país se destaca que en 1970 los mexicanos consumieron 23 kilogramos de carne, en 1990 el consumo pasó a 34 kilogramos y en 2013 cada persona consumió 63 kilos de carne, es decir, en cuatro décadas el consumo de carne per cápita aumentó 40 kilogramos.

Si hacemos un análisis de los 63 kilogramos de carne que cada mexicano consumió en el 2013 tenemos que 30.9 kilogramos correspondieron a carne de pollo, 16.4 kilogramos consistió en carne de cerdo, 15.1 kilogramos en carne de res y 1.4 kilogramos de carne de pavo, lo anterior según un estudio de Heinrich Böl.

Aunado a lo anterior los mexicanos tiene la expectativa de vida más baja de la OCDE, pues se ubica en 74.6 años en comparación con el promedio del resto de los países de la organización, que es de 80.5 años, y una de las principales causas de nuestro mal desempeño en este rubro se debe principalmente a la mala nutrición y la alta tasa de obesidad.

En el Partido Verde creemos que estos estudios serán de utilidad en la medida en que los gobiernos realicen las políticas públicas pertinentes con la finalidad de brindar las mejores recomendaciones dietéticas y nutricionales para la población mexicana, salvaguardando de esta manera su salud.

Por lo expuesto con anterioridad es que sometemos la presente iniciativa que reforma la fracción XI del artículo 6 de la Ley General de Salud, con el objeto de implementar políticas gubernamentales para limitar el consumo de carnes procesadas y carnes rojas y de esta manera promover la salud en materia oncológica. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 6 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección al derecho a la salud es una de las prioridades jurídicas concebidas a nivel constitucional (artículo 4o.) en el país y regulado por la Ley General de Salud, entre otros instrumentos. Al respecto, procurar que los mexicanos lleven una sana alimentación para contribuir a todo el esquema de salud integral, evitando problemas de malnutrición, enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones, es uno de los ejes de acción prioritarios de la política pública en México.

No obstante, persisten riesgos latentes para la salud asociados con el aumento en la producción de alimentos procesados y el cambio en los estilos de vida, entre otros factores, que han ocasionado una transformación en los hábitos alimenticios, así como en el tipo y cantidad consumida de éstos, lo cual ha impactado directamente a la salud.

Cabe señalar que, actualmente se consumen más alimentos hipercalóricos, grasas saturadas, de tipo transgénicas, azúcares libres y sal, aunado a una disminución en el consumo de verduras, frutas y fibra dietética, lo cual indica trastornos en la alimentación, mismos que acarrean afecciones graves en la salud sobre distintos grupos etarios en la población mexicana.

En este sentido, reconociendo que la carga de las enfermedades no transmisibles ha aumentado, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitaron a la Directora General de dicha organización que se realizará una estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividades físicas y salud, en razón de la tendencia a la alza de las principales causas de mortalidad y morbilidad similares entre algunos de los estados miembros.

De esta manera, se observó que desde 2001, las enfermedades no transmisibles fueron la causa de casi 60 por ciento, de los 56 millones, de defunciones anuales y de 47 por ciento de la carga mundial de morbilidad. En este sentido, la prevención de estas enfermedades se constituyó como uno de los desafíos más importantes en temas de salud pública mundial.

De manera precisa, los factores de riesgo más sobresalientes asociados a las enfermedades no transmisibles son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el exceso de peso u obesidad y el tabaquismo, factores que están estrechamente vinculados a hábitos alimenticios poco saludables. De hecho, la alimentación poco saludable es la principal causa de enfermedades no transmisibles como las de tipo cardiovascular, diabetes y determinados tipos de cáncer.

En esta lógica, la OMS, a través de la evaluación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC, IARC por sus siglas en inglés), determinó que ciertos tipos de cáncer podrían estar asociados con un alto consumo de carne roja o procesada; en el caso de la carne roja se encontró una asociación positiva, pero limitada, con el desarrollo del cáncer; en tanto que para la carne procesada los estudios demostraron que existe evidencia suficiente para afirmar que ésta se encuentra vinculada con el agente que provoca cáncer en los seres humanos. Cabe resaltar que en los dos casos, se encontró una asociación con el cáncer colorrectal y, de manera no determinante, con el de estómago.

Después de una revisión exhaustiva de la literatura científica y casos acumulados, se determinó que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18% mientras que, 100 gramos de carne roja consumida de la misma forma incrementa las probabilidades de cáncer en un 17%. Es preciso resaltar que, en cuanto a los métodos de cocción y los grupos etarios más vulnerables ante esta situación, la OMS no presentó evidencia determinante.

Lo anterior es un hecho preocupante, ya que, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), durante 2011, se registró un aumento del 89.5 por ciento del consumo de carne en México, tomando como año base 1990, lo cual significa que actualmente un mexicano consume 63 kilogramos de carne en promedio anualmente, 47 por ciento más del registro a nivel mundial.

Lo anterior indica que, en cuatro décadas el consumo de carne per cápita aumentó 40 kilogramos, es decir, de los 63 kilogramos de carne que cada mexicano consumió, 30.9 kilogramos fueron de carne de pollo, 16.4 kilogramos carne cerdo, 15.1 kilogramos carne de res y 1.4 kilogramos carne de pavo. En cuanto al consumo de carnes procesadas en nuestro país, según un estudio realizado por Profeco, en 2010, 36 por ciento de las personas consultadas consumió embutidos hasta tres veces por semana.

De este modo, de las 34 mil muertes por cáncer al año, en todo el mundo, se podrían atribuir causas asociadas a dietas ricas en carne procesada. Estos hallazgos respaldan con mayor fuerza las recomendaciones de salud pública concernientes a hacer del conocimiento público las posibles implicaciones del consumo elevado y desproporcionado de la carne roja y procesada sobre la salud humana, para suscitar la toma de decisiones informada sobre el consumo de este tipo de alimentos.

Asimismo, realizar las modificaciones correspondientes a la Ley General de Salud, la cual tiene por objeto proteger el derecho a la salud de todos los mexicanos, donde se especifique la incidencia de diversos tipos de cáncer, derivado del aumento en el consumo de los tipos de carne mencionados, será una medida que permitirá realizar evaluaciones de riesgo, con la finalidad de brindar las mejores recomendaciones dietéticas y nutricionales para la población mexicana, salvaguardando de esta manera la salud de la población.

Por lo expuesto, se somete la presente iniciativa a consideración, con el objeto de implementar políticas gubernamentales para limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, a fin de contribuir en la salud integral en materia oncológica, y sobre los riesgos cardíacos y de obesidad que representa la ingesta de dichos alimentos.

Así, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 6 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman el artículo 6, fracción XI, de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. a X. ...

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, la incidencia de diversos tipos de cáncer y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días 10 del mes de noviembre de 2015.— Diputadas: Rosa Alicia Álvarez Piñones,Brenda Velázquez Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Álvarez. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

VOLUMEN II

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita también dicha iniciativa por el diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, ambos del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, muy buenas tardes. En México las madres solteras han sido marginadas tanto por la sociedad como por nuestra legislación. Poco hemos hecho desde esta legislatura y legislaturas anteriores para crearles un estatus que les permita tener una vida jurídica, que les permita tener una figura jurídica que contemple la definición que como tal deben tener en la ley, y con ello poder generarles prerrogativas y poderles generar también una mejor condición de vida.

Hablamos de igualdad de género y creo que este es un tema fundamental también para hacer justicia a este gran segmento del que todos hablamos, pero pocos a veces nos preocupamos para precisamente ver qué tenemos dentro de nuestra legislación.

Ha habido legislaciones en estados como Sonora y San Luis Potosí, legislaciones que han pretendido poder darles protección desde la perspectiva de género, pero no tenemos ninguna norma a nivel federal que en un momento determinado pueda darles prerrogativas en cuanto a sus hijos, que pueda darles protección y sobre todo que pueda generar la figura jurídica y la institución de la madre soltera o madre jefa de familia.

Que sus hijos tengan la certeza que la labor de su madre, que todos los días sale a ganarse la vida, estará respaldada por la ley, que tendrán posibilidad de acceder a distintos programas que hoy el gobierno federal y muchos de los gobiernos estatales tienen al conocer con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de las madres solteras.

Se prevén ya en nuestro Código Civil algunas garantías, sobre todo a los hijos que son procreados dentro del matrimonio. Sin embargo, el término de madre soltera como institución social es nulo.

Hay normas civiles dispersas, pero desde una perspectiva de mujeres separadas o abandonadas, como el supuesto de establecer a quién corresponde la custodia de los hijos en los casos de separación. Pero como se observará, estas normas pretenden proteger a los hijos, pero no pretenden tampoco poder generar una protección a la madre soltera.

Las normas jurídicas, compañeros y compañeras, tienen que adaptarse a la realidad, a la necesidad de la sociedad y a donde hoy nos encontramos, como en su momento el matrimonio y el divorcio surgieron como institución, como hoy vemos distintas corrientes que expresan con claridad incluso distintas formas de solidaridad y de tener una familia.

En el caso de la madre soltera no existe norma alguna y es necesario crear una institución generadora de un nuevo tipo de familia, como lo es hoy de hecho, pero no de derecho.

Es por ello, compañeros y compañeras, que presento esta iniciativa junto con el diputado Erick Lagos, para crear esta figura jurídica y no únicamente darle el estatus, también iniciar y darle prerrogativas.

La iniciativa de reforma a distintos artículos del Código Civil incluye desde la posibilidad de que el juez del Registro Civil u oficial de Registro Civil declare este estatus desde el asentamiento del hijo, hasta el orden de prelación para los supuestos de sucesión legítima a la madre o el padre soltero, que en su caso el difunto de cujus haya reconocido al hijo o hijos, en los términos de la legislación civil.

Si tienen obligaciones las madres solteras, también deben tener derechos. Es momento de hacerlo, compañeras y compañeros y, sobre todo, proteger a este gran segmento.

En atención al concepto de igualdad de género, en la presente iniciativa se considera la inclusión también de la figura de padre soltero, aun a pesar de que su situación de vulnerabilidad es distinta a la que presenta una madre soltera. Sin embargo, tampoco existen políticas públicas específicas para brindar apoyo y atender a este sector de la población.

Según cifras del INEGI y del Consejo Nacional de Población, existen 21 millones de padres que viven con sus hijos, 20 millones viven en pareja y 259 mil están separados o divorciados, 42 mil están solteros y 495 mil son viudos.

Compañeros y compañeras diputadas, les pido su apoyo en esta iniciativa y sobre todo es momento y hora de hacer justicia a aquellas que todos los días dejan a sus hijos en la guardería para poder ganarse la vida y que todos los días llegan con el ánimo de educarlos haciendo la función de padre y de madre. Gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y Érick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero del artículo 55, el párrafo primero del artículo 58 y la fracción I del artículo 1602, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 302, un segundo párrafo al artículo 724, el título tredécimo, capítulo único, “De la madre soltera y/o padre soltero”, y los artículos 746 Bis, 746 Ter y 746 Quáter del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, las madres solteras han sido marginadas tanto por la sociedad como por su regulación en los diversos ordenamientos que conforman nuestro marco jurídico, es preciso expresar que con motivo a su situación que no es jurídica sino de política pública, situación diferente al de una pareja; aún no han tenido un respaldo y certeza jurídica, lo que les ocasiona dificultades en el otorgamiento de apoyos.

La figura jurídica de la madre soltera en la legislación mexicana no existe como tal. Es considerada sólo como una forma de señalar que es producto de la separación no jurídica o distinta al divorcio, entre esta y un hombre. En nuestro marco jurídico se prevén en el Código Civil algunas garantías para los hijos procreados en esta unión ya sea de hecho o de matrimonio; sin embargo, el término madre soltera como una nueva institución social es nula.

Es de importancia recordar que la familia al interior de la sociedad mexicana representa el núcleo, en el cual se basa la organización social de nuestro Estado, para un adecuado desarrollo, cimentado en principios y valores que permitan una mejor convivencia entre los individuos. En la familia se ciñe un espacio social en el que la población se agrupa y se organiza bajo la premisa de una aspiración de una vida en común. En una familia, los miembros comparten sus recursos, resuelven sus necesidades y conflictos, a la vez que transmiten y actualizan valores y creencias que les confiere sentido de unidad, pertenencia e identidad. Sin embargo, la realidad mexicana nos muestra una sociedad en donde las familias se fragmentan cada vez más, resultando de ello que se observe que la mayoría de las veces sean las mujeres las que tienen que encargarse solas del cuidado y mantenimiento de los hijos.

Aunque el tema se pueda localizar en algunas normas civiles pero desde una perspectiva de mujeres abandonadas o separadas como en el supuesto de establecer a quien le corresponde la custodia de los hijos en los casos de separación, otro aspecto, es el derecho de la madre a inscribir a su hijo con un apellido, pero como se observará estas normas protegen a los hijos y en especialmente a los procreados en el matrimonio, del cual surgen instituciones como el divorcio.

El Estado como garante del bienestar de las personas en su calidad de ciudadanos debe responder, principalmente a las madres solteras dándole a esta figura certeza legal y jurídica. Debido a ello, las normas jurídicas tienen que adaptarse a la realidad y necesidades de las sociedades, como lo han sido en su momento el matrimonio y el divorcio. Pero en el caso de la madre soltera aún no existe ninguna norma en la legislación civil que establezca a la madre soltera como una institución generadora de un nuevo tipo de familia como lo es de hecho y no de derecho en la actualidad.

En la legislación mexicana a nivel de entidades federativas existen leyes que protegen a la mujer, incluidas las madres soltera, estas legislaciones lo hacen desde el punto de vista de género, por lo tanto estas leyes no contemplan dentro de sus normas la institucionalización en el marco jurídico civil a la madre soltera. Entre estas leyes a nivel local en este rubro podemos mencionar que el Congreso del Estado de Sonora aprobó en 2008, la Ley de Protección a las Madres Jefas de Familia, y el Congreso de San Luis Potosí, aprobó en 2010, la Ley de Protección a Madres, Padres y Tutores Solteros, las primeras de este género que se promulgan en México.

A nivel federal, la Ley Federal del Trabajo estipula varias medidas que protegen a la mujer y al menor de edad, además la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres protege a la mujer en el sentido que le da igualdad ante el hombre en materia de educación, trabajo, salud, violencia, cultura, economía e igualdad jurídica. Esta legislación de carácter social en México, sólo son buenas intenciones y no tienen fuerza coercitiva. Por ello resulta necesario revisar, modificar y legislar a favor de las mujeres y en especial de las madres solteras que conforman un hogar o familia creando leyes a nivel federal que defiendan los derechos de estas, y no como ocurre con la leyes existentes que en la realidad se convierten en letra muerta.

Por otra parte, en México se han diseñado e implementado diversos programas con el propósito de apoyar a las mujeres, a manera de ejemplo, en Oportunidades ahora Prospera, se brindan apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso, de forma prioritaria a las madres de familia, a este programa pueden acceder mujeres solas o con cónyuge. En el mismo sentido existen otros programas federales que tienen por objeto apoyar a familias como el Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, o el Programa de Empleo Temporal dirigido a mujeres y hombres de 16 años o más que enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra, sin embargo, la población objetivo es muy amplia y, por tanto, se reducen las posibilidades de que una madre soltera- jefa de familia pueda acceder a éste.

Ante la falta de acceso a esos programas diversas entidades federativas han implementado programas dirigidos específicamente a las madres solteras-jefas de familia atendiendo a su condición social y económica particular, algunos estados son Morelos y Zacatecas, y el Distrito Federal. Es preciso mencionar que estos programas en ocasiones son de carácter temporal o no se tienen recursos suficientes para atender a este segmento de la población.

Según cifras del Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de madres solteras o jefas de familia se incrementó en 560 mil personas, representando un incremento de 14.6 por ciento, en los dos primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a finales de 2012, la población ocupada del país representaba 3 millones 271 mil madres solteras o jefas de familia. Para 2014 se elevó la cifra a 3 millones 832 mil personas, según la última encuesta trimestral de ocupación y empleo. En tema de condiciones de igualdad, respecto a la mayoría de los trabajadores más de la mitad de las madres solteras o jefas de familia ganan menos de dos salarios mínimos, en el grupo de 3 a 5 hijos representan 54.6 por ciento, entre las que tienen de 1 a 2 hijos representaron 43 por ciento y en las de más de 6 hijos 72 por ciento del grupo.

Las entidades federativas que presentan los índices más elevados de jefatura femenina o madres solteras, con más de 25 por ciento son Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Veracruz. Las condiciones precarias de empleo, educación y salud, las orillan a cumplir con dobles jornadas de trabajo, con salarios bajos y en muchas ocasiones sin seguridad social.

Respecto a los países latinoamericanos, la mayoría opta por dirigir la ayuda social y familiar a grupos que sean vulnerables o que estén en alto riesgo de pobreza. Es de notar que la mayoría de las políticas públicas en la región está centrada en temas que tocan y afectan a la familia. En Argentina se implementa desde 2002 el plan Jefas y Jefes, y desde 2005, el plan Familias por la Inclusión Social, Brasil, desde 1996, Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, desde 2001 Beca Escuela, desde 2003 Beca Familia, en Colombia desde 2001, Familias en Acción, Costa Rica, desde 2000 Superémonos, desde 2006 Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, Chile, desde 2002, Chile Solidario, Ecuador, desde 2004, Bono de Desarrollo, antes Bono Solidario, El Salvador, desde 2005, Red Solidaria, Honduras, desde 1998, Programa de Asignación Familiar, Jamaica, desde 2012, Programme of Advancement Through Health and Education, Nicaragua, desde 2000, Red de Protección Social, Panamá, desde 2006, Red de Oportunidades, Paraguay, desde 2005, Red de Promoción y Protección Social, Programa Piloto, Perú, desde 2005, Juntos, República Dominicana, desde 2005, Solidaridad, y Uruguay, desde 2005, Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

Estas políticas públicas no son específicamente para madres solteras, sino para las familias de bajos recursos, pero como es común que la figura de madre soltera está inmersa en el concepto de familia, los Estados permiten su ingreso bajo requisitos preestablecidos. Según el FMI, estos programas han sido bastante efectivos en el combate de la pobreza. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos, el gasto asignado a programas de beneficio social sigue siendo bastante bajo.

Ante tal escenario es de subrayar que es momento de reconocer a este grupo, ya que no está regulada como tal y es precisamente en el Código Civil donde debería de estarlo, a la par de las instituciones como el matrimonio y concubinato. La figura de madre soltera, es una institución real y de hecho al interior de la sociedad mexicana que no es reconocida como tal, por ello, adolece de seguridad y certeza jurídica tanto para la madre como para los hijos de esta. Resulta trascendental que esta institución nazca a la vida jurídica como respuesta a una realidad que existe en nuestro país, adaptando la norma jurídica a esta realidad, con el objetivo de establecer deberes y derechos desde el punto de vista de alimentación, educación para los hijos, ayuda por parte del padre biológico del hijo o hijos. Con esta figura jurídica se plasmara en la ley su institucionalización otorgándole los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en ley.

Durante el desarrollo del primer Congreso nacional para el fortalecimiento de la familia, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, en la ponencia “Cuando la mujer se hace cargo. Algunos datos y propuestas para el análisis y mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres jefes de familia en México”, mencionó una serie de propuestas por desarrollar en nuestro marco jurídico; entre ellas se encuentran facilitar el acceso de las mujeres que comandan un hogar a los beneficios de las diversas políticas sociales, incluidos los servicios de apoyo para aliviar la carga doméstica; impulsar el establecimiento de estancias comunitarias para niños, mujeres y hombres de la tercera edad con jornadas de atención compatibles con los horarios laborales de las jefes de familia que los tienen a su cargo; generar mecanismos de fiscalización que eliminen y sancionen las desigualdades arbitrarias en los contratos y remuneraciones; desarrollar acciones de educación y comunicación que generen el ejercicio de la paternidad responsable y refuercen el mejor desempeño de los padres en la formación de los hijos; revisar las políticas de asignación de viviendas de interés social, eliminando toda forma de discriminación de las jefas de familia y mujeres trabajadoras motivadas por su estado civil; entre otras.

Aunado a lo anterior, la ministra expresó que debe efectuarse una revisión permanente de la legislación sobre la familia, de manera que se lleven a cabo las reformas legislativas y las medidas administrativas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres consideradas como madres solteras por la sociedad. Hizo notar que tanto los instrumentos internacionales y la legislación nacional son bastante deficientes.

En este sentido, y aun cuando existen disposiciones legales y programas orientados al desarrollo de las mujeres enfocadas a la nutrición, violencia intrafamiliar, salud, atención infantil, derechos humanos, fomento a su integración y participación en el mercado laboral y educativo, ello no implica que necesariamente se brinden los apoyos adecuados al segmento de las mujeres solteras-jefas de familia con hijos menores de edad. Por tal motivo, la finalidad de la presente iniciativa conlleva el propósito de reconocer la realidad que se vive en la sociedad mexicana en donde las relaciones de convivencia han rebasado el ámbito del matrimonio, estableciéndose en la misma sociedad, la figura hasta ahora no reconocida en la legislación civil como es, el de la “madre soltera”, como un nuevo tipo de familia en nuestro país.

Es oportuno precisar que al conceder certeza jurídica a ésta nueva figura social, el Estado tendrá la obligación de velar por dar cobertura y asistencia económica y social a la familia constituida por madre soltera y sus hijos, sin eliminar las obligaciones del padre por el sólo hecho de no haber reconocido a los hijos, o no haya existido un vínculo como el matrimonio o concubinato. No olvidar que las madres solteras tienen la necesidad de trabajar para subsistir, son la única fuente de ingresos, además están solas en la crianza de los hijos.

Mientras los jueces no dispongan de los instrumentos jurídicos adecuados, las madres solterasy sus hijos continuarán sufriendo las consecuencias de la falta de apoyo y de protección por parte del Estado. Por ello es el momento de iniciar a reconocer los derechos de las madres solteras y sus hijos, entre ellos la atención médica y psicológica gratuita, derecho a educación básica, a becas y programas educativos, a programas de asistencia social, acceso a oportunidades de trabajo y a programas de capacitación, así como la responsabilidad del padre biológico respecto a los hijos.

Con la inclusión de la figura de “madre soltera” en el Código Civil Federal, se establecerán prerrogativas y obligaciones, resultado de ello, es preciso que este modelo se siga por el resto del país. Reconocer a las madres solteras, las cuales asumen en solitario las funciones parentales, las tareas domésticas, las responsabilidades en la educación y el peso de ser la única fuente de ingresos de la familia, ocasionándoles ausencia de vida personal, presión familiar orillándolas a la soledad y abandono. Sin dejar de mencionar que reciben el rechazo cuando tratan de acudir a las instituciones en la búsqueda de ayuda para solucionar sus conflictos ya sean económicos o legales, encuentran una serie de obstáculos para acreditar la maternidad única de su hijo, inscribirlos en las escuelas, entre otros problemas.

En atención del concepto de igualdad de género en la presente iniciativa, se considera la inclusión de la figura de “padre soltero”, aun a pesar de que su situación de vulnerable es distinta a la que presenta una madre soltera. Sin embargo, tampoco existen políticas públicas específicas para brindar apoyo y atender a este sector de la población. Según cifras del Inegi y el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México existen 21 millones de padres viven con sus hijos; 20 millones viven en pareja y con sus hijos, 259 mil están separados o divorciados, mientras 42 mil son papás solteros y 495 mil son viudos. Otro dato importante es que en México, pocas las empresas otorgan días a los padres solteros para atender asuntos relacionados con los hijos por cuestiones educativas, y citas con el médico y por no olvidar que los padres solteros se enfrentan, frecuentemente a la falta de empatía de cambiadores en los baños de hombre de restaurantes, centros comerciales, hospitales o clínicas, centros de trabajo, entre otros lugares.

En este orden de ideas, y ante la vulnerabilidad de la madre soltera que de origen no resulta de una desvinculación de un lazo matrimonial o concubinato, o por fallecimiento de la pareja, y en atención a que esta vulnerabilidad se justifica por la ausencia de un jefe-varón que sea proveedor de recursos económicos para el sustento de los hijos, ocasionando que la madre soltera-jefa de familia deba ausentarse del hogar para desempeñar una jornada laboral en condiciones de desigualdad con otras mujeres, y principalmente con los varones, provocando una situación de pobreza, por ello, hemos considerado que la propuestas al Código Civil Federal sean aplicadas exclusivamente a este sector, ya que aquellas madres que se convirtieron en solteras por cualquiera de las causas señaladas en la legislación civil, no comparten las misma vulnerabilidad que aquella que no ha mantenido un vínculo jurídico o legal. Bajo el principio de equidad, misma situación se aplicara al padre soltero.

Por otro lado, la iniciativa incluye en el orden de prelación para los supuestos de sucesión legítima, a la madre o padre soltero que en su caso el difunto o de cujus haya reconocido al hijo o hijos en los términos de la legislación civil, esto con base en, como se ha señalado en la exposición de la presente, los hijos reconocidos en su calidad de descendiente están protegidos por las normas civiles, es decir, cuentan con certeza jurídica y legal, sin embargo, en el supuesto de las madres solteras o padres solteros, estos por carecer de un reconocimiento civil, están excluidos para poder ser considerados a heredar, ya que por su condición, la cual, no es ni de cónyuge, ni concubina o concubinario, se encuentran imposibilitados para ejercer dicho derecho.

Por todo lo expresado presento ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el párrafo primero del artículo 55, el párrafo primero del artículo 58 y la fracción I del artículo 1602; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 302, un segundo párrafo al artículo 724, un título tredécimo, capítulo único, “De la madre soltera y/o padre soltero”, y los artículos 746 Bis, 746 Ter y 746 Quáter del Código Civil Federal

Artículo Único. Se reforman el párrafo primero del artículo 55, el párrafo primero del artículo 58, la fracción I del artículo 1602, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 302, un segundo párrafo al artículo 724, un título tredécimo, capítulo único, “De la madre soltera y/o padre soltero”, los artículos 746 Bis, 746 Ter y 746 Quáter, todos del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 55.Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos con independencia de su estado civil, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

...

...

...

Artículo 58.El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. Si este se presenta como hijo de madre o padre soltero, el juez u oficial del Registro Civil lo registrará con los apellidos de la madre o padre que lo presentare, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

...

...

Artículo 302.Los cónyuges deben darse alimentos; la ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados en el artículo 1635.

La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto, con la prueba de paternidad alegada en los términos establecidos en este código.

Artículo 724.La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad de los bienes que a él quedan afectos, del que lo constituye a los miembros de la familia beneficiaria. Éstos sólo tienen derecho a disfrutar de esos bienes, según lo dispuesto en el artículo siguiente.

Pueden constituir el patrimonio de la familia la madre, el padre o ambos con independencia de su estado civil, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo, para proteger jurídica y económicamente a su familia.

Artículo 1602.Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:

I.Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635, la madre o padre independientemente de su estado civil, cuando el de cujus haya reconocido el hijo o hijos en los términos establecidos en este código.

II.A falta de los anteriores, la beneficencia pública.

Título Tredécimo Capítulo Único
De la Madre Soltera y/o Padre Soltero

Artículo 746 Bis. Madre o padre soltero es aquella persona que registre con sus apellidos al hijo o hijos, y el juez u oficial del Registro Civil haya asentado esta circunstancia en el acta.

Artículo 746 Ter. Las disposiciones que se refiere el presente capítulo son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y su desarrollo integral basados en el respeto. Las relaciones jurídicas constituirán el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia.

Artículo 746 Quáter. Las relaciones jurídicas entre la madre o padre soltero y sus hijos generaran deberes, derechos y obligaciones por lazos de parentesco conforme a lo establecido en este código. Será deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La discriminación que la mujer sufre con respecto al hombre a todos los niveles se agudiza en el caso de las madres solteras que, desde el momento en el que la sociedad les cuelga la etiqueta de marginadas, por el simple hecho de haber tenido un hijo fuera del cauce establecido, se enfrentan con un futuro desolador plagado de marginaciones y restricciones, tendentes a impedir un auténtico desarrollo en todas las facetas de la vida personal y de relación humana, tanto de la madre como del hijo. Arbiza Berregui, María Isabel, “La madre soltera frente a la sociedad”, en Revista de Sociología, número 9, 1978, en

http://ddd.uab.cat/pub/papers/ 02102862n9/02102862n9p173.pdf

2 El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Esta institución jurídica crea una serie de obligaciones y derechos para los cónyuges. Estas obligaciones y derechos son de observancia obligatoria aun en el caso de que el matrimonio se disuelva por separación o divorcio. Calderón Aguilar, Gustavo Adolfo, La inexistencia de la figura jurídica de la madre soltera en la legislación guatemalteca, Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2007, páginas 13-16.

3 http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_215.pdf

4 http://189.206.27.36/ley/151.pdf

5 El Programa de Inclusión Social Prospera articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Prospera

6 El Inegi precisa que de los 48 millones 823 mil mexicanos que trabajan, 18 millones 791 mil son mujeres, es decir, 38.4 por ciento. De ellas, las que son madres de uno y hasta más de 6 hijos suman 13 millones 853 mil trabajadoras, es decir, 73 por ciento de la población laboral femenina. Las madres que cumplen la doble condición de trabajar y ser jefas de familia suman, a su vez los 3 millones 832 mil 689 referidos. Dicha cantidad representa, a su vez, 89 por ciento entre las jefas de familia (se incluyen las que no tienen hijos), 27.6 por ciento entre las madres trabajadoras y apenas 20 por ciento, o la quinta parte, entre todas las mexicanas que trabajan. González Susana, “Cerca de 4 millones son jefas de familia: Inegi”, 10 de mayo de 2014, en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/10/cerca-de-4-millones-de-mujeres-son-jefas-de-familia-en-mexico-inegi-6250.html

7 Ibídem.

8 Inmujeres, “Reconocemos esfuerzo de jefas de familia que cubren hasta dobles jornadas,” en http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/ images/stories/comunicados/2015/comunicado70.pdf

9 Arriaga, I. Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2007, página 32.

10 Valencia Lomelí, E. “Las transferencias monetarias condicionadas como política social en América Latina. Un balance: aportes, límites y debates”, en Annual Review of Sociology, número 34, páginas 499-524.

11 Clements, B. J., “Public expenditure in Latin America: trends and key policy,”, en Issues 2007-2021, International Monetary Fund, 2007, página 34.

12 Garantizar a las jefas de familia que trabajan la posibilidad de completar, cuando menos, su educación media y acceder a programas de capacitación laboral en horarios compatibles con sus otras obligaciones; poner en marcha medidas de fortalecimiento de la economía familiar, incluidos proyectos de carácter productivo, de empleo y generación de ingresos dirigidos a las familias encabezadas por mujeres que se encuentran en situación de pobreza; mejorar la política de asignación de créditos en las instituciones que los otorgan, buscando nuevos mecanismos que permitan a familias que no tienen otra garantía que su palabra y su trabajo, acceder a créditos que les permitan desarrollar proyectos productivos; adoptar medidas dirigidas a la inclusión del tema de la vida en familia en los procesos de educación escolar y extraescolar, con el fin de fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relación con los derechos y obligaciones que adquieren las parejas al unirse en matrimonio, el número y espaciamiento de los hijos y el cuidado y atención de los menores, ancianos y discapacitados, entre otros; apoyar investigaciones y generar información periódica sobre aspectos demográficos, económicos y socioculturales relativos a la mujer y la vida familiar, a fin de diseñar políticas públicas más eficientes; elaborar y difundir contenidos educativos que pongan de relieve los diferentes arreglos y formas de organización familiar, a fin de estimular actitudes de respeto y protección hacia estos hogares y sus miembros; difundir campañas de comunicación que favorezcan las responsabilidades familiares compartidas y reivindiquen la valoración del trabajo doméstico; impulsar programas de orientación familiar que faciliten la práctica de relaciones conyugales sanas y constructivas, que brinden información respecto a la vida en pareja y que propicien una sana gestión y prevención de los conflictos y tensiones familiares. Sánchez Cordero, Olga, “Cuando la mujer se hace cargo. Algunos datos y propuestas para el análisis y mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres jefes de familia en México”, en el primer Congreso nacional para el fortalecimiento de la familia, 2 de diciembre de 1999, Ciudad Victoria, Tamaulipas, en http://www2.scjn.gob.mx/ ministros/ oscgv/Conf/Conf-006.htm

13 Ibídem.

14 “Hay 42 mil papás solteros, según Inegi y Conapo”, en Crónica DF, Redacción, 15 de junio de 2014, en http://www.cronicajalisco.com/notas/2014/17772.html

México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Marco Antonio Aguilar Yunes,Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Sofía Del Sagrario De León Maza, Heidi Salazar Espinosa, Lillian Zepahua García, Carlos Federico Quinto Guillén, Gonzalo Guízar Valladares(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Aguilar. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las dos iniciativas en una sola intervención. Adelante, diputada.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Con su venia, presidente. Acudo a esta tribuna a presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que reforma la Ley Orgánica del Congreso, el Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Estas iniciativas tienen por objeto establecer las bases constitucionales y reglamentarias de una nueva relación entre los Poderes y una efectiva rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante el Poder Legislativo de la nación.

Así se fortalece la representación popular en sus facultades de control, se genera un mecanismo más ágil para requerir información y documentos oficiales al gobierno, se fortalece la institución de la pregunta parlamentaria, lo que hace posible que los integrantes del Congreso de la Unión formulen cuestionamientos y requieran explicaciones sobre los actos y omisiones del gobierno.

Se avanza en la construcción de una relación democrática entre los Poderes, lo que contribuye a mejorar la calidad de la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Las iniciativas proponen establecer la facultad de ambas cámaras del Congreso de la Unión para citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo Federal cuando así lo solicite la cuarta parte de sus integrantes y lo apruebe una mayoría calificada de dos terceras partes.

Con esto se genera un mecanismo efectivo de rendición de cuentas del titular del Poder Ejecutivo Federal frente a situaciones que afecten la seguridad nacional, la estabilidad política, económica, la vigencia del Estado de derecho o el funcionamiento de las instituciones nacionales. Esto rompe con los rituales anuales que asumen la rendición de cuentas como actos de propaganda, autoelogio y derroche.

Para que el presidente de la República pueda ser citado ante el Congreso se establece un procedimiento especial y una mayoría calificada, con lo cual se distingue claramente este acto de otras citas a servidores públicos que pueda acordar el Congreso y respeta la investidura del titular del Poder Ejecutivo Federal. El país gana con transparencia y rendición de cuentas. Las instituciones se fortalecen y se generan los equilibrios constitucionales indispensables para una sociedad democrática.

Por otra parte, la iniciativa también propone fortalecer la facultad de investigación del Congreso. Por ello se amplía su alcance para investigar el funcionamiento de cualquier dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal mayoritaria, es decir, toda la administración pública federal.

Se disminuye el número de senadores que pueden solicitar la constitución de estos órganos parlamentarios de investigación al fijarse en una cuarta parte de sus miembros en lugar de la mitad que actualmente fija la Constitución.

Con la reforma propuesta, las comisiones de investigación tendrán facultades constitucionales para citar a cualquier persona y requerir la información que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones, independientemente de su naturaleza legal.

Para el efecto se establece la obligación expresa a todas las dependencias de la administración pública federal a entregar toda la información que sea requerida por estos órganos legislativos de control, incluida aquella con clasificación de reserva o confidencial, la cual mantendrá y los órganos del Congreso estarán obligados a mantener la reserva en los términos de ley.

Se faculta a estos órganos legislativos para requerir el respaldo técnico de la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso solicitar el apoyo a la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de sus funciones.

Se otorga congruencia práctica a la declaración bajo protesta de decir verdad. Para el efecto, se propone la modificación de los artículos 41, 45, 85 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal, para señalar sanciones a los servidores públicos que al comparecer ante el Congreso, incurran en faltas a la verdad.

Se propone modificar el esquema actual de acceso a la información gubernamental que opera para el Poder Legislativo federal y para los legisladores en lo individual y en su lugar establecer un mecanismo similar a la de la institución de la pregunta parlamentaria, que opera en diversos parlamentos europeos y latinoamericanos.

Espero que estas iniciativas sean aprobadas y estoy segura que el país ganará en transparencia y en rendición de cuentas. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto establecer las bases constitucionales y reglamentarias de una nueva relación entre los poderes y una efectiva rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante el Poder Legislativo de la nación.

Se fortalece a la representación popular en sus facultades de control; se genera un mecanismo más ágil para requerir información y documentos oficiales al gobierno; se fortalece la institución de la pregunta parlamentaria, lo que hace posible, que los integrantes del Congreso de la Unión, formulen cuestionamientos y requieran explicaciones sobre los actos y omisiones del gobierno.

Se avanza en la construcción de una relación democrática entre los poderes, lo que contribuye a mejorar la calidad de la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

a) Facultar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión para citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo federal

La iniciativa propone reformas y adiciones al artículo 93 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la facultad de ambas Cámaras del Congreso de unión para citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo Federal, cuando así lo solicite la cuarta parte de sus integrantes y lo apruebe una mayoría calificada de dos terceras partes.

Con esto se genera un mecanismo efectivo de rendición de cuentas del titular del poder Ejecutivo federal, frente a situaciones que afecten la seguridad nacional, la estabilidad política, la vigencia del estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones nacionales.

Esto rompe con los rituales anuales, hace posible el intercambio de información y la efectiva rendición de cuentas ante la soberanía popular representada en el Poder Legislativo federal.

Para que el presidente de la República pueda ser citado ante el Congreso, se establece un procedimiento especial y una mayoría calificada, con lo cual se distingue claramente este acto de otras citas a servidores públicos que pueda acordar el Congreso.

b) Fortalecer la facultad de investigación del Poder Legislativo federal

Se amplía la facultad del Congreso para integrar comisiones para investigar el funcionamiento de cualquier dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal mayoritaria. Es decir, toda la administración pública federal.

Se disminuye, el número de senadores que pueden solicitar la constitución de estos órganos parlamentarios de investigación, al fijarse en una cuarta parte de sus miembros en lugar de la mitad que actualmente fija la Constitución.

Con la reforma propuesta, las comisiones de investigación, tendrán facultades constitucionales, para citar a cualquier persona y requerir toda la información que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones, independientemente de su naturaleza legal.

Para el efecto, se establece la obligación expresa a todas las dependencias de la administración pública federal a entregar toda la información que sea requerida por estos órganos legislativos de control, incluida aquella con clasificación de reserva o confidencial, la cual mantendrá y los órganos del congreso estarán obligados a mantener la reserva en los términos de la ley.

Asimismo, se faculta a estos órganos legislativos para requerir del respaldo técnico de la Auditoría Superior de la Federación para el desarrollo de sus atribuciones y requerir, cuando así lo juzgue necesario, el apoyo a la Fiscalía General de la República.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93.Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Cuando existan situaciones graves que afecten la estabilidad política, económica o social de la nación o se presenten hechos que comprometan la seguridad nacional y la paz, cualquiera de las Cámaras, a solicitud de una cuarta parte de sus miembros y por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo federal para que rinda un informe escrito y responda los cuestionamientos de los legisladores sobre el tema que haya motivado su comparecencia.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de cualquier dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal mayoritaria o empresa del Estado. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal y cuando existan elementos constitutivos de delito, se dará cuenta de las mismas al fiscal general de la República.

Las comisiones de investigación constituidas conforme a este artículo podrán citar a cualquier persona y requerir toda la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. Dichas comisiones contarán con el apoyo técnico de la Auditoría Superior de la Federación.

Ninguna dependencia de la administración pública federal podrá negarse a entregar la información requerida por las comisiones de investigación. La ley determinará el uso y resguardo de la información de naturaleza reservada en poder del Congreso. Para el cumplimiento de sus fines podrán requerir el respaldo de la Fiscalía General de la República.

Los funcionarios públicos federales y ciudadanos que comparezcan ante las cámaras del Congreso de la Unión y sus comisiones lo harán bajo protesta de decir la verdad. La omisión o violación de esta obligación será sancionada conforme a la ley.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales, a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2015.— Diputada Ernestina Godoy Ramos(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La diputada Ernestina Godoy Ramos:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 41, 45, 85 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 179 y 214 del Código Penal Federal; 8, 13, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para fortalecer las facultades de control del Congreso de la Unión y favorecer una efectiva rendición de cuentas del Poder Ejecutivo federal.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa es complementaria de la que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecer las bases constitucionales y reglamentarias de una nueva relación entre los poderes y una efectiva rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante el Poder Legislativo de la nación.

La reforma a la constitución, establece nuevas facultades para el Congreso y sus comisiones, le otorga fuerza a su función de control e investigación y posibilita una efectiva y real rendición de cuentas del gobierno.

La presente iniciativa de reformas pretende establecer reglas que permitan a los integrantes del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, citar a comparecer no sólo a los servidores públicos federales, sino incluso a particulares cuando éstos por sus actividades o por el uso de recursos públicos de que dispongan se encuentren relacionados con los hechos que se investigan, además de establecer claramente las causas y las sanciones a que se harán acreedores en caso de que en sus comparecencias ante cualquiera de las Cámaras no proporcionen toda la información que se encuentre en su poder o bien cuando declaren falsamente ante dichas Cámaras.

Lo anterior, tiene por objeto transformar el sentido de las comparecencias que se realizan ante la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues como se mencionó actualmente no resultan en verdaderos actos de rendición de cuentas, incluso en ocasiones no sólo ocultan información que por disposición de la ley deben tener en su poder, sino que incluso faltan a la verdad.

En ese sentido resulta necesario e imprescindible contar con reglas específicas que permitan tanto a los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, como a las personas que comparezcan ante éstas, ya sea en pleno o ante alguna de las Comisiones de éstas, conocer con precisión el procedimiento a seguir y las consecuencias de ocultar información, negarla o falsearla.

Al respecto, resulta oportuno mencionar que el objeto de las comparecencias de los servidores públicos ante la Cámara de Diputados se encuentra prevista en su Reglamento, en el artículo 124 cuando se trate de comparecencias ante el Pleno y en el artículo 198 cuando se trate de comparecencias ante Comisiones, y substancialmente es que den cuenta del estado que guarden sus respectivas áreas y proporcionen información, cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

No obstante lo anterior, los servidores públicos escudándose en diversas normativas, como las que se pretenden reformar con la presente iniciativa, como son el Código Penal Federal, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al comparecer ante las Cámaras de Diputados y de Senadores omiten deliberadamente proporcionar información sin que ello implique responsabilidad, ni sanción alguna.

De tal suerte, la iniciativa presentada implica entre otras cosas, conocer los hechos de un asunto determinado para que en función de ello las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentren en una condición que les permita tomar una decisión que pueda denominarse justa y apegada a derecho. Esta afirmación parece fundada, simplemente si se tiene en cuenta que ninguna decisión puede considerarse justa si se basa en una averiguación falsa o errónea de los hechos relevantes.

En esa tesitura, es inconcuso que la decisión que adopte cada una de las Cámaras debe sustentarse en información que sea completa y veraz.

Declaración bajo protesta de decir verdad

Se le otorga congruencia práctica a la declaración bajo protesta de decir verdad, para el efecto se modifican artículos 41, 45, 85 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal, para castigar a quien le mienta al Congreso.

Pregunta Parlamentaria

Se proponer modificar el esquema actual de acceso a la información gubernamental que opera para el Poder Legislativo Federal y para los legisladores en lo individual, y en su lugar establecer un mecanismo similar a la de la institución de la pregunta parlamentaria, que opera en diversos parlamentos europeos y latinoamericanos.

El nuevo procedimiento se activará con la solicitud que formule cualquier legislador al Presidente de la Cámara, para que éste turne y solicite respuesta de los funcionarios de la administración pública federal a los requerimientos de información o cuestionamientos de los legisladores. Cada legislador podrá formular una pregunta parlamentaria por mes.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 41, 45, 85, 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 179 y 214 del Código Penal Federal; 8, 13, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue

Artículo Primero.Se reforman y adicionan los artículos 41, 45, 85, 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional. En el ejercicio de sus funciones podrán citar a comparecer a cualquier persona y requerir la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Las comisiones contarán con el respaldo técnico de la Auditoría Superior de la Federación, la cual designará a los servidores públicos que le sean requeridos por estos órganos del Congreso, los cuales quedarán bajo su dirección para el desarrollo de la investigación en la que intervengan.

La información de naturaleza reservada que obre en poder de las Comisiones de Investigación mantendrá ese mismo carácter y sólo tendrán acceso a ella las personas expresamente autorizadas por la Comisión, debiendo en todo momento guardar la reserva de la misma. La infracción de esta disposición será sancionada conforme a la legislación respectiva.

Artículo 45.

1....

Asimismo y por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, las y los legisladores podrán formular una pregunta o cuestionamiento por mes, a los titulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, empresas del Estado y Órganos Constitucionales Autónomos.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables, excepto cuando se trate de solicitudes formuladas por las Comisiones de Investigación constituidas de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al C. Presidente de la República para solicitarle instruya la entrega inmediata de la información requerida y en su caso, el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

4....

Los servidores públicos que comparezcan ante la Cámara, tendrán la obligación de remitir un informe escrito con al menos 48 horas de anticipación a la realización de su comparecencia.

Al inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión respetiva, le solicitará al funcionario, que proteste decir la verdad, inmediatamente después el Presidente declarará: “esta presidencia le advierte, en nombre del Poder Legislativo Federal, que en caso de no conducirse con la verdad, en el desarrollo de esta comparecencia, será sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que establece la Ley.”

Artículo 85.

1.La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

2. Las comisiones serán:

a. ...

b. ...

c. De investigación: las que se creen en los términos del artículo 93 constitucional.

Artículo 97.

1. Los presidentes de las comisiones, a solicitud de cualquiera de sus integrantes, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen.

Asimismo y por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, las y los legisladores podrán formular una pregunta o cuestionamiento por mes, a los titulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, empresas del Estado y Órganos Constitucionales Autónomos.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones aplicables, excepto cuando se trate de solicitudes formuladas por las Comisiones de Investigación constituidas de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la República, para que instruya la entrega inmediata de la información requerida y ordenen el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.

Artículo 98.

1. ...

Los servidores públicos que comparezcan ante la Cámara, tendrán la obligación de remitir un informe escrito con al menos 48 horas de anticipación a la realización de su comparecencia.

Al inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión respetiva, le solicitará al funcionario, que proteste decir la verdad, inmediatamente después el Presidente declarará: “esta presidencia le advierte, en nombre del Poder Legislativo Federal, que en caso de no conducirse con la verdad, en el desarrollo de esta comparecencia, será sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que establece la Ley.”

2. ...

3...

Artículo Segundo. Se reforman el artículo 179 y se adiciona una fracción VII y reforma el último párrafo del artículo 214 del Código penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 179.El que sin excusa legal se negare a comparecer ante la autoridad a dar su declaración, cuando legalmente se le exija, no será considerado como reo del delito previsto en el artículo anterior, sino cuando insista en su desobediencia después de haber sido apremiado por la autoridad judicial , apercibido por la administrativa o por los órganos correspondientes del Poder Legislativo Federal,en su caso, para que comparezca a declarar.

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

I. a la VI...

VII. Por sí o por interpósita persona, rinda ante el Poder Legislativo informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y

...

Al infractor de las fracciones III, IV, V, VI y VII se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo Tercero.Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 8 y se recorre la fracción XXIV; y se reforma el párrafo cuarto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

XXIV. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por las Cámaras de Diputados, de Senadores y sus Comisiones respectivas de conformidad con la Ley.

XXV. Comparecer bajo protesta de decir la verdad ante las Cámaras del Congreso de la Unión, su comisión Permanente, las Comisiones ordinarias, de Investigación o Especiales a las que sean requeridos conforme a la Ley.

XXVI.Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

...

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

De la I a la V.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII, XXIII, XXIV y XXVdel artículo 8 de la Ley.

...

...

Será causa de destitución del cargo e inhabilitación cuando un funcionario público mienta ante el congreso, oculte la información requerida por el congreso.

Será causa de juicio político cuando los funcionarios referidos en el capítulo V de esta Ley aporten información falsa al Congreso.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Taruffo, Michele, Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, p. 13.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Ernestina Godoy Ramos,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Guadalupe Hernández Correa, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Irma Rebeca López López, Jesús Emiliano Álvarez López, Patricia Elena Aceves Pastrana, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Justicia, para dictamen.

Saludamos la presencia del presidente electo de Yecapixtla, Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala y un grupo de personas que visitan esta Cámara de Diputados. Invitados todos por el diputado Javier Bolaños Aguilar, Vicepresidente de la Mesa Directiva.

Igualmente saludamos la presencia del doctor Javier Medina Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Asimismo, del doctor Regino Montoya Valdez, vicepresidente del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y del doctor Andrés Sánchez González, coordinador de asesores de la Fesormex. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Cuitláhuac García. Sonido ahí en su curul, por favor.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, solamente para solicitarle a la compañera Ernestina Godoy, si nos permite adherirnos a todos los miembros de la bancada de Morena, a su propuesta.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hace así, supongo que quiere decir que sí. La diputada Godoy manifiesta su asentimiento, y están a disposición las iniciativas presentadas para quienes deseen suscribirlas aquí en la secretaría, en la Mesa directiva.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Mirza Flores Gómez:Con su venia, señor diputado presidente. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados. Por economía procesal, solicito se inserte el texto íntegro de mi iniciativa en el Diario de los Debates, presidente, por favor.

La anterior legislatura celebró un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la finalidad de implementar el programa distintivo ambiental Puma-UNAM de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

El objetivo de este programa consistió en realizar un diagnóstico en el recinto legislativo y propuso una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de los edificios que integran la Cámara de Diputados, respecto de los temas energía, agua, residuos sólidos urbanos y consumo responsable.

El propósito o fin de este convenio es que una vez que se atiendan las recomendaciones se emita el distintivo ambiental Puma-UNAM. Este distintivo tiene tres categorías: básico, azul y oro.

El diagnóstico realizado en las instalaciones de este parlamento obtuvieron muy baja calificación y con ello, el distintivo Puma-UNAM básico. El diagnóstico realizado proporciona información detallada sobre la infraestructura y operación de los 10 edificios que conforman la Cámara, identificando las principales áreas de oportunidad para dar seguimiento a los indicadores ambientales y evaluar el beneficio de las acciones recomendadas.

El objetivo de la presente iniciativa es muy claro, compañeros diputados y compañeras diputadas, y es reducir el impacto ambiental derivado del consumo indiscriminado de papel, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo al capítulo 3360 del techo presupuestal de 2015, de la Cámara de Diputados, se destinaron, y quiero que escuchen esta cantidad, 37 millones de pesos en servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión de órganos y unidades vinculadas al quehacer legislativo. Se estima que en este órgano se consume 1 millón 450 mil millares de hojas anualmente, de las cuales una parte considerable de ellas se utilizan para la impresión de la Gaceta Parlamentaria en los días de sesión.

Por ello mi propuesta va en dos sentidos: que la Gaceta Parlamentaria se publique únicamente de manera electrónica, contribuyendo de esta forma al ahorro en los gastos operativos de este órgano de gobierno. Y en la otra forma, a evitar y disminuir el indiscriminado uso de papel.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa no persigue fines políticos, simplemente obedece a la necesidad de realizar en estas instalaciones, las acciones necesarias para cumplimentar las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México que hizo a la Sexagésima Segunda Legislatura en materia de manejo de residuos sólidos y gobierno digital.

Con esto no solamente se atendería a las recomendaciones de la UNAM, también se atendería de manera puntual a los compromisos que México en los tratados internacionales ha hecho el compromiso en materia ambiental y cambio climático.

De esta forma nos convertiríamos en un ejemplo para las demás dependencias tanto gubernamentales como empresas privadas, en el respeto al derecho de un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4o., constitucional, dando un paso importante para la obtención del distintivo Puma UNAM Oro.

Por lo expuesto con anterioridad, los invito a todas mis compañeras y mis compañeros a que se sumen a este proyecto y voten a favor de esta iniciativa cuando esta sea turnada al pleno.

Subí algunas de las gacetas que guardo en mi escritorio para consulta, y aquí las pongo a la vista de todos ustedes. Me gustaría que por allá, aquí al centro, pudieran voltear. Imagínense esto por 500; por tres años; por 10 años.

¿Qué pasaría si nuestra Gaceta solamente la podemos consultar vía electrónica? Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 239, primer párrafo, y 241, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de ley tiene como propósito subsanar una omisión en la estructura orgánica de nuestra Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros que no ha permitido que el edificio sede de la Cámara de Diputados cumpla a cabalidad con las recomendaciones emitidas por la UNAM en el manejo de residuos sólidos y la implementación de un gobierno digital en este recinto.

En este sentido, es menester recordar que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y la Universidad Nacional Autónoma de México celebraron un convenio con la finalidad de implementar “el Programa Distintivo Ambiental UNAM de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión”.

El objetivo de este programa consiste en realizar un diagnóstico en la Cámara de Diputados y proponer una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental en su edificio sede, en los siguientes temas de estudio: energía, agua, residuos sólidos urbanos y consumo responsable, sin embargo, el principal objetivo del convenio es emitir “el distintivo ambiental UNAM” correspondiente. Es importante señalar que el distintivo UNAM tiene tres niveles: básico, azul y oro.

El diagnóstico y distintivo ambiental UNAM, constituyen en conjunto, un proceso dinámico de búsqueda, organización y manejo de información ambiental para la identificación, priorización y análisis de las potencialidades y problemáticas ambientales que orientan la selección de escenarios adecuados de gestión, así como la formulación de objetivos específicos y soluciones requeridas para optimizar el desempeño ambiental de dependencias y organizaciones educativas y administrativas.

En este orden de ideas, las instalaciones de este recinto obtuvo el distintivo Puma-UNAM básico, y gracias al diagnóstico se cuenta con información detallada sobre la infraestructura y operación de los 10 edificios que la conforman, definiendo una línea base sobre la cual se puede comparar el impacto de las acciones a realizar, identificando las principales áreas de oportunidad para dar seguimiento a los indicadores ambientales y evaluar el beneficio ambiental de las acciones recomendadas.

En la actualidad existe una tendencia mundial que obedece al compromiso de las empresas y los gobiernos con la conservación del medio ambiente; así, la implementación de un Sistema de Gestión Documental para el manejo automatizado de la información, obedece a la necesidad y a los beneficios que ofrecen una oficina sin papel, los cuales se traducen en productividad, eficiencia y ahorro.

La importancia del tema ha hecho que muchas empresas de investigación se hayan dedicado a estudiar el impacto del uso del papel en el mundo empresarial. Firmas como Coopers & Lybrand, Nolan Norton Institute, Ernst & Young, Sandy Schiele y Betsy Delfosse, Lee Mantelman y Nucleus Research entre muchas otras, han publicado los resultados de sus estudios los cuales presentan las siguientes estadísticas:

• El 90 por ciento de las tareas típicas de una empresa giran alrededor de la búsqueda y distribución de documentos en papel.

• El 60 por ciento de los empleados invierten una hora diaria o más en duplicar el trabajo de otros.

• El 30 por ciento del tiempo de los empleados se invierte en buscar información para hacer el trabajo.

• El documento promedio es copiado 19 veces.

• El 50 por ciento de los documentos que archivan las empresas son copias o fotocopias de los documentos.

• El 7,5 por ciento de los documentos archivados en papel se pierden.

• El 3 por ciento de los documentos están mal archivados.

• El 85 por ciento de los documentos generados nunca vuelven a utilizarse.

Este recinto legislativo ha instrumentado parcialmente un Sistema de Gestión Documental para el manejo automatizado de la información, actualmente la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates se encuentran disponibles en formato digital, sin embargo, aún tenemos grandes áreas de oportunidad como la aplicación plena de la Ley de Firma Electrónica Avanzada en los trámites legislativos internos y en el resguardo físico de nuestra documentación.

Bajo esta tesitura, es necesario recordar que en la Legislatura anterior, se implementó el sistema electrónico de votación en ésta Cámara de Diputados, por lo que se tendrá un ahorro neto en papel, consumibles, equipos de talleres gráficos y ediciones compradas por alrededor de 63 millones de pesos, a los que se les agrega el ahorro en horas de trabajo para imprimir el orden del día, la Gaceta Parlamentaria y documentos de último minuto.

En días pasados, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth anunció de forma acertada que la cámara alta dejara de imprimir su Gaceta Parlamentaria generando un ahorro de 35 millones de pesos anuales en su presupuesto.

De acuerdo al capítulo 3360 del Techo Presupuestal 2015 de la Cámara de Diputados se destinaron 37 millones de pesos en servicios de apoyo administrativo, fotocopiados e impresión de órganos y unidades vinculadas al quehacer legislativo.

Se estima que en este órgano legislativo se consume un millón cuatrocientos cincuenta mil millares de hojas anualmente, de las cuales, una parte de ellas se utilizan para la impresión de la Gaceta Parlamentaria, por ello, al publicar únicamente de forma electrónica se traduciría en un ahorro en los gastos operativos.

Por ello resulta de imperiosa necesidad realizar en las instalaciones de la Cámara de Diputados las acciones necesarias para cumplimentar las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México a la LXII Legislatura en materia de manejo de residuos sólidos y gobierno digital, siendo un ejemplo para las demás dependencias gubernamentales y empresas privadas en el respeto al derecho a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4o. constitucional, dando un paso importante para la obtención del “distintivo Puma-UNAM oro”.

Por lo anterior expuesto y fundado ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 239 primer párrafo y 241 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Instrúyase a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto realice las acciones pertinentes a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputadas: Mirza Flores Gómez,Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Verónica Delgadillo García, Daniela De Los Santos Torres(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal como lo ha solicitado la diputada Mirza Flores, y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos del Centro Universitario Tlacaélel, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández, así como alumnos de la Universidad del Desarrollo del estado de Puebla, San Matías Tlalancaleca, invitados por el diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez, por favor.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Pedirle permiso de suscribir la iniciativa a la diputada Mirza Flores, por parecernos un tema muy importante y trascendental en esta Cámara de Diputados, muchas gracias.

A nombre, si tuviera bien, también, pedirle a la diputada, que es a nombre de toda la fracción de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Flores. Le solicitan la autorización para suscribir la iniciativa.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación y está disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:No más tierras improductivas por falta de agua. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el acceso al agua es un derecho humano que permite una mayor justicia social y ambiental, sobre todo porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Los recursos hídricos tienen un papel esencial en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

El agua propicia bienestar a la población e incluso crecimiento económico. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos eso, por ello y en congruencia con nuestros principios es que expongo a esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales con el propósito de regular la explotación, uso o aprovechamiento de aguas renovables, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

El agua es un recurso vital reconocido como asunto de seguridad nacional, que puede provocar inestabilidad y hasta conflictos bélicos. Su manejo adecuado es prioritario para lograr el bienestar social, el desarrollo económico, la preservación de la riqueza ecológica y la sustentabilidad en nuestro país.

El modelo económico actual, basado en la producción y consumo, ha generado un deterioro y contaminación del agua, lo que disminuye su disponibilidad, situación que hace más difícil el abastecimiento y condiciones que generan conflictos de carácter regional, nacional y hasta internacional. De ahí la importancia de conocer y saber gestionar su origen, distribución y, sobre todo, conservación, estableciendo las bases para la generación de políticas públicas de aprovechamiento integral que oriente la planeación y preservación del equilibrio ecológico.

Para Nueva Alianza propiciar su uso de manera sustentable es una necesidad imperante, nos exige cambiar los paradigmas a fin de alcanzar un equilibrio sostenible que garantice el derecho humano al agua.

Ahora, compañeras y compañeros, debemos voltear la mirada hacia soluciones que nos permitan aprovechar el recurso de manera que hasta hoy no han sido totalmente valoradas y explotadas, me refiero a: su captación, uso y aprovechamiento de aguas renovables o pluviales.

El aprovechamiento del agua de lluvia es parte de una solución sustentable e integral, que generaría empoderamiento a comunidades y ciudadanos al contar con autosuficiencia y abastecimiento hídrico.

México recibe mil 849 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación al año, de esta agua se estima que el 71.6 por ciento se vaporiza y regresa a la atmósfera; el 22.2 por ciento escurre por los ríos o arroyos y el 6 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

No estamos haciendo lo necesario para retener el agua que llueve en México, pues no explotamos las técnicas de captación de agua pluvial.

En Nueva Alianza consideramos imperante introducir en la ley el concepto de sistema de captación de agua de lluvia, como toda aplicación que implica infraestructura en represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras necesarias para la captación de aguas pluviales con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos friáticos y su aprovechamiento sustentable, además de establecer la concurrencia de facultades para la regulación, formulación, ejecución y administración de acciones orientadas a la creación de sistemas de captación de agua de lluvia, dependiendo de las condiciones territoriales de cada región.

Debemos transitar hacia nuevas técnicas que nos permitan contar con agua en todo el territorio nacional, pero sobre todo que nos permitan usarla, utilizarla de manera adecuada a fin de alcanzar el desarrollo sostenible en diversas actividades del país.

De esta manera podremos hacer frente a la escasez de agua que se presenta principalmente en el norte del país, y podremos evitar inundaciones y catástrofes que generan las fuertes precipitaciones en la zona sur. Que en Zacatecas o Sonora ya no tengamos tierras improductivas por falta de agua y que en Chiapas o Tabasco ya no haya inundaciones que destruyan la actividad y la vida de los pobladores.

En Nueva Alianza sabemos que la falta de agua es una de las principales causas de desigualdad en México, que genera conflictos y propicia inestabilidad. Por ello mantenemos el compromiso de legislar para llevar a cabo los procedimientos necesarios que permitan a la población disponer de agua suficiente, pero sobre todo limpia y de calidad que no ponga en riesgo su salud.

Esta iniciativa que propongo también tendría un impacto económico importante. Por ejemplo, en Zacatecas, de la que soy orgullosamente originaria, es el principal productor de frijol en el país, cuenta con 150 mil hectáreas de riego que están subutilizadas por falta de infraestructura.

De existir una mejor planeación en el manejo sustentable del líquido vital, con tan solo 50 mil hectáreas de riego sembradas de maíz y tecnificación se tendría una producción de 400 mil toneladas de este grano, que alcanzaría para satisfacer la demanda de consumo en todo el estado de Zacatecas.

Compañeras y compañeros, busquemos soluciones para los grandes problemas del país, empecemos entonces con acciones. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Soraya Bañuelos de la Torre, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Ejecutivo federal, establece cinco grandes metas nacionales que guiarán el desempeño y ejecución de la administración pública federal, al tenor de lo siguiente:

Alcanzar un México en Paz. Donde se recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias, para hacer de la nuestra, una nación tranquila en la que se respeten cabalmente los derechos humanos.

Construir un México Incluyente. En el que se enfrente y supere el hambre, con claras acciones a emprender para revertir la pobreza, donde se muestre el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones; donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.

Lograr un México con Educación de Calidad. Esto significa formar a nuestros niños y jóvenes con los conocimientos y habilidades necesarios para triunfar en la vida. La premisa es sencilla: para mover a México hay que fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación.

Edificar un México Próspero. Implica alcanzar un crecimiento económico acelerado, sostenido y sustentable, cuyos beneficios se reflejen en la economía familiar de los mexicanos. Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la generación de empleos. También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la nación entera.

Consolidar un México con Responsabilidad Global. Es decir, fortalecer la presencia de nuestro país en el mundo y asegurar que su voz sea escuchada en los foros internacionales.

En cada uno de esos ejes estratégicos se ubica un tema de carácter transversal que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera un imperativo imperioso incluir: el agua.

Tema que debe ser considerado incluso como asunto de seguridad nacional y que trasciende el ámbito nacional, al ser reconocido como un factor que puede provocar inestabilidad y hasta conflictos bélicos a futuro.

Legislar en materia de agua responde a una lógica innegable al representar el líquido vital base para nuestra subsistencia, insumo para la sustentabilidad del campo e industria, entre muchas otras características.

De ahí la importancia de conocer y saber gestionar su origen, distribución y, sobretodo, conservación; estableciendo las bases para la generación de políticas públicas de aprovechamiento integral que orienten la planeación y preservación del equilibrio ecológico.

Los impactos ambientales ocasionados por las actividades económicas y los costos monetarios que éstos representan, son temas que han merecido en últimas fechas la atención de nuestra sociedad.

Particularmente por la dificultad que entrañaba con anterioridad, la obtención de algún tipo de información sobre el panorama o bases por las cuales se tomaban decisiones públicas en materia del medio ambiente.

Sólo que ahora, la misma sociedad se encuentra plenamente inmersa, informada e interesada en el panorama actual de la interacción de las actividades humanas de producción y consumo y su relación con el medio ambiente, en especial en todo lo tocante con el tema del agua.

Nuestro país posee aproximadamente el 0.1 por ciento del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica, lo que implica la necesidad de considerar al agua, no sólo como un elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo del país y su responsabilidad con el mundo.

Contar con tan limitada disponibilidad y saberla gestionar demanda de los tomadores de políticas públicas, y de la sociedad en su conjunto, considerarla como un reto que tiene que ser afrontado con medidas pertinentes y eficaces en función de sus muchas dimensiones.

En este sentido se expresan investigadores como Felipe Neri Rodríguez Casasola y Miguel Rivas Sepúlveda, al indicar que “el agua tiene dos ámbitos inseparables en su consideración, esto es, su carácter multidimensional y su característica multifactorial” .

Lo anterior debe ser entendido en el sentido de que el aspecto multidimensional se sitúa en la vivienda; colonia/delegación; local; regional; nacional; mundial y el aspecto multifactorial incluye temas culturales; de educación; económicos; políticos; tecnológicos; ecológicos y ambientales.

Las implicaciones de estos dos ámbitos se muestran en la gráfica siguiente.

Las relaciones que se establecen son indisolubles y recíprocamente influenciadas por el tema del agua al ser un tema transversal, cuyo aspecto estratégico es primordial para el desarrollo interior puesto que el problema del abastecimiento del agua, actualmente es uno de los más delicados en la agenda nacional e internacional.

Existen regiones en el mundo donde la disponibilidad del vital líquido para las actuales y futuras generaciones es fuente de conflicto, por lo que se ha elevado el tema a un asunto de seguridad nacional, al considerar que sin agua, la vida no es posible.

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícita y firmemente el derecho humano al agua y al saneamiento, aseverando que el acceso al agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos y se reafirmó la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que todo ser humano tiene derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los gobiernos a incluir entre sus máximas prioridades, generar las condiciones necesarias para que la población tenga acceso al agua en las condiciones en que lo ha decretado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Si bien es un hecho irrefutable que el agua tiene múltiples usos, siendo el principal el consumo humano en las cantidades necesarias, este líquido también es vital en la economía.

La propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha establecido que la baja disponibilidad de agua en algunos distritos de riego del norte de México, obliga a considerar las posibilidades de reconversión productiva como estrategia para generar mejores opciones de producción agrícola, así como para desarrollar una agricultura moderna y sostenible.

Lo anterior es reflejo de la carencia de políticas públicas integrales del manejo del agua; la falta de capacidad real de cada gobierno para atender uno de los problemas de seguridad nacional más apremiantes; y que, en contrasentido de su importancia, tenemos un retraso abismal en el desarrollo de la infraestructura hidráulica en todos los niveles.

Basta con mencionar que en el año 2013, las 2 mil 287 plantas en operación en el país trataron 105.9 metros cúbicos por segundo (m³/s), es decir 50.2 por ciento de los 211.1 m³/s recolectados en los sistemas de alcantarillado.

Otro de los indicadores más utilizados para clasificar a los países en función de su disponibilidad de agua es el que resulta de dividir los recursos hídricos renovables, entre el número de habitantes, obteniéndose así la disponibilidad natural media per cápita, la cual en el caso particular de nuestro país ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, debido principalmente al crecimiento poblacional.

De los 18 mil 282 metros cúbicos (m3) por habitante por año disponibles en el año 1950, el volumen se redujo a 4 mil 771 para el año 2000, en 2013 contábamos con 3 mil 982 y para el 2030, se estima este volumen descienda a 3 mil 430 m3 por habitante al año.

La Conagua estima que al cierre de 2013, la cobertura de alcantarillado fue de 90.9 por ciento, compuesta de 96.7 por ciento en zonas urbanas y 71.2 por ciento en zonas rurales 92.0 por ciento y en cuanto a la cobertura de agua potable, esta fue de 92.3 por ciento, desglosándose en 95.4 por ciento de cobertura en zonas urbanas y 81.6 por ciento en zonas rurales.

Pese a ello, más de nueve millones de personas carecen de agua potable presentándose los mayores rezagos en entidades como Veracruz, Chiapas y el estado de México, que concentran el 37 por ciento de los casos.

En cuanto al alcantarillado son casi 11 millones de habitantes en el país sin este servicio, concentrándose esta falta en las zonas rurales, así como en las áreas marginadas de los centros urbanos del país, en donde la media no rebasa al 72 por ciento de la población ahí asentada.

En estas consideraciones, deberá tomarse en cuenta que México recibe aproximadamente 1’489,000 millones de m3 de agua en forma de precipitación al año. De esta agua, se estima que el 71.6 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22.2 por ciento escurre por los ríos o arroyos, y 6.2 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Tomando en cuenta los flujos de salida (exportaciones) y de entrada (importaciones) de agua con los países vecinos en ambas fronteras, el país anualmente cuenta con 471.5 mil millones de m3 de agua dulce renovable.

Sin embargo, en algunas regiones hidrológicas administradas (RHA), en las que se divide el país para la gestión y conservación de este vital líquido, el valor del agua renovable per cápita es preocupantemente bajo, como en la I Península de Baja California, VI Río Bravo, VII Cuencas Centrales del Norte, VIII Lerma-Santiago-Pacífico y XIII Aguas del Valle de México, al grado de que en el año 2030, en algunas de dichas RHA, el agua renovable per cápita alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los 1000 m³/hab/año, lo que se califica como una condición de escasez grave, tal como se observa en la siguiente tabla.

Agua renovable per cápita, 2013 y 2030

Fuente: Elaboración propia, con base en la tabla T7.2 de Estadísticas del Agua en México edición 2014.

Lo anterior cobra mayor sentido si observamos que la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo moderado de 80 litros por persona al día; no obstante, el consumo diario promedio en la Ciudad de México y en la mayoría de las principales ciudades del país es de 320 litros por día (lt/día) por habitante, lo que acrecienta la necesidad de medidas preventivas que coadyuven a reducir la presión hídrica en los centros urbanos, ya no sólo en las ciudades.

Y aunque debe reconocerse que se cuenta con una infraestructura hídrica en crecimiento gracias a la inversión pública que en 10 años se incrementó en 155 por ciento, la atención a esta problemática no debe dejarse solo a los mecanismos tradicionales.

Inversiones por rubro de aplicación en el subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento (millones de pesos a precios constantes de 2013)

Fuente: Tabla T5.10 de Estadísticas del Agua en México edición 2014.

Si bien los recursos presupuestales han sido orientados en la atención de necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento, entre otras, las condiciones económicas, la cantidad de recurso vital captado por lluvia y las propias condiciones geográficas y sociales de la población demandan una atención con visión de largo plazo.

Hasta 2013 se tenía una infraestructura de 2 mil 287 plantas de tratamiento municipal de aguas residuales, con una capacidad instalada de 152.17 m3/s. En estas, se tratan en promedio 105.93 m3/s, equivalente al 50.2 por ciento de los 211.1 m3/s de aguas residuales recolectadas en los sistemas formales de alcantarillado.

Como se aprecia, la inversión pública y recursos destinados al mejoramiento hídrico de este país han sido constantes y la infraestructura para la atención del tratamiento de aguas residuales cada vez es más eficiente; sin embargo, se adolece de sistemas de captación y aprovechamiento pluvial, cuya inversión y plantas registradas son prácticamente nulas.

A pesar de los grandes esfuerzos que han hecho en algunas regiones de la República, los beneficios de este tipo de técnica no son explotados.

El aprovechamiento del agua de lluvia es parte de una solución sustentable e integral, generaría el empoderamiento de comunidades y ciudadanos al contar con una autosuficiencia y abastecimiento hídrico, disminuiría la presión de mantos acuíferos, reduciría inundaciones, así como problemas de sequías y, sobre todo, la inversión que se requiere es menor que cualquier obra hidráulica centralizada.

Tan sólo en 2012, la falta de lluvias en 19 entidades del país provocó pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos por las hectáreas perdidas en cultivos de maíz, frijol y cabezas de ganado, afectado directamente a dos millones de mexicanos y a los más de 108 millones de habitantes en el país en ese año.

Tomando como caso un grano base de la alimentación de los mexicanos que es el maíz, las pérdidas en ese año alcanzaron los 9 mil millones de pesos y en el caso del frijol, del cual se perdió 60 por ciento de las cosechas, fueron 6 mil millones de pesos los que los agricultores mexicanos dejaron de percibir este año.

Como se aprecia, la implementación de sistemas de captación y aprovechamiento pluvial no sólo pueden auxiliar a disminuir la presión hídrica en las ciudades; también auxiliará a mantener y mejorar el perfil agropecuario de cada una de las entidades del país.

Por ejemplo, entidades como Zacatecas, principal productora de frijol en el país, cuenta con 150 mil hectáreas de riego que están subutilizadas por falta de infraestructura; de existir una mejor planeación en el manejo sustentable del líquido vital, con 50 mil hectáreas de riego, sembradas de maíz, y tecnificación, se tendrían 400 mil toneladas de este grano que alcanzarían para satisfacer las 140 mil toneladas de consumo humano estatal y quedarían 260 mil para alimentación de los animales, otro de los componentes del perfil agropecuario del estado, pues de 7.4 millones de hectáreas con que cuenta la entidad, 5.4 millones tienen vocación ganadera.

Para alcanzar esos niveles de sustentabilidad hídrica se requiere la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y de la decidida partición del Legislativo, a fin de fortalecer los instrumentos normativos que den cause a las políticas de planeación y gestión relacionadas con los sistemas de captación de aguas de lluvia, para con ello, implementar acciones inmediatas que apoyen la autosuficiencia de los distritos de riego, por citar solo uno de sus beneficios.

Sólo así se podrá demostrar el compromiso por preservar y retener un líquido vital para la subsistencia humana, al dotarle al agua de la prioridad necesaria en las acciones que conduzcan a su uso eficiente y sostenible.

Argumentación

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera como principio rector de toda acción pública la sustentabilidad en todos sus niveles, sea el económico o social, así como en el ecológico; en esta medida, consideramos indispensable que las autoridades y los usuarios profundicen los esfuerzos para encontrar soluciones sustentables y de largo plazo en el abastecimiento de agua en el medio rural y urbano.

La Comisión Nacional del Agua, en el documento titulado Estadísticas del Agua en México, edición 2012, considera que el uso sustentable del agua se logra cuando se cumplen los aspectos siguientes:

El agua genera bienestar social: básicamente se refiere al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento de las aguas residuales.

El agua propicia el desarrollo económico: considera al agua como un insumo en la actividad económica; por ejemplo, en la agricultura, la producción de energía eléctrica o la industria.

El agua se preserva: es el elemento que cierra el concepto de sustentabilidad.

En este sentido, si bien se reconoce que el agua debe proporcionar bienestar social y apoyar el desarrollo económico, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que se debe preservar en cantidad y calidad adecuadas para las generaciones actuales y futuras.

En apoyo de lo anterior, tomemos el concepto de agua renovable que puede ser entendido como la cantidad de agua renovada por la lluvia y las corrientes que fluyen desde otras regiones o países, misma que debemos analizarla desde tres perspectivas:

Distribución temporal, ya que existen grandes variaciones del agua renovable a lo largo del año.

Distribución espacial. En algunas regiones del país ocurre precipitación abundante y existe una baja densidad de población, mientras que en otras sucede el efecto contrario.

Área de análisis. La problemática del agua y su atención es predominante de tipo local, los indicadores calculados a gran escala esconden las fuertes variaciones que existen a lo largo y ancho del país.

Considerar estas dimensiones ayuda a entender la problemática que se tiene respecto del agua renovable en el país, al contrastar la diferencia de agua renovable per cápita por año y la población entre regiones, en donde la región hidrológico-administrativa de “Aguas del Valle de México”, con sus 3,468.4 hm3/año, representa sólo 0.7 por ciento de agua renovable nacional, pero abastece a prácticamente a 20 por ciento de la población del país, misma que aporta 24 por ciento del producto interno bruto (PIB).

En contraste, la región hidrológico-administrativa de la Frontera Sur, con sus 163,845.5 hm3/año, que representan 35 por ciento del agua renovable, abastece a 6.31 por ciento de la población total del país, la cual contribuye con un poco más de 5 por ciento del PIB.

La necesidad de ampliar la cobertura y la calidad del servicio se incrementa a raíz de la reforma hecha en 2012 al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Lo anterior, sumado a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, configura el marco legal del derecho a un medio ambiente sano y del acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal.

La presente iniciativa tiene el propósito de reformar y adicionar la Ley de Aguas Nacionales, cuyo objeto consiste en regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Lo anterior, en términos del artículo 1o. de la ley, objeto de reforma, que dota de viabilidad la presente iniciativa al proporcionar el marco jurídico para el aprovechamiento sustentable, la preservación y control de la contaminación del agua.

Para dar cumplimiento al objeto de la ley, se propone introducir el concepto de sistema de captación de agua de lluvia como “Toda aplicación que implique infraestructura en represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales, con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, y su aprovechamiento sustentable”.

De igual forma, se considera necesario establecer en dicha ley la concurrencia de facultades para la regulación, formulación, ejecución y administración de acciones orientadas a la creación de sistemas de captación de agua de lluvia, dependiendo las condiciones territoriales de cada región.

Existen experiencias impulsadas desde diversas organizaciones civiles encaminadas a la utilización de sistemas de captación pluvial, teniendo importantes beneficios después de implementar estos sistemas de captación de agua de lluvia, como son:

• Fuente renovable de agua limpia.

• Cada metro cuadrado de techo en la ciudad puede captar alrededor de 650 litros de agua del año.

• Los hogares beneficiados podrían contar con una disponibilidad inmediata de por lo menos 400 litros diarios de agua durante los cinco meses de duración de la temporada de lluvia.

• Capaz de abastecer a las zonas altas y marginadas donde el abasto de agua actualmente es precario y costoso.

• Promueve una cultura de cuidado y armonía con el agua.

• Cuando una familia capta el agua de lluvia, adquiere una relación directa con el ciclo de agua.

• Permite la recuperación del sistema de agua de la ciudad.

• Descentraliza el abasto de agua, cuestión que permite un menor nivel de dependencia y de desamparo cuando hay fallas en la red.

• Una vez instalados, los sistemas dan agua año tras año a muy bajo costo.

• El agua de lluvia no requiere ser transportada a la ciudad y a las casas artificialmente, por lo que se ahorran emisiones y energía.

• Evita que el agua pase al drenaje durante los aguaceros, por lo que reduce saturación e inundaciones.

Ante tales beneficios y teniendo en cuenta el comportamiento hídrico de México, surge la necesidad de implementar un uso más eficiente del agua y alternativas de suministro como estas, mucho más si los sistemas de captación de agua de lluvia se establecen a nivel estatal y municipal.

La captación de agua de lluvia, al constituir una opción viable, su implementación generalizada podría traer notables beneficios a la población mexicana, particularmente en aquellos casos en donde el suministro de este vital líquido aún no es pleno y continuo.

Los sistemas de captación de agua de lluvia son utilizados intensamente en muchas zonas del planeta, siendo el resultado de las necesidades de demanda de agua.

Su implementación se lleva a cabo cuando:

a) No existe una red de acueducto o el suministro es deficiente.

b) No se dispone de recursos y los materiales de construcción son costosos.

c) Baja disponibilidad de agua.

d) Mala calidad del agua (contaminación).

Las características del agua de lluvia la hacen perfectamente utilizable para uso doméstico, industrial y agrícola, presentándose notables ejemplos de sistemas de captación de agua de lluvia (SCALL), como se listan a continuación:

Australia

• 30.4 por ciento de la población en zonas rurales y el 6.5 por ciento en las ciudades utilizan algún SCALL.

• 13 por ciento de las casas cuentan con un SCALL, utiliza el agua para beber y cocinar.

Bangladesh

• Desde 1977, ha instalado cerca de 1,000 SCALL por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) utilizando tanques de concreto reforzado y de mampostería, con un costo que varía entre 50 y 150 dólares estadounidenses.

• Son comunes: tanques de concreto reforzado y de mampostería, cisternas y tanques subterráneos.

Tokio, Japón

• Utiliza SCALL para mitigar la escasez de agua, controlar inundaciones y asegurar agua para situaciones de emergencia.

Alemania

• Cada año incorpora 50 mil SCALL como parte de su política pública, ya que la oferta de agua no crece al ritmo de las aglomeraciones urbanas, utilizando cubiertas de edificios, calles y vías peatonales.

Brasil

• En la década pasada, inició un proyecto cuyo objetivo era construir 1 millón de tanques para la recolección de agua de lluvia, a través de ONG para beneficiar a 5 millones de personas, utilizando estructuras de concreto reforzado.

Estados Unidos

• Los SCALL son empleados en 15 estados de este país siendo Texas el estado donde más se utilizan; cuenta con alrededor de 50 compañías especializadas en el diseño de SCALL.

• El costo de los sistemas varía entre los 5000 y 8000 dólares estadounidenses dependiendo del tamaño de la cisterna de almacenamiento.

Muchos son los ejemplos y más las necesidades del país; por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza fomentará y luchará por la implementación inmediata de sistemas de captación de agua de lluvia a nivel nacional.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Único. Se adiciona una fracción L Bis al artículo 3o.; una fracción XII al artículo 7o.; una fracción XIII al artículo 51 y una fracción VII al artículo 84 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para que dar como sigue:

“Artículo 3o.Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a L. ...

L Bis. Sistemas de captación de agua pluvial: Toda aplicación que implique infraestructura en represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales, con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos y su aprovechamiento sustentable;

LI. a LXVI. ...

...”

“Artículo 7.Se declara de utilidad pública:

I. a XI. ...

XII. La instalación de Sistemas de Captación de Agua pluvial.”

“Artículo 51. ...

I. a XII. ...

XIII. El fomento a los procesos de captación de agua pluvial.

XIV. ...

...

...”

“Artículo 84 Bis. “La Comisión”, con el concurso de los Organismos de Cuenca, deberá promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas, para lo cual deberá :

I. a VI. ...

VII. Informar a la población y autoridades sobre los beneficios de la utilización de sistemas de captación de agua pluvial.”

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. Gobierno de la República, México, 2013. Páginas 9 y 10. Disponible en: http://pnd.gob. mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf

2. Rodríguez Casasola, Felipe Neri y Rivas Sepúlveda, Miguel. Ponencia Gestión de la calidad del agua: “el ciclo virtuoso” dentro del Foro Metropolitano “El Reto: Primero el Agua”.Auspiciado porla IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México, D.F., p. 83.

3. Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015. Disponible en http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/05_2011_human_right_to_water_r eader_spa.pdf

4. Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de 2002. Disponible en:

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ ONU_comentariogeneralagua.pdf.

5. Atlas del Agua en México 2014. CONAGUA, México, 2015, páginas 34 a 36. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2014.pdf

6. Op Cit. Página 80.

7. Idem. Página 76

8. Numeragua México, 2014. Comisión Nacional del Agua. México, 2014. Página 58. Disponibk en

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/ Publicaciones/Numeragua.pdf.

9. Estadísticas del Agua en México edición 2014. CONAGUA, México, páginas 27, 28, 150 y 153. Disponible en:

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/ Publicaciones/EAM2014.pdf.

10. El agua en la ciudad. Delegación x delegación, habitante x habitante. Secretaría del Medio Ambiente, gobierno de la Ciudad de México. Disponible en http://cuidarelagua.df.gob.mx/delegacion.html#. Vi6hYOxMIr1

11. Estadísticas del Agua (2014). Op Cit. Páginas 104 y 105.

12. La sequía en México causa pérdidas millonarias en el campo. Hanako Taniguchi. CNN México, Jueves, 09 de febrero de 2012 a las 15:57. Disponible en:

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/02/09/ la-sequia-en-mexico-causa-perdidas-millonarias-en-el-campo-mexicano.

13. Estadísticas del Agua en México, edición 2012. CONAGUA, México, 2013. Página 2. Disponible en:

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/EAM2013.pdf.

14. Estadísticas del Agua (2014). Op Cit. Páginas 21 y 22.

15. El concepto anterior es acorde al presentado en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) que en su décima exhibición emitió un documento titulado “Captación de agua de lluvia, alternativa sustentable”, en el que medularmente manifiesta que los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) son una tecnología mediante la cual se habilitan cubiertas y áreas impermeables de las construcciones con el fin de captar el agua de lluvia, para posteriormente conducirla a lugares en donde pueda almacenarse (depósitos, cisternas) y finalmente darle un uso (humano, agrícola o pecuario).

Duran Escamilla, Pino, et all. Captación de agua de lluvia, alternativa sustentable. Comunicación técnica. Presentada en el Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA10, desarrollado en Madrid, España, entre el 22 y el 26 de noviembre de 2010. Disponible en: www.conama10.conama.org/conama10/download/files/CT porciento202010/ 41008. pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2015.— Diputadas: Soralla Bañuelos de la Torre,Cecilia Guadalupe Soto González(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

Saludamos la presencia de 164 alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Técnica número 120 Pedro Sainz de Baranda, del turno matutino, de Chicoloapan, Estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Honorable Mesa Directiva y compañeros legisladores, para el Partido Encuentro Social, lo hemos dicho y lo ratificamos, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Ella tiene como misión la formación de personas, fomentar y respetar los deberes éticos y las convicciones personales y proyectar socialmente a sus miembros para participar consciente y libremente en la sociedad, transformándola en lo necesario y contribuyendo a su pleno desarrollo.

Los que suscribimos la presente iniciativa estamos convencidos de que las políticas públicas en México deben apuntalar esta institución para que desde el apoyo a la familia se fortalezca el tejido social y se recupere la confianza en la sociedad y en las instituciones.

Una consecuencia del proceso tan acelerado de globalización en el que vivimos es, sin duda, la prevalencia de posiciones individualistas que han ido mermando los cimientos sociales. Por ello, quienes tomamos decisiones en nuestra sociedad debemos estar bien conscientes de que buena parte de los fenómenos de violencia, inseguridad y delincuencia tienen su origen en la erosión que hoy padece la familia, los cimientos familiares en el México del siglo XXI, esto tiene que cambiar, debemos reconstruir el tejido social a partir de la familia.

En un entorno social, con tantos retos a los que nos enfrentamos diariamente, la familia sigue siendo el marco de convivencia básica y de desarrollo de los menores. Hoy muchos de los hijos de las familias mexicanas han caído en las garras de las adicciones, o en otros casos se han perdido en la absurda guerra contra las drogas o en una ideologización perversa que contradice los principios que han formado parte históricamente de la transmisión de los valores familiares.

Los legisladores del Partido Encuentro Social creemos que el Congreso tiene la obligación de dotar a la institución de la familia de normas que generen mayor protección y estabilidad a todos sus miembros.

La adopción representa en ese sentido una gran oportunidad para dotarles de una familia a muchos niños que hoy sobreviven en los orfanatos. Es nuestra obligación encontrar las vías para facilitar el procedimiento de adopción, a efecto de evitar que siga siendo un proceso engorroso, poco práctico, y por ende, en algunas regiones de México inclusive subutilizado. Pero hacerlo en serio, con la responsabilidad que ello conlleva, sin utilizarlo mediática o políticamente.

Actualmente vivimos en este Estado federal, en el que nos encontramos cada uno de los Código Civiles del país regula la figura con características y modalidades que considera más convenientes, con lo que en la práctica encontramos en México una amplia gama de normas relativas a la adopción, que en algunos casos llegan a ser inclusive contradictorias entre sí.

Además, existen normas incluidas en otras leyes estatales que rigen las modalidades y requisitos para adoptar, en especial hablamos de estos sistemas de protección de la niñez en las Procuradurías de los estados y en los organismos de apoyo a las familia, como el DIF.

Es decir, tan sólo en una misma entidad concurren por lo menos tres cuerpos de normas que rigen todo lo relacionado con esta figura jurídica. Por si ello fuera poco, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con normas contenidas en instrumentos internacionales, y vale la pena decir, que a veces nos encontramos con algunos legisladores locales que no conocen esas normas y que inclusive pueden contradecir el contenido de estas normas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha adquirido.

Todo lo anterior trae como consecuencia una enorme dispersión de normas sobre este tema, que nos ha llevado a cuestionarnos sobre la conveniencia de darle cierto grado de autonomía a través de una reforma constitucional que faculte al Congreso de la Unión para emitir una ley general con los requisitos mínimos y modalidades generales a partir de su entrada en vigor regirán a la adopción en México, en los diferentes estados.

La solución que hoy proponemos tiene la enorme ventaja de que logrará armonizar criterios generales y requisitos mínimos de la adopción en México sin vulnerar la autonomía de los poderes legislativos de los estados, para que en uso de sus facultades puedan adoptar el modelo contenido en la ley general a las modalidades regionales que consideren conveniente.

Ello nos permitirá cumplir con objetivos muy concretos. Primero, simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, de manera que todos los niños mexicanos tengan derecho a formar parte de una familia.

Segundo, crear un piso mínimo de temas que deberán ser regulados y desarrollados por las legislaturas de las entidades federativas en materia de adopción.

Tercero, cumplir con los compromisos generales adquiridos por el Estado mexicano, armonizando la legislación con el contenido de los instrumentos internacionales de aplicación obligatoria.

Y por último y muy importante, fortalecer en todo el territorio nacional el andamiaje jurídico que protege a la familia por medio de una mejor regulación que redundará en mayores y mejores oportunidades para quienes en el futuro serán adoptados.

Quienes tenemos la alta responsabilidad de moldear a nuestras instituciones debemos estar a la altura de esas circunstancias.

En ese sentido urgen modificaciones a nuestro marco jurídico que se traduzcan en mayor protección a la familia por ser precisamente el pilar fundamental de la sociedad. No tenemos mucho tiempo antes de que el tejido social pueda entrar en una mayor confrontación, desasosiego y caos. La solución se encuentra en la familia, de ahí nuestro deber de fortalecerla.

Por todo lo anterior, los suscritos diputados sometemos a consideración reformas y adiciones a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, fracción I del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los diputados miembros del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social por este conducto, sometemos ante esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Partido Encuentro Social, lo hemos dicho y lo ratificamos, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Los que suscribimos la presente iniciativa, estamos convencidos de que las políticas públicas en México deben apuntalar esta institución, para que desde el apoyo a la familia se fortalezca el tejido social y se recuperen la confianza en la sociedad y en las instituciones.

Una consecuencia del proceso tan acelerado de globalización en el que vivimos, es sin duda la prevalencia de posiciones individualistas, que han ido mermando los cimientos sociales. Por ellos, quienes tomamos decisiones en nuestra sociedad, debemos estar bien conscientes de que buena parte de los fenómenos de violencia, inseguridad y delincuencia tienen su origen en la erosión que padecen los cimientos familiares en el México del siglo XXI. Esto tiene que cambiar. Debemos reconstruir el tejido social a partir de la familia.

En un entorno social con tantos retos a los que nos enfrentamos diariamente, la familia sigue siendo el marco de convivencia básico y de desarrollo de los menores. Hoy, muchos de los hijos de las familias mexicanas han caído en las garras de las adicciones o en otros casos se han perdido en la absurda guerra contra las drogas.

Los legisladores del Partido Encuentro Social creemos que el Congreso tiene la obligación de dotar a la institución de la familia de normas que generen mayor protección y estabilidad a todos sus miembros.

La adopción, es una figura que ha estado cobrando mayor utilidad en la sociedad del siglo XXI. Las cifras de menores adoptados en el mundo se ha estado multiplicando debido, sobre todo, a la conciencia de que una familia tiene mucho que aportar al desarrollo y crecimiento de un menor que, por sus circunstancias personales, no ha podido contar con un ámbito de bienestar en su familia de origen.

En ese sentido la adopción representa la gran oportunidad de darle una familia a los miles de niños que hoy sobreviven en los orfanatos, por lo que es nuestra obligación encontrar las vías para facilitar y homogeneizar el procedimiento de adopción, a efecto de evitar que siga siendo un proceso engorroso, poco práctico y por ende, en algunas regiones de México, francamente subutilizado.

Dispersión de normas sobre la adopción

Debido al Estado federal en el que vivimos, cada uno de los Códigos Civiles del país regula esta figura con las características y modalidades que considera más convenientes, con lo que en la práctica encontramos en México una amplia gama de normas relativas a la adopción que en algunos casos son incluso contradictorios entre sí.

Las principales normas sobre esta materia tienen que ver con los sujetos que involucra este procedimiento, los requisitos para adoptar, los tipos de adopciones y causales que pueden dar lugar a que se revoque la adopción.

Además existen también normas incluidas en otras leyes estatales que también rigen las modalidades y requisitos para adoptar. Particular importancia han adquirido durante los últimos años los sistemas de protección a la niñez que existen en las Procuradurías de los estados y en los organismos de apoyo a la familia como el DIF, que también juegan un papel muy importante en cada entidad federativa. Es decir, tan sólo en una misma entidad concurren, por lo menos, tres cuerpos de normas que rigen a todo lo relacionado con esta figura jurídica.

Por si ello fuera poco, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con normas contenidas en instrumentos internacionales que también abordan esta figura y que, por haber sido firmadas y ratificadas, son parte del orden jurídico interno que rige en todo el territorio nacional. En este caso, se puede mencionar, por ejemplo, las normas relativas a la adopción internacional, que ya recogen la mayoría de las entidades federativas y a las tan importantes convenciones internacionales sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, por un lado y, a la relacionada con la restitución internacional de menores, por el otro.

Particular problemática representa el hecho de que este conjunto de normas internacionales que obligan al Estado Mexicano, frecuentemente no son conocidas por los legisladores de algunas entidades federativas, lo que puede provocar que surjan infracciones a dichas normas por parte de una o varias legislaturas locales, pero que ponen también en riesgo el cumplimiento a compromisos internacionales adquiridos por México.

Todo lo anterior trae como consecuencia una enorme dispersión de normas sobre este tema, lo que nos ha llevado a cuestionarnos sobre la conveniencia de darles cierto grado de autonomía, a través de una reforma constitucional que faculte al Congreso de la Unión para emitir una Ley General que emita los requisitos mínimos y modalidades generales que a partir de su entrada en vigor regirán a la adopción en México.

La solución que hoy proponemos tiene la enorme ventaja de que logrará armonizar los criterios generales y los requisitos mínimos de la adopción en México, sin vulnerar la autonomía de los Poderes Legislativos de los Estados para que, en uso de sus facultades, puedan adaptar el modelo general contenido en la Ley General a las modalidades regionales que consideren convenientes, de acuerdo a la problemática específica de cada una de las entidades federativas.

Con ello se lograrán alcanzar los siguientes objetivos específicos:

a) Simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, de manera que todos los niños mexicanos tengan derecho a formar parte de una familia;

b) Crear un piso mínimo de temas que deberán ser regulados y desarrollados por las legislaturas de las entidades federativas en materia de adopción;

c) Cumplir con los compromisos generales adquiridos por el Estado mexicano en esta materia armonizando la legislación con el contenido de los instrumentos internacionales de aplicación obligatoria; y,

d) Fortalecer en todo el territorio nacional el andamiaje jurídico que protege a la familia, por medio de una mejor regulación que redundará en mayores y mejores oportunidades para quienes en el futuro serán adoptados.

Quienes tenemos la alta responsabilidad de moldear a nuestras instituciones debemos estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido urgen modificaciones a nuestro marco jurídico que se traduzcan en mayor protección a la familia por ser el pilar fundamental de la sociedad. No tenemos mucho tiempo más antes de que el tejido social pueda entrar en una espiral mayor de confrontación, desasosiego y caos por haber sido insensibles a las necesidades que impone el entorno.

Por lo anterior, los suscritos diputados sometemos a consideración las siguientes reformas y adiciones a los artículos cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Decreto

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley...

...

...

...

...

...

La adopción es un procedimiento regulado por la ley para fortalecer a la familia. La federación, los estados y municipios establecerán, en base a criterios científicos, los procedimientos para hacerla efectiva en los términos de la legislación general que deberá expedir el Congreso, misma que deberá contener por lo menos lo siguiente: concurrencia de los diferentes niveles de gobierno, términos de cada una de las etapas del proceso de adopción, sujetos que involucra la adopción, quienes podrán adoptar, quienes podrán ser adoptados, requisitos de la adopción, requisitos que deben acreditar los adoptantes, tipos de adopción, causales de revocació0n o terminación de la adopción, adopción internacional.

...

...

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

...

...

...

XXIX-P Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidas leyes generales en materia de adopción, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Norma Edith Martínez Guzmán,Alejandro González Murillo, Hugo Éric Flores Cervantes, Melissa Torres Sandoval, Abdíes Pineda Morín, Ana Guadalupe Perea Santos, Gonzalo Guízar Valladares, Alfredo Ferreiro Velazco (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos la presencia de amigos originarios de Río Verde, San Luis Potosí, invitados por la diputada Fabiola Guerrero Aguilar. Bienvenidas, bienvenidos aquí, al recinto parlamentario.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación.

El diputado Edgar Romo García:Con su permiso, señor presidente. Estimados compañeros diputados, hoy vengo a presentar una iniciativa de ley que no solo atiende un tema muy sensible para la población, sino que también resulta determinante para contribuir y mejorar la calidad de vida de todos los jóvenes que cursan la educación básica de nuestro país.

Durante la Legislatura anterior, a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se aprobó la reforma educativa, que ha sido el primer paso para sintonizar los objetivos de la institución educadora con las aspiraciones de los estudiantes y las expectativas del conjunto social.

Sin embargo, consideramos que en la actualidad existe una asignatura pendiente dentro del ramo educativo, me refiero a la entrega de paquetes de útiles escolares que hoy no ha terminado por contar con estabilidad y permanencia como una política pública verdadera, con una política pública institucional, sino que continúa siendo un pobre programa temporal al arbitrio de las autoridades estatales y de las autoridades municipales que sin duda requiere de una reforma al marco normativo para contar con protección legal, política y presupuestal, que le permita generar beneficios parejos para todos los niños y todas las niñas de nuestro país.

En el año de 1959, atinadamente el presidente Adolfo López Mateos instauró el histórico programa de los Libros de texto gratuitos, ante la situación de que los libros de texto eran excesivamente costosos, de mala calidad e inaccesibles para la mayor parte de las familias mexicanas y bajo la plena convicción de que el libro es un derecho social y que facilita el diálogo y la equidad en la escuela, aprobó precisamente el programa de Libros de texto gratuitos.

El presidente López Mateos, de manera conjunta dispuso la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y que desde entonces es la responsable de materializar esta política pública para lograr el mejor contenido posible de los libros de texto y cumplir con la entrega de los mismos a todos los alumnos de educación básica.

Esa necesidad social de 1959, de contar con un libro, ha evolucionado porque en la actualidad la familia mexicana por cada hijo estudiante debe de desembolsar para comprar la lista oficial de útiles escolares autorizada por la Secretaría de Educación Pública, un promedio de entre 200 y 300 pesos, solo con cuadernos, lápices de colores, pegamento y material para forrar, entre otros. Y estos montos, obviamente, se van elevando de acuerdo con las marcas de los productos, y más, si se incluye una mochila y complementos especiales.

Si a este gasto se le adiciona la compra de uniformes y zapatos, la cantidad puede sobrepasar los mil pesos por estudiante, lo cual representa un gasto excesivo para el bolsillo de quienes ganan el sueldo mínimo.

Sabemos que con el propósito y con el compromiso de contribuir a mejorar las oportunidades educativas, los distintos niveles de gobierno han implementado diversos programas públicos, entre los cuales podemos destacar escuelas de calidad, escuelas dignas, desayunos escolares, programas de beca, entre otras acciones gubernamentales, los cuales buscan aumentar el nivel educativo de la población.

En ese sentido, consideramos que el Proyecto de Nación del Presidente Enrique Peña Nieto, cabe la propuesta de evolucionar en la política educativa a través de la transformación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en un espacio en el que se genere, ya no solo la preparación y entrega de los libros de texto gratuito, sino la de un nuevo paquete escolar que incluya los libros y que también incluya los útiles escolares.

Reconocemos que en el ánimo de ayudar a la economía familiar, los tres niveles de gobierno crean programas para hacer entregas de útiles escolares, pero hay que mencionar que en algunas ocasiones lo anterior se realiza de una forma desordenada, descoordinada y sin un enfoque social, siendo que muchas de las ocasiones se entregan en tiempo posterior al inicio del ciclo escolar.

Además, esta situación genera duplicidad entre los apoyos que entregan las autoridades, ya que la mayoría de los casos existe un programa municipal y otro estatal, lo cual deriva que en el mismo alumno pueda haber recibido más de un paquete de útiles escolares.

Pero lo más grave de esta situación y que es un aspecto fundamental que buscamos erradicar con la reforma que se propone, es el de evitar el lucro político electoral que ciertas autoridades pretenden obtener con la entrega de ese tipo de apoyos.

Hemos sido testigos de programas en los que los gobiernos aprovechan la entrega de útiles escolares para lograr beneficios de índole partidista, al utilizar libretas, mochilas u otros materiales con colores, emblemas y otro tipo de elementos que abiertamente se identifican con algún partido político o con aspirantes a algún cargo de elección popular.

Bajo ese contexto, es nuestra propuesta el que se instaure la entrega de útiles escolares como parte de una mueva política pública institucional y permanente que trascienda generacionalmente nuestro país como es la entrega de los libros de texto gratuito, es decir, un programa en el que establezca la entrega de un paquete escolar que este conformado por los libros de texto gratuito y los útiles escolares que se requiera el educando según el grado que esté cursando de escolaridad. Con esta propuesta se pretende evitar que las administraciones de los tres distintos niveles de gobierno año con año utilicen la entrega de útiles escolares sólo para fines electorales más no educativos.

Se busca que la entrega de útiles escolares de ser un pobre programa temporal e incierto, al arbitrio de las autoridades estatales y municipales con fines electorales, para que se transforme en una verdadera política pública general, transparente e incondicional con protección legal y presupuestal.

También pretende que la autoridad federal en coordinación con las entidades federativas sea rectora en la elaboración, preparación y distribución de los paquetes escolares, como una medida para erradicar los usos electorales y del lucro político que dan a este tipo de programas.

En ese sentido la presente reforma modifica diversos artículos a la Ley General de Educación para establecer la rectoría de la autoridad educativa federal, para proporcionar de manera gratuita a todos los alumnos, el paquete de útiles escolares, que según corresponda conforme al listado oficial de útiles escolares que determine la secretaría para cada nivel de educación básica, esto como parte complementaria a la elaboración y distribución de los Libros de Texto Gratuitos.

Estamos convencidos, compañeros diputados, de que esta iniciativa de ley mejorará la calidad educativa, y todavía más, habrá de transformar positivamente la vida de las personas, porque la educación además de ser un derecho fundamental de todos los niños y de todas las niñas, es, sin duda, crucial para el desarrollo fructífero y productivo de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Édgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Édgar Romo García, diputado de la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Introducción

La educación es un derecho humano fundamental, inherente a todos los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de la sociedad, y contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y productivo.

La educación favorece a mejorar la calidad de vida y a erradicar el círculo vicioso de la pobreza y un sin número más de problemas sociales que se generan a partir de éste.

A través de una educación básica de calidad, los niños y niñas adquieren el conocimiento y las aptitudes necesarios para adoptar una mejor forma de vida y asumir un papel fundamental en la toma de decisiones de índole social, económica y política a medida que transitan desde la adolescencia a la edad adulta.

Con base en una robusta y ambiciosa disposición constitucional, en el México del siglo XX se fundaron escuelas, se formaron maestros, se dieron muchos apoyos educativos, se dispuso de una educación gratuita para todos, y se hizo de la función educativa una misión de vida; lo que Octavio Paz llamó: “un movimiento educativo que poseía un carácter orgánico”.

Pero la dinámica global, impone ahora nuevas metas y retos que debemos alcanzar para no estancarnos y, al contrario, sí lograr una efectiva educación de calidad que permita a nuestros niños y niñas acceder a más y mejores oportunidades de desarrollo; por ello el gobierno del presidente Peña supo entender su circunstancia y planteó nuevos esquemas para lograr la transformación de nuestro sistema educativo, haciéndolo acorde a las demandas del siglo XXI.

Esos desafíos que plantean los nuevos tiempos a la educación pública, no pueden superarse sino con autoridades conscientes de su responsabilidad y decididas a actuar; con docentes ansiosos por desplegar conocimientos y creatividad, con disposición de transformar; pero más aún, con educandos que sientan el respaldo de su sociedad y su gobierno, con las herramientas necesarias que les permitan tener la seguridad y confianza de que cuentan con oportunidades reales para acceder al aprendizaje.

La reforma educativa ha sido el primer paso para crear una institución educadora capaz de sintonizar las aspiraciones de los estudiantes con las expectativas del conjunto social.

Se trató de una reforma oportuna y trascendente. Justo en el momento en el que el conocimiento es la principal fuente de crecimiento de la productividad y la riqueza.

Una reforma que estamos convencidos que mejorará la calidad educativa, y todavía más, una reforma que habrá de transformar positivamente la vida de las personas, como lo ha dicho el presidente Peña Nieto.

Sin embargo, consideramos que existe una asignatura pendiente dentro del ramo educativo que no ha terminado por encontrar la estabilidad y permanencia, como una política pública verdadera, institucional, para aportar todos los beneficios que pudiera lograr si se encontrara bien establecida a partir de un marco normativo que le de esa condición, además de una protección legal, política y presupuestal, como la que a nuestra consideración debiera tener la entrega de los paquetes de útiles escolares.

II. Problemática

El logro de una buena enseñanza, es el resultado del efecto combinado de la eficiencia del sistema educativo, y de la influencia de los elementos contextuales en los que se recibe la educación, como lo es el entorno social, la infraestructura educativa y principalmente las herramientas de trabajo de los estudiantes.

Es así que encontramos que el material didáctico es fundamental para que los alumnos tengan mejores oportunidades de desarrollo educativo, ya que son herramientas necesarias para el aprendizaje en las aulas, y es de ésta preocupación, que nace el punto medular de la iniciativa de reforma que hoy se presenta, y la cual versa sobre una gran área de oportunidad para que el gobierno de la República cree una política pública institucional para la entrega de paquetes de útiles escolares.

Cabe resaltar, que en promedio cada familia por hijo estudiante, debe desembolsar, por la lista oficial de útiles escolares autorizada por la Secretaría de Educación Pública, SEP, un promedio de entre 200 y 300 pesos, sólo con cuadernos, lápices de colores, pegamento y material para forrar, y éstos montos se elevan de acuerdo a las marcas y más si se incluye mochila y complementos especiales.

También hay que considerar que a éste gasto, se le adicionan la compra de uniformes y zapatos, lo cual incrementa el rubro destinado para gastos educativos, que pueden incluso sobrepasar los mil pesos por menor, lo cual representa un gasto excesivo para el bolsillo de quienes ganan el sueldo mínimo, y sobre todo, un atentado contra el principio de la gratuidad en la educación pública de nuestro país.

La Constitución federal establece en su artículo 3o. el principio de la gratuidad de la educación pública en nuestro país, el cual ha permitido que ningún educando ni sus papás tengan que pagar la escuela, ni las clases, ni los pupitres en su educación, sin embargo, si durante el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, las familias mexicanas continúan desembolsando dinero para que éstos cuenten con las herramientas didácticas necesarias, entonces quiere decir que el principio de gratuidad en la educación no está siendo completamente efectivo.

Es por ello que planteamos la presente reforma, para que principalmente se garantice efectivamente el principio de gratuidad en la educación pública. Porque poco puede hacerse en las escuelas, si los niños no tienen útiles escolares, y sus padres no tienen recursos para proporcionárselos.

Sabemos que con el propósito y compromiso de contribuir a mejorar las oportunidades educativas, los distintos niveles de gobierno han implementado diversos programas públicos entre los cuales podemos destacar escuelas de calidad, escuelas dignas, desayunos escolares, programas de becas, entre otras acciones gubernamentales, que buscan aumentar el nivel educativo de la población.

En ese sentido, reconocemos que en el ánimo de ayudar a la economía familiar, los tres niveles de gobierno crean programas para hacer entregas de útiles escolares, pero ello se realiza de una forma desordenada, descoordinada y sin un enfoque social, siendo que en muchas de las ocasiones se entregan en tiempo posterior al inicio del ciclo escolar, cuando los padres de familia ya realizaron el gasto y de nada sirvieron los apoyos, porque no implicó un ahorro y beneficio, sino una mala aplicación del recurso público.

Además, ésta situación genera duplicidad entre los apoyos que entregan las autoridades, ya que en la mayoría de los casos existe un programa municipal y otro estatal, lo cual deriva en que el mismo alumno pueda haber recibido más de un paquete de útiles escolares, mientras que otros con mayores necesidades económicas no hayan sido receptores de ninguno.

También, una problemática que se presenta al no existir un orden y organización adecuada, es que recurrentemente en el otorgamiento de estas ayudas ni si quiera se observa el listado oficial de útiles escolares que la Secretaría de Educación Pública determina, por cada nivel de la educación básica, sobre los requerimientos con los que debe contar el educando en el aula, ocasionado que un alumno de preescolar reciba un paquete que solo puede servirle a un alumno de educación secundaria, o viceversa, sin mencionar los casos en el que se entregan paquetes incompletos.

Pero lo más grave de esta situación y que es un aspecto fundamental que buscamos erradicar con la reforma que se propone, es el de evitar el lucro político-electoral que ciertas autoridades pretenden obtener con la entrega de este tipo de apoyos.

Hemos sido testigos de programas en los que los gobiernos aprovechan la entrega de útiles escolares para lograr beneficios de índole partidista, al utilizar libretas, mochilas u otros materiales con colores, emblemas y otro tipo de elementos que abiertamente se identifican con algún partido político o con aspirantes a algún cargo de elección popular.

Lo anterior, es una situación que se debe atender y eliminar, para dejar que los que deben servir, dejen de servirse para interés propio o el de algunos cuantos, a través del uso de recursos públicos que deben tener como único objetivo el beneficio social y mejorar las oportunidades de todos los niños y niñas.

III. Propuesta

Como se pudo advertir, los anteriores escenarios indican que es momento de poner orden en la distribución de paquetes de útiles escolares y que éstos sólo se realicen a través de una sola vía, con carácter estrictamente institucional y de acuerdo a las necesidades de los alumnos conforme a su nivel educativo.

Bajo este contexto, es nuestra propuesta el que se instaure la entrega de útiles escolares, como parte de una nueva política pública institucional y permanente, que trascienda generacionalmente en nuestro país, como es la entrega de los libros de texto gratuito, es decir, un programa en el que se establezca la entrega de un paquete escolar que esté conformado por los libros de texto gratuitos y los útiles escolares que requiera el educando.

Con esta propuesta se pretende establecer como una facultad exclusiva de la autoridad federal el elaborar, preparar y distribuir los paquetes escolares, dejando a las autoridades estatales solo como vehículos para su entrega en las aulas, como una medida para erradicar los usos electorales y de lucro político que dan los otros niveles de gobierno a este tipo de programas.

En ese sentido, no podría existir mejor ejemplo para garantizar la neutralidad de esta política pública, que el de la experiencia de los libros de texto, los cuales en el desarrollo de su historia, se han caracterizado por mantenerse apegados a los principios de la educación y siempre representando su carácter institucional.

El histórico Programa de los Libros de Texto Gratuito, se implantó desde 1959, por el presidente Adolfo López Mateos, ante la situación de que los libros de texto eran excesivamente costosos, de mala calidad e inaccesibles para la mayor parte de las familias mexicanas. Este programa se creó partiendo de que este era un derecho social, además de un vehículo que facultara el diálogo y la equidad en la escuela.

El presidente López Mateos dispuso la creación de la Conaliteg, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la cual ha sido la responsable desde entonces de materializar la evolución de esta política pública para lograr el mejor contenido posible de los libros de texto y cumplir con la entrega de los mismos a todos los alumnos de educación básica.

En ese sentido, consideramos que en el proyecto de nación del presidente Peña Nieto, cabe la propuesta de evolucionar en la política educativa a través de la transformación de la Conaliteg en un espacio en el que se genere ya no solo la preparación y entrega de los Libros de Texto Gratuito, sino la de un nuevo Paquete Escolar que los incluya a éstos y también a los útiles escolares.

Además, es de señalarse que durante la campaña presidencial del 2012, el presidente de la república, firmó como candidato un decálogo de compromisos con la economía de las familias mexicanas, en el cual los puntos 4 y 5 señalaban la entrega de los útiles escolares de forma gratuita a todos los alumnos de primaria y secundaria del país, compromiso del que, paulatinamente, ha iniciado su cumplimiento.

Es por ello que sabemos que nuestra propuesta encontrará eco también en el gobierno federal para sumar voluntades y lograr los mejores puntos de encuentro para hacer realidad la política que se propone.

En relación con el impacto presupuestal que pueda representar la consecución de esta reforma, no se advierten complicaciones mayores al respecto, ya que como se ha mencionado, actualmente los distintos niveles de gobierno ya realizan entregas de útiles escolares pero de forma desorganizada y desordenada, por lo que la solución al reto presupuestal, camina mas por el lado de lograr una reorganización y ajuste entre los recursos ya existentes, que por el lado de destinar nuevas partidas.

IV. Contenido de la reforma

La reforma que se propone a la Ley General de Educación es en redacción sencilla, sin embargo se estima suficiente para sentar las bases para la creación de una nueva política pública institucional para la entrega de paquetes de útiles escolares.

En tal virtud, se propone modificar el artículo 12 de la Ley General de Educación, para establecer como una facultad exclusiva de la autoridad educativa federal el proporcionar de forma gratuita a todos los alumnos, el paquete de útiles escolares que corresponda, conforme al listado oficial de útiles escolares que determine la Secretaría para cada nivel de educación básica, esto como parte complementaria a la elaboración de los libros de texto gratuito.

En el artículo 19 se propone dejar a las autoridades locales sólo con la facultad de distribución de los paquetes de útiles escolares, de forma complementaria a los esquemas de distribución con los que actualmente cuentan para coadyuvar con el gobierno federal a entregar los libros de texto gratuito.

También, en el artículo 75 se establece como una infracción, acreedora de sanción, el hecho de que quienes prestan servicios educativos no distribuyan los paquetes de útiles escolares que la Secretaría de Educación Pública determine para cada nivel educativo.

Por último, como normas transitorias se propone que la entrada en vigor de esta reforma sea para el ciclo escolar del 2017, y así el gobierno federal cuente con el tiempo suficiente para realizar los ajustes presupuestales correspondientes, a fin de estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento a las nuevas disposiciones.

Es por todo lo expuesto que me permito someter a consideración del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman diversas disposiciones de los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. ...

II. ...

III. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, así como proporcionar de forma gratuita a todos los alumnos, el paquete de útiles escolares que corresponda, conforme al listado oficial de útiles escolares que determine la Secretaría para cada nivel de educación básica;

IV. a XIV. ...

Artículo 19. Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos, los paquetes de útiles escolares y los demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. ...

II. ...

III. ...

IV.No distribuir ni utilizar los libros de texto y los paquetes de útiles escolares que la Secretaría autorice y determine para la educación preescolar, primaria y secundaria;

V. a XVII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de agosto de 2017.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá prever las partidas y los ajustes presupuestales correspondientes, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 2015.— Diputado Édgar Romo García(rúbrica).»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romo García. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o., de la Ley General de Educación.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte:Gracias, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décimo séptima al artículo 7o., de la Ley General de Educación, a fin de promover el conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación como herramienta para el desarrollo responsable de habilidades personales y familiares y profesionales del educando, a la luz de la siguiente

Exposición de motivos

En pleno desarrollo del siglo XXI, cada año se vislumbra como una meta a futuro el alcanzar una sociedad del conocimiento donde la inclusión de los individuos en la generación del conocimiento sea total, que las sociedades del conocimiento sean fuentes de desarrollo para todos y, sobre todo, para los países menos adelantados.

En este sentido, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC juegan un papel muy importante, tanto así que hoy en día cada adelanto tecnológico puede leerse en primera instancia como un progreso social.

Sin embargo, ese progreso no llega o se hace llegar a todos los estratos sociales por igual, toda vez que existen sectores sociales a los cuales esos adelantos no benefician, y la diferencia entre ellos marca evidentes desventajas en el acceso, uso y beneficios de estas nuevas tecnologías creando una brecha digital entre quienes tienen acceso a la información y a los que no.

Lo anterior, no solamente nos obliga a redoblar esfuerzos, sino que nos alerta sobre la situación similar que se vive en prácticamente toda la República, pues son 23 entidades federativas que presentan un déficit de menos del 50 por ciento de su población con acceso a los servicios de red.

Si bien es cierto existe un largo camino para garantizar la conectividad de la población en general, también es cierto que los jóvenes que sí cuentan con internet, pasan cada vez más tiempo en la red, desde tres a seis horas diarias o más, y en muchas ocasiones no reciben la orientación necesaria para aprovechar su tiempo en beneficio de su desarrollo educativo.

Al respecto, es necesario tomar conciencia del papel que hoy en día juegan las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Vivimos en un mundo globalizado en el que se usan dispositivos que transmiten información de forma acelerada, se consultan y comparten datos de manera inmediata y se encuentran disponibles para cualquier persona que cuente con una herramienta conectada a la red.

Tal apertura informática debe ser incentivada a fin de abarcar mayor conectividad y al mismo tiempo debe ser encaminada a la juventud como una posibilidad de desarrollo y no como un medio simplificado de ocio. Y de esa manera les permita un desarrollo integral y el mejor aprovechamiento posible de la basta información contenida en los medios digitalizados.

La presente iniciativa recoge la necesidad de establecer dentro de los fines educativos del Estado sus organismos descentralizados y las instituciones de educación privada, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la promoción del conocimiento sobre el uso de tecnologías de información y comunicación, con ello se establecen las bases para utilizar estas herramientas y habilidades de manera responsable, favoreciendo el desarrollo personal de los estudiantes en su vida familiar y profesional.

Estoy convencido que el problema del analfabetismo digital no se resuelve únicamente otorgando compradoras o tablets, sino que trasciende a establecer en los fines de la educación el sentido integral de orientación a fin de que nuestra sociedad se encuentre en posibilidad de obtener todos los beneficios derivados del uso de las tecnologías informáticas.

Debemos mirar de frente el panorama tecnológico que se nos presenta con toda responsabilidad; y reforzar el eje rector que en materia educativa las autoridades han implementado para guiar el uso cotidiano de dispositivos de información, que se encuentran en las manos de nuestros estudiantes. Garanticemos la preparación de nuestros niños y jóvenes para los retos que se viven desde hoy.

Hablamos pues de una iniciativa que busca contribuir a formar una consciencia global en los estudiantes con sentido de responsabilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación que impulse el conocimiento, la diversificación del acervo cultural digitalizado y promueva su desarrollo personal y profesional. De esta manera, compañeros legisladores, estamos dando un importante paso para avanzar en la alfabetización digital de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona una fracción XVII, al artículo 7o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En pleno desarrollo del siglo XXI, cada año se vislumbra como una meta a futuro el alcanzar una sociedad del conocimiento donde la inclusión de los individuos en la generación de conocimiento sea total, que las sociedades del conocimiento sean fuentes de desarrollo para todos, y sobre todo para los países menos adelantados.

En este sentido, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juega un papel muy importante, tanto así que hoy en día cada adelanto tecnológico puede leerse en primera instancia como un progreso social, sin embargo, ese progreso no llega o se hace llegar a todos los estratos sociales por igual, toda vez que existen sectores sociales a los cuales esos adelantos no benefician, y la diferencia entre ellos marca evidentes desventajas en el acceso, uso y beneficios de esas nuevas tecnologías, creando un brecha digital entre quienes tienen acceso a la información y los que no.

La brecha digital evidencia la existencia de una deficiencia en las políticas educativas. Esta problemática es distinta de aquella que se refería a la incapacidad de las personas para leer y escribir. Hoy, la comunicación no sólo fluye a través del lenguaje escrito, por lo que el concepto de alfabetización se ha modificado notablemente, aun cuando muchas personas pueden leer y escribir sin mayores dificultades, resulta que esas habilidades ya no son suficientes para acceder a la red y darle un buen uso.

Es así, que México tiene una ausencia de políticas públicas apropiadas en los terrenos de la educación, la ciencia y en materia de digitalización; por lo tanto, es imperante desarrollar de manera responsable el uso de la información que circula por la red; su intención es potenciar el desarrollo académico, familiar, cívico, profesional y personal de cada individuo. El Sistema Educativo tiene el compromiso de integrar en sus programas la formación sobre las herramientas que puedan mejorar las habilidades de los educandos, en el caso de las TIC es necesario, ya que tienen el potencial de modificar las condiciones psicológicas y las formas de comunicación interpersonal, los medios para lograr objetivos de placer o displacer, incluso mediante la alteración de los rasgos que conforman la identidad del individuo.

Las niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables a las herramientas digitales, ya que corren el riesgo de acceder a contenidos inapropiados o contactar con desconocidos a través de internet y las redes sociales. Es por eso que los docentes y padres de familia deben seguir las pautas necesarias que orienten su buen uso, ya que poco a poco, son ellos los que deben ejercer ese autocontrol, tanto con el uso y el tiempo en internet, como en otras facetas de su vida. Asimismo, resulta preponderante infundir en los educandos valores morales y éticos en el uso de las herramientas digitales, orientándolos para que busquen en la red los mejores fines y aprovechen el tiempo que le dedican a internet.

En este sentido, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) en su estudio correspondiente al año 2015, concluyeron que los cibernautas mexicanos se conectan un promedio de 6 horas y 11 minutos al día a internet, es decir, 24 minutos más que en 2014; además se conectan usualmente desde el hogar, seguido de trabajo. Las computadoras portátiles (68 por ciento), teléfonos inteligentes (58 por ciento) y tabletas (31 por ciento) son los dispositivos con los que más se conectan a internet; finalmente informaron que quienes se conectan del hogar tienen 24 años o más, mientras que del trabajo se conecta más hombres de 19 años o más.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos destacar que cada usuario se convierte en productor, transmisor y receptor de información. Esta posibilidad tecnológica permite una mayor libertad de la sociedad en la construcción comunicativa, tanto en el contexto de las libertades informativas, como en el desarrollo de su propia identidad.

Por lo tanto es importante llevar las cifras actuales del comportamiento de la sociedad sobre las tecnologías de información y empatarla con nuestros ordenamientos jurídicos actuales para educar a nuestros jóvenes sobre el uso y responsabilidad alrededor de estas herramientas digitales.

En este sentido, y haciendo evidente la preocupación por mi estado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su estudio de Acceso a Tecnologías de Información 2013, San Luis Potosí se encuentra posicionado entre los estados donde aún existe mucho desinterés por parte de la ciudadanía, poco uso de estas tecnologías y falta de la promoción suficiente, alejando a las niñas y niños potosinos de la brecha digital (Figura 1), cuestión que resulta altamente alarmante en virtud de que en un futuro cercano, el uso de las tecnologías de información podría convertirse en una nueva forma de exclusión social, al tratarse de un rezago en el acceso y aprovechamiento de internet como medio de crecimiento económico y cultural.

Figura 1

Es así, que el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, refiere la posibilidad de que los ciudadanos tengan diferentes opciones para obtener información, éstas pueden ser nacionales e internacionales y ciudadanos mejor informados serán capaces de ser más exigentes y con una conciencia más crítica.

Por lo anterior, resulta necesario tener la suficiente visión y la voluntad social y política para crear una sociedad donde todos los mexicanos niños, jóvenes y adultos posean una cultura emprendedora de desarrollo de diferentes aspectos para el beneficio de la nación potencializado por las TIC, donde las próximas generaciones se habitúen a utilizar estos medios como parte de una herramienta profesional, personal e incluso como una plataforma cívica, es por eso que la educación temprana debe ser una prioridad para el Sistema Educativo.

Estamos en un momento donde los niños de las presentes generaciones poseen influencia en las tendencias de consumo, ya que pasan desde tres hasta seis horas o más con diferentes herramientas tecnológicas que tienen acceso a internet y que a su vez son capaces de consumir otra información de diversos temas. Aunque debido a su falta de orientación desperdician su tiempo, cuando lo idóneo sería que el sistema educativo los formara para que le den un uso óptimo a las herramientas que tiene a su alcance.

Otro aspecto a destacar, es que el uso de redes sociales y foros de discusión en internet se han convertido en una herramienta para opinar y debatir sobre temas sociales, gobierno y los asuntos políticos, mismos que han crecido en México en los últimos años, según muestra el estudio del World Internet Project 2013, 45 por ciento de los mexicanos considera que por medio de internet las autoridades sabrán lo que la gente piensa sobre la vida pública y conforme aumenta la migración a las herramientas digitales, la influencia de las redes sociales en el ámbito político también crece.

Resolver el analfabetismo digital requiere de cambios sustanciales en el sistema educativo del país y no se resuelve con la simple instalación de computadoras con conexiones a internet en las escuelas. La población mexicana ciertamente consume tecnologías de la información y comunicación, pero no siempre por necesidades profesionales o educativas, hacer que en las escuelas orienten eficazmente en torno a las herramientas digitales, detonará el crecimiento personal y de todos como nación.

Por tal motivo, es que la presente iniciativa tiene como objeto establecer como un fin de la educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios el infundir y promover el conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación, como herramienta para desarrollar responsablemente habilidades a favor del desarrollo personal, familiar y profesional.

Por lo anteriormente expuesto, y por el digno conducto de usted presidente, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XVII, al artículo 7o. de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

“ Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XVI. ...

XVII. Infundir y promover el conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación, como herramienta para desarrollar responsablemente habilidades a favor del desarrollo personal, familiar y profesional.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Consultado en septiembre 2015. http://marketing4ecommerce.mx/ presentan-estudio-uso-internet-mexico-2015/

2. Consultado en septiembre 2015.

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/ espanol/bvinegi/productos/metodologias/ MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf

3. Consultado en septiembre 2015. http://www.wip.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.— Diputados: Marco Antonio Gama Basarte,Mayra Angélica Enríquez Vanderkam(rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano:Con su venia, presidente. Diputadas, diputados, la iniciativa que someto a su consideración consiste en eliminar la práctica del veto de bolsillo que existe en el marco normativo en el Distrito Federal. Proponemos un plazo fatal para que el jefe de gobierno publique la ley o decreto, de no ser así se reputará aprobado.

El proyecto no devuelto con observaciones a la Asamblea Legislativa del DF, y esta ordenará su promulgación. Se reputará aprobado por el jefe de gobierno todo proyecto no devuelto con las observaciones a la Asamblea Legislativa dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

Vencido este plazo, el jefe de gobierno dispondrá de 10 días para publicar la ley. Transcurrido este segundo plazo la ley o decreto será considerada promulgado y el presidente de la Asamblea Legislativa ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en la Gaceta del Distrito Federal, sin que requiera refrendo.

La iniciativa tiene como fin erradicar prácticas que han generado fraudes a la ley. A la fecha el gobierno del Distrito Federal tiene definidas sin publicarse 77 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. También se contempla un mecanismo que asegure la aplicación de la ley para los casos en que los secretarios de despacho sean omisos en cumplir con sus obligaciones de expedir el reglamento.

En el proyecto se remarca la obligación del jefe de Gobierno a publicar y ejecutar las leyes que emita la Asamblea Legislativa, así como el reglamento respectivo. También se enfatiza que de no cumplir con la emisión puntual del reglamento la Asamblea Legislativa determinará la aplicación provisional de la ley. Ello para evitar que los secretarios de despacho apliquen lo que denominamos veto de los secretarios.

En particular me refiero a un caso que considero verdaderamente lamentable y preocupante, como es el veto que el secretario de Protección Civil del Distrito Federal impuso a la nueva Ley del Sistema de Protección Civil. A pesar de que ya fue publicada esa ley no se ha elaborado el reglamento.

Por lo anterior expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa para reformar el artículo 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado.

«Iniciativa que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema y argumentos que la sustentan

La teoría tripartita del poder establece que todo Estado debe de asegurar la libertad de los hombres, como base de un sistema que cumpla con las leyes dictadas, en las que la libertad consista en poder hacer lo que se quiere y en no estar obligado hacer lo que no se quiere, es decir, las leyes solo prohíben determinados actos.

Pero lo anterior, solo es posible en los Estados en que la libertad política es determinante, y no se abusa del poder y los documentos fundamentales aseguran que un poder pueda frenar a otro poder.

El propio Montesquieu, acepta que dicha teoría es modificable, y no es absoluta, expresándose así: “Me gustaría investigar cómo se distribuyen los tres poderes en los Gobiernos moderados que conocemos y calcular, según eso, los grados de libertad de que cada uno puede disfrutar. Pero no siempre hay que agotar el tema de manera que no quede nada por hacer al lector. No se trata de hacer leer, sino de hacer pensar.”

Tal teoría fue atacada y tachada de irracional y poco científica, pues no puede explicarse la separación en el ejercicio de los diversos atributos de la soberanía, ya que los poderes son rodajes de un mismo mecanismo, en virtud de que su fragmentación provocaría una parálisis desastrosa.

Como en toda ciencia del derecho, las doctrinas y teorías deben evolucionar en torno a las necesidades sociales, Hans Kelsen en su libro “Teoría General del Derecho y del Estado”, se refirió a la división de poderes como una distribución de competencias, que más que separar los poderes, evita que se concentre el poder en uno solo, esto es, se debe visualizar desde un plano protector de derechos y previsor de abuso del poder, pero sin caer en el extremo de considerarla inamovible, ya que si se persiste en tal conceptualización, la misma distribución de competencias se convertiría en una fuente generadora del abuso de poder.

Sobre la distribución de competencias, Hans Kelsen se expresó así:

“La legalidad de la ejecución no solo debe ser asegurada por la separación de los poderes, sino que incluso es una consecuencia de esta”.

Adicionalmente, el jurista J. Jesús Orozco Enrique afirma: “ Así pues, lo que en realidad significa la así llamada “división de poderes”no es más que el reconocimiento de que, por una parte, el Estado tiene que cumplir determinadas funciones –el problema técnico de la división del trabajo – y que, por otra, los destinatarios del poder salen beneficiados si estas divisiones son realizadas por diferentes órganos: la libertad es el telos ideológico de la teoría de la “ división de poderes”.”

En esta tesitura, cada Estado Soberano en la esfera de su competencia, hace la distinción y la colaboración de los poderes que lo componen. En el caso de México, nuestro sistema de gobierno “Presidencialista”, se caracteriza por establecer una igualdad y un equilibrio más perfecto entre los Poderes de la Unión, es decir, que ningún Poder se encuentra subordinado a otro.

Nuestro artículo 49 constitucional vigente, en su primer párrafo, establece: “ El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

La división de poderes, es uno de los tantos principios propios de una República democrática como es la nuestra, su importancia es tanta, que se conceptualiza como piedra angular que funda la doctrina filosófica de nuestra Constitución Política.

Haciendo una revisión de nuestra Carta fundamental, se puede apreciar que sus disposiciones concretas simplemente señalan las atribuciones designadas a cada una de las ramas en que se distribuye el poder público, articulándolas y distinguiéndolas concretamente; pretende que no haya invasión de atribuciones reconocidas a un poder público ajeno al pueblo. Pero igualmente señala en ocasiones, situaciones político-jurídicas en las cuales, simultánea o secuencialmente dos poderes pueden y deben intervenir, y en ocasiones hasta los tres poderes, con lo cual refuerza la aseveración relativa a que estamos en presencia de un fenómeno de colaboración entre poderesy no de división.

Lo anterior, se reafirma con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo este criterio establecido desde la Quinta Época: Registro 28,2427, Tesis Aislada, Instancia Pleno, Fuente Semanario Judicial de la Federación XIX, Materia Administrativa, Página 97:

“División de poderes

”El principio de división de poderes no es absoluto y tiene numerosas excepciones, pues no siempre el Legislativo legisla, ni el Ejecutivo ejecuta, ni el Judicial juzga, sino que, cada uno de ellos, en su carácter de poderes emanados de la voluntad popular, ejecuta, autorizado por la Constitución, actos que corresponden a los otros; así, las autoridades agrarias y obreras que tienen facultades para decidir controversias entre los particulares, y, al atribuírselas la Constitución, estableció nuevas excepciones al principio de la división de poderes y dio caracteres judiciales innegables a los procedimientos administrativos agrario y obrero; consecuentemente, sus resoluciones tienen el carácter de irrevocables, pues de lo contrario, carecerían de la responsabilidad necesaria; y más sana teoría del derecho administrativo, extiende tal carácter de irrevocabilidad, hasta las resoluciones administrativas de carácter judicial, cuando por la revocación de ellas se afecten intereses de tercero.”

Resulta evidente que nuestra constitución ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su historia, el Poder Judicial no ha sido ajeno a tal fenómeno, precisamente la búsqueda histórica de distribución del poder en beneficio del particular ha llevado a nuestro máximo Tribunal a circular por diversas formas de estructuración jurídico-políticas.

Es por ello, qué, con el fin de erradicar prácticas que generan fraudes a la ley, se propone eliminar el conocido “veto de bolsillo” que actualmente se encuentra implícito en la deficiente legislación del artículo materia de reforma y que establece las bases organizativas para el gobierno en el Distrito Federal.

También se propone un mecanismo que asegure la aplicación de la ley, para los casos en que los Secretarios de despacho sean omisos en cumplir con su obligación reglamentaria.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y motivado, el suscrito, diputado Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa como proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto de bolsillo

Artículo Único.Se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Base Segunda. Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral.

Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto.

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos, si no se cumple con la obligación de expedir el reglamento en el tiempo señalado por los artículos transitorios, la Asamblea Legislativa determinara la aplicación de la ley.

Se reputará aprobado por el Jefe de Gobierno todo proyecto no devuelto con observaciones a la Asamblea Legislativa dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Jefe de Gobierno dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Asamblea Legislativa ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en la Gaceta del Distrito Federal, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si la Asamblea Legislativa cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Diputación Permanente.

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno; y

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ojeda Anguiano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Sonido en la curul de la compañera diputada, por favor. Adelante diputada Cecilia Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Diputado presidente, pediría que se ampliara el turno para que fuera turnada a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se obsequia la petición. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Andrés Fernández del Valle, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los fumadores pasivos son aquellas personas que sin ser fumadoras están expuestas con frecuencia al aire contaminado por el humo de tabaco. Este se desprende del cigarrillo y por el humo que expulsa el fumador después de fumar y es incluso más dañino que el humo que inhala el mismo fumador, ya que contiene mayores concentraciones de químicos perjudiciales.

Desde hace más de 50 años se sabe que el tabaquismo es perjudicial para el fumador, pero recién hace 25 se comenzó a alertar sobre el riesgo que implica el humo ambiental de tabaco para los no fumadores. Lo anterior, gracias al avance de la ciencia y de diversos estudios en la materia hoy en día se sabe que los fumadores pasivos presentan alteraciones respiratorias, cardiacas e incluso cáncer de pulmón.

Los niños son especialmente vulnerables a los efectos del tabaco yes que unos 700 millones de niños, es decir, casi la mitad de los niños del mundo, respiran aire contaminado por el humo de tabaco. Más de un 40 por ciento de niños tienen al menos un progenitor fumador y en 2004 los niños representaron el 28 por ciento de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno.

Las cifras vertidas con anterioridad son preocupantes, pero existe un agravante, los niños no pueden elegir. En este contexto, debemos evitar a toda costa que fumen cerca de ellos, ya que el humo ambiental de tabaco constituye un riesgo significativo para la salud de los niños pequeños.

Lo anterior, debido a que en los niños menores de dos años el aparato respiratorio y el sistema inmunológico se encuentran en proceso de maduración, por lo que su organismo es incapaz de atenuar, aunque sea parcialmente los daños de los agentes tóxicos presentes en el humo de tabaco.

En los niños mayores de dos años, las principales enfermedades causadas por el humo del tabaco son la bronquitis, otitis, asma y afectaciones en el desarrollo cognitivo.

Aunado a lo anterior y según las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad de Newcastle, en donde fumadores voluntarios fueron sometidos a viajes de 20 minutos para determinar la cantidad de químicos nocivos que un niño puede respirar en un automóvil, y se verificó que la exposición a los tóxicos del humo de tabaco es 100 veces mayor a la recomendada, a pesar de tener las ventanas abajo.

Por lo tanto, la prohibición de fumar en un auto, en movimiento, cuando se encuentran menores de edad en su interior, es vista como un paso vanguardista hacia la inhibición del consumo del tabaco.

La propia Organización Mundial de la Salud recomienda a sus estados miembros que sigan el ejemplo y proteja a los niños contra el humo del tabaco en los vehículos, que puede ser hasta 11 veces más nocivos que los de un bar.

A la vista de lo anterior, insistimos, que la mejor manera de proteger a los infantes del humo del tabaco es dejar de fumar, ya que de esta manera protegemos a nuestros seres queridos y nos protegemos a nosotros mismos. Pero si es imposible hacerlo, evitemos fumar en presencia de niños, y si tenemos hijos y somos fumadores debemos convertir nuestra casa y nuestro coche en espacios sin humo.

Por lo anteriormente expuesto, el Partido Verde, buscando siempre el bienestar de nuestra niñez, proponemos la presente iniciativa que adiciona la fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con esta adición se propone que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan medidas tendentes a procurar que las niñas, niños y adolescentes no sean expuestos, bajo ninguna circunstancia, a ambientes con humo de tabaco. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los fumadores pasivos son las personas que no fuman pero que respiran el humo de tabaco ajeno, humo de segunda mano o humo de tabaco ambiental, de manera que están expuestos a los componentes químicos presentes en el humo del tabaco. El aire contaminado por causa del tabaco está compuesto tanto por el humo que se desprende del cigarrillo, como por el que expulsa el fumador después de aspirar, el cual incluso es más dañino que el humo inhalado directamente por el fumador, ya que contiene mayores concentraciones de químicos perjudiciales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el humo del tabaco contiene 4000 productos químicos, de los cuales 250 son nocivos para la salud y 50 son cancerígenos. Desde hace más de 50 años se conocen los efectos perjudiciales que produce el tabaquismo; sin embargo, gracias a diversos estudios al respecto, apenas hace 25 años se comenzó a alertar públicamente sobre el riesgo que implica el humo ambiental de tabaco para los no fumadores.

A nivel internacional, la OMS encabezó la respuesta global a la epidemia del tabaquismo, con el fin de proteger el derecho a la salud. En este sentido, en el año 2003 promovió la firma del primer tratado en materia de salud: el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el cual entró en vigor hasta 2005, siendo firmado y ratificado por 180 estados, entre los cuales se encuentra México.

En este instrumento la OMS señala que el control del tabaco se debe llevar a cabo mediante diferentes estrategias, a saber: reducción de la oferta, la demanda y los daños con el objetivo de mejorar la salud de la población eliminando y reduciendo tanto el consumo, como la exposición al humo de tabaco.

Las partes firmantes de este convenio reconocen que la exposición al humo del tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad; por tanto, a través del mismo se pide a las partes que adopten las medidas legislativas, ejecutivas y administrativas para proteger la salud pública a través de eliminar la exposición al humo del tabaco.

La población infantil es particularmente vulnerable al humo producido por la quema de tabaco. Los recién nacidos, lactantes y niños menores de dos años aún no tienen completamente desarrollado el aparato respiratorio ni el sistema inmunológico, ya que ambos se encuentran en proceso de maduración; por estas razones, su organismo es incapaz de atenuar, aunque sea parcialmente, los daños de los agentes tóxicos presentes en el humo del tabaco. En este tenor, el Convenio de la OMS reconoce que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al humo de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño.

Actualmente, cerca de 700 millones de niños alrededor del mundo respiran aire contaminado; además, 31 por ciento de las muertes atribuibles al tabaquismo corresponden a la población infantil. La exposición de los infantes al humo del tabaco presenta diferentes afectaciones para su salud, tales como: alto riesgo de desarrollar infecciones pulmonares como bronquitis y neumonía, asimismo favorece el desarrollo de asma, incremento en el riesgo de morir por causa del Síndrome de Muerte de Cuna y de generar problemas cardiovasculares y cáncer.

En adición a lo expuesto, los problemas que causa el humo ambiental del tabaco durante la infancia no son sólo momentáneos, sino que tienen consecuencias permanentes. La exposición al humo del tabaco durante la infancia incrementa el número de infecciones de oído y el tiempo de curación, puede incrementar en 20 por ciento la frecuencia de crisis de ataques asmáticos, y los hijos de padres fumadores o niños expuestos al tabaco por largos periodos tienen un mayor número de ingresos hospitalarios durante su primer año de vida, así como el doble de probabilidades de padecer un infarto en la etapa adulta.

Con base en lo anterior, no debemos permitir que los niños se conviertan en fumadores pasivos. Por tanto, la única protección eficaz la constituyen los entornos totalmente exentos de humo de tabaco, más no aquéllos que sólo impliquen una separación física de espacios destinados para el consumo de tabaco, pues esto no elimina por completo la exposición al aire contaminado.

Cuando se fuma en un ambiente cerrado, las sustancias del humo ambiental de tabaco quedan en suspensión y permanecen en el ambiente incluso días o semanas. La ventilación por medio de puertas y ventanas abiertas no es suficiente, el humo y el olor se van pero las sustancias quedan suspendidas y se adhieren a cortinas, muebles, alfombras, la ropa y el cabello.

Por lo anteriormente expuesto, y con base en los principios del Partido Verde Ecologista de México, buscamos el bienestar de nuestra niñez a través de garantizar su derecho a la salud. De tal modo, proponemos la presente iniciativa que adiciona una fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a XVIII.

XIX. Establecer medidas tendientes a procurar que las niñas, niños y adolescentes no sean expuestos bajo ninguna circunstancia a ambientes con humo de tabaco.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Andrés Fernández del Valle, Adriana Sarur Torre, Alex Le Barón González, Alfredo Miguel Herrera Deras, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Arturo Álvarez Angli, Cándido Ochoa Rojas, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Villanueva Huerta, Daniela de los Santos Torres, Diego Valente Valera Fuentes, Emilio Enrique Salazar Farías, Evelyng Soraya Flores Carranza, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Sesma Suárez, Jorge Álvarez López, Jorgina Gaxiola Lezama, José Antonio Arévalo González, José Refugio Sandoval Rodríguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Manuel Celis Aguirre, Laisequilla Andrés Fernández del Valle, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, María Ávila Serna, Miguel Ángel Sedas Castro, Quirino Ordaz Coppel, Ramón Bañales Arambula, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Sara Paola Gálico Félix Díaz, Sasil Dora Luz de León Villard, Sharon María Cuenca Ayala (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Fernández del Valle. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como todos ustedes saben, los lectores de este país y la comunidad cultural, se han opuesto siempre a que los libros sean gravados por un impuesto, en particular el IVA. Los gobiernos han acatado esta exigencia ciudadana.

La presente iniciativa no plantea una carga fiscal a la venta de libros ni una reducción de pago de impuestos, sino que se otorgue la facilidad de transferir un impuesto como desde sus orígenes se había planteado.

Desde que se publicó el decreto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado el 29 de diciembre de 1978, se señalaron aquellos bienes por los que no se pagaría el impuesto en su enajenación, en donde se incluyeron los libros, periódicos y revistas.

La reforma a la ley del 30 de diciembre de 1980 adiciona un artículo 2-A, señalando que se aplicará una tasa de cero por ciento a la realización de algunos actos o de algunas actividades, las cuales son básicamente para la enajenación de alimentos animales y usos diversos de maquinaria agrícola.

Esta reforma cobra gran relevancia y se convierte en un estímulo fiscal porque en el último párrafo establece que “los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del cero por ciento producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley”.

Ello implica que para efectos fiscales el impuesto al valor agregado de actividades relacionadas con los descritos en el nuevo artículo puede ser trasladado, lo cual no sucede en el caso de los bienes que no causan IVA, en donde estaban considerados los libros, los periódicos y las revistas.

En marzo de 2002 la diputada Miroslava García planteó la dramática situación que enfrentaba la industria editorial, y en su exposición de motivos aludió las palabras del escritor y periodista Vicente Leñero cuando recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Dijo Vicente “la cultura pertenece al lenguaje de la identidad, a la gramática de la exaltación de la vida, es tan básica y tan alimenticia como nuestra tortilla y nuestros frijoles. Tan indispensable como el agua y la vivienda. Tan gratificante como el amor”.

Esta argumentación fue una de las bases más sólidas para que la iniciativa que reformó el artículo 2-A, se incluyera a los libros dentro de los bienes señalados para ser gravado con tasa cero.

La iniciativa fue votada a favor y se estableció así un estímulo fiscal para una parte de la cadena productiva del libro de manera que las cosas no sucedieron como se planteaba en la iniciativa original. Ella decía que se gravarían con tasa cero libros, periódicos y revistas, pero en el dictamen se especificó libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes.

No cabe duda que el estímulo fiscal ha sido muy positivo, porque ha favorecido la producción de libros, ya que al establecer la tasa cero en la edición, permite que los productores de libros, o sea los editores, transfieran el IVA para deducir gastos, cosa que no podrían hacer si el proceso de edición de libros fuera exenta del impuesto.

El problema es que esta situación es inequitativa y no ha repercutido en toda la cadena productiva del libro, tal como se pretendía, o sea que el beneficio favoreciera a toda la cadena en su conjunto, porque la entonces Comisión de Hacienda solo contempló la producción y dejó fuera del estímulo fiscal a la distribución y venta en librerías.

La propuesta que estoy haciendo en la presente iniciativa, no provoca merma en la captación fiscal, ni produce un impacto al consumidor, ya que el impuesto al valor agregado se transfiere.

Actualmente los libreros tienen que absorber el IVA en su totalidad, ya que la venta de libros está exenta del impuesto, de manera que no pueden transferir el impuesto generado por otros gastos que generen impuesto al valor agregado.

En conclusión, la iniciativa que presento no solo beneficia a los libreros, sino que promueve la generación de empleos y además cumple con los principios de Morena: Crear condiciones de equidad en la población. En este caso, en toda la cadena productiva del libro. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i) de la fracción I del artículo 2-A y la fracción III del artículo 9, ambos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por México, establece entre otras cosas:

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

El artículo 27 de la misma Declaración señala que:

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 1o.

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 3o....

...

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I a IV...

V.Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior–necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Con base en lo anterior y considerando lo que establece el Artículo 133 de nuestra Constitución, los tratados internacionales son “Ley Suprema de toda la Unión”, por lo que son de observancia los acuerdos suscritos, entre los que se pueden mencionar, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya referida, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de Friburgo.

Debemos considerar que el proceso educativo no se limita a las actividades que se llevan a cabo en la escuela, porque hay muchos factores que intervienen e influyen de manera directa en la educación de los niños y jóvenes. Desde la actividad familiar, social y en gran medida la información y contenidos que existen en los medios de comunicación. Asimismo las tendencias y comunicaciones que se dan hoy en día a través de las redes sociales.

No obstante lo anterior, es indudable que los medios impresos siguen teniendo un papel sumamente importante. Justamente por el creciente desarrollo de la tecnología, los medios impresos se han convertido en objetos que no son de fácil acceso a un gran número de personas. Y a pesar de que también se pueden adquirir muchas publicaciones en formato electrónico, el costos de éstas no es tan económico como para hacerlo asequible a toda la gente. Es por ello que una posibilidad es buscar la manera de otorgar estímulos fiscales que contribuyan a reducir los costos de los libros y si es sin afectar los ingresos fiscales para el erario, mejor.

La revista Proceso reporta que conforme a la UNESCO los mexicanos leemos en promedio 2.8 libros al año y sólo 2 por ciento de la población tiene como hábito permanente la lectura. Haciendo la comparación con otros países, en España se leen 7.5 libros al año y en Alemania 12. El mismo medio refiere que en México sólo existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes y una librería por cada 200 mil.

Conforme a la Encuesta Nacional de Lectura 2012, realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los niveles más altos de lectura de libros se dan entre los jóvenes de 18 a 22 años, con 69.7 por ciento, y de 12 a 17 años, con 66.6 por ciento. Las diferencias asociadas a la escolaridad son muy pronunciadas, con porcentajes de 76.6 por ciento entre quienes tienen educación universitaria. Por grupos socioeconómicos, el porcentaje más alto se da en el nivel medio (79.2 por ciento), desciende ligeramente para la población de niveles socioeconómicos medio alto y alto (75.9 por ciento) y decrece conforme el nivel socioeconómico baja. Así, el documento asegura que el promedio de libros leídos en un año es de 2.9, con cifras superiores para los jóvenes de 18 a 22 años (4.2), los mexicanos con educación universitaria (5.1) y los de niveles socioeconómicos medio alto y alto (7.2). Entre los diversos materiales de lectura, 56.4 por ciento de los entrevistados reportó leer libros, 42.0 por ciento periódicos, 39.9 por ciento revistas y 12.2 por ciento historietas.

Aun cuando la compra es el principal canal de acceso a los libros, con 45.7 por ciento de las respuestas, cerca de la mitad de los entrevistados señala otra como la principal: 20.1 por ciento declara que en su mayor parte los libros que ha leído han sido prestados por amigos o familiares; 17.9 por ciento que fueron regalados; 10.2 por ciento prestados por una biblioteca o sala de lectura y 1.2 por ciento es obtenido por fotocopiado.

En el marco de las leyes secundarias en México, es obligación del Ejecutivo federal contribuir al proceso educativo, tal como lo señalan tanto la Ley General de Educación, como la Ley de Fomento al Libro y la Lectura:

Ley General de Educación

Artículo 7o.La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a XIV...

XIV Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro.

...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I a IX...

X. Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia;

Ley de Fomento al Libro y la Lectura

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto:

...

II. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas;

III al VI...

VII. Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones periódicas en el terreno internacional, y

VIII. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro y promotores de la lectura.

Artículo 15. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura tendrá las siguientes funciones:

I a III...

IV. Proponer a las autoridades competentes la adopción de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el mercado del libro, la lectura y la actividad editorial en general;

Artículo 21.En todo libro editado en México, deberán constar los siguientes datos: título de la obra, nombre del autor, editor, número de la edición, lugar y fecha de la impresión, nombre y domicilio del editor en su caso; ISBN y código de barras. El libro que no reúna estas características no gozará de los beneficios fiscales y de otro tipo que otorguen las disposiciones jurídicas en la materia.

Por otro lado, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, se elaboró el Programa Especial de Cultura y Arte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014, en el que se señalan los siguientes aspectos relacionados con el fomento a la lectura y al acceso de la población al libro. El documento asegura que

“El índice de usuarios de internet es particularmente relevante. En el año 2012, 41 millones de personas eran usuarios de internet en México. De ellos, 31 millones utilizaron internet al menos una vez en el año por motivos culturales (categoría que incluye comprar libros)...”

....

Un aspecto importante en la tarea cultural es su contribución al fomento del libro y la lectura. Al interior del Subsector Cultura y Arte se congregan importantes organismos con una misión editorial como el Fondo de Cultura Económica, Educal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además del propio Conaculta. De manera conjunta se están desarrollando estrategias para impulsar la realización de coediciones a través de convocatorias públicas para apoyar el desarrollo de la industria editorial mexicana. A ello se suma el enriquecimiento de los acervos de las bibliotecas públicas y el desarrollo de colecciones para públicos amplios con títulos y géneros no cubiertos por la industria editorial. Mención especial merece el paso de la producción editorial al mundo electrónico mediante la producción permanente de nuevos títulos en formatos digitales y conversión electrónica de títulos agotados o fuera de circulación. Se pondrá especial atención en fortalecer los mecanismos de producción y distribución de libros y materiales impresos y digitales a cargo del Estado.

Capítulo III. Objetivos, estrategias y líneas de acción

Objetivo 1. Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero

............

Se promoverá el libro y la lectura con el fin de brindar a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, actividades que propicien la adquisición de hábitos indispensables para su desarrollo y las acerquen a las manifestaciones del arte y la cultura.

Estrategias

1.1. Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales y fortalecer la imagen del país en el extranjero

1.5.2. Fortalecer los servicios para favorecer el acceso de la población a los libros

Líneas de Acción

2.3.1. Impulsar y difundir la investigación artística y cultural

2.3.2. Impulsar acuerdos y convenios con centros académicos para fortalecer la investigación en materia artística y cultural

Objetivo 3. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella

La infraestructura cultural debe contar con espacios dignos, adecuados y multifuncionales, que permitan el desarrollo de actividades que promuevan y difundan la cultura en todo el país. El Subsector Cultura y Arte debe llevar a cabo una política sistemática y nacional para el aprovechamiento y, en su caso, ampliación de la infraestructura cultural propia, considerándose también apoyos para la construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales, bajo esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad con las Entidades Federativas y Municipios.

Se llevará a cabo un esfuerzo especial en el fortalecimiento y la consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, así como de las Salas de Lectura como medidas sustantivas de fomento a la lectura. Se debe fortalecer la infraestructura de distribución y comercialización de libros

3.1. Desarrollar y mejorar la infraestructura cultural

Líneas de acción

3.1.1. Apoyar la creación de nuevos espacios y fortalecer las condiciones de la infraestructura cultural existente

3.1.2. Mejorar la infraestructura de distribución y comercialización de libros

Indicador 6.3

Porcentaje de títulos editados en formato digital con respecto al total de títulos editados.

Objetivo Sectorial o transversal

Objetivo 6: Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital.

Descripción general

Con base en la Agenda Digital de Cultura y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, se ha impulsado la edición de libros electrónicos que permite abaratar los costos de impresión, distribución y comercialización, además de llegar a un mayor número de lectores y a nuevos públicos.

El indicador mide el porcentaje de títulos editados para formato digital respecto al total de títulos editados por el Subsector Cultura y Arte.

El indicador está relacionado con la Estrategia 6.3 del Objetivo 6.

Es evidente que el gobierno federal ha favorecido a la industria editorial mediante estímulos fiscales para evitar que los consumidores finales paguen el impuesto al valor agregado a los libros. Esto implicó necesariamente la inclusión de los libros dentro de las excepciones que contempla la Ley del Impuesto al Valor agregado.

El concepto de gastos fiscales se refiere a los apoyos indirectos generalmente autoaplicativos otorgados por el gobierno a sectores de la economía o de contribuyentes, mediante el marco tributario, de tal forma que estos gastos fiscales no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los contribuyentes beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos.

La elaboración de presupuestos de gastos fiscales es una práctica internacional que comenzó a finales dela década de 1960 y principios de la década de 1970. Mientras que en Alemania se elabora desde 1967 y en los Estados Unidos de América desde 1974, la práctica se generalizó entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980. No en todos los países que elaboran presupuestos de gastos fiscales existe una obligación legal para ello. De 21 países revisados en el documento de la OCDE Choosing a Broad Base – LowRateApproachtoTaxation (2010), los gobiernos estaban obligados a generar un reporte de gastos fiscales en 14 países.

De acuerdo con el documento Tax Expenditures in OECD Countries (2010), los gastos fiscales pueden presentar diversas formas, entre las que se encuentran: deducciones, exenciones, tasas reducidas, diferimientos y acreditamientos. En los Estados Unidos de América los gastos fiscales son definidos en el Congressional Budget and Impoundment Control Act de 1974, como pérdidas de ingresos atribuibles a las disposiciones fiscales que permiten exclusiones, exenciones o deducciones del ingreso o que se derivan de un crédito especial, una tasa preferencial o permiten el diferimiento de las obligaciones fiscales.

La presente Iniciativa no plantea una reducción de pago de impuestos, sino que se otorgue la facilidad de transferir un impuesto como desde sus orígenes se había planteado.

El 29 de diciembre de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto al Valor Agregado que se encuentra vigente a la fecha. En la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente,, el entonces Presidente de la República, José López Portillo manifestó que este gravamen tiene un beneficio sustancial en comparación con el entonces impuesto sobre ingresos mercantiles.

El Impuesto al Valor Agregado se define como la contribución que se causa sobre el aumento de valor a un bien o servicio que se da en las diferentes fases de producción. En cuanto a su relevancia en los ingresos tributarios de la Federación, en 2013 ascendió a 556 mil 793.9 millones de pesos, sólo por abajo del Impuesto Sobre la Renta (906 mil 848.3 millones de pesos).

Desde que se publicó el decreto de Ley del Impuesto al Valor Agregado el 29 de diciembre de 1978, se estableció en el artículo 9o. aquellos bienes por los que no se pagaría el impuesto en su enajenación. En ese entonces se estableció en la fracción IX lo siguiente:

Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I a VIII...

IX. Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra, que realice su autor.

Después de varias reformas, el texto no ha cambiado, sin embargo en la Ley actual el texto corresponde a la fracción III del mismo artículo. Aunque el texto se puede interpretar como que no paga el impuesto la enajenación de Libros, periódicos y revistas que usen o exploten los autores, desde un inicio se interpretó como que estaban exentos de pago de IVA todos los libros, periódicos y revistas.

El 30 de diciembre de 1980, se publica en el Diario Oficial de la Federación una Reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la que adiciona un artículo 2o-A señalando que se aplicará una tasa de 0 por ciento a la realización de algunos actos o de algunas actividades, las cuales son básicamente para la enajenación de alimentos, animales no industrializados, y usos diversos de maquinaria agrícola. Esta reforma cobra gran relevancia y se convierte en un estímulo fiscal porque en el último párrafo se establece que: “Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0 por ciento, producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley”. Lo que implica que para efectos fiscales, el impuesto al valor agregado generado por actividades relacionadas con las actividades descritas en el nuevo artículo, puede ser transferible, lo cual no sucede en el caso de los bienes que señalaba el artículo 9º, o sea aquellos que estaban exentos de IVA, en donde estaban considerados los libros, periódicos y revistas.

En la Iniciativa presentada el 6 de marzo de 2002, la diputada Miroslava García Suárez planteó la dramática situación que enfrentaba la industria editorial. En la misma exposición de motivos se refirió al discurso que pronunció el escritor y periodista Vicente Leñero cuando recibió de manos del Presidente Vicente Fox el Premio Nacional de Ciencias y Artes el 25 de febrero de 2002, en el que señaló:

“La cultura pertenece al lenguaje de la identidad, a la gramática de la exaltación de la vida. Es tan básica y tan alimenticia como nuestra tortilla y nuestros frijoles tan indispensable como el agua y la vivienda, tan gratificante como el amor.”

Esta argumentación fue una de las bases más sólidas para que la Iniciativa en la que se propuso la reforma al artículo 2o.-A, incluyera a los libros dentro de los bienes señalados para ser gravados con tasa cero. Definitivamente influyó para que la iniciativa fuera votada a favor y se estableciera así un estímulo fiscal para la cadena productiva del libro. Sin embargo, las cosas no sucedieron como era el espíritu de la Legisladora.

La Iniciativa original planteaba una reforma al artículo 2o.-A de la siguiente manera:

Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a) a h)...

i) Libros, periódicos y revistas

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda en donde se elaboró el dictamen correspondiente, pero se modificó la propuesta de la Legisladora. El dictamen fue votado en sentido positivo con 439 votos a favor y siete abstenciones; se turnó al Senado de la República en donde se votó sin modificaciones con 99 votos en pro. La Iniciativa se publicó en el Diario oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, quedando el texto como se encuentra en la Ley vigente.

Artículo 2o.A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta

Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a) al h)...

i). Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra.

Sin duda alguna el estímulo fiscal ha sido muy positivo porque ha favorecido la producción de libros, ya que al establecer la tasa cero en la edición, permite que los productores de libros, o sea los editores, transfieran el IVA para deducir gastos que no podrían hacer si la edición de libros fuera exenta del impuesto.

El problema es que esta situación es inequitativa y no ha repercutido en toda la cadena productiva del libro tal como la Legisladora pretendía. O sea, que el beneficio favoreciera a toda la cadena en su conjunto. Sin embargo, el dictamen de la entonces Comisión de Hacienda sólo contempló la producción y dejó fuera de estímulo fiscal a la distribución y venta en librerías.

Es por ello que en esta propuesta se plantea ampliar el estímulo fiscal también a los distribuidores y a los libreros, puesto que como está actualmente el inciso i) de la Fracción I del Artículo 2º-A, el beneficio fiscal es sólo para los editores.

Cabe señalar que la propuesta que estoy haciendo en la presente Iniciativa no provoca merma en la captación fiscal, ya que el impuesto al valor agregado se transfiere. Actualmente los libreros tienen que absorber el IVA en su totalidad, ya que la venta de libros está exenta del impuesto, de manera que no pueden transferir el impuesto generado por otros gastos, tales como pago de servicios, honorarios profesionales, renta, luz, o cualquier otro gasto que genere Impuesto al Valor Agregado. El estímulo fiscal para los distribuidores y libreros no sólo haría que el beneficio fiscal fuera justo para toda la cadena productiva del libro sino que, al poder transferir el impuesto, los libreros estarían en posibilidad de contratar más personas y así, no sólo evitar el cierre de más librerías, sino que se podrían abrir más puntos de venta, ampliar los servicios, simple y sencillamente porque se requeriría generar más gastos para poder transferir el impuesto lo cual, insisto, no solamente no afecta la recaudación, sino que aumenta la posibilidad de generar mayor ingreso para la hacienda pública.

Sucedería algo similar a lo que pasa con las farmacias. Las medicinas no están exentas de IVA. Tienen tasa cero (0 por ciento), de manera que pueden transferir el impuesto conforme a la Ley. Pero para transferir el impuesto tienen que generarlo, de tal manera que hay muchas farmacias que venden, además de medicinas que tienen tasa cero (0 por ciento), productos que generan IVA, y contratan personal que cobra por honorarios, lo que les permite transferir los impuestos sin mermar el ingreso al fisco y genera empleos.

En resumen, en la reforma del artículo 2o.-A, fracción I, inciso i), de 2002, no se contemplaron estímulos para las librerías, lo cual afecta de manera muy importante a los libreros, en relación directa con sus gastos operativos.

En conclusión, en México prevalece desde hace muchos años, una tasa exenta del impuesto al valor agregado (IVA) al comercio del libro en librerías, situación que afecta notablemente los resultados económicos de las empresas distribuidoras de libros al impedirles la transferencia del IVA para no absorber los gastos efectuados, en más o menos 300 millones de pesos anuales, que podrían ser acreditables para alrededor de 1,300 librerías o puntos de venta, que son establecimientos donde, por lo menos, el 80 por ciento de las ventas se constituyen en libros, que incluyen a las librerías tradicionales privadas y públicas, a las librerías propiedad de empresas editoriales y a las librerías de instituciones de enseñanza a todos los niveles.

Convendría aplicar una tasa cero (0 por ciento) del IVA al libro para operaciones de venta en librerías, así como la que gozan desde el 2002 los editores y no dejarlo exento de este impuesto, para así permitir a las librerías deducirlo de sus pagos de IVA por bienes y servicios adquiridos.

Esto implica de manera específica, dentro de la Ley del IVA, mover el concepto de enajenación de libros, del Capítulo II, Artículo 9º, Fracción III, e incluirlo en el Capítulo I (de Disposiciones Generales), Artículo 2º A, Fracción I (de la enajenación), Inciso i), junto a los libros que editen los propios contribuyentes.

Consideramos que dicha medida podría adoptarse sin mayores trámites de tipo legislativo y ejecutivo y sin afectar las finanzas públicas, ni implicarles un sacrificio fiscal. Con la imposición de una tasa cero (0 por ciento) del IVA a los libros comercializados en librerías, se permitiría a estas empresas evitar absorber el IVA de sus pagos y poder transferirlo en las declaraciones correspondientes. Se generarían mayores utilidades netas en los resultados de las librerías que, a su vez, redundarían en mayores gastos de sus empresas y su personal (30 por ciento ISR sobre el 16 por ciento del IVA y 10 por ciento de participación de los trabajadores en las utilidades sobre el mismo 16 por ciento del IVA, más la recaudación indirecta por inversiones y crecimiento de plantilla, sueldos, instalaciones, existencias y ventas), produciéndose con estos efectos fiscales una economía pro-cíclica que implicaría mayor recaudación para el Fisco.

Insisto. Con esta resolución de carácter fiscal, se ayudaría a que las librerías contarán con más recursos para crecer, generar empleos, promover la lectura y el libro y contribuir así al alcance de los fines de la Ley misma: una sociedad diversa, equitativa y próspera con niveles sustentables de desarrollo social, económico, cultural y científico, uno de los propósitos fundamentales de Morena.

Cabe hacer hincapié en que, efectivamente, “cuando una persona compra un libro, a éste no se le traslada el IVA (no se le hace un cargo adicional) por su compra”, pero el librero tiene que absorber las repercusiones del IVA que se genera por pago de renta, servicios, luz, honorarios, mensajería, entre otras cosas. Lo más importante es que el consumidor final no sufrirá incremento alguno de los precios por razones fiscales derivadas del cambio propuesto de la Ley del IVA.

Concluyo con algo muy importante. Establecer la tasa cero (0 por ciento) para toda la cadena productiva del libro, haría que el Estado mexicano cumpla con las disposiciones establecidas en los diferentes ordenamientos, tales como la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la Ley General de Educación y el Programa Especial de Cultura y Arte. Porque es importante que los lectores también tengan la posibilidad de adquirir libros, se fomente la lectura fuera de las bibliotecas, y se promueva la asistencia de librerías como centros de cultura y no dejemos la promoción para la venta sólo en las ferias, que tanta popularidad han alcanzado a última fechas y que generalmente son organizadas por las editoriales que en franca competencia desleal, venden directamente al mismo precio de las librerías como lo señala la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, obteniendo ganancias adicionales porque reciben la comisión que sería para el librero.

Por lo anterior, se propone a esta Soberanía que los libreros y no sólo los editores de libros de la cadena productiva del libro periódicos y revistas, sean beneficiados estableciendo la tasa cero (0 por ciento) del impuesto al valor agregado, a los que les enajenen estos bienes de alto impacto educativo.

Por las razones antes expuestas, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que reforma el inciso I) de la fracción I del artículo 2o.-A, y la fracción III del artículo 9o., ambos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Para quedar de la siguiente manera

Artículo único.Se reforma el inciso i) de la fracción I del artículo 2o. -A y la fracción III del artículo 9o., ambos de la ley del impuesto al valor agregado.

Artículo 2o.-A

I....

a) a h)...

i) Libros por parte de los agentes integrantes de la cadena productiva-distributiva del libro como son los editores, distribuidores al mayoreo y libreros con ventas a detalle o al menudeo, así comoperiódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra.

...

Artículo 9º. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I a II....

III. El derecho para usar o explotar una obra, que realice su autor.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Disponible en http://www.proceso.com.mx

2 Ver Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, página 6.

3 Íbid., página 8.

4 Íbid., página 9.

5 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados correspondiente al 30 de noviembre de 1978.

6 Sin Autor, Moderno diccionario de contabilidad, Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, SA, México, 1997, página 142.

7 Ver Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Virgilio Dante Caballero Pedraza,Alfredo Miguel Herrera Deras, Alicia Barrientos Pantoja, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Guadalupe Hernández Correa, Jesús Emiliano Álvarez López, María Antonia Cárdenas Mariscal,María Candelaria Ochoa Ávalos, María Chávez García, María Eugenia Ocampo Bedolla, Mariana Trejo Flores, Modesta Fuentes Alonso, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Sandra Luz Falcón Venegas, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la compañera diputada Candelaria Ochoa.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Le solicito de la manera más atenta, si el diputado Virgilio, acepta que yo firme junto con él la iniciativa, que lo acompañe yo a firmarla.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Sí, diputada.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aceptación el compañero diputado. Está a su disposición con el mismo trámite que hemos seguido aquí en la Mesa Directiva.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Gaytán, por favor.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández(desde la curul): Solicitándole, por favor, al diputado también me permita adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aceptación el señor diputado, muchas gracias. Está a su disposición la iniciativa aquí en la Mesa Directiva. Sonido en la curul del diputado Álvarez López, por favor.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): En el mismo sentido, para que a nombre de la bancada de Morena, nos deje el diputado adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El señor diputado ya dio su aceptación y está a su disposición en la Mesa Directiva.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por ciento minutos el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 183 y 184 de la Ley Agraria.

El diputado Moisés Guerra Mota:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, para los trabajadores al servicio del Estado, estamos con ustedes, el pensionista es de ustedes.

La justicia pronta y expedita es un derecho fundamental para todos los ciudadanos. El artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que las leyes fijen, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Sin embargo, en materia de justicia agraria, es precisamente la legislación en materia que promueve la dilación procesal, como es el caso de los artículos 183 y 184 de la ley en materia. En donde el artículo 183 nos indica que si al iniciarse la audiencia no estuviera presente el actor y si el demandado, se impondrá a aquel una multa equivalente al monto de 1 a 10 días de salario mínimo de la zona en que se trate.

Si no se ha pagado la multa, no se empezará de nuevo para el juicio, es decir, este precepto dispone que si el actor no se encuentra presente en la audiencia, pero si se encuentra presente el demandado, el actor será sujeto a una multa equivalente de 1 a 10 días de salario mínimo y, una vez pagado, podrá solicitar nuevamente el emplazamiento.

Por su parte el artículo 184 nos señala que “si al iniciarse la audiencia no estuviera presente ni el actor ni el demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo si el actor así lo pidiera”.

En realidad estos dos ordenamientos facultan al actor para demorar el procedimiento por meses, a veces hasta por años, para cumplir las condiciones y se lleve a cabo la audiencia.

La presente iniciativa propone que una vez realizado el debido emplazamiento, surtan todos los efectos legales para que el actor y para que el demandado... el objeto es eliminar la opción a que se presente dilaciones procesales a petición de la parte actora, y se genere una inequidad para la parte demandada y para los tribunales agrarios, ya que se encuentran sujetos al caso en que si el actor no asiste a la audiencia y este realiza el pago de la multa correspondiente, se puede mencionar a petición del actor un nuevo emplazamiento a la demanda.

Para hablar de justicia pronta y expedita, no podemos deducir, sólo a tener tribunales especiales para impartir la justicia. Para garantizar este derecho fundamental a los mexicanos, es necesario tener el andamiaje jurídico dentro de nuestras legislaciones para que se lleve a cabo.

Es nuestro deber como legisladores, generar esos mecanismos dentro de nuestras leyes. Con ello esta iniciativa permite disminuir la carga de trabajo a los tribunales y en consecuencia agilizar los juicios agrarios. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 183 y 184 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforman los artículos 183 y 184 de la Ley Agraria.

Exposición de Motivos

La justicia pronta y expedita es un derecho fundamental, el artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Sin embargo, en materia de justicia agraria, es precisamente la legislación en la materia que promueve dilaciones procesales, como es el caso de los artículos 183 y 184 de la Legislación en la materia, donde el artículo 183 nos indica que si al iniciarse en la audiencia no estuvieran presentes el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate. Si no se ha pagado la multa no se emplazará de nuevo para el juicio.

Es decir, este precepto dispone que, si el actor no se encuentra presente en la audiencia, pero si se encontrara presente el demandado; el actor será sujeto de una multa equivalente a diez días de salario mínimo y una vez pagando podrá solicitar nuevamente el emplazamiento.

Por su parte el artículo 184 nos señala que, si al iniciarse la audiencia no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo si el actor así lo pidiera.

En la realidad estos dos ordenamientos facultan al actor para demorar el procedimiento por meses a veces hasta años, para cumplir las condiciones y se lleve a cabo la audiencia.

La presente iniciativa propone que una vez realizado el debido emplazamiento, surtan todos los efectos legales para el actor y para el demandado, el objetivo es eliminar la opción a que se presenten dilaciones procesales a petición de la parte actora y se genere una inequidad para la parte demandada y para los Tribunales Agrarios ya que se encuentran sujetos al caso en que si el actor no asiste a la audiencia y este realiza el pago de la multa correspondiente, se puede ordenar a petición del actor un nuevo emplazamiento al demandado.

Para hablar de Justicia pronta y expedita, no podemos deducirlo solo a tener tribunales especiales para impartir justicia, para garantizar este derecho fundamental a los mexicanos, es necesario tener el andamiaje jurídico dentro de nuestras legislaciones para se lleve a cabo y es nuestro deber como legisladores encontrar esos mecanismos dentro de nuestras leyes.

Con la finalidad de contribuir a la celeridad de los juicios agrarios, se pone a consideración de esta honorable asamblea.

Decreto

Único. Se reforman los artículos 183 y 184; de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 183. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se llevará a cabo la audiencia surtiendo los efectos legales a la parte que no se encuentre presente y esté debidamente notificada.

Artículo 184. Si al iniciarse la audiencia no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado, se les impondrá a ambos una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate, siempre y cuando se acredite que el demandado fue emplazado debidamente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputado Moisés Guerra Mota(rubrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guerra Mota. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas son principios fundamentales que rigen el actuar de Nueva Alianza.

Al rendir protesta como diputados, asumimos el compromiso con la sociedad de legislar con probidad, honradez y transparencia. No obstante, compañeras y compañeros, estamos inmersos en una crisis de credibilidad social generada por la falta de medios que faciliten y agilicen a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de acceso a la información, siendo la opacidad en el empleo de los recursos públicos y su destino, uno de los principales motivos de descontento social.

En el último informe, el país sobre la calidad de la ciudanía en México, los diputados somos calificados con el peor nivel de desconfianza sobre otros actores e instituciones. La transparencia legislativa es un paso significativo para alcanzar un gobierno abierto que combata la corrupción y genere la confianza que tanto se necesita para restaurar el tejido social.

En Nueva Alianza lo sabemos, y por ello estamos decididos a impulsar acciones que permitan revertir esa percepción. Con esta convicción es que ahora pongo a su consideración esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La finalidad es establecer a los grupos parlamentarios como sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas, así como especificar los lineamentos necesarios que deban aplicar para cumplir con la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos que reciben para el ejercicio de su representación.

Es esencial que todos los grupos parlamentarios abramos y publiquemos nuestra información, transparentemos el trabajo legislativo y rindamos cuentas de los recursos ejercidos, con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda consultar estos datos, haciendo expedito el derecho a la información sin mediar solicitud alguna. Esta acción de transparencia proactiva allanará el camino para recobrar la confianza de la sociedad en sus representantes y su gobierno.

Proponemos esta iniciativa con la experiencia que tenemos en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de tener actualmente disponible información sobre el uso y destino de los recursos, subvenciones, dietas, fondos y partidas presupuestales que recibimos mensualmente, así como todas nuestras acciones legislativas, todo esto a través de nuestra plataforma digital gpna.mx.

Tenemos la gran oportunidad en esta legislatura de consolidar un Congreso más responsable y transparente, que rinda mejores cuentas y que a través de ello integre a los ciudadanos con la actividad legislativa.

En Nueva Alianza seguiremos impulsando los grandes cambios que nos transformen en un mejor país. Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿nos ayudan a cambiar las cosas? Por su atención y apoyo a la presente iniciativa, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I., 77.1. y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, el inciso b) de la fracción XIV, del artículo tercero y el correlativo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se adiciona un artículo 29 Bis, y se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los primeros años del siglo XXI se caracterizaron por importantes movimientos sociales alrededor del mundo, en los que se promovió una mayor participación ciudadana en el análisis y diseño de políticas y en la vigilancia y evaluación de los distintos organismos que conforman al estado.

México no es la excepción, ya que actualmente se encuentra en una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales, en las que es evidente una importante reconfiguración de las relaciones entre la ciudadanía y sus representantes, así como por una evolución del modelo democrático de gobierno.

No obstante, no es posible pensar en gobiernos y sociedades democráticas maduras, sin que exista un marco jurídico que garantice y facilite el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.

Si bien las recientes reformas en la materia son una muestra de la voluntad compartida entre ciudadanos, instituciones académicas y gobierno por transitar de la opacidad a un ejercicio abierto y transparente de los recursos públicos, no podemos hablar de la consolidación de una efectiva y auténtica cultura de transparencia por el hecho de contar con un marco jurídico que brinde este derecho: es necesario que se refleje en una sociedad activa que lo ejerza.

Desde nuestra Constitución hasta el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, pasando por las leyes general y federal en la materia, ya se estipula el derecho de todo ciudadano a contar con información referente a distintos aspectos de las labores legislativas, incluida la concerniente a los grupos parlamentarios. Sin embargo, en esta Cámara no se publica íntegramente esta información en un nivel de detalle que permita al ciudadano conocer el desempeño legislativo y el destino de los recursos que nos son entregados.

Actualmente, cualquier ciudadano requiere presentar su solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de esta Cámara, teniendo que acreditar su identidad y elaborar dicha solicitud en términos que eviten el riesgo de una negativa o una dilación mayor a los 10 días hábiles establecidos por ley, para recibir respuesta.

¿Acaso estamos cumpliendo con el principio de máxima publicidad establecido constitucionalmente?

Necesitamos profundizar en aquellos aspectos de la ley que permitan al ciudadano acceder de manera ágil, sencilla y expedita a toda información a la que por ley tiene derecho.

En dicho contexto se presenta esta iniciativa, que establece los términos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, para satisfacer el interés legítimo de los ciudadanos por conocer datos precisos sobre el desempeño de los grupos parlamentarios y la manera cómo se ejercen los recursos que recibimos: el marco legal actual abre la posibilidad de una discrecionalidad en el cumplimiento de este derecho, inhibiendo al ciudadano a ejercerlo plenamente.

Por lo anterior, es necesario que los grupos parlamentarios sean definidos como sujetos obligados en el marco jurídico existente, así como establecer sus obligaciones específicas de transparencia y garantizar el principio de máxima publicidad de dicha información a través de medios abiertos y accesibles.

En nuestras manos se encuentra la voluntad de encauzar la acción ciudadana hacia una mayor participación e inclusión en los asuntos legislativos, mediante el diseño de leyes efectivas y prácticas que se traduzcan en soluciones reales. Dejemos de lado la letra bien intencionada, destinada únicamente al ostracismo ante una realidad evidente. Es momento de tomar la iniciativa en el combate a la opacidad y la corrupción que se percibe en el ejercicio de nuestras funciones.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, desde la LXII Legislatura, ha dado a conocer la información sobre el uso y destino de los recursos, subvenciones, fondos y partidas presupuestales que recibe mensualmente, así como el desempeño de sus legisladores, recibiendo muestras de aceptación de los ciudadanos ante este tipo de acciones.

Esta experiencia nos lleva a afirmar que la transparencia y rendición de cuentas debe ser un ejercicio normado e institucionalizado en todo el quehacer del legislativo.

Demostremos voluntad política

Con este tipo de acciones contribuiremos a cerrar la brecha entre nosotros y nuestros representados: reconstruiremos la confianza ciudadana en nuestra labor y daremos una muestra de congruencia en el uso responsable de los recursos que nos confían, en una época en que la austeridad presupuestal nos demanda honradez y profesionalismo.

Argumentación

La corrupción es un inhibidor del desarrollo y el progreso

De acuerdo al índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones 1.

Si tomamos en cuenta las estimaciones del Banco Mundial, el problema le cuesta a México cada año el 9 por ciento de su producto interno bruto (PIB). Esto representó 1.3 billones de pesos durante 2014.

Las reformas estructurales, mismas que fueron muestra de profesionalismo y madurez política por parte de los Poderes de la Unión, pueden estar comprometidas en sus alcances y efectos si no se logran agotar todos los esfuerzos en el combate a la corrupción.

¿Es el Poder Legislativo en México transparente?

El pasado 26 de octubre, durante el seminario Transparencia y actividad legislativa en México: ¿cómo evaluar?, se reveló que el Congreso mexicano presenta los más bajos niveles de transparencia en materia de normatividad, presupuesto, gestión y rendición de cuentas, ocupando el sexto lugar entre los nueve países evaluados en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2015.

El estudio, elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, evaluó al Poder Legislativo de Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, México, Argentina, Bolivia y Venezuela, informa que el problema en materia de transparencia radica no sólo en las funciones legislativa, fiscalizadora y representativas, sino también en la forma en que funciona y se rinden cuentas de la gestión en esta institución a la ciudadanía.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación mostró los resultados referentes a la fiscalización de los recursos ejercidos por la Cámara de Diputados y Senadores durante el año 2013, en la cual se realizaron observaciones respecto a la aplicación del presupuesto.

Una de las recomendaciones es racionalizar los recursos que son transferidos a la partida 39903, que se refiere a asignaciones a los grupos parlamentarios por concepto de retribuciones especiales y pagos únicos.

De igual manera, menciona que subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones registradas en la partida 4390 (otros subsidios y subvenciones), por un monto de 193 millones 978 mil pesos de los recursos transferidos del ramo 23, “Previsiones Salariales y Económicas”, destinada a la conservación, operación y equipamiento de los recursos de los poderes, y que en consecuencia, se erogó en conceptos que no se relacionaron con el fin para el que fueron autorizados.

La transparencia presupuestaria promueve un mejor uso de los recursos

Históricamente existe evidencia de que muchos países empezaron a acumular deuda pública ante un manejo presupuestal ineficiente e irresponsable. Este hecho comenzó a ser analizado por distintas instituciones, resultando en un gran número de investigaciones que mostraban una correlación entre la opacidad y un mal manejo de los recursos presupuestales. De igual manera, uno de dichos estudios analizó 78 países con regímenes democráticos durante los últimos 20 años, encontrando que entre un conjunto de variables, la transparencia fue la más significativa para explicar la evolución de la situación económica de un país.

De acuerdo a Matheson y Kwon (2003), durante la pasada década, la creación de leyes que imponían la apertura de información gubernamental fueron una poderosa herramienta para fortalecer la transparencia, cerrando la brecha entre gobernantes y votantes. Entre las conclusiones de este estudio destaca que los funcionarios mejoran el manejo presupuestal cuando los ciudadanos tienen acceso a información que permite fiscalizarlo.

Facilitar a los ciudadanos el acceso a la información referente al ejercicio presupuestal de los grupos parlamentarios, puede coadyuvar en nuestro país a un mejor uso de los recursos en una época de recortes presupuestales.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I., 77.1. y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, el inciso b) de la fracción XIV, del artículo tercero y el correlativo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se adiciona un artículo 29 Bis, y se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman, el inciso b) de la fracción XIV, del artículo tercero y el correlativo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XIII. ...

XIV. Sujetos obligados:

a) ...;

b) El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos internos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y demás entidades legislativas y administrativas;

c) a f)...

XV.

Artículo 61. El Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente, cualquiera de sus órganos internos de gobierno así como las comisiones, comités, centros de estudio, grupos parlamentarios y demás entidades legislativas y administrativas y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta ley.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis. Los grupos parlamentarios, sujetos obligados, pondrán a disposición del público la siguiente información, misma que deberá encontrarse accesible en los sitios de internet o páginas web, cuyo contenido será, entre otra, el siguiente:

I. La información que derive de las obligaciones de transparencia, tanto común como específica, lo anterior sin que medie solicitud;

II. Sobre su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro del grupo parlamentario de conformidad con las disposiciones aplicables; número, categoría, percepciones ordinarias y extraordinarias que incluya salario, compensaciones, primas, comisiones, viáticos, gratificaciones y compensaciones en general todos los movimientos de personal a su servicio, señalando su causa y funciones; lo anterior versará sobre aquellas personas que presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.

III. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, fotografía, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

IV. Especificar el monto de la asignación, de recursos humanos, materiales y financieros, y cualquier otro emolumento o subvención, que reciba en forma mensual, trimestral, semestral o anual; asignados, desde el inicio de la legislatura hasta el término de la misma. Para lo cual se emitirán informes trimestrales y anuales en general todo lo relativo de la legislatura correspondiente, sobre dietas, horarios, gastos, fondos, compensaciones, partidas y cualquier otra subvención que reciban

V. La asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e inmuebles y en general de todos los recursos materiales que se les provea;

VI. Información detallada sobre asignación, ampliación, aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración o la junta de coordinación política de la cámara en términos del artículo 29 de esta ley;

VII. El informe final que sea la base para la integración de los documentos que se requieran administrativamente durante el proceso de entrega-recepción en la conclusión de la Legislatura;

VIII. La lista de asistencia de cada uno de sus integrantes a las sesiones del pleno y de las comisiones y comités;

IX. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, presentados y aquellos aprobados por el pleno de la Cámara;

X: El sentido de voto o abstenciones en los dictámenes de proyectos de ley o puntos de acuerdo presentados por las comisiones;

XI. Toda aquella información que sirva para medir la eficiencia, eficacia, economía, objetividad, profesionalismo y calidad en su desempeño, así como los resultados que trasciendan en el tejido social;

XII. Mantener actualizada y a disposición del público solicitante la información;

XIII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable;

La información antes mencionada deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Artículo Tercero. Se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 113.

1. La Contraloría Interna, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, quien hará público el resultado de la misma y de donde se desprenda detalladamente el uso, destino y estado actual de los recursos asignados para su funcionamiento, como fondos, partidas y compensaciones, para lo cual deberá presentar un informe semestral.

b) a n)...

2. ...

a) a e)...

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. José Luis Antón Alvarado. Economía y Finanzas 18. Mayo de 2014.www.forbes.com.mx/el-país-mas-corrupto-del-mundo. Fecha de consulta 16 de febrero de 2015.

2. Ídem.

3. El informe publicado menciona que se otorgaron subvenciones especiales al amparo de acuerdos emitidos en ejercicios anteriores, no obstante que son autoridad en situaciones excepcionales y tienen el carácter de únicas para atender asuntos específicos. Periódico La Jornada de fecha 19 de febrero de 2015. Página 7.

4. Disponible en

http://www.transparencialegislativa.org/ slider/prueba-2-slider/.

5. Bernardino Benito and Francisco Bastida. (2009). Budget Transparency, Fiscal Performance, and Political Turnout: An International Approach. Public Administration Review, 69, 403-417.

6. Alex Matheson and Hae-Sang Kwon. (2003). Public Sector Modernisation: A new Agenda. OECD. Journal on Budgeting 3 (1): 7-24.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Luis Alfredo Valles Mendoza,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alfredo Miguel Herrera Deras, Angélica Reyes Ávila, Brenda Velázquez Valdez, Carmen Victoria Campa Almaral, Daniela de los Santos Torres, Emma Margarita Alemán Olvera, Gretel Culin Jaime, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Karina Padilla Ávila, Lorena del Carmen Alfaro García, María Candelaria Ochoa Ávalos, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eugenia Ocampo Bedolla, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Mariano Lara Salazar, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, Salomón Fernando Rosales Reyes, Soralla Bañuelos de la Torre, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Verónica Delgadillo García, Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valles Mendoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Candelaria, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Quisiera preguntarle al diputado Valles si nos permite firmar con él esta iniciativa. En la fracción ciudadana desde el primer día estamos comprometidos con la transparencia y la austeridad. Si me permite, diputado, nos gustaría suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Valles Mendoza da su anuencia.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Y está a su disposición con el trámite que hemos venido siguiendo en casos similares.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Víctor Silva, por favor.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para pedirle al señor diputado Alfredo Valles Mendoza si permite que nos adhiramos a su iniciativa de parte de la fracción parlamentaria del PRI, Michoacán.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ya dio su anuencia el compañero diputado, está a su disposición aquí en la Mesa Directiva.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Lorena Alfaro, por favor.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García(desde la curul): Gracias. De igual manera, para pedirle al diputado si permite que los diputados del Grupo Parlamentario del PAN nos podamos adherir a su iniciativa, toda vez que ésta es congruente con lo que ya establece la Ley General de Transparencia y Anticorrupción; y que abona sin duda al buen ejercicio de los recursos públicos, particularmente de este Poder Legislativo que ya es sujeto obligado.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El señor diputado está de acuerdo Está a su disposición también la iniciativa aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul de la diputada Gaytán, por favor.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Al igual mis compañeros diputados y diputadas anteriores, sumarnos como Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la propuesta presentada por el compañero diputado.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL QUE ESTUDIEN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por diez minutos, la diputada Ariadna Montiel Reyes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior, dentro de la república mexicana.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, presidente. La suscrita diputada sin partido, diputada Ariadna Montiel, integrante de esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en el Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior, dentro de la república mexicana.

La presente iniciativa tiene por objeto hacer valer el derecho a la educación, ya que la educación es un derecho humano fundamental. Ya que no solamente cuenta con su propia justificación jurídica, sino en términos generales, es el proceso permanente que desarrolla las capacidades físicas, intelectuales y éticas del ser humano que le permiten integrarse positivamente a la sociedad y al Estado.

En México el derecho fundamental a la educación se encuentra debidamente regulado y tutelado por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, la cual establece que todos los habitantes del país tienen o deben tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional.

Por lo cual, conforme a las disposiciones generales de nuestro país todos los habitantes de México debemos tener las mismas oportunidades de recibir educación.

Derivado de la reforma constitucional en materia de los derechos humanos de 2011, en México, nuestra estructura normativa debe integrar los tratados internacionales que ha ratificado México en la materia y que reconocen a la educación como parte de los derechos sociales pertenecientes a la tercera generación de derechos humanos, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovido por las Naciones Unidas, mismo que entró en vigor en 1976 a nivel mundial y que para el ámbito continental se hizo lo propio a través de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y mediante el Pacto de San José.

Sin embargo, para poder alcanzar la igualdad que establecen estos derechos de tercera generación y el derecho a la educación plena, es imprescindible reconocer que existe una amplia y compleja diversidad entre las personas. Por ello, debe examinarse la situación que guarda el derecho a la educación en la legislación mexicana, así como la noción de igualdad de oportunidades educativas, temas que por su importancia deberían impulsarse para su discusión en la agenda educativa nacional.

La ley exige a los padres que envíen a sus hijos menores de edad a las escuelas, públicas o privadas, con la finalidad de que cursen la educación primaria y secundaria obligatoria para todos; sin embargo, no existe ninguna sanción para el incumplimiento de este precepto, porque nuestra realidad va más lejos que solo remediar con sanciones la ley.

Los padres de familia que no cumplen con esta obligación en su inmensa mayoría, se debe a un conjunto de factores culturales, sociales, pero principalmente económicos que impiden hacerlo, por lo que el derecho se invalida. Por eso es preocupante que no se haya legislado para obligar al Estado a proporcionar a quienes sufren las consecuencias de estos factores a obtener los apoyos necesarios para contrarrestar los efectos negativos de los mismos.

En realidad, las medidas que el Estado ha adoptado con este propósito no han sido generales, universales, plenas, de libre acceso, como debe ser pensado el derecho humano a la educación.

Respecto de la enseñanza media superior, la legislación vigente no precisa el derecho de los individuos a acceder a ello, en estos niveles el derecho es menos exigible, puesto que en ley el Estado solo está obligado a promover y atender su desarrollo, en la medida en que sean necesarios para el país.

Respecto a la educación universitaria todavía es más grave, la discusión pública no ha alcanzado consenso ni siquiera respecto a la gratuidad de la educación universitaria, no obstante que la ley y tratados internacionales son claros. Toda la educación que el Estado imparta deberá ser gratuita.

Retomando el eje de esta iniciativa, la igualdad para el acceso a la educación, es importante señalar lo que concluyó el Observatorio Ciudadano de Educación, que el ejercicio del derecho a la educación no se garantiza plenamente si no se logran eliminar las diferencias entre las oportunidades de ingresar al sistema escolar y de permanecer en el mismo, que existen entre los grupos sociales y regiones que están en desventaja.

Este derecho es un concepto más complejo, ya que refiere al derecho de aprender, efectivamente. La verdadera distribución de oportunidades educativas se alcanza cuando se igualan las posibilidades de que todos los individuos dediquen a su aprendizaje las mismas dosis de tiempo y esfuerzo y obtengan los mismos resultados educativos, independientemente de sus habilidades iniciales y de los estratos sociales a que pertenezcan.

Además de la equidad de la distribución de las oportunidades de aprendizaje efectivo, el derecho a la educación comprende la equidad, la gratuidad en todos los niveles, la libertad de elección entre las diversas ramas del sistema educativo, la compensación de las desigualdades para tratar desigualmente a los desiguales y las posibilidades de incrementar la permanencia en el sistema educativo a los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto presento esta iniciativa, que tiene como finalidad expedir una Ley General de Estímulos Económicos para todos y todas las jóvenes y los jóvenes residentes en el territorio nacional que estudien en instituciones públicas de educación media superior de la República Mexicana.

Confiando que todos los aquí presentes elevemos la altura de nuestros debates y le apostemos a la educación como prioridad del Estado, y para ello se incremente la inversión para generar mayor acceso y permanencia en la educación media superior a partir de la expedición de esta ley.

Por nuestros jóvenes y por el futuro de nuestro país, muchas gracias. Es cuanto, diputado.

«Iniciativa que expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior dentro de la República Mexicana, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes

La suscrita, diputada Ariadna Montiel Reyes, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que Estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior Dentro de la República Mexicana, con base en lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

El derecho a la educación es un derecho humano establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, La Ley General de Educación establece que “todos los habitantes del país tienen o deben de tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional”, con sólo satisfacer las disposiciones generales aplicables esta aseveración que en sus términos es errónea debe interpretarse como un mandato de que todos los habitantes de México debemos tener las mismas oportunidades de recibir educación. Sin embargo, para poder alcanzar la igualdad, y por tanto un derecho a la educación verdadero, es imprescindible reconocer que existe una amplia y compleja diversidad entre las personas. Por ello, debe examinarse la situación que guarda el derecho a la educación en la legislación mexicana, así como la noción de igualdad de oportunidades educativas, temas que por su importancia debieran impulsarse para su discusión en la agenda educativa nacional.

La ley exige a los padres que envíen a sus hijos menores de edad a las escuelas públicas o privadas, con la finalidad de que cursen la educación primaria y secundaria obligatoria para todos. Sin embargo, no existe ninguna sanción para el incumplimiento de este precepto. Sin embargo los individuos o los padres de familia que no cumplan esta obligación no se debe en la mayoría de los casos a decisiones voluntarias, sino a un conjunto de factores culturales, sociales o económicos que impiden hacerlo. Por eso es preocupante que tampoco se haya legislado para obligar al Estado a proporcionar a quienes sufren las consecuencias de estos factores los apoyos necesarios para contrarrestar los efectos de los mismos. En realidad, las medidas que el Estado ha adoptado con este propósito no han sido el resultado de una clara legislación al respecto.

En relación con la oferta educativa, nuestra legislación obliga a las autoridades educativas a prestar servicios para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria además la ley establece ordenamiento la obligatoriedad de las autoridades a tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas deberán estar dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja. Sin embargo, el acatamiento de este requerimiento no ha sido exigido por el Congreso de la Unión ni por los congresos estatales, los cuales son los poderes ante los cuales las autoridades educativas están obligadas a rendir cuentas de su gestión.

Respecto de la enseñanza media superior la legislación vigente no precisa el derecho de los individuos a acceder a ella; en estos niveles el derecho es menos exigible puesto que el Estado sólo está obligado a “promover y atender” su desarrollo en la medida en que sean necesarios para el desarrollo del país. La discusión pública no ha alcanzado consenso respecto a la gratuidad de la educación universitaria en virtud de las complejidades que la expresión “toda la educación que el Estado imparta será gratuita” al respecto es importante señalar que un estudio presentado por el observatorio ciudadano de educación señala que el ejercicio del derecho a la educación no se garantiza plenamente cuando sólo se eliminan las diferencias entre las oportunidades de ingresar al sistema escolar y de permanecer en el mismo que existen entre los grupos sociales y regiones que están en desventaja. Este derecho es un concepto más complejo, ya que también se refiere al derecho de aprender efectivamente. La verdadera distribución de oportunidades educativas se alcanza cuando se igualan las probabilidades de que todos los individuos que dediquen a sus aprendizajes las mismas dosis de tiempo y esfuerzo puedan obtener, si así lo eligen en libertad, los mismos resultados educativos, independientemente de sus habilidades iniciales y de los estratos sociales a que pertenezcan.

Si aceptamos que no hay ninguna razón para justificar que las habilidades de los individuos se distribuyan desigualmente entre las diferentes regiones del país, esperaríamos que el acceso al sistema escolar y la permanencia en el mismo se repartiesen de la misma manera en todas las regiones. Sin embargo, en el Foro sobre las Plataformas Educativas de los Partidos Políticos, que fue organizado en el año 2000, se llegó a la conclusión, que si bien es cierto que la demanda por educación primaria está virtualmente satisfecha, también lo es que algunos niños cursan grados escolares inferiores a los que teóricamente corresponderían a sus respectivas edades. Lo más preocupante es que este problema se acentúa en las entidades federativas que tienen los mayores niveles de marginalidad. Además, hay evidencia de que los coeficientes de satisfacción de la demanda potencial correspondientes a la educación secundaria, preparatoria y superior se correlacionan inversamente con los niveles de marginalidad de las entidades federativas; lo que representa una fuerte inequidad en la distribución regional de las oportunidades de ingresar al sistema escolar, y en las de permanecer en el mismo. Por otra parte, si todos los individuos estuviesen en las mismas circunstancias culturales, sociales y económicas, el esfuerzo que estarían dispuestos a realizar para adquirir su educación y por tanto los resultados educativos del sistema se distribuiría aleatoriamente. Sin embargo, es bien sabido que las desigualdades inherentes al sistema económico y social impiden el cumplimiento de este supuesto, además de que pesan en el rendimiento escolar, situación que se observa en el reporte sobre los resultados del PISA 2000 (siglas inglesas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, con base en muestras representativas de jóvenes de 15 años de edad, interesantes hallazgos surgieron a través de comparar la situación en que se encuentra nuestro país, a diferencia de algunos otros que se encuentran en similares circunstancias . Esos hallazgos, muestran las relaciones que existen entre algunas variables independientes como el estatus socioeconómico de la familia, la riqueza de la misma y sus posesiones culturales. Además de la equidad en la distribución de las oportunidades de aprendizaje efectivo, el derecho a la educación comprende otras dimensiones: a) la equidad en la distribución de los principales insumos de los que depende el aprendizaje (principalmente la calidad de los maestros); b) la gratuidad del servicio educativo (que debe ser total en los niveles básicos; c) la libertad de elección entre las diversas ramas del sistema educativo, lo que implica una oferta razonablemente amplia de ellas en todo el territorio del país; y d) la compensación de las desigualdades para tratar desigualmente a los desiguales (por ejemplo, proporcionando a los grupos indígenas que no hablan español modelos adecuados a sus condiciones lingüísticas y culturales). Es claro, en consecuencia, que para lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación México tiene todavía la necesidad de hacer una fuerte inversión

II. Fundamentación legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que Estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior dentro de la República Mexicana

Artículo Único. Se expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que Estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior dentro de la República Mexicana para quedar como sigue:

Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que Estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior dentro de la República Mexicana

Capítulo IDe los estímulos económicos para las y los jóvenes residentes en territorio nacional que estudien en instituciones públicas de educación media superior dentro de la República Mexicana

Artículo 1.-Las y los jóvenes residentes en la República Mexicana, que estudien en instituciones públicas de educación media superior ubicadas dentro del Territorio Nacional, tendrán derecho a recibir del Gobierno Federal, un estímulo económico cuyo monto dependerá del desempeño escolar del estudiante, de acuerdo con el siguiente tabulador:

Promedio Monto

Mensual

6.00 a 7.50 $500.00

7.51 a 9.00 $600.00

9.01 a 10.00 $700.00

El estímulo será extensivo a los beneficiarios egresados del bachillerato que cursen con regularidad el primer año de la Educación Superior en Instituciones Públicas al interior de la República Mexicana.

Artículo 2.Tendrán derecho al estímulo económico referido en el artículo inmediato anterior, las y los jóvenes que residan en el territorio nacional y cumplan con los siguientes requisitos:

I. Estar inscritos en instituciones públicas de educación media superior ubicadas dentro de la República Mexicana.

II. Que habiendo sido beneficiarios egresados del bachillerato, cursen el primer año de la educación superior en instituciones públicas al interior de la República Mexicana.

III.Ser alumno regular de acuerdo con los planes y programas de estudio correspondientes.

IV. Acreditar la residencia efectiva en Territorio Nacional.

V. No contar con beca o apoyo económico similar de otras instituciones públicas o privadas.

VII.Desarrollar actividades sociales y/o comunitarias, equivalentes a ocho horas al mes, preferentemente en la colonia donde residan, durante la vigencia del estímulo económico.

El gobierno federal deberá revisar previo otorgamiento del estímulo económico, la documentación necesaria en un plazo no mayor de treinta días hábiles.

Artículo 3. La Secretaría de Educación deberá elaborar y actualizar anualmente el padrón de beneficiarios, el cual será remitido al presidente de la República.

Dicho padrón, deberá ser entregado por el presidente de la República al Congreso de la Unión, para que este pueda ser auditado por la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 4. El presidente de la República deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho a este estímulo económico para las y los jóvenes que cumplan con los requisitos de esta ley.

Asimismo, el presidente de la República, deberá garantizar el pago oportuno de las obligaciones a las que se refiere esta ley.

Artículo 5. La Cámara de Diputados deberá aprobar, en el decreto de presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo este derecho.

Artículo 6.La forma como se hará valer el estímulo económico, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley, se fijara en el reglamento correspondiente, cumpliendo con los plazos establecidos.

Capítulo IISanciones

Artículo 7. Los servidores públicos, responsables de la ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad universalidad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento del estímulo económico, ni podrán emplearlo para hacer proselitismo partidista, en caso contrario, serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 8.La persona que proporcione información falsa o no cumpla con los requisitos para solicitar el estímulo económico, o para conservarla pagará una multa equivalente a los 50 días de salario mínimo vigente en la República Mexicana.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Ejecutivo federal tendrá un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta ley para expedir su Reglamento

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2015.— Diputados: Ariadna Montiel Reyes,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Brenda Velázquez Valdez, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Karen Hurtado Arana, María Candelaria Ochoa Ávalos, María del Rosario Rodríguez Rubio, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Montiel Reyes. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Barrientos, por favor.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Presidente, para pedirle a la diputada Ariadna Montiel sumarme a su iniciativa, debido a que Morena ha presentado también una iniciativa referente a educación, en donde con esto estamos llevando a cabo la obligatoriedad de la educación media superior.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada Ariadna está de acuerdo, está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Karen Hurtado Arana (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Karen Hurtado, por favor.

La diputada Karen Hurtado Arana (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Únicamente también para pedirle a la diputada Ariadna Montiel me permita suscribirme a su iniciativa, ya que en verdad urgen medidas suficientes para precisar el derecho a la educación de los jóvenes, y lógicamente también para obtener la gratuidad de la misma.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada ha dado su anuencia, está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez Álvarez, por favor.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, también pedirle a la diputada Ariadna nos permita sumarnos como fracción Morena a este legítimo derecho que tienen estos jóvenes y que ojalá y que se logre esta propuesta y que no sea solo un discurso. Enhorabuena, diputada y nos adherimos, si nos permites, a esta propuesta que haces. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo y está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Saludamos a los integrantes del honorable ayuntamiento de Tetela de Ocampo, invitados por el diputado José Lorenzo Rivera Sosa. Así como también a alumnos de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, invitados por el diputado Jorge Triana Tena.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 y adiciona un artículo 59-C a la Ley Aduanera.

La diputada Adriana Terrazas Porras:Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, en la frontera norte del país un gran número de mexicanos depende de las actividades agrícolas y requieren de vehículos para desarrollar sus labores.

Ante la difícil situación económica que vive la gente de escasos recursos, se ve obligada a comprar unidades extranjeras.

La importación de vehículos usados, en especial permite fortalecer la economía de las familias humildes, contribuye a solucionar las necesidades de transportación de personas de escasos recursos que se ven imposibilitadas de adquirir un auto nuevo en el mercado nacional.

Un gran número de autos se emplean en pro del agro mexicano. Es decir, las familias se valen de automóviles importados para realizar sus actividades productivas, lo cual facilita que la región fronteriza del norte del país pueda ser más competitiva.

Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que a partir del 1 de enero del año 2009 y gradualmente hasta el año 2019 México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de estados de Canadá o de Estados Unidos de América, ello con la intención de eliminar barreras comerciales, promover la inversión y fortalecer la economía nacional para ser más competitivos.

En efecto, la finalidad propiamente es la generación de nuevos empleos basados en los diversos sectores de servicios y oficios en torno a dicha actividad. Esto pone de manifiesto una regulación flexible, por tanto claramente se comprende que esta actividad no significa en ningún momento una afectación a la industria automotriz de nuestro país, ni afecta a las armadoras nacionales.

Desafortunadamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mostrado insensibilidad ante tal situación, puesto que ha endurecido las reglas para que se sigan importando vehículos usados.

La estricta regulación ha propiciado que se perjudique a un gran número de familias, el sector está a la orilla del abismo, toda vez que se ha desfavorecido a más del 80 por ciento de las actividades comerciales del ramo. Es decir, con ello se ha perjudicado a toda una cadena de valor conformada por lotes de autos, refaccionarias, talleres, mecánicos, carroceros, pintores, tapiceros, yonkeros, llanteros, vidrieros, mofleros, agencias aduanales, personal de trámite, por citar algunos.

Cabe mencionar, que el pasado 31 de diciembre de 2014, mediante decreto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 la importación definitiva de autos usados, las disposiciones regulatorias que mantienen vigente este decreto han propiciado controversias, puesto que se contradice lo establecido en el artículo 133 de la Constitución, toda vez que el decreto es un acto administrativo que no puede estar por encima de un tratado internacional.

Como consecuencia de las contradicciones, un importante número de interesados o afectados, se vieron en la imperiosa necesidad de promover y recurrir al amparo y protección de la justicia de la unión, logrando que los amparos les fueran otorgados, posibilitándoles así la importación de vehículos conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ante tal situación, gremios y asociaciones, diversos servicios, igual que organizaciones campesinas que se han visto perjudicadas por el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios gubernamentales de distintas dependencias, entre las que se encuentran Economía, Hacienda, principalmente, a fin de lograr acuerdos destacando:

1. Tomar como base de cálculo para el pago del impuesto el valor de la factura de compra.

2. Acreditar con el número de identificación vehicular el origen del vehículo, sustituyendo al certificado de origen cómo se maneja actualmente y la importación de vehículos usados fronterizos.

Cabe comentar que los vehículos usados para su importación son previamente revisados en su estatus técnico, mecánico y de sistema, lo cual para su venta obliga a verificar y a acreditar que están en condiciones óptimas, por tanto, no significa una afectación al medio ambiente en emisiones contaminantes.

Ante los argumentos esgrimidos nos podemos dar cuenta, compañeras y compañeros diputados, que necesitamos respaldar a las familias que viven en la franjas fronterizas del norte del país para que sigan generando ingresos económicos de subsistencia para sus hogares, y a la vez, debemos fortalecer la economía y la competitividad de esta zona, misma que de manera significativa aporta al desarrollo de todo México.

Con ese espíritu, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con su fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, fracción II, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados conforme a lo siguiente y concluyo.

Proyecto de decreto, único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 59, fracción II del artículo 59 C Ley Aduanera, para quedar de los siguientes términos.

Artículo 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir sin prejuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley con las siguientes:

Fracción segunda, párrafo. Para importación definitiva de vehículos usados en la franja o región fronteriza en el interior del país, el número de identificación vehicular se podrá utilizar como elemento de identificación y acreditación del origen.

Articulo 59 C y los artículos transitorios primero, segundo y tercero. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 59 y adiciona el 59-C a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Adriana Terrazas Porras, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 fracción II y el artículo 59-C de la Ley Aduanera, en materia de importación de autos usados, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Un gran número de mexicanos que dependen de actividades agrícolas requieren de vehículos para desarrollar sus actividades, y es la difícil situación económica que vive el país desde hace muchos años la que empuja a la gente de escasos recursos a comprar unidades extranjeras.

En especial, la importación de vehículos usados ha contribuido a solucionar las necesidades de transportación de personas de escasos recursos que se ven imposibilitadas de adquirir un auto en el mercado nacional, reitero: sobre todo en el medio rural.

Particularmente, en la frontera norte del país hay diversos asuntos que son prioritarios de atender para fortalecer la economía de las familias que habitan en dicha zona fronteriza, así como para lograr que esta región del país pueda ser más competitiva.

Desafortunadamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mostrado insensibilidad ante tal situación, puesto que ha endurecido las reglas para que se sigan importando vehículos usados, lo cual trae como consecuencia que se perjudique a un gran número de familias. La estricta regulación ha propiciado que el sector este a la orilla del abismo, toda vez que se ha desfavorecido a más del 80 por ciento de las actividades comerciales del ramo; es decir, con ello se ha perjudicado a toda una cadena de valor conformada por lotes de autos, refaccionarias, talleres mecánicos, carroceros, pintores, tapiceros, yonkeros, llanteros, vidrieros, mofleros, agencias aduanales, personal de trámite, por citar algunos.

En sí, empresarios del giro que se han dedicado por decenas de años a la importación de vehículos usados, han impulsado mesas de trabajo con distintas autoridades a efecto de que sean atendidos y escuchados, puesto que claramente lo único que pretenden es que se les permita trabajar y se les brinden las condiciones idóneas para ello; ya que su actividad comercial –la comercialización de los autos en comento– les otorga la obtención de ingresos económicos para el sustento de sus hogares. De igual manera han enfatizado que propician una importante derrama económica, toda vez que fortalecen las actividades y servicios que se generan entorno a dicho rubro.

Ante el endurecimiento de las normas que regulan la importación de vehículos usados, en su momento distintas organizaciones campesinas buscaron la oportunidad de abanderar la demanda de miles de personas cuyo patrimonio se ha visto en riesgo por la posibilidad de decomiso de estos automóviles por parte de las autoridades federales.

En consecuencia, dichas circunstancias están haciendo agonizar a las empresas y asociaciones dedicadas a la venta de autos usados en la región fronteriza, afectando extremadamente a miles de familias, y principalmente, como ya se mencionó, a las personas de escasos recursos, ya que no pueden cumplir con todas los requisitos para la importación de dichos vehículos.

Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, establece que a partir del primero de enero de 2009 y gradualmente hasta 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos, conforme a sus Anexos 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro; ello con la intención de eliminar barreras comerciales, promover la inversión y fortalecer la economía nacional para ser más competitivos, es decir, la finalidad propiamente es la generación de nuevos empleos basados en los diversos sectores de servicios y oficios entorno a dicha actividad.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de febrero de 1994, la disposición complementaria conocida como “Resolución que establece el Mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados”, en la cual se determina entre otras, el pago de las contribuciones para la importación de autos usados; su última actualización fue de fecha treinta de enero de 2015.

De igual manera se han emitido Reglas Generales de Comercio Exterior, a través de las cuales se prescriben las medidas que el Servicio de Administración Tributaria debe observar en materia de comercio exterior; dentro de éstas se determina lo referente a la materia de vehículos usados y nuevos. Las reglas en comento fueron publicadas en su última actualización el 7 de abril de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Resulta importante destacar que, en cuanto a la importación de vehículos usados, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pone de manifiesto una regulación flexible, por tanto, claramente se comprende que ésta actividad no significa en ningún momento una afectación a la industria automotriz de nuestro país ni afecta a las armadoras nacionales, puesto que básicamente la gente que adquiere vehículos usados son personas que no tienen la posibilidad de comprar un vehículo automotor nuevo, toda vez que su poder adquisitivo es muy limitado, es decir, son personas de escasos recursos que no forman parte del segmento de clientes de la industria automotriz mexicana.

Cabe mencionar que el pasado 31 de diciembre de 2014, mediante Decreto emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 la importación definitiva de autos usados; entre las disposiciones regulatorias que mantiene vigentes éste decreto, desde el 1 de julio de 2011, y que han propiciado controversia en los interesados se encuentra lo establecido en su artículo 3, el cual versa que en la importación definitiva al país de vehículos usados bajo trato arancelario preferencial previsto en los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de los que México es parte, el importador deberá presentar ante la autoridad aduanera, el certificado de origen válido o el documento comprobatorio de origen que corresponda al momento de la importación, los cuales deberán estar debidamente requisitados, con información directamente proporcionada por la compañía armadora del vehículo de que se trate, anexando el certificado o documento expedido por dicha compañía con base en el cual se obtuvo información respecto del origen del vehículo, y en caso de no contar con el certificado o documento expedido por la compañía armadora, el importador deberá presentar una declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, suscrita por la compañía armadora, en la que manifieste que el vehículo usado que se pretende importar fue fabricado, manufacturado o ensamblado como un bien originario.

Al respecto es menester resaltar que el TLCAN en su capítulo V, artículo 501, párrafo 4, señala que “ninguna de las disposiciones se interpretará como obligación del productor de proporcionar un certificado de origen al exportador”. Por tal motivo, a todas luces se observa que el Decreto en comento –el cual es un acto administrativo que no puede estar por encima de un Tratado Internacional– contradice lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo manifestado permite comprender que es prácticamente imposible acreditar el requisito de –certificado de origen–, toda vez que al comercializar un vehículo usado, el documento que se utiliza para la enajenación o transacción es propiamente la factura y, previo al 2010, en ésta no se incluía información que permitiera conocer el nivel o grado del contenido nacional del país en el que fue armado o, en su caso, el “origen del vehículo”.

En este tenor, el propio instrumento internacional establece en el mismo artículo 501 capítulo V que, en caso de que el exportador no sea el productor del bien, podrá llenar y firmar el certificado de origen considerando tres supuestos:

a) Su conocimiento respecto de sí el bien califica como originario;

b) La confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como originario, o

c) Un certificado que ampara el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionado voluntariamente al exportador.

Como consecuencia de la contradicción que se exhibe por el decreto emitido por la SHCP, un importante número de interesados –afectados– se vieron en la imperiosa necesidad de promover y recurrir al amparo y protección de la justicia de la unión, logrando que los amparos les fueran otorgados, toda vez que el Derecho les asistía para obtener la suspensión del acto de autoridad; posibilitándoseles así la importación de los vehículos conforme al TLCAN, aun y cuando dicho beneficio debiese ser sin recurrir a la protección del amparo, puesto que los requisitos fueron puntualmente establecidos en el tratado internacional.

Ahora bien, lo referente al conocimiento respecto de si el bien califica como originario, puede requisitarse mediante el número de identificación vehicular, NIV, el cual se compone por diversos dígitos como lo son lugar de origen, año de fabricación, marca, modelo; mismo que permite identificar el vehículo y que la misma autoridad hacendaria lo acepta como identificación válida, tal y como lo plantea el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21, publicadas el 29 de agosto de 2014 en el DOF. Esto ciertamente llama la atención porque exhibe que la autoridad mexicana en su momento demostró en el propio Decreto, su insensibilidad y burocratismo ensanchando la tramitología al exigir el certificado de origen válido o el documento comprobatorio de origen firmado por la compañía armadora.

En efecto, el sistema jurídico mexicano permite que a través de un tratado internacional se establezcan aspectos y mecanismos para determinar, en el caso de la materia de comercio, los requisitos para la importación y o exportación de mercancías, y para esta circunstancia es como tal: válido a los vehículos usados.

Ante tal situación, gremios y asociaciones de diversos servicios que se han visto perjudicados por el Decreto de la SHCP, al igual que las organizaciones campesinas como ya se mencionó, también han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios gubernamentales de distintas dependencias, entre las que se encuentran, economía y hacienda principalmente, a fin de lograr acuerdos que permitan eliminar aspectos que perjudican a un gran número de familias que subsisten gracias a los servicios y empleos que se generan en relación a la importación de vehículos usados en la franja fronteriza del país. En dichas reuniones se han expuesto soluciones claras a la problemática, mimas que se enumeran:

1) Tomar como base de cálculo para el pago de impuestos el valor de factura de compra.

2) Acreditar con el NIV el origen del vehículo, sustituyendo el certificado de origen, como se maneja actualmente en la importación de vehículos usados fronterizos.

3) Permitir la importación de vehículos hasta 15 años de antigüedad.

4) Facilitar la certificación de todo proveedor americano de TLCAN (agencias de autos, lotes de autos, aseguranzas, compañías y particulares), ante el SAT, estando ésta a nombre del importador.

5) Que sean los gobiernos municipales o estatales los que emitan el certificado que garantiza las condiciones físico-mecánicas que requiere un vehículo para circular en el país, como lo exige la norma NOM-041-Semarnat.

6) Que no se restrinjan a la importación de autos y camiones con motor diesel, por su peso, forma, equipamiento o tipo de servicios.

7) Reabrir durante ocho horas las operaciones de la Aduana en la franja fronteriza norte del país para la importación de automóviles usados.

8) Que las asociaciones de representantes de importadores y/o vendedores de auto usados participen como órganos de consulta en las mesas de trabajo intersecretarial, con base a su experiencia a fin de eficientar las reglas de operación.

Es fundamental destacar que la gente de la franja fronteriza que comúnmente adquiere un vehículo usado, lo hace porque sus ingresos económicos son pocos y no le permiten comprar uno nuevo de agencia; los autos usados importados en la frontera norte son esencialmente más económicos y permiten emplearse para actividades en pro del agro mexicano, lo cual facilita el fortalecimiento de la economía de las familias humildes.

Aquí resulta fundamental comentar que los vehículos usados, para su importación, son previamente revisados en su estatus técnico, mecánico y de sistema, lo cual para su venta obliga a verificar y acredita que están en condiciones óptimas, por lo que no afectan el medio ambiente en emisión de contaminantes.

En razón de las ideas planteadas, es necesario adecuar la norma interior del país, a fin de que nuestras leyes federales se armonicen al marco internacional donde México participa como parte, específicamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa, con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 59, fracción II, y el artículo 59-C de la Ley Aduanera, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley, con las siguientes:

I. ...

II. ...

Para la importación definitiva de vehículos usados en la franja o región fronteriza e interior del país, el Número de Identificación Vehicular se podrá utilizar como elemento de identificación y acreditación del origen.

Artículo 59-C. En la importación definitiva de autos usados en la franja o región fronteriza e interior del país, que provengan de Estados Unidos de América o Canadá, la Secretaría a través del Servicio de Administración Tributaria tomará como base gravable el valor de factura de compra del auto.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que exijan mayores requisitos a los previstos por los artículos 501, 503 y 504 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, relacionados a los certificados de origen, respecto a la importación de autos usados provenientes de los Estados Unidos de América o Canadá.

Tercero. Quedan sin efectos las disposiciones del anexo 2 de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en materia de importación de autos usados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Adriana Terrazas Porras,Ramón Bañales Arambula(rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Terrazas Porras. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Parece que no se encuentra en el pleno.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Entonces procedemos a darle el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Esta soberanía tiene un enorme reto y trabajo en materia de derechos humanos, circunstancia que nos obliga a actuar con mucha responsabilidad, honestidad y sobre todo con un enorme sentido de congruencia de nuestra palabra y de nuestros hechos.

Esas razones son las que nos llevan a proponer, como Grupo Parlamentario del PRD, la derogación de la figura del arraigo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de un esquema de retroceso que atenta claramente contra la presunción de inocencia y es una aberración jurídica dentro del sistema de protección de los derechos fundamentales que actualmente contempla nuestro orden normativo.

Existen cientos de testimonios de víctimas de arraigo que han evidenciado los peligros que esta práctica significa y existen recomendaciones internacionales que exigen que se derogue.

Se han documentado casos de personas arraigadas que nunca saben de qué se les acusa; sufren golpes o confinamiento con tal de que se declaren culpables o que incriminen a personas de las que jamás han oído hablar. Además ha propiciado la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Tan sólo en el sexenio anterior alrededor de 8 mil personas, con datos de las organizaciones de la sociedad civil fueron arraigadas bajo orden federal, lo que sin duda constituye un amplio universo de personas que sufrieron de manera directa por parte de las autoridades actos que atentan contra sus derechos fundamentales.

En el actual gobierno se han tenido más de 900 casos de arraigo y su ineficacia para la acción penal ha quedado de manifiesto. Por ejemplo, en el caso de ex gobernador Granier o en el arraigo de El Mechito, que hasta ahora la PGR no ha podido fincarles una responsabilidad penal, o en el caso de Iguala, que a pesar de haber arraigado a diversas personas, no hay resultados de justicia en este tema.

Hasta ahora el gobierno federal y algunos gobiernos locales han justificado el uso de esta figura escudándose en la lucha contra el narcotráfico o que se está protegiendo a la ciudadanía de la inseguridad.

El arraigo de ninguna manera puede ser un instrumento para avalar o para velar por la seguridad y la justicia, ya que su uso sólo generan nuevas víctimas, independientemente de que tengan o no responsabilidad en los delitos que se le imputan.

El arraigo constituye además una decisión discrecional del ministerio público, ya que para su aplicación éste no cuenta con ningún parámetro para solicitarlo a la autoridad judicial, y el juez tampoco cuenta con elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, puesto que no se requiere documentar ninguna acusación ni contar con pruebas convincentes para plantear una orden de arraigo.

Estas consideraciones nos llevan a proponer la derogación de la figura de arraigo para evitar una esquizofrenia jurídica en nuestra Constitución y no andar con medias tintas en el respeto de los derechos humanos.

No podemos permitir que existan principios tan importantes como presunción de inocencia, progresividad de derechos y apelación de normas que en mayor medida benefician a las personas, y por el otro, contemplar figuras que violan sistemáticamente los derechos humanos como es el caso del arraigo.

Por ello proponemos una iniciativa para derogar el arraigo, ya que es una figura que simbolice le abuso de autoridad, la arbitrariedad del Estado, y un atentado contra los derechos humanos.

Anuncio además, que vamos a solicitarle respetuosamente al Senado de la República que devuelva la minuta de reformas constitucionales donde se aprobó por la anterior legislatura, reducir los días en los que una persona pudiera ser arraigada, ya no son 40 días con posibilidad de ampliarlo de acuerdo a lo aprobado en esta soberanía, sino son 20 con posibilidad de ampliarlo.

Para esto pediremos el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, además de los organismos internacionales de derechos humanos, que se han manifestado en contra de que el arraigo se encuentre en nuestro orden constitucional.

Nuestra propuesta es que se devuelva la minuta con la derogación total de la figura, no podemos solapar actitudes que escatimen el respeto de los derechos fundamentales, debemos ser congruentes y actuar en consecuencia. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

Juristas destacados en todo el país coinciden en señalar que un Estado Democrático de Derecho debe contar con el reconocimiento y acceso pleno de derechos de los sujetos procesales y un funcionamiento efectivo del sistema de justicia penal.

En nuestra Constitución, esta premisa se buscó introducir a través de la reforma penal con disposiciones para implementar el sistema acusatorio, el fortalecimiento del debido proceso legal respetando la presunción de inocencia; sin embargo se introdujo una figura que contraría de tajo todas estas disposiciones: El arraigo.

Existen cientos de testimonios de las víctimas de arraigo, que han evidenciado los peligros que esta práctica significa, incluso existen recomendaciones Internacionales que sugieren que se derogue; se han documentado casos de personas arraigadas que nunca saben de qué se les acusa, sufren golpes, ahogamiento o confinamiento con tal de que se declaren culpables o que incriminen a personas de las que jamás han oído hablar.

Tan sólo en el sexenio anterior, alrededor de 8 mil personas fueron arraigadas bajo orden federal, lo que sin duda constituye un amplio universo de personas que sufrieron de manera directa por parte de la autoridad, actos que atentan contra sus derechos fundamentales.

Hasta ahora el gobierno federal y algunos gobiernos locales han justificado el uso de esta figura escudándose en la lucha contra el narcotráfico o que se está protegiendo a la ciudadanía de la inseguridad; sin embargo, en esos operativos contra el crimen organizado priva una grave discriminación contra ciertos ciudadanos en razón de su forma de vestir, de sus rasgos físicos o de su domicilio, ya que también existe una inmensidad de policías desesperados por cumplir con cuotas de detenidos ante sus mandos, y la Constitución autoriza al Ministerio Público a solicitar una orden de arraigo ante una simple sospecha, y a muchos ya detenidos, estas autoridades, procuran que acaben por inculparse o declarar en contra de ciertas personas, porque estamos en un sistema que da un alto valor a las primeras confesiones que hace la persona al ser detenida.

De este modo, el arraigo de ninguna manera puede ser un instrumento válido para velar por la seguridad y la justicia, ya que su uso solo genera nuevas víctimas, independientemente de que tengan o no responsabilidad en los delitos que se les imputan; esto porque a las personas se les puede arraigar o mejor dicho privar de su libertad personal, primero por 40 días y en el peor de los casos durante 80 días sin pruebas fehacientes de su participación en un acto delictivo.

Durante este tiempo, pueden sufrir desde afectaciones laborales, amenazas en contra de su familia, incertidumbre en sus familiares cercanos y cuando la persona sale libre ya tiene una mancha, que ni siquiera es formalmente un antecedente penal; con una reputación y economía difíciles de recuperar, enfrentando una vida cotidiana sin un sistema integral de atención a víctimas de delito y mucho menos, las que sufrieron violaciones a derechos humanos o de reparación del daño por parte del Estado.

A las personas arraigadas se les niega el derecho humano a contar con la opción de un recurso legal efectivo en contra de estas órdenes, aún cuando está reconocido internacionalmente.

Se ha documentado que el arraigo en no pocas ocasiones ha propiciado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, existen innumerables casos en que miembros del Ejército, sin ninguna experiencia de proximidad social, retienen ilegalmente a personas en retenes o en patrullajes, con lo que comienzan con transgredir la obligación de entregarlos sin demora al Ministerio Público, sin duda estamos ante una figura prejuzgatoria, contraria a los derechos humanos.

El arraigo constituye además una decisión discrecional del Ministerio Público, ya que para su aplicación éste no cuenta con ningún parámetro para solicitarlo a la autoridad judicial y el juez tampoco cuenta con elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, puesto que no se requiere documentar ninguna acusación ni contar con pruebas convincentes para plantear una orden de arraigo, debido a que el texto constitucional sólo establece que el arraigo procederá tratándose de delitos de delincuencia organizada, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

En ese tenor, a pesar de que el inculpado tiene derecho a una asesoría jurídica, a conocer cómo va el procedimiento, nuestra propia Constitución establece una restricción a un derecho humano; sin embargo el arraigo no se ha aplicado en el país como una medida de excepción, se ha abusado y se ha convertido en una figura que viola derechos fundamentales.

A las personas que están arraigadas, no se les informa acerca de las investigaciones que están ocurriendo, mientras ellos se encuentran incomunicados, lo que les dificulta demostrar su inocencia en esta situación.

Otra justificación para mantener el arraigo ha sido el que el presunto pueda sustraerse de la justicia; sin embargo para ello se puede utilizar el embargo precautorio, el brazalete, en fin, sería cuestión de buscar alternativas que no vulneren los derechos humanos en un Estado que cuenta con una tradición jurídica garantista; incluso no estaría por demás revisar si ese arraigo puede realizarse en el domicilio particular del inculpado, lo que traería grandes ahorros a las autoridades.

Una casa aparte, especializada en donde no sabemos qué ocurra, tan solo es un escenario ideal para cometer torturas y todo tipo de presiones, lo que constituye sin duda un caldo de cultivo para violar todo tipo de derechos humanos.

No obstante todos los inconvenientes descritos, el arraigo no ha demostrado ser un apoyo para un proceso penal más justo y eficiente. En la mayoría de los casos, las personas arraigadas manifiestan que en el momento de la detención, no se les ha mostrado orden judicial alguna; contradiciendo nuestro sistema jurídico que se supone es garantista, vulnerando el principio de presunción de inocencia plasmado en la Constitución. Basta decir que tan sólo un 3% de las órdenes de arraigo derivan en sentencias condenatorias, de acuerdo al cálculo de las organizaciones defensoras de derechos humanos; por lo que se puede concluir que su aplicación de ninguna manera ha sido eficaz para la impartición de la justicia.

Resulta útil para sustentar esta Iniciativa mencionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, específicamente al artículo 1o. –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011–, que establece el principio denominado pro persona, el cual implica la obligación de preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la persona, es decir, aunque la norma que implica un mayor nivel de protección de los derechos de la persona sea jerárquicamente inferior, o bien, que haya sido introducida al sistema jurídico con anterioridad a otra norma menos protectora, con base a este principio dicha norma deberá aplicarse sobre cualquier otra. Incluso, si se llegara a presentar una contradicción entre una norma constitucional y, por ejemplo, una norma internacional en materia de derechos humanos que cuenta con un contenido de mayor protección que la norma constitucional, deberá aplicarse la norma internacional, y por el contrario, si la norma constitucional confiere mayor reconocimiento a los derechos humanos, ésta última es la que se tendrá que aplicar.

Reforzando esta idea, consideramos importante citar el siguiente criterio de la Primera Sala de la SCJN al pronunciarse sobre los alcances del principio pro persona:

Localización:Décima Época.

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Tomo 3, enero de 2012.

Página: 2918.

Tesis: 1a. XIX/2011

Materia (s): Constitucional.

Principio pro persona. Criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable.

De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable —en materia de derechos humanos—, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el Texto Constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

En la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN, se establecen cinco requisitos para que las restricciones a los derechos fundamentales decididas por el legislador sean válidas:

“Restricciones a los derechos fundamentales. Elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas.

Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.” 1

Con esos elementos, tenemos que cualquier restricción a derechos fundamentales que determine el legislador debe ser:

– Admisible constitucionalmente, es decir, que la propia Constitución la prevea;

– Necesaria, en el entendido que el fin buscado con la restricción no puede alcanzarse por otros medios y debe ser idónea respecto a lo que se busca;

– Proporcional, lo que se traduce en una correspondencia entre el objetivo de la restricción y la afectación a los derechos fundamentales, pues esta última no debe implicar un efecto desmedido y perjudicial contra los valores contenidos en los derechos para conseguir un fin a costa de la protección constitucional que se les reconoce;

– No contraria a la ley, incluidas las normas internacionales, obligando a actuar con los alcances y límites de las facultades para emitir la restricción y sin establecer situaciones que atenten contra el ordenamiento jurídico que reconoce derechos fundamentales, y

– Compatible con la naturaleza de los derechos reconocidos en la Constitución, para asegurar una convivencia armónica y democrática de la sociedad, como uno de los fines del establecimiento del orden jurídico.

Por otra parte, la propia Constitución reconoce, en el caso concreto, el principio de presunción de inocencia el cual implica, conforme al artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo siguiente:

“8.2 Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no establezca legalmente su culpabilidad Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.”

Nuestra reflexión, con los elementos aportados, sostiene que no es aceptable la figura del arraigo en la Constitución, aunque llamamos la atención que dentro del propio texto constitucional existen esas posibilidades de restricción contra las personas referidas, incluso, sin que se llegue a los supuestos de la sentencia firme que mencionamos. Lo anterior, más que responder a si por estar previstas en la norma son aceptables, debe cuestionarse si cumplen con los requisitos para que la restricción a un derecho fundamental se considere válida, pues desde nuestra perspectiva no respetan la naturaleza de los mismos en situaciones concretas.

De manera adicional, existen diversas recomendaciones de organismos internacionales que han externado la preocupación por la figura del arraigo y la señalan como claramente vilatoria de derechos fundamentales, por mencionar algunas citamos las siguientes:

De acuerdo con las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre México, emitidas en 2010, son recurrentes en el país diversas acciones gubernamentales manifiestas en legislación y políticas públicas que profundizan las condiciones estructurales que hacen posible la práctica de la tortura y la impunidad que le está asociada. Entre dichas acciones se encuentra el establecimiento de un subsistema de excepción con restricciones a las garantías básicas de debido proceso para las personas acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, así como la constitucionalización de la figura del arraigo penal en el sistema jurídico mexicano (párrafos 11 a 15).

Ya desde la revisión del cuarto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre México en el año 2006, incluso previo a la reforma constitucional en materia de justicia, el Comité había analizado la utilización de la figura del arraigo, emitiendo al Estado la siguiente recomendación:

“El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal (párrafo. 15).”

Asimismo, existen Recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos durante la revisión del Examen Periódico Universal en 2009, en que México rechazó las tres recomendaciones que se habían emitido en relación al uso del arraigo, argumentando que éste era necesario para el avance de las investigaciones debido a la complejidad de la delincuencia organizada. Asimismo, en el informe de seguimiento a las recomendaciones que emite el Subcomité para la Prevención de la Tortura en que el Estado desarrolla un Plan de Acción para la implementación de las mismas, México continúa argumentando la necesidad del arraigo.

En el informe sobre la visita a México del Subcomité de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura, el Subcomité señaló que cerca del 50% de los casos analizados de personas bajo arraigo, los exámenes médicos mostraban signos de violencia reciente (párrafo 225).

Estas consideraciones nos llevan a proponer la derogación de la figura del arraigo para evitar una esquizofrenia jurídica en nuestra Constitución, pues no puede por un lado reconocer principios tan importantes como presunción de inocencia, progresiviodad de derechos y aplicación de normas que en mayor medida beneficien a las personas y, por el otro, contemple figuras que violan sistemáticamente los derechos humanos como lo es el arraigo.

Fundamento legal

La suscrita, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero: Se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

...

...

...

...

...

(Se deroga)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un plazo que no podrá exceder de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán reformar o derogar, según corresponda, aquellas disposiciones jurídicas que incluyan la medida cautelar del arraigo o medida análoga a efecto de armonizarlas con la presente reforma a la Constitución federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 10 días de noviembre de 2015.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Contreras Julián. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Saludamos a amigos provenientes del municipio de Cuautla, estado de Morelos, invitados por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera. Bienvenidos.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del compañero diputado Guillermo Santiago, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, señor presidente, con el objeto de pedir rectificación de quórum porque este pleno está casi vacío, si se pueden dar cuenta y pueden ver las cámaras está casi vacío el pleno, cuando deberíamos estar aquí la mayoría de los diputados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sí, compañero...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Entiendo que eso va en función a cuando hay votación, pero igual es para exigir y pedirle a todos los demás a que cumplamos con nuestro trabajo, que es estar en el pleno.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado. Efectivamente, como usted bien dice, esto solamente procede cuando ocurran votaciones nominales. Continuamos con la sesión.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, diputado. Diputadas y diputados presentes, medios de comunicación que siempre están y que siempre están atentos, quiero comentar que el derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar, una comunidad segura en la que puedan vivir en paz y con dignidad, así lo ha definido el primer relator especial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada por el Consejo de los Derechos Humanos.

Garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para fortalecer el tejido social, la seguridad personal, la salud y para asegurar el derecho a la vida digna. Es decir que el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada en el ámbito internacional se configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Constitución Política, en su artículo 123, Apartado A, fracción XII, establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad dichas viviendas.

Sin embargo, en nuestro país un aproximado de 250 mil trabajadores que obtuvieron su crédito Infonavit tienen un problema de cartera vencida por diferentes razones, que van desde el haber perdido su empleo y no haberlo notificado a tiempo, pues sólo les quedan 30 días de plazo inmediato a la pérdida del mismo, hasta el caso en que el aumento de la inflación y el crecimiento del núcleo familiar con el consecuente incremento del gasto básico cotidiano, entre otras muchas situaciones que hacen muy difícil solventar los adeudos que se acumulan ante tal instituto.

Esta situación al irse agudizando año con año, ha generado un gran problema para un número importante de los trabajadores de nuestro país. Asimismo, son presa de quienes utilizan los vacíos legales para la venta de cartera vencida, lo cual es un acto inaceptable y que desde la LVI Legislatura se ha venido denunciando.

Para el año 2011 se aprobaron modificaciones de la Ley de Infonavit en el mismo sentido de esta iniciativa, y fueron detenidas desde el Ejecutivo federal sin que se haya propuesto ninguna otra alternativa, nuevamente violentando los derechos constitucionales de los trabajadores cuando el trabajador, habiendo accedido finalmente a un crédito para obtener casa habitación, se pierde la fuente de ingreso dejando al trabajador imposibilitado a continuar con el pago de la misma.

Lejos de que el trabajador conozca los mecanismos adecuados que debe instrumentar para resolver la situación, existe la falta de información sobre la obligación que asumió y los intereses extremadamente altos, que sumados a los ordinarios y al monto de los pagos omisos, hacen impagable la deuda.

Las deudas que arrastran los trabajadores con el Infonavit se cuadriplican por el sistema de tasa por salarios mínimos. Los créditos hipotecarios del Infonavit son más caros que una hipoteca bancaria, el instituto aplica intereses hasta por un 10.5 por ciento, mientras los bancos cobran un 9.5 y un 10 por ciento por el mismo concepto.

Al cobrar el Infonavit intereses sobre los saldos insolutos y actualizar el saldo de los créditos, no se permite al trabajador liquidar el crédito de su vivienda y al pasar de los años esta se sigue incrementando. De esta manera el saldo nunca disminuirá y será prácticamente imposible liquidar en el plazo establecido.

Por lo que presento ante ustedes, los que están presentes, una consideración a ustedes, a esta Cámara del Congreso, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 44, párrafo segundo: Asimismo los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4 por ciento ni mayor al 8 por ciento anual sobre saldos insolutos. Estos mismos intereses ajustados no podrán exceder hasta tres veces el monto inicial del crédito solicitado, en tanto la deuda se siga pagando y/o haya sido renegociada.

Señoras y señores diputados, sí a la vivienda y no al desalojo de sus hogares. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alicia Barrientos Pantoja, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“El derecho humano a una vivienda adecuada, es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar, una comunidad segura en que puedan vivir en paz y con dignidad”. Así lo ha definido el primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada, por el Consejo de los Derechos Humanos.

El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, también implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras, en las que se pueda vivir en paz, con salud física, mental y con dignidad.

Garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para fortalecer el tejido social, la seguridad personal, la salud y, para asegurar el derecho a la vida digna. Es decir, que el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada en el ámbito internacional se configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado recogido en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, Apartado A, fracción XII, establece que “toda empresa, agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación, se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores, y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar un crédito barato y suficiente, para que adquieran en propiedad dichas viviendas”.

Sin embargo en nuestro país, un aproximado de 250,000 trabajadores que obtuvieron su crédito Infonavit para la obtención de su vivienda, tienen un problema de cartera vencida por diferentes razones que van desde el haber perdido su empleo y no haberlo notificado a tiempo (solo se dan 30 días de plazo inmediato a la pérdida del mismo), hasta el caso en que el aumento de la inflación y el crecimiento del núcleo familiar -con el consecuente incremento del gasto básico cotidiano-, entre otras muchas situaciones, que hacen muy difícil solventar los adeudos que se acumulan ante tal instituto. Esta situación al irse agudizando año con año ha generado un gran problema para un número importante de los trabajadores de nuestro país, quienes se ven en serios dilemas económicos que atentan contra su tranquilidad y su modo de vida, dado que inmediatamente son presa de quienes utilizan los vacíos legales para la venta de cartera vencida, lo cual es un acto inaceptable y que desde la LVI legislatura se ha venido denunciado. Para el año 2011, se aprobaron modificaciones a la ley del Infonavit en el mismo sentido de esta iniciativa y fueron detenidas desde el Ejecutivo Federal, sin que se haya propuesto ninguna otra alternativa, nuevamente violentando los derechos constitucionales de los trabajadores.

Al despojar al trabajador de su patrimonio, también se despoja a una familia y se le quita la oportunidad de poder renegociar en determinado momento la posibilidad de seguir pagando esa vivienda. El problema de obtención de una vivienda tiene como germen la falta de empleo, o aun contando con él, la insuficiencia de recursos para ser sujeto de un crédito de vivienda. Agravado esto, cuando habiendo accedido finalmente a un crédito para obtener casa habitación, se pierde la fuente de ingreso dejando al trabajador imposibilitado a continuar con el pago de la misma. Lejos de que el trabajador conozca los mecanismos adecuados que debe instrumentar para resolver la situación, existe la falta de información sobre la obligación que asumió y los intereses extremadamente altos, que sumados a los ordinarios y el monto de los pagos omisos, hacen impagable la deuda.

Las deudas que arrastran los trabajadores con el Infonavit se llegan a cuadruplicar por el sistema de tasa por salarios mínimos, los créditos hipotecarios del Infonavit son más caros que una hipoteca bancaria, el instituto aplica intereses hasta por un 10.5% mientras los bancos cobran entre un 9.5 y un 10% por el mismo concepto. Al cobrar el Infonavit intereses sobre los saldos insolutos, y actualizar el saldo de los créditos, no se permite al trabajador liquidar el crédito de su vivienda, y al pasar de los años esta se sigue incrementando, de esta manera el saldo nunca disminuirá y será prácticamente imposible liquidarla en el plazo establecido. Los intereses así, aumentan año con año pues el Infonavit no aplica pagos al capital de la deuda sino hasta los últimos pagos, por lo que si un trabajador compra una vivienda de $200 mil termina pagando hasta 800 mil pesos,este esquema es contrario a la esencia para la que fue creado el Infonavit.

Otro elemento agregado que hay que valorar es la profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país, una permanente carencia de empleo fijo, y un salario mal remunerado con bajo nivel adquisitivo, lo que dificulta en estas circunstancias al trabajador poder solventar el pago de su vivienda, pues difícilmente logra cubrir lo indispensable para su sobrevivencia básica y alimentaria, contraviniendo a la Constitución Política y a la Ley del Infonavit, ya que actúa como una empresa inmobiliaria o financiera.

Por lo que para la adquisición de una vivienda, debe tenerse una tasa de interés muy inferior a la que otorgan las empresas crediticias dedicadas a este negocio, sólo así el trabajador podrá pagarlo y liquidarlo, sin que exceda a su capacidad real de pago, o bien, sin que dicho crédito llegue a exceder el valor de la vivienda que se adquiera.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente de interés social, y como tal se debe limitar a administrar los recursos del fondo que aportan los patrones y los trabajadores para la vivienda; al permitir que el Infonavit cobre intereses sobre los saldos insolutos y actualice el saldo de los créditos conforme al incremento del salario mínimo, se aparta del precepto constitucional de interés social, ya que el crédito lejos de hacerse barato se torna oneroso; inasequible y gravoso, puesto que se trata de un instrumento en el cual el saldo nunca disminuye, sino que se incrementa haciendo que no se pueda liquidar durante el plazo que se establezca para el pago, se trata de un sistema que establece un doble mecanismo de cobro de interés.

Deducimos que el “crédito barato” que se otorga a los trabajadores por parte del Infonavit para la adquisición de una vivienda, debe tener una tasa de interés inferior a la que otorgan las instituciones de crédito privadas, de tal manera que el trabajador en cuestión pueda pagarlo y liquidarlo de la manera más ágil y sencilla sin el engorro de que su crédito sea gravoso, exceda su capacidad real de pago, o bien, sin que dicho crédito llegue a exceder excesivamente costo de la vivienda que se adquiera.

Estoy segura que muchos de ustedes compañeras y compañeros Diputado se encuentran preocupados al igual que nosotros de las necesidades y los problemas de los trabajadores de nuestro país. Tenemos una responsabilidad y compromiso con las personas dedicadas al trabajo fundamentalmente los más desposeídos. No se puede postergar la búsqueda de vivienda digna para los trabajadores por criterios normativos y técnicos. El impulso a la labor productiva pasa de manera relevante por el incentivo de generar pertenencia a través de una vivienda.

Solo así podremos decir que los postulados consagrados en nuestra Constitución Política se están cumpliendo y estaremos en posibilidades de garantizar el derecho humano a la vivienda digna de nuestros trabajadores y sobre todo, de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Único. Se modifica el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento ni mayor al ocho por ciento anual sobre saldos insolutos. Estos mismos intereses ajustados no podrán exceder hasta tres veces el monto inicial del crédito solicitado, en tanto la deuda se siga pagando y/o haya sido renegociada.

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador créditos, en pesos o veces en salarios mínimos, conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

Transitorio

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 397 votos en pro, el martes 22 de febrero de 2011. Turnado a la Cámara de Senadores. Gaceta Parlamentaria, número 3203-III, jueves 17 de febrero de 2011.

México, DF, a 10 de noviembre de 2015.— Diputada Alicia Barrientos Pantoja(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del compañero vicepresidente, por favor.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Si me permite hacer una pregunta a la ponente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Compañero diputado, la iniciativa no está a discusión, es solamente una presentación y el Reglamento no lo permite. A ver, sonido en la curul del compañero diputado, por favor.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Señalar que es contradictoria la posición de Morena, en ese sentido de que vienen y proponen vivienda popular, cuando en la Delegación de Tlalpan clausuran 500 viviendas en Rubí, por intereses políticos de David Cervantes y de la propia delegada. Creo que usted tiene conocimiento de lo que es el Movimiento Urbano Popular y no se vale venir aquí a sorprendernos, cuando en la Delegación de Tlalpan están violando los derechos de las organizaciones oficiales. Es todo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Compañero diputado, no está a discusión el dictamen, queda consignada su intervención.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la compañera diputada, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Por alusión, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Perdón, diputada, no hubo alusiones en esta intervención, sólo quedó consignada.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja(desde la curul): Sí hay alusión, presidente, y si me permite comentarle y contestarle al diputado del PRD, que el movimiento urbano popular se encuentra ahorita en el salón Cristales, en el salón E, desde hace siete semanas se están manifestando cada ocho días, piden la presencia del PRD y es una falta de respeto que si hablamos del Movimiento Urbano Popular no salgan a atenderlo.

Si realmente le interesa y le preocupa lo que está sucediendo con la vivienda y nuestra ciudad, que salgan a atender al Movimiento Urbano Popular, que lo siguen esperando, y no hagamos aquí denuncias ni actos que solamente lo que hacen es ver un perfil de poca capacidad y sensibilidad para la atención de los mexicanos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañera diputada, quedan consignadas sus expresiones. Reiteramos, no está a discusión esta iniciativa.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente, con su permiso. Honorable asamblea, una patria ordenada y generosa pasa por el fortalecimiento del sistema bancario mexicano.

El combate a la informalidad y el bien común de quienes utilizan los servicios financieros en este país, es un deber que tenemos nosotros, los legisladores, para poner en beneficio de nuestras instituciones.

La experiencia internacional ha demostrado que una medida adecuada para extender los servicios financieros a la población, es regular algunos de estos servicios bancarios básicos, por ello que las cuentas de nómina deben de ser productos que tengan el propósito solamente de facilitar el acceso al sistema bancario, a personas de bajos recursos a través de estos instrumentos homogéneos, sencillos y de fácil entendimiento.

Desde hace algunos años y con un aumento gradual en las coberturas de captación bancaria, uno de los requisitos necesarios por algunas instituciones, tanto públicas como privadas, relacionadas a la contratación de nuevos empleados, es el de abrir una cuenta de nómina en alguna institución bancaria, para que de ahí la empresa pueda hacer el depósito a dicho empleado y remunerar su salario.

Tales cuentas de nómina se constituyen una vía de contrato ad hoc entre el trabajador y el banco, el que previamente habrá celebrado un convenio mayor con el patrón para así dispersar la nómina a todos sus empleados.

Esta finalidad principal es la de recibir depósitos de diversa índole, en particular el salario y demás prestaciones en numerario que el patrón o el empleador transfiera a dicha cuenta como pago de su trabajo. Por ley, dichas cuentas de nómina deben ser completamente gratuitas, como lo dispone el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Pese a lo anterior, en la actualidad se generan costos y condiciones excesivas que se incluyen en los contratos de adhesión, lo que establece comisiones y depósitos obligatorios para abrir la cuenta en cuestión, comisiones por consultas de saldo, por disposición en efectivo en dichas cuentas de nómina, en cajeros de la misma institución, así como el cobro de seguros obligatorios para que el empleado no tenga que pagar dichas comisiones.

Para evitar tal despropósito es indispensable establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aun lagunas jurídicas que rigen estos sistemas financieros, referente a las prohibiciones y límite de cobro de comisiones de los empleados.

Como ciudadano me ofende ver cómo el producto del trabajo honesto y formal de millones de personas se menoscabe por las mismas instituciones que debieran de proteger y aumentar sus haberes.

Como legislador me siento obligado a dar cauce a las demandas ciudadanas que me son presentadas en forma de iniciativas simples. Que respondan a las verdaderas necesidades de la gente y no a dudosas razones.

Mover a México, idea que promoviera Pablo Emilio Madero a principios de los años ochenta, implica proteger el dinero de los trabajadores y evitar condiciones leoninas que desestimulen el uso de servicios bancarios, especialmente en lo relativo a sus cuentas de nómina y a su funcionamiento.

La presente iniciativa nos aproxima varios pasos a lograr dar una vida mejor y más digna para todos. En virtud de lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de decreto.

Artículo único. Que se reforme el inciso b) y adicione un inciso d) a la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar en los siguientes términos.

Artículo 4 Bis. Asimismo las entidades financieras tienen prohibido cobrar comisiones a clientes o usuarios por los siguientes conceptos:

A. Por recepción de pagos de clientes o usuarios de créditos otorgados por otras entidades financieras.

B. Por consulta de saldos en ventanillas o en cajeros electrónicos.

C. Al depositante del cheque para abono en su cuenta que sea devuelto o rechazado por el banco liberado y;

D. Por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina quedando exentas de cualquier otra comisión por retiros y consultas, seguros o por cualquier otro concepto de la institución le otorgue a la cuenta.

Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del artículo 4 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Erandi Bermúdez Méndez, con el carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) y se adiciona un inciso d),fracción III, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Exposición de Motivos

Uno de los requisitos necesarios por algunas instituciones tanto públicas como privadas, relacionadas a la contratación de nuevos empleados, es el abrir una cuenta de nómina en alguna institución bancaria, en la cual se le ha de consignar su salario.

Las cuentas de nómina son aquéllas que se constituyen en una institución bancaria, con la finalidad de recibir depósitos de diversas índoles, en el particular que nos ocupa tiene el propósito de que el patrón o empleador transfiera el salario y demás prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores como pago por su trabajo.

Estas cuentas se constituyen a través de un contrato que se celebra entre el trabajador y la institución bancaria, con base en otro contrato previamente celebrado entre esta última y el patrón o empleador.

Así mismo, existe legislación vigente que norma la existencia obligatoria de cuentas básicas de nómina que deben tener y ofrecer todas las Instituciones Bancarias, sin excepción alguna, y que en resumen versa en que dicha cuenta es totalmente gratuita.

Dichas cuentas están reguladas en el artículo el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que a la letra dice:

Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además, estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas características para el público en general.

El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito obligadas, le presenten sobre el diseño y oferta al público del producto señalado en el párrafo que antecede.

Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en cuenta corriente asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a disposición de sus clientes que sean elegibles como acreditados, un producto básico de tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la adquisición de bienes o servicios, con las siguientes características:

I. Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

II. Estarán exentos de comisión por anualidad o cualquier otro concepto; y

III. Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la línea de crédito de dicho producto básico.

Pese a lo anterior, en la actualidad las instituciones bancarias ofrecen diferentes tipos de servicios denominados “cuentas de nóminas” cuyos vínculos que se establecen entre el empleador y la entidad financiera regulan, en términos generales, las condiciones en que habrá de desarrollarse el servicio bancario y lo lamentable son los costos y condiciones excesivas que se estipula en los contratos para que el trabajador disponga de su dinero, en cuyas políticas establecen comisiones y depósitos obligatorios para abrir una cuenta, comisiones por consulta de saldos o por disposición de efectivo, en cajeros de la misma institución, así como el cobro de seguros obligatorios por determinado tiempo, entre otros.

La experiencia internacional ha demostrado que una medida adecuada para extender los servicios financieros a la población, es regular algunos servicios bancarios básicos.

Es por ello que las cuentas de nómina deben de ser productos que tengan el propósito de facilitar el acceso al sistema bancario (aumentar la bancarización) a personas de bajos recursos a través de instrumentos homogéneos, sencillos y de fácil entendimiento.

Por lo anterior es pertinente establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aún lagunas jurídicas que rigen estos sistemas financieros referente a las prohibiciones y límites de cobro de comisiones.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el inciso b) y adiciona un inciso d), a la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley Federal para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4 Bis. ...

...

I. a III.

...

a) ...

b) Por consulta de saldos en ventanilla, o cajero electrónico;

c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado, y

d) Por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina, quedando exentas de cualquier otra comisión por retiros y consultas. Seguros o por cualquier otro concepto de la institución que otorgue la cuenta.

Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del artículo 4 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.— Diputado José Erandi Bermúdez Méndez(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bermúdez Méndez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de la Ley de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Párrafo Séptimo; del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, hace ya más de tres décadas que México emprendió un importante proceso de modernización económica con la intención de generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus habitantes. La firma del GAT y posteriormente la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, dieron paso a la integración negociada de nuestro país al sistema mundo.

Hoy somos una economía de libre mercado, que tiene la capacidad y el talento para competir con productos de calidad que llegan a todas partes del planeta.

Como resultado de la apertura comercial poco a poco nuestro sector exportador se ha venido transformando, entre 1982 y el 2000, las exportaciones se multiplicaron casi 7 veces. Para el año 2014, las exportaciones representaron la tercera parte de nuestro producto interno nacional.

Desafortunadamente, este proceso de conversión económica ha sido todavía insuficiente para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Lamentablemente, ser indígena y vivir en el campo sigue siendo sinónimo de pobreza y carencias sociales.

Los diputados del PRI respaldamos a nuestro Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en su lucha permanente por construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. La política social del gobierno federal ha sido eficaz para atender a los más pobres entre los pobres.

Sin embargo, es necesario acompañar estos esfuerzos con medidas audaces que sirvan para incluir a los indígenas en la dinámica del desarrollo, con un enfoque moderno y realista.

La presente iniciativa busca impulsar las exportaciones de los productos elaborados por nuestros integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, con la intención de hacerlos participes en las ventajas de la economía de libre mercado. Hablamos de artesanías, productos orgánicos de alta calidad que hoy en día son reconocidos en todo el mundo.

Tenemos un pasado milenario y ancestral que representa una ventaja competitiva frente a otras economías del mundo. Debemos aprovechar el potencial de nuestros pueblos y comunidades indígenas, facilitando la colocación de sus productos en el exterior. Esta no solo sería una forma de decirle al mundo lo orgullosos que estamos de nuestras raíces, sino que también una vía para llegar recursos financieros para las personas indígenas y sus familias.

La propuesta que presento ante esta soberanía consiste en modificar cuatro ordenamientos legales para reorientar el trabajo de las instituciones y de las políticas públicas. El proyecto de decreto que tengo a bien presentarles contiene reformas a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con el objeto de que la Secretaría de Economía asista técnicamente a los artesanos y campesinos indígenas, orientándolos sobre la normatividad de exportación de los bienes que producen. Asimismo propongo reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a efecto de que se brinden facilidades a los micro y pequeños empresarios de origen indígena, para que tengan posibilidades de exportar la totalidad o parte de su producción artesanal o bienes de origen orgánico.

Las reformas a la Ley de Economía Social y Solidaria, y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, buscan igualmente generar mejores condiciones para la exportación de los productos artesanales y orgánicos de nuestros pueblos indígenas.

Compañeras y compañeros legisladores, con estas sencillas modificaciones estaríamos abriendo nuevas oportunidades para quienes encarnan nuestras raíces históricas. Las y los indígenas de este país, nuestros hermanos, tienen la capacidad y el talento para deslumbrar al mundo con sus conocimientos y productos.

En nuestras manos está brindarles las facilidades necesarias para que accedan a las ventajas de la economía moderna y competitiva. Los diputados del PRI seguiremos promoviendo iniciativas para favorecer a nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Propuestas como estas pueden ser la diferencia para detonar el desarrollo de las regiones que hoy se encuentran rezagadas y que siguen demandando nuestra atención.

Por todo lo anterior expuesto someto a su amable consideración esta iniciativa. Es cuanto, diputados; diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía; y de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 6º, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años se ha incrementado de forma notoria la presencia de México en el mundo, a partir de las diversas maneras en que se manifiesta nuestra cultura por la que se tiene un indudable aprecio.

Ya no se trata sólo de los países con los que colindamos como Estados Unidos o Guatemala, ni únicamente a nivel latinoamericano sino que, una buena parte de nuestro legado cultural al mundo ha logrado trascender mares, fronteras y continentes.

Ello ha sido posible, sí por supuesto gracias a políticas deliberadas en materia de política exterior y de turismo para posicionar a México en un lugar importante en el concierto de las naciones pero sin duda y, desde luego aunado a lo anterior, gracias al cúmulo de manifestaciones musicales, arquitectónicas, gastronómicas o cinematográficas que han sido determinantes para expandir y difundir nuestra cultura.

Por eso es cada vez más común que en países europeos o asiáticos, africanos o de nuestro propio hemisferio, se aluda de manera directa o indirecta a México.

Y que ello se haga ya no solo en referencia a nuestras culturas ancestrales, nuestros grandes artistas, escritores o por las propias bebidas nacionales que también constituyen parte de nuestra identidad, sino también y, de manera creciente, por las ricas o variadas artesanías típicas de las diferentes regiones de México, parte importante de las cuales son elaboradas por verdaderos artistas de origen indígena, con el esmero y la meticulosidad inherentes a sus formas de ser.

Se trata, en su mayoría, de verdaderas obras maestras que gozan del aprecio y admiración de un número cada vez mayor de extranjeros. Hablamos de piezas de vestir, decorativas o utilitarias, textiles, de orfebrería o ebanistería confeccionadas con los materiales propios de donde habitan los indígenas, difíciles en realidad de tasar en pesos y centavos pero, a fin de cuentas, con un valor en el mercado, que desafortunadamente no se han logrado aprovechar en todo su potencial, en particular sus posibilidades de exportación, como una fuente adicional de ingresos para esos núcleos poblacionales que, como sabemos, son afectados por la pobreza y la desigualdad.

Y así como se ha desaprovechado esa fuente potencial de recursos, en particular por el aún insuficiente apoyo para su organización, el acceso al financiamiento, o para la creación de micro y pequeñas empresas integradas por miembros de las comunidades indígenas, otro tanto ha sucedido con algunos bienes agropecuarios que caen dentro de la clasificación de bienes orgánicos cultivados por campesinos indígenas, tras cuya producción subyacen sus saberes ancestrales, su devoción por la tierra, el cuidado del ambiente y la regeneración de los ecosistemas naturales.

Base señalar que cuatro de cada cinco de los más de doce millones de indígenas en nuestro país están clasificados como pobres, la mitad de ellos como mexicanos en extrema pobreza, cifras que se sitúan en un 50% por arriba de los promedios nacionales.

Lo anterior pese a que no han sido pocos los programas y políticas públicas que de manera diversa y focalizada, se han emprendido desde el Estado, orientadas a apoyarles para la superación del círculo de enfermedad, desnutrición, insuficiencia en educación, empleo y precariedad de vivienda y de servicios en que se desenvuelven.

A pesar de ello, esos apoyos habrían servido en todo caso, tan solo para que su situación de pobreza y marginación no se siga ahondando, sin posibilidades incluso de adquirir a partir de ello capacidades suficientes para aprovechar las oportunidades de otras políticas y programas que también se les brindan, orientados a apuntalar su nivel de ingresos, en especial para el emprendimiento de proyectos productivos, que tampoco han fluido en la calidad y cantidad que se requerirían para apoyarles decididamente a la superación de su situación de atraso y marginación.

Los saberes, habilidades y destrezas de los miembros de las comunidades indígenas, lo mismo para la confección de todo tipo de artesanías, que para el cultivo, cosecha y obtención de productos orgánicos de origen agropecuario, no han sabido emplearse debidamente como otra fuente potencial de ingresos que les ayude a superar las adversidades económicas que padecen.

Ciertamente en el ámbito nacional es cada vez mayor el aprecio por esos productos de origen indígena.

Sin que a menudo dejen de darse situaciones de abuso y explotación hacia ellos, para la colocación de esos bienes en el mercado interno, cada vez hay mayor conciencia de las retribuciones que con justicia merecen los indígenas, tras el empeño, dedicación, meticulosidad y maestría que ponen en juego para producir esas piezas artesanales, a la altura de los gustos estéticos más exigentes que decoran hogares, oficinas y establecimientos; que visten, enmarcan o adornan a mexicanas y mexicanos orgullosos de la diversidad de manifestaciones de las culturas vernáculas de nuestra nación multicultural.

Creemos sin embargo que, así como crecientemente han permeado entre las diferentes clases sociales y regiones de nuestro país, las artesanías y el consumo de productos orgánicos provenientes de nuestros hermanos indígenas, unas y otros constituyen, en potencia, un legado cultural que debemos compartir y promover a nivel internacional, especialmente por el aprecio cada vez mayor que se tiene en el orbe no sólo por nuestra cultura mestiza, sino también por la diversidad y riqueza de nuestras expresiones culturales autóctonas.

Consideramos por ello que es nuestro deber y obligación como legisladores propiciar que ello ocurra, dotando a nuestro entramado institucional de los instrumentos jurídicos que permitan por un lado, colocar en el mercado internacional un número crecientemente progresivo de artesanías y productos agropecuarios orgánicos de origen indígena. Y, por otro, estrechamente ligado a lo anterior, contribuir a remediar la situación de campesinos y artesanos indígenas, a partir de los ingresos que pudiesen obtener por esa actividad.

Se trataría con ello, no de resolver las adversidades y pobreza ancestral que padecen, pero sí de atenuarlas en lo posible, explorando las oportunidades que ofrece el mercado internacional para las exportaciones mexicanas, incluidos este tipo de bienes confeccionados o producidos por los indígenas de nuestra patria.

Buscaríamos así cumplir como legisladores, con la parte que nos corresponde como parte del Estado mexicano para que, como lo establece el Apartado B del artículo 2o. constitucional, la Federación, los Estados y los Municipios promuevan la igualdad de oportunidades de los indígenas, establezcan instituciones y determinen políticas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. En especial para apoyar, como lo mandata la fracción VII de ese apartado, “...las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos...”

Contribuir a ello es precisamente el propósito de esta iniciativa con Proyecto de Decreto.

Ya existen dentro del sistema jurídico mexicano una serie de ordenamientos legales y de instituciones que a partir de ellos han emergido que, con algunas adecuaciones pudiesen ser de utilidad para el propósito explicito que se persigue de coadyuvar con los núcleos indígenas, a colocar sus artesanías y productos del campo, en particular los de origen o naturaleza orgánica en los mercados internacionales, mediante un decido apoyo institucional a sus exportaciones.

Consideramos por ello que algunas adecuaciones jurídicas, tal y como se indica en el siguiente apartado darían lugar para que, desde el ámbito de la Administración Pública Federal, con la concurrencia de los otros niveles de gobierno, se emprendan las acciones programas y políticas pertinentes encaminados en esa dirección.

Contenido de la iniciativa

Se proponen mediante esta Iniciativa con proyecto de Decreto, adecuaciones a cuatro ordenamientos para cumplir con los fines anteriormente señalados.

1. A la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, reformas a sus artículos 4o. y 37, fracción IX, inciso B), para que la Secretaría de Economía asista técnicamente y otorgue facilidades a los artesanos y campesinos indígenas, orientándoles sobre la normatividad para la exportación de los bienes que producen, en especial aquellas artesanías con potencial para su colocación en el mercado internacional, así como aquellos productos agropecuarios de origen orgánico que tienen una demanda creciente en ese entorno.

2. A la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Medina Empresa, reformas al inciso a) de la fracción II de su artículo 4o. y a la fracción VIII del artículo 10, así como la adición de una fracción XII a su artículo 22 con la finalidad de que, dentro de los estímulos a los que mandata esta ley para la Secretaría de Economía, se consideren a los micro y pequeños empresarios de origen indígena, con posibilidades de exportar la totalidad o parte de su producción artesanal o de bienes de origen orgánico. Se trata de una reforma que va en sintonía con la del ordenamiento anterior, para coadyuvar a través de la exportación, a la obtención de ingresos para los artesanos y campesinos indígenas y, por ende, a elevar su nivel de vida.

3. A la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, reformas a sus artículos 4o., fracción VI, 5o., fracción II; y la adición de una fracción XI Bis; adecuaciones con las que se pretende que la Secretaría de Economía o, en su caso, la de Desarrollo Social cuando se concrete la propuesta en puerta para el redireccionamiento de instituto Nacional de la Economía Social hacia esta última dependencia, considere dentro de sus apoyos como organismos del sector, a las organizaciones de micro y pequeños empresarios de origen indígena que se propongan colocar parte o la totalidad de sus productos artesanales o de origen orgánico en el mercado internacional.

Asimismo con la adición que se propone se estaría empoderando a ese Instituto, para promover en los ámbitos nacional e internacional, las artesanías y bienes de origen orgánico que son producidos por los micro y pequeños empresarios de origen indígena, asesorándoles y orientándoles para tal efecto

4. Se proponen por último, reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos 2°, 55 fracción VIII, 113 y 115 en su párrafo segundo para incorporar como sujetos de dicho ordenamiento, a los indígenas organizados como micro o pequeños empresarios productores de bienes agropecuarios de origen orgánico cuya producción total o parcial se oriente hacia las exportaciones, a fin de que gocen de las prerrogativas que dicha ley otorga a los sujetos que contempla.

Estamos convencidos de que si esta Soberanía tiene a bien aprobar las adiciones reformas que estamos proponiendo mediante esta iniciativa, se estaría con ello abonando por un lado, a elevar los ingresos y nivel de vida de los indígenas artesanos y campesinos, al apoyarles para la exportación de sus productos; y por otro, también de gran importancia, a continuar con el conocimiento y difusión de México en el ámbito internacional, en toda la diversidad y multiculturalidad que le distingue.

Por lo expuesto y fundado, es que me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 4o. y 37, fracción IX, inciso B) de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal para quedar como sigue:

Artículo 4o.Los empresarios de las microindustrias y los que se dediquen a la actividad artesanal, pueden ser personas físicas o morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta Ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables sin contravenir a la primera. La Secretaría otorgará facilidades y asistencia técnica a las microempresas artesanales conformadas por miembros de las comunidades indígenas que tengan entre sus fines, la colocación de sus productos en el mercado internacional.

Artículo 37.Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria realizará las siguientes funciones:

IX.Fomentar la producción de artesanías, para lo cual podrá:

...

B).Proponer los criterios para otorgar los certificados de origen, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación, asistiendo técnicamente a los microempresarios de origen indígena para la comprensión y el cumplimiento con dichas normas.

...

Artículo Segundo.Se reforman el inciso a) de la fracción II del artículo 4o., la fracción VIII del artículo 10; y se adiciona una fracción XII al artículo 22 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Medina Empresa para quedar como sigue:

Artículo 4o.Son objetivos de esta ley

...

I. Establecer

...

II. Promover:

a) Un entorno favorable para que las Mipyme sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales , para lo cual la Secretaría procurará los estímulos y la asistencia técnica, en particular para las micro y pequeñas empresas artesanales conformadas por miembros de las comunidades indígenas del país que tienen entre sus fines la exportación de sus productos.

b) a i)...

Artículo 10.La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme debe atender los siguientes criterios:

...

VII. Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a las Mipyme considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor interacción. Para ello se considerarán prioritarios los apoyos que se brinden a los micro y pequeños empresarios artesanales de origen indígena que busquen la colocación de sus productos en el mercado internacional.

VIII. a IX. ...

Artículo 22.El Consejo tendrá por objeto:

...

IX. Formular mecanismos y estrategias de promoción a la exportación directa e indirecta de las MIPYMES;

X. a XI.

XII. Orientar y apoyar a los micro y pequeños empresarios artesanales de origen indígena para la colocación de sus productos en el mercado externo

Artículo Tercero. Se reforman el sexto párrafo del artículo 4 y el segundo párrafo del artículo 5o. y se adicional una fracción XII Bis de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía para quedar como sigue:

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

...

VI.En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios y de aquellos otros que, no siéndolo, representen una fuente potencial de ingresos para los artesanos de origen indígena, a quienes el Instituto apoyará para la colocación de sus productos en los mercados nacional e internacional.

Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. ...

II. Organismos del sector, a las organizaciones, empresas y sociedades del Sector Social de la Economía, incluidas aquellas conformadas por artesanos o campesinos de origen indígena que se establezcan con la finalidad de colocar la totalidad o parte de sus productos de origen orgánico y de sus artesanías en el mercado internacional

III a XVII

Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes:

I. a IX. ...

X. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los Organismos del Sector, siempre que la legislación específica en la materia de cada Organismo del Sector se los permita;

XI. Bis. Promover en el ámbito nacional e internacional las artesanías y los productos de origen orgánico proveniente de las micro y pequeñas empresas conformadas por miembros de las comunidades indígenas, asesorándoles en lo conducente para la exportación de su producción.

XI a XXII

Artículo Cuarto. Se reforman el artículo 2o., el párrafo VIII del artículo 55, el artículo 113, y el segundo párrafo del artículo del artículo 115 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable para quedar como sigue.

Artículo 2o.Son sujetos de esta ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural. Lo son también las personas físicas o morales de origen indígena dedicados a actividades artesanales para su colocación total o parcial en el mercado internacional, o al cultivo de productos de origen orgánico con propósitos de exportación.

Artículo 55.Los apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán como propósitos:

...

VIII. Fomentar la producción hacia productos con oportunidades de exportación y generación de divisas, incluidos los de origen orgánico y las artesanías provenientes de personas físicas o morales de origen indígena, dando prioridad al abastecimiento nacional de productos considerados estratégicos;

IX. ...

Artículo 113.En coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores, la Secretaría fomentará las exportaciones de productos nacionales mediante el acreditamiento de la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, su carácter orgánico o sustentable y la implantación de programas que estimulen y apoyen la producción y transformación de productos ofertados por los agentes de la sociedad rural, incluidas las micro y pequeñas empresas integradas por miembros de los grupos indígenas abocadas a las artesanías o el cultivo de productos orgánicos,rural para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales.

Artículo 115.El Gobierno Federal, promoverá la constitución, integración, consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras de los sectores social y privado dedicadas al acopio y venta de productos ofertados por los agentes de la sociedad rural y en especial los procesos de acondicionamiento y transformación industrial que las mismas realicen.

Además, el gobierno federal apoyará la realización de estudios de mercado y la promoción de productos en los mercados nacional y extranjero. Asimismo, brindará a los productores rurales asistencia de asesoría y capacitación en operaciones de exportación, contratación, transportes y cobranza, entre otros aspectos, en particular para apoyar a los micro y pequeños empresarios de origen indígena cuya producción artesanal o de productos orgánicos se destine total o parcialmente a la exportación.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 4 de noviembre de 2015.— Diputados: Christian Joaquín Sánchez Sánchez,Cándido Ochoa Rojas, Ramón Bañales Arambula(rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o., de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. México y el mundo entero están atravesando por una etapa llena de sabiduría y de experiencia que sólo los años dejan en nosotros. El envejecimiento, desde el carácter demográfico, ha ido en aumento considerable en el país. Esto no es un problema, el problema como tal no son los adultos mayores, el problema es que no existen los suficientes mecanismos de apoyo y desarrollo para esta etapa de la vida, que al igual que todos, es muy natural.

Trabajamos y hablamos de economía, de mujeres, de niños y niñas, de jóvenes, de adolescentes, lo cual es sin duda un tema de importancia absoluta. Sin embargo, en muy pocas ocasiones recordamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas.

En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establecen los derechos a los que son acreedores los adultos de edad considerable como el adulto mayor, entre ellos se encuentra el derecho del trabajo.

Los adultos mayores presentan un riesgo social alto, que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social, y en atención a la salud y vivienda, o por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, las cuales son características tomadas en cuenta para que este grupo sea considerado de manera discriminatoria como improductivo.

La tasa de participación económica de la población de 60 años y más, es de tan solo el 33.7 por ciento, según datos del segundo trimestre del 2014, de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo. De este 33.7 por ciento de adultos mayores que tienen empleo, la mayoría, el 50.5 por ciento labora por cuenta propia, mientras que el 4.9 por ciento, son trabajadores sin pago.

Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos; es decir, el 35.5 por ciento es subordinado y remunerado, y la mitad de éstos, es decir, el 49.2 por ciento no reciben prestaciones de ningún tipo.

La calidad de los empleos no son las necesarias para garantizar que nuestros adultos mayores pueden tener una calidad de vida digna, esto agregando todos los problemas que se presentan por la edad, los abusos por parte de otras personas al ser un grupo en condiciones de vulnerabilidad, entre otros que son muy visibles, pero que no se toman en cuenta.

No existe limitante alguna de edad, de condición, entre otras. Toda persona tiene que gozar al derecho a un trabajo digno, tal y como lo establece nuestra Carta Magna.

El trabajo deberá incluir también una actividad económica adecuada que pueda sobrevivir y, sobre todo, abundar a una calidad de vida adecuada para sus necesidades. Gran parte del envejecimiento mental va muy relacionado con la mala perspectiva de hacer creer a nuestros adultos mayores como improductivos o no aptos para desempeñar un trabajo.

Con la iniciativa que hoy presento quiero adicionar que dentro del derecho al trabajo que tiene el adulto mayor se incluya que se deba fomentar también sus capacidades económica, todo ello para que se pueda establecer programas y mecanismos de apoyo que favorezcan a los adultos mayores a producir algún tipo de bien o algún producto que pueda ayudar a mantener una mente activa y, lo más importante, la calidad de vida que merecen sin quedar en el abandono.

Los adultos mayores han dado años de su vida para este país; cada quien desde su ámbito, pero han sido parte de la estructura que construyó la nación contemporánea. No los dejemos en el olvido. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Érika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en México durante el siglo XX, la estructura por edad y sexo de la población está sufriendo cambios verdaderamente significativos; entre éstos destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.

Aún y cuando con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente México es un país preponderantemente de jóvenes, donde cerca de 50 por ciento de la población tiene 22 años o menos; es necesario analizar las condiciones de vida y los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir, así como una legislación pertinente y adecuada a su realidad, que establezca los principios y bases generales para crear las condiciones sociales, económicas y políticas que les permitan acceder a una vida digna y a su pleno desarrollo.

Debemos de acatar un amplio sentido de responsabilidad aplicada a nuestra legislación en la materia debe ser solidaria y subsidiaria para resarcir el daño que la falta de oportunidades ha ocasionado en este sector de la población, razón por la cual hoy en día un importante número de este sector de la población se encuentran en situación de pobreza, rezago y vulnerabilidad social.

Los adultos mayores presentan mayor riesgo social, que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social y atención a la salud y vivienda, o por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales las cuales son características tomadas en cuenta, para que este grupo sea considerado de manera discriminatoria como improductivo.

El número de personas adultas mayores se duplicó en México en menos de un cuarto de siglo, toda vez que en 1990 este grupo de edad sólo incluía a 5 millones y para los años 2025 y 2050, se estima que la cantidad de adultos mayores en el país aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente. De igual manera, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que aplica el Inegi, de los 31.6 millones de hogares que hay en el país, en tres de cada 10 vive al menos una persona de 60 años y más.

La tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de tan sólo 33.7 por ciento, según datos del segundo trimestre de 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), también del Inegi, encontrando que a mayor edad son menores la probabilidades de ocupación laboral. El nivel de ocupación es mayor en los hombres, que es de 50.7 por ciento que en las mujeres que tan sólo es de 19.4 por ciento.

De este 33.7 por ciento de adultos mayores que tienen empleo, la mayoría, 50.5 por ciento labora por cuenta propia, mientras que 4.9 por ciento son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos es decir 35.5 por ciento, es subordinada y remunerada y la mitad de éstos, es decir 49.2 por ciento no reciben prestaciones de ningún tipo.

Es importante saber también que 3 de cada 4 adultos mayores, es decir 74.3 por ciento se insertan en el mercado laboral informal por los que no tienen prestaciones ni seguridad social. De estos últimos, 1 de cada 3, es decir 33.5 por ciento, gana hasta un salario mínimo que son de 67.29 o 63.77 pesos diarios, dependiendo del área geográfica.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) también del Inegi realizada en 2013, solamente una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con una pensión, es decir 26.1 por ciento. Los hombres cuentan con una mayor cobertura (35 por ciento) que en las mujeres (18.5 por ciento), de quienes destaca que 45.3 por ciento reciben la pensión por viudez, es decir, gracias a un derecho laboral de sus maridos fallecidos.

De los hogares donde hay al menos un adulto mayor, más de la mitad, 54.8 por ciento reciben una pensión por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario; y solamente 9.3 por ciento son beneficios provenientes de programas gubernamentales.

En este contexto es importante precisar que a nivel mundial, cerca de la mitad de las personas en edad de jubilación en el mundo no reciben ningún tipo de pensión, y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas a 52 por ciento de quienes la reciben, alerta un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que analiza la situación en 178 países. El reporte en mención también destaca que la mayoría de las personas mayores no tienen ingresos garantizados, y se ven obligadas a seguir trabajando, a menudo en condiciones de precariedad y con bajos salarios.

No existe limitante alguna de edad, de condición, entre otras, toda persona tiene que gozar del derecho a un trabajo digno tal y como lo establece nuestra carta magna o, en su caso, a una actividad productiva.

Las capacidades económicas de los adultos mayores deben ser fortalecidas mediante programas sociales adecuados, políticas públicas incluyentes en el tema, para brindar oportunidades de este sector vulnerable a muchas situaciones de la vida cotidiana.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de políticas públicas nacionales para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, así también como principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, entre otras.

Se considera entonces necesario adherir a dicha ley una nueva fracción al artículo 5 que conste de un ordenamiento legal para garantizar el derecho de nuestros adultos mayores el acceso a una capacitación adecuada que los ayude a empoderar en el ámbito económico, que desarrollen o descubran nuevas habilidades que puedan explotar para su auto suficiencia y sus necesidades básicas.

Se debe garantizar un pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores; así como instrumentos que puedan crear o desarrollar las capacidades económicas de este grupo en condiciones de vulnerabilidad.

La presente iniciativa corresponde a una política pública en atención a las condiciones y obstáculos que enfrentan los adultos mayores de nuestro país, siendo este sector uno de los más rezagados en sentidos de desarrollo social, de programas y de atención prioritaria por los diversos mecanismos ya existentes para su apoyo.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I, de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada Érika Irazema Briones Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar en los siguientes términos:

Artículo 5: De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a IV. ...

V. Del trabajo y sus capacidades económicas:

a. ...

b. A ser sujetos de acciones y programas orientados a fortalecer las capacidades económicas de los adultos mayores.

c. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ámbito de sus competencias para fortalecer sus capacidades económicas.

d. A recibir apoyos, estímulos o subsidios que fortalezcan su ingreso y economía personal.

VI a IX. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Érika Irazema Briones Pérez,María Soledad Sandoval Martínez, Evelyng Soraya Flores Carranza, Cándido Ochoa Rojas(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Briones. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de la escuela Primaria Licenciado Ignacio Ramírez, del municipio de Ecatepec, de Morelos, estado de México, invitados por el diputado José Alfredo Torres Huitrón.

Igualmente de miembros activos de San Luis Potosí, invitados por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Cándido Ochoa, por favor.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí. Gracias, presidente. Para felicitar a la diputada Fabiola por la iniciativa que está presentando, y pedirle si me autoriza sumarme a la misma.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Se refiere a la que acaba de presentar la diputada Briones?

El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí, sí, es la misma.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Erika Briones. La diputada manifiesta su aceptación, entonces está aquí a disposición la iniciativa para que quienes la quieran suscribir lo hagan aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 y adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, iniciativa suscrita también por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, ambos del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Gracias, presidente. Esta iniciativa es muy sencilla, así que al poco auditorio que tenemos hoy no lo voy a entretener mucho.

La dificultad de entender cuándo un billete es falso o verdadero, no es una tarea sencilla. Hay varias pruebas que hay que hacer en el tacto, en la vista, a contraluz y esto es aprovechado para delinquir con billetes falsos, pero a quien no tenemos la experiencia de distinguir estas pruebas podemos caer fácilmente en manos de quienes sí deliberadamente circulan los billetes falsos.

Nosotros sabemos que a partir de 2008 se cuenta con una reforma constitucional en materia penal para transitar de un sistema de tipo inquisitorio a un sistema tipo oral, acusatorio y garantista. Es por tanto importante ir adaptando las leyes para evitar injusticias y sentenciar presuntos culpables o aplicar sentencias desproporcionadas.

Particularmente importante es también la introducción del principio de presunción de inocencia en la redacción final de varios de los artículos de este tema. Sabemos que en la nueva redacción de la Constitución el artículo 20, Apartado B, fracción I, se establece que entre los derechos de toda persona imputada está el de que se presuma su inocencia mientras no se declare responsable, no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Igualmente, en la fracción V del Apartado A del artículo 20 constitucional, se enumera dentro de los principios generales del proceso penal que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora; es decir, al Ministerio Público. Por lo que el acusado no es quien tiene que demostrar su inocencia, sino que es la representación social la que debe acreditar su culpabilidad.

De esta manera tenemos, el diputado Emiliano y un servidor, presentando a ustedes una reforma en el aspecto muy específico de lo que se establece en el tipo penal para la falsificación de la moneda.

Actualmente el Código Penal Federal estipula en su artículo 234, primer párrafo, que al que cometa el delito de falsificación de moneda se le impondrá de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa.

Asimismo este artículo, en su tercer párrafo, menciona que comete delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito, en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta 300 días de multa.

Y en el mismo artículo, pero un párrafo adelante, el párrafo cuarto, estipula que la pena señalada en el primer párrafo de este artículo; es decir, la de cinco a 12 años, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

De esa manera, el día 11 de marzo de 2011, Esperanza Reyes Aguiñón, fue detenida y encarcelada. Su proceso duró años y es un caso muy resonado, porque era un ama de casa que no sabe leer, no sabe escribir y se dedicaba a tratar de mantener a sus hijos, esta injusticia surgió por esta cuestión desproporcionada al aplicar el artículo 234, al que hice referencia.

Por eso el párrafo cuarto estoy proponiendo, estamos proponiendo, que se derogue y se sustituya por un artículo 234 Bis, que voy a leer detenidamente: “se impondrá de seis meses a dos años de prisión a quien haga uso de moneda falsa a que alude el artículo 234, cuando no se trate de delincuencia organizada, quien realice la conducta no sea coautor o copartícipe en la producción o almacenamiento y por las circunstancias especiales del caso pueda establecerse que se trata de un hecho ejecutado para la realización de un pago u operación lícita”.

Esa es la diferencia, ojalá lo tengan en su consideración cuando esté en la comisión y llegue acá muy a tiempo para su debate en el pleno. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 234 y adiciona el 234-Bis al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Emiliano Álvarez López, en nuestro carácter de diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que deroga el párrafo cuarto del artículo 234 y crea el artículo 234 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Que a partir de la reforma constitucional de 2008, en materia de Seguridad y Justicia, se dio un giro conceptual de gran envergadura en materia penal, para poder transitar de un sistema de tipo inquisitorio, en los ámbitos federal y estatales, hacia un sistema de justicia penal de tipo oral, acusatorio, garantista, donde se impongan y equilibren los derechos de las víctimas y los imputados.

Particularmente importante es la introducción principio de presunción de inocencia.

En esta nueva redacción de la Constitución, el artículo 20, apartado B, fracción I, se establece que “entre los derechos de toda persona imputada” está el de “que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Igualmente, la fracción V del apartado A del artículo 20 Constitucional, se enumera, dentro de los principios generales del proceso penal que “la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora”, es decir al Ministerio Público, por lo que el acusado no es quien tiene que demostrar su inocencia sino que es la representación social la que debe acreditar su culpabilidad.

En el mismo sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 130 señala que la “carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal”.

Principio de presunción de inocencia

El principio de presunción de inocencia está plasmado como derecho y garantía procesal, tanto constitucionalmente como en acuerdos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y se encuentra entre los derechos que conforman la esfera del debido proceso y su aplicación determina el funcionamiento, justo o injusto, del sistema penal.

Este principio aparece plasmado en el Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José establece en el artículo 8o. que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Igualmente este derecho y garantía procesal se encuentra asentado en el artículo 14 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

Obligaciones internacionales todas, que el Estado Mexicano se obligó a cumplir al momento de ratificarlos conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Constitución en donde se establece:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Por otra parte, a partir de las reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos el artículo 1º de la Carta Magna señala que “las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Ahora bien, sobre el tema que nos ocupa, es decir, el uso a sabiendas de moneda falsa, la legislación imperante es este momento ha quedado rezagada del acontecer mundial y nacional, dejando de aplicar el principio de presunción de inocencia que debe regir nuestra proceso penal.

El tipo penal de falsificación de moneda

Actualmente el Código Penal Federal estipula en su artículo 234 primer párrafo que al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

Asimismo, este artículo, en su tercer párrafo, menciona que comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

Sin embargo, el mismo artículo, en su párrafo cuarto estípula que la pena señalada en el primer párrafo de este artículo, de cinco a doce años, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

El elemento normativo del delito

La introducción del vocablo “ a sabiendas” dentro del último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal se refiere a un elemento normativo del delito y que está sujeta a la valoración o interpretación de la autoridad que aplica la norma. Es decir, en cada caso el juez respectivo es el que deberá valorar si el acusado efectivamente tenía conocimiento o no de que estaba usando moneda falsa.

La Real Academia española de la lengua establece que a “sabiendas” tiene es un adjetivo que tiene dos significados: 1) de un modo cierto, a ciencia segura; 2) Con conocimiento y deliberación.

Hablando en materia penal, esto implica que quienes cometen actos ilícitos lo hacen con “conocimiento”, es decir que se actúa de “un modo cierto” o “a ciencia cierta”, como por ejemplo le dio un disparo en la cabeza “a sabiendas” o “con conocimiento” que esto le causaría la muerte.

De lo anterior, resulta que “la valoración” que realiza el juez de la causa, ha devenido en un contrasentido de la norma penal y ha traído como consecuencia un cumulo de injusticias y sentencias condenatorias que resultan en un viacrucis para quienes han sido víctimas pasivas en la obtención de un billete falso y sin saberlo hacen uso del mismo.

En este sentido es claro que la pena cinco a doce años de prisión que actualmente es impuesta a quien use moneda “a sabiendas” de que es falsa, resulta a todas luces excesiva y desproporcionada puesto que cualquier persona puede ser víctima de la obtención de un billete falso y de utilizarlo sin estar al tanto de su falsificación.

Realidad e injustica

Así pues, considerando que la falsificación de moneda es un delito federal que incluye la producción, almacenamiento, distribución y uso premeditado de moneda falsa, que representa un agravio para la sociedad en su conjunto, dada la inseguridad en la circulación monetaria que genera la introducción de dinero falso, y que el Estado debe combatirlo con toda la fuerza institucional que sea capaz, tanto en razón del impacto desestabilizador que tiene en la economía nacional y como por el daño al peculio de las personas, se hace necesario adaptar la norma penal a la siempre cambiante realidad social a fin de combatir este flagelo y evitar la aplicación injusta de penas privativas de libertad a quienes no son responsables de conductas delincuenciales.

Actualmente la ciudadanía es doblemente victimizada por el delito de falsificación de moneda: Por un lado, es blanco de grupos delincuenciales que cambian dinero malo por bueno, y por otra parte es víctima de una norma anacrónica que prácticamente obliga a las personas a convertirse en peritos en identificación de moneda falsa, so pena presuponer el uso premeditado de moneda falsa, a quien por desgracia ha sido engañado y dañado en su patrimonio.

Es por esto que el legislador debe precisar el elemento normativo del tipo penal de falsificación de moneda, en su modalidad de uso, “a sabiendas” para evitar que el ciudadano común sea sometido a un procedimiento penal y encarcelado por el solo hecho de no ser un perito que pueda reconocer a simple vista el circulante falsificado.

Para esto, es necesario considerar la existencia de factores externos que propician el auge en la falsificación de circulante y su uso por parte de los ciudadanos inocentes:

Primero, el vertiginoso e imparable avance de la tecnología. La accesibilidad a bajo costo de equipos de alta calidad y exactitud en fotografía digital, así como en la reproducción de imágenes a color mediante impresoras lasser, con las que puede fotografiarse, copiarse e imprimirse casi cualquier cosa, haciéndolas aparecer como piezas auténticas, tiene como consecuencia, en este caso, una imposibilidad material y humana para que un ciudadano cualquiera distinga entre un billete verdadero y uno falso.

En segundo lugar tenemos la extensa y variada venta de papel y polímeros de todo tipo, de distintos metrajes, grados de consistencia y sin ningún tipo de control, lo que ha permitido a los grupos delincuenciales obtener materiales muy similares a los utilizados en la producción legal de billetes y monedas de circulación diaria.

En tercer término tenemos la falta de impulso a campañas de prevención, extensas y permanentes, que permitan a los ciudadanos identificar a simple vista y de manera sencilla si un billete es verdadero o falso.

Y por último, la diversidad de lugares y operaciones comerciales que se realizan en la sociedad moderna, y que son aprovechadas por la delincuencia para la introducción de moneda falsa en todas las esferas y estratos del acontecer diario como son taxis, tianguis, centros comerciales, tiendas de conveniencia, oficinas públicas y privadas, mercados públicos, compras al menudeo o mayoreo, incluso en ventanillas bancarias y cajeros automáticos en donde el propio Banco de México ha establecido un protocolo en caso de que un ciudadano se percate de que ha recibido dinero falso por parte de un banco.

Todo esto ha traído como consecuencia que ciudadanos comunes y corrientes sean acusados del delito de falsificación de moneda, en su modalidad de hacer uso de manera premeditada o a sabiendas, y condenados a penas de prisión excesivas, desproporcionadas y que atentan contra los derechos humanos de las personas, que oscilan entre los 5 y los 12 años de prisión.

Baste observar el sonado caso de Esperanza Reyes Aguillón quien fue comprar una libreta y al pagarla con un billete de 100 pesos que resultó ser falso, por lo cual estuvo presa incluso en las Islas Marías. Esperanza, es una mujer que no concluyó la primaria y no sabe escribir ni leer, tiene una niña de 10 y un niño de siete años, es gente humilde que se dedicaba al trabajo doméstico, no tenía seguridad social ni ningún derecho respecto a salario o prestaciones y sin embargo cumplía una pena de cinco años de prisión por intentar utilizar un billete falso en una papelería de su natal San Luis Potosí.

Esperanza Reyes Aguillón, fue detenida por primera vez el 11 de marzo de 2011, cuando la encargada de una papelería la acusó ante las autoridades de pagar una libreta con un billete falso. Tres días después quedó libre. No obstante, el proceso en su contra continuó y el 8 de mayo de 2012 fue reaprehendida y trasladada al Centro de Readaptación Social La Pila,luego de que un juez la sentenciara a cinco años de prisión.

Durante su detención, Esperanza Reyes Aguillón estuvo presa en tres cárceles. En noviembre de 2012 fue traslada por tres meses, y sin previo aviso a su abogado de oficio y familia, al Penal Federal El Rincón, de Tepic, Nayarit, donde estuvo incomunicada; enseguida fue llevada a las Islas Marías.

Otro ejemplo de las injusticias que se cometen al consideras que se obra “a sabiendas” o de manera premeditada en el intercambio de moneda falsa es el caso del Señor David Herrera Martínez originario de Guadalajara, de 47 años de edad, quien adquirió un sombrero de paja de 70 pesos y pagó con un billete de 500 pesos, que recibió por la mañana presuntamente de un cliente que le compró mariscos, fue por este simple hecho fue ingresado a un penal de máxima seguridad. De nada sirvió que explicara que ese billete se lo dio un cliente que le compró mariscos por la mañana.

El 30 de noviembre de 2011, el juez quinto de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco lo sentenció a 5 años de prisión, pena que purga en el centro penitenciario de “Puente Grande”, un penal de máxima seguridad. El 4 octubre de 2012, el segundo Tribunal Colegiado en materia penal, con sede en Jalisco, confirmó la sentencia. El Tribunal Federal estimó que era irrelevante que el sentenciado declaró que no sabía que se trataba de un billete falso.

Por último es necesario ser congruentes con la reciente aprobación, por parte de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde esta conducta, es decir el delito de falsificación de moneda ya no es considerada como causal de prisión preventiva.

Esta iniciativa tiene como propósito diferenciar claramente que la conducta de “uso” de un billete falso, sin conocimiento previo, no es de ningún modo equiparable a la producción, almacenamiento y distribución de moneda falsa.

Luego entonces no es posible que la pena para este injusto penal sea equivalente a la producción, almacenamiento y distribución. Particularmente esto último, la distribución, así sea de un billete es lo que generó es similitud de sanciones, lo cual a la luz de los razonamientos expresados resulta desproporcionado y contrario al sentido del ley.

Las razones anteriores y ejemplos que se vierten bastan para darnos cuenta que la norma penal debe ser modificada y son sustento basto y suficiente para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica el párrafo cuarto del artículo 234 del Código Penal Federal

Artículo Único.Se adiciona el párrafo cuarto del artículo 234 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 234.-

...

...

...

... Se deroga

Artículo 234 Bis. Se impondrá de seis meses a dos años de prisión a quien haga uso de moneda falsa a que alude el artículo 234, cuando no se trate de delincuencia organizada, quien realice la conducta no sea coautor o coparticipe en la producción o almacenamiento y por las circunstancias especiales del caso pueda establecerse que se trata de un hecho ejecutado para la realización de un pago u operación lícita.

Artículos Transitorios

Primero. La presente modificación entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus competencias, procederán a notificar a todos aquellos, indiciados o sentenciados, que puedan resultar beneficiados con esta reforma a fin que soliciten su libertad bajo caución conforme a derecho corresponda.

Notas:

1 Reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

2 Ídem.

3 http://www.un.org/es/documents/udhr/#tabs-11

4 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Hu manos.pdf

5 http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/Copyright.aspx

6 Reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación 18 de enero de 1934.

7 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputados: Cuitláhuac García Jiménez, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Proceda la Secretaría dar cuenta de comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Francisco Martínez Neri cause alta como secretario en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Reciba un cordial saludo

Atentamente

México, Distrito Federal, a 9 de noviembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que el diputado Jesús Rafael Méndez Salas cause baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Mariano Lara Salazar cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Jesús Rafael Méndez Salas cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Mariano Lara Salazar cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Jesús Rafael Méndez Salas cause baja como propietario del Comité de Administración.

• Que el diputado Mariano Lara Salazar cause alta como propietario en el Comité de Administración.

• Que la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo cause baja como sustituta del Comité de Administración.

• Que el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza cause alta como sustituto en el Comité de Administración.

Reciba un cordial saludo

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de noviembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que define las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 221, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 42, fracciones V y VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

Considerando

1. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar anualmente, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del respectivo proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de suerte que pueda ejercerse a partir del 1 de enero del año siguiente;

2. Que el 8 de septiembre del año en curso, de conformidad con el artículo 74 constitucional, el Ejecutivo Federal hizo llegar a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, del que se dio cuenta al Pleno el 10 de septiembre de 2015, turnándose a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para estudio y dictamen;

3. Que la disposición constitucional invocada establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre;

4. Que el artículo 42, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece los principios que deberán regir el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación;

5. Que el artículo 221, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, dispone que el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se discutirá por el Pleno, en lo general y en lo particular, de acuerdo con las reglas que éste apruebe, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Esta propuesta deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión para garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara; y

6. Que en consecuencia, es necesario aprobar las reglas para la discusión y votación del dictamen que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el propósito de cumplir, en tiempo y forma, con la obligación constitucional de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno las siguientes:

Reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Primera.El objeto de las presentes reglas es establecer el formato mediante el que se discutirá y votará el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Segunda.Una vez que la Mesa Directiva reciba el dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, lo publicará en la Gaceta Parlamentaria, en formato electrónico e impreso, así como en las pantallas de las curules del salón de sesiones, a efecto de que sea conocido por todos los diputados.

Lo anterior tendrá los efectos de una declaratoria de publicidad de dictamen, conforme al artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que podrá ser incorporado al orden del día de la sesión en que se presente, recibiendo dispensa de trámites para someterse de inmediato a discusión. Si hubiere voto particular, se estará a lo dispuesto por los artículos 90 y 91 del citado Reglamento.

Tercera.La discusión en lo general se realizará conforme a lo siguiente:

1. El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o uno de sus integrantes, podrá exponer los fundamentos del dictamen, hasta por diez minutos.

2. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por cinco minutos, un orador por cada grupo parlamentario, en orden creciente.

3. Para hablar en contra o a favor del dictamen, se abrirá una ronda de intervenciones de hasta seis oradores en cada sentido, quienes harán uso de la voz hasta por cinco minutos cada uno. Al finalizar la ronda, después de leer la lista de oradores aún inscritos en ambos sentidos, el Presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Si la respuesta fuere negativa, se abrirá una nueva ronda de hasta tres oradores en cada sentido, conforme al artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Al término de la discusión se llevará a cabo la votación del dictamen en lo general.

4. Las propuestas de modificación deberán presentarse por escrito ante la Mesa Directiva, indicando con claridad si se reservan artículos, anexos o ambos, del dictamen a discusión. En este caso, los diputados deberán precisar el párrafo, la fracción o el inciso de los artículos reservados; el rubro, el ramo, el programa, la partida o el concepto de los anexos que reservan; así como los artículos que se pretendieran adicionar al proyecto de decreto, conforme a lo siguiente:

4.1 Cada reserva deberá presentarse en escrito por separado, pudiendo referirse a diversos artículos o anexos cuando mantengan unidad temática.

4.2 Todas las propuestas de modificación o de adición a artículos o anexos contenidos en el proyecto de decreto, deberán entregarse a la Mesa Directiva en hoja membretada y con firma autógrafa del proponente. En ningún caso se admitirán reservas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.

4.3 Para su procesamiento y registro, las propuestas de modificación presentadas deberán señalar y resaltar en letra negrita:

a) El número de artículo y/o el nombre y número del anexo que se pretende modificar.

b) El ramo o el rubro, así como el programa a que hagan referencia.

c) El número de página(s) del dictamen donde se encuentre ubicado el artículo, anexo, ramo o rubro, así como las cantidades a modificar.

d) Para mayor claridad se deberá incluir un cuadro comparativo del texto vigente y el texto propuesto.

4.4 En el supuesto de que la reserva implique la creación o el incremento de erogación, el diputado proponente deberá señalar la correspondiente fuente de financiamiento, identificando el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen, de conformidad con establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para precisar los numerales 4.3 y 4.4 se anexa al presente acuerdo un ejemplo de formato, mismo que podrá ser descargado electrónicamente de la página Web de la Cámara de Diputados.

En todo momento, personal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas brindará apoyo técnico a los diputados en la elaboración y redacción de sus propuestas de modificación.

4.5 La recepción de las propuestas de modificación o de adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, durante la discusión en lo general.

4.6 Una vez que se haya verificado que las reservas reúnen los requisitos señalados, serán rubricadas por los secretarios que defina la Mesa Directiva, a fin de proseguir su trámite en los términos de las presentes reglas.

4.7 La Mesa Directiva sólo registrará, para su discusión, las reservas que cumplan los requisitos descritos, debiendo rechazar aquéllas que no los satisfagan.

4.8 Concluido el registro de las modificaciones que se pretendan realizar a los artículos, anexos o a ambos, se procederá a la votación nominal del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en lo general, y de los artículos o anexos no impugnados, en lo particular.

5. En caso de que el dictamen sea aprobado, en lo general, por mayoría de los votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos y anexos reservados.

Cuarta. La discusión en lo particular se llevará a cabo conforme a las siguientes características:

1. Harán uso de la palabra, hasta por tres minutos cada uno, los diputados que hubieren reservado artículos, anexos o ambos.

En caso de que un diputado haya presentado diversas reservas, procurará exponerlas en una sola intervención. Para tal efecto, la Mesa Directiva determinará, en consulta con el diputado proponente, el número de reservas a presentar en cada intervención.

La Mesa Directiva establecerá el tiempo para la presentación de las reservas, cuando éstas sean agrupadas.

2. Concluida la intervención del legislador proponente, se consultará al Pleno, en votación económica, si se admite a discusión.

3. Si la respuesta fuere negativa, la propuesta se tendrá por desechada, y el artículo o anexo en cuestión se reservará para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.

4. Si la respuesta fuere afirmativa, podrán hacer uso de la palabra un orador a favor y otro en contra, hasta por tres minutos cada uno.

5. Concluidas las intervenciones anteriores, la Secretaría consultará a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación o la adición propuesta. En caso de que la respuesta fuere negativa, se tendrá por desechada; de resultar afirmativa, el artículo o anexo de referencia se reservará, para su votación nominal en conjunto, al término de la discusión en lo particular.

6. La consulta al Pleno para determinar si se aceptan o se rechazan las modificaciones o adiciones propuestas, se realizará mediante votación económica. En caso de duda fundada respecto al resultado de la votación, a juicio del Presidente, se podrá proceder a una votación nominal, a través del sistema electrónico.

7. Agotada la discusión en lo particular, el Presidente dará lectura a los artículos reservados, mismos que se votarán en conjunto, señalando con claridad aquéllos que quedaron en los términos del dictamen y aquéllos que se votarán con la modificación o la adición aceptada.

8. De conformidad con el artículo 108, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se podrá solicitar la votación por separado de un artículo o anexo reservado.

Quinta. Si durante la discusión en lo general y en lo particular del dictamen se presentara un asunto no previsto por el presente acuerdo, será resuelto por la Mesa Directiva.

Sexta. En términos del artículo 221, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de su Junta Directiva, será responsable de hacer las correcciones al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 aprobado por la Cámara y realizará sólo las adecuaciones de estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por el Pleno. La Mesa Directiva vigilará que se cumpla, antes de remitirlo al Ejecutivo federal.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor una vez que reciba la aprobación del Pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Consejo Editorial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 28 de los Lineamientos para el Servicio de los Talleres Gráficos y Trabajos Externos de Impresión de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que en términos del artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las cámaras del Congreso de la Unión puede, sin la intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;

2. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 25 de mayo de 1979, contemplaba, en su artículo 65, la creación de un Comité de Asuntos Editoriales como órgano auxiliar de las actividades internas de la Cámara de Diputados;

3. Que como resultado de múltiples reformas a la citada Ley, el Comité de Asuntos Editoriales dejó de tener relevancia hasta que, finalmente, la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 3 de septiembre de 1999, suprimió su existencia;

4. Que la Cámara de Diputados se ha caracterizado por contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, mediante la publicación de libros, revistas, folletos, informes y otros materiales, escritos o electrónicos, tendentes a la profesionalización del Poder Legislativo;

5. Que en consecuencia, y con el propósito de contar con políticas y programas que permitan a esta representación continuar su fecunda labor editorial, la Junta de Coordinación Política considera necesaria la creación del Consejo Editorial; y

6. Que de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, en donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas para alcanzar acuerdos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se crea el Consejo Editorial, instancia técnica-académica que tendrá por objeto definir los criterios, las políticas y los programas editoriales de la Cámara de Diputados.

Segundo. El Consejo Editorial estará integrado por:

a) Dos diputados por cada grupo parlamentario, un propietario y un suplente;

b) El Secretario General;

c) El Secretario de Servicios Parlamentarios;

d) Los directores generales de los centros de estudios; y

e) El Director General del Centro de Documentación, Información y Análisis.

El Secretario General, el Secretario de Servicios Parlamentarios, los directores generales de los centros de estudios y el Director General del Centro de Documentación, Información y Análisis, asistirán a las reuniones de trabajo con derecho a voz pero sin voto.

Tercero. Los diputados que conformarán el Consejo Editorial serán los que a continuación se mencionan:

Cuarto. La Presidencia del Consejo tendrá duración de un año legislativo y recaerá, invariablemente, en el diputado perteneciente al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.

Quinto.El Consejo Editorial contará con un secretario técnico, designado por mayoría absoluta a través del sistema de voto ponderado, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente, dará seguimiento a los acuerdos que se adopten y realizará las demás acciones que el Consejo le instruya.

Sexto. El Consejo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Definir los criterios y las políticas editoriales de la Cámara de Diputados;

b) Elaborar el programa editorial anual;

c) Autorizar la publicación de libros, revistas, folletos, informes y otros materiales, escritos o electrónicos;

d) Determinar las características técnicas de edición, el tiraje y las reglas de distribución de publicaciones;

e) Proponer la celebración de contratos de coedición con otras instituciones, observando los principios de racionalidad y austeridad presupuestaria;

f) Sugerir la publicación de obras facsimilares, así como de ediciones especiales o conmemorativas;

g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados, específicamente en lo relativo a su ámbito de actuación; y

h) Las demás que le asignen otras normas.

Séptimo.El Consejo Editorial tomará sus decisiones por consenso; en caso de no lograrse éste, las adoptará por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual cada diputado representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.

Octavo.El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez al mes y, cuando se estime necesario, se reunirá de manera extraordinaria a solicitud de su presidente.

Noveno. El Consejo Editorial deberá informar a la Junta de Coordinación Política, cada tres meses, o cuando así lo requiera la Junta, sobre las actividades editoriales autorizadas y el destino del presupuesto ejercido.

Décimo. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento del Consejo serán aprobados por el Comité de Administración.

Décimo Primero.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política, misma que podrá revocar los acuerdos aprobados por el Consejo Editorial.

Décimo Segundo.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El Consejo Editorial deberá instalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación del presente acuerdo; asimismo, contará con 30 días hábiles, a partir de su instalación, para presentar a la Junta de Coordinación Política los criterios y las políticas editoriales, así como el programa editorial anual de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan,(*) publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Las adhesiones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria serán aceptadas.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 14:36 horas): Y antes de que unos cuantos mohicanos y mohicanas sigamos aquí, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 11 de noviembre de 2015, mañana miércoles 11 de noviembre de 2015, a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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