SUMARIO
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 19 de noviembre de 2015, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
INICIATIVAS
Del diputado Waldo Fernández González, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Se remite a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen
De la diputada Yolanda de la Torre Valdez y de los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
PROPOSICIONES
De la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría sobre los procesos de licitación, contratos y recursos ejercidos en el municipio de León durante el periodo 2012-2015. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
De la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de las instancias correspondientes se garantice el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginadas, así como para que emitan un programa de cancelación de adeudos para los mismos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
De la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, para que se establezcan horarios preferentes en invierno, en las unidades de medicina familiar. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal, a realizar acciones en materia de seguridad nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen
De la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de los regímenes estatales de protección social en salud, a fortalecer e incrementar las acciones encaminadas al tratamiento de la prediabetes. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se establezcan las medidas de protección hacia la industria nacional, garantizando su impulso y desarrollo frente a la competencia y la introducción ilegal de mercancías de origen chino. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 19 de noviembre de 2015, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.(*)
Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 19 de noviembre de 2015 y que no fueron abordadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»
«Iniciativas con proyecto de decreto
1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, suscrita por el diputado Waldo Fernández González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno:Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.
2. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Yolanda de la Torre Valdez, César Octavio Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría sobre los procesos de licitación, contratos y recursos ejercidos en el municipio de León durante el periodo 2012-2015, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de las instancias correspondientes se garantice el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginadas, así como para que emitan un programa de cancelación de adeudos para los mismos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, para que se establezcan horarios preferentes en invierno, en las unidades de medicina familiar, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Turno:Comisión de Salud, para dictamen.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal, a realizar acciones en materia de seguridad nacional, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de los regímenes estatales de protección social en salud, a fortalecer e incrementar las acciones encaminadas al tratamiento de la prediabetes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Turno:Comisión de Salud, para dictamen.
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se establezcan las medidas de protección hacia la industria nacional, garantizando su impulso y desarrollo frente a la competencia y la introducción ilegal de mercancías de origen chino, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno:Comisión de Economía, para dictamen.»
INICIATIVAS
LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, suscrita por el diputado Waldo Fernández González e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
Para el país es fundamental incrementar el ingreso y la calidad de vida de las personas en pobreza y vulnerabilidad de forma permanente, detonando su potencial económico y productivo a través de modelos económicos y empresariales incluyentes, así como lograr la igualdad.
La pobreza y la desigualdad siguen incrementándose en los últimos años, según lo demuestran diversos estudios e informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre otros, aunado esto a que la política redistributiva del gobierno ha tenido poco efecto según lo menciona también la OCDE.
Las empresas mexicanas de la economía social y solidaria han tenido un gran aporte para encontrar soluciones a la pobreza y desigualdad. Las propuestas e iniciativas han surgido desde las organizaciones de economía social y solidaria propiedad de las mismas personas en pobreza y vulnerabilidad.
Sin embargo, las empresas de la economía social y solidaria que con un trabajo productivo contante van generando riqueza y empleos formales , logrando distribuir la riqueza y sacando a las personas de la pobreza y vulnerabilidad de manera permanente, no cuentan con las instancias necesarias por parte de los gobiernos, para detonar todo su potencial.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 reconoce el término Sector Social de la Economía (SSE), el cual encarga la tarea del Desarrollo Nacional a los sectores Público, Privado y Social, señalando que se establecerán los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad de esta economía del sector social.
La participación en México de las empresas de economía social y solidaria como un modelo alternativo para realizar negocios requiere adecuar los organismos públicos encargados de su fomento, ya que la madurez de este modelo de negocio en otras partes del mundo, en donde su participación en la economía ha sido más representativa, cuenta con instrumentos, vehículos y organismos más adecuados para su desarrollo, con las figuras jurídicas adecuadas y con mediciones más precisas. Sin embargo, la tendencia en México y América Latina muestra un crecimiento mayor y mejores condiciones para consolidarse.
En México existen actualmente pocos datos estadísticos, pero hay iniciativas ciudadanas para generarlos, siendo responsables de realizarlas el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y el Coneval.
Consideramos que los organismos creados en la Ley de Economía Social y Solidaria deben irse reformando para responder a los retos y oportunidades que significan las empresas del sector social de la economía para el país, muy especialmente para aportar soluciones a la pobreza y desigualdad.
Antecedentes
Cabe recordar que desde el inicio de la negociación de la actual Ley de Economía Social y Solidaria (LESS), por parte de organizaciones, instituciones y empresas de la economía social solidaria que hoy promueven la presente Iniciativa, en el año 2005, las empresas de la economía social solidaria han demandado la creación de fondos que incorporen el carácter recuperable de los recursos públicos y mecanismos adecuados a las necesidades y dinámicas de las mismas empresas, así como avanzar en materia de democracia participativa con la participación social y ciudadana en los órganos de gobierno de las instituciones de la economía social solidaria.
La aprobación de la LESS por el congreso en el 2011, la devolución de la misma LESS realizada por el Titular del Ejecutivo Federal en diciembre de ese mismo año y su posterior aprobación y divulgación en mayo de 2012, hablan de un proceso largo y complicado para abrir cauces a esta participación social y ciudadana. La posterior reforma a la LESS en el año 2013 muestra también que está pendiente el reto por avanzar en este sentido.
El incremento al presupuesto del INAES, a partir del año 2013, no se ha visto reflejado en el impacto a la desigualdad y pobreza, ni en la formalización del empleo y de las empresas. Tarea pendiente es también la construcción de vehículos y mecanismos eficaces y transparentes con participación ciudadana independiente, así como en la implementación de instrumentos sólidos de medición y evaluación del impacto generado, entre otros elementos por resolver.
Adicionalmente, muchas organizaciones hemos venido proponiendo la creación de nuevas formas, eficaces y transparentes, de ejercer los recursos públicos.
En el año 2011 fueron apareciendo proyectos de fondos de capital dirigidos a fondos y empresas del sector social de la economía, realizándose una serie de eventos nacionales e internacionales en todos estos años. Hasta este mismo año 2015 ha habido múltiples reuniones con empresas de economía social solidaria presentes en 23 estados.
Otro paso significativo ha sido el nuevo proyecto que se enfoca a la alianza de negocios entre las empresas privadas y las empresas sociales como estrategia para enfrentar la pobreza y desigualdad a partir de la generación de riqueza , empleos formales y con un modelo empresarial que permita una adecuada distribución de la riqueza .
Presencia internacional
En el mundo, las empresas de economía social y solidaria son reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, por Mercosur , por diversos países de América Latina, así como por la Unión Europea (UE). El número de personas en este tipo de empresas alcanza los 800 millones.
De acuerdo a las Resolución del Parlamento Europeo sobre un modelo social europeo para el futuro, la economía social es uno de los pilares del modelo social europeo y “ juega un rol esencial en la economía europea conjugando rentabilidad y solidaridad, creando empleos de calidad, reforzando la cohesión social, económica y territorial, generando capital social, promoviendo una ciudadanía activa, la solidaridad y una forma de economía dotada de valores democráticos, que sitúa al ser humano en primer plano y contribuye al desarrollo sostenible ya la innovación social, medioambiental y tecnológica.”
Según datos de la Comisión Europea, la economía social europea está compuesta por dos millones de empresas, 10 por ciento del conjunto de las empresas europeas. El sector emplea a más de 14.5 millones de personas, lo que representa un 6.5 por ciento de la población de la UE.
De acuerdo al European Observatory on Social Economy, Renwal of the European Parliament Social Economy Intergroup, February 2015, “La Economía Social ha probado sobradamente su capacidad de resistencia en una situación económica desfavorable”, creciendo y desarrollándose mientras que otros sectores han sufrido graves dificultades.
De esta manera, la economía social representa el 10.3 por ciento del empleo en Francia, con 2.33 millones de asalariados, el 11.8 por ciento del empleo en Bélgica
Conforme a las estadísticas publicadas por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), la participación de la Economía Social en el PIB de 2007 para algunos países de Europa y América, representa magnitudes importantes como se observa en la siguiente tabla:
En cuanto a España, hay más de 50,000 Empresas Sociales con más de 2.5 millones de empleos y representan el 10% del PIB.
La economía social en Europa es muy importante en términos humanos y económicos, ya que las Empresas Sociales proporcionan empleo remunerado a más de 14.5 millones de europeos, cerca del 6.5 por ciento de la población ocupada de la UE de los 27 Estados miembros y cerca del 7.4 por ciento de la de los antiguos 15 Estados miembros de la UE. En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos representa entre el 9 por ciento y el 11.5 por ciento de la población ocupada. La economía social es relativamente pequeña en los nuevos Estados miembros de la UE, con algunas excepciones, en comparación con los 15 Estados miembros más antiguos.
Las empresas de economía social han crecido con mayor rapidez que la población en conjunto en 2002-03 y 2009-10, pasando del 6 por ciento de la fuerza laboral remunerada total europea al 6.5 por ciento, y de 11 millones de empleos a 14.5 millones de empleos.
Se estima que la economía social representa el 10 por ciento de la economía europea (PIB).
Presencia en México
En México existe un alto potencial para el desarrollo de este tipo de modelos empresariales asociativos de la economía social y solidaria. El requerimiento de capital y de formas organizativas para consolidación, crecimiento e innovación de las empresas que participan en todo tipo de actividades económicas, y de la escasez de recursos financieros que enfrentan este tipo de actividades, lleva a que veamos en estas empresas una fuerte oportunidad para adecuar el modo y mecanismos para realizar estas inversiones.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expresó en septiembre de 2011, que “se estima que en México, alrededor de un el dieciocho por ciento de la población económicamente activa pertenece al sector social de la economía. De acuerdo a los datos del Inegi del pasado mes de agosto, esto significaría casi 9.5 millones de personas.
De acuerdo con el Programa de Fomento a la Economía Social (PFES), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio del presente año, diversas estimaciones señalan que la actualidad el sector social de la economía mexicana está conformado por alrededor de 60 mil 943 organismos identificables bajo alguna de las figuras jurídicas reconocidas por la LESS, a las cuales hay que agregar los organismos y empresas conformados bajo algunas otras figuras jurídicas que en la práctica funcionan conforme a los principios de la economía social y solidaria. De acuerdo al mismo PFES, solamente las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son alrededor de 680 y cuentan con activos superiores a los 100 mil millones de pesos.”
Las empresas de la economía social y solidaria de personas en pobreza o vulnerabilidad en México podrían beneficiarse de las ventajas de la industria de capital de riesgo y de otras modalidades de apoyos actuales y con visión de futuro. Además de otorgar capital, los fondos crean externalidades positivas: apoyan al crecimiento y profesionalización de las empresas, fomentan el desarrollo de sectores prioritarios para la economía, soportan la creación de empleos bien remunerados y transparentan el pago de impuestos de las empresas en las que invierten
La mayoría de las empresas de economía social y solidaria en México han surgido con muy poco capital, intentado crecer con un acceso limitado (por montos y condiciones) al financiamiento, sin contar con las figuras jurídica adecuadas y ante mecanismos de apoyo gubernamentales que requieren mejoras en su efectividad y transparencia. Las empresas de economía social y solidaria tienen un importante potencial y las externalidades positivas son aún mayores que en otro tipo de empresas (por el tipo de empleos que generan, las comunidades en las que tienen impacto y la forma en que distribuyen el ingreso, entre otros elementos.) En México hacen falta nuevos tipos de fondos, mecanismos transparentes y nuevas figuras jurídicas para el sector, que han de partir de la renovación de las instancias gubernamentales encargadas de su fomento.
Los retos de la economía social y solidaria mexicana
La economía social y solidaria es un asunto de viabilidad de país, de construir un desarrollo incluyente para todas y todos los mexicanos, que unifica posturas más allá de partidos o de diferencias políticas. Es un modelo económico y empresarial dirigido a todas las personas cuya prioridad es hacer frente a la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. Nace desde las mismas organizaciones de las personas en pobreza y vulnerabilidad y es impulsada desde las organizaciones ciudadanas.
Para la economía social y solidaria es fundamental generar riqueza, empleos formales, mejorar la calidad de vida de la población en pobreza y vulnerabilidad incrementando su ingreso de manera permanente con productividad, distribuyendo equitativamente la riqueza, accediendo al conocimiento, logrando la igualdad y la equidad de género, construyendo cohesión social, favoreciendo alianzas, contando con la infraestructura productiva necesaria, impulsando un desarrollo sustentable y el buen vivir.
La apuesta de la economía social y solidaria es detonar el potencial de las personas en pobreza y vulnerabilidad, es creer en ellas, estar ciertos de que son capaces de generar riqueza y de contribuir significativamente al desarrollo del país y de sus regiones con nuevos modelos de empresas, de hacer la economía y de impulsar el desarrollo regional contando con lo necesario. En las personas en pobreza y vulnerabilidad está la solución.
La propuesta que presentamos para la economía social y solidaria mexicana contempla la construcción y fortalecimiento de instancias ciudadanasque cuenten con atribuciones y facultades para que participen en orientar adecuadamente las políticas públicas y las acciones de gobierno.
Se requiere avanzar hacia la consolidación de grupos empresariales, instituciones financieras y educativas de la economía social solidariapermanentes del sector social, como actores clave del desarrollo incluyente, fortaleciendo el potencial productivo de la población en pobreza, en todas las etapas de la actividad económica, integrando cadenas productivas con valor agregado.
Será fundamental también la intervención de las empresas de la economía social y solidaria en actividades económicas estratégicas con alto impacto en el desarrollo nacional o regional, así como en la selección de regiones o subregiones prioritarias.
Se requiere establecer las alianzas necesarias, nacionales e internacionales, para lograr los retos y metas planteados.
Para que todo esto sea posible es imprescindible crear e innovartanto en el mismo INAES como en los grupos empresariales de la economía social solidaria promovidos
Propuesta de reforma y justificación
Ciudadanización – Junta de Gobierno
La propuesta de reforma a la Ley de Economía Social y Solidaria promovida por organizaciones sociales, empresas de la economía social y solidaria y diversos organismos ciudadanos y que aquí presentamos en nuestro carácter de legisladores y legisladoras, se enfoca a que el INAES conforme una Junta de Gobierno integrando a ciudadanos independientes.
Se requiere establecer una mayor participación ciudadana para construir un modelo gubernamental de operación eficaz y transparentecon una adecuada promoción, evaluación, inversión y seguimiento de las empresas de la economía social y solidaria en el largo plazo, con la finalidad de obtener resultados cuantitativos y cualitativos positivos en materia de desarrollo incluyente, igualdad y solución a la pobreza.
Para ello es fundamental, en primer lugar, adecuar los órganos de gobierno del INAES, a partir de los cuales se vayan reformando, actualizando e innovando los programas, modalidades de apoyo y mecanismos de ejercicio de los recursos de tal manera que se adecuen sus apoyos a la dinámica y necesidades de las empresas de la economía social y solidaria, pudiendo así detonar su potencial, así como garantizando transparencia y evitando corrupción.
La constitución de la Junta de Gobierno del INAES representa un paso importante en el proceso democrático del país, abriendo espacio para que la ciudadanía participe en instancias de decisión, en el diseño y conducción de políticas públicas trascendentes para el país.
Credibilidad y transparencia
México requiere actualmente la implementación de nuevas formas de gobernar que generen credibilidad y transparencia en la función pública, contribuyendo a evitar la corrupción. La participación ciudadana independiente contribuirá significativamente en esta dirección.
Pobreza y desigualdad
Contribuir a lograr la igualdad ante la grave situación de desigualdad que vive el país, así como desarrollar nuevos modelos de hacer empresas y de impulsar la economía ante la creciente pobreza de la población, a pesar de los inmensos recursos presupuestales utilizados hasta ahora.
Exige impulsar nuevos modelos basados en la economía social y solidaria, así como nuevos vehículos y mecanismos para canalizar con efectividad los recursos públicos, pudiendo ser medidos y evaluados sus impactos en forma rigurosa.
La presencia de ciudadanos independientes y especializados, en el órgano de gobierno del INAES, será una contribución significativa para el alcanzar los objetivos de la Ley de Economía Social y Solidaria y del fomento a la economía social y solidaria que debe realizar el INAES.
INAES en Sedesol
La presente iniciativa propone también que el INAES quede sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, dada la trascendencia nacional que tiene la aportación de la economía social solidaria para la solución de la desigualdad y de la pobreza, en esta etapa del país. México cuenta con experiencia para instrumentar este tipo de participación ciudadana el cual se ha dado en diversos organismos públicos.
Con esta iniciativa de ley avanzamos con el objetivo de cumplir con el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen su artículo 25 sobre un desarrollo nacional con una distribución justa de la riqueza, participando como pilar el sector social de la economía, así como en “Fomentar el sector social de la economía“, según lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, en su Capítulo I, Artículo 1, Inciso V.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados Federales Waldo Fernández González, Lluvia Flores Sonduk, Erika Briones Pérez, Karen Hurtado Arana, Ana Leticia Carrera Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria Reglamentaría del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al Sector Social de la Economía.
Único. Se reforman las fracciones III, XVII y se adiciona la fracción XVIII del artículo 5; se modifica el último párrafo del artículo 12; el último párrafo del artículo 13; la fracción II y XXII del artículo 14; se reforma la fracción I, recorriéndose la fracción II y se modifica la fracción III, del artículo 16; se reforman las fracciones III y IV del artículo 18; se modifica el párrafo primero del artículo 19; se modifica el párrafo primero del artículo 22; se reforma la fracción I, se adiciona una fracción II y se recorren y modifican las fracciones III y IV del artículo 25; se agrega un último párrafo al artículo 46 y se modifica el artículo 55, para quedar como sigue:
Artículo 5º.
I. al II .....
III. Secretaría , a la Secretaría de Desarrollo Social;
IV. a XVI ...
XVII. Acuerdo, al Acuerdo de Organización y Funcionamiento del Instituto, que emita la Junta de Gobierno del Instituto.
XVIII. Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno del Instituto que es la autoridad máxima del Instituto y que funcionará conforme lo establezca la misma Junta de Gobierno en el Acuerdo.
Artículo 12. ...
I. a III. ...
El Ejecutivo Federal, a través de la Junta de Gobierno, interpretará para efectos administrativos los preceptos de la presente Ley.
Artículo 13. ...
...
La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en esta Ley, será determinada en términos del Acuerdo que al efecto apruebe y emita la Junta de Gobierno del Instituto
Artículo 14. ...
l. ...
II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector, mediante el establecimiento del Programa de Fomento de la Economía Social , así como a través de otras modalidades y mecanismos que sean necesarios.
III. a XXI ...
XXII. Las demás que señale el Acuerdo que emita la Junta de Gobierno.
Artículo 16º. ...
I. Una Junta de Gobierno como autoridad máxima del Instituto, integrada por cuatro representantes del gobierno federal y cinco ciudadanas(os) independientes.
Los ciudadanos independientes deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social así como en el ámbito académico, profesional y científico, vinculados al sector social de la economía, serán nombrados por la Junta de Gobierno sustituidos escalonadamente a propuesta del Consejo Consultivo y aprobados por la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno será presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. La Vicepresidencia será ocupada por uno de los ciudadanos independientes electo entre la misma Junta de Gobierno. Su temporalidad será establecida en el Acuerdo.
Todos los miembros de la Junta de Gobierno presentarán las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Lo harán como requisito para asumir el cargo, anualmente y al terminar su función.
La participación de los Ciudadanos Independientes será con carácter honorario.
Los representantes del Poder Ejecutivo Federal son los siguientes.
1. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien fungirá como Presidente de la Junta de Gobierno del INAES, pudiendo nombrar un suplente con rango mínimo de Subsecretario o su equivalente.
2. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3. Uno de la Secretaría de Economía
4. Uno de la Secretaría de Gobernación.
Los representantes del Ejecutivo Federal deberán tener nivel de Subsecretario y sus suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.
II. Un Consejo Consultivo;
III. Un Director(a) del Instituto, designado y removido por la Junta de Gobierno del mismo Instituto.
El Director(a) presentará las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Lo hará como requisito para asumir el cargo, anualmente y al terminar su función.
Artículo 18. ...
I. ...
II. ...
III. Elaborar, proponer y someter a consideración de la Junta de Gobierno del instituto, para su aprobación, los programas y acciones de fomento y desarrollo a la actividad económica del Sector;
IV. Presentar un informe anual de actividades a la Junta de Gobierno y turnarlo a las Comisiones competentes del Congreso de la Unión, para su conocimiento, y
V. ...
Artículo 19. El Instituto contará con delegaciones en términos del Acuerdo, aprobado y emitido por la Junta de Gobierno.
...
Artículo 22. El Consejo Consultivo se regirá en términos del acuerdo que emita la Junta de Gobierno, así como por sus normas internas de funcionamiento
Artículo 25. ...
I. Un Presidente, que será el Presidente de la Junta de Gobierno;
II. Un Vicepresidente, que será el ciudadano independiente que ocupe la Vicepresidencia de la Junta de Gobierno del Instituto;
III. Un Secretario Ejecutivo que será el Director General del INAES, y
IV. Los consejeros(as) invitados por la Junta de Gobierno del Instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del poder legislativo y/o de organismos internacionales vinculados con el tema. Serán mínimo 10 y máximo 15 consejeras(os)
El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente del Consejo.
La participación de los Consejeros será con carácter honorario.
Su temporalidad será definida en el Reglamento Interno del Consejo, aprobado por la Junta de Gobierno.
Artículo 46. ...
...
...
Asimismo, las modalidades de apoyos necesarias para el fomento de la economía social y solidaria, sujetas a la aprobación de la Junta de Gobierno.
Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, al Instituto, a la Junta de Gobierno y al Consejo, así como a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y a las comisiones de Fomento Económico y de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas.”
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Tercero. El Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social publicado el 22 de julio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, continuará aplicándose en lo que no se oponga a este Decreto, hasta que la Junta de Gobierno emita un nuevo acuerdo. En tanto ello sucede, dicha Secretaría resolverá respecto de aquello que no se encuentre previsto.
Cuarto. La designación delos miembros ciudadanos de la Junta de Gobierno deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la Ley y serán designados por única vez por el titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
Quinto. Los oficiales mayores de la secretarías de Desarrollo Social y de Economía, con la participación que corresponda al Instituto Nacional de la Economía Social y el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizarán todas las acciones administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto, mismas que deberán estar concluidas a más tardar en el plazo a que se refiere el transitorio Segundo de este Decreto.
Sexto. Los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de la Economía Social no se verán afectados con motivo de la entrada en vigor de este Decreto.
En caso de que la Secretaría de Desarrollo Social determine, con base en las prioridades de gasto público del ejercicio fiscal de que se trate, así como en las necesidades y funciones del Instituto Nacional de la Economía Social, que se deben realizar modificaciones a la estructura orgánica de éste, los derechos laborales de los trabajadores deberán ser respetados conforme a la Ley.
Séptimo.Los ciudadanos independientes, miembros de la Junta de Gobierno inicial, serán nombrados por primera y única vez por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, debiendo representar al sector social, académico, científico, empresarial privado y social, así como a especialistas en la materia. La Junta de Gobierno deberá quedar instalada, a más tardar, a los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Notas:
1 Cfr. La economía social en la Unión Europea, Informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), José Luis Monzón Campos y Rafael Chávez Ávila. 2012.
2 Cfr. La iniciativa de emprendimiento social de la Comisión Europea, 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.— Diputados: Waldo Fernández González, Lluvia Flores Sonduk, Erika Irazema Briones Pérez, Karen Hurtado Arana, Ana Leticia Carrera Hernández (rúbricas).»
Se remite a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Yolanda de la Torre Valdez, César Octavio Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados César Camacho Quiroz, Yolanda de la Torre Valdez, Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La familia es el espacio privilegiado de formación humana, en donde aprendemos a comunicarnos, en donde obtenemos la seguridad y los más altos valores como la solidaridad, el amor, el respeto, el orden, las disciplina y muchos otros, sin embargo, así como existe la posibilidad de obtener y aprender esto, también es cierto que es proclive para aprender lo opuesto, esto en virtud de la falta de oportunidades, la desintegración de la familia, la pobreza, la exclusión y la desigualdad prevaleciente en la sociedad.
Es preciso reconocer que las políticas públicas deben de adecuarse a la realidad de la familia en México, de acuerdo a la dinámica que esta institución como principal componente de una sociedad en evolución y constante movimiento, sin entrar en polémicas estériles que no ayudan sino que lo único que generan es polarizar o enrarecer los ambientes, que en consecuencia lleva a la parálisis legislativa y ejecutiva.
En ese sentido, el Inegi en 2014, se refiere a hogares familiares, como los espacios en los cuales las personas a través del vínculo que le une, ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre se manifiestan las distintas formas de organización de los hogares.
En México, los hogares familiares entendidos como aquellos en los que existe relación de parentesco de los miembros con el jefe, son la principal forma en que las personas se organizan (90.5 por ciento), mientras que los no familiares, representan 9.3 por ciento. Cabe señalar que de los hogares familiares, ocho de cada diez (77.7 por ciento) son dirigidos por hombres y 22.3 por ciento por mujeres. Los hogares conformados por el jefe(a) y cónyuge con o sin hijos, o bien el jefe(a) sin cónyuge pero con hijos (conocidos como nucleares), representan 70.9 por ciento de los hogares familiares; por otra parte tres de cada diez (28.1 por ciento) son hogares extensos, constituidos por un hogar nuclear más algún otro familiar o miembro que no guarde parentesco con el jefe(a).
En la actualidad existen distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos cambios sociodemográficos, entre los que destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del número promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, así como el aumento de separaciones y divorcios entre las parejas. Uno de estos modelos que llama la atención debido a que diversas publicaciones señalan su incremento, es el hogar monoparental. Los hogares monoparentales son aquellos que se encuentran conformados por el jefe(a) e hijos(as) y no cuentan con un cónyuge, en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares monoparentales representan 18.5 por ciento del total de los hogares familiares.
Es ante esta dinámica social, es que el Estado debe de estar acorde con la demanda social y reorientar esfuerzos para prevenir y desalentar todas las acciones de discriminación, abandono, maltrato y abuso hacia las niñas, los niños y los adolescentes, así como todas aquellas circunstancias que generen disfunción familiar, ofreciéndoles apoyo, seguridad, protección y atención.
Es preciso subrayar que las personas mayormente afectadas ante la presencia de la violencia en el hogar son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, lo que afecta su sistema nervioso e inmunológico, provocando mayor riesgo de sufrir problemas de salud física y mental. Así pues, atendiendo a que las políticas públicas de atención a la familia deben de atender a la prevención adecuada y a tiempo antes que tratar de atender una problemática en evolución, es menester llevar a buen puerto las políticas de prevención de la violencia que marcarán la diferencia y permitirán atender una multitud de problemas que, a largo plazo, imponen una sustancial carga social y económica.
Está demostrado que la exposición prolongada de la violencia, inclusive como testigo, perturba el sistema nervioso e inmunológico y puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.
Para ello se precisa de un ente que desde el poder legislativo promueva la adecuación normativa con la perspectiva de derechos humanos para empoderar a las familias mexicanas, a través de una estrategia desarticuladora de la violencia y de la discriminación que han llevado a la pérdida de valores en la sociedad.
Por ello esta iniciativa propone la creación de una Comisión que sirva para impulsar todas las acciones tendentes a eliminar, prevenir y atender las situaciones productoras de desintegración en las familias.
Esta Comisión, se propone a que tenga, entre otras acciones, el firme compromiso para resolver problemas que afectan a las familias, y que constituyen elementos fundamentales para su desarrollo integral, tales como:
1. Carencia de los servicios de salud, cuando alguno o todos los integrantes de la familia no cuentan con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución pública o de servicios médicos privados.
2. Carencia de servicios de seguridad social, que comprende no solo la asistencia médica, sino la protección de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
3. Carencia de calidad y espacios de la vivienda, existen graves problemas de hacinamiento, falta de servicios y falta de mecanismos eficaces que faciliten su adquisición.
4. Acceso a la alimentación, muchos hogares presentan un grado severo de inseguridad alimentaria.
5. Un mínimo grado de cohesión social ya que la desigualdad y la discriminación siguen permeando al interior de los hogares, fomentando la persistencia de la pobreza.
6. La atención a las familias en situación de vulnerabilidad y fortalecimiento de la resiliencia familiar.
Otros de los factores que inciden en la dinámica familiar se aprecia que la pobreza es sin duda uno de los factores que más laceran a la sociedad, la falta de oportunidades laborales, ha ensanchado la brecha de desigualdad generando además una cascada de fenómenos sociales negativos, como el aumento del alcoholismo, drogadicción, delincuencia, pérdida de valores, conflictos familiares, en lo que confluyen a su vez la violencia, el maltrato, el abuso, hasta desintegración de las familias, lo que ha repercutido dramáticamente en las familias, comunidades y en la sociedad.
La familia es el espacio en donde aprendemos a relacionarnos socialmente, en consecuencia es en este entorno en donde aprendemos a discriminar, esta contraparte de la igualdad se traduce en violencia generalizada hacia quien la padece.
De acuerdo con el Conapred, la discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Es decir, la discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a ésta son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
Así, cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
Cifras mostradas por el Inegi, dan cuenta del impacto, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 constituye un avance importante en la generación y divulgación de estadísticas para analizar diversos aspectos de la discriminación y señalar puntos relevantes sobre ello (Inmujeres, 2012).
Conocer la percepción de las mujeres sobre lo que ellas identifican como sus principales problemas, su posición ante determinados roles de género en relación con las responsabilidades domésticas y de manutención del hogar o sobre la importancia de tener un buen trabajo y ganar dinero. También se indaga sobre autonomía y atención a la violencia, así como el respeto a sus derechos. Todo esto resulta de vital importancia, ya que el uso de esta información, articulada con los datos estadísticos de las fuentes oficiales proporciona ejes hacia los cuales dirigir las acciones encaminadas a la eliminación de la desigualdad.
De acuerdo con los resultados de la Enadis (2010) dos de cada diez mujeres consideran que los principales problemas de las mujeres en el país están relacionados con la falta de empleo y/o la economía, seguidos por los problemas relacionados con la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violencia, y la discriminación; con porcentajes muy bajos aparecen los problemas relacionados con la salud.
Las adolescentes dan mayor peso a problemas sobre la delincuencia e inseguridad, a diferencia de las mujeres de los otros grupos de edad, que privilegian los problemas relacionados con el empleo y/o la economía. También entre las adolescentes es mayor el porcentaje que identifica la discriminación como un problema para las mujeres en México.
El nivel educativo de las mujeres marca diferencias en torno a la percepción de sus problemas: para las que tienen niveles bajos de escolaridad (sin escolaridad o con primaria) el empleo y/o la economíarepresentan un problema, más que para las mujeres con bachillerato o niveles superiores, quienes en mayor medida perciben los problemas relacionados con la delincuencia e inseguridad.
Según la relación o parentesco con la jefa o el jefe del hogar, las hijas perciben menos la economía y/o el empleo como un problema de las mujeres, a diferencia de las mujeres que son jefas de hogar. De estas últimas, la tercera parte manifestó la economía y/o el empleo como un problema, lo cual puede relacionarse con las responsabilidades que representa ocupar determinada posición en la relación de parentesco. Las mujeres que son jefas de hogar (8.3 por ciento) mencionan en menores porcentajes el abuso, acoso y maltrato como uno de los principales problemas en relación con las mujeres que son esposas (12.6 por ciento).
Otro fenómeno que ha permeado en las familias mexicanas es la violencia, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hasta un 70 por ciento de mujeres sufren, en el transcurso de sus vidas, violencia física o sexual ejercida por varones, en su mayoría esposos, compañeros íntimos o alguien conocido. Por su parte, las mujeres y las niñas conforman el 80 por ciento de las 800,000 personas que son sometidas anualmente a la trata de personas y, en su mayoría, son explotadas sexualmente. Asimismo, 1 de 4 mujeres experimentan violencia física y/o sexual durante el embarazo, y hasta un 53 por ciento de las mujeres abusadas físicamente por su compañero íntimo reciben patadas o puñetazos en el abdomen.
La violencia, que ha alcanzado niveles extremos en México, y se reproduce a través de la explotación sexual, de la violencia psicológica, violencia económica, violencia familiar, violencia institucional, violencia laboral, entre otras, y en cada una de ellas se puede observar el velo de la discriminación que cubre a mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad o por la preferencia sexual, entre otros. Estos factores persisten y se acentúan en las comunidades con mayor pobreza y es aceptada tácitamente o invisibilizada en gran parte de la sociedad.
La violencia es consecuencia de una sociedad descompuesta en la medida en que se han ido perdiendo los valores fundamentales, con raíces culturales históricas, ocurre en todos los niveles sociales y culturales y se desarrolla en una dinámica cíclica que se caracteriza por ser progresiva, en la que generalmente existe una intencionalidad que responde a una naturaleza inhumana, irracional, pasional y patológica; estos comportamientos van lesionando la salud de las personas que las padecen y en la mayoría de los casos, las reproducen al interior del hogar, en la escuela y en la comunidad, generando un clima hostil.
La magnitud, intensidad y cronicidad de la violencia nos coloca en una dinámica de desastre social que se manifiesta en los ámbitos familiar, laboral, social, institucional entre otros, por lo que resulta necesario dimensionar en su justa medida la gravedad y consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, evitar la construcción de creencias, estereotipos, normas y valores que justifiquen y encubran las relaciones de dominación y sometimiento.
En ese sentido, y bajo el principio de corresponsabilidad del Estado es menester de la intervención de una Comisión que se comprometa de tal forma que su intervención genere leyes e impulse acciones que no solo sirvan de contención ante la variada gama de conflictos sociales, sino que se atenúen hasta su eliminación de manera progresiva
El objetivo de la Comisión de la Familia, la no Violencia y no discriminación; que se propone, busca atacar la raíz de las diversas problemáticas, para lo cual, es preciso señalar que el diseño de marco normativo armónico en materia de derechos humanos con la propuesta de políticas públicas de instrumentación, así como el acompañamiento estratégico para solicitar y conseguir las asignaciones presupuestarias.
Es decir, esta Comisión de la Familia, la no Violencia y no Discriminación, pretende ser una Comisión activa en el trabajo parlamentario, pero también activa en la función social con una visión reorientadora de la política de familia que combine la acumulación del conocimiento y la diversificación de la estructura institucional, con la finalidad de generar posibilidades y concretarlas.
Este desafío requerirá del diseño de iniciativas con el impulso necesario para llegar a ser leyes que fomenten los valores y se eliminen aquellos preceptos que puedan ocasionar la violación de derecho de algún integrante de la familia, como las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, o niñas, niños y adolescentes, desde la perspectiva familiar, que fomente las intervenciones sociales centradas en la familia como objeto y sujeto de acción en la consideración de la familia como institución que debe ser asumida como el objetivo básico de la política familiar.
En ese sentido las políticas públicas que se impulsen desde la Cámara de Diputados a través de la Comisión de la Familia, la no violencia y no discriminación, deberán obligadamente contener como ejes rectores la perspectiva de familia y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, con enfoque de derechos humanos, la inclusión y la educación para la paz.
Es decir, la Comisión ofertará una propuesta normativa orientada a preponderar a la familia, en cuanto medio efectivo, educativo, económico y social, que igualmente, supone la formulación de la legislación y de las políticas no solo en término de individuos, sino en términos y en función de personas que viven en familia.
Se buscará transversalizar la perspectiva de familia de tal forma que la defina como sinónimo de bienestar para todas las mexicanas y todos los mexicanos, este principio rector, se encaminará a atender todas las medidas concernientes, que sean tomadas por cualquier autoridad en cualquier orden de gobierno y de cualquiera de los tres poderes de la unión, deberán atender a elevar la calidad de vida de las personas, como una consideración primordial de protección a la familia fortaleciendo las capacidades de sus integrantes.
La Comisión de la Familia, la No violencia y la No discriminación que se propone, debe concebirse dirigida a la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas, que busca la supremacía de las familias mexicanas como semilleros de personas plenas con la oportunidad de desarrollo holístico.
La incorporación de esta visión, por la magnitud del desafío, justifica la creación de una comisión que despliegue una acción integrada y coordinada para una política familiar eficaz, comprometida a reconocer, apoyar, proteger, promover y fortalecer a la familia, ayudando a madres y padres a la integración y consolidación de la paz y el ejercicio de los derechos humanos en la familia, que permita un desarrollo pleno de individuos en los ámbitos laboral, familiar y personal.
Subrayo que ningún esfuerzo realizado en ese sentido será inútil, al ser la familia un bien social insustituible en donde el ser humano crece en solidaridad, en un ambiente de confianza mutua que le da sentido de pertenencia y donde se le transmiten valores, principios y virtudes que se reflejan en su comportamiento social, tal como lo señalan las políticas y teorías modernas relativas al desarrollo de las personas y de las naciones.
La comisión buscará que en México no exista una familia más carente de valores, de posibilidades, en donde predomine la violencia y se acentúen las desigualdades, que creen tensiones ante la falta de satisfactores, con integrantes que estén condenados seguramente a reproducir los patrones aprendidos.
Al ser entonces la familia el primer espacio de educación forjadora de personas, las leyes políticas públicas que se diseñen deben ser de la altura que el Estado visualice a su sociedad. Es así que el objetivo de la creación de la Comisión es ubicar a la familia como una comunidad de amor y de solidaridad, como un espacio de encuentro y comunión de toda persona.
Desde la Comisión de la Familia, la no Violencia y no Discriminación, se propone la implementación de la política familiar con elementos como los siguientes:
– El interés superior de la niñez
– El enfoque progresivo de derechos humanos
– Promover el derecho a la igualdad de oportunidades
– Asegurar cobertura, prestaciones y oportunidades para todos los integrantes de la familia
– Desarrollar sistemas de prestación de servicios de manera focalizada
– Perspectiva de familia, como principal fuente de desarrollo
– Cohesión social
– Integración de la perspectiva de género
– La Inclusión
– La Asistencia Social a la vulnerabilidad
– Educación para la paz
Una política familiar, que contribuya a reducir los contrastes sociales y legitimar la democracia mediante un aumento general del bienestar, en consecuencia, debe plantearse en dos grandes objetivos generales:
1) Incidir sobre aquellos aspectos que son específicamente familiares y que no están cubiertos por las otras políticas sociales.
2) Asegurarse de que el Estado tome en cuenta a la familia en el conjunto de las políticas sociales (Ribeiro 2000)
3) Incluir a la familia prioritariamente en la agenda pública.
Para hacer realizables los derechos, la oferta política y los programas que proveerán los servicios requeridos, debe de acompañarse de la norma jurídica acorde, como garantía para hacerlos exigibles y justiciables.
Brindemos a las familias, la posibilidad de un ambiente libre de violencia y no discriminación, y fortalezcamos a través de la comisión, la institución natural formadora, socializadora y educadora por excelencia,
Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único.Se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que adiciona la fracción LIII, para quedar como sigue:
Artículo 39.
2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Párrafo reformado
Las comisiones ordinarias serán:
...
LIII. De la Familia, la no Violencia y la no Discriminación.
Transitorios
Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Información de la página electrónica del Conapred http://www.conapred.org.mx/
2 Cfr. Say no to violence. Recuperado el 12 de noviembre de 2012 en http://saynotoviolence.org/es/acerca-de-di-no
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2015. — Diputados: César Camacho Quiroz, Yolanda de la Torre Valdez, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
PROPOSICIONES
AUDITORÍA SOBRE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, CONTRATOS Y RECURSOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN DURANTE EL PERIODO 2012-2015
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF que fiscalice los procesos de licitación, contratos y recursos ejercidos durante el periodo 2012-2015 en León, Guanajuato, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita diputada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El municipio de León, Guanajuato, se ha caracterizado por contar con uno de los más elevados niveles de vida de toda la república. Sin embargo, esta característica favorable y virtuosa se ha visto empañada por malos manejos de las finanzas públicas y en el oscuro destino de los recursos erogados para infraestructura y obra pública en los últimos años de gobierno.
Diversos medios de comunicación y redes sociales han documentado y evidenciado que servidores públicos del ayuntamiento de León, Guanajuato durante el periodo 2012-2015 que encabezó María Bárbara Botello Santibáñez, son responsables del desvío de recursos de programas federales.
Desafortunadamente, hasta el día de hoy, no se han ofrecido a la ciudadanía leonesa explicaciones claras ni la rendición de cuentas necesaria que técnicamente justifiquen posibles conductas irregulares o la presunta comisión de delitos, dejando la percepción en la opinión pública de que lo que impera es la “impunidad” y no la vigencia plena del “estado de derecho”.
Incluso, en los últimos días, diversos medios de comunicación han consignado la presunta quema intencionada de documentos oficiales, hecho que ya se encuentra en investigación por las autoridades competentes.
El Congreso local se ha pronunciado ante estas denuncias, y en razón de ello, el diputado local Ricardo Torres Origel, sometió a consideración del pleno del honorable Congreso de Guanajuato, el pasado 22 de octubre, punto de acuerdo solicitando auditoría integral a la administración pública municipal de León por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de 2012; por los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, así como por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal de 2015; así como auditoría específica a los procesos de adquisiciones o compras para los ejercicios fiscales 2013 y 2014. Dicha solicitud fue aprobada por unanimidad.
Lo anterior en virtud de inconsistencias que los ciudadanos exigen se clarifiquen, en relación a la función del servicio público y que, por citar sólo algunos ejemplos, señalo en calidad de presuntas, las siguientes:
• Costo elevado en las obras boulevard del Timoteo Lozano, Plaza de la ciudadanía, Plaza Parque las Joyas, Casa Luis Long, Escuela de Vanguardia de las Joyas, remodelación del centro histórico. Obras que terminaron con un costo excedido al inicialmente proyectado bajo el pretexto de ampliación de metas.
• Un 33 por ciento de la obra del municipio se concentró en ocho empresas; sin mencionar las declaraciones públicas de tales empresarios de la construcción y la forma de asignación de dichas obras.
• Asignación de obras sin licitar.
• En la calle Madre Patria de la colonia 10 de mayo, solamente se colocaron 56 semáforos de los 100 que fueron adquiridos, desconociéndose la ubicación de los 44 restantes.
• Irregularidades en la nómina municipal, al contemplar personas que jamás acudieron a las oficinas municipales para cumplir sus funciones y devengar su salario.
• Desvío de recursos.
• Compras a empresas inexistentes.
• Conflicto de intereses entre los proveedores y quienes autorizaron las adquisiciones.
• Liquidación de policías sin tener certeza de que efectivamente no aprobaron el examen de control confianza o, caso contrario, pretender contratar o mantener en sus cargos a policías que efectivamente no aprobaron dicho control.
• Carga de pasivos laborales por despidos injustificados, contrataciones de personal que no cumplen los lineamientos de los perfiles de puestos establecidos.
• Seguimiento a la creciente evolución de una nómina inflada y el posible pago de sobre sueldos a algunos funcionarios con el fin de obtener liquidaciones ventajosas.
• El pago con recursos del erario de servicios privados de los funcionarios.
• El posible conflicto de interés o cohecho en el que pudieran haber incurrido los funcionarios debido al otorgamiento de servicios.
• Posible lenidad, omisiones, abandono o abuso de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieren causado daño al patrimonio del municipio o perjuicio a los particulares.
• El uso y destino de los recursos que obtuvo la administración derivados del empréstito que se le concedió.
Como representantes de la sociedad es nuestra obligación solicitar desde esta soberanía que se realicen las acciones necesarias tendientes a vigilar estrictamente la aplicación de los recursos que le pertenecen a todos y cada uno de los mexicanos, exigiendo a nombre de los leoneses y leonesas la rendición de cuentas a que tienen derecho, y así, ejercer con responsabilidad las atribuciones que se nos han conferido. Sólo podremos recuperar la confianza de la ciudadanía si cumplimos con la representación que se nos ha conferido, y damos muestra tangible de que la transparencia y el combate a la corrupción son prioritarias para todos aquellos que integramos esta Asamblea.
Por ello, somos los primeros que debemos actuar para evitar la percepción ciudadana de impunidad ante posibles actos de corrupción o faltas administrativas, que se acentúa cuando aquellos que pudieran resultar responsables, detentan cargos que otorgan fuero constitucional, al interpretarse que éste consiste en eximir de la rendición de cuentas y del fincamiento de responsabilidades y sanciones.
Así pues, esta Cámara de Diputados se encuentra obligada a auditar a profundidad y dar respuesta satisfactoria a los leoneses y leonesas que exigen transparencia, toda vez que las posibles inconsistencias ya listadas, involucran el ejercicio de recursos públicos federales y de la hacienda local, en detrimento del Municipio.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a llevar a cabo una auditoría sobre los procesos de licitación, contratos y recursos federales y de la hacienda local ejercidos para obra pública, infraestructura, nómina y pasivo laboral en el municipio de León, durante el periodo de gobierno 2012-2015, y se incluya en el programa anual de Auditoría Superior de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.— Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica).»
Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
GARANTICE EL ACCESO Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A GRUPOS Y ZONAS MARGINADAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar por las instancias correspondientes el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginados, así como a emitir un programa de cancelación de adeudos para ellos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de obvia resolución, por medio del cual se requiere al gobierno federal a través de las Secretarías de Energía, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, Economía, y la Comisión Federal de Electricidad para garantizar a través del fondo universal eléctrico el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginadas, así como para que emitan un programa de cancelación de adeudos por montos impagables por suministro de energía eléctrica para zonas de alta marginalidad y grupos vulnerables, con la finalidad de salvaguardar el derecho humano a recibir energía eléctrica como satisfactor de necesidades humanas básicas para vivir, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. La política de aumento progresivo de las tarifas de suministro de energía eléctrica de uso doméstico se ha venido estableciendo, a través de la emisión de los acuerdos que al efecto ha emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han tenido como finalidad crear nuevas tarifas domésticas (como la 1F o DAC); suprimir el subsidio; fijar o crear rangos de límite mínimo y máximo de uso de energía, o fijar factores de ajuste y actualización en función a los precios de los combustibles (gas natural, principalmente,) e inflación. Cabe señalar que de 2001 a 2012 se han emitido 16 acuerdos relacionados con la creación de nuevas tarifas o de “ajustes tarifarios”, siendo el acuerdo más reciente el publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de junio de 2012, el cual estableció un factor de ajuste y actualización permanente sin límite de temporalidad, esto es que desde su entrada en vigor se sigue aplicando.
2. Ahora bien, a partir del 11 de octubre de 2009 cuando el gobierno federal extingue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y es sustituida por la Comisión Federal de Electricidad para operar el suministro y venta de energía eléctrica en la División Valle de México, que comprende el Distrito Federal y zonas de Hidalgo y Cuernavaca, se ha dado un aumento desproporcionado en los montos consignados en el aviso recibo que llega a los usuarios, llamados coloquialmente como “los recibos locos”, que establecen cargos a pagar que van de los 3 mil a los 150 mil pesos, lo que impacta económicamente a cualquier usuario, afectando más a la población con menores ingresos, y vuelve los cobros prácticamente impagables, en tanto que la gente no reconoce un adeudo de esas cantidades y menos aún tiene para pagarlas. Dicha situación es de conocimiento público a través de los diarios de circulación nacional, que señalan la presentación de más de quince mil quejas que comprenden del año 2012 al 2015 ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra la Comisión Federal de Electricidad por los altos cobros que consignan los avisos recibos.
3. De acuerdo al informe anual 2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CFE ocupa el noveno lugar en la lista de los diez primeros entes públicos con más quejas presentadas, con un total de 432 denuncias en su contra1.
En el mismo año, el informe anual de la Procuraduría Federal del Consumidor registró 16 mil 322 quejas en contra de la CFE, de un total de 126 mil 553 recibidas, quedando entre los cinco proveedores con más denuncias a nivel nacional, tendencia que se repitió en 20143.
Problemática planteada
La problemática de los altos cobros de luz es un hecho público y notorio, no solamente por los datos que se menciona por cuanto hace a las quejas presentadas en contra de la CFE, sino porque ha generado a nivel nacional un movimiento de resistencia de los ciudadanos que se niegan a pagar los recibos por la falta de justificación de la empresa estatal a justificarles y aclararles los montos consignados, sino además por los actos intimidatorios y lesivos de que son objetos los usuarios por parte de los trabajadores y contratistas de la CFE.
En ese sentido la que propone de este punto de acuerdo, ha dado seguimiento y acompañamiento a usuarios que tiene dicho problema, que conforman el Colectivo de Ciudadanos de Iztapalapa en Defensa de la Energía Eléctrica y que congrega a las de 500 usuarios que tiene adeudos impagables. Este colectivo logró en 2014 que la Procuraduría Federal del Consumidor requiriera informes a la CFE sobre los actos intimidatorios en contra de los usuarios, tales como oficios sin firma requiriendo el pago, o cartas de despachos privados amenazando de realizar embargos a los bienes de los usuarios por los presuntos adeudos4.
De igual manera el Colectivo de Ciudadanos de Iztapalapa en Defensa de la Energía Eléctrica, ha presentado más de 400 juicios de nulidad contra la CFE en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra los oficios emitidos por la CFE, en donde les indica sus montos adeudados y ha conseguido hasta ahora más de 60 sentencias declarando la nulidad de los oficios por lo estar fundado, ni motivado el adeudo consignado.
El caso de la resistencia emprendida por dicho colectivo no es único porque, como se señala, a raíz de las acciones intimidatorias emprendidas por la CFE se han conformado diversos grupos de ciudadanos en todo el país contra la empresa productiva del Estado, sabemos de colectivos formados en la zona norte y oriente del estado de México, en los pedregales del Distrito Federal, en Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Sinaloa, Campeche, entre otros estados, todos con la consigna de no pagar montos injustificados e impagables5.
Cabe señalar que los ciudadanos afectados han denunciado que son los usuarios básicos a quienes la CFE busca cobrarles, pero no hay información de acciones emprendidas contra las grandes empresas o grupos empresariales relativas al cobro del suministro energético.
Todos hemos escuchado que en los estados mencionados los usuarios han entrado en una dinámica de confrontación con los contratistas de la CFE y sus trabajadores al impedirles realizar acciones de corte o de sustitución de medidores.
Las autoridades reconocen la problemática ya que la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Federal del Consumidor, celebraron un convenio encaminado a la revisión de los avisos recibos, a fin de determinar la exactitud del cobro consignado, sin embargo ello no resuelve la situación porque los usuarios refieren que el problema no es que les hagan pagar todo el adeudo en pagos mensuales, sino que no cuentan con recursos para pagar los adeudos consignados que no les justifican su facturación.
Consideraciones
Primera. La denominada “reforma energética” ha generado un nuevo marco normativo en materia de suministro eléctrico. La expedición de la Ley de la Industria Eléctrica reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su primer artículo que tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.
En términos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que es el instrumento administrativa del gobierno federal que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, el 98.4 por ciento de la población mexicana cuenta con energía eléctrica, esto significa proveer de electricidad a 119.9 millones de habitantes, por medio de una red eléctrica de 879 mil 691 kilómetros de longitud (líneas de transmisión y distribución de la CFE), extendida por todo el territorio nacional, y con una infraestructura de 190 centrales generadoras de CFE, equivalente a 41 mil 516 megawatts (MW) en capacidad efectiva. CFE proporciona servicio de energía eléctrica a 38.4 millones de clientes, de los cuales el 88.6 por ciento se agrupan en el sector doméstico, el 58.2 por ciento de sus ventas de energía eléctrica se concentran en el sector industrial.6
Lo que nos dicen estas cifras es que la industria eléctrica nacional, totalmente nacional, ha sido capaz técnicamente por sí para dotar de electricidad a todos los mexicanos, que es un satisfactor de necesidades humanas básicas. Que todos tengamos electricidad en nuestros domicilios es un logro de los ingenieros y técnicos mexicanos, tanto de los que pertenecieron a la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro y su sindicato, como a los que pertenecen a la CFE como empresa paraestatal y ahora como empresa productiva del Estado. De ahí que con estos datos podamos cuestionar el sentido mercantilista y liberalizador del ahora llamado “mercado eléctrico”, si a lo largo de los años se demostró la capacidad técnica de nuestra industria eléctrica.
Segunda. Ahora bien, derivado de la resistencia de muchos mexicanos que nos opusimos a la reforma eléctrica en su sentido mercantilista, durante el proceso de discusión de la reforma se propugnó porque se garantizara el acceso universal al suministro eléctrico y también se garantiza normativamente que existirían alternativas legales para no desaparecer los subsidios a la tarifa particularmente para las zonas marginales del país y para los grupos de población en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, es de señalar que el artículo 1o. de la Ley de la Industria Eléctrica dispone la universalidad del acceso al suministro eléctrico, así pues el segundo párrafo del artículo referido dispone lo siguiente:
“Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.”
En el mismo sentido, debe señalarse que ley establece un capítulo específico, de los artículos 113 al 116, relativo a las acciones del sector energético para garantizar la universalidad del acceso al suministro eléctrico, como es el establecimiento de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, con el propósito de financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el Suministro Básico a Usuarios Finales en condiciones de marginación.
Por su parte el artículo 116 del mismo ordenamiento legal establece la facultad a la Secretaría de Energía de establecer políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias.
Estableciendo específicamente la coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social para evaluar instrumentación de programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.
Tercera. El mismo marco normativo en materia energética, concretamente la Ley de la Comisión Federal de Electricidad le concede diversas facultades a dicha empresa productiva, para que de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, mejore la productividad con sustentabilidad buscando minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.
Bajo esa premisa es factible que la Comisión Federal de Electricidad como suministradora del servicio de energía eléctrica realice las acciones tendientes a garantizar que los usuarios cuenten con electricidad de conformidad con lo señalado en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica a fin de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 27 constitucional.
Para mayor fundamentación de lo planteado en el presente punto de acuerdo, el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, dispone que el Consejo de Administración, como órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, es responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.
Ahora bien, entre otras facultades, la fracción X expresamente la faculta para aprobar políticas generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Comisión Federal de Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, así como las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de créditos y para la exención de dichas garantías.
Con esta premisa normativa y atendiendo a la problemática plateada en el sentido de que existen usuarios que han acreditado ante la Comisión Federal de Electricidad a través de sus superintendencias, la imposibilidad material de su pago por ser montos que sobrepasan la capacidad económica de los usuarios resulta factible para efecto de acabar de forma legal, transparente y tendiendo a lograr una nueva relación entre usuarios y suministrador, que el Consejo de Administración emita un programa de cancelación de adeudos por montos impagables lo que redundaría sin duda en la extinción de quejas, juicios, demandas y la problemática social en que ha derivado los altos cobros de luz que se ha dado en diversos estados de la República Mexicana como se ha dado cuenta en el presente punto de acuerdo.
Por lo expuesto y fundado, resulta oportuno, someter a consideración del pleno, la siguiente proposición de urgente resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se requiere al gobierno federal a través de las Secretarías de Energía, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, y Economía, y la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través del fondo universal eléctrico, el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginadas.
Segundo. Se requiere al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad emitir un programa de cancelación de adeudos por montos impagables por suministro de energía eléctrica para zonas de alta marginalidad y grupos vulnerables, con la finalidad de salvaguardar el derecho humano a recibir energía eléctrica como satisfactor de necesidades humanas básicas para vivir.
Notas:
1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/anuales/2013_I.pdf
2 http://www.profeco.gob.mx/n_institucion/inf_des/ Informe_Anual_2013_final.pdf
3 http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa14/septiembre14/bol0052.asp
4 http://www.reporteindigo.com/reporte/df/luz-que-intimida
5 http://www.el-papiro.com/reportajes/cfe_02.html
6 http://www.energia.gob.mx/res/index/PRODESEN%202015_2029.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 19 de noviembre de 2015.— Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
ESTABLEZCAN HORARIOS PREFERENTES EN INVIERNO, EN LAS UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a establecer en las unidades de medicina familiar horarios preferentes en invierno, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes
Consideraciones
El proceso de envejecimiento humano repercute directamente sobre varios factores del desarrollo y el funcionamiento de cualquier sociedad; en las últimas décadas, México presenta un fenómeno demográfico conocido como envejecimiento poblacional, que adquiere gran relevancia por las características y condiciones de salud entre la población mayor de 60 años, principalmente por la necesidad de tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, osteoartritis degenerativa entre otras, lo que conlleva a que sea el sector que más requiere de atención y servicio médico.
Esta realidad ha sido reconocida por el sector salud, el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, implantó el Programa de Atención a la Salud del Adulto Mayor para otorgar a los derechohabientes una atención que cumpla con las expectativas, no obstante a ello, al ser los adultos mayores los usuarios más frecuentes de estos servicios de salud, manifiestan problemas de atención en las unidades de medicina familiar, principalmente por la falta de un trato adecuado por el personal administrativo, problemas técnicos en los equipos del área de laboratorio clínico, así como el desabasto de los medicamentos.
El tiempo de espera es la queja más recurrente, debido al tiempo prolongado a causa de la falta de cita previa, generado por la necesidad de atención a sus padecimientos crónicos degenerativos, la mayor parte de las veces la asistencia es en base a cita ya establecida, donde procuran llegar temprano para salir lo más pronto, pero no siempre es así, la espera llega a ser mayor a 30 minutos, siempre y cuando la clínica correspondiente cuente con el personal administrativo o médico que permita el desahogo de las citas o en su defecto, o no exista alguna contingencia hospitalaria que limite la atención de éstas.
Actualmente el cambio climático es una amenaza para la salud, los efectos son determinantes al reflejar un incremento de las enfermedades respiratorias debido al aumento de los ciclos de alta temperatura y a lluvias extremas, el alza en los niveles de CO2 y ozono, reflejándose en el agudo índice de alérgenos en el ambiente, lo que causa enfermedades respiratorias como el asma y la rinitis alérgica, conjuntivitis y afecciones cutáneas entre otras.
Los riesgos de mortalidad y morbilidad en los períodos de calor extremo ya afectan principalmente a los adultos mayores y niños, sin olvidar a las personas con enfermedades crónicas que, aunque no está previsto que haya focos endémicos en México, ya es un tema de preocupación a nivel mundial.
Al día de hoy no existe una relación clara entre las consecuencias generadas por el cambio climático y los riesgos que se generan a los sectores más vulnerables, siendo los adultos mayores el grupo de la población que por su deterioro derivado de la edad, tiende a contraer más enfermedades y por tanto, necesitan de cuidados diferentes, de ahí la importancia de establecer mecanismos preventivos.
En aproximadamente un mes, ésta por iniciar la época de frío y con ello los padecimientos de mayor incidencia como la gripe o influenza, catarros, amigdalitis, bronquitis, sinusitis, neumonía, laringitis, etc., aunado a esto, la contaminación ambiental, la polución y demás factores que colocan en riesgo latente a nuestros adultos mayores.
En los objetivos de la Ley General de Salud vigente se establece que el Sistema Nacional de Salud además de proporcionar servicios de salud a toda la población, se tiene la obligación de atender a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.
Nuestro adultos mayores se exponen al frío en las primeras horas de la mañana en el momento de acudir a su cita, en muchas ocasiones acuden solos ya que no hay quien les pueda apoyar en su traslado y dado que no se les atiende de inmediato, se llega a rebasar su horario de alimentos o medicamentos en la vigilia de su correspondiente atención, por ello, se propone el establecimiento de horarios preferenciales para la atención de los adultos mayores por parte de las clínicas familiares, donde puedan acudir sin contratiempos por clima u horario de alimentación, pero al mismo tiempo sean atendidos de manera efectiva y eficiente por parte de los prestadores de servicio de la misma clínica.
Por lo expuesto me permito someter a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se establezcan horarios preferentes en invierno, en las unidades de medicina familiar a favor de los adultos mayores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.— Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica).»
Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.
REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a realizar acciones en materia de seguridad nacional, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Jorge López Martín, integrantedel Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 62, numeral 2, 65, numeral 4, 76, numeral 1, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado viernes 13 de noviembre se registraron diversos atentados terroristas en puntos de la ciudad de París dejando una ola de miedo e inseguridad. Los ataques costaron la vida de 129 personas y centenas de heridos, muchos de ellos de gravedad. Se han efectuado por parte de las autoridades francesas 23 arrestos a personas presuntamente relacionadas con actividades ligadas al terrorismo y 104 arrestos domiciliarios. Ese mismo día, el presidente Francois Hollande decretó el estado de emergencia y el cierre de todas las fronteras.
A partir de estos hechos, diversos Estados y grupos de la sociedad civil han mostrado su rechazo y desprecio por los hechos de violencia perpetrados contra uno de los países que históricamente representa el origen de la democracia y la libertad. Países como Estados Unidos, Rusia y la propia Francia han unido fuerzas para detener y evitar otros atentados terroristas que pongan en riesgo la vida de inocentes. La determinación de estos países ha sido directa y se han atacado objetivos del Estado Islámico –como responsables del atentado en Francia– en Siria.
Por su parte, el Estado Mexicano ha emitido por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores una alerta de viaje a Francia, evitando desplazamientos innecesarios, así como de ejercer extrema precaución en lugares públicos y actuar con prudencia, siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.
El término terrorismo fue acuñado en Francia del siglo XVIII contra aquellos grupos que se rebelaban contra el gobierno, y fueron estos quienes empezaron a utilizarlo por tener bajo amenaza sus intereses en medio del “terror”. Tal como lo apunta el investigador Saúl Hernández, este concepto tiene en la actualidad en riesgo a la sociedad internacional, por los cambios de los fenómenos políticos internacionales, particularmente como el caso del conflicto árabe-israelí, momento en cuando el terrorismo tomó y siguió el camino que lo llevaría directamente a derrumbar las Torres gemelas y con ello a convertirse en el principal flagelo de la comunidad internacional. El terrorismo no es un método, sino grupo o fenómeno social per se, monotemático, aislado o puro: es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos normalmente con la intención de atemorizar a la población.
El Estado mexicano se encuentra bajo las amenazas del terrorismo, enfrentando nuevos obstáculos como el narcoterrorismo con sospechas de que existen vínculos con los grupos terroristas como Hezbollah, el grupo Hamas y Al Qaeda con el fin de utilizar a México como trampolín para infiltrarse al territorio de Estados Unidos.
Los Estados Unidos Mexicanos tiene la encomienda constitucional de proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos, aun residiendo fuera del territorio nacional, por medio de las embajadas en otros países. Así mismo, como miembro de organismos internacionales a favor de la paz como la Organización de las Naciones Unidas, tiene el deber de mantener las acciones necesarias que provean de espacios libres y de seguridad para los mexicanos.
La normatividad en nuestro país tiene límites muy claros en materia de anti terrorismo. La Ley de Seguridad Nacional entiende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, a la preservación de la soberanía e independencia nacional y defensa del territorio, al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; al mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y a la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. Considera además, en el artículo 5, amenaza a la Seguridad Nacional actos terroristas dentro del territorio nacional.
Por otro lado, y retomando el riesgo de la respuesta francesa sobre el territorio sirio, es necesario considerar las posibles repercusiones que estos ataques pudieran tener en el precio de los barriles de petróleo a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional calcula que 6 países de la región tendrán un déficit de 700,000 millones de dólares en los próximos 5 años, afectado por la caída del precio del petróleo y el conflicto en Siria durante el conflicto surgido este año. Las tasas de crecimiento se desplomaron junto con la caída de cerca del 60% en los precios del petróleo desde junio de 2014, causando enormes daños en las finanzas públicas. Esto tuvo una repercusión crucial en México, mismo que aceptó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al déficit provocado por el conflicto en Medio Oriente. Los ingresos petroleros del país representan casi la tercera parte del total. El Secretario de Hacienda ha dicho reiteradamente que la caída del precio del petróleo no es transitoria, poniendo en riesgo los ingresos para el siguiente año fiscal. Si sumamos este nuevo conflicto en la región, se agrega un nuevo hecho de incertidumbre en la economía del país. Como lo ha apuntado el Finantial Times, cada dólar que cae el precio del barril de petróleo recorta aproximadamente 300 millones de dólares a la recaudación de la Secretaría de Hacienda.
Por ello es necesario que se establezcan con claridad los controles económicos y contingencias necesarias con el fin de prever efectos o impactos no previstos en las finanzas públicas del Estado Mexicano y evitar cualquier afectación a la población.
En resumen, con el fin de cerrar esfuerzos contra los actos ocurridos en Francia, bajo la solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano con Estados que promueven entre sus instituciones legalidad y democracia, y de evitar acciones que pongan en riesgo la hacienda pública mexicana por el peso que tiene económicamente el petróleo en Medio Oriente, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
1. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a activar los protocolos de seguridad y demás Estrategias contempladas por el Estado Mexicano a bien de asegurar la integridad de los mexicanos, así como establecer los registros puntuales de ingreso y salida de personas dentro y fuera del territorio nacional.
2. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe al pueblo de México sobre los impactos que como consecuencia de este conflicto se pudiera ocasionar en el sistema económico nacional con respecto a los ingresos petroleros, e informar las acciones que llevará a cabo esta autoridad a fin de evitar cualquier tipo de afectación económica a la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.— Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
FORTALECER E INCREMENTAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL TRATAMIENTO DE LA PREDIABETES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de los regímenes estatales de protección social en salud a fortalecer e incrementar las acciones encaminadas a tratar la prediabetes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, Melissa Torres Sandoval, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los regímenes estatales de protección social en salud a incluir en los servicios que proveen mediante el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, acciones encaminadas a tratar la prediabetes como una medida preventiva para evitar la diabetes en niñas, niños y adolescentes, así como a los grupos vulnerables, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado sábado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes (DMD), la cual es la campaña de concientización más importante del mundo sobre la diabetes. Este día fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo.
El Día Mundial de la Diabetes ha sido tema de relevancia en la Cumbre Mundial 2005, en la Declaración del Milenio, en las conferencias y cumbres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las esferas económica y social y esferas conexas, y en particular en los objetivos de desarrollo relacionados con la salud allí establecidos. Se ha reconocido que es esencial fortalecer los sistemas de salud pública y de atención de la salud para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También que la diabetes es una enfermedad crónica, debilitante y costosa, que tiene graves complicaciones, y conlleva grandes riesgos para las familias, los estados miembros y el mundo entero, lo que plantea serias dificultades para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• 347 millones de personas en el mundo viven con diabetes.
• Más de 80 por ciento de las muertes por diabetes se registran en países de ingreso bajos y medios.
• Se estima que hasta 2030, las muertes por diabetes podrían multiplicarse.
En efecto, la International Diabetes Federation señala que “La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales.
Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia pueden causar graves enfermedades, que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Además, las personas con diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones. En casi todos los países de ingresos altos la diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores. Mantener los niveles de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles complicaciones.”
En México la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en mujeres y hombres. Sin embargo, los estudios y análisis que se realizan toman como referencia a las personas adultas, olvidando por completo a las niñas, niños y adolescentes, en virtud de lo cual las políticas públicas en materia de salud, competencia del estado, se enfocan en atender la problemática que afecta a los adultos, conculcando el interés superior del menor.
Si bien el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Los legisladores nos hemos olvidado de considerar que los parámetros para elaborar las leyes en materia de salud deben tener como punto de partida el interés superior del menor.
A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores, toda vez que “...además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores.”
Ahora bien, la Federación Mexicana de Diabetes, AC, considera que aún y cuando los niveles de glucosa en la sangre estén elevados no necesariamente es diabetes, pero puede convertirse. La prediabetes no tiene síntomas pero puede desencadenar en diabetes. Podemos decir que la prediabetes tiene como principal característica niveles elevados de glucosa pero no lo suficientemente altos para ser diabetes.
En otras palabras, al contrario de la diabetes, la prediabetes es reversible, y sólo basta que cuidemos nuestra salud. En la actualidad la prediabetes se puede diagnosticar mediante estudios de laboratorio –como la prueba de ayuno de glucosa en sangre– o por pruebas que el propio médico aplique en su consultorio –como la prueba oral de tolerancia a la glucosa–.
“La prediabetes es una alteración en nuestra glucosa que es reversible, si tomamos el control adecuado de nuestra salud. Comer de forma adecuada, llevar un plan de alimentación orientado por un nutriólogo y hacer actividad física diaria es la mejor forma de revertir esta condición y sobre todo de evitar que progrese hasta convertirse en diabetes.”
Compañeras y compañeros de la LXIII Legislatura, seamos conscientes de que la prevención es la estrategia más efectiva para combatir la diabetes y por lo tanto promovamos acciones de prevención en nuestros distritos, en nuestras circunscripciones, en nuestras comunidades y, sobre todo, en nuestras familias.
Por todo lo expuesto es que someto a la aprobación de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de los regímenes estatales de protección social en salud, a fortalecer e incrementar acciones encaminadas a tratar la prediabetes dentro de los servicios que proveen a través del Sistema de Protección Social en Salud, a efecto de prevenir la diabetes en niñas, niños y adolescentes, así como en la población que integra a los grupos vulnerables.
Notas:
1. https://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes?language=es
2. Época: Décima Época. Registro: 2008547. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia: Constitucional. Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.). Página: 1398. Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
3. http://fmdiabetes.org/que-es-la-prediabetes/
4. Idem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.— Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica).»
Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.
PROTECCIÓN HACIA LA INDUSTRIA NACIONAL, GARANTIZANDO SU IMPULSO Y DESARROLLO FRENTE A LA COMPETENCIA Y LA INTRODUCCIÓN ILEGAL DE MERCANCÍAS DE ORIGEN CHINO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Secretaría de Economía medidas de protección de la industria nacional para garantizar su impulso y desarrollo frente a la competencia y la introducción ilegal de mercancías de origen chino, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Alfredo Miguel Herrera Deras, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguiente
Consideraciones
La relación de cooperación con China, es vista por el gobierno de México como la oportunidad de fortalecer su presencia en la región Asía-Pacífico, así como la opción viable de crecimiento económico, la consolidación de nuevas inversiones, el dinamismo vigoroso en las exportaciones y por ende, nuevas fuentes de empleo.
México ha profundizado su vinculación con China, quien se ha convertido en su segundo socio comercial con un intercambio superior a los 72 mil millones de dólares en el 2014 y 48 mil millones en lo que va del 2015.
De acuerdo a información documentada por con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1994 México exportó a China bienes por un valor de 42.168 md, incrementando gradualmente durante cada anualidad, hasta llegar al año 2014, donde la exportación ascendió a 5.964 mmdd, creciendo un total de 14,044 por ciento en 20 años.
Y por el otro lado, el crecimiento en las importaciones de China ha sido exponencial y en 10 años han crecido más de 6.5 veces su valor, según datos de Bancomext.
En la relación de intercambio comercial, México exporta a China: minerales de cobre y sus concentrados, automóviles de turismo, teléfonos y redes inalámbricas, desperdicios de cobre, aceites crudos de petróleo, minerales de acero, aluminio, broce, plomo y cobre, así como sus concentrados, cobre refinado, material reciclable (PET) y máquinas automáticas para procesamiento de datos. Por otro lado, China exporta a México mayoritariamente equipos y partes de telefonía celular, ensambles de pantallas planas, computadoras y equipos portátiles para procesar datos, circuitos electrónicos, unidades de memoria, componentes eléctricos, celdas y conductores fotovoltaicos.
La mayor cantidad de exportaciones que realiza México son bienes básicos o materias primas, mientras que a la par, se ha convertido en un comprador de bienes provenientes de China con un alto valor agregado.
La estructura de comercio entre ambas naciones radica en el interés de China de obtener mayores recursos primarios para expandir su base exportadora y de México adquirir bienes de consumo para expandir su producción orientada hacia las exportaciones.1
Es preciso señalar que la relación comercial entre ambas naciones se ha intensificado en los últimos años, sin embargo, la principal favorecida ha resultado ser la nación asiática.
Tan sólo a principios del año “las exportaciones de México a China cayeron 31.3 por ciento y sus importaciones desde el país asiático aumentaron 3.1 por ciento, a tasas anuales”,2 aun cuando hace dos años se fijó el compromiso de establecer una relación comercial equilibrada.
Rubros como el agroalimentario reflejan importaciones de China equivalentes al 165.1 md al 2015 contra 79.4 md exportaciones de México, teniendo un comercio total de 245.0 md. En lo que se refiere al agroindustria, las importaciones son de 64.9 md contra 47.0 md, haciendo un comercio total de 112.0. En el sector agropecuario, se tuvo un comercio total de 133.0 md, 100.2 md equivalentes a exportaciones y 32.4 md de exportaciones. Cifras de la Secretaria de Economía subrayan que en cuanto a la pesca hubo un déficit de la balanza comercial de 102.5 md derivado de que se registraron 141.9 md en importaciones y 39.4 md en exportaciones.
Con base en los datos disponibles por la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la balanza con China nunca ha tenido un carácter favorable para México, en todos los años, se ha registrado un incremento en el déficit comercial.
México refleja un mal crónico en su relación con China, por un lado la inestabilidad de sus exportaciones y por otro lado, el paulatino crecimiento de las importaciones, que evidencia que compra más de lo que vende.
Y una grieta adicional a la relación comercial entre ambas naciones, es la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de China, la cual a es equivalente al 0.1, una cifra gris, que difiere de los discursos del gobierno federal, mismo que ha expuesto una serie de proyectos ambiciosos y que al momento, reflejan la carencia de condiciones necesarias para aterrizarlos.
Ha sido el mismo gobierno federal el que ha declarado en reiteradas ocasiones que emprenderá acciones para reducir el déficit en la balanza comercial bilateral con China, no se vislumbran resultados a mediano plazo; porque se ha convertido una constante que, aproximadamente el 90 por ciento de los recursos que se mueven entre ambas naciones, terminan en China.
En diciembre de 2011, México dejó de cobrar impuestos adicionales de entre 45 y 250 por ciento a la importación de 209 productos provenientes de China, lo que desde un inicio, generó preocupación en diversos sectores, al considerar que de no establecerse los mecanismos adecuados, cientos de empresas mexicanas se verían desplazadas y obligadas a cerrar y prescindir de su personal debido a la eliminación de cuotas compensatorias además de la entrada de productos bajo subvaluación.
Hoy en día, productos chinos han invadido gradualmente el mercado nacional, anteponiéndose principalmente por sus bajos costos, su cuestionable calidad, dañando directamente el mercado nacional, que está interactuando en un intercambio desigual. Los ya recurrentes casos de prácticas desleales contra diversos fabricantes nacionales, han motivado a que se solicite formalmente la celebración de consultas con el Gobierno de China, tal como lo estipula el Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio (OMC).3
Tal es el caso de la Cámara Nacional de la Industria Textil la que ha alzado la voz para señalar que China, no se ciñe a las reglas de la OMC, incurriendo, a prácticas desleales, al beneficiar a sus exportadores con subsidios como reducciones de impuestos, otorgamiento de bienes, materias primas, así como transferencia directa de fondos, apoyos que se establecen como estímulo por cumplir metas de exportación.
Situaciones similares han prevalecido en la industria mueblera, la del calzado, la de plásticos, la de materiales para construcción, todas sin excepción, se han visto mermadas por la competencia desleal que genera China, influyendo abrasivamente en la decisión del consumidor final que en la mayoría de los casos, prefiere estos productos, sobre los nacionales
Hace unos meses, detonó un evidente caso de competencia desleal en la importación de acero proveniente de China, mismo que ha ocasionado que cientos de empleos se encuentren en situación de riesgo. Todavía cuando la Secretaría de Economía estableció medidas antidumping y se esté evaluando recurrir a la figura de la salvaguarda por un periodo no mayor a seis meses, se percibe que las acciones emprendidas no resarcen el daño ocasionado a la rama de la producción nacional que se vio afectada por las condiciones de discriminación de precios.
Cabe mencionar que con base en el acuerdo sobre salvaguardias de la OMC, en el artículo 2 se establece que un miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho miembro ha determinado... que las importaciones de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional.
En el mismo acuerdo (artículo 7) se establece que se aplicarán las medidas de salvaguardia únicamente durante el periodo que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste, mismo que no excederá un periodo de cuatro años.
Aunado a este escenario, en México no se ha afianzado un esquema efectivo de atención y generación de empresas transformadoras que aprovechen los bienes que se producen aquí y que les permitan fabricar productos finales. A estas empresas les representa más sencillo el esquema de compra que el de innovación. Aun cuando la industria de la transformación aporta cerca del 80 por ciento de todos los empleos que se logran acumular en el país.
Si se agrega que se tienen costos de producción caros, un mercado laboral débil y que los apoyos a las pequeñas y medianas empresas se han visto pulverizados, se tienen las condiciones para que los productos nacionales continúen siendo desplazados.
Resulta fundamental que de parte del gobierno federal, se fortalezcan los niveles de confianza con las pequeñas y medianas empresas mexicanas, para que tengan la certeza de que cuentan con el respaldo institucional necesario para establecer una relación comercial sólida y efectiva con cualquier nación en una igualdad de condiciones.
Es urgente una intervención inmediata de parte del gobierno federal, con el objetivo de vigilar la competencia justa con su socio comercial chino, a fin de impulsar un desarrollo empresarial efectivo, lo que contribuirá directamente en la generación de empleos, la satisfacción del consumidor e incidirá positivamente en el crecimiento económico de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se establezcan las medidas de protección hacia la industria nacional a fin de que garanticen el impulso y su desarrollo, frente a la competencia desleal y la introducción ilegal de mercancías de origen chino, lo anterior para salvaguardar los intereses de la planta manufacturera nacional
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se promuevan los mecanismos necesarios para incentivar fiscalmente a empresas de la industria de la transformación a fin de consolidarlas como propulsoras de la economía nacional.
Notas:
1 Mendoza Cota, Jorge Eduardo. “El comercio México-China: Su importancia e impacto en la economía mexicana”. Perspectivas y oportunidades de la alianza del Pacífico. Colección Globalización e Integración. Página 75.
2 Morales, Roberto. Se amplía déficit comercial con China pese a pacto pro rebalanceo. El Financiero. Realizada el 6 de abril de 2015 [en línea] [Fecha de consulta 22 de octubre 2015]. Disponible. http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/04/06/se-amplia-deficit-comercial-ch ina-pese-pacto-pro-rebalanceo
3 Se establece un mecanismo para salvaguardia de transición para productos específicos en donde en aquellos casos en que productos de origen chino se estén importando en el territorio de cualquier miembro de la OMC en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores, el Miembro de la OMC así afectado podrá pedir la celebración de consultas con China con el fin de llegar a una solución mutuamente satisfactoria, incluida la cuestión de si el Miembro de la OMC afectado debe proceder a la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias. Las solicitudes de este tipo serán notificadas inmediatamente al Comité de Salvaguardias (Página 8).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de noviembre de dos mil quince.— Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.